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Paradojas en la construcción estatal de las necesidades de mujeres de sectores populares (2002-2008)1 Autora: Constanza Tabbush, CONICET/UBA
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1. Introducción
La literatura sociológica destaca que los programas de protección social se construyen sobre determinadas concepciones de los sectores populares y sus modos de organización. En las últimas dos décadas, se marca un pasaje donde el Estado social pasa de concebir a los sectores populares en tanto «trabajadores», a construirlos a partir de la categoría de «pobres» (Merklen
2005). Ahora bien, cómo el Estado concibe a los sectores populares no sólo se encuentra atravesado por la dimensión de clase ya destacada en esta literatura. Como veremos, también se ponen en juego supuestos estatales sobre la regulación de las relaciones de género, en los hogares donde interviene, y que distribuyen bienes, derechos, servicios y espacios sociales.
Para tomar el ejemplo más destacado, los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC), que organismos internacionales erigen como la receta para combatir la pobreza en la región, no articulan el bienestar del brazo del trabajador, varón y principal proveedor familiar propio de los regímenes desarrollistas. Más bien, estas estrategias se focalizan en las mujeres de sectores populares en tanto consumidoras y mediadoras del desarrollo humano de nuevas generaciones.
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Este capítulo resume parte de los hallazgos de mi tesis doctoral «Exclusion and Agency. A Gender Analysis of Cash Transfers in Argentina and Chile (2002-2008)» presentada en 2011 Institute of Latin American Studies, University of London, bajo la dirección de Prof. Maxine Molyneux. Este capítulo se basa en una versión ampliada del argumento que aquí se presenta que fue publicada en Tabbush (2009).
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Para destacar esta articulación, los estudios de género argumentan que estos procesos económicos conllevan micro-ajustes a la intimidad, el género y la sexualidad. Ajustes que han sido capturados por diferentes nociones, tales como la de reformas de género (Bedford 2008) o de re-negociaciones del contrato reproductivo entre el Estado, los hogares y las mujeres (Pearson 1997). Una importante contribución a esta línea de trabajo retoma las teorías clásicas de interpretación de las necesidades de Nancy Fraser (1989) para analizar los PTCs. Esta propuesta subraya las inconsistencias políticas inherentes en definir «algunas categorías de riesgo como legítimas y urgentes» mientras que «otras son ignoradas» (Molyneux 2008: 139). Este es mi punto de partida para ahondar en esta articulación entre clase y género.
Este capítulo se centra en el análisis de las interacciones entre las transferencias condicionadas de ingresos y otras intervenciones estatales en un territorio urbano específico. Este trabajo compara esta construcción estatal de las necesidades de las mujeres de sectores populares en relación a dos problemas sociales que ellas destacan (pobreza material y seguridad ciudadana). En particular, este escrito coteja las posibilidades de tener una 'voz' en los espacios de participación local definidos como prácticas situadas (Cornwall 2002, 2003a) de un grupo particular de mujeres: las beneficiarias de programas estatales.
El análisis se basa en entrevistas con residentes, activistas sociales y representantes estatales, y la observación en espacios de participación en el barrio Aranda (Municipio de Malcolm),2 me permite seguir la pista de los mecanismos institucionalizados de participación por los cuales demandas para aliviar la pobreza material de las mujeres forman parte de la agenda pública y son consideradas demandas legítimas de organizaciones y movimientos sociales. Al mismo tiempo, el grupo de beneficiarias entrevistadas muestra que sus formas de entender la pobreza identifican experiencias cotidianas marcadas por un sentimiento de vulnerabilidad física en relación a allanamientos y abusos policiales, exacerbada por cierta naturalización de la 2
Los nombres de las localidades y los y las entrevistadas han sido modificados para proteger el anonimato de los participantes de esta investigación.
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violencia a nivel local. Sin embargo, estas necesidades permanecen invisibilizadas y no son articuladas en la esfera pública como demandas sociales. Es por eso que este trabajo abre un diálogo entre la agenda de protección social y temas ligados tradicionalmente al campo de la seguridad.
El principal argumento que se expone es que la distancia entre las concepciones de la pobreza que emergen del Estado y las de las propias beneficiarias produce como consecuencia una conjunto de «narrativas silenciadas»3 de las mujeres, relacionadas a encadenamientos de violencia social, estatal y de género que atraviesan su vida cotidiana, y que ellas mismas identifican con sus experiencias de exclusión social.
2. Condiciones sociales a nivel local
El barrio Aranda se encuentra situado en la municipalidad de Malcolm, al oeste del primer cordón suburbano del conurbano bonaerense. Esta municipalidad contrasta con las características comúnmente asociadas con los municipios del conurbano. Es un distrito principalmente comercial y de clase media, y durante el período de 2002-2008, discrepa con su entorno por su orientación política. El partido político que se encuentra en el gobierno local, denominado en 1999, Nuevo Malcolm, emerge como una crítica al Peronismo local. Según otras investigaciones sobre políticas sociales en esta localidad, este gobierno local propone discursos y políticas universales de construcción de ciudadanía, participación, procesos de transparencia y eficiencia en la gestión pública, y un enfoque ampliado del desarrollo social (Rodríguez 2012, Di Marco et al. 2006).
En este municipio de clase media, la pobreza parece una excepción que se concentra en espacios concretos. Aranda configura una de estas excepciones. 3
La noción de narrativas silenciadas parafrasea el concepto de «hidden transcripts» (literalmente guiones ocultos) de James Scott que define como «actos de habla y practicas por fuera del escenario» (1990:14). Aquí se propone re-interpretar las nociones clásicas de Scott. Los intercambios públicos se refieren a las necesidades y preocupaciones de las mujeres que encuentran una forma de expresión en la esfera pública a través de diferentes mecanismos institucionales que lo hacen posible. Mientras que las narrativas silenciadas aluden a las necesidades y demandas de las mujeres que circulan dentro de la esfera privada, y sin embargo, no encuentran un canal para ser transformadas en demandas colectivas de acción estatal en la esfera pública.
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El barrio se creó en 1968 por el gobierno militar del General Onganía.4 Al momento de mi investigación, se componía de tres tipos de viviendas: un asentamiento habitado por 1055 individuos, un complejo de 1174 monoblocks donde vivían 7000 personas, y un nuevo proyecto de urbanización donde residían 1145 individuos. En total, Aranda tenía 9200 habitantes, el 2,85 por ciento de la población municipal.
Según el Censo Nacional de 2001, el barrio cumplía con la mayoría de las características asociadas con la pobreza extrema: altas tasas de Necesidades Básicas Insatisfechas, hogares extensos que habitan en una o dos habitaciones, bajos niveles de educación, y acceso restringido al cuidado en salud y pensiones.5 A su vez, los principales vínculos de los habitantes con el mercado laboral eran informales, inestables y en trabajos de baja calificación en los rubros de la construcción o la industria.
Una distribución similar se observa en la incidencia de la violencia a nivel local. En los casos de violencia extrema, se identifica una concentración equiparable. Alrededor del 35 por ciento de los homicidios registrados en el municipio tienen a un habitante del barrio como víctima o victimario. Ello a pesar de que el total de los habitantes de Aranda son menos del 3% de la población del municipio.6
Estos problemas sociales son en parte producto del histórico desinterés estatal por el bienestar de este espacio urbano.7 La relación entre este territorio y las políticas públicas se puede dividir en dos periodos: a) el retraimiento de la presencia estatal que marca la segregación espacial del barrio que se combina con la articulación de redes delictivas durante los años noventas,8 4
Por el Plan nacional Erradicación de Villas de Emergencia, Ley 17605 de 1968 que pretendía reubicar compulsivamente a los moradores en nuevos asentamientos con la promesa de mejoras habitacionales. 5 Por ejemplo, según el Censo del 2001, el barrio tenía un porcentaje de NBI de 26 %, mientras que el indicador en la provincia era de 13 % y en el municipio de 6.3%. 6 Dato provisto por el Sub-secretario de Seguridad y Defensa Civil, 27/11/2007. 7 Censo del 2001 constituye la primera información socio-demográfica recolectada dentro del barrio. La previa falta de conocimiento público acerca de sus condiciones sociales y la población que lo había excluido de la acción estatal hasta ese momento. 8 Durante los 90‘s, las políticas neoliberales produjeron que el barrio presenciara el paulatino alejamiento de las pocas organizaciones estatales que funcionaban en su interior. Se
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b) A partir del nuevo milenio, se observa la presencia yuxtapuesta pero activa de distintos programas y niveles de gobierno que, sin embargo, dan cierta estigmatización social al barrio.
Si la pobreza y la seguridad ciudadana constituyen los principales problemas sociales de este territorio urbano, cabe preguntarse, de qué manera se organizan las necesidades de las mujeres en torno a estas temáticas. A tal fin, la siguiente sub-sección considera la construcción de las necesidades ‗maternales‘ de las mujeres presentes en la agenda de protección social y las posibilidades que les otorga para tener una voz en espacios de participación en temas sociales y económicos.
3. La pobreza maternal como una preocupación legítima
La primera etapa de intervención y presencia estatal activa en Aranda se desarrolla a partir del 2001 con la puesta en marcha de las TCI que tienen como contrapartida a las mujeres del barrio. Sumados a los programas sociales de mediana escala de los noventas, los PTC más relevantes: el ―Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados‖ y el ―Plan Familias por la Inclusión Social‖, y posteriormente la ―Asignación Universal por Hijo‖, fueron las estrategias de protección social que ingresaron masivamente en la economía y la subsistencia cotidiana tras la crisis económica del 2001.
Estos programas tienen la particularidad de focalizarse en las mujeres en tanto intermediarias del desarrollo humano infantil. Estudios de género nos advierten que estos programas refuerzan identidades de género tradicionales y la feminización de las tareas de cuidado (Pautassi 2004; Pautassi, Arcidiácono y Straschnoy 2013). A pesar de ello, en este barrio, la utilización que realizan las mujeres de estos recursos estatales no solo responde a un proceso pasivo de asumir esta función biológica fetichizada. Este maternalismo es utilizado, y es
encontraba aislado de las estructuras estatales, y sólo algunos sectores y muy operadores ingresaban al barrio. No es irrelevante constatar que recién en el 2001 se por primera vez, información socio-demográfica al interior del barrio. En suma, prescindido de información pública sobre esta población manteniéndola al margen acciones estatales.
pocos releva, se ha de las
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parte del repertorio de performances de las beneficiarias en su búsqueda cotidiana de mayor protección social y económica. Parafraseando a Scott (1990), las narrativas dominantes sobre la femineidad de sectores populares incluyen ciertas concesiones a los ‗supuestos intereses‘ de las beneficiarias. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de la agencia de las mujeres en relación a la pobreza material entendida como pobreza maternal?
La rápida implementación de estas políticas sociales en el barrio, combinada con la activación a nivel local de existentes formas de asistencia social y alimentaria, implicó una suma de dinero sin precedentes provisto por el Estado en manos de las mujeres.9 Lo que otorga visibilidad a los esfuerzos estatales por paliar la pobreza extrema, y posiciona a las mujeres como responsables del uso y manipulación de estos escasos recursos. Podemos observar que la multiplicidad de programas focalizados y sus diferentes poblaciones objetivo alientan a que las mujeres superpongan formas de trabajo intermitente y poco calificado10 con este tipo de opciones (restringidas), y circulen entre los diversos programas sociales disponibles. Así estas iniciativas ofrecen a las beneficiarias estrategias precarias pero indispensables fuentes de ingresos y recursos materiales.
Es más, las entrevistadas comparten la certeza o confianza en que la distribución de asistencia monetaria va a extenderse en el tiempo. Si no es directamente
a
través
de
mecanismos
estatales,
lograrán
acceder
indirectamente a través de su participación en organizaciones o movimientos sociales activos en el barrio. Este reconocimiento por parte de las mujeres de sectores populares de tener «derecho a tener derechos» (Kabeer 2006) en temas de pobreza material, se fundamenta en su historial de acción colectiva: sus memorias de participación en el movimiento de desocupados y los saqueos
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El impacto de los subsidios otorgados a las mujeres puede ser demostrado por la cantidad de mujeres que lo recibían en 2007: había aproximadamente 1,200 beneficiarias de transferencias condicionadas (Plan Familias por la Inclusión Social y Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados), y aproximadamente 1.000 beneficiarias de programas de asistencia alimentaria (Plan Vida). El 20.65 % de los habitantes del barrio recibían algún tipo de asistencia social ligada a definiciones maternales de la femineidad. 10 Mayoritariamente en el sector industrial y el servicio doméstico.
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a supermercados en Diciembre de 2001.11 Ellas dan cuenta de su capacidad para generar estrategias colectivas de agencia, develando una afirmación positiva de sus identidades marginales. Como fue expresado por una beneficiaria del Plan Familias y militante del movimiento de desocupados:
«-Ojala que no se termine porque si se llegan a terminar estos planes se va a venir un golpe de estado. Y sí, porque la mayoría de la gente está cobrando el plan Familias y se agarran de eso, porque habían dicho que iban a sacar el plan Jefes. Qué va a hacer la gente si los sacan. Van a ir a saqueos. -¿Vos participaste antes de saqueos, en aquella época que me contabas? -Sí, acá en el barrio participamos. Había un supermercado opuesto a la Avenida Marconi, ahí se saqueó todo. Después en Pedriel había otro minimercado. Las mujeres del barrio nos fuimos hasta Ramos Mejía, hasta el Equi [marca de supermercado] de Ramos. Fuimos a todas partes» (Entrevista 07/06/2008).
Por último, las entrevistadas eran participantes activas y numéricamente predominantes en el espacio de participación más importante organizado por el municipio tras la implementación de las PTC: el proyecto habitacional que empieza en 2005 para construir 482 viviendas. Este espacio es el primer mecanismo institucionalizado de intermediación entre los vecinos y las autoridades estatales. El mismo abrió la posibilidad para que las mujeres (y la sociedad civil) puedan disruptir y cuestionar históricas prácticas discrecionales de distribución de recursos estatales y la concentración de recursos por aquellas redes de parentesco con la posibilidad de movilizar lógicas de violencia.
En suma, las formas que toma el maternalismo en Aranda legitima la voz de las mujeres y las demandas de asistencia alimentaria, subsidios y vivienda. También se torna una plataforma de protesta y de hacer visible sus necesidades en relación a su situación de pobreza material. No obstante, esta voz se vuelve legítima sólo cuando es compatible con las formas de femineidad 11
Para una discusión detallada de los mecanismos sociales de los saqueos del 2001 ver: Auyero 2007.
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aceptadas por los programas sociales. Una importante restricción emerge: el maternalismo tiene sus limitaciones. Los programas sociales son de una calidad y valor monetario insuficientes para sacar a las mujeres de la pobreza, no construyen capacidades, y al no incluir elementos redistributivos entre los géneros reproducen vínculos marcados por la desigualdad. Así es como las visiones maternales de la feminidad construyen la pobreza material de las mujeres como una legítima preocupación pública (incluso de manera limitada por el mismo maternalismo que la sustenta).12
4. La seguridad ciudadana como una demanda no legítima
La sección previa señalaba la manera en que el maternalismo ofrece cierta legitimidad a las demandas de las mujeres de sectores populares sobre su situación de pobreza material. Esta nueva sección marca su contrapunto, y describe las posibilidades restringidas de acción y voz que identifican las entrevistadas en torno a sus necesidades ligadas a la violencia social, estatal y de género experimentada en el barrio. Antes de analizar los espacios de participación en esta temática, primero debemos identificar las relaciones históricas del barrio con estas políticas estatales, es decir: los efectos de las políticas neo-liberales, y el vínculo del barrio con las fuerzas de seguridad.
Según
las
estadísticas
oficiales
y
los
informantes
entrevistados,
el
achicamiento del Estado, junto al incremento del delito a nivel provincial (Kosovsky 2007), colaboró en el establecimiento de redes informales que organizan las actividades lícitas e ilícitas en Aranda.13 Y, a su vez, abrió el espacio necesario para el surgimiento de formas alternativas de gobernabilidad
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Otros estudios abordan la construcción cotidiana de la maternidad en la implementación de políticas sociales en el mismo barrio donde realicé mi investigación. Para mayor información ver: Gaitán, 2014. 13 Las actividades más comunes se referían al negocio de los desarmaderos y el tráfico de droga. Junto a estas actividades, se desarrollaban instituciones informales de gobernabilidad social en el barrio que dictaminaban las normas sociales vigentes, así como lo que era legítimo o no hacer a nivel local. Al mismo tiempo que proveían protección, vulneraban derechos de forma cotidiana a través de la ocupación de espacios públicos y el control del acceso a servicios básicos universales o focalizados. Como consecuencia del deterioro de la infraestructura y la ocupación de espacios públicos, fueron desapareciendo las áreas de uso común.
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social para la resolución de conflictos y de relaciones de poder locales marcadas por la amenaza o la violencia.
Las fuerzas policiales responden al gobierno provincial, y no al municipal como era el caso de las políticas sociales descriptas en la sección anterior. Desde el 2003, la administración provincial desplegó políticas que pretendían contener a estos barrios periféricos, vistos como la ‗fuente de peligro y violencia‘, y regularlos por medio de grandes allanamientos sorpresivos con el fin de crear terror e incertidumbre en sus habitantes.14 Esto significó que las instituciones de seguridad provinciales se mantuvieran al margen de las relaciones cotidianas del barrio y que su forma de interacción con los habitantes estuviera marcada por el abuso o la violencia.
La invisibilidad del barrio en lo que concierne a la seguridad muestra que este espacio urbano es definido como la fuente de la inseguridad; mientras que su propia inseguridad se desestima. Por lo tanto, las condiciones de participación de las mujeres en este tema se encuentran delineadas por el hecho de que las mujeres del barrio son posicionadas por las políticas de seguridad como no plausibles de sentirse inseguras, o como si ésta no fuera de incumbencia estatal.
Tomando en cuenta este marco institucional del vínculo de las políticas de seguridad con este territorio, la experiencia de las mujeres respecto a la única forma de participación diseñada por el Estado en seguridad es el foco de la próxima sección. Antes de comenzar, se precisa una nota de cautela. Si bien está fuera del alcance de este capítulo analizar las diferencias entre mujeres y varones: analizar la voz de las mujeres no implica que los varones no sean a su
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La administración provincial del Gobernador Felipe Solá en Junio de 2003, determinó la entrada de la Policía de Buenos Aires al barrio con la intención de ponerle fin a la venta de autos robados (CELS 2003). En Noviembre de ese mismo año, la Secretaría Nacional de Seguridad del Interior desarrolló un Plan Nacional para la Protección de Barrios que consistía en la construcción de cinco puestos policiales y el despliegue de 400 policías bonaerenses ubicados en el perímetro de Aranda. Algunos residentes, funcionarios, y miembros de la sociedad civil, identificaron esto con una forma de militarización de las localidades empobrecidas ya que los puestos de control impedían la circulación libre de los vecinos (CELS 2004: 178). Sin embargo, durante los dos años siguientes, la cantidad de policías disminuyó dejando sólo los puestos policiales y la vigilancia periódica sobre el perímetro.
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vez vulnerables, ni que la violencia sea ejercida exclusivamente por éstos últimos.
4.1 Segregación en foros de seguridad ciudadana
Los foros de seguridad ciudadana se reabrieron en el 2004 como vía principal para la participación comunitaria en lo que respecta a la seguridad en la Provincia de Buenos Aires (Föhrig y Pomares 2007).15 En Aranda, el foro era el único espacio de participación oficial en esta temática y tenía la particularidad de englobar no solamente al barrio sino al distrito de Palomar en su conjunto. Como espacio regularizado de participación (Cornwall 2002), sólo los representantes de las organizaciones comunales podían asistir. Al momento de mi investigación, el foro se reunía mensualmente en una escuela local y estaba compuesto por un grupo de varones y una mujer, representantes de organizaciones sociales y religiosas.16
Los participantes del foro se identifican con diferentes áreas e intereses, pero principalmente expresan preocupaciones de las clases medias. Los activistas de Aranda describen haberse sentido desalentados a participar por los prejuicios de los otros miembros, y al momento del trabajo de campo, solo una mujer representante de la parroquia Católica asistía a las reuniones del foro; la única mujer del mismo.
La preocupación de los participantes, haciendo eco a las políticas de seguridad, era elevar medidas de control y de seguridad en la periferia, y no dentro, de
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Establecidos, por primera vez en 1998, como una de las medidas de un paquete de reformas de seguridad tomadas en la Provincia de Buenos Aires por el Ministro de Seguridad León Arslanián. En ese mismo año, el nuevo gobernador provincial (Carlos Ruckauf) dejó de lado estos espacios de participación, que fueron reabiertos en el 2004 con la administración siguiente (Felipe Solá) cuando León Arslanián regresa como cabeza de las políticas de seguridad. Había siete foros en la municipalidad delimitados por los territorios en los que operan las comisarías. Esta era la vía principal habilitada por el Estado para sentar demandas en temas de seguridad ciudadana. 16 Los participantes locales eran: escuelas locales, clubes, capillas y otras organizaciones sociales.
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Aranda.17 La incapacidad de este foro para tomar en cuenta las preocupaciones del barrio refuerza las tensiones entre el foro y las políticas municipales de inclusión social, tales como la construcción de nuevas viviendas.18 El foro de seguridad recogió 5000 firmas que se presentaron con una petición al municipio con el fin de detener las construcciones en marcha. Los debates que se desplegaron dentro de este espacio dan la impresión de que el foro se encontraba más interesado en aislar o erradicar el barrio que integrarlo al distrito de Palomar. Así, la participación reducida a los representantes sociales reproduce los patrones vigentes de desigualdad entre Aranda y Palomar, al igual que las narrativas discriminatorias que emergen de este vínculo desigual.
Dada la manera en que está marcado este espacio por tensiones de clase ¿qué posibilidades hay para la agencia de las mujeres en cuanto a su seguridad física? Lo primero que podemos señalar es que fueron casi nulos los reclamos recibidos de parte de habitantes de Aranda. Los participantes del foro mencionaron sólo una demanda de una mujer de Aranda.
Esta demanda se refería a que la policía no estaba tomando suficientes medidas en el marco de la investigación de la violación de su hija menor de edad. Los foristas adoptaron una posición rápida y, en sus propias palabras, «dieron de baja el caso». Desde su perspectiva, el que los expertos médicos que examinaron a la niña de 12 años afirmen que no era su primera relación sexual era prueba suficiente para dar por sentado que el caso no se trataba de una violación (Entrevista 04/12/07).
Esta entrevista con los participantes del foro indica que el espacio del foro que supuestamente debe lidiar con los problemas de seguridad de los ciudadanos no reconoció la violación de este joven de Aranda. A través de este silenciamiento dentro del foro, este espacio de participación desplaza la 17
Identifican sus funciones principales como un medio de colaboración con la policía y proponen demandar recursos, denunciar puntos de venta de drogas y falta de alumbrado público. 18 Los participantes de clase media del foro consideraron que las políticas locales de inclusión ofrecían nuevas posibilidades a aquellos que «no las merecían» (22/11/2007). Como fue asentado por el Director de Estadísticas, los foristas reclamaban que «les iban a dar casas a los negros» (22/11/2007).
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responsabilidad, del potencial agresor, a la víctima menor de edad. No es de sorprender, esta mujer nunca regresó a plantear sus demandas al foro.
Observaciones realizadas en el foro denotan que en relación a sus problemas de seguridad, las residentes de Aranda apenas participaban, y las particularidades del barrio eran relegadas, incluso por los estudios oficiales.
En contraste con la agencia de las mujeres en torno a su pobreza material, los mecanismos sociales y de género que operan en este espacio de participación construyen las necesidades de seguridad como no legítimas, y desestiman la articulación pública de las demandas de las mujeres de sectores populares a las instituciones de seguridad. La «fuga» (exit) de este espacio, para tomar prestada la terminología de Hirschman (1970), es el resultado final de este proceso.
Si este espacio de participación puede ser pensado como un espacio de desaparición de las voces de las mujeres,19 entonces la cuestión que sigue respecta a la naturaleza de aquellas narrativas que han sido desestimadas.
Puede señalarse que reflexionando acerca de los significados que la exclusión social adquiere para ellas, las mujeres en Aranda apuntan a su sensación de inseguridad y vulnerabilidad física. En un encuentro entre beneficiarias, activistas comunitarias y residentes, el principal punto que ellas señalaron fue la impunidad que sentían a nivel local. En especial, en relación a la falta de protección por parte de las fuerzas policiales. Esto destaca la impotencia sentida ante las acciones violentas y pone de manifiesto la principal paradoja que estoy intentando develar.
Dada la longitud limitada de este capítulo, no es posible ahondar en la descripción detallada del análisis de entrevistas con mujeres que visibilizan sus 19
Aquí estoy parafraseando el uso de Cornwall del concepto de espacio de aparición de Arendt. A diferencia de la definición de Arendt, dado que las mujeres del barrio terminan siendo expulsadas de este espacio, podemos considerar esta participación regulada como un espacio de desaparición en el cual las diversas opiniones, posiciones y intereses son silenciados, y la posibilidad de consenso se basa en la no consideración de estas mismas diferencias (Cornwall 2002).
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preocupaciones en relación a sus cuerpos, seguridad ciudadana y los encadenamientos de violencia (para más detalles ver: Tabbush, 2009).20 Lo que importa remarcar es que el resultado es que en relación a la violencia social y la seguridad ciudadana, la ausencia del reconocimiento por parte de las entrevistadas de su «derecho a tener derechos» (Kabeer 2006) actúa en detrimento de sus posibilidades de acción colectiva.21 Es así que, al preguntarles acerca de sus posibilidades de acción colectiva en materia de seguridad la respuesta más frecuente con la que me encontraba era «¿para qué?, ¿para qué deberíamos organizarnos si no hay institución a la cual pedirle soluciones? ¿Por qué deberíamos organizarnos si eso nos expondría aún más?» (Entrevista 23/04/2008).
Coincidiendo con las experiencias de las mujeres sobre los foros de seguridad, no es tan solo la discriminación institucional la que margina las demandas colectivas de las mujeres, sino también, el hecho de que al expresarlas, se evidenciarían diferencias y tensiones al interior del barrio; tornando a las mujeres aún más vulnerables en un contexto de escasa protección policial.
Ya que la participación en foros de seguridad constriñe las posibilidades de acceso de las mujeres a la esfera pública, estos tipos de demandas contadas veces se tornan colectivas. Principalmente dada la deficiente protección policial y a los excluyentes espacios de participación existentes, las demandas de las mujeres parecen ser silenciadas. Denunciar haría más evidente formas alternativas de gobernabilidad, aumentando, por lo tanto, su falta de protección. 20
A partir de la información recolectada, podemos decir hay tres puntos principales en estas narrativas silenciadas. El primero se refiere a las relaciones entre las mujeres, el barrio y las fuerzas policiales, especialmente en la experiencia de los allanamientos. El segundo se relaciona con los conflictos y las actividades ilegales que involucran a otros habitantes del barrio, como los tiroteos y el negocio de los desarmaderos. El punto central que emerge aquí es la impunidad y la pasividad que experimentan las mujeres mientras presencian estos hechos, y sus limitadas posibilidades de agencia signadas por estrategias informales de protección que dependen a su vez de su stock de capital social. El tema final que podría identificarse como parte de las narrativas ocultas de las mujeres hace referencia al incremento de situaciones de exaltación de la violencia de género. Considerando la escasa respuesta policial a las demandas de los habitantes de Aranda, las amenazas domésticas contra las mujeres a veces pueden tornarse amenazas de vida (Tabbush 2009). 21 El único ejemplo de agencia colectiva es un espacio efímero de participación (Cornwall 2002), que tuvo por objetivo desalentar el negocio de los desarmaderos en el barrio. En una inusual instancia de agencia, las mujeres y otros vecinos bloquearon con trozos de madera una de las calles de tierra de ingreso al barrio que se utilizaba para ingresar autos robados. Esta endeble medida fue destruida por un automóvil robado entrando a toda velocidad.
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5. Conclusión
En este capítulo he analizado los mecanismos institucionales a través de los cuales ciertas necesidades de las mujeres de sectores populares se vuelven legítimas y otras son acalladas de la esfera pública.
Del trabajo de campo en Aranda emerge que la experiencia de la pobreza de las beneficiarias de programas estatales se encuentra estrechamente relacionada a la construcción estatal de las necesidades que el Estado considera legítimas. Las mujeres muestran tener una voz y opciones (aunque restringidas) ligadas en sus problemas de pobreza material entendida en términos maternales. Sin embargo, más allá de sus roles maternales, las mujeres experimentan pocas posibilidades de agencia con respecto a su seguridad que difícilmente encuentra canales de expresión en la esfera pública local. Estas preocupaciones no son percibidas como colectivas, y sin embargo, son lo que las mujeres entrevistadas asocian con su sentido de exclusión.
A pesar de la falta de consenso en torno a su definición teórica (Silver, 1994a, b; Hills et al, 2002; Lister, 2004; Levitas, 2005), la noción de exclusión social en países de la región se asocia con territorios, como el barrio de este estudio. Espacios urbanos que aglutinan múltiples indicadores de extrema pobreza, se encuentran alejados de los mecanismos compartidos de inclusión social y poseen lazos relativamente débiles con las burocracias estatales (Rodgers et al, 1994; Wacquant, 1999; Hills et al, 2002; Richardson y Le Grand, 2002). Su más común, y discutible, metáfora es la de zonas en las que desigualdades sociales y espaciales se encuentran y superponen (por ejemplo, ver Caldeira, 2000; Svampa, 2001).22 De manera simplificada entonces la exclusión social habla de procesos sociales que construyen una alteridad, asociada a espacios 22
Para América Latina uno de los ejemplos más prominentes son los estudios de Teresa Caldeira sobre barrios cerrados en Sao Paulo y su noción de «walling process» (2002), y el de Maristella Svampa en Buenos Aires (2001), ambos enfocándose en la segregación espacial. La espacialidad también es relevante en la adaptación que hace Denis Merklen de la teoría de Robert Castel sobre la exclusión social. Desde su perspectiva, en vez del trabajo formal, los territorios urbanos se vuelven el sustento de las identidades colectivas de los sectores populares (Merklen 2005).
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urbanos aparentemente segregados, y que experimentan barreras para participar de instituciones sociales que brindan acceso al ejercicio de la ciudadanía plena (Hills, Le Grand and Piachaud 2002; Cleaver 2001).
Si bien esta metáfora espacial crea un dualismo entre aquellos que se encuentran «dentro» y «fuera» del ejercicio de la ciudadanía, este trabajo sostiene que la experiencia que describen las mujeres entrevistadas no hace referencia a su falta de participación en general (ya que son activas participantes en diversas iniciativas sociales y estatales). Más bien, se centra en su imposibilidad de ser escuchadas por estas mismas instituciones respecto a un tipo particular de problemas. Lo que se vuelve crucial para pensar su experiencia de exclusión en este escenario local es que el mismo grupo de beneficiarias participa en procesos públicos deliberativos en relación a cierto conjunto de necesidades (pobreza material), pero no puede hacerlo con respecto a otro grupo de necesidades (violencia social, estatal y de género).
Por esto mismo, el foco de este capítulo estuvo en el funcionamiento de los espacios de participación regularizados por el Estado donde sociedad civil y funcionarios estatales pueden negociar acuerdos (Cornwall 2002). Estos espacios suelen ser vistos como uno de los mecanismos más importante para combatir procesos de exclusión social (Cornwall 2003b; Guijt y Shah 1998). La manera más extendida de articular género y espacios de participación local se circunscribe al estudio de la proporción de mujeres que forman parte estos espacios, o en su defecto, a qué grupo o colectivo de mujeres queda por fuera de los mismos (Cornwall 2003b). Sin embargo, aquí se propone que la contraposición entre exclusión y espacios de participación está organizada en torno a una paradoja. Mientras que ciertas necesidades referidas a la pobreza material de las mujeres pueden ser enunciadas y forman parte de la esfera pública; otro tipo de demandas de las mismas mujeres entrevistadas, relacionadas con su seguridad ciudadana, parecieran estar condenadas al silencio de lo privado.
El nodo de este capítulo fue mostrar las limitaciones que presentan los programas y las intervenciones estatales en canalizar las voces de las mujeres 15
cuanto éstas no se adaptan a la construcción hegemónica de la feminidad de los sectores populares. Esta paradoja abre el camino para situar la discusión sobre la noción de exclusión social dentro de los debates en torno a la interpretación generizada de las necesidades de las mujeres.
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