Oro, minería mecanizada y derechos territoriales en el río Condoto, Chocó. Una mirada desde el escenario posconflicto

Oro, minería mecanizada y derechos territoriales en el río Condoto, Chocó. Una mirada desde el escenario posconflicto Ángela Castillo Esta ponencia indaga por el arribo y consolidación de la minería con retroexcavadoras en el Pacífico colombiano durante los últimos 30 años. En un primer momento, expondré la investigación que desarrollé para mi tesis de maestría que explora este proceso en el río Condoto. Posteriormente, conectaré algunas reflexiones derivadas de esa investigación con la pregunta acerca de los desafíos de la minería ilegal y los posibles escenarios de posconflicto para comunidades afrodescendientes del litoral pacífico. La cuenca del Condoto es poblada mayoritariamente por afrodescendientes y de forma más pequeña por población indígena y blanco-mestiza. En la semana santa de 2013 visité Andagoya en el curso bajo del río Condoto. Como en otras ocasiones me hospede con Orfilia y Félix. Una familia conformada por un ex-empleado de la Chocó Pacífico, ahora campesino y minero, y su esposa. Luego de los saludos, Orfilia me contó que ella y Félix ya habían hablado con su amigo retrero para que se entrevistara conmigo. Retrero es la palabra que usan los condoteños para designar las personas involucradas con la minería mecanizada, bien sean los trabajadores o los dueños de las maquinas, es decir, los propietarios de los entables mineros, que son los sitios de explotación a cielo abierto de este tipo de minería. En la semana previa a mi viaje, le conté a Orfi que necesitaba hablar con un retrero. ¿Sería posible?, ¿cómo veía ella la situación de orden público y la disposición para hablar de esos mineros? Para 2013, el gobierno colombiano y los medios de comunicación desplegaban comunicados e informes en los cuales la minería sin licencias de explotación era calificada como un problema público. Entre funcionarios, académicos y periodistas eran comunes afirmaciones como “grupos armados siembran el terror y destruyen el medio ambiente por cuenta de la minería informal” (Semana, 29 de marzo, 2013), o “es más rentable para los ilegales explotar oro que coca, la minería ilegal se riega por el país como un plaga silenciosa” (Semana, 7 de agosto, 2014). Sin embargo, el problema de la minería mecanizada ilegal no era reciente. En los años noventa, poco antes de que la guerra golpeara al Chocó, ya los medios de comunicación alertaban sobre los efectos de la extracción. En 1996, por ejemplo, el periódico El Tiempo 1

alertó: “los buscadores de oro y platino se han limitado a destruir los terrenos sin orientación, ni planes técnicos. Ahora mismo, en la localidad de Condoto, hay en operación seis retroexcavadoras que cavan continuamente. Lo que se está realizando allí no parecería una producción minera, sino un auténtico arrasamiento.” La minería de oro y platino con retroexcavadoras, fomentada por la subida global de los precios del oro en los años ochenta, tenía lugar en las mismas áreas donde las familias negras tenían sus parcelas y sus minas de oro corrido. Fincas y minas familiares fueron arrasadas para dar paso a los entables. Si esa minería ocurría sobre los mismos espacios en los cuales los condoteños tenían sus cultivos y sus minas, ¿cómo pudieron los retreros consolidar la extracción?, ¿acudieron a la fuerza? Si no, ¿qué fue lo qué pasó?, ¿qué instancias locales mediaron la bonanza y por tanto cuáles fueron las formas locales que tomó el auge? Luis, el retrero, llegó a almorzar en la casa de Félix y Orfi el día después de mi llegada. Lo primero que notó cuando Luis se trepó por las escaleras de la casa es que no es un paisa, apelativo local para los no negros y los no indios. La mayoría de retreros son paisas, gente no negra, venida del bajo río Cauca, de los municipios antioqueños de Zaragoza, El Bagre, Caceres, Caucasia y Nechí. Luis es hijo de una condoteña y un comerciante paisa. En su juventud emigró a Cali a trabajar como operario de un canal de televisión local. Quince años atrás, el canal recortó su personal y Luis perdió su empleo. Con el ánimo de hacerle quite a la situación, Luis recordó las minas de su familia materna en Condoto. Varios de sus conocidos chocoanos en Cali se habían hecho a pequeños capitales luego de arrendar esos terrenos agrícolas y mineros para que las retros los trabajaran. Pronto se interesó y familiarizó con el negocio. En Cali o Medellín, las fundidoras y exportadoras de metales preciosos actúan como patrocinadoras del montaje de entables mineros en el litoral. Aprovechan los conocimientos y las redes de migrantes del Pacífico que se han establecido en esas ciudades. Luis detalló: “por ejemplo, yo necesito 50 millones de pesos para combustible y nomina, pues ellos lo prestan, ¿sí? ¿Cuál es mi obligación? Pagar en oro”. ¿Y si no hay oro?, pregunté. Luis contestó: “tú haces un compromiso porque para que te presten a vos los millones, debes firmar un documento y hay que respaldar esa deuda. Ya ellos te conocen bien, sos minero y te prestan la plata… igual es una lotería”.

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La narración de Luis aclara cómo se financia la operación y quienes asumen la puesta en marcha de una mina mecanizada. Y es que el montaje de un entable no es poca cosa. Luis continuó “la apertura de un entable podía costar hasta 100 millones, ese dinero se va en trabajadores, comida y maquinas. Una vez consigo un adelanto viajo a la zona y busco un terreno para cateo”. El cateo es la exploración de un terreno para evaluar si es rico en sedimentos auríferos y platiníferos. En el Condoto, donde las minas han sido trabajadas durante los dos últimos siglos con métodos manuales, y desde 1970 insistentemente con motobombas y mini-draguetas, el oro y el platino, en palabras de los locales, se están profundando. Cada vez es más difícil sacar el oro y el platino por medio de las técnicas artesanales. Por esta razón, las familias condoteñas están atentas a la llegada de un retrero para que catee sus terrenos y examine si es posible sacar los metales que ellos no han podido arrancarle al suelo con sus canalones y sus bateas. Prueba de este interés fue la llegada, a la mitad de nuestro almuerzo, de un representante de una familia de la zona interesado en hablar con Luis. Alonso, desde las escaleras de la entrada de la casa de Orfi, lo saludó y de una vez exclamó: “mire, yo hablé con ellos [la familia de Alonso] y me dicen que allá hay más tierras. La verdad es que sí hay más, ¿si me está entiendo? Que si gusta, ellos mismos le hacen la visita. Luis le contestó: Vea, la otra semana después de la Semana Santa vamos a entrar po´ allá. Vienen unos amigos de Cali a ver unas tierras conmigo. Vamos a unir lo que usted me está diciendo con lo de otra persona. Vamos a caminarlos a ver si la extensión de la tierra es lo que se está necesitando”. Alonso asintió y le dijo: “listo pues manito”. Luis cerró con un “a ver si la gente [la gente que iba de Cali] se anima a meter [las máquinas]. Vamos a necesitar dos personas porque vamos a traer unos cajones por metro cúbico pa´ catear a ver cuántos oritos, cuantos platinitos nos cogen por metro cúbico”. La charla entre Alonso y Luis es el primer paso de un proceso que combina acuerdos verbales y escritos, y que entrevera arreglos entre las familias, los retreros y los funcionarios del estado local que finalmente facilitan la expansión de la minería mecanizada. Luis insistió: “mire, a estos acuerdos se llega verbalmente. Así en una charla como la que tenemos nosotros pues llegamos a un acuerdo verbal: que el señor me arrienda su tierra por un porcentaje de la producción en 3

bruto. Entonces elaboramos un contrato de arrendamiento de tierras. Inicialmente habría tierras que se arreglaron al 20%. Ahora se está trabajando entre un 17% y un 15% de la producción bruta que da la tierra.” Los pactos develan dos puntos importantes. El primero es que las formas de administración, ordenamiento y de apropiación de los espacios de la cuenca difieren notablemente de las que propone el estado central, pues el control de minas y fincas recae sobre las familias y no sobre entidades oficiales. En el Condoto, el termino familia alude a la unidad doméstica, pero también a los grupos de descendencia a los que pertenece un individuo. Son esos grupos los que controlan el usufructo de esos espacios. Un segundo elemento es que aunque los condoteños no operan bajo las disposiciones gubernamentales para el manejo de los recursos mineros, no desconocen el rol del estado. Precisamente, la segunda parte de los acuerdos entre retreros y condoteños, que Luis denominó el “contrato de arrendamiento” involucra una maniobra para legitimar los convenios ante el gobierno del municipio. El contrato es registrado en las oficinas de la administración municipal. Copias de esos contratos fechados en los años noventa reposan todavía hoy en la alcaldía como prueba de la “legalidad” de los acuerdos. Conformado por condoteños, el estado local también operó con la idea que las familias eran las dueñas de los terrenos. Luego del establecimiento de los acuerdos empieza el montaje del entable y su operación. Es un proceso de varias fases. Una vez firmado el contrato de arrendamiento y fijado el porcentaje que la familia recibirá, se buscan trabajadores, se desmonta el terreno, se arma un campamento y se abre el frente minero. “Un entable es como una empresa”, declaró Luis. “Hay varios cargos. Está el administrador, los operadores de las retros, los achicadores, que son los operadores de motores estacionarios, los chorreros y la señora de la cocina, y obvio los vigilantes, los de seguridad.” La creación del entable involucra la intervención y alteración de los espacios de la cuenca. Luis amplió: “el proceso comienza lógicamente tumbando árboles para hacer el desmonte. Para sacar el mineral necesitamos tumbar árboles, descapotar. Para trabajar la minería se necesita mucha agua, se ponen los motores y las mangueras cerca de una quebrada, si no tenes agua, no sirve.” El operario de la retro del entable de Luis es oriundo de Córdoba, un culimocho que se monta en la retro y es el encargado de arrancar el 4

suelo y ponerlo en la clasificadora. Esa máquina en forma de Z que permite la separación de los metales y las arenas. En la cima de la clasificadora está el chorrero, quien maniobra la manguera para que el potente chorro de agua disuelva los terrones de suelo. Su función es batir el suelo para que el oro se despegue de la arena y la arcilla. Abajo el achicador controla los motores estacionarios que llevan el agua desde el caño hasta la cima de la clasificadora. La lavada, es decir, la separación final del oro y el platino en la que se usa mercurio, solo ocurre cada semana o cada dos semanas. A ella asiste el representante, o algunos representantes de las familias, para asegurar que les entreguen lo pactado. Luego que el representante tiene el dinero debe repartirlo entre su familia. En una conversación con Goyo, otro jubilado de la empresa, y su esposa Bitilia, ambos nos contaron a Daniel y a mí cómo ocurre ese proceso. Goyo es oriundo de Tadó y heredó de su padre derechos sobre un terreno agrícola y minero llamado El Remolino en ese municipio. Aunque nunca fue agricultor, ni minero de tiempo completo, Goyo era el representante del terreno. El representante no toma decisiones individuales sobre el terreno, su rol es más sutil y por tanto más delicado. Es aquella persona que conoce los linderos y conoce los miembros de la familia que tienen derechos. Durante el auge, sus responsabilidades se ampliaron y se transformaron en tanto ya no lidia solo con dar o denegar permisos para trabajar en el terreno, sino que debe negociar con los retreros, gestionar la toma de decisiones dentro de la familia y garantizar la correcta distribución del porcentaje que deja el entable para el grupo de descendencia. Goyo, que es el representante de El Remolino, explicó: “mire, de 100 castellanos, pues recibí 20. Eso se repartía así entre familia, entre todos. Entre papá, mamá, sobrinos, tíos. A cada uno de partes iguales. Si nos tocaban por ejemplo 100.000 pesos eso era repartido entre 5, 6 u 8. Eso se les daba a los mayores. Por ejemplo, había uno y ese les daba a sus hijos”. Bitilia lo interrumpió y exclamó: ¡es que él es el ñunco de la familia! Goyo, más pausado, detalló: “el viejo, mi abuelo, el tronco tuvo 5 hijos. Él era el dueño del terreno y entonces se lo dio a los hijos. Si viene un tipo a trabajar el terreno, yo hago contrato con él y él me entrega el porcentaje a mí. Entonces, yo lo reparto entre mis 5 hermanos. Cada 5

hermano tiene sus hijos y reparte. En caso que el papá no esté vivo, la plata va al hermano mayor. Ellos [los retreros] se entienden con uno solo”. En ese momento de la charla, Daniel le preguntó: “¿Qué es lo del tronco?” Goyó le replicó: “el tronco es decir el dueño del terreno”. Luego pregunté yo: “¿y ustedes cómo se llaman?” Goyo afirmó: “condueños o ñuncos, nosotros somos condueños”. Para facilitar el análisis, resumo este sistema de parentela que interconecta derechos territoriales, derechos de participación económica y de regulación de los territorios en el siguiente esquema.

El grupo de descendencia tiene un tronco, es decir, un ancestro con el cual todos se vinculan como descendientes. Esa relación es la que liga a todos los parientes como miembros de esa familia y les otorga derechos de dominio territorial o derechos de participación en las ganancias sobre el terreno que heredó o fundó ese tronco. En muchas ocasiones, esos viejos ya están muertos. Entonces, los que administran el terreno son sus herederos, lo que Goyo llamó condueños o ñuncos. Los condueños son la instancia que controla y regula el usufructo del terreno, lo hacen de forma grupal, es un cuerpo colegiado de toma de decisiones, que vale la pena aclararlo es diferente al sistema colectivo de administración del territorio que propone la Ley 70. Uno de los efectos del auge es que puso en tensión las relaciones entre esos condueños. La bonanza de las retros impuso desafíos a esas estructuras colectivas de manejo del territorio y de manejo de las relaciones 6

entre las personas. Por ejemplo, una mala distribución podía implicar la fractura de esas instancias grupales y en últimas poner en riesgo la administración grupal de los espacios. En otros casos que no presenté hoy, el proceso se alejó de lo descrito para el caso de Goyo y Bitilia. Por ejemplo, miembros de algunas familias desconocieron a sus parientes y no consultaron con ellos la entrada de las máquinas. Eso provocó el abandono forzado de fincas y minas. En otros casos, los condueños no se sintieron a gusto con la redistribución de las ganancias: sintieron que era poco dinero y la sensación de estar siendo estafados fragmentó las relaciones entre la parentela. Conclusiones 1Como se desprende de los relatos el auge retrero fue mediado a través de instancias locales muy específicas: los grupos de descendencia o familias. Los acuerdos entre retreros y familias legitimaron la presencia de las retros y fueron el eje fundamental que facilitó la consolidación de la minería mecanizada en la zona. Aunque sin títulos legales, los acuerdos no fueron deliberadamente establecidos al margen del Estado. El auge no fue experimentado como despojo, sino como una oportunidad para extraer metales que mediante técnica manuales ya no estaban disponibles. El deseo de los condoteños de aprovechar esos metales no es casual y en parte responde a una idea, cada vez más arraigada, de que la vida campesina es sinónimo de pobreza y por tanto debe ser evitada a toda costa. Este caso es útil para lo que ocurre en todo el litoral, pues los mecanismos de consolidación de la minería mecanizada que se estudiaron en el Condoto son bastante similares para el Pacífico norte y el Pacífico sur. Más que oportunidades el auge implicó retos a las formas de vida de la sociedad del litoral. El auge vino con desafíos a los sistemas productivos y de derechos. A los primeros porque la extracción socavó el sistema que garantizaba la subsistencia y que alternaba agricultura y minería manual, pues destruyó los suelos aluviales, la base material de ese sistema. A los segundos, a los sistemas de derechos, porque la puesta en marcha de los entables activó derechos de participación económica, no solo derechos de usufructo territorial, que pusieron en jaque la estabilidad de los vínculos familiares, pues exacerbaron tensiones entre los miembros de los grupos de descendencia. 7

Ahora bien, en relación con la discusión sobre los retos de posibles escenarios de posconflicto, que es a lo que nos convoca el Congreo, creo que lo primero es definir un poco qué tipo de contextos de posconflicto se relacionan con la minería mecanizada ilegal en el litoral. Parte de las políticas gubernamentales orientadas a la paz se enfocan en la eliminación de la minería ilegal del litoral, pues mediante extorsiones y “cobro de vacunas”, los grupos armados ilegales (guerrillas, paramilitares y bacrim) la han transformado en fuente de financiación. Así las cosas, el Estado ha emprendido una campaña de criminalización de la minería ilegal, ¿qué efectos tiene esa criminalización sobre las poblaciones campesinas y mineras del litoral? Ante todo, la criminalización pone el acento sobre la agencia de los grupos armados ilegales, como si fueran los impulsores de la minería ilegal. La minería es una práctica económica situada en una zona gris en la cual lo que es legítimo en el nivel local, es ilegal en el nivel nacional. La perspectiva de la criminalización es problemática porque descalifica esquemas de sentido y acción, como el de los grupos de descendencia, que la gente negra del litoral ha usado como estrategias para enfrentar la marginalización. En un artículo de 1975, la antropóloga Nina S. de Friedemann explicó que las redes de movilización que implican los grupos de descendencia, o ramajes como ella los llama, han sido una estrategia de las comunidades afrocolombianas del Pacífico para lidiar con la marginalización de sus comunidades en el contexto nacional. Esas redes les han permitido estrategias para movilizar sus capitales sociales y materiales en procesos de ascenso social. Aunque social y medio-ambientalmente nociva, la minería mecanizada opera como una forma de acceder a recursos que les garantizan a las familias rutas de ascenso social, a través de la educación universitaria de nuevas generaciones o la puesta en marcha de diversos negocios. Por esta razón, un escenario de posconflicto en el que la única mirada sobre la minería mecanizada sea la de la criminalización incrementará aún más la distancia entre estas comunidades y el Estado, pues ahondará la marginalización, y así con esas distancias sociales profundizadas, ¿cómo evitará el Estado que los armados vinculen a las generaciones más jóvenes a las dinámicas de la guerra?

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