Ordoliberalismo en el régimen de Franco

Razón Española ENERO-FEBRERO 2014 EPISTOLARIO FERNÁNDEZ DE LA MORA

Correspondencia con Carlos Sentís ESTUDIOS

Desmitificación de la democracia, por Dalmacio Negro Red lories: El retorno de los conservadores, por Óscar Rivas NOTAS

¿Se deben tener únicamente libros de literatura? Una nota crítica Juan Velarde Fuertes In memoriam Emilio Alonso Manglano, teniente general, por Armando Marchante Gil Ordoliberalismo en el régimen de Franco, por Jerónimo Molina CRÓNICA

La política, por Juan Ignacio Peñalba LIBROS

La era argentina, de Aquilino Duque Cataluña hispana, de Javier Barraycoa Liberalismo, catolicismo y ley natural, de Francisco José Contreras

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misma finalidad que la tinta del calamar, es decir encubrir a quienes habían montado y participado en la conjura desde los Servicios. Inmediatamente relaté a Emilio lo que me había adelantado el ministro junto con mi felicitación. El me pidió un consejo. Se lo di en el sentido de que para tener éxito tenía que coger una escoba y limpiar de indeseables el dicho Servicio de Información, ya modificado para empeorarlo por Gutiérrez Mellado, al ponerlo en la órbita del Ministerio de Defensa en lugar de en la Presidencia del Gobierno, que es su sitio. Desde entonces, mantuve hacia Emilio Alonso Manglano un absoluto mutismo pero ello no me impidió constatar que — desgraciadamente para España y para él — no solo no había hecho el menor caso de mi consejo; muy al contrario, bajo su dirección se acentuó la deriva de aquellos Servicios hacia actuaciones faltas de la más elemental ética hacia compañeros y ciudadanos desde el más alto al más bajo. Inexplicable. A pesar de mi lejanía hacia sus actividades y decisiones, lamenté su condena por un tribunal y también sus problemas familiares, que fueron muchos desde su boda en la que estuve presente, como él lo estuvo en la mía. Desde la promoción tratamos siempre de mantener con él un contacto cordial en sus horas de dificultad y amargura, y de las que, a tenor de mis cortas conversaciones con él en su última enfermedad, jamás se repuso. Armando MARCHANTE GIL O R D O L I B E R A L I S M O E N E L RÉGIMEN D E F R A N C O

La España moderna se funda dolorosamente en los aciertos y los errores cometidos por los españoles entre 1923 y 1969, periodo de la estatificación política de la nación. Se suceden entonces dos regímenes políticos de dictadura, el comisarial de Primo de Rivera y el constituyente de Franco, y entre ambos la situación política que sigue al frustrante periodo constituyente de 1927 — ocasión de la Asamblea Nacional Constituyente — a 1934 — violación de la Constitución de 1931 por quienes precisamente la imponen — y la Guerra civil.

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Un estudio sereno de esa época debe rechazar todo afán justiciero, incompatible con una idea elemental de la reconciliación nacional basada en el poder lenitivo del olvido. Amnestie ist die Kraft des Vergessens, dice Cari Schmitt. Mas el olvido no ha de impedir que se reconozca la verdad, pues sólo en su nombre se pide y se concede el perdón. En este punto, el oportunismo de la historiografía cortesana o venal, escarnecedora de la verdad, si bien puede resultar útil en el corto plazo, a la larga resulta políticamente letal. Se comprueba cotidianamente en España desde hace una década: la gran mentira ya no da más de sí. Aislada de su conexión sistemática (histórica) con los avatares del gran interregno de 1923 a 1969, la novación constitucional de 1978 no puede explicarse racionalmente. La alternativa más frecuentada a la recta inteligencia de lo acontecido desde la muerte de Franco, y aún antes, es el relato mítico de una fundación política enlazada, caprichosamente, con épocas más o menos remotas de la historia patria: la constitución del año doce, "la Pepa", y la del año treinta y uno, "la Niña", como la llama Nicolás Pérez Serrano en una glosa impagable de los años cincuenta. Los ejemplos, como se ve, no están precisamente bien elegidos. Es así que la historiografía política jurídica española de los últimos treinta años, ancila de la partitocracia, se niega a reintegrar la propia historia constitucional. La "disputa de los historiadores" o Historikerstreit se abre paso en España con gran dificultad. Gravitan sobre la historia académica las ideas recibidas. Sobre la otra, no obstante sus ventajas en el mercado editorial, apenas si puede decirse que no ha tenido repercusión en la historiografía política constitucional. Esto es, a mi juicio, lo más destacado. Buena prueba del aislamiento en el que viven los historiadores constitucionales es la superficialidad que caracteriza los estudios y seminarios promovidos los últimos años para la celebración de los sucesivos aniversarios de la vigente Constitución, elevada a hito de la historia universal... Lo cual, teniendo en cuenta la descomposición del Estado, puede ser incluso cierto. Parece que nada puede oponerse a la visión consensual y al relato acrítico instalado en la opinión pública.

** El fracaso de la pedagogía política, en el debe de izquierdas y derechas, dificulta extraordinariamente una adhesión libre de prejuicios a las reglas políticas de 1978, que por lo demás están todavía lejos de la persistencia histórica

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de la paz de Cánovas del Castillo (cincuenta y cinco años) y la paz de Franco (treinta y nueve años). En estas circunstancias, cualquier plan de reforma constitucional resulta, cuando menos, imprudente, pues en la falsificación de la historia tropezamos con el gran impedimento para la actualización de los principios básales de toda convivencia política. Si bien el mal trae su causa en el inexplicable retraso del cierre constitucional del sistema de la Leyes Fundamentales hasta 1969 — llamamiento de Juan Carlos de Borbón a la sucesión en la Jefatura del Estado —, la más grave responsabilidad recae sobre la derecha en el poder entre 1977 y 1982, pues ha sido esta la que propicia consciente y, a la vez, irresponsablemente, un "cambio" que fue, ante todo, cultural; en todo caso, más cultural que político. Lo demás ha llegado como por un automatismo. El remedio de esta situación pasa por el examen veraz de la dictadura de Franco, expediente transitorio del que deben reconocerse tanto sus yerros — prolongación de la interinidad histórica de la Jefatura del Estado y ambigüedad de la instauración monárquica; heterogeneidad de la representación orgánica nacional y régimen de las "asociaciones políticas"; error de juicio sobre las cualidades del sucesor —, como sus aciertos políticos — intervencionismo liberal, en el sentido que esta expresión tiene para Alexander Rüstow y el grupo "Ordo"; política social de las clases medias; atlantismo diplomático —. Al registro de los méritos pertenece, cómo ignorarlo, el reclutamiento de los juristas y economistas políticos que sirvieron al Estado — no a Franco, mucho menos a una ideología — desde puestos de máxima responsabilidad. Incluso si, como era frecuente dada la práctica de la sucesión de gobiernos de concentración, el tráfago político hacía de muchos de ellos valores fungibles, brillando más cuanto menos durara su comisión política, jurídica o económica. El arquetipo al que unos y otros prestan figura resulta consubstancial con la génesis e historia del Estado, en las que aparecen fundidos. La ingenuidad hasta cierto punto fatalista que rige la historiografía política contemporánea atribuye a un rosario de "generosas renuncias por España" la liquidación formal o legal de la dictadura. El honor de un pueblo como el español, otrora extraordinariamente dotado para la creación jurídica política, como solía apuntar Jesús Fueyo al evocar la constitución virreinal y el derecho indiano, ha quedado por ello dañado.

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La literatura cortesana atribuye a unos pocos personajes los valores y sentimientos más raros y apreciados del mundo político. Pero semejante acumulación de "sufridores por España" en una misma promoción de políticos resulta sospechoso. Los demás, según la regia frase proverbial, tenían "plomo franquista en las alas", lo que al parecer les inutiliza para servir al bien común. Resultaría de gran interés la revisión del desempeño de su misión por algunos de ellos. ¿Acaso no es desmitificadora la sistematización del "pensamiento constitucional" de los miembros de la última ponencia constitucional, presuntuosamente calificados como "padres de la constitución", pues apenas uno o dos de ellos tenían conocimientos suficientes de Derecho político? En términos de estricta técnica jurídica, ¿cuántos de ellos resistirían la comparación científica con los juristas políticos que habilitan la constitucionalización material del régimen franquista? De momento, el estruendo de silencios que envuelve la obra de estos últimos constituye uno de los síntomas de la situación de la inteligencia política nacional. -

** La suerte de los economistas políticos, sin cuya contribución no se entiende lo que Francisco Javier Conde llama la "habitud de Estado de España", es mejor que la de los políticos, pues no es de ahora el reconocimiento de su incontestable contribución a la estabilización nacional. Con todo, se echa en falta una revisión del pensamiento de los mejores de ellos desde el punto de vista del pensamiento estatal, pues la Economía política puede reclamar los mismos títulos que el Derecho político en la estructuración del Estado, la fundación política moderna por excelencia. Así es como en la estabilización económica del "Nuevo Estado" desempeña un papel extraordinario la doctrina liberal de Wilhelm Rópke, Walter Eucken o Friedrich Hayek. ¿Cómo no ver entonces en Franco, que propicia el abandono del nacionalismo económico y la superación de la autarquía, el arquetipo de lo que Hermann Heller llamaba un "liberal autoritario"? Jerónimo MOLINA