Órdenes Alternativos Insurgentes y Autonomías Locales en Colombia

Órdenes Alternativos Insurgentes y
Autonomías Locales en Colombia

Por Johan Sebastián Franco Pineda

Si se mira el mapa de Colombia, se pensaría a simple vista que su territorio está plenamente gobernado y dirigido por el marco jurídico-normativo y el dominio de un Estado legalmente constituido y aceptado por la mayoría de sus pobladores. Pero si se examina con detenimiento, la verdad es que el territorio que se dibuja en dicho mapa ha sido fragmentado histórica y estructuralmente por la configuración de órdenes alternativos insurgentes y contra-insurgentes, que han desafiado la soberanía del Estado y han causado fracturas políticas, sociales y culturales.

Dichos órdenes no se han configurado al azar. La incapacidad del Estado no sólo para extender su soberanía sobre la totalidad del territorio sino también para atender las necesidades y las demandas de condiciones dignas de existencia por parte de grandes segmentos de la población, ha ocasionado una situación de abandono estatal que crea fenómenos de exclusión histórica, quedando las comunidades a merced de nuevos órdenes políticos, en los cuales grupos armados insurgentes y contra-insurgentes toman el control y ejercen soberanías locales que les permiten desplegar sus propias formas de gobierno y su propio sistema normativo y judicial. Se llega así a lo que Maria Teresa Uribe denomina "soberanías en vilo" que —siguiendo a Thomas Hobbes— se manifiesta en un estado permanente de guerra en el cual el dominio estatal está constantemente amenazado y fragmentado por las tensiones entre la institución oficial, los grupos insurgentes, los contra-insurgentes y la delincuencia común y mafiosa, actores que pretenden imponer sus propios órdenes políticos, sociales y económicos a través de su capacidad armamentística.

Al revisar las teorías sobre la formación del Estado occidental moderno, pueden encontrarse las fracturas que determinan la amenaza o pérdida de su soberanía. Las guerras imponen un Estado soberano que llega a controlar el desorden y el caos producido por éstas, manteniendo el orden y evitando la violencia, la hostilidad y las agresiones al interior de la nación. Pero cuando las guerras desbordan la soberanía estatal y su función de pacificación y reducción de la hostilidad entre los diferentes actores, triunfa el caos y la nación se encuentra en un estado permanente de guerra, en el cual el Estado pierde definitivamente su capacidad para mantener el orden y la pacificación entre los actores sociales, el dominio total de las armas y la defensa del orden constitucional y legal.

El Historiador Fernán González, en su artículo "Crisis o Transición del Sistema Político", afirma que en la obra de Charles Tilly pueden identificarse las diferencias entre los diversos procesos de construcción del Estado occidental moderno, el cual se origina como "resultado no buscado ni pensado de la guerra, ya que es la necesidad de reclutar y financiar un ejército permanente lo que conduce a la creación de un aparato fiscal y de una burocracia impersonal y a la necesidad de establecer una negociación permanente entre gobernantes y la correspondiente sociedad" (Tilly citado por González, 1997: 38). La particularidad en los procesos de formación de dichos Estados, está determinada por la forma en que se relaciona este aparato coercitivo y el poder del capital, siendo los más exitosos los que logran una relación más armónica entre estos dos aspectos, ya que logran consolidar una hegemonía sobre sus respectivas sociedades.

Se haría menester auscultar en la historia de nuestro país, para identificar sus particularidades en cuanto a dichas combinaciones entre aparato coercitivo y poder del capital y determinar si dicha teoría si es aplicable al caso de las naciones latinoamericanas, para no caer en universalismos que pretenden implementar modelos europeos para la lectura de los fenómenos sociales a nivel mundial. Lo que sí es cierto, es que el anhelo de hegemonía no ha sido alcanzado por el Estado colombiano, a tal punto que sus fuerzas armadas (policiales y militares) y su cuerpo burocrático, son vistos en algunas zonas del país como intrusos que llegan a invadir territorio extranjero.

Charles Tilly identifica dicho proceso formativo en las naciones iberoamericanas, como una "variable particular de las múltiples combinaciones entre coerción y capital" (citado por González, 1997: 38), hecho que lleva a González a concluir que para "acercarnos a la intelección del proceso político en nuestros propios términos (…) hay que distinguir las diversas maneras como los Estados se relacionan con sus respectivas sociedades". Aquellos Estados que ejercen un dominio directo sobre sus sociedades son considerados por Tilly como "consolidados", ya que lograron la transición entre las autonomías y los micro-poderes locales, a una administración pública de corte nacional que emplea instituciones como el sistema de impuestos, de reclutamiento militar, de justicia y de educación pública, siendo este último el que busca imponer o fomentar una versión unificada de la cultura nacional. Dicha transición es leída por Tilly como el paso de un mandato indirecto (ejercido por notables locales, terratenientes, clérigos y comerciantes) a un mandato directo (detentado por los funcionarios gobernantes que conforman el cuerpo burocrático). Se produce también una separación entre Estado y sociedad civil, imponiendo el primero sus exigencias como prioritarias dentro de un territorio que se homogeniza mediante prácticas unitarias en el manejo de lo fiscal, lo legislativo, lo militar, lo judicial y lo cultural.

Fernán González concluye afirmando que la teoría de Tilly permite contrastar "lo que pasa en sociedades y territorios donde la presencia de los funcionarios e instituciones estatales es de carácter más precario, donde existen territorios vacíos donde su control es escaso y su burocracia apenas si está presente y territorios donde su poder cohabita con micro poderes locales que gozan de algún grado de autonomía" (1997: 40). Es el caso de Colombia, país en el cual el proceso de formación estatal se muestra inconcluso y fragmentario ya que en muchas regiones los micro-poderes locales (ejercidos por caciques, gamonales y finqueros) fueron cooptados por el accionar de los grupos armados, ante la incapacidad estatal para copar dichos territorios con sus fuerzas coercitivas y su aparato burocrático y administrativo y producir la homogenización territorial en sus procedimientos políticos, económicos, judiciales, sociales y militares. Se une a ello las dificultades para la construcción de una identidad nacional que posibilita la formación del sentido de pertenencia a un mismo territorio y la creencia en esa "Comunidad Imaginada", todo lo cual hace parte de una dimensión cultural que sustenta la idea de pertenencia a una nación, como forma de cohesión de las sociedades complejas, lo cual se traduce en la "percepción de compartir un pasado (real o ficticio) y un futuro (comunidad de destino), y de coexistir simultáneamente en el mismo espacio y tiempo, sentidos como compartidos" (Gellner, 1989) citado por (González, 1997: 39).

Dichas rupturas en el proceso de formación del Estado y la presencia de comunidades históricamente excluidas en áreas rurales de difícil acceso, con altos índices de pobreza, de explotación y de injusticia impuesta por el poder de los latifundistas, dieron pie para que lo que fuera en un primer momento movimientos armados de campesinos que buscaban salvaguardar sus territorios para el desarrollo de proyectos productivos y defender sus vidas y sus bienes de los ataques de las fuerzas armadas gubernamentales y de los ejércitos privados de terratenientes, vieran su resurgir en la década de los 60 como agrupaciones guerrilleras que se proponen como misión principal la búsqueda del poder mediante la confrontación armada. Surgen como núcleos políticos y armados del Partido Comunista mediante tres consignas: la autodefensa de masas contra la violencia reaccionaria; la combinación de todas las formas de lucha entre las que se cuentan formas de acción legal e ilegal —esta última no necesariamente armada— y la transformación de la autodefensa en lucha guerrillera cuando las circunstancias lo hacen necesario, todo lo cual se enmarca bajo un agrarismo revolucionario (Pizarro, 1989).

La estrategia de autodefensa buscaba responder a los ataques reaccionarios del gobierno y las fuerzas para-estatales y defender los intereses del campesinado, luchando por la preservación de la paz y la normalidad para trabajar y producir en un ambiente pacífico. Los grupos armados que la sustentaban fueron delimitando zonas del territorio nacional en las que brindaban seguridad y protección a la población y en las que fueron configurando formas de vida política, social y económica, que dieron paso a la configuración de órdenes alternativos insurgentes. El politólogo Eduardo Pizarro Leongómez, en su artículo "Los Orígenes del Movimiento Armado Comunista en Colombia", relata la historia de estos movimientos insurgentes durante la década de los 50 y los primeros años de la década de los 60, delimitando espacialmente su narración en hechos acontecidos en la región del Tequendama y el Sumapaz en el sur-occidente de Cundinamarca; en los municipios de Chaparral y Marquetalia en el sur de Tolima y en Villarica al oriente de este departamento; en el norte del Huila; en Ariari y Guayabero en el Meta y en parte del norte de los departamentos de Cauca y Caquetá, regiones que se caracterizan por una fuerte presencia subversiva a través de la autodefensa y las guerrillas móviles y que se demarcan en el mapa colombiano como pequeños Estados estructurados en el territorio de un Estado mayor que ve afectada su soberanía.

Estas zonas, en las cuales emerge la resistencia armada, traían ya una historia de organizaciones indígenas y campesinas desde las primeras décadas del siglo XX, dispuestas en ligas y sindicatos para proteger sus derechos frente a hacendados y latifundistas. Pizarro (1989) cita a Pierre Gilhodés, quien categoriza tres tipos de conflictos agrarios presentados en las primeras décadas del siglo pasado:

Los relativos a las condiciones de trabajo en las haciendas, sin que se tocara, al menos inicialmente, la cuestión de la propiedad de la tierra.
Los conflictos relacionados con la propiedad de la tierra, mediante el cuestionamiento de los títulos de propiedad.
Las disputas relacionadas con la problemática de las comunidades indígenas.

Se empieza a vislumbrar el problema agrario como eje fundamental en la configuración del accionar insurgente, el cual se despliega con fuerza a finales de la década del 40 y principios de los 50 —período que se corresponde con La Violencia—, adoptando la estrategia de autodefensa a través de destacamentos móviles e incentivando la creación de movimientos de masas en zonas receptivas al influjo comunista, reforzando también el escenario político y sindical. Esta estrategia de toma de zonas a través del movimiento armado, empieza a producir los primeros choques con el Estado —que busca recuperar el monopolio de las armas— generándose una serie de guerras y confrontaciones —como la de Villarica en 1954—, cuyos resultados ocasionan el repliegue de las guerrillas hacia otras zonas del territorio, dando origen a nuevas olas de colonización armada, ampliando sus límites no sólo por razones económicas, sino como estrategia para afianzar la autodefensa (Pizarro, 1989).

Así se empiezan a crear en el país lo que en la década del 60 comenzó a conocerse como repúblicas independientes, a tal punto de que el Congresista Álvaro Gómez Hurtado denunció la presencia de 16 de estas repúblicas, refiriéndose a territorios tomados por la subversión en los que el Estado no tenía control alguno. La fuerte presión en la opinión pública motivada por dichas denuncias, dio pie para que el gobierno de Guillermo León Valencia intentara tomar el control en estas zonas nombradas como independientes, a través de una serie de operativos militares que se conocieron como "Operación Soberanía". En dicha coyuntura se produjo la Guerra de Marquetalia, en el año de 1964, la cual fue el aliciente para que los diferentes grupos de autodefensa se unificasen con la idea de formar un gran movimiento nacional que fuese capaz de trascender sus alcances locales y conseguir el poder a través de la lucha guerrillera, dando origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc el 27 de mayo de ese mismo año. Por esta razón, Pizarro Leongómez (1989) califica estas intervenciones militares como un "enorme error histórico de la clase dirigente colombiana".

Las Farc empiezan a operar con la creación de destacamentos guerrilleros en diversas zonas que hacen resistencia armada a los cercos militares y que buscan una reforma agraria democrática y la implantación de un gobierno democrático. Dichos destacamentos se reúnen en 1965 en la Primera Conferencia Guerrillera, en la cual se aprueban planes de acción militar, política, organización, educación y finanzas. En 1966 se realiza una Segunda Conferencia en la cual se constituye oficialmente las Farc, con 350 hombres que constituirían el núcleo inicial que era fundamentalmente de extracción campesina (Pizarro, 1989). Pero la unificación de la insurgencia no sería total. Desacuerdos ideológicos y operativos u otras causas relacionadas con distancias geográficas y condiciones logísticas, motivaron la posterior creación de otros grupos de guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional – ELN, el Ejército Popular de Liberación – EPL, el Movimiento 19 de abril – M19 y el Movimiento Armado Quintín Lame – MAQL. Pizarro Leongómez brinda elementos para la lectura sociológica de estos ejércitos insurgentes, a través de tres categorías de análisis: política, societal y militar y estableciendo sus orígenes, su concepción sobre el territorio, su ubicación respecto a la dicotomía enemigo absoluto/enemigo relativo, sus formas de poder y el relacionamiento con sus bases sociales (Pizarro, 1991).

Empezaban así los órdenes alternativos insurgentes a contar con un ejército unificado y organizado para fortalecer su rebelión frente al dominio estatal. Según María Teresa Uribe, se denominan órdenes alternativos de hecho porque "reclaman para sí el monopolio de los impuestos, proveen orden y organización en sus ámbitos territoriales, configuran ejércitos capaces de defender fronteras y disputar nuevos espacios y construyen algún consenso así como formas embrionarias de representación" (2001: 348). Las organizaciones guerrilleras realizan el cobro de impuestos a través de varias formas de exacción económica y del secuestro a particulares, con el fin de financiar y expandir sus ejércitos y actividades y tomar el control sobre el excedente económico (Uribe, 2001). También controlan a la población residente o a la que llega de otras partes, organizándola en el territorio y definiendo derechos de posesión sobre las tierras y sobre la explotación de los recursos naturales. Promueven además la construcción de obras de infraestructura que sirven al interés público, como vías, puentes, centros educativos o casetas comunales, cumpliendo en algunos poblados "el rol de fundadores, con todo lo que ello significa en el horizonte de las identidades locales y las memorias colectivas" (Uribe, 2001: 349). Pizarro Leongómez (1989) afirma que en la década del 50 hasta los primeros años del Frente Nacional, en estos territorios se establecieron instancias autónomas que contaban con comisiones de control y solidaridad y con tribunales populares para la resolución de conflictos entre sus habitantes. Incluso alcaldes, inspectores civiles y hacendados, enviaban allí sus quejas y reclamos, presentándose así la confluencia de dos órdenes: el del Estado y el del contra Estado, ambos con capacidad de sanción y de castigo pero con diferentes niveles de eficiencia. Es la configuración de autonomías locales en las cuales los poderes políticos insurgentes toman el papel de articuladores entre poblaciones de distinto origen étnico y regional, ofreciendo —a cambio de lealtad y obediencia— protección, orden y seguridad (Uribe, 2001), creando todo un sistema normativo que es interiorizado por dichos pobladores y que regula y dirige la vida en común.

Los poderes armados que dominan en los órdenes alternativos lo hacen —según María Teresa Uribe (2001)— de forma autoritaria y discrecional, aplicando leyes y castigos y exigiendo obediencia y lealtad a las órdenes impartidas, cuyo desacato se paga con la vida o el extrañamiento del territorio. Si bien cierran el espacio para la autonomía en las decisiones individuales, cuentan con un componente de consenso, reconocimiento y representación de intereses y demandas sociales. Inciden en las decisiones de alcaldes y concejales y apoyan las solicitudes de las acciones comunales y las organizaciones sociales. Vigilan y controlan el manejo administrativo de los municipios y juzgan y castigan a quienes consideran usurpadores del erario público. Con las empresas asentadas en el territorio, pactan formas de inversión social en lo rural y políticas laborales. Esta dominación, que se extiende por largos períodos de tiempo, construye tramas y sociabilidades y orienta pertenencias y diferencias.

Las identidades de los pobladores comunes con los grupos armados no tienen propiamente un sentido político ni significan un acuerdo explícito en torno a un proyecto de Estado o de Nación o a un modelo de desarrollo económico determinado. Se trata, más bien, de un sentir moral tejido sobre la experiencia de la exclusión y el refugio, sobre las heridas dejadas por la ausencia de reconocimiento y por la desigualdad social y, quizás también, sobre una noción difusa de justicia, más cercana a la venganza, que legitima el accionar violento de los armados como manera de establecer el equilibrio social roto por otras violencias anteriores (Uribe, 2001: 351).

Los órdenes alternativos se van expandiendo por fragmentos del territorio nacional, desconociendo fronteras municipales y departamentales, es decir que una zona de control insurgente se estructura tomando territorios de diferentes municipios y departamentos. Como ya se dijo, el Estado al interior de estos es visto como extraño, como invasor en territorio enemigo, y sus operativos militares de contrainsurgencia perciben más como los de un ejército de ocupación en un país extranjero y no como la estrategia de un Estado que intenta ejercer su soberanía (Uribe, 2001). Estas acciones contrainsurgentes refuerzan el sentido de pertenencia y la identificación de los pobladores con los grupos armados y consolidan los órdenes alternativos, creando desconfianzas y temores ante lo institucional.


Bibliografía

González, Fernán (1997). "Crisis o Transición del Sistema Político". En: Revista Controversia, No. 171, Bogotá, Cinep, dic. 1997.

Pizarro Leongómez, Eduardo (1989). "Los Orígenes del Movimiento Armado Comunista en Colombia (1949-1966)". En: Análisis Político, No. 7, Bogotá, IEPRI.

Pizarro Leongómez, Eduardo (1991). "Elementos para una Sociología de la Guerrilla en Colombia". En: Análisis Político, No. 12, Bogotá, IEPRI, ene-abr. 1991.

Uribe, María Teresa (2001). "Cap. III. Los Tiempos de la Guerra: Gobernabilidad, Negociación y Soberanías". En: Nación, Ciudadano y Soberano. Medellín, Corporación Región.




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