Ojos que ven y corazones que sienten Para no concluir, para continuar

Ojos que ven y corazones que sienten


Para no concluir, para continuar






María Alejandra Ciuffolini






"Que los derrochadores codiciosos de lo
superfluo que violan tus mandatos y que
nunca ven porque no sienten, sientan muy
pronto tu poderío y una distribución corrija
todo exceso para que cada hombre tenga lo
necesario"


Shakespeare, El Rey Lear






Las condiciones de habitabilidad urbana en el presente agudizan la
diferenciación socio-espacial existente[1] que avanza en los sectores de
menores recursos hacia un proceso de aislamiento. Esto confirma que la
pobreza socialmente aislada representa el caso paradigmático de la
exclusión social actual (Katzman, 2000).


Este proceso de segregación socio-espacial es otro de los resultados
de un conjunto de procesos político-institucionales y económicos más
amplios y de larga data[2] que han ido limitando el acceso a los recursos
sociales para cada vez más importantes porciones de la población. Lo cierto
es que la vivienda tiene, respecto de otros bienes sociales, la
particularidad de visibilizar con toda claridad la simbología e ideología
urbana. De allí que las políticas de vivienda –por caso, el Programa "Mi
Casa, Mi Vida" (PMCMV) en Córdoba– son el marco ideal para observar tanto
las dinámicas materiales y simbólicas de las mismas como el impacto sobre
las relaciones sociales y los procesos de subjetivación a que dan lugar.


De la investigación realizada se desprende que, si bien las mejoras
habitacionales de servicios y equipamiento son indudables[3] –como lo es
también la envergadura del plan–, es igualmente cierto que el
desplazamiento y reubicación de tan numerosos asentamientos hacia los
barrios ciudades ha generado un complejo abanico de problemas nuevos y,
asimismo, nuevas formas de precariedad y desigualdad.


Esclarecer y analizar estas cuestiones ha sido, precisamente, el
objetivo de esta compilación de artículos. En su pluralidad, el presente
compendio ahonda y multiplica hallazgos y reflexiones a favor de una mirada
atenta sobre el presente y el porvenir, por un lado; y, por otro, hace de
la diversidad la arcilla desde la cual construir los cimientos comunes para
un grupo de trabajo que se pretende crítico y, a la vez, abierto a la
crítica.


Un punto común de partida ha sido entender que la vivienda no es un
elemento neutral, sino que se trata de un posee una unidad con una
importante carga de condicionamiento y control; al tiempo que refleja,
también, un mundo de signos, deseos y frustraciones. Esta condición de la
casa como algo no sólo material, sino también simbólicamente e
ideológicamente constituido, la pone en inmediata conexión con la
estructura social y espacial.


Es por ello que, en nuestra investigación, el programa de
relocalización implica un análisis del proceso de
dislocación/desplazamiento, desde un marco que entiende al espacio como un
recurso organizativo y como una fuerza de producción del capitalismo
(Lefebvre, 1974; Smith, 1990; Harvey, 2008). Al tiempo que dicho abordaje
también exige una comprensión del espacio como aquello que resulta de las
luchas desatadas por el control y la posesión de los recursos sociales. En
consecuencia, ello importa un análisis sobre el imaginario social, las
relaciones de poder y las formas de dominación y resistencia que en él se
organizan.


El proceso de dislocación/desplazamiento está guiado por los
imperativos de una racionalidad técnica, una comprensión del urbanismo y de
la intervención pública que prioriza la constitución de un espacio y un
orden abstracto y homogéneo: "paisaje anodino y de repitencia, cubos
replicados…", al decir de Gómez Luque[4], "ciudades otras".


Son "otras" en tanto son un afuera y una "extrañeza" respecto de la
ciudad y sus formas de sociabilidad; son incluso "una ajeneidad" para sus
propios habitantes. Los barrios ciudades se caracterizan por ser espacios
de difícil apropiación, diría Lefebvre (1976)[5]. Asumiendo esta oposición
que este autor establece entre apropiación y dominación, Manso y Fassi
insisten en una lectura de la "ciudad como ideología" y, por lo tanto, del
PMCMV como la consecuencia de operatorias más globales que ordenan el
espacio en función de los requerimientos del desarrollo económico y
técnico. En este marco los nuevos barrios pierden su condición de lugares
de sociabilidad, abriendo una experiencia de relaciones alienantes entre
sus habitantes y el entorno.


Articulado, pero a su vez en tensión con esa lectura, Avalle y de la
Vega remarcan cómo las regulaciones y pautas de sociabilidad resultantes de
cada dispositivo de gobierno arrojan como resultado un entramado de
mecanismos, técnicas y sujetos afectados por esa tecnología que expresa,
con toda claridad, la materialización de las relaciones de poder vigentes
históricamente.


Desde la perspectiva de los autores, la política es analizada en su
potencia como vehículo que perfora subjetividades y crea nuevas
cartografías de los grupos sociales, al tiempo que sienta condiciones,
posiciones y relaciones sociales con fuertes implicancias en términos de
poder y de desigualdad.


En relación con los contenidos políticos de la desigualdad, el
estudio de Garay Reyna se esfuerza en capturar el modo en que la
ciudadanía, como condición y como estatus, es mediada por las políticas
públicas. Desde este enfoque se procede a leer el espacio de ciudadanía en
estos sectores sociales relocalizados, dando cuenta de los claroscuros de
la vulnerabilidad ciudadana.


Pero esta preocupación por la calidad de la ciudadanía es desplazada y
traducida en los diseños de la política como problemas de identidad. Así,
la misma institucionalidad se propone, a través de un programa concreto,
recrear esa identidad en cada una de las comunidades: así nos encontramos
con el "Programa de Identidad Barrial para la Inclusión Social". Sin
embargo, el análisis muestra que la política no sólo tiende a "trabajar
sobre la identidad barrial", sino también a delinear formas de apropiación
del espacio y del trabajo frente a las demandas de los vecinos. La
principal conclusión a la que arriban Hernández, Ibáñez Mestres y Liberal,
es que finalmente este programa fortalece un "diseño para el arraigo" que
encuentra, en las fronteras barriales, los límites a toda posibilidad de
vida.


Desde un enfoque de género y ocupado en las implicancias existentes
entre intervenciones estatales, vida cotidiana y espacio, el artículo de
Gavernet, Monte y Mussolini mostró cómo la política se valió del
reconocimiento y legitimidad de las mujeres para: primero, involucrarlas en
las actividades previas vinculadas al proceso de traslado, e incluso como
estrategia para desactivar y re-encausar las posibles resistencias;
segundo, al incorporarlas al proyecto institucional, otorgarles funciones
de integración, control y disminución de la conflictividad. No obstante,
señalan las autoras, los procesos de desilusión abiertos por estas
operatorias no han desterrado las energías solidarias que se expresan en
incipientes intentos de re-organización de las mujeres. Así desde sus
necesidades y prácticas buscan borrar las fronteras de lo privado, lo
social y lo político, y de lo patriarcal estatal, social e
intersubjetivamente asignado.


Exactamente el punto en que cierra el texto anterior es el que se abre
en la exploración hecha por Cooreman y Vidal. Ocupados en lo más
intersticial de lo cotidiano, analizaron los modos en que los múltiples
sistemas de dominación (subalternidad, clase y género) atraviesan las
experiencias de las mujeres en los barrios ciudades, reforzando
concepciones (de familia, de madre, etc.) y prácticas (dependencia,
encierro, violencia, etc.) acuñadas en el patrón de dominación patriarcal.
Incluso los autores afirman que es en los dispositivos y operatorias
propios del diseño de la política, donde se reproduce y refuerza este
paradigma "dominador".


Las relaciones sociales organizadas a partir de los procesos de
deslocalización se modelan desde el desconocimiento y la desconfianza,
habilitando un campo de comportamientos hasta entonces ajenos a los lugares
de origen. Al respecto el texto de Sánchez analiza algunos de los relatos
de las personas que viven en los barrios ciudades de la provincia de
Córdoba en lo que se refiere a tres nociones: seguridad/inseguridad,
dispositivos de poder, y políticas implementadas por el Estado provincial.
Desde allí, la autora nos ofreció una lectura sobre la relación existente
entre el discurso de la seguridad y la conformación y distribución
espacial.


La violencia se torna un patrón organizador de las relaciones sociales
y frente a ella los individuos adoptan actitudes de contestación o de
repliegue e inacción. En definitiva, las diferencias al interior de los
barrios se trastocan en amenazas, configurando un espacio de relaciones
sociales estructuradas por el eje riesgo/seguridad[6]. Ver si está listo En
este aspecto, Avilés y Vélez enfocan la problemática social de la venta y
consumo de drogas en los jóvenes de los barrios ciudades. Desde un
posicionamiento sobre lo instituyente instituido, y siguiendo a
Castoriadis, retoman los relatos de la/os vecinas/os, docentes y policías
entrevistados para analizar y reconstruir las representaciones que se
construyen sobre esta problemática.


Sin duda, el par riesgo/seguridad o, mejor aún, la tensión que existe
entre ellos, es constitutiva de la experiencia social en el presente y
abarca a la sociedad en su conjunto. Pero, a nuestro entender, adquiere en
el espacio cerrado del barrio ciudad una magnitud que explica por qué
confianza y riesgo, oportunidad y peligro, permean todos los aspectos de la
vida cotidiana.


Desde ese marco, Job y Ferrero abordan el papel que la institución
policial desempeña en los barrios ciudades, descubriendo que sus funciones
juegan un rol fundamental y fundante de una política de
seguridad/disciplinamiento. Ésta luego se expande más allá de las fronteras
del barrio ciudad, para definirse como una operatoria desplegada a todo el
territorio provincial bajo el rótulo de "seguridad ciudadana". Una política
crecientemente selectiva que se caracteriza por estrategias
criminalizadoras y represivas de la pobreza.


Lo interesante de este trabajo colectivo es que cada uno de los
artículos se define en tensión, pero también articulado con los demás; y
son esos enlaces el espacio que permite construir, en la diferencia, una
reflexión común.


Hasta aquí, estas conclusiones han intentado resaltar la
particularidad de cada uno de los textos. En lo que sigue ofrecemos una
aproximación común y amplia a la problemática del espacio y los modos en
que, sobre él, interviene la estatalidad.






Lógicas consensuales y políticas públicas


Las crisis que atraviesan al mundo en el presente son el efecto del
enorme proceso de restructuración iniciado hace más de veinte años[7],
cuyas líneas directrices insistían en la necesidad de desestatizar la
sociedad[8], promover el libre movimiento económico mundial, y la
constitución de un ciudadano "responsable y único de su destino".


Bajo la influencia de estos preceptos, hemos visto florecer una
multiplicidad de escuelas en el campo teórico[9] y, en la práctica
política, una proliferación de propuestas que insisten en la importancia de
la adecuación entre el Estado gestionario y el Estado de derecho, pues en
esta armonización se "supone" que descansa la posibilidad de hallar la
mejor (o única) solución para cada uno de los problemas que se presentan en
el "orden social".


Atendiendo a estos criterios es que se definieron las profundas
reformas de la década del '90, con su énfasis en la necesidad de limitar la
injerencia del Estado –especialmente en lo económico y lo social–, la
significancia creciente asignada a perfeccionar y eficientizar los
mecanismos de intervención del Estado, así como también al diseño de
dispositivos capaces de contener y disciplinar el conflicto social.


Sin embargo, la liquidación del Estado popular-corporativo no
representa o significa la retirada misma del Estado. Se trata, más bien, de
una redistribución de instituciones y funcionamientos que no se interponen
entre la lógica capitalista del seguro y la gestión estatal directa. La
oposición simplista entre asistencia estatal e iniciativa individual sirve
para enmascarar las dos apuestas políticas del proceso y de los conflictos
que esto suscita: la existencia de gentes y formas de organización de la
vida material que se expulsan del mercado; y viceversa, la existencia de
lugares en que intereses colectivos se sustraen de la discusión pública.


Como afirman numerosos autores[10], la emergencia de esta nueva lógica
regula las relaciones y reconfigura el orden social. La denominada "lógica
consensual"[11], se dirige a la construcción de un orden de lo sensible que
se pretende absolutamente transparente[12]. Esta lógica propicia una
disposición de los cuerpos, lugares y tiempos, como el régimen de
interioridad que nutre a cada ciudadano y a cada parte de la comunidad, con
la imagen "verdadera" de lo que son.


La adecuada identidad entre los mecanismos institucionales del Estado
con la morfología de las relaciones sociales construye, a su vez, una
concepción de la democracia que se exime de la política –es decir de la
subjetivación y la disputa– en favor de técnicas de reconocimiento y
compensación. Llevar a cabo estas tareas requiere, por su parte, de una
perfecta identificación de la población, sus sectores, sus necesidades, sus
características. Por eso el Estado gestionario demanda, como nunca antes,
la intervención de la ciencia y los expertos locales o internacionales –por
ejemplo, organismos multilaterales– en la elaboración de sus respuestas.


El resultado es una realidad que se organiza y construye a partir de
la tensión que surge entre un orden abstracto en el que todos estamos
incluidos de antemano[13] y el modo específico con que cada individuo y su
identidad manifiesta inscriben en él. Esto promueve formas de intervención
del Estado que refuerzan la particularización de los individuos y sus
demandas –la focalización, la segmentación de coberturas por grupos
etarios, por indicadores técnicos de carencia como NBI, indigencia, etc.


La paradoja es que, al intervenir el Estado de manera compensatoria a
favor de grupos o colectivos específicos, produce y refuerza la operación
de fragmentación y desigualación. Al inscribir a grupos y/o segmentos en
regímenes específicos de derechos, o programas públicos de compensación,
instituye una visible línea demarcatoria que los diferencia y distancia del
resto de la comunidad.


En lo referido a los modos de intervención a través de programas o
políticas, se refuerza igual condición de excepcionalidad. Ser destinatario
de la asistencia implica ser reconocido –por el poder público– como incapaz
o impedido de ser el individuo contratante y consumidor que el mercado
requiere. Esta nueva forma de intervención del Estado, dirigida por la
selectividad, es la que organiza y fundamenta los programas de orden
nacional, provincial y municipal destinados a reparar las asimetrías y
exclusiones provocadas por la dinámica del mercado.


En consecuencia, estos procesos de segmentación llevan a la
constitución de una ciudad dual: por un lado, la productora y propietaria
que consume y trabaja; y por otro, la de los asistidos, des-apropiados,
trabajadores precarios y consumidores intermitentes. En esos dos espacios
se anudan, de manera diferenciada, la reproducción capitalista de las
relaciones sociales y la cotidianidad.






Caro resulta vivir esta vida: Imaginario y Subjetivación


Lo común de toda forma social de dominación es que se configura en y
al espacio en estrecha relación con la lógica propia de la estructura
social. Esa inextricable relación entre estructura social y espacio se
expresa en el trazado, diseño, infraestructura y los aspectos semiológicos
que lo realizan. Lo presentan como un espacio lleno, cargado de cualidades,
de relaciones, sentidos y de significaciones que hablan –o no– de poder,
prestigio y situación social.


Ahora bien, la constitución de una ideología o imaginario es
consecuencia de la creación, inscripción, estabilización y articulación de
un conjunto amplísimo de relaciones sociales acuñadas históricamente, y de
las contradicciones y conflictos que se dan entre las mismas. Las formas
específicas –es decir históricas– en que esas relaciones condensan, hacen a
una determinada partición del espacio y a formas también específicas de
distribución y jerarquización de los elementos y sujetos dispuestos en él.


Es por ello que la infraestructura urbana, su disponibilidad,
accesibilidad y sentido expone, claramente, el mundo de signos, deseos,
posibilidades, frustraciones, restricciones expresivas, de las
oportunidades de inserción social en un momento determinado. Pero es la
vivienda, dentro de la infraestructura urbana, su localización y relación
espacial con el centro urbano, los centros de consumo, trabajo, recreación,
etc., aquello que permite apreciar mejor aún la simbología e ideología
urbana.


Esta función visibilizadora de la vivienda, es consecuencia del lugar
que ella ocupa en el imaginario social. Como lugar concreto del habitar, la
vivienda está significada en la tensión deseo/necesidad pues ella
representa por excelencia el arraigo y la seguridad. Por ello, es desde esa
tensión que se construyen los procesos de legitimación de los programas
públicos de vivienda. El juego que estos establecen, con significaciones
como propiedad, vida, familia, etc., hablan de una representación y
refuerzo de los valores del mundo burgués. Sin embargo, ese juego de
introducción de los sectores marginales en los valores sociales a través de
programas públicos que reconocen derechos y se postulan como formas de
igualación, implican –al menos en el caso del PMCMV–, una dinámica de
reordenamiento urbano que acentúa la segregación residencial en términos
espaciales.


Los emergentes desequilibrios territoriales generados por las
intervenciones del Estado impactan, de manera inmediata, en los recorridos
y los usos sociales del espacio. El desplazamiento a zonas suburbanas y
escasamente equipadas da como resultado una experiencia controvertida entre
la condición de clase y el estatus de ciudadanos. La brecha abierta entre
un estatus y otro, y las contradicciones entre ellos, son un terreno
igualmente fértil para la constitución de dos procesos completamente
opuestos. El primero hace de la contradicción y su conciencia, el lugar
privilegiado para la constitución de lo político como resistencia a la
dominación: las luchas políticas y sociales se gestan precisamente en la
experiencia que los sujetos tienen de esta inconsistencia.


El segundo, se edifica desde las experiencias del desprecio –pena,
rabia o indignación–. Los procesos de exclusión lesionan los presupuestos
normativos de la interacción y la cohesión y plasman de manera directa en
los sentimientos morales de los sujetos (Honneth, 2009: 263). De allí que
las formas estructurales del desprecio van unidas a las sensaciones de
injusticia. Ahora bien, esta experiencia da lugar en igual medida a dos
tipos de reacción. La primera, tiene que ver con una acentuación del los
procesos anómicos en las poblaciones desplazadas. La segunda, con una
reacción desde el resentimiento y la rabia que hace de la violencia la
alternativa y el horizonte de vida. Los jóvenes expulsados de la ciudad, de
sus formas de intercambio y sociabilidad, del acceso al disfrute del
consumo y la recreación, son especialmente vulnerables a estos dos tipos de
reacción.


Estas circunstancias hacen o delinean formas de subjetivación bien
diferenciadas, si por subjetivación entendemos, como dice Badiou, "un
movimiento mediante el cual un individuo fija el lugar que ocupa una verdad
en relación con su propia existencia vital y con el mundo en el cual se
desarrolla esa existencia" (2010: 19). Aquellas que se forjan en la
reacción, darán lugar en el primer caso –procesos anómicos– a un nihilismo
desesperado, caracterizado por Heidegger como un estado en el que no queda
nada del ser en sí, en tanto el Ser se reduce a mero valor (o su falta de
valor). Esto conduce a una negación y defección de todos los valores
vigentes, cuyo resultado no es otro que la duda y la desorientación.
Mientras que la reacción que mencionamos en segundo lugar
–resentimiento/rabia–, haría lugar a un tipo de subjetivación cínica, esto
es, a un modo de comprensión de sí y de la verdad fundada en la defensa y
práctica de actitudes reprochables para la comunidad.


Finalmente, y la más interesante, es la forma de subjetivación que
hace del lugar el cimiento para construir una alternativa al orden vigente
y un escenario de luchas por la constitución de otro tipo de orden[14]. Es
lo que llamamos la politización de la pertenencia. Consiste en un
movimiento de re-arraigamiento en instancias cada vez más microscópicas.
Ese tránsito hacia el territorio, particularmente a los barrios, se debe a
que éstos constituyen espacios donde cada cual puede reconocerse a sí mismo
al tiempo que se identifica con los demás; así también, los barrios se
transforman en un punto a partir del cual se cuentan las distancias y las
diferencias (Maffesoli, 1997; de Certeau, 1995).


De este modo las fronteras contienen, por un lado, la heterogeneidad
del nosotros compuesto por una diversidad de sujetos sociales y, por el
otro, señalan el límite que los diferencia, e incluso marca las distancias
con el resto de la sociedad. Esa mensura que señala la separación respecto
de los otros se despliega a partir del lugar en que se es. En otros
términos, el lugar se vuelve el centro desde donde es posible situarse en
referencia a relaciones espaciales connotadas como cercanas/lejanas,
afuera/adentro, exterior/interior.


Las murallas simbólicas del lugar se erigen como protección y definen
un conjunto de códigos y formas de proceder en su interior. Con esta
revalorización del espacio en su sentido simbólico se hace posible,
también, su recuperación como factor de sociabilidad y solidaridad.


Así, el espacio se traduce en sitio por la fluidez de los lazos
establecidos y por el carácter más o menos palpable, sólido y permanente de
las específicas relaciones sociales que se construyen, reproducen y
concurren en él.


La configuración de un lugar como proceso subjetivante, como instancia
de anclaje y de pertenencia, importa tanto un movimiento de reconocimiento
y puesta en común, como un espacio de construcción de relaciones sociales.
Ambos movimientos, en su misma dinámica, van constituyendo una forma de
habitar.


Lo cotidiano se sustrae entonces del ámbito puramente privado al que
tradicionalmente se lo ha confinado para transformarse en público y
colectivo. Hacia el interior de ese espacio, la politización de lo
cotidiano es un movimiento que singulariza y define las formas de
pertenencia; y hacia el exterior, es el modo de inscripción y disputa con
las lógicas del poder.


Por lo tanto, la superficie sobre la que se constituye el lugar y la
pertenencia, está hecha de espacio y tiempo, pero no como datos brutos sino
a partir de conferirles un sentido en función de un proyecto sobre el
presente. Darse un sitio en el que se constituyen un lugar, un sujeto que
lo habita con sus formas, y un proyecto de manera conjunta, dinámica y
articulada, es un modo de subjetivación.






Bibliografía Citada


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Política y territorialidad en Córdoba, Mar del Plata y Santa Fe". Buenos
Aires: Ediciones El Colectivo. En prensa.


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(MECOVI), INEGI/CEPAL. Aguas Calientes, México.


LEFEBVRE, H. (1974). La production de l'espace. Paris: Anthropos.


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22). Caracas: Nueva Sociedad.

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[1] Cabe señalar que los procesos de segregación espacial son en el caso de
las clases medias y altas una tendencia que refuerza su posición; la moda
de barrios cerrados no sólo asegura condiciones de seguridad sino también
la certeza de compartir el espacio con otros iguales. Ciertamente esta
tendencia tiene otras razones y cumple con otros objetivos en las clases
populares.
[2] Un tratamiento más detallado de estas cuestiones fueron desarrolladas
en Ciuffolini, 2010a.
[3]Los barrios ciudades del PMCMV presentan un nivel de servicios básicos
(agua corriente, energía eléctrica, alumbrado público) y equipamiento de
salud, educación primaria, guardería y posta policial. Las viviendas son
unidades iguales que constan de una cocina comedor, baño instalado y dos
habitaciones, en lotes autónomos con cercas sin muros de división (42 m2
cubiertos y aproximadamente 300 m2 de terreno). Si pensamos en la familia
tipo con promedio de seis personas o más, estas medidas condenan al
hacinamiento familiar. Al parecer desde la óptica de las políticas públicas
sus consecuencias parece no haber sido tenido en cuenta a la hora del
diseño habitacional.
[4] Las citas de los artículos incluidos en este libro son identificadas
con el apellido de los autores.
[5] Lefebvre (1976) entiende la apropiación como la acción contraria a la
dominación y la define como la acción humana que se despliega para hacerse
–apropiarse– de todo aquello que la envuelve.
[6] Paradójicamente el eje riesgo/seguridad es la matriz que organiza los
fundamentos y objetivos de Plan. En los términos de Foucault el Estado
asegura o propone en su intervención un pacto de seguridad: "Voy a darles
un territorio y/o garantizo que van a poder vivir en paz dentro de sus
fronteras" (2007: 422).
[7] Y que encuentran su fundamento y dirección en las recomendaciones
realizadas por los autores del informe de la Trilateral, y de autores como
Bell (1976), entre otros.
[8] A través de una guerra declarada al Estado Benefactor, al que se acusa
de paternalista, tentacular e incapaz de satisfacer el crecimiento
desmedido de demandas que su estructura promueve.
[9] Muestra de ello son las teorías de la governance, las teorías sobre la
"nueva ciudadanía"; el neo-institucionalismo, o el enfoque de la Public
Choice, entre otros.
[10] Foucault (2007); Rancière (2006); Esposito (2005).
[11] Este término es utilizado por Rancière y posee una relación
incuestionable con los conceptos de biopoder y biopólitica. En un trabajo
previo (Ciuffolini, 2005) hemos desarrollado estas ideas.
[12] Una mirada opuesta y optimista sobre este tema es la de Vattimo (2000)
quien encuentra en la transparencia de la sociedad postmoderna la
posibilidad que la liberación de las racionalidades locales y su toma de la
palabra tengan un efecto emancipador.
[13] En el presente, el discurso sobre Derechos Humanos organiza la
representación con que el Estado se afana en producir la idea de comunidad,
al tiempo que se des-responsabiliza de las posibilidades de realización
efectiva de esos derechos, librados, en buena medida, al mercado.
[14] Buena parte de las ideas que aquí se expresan surgen del análisis
realizado en relación a las luchas sociales en el marco de dos
investigaciones previas (Ciuffolini, 2010b; 2008).