Neoliberalismo y Educación Argentina

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE HASENKAMP


Profesorado en Ciencias Políticas -4° Año



"NEOLIBERALISMO Y EDUCACIÓN"






CÁTEDRA: Institución Escolar y Sistema Educativo





DOCENTE: Chamorro Noelia





ALUMNO: Ledezma Jésica





AÑO LECTIVO: 2008









Introducción

Hacia comienzos de la década del ´70, y especialmente a partir de la crisis
del petróleo de 1973, el modelo económico mundial (basado en las ideas
keynesianas) entra en una profunda crisis, combinando por primera vez
etapas de estancamiento de la producción con altas tasas de inflación. Esto
dio lugar a que las ideas denominadas neoliberales (como recuperación del
liberalismo anterior a las guerras mundiales) comiencen a tomar fuerza. En
1979 Margaret Thatcher fue electa 1° Ministro de Inglaterra y en 1980
Ronald Reagan asume la presidencia de Estados Unidos, ambos gobiernos
resultaron los primeros en aplicar las políticas neoliberales en el mundo.
Este programa de reformas que constituye el neoliberalismo no tardó en
propagarse hacia América Latina (según algunos autores este continente
funcionó como "escenario de experimentación"[1] desde la década de 1970
para el neoliberalismo), más aún cuando en la década de 1980 se realiza el
llamado "Consenso de Washington", donde se presentan las nuevas políticas a
aplicar en los países desarrollados y el conjunto de reformas que las
naciones latinoamericanas debían llevar a cabo orientadas a garantizar un
riguroso programa de ajuste económico, como solución a la llamada "crisis
de la deuda" (externa) que las mismas atravesaban. La aplicación de este
programa de ajuste económico trajo profundas consecuencias en todos los
aspectos de los países latinoamericanos: laborales, educacionales,
sociales, etc.

El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, conocer en qué
consistieron estas políticas neoliberales, comenzando por un panorama en el
mundo y dando un enfoque especial a lo ocurrido en Argentina a partir de la
década de 1990, época en la cual su aplicación fue más profunda; y en
segundo lugar analizar cuáles fueron sus drásticas consecuencias en la
educación de nuestro país, la cual sufrió un profundo proceso de
reestructuración a partir de su nueva concepción de educación como
mercancía (no como derecho social) y lo que esto produjo tanto en el
sistema educativo como en la sociedad en su conjunto.

Para esto el trabajo presenta dos capítulos (cada uno con sus respectivos
subtítulos) y finaliza con una conclusión personal como resultado de la
investigación bibliográfica realizada.

Actualmente los efectos de las políticas neoliberales en la educación han
sido, y están siendo, desdibujados. Se puede decir que esto ocurre como
resultado del accionar tanto de los grupos sociales (especialmente de los
gremios docentes) que están en contra de esta ideología que se presentó
omnipotente, como de los gobiernos nacionales que debieron tomar medidas
sobre lo ocurrido.

El objetivo del presente trabajo es profundizar en estas cuestiones para
llegar a comprender la realidad educativa del país, y como futura docente,
para que las jóvenes generaciones sepan y puedan actuar ante situaciones
similares que atenten contra la educación pública como derecho de todos los
ciudadanos.









































1. NEOLIBERALISMO.

E l neoliberalismo nació después de la segunda Guerra Mundial, en una
región de Europa y de América del Norte, donde imperaba el capitalismo. Fue
una reacción teórica y política contra el Estado intervencionista y de
Bienestar. Su texto de origen es "Camino de servidumbre", de Friedrich
Hayek, escrito en 1944. Se trata de un ataque contra cualquier limitación
de los mecanismos del mercado por parte del Estado, denunciada como una
amenaza letal a la libertad, no solamente económica sino también política.
Hayek convocó a otros autores, los cuales compartían su orientación
ideológica, y fundó una sociedad dedicada y organizada con reuniones
internacionales cada dos años. Su propósito era combatir el keynesianismo y
el solidarismo reinantes, y preparar las bases de otro tipo de capitalismo,
duro y libre de reglas, para el futuro. En la época donde se gestaron estas
ideas no tuvieron repercusión debido a que el capitalismo comenzaba a vivir
una fase de auge sin precedentes, presentando el crecimiento más rápido de
su historia durante las décadas de los ´50 y ´60. Sin embargo, Hayek y sus
colegas advertían que cualquier regulación por parte del Estado
representaba un peligro para el mercado. Desafiando el consenso oficial de
la época ellos argumentaban que la desigualdad era un valor positivo, en
realidad imprescindible por sí mismo, que mucho precisaban las sociedades
occidentales.

Con la crisis del petróleo de 1973, estas ideas pasaron a ganar terreno. El
remedio para la crisis de las economías de mercado era, según los
neoliberales, mantener un Estado fuerte en su capacidad de quebrar el poder
de los sindicatos y en el control del dinero, pero limitado en lo referido
a los gastos sociales y a las intervenciones económicas. La estabilidad
monetaria debía ser la meta de cualquier gobierno. Para lograrla era
necesaria una disciplina presupuestaria, con la contención de gastos
sociales y la restauración de una tasa "natural de desempleo", o sea la
creación de un ejército industrial de reserva para quebrar los sindicatos.
Esto significaba reducciones de impuestos sobre las ganancias más altas y
sobre las rentas. Así, una nueva y saludable desigualdad volvería a
dinamizar las economías avanzadas. El crecimiento retornaría cuando la
estabilidad monetaria y los incentivos esenciales hubiesen sido
restituídos.

En los años ´80 Europa y América del Norte vivieron el triunfo más o menos
incontrastado de la ideología neoliberal, pero ¿qué hicieron en la práctica
los gobiernos neoliberales del período? El modelo inglés fue la experiencia
pionera y más acabada de estos regímenes. Durante sus gobiernos sucesivos,
Margaret Thatcher contrajo la emisión monetaria, elevó las tasas de
interés, bajó drásticamente los impuestos sobre los ingresos altos, abolió
los controles sobre los flujos financieros, creó niveles de desempleo
masivos, aplastó huelgas, impuso una nueva legislación antisindical y cortó
los gastos sociales. Finalmente se lanzó a un amplio programa de
privatizaciones, comenzando con la vivienda pública y pasando enseguida a
industrias básicas como el acero, la electricidad, el petróleo, el gas y el
agua. Este paquete de medidas fue el más sistemático y ambicioso de todas
las experiencias neoliberales en los países del capitalismo avanzado.

La variante norteamericana fue bastante diferente. En los Estados Unidos la
prioridad neoliberal se concentró más en la competencia militar con la
Unión Soviética. Reagan también redujo los impuestos a favor de los ricos,
elevó las tasas de interés y aplastó la única huelga seria de su gestión.
Pero no respetó la disciplina presupuestaria; por el contrario se lanzó a
una carrera armamentística sin precedentes, creando un déficit público
mucho mayor que cualquier otro presidente de la historia norteamericana.

En el continente europeo, los gobiernos de derecha de este período –a
menudo de perfil católico- practicaron en general un neoliberalismo más
cauteloso y matizado que las potencias anglosajonas, manteniendo el énfasis
en la disciplina monetaria y en las reformas fiscales más que en los cortes
drásticos de los gastos sociales o en enfrentamientos deliberados con los
sindicatos. A pesar de todo la distancia entre estas políticas y las de la
socialdemocracia, propia de los anteriores gobiernos, era grande.

En el otro extremo del mundo, Nueva Zelanda quizás sea el ejemplo más
extremo de todo el mundo capitalista avanzado: en este país el proceso de
desintegración del Estado de Bienestar fue mucho más completo y feroz que
en la Inglaterra de Margaret Thatcher.



a. Éxitos y fracasos del programa neoliberal en los años '80.

La prioridad más inmediata del neoliberalismo fue detener la inflación de
los años '70. En este aspecto su éxito ha sido innegable. La deflación
debía ser condición para la recuperación de ganancias, donde también tuvo
éxitos, debido principalmente a la derrota del movimiento sindical,
expresada en la caída dramática del número de huelgas durante los años ´80
y en la contención de los salarios. Esta nueva postura sindical, mucho más
moderada, tuvo su origen en un tercer éxito del neoliberalismo: el
crecimiento de las tasas de desempleo, concebido como un mecanismo natural
y necesario de cualquier economía de mercado eficiente.

Finalmente el grado de desigualdad –otro objetivo sumamente importante para
el neoliberalismo- aumentó significativamente en el conjunto de los países
de la OECD (Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica).

Entonces, en estos aspectos (deflación, ganancias, desempleo y salarios)
podemos decir que el programa neoliberal tuvo éxito. Pero, al final de
cuentas, todas estas medidas habían sido concebidas como medios para
alcanzar un fin histórico: la reanimación del capitalismo avanzado mundial,
restaurando altas tasas de crecimiento estables, como existían antes de la
crisis de los años ´70. Sin embargo en este aspecto el cuadro se mostró
sumamente decepcionante. Entre los años ´70 y ´80 no hubo ningún cambio
significativo en la tasa media de crecimiento, muy baja en los países de la
OECD.

¿Cuál es la razón de este resultado paradojal? Sin duda, el hecho de que –a
pesar de todas las nuevas condiciones institucionales creadas a favor del
capital- la efectiva inversión en el parque de equipamiento productivo,
apenas creció en los años ´80 y cayó en relación a sus niveles –ya medios-
de los años ´70. Esto de debió a que la desregulación financiera, un
elemento de suma importancia en el programa neoliberal, creó condiciones
mucho más propicias para la inversión especulativa que la productiva.

Por otro lado, y éste fue el fracaso del neoliberalismo, el peso del Estado
de Bienestar no disminuyó mucho, a pesar de todas las medidas tomadas para
contener los gastos sociales, los cuales por el contrario aumentaron debido
al desempleo (lo que significó enormes erogaciones para los Estados), y
también debido al aumento demográfico de los jubilados.

Irónicamente, en 1991, cuando el capitalismo avanzado entró de nuevo en una
profunda recesión, la deuda pública de casi todos los países occidentales
comenzó a reasumir dimensiones alarmantes, inclusive en Inglaterra y
Estados Unidos. Con ésta recesión de los primeros años de la década de los
´90, todos los índices económicos se tornaron mucho más sombríos en los
países de la OECD. En estas condiciones de crisis tan agudas, era lógico
esperar una fuerte reacción contra el neoliberalismo en los años ´90. Pero,
por extraño que parezca, el neoliberalismo ganó un segundo aliento. Esto se
debe, en gran parte, a la victoria del neoliberalismo en otra región del
mundo: Europa Oriental y la Unión Soviética. La victoria de Occidente en la
Guerra Fría, con el colapso de su adversario comunista, no fue el triunfo
de cualquier capitalismo, sino el tipo específico liderado y simbolizado
por Reagan y Thatcher en los años ´80. Los nuevos arquitectos de las
economías postcomunistas en el Este eran y son ardientes seguidores de
Hayek y Friedman, con un menosprecio total por el keynesianismo y por el
Estado de Bienestar, por la economía mixta y, en general, por todo el
modelo dominante de capitalismo occidental correspondiente al período de
posguerra. Los primeros gobiernos "reformadores" del Este fueron
explícitamente declarados neoliberales, por lo que desencadenaron una
reacción popular que se tradujo en la vuelta al gobierno de partidos ex
comunistas, los cuales no se distinguieron mucho de los anteriores en
cuanto a las políticas aplicadas. El dinamismo continuado del
neoliberalismo como fuerza ideológica a escala mundial está sustentado en
gran parte por este "efecto demostración" del mundo post-soviético.



b. América Latina.

Latinoamérica no estuvo exenta, naturalmente, de la ofensiva neoliberal,
siendo Chile-bajo la dictadura militar de Pinochet- el primer escenario de
aplicación de las políticas neoliberales. Este comenzó sus programas de
forma drástica y decidida: desregulación, desempleo masivo, represión
sindical, redistribución de la renta a favor de los ricos, privatización de
los bienes públicos. Todo esto comenzó casi una década antes que el
experimento thatcheriano, es decir, en los años ´70.

En Bolivia comenzó en 1985, con Jeffrey Sachs; en México el viraje hacia el
neoliberalismo comenzó con la presidencia de Salinas, en 1988; en Argentina
en 1989 con la llegada de Carlos Menem; en el mismo año con la segunda
presidencia de Carlos Andrés Pérez en Venezuela y la elección de Fujimori
en Perú en 1990.

La aplicación de las políticas neoliberales en Latinoamérica tenía como
objetivo incorporar a este continente a las exigencias de la globalización
iniciada por los países desarrollados a fines de la década del ´70. En este
sentido se comenzaron a aplicar políticas de ajuste fiscal mientras se
abrían las economías al exterior con el objeto de hacerlas más
competitivas, en el marco de una creciente globalización de los mercados, y
también se comenzó con una generación de reformas orientadas a hacer menos
pesado y más eficiente al Estado. Por otro lado, el contexto de las
transformaciones económicas coincide con un retorno de gobiernos
democráticos, a los que les cabe gestionar las transformaciones en
situaciones siempre difíciles de gobernabilidad. En este contexto, las
relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil se transforman
en foco de análisis y de transformación concreta. Los organismos regionales
señalaban que la educación, la capacitación y la investigación debían
contribuír no sólo a garantizar la competitividad, incrementando la
productividad de las economías, sino que además debían garantizar la
equidad y la sustentabilidad económica y medioambiental de la región. El
conocimiento (la emergencia de la "sociedad del conocimiento") se
transformaba ahora en pivote y esencia de una transformación que debía
conjugar cuestiones tan complejas como "la transformación productiva y su
compatibilización con la democratización política y una creciente equidad
social" (CEPAL-Unesco 1992).

Pocos años más tarde, hacia finales de la década de 1990, O´Donnell
señalaba: "La situación de América Latina es un escándalo. En 1990 el 46%
de los latinoamericanos vivía en la pobreza y cerca de la mitad de ellos
eran indigentes, carentes de recursos para satisfacer necesidades
fundamentales. La cantidad de pobres es hoy mayor que a comienzos de la
década del ´70: en 1990 era de 195 millones, 76 millones más que en 1970.
Esta cifra apabullante incluye 93 millones de indigentes: 28 millones más
que en 1970. Pero el problema no radica meramente en la pobreza: no es
menos importante el agudo aumento de la desigualdad que ocurrió en la
región durante las décadas del ´70 y ´80 (O´Donnell, 1998:69). La tendencia
continuará al mismo tiempo en las clases medias emergentes en los ´50, de
donde ahora se desprenderán los denominados "nuevos pobres": políticas
sociales focalizadas, apelaciones a una sociedad civil que movilizada
durante el período de las dictaduras se había organizado en torno a los
derechos ciudadanos comienza ahora a ser apelada como garantía y medio para
el desarrollo de las políticas públicas, en un contexto en el que el Estado
diseña su retirada. De esta forma se intenta establecer nuevas reglas de
juego entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, en las cuales muchas
veces se confunde a la sociedad civil con el mercado. Desde mediados de los
´80 se produce así una fuerte recomposición de los actores sociales y del
papel que deberán desempeñar en el ordenamiento social, que Portantiero
describe de la siguiente manera: "Los programas de ajuste en la perspectiva
del neoliberalismo completaron una drástica tarea de desagregación en la
economía, en el Estado y en la sociedad civil. Nuestros países comenzaron a
vivir dramáticamente la tensión de un doble movimiento: integración hacia
el mundo, fragmentación hacia el interior de las sociedades. Por un lado,
globalización, por el otro, segmentación de las coordenadas de la
rehabilitación de la democracia representativa y de la soberanía del
mercado. El resultado impactó la sociedad civil despedazando las redes
comunitarias, los vínculos sociales, los mecanismos de protección, por lo
que se puso en marcha el escenario de la incertidumbre, la privatización de
la vida, la crisis del espacio público. Así, de sociedades fundadas –aunque
precariamente es cierto- sobre el Estado-Nación, se intenta pasar a
sociedades de mercado donde este deja de ser meramente un instrumento de
regulación de la vida económica para transformarse en un dispositivo moral
y cultural, en un orden social." (Portantiero 1999:34)

La desestructuración producida por las políticas neoliberales en las
naciones latinoamericanas consistió en el debilitamiento de los mercados
internos, el retroceso de la industrialización, el fuerte incremento de las
deudas externas, la pobreza y el desempleo, la profundización de la
dependencia financiera de los países desarrollados y la subordinación a sus
políticas imperiales y finalmente la penetración ideológica y cultural de
las visiones neoliberales en vastos sectores de los pueblos
latinoamericanos. Con respecto a este último punto, podemos agregar que el
neoliberalismo legitimó su modelo a través del denominado "pensamiento
único", el cual fue impuesto mediante el uso de mecanismos de poder. Este
pensamiento logró penetrar en las sociedades, convenciéndolas de que no
había otro modelo posible para el desarrollo de los países, y convirtió la
injusticia, la pobreza y la desigualdad social en una especie de fenómenos
naturales, lo cual lleva a la gente a pensar que no hay solución para dicha
realidad.

Según María Teresa Sirvent[2] "hablar de neoliberalismo esconde la
verdadera naturaleza de la explotación y la agudización de la dominación de
clase que caracterizan a esta etapa del capitalismo". Sostiene también que
el fin del neoliberalismo es salvar al capital y a la clase propietaria del
mismo de la crisis económica iniciada en los años ´70, y que su aplicación
significó un retroceso en las conquistas que logró la humanidad en cuanto a
valores y progresos con vistas a la justicia social y el bienestar general.
Esto se debe, según esta autora, a que el neoliberalismo "es una mala
reproducción del liberalismo clásico del siglo XIX". Este último supo
conjugar libertad económica con libertad política y con el reconocimiento
de los derechos individuales. En cambio el neoliberalismo rompió con esa
amalgama y puso en evidencia que "miseria y libertad no son compatibles".
El Estado dejó de lado la defensa de los derechos de la población, por lo
que se restringió las libertades y se desactivó el potencial de la
democracia. Por todo esto Sirvent sostiene que se trata de un
"neoconservadurismo en lo político e ideológico y un neoliberalismo en lo
económico".

Para que esto pueda llevarse a cabo y persistir fue necesaria la
desarticulación del movimiento popular de nuestras sociedades, la
destrucción de las redes sociales y la crisis participativa, debido a la
cual los ciudadanos preferían no involucrarse en la vida pública.



c. El caso de Argentina.

El ciclo neoliberal en la Argentina tuvo su inicio con la dictadura militar
que ocupó el Gobierno de la Nación en marzo de 1976, sostenida en una
ideología tradicionalista y autoritaria arraigada en sectores de la Iglesia
y las Fuerzas Armadas, en el poder represivo de éstas y en la tradicional
ideología libremercadistas de los grupos políticos que expresaban los
intereses de las oligarquías locales. El contexto ideológico internacional,
que alumbraba las políticas neoliberales y la crítica al Estado de
Bienestar, coadyuvó, a su vez, para que la segunda mitad de los años ´70
fueran años perdidos –más aún, de retroceso- para el país: el terrorismo de
Estado obstruyó la vida política, y consecuentemente, el debate y la
reflexión social, al mismo tiempo que la Nación se endeudaba y sus
instituciones políticas perdían autonomía, al abrirse las puertas al poder
efectivo de los organismos internacionales, principalmente el Fondo
Monetario Internacional, que desde entonces y de manera creciente imponen
la definición de los problemas y las prioridades a la hora de tomar
decisiones en el Estado.

Desde ese momento comenzaron a revertirse, con un sentido negativo, los
principales indicadores socio-económicos que hacían de la Argentina un país
relativamente homogéneo: la informalización del empleo fue el primer signo
y desnudó, además las limitaciones de los sistemas de protección de los
trabajadores; y, aunque negado por el discurso autoritario, el crecimiento
de la pobreza se hizo patente, marcando el final del mito de la Argentina
igualitaria, sin hambre ni desocupados.

El ciclo democrático se restableció en 1983. El primer presidente elegido
democráticamente en esa oportunidad, Raúl Alfonsín[3], creyó que enfrentaba
una crisis transitoria, consecuencia inmediata de un mal gobierno de la
dictadura. Pero entonces estalló la crisis de la deuda externa en América
Latina y los valores de la sociedad del trabajo y del bienestar para todos
que Alfonsín expresaba en su discurso político, ya habían sido
profundamente erosionados por la crítica neoliberal promovida desde los
países centrales, principalmente los Estados Unidos e Inglaterra. Por estas
condiciones relacionadas con el exterior, el poder ejercido por las
corporaciones económicas fortalecidas durante la dictadura (Azpiazu, 1997),
la persistencia de grupos autoritarios y la sistemática oposición al
gobierno del poderoso movimiento sindical de filiación peronista, los ´80
fueron años perdidos. La década terminó con un Producto Bruto Interno
negativo y con casi el 40% de la población por debajo de la línea de
pobreza, producto de un proceso inflacionario desbocado; una inexorable
tendencia a la baja de la población cubierta por la seguridad social; y el
más profundo descrédito de las instituciones del Estado- la situación se
tornó socialmente explosiva: mientras los sectores dominantes precipitaban
el desquicio de la economía, con lo que se daba en llamar "colchones de
precios"[4], los pobres se precipitaban a una ola de saqueos a los
supermercados ante la desesperante crisis alimentaria[5].

La hiperinflación desatada en 1988-90 dejó una sociedad inerme y,
finalmente, permeable al discurso neoliberal de la crisis, que abrazó con
fervor el presidente elegido en 1989, Carlos Menem, representante del
Partido Justicialista[6]. Su condición de peronista (entre otras
cuestiones) hizo posible la materialización en un proyecto político y en
una política de Estado, del discurso que afirmaba la ineficiencia del mismo
y que encontraba en sus intervenciones (principalmente sociales y de
protección de los trabajadores) la causa del estancamiento económico y de
la "crisis hiperinflacionaria", al entender que tales protecciones
desincentivaban las inversiones de capital y socavaban la voluntad de
trabajo de los asalariados. Además la ampliación de las funciones
económicas del Estado, con el desarrollo de empresas estatales de servicios
y productoras de energía, habría conducido a desvirtuar el funcionamiento
de los mercados y dado lugar al crecimiento desmesurado de los aparatos
burocráticos de regulación. A su vez, la seguridad social, los consumos
colectivos y las políticas sociales universales (entre ellas, las de
educación y salud) habrían sido los responsables del incremento de los
gastos fiscales a un nivel imposible de solventar sin exceder la presión
tributaria sobre el sector productivo o generar inflación.

Siendo ese el diagnóstico socio-político y económico, se impuso como
objetivo prioritario (e inalcanzable) de las política reducir los gastos
fiscales: los ajustes, traducidos en reasignaciones y recortes
presupuestarios, fueron el eje de la política de Estado que concretó la más
fabulosa redistribución regresiva de la riqueza, como lo muestran la
ampliación de la brecha de ingresos en más del 30% (tomando como referencia
la ya considerable distancia que había dejado la dictadura)[7] y los
índices de la pobreza y la indigencia, como veremos enseguida.[8] En nombre
de la racionalidad del gasto en el Estado, se restringieron
sistemáticamente las inversiones y en financiamiento de servicios públicos
fundamentales como la salud, la seguridad e infraestructuras pública, la
educación y la investigación científica. La política seguida en materia
personal estatal condujo a un uso abusivo de contratos de locación de
servicios que precarizaron el empleo público, profundizaron su
desprofesionalización y favorecieron las relaciones clientelares. Los
servicios públicos fueron privatizados en su totalidad. Y en materia de
políticas sociales, ocurrió lo propio con la seguridad social. El sistema
previsional se privatizó[9] con el objetivo explícito de abrir un nuevo
mercado de capitales, del que son beneficiarias las Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). La retórica de la campaña por su
reforma incluía la necesidad de bajar los gastos del Estado en jubilaciones
y pensiones y una consecuente mejora de los haberes de los ya jubilados.
Sin embargo, la privatización del sistema condujo a un mayor desequilibrio
de las cuentas del Estado, al privar a las arcas públicas de buena parte de
los aportes previsionales, que se transformaron en seguros de retiro
administrados por las nuevas compañías privadas.

La noción de "crisis" se había instalado en el sentido común como un
fenómeno ajeno a la voluntad y a las decisiones políticas, por lo que
dejaba poco margen para comprender el juego de poder en el que se imponían
y definían los problemas y las prioridades políticas y se decidían los
caminos de acción. Sobre toda otra consideración, estos caminos se
orientaron a asegurarle los márgenes de ganancia a las inversiones del
capital más concentrado y a asegurar el pago de los intereses de la deuda
externa[10]. Era requisito, entonces, el disciplinamiento de la fuerza de
trabajo, por razones políticas, como estrictamente económicas.

Los medios normativos principales para el logro de estos objetivos fueron
algunas leyes madre que aprobó el Congreso Nacional al principio del
gobierno de Carlos Menem: la Ley de Emergencia Económica, que permitió la
privatización de las empresas públicas casi sin controles; la Ley de
Desregulación de la Economía; y finalmente, la Ley de Convertibilidad
Monetaria que fundó el modelo económico vigente hasta 2002[11]. En materia
laboral, la política fue tras las exigencias de los organismos de crédito,
entre las que figuró sistemáticamente la reforma de las leyes para
flexibilizar el empleo y bajar los costos laborales. El tema permaneció en
la agenda política durante toda la década de 1990: la primera nueva Ley
Nacional de Empleo fue sancionada en 1991 y la última Ley Nacional del
Empleo Estable (N° 25.250), en 2000, pasando por varias reformas a lo largo
de la década[12]. Sin embargo, más allá de la letra de estas normas -que no
siempre resultó en los contenidos deseados por sus impulsores-, la política
laboral se propuso los objetivos de adaptar la mano de obra a una supuesta
demanda de alta calificación, hacer más flexible el uso de la fuerza de
trabajo y reducir el costo laboral, tras la consigna de la modernización de
las relaciones laborales. Cada uno de estos objetivos debía hacer más
competitiva la producción local e incentivar la creación de nuevos puestos
de empleo a fin de disminuir la desocupación. El resultado concreto fue
una baja en el nivel de los salarios, la extensión de hecho de la jornada
laboral, un aumento sostenido de la precariedad de los contratos y la
consolidación del fenómeno del empleo no registrado y sin protección, todo
junto a un sostenido aumento del desempleo, la subocupación y el sobre-
empleo (Grassi, 2003; Lindenboim, 2002; González, 2002).

Tanto la inseguridad en el empleo como la baja en el nivel de ingresos de
los hogares empujaron naturalmente a una mayor oferta de mano de obra,
creando presión sobre el mercado de trabajo; al mismo tiempo, la
posibilidad de un uso más intenso y prolongado favoreció la constricción de
los puestos y no su ampliación. La flexibilidad resultó en una noción
equívoca, pues se trató en concreto de una mayor dependencia del empleo
para la sobrevivencia y de condiciones más rígidas impuestas por las normas
y por el mercado respectivo, que limitaron fuertemente las reivindicaciones
de los trabajadores, de lo que el bajo nivel de salarios es un indicador.

Si la concepción libremercadista no lo justificaba por sí, la radicalidad
ideológica de los principales ejecutores de estas políticas en la Argentina
y la desaprensión en el manejo de los asuntos públicos que caracterizó al
gobierno de Carlos Menem (1989-1999) potenciaron la regresividad social y
económica de las decisiones tomadas[13] .



d. Efectos del neoliberalismo en el país: el Frigorífico Santa Elena

Como se explicó más arriba, con la llegada de Carlos Menem a la presidencia
de la Nación en el año 1989, y con el discurso de que el Estado era
ineficiente y que sus intervenciones eran la causa del estancamiento
económico y de la crisis hiperinflacionaria que atravesaba el país, se
aplicaron en el mismo las políticas neoliberales. Su objetivo se centraba
en reducir los gastos fiscales, para ello, se procedió a restringir las
inversiones y el financiamiento de los servicios como salud, seguridad,
infraestructura pública, educación e investigación científica. Los
servicios públicos fueron privatizados en su totalidad, empresas estatales
como YPF, Aerolíneas Argentinas, Telefónica, ferrocarriles, servicios de
energía, gas, frigoríficos fueron vendidos a empresas privadas.

Como caso concreto de estas privatizaciones quiero referirme al Frigorífico
Regional Santa Elena, un establecimiento industrial dedicado al proceso
completo de faenamiento de carne, ubicado en la ciudad homónima, en la
costa Oeste de la provincia de Entre Ríos. Esta planta sufrió las
históricas vicisitudes de la industria de la carne (ya que funcionaba desde
1871) y en el año 1991 fue privatizado, lo cual derivó en el despido de 600
trabajadores, situación que fue el inicio de un paulatino deterioro,
recesión laboral, económica y social de la localidad de Santa Elena. En
1993 el Frigorífico cerró sus puertas (adeudando salarios a sus
trabajadores y en medio de reclamos realizados por los mismos) despidiendo
a todo el personal (un total de 1600 operarios).



Desde entonces, y durante más de una década, la sociedad se ha movilizado
reclamando a las autoridades gubernamentales una solución a la problemática
del desempleo que arrasó a la ciudad por completo, ya que la planta
constituía el principal motor de la economía local y regional. La ayuda
estatal mediante subsidios a través de los llamados "Planes Trabajar" y
"Planes Jefes y Jefas de Hogar" se transformó en la principal fuente de
ingresos de la población.

Como consecuencias del cierre de esta fábrica se pueden nombrar el
empobrecimiento generalizado, carencias de todo tipo (con desnutrición
infantil en diferentes grados), deterioro de las relaciones sociales,
paulatina destrucción de la cultura del trabajo en la nueva generación,
disminución de la población por éxodo obligado (de un total aproximado de
1600 habitantes, más del 50% emigró en busca de nuevas fuentes de trabajo;
mientras que de los residentes el 80% quedaron desocupados), desintegración
familiar, disminución de la formación educativa, entre otras. "Es
particularmente sensible el deterioro del nivel educacional, en una
localidad que –si bien es pequeña- desde su etapa fundadora contó con buena
infraestructura escolar en una provincia (ENTRE RÍOS) que ha sido decana de
la educación en la República Argentina."[14] A continuación la resolución
distingue lo que un docente de la localidad manifestaba: "ver la realidad y
vivirla esta muy lejos de la frialdad de los números. La destrucción del
núcleo familiar ha sido devastador, esto se ve reflejado en las escuelas
donde los docentes poseen alumnos sólo si hay algo para comer ese día
(refiriéndose a los comedores escolares), los padres se encuentran fuera de
la localidad haciendo changas para poder enviar un poco de dinero para la
subsistencia del resto de la familia que ha quedado en la ciudad…"

Con el objetivo de hacer frente a las penosas dificultades económicas y
sociales que atravesaba la cuidad-provocadas por el cierre de la planta
frigorífica- y atendiendo a que ningún nivel del Gobierno ofrecía una
solución a la misma habiendo transcurrido más de diez años del cierre, los
ex trabajadores de la planta conformaron una cooperativa de trabajo para
ponerla en marcha nuevamente, ya que se encontraba en condiciones de seguir
produciendo, hasta que en el año 2004 sus bienes muebles (maquinarias)
fueron rematados, destruyendo definitivamente sus posibilidades de
producción. Anteriormente, los campos adyacentes a la planta, que
pertenecían a la misma, fueron vendidos, sin atender a las protestas
realizadas por ex trabajadores y ciudadanos en general en contra de tal
medida.

Luego de esto, el establecimiento quedó totalmente vacío, y la esperanza
acerca de su reapertura que tenían todos los ciudadanos de la localidad,
destruida. La sociedad no ha podido recuperarse económica ni socialmente,
ya que la cultura y los lazos sociales-construídos y consolidados desde
dentro y alrededor de esta fuente de trabajo -resultaron fracturados desde
su cierre. Si bien actualmente el empresario dueño del establecimiento lo
ha puesto en marcha hace pocos meses, la sociedad no se ve totalmente
recuperada luego del revés sufrido.











2. EDUCACIÓN NEOLIBERAL.

La política educativa llevada a cabo durante los gobiernos de Carlos Saúl
Menem (1990-1999) en nuestro país, adscripta al neoliberalismo, constituyó
un espacio fluido de cumplimiento de las directivas del Banco Mundial, que
propugnaban la descentralización de los sistemas escolares, su paulatina
transferencia al sector privado, el desfinanciamiento de la educación
pública de nivel medio y superior, la flexibilización de la contratación
docente y la aplicación de programas focalizados a los sectores sociales
que estaban en situaciones límite desde el punto de vista social y de la
seguridad.

El argumento central que mantuvo la política educativa neoliberal fue que
los sistemas escolares eran ineficientes, inequitativos y sus productos de
baja calidad (desde su perspectiva una crisis de eficiencia, eficacia y
productividad). De tal afirmación se deduce que la educación pública ha
fracasado, debido a la incapacidad del Estado cuya intervención es
perniciosa, ya que la naturaleza pública y el monopolio estatal de la
educación conducen, según esta perspectiva, a una inevitable ineficacia
competitiva de la escuela. Con este discurso se justificaron las políticas
de reducción de responsabilidades del Estado en la educación, presentadas
como la única reforma posible.

En relación con el diagnóstico de ineficiencia de la inversión que se
realizó de la escuela pública, las soluciones propuestas no tienden a
mejorarla sino a reducir paulatinamente la inversión, cuando no a
eliminarla. Un conjunto de medidas que tienen ese objetivo fueron
presentadas al público como un discurso pedagógico cargado de atributos
técnicos y de un lenguaje organizacional. La más importante de aquella
medidas son: la descentralización y privatización de los sistemas, la
flexibilización de la contratación, la piramidalización y la reducción de
la planta docente y un fuerte control por parte de los gobiernos nacionales
mediante la imposición de contenidos comunes y evaluaciones. Esas medidas
fueron acompañadas de una gran operación discursiva que presentó a las
mencionadas reformas como la modernización educacional indispensable y,
sobre todo, la única posible.

Dos factores han facilitado que la reforma neoliberal se convierta en un
mito. El primero ha sido que encontró un terreno fértil, pues efectivamente
los viejos sistemas escolares requerían modificaciones; el segundo ha sido
la insuficiencia de propuestas de reforma realizada desde posiciones
liberales democráticas y de una izquierda actualizada.

El resultado ha sido que, existiendo problemas educativos viejos, nuevos y
futuros, el neoliberalismo difundió su propuesta con bríos inéditos y sin
encontrar más oposición que la de algunas críticas demasiado reactivas y
carentes de alternativas consistentes. Pudo presentar su opción como
necesaria y absolutamente determinada por las circunstancias.

Esa situación no es asombrosa, sino una consecuencia más de las
insuficiencias que caracterizaron a los sectores progresistas de fines del
siglo XX. Pero, avanzando más aún el neoliberalismo se apoyó en la
sensación generalizada de la derrota del campo progresista para
descalificar el conjunto de las estrategias educacionales liberal
democráticas, consignar como acabado el sistema educativo tradicional y
borrar de la memoria las innumerables experiencias educacionales
alternativas (públicas, de las ONG y cogestionarías) acumuladas en los
veinte años que transcurrieron entre comienzos de los años 60 y mediados de
los 80.

a) La fuerza del neoliberalismo pedagógico.

La condición necesaria para que una política educacional, un proyecto
curricular o una experiencia educativa tengan viabilidad, es que los
sujetos implicados crean en su necesidad o al menos se resignen a tomarla
como la única solución existente. El neoliberalismo pedagógico se ubicó
exactamente en un lugar discursivo donde se sienten las fracturas del
sistema educativo tradicional, para las cuales se carece aún de otras
respuestas.

En muchos países latinoamericanos, entre los cuales Argentina es ejemplar,
el neoliberalismo pedagógico ha sido posible porque fue asumido como
estrategia por gobiernos que contaron con el amplio voto popular. Esos
gobiernos sumaron a sus filas técnicos formados en el funcionalismo de los
organismo internacionales y en la izquierda, y formaron equipos de
traductores de las políticas recomendadas por el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Es cierto que esas políticas se dirigen
en primer término a achicar los gastos del Estado para derivar los ingresos
hacia el pago de la deuda externa, pero tan remanida afirmación no alcanza
ni para explicar sus modelos educativos ni, convertida en eslogan, para
oponer alternativas democráticas.

Enfocando más específicamente el problema llama la atención la vinculación
directa que han establecido organismos destinados a actividades
financieras, como el FMI y el BM, con los programas educacionales de
América Latina y, en consecuencia, la intervención directa de los
Ministerios de Economía en las áreas pedagógicas estatal y privada. Sus
imposiciones económicas determinaron desde los salarios docentes hasta
cambios de estructura de los sistemas y las reformas de contenidos. Algunos
sectores sociales, como los sindicatos docentes, las organizaciones de
padres y alumnos y partidos políticos reclamaron el lugar que les
correspondía, pero la nueva conducción de la educación latinoamericana
estaba ya definida; los sujetos determinantes de la política académica y
curricular eran directamente las fuerzas económicas, que en la mayoría de
los países sólo sumaron, del espectro social, la palabra de los
representantes conservadores de la Iglesia Católica.

Esa carencia de mediaciones entre el poder económico y los espacios de
producción de cultura es síntoma del empobrecimiento cultural, de la
profundización de la dependencia de las naciones latinoamericanas y del
deterioro sufrido por sus sociedades civiles desde las dictaduras
militares. Lo es también tanto del ocaso de los nacionalismos populares
como de los déficits producidos por ese modelo sobre la autonomía de las
sociedades civiles y su capacidad para educar.

Las estrategias neoliberales dirigidas a la educación imprimen a los
discursos pedagógicos la tónica de su lógica económica. El efecto es un
deterioro profundo de los enunciados dirigidos a enseñar y a aprender. La
educación no es una esfera desconectada del resto de la sociedad, sino una
modalidad de la vida social, un registro específico de los discursos
sociales. Pero sus propios ritmos, tiempos, rituales y metas son triturados
cuando se los fuerza para volverlos coextensivos a los económicos o
políticos. La pedagogía se nutre de las interpelaciones provenientes de la
sociedad civil y del Estado pero su tarea es traducirlas, resignificarlas,
en términos necesarios para producir enseñanzas y aprendizajes dirigidos no
solamente a lo inmediato, sino con vistas al mediano y largo plazos.

Es precisamente aquella función de la educación la que altera el
neoliberalismo cuando construye el discurso escolar, universitario,
pedagógico gubernamental o massmediático, postulando el fin de las
dimensiones histórica e ideológica (y por lo tanto imaginaria) y aplicando
directamente la ecuación costo-beneficio económico. En términos de esa
ecuación, se altera tanto la definición de la educación como la categoría
calidad, que ocupa un lugar destacado en el discurso neoliberal.

El neoliberalismo utiliza indicadores de calidad muy ajenos a la lógica
educacional y reduce el análisis a las articulaciones de la educación con
la economía, por ejemplo considerando como indicadores de calidad la
cantidad de graduados que consiguen empleo o las tasas de retención-
deserción de los establecimientos educativos. El vaciamiento del mercado de
trabajo producido por las políticas económicas neoliberales es una
determinación de magnitud mucho mayor que la competitividad otorgada por la
formación recibida, excepto en el interior de grupos muy delimitados de
demandantes de empleo que provienen de orígenes sociales e instituciones
educacionales semejantes. Por lo tanto, el primero de aquellos indicadores
es parcial y conduce a una conclusión bizarra. El segundo indicador señala
a la escuela como causante de la deserción, sin tener en cuenta el conjunto
de factores sociales y económicos que determinan el abandono de la
escolaridad.

Según una investigación realizada actualmente[15] "…el desempleo de los
adultos de la ciudad de Santa Elena es un factor causal de repitencia y
deserción escolar en EGB3 dado que de los motivos planteados como
desencadenantes de ambos fenómenos (falta de motivación, falta de apoyo
familiar y falta de trabajo de los padres) el último citado ocupa el mayor
porcentaje. Continúa diciendo "…la falta de empleo de los padres exige
precozmente (a los adolescentes) insertarse en el mundo laboral con la
finalidad de contribuir al sustento de las necesidades básicas del hogar".

"Dentro de la franja de desocupados el mayor porcentaje desempeñó sus
actividades laborales en la planta fabril ('Frigorífico Regional Santa
Elena' antes nombrado) que cerró sus puertas en marzo de 1993, de ahí en
más la ausencia de fuentes de trabajo supletorias incrementó el índice de
planes sociales nacionales y provinciales que representan elevados índices
de subocupación, impactando fuertemente en la calidad de vida del grupo
familiar que dependía directamente de la fuente de trabajo.

Siendo la escuela la primera institución asimiladora del impacto económico
y sociocultural descripto anteriormente y configurando la misma la segunda
organización, después de la familia, responsable de la formación de los
alumnos posterior a este fenómeno lejos de ser inclusiva se convirtió en
expulsora por razones ajenas a la misma, es decir por circunstancias
netamente devastadoras en el plano laboral de la ciudad de Santa Elena que
trajo como desencadenante el fracaso escolar de un porcentaje considerable
de alumnos adolescentes de la localidad citada con anterioridad."

La categoría calidad es usada por el discurso neoliberal como un
instrumento de legitimación para la aplicación de premios y castigos en la
tarea de disciplinar a la comunidad educativa para que acepte la reforma.
Pruebas nacionales de evaluación comenzaron a servir para seleccionar y
disminuír los alumnos que pasan de un nivel del sistema a otro, y
especialmente para limitar el ingreso a las universidades, para justificar
la disminución de la planta docente y para sostener la caducidad de la
formación de los educadores haciéndolos responsables de las consecuencias
nefastas de la propia reforma.

Para la perspectiva neoliberal existía una crisis de calidad porque los
sistemas educativos no se habían configurado como verdaderos mercados
escolares regulados por una lógica interinstitucional flexible y
meritocrática. La escuela estaba en crisis porque en ella no se habían
institucionalizado los criterios competitivos que garantizan una
distribución diferencial del servicio que se fundamente en el mérito y en
el esfuerzo individual de los "usuarios" del sistema. Es decir, la reforma
educativa neoliberal trató de poner en sintonía un sistema educativo que en
la Argentina tuvo características de impulsor de la movilidad social
ascendente, con las necesidades del mercado y de un modelo de acumulación
que requiere mano de obra flexible, intercambiable, barata y la formación
de reducidas elites que manejen el conocimiento científico tecnológico más
avanzado. "Un sistema que garantice los tres elementos constitutivos de
toda sociedad de libre mercado: el individualismo, los derechos
inalienables de propiedad y la competencia meritocrática como valor ético y
económico" (Pablo Gentili).

La evaluación negativa de la tarea educacional realizada por los técnicos
neoliberales no desemboca en una mayor inversión de recursos económicos y
humanos, en un llamamiento a la población para que reasuma conjuntamente
con sus gobiernos la tarea de transmitir la cultura, en una asunción de la
que cabe a quienes dictan las políticas respecto de las futuras
generaciones. Por el contrario, lo que sigue es la reducción del servicio
educacional.

b) Una reforma que quebró el sistema.

El modelo educativo a implementar lo fue para toda la región
latinoamericana, el caso de Argentina tuvo semejanzas y diferencias con
las reformas neoliberales de los demás países. Respecto de la modalidad
peruana, se emparenta en la radicalidad del discurso antiestatista de
Alberto Fujimori y se diferencia en los ritmos impuestos al abandono del
Estado del campo educativo. Fujimori aplicó la reforma sin mediación
alguna. Respecto de México, Brasil y Colombia la reforma argentina coincide
en la tendencia eficientista, pero produce una reducción del servicio
educativo mucho más significativa. En aquellos países los sistemas
educativos provinciales tenían mayor consistencia y autonomía antes de esta
reforma y las medidas que se dirigieron a la modificación de la estructura
fueron menos drásticas que en Argentina y Perú.

En Argentina se decidieron dos estrategias fundamentales: -la transferencia
a las provincias de todos los establecimientos educativos pertenecientes al
gobierno nacional, y -una reforma de estructura del aparato educativo
nacional completo, que afectó aspectos administrativos, de organización
académica y curriculares, en tal magnitud que desorganizó los rituales
académicos y administrativos, las rutinas familiares y el trabajo de los
docentes, poniendo en jaque el funcionamiento de las instituciones. Estas
estrategias se llevaron a cabo a través de sucesivos y alternativos
instrumentos normativos:

Leyes de transferencia: al comienzo de la última dictadura militar (1976-
1983) las provincias tenían a su cargo la mayor parte de la educación
primaria y la Nación la mayor parte de la educación secundaria. La
formación docente se repartía entre ambas jurisdicciones pero los
Colegios Normales pertenecían al Estado Nacional. En 1981 se
transfirieron las escuelas primarias nacionales a las provincias; diez
años más tarde ya en el gobierno menemista se transfirieron las escuelas
secundarias y los normales, sin efectuar la correspondiente transferencia
de fondos a las provincias. Este proceso que tuvo como objeto sanear el
déficit fiscal nacional para tener excedente que permitiera hacer frente
al pago de los cuantiosos intereses de la deuda externa, se produjo en
momentos de retracción, pobreza, debilidad económica y organizativa de
las provincias quebrando los sistemas de gestión y administración. En
tales condiciones, la transferencia produjo el cierre de
establecimientos, de turnos y secciones y la reducción del personal. A
esto se llamó "descentralización", cuando en realidad fue una
desresponsabilización del Estado Nacional.

Ley Federal de Educación: se aprobó en 1993 y reguló el sistema en su
conjunto. Planteaba una obligatoriedad de diez años: Preescolar, tres
ciclos de Educación General Básica (1° a 9° año) y tres años de Polimodal
con diferentes especialidades. Esta estructura produjo nuevas
fragmentaciones en un sistema escolar ya desestructurado, en particular
en la escuela media, cuya pérdida de rumbo y de sentidos llevaba ya
varias décadas y donde aumentaba el deterioro de las condiciones de
trabajo de los profesores, que corriendo de escuela en escuela llegaban a
dar clase a centenares de alumnos un día. La aplicación de esta Ley
empeoró esta situación, ya que provocó la "primarización" del tercer
ciclo (7°, 8° y 9°) junto a un sostenido deterioro de la calidad. Se
desfinanció la educación artística, especial, adultos e inicial de 3 y 4
años para financiar la extensión de la obligatoriedad y desapareció la
educación técnica. En fin, esta ley desarticuló el sistema educativo
nacional, debido a que las provincias realizaron diversas
interpretaciones para su aplicación y no existía correspondencia entre
los sistemas educativos de muchas de ellas. Además esta Ley estableció un
aumento progresivo del presupuesto educativo hasta llegar al 6% del PBI
lo cual nunca se cumplió. La inversión, que el neoliberalismo llamaba
gasto, llegó en diciembre del año 2002 al 3% del PBI.

-Ley de Educación Superior (24.521/95): organiza un sistema que incluye
la educación universitaria y terciaria no universitaria, establece la
obligación del Estado de planificar, impartir y financiar educación
superior, así como sus atribuciones de aprobación y supervisión de las
instituciones privadas del nivel. Debe destacarse que esta ley asienta
principios democráticos y científicos para la educación superior que no
figuraban en ninguna anterior, y en ese sentido representa una superación
destacable de las tradicionales posturas del peronismo referidas a la
universidad. Esta ley desarrolla el concepto de autonomía universitaria,
inscrito en la Constitución de 1994, aunque esa característica no aparece
ligada, como debiera, al resguardo de la universidad como espacio
estratégico para la producción y transmisión de conocimientos, cuya
lógica institucional debe ser distinta de la de los gobiernos, los
partidos políticos, las empresas y otros organismos. Hay que señalar
también que en la ley hay elementos del administrativismo eficientista
que facilitaron la introducción de las medidas de corte liberal que se
tomaron posteriormente. Entre ellas, el congelamiento de los salarios del
personal, la introducción del sistema de incentivos y la obsesiva
sucesión y superposición de evaluaciones de los docentes, con criterios
tecnocráticos.




A su vez, derivados de esta Ley Federal se establecieron programas de
aplicación obligatoria a nivel nacional:

-Contenidos Básicos Comunes: de carácter generalista, elaborados sin
participación alguna de los trabajadores de la educación considerados meros
ejecutores.

-Formación docente: se estableció una formación docente para cada ciclo y
áreas, pero se dejó librada a sus propios medios la cualificación de los
docentes en ejercicio.

-Sistema Nacional de Evaluación de Calidad: se miden cuantitativamente
conocimientos adquiridos y con los resultados se elaboran rankings de
escuelas que nada dicen de los procesos de aprendizaje, ni de las prácticas
pedagógicas y mucho menos de las condiciones objetivas en las que se
desarrolla la tarea de enseñar y aprender.

-Programas compensatorios: con financiamiento internacional (BM, BID) se
llevaron a cabo algunos programas de políticas compensatorias que
supuestamente apuntaban al mejoramiento de las oportunidades de aquella
población con mayor vulnerabilidad social, pero que en la mayoría de los
casos legitimaron circuitos diferenciados de educación, fomentaron
prácticas individualistas, competitivas y poco solidarias al generar
diferencias salariales.

De esta manera, con leyes debatidas y gestionadas siguiendo todos los
procedimientos legales, la política educativa neoliberal avanzó en el
proceso de mercantilización de la educación. Ésta, dejaba de ser un derecho
social vinculado a la inclusión y comenzaba a considerarse como un elemento
del mercado que debía ser regulado por la ley de la oferta y la demanda.

Todo esto fue realizado pese al rechazo de la comunidad educativa,
encabezado por la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de
la República Argentina) junto a otros sindicatos públicos (ATEM) y privados
(SADOP), los cuales reconocieron en la Ley Federal el ajuste neoliberal
sobre el sistema educativo (teniendo en cuenta también que dicha ley estuvo
basada en un modelo educativo aplicado en España, en los últimos años
franquistas, con una posterior evaluación negativa de sus resultados).

En medio de una crisis económica, producto de las mismas políticas
neoliberales que comenzaron a aplicarse durante la dictadura militar;
crisis que se hizo evidente en 1989 al estallar la hiperinflación (que
terminó con el gobierno de Raúl Alfonsín, ese mismo año) y que fue agravada
por las políticas económicas llevadas a cabo durante los mandatos de Carlos
Menem, las cuales convirtieron en cementerios las zonas fabriles, quebraron
la cadena productiva y destruyeron miles de puestos de trabajo a través de
la privatización de las empresas estatales, la escuela veía fuertemente
deteriorada su función pedagógica.

Para mediados de la década de 1990, la escuela se había convertido en
comedor, centro asistencial y única institución que contenía a niños y
adolescentes cada vez más abandonados por su golpeada comunidad y sin el
resguardo que otrora les brindaban cobertura de salud y programas sociales.
El sistema educativo estaba estallando hacia adentro: miles de chicos se
matriculaban pero fracasaban el aprendizaje ("deserción interna") aunque
seguían concurriendo a la escuela porque era el único espacio social donde
podían permanecer y recibir alguna atención a sus necesidades básicas. El
atraso de la calidad educativa era evidente en todos los niveles
educativos; se incrementó el número de alumnos repitentes y de analfabetos
(tanto absolutos como aquellos por desuso y deficiencias en el
aprendizaje); la cultura general de la sociedad resultó desgastada y se
perdieron conocimientos sobre nuestra propia historia, con fragmentación de
pensamientos. Conjuntamente, los medios masivos de comunicación comenzaron
a jugar un rol importante en la construcción de identidades, mientras el
deterioro de las condiciones materiales (empobrecimiento de la
infraestructura y de la provisión de materiales didácticos) de trabajo de
los docentes, junto a la lejanía existente entre sus expectativas respecto
al producto de su trabajo y los conocimientos adquiridos por los alumnos,
llevaron a los docentes a sufrir problemas de salud, como el agotamiento
psico-físico de su persona.





































CONCLUSIÓN

En un contexto mundial donde ocurrían profundos procesos de transformación
(revolución científico-técnica, las transformaciones en el mundo del
trabajo y la globalización económica) que incidieron en todos los aspectos
de la vida social, el neoliberalismo –como nuevo carácter del capitalismo-
contribuyó a profundizar problemas como la pobreza, el desempleo y la
exclusión existentes ya en nuestras sociedades (latinoamericanas).

Los programas de ajuste económicos implementados en los países
latinoamericanos no sólo llevaron a la ruina a las economías nacionales,
sino que además agudizaron la dependencia de éstas respecto a las economías
desarrolladas, mediante la subordinación de nuestros países a las recetas
transmitidas por los organismos internacionales de crédito (Banco Mundial,
FMI) los cuales ejercieron una intervención directa en asuntos de política
económica doméstica, así como en la promoción de propuestas legislativas o
de profundas reformas constitucionales.

El capitalismo transforma todo en mercancía, bienes y servicios, incluyendo
la fuerza de trabajo. El neoliberalismo refuerza esto, mercantilizando
servicios esenciales, como los sistemas de salud y educación, el
abastecimiento de agua y energía, etc.

La hegemonía neoliberal, con sus principios rectores de individualismo,
competencia; desigualdad y desempleo como procesos "naturales" y casi
necesarios, pretendió trasladar el plano político, cultural y social bajo
la lógica del mercado, equivocadamente objetivado de "libre". Como
resultado de esto, la educación-que según su perspectiva atravesaba una
crisis de eficiencia, eficacia y productividad- fue considerada también un
bien de consumo, al cual se debía acceder mediante el esfuerzo individual y
la competencia.

El ajuste estructural llevado a cabo en la educación se cristalizó en una
reducción progresiva de la inversión (gasto para los neoliberales) en
educación, con el consecuente deterioro de las condiciones materiales de
las escuelas y las reducciones salariales de los trabajadores de la
educación. Como consecuencia de la reforma neoliberal aplicada en nuestros
países, el sistema educativo nacional sufrió la caída de la calidad de los
procesos pedagógicos y la profundización de su carácter antidemocrático,
iniciado junto a las políticas de ajuste.

La ortodoxia liberal siguió ampliando las diferencias entre los integrados
a limitados circuitos de excelencia y los que transitan por amplios
segmentos del sistema donde la constante es la falta de recursos materiales
y de infraestructura, el deterioro salarial y la ausencia de condiciones
mínimas para la construcción y transmisión de saberes. Es decir, las
políticas educativas neoliberales han descentralizado los sistemas
educativos en medio de la retracción social producida por su propia
política económica. Como consecuencia no se pudo esperar otra cosa:
sociedades dualizadas y marcadas por la miseria y la discriminación no
pueden sino tener sistemas educativos dualizados, miserables y
discriminadores.

Por todos los efectos negativos que trajo la reforma estructural del
sistema educativo como producto de las ideas neoliberales considero que es
necesario diseñar políticas de cambio pedagógico que respeten tres
características: participación, experimentación y gradualidad. Las reformas
educacionales son procesos profundos, que ponen en movimiento aspectos
estructurales de la vida social y cultural, que comprometen el imaginario
colectivo, la memoria histórica y la prospectiva. Las mismas no son
posibles sin consenso de la comunidad educativa y es necesario analizar las
experiencias que la sociedad fue acumulando y aprender de ellas. Las
políticas impuestas verticalmente en forma homogénea e inconsulta a
múltiples países constituyen probables fracasos y requieren de medidas
autoritarias para sostenerse. Las innovaciones introducidas deben
experimentarse, los modelos pedagógicos deben sufrir la hibridación a la
cual lo somete su confrontación con los procesos educacionales específicos.
Una reforma responsable debe ser respetuosa de los tiempos y modalidades
culturales, de las demandas específicas y del derecho de los sujetos de la
comunidad educativa a participar en la reforma de su educación, de la de
sus hijos o de la que los compromete como docentes.

























BIBLIOGRAFÍA.



Emir Sader, Pablo Gentili (Compiladores) Perry Anderson, Atilio
Boron y otros. "La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y
exclusión" CLACSO-EUDEBA 2003

Pedro Krotsch. "Educación Superior y reformas comparadas".
Universidad Nacional de Quilmes Editora. 1990

Felipe Justo Cervera. "Globalización. Nueva organización del
espacio argentino". Junta Provincial de Estudios Históricos Santa
Fe.

Pablo Gentili "El Consenso de Washington y la crisis de la
educación en América Latina". Ediciones UNL. 2004

Adriana Puiggrós. "Qué pasó en la educación argentina"

Stella Maldonado. "Educación pública: ¿Derecho social o
mercancía?" Canto maestro-Derechos Sociales. 2002

Jorge Cardelli-M. Duhalde (Compiladores) "Las políticas
educativas de formación docente e investigación en el contexto
actual"

–Cap. I: "El contexto neoconservador, las políticas educativas y el
papel del trabajador de la educación en la Argentina actual.
Reflexiones para un debate" María Teresa Sirvent.

-Cap. II: "La ofensiva neoliberal en América Latina. Nuevas
emergencias sociales y culturales". Jorge Cardelli. Publicación
Miño y Dávila.

Colliard Andrea, Gamarra Elvio, Gamarra Miguel. Tesis: "Desempleo
versus Repitencia y Deserción Escolar". Carrera Docente
Universitaria, Universidad de Concepción del Uruguay. 2007

Alcantara S. Armando, Pozas H. Ricardo, Torres C. Alberto
(Coords.) "Educación, Democracia y Desarrollo, en el fin de siglo".
Cap.: "Educación neoliberal y alternativas", Adriana Puiggrós.
Siglo XXI. México. 1998

www.cronistadigital.com.ar

www.iigg.fsoc.uba.ar

www.geocities.com









































































ANEXO 1: Resolución del Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. E. Mondino.

"El defensor del Pueblo pide a la Nación que tome medidas para la
reapertura del frigorífico Santa Elena"

Capital Federal " 16.9.2004

VISTO la actuación Nº 5441/03, caratulada: "GAMARRA, Elvio Darío y otros,
sobre solicitud de intervención en relación a la situación de los empleados
del Frigorífico Santa Elena", y
CONSIDERANDO:

Que es misión del Defensor del Pueblo de la Nación la defensa y protección
de los derechos humanos y demás derechos, actos u omisiones de la
Administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas
públicas.

Que, ex-trabajadores, vecinos, representantes de la sociedad civil y el
Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de Santa
Elena, Partido de La Paz, provincia de Entre Ríos, han acudido a esta
Institución como consecuencia de la situación que ha generado a la
población el cierre del Ex Frigorífico Regional Santa Elena, importante
establecimiento industrial dedicado al proceso completo de faeneamiento de
carne.


Que es de destacar que la mencionada planta sufrió las históricas
vicisitudes de la industria de la carne; a lo que se suma la circunstancia
de que en el año 1991 fue privatizada, proceso que derivó en el despido de
alrededor de seiscientos (600) trabajadores, situación que debe tomarse en
cuenta como el inicio de un paulatino deterioro, recesión laboral,
económica y social de la localidad de Santa Elena.

Que, no obstante el fuerte cambio estructural y organizativo, en el año
1993 el Frigorífico Santa Elena cerró sus puertas despidiendo a todo el
personal (un total de 1.000 operarios).

Que desde entonces la sociedad civil se moviliza en forma conjunta con los
ex-empleados, reclamando a las autoridades gubernamentales una solución a
la problemática de desempleo.

Que, en tal sentido, la comunidad viene llevando a cabo intensas gestiones,
en procura de hacer valer sus legítimos derechos constitucionales básicos
y, en especial, los derechos de acceso a un trabajo digno y de "ser oídos"
por los organismos responsables.

Que a lo largo de esta última década muchos ha sido los ciudadanos que
obtuvieron subsidios a través de los llamados "Planes Trabajar" y "Planes
Jefas y Jefes de Hogar", en principio como solución de emergencia hasta
tanto se resolviera el problema de desocupación.

Que, sin embargo, la situación de desocupación continúa prolongándose en el
tiempo, viéndose agravada por la falta de reactivación de esa industria,
que generaba fuentes de trabajo a casi toda la sociedad; y justamente
aquella ayuda estatal de emergencia (subsidios, planes alimentarios, etc.)
se ha transformado en la principal fuente de ingresos.

Que dada la envergadura de la temática abordada, esta Defensoría formuló
diversos pedidos de informes, a los distintos organismos públicos, a saber:
1) Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2) Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía de la
Nación, 3) Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, 4) Secretaría de Educación del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, 5) Secretaría de Políticas, Regulación y
Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación y 6) Dirección
General de la Gobernación de la Provincia de Entre Ríos.

Que, por razones metodológicas y con fines ilustrativos, en los párrafos
que siguen se efectúa una breve reseña de las respuestas brindadas a esta
Defensoría, que demuestran que las autoridades nacionales hubieron tomado
nota del asunto.

Que, en primer término, merece resaltarse el informe elaborado mediante
Nota 659/2004, de fecha 11 de junio de 2004, suscripto por el Secretario de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (conf. fojas 113 y sttes.), en
el cual puntualiza que: "... técnicos de esta Secretaría elaboraron un
informe de la situación del frigorífico y de su posible reactivación. Por
otra parte, técnicos del INTI también presentaron un informe de
reactivación de la empresa en cuestión y los costos del proyecto".
Que en el referido informe se acompaña la evaluación técnica que
funcionarios de la citada Secretaría ministerial realizaran como
consecuencia de la inspección "in situ" efectuada en el establecimiento. En
dicha oportunidad, se precisó que: ".. La Planta corresponde a un
Frigorífico de Ciclo completo. El estado exterior denota falta de
mantenimiento, corte de pasto... pero la estructura se encuentra en buen
estado, máxime considerando que tiene más de 100 años.... El equipamiento
es totalmente de acero inoxidable en muy buen estado... El interior está
climatizado...". (Fojas 117/118).

Que, a su turno, por Nota 1.089.813, del 2 de junio de 2004, obrante a
fojas 91/97, la Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación dio cuenta de que esa esfera de gobierno "..
ha tomado conocimiento de la grave situación económico-social que generó el
cierre del frigorífico en la localidad de Santa Elena. Por tal motivo,
desde esta cartera laboral conjuntamente con la Gerencia de Empleo y
Capacitación Laboral de Paraná se intervino aplicando diferentes políticas
tendientes a amortiguar el efecto negativo que causó en la población del
lugar el cierre del frigorífico...".

Que, asimismo, resaltó que desde ese ámbito se implementaron las siguientes
medidas: 1) Puesta en marcha del procedimiento en crisis y homologación de
los acuerdos con respecto al personal del frigorífico; 2) Distribución de
900 Planes Trabajar; y 3) Capacitación a los pobladores, por medio de la
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral (fojas 94).

Que, en lo que aquí interesa, en el informe que se viene comentando también
se precisó que se "... comenzaría a organizar las acciones necesarias para
implementar el Plan Más y Mejor Trabajo en dicha localidad, teniéndose
previsto interactuar con otras dependencias del Poder Ejecutivo Nacional
con el fin de coordinar las políticas diseñadas ..." (fojas 95).

Que, por su parte, tal como surge del responde elaborado por el Presidente
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) glosado a fojas
110/111, de fecha 10 de junio de 2004, el citado Instituto tomó
conocimiento del caso habida cuenta la solicitud efectuada en diciembre de
2002 por el INAES, en el marco del convenio institucional para brindar
asistencia a cooperativas, como también de la existencia de una Cooperativa
de Trabajo conformada por los ex-trabajadores del Frigorífico Santa Elena.
Que, en tal sentido, indica que se llevó a cabo una visita técnica a la
planta industrial por medio de un profesional del Centro de Carnes,
conjuntamente con personal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, del SENASA y del INAES.

Que, asimismo, el I.N.T.I. resalta que "... se encuentra elaborando un Plan
de Negocios con datos básicamente suministrados por la propia Cooperativa,
el cual será analizado por los organismos participantes ... para ser
presentado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Provincial ..." (fojas
110).

Que, por último, se agrega a la respuesta bajo análisis, el "Proyecto
Tentativo para Reactivación Progresiva Planta Frigorífica Santa Elena"
Establecimiento N° 160, confeccionado por la entidad recuperadora
"Cooperativa de Trabajadores Frigorífico Santa Elena" (Resolución INAES Nº
1865), en el que se expresa: "... De los cuadros adjuntos se destaca que el
proyecto con sus alternativas anuales muestran una real sustentabilidad del
modelo cooperativo que le permitiría acceder a la plena operatoria de la
planta vía el modelo de leasing planteado por el Banco Nación... y que
permitirá revertir la penosa situación social que padece la gran mayoría de
los habitantes del Municipio...".

Que en el referido proyecto se hace hincapié en la circunstancia de que
"... la apertura inmediata de la plata resulta desde todo punto de vista un
ejercicio positivo desde los planos ético, social, económico y aún
financiero para el propio Banco y el Estado en su conjunto..." (Fojas
121/138).

Que, a su turno, la Secretaria de Programas Sanitarios dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación en su responde expresó que "... no se ha
recibido la solicitud de la Dirección de Epidemiología para el relevamiento
sanitario de la población de la localidad de Santa Elena...", aunque esa
cartera entrega botiquines del Plan REMEDIAR en el Hospital Santa Elena y
en el Centro de Salud Virgen de la Almudena, emplazados en el Departamento
de La Paz, provincia de Entre Ríos (fojas 72/73).

Que, a lo hasta aquí apuntado, resta considerar el informe emitido por la
Coordinación General de la Gobernación de la provincia de Entre Ríos, de
fecha 29 de julio de 2004, obrante a fojas 183, que da cuenta de un
proyecto de ley elevado a la legislatura provincial por el cual "... se
autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a vender inmuebles que conforman el
establecimiento Rural "El Quebracho" que fuera propiedad del Frigorífico
Santa Elena y en el cual se crea un Fondo de Recuperación de esa localidad
...", ingresado en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Entre Ríos con fecha 17/2/04, tomando estado parlamentario en sesión del 10
de marzo de 2004.

Que, asimismo, la mencionada repartición provincial acompañó un informe
confeccionado por la Dirección Materno Infanto Juvenil del Ministerio de
Salud y Acción Social de la Provincia de Entre Ríos, del cual se desprende
la población infantil de 0 a 14 años que se encuentra desnutrida,
clasificada por categorías, conforme datos aportados por la Dirección de
Estadística y Censos, como consecuencia del Censo realizado en el año 2001,
en la localidad de Santa Elena (fojas 185).

Que, en primer término, merece especial atención resaltar las particulares
aristas que rodean la cuestión que se viene examinando.

Que, en efecto, desde el año 2002 se vislumbra una clara y activa
participación coordinada por parte del Estado Nacional que permiten hoy en
día efectuar una evaluación objetiva sobre la situación social, económica y
cultural que atraviesan los pobladores de Santa Elena.

Que no por obvias pueden dejar de señalarse las consecuencias que el cierre
de esta planta industrial han provocado, a saber: empobrecimiento
generalizado, carencias de todo tipo, deterioro de las relaciones sociales,
paulatina destrucción de la cultura del trabajo en la nueva generación,
disminución de la población por éxodo obligado, desintegración familiar,
disminución de la formación educativa, entre otros aspectos.

Que, según datos aportados para esta investigación, del informe realizado
con motivo de la inspección efectuada por personal de la Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en forma conjunta con
funcionarios de otras reparticiones públicas "... La localidad de Santa
Elena, provincia de Entre Ríos tiene una población de aproximadamente
16.500 habitantes, donde más del 50% de la población emigró en busca de
nuevas fuentes de trabajo y de los residentes hay un 80% desocupados, con
una fábrica de manufactura agropecuaria cerrada que en su oportunidad dio
trabajo a 1600 operarios... para exportar el 96% de lo producido a 70
destinos internacionales..." (Fojas 119).

Que "... el Estado aporta mensualmente 375.000 pesos en 2.500 planes de
asistencia a Jefes y Jefas de Hogar, 1.600 planes alimenticios tarjeta
SIDECREER (....) (...) la población plantea una gran necesidad de contar
con alternativas de trabajo para contener a sus jóvenes que emigran hacia
otras localidades. la planta posibilita la puesta en marcha
secuencial ...".

Que en el referido informe también se destaca "... la reapertura de este
establecimiento ... disminuiría el costo socio - económico muy alto para la
ciudad que trajo aparejado el cierre y, su puesta en marcha aportaría no
solo las 1.600 fuentes laborales, sino la posibilidad de reactivar los
servicios conexos de terceros, como así también proyectos productivos de
alimentos ... ".

Que finalmente se concluye "... El Estado requiere para los comedores a su
cargo, alimentos de alto valor nutritivo que podrían ser elaborados por
Frigorífico Santa Elena, y con eso pagarle al Banco Nación (el Estado)
paulatinamente la deuda" (conf. Conclusiones fojas 119/120).

Que tal como se aprecia del simple cotejo de los respondes suministrados a
esta Defensoría por los organismos gubernamentales, la problemática por la
que atraviesa la localidad Santa Elena demuestra la necesidad de avanzar
con las políticas ya encaradas en el sentido de resolver dicha situación.

Que, en ese sentido, restaría consensuar y/o ejecutar acciones a corto y
mediano plazo que aporten y/o permitan planificar alternativas de solución
integrales para la comunidad afectada, quien viene afrontando las
vicisitudes apuntadas desde hace más de una década.

Que, amén de lo expresado, reviste importancia los significativos datos
aportados por el censo municipal; de la población económicamente activa, en
términos estimativos, 5.329 personas están desocupados; 532 personas
subocupados y sólo la franja de 1.357 pobladores se encuentra en actividad.
En tal contexto, 8.898 personas perciben ingresos inferiores a los $200;
1.200 personas reciben entre $ 200 y $ 500 pesos mensuales, y sólo 400
personas poseen ingresos superiores a los $ 500. A modo ilustrativo, se
señala, según dicho estudio, que el 60 % de la población sin ejercicio
laboral carece de asistencia médica por parte de obras sociales.

Que particularmente sensible es el deterioro del nivel educacional, en una
localidad que –si bien es pequeña– desde su etapa fundadora contó buena
infraestructura escolar en una provincia (Entre Ríos) que ha sido decana de
la educación en la República Argentina.

Que, en tal contexto, resultan elocuentes las manifestaciones del docente,
señor Darío Gamarra, que reflejan el cuadro de situación que se viene
describiendo: "…ver la realidad y vivirla está muy lejos de la frialdad de
estos números. La destrucción del núcleo familiar ha sido devastador, (sic)
esto se ve reflejado en las escuelas donde los docentes poseen alumnos sólo
si hay algo para comer ese día, los padres se encuentran fuera de la
localidad haciendo changas para poder enviar un poco de dinero para la
subsistencia del resto de la familia que ha quedado en la ciudad..." (conf.
Fojas 6).

Que, por su parte, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Santa
Elena, Señor Luis Pucheta, destacó en su presentación ante esta Defensoría,
las dificultades económicas y sociales provocadas por el cierre del
Frigorífico; a lo que agregó que las maquinarias que se hallan aún en el
establecimiento industrial (bienes muebles) serían desguazadas, destruyendo
definitivamente una planta en condiciones de producir (fojas 14).

Que el reclamo de los pobladores de Santa Elena, quienes cuentan con una
potencial unidad productiva situada en un sitio estratégico, tanto por ser
un centro agrícola ganadero como por su cercanía con la República
Federativa de Brasil, es escuchado hoy en día por las autoridades públicas;
aunque amerita la búsqueda a corto y mediano plazo de soluciones de fondo e
integrales que conlleven, de alguna manera atendible, la reactivación y
reapertura del Frigorífico.

Que a ello se suman las potenciales ventajas que la producción continua e
ininterrumpida de tal establecimiento industrial podría aportar en la
actual orientación del Gobierno Nacional de impulsar los lazos con el
Mercado Común del Sur.

Que, por lo demás, también resulta atinado destacar no sólo la pérdida de
capacidad material productiva instalada en un emporio de ese tipo, sino el
valor en recursos humanos que significa la acumulación físico-intelectual
de los conocimientos productivos de una población que los ha ido formando,
de generación en generación, sustentada por una sólida escolaridad en el
pasado, en una actividad industrial no fácilmente reemplazable.

Que, de todo lo expuesto, puede colegirse que las autoridades de gobierno
desde el año 2002 vienen marcando claros y concretos indicios que
demuestran el interés colectivo y el compromiso asumido en mejorar la
situación económico-social de la localidad de Santa Elena.

Que a ello se suma lo que representa, en términos económicos, para el
Estado Nacional los fondos destinados en cada ejercicio presupuestario para
cubrir los distintos planes y programas que se han otorgando durante el
transcurso de todos estos años de paralización industrial y creciente
recesión laboral, y que hasta el presente continúan otorgándose a muchos
pobladores (ej. Planes trabajar, Planes Jefes y Jefas de Hogar, Plan
Remediar, cobertura asistencial, entre otros).

Que en razón de la circunstancia supra apuntada esta Defensoría considera
atendible que para la resolución de este conflicto social, debieran
merituarse no solo el costo por las erogaciones comentadas sino, más aún,
los distintos programas y políticas de acción, surgidas como respuesta a
las profundas crisis sociales y económicas que atravesó la República
Argentina.

Que, así, entidades como el Fondo Nacional de Capitalización SA (FONCAP
SA), administrador de un fondo fiduciario conformado con aportes del Estado
Nacional, e integrado por el Sector Público (representado por el Ministerio
de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación) y por el Sector Privado (representado por asociaciones
empresarias y organismo involucrados en el desarrollo), gestiona y
promociona propuestas de financiación autosustentable y perdurable, con el
objetivo de apoyar activamente a la microempresa de menores recursos
económicos.

Que, asimismo, dentro de los objetivos centrales que persigue y, como una
iniciativa prioritaria, se ubica la eliminación de las barreras de acceso
al crédito para este sector, apoyando su organización y su articulación con
los demás sectores de la sociedad, y en tal sentido, su accionar se
inscribe en la política pública de promoción social y económica.

Que otro dato de la realidad que deviene relevante es la designación de los
integrantes del Comité de Inversiones del Fondo Nacional de Desarrollo y
del Comité de Administración del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (FOGAPYME), conforme Decreto PEN N° 20/2004.

Que a la luz del cuadro de situación que se describe y las distintas
presentaciones recibidas en esta Institución, a la que se agrega la
reciente nota elevada por la Diputada Nacional Rosario Romero (fojas
139/140), quien promoviera en forma conjunta con otros legisladores
nacionales, un proyecto de ley de expropiación de bienes muebles del Ex-
Frigorífico -ingresado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación con
fecha 3/6/2004-, y el proyecto elevado a la Legislatura Provincial que
adquiriera estado parlamentario en el mes de marzo de 2004, se advierte la
necesidad de que sean consensuadas acciones a corto y a mediano plazo que
permitan la reactivación de la localidad de Santa Elena, con la reapertura
del Frigorífico.

Que, esta Institución ha realizado una investigación sobre el proceso
autónomo de recuperación de fábricas encarado de manera directa por los
trabajadores; así, se analizó dicho proceso en más de 21 fábricas situadas
en el territorio nacional. Dicho estudio permitió deducir que,
efectivamente, la autogestión cooperativa ha permitido que se desarrolle
una especial manera de relacionarse de los trabajadores entre sí y de éstos
con la comunidad de la que forman parte.

Que de las fábricas recuperadas objeto de investigación de esta Defensoría,
pudo establecerse que el modelo de organización mayoritariamente replicado
en éstas, y hacia adentro, importó como novedad destacable la
desacralización de las jerarquías, la toma de decisiones asamblearias, la
distribución igualitaria de los ingresos y el conocimiento informado de la
"marcha empresaria". Todo lo cual significó, y, hacia afuera, una
interacción caracterizada por vínculos comunitarios no comerciales y si, en
cambio, solidarios.

Que también esta formalización de fábricas o empresas organizadas por las
cooperativas ha puesto en evidencia una variada gama de relaciones sociales
como son, por ejemplo, las relaciones culturales, solidarias,
integracionistas que, entre otras, conforman una cohesión social más sólida
que la meramente jurídica.

Que, siguiendo este esquema, la autogestión cooperativa permite reducir el
aislamiento tradicional que caracteriza a otras maneras de producción. Y,
en este sentido, la promoción y apoyo destinado a fortalecer las
organizaciones de base como la aquí analizada, tiene como primordial
finalidad impulsar el desarrollo de un hacer social diferente al propugnado
por métodos clásicos de organización empresaria.

Que lo brevemente explicado reseña el espíritu que esta Institución tuviera
al elaborar en el año 2003 el "Informe Especial sobre las empresas y
fábricas recuperadas por los trabajadores", del cual se desprende
claramente que este tipo de emprendimientos diseñados en el marco del
espontáneo y conocido "laboratorio de experiencias sociales" importan una
respuesta concreta al problema del llamado "fin del trabajo" o "fin de la
sociedad del salario".

Que, en consecuencia, resulta oportuno exhortar al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación para que, teniendo en cuenta los informes elaborados por los
organismos públicos mencionados en los considerandos que preceden, evalúen
la adopción de medidas integrales que permitan iniciar un adecuado proceso
de reactivación progresivo del Frigorífico Santa Elena, y la consecuente
relocalización de sus ex-empleados.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el
artículo 28 de la Ley 24.284, el artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL y
normas concordantes.
Por ello,
EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Exhortar a la MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION y al
MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION para que,
teniendo en cuenta los informes elaborados por los organismos públicos
mencionados en los considerandos que preceden, evalúen la adopción de
medidas integrales que permitan iniciar un adecuado proceso de reactivación
progresivo del Frigorífico Santa Elena, y la consecuente relocalización de
sus ex-empleados.
ARTICULO 2°: Comuníquese el contenido de la presente resolución a la
COMISION BICAMERAL PERMANTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.
ARTICULO 3°: Comuníquese la presente resolución al SEÑOR GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE ENTRE RIOS.
ARTICULO 4°.- Regístrese, notifíquese en los términos del artículo 28 de la
ley N° 24.284, publíquese y resérvese.



http://www.cronistadigital.com.ar/
Cronista Digital " 16.9.2004 " Textual





























ANEXO 2: Tesis "Desempleo versus Repitencia y Deserción Escolar"

Encuesta cerrada:

1- ¿Estudias actualmente?

- Si

- No

- No sabe- no contesta

2- ¿Que año cursas?

- 7°

- 8°

- 9°

- No cursa

3- ¿Repetiste alguna vez?

Si No

4- ¿En que año repetiste?

7° 8° 9°

5- ¿Por qué repetiste?

a) Motivos:

- Falta de motivación

- Falta de acompañamiento familiar

- Por problemas económicos

6- ¿Abandonaste la escuela?

Si No

a) Motivos:

- Falta de motivación

- Falta de apoyo familiar

- Por problemas económicos

7- ¿Alguno de tus padres tiene trabajo?

- Si

- No

8- ¿Quiénes de tus padres trabajan?

- Padre

- Madre

- Desocupado

9- ¿Recibe algún plan social?

- Si

- No

- Ocupados

10- ¿Algunos de tus padres fue empleado del frigorífico?

- Si

- No

Análisis de la información obtenida

1-



" "¿Estudias "
" "actualmente? "
" " "
"Si "59% "
"No "40% "
"No sabe- no "1% "
"contesta " "


Del 100% de los encuestados con edades que oscilan entre los 12 y 18 años,
se pudo constatar que el 59% estudia, el 40% no lo hace, y el 1% no
contesta a lo indagado.



2-







" "¿Qué año cursa? "
"7° "17% "
"8° "30% "
"9° "13% "
"No cursa "40% "




De la cantidad de encuestados, el 40% no cursa actualmente, el 30% cursa 8°
año en el cual se registra el mayor índice de repitencia; mientras que el
17% se encuentra cursando el 7° año sin observarse índices importantes de
repitencia y deserción y el 13% cursa 9° año donde se manifiesta los
primeros porcentajes de deserción.

3-





" "¿Repetiste alguna vez? "
"Si "30% " "
"No "70% " "


Sobre el porcentaje de los encuestados, el 70% manifestó no haber repetido
ningún año, mientras que el 30% si lo ha hecho por distintos motivos.















4-





" "¿En que año repetiste?"
"7° "15% " "
"8° "65% " "
"9° "20% " "
" " " "




Del total de población encuestada se desprende que el 8° año es el más
crítico ya que se observa un 65% de repitencia, lo que coincide con la
etapa evolutiva por la que atraviesa el adolescente y la posibilidad
concreta de ser incorporado al mundo laboral contribuyendo al sustento
familiar.

La diferencia restante se reparte entre un 15% que repitió en 7° año y un
20% en 9°.







5-





" "¿Por qué repetiste? "
"Falta de motivación "10% " "
"Falta de acompañamiento "37% " "
"familiar " " "
"Por problemas económicos"53% " "


Entre las causales de repitencia escolar el mayor porcentaje (53%) se debe
a problemas económicos desfavorable en el núcleo familiar.

El 37% manifiesta no contar con el apoyo familiar en el logro de sus
estudios respectivos.

Se visualiza que el 10% de los encuestados refleja falta de motivación en
sus estudios.











6-





" "¿Abandonaste la "
" "escuela? "
"Si "40% " "
"No "60% " "
" " " "




Del total de encuestados y con relación al porcentaje de deserción un 40%
abandonó la escuela y el 60% corresponde a la franja de adolescentes que
cursan actualmente la EGB3.











a)





" "Motivos: "
"Falta de " 10% "
"motivación " "
"Falta de apoyo "30% "
"familiar " "
"Por problemas "60% "
"económicos " "


Entre las causales de deserción escolar el mayor porcentaje (60%) se debe a
situación económica desfavorable en el núcleo familiar; demandando el
aporte laboral y económico de los adolescentes debiendo contribuir al
sustento en la cobertura de las necesidades básicas del hogar.

El 30% manifiesta no contar con el apoyo familiar en la consecución de sus
estudios respectivos.

Se visualiza que el 10% de los encuestados refleja falta de motivación en
la continuidad de sus estudios.





7-





" "¿Alguno de tus padres tiene "
" "trabajo? "
"Si "27% " " "
"No "73% " " "




Haciendo referencia al grado de ocupación de los padres de los adolescentes
se registra un 73% de desocupados y un 27% de ocupación genuina.













8-





"¿Quienes de tus padres trabajan? " "
"Madre 17% "10% " " "
"Padre 10% "17% " " "
"Desocupado 73% "73% " " "
" " " " "
" " " " "
" " " " "
" " " " "
"En este gráfico refleja la realidad de la desocupación manifestando " " " "
"un 73%, siendo un 17% de madres y un 10% de padres que poseen " " " "
"trabajo. " " " "
" " " " "
" " " " "
" " " " "
"9- " " " "
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" " " " "
"¿Recibe algún plan social? " " " "
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"Si " " " "
"50% " " " "
" " " " "
" " " " "
"No " " " "
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"Ocupados " " " "
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" " " " "
" " " " "
"Se observa la realidad social de la comunidad, ya que un 50% de los " " " "
"encuestados poseen un sustento de algún plan social, mientras que un" " " "
"23% y un 27% no son beneficiarios. " " " "
" " " " "
"10- " " " "
" " " " "
" " " " "
" " " " "
" " " " "
"¿Alguna de tus padres fue empleado del frigorífico? " " " "
"Si 60% " " " "
"No 40% " " " "
" " " " "
"En relación a la única fuente laboral de dicha localidad el 60% de " " " "
"los padres de los encuestados fue empleado de la planta frigorífica " " " "
"y el 40% no trabajó en dicha empresa. " " " "
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-----------------------
[1] Perry Anderson "La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y
exclusión social" Cap. 1: "Neoliberalismo, un balance provisorio" CLACSO-
EUDEBA. 2003

[2] Licenciada en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA. Docente e investigadora, Departamento de Ciencias de la
Educación e Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE)
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

[3] Representaba a la Unión Cívica Radical, uno de los partidos de masas
tradicionales. Alfonsín expresaba las líneas de orientación socialdemócrata
y humanista en su partido, que alberga también a conservadores y
neoliberales.

[4] Los grandes grupos económicos reunidos en poderosas organizaciones
empresarias eran identificados como los "formadores de precios", porque
fijaban los mismos en valores que le aseguraban mantener sus márgenes de
ganancia en plena crisis hiperinflacionaria (o gracias a ella). A esto se
lo denominaba "formar un colchón" y el mecanismo era, a la vez, motor de la
inflación.

[5] Vale llamar la atención acerca del hecho de que otro estallido social,
con asaltos a supermercados, cerró la década del 90, terminó con el
gobierno del Presidente De La Rúa y marcó el final de la hegemonía
neoliberal, la apertura irrestricta de la economía y el modelo económico de
la convertibilidad monetaria, inaugurado en 1991.

[6] Expresión partidaria del partido político-social fundado por Juan
Domingo Perón a mediados del siglo XX, con el que se perfiló la identidad
de la clase trabajadora argentina y que dio forma al Estado Social
argentino y estatuto de derechos constitucionales a los derechos laborales
y sociales.

[7] En 1982, la diferencia de ingresos entre los grupos más ricos y los más
pobres era de 14,3 veces; en 1988, de 18,2; en 1991 se redujo a 15, pero en
1995 pasó a 22 veces, valor en que se mantenía en octubre de 2001.

[8] La población indigente es aquella cuyos ingresos por hogar no permite
cubrir una canasta básica de alimentos. En la medición de la pobreza se
toman en cuenta, además, otras necesidades, más allá de las alimentarias
(salud, vivienda, educación, etc.) sumadas conforman la canasta básica de
bienes y servicios que debería poder cubrirse con los ingresos del hogar.

[9] Si bien los proyectos de reforma iniciales impulsaban la total
privatización del sistema, al final se mantuvo un régimen público de
reparto, optativo y a cargo, a su vez, de una prestación básica universal
(PBU), consistente en un componente mínimo del haber para todos los
beneficiarios del sistema previsional, sean afiliados del régimen estatal o
clientes de las AFJP.

[10]El presupuesto fiscal es un buen indicador de las prioridades
políticas: aún cuando el objetivo era reducir el gasto, el rubro
correspondiente a estos pagos al exterior sistemáticamente crecía. A ello
se destinaron los ingresos generados por la venta de las empresas públicas
y otros bienes del Estado, así como los préstamos del FMI destinados a
hacer frente a los vencimientos, lo que naturalmente, hizo crecer la deuda
en este período (ver Grassi 2003; Lozano, 1999).

[11] Otra coincidencia que vale la pena hacer notar: fue también una Ley de
Emergencia Económica la que terminó con la convertibilidad en 2002, y
devaluó el peso argentino, después de la confiscación de los depósitos
bancarios en dólares. Es decir que esta medida también estuvo en el inicio
y en el final del modelo político económico que realizó el proyecto del
neoliberalismo en el país: en 1991 los ahorristas de entonces recibieron
bonos, igual que los de 2002.

[12] Se dictó una Ley de Promoción del Empleo en 1995, que instituyó los
contratos a término o promovidos; estos fueron derogados en 1998 por la Ley
25.013. A lo largo de todo el período se registran alrededor de 300
decretos modificatorios del contrato laboral. La Ley del año 2000 tuvo como
promotor a otro gobierno (la Alianza de partidos que llevó a la presidencia
a Fernando de la Rúa). Su rápida aprobación por el Senado de la Nación se
explicaría más tarde por la existencia de sobornos pagados por el Ejecutivo
a algunos senadores propios y de la oposición, lo que llevó a la renuncia
del Vicepresidente de la Nación que denunció el hecho. El tema comenzó a
ser ventilado a principios de 2004 y la Ley 25.250 fue derogada.

[13] Con la crisis final del ciclo político (2001-02), dejó más en claro
este costado del proceso en la Argentina: el descontrol en las
privatizaciones de empresas públicas de sectores estratégicos, tales como
el de las comunicaciones, la explotación de hidrocarburos y la aerolínea de
bandera; y la desatención de la protección del trabajo y de las necesidades
sociales más elementales. Así, ese final encontró a una mitad de la
población alimentándose de la basura proveniente del consumo normal de la
otra mitad, mientras las empresas y bancos extranjeros pujaban por llevarse
hasta el último dólar de reserva y presionaban al gobierno provisional
(enero 2002-mayo 2003) para obtener compensaciones por los "perjuicios" de
la devaluación asimétrica del peso en enero de 2002.

[14] Actuación N° 5441/03, caratulada: Gamarra Elvio Darío y Otros,
realizada por el Dr. Eduardo Mondino, Defensor del Pueblo de la Nación. Año
2004( Ver anexo 1)

[15] Colliard Andrea, Gamarra Elvio, Gamarra Miguel. Tesis: "Desempleo
versus Repitencia y Deserción Escolar". Universidad de Concepción del
Uruguay. 2007 (Ver datos en anexo 2)