Negociando con el FMI y los trabajadores (1984)

Antología Denis Sulmont. Archivo VI: Artículos de Cuadernos Laborales y Otros

NEGOCIANDO CON EL F.M.I. Y LOS TRABAJADORES1 Denis Sulmont 1984 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

LAS PRINCIPALES LUCHAS SINDICA LES El complejo panorama sindical del primer semestre del año está domina do por das grandes momentos: primero el paro nacional del 22 de marzo precedido de un Paro Nacional Agrario el l° de marzo a raíz del cual cae el Ministro de Economía Rodríguez Pastor; en segundo lugar, la huelga del SUTEP y la de la CITE en junio que logran importantes concesiones del gobierno. En ambos casos, el régimen cede en parte, pero no puede escapar a los efectos de la recesión productiva que ha provocado ni a los compromisos que ha adquirido con el FMI para refinanciar el pago de-los intereses de nuestra impagable deuda. Tratando de capear una profunda crisis política y de recomponer en parte una imagen para la próxima coyuntura electoral, el régimen ensaya con el Premier Sandro Mariátegui una línea un poco más negociadora con los trabajadores. La crisis política del gobierno tiene su expresión en el deterioro de la relación entre AP y el PPC, la abierta pugna al interior de AP entre Alvistas y Ulloístas, el espectacular desarrollo de la violencia delincuencial y política y el avance de la oposición del APRA y de IU, que se constituyen cada vez más en alternativas de gobierno. La inflación sigue alta (47.6°/o en lo que va del semestre), aunque un poco menor que el año pasado (fue de 56.1°/o en el mismo período), debido a la reactivación de la producción agrícola y en parte también a un cierto embalse de los precios por el gobierno. La industria continúa semi-paralizada y en ella los trabajadores se de baten para defender sus centros de trabajo y estabilidad laboral, sin poder protagonizar grandes movimientos sindicales. En la minería, afectada por la caída de los precios de los principales productos (cobre y plata), las empresas siguen agrediendo a las organizaciones sindicales. Si bien los trabajadores de Canarias, Cata Acarí y El Águila regresaron a sus tierras luego de una lucha de más de un año en Lima, con indemnizaciones, reubicaciones o promesas de reapertura de sus centros de trabajo (promesa no cumplida en el caso de Mina El Águila), las marchas de sacrificio de mineros siguen llegando a la capital (Buenaventura, Río Pallanga, Santander), o en Arequipa (Chapi). A principios de julio, los trabajadores de CENTROMIN inician su huelga por incumplimiento de pactos colectivos. Se desarrollan también movilizaciones sindicales importantes en los sectores Pesquero. Petrolero y Eléctrico. Las luchas sindicales de mayor envergadura se desarrollan en los sectores de servicio público; huelga médica (3- 10 de abril), huelga de choferes (9-10 de abril) y huelga 1e Trabajadores Municipales, maestros y trabajadores estatales, que analizaremos más adelante.

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Publicado en Cuadernos Laborales N° 25, mayo-junio de 1984.

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Antología Denis Sulmont. Archivo VI: Artículos de Cuadernos Laborales y Otros LA CARTA DE INTENCIQN AL FMI Un elemento funda del contexto en el cual se desarrollan las luchas sindicales es la creciente subordinación de la política laboral a los cuerdos del gobierno con el fondo Monetario Internacional. El 3 de febrero el gobierno redactó su famosa “Carta de Intención al FMI” delineando la política económica nacional hasta julio de 1985, con la finalidad de obtener un aval para refinanciar la deuda y obtener nuevos créditos. La Carta de Intención, que en lo fundamental mantiene i línea neo- liberal de la política económica, aborda específicamente el campo laboral en dos aspectos: la política remunerativa (punto 12) y la estabilidad laboral (punto 16). En cuanto al primer aspecto, el gobierno se compromete a ‘una política moderada de sueldos y salarios en relación a la inflación tanto en el Gobierno Central como en el resto del Sector Público”. Señala también que controlará los aumentos mediante el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio, que se limitará a reajustes periódicos en la Unidad de Referencia y no acordará aumentos sueldos y bonificaciones para otros trabajadores del sector privado. Plantea finalmente que la determinación de sueldos y salarios tome en cuenta las expectativas de inflación futura, evitando la indexación sobre la base de la inflación pasada. Teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de los trabajad el año pasado (alrededor del 30°/o) y la presión sindical, es difícil que dichas intenciones se cumplan. El punto 16 referido a la estabilidad laboral dice textualmente lo siguiente: “Una consideración fundamental en el diseño del Programa económico ha sido la de proporcionar señales claras con respecto a la dirección, deseada de la economía a lo largo del mediano plazo. Consideramos que las políticas antes descritas en los sectores fiscal, monetario, de ingreso y del sector externo son coherentes a este respecto. Para asegurar el éxito de estas políticas, el gobierno se ha propuesto reducir varias rigideces estructurales en la economía. En el área de la legislación laboral, un convenio internacional que concuerda con los criterios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo esta pendiente de ratificación por el Congreso. La creciente flexibilidad que introducirá tal acción en la legislación laboral peruana estimulará la contratación de nuevos trabajadores y contribuirá a una mayor productividad y una estructura más eficiente de costos industriales”. La intención es evidentemente la de lograr una legislación que recorte aún más la estabilidad laboral vigente en el país, para ello la carta hace una mañosa referencia al convenio 158 de la OIT sobre la terminación de la Relación de Trabajo por iniciativa del Empleador, aprobado en 1982. Decimos “mañosa referencia” porque la clara intención de dicho Convenio es justamente la de proteger a los trabajadores contra los despidos arbitrarios y anti-sindicato, y constituye un avance en el terreno de la legislación laboral a nivel internacional, un aspecto positivo que no contempla el D.L. 22126 en el Perú. Por lo demás, la ratificación de un Convenio Internacional de la OIT no implica renunciar a los derechos más favorables para los trabajadores reconocidos en la legislación del país. La Carta de Intención sin embargo parte de una interpretación mal intencionada del Convenio de la OIT, buscando legitimar una modificación restrictiva del régimen de estabilidad laboral vigente. Ello conlleva a una actitud defensiva de los dirigentes

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Antología Denis Sulmont. Archivo VI: Artículos de Cuadernos Laborales y Otros sindicales en contra de dicho Convenio actitud propiciada inicialmente por el APRA y recogido por las centrales nacionales. Considerarnos que en realidad el problema no radica en la eventual ratificación del Convenio, sino en la política neo-liberal desestabilizora del trabajo aplicada por el régimen, la cual corno fue demostrado en el proyecto de Ley de Huelga aprobado en el Senado, hace caso omiso de los convenios de la OIT. Independientemente de estas consideraciones, a la víspera del l° de Mayo, el mismo Senado aprobó un proyecto que rebajaba el período de prueba de 3 años a 6 meses. Pero este proyecto fue bloqueado por la mayoría oficialista en Diputados, y el Ejecutivo no hizo nado para retornarlo. El suspenso que originó el proyecto del Senado llevó a las empresas a despedir a numerosos trabajadores en período de prueba (se calcula unos 15 mil). Tenemos allí la cruel consecuencia de la actual política laboral, subordinada a los intereses privados y amarrados a su ortodoxia neo-liberal, sin consideración hacia los trabajadores. Sin embargo, las luchas de los maestros y estatales y la nueva amenaza de un paro nacional obligará al gobierno a negociar también con el movimiento sindical violando sus acuerdos con el FMI. IMPULSO SINDICAL DE LOS ASALARIADOS DEL ESTADO Las clases dominantes han buscado siempre marginar del movimiento sindical a los trabajadores emplea por el Estado. Tratan de cooptarlos ideológica mente, de establecer para ellos regímenes especiales y sencillamente prohibirles cualquier organización sindical y negociación colectiva, para mantenerlos como fieles “servidores” del instrumento de poder que es el Estado. Desde fines de la década del 50, y durante los años 60, importantes contingentes de asalariados del Estado, enfrentados a un proceso de masificación y empobrecimiento se ven obligados a entrar en la lucha sindical: Trabajadores de Hospitales, de Correo, Maestros y otros empiezan a protagonizar importantes paros y huelgas, en una situación ilegal enfrentando duras represiones. Recién en 1963, los maestros conquistan su derecho a la sindicalización. En los años 70, junto con el aparato estatal, crece fuertemente la masa de asalariados empleados por él, pero las remuneraciones y condiciones de trabajo se deterioran dramáticamente. La situación económica de los maestros y de la mayoría de los servidores públicos llega a niveles más bajos que la de los obreros. EL SUTEP Y LA CITE La lucha magisterial se constituye en uno de los principales ejes del movimiento popular durante toda la década del 70. El SUTEP, formado en 1972, encabeza esta lucha, con el apoyo abrumadoramente mayoritario de los maestros, pero sin reconocimiento legal. En 1978, la situación de los trabajadores estatales se vuelve explosiva. Al deterioro de su sueldo real, se añade la amenaza del despido —la movilización es masiva—se constituye la CITE—. Es en este contexto que la Asamblea Constituyente reconoce el derecho a la sindicalización de los trabajadores esta tales.

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Antología Denis Sulmont. Archivo VI: Artículos de Cuadernos Laborales y Otros Pero tanto el SUTEP como la CITE siguen proscritos legalmente. Además ambos gremios sufren problemas internos. El SUTEP entra en repliegue luego de la derrota de la gran huelga magisterial de 1979 y tiene que enfrentar una hábil política desgastadora del nuevo régimen belaundista. Se re afija a la CGTP y recompone paulatinamente el frente Unido de su seno. Por su parte la CITE sufre un proceso de dispersión, mientras el gobierno logra recortar el derecho de sindicalización de los trabajadores públicos (D.S. 003-82-PCM y 026-82-JUS) algunos sindicatos estatales se registran oficialmente y libran importantes luchas aisladas (Municipales, Sector Educación, y otros).

REACTIVACION DE LOS ESTATA LES En 1983, se recompone el frente estatal, desde abajo (1). Se constituye en octubre la Coordinadora de Bases Estatales que elabora un Petitorio Unitario Intersectorial de 14 puntos, obligando al gobierno a constituir una Comisión de Alto Nivel (Ministerio de Trabajo-Justicia -INAP) para atender sus demandas. Al no entablar realmente las negociaciones el gobierno, la Coordinadora de Bases Estatales convoca para el 30 de octubre a un Paro Nacional de brazos caídos, que resulta un éxito. También a fin de año, organiza una masiva marcha y amenaza con nuevas medidas de lucha que obligan al gobierno a reiniciar la negociación y otorgar algunas primeras concesiones. Si bien aún no está reconocida la CITE, estos hechos ya muestran que el gobierno no puede prescindir de negociar con el movimiento de estatales, y de reconocer en la práctica la existencia de un interlocutor organizado. El D.L. 276 En diciembre el Parlamento aprueba la Ley de Financiamiento que da un plazo de 60 días para que el Ejecutivo emita un dispositivo legal que regule la situación laboral de los trabajadores públicos. Este dispositivo sale a la luz recién el 24 do marzo, fuera del plazo previsto, lo que permite cuestionar su legalidad. Se trata del D.L. 276. “Ley de Bases de Carrera Administrativa y de Remuneraciones”. Si bien el D.L. 276 introduce cambios positivos y racionales en la organización de los grupos ocupacionales y niveles de carrera de los trabajadores públicos, genera varios problemas, en particular con los contratados y con el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. El artículo 44o., específicamente, prohíbe que las entidades públicas negocien con sus servidores o con las organizaciones sindicales, sobre incrementos remunerativos que modifiquen el sistema único de remuneraciones establecido en la Ley, sobre condiciones de trabajo que tengan tales efectos. El rechazo a este punto, que viola el derecho constitucional, será uno de los nuevos blancos de la lucha de los estatales para su pleno reconocimiento sindical. LOS PLIEGOS NACIONALES En marzo, la CITE se reorganiza, recompone un Frente Único y se constituye en dirección con capacidad de centralización. Asimismo, elabora un Pliego Nacional de Reclamos que comprende cinco puntos fundamentales: 1. Aumento de S/. 15,000 diarios.

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Antología Denis Sulmont. Archivo VI: Artículos de Cuadernos Laborales y Otros 2. Nombramiento de los contratados y reposición de los despedidos. 3. Derogatoria del D.L. 276 y dación de una nueva Ley de Base de la Carrera Administrativa y del Sistema Único de Remuneraciones. 4. El otorgamiento uniforme de gratificaciones y la dación de una escala de haberes que respete el principio de “a igual cargo igual remuneración” y que signifique una real homologación. 5. El pago de la deuda del Estado al IPSS y su administración en manos de los trabajadores asegurados. El 18 de abril, la CITE convoca un nuevo paro exitoso y posteriormente organiza marchas y mítines. El gobierno, por su lado busca negociar en forma sectorial, al margen de la Confederación. Esta el 23 de abril reúne una Asamblea Nacional de Delegados que aprueba la huelga indefinida a partir del 15 de junio. Los días 28, 29 y 30 de abril de 1984, se realiza el IV Congreso Nacional Ordinario del SUTEP en Chiclayo. Dentro de un clima unitario, apristas y comunistas deciden desactivar los sindicatos paralelos. El Congreso aprueba un Pliego de Reclamos, pidiendo un haber mensual mínimo de 6 Unidades de Referencia (S/. 810,000 soles) y el reconocimiento del SUTEP. Se acuerda iniciar una Huelga Geeneral Indefinida a partir del 4 de junio de 1984. LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES El mes de mayo está marcado por un conjunto de luchas estudiantiles, contra el alza de pasajes urbanos, y la huelga de los trabajadores municipales de Lima, por aumentos salariales. Luego de una tensa confrontación entre los trabajadores y el Municipio, éste logra un acuerdo multipartidario, refrendado por la Asamblea Metropolitana de Alcaldes para organizar una movilización popular hacia el Congreso, exigiendo el pago de 56 millones de soles adeudados por el Estado, y el otorgamiento de más rentas para los gobiernos locales. La marcha, en cabezada por Alfonso Barrantes y la mayoría de los alcaldes de la Capital, es multitudinaria y su éxito permite transferir hacia el Estado la presión laboral de los trabajadores municipales, a la vez que coloca mejor a la Izquierda Unida frente al movimiento popular. CONFLUYENDO HUELGAS El 4 de junio, se inicia la huelga nacional del SUTEP, y el día siguiente la de la CITE. Más de 600 mil trabajadores estatales y maestros paralizan sus labores en todo el país, y protagonizan numerosas movilizaciones callejeras. Empieza también una cadena de huelgas regionales y departamentales, en apoyo a los maestros y estatales y a reivindicaciones locales: en Tacna (11 y 12 de junio), Arequipa (11 al 17 de junio), Cusco, Ilo, Huancayo, Lambayeque y Pasco. También se desarrolla una Huelga Nacional Universitaria en cabezada por la FENDUP, FENTUP y FEP. El 8 de junio, el gobierno decreta el estado de emergencia y suspende las garantías por 30 días, la cual será renovada por 30 días adicionales debido a una nueva escalada de acciones terroristas en el País.

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RECONOCIMIENTO DEL SUTEP La huelga del SUTEP es conducida combinando las protestas callejeras con una hábil táctica de negociación, tanto sindical como política. Logra el apoyo de numerosos gremios y de los partidos políticos, tanto del APRA como IU, y aprovecha de las pugnas existentes en el seno de AP, logrando la decisiva intermediación del Secretario General de dicho partido Alva Orlandini. Finalmente, obtiene el reconocimiento legal del SUTEP, aceptando el cambio del adjetivo “Único” a “Unitario”, un aumento de S/. 100,000 a partir de julio y el nombramiento de 30 mil profesores con tratados. En base a estos acuerdos, la Asamblea Nacional de Delegados acuerda masivamente levantar la huelga el día 13 de junio. CONCERTACION SINDICAL TRUNCADA El levantamiento de la huelga del SUTEP deja más aislada a la CITE. Pero si bien algunas bases estatales retornan al trabajo tras obtener algunas concesiones sectoriales, la huelga nacional de la CITE continúa así como los mítines, marchas, huelgas de hambre, ayunos masivos y tomas de locales a pesar del Estado de Emergencia y no sin duras confrontaciones con la policía y numerosas detenciones. Paralelamente, los dirigentes de la CITE buscan impulsar un apoyo del resto del movimiento sindical. Ya el 11 de junio, el Comando Nacional Unitario de Lucha - (integrado por la CGTP, CCP, Federación de Luz y Fuerza, FEP, CEAT, CITE, CTRP Lima y otras organizaciones) ha convocado a una “II Asamblea Popular Nacional” para el 16 de Junio con el fin de dar una respuesta coordinada al conjunto de luchas en curso. El 13 de junio, los dirigentes de las cuatro centrales sindicales se reúnen y acuerdan exigir al gobierno resolver los conflictos de los trabajadores estatales, así como de la huelga de Arequipa y Tacna, y en general dar respuesta a las demandas vigentes de la Plataforma de lucha presentada en el Paro Nacional del 22 de marzo 1984. De lo contrario, las centrales amenazan con un nuevo Paro Nacional. Al día siguiente, la Asamblea Nacional de Delegado de la CGTP acuerda realizar un paro nacional de 24 horas, para el 21 de junio, coordinado con las otras centrales y el CNUL, en apoyo a las luchas y exigiendo el levantamiento de la suspensión de garantías. Si embargo, esta concertación sindical nacional se trunca, debido por un lado a la solución de la huelga del SUTEP, y por otro lado a la apertura de negociaciones por parte del gobierno. También cumplen un papel de desactivación el estado de emergencia y el recrudecimiento de los actos terroristas. La II Asamblea Nacional Popular del 16 de junio no se concreta, por falta de quórum. El día siguiente, se suspende la huelga de Arequipa para facilitar el diálogo entre la CGTP y el gobierno. Los dirigentes de las centrales, en conversaciones con el Primer Ministro Sandro Mariátegui, acuerdan diferir el paro nacional del 21, acuerdo que es adoptado también por la Asamblea de Delegados de la CGTP. Luego de 20 días de huelga, tras obtener un aumento mensual de S/. 90,000 la Asamblea Nacional de Delegados de la CITE, acuerdan suspender la huelga por 30 días a partir del 26 de junio, exigiendo la apertura del Trato Directo con el gobierno y la solución de los puntos aún no resueltos. También acuerda convocar a su Congreso

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Antología Denis Sulmont. Archivo VI: Artículos de Cuadernos Laborales y Otros Nacional Ordinario pare principios de agosto y concretar la II Asamblea Nacional Popular. A pesar del levantamiento de la huelga de la CITE, siguen en huelga varios sectores como Educación, Jurado Nacional de Elecciones, Salud y trabajadores y docentes de las Universidades estatales. También desde el 21 de junio están en huelga los trabajadores de construcción civil quienes, en su gran mayoría son de obras públicas. EL PROBLEMA DE LA ARTICULACIÓN ENTRE MOVIMIENTO SOCIAL Y POLITICO. Al levantar la huelga, el Comité Nacional de Lucha de la CITE si bien reconoce los apoyos solidarios que recibió, se queja no sólo de la suspensión de la huelga nacional por parte de la CGTP sino también de las direcciones del APRA y de IU por no haberle apoyado en forma consecuente. Dicha queja, de una u otra manera, refleja un problema que sale a la luz en la densa coyuntura por la que atraviesa el movimiento popular: la articulación entre sus luchas sociales y sus luchas políticas. Existe a un desencuentro, a pesar de importantes y novedosas interrelaciones como puede observarse en la huelga magisterial y la lucha de los trabajadores municipales, junto a la movilización de los alcaldes, Los próximos eventos sindicales (Congreso Estatutario de Luz y Fuerza, Congreso Nacional de la CCI Congreso Unitario Minero, Congreso de FEDEJUPP y Congreso Nacional Ordinario de la CITE) así canso la Segunda Asamblea Popular Nacional por convocarse nuevamente, deben ser hitos en la maduración del movimiento sindical para lograr articular mejor sus luchas gremiales y enmarcarlas en las luchas y alternativas políticas.

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