“Nadie nos defendía”. El horror amparado por una democracia fallida. Caso Exterminio de la UP. Colombia. Por: Alfonso Insuasty Rodríguez * El pasado 24 y 25 de febrero se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de San Buenaventura Medellín, la sesión de la Comisión de la verdad regional Antioquia-Urabá, un ejercicio de preparación hacia la instalación oficial de la comisión de la Verdad en Colombia
Mediante la metodología de audiencia temática, fue desarrollándose el ejercicio de Comisión de la Verdad en la que poco a poco fue emergiendo el horror y la crueldad como ejercicio de eliminación sistemática ejercido contra la Unión Patriótica en Antioquia y Urabá, fueron diversos planes de exterminio, ejecutados de manera constante, por fases y que condujeron a la eliminación de esta fuerza política. Dicha audiencia contó con la presencia de tres Comisionados: la Abogada Maria Victoria Fallon, Etienne Roy Gregory Agente de Programa Desarrollo Democrático Derechos y Democracia (Canadá) y el Docente investigador Alfonso Insuasty Rodriguez, a la par un grupo de abogadas encargadas de cada sesión temática y diversos testimonios que giraron en torno a de tres ejes temáticos estratégicos:
Tema 1: Plan Baile Rojo y persecución a las autoridades elegidas o designadas en representación de la Unión Patriótica en Antioquia y Urabá. Tema 2: Masacres y otras formas de sometimiento a condiciones que condujeron al exterminio de la Unión Patriótica en Antioquia – Urabá. Tema 3: Plan Retorno: la retoma del poder por los partidos tradicionales y la exclusión de la UP La UP nace en 1986, fruto de un acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Belisario Betancur, aquí confluyeron fuerzas organizativas que ya venía consolidándose como masa crítica, capaz de exigir y revindicar derechos. EL naciente Partido Se consolidaría rápidamente como opción de poder real, enfrentado a la hegemonía partidista que han existido en Colombia y que han manejado el poder político - económico de manera excluyente.
Este ejercicio de audiencia de la Comisión de la Verdad, evidenció: Que la UP, como partido, recogía los reclamos de aquellos sectores más desfavorecidos, campesinos, obreros, comunidades excluidas, sindicalistas, maestros, amas de casa, estudiantes, los “sin voz”, sectores sociales con grandes necesidades y con pocas o nulas oportunidades sociales y económicas. En los diversos relatos fue quedando claro que, como fuerza política, la UP logró generar en cada territorio, procesos organizativos, alternativas económicas a través de cooperativas, formas de estar en el territorio y de convivir, fortaleciendo un sentir popular, unos valores desde abajo. Es clara articulación entre un relato individual y un relato colectivo marcado por la barbarie, el horror que soportaron causado por la acción u omisión de la Fuerza Pública, el paramilitarismo, sectores políticos, la impunidad, la negación de la prensa, la estigmatización, el señalamiento, entre otras violencias infringidas. Dos hitos históricos de contexto marcaron los hechos de horror contra la UP:
Las elecciones populares de Alcaldes. Será por medio del Acto Legislativo 01 de 1986 que se permitió en Colombia, la elección popular de alcaldes en todo el país. En las primeras elecciones que participó, en 1986, obtuvo más de 320.000 votos que le permitieron obtener una significativa representación parlamentaria y más de 350 concejales en todo el país.
Hacia finales de la década de 1980, la UP se convirtió en una fuerza con opción de poder nacional, y su candidato a la presidencia, Bernardo Jaramillo Ossa --quien fue asesinado durante la campaña electoral de 1990-- figuraba en las encuestas como uno de los favoritos con una intención de voto que superaba el millón de sufragios. En 2002, después de haber pasado por las fases más intensivas del genocidio, la UP obtuvo menos de 50.000 votos. En lo que se refiere al daño infligido a las estructuras organizativas del movimiento, basta señalar que a su primer congreso nacional asistieron representantes de 2.229 juntas patrióticas de todo el país; núcleos locales que hoy han desaparecido por efectos de la persecución. (Cepeda Castro, 2010)
La apertura economía. El país venía preparándose para asumir los retos que generaría la Apertura Económica y la entrada de lleno al neoliberalismo. Esta etapa implicaría un rápido y sostenido reordenamiento de los territorios en función de dichos planes de mercado global que articularían la producción local en cadena con la producción nacional, esta, anclada a sectores de la economía global. Este nuevo escenario para el país, implicó una seria de reformas institucionales, comerciales, de infraestructura, educativas, culturales, de consumo y de estructuras sociales y políticas que solo podrían haber sido posibles si se fortalecían alianzas público-privadas, de la mano de una amplia implementación de fuerza para tal fin. ¿Qué logra la UP? Los programas de gobierno de diferentes alcaldías, las agendas defendidos por los concejales, diputados, congresistas redundaron en un mayor bienestar social en las regiones donde realizaban su labor. Evidencia de ello, las construcción de múltiples acueductos y alcantarillado en zonas alejadas y marginadas, construcción de un gran número de escuelas con ciclos completos de formación, desde primaria hasta el bachillerato, lo que no
existían en muchas zonas, a lo sumo, la oferta cubría hasta el segundo grado de primaria, así mismo, se construyeron hospitales, terminales de transporte, vías, entre otros muchos logros que se traducían en un uso de los recursos públicos al servicio de la gente, de su bienestar. También, la UP desarrolló y fortaleció apuestas organizativas y económicas colectivas, las cuales se constituyeron en verdaderas alternativas para el bienestar de la base social que representaban y la población en general donde ejercían su actividad, ejemplos: la Cooperativa Balsamar, Cooperativas de materiales de construcción, cadenas de supermercados, circuitos de producción y consumo, Cooperativas para la construcción de viviendas, entre otros. En el sector sindical, fortalecieron la capacidad obrera para defender sus derechos, buscando generar condiciones laborales e ingresos dignos ante las adversas condiciones y la precarización salarial que padecía sectores de la producción como el Bananero, la industria del cemento, el sector Minero, entre otras áreas estratégicas. Todas estas acciones resultaban ser incómodas para los sectores políticos tradicionales, sus usos y costumbres; afectaban su caudal político-electoral, sus planes y proyectos económicos y resultaban ser obstàculo al gestionar e implementar mega-proyectos en ciertas regiones. Vale decir que, los partidos políticos tradicionales estrecharon sus alianzas con el empresariado para favorecer la gestión e implementación de proyectos de sectores estratégicos de la producción que, se preparaban para abrazar las oportunidades que traería la apertura económica (la agro-industria, la mega-minería, las hidroeléctricas, concesiones de grandes vías, el agua, etc.). Proceso de exterminio. La persecución de toda fuerza política alterna y distante de los partidos tradicionales en Colombia, de todo proceso de empoderamiento social, ha sido una constante y desafortunada práctica. Es esta dinamica la que fue afinando sus tecnicas y sus macabras formas de acción, con el fin de lograr el exterminio del partido Unión Patriótica. Fueron varias las acciones coordinadas para alcanzar dicho cometido:
Fase del debilitamiento de todos los niveles organizativos del movimiento, 1984 – 1992 La Corte Constitucional colombiana le pide al Defensor del Pueblo de la época, elaborar un informe oficial sobre las graves violaciones a los derechos de los miembros de la Unión Patriótica, en su primer informe registró 717 casos de ejecuciones extrajudiciales y “desapariciones” forzadas, concluyendo que “existe una relación directa entre el surgimiento, la actividad y el apoyo electoral de la Unión Patriótica y el homicidio de sus militantes en regiones donde la presencia de ese partido fue interpretada como un riesgo para el mantenimiento de los privilegios de ciertos grupos” (1).
Fase del “golpe de gracia” al movimiento y de la normalización social del genocidio, 1992 – 2002. Directivos de la UP denunciaron ante instancia del Gobierno de Cesar Gaviria un nuevo plan de exterminio, el “Plan Golpe de Gracia”, según informaciones, elaborado por el alto mando militar. En ese mismo período se cran las cooperativas de seguridad “Convivir” una forma de legalización del paramilitarismo y fue en el departamento de Antioquia, donde tuvo lugar este experimento. Se conoció del desarrollo incluso del Plan Retorno que hizo parte de esta estrategia de terror. Planes que se desarrollaron bajo diversas modalidades: estigmatización, señalamiento, judicializaciones, desplazamiento, amenaza, desapariciones, tortura y asesinato, contar líderes que ocuparan cargos públicos y de elección popular de la UP.
Fase del exterminio de los sobrevivientes, de 2002 hasta el presente Todos estos planes contaron con un despliegue de sevicia, ensañamiento, horror y crueldad que dejaron huella en las generaciones futuras y destruyeron formas organizativas dejando un claro mensaje: en Colombia se paga caro, hasta con la vida, el organizarse para defender derechos, para participar en la vida política desde otras miradas diferentes a la de los partidos tradicionales, en Colombia no es posibles pensar en apuestas económicas
autónomas, ni defender otras formas de economía. En Colombia, no será posible construir una alternativa. Un caso ilustrativo de estas estrategias fue la masacre de Segovia. El 11 de noviembre de 1988, 40 integrantes de la UP fueron asesinados públicamente en la plaza central del municipio de Segovia, Antioquia. Se atacó a todo un país pensado desde abajo, se fracturó la democracia, alimentando la fuerza de los hegemónico partidos tradicionales. La Esperanza. Queda el reto y la esperanza que sea la Comisión de la Verdad quien permita un ejercicio abierto, amplio, toda una pedagogía social para lograr ese “darnos cuenta” como sociedad de lo que nos ha ocurrido, las razones, los responsables, a quienes beneficiaron y beneficia tanto horror, esto, con el fin de lograr las condiciones de NO repetición. Hoy, estos aprendizajes deben quedar como insumos para pensar otro país, otras formas organizativas, para fortalecer procesos que trabajen por un nuevo país en el que se respete las diversas identidades territoriales, la vida, la dignidad, la biodiversidad. Este es un llamado urgente y más cuando ante un exitoso acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno en fase de implementacion y se avanza el preceso de negociacion con el ELN, de forma simulténea, el paramilitarismo y el asesinato selectivo de líderes sociales crece. Bibliografía. Arboleda, A., Insuasty Rodriguez, A., Galeano, L. H., Soto, M., & Sierra, D. (2014). Narrar la vida para sanar el olvido de nuestra historia. Medellìn: Corporacion Jurìdica Libertd.
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Informe del Defensor del Pueblo, 1992. Citado en: “La Ley de ‘Justicia y Paz’ no es un instrumento para esclarecer el genocidio contra la Unión Patriótica”, Corporación Reiniciar, Bogotá, 2006, p. 6. _________________________
*Alfonso Insuasty Rodríguez, docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellìn, integrante grupo GIDPAD, grupo Autònomo Kavilando y la Red Interuniversitaria por la Paz (Redipaz) Medellin. Contacto:
[email protected]
Texto publicado en: http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-5210/confllicto-social-y-paz/5332-nadie-nos-defendia-el-horror-amparado-poruna-democracia-fallida-caso-exterminio-de-la-up-colombia
