Mujeres y ciudadanía en México: estudios de caso

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MUJERES Y CIUDADANÍA EN MÉXICO ESTUDIOS DE CASO Mónica Cejas Ana Lau Jaiven Coordinadoras

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Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

universidad autónoma metropolitana Rector general, Enrique Fernández Fassnacht Secretaria general, Iris Santacruz Fabila universidad autónoma metropolitana-xochimilco Rector, Salvador Vega y León Secretaria, Beatriz Araceli García Fernández división de ciencias sociales y humanidades Director, Alberto Padilla Arias Secretario académico, Jorge Alsina Valdés y Capote Jefe del Departamento de Política y Cultura, Enrique Cerón Ferrer Esta publicación ha sido posible gracias al Proyecto Integral en Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Equidad de Género y Violencia Contra la Mujer “Violencia, género y ciudadanía”, patrocinado por Conacyt.

DR © 2011 Universidad Autónoma Metropolitana Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Calzada del Hueso 1100, colonia Villa Quietud Coyoacán, 04960, México D.F. Primera edición, 2011 Diseño de la cubierta: Efraín Herrera D.R. © 2011 Mónica Inés Cejas y Ana Lau Jaiven D.R. © 2011 David Moreno Soto Editorial Itaca Piraña 16, Colonia del Mar, C.P. 13270, México, D. F. tel. 58 40 54 52 [email protected] www.editorialitaca.com.mx ISBN de la Colección Docencia y Metodología: 978-970-31-0946-3 ISBN: 978-607-7957-13-3 Impreso en México / Printed in Mexico

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ÍNDICE

Introducción Mónica Cejas y Ana Lau Jaiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Mujeres autodefiniendo su ciudadanía desde la participación política. Las dirigentes de secciones femeninas en los partidos políticos de México Karla Jannette Ortiz Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Evaluar la ciudadanía: impacto del sistema electoral en la representación política de las mujeres en el ámbito legislativo. Estudio de cinco legislaturas en el Estado de México (1996-2009) Silvia García Fajardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 “Mi casa, mi pueblo”. Presidentas municipales en Yucatán Laura T. Loyola Hernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Ciudadanía para las mujeres desde una política pública: de Promujer a Inmujeres en el Distrito Federal (1998-2008) Guadalupe López García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La ciudadanía como experiencia en las madres de Eureka Brenda Rodríguez Ramírez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿Acceso restringido? Reflexiones sobre los obstáculos en la participación política de las mujeres en México Jeniffer Mercedes Aguilar Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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AGRADECIMIENTOS

Agradecemos en todo lo que cabe el apoyo, solidaridad y amistad que mostró hacia nosotras en todo momento la Dra. Mary Goldsmith, gracias a cuyas gestiones este proyecto pudo llevarse a cabo. Asimismo damos las gracias a la M. en C. Dolores Manjarrez y al Ing. Martín Winocur del Conacyt por haber elegido a nuestra área de investigación Mujer, Identidad y Poder y al posgrado en Estudios de la Mujer para desarrollar el proyecto Género y Ciudadanía y haber confiado en que llevaríamos a buen fin esta investigación. A Natalia Cabanillas debemos su apoyo incondicional y la organización del coloquio Internacional Género y Ciudadanía en México. También reconocemos la colaboración de Karla Ortiz y de Anabel Ojeda. Por último, no podemos dejar de mencionar la paciencia y el compromiso asumido por el Lic. José Juan Guerrero, quien aceptó el desafío de llevar adelante la gestión administrativa de este proyecto. Mil gracias a todas y todos. Mónica Cejas y Ana Lau

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INTRODUCCIÓN Mónica Cejas* y Ana Lau Jaiven**

Este libro es resultado del trabajo colectivo generado a partir del Proyecto Integral en Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Equidad de Género y Violencia contra la Mujer, 2009-2010, “Violencia, género y ciudadanía”, en el que participaron el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco (uam-x), compuesto por dos proyectos de investigación. El primero de ellos está centrado en el tema de la violencia; el otro, que tenemos a bien coordinar, se ocupa del tema de género y ciudadanía en México. En ambos proyectos están involucradas profesoras-investigadoras de la uam-x y estudiantes de la Maestría en Estudios de la Mujer y del Doctorado en Ciencias Sociales de la misma universidad. A raíz de los trabajos realizados desde el año 2000 en la línea de investigación “Mujeres y política” del área “Mujer, identidad y poder” del Departamento de Política y Cultura de la uam-x, surgió el proyecto “Género y ciudadanía en México: estudios de caso” como un esfuerzo por articular investigaciones sobre temas de género, nación y ciudada-

* Profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura, uam-x, [email protected]. ** Profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura, uam-x, [email protected] 11

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nía llevadas a cabo por académicas, académicos y estudiantes de maestría y doctorado de instituciones mexicanas como El Colegio de México, la Universidad de Monterrey, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y la propia uam-x.1 Estos estudios de caso muestran la complejidad de los aspectos que deben ser abordados cuando nos preguntamos sobre equidad de género y ciudadanía en México. Algunos de ellos son el carácter histórico de los significados de la ciudadanía —evidenciado en la manera en que se han llevado a cabo las investigaciones sobre este tema en el país—, las representaciones de las mujeres en espacios públicos —las cuales aluden a su inclusión o exclusión como ciudadanas plenas de la nación mexicana—, qué ocurre cuando se incluye a mujeres en instituciones androcéntricas o regidas por “modos de ser y actuar” masculinos y que tienen una cultura política clientelar y paternalista en la que el Estado es concebido como dador, asistencialista y protector más que garante de derechos; quiénes son, cómo y por qué llegan algunas mujeres a ocupar cargos de representación, qué tanto incide el sistema electoral en sus posibilidades de asumir un cargo de representación, cuáles son los obstáculos a que se enfrentan las mujeres en un proceso que inicia con su ingreso a una organización política y puede (o no) continuar con su candidatura y posterior acceso a un cargo de representación popular, cómo se puede promover la ciudadanía en un marco acotado por el Estado —el de las políticas públicas— y cómo se incorpora la categoría de género a esa noción

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Resultado de este proyecto han sido publicaciones como Lau Jaiven (2006 y 2009a, b y c), Cejas (2008) y el número “Mujeres en la esfera pública” de la revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. vi, núm. 2, diciembre de 2008; así como el seminario “Reconfigurando los espacios de la ciudadanía: mujeres y género”, auspiciado por el South Exchange Program on the History of Devolpment, que se llevó a cabo en noviembre de 2007 y que tenía como fin comparar la práctica y la experiencia de la lucha de las mujeres por lograr el goce de una ciudadanía plena a nivel internacional; además del coloquio internacional “Género y ciudadanía”, que tuvo lugar en mayo de 2010 en el recinto universitario de la uam-x.

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de ciudadanía, cómo se constituyen, como sujetos políticos, las mujeres militantes de movimientos sociales y miembros de secciones femeninas en los partidos políticos a través de la experiencia y qué diferencias hay en las formas de acción política que se dan entre las mujeres de manera colectiva y solidaria y las que se libran de manera individual (como en el caso de las mujeres políticas de carrera, cuyas agendas personales se superponen —y, a veces, eclipsan— a los compromisos colectivos dentro de un contexto de competencia y decisiones partidistas). En la mayoría de los trabajos aquí presentados se optó por el estudio de caso como estrategia de investigación cualitativa. Esto implica que se ha hecho el análisis de uno o más casos particulares y su examen a fondo (Hamel, 1992; Yin, 1994; Stake, 1994; Hans, 2001; Ragin y Becker, 1992). Así, espacios locales (los municipios, con sus autoridades femeninas), estatales (las legislaturas, con sus legislaciones) o entidades establecidas para producir y administrar políticas públicas, como Promujer e Inmujeres en el Distrito Federal, y espacios partidarios (en sus secciones femeninas) u organizativos, como el Comité Eureka, fueron los contextos que debían ser estudiados sobre la base de un enfoque teórico que permitiese establecer las relaciones que hay entre el género y la ciudadanía, con el fin de conocer la especificidad de estas relaciones dentro de los contextos citados. Esto permitió identificar el carácter histórico de los diversos casos analizados y la consecuente posibilidad de detectar a los actores políticos y sociales implicados en los procesos estudiados. Debemos aclarar que utilizamos la noción de género como la categoría conceptual más adecuada para arrojar luz sobre las relaciones de poder existentes en una situación en la que las mujeres son, al mismo tiempo, sujetos y agentes políticos. Tal vez el objetivo más ambicioso de este año de trabajo haya sido explorar los múltiples factores que nos permitieron aproximarnos a comprender los nudos y obstáculos de la agenda política de las mujeres como ciudadanas; nudos y obstáculos muchas veces contradictorios, tensos,

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ocultos, aparentes o disfrazados. En otras palabras, lo más importante fue aproximarnos al análisis crítico de lo que significa ejercer la ciudadanía y posicionarse como sujeto político en México si se es mujer. Es decir, qué significa ejercer la ciudadanía, por una parte, en el espacio público de las instituciones del Estado —en cargos de representación popular— y, por otra, como agentes en las instituciones que desde el Estado producen políticas públicas y como militantes de movimientos con exigencias al Estado. Se trata de poner de relieve los posibles mecanismos que obstaculizan tanto la inclusión de las mujeres en una determinada comunidad política como una posible agenda trasformativa que vaya más allá de la inclusión. La intención de esto es provocar un cambio en las condiciones que reproducen la subordinación y la exclusión de las mujeres. Para nosotras esto significó una verdadera premisa de trabajo, la cual implicó, en primer lugar, una lectura cuidadosa de la extensa bibliografía que vincula género con ciudadanía como categorías de análisis; en segundo lugar, una identificación de las vertientes del pensamiento feminista que pudiesen aplicarse al análisis de los casos estudiados en el particular contexto mexicano. Situándonos en la crítica feminista al concepto de ciudadanía (Pateman, 1989; Mouffe, 1999; Molyneux, 2001; Yuval-Davis, 1997), que lo presenta como un constructo patriarcal que puede desestabilizarse si se lo interpela desde la experiencia de las mujeres, llegamos a un concepto amplio y flexible de ciudadanía, que indica pertenencia (inclusión) a un grupo o comunidad; condición que confiere derechos y responsabilidades a quienes la detentan. Se trata a la vez de una identidad y una práctica, o proceso, que permite relacionarse con el mundo social a través del ejercicio de derechos y protecciones y del cumplimiento de obligaciones. Como práctica, es esencialmente conflictiva, porque en ella se dirime quién o quiénes serán los que en una comunidad política determinada van a decidir cuáles son los problemas que se deben atender y cómo se debe hacerlo (Jelin, 1996), lo que significa que la noción de ciudadanía

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involucra relaciones de poder, dentro de las que hombres y mujeres se constituyen como ciudadanos en numerosas y diferentes formas —muchas veces de manera tensa— en relación con la comunidad local, nacional o global. Cuando hacen esto, propician la transformación del significado de ciudadanía y, en consecuencia, los parámetros de inclusión y exclusión. En este último sentido, consideramos a la ciudadanía no sólo como ejercicio sino también como construcción permanente, inacabada, imposible de fijar sin caer en una negación de su carácter histórico (Bolos, 2008). Precisamente porque hemos evitado imponer un determinado concepto de ciudadanía, cada una de las autoras eligió su ruta teórica y metodológica; es verdad que dialogando con las formas establecidas de conceptualización y tomando en cuenta la bibliografía que fue punto de partida para todas, pero haciendo su propia reflexión teórica y exponiendo sus propuestas de articulación de acuerdo con cada contexto, lo que puede constatarse en los artículos que aquí presentamos. Por otra parte, cada una de las participantes en el proyecto buscó sus propias fuentes bibliográficas de acuerdo con su estudio. Por esta razón se multiplicaron las lecturas que permitieron enfocar, de manera aún más compleja, el estudio de las dos categorías centrales. Esto es así porque era inevitable la convergencia con otros vectores de identidad (etnicidad, sexualidad y clase, entre otros) que también intervienen en las formas del ejercicio ciudadano. Se generó entonces un diálogo entre los hallazgos en el trabajo de campo y la teoría que se discutía en sesiones periódicas por todo el grupo. Así se produjo una suerte de sinergia entre los casos particulares estudiados, lo que se manifestó en el momento de reflexionar desde la teoría y, viceversa, en el momento de exponer los fenómenos observados e intentar analizarlos. Este proceso se enriqueció notablemente con las actividades del coloquio “Género y ciudadanía”, que se llevó a cabo del 17 al 21 de mayo de 2010, con dos formatos: abierto —con la participación de reconocidos especialistas de nivel nacional

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e internacional— y cerrado —formato en el que las estudiantes expusieron los avances de sus investigaciones con el fin de que los académicos invitados al coloquio los comentaran.2 Durante este año de trabajo analizamos el campo de la política —que es donde se expresa la ciudadanía en sus múltiples acepciones—, definido universalmente como masculino; nos preguntamos si las mujeres que ingresan y se instalan en él lo hacen de una forma diferenciada, 3 es decir, determinadas por su condición de género,4 por una heteronormatividad que las identifica como “naturalmente” situadas en el ámbito privado, doméstico. ¿Representa esto un límite a su valoración como agentes políticos? De ser así, ¿es posible pensar la diferencia en un campo como la política, en el cual el sujeto universal debe ser por definición neutro —aunque sabemos que se refiere al hombre letrado, propietario, blanco, padre de familia, heterosexual, y que excluye de esa universalidad impuesta lo personal, las vidas particulares y concretas—? Se presenta entonces el desafío señalado por Dahlerup que sitúa a las mujeres ante dos expectativas contradictorias: 1) la de probar que, a pesar de ser mujeres, son exactamente iguales a (o tan capaces como) los políticos. Expectativa que proviene de la comunidad masculina, así como de otras mujeres; 2) la de probar que el hecho de que haya más mujeres en la política implica una diferencia. Esta demanda proviene de las organizaciones de mujeres y del movimiento feminista (Dahlerup, 2001: 161).

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Fruto de dicho coloquio es el libro En la encrucijada de género y ciudadanía: sujetos políticos, derechos, gobierno, nación y acción política que pronto aparecerá en esta misma colección. 3 Tanto desde la propia percepción de su experiencia como desde la nuestra, como investigadoras, identificada con la crítica feminista a los obstáculos que se imponen desde la noción imperante de ciudadanía y que impiden la inclusión plena de las mujeres y su total desarrollo como agentes políticos. 4 Obviamente afectada por el tipo de género imperante en los distintos contextos estudiados.

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En su artículo “Mujeres autodefiniendo su ciudadanía desde la participación política. Las dirigentes de secciones femeninas en los partidos políticos de México”, Karla Jannette Ortiz Gómez se pregunta cómo las mujeres de las secciones femeninas de algunos partidos políticos mexicanos (pan, pri, prd y Convergencia) otorgan significación a la ciudadanía y a su ejercicio. En su propuesta, la ciudadanía es un proceso de construcción que puede analizarse a partir de las posiciones de sujeto 5 de estas mujeres en cada uno de los partidos incluidos en el estudio. El artículo comienza con una presentación del marco teórico y metodológico que dará fundamento al estudio: las reflexiones que, desde la crítica feminista, vinculan la ciudadanía política con las identidades y posiciones de sujeto de sus actores. Esta crítica, tomando en cuenta a las mujeres como sujetos políticos, se pregunta: ¿desde dónde debe ser construida y ejercida la ciudadanía de las mujeres en el contexto patriarcal, que establece una tajante división entre los ámbitos público y privado y que, por esto mismo, sitúa de manera estereotipada a mujeres y a hombres frente al Estado y a la sociedad, lo que genera una estructura de poder en la que el ser y el hacer atribuido a las mujeres resulta devaluado por definición? De acuerdo con la crítica feminista a la raíz liberal del concepto de ciudadanía, Ortiz Gómez rechaza la noción de sujeto individual y enfoca el problema desde las múltiples posiciones de sujeto de las mujeres como entes políticos, lo que le permite captar los múltiples vectores de su diferencia —nunca fija, sino en permanente construcción; así, es necesario dar cuenta de su carácter eminentemente histórico, es decir, historizarla— en el momento de enunciar su especificidad en el seno de las secciones femeninas de cada partido —en las que se ven sometidas a la “disciplina partidaria”—. Enseguida, describe la situación

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Es decir, la construcción histórico-discursiva que se hace del lugar asignado a cada sujeto en cada sociedad y la posición discursiva que él mismo asume (Laclau y Mouffe, 1987).

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actual de las secciones femeninas en el interior de los partidos políticos. Posteriormente analiza las percepciones que tienen las dirigentes seccionales acerca de su ciudadanía, tomando en cuenta su peculiar postura partidista. Esto lo hace a partir de una pregunta provocadora: ¿cómo influyen estas percepciones en su posicionamiento como sujetos políticos, autónomos y conscientes de sus derechos? Es decir, ¿cuáles son los criterios para elegir a una dirigente de sección femenil; existe o no una identidad política como militante de un partido y cómo estas mujeres definen su ciudadanía política desde sus posiciones partidistas? Por su parte, Silvia García Fajardo, en su artículo “Evaluar la ciudadanía: impacto del sistema electoral en la representación política de las mujeres en el ámbito legislativo. Estudio de cinco legislaturas en el Estado de México (1996-2009)”, documenta, de manera exhaustiva, las posibilidades de manipulación que desde el punto de vista técnico-legal se generan mediante el sistema electoral —estas posibilidades incluyen la manera en que se establecen los distritos electorales, las candidaturas, los procedimientos de votación y fórmula electoral, así como las políticas de acción afirmativa para las mujeres, como el sistema de cuotas—, su correspondiente legislación y su aplicación política por las dirigencias partidarias (pri, pan, prd, pvem) en el Estado de México. Asimismo, documenta los efectos que estas manipulaciones tienen en el acceso de las mujeres a los cargos de representación popular. La autora se propone responder a la siguiente pregunta: ¿cómo explicar una realidad caracterizada por la ubicación de las candidaturas femeninas en zonas intermedias y decorativas de las listas partidistas, así como en las suplencias? Se trata entonces de un trabajo que expone las relaciones de poder que se esconden en el proceso de selección de determinadas formas del sistema electoral y cómo afectan de manera específica a las mujeres que aspiran a cargos de representación. Además, devela los significados políticos de la adopción, en las leyes, de términos como “promover”, “coadyuvar” o “fomentar”, que no sólo “liberan” —porque no tienen carácter vinculante,

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no obligan ni imponen—, sino que abren un espacio de juego político para que las dirigencias partidarias (generalmente androcéntricas) tomen decisiones cuando evalúan sus potencialidades electorales. Con esto desenmascara a los partidos políticos, que suscriben oficialmente el sistema de cuotas, lo que permite catalogarlos como “políticamente correctos” en lo que respecta a las políticas de equidad de género, pero que en la práctica obstaculizan el ingreso pleno de las mujeres en los espacios de agencia política, por ejemplo, proponiéndolas como candidatas en distritos previamente evaluados como “perdidos” o, incluso, desplazándolas de las candidaturas como consecuencia de contraer alianzas electorales que proponen a un varón como candidato, lo que evidencia un uso ideológico de la noción de igualdad que permite ocultar acciones discriminatorias y relaciones de poder asimétricas en las que las mujeres resultan las eternas perdedoras. Laura T. Loyola Hernández analiza el papel político que juegan las mujeres en el ámbito de unidad territorial más pequeño en México: el municipio. Su artículo “‘Mi casa, mi pueblo’. Presidentas municipales en Yucatán” estudia este aspecto en las alcaldías de ese estado. ¿Qué factores sociales, económicos, políticos y culturales intervienen para que las mujeres lleguen a ocupar las presidencias municipales, en un contexto que se caracteriza por la práctica perenne de liderazgos autoritarios y androcéntricos, es decir, en el que se hace un uso clientelar de la maternidad y de las necesidades de las mujeres y en el que los ámbitos público y privado, en otros casos claramente delimitados, convergen para generar mecanismos de control social impuestos a las mujeres que pretenden ingresar —y lo hacen— al campo de la política por medio de cargos de representación popular? Estos mecanismos son, por ejemplo, ciertos estereotipos de género a los que las mujeres recurren, resignificándolos, para negociar espacios de poder y para avalar su presencia en arenas “naturalmente” masculinas, como Loyola Hernández nos muestra. Su artículo indaga, además, los posibles compromisos de tipo teórico a los que

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estas mujeres responden y las políticas que promueven, en lo concerniente a la perspectiva de género. Este estudio resulta por demás pertinente puesto que en México las mujeres no han podido superar la barrera de 4% en cargos de elección popular desde la década de 1980 (inegi, 2009: 395). Las principales fuentes de su investigación son sendas entrevistas hechas a siete alcaldesas que, junto con un minucioso análisis de los estudios que abordan problemas similares en otros contextos en México —análisis llevado a cabo con el fin de establecer las coincidencias y las diferencias prevalecientes en relación con las alcaldías yucatecas estudiadas—, le permiten a la autora ir confeccionando un entramado de factores que inciden en el hecho de que estas mujeres se conviertan en agentes políticas. Loyola Hernández opta por una ruta teórica basada en asociaciones semánticas (como la noción de “mujeres símbolo” de Dahlerup, 2001) que le permiten nombrar las múltiples estrategias y negociaciones aludidas en el discurso subjetivo de las alcaldesas, relacionado con el papel político que llevan a cabo en sus comunidades. Así, nociones como “mi casa, mi pueblo” o “lógica de sacrificio” hacen posible vislumbrar los roles de género involucrados en la agencia política de estas mujeres, e incluso contribuyen a su naturalización. Guadalupe López García pone de relieve, en su artículo “Ciudadanía para las mujeres desde una política pública: de Promujer a Inmujeres en el Distrito Federal (1998-2008)”, el carácter histórico del proceso de construcción de las políticas públicas con perspectiva de género, cuyo eje fue la “producción” de ciudadanas. De acuerdo con esto, el Estado y sus agentes institucionales e individuales son presentados como una compleja trama de relaciones en la que se pone en juego —cuando se busca proponer, planificar, organizar, poner en práctica y evaluar una política pública— un conjunto de intereses de diverso tipo. Asimismo, la autora resalta el doble carácter —ya señalado por la crítica feminista— del Estado en cuanto productor de desigualdad y discriminación, pero también como espacio de atenuación de inequidades (Astelarra,

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2005). De allí la pregunta “incómoda” que orienta la investigación: ¿se pueden “crear” y “construir” “ciudadanas” desde una política pública? A esta pregunta subyace la necesidad de comprender quiénes y cómo intervienen en el proceso de transformación de un ámbito teórico, abstracto o conceptual, en un ámbito de políticas concretas; cómo se interpreta y “traduce” a quienes se considera sujetos de dichas políticas. Su estudio se engasta, de manera por demás apropiada, con el eje conductor del proyecto que dio origen a este libro, ya que el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal estableció, desde su creación en 1998, en el área denominada Construcción de Cultura Ciudadana, una política específica para la ciudadanía de las mujeres; política cuyos derroteros a lo largo de una década son presentados en el trabajo de López García. En “La ciudadanía como experiencia en las madres de Eureka”, Brenda Rodríguez Ramírez estudia el proceso mediante el cual 10 mujeres militantes del Comité Eureka han construido y ejercido su ciudadanía a partir del dolor provocado por la desaparición forzada de alguno de sus familiares durante la llamada “guerra sucia” en México. Analiza cómo es que este hecho —verdadero punto de inflexión en su acontecer cotidiano— se convirtió en el motor de movilización política de las mujeres de Eureka, que constituían la mayoría de los miembros de esta organización. Es decir, la autora explora la forma en que estas mujeres articularon, en un proceso de construcción paulatino, nuevas formas de ciudadanía a partir de su sufrimiento y en torno a una de las demandas políticas con más arraigo en nuestro país: la lucha por los derechos humanos. ¿Cuáles son los significados que estas mujeres le dan a su participación política, cómo se han modificado, cuáles son las variables que influyen en los diferentes niveles de participación en el interior del Comité Eureka? Estas son algunas de las interrogantes que dan impulso al análisis de Rodríguez Ramírez. Aquí la noción de ciudadanía es interpelada desde la experiencia (individual y colectiva) de estas mujeres a partir de su devenir en sujetos políticos activos, a pesar incluso de que su agenda

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política no contiene específicas reivindicaciones de género. Lo que interesa analizar es el proceso mediante el cual las mujeres de Eureka son reconocidas y se reconocen como ciudadanas en el seno de un movimiento que se manifiesta en las calles, frente al Estado, exigiendo su derecho a conocer el paradero de sus familiares desaparecidos y, en consecuencia, politizando su maternidad. Esta circunstancia dota de protagonismo político a las calles pues, como dicen las propias militantes del Comité en aguda crítica al control de los saberes impuesto desde el ámbito doméstico como eficaz inhibidor de la agencia femenina en los espacios públicos, es en la calle donde se aprende “lo que [no se] sabía, porque en una cocina y en un lavadero no se sabe nada, de nada de eso; usted lava su ropa, la tiene muy lavadita pero nunca sabe el significado de los que están ahí en la calle, en peligro” (entrevista a Esperanza Galoz). En ese proceso, el objetivo de la lucha en sí, la búsqueda de los desaparecidos, resulta desplazado por una acción política más amplia llevada a cabo por sujetos políticos transformados, cuya experiencia, como señala Rodríguez Ramírez, “también implicó cambios en lo privado, nuevos arreglos, nuevas negociaciones, nuevas relaciones”. Finalmente, en su artículo “¿Acceso restringido? Reflexiones sobre los obstáculos en la participación política de las mujeres en México”, Jennifer Mercedes Aguilar Pérez hace una introducción a las diferentes posturas que buscan explicar por qué continúa siendo limitada la participación política de las mujeres en los cargos de representación parlamentaria. La autora comienza haciendo un análisis de los resultados de la aplicación de cuotas de género que datan de 1993, cuando se realizaron las primeras modificaciones y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; luego lleva a cabo un recorrido por las sucesivas modificaciones que se han hecho al Código en ese sentido de 1996 a 2008. Por último, organiza su análisis con base en algunos estudios que dan cuenta de los límites que enfrentan las mujeres activas en el campo de la política cuando compiten por cargos de representación popular.

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Así, Aguilar Pérez señala dos tipos de factores relacionados con esto: a) institucionales, económicos, políticos, sociales y culturales, y b) los que surgen desde los propios sujetos femeninos a partir de sus procesos de socialización. Para Aguilar Pérez, también siguiendo a Drude Dahlerup, las “mujeres símbolo” son las que se convierten en representantes de las demás. Su propuesta de un nuevo modelo de ciudadanía que tome en cuenta la diferencia sexual y deje de lado la normatividad de género imperante, refresca la visión cerrada del ejercicio político de las mujeres. Estas seis investigaciones son una muestra de las variadas posibilidades de estudio que permite la convergencia de la categoría de ciudadanía con la de género. En el marco de la democracia, la participación asimétrica de las mujeres en la política formal continúa siendo una asignatura pendiente. El ingreso a organismos políticos —con todo y ser cada vez mayor— y las leyes que favorecen la participación femenina en el campo de la política no son suficientes aún para alcanzar la paridad a la que aspiran las mujeres. La discriminación de la que son víctimas aparece en todos los niveles de la vida política y es presa de múltiples “arreglos” legales que la institucionalizan y la justifican. Esta desigualdad, que produce conflictos y exclusiones, al mismo tiempo impulsa nuevas subjetividades y nuevas identidades que acometen a las y los agentes políticos llevándolos a luchar por la concreción de nuevos derechos. El principio de igualdad y la cuestión de la diferencia sexual son preocupaciones que se encuentran en el centro de los debates contemporáneos tanto en México como en el mundo. La academia contribuye a desarrollar estos debates con análisis como los que aquí se presentan. Gracias a ellos podemos llevar a cabo el examen de las disparidades que privan en la política y ver más allá de ella, hacia un horizonte de libertad.

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MUJERES AUTODEFINIENDO SU CIUDADANÍA DESDE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA LAS DIRIGENTES DE SECCIONES FEMENINAS EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE MÉXICO

Karla Jannette Ortiz Gómez*

Introducción En México, como en otros países, la exclusión histórica de las mujeres de la política formal ha sido el resultado de múltiples factores estructurales, culturales y sociales que las han subordinado y relegado al estatus de una “ciudadanía de segunda”. Esto se debe a que las organizaciones políticas a las que se han sumado —principalmente los partidos políticos— siguen manteniendo vigentes grandes inequidades en las formas de participación de sus miembros, en virtud de la pervivencia de una cultura patriarcal y discriminatoria que afecta el acceso de las mujeres a los espacios de poder. Esto lo hacen mediante dispositivos y estructuras que aún conservan una serie de normas, dinámicas, rutinas, prácticas y disciplinas que en su conjunto determinan qué tipo de actividades deben realizar hombres y mujeres, con una clara desventaja para estas últimas. En los hechos, las mujeres todavía participan en la política como invitadas y no como protagonistas debido a la constante desvalorización que se hace de sus capacidades y contribuciones. Esta situación se caracteriza por una sobrecarga laboral y por una gran exigencia que proviene de la comunidad y del ámbito privado —sobre todo de la familia—, lo cual * Especialización y maestría en Estudios de la Mujer, uam-x. 27

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limita en menor o mayor medida su participación en el terreno político (Inmujeres, 2002). Se las sigue considerando “clientas” en el mercado político, votantes en los comicios —más que activistas o candidatas a puestos de representación de la voluntad ciudadana—, “grupo vulnerable” y con “necesidades especiales”. Por eso, el reto que se presenta para cada una en lo individual, y en el interior de los partidos en lo colectivo, es transformar un imaginario que las define como incapaces y dependientes en otro que las visualice como sujetos conscientes, autónomos y protagonistas del ejercicio y la toma de decisiones, con miras a superar la exclusión, opresión y subordinación que han vivido por siglos en la esfera política, en específico en el ejercicio de su ciudadanía política. No obstante saber cuál es el reto, también se presenta la circunstancia de que las concepciones del ejercicio de la ciudadanía no son iguales para todas las mujeres que ejercen de manera activa la política —menos aún desde sus posturas partidistas—. Es decir, puesto que estas concepciones presentan tal diversidad, se impone responder a las siguientes interrogantes: ¿cómo o desde dónde se debe iniciar este proceso de reflexión? ¿Qué elementos se deben abordar para su análisis? ¿Quién o quiénes deben participar en la deconstrucción de tales representaciones? Para los fines de este artículo, la reflexión sobre la ciudadanía estará fundamentada en las percepciones que tienen las dirigentes de secciones femeninas1 respecto a su estatus y ejercicio ciudadano a partir de su identidad y de las posiciones que juegan en el interior de sus partidos.2

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Las secciones femeninas son estructuras internas de los partidos políticos que se proponen unir a las mujeres miembros del partido e impulsar su participación política. Estas secciones también son conocidas como “alas” o “grupos” dentro de los partidos políticos (iknow Politics, 2009). 2 Las titulares entrevistadas pertenecen a las secciones femeninas de la Secretaría de Promoción Política de las Mujeres del Partido Acción Nacional (pan), a la Coordinación Nacional de Mujeres en Convergencia del Partido Convergencia, al Organismo Nacional de Mujeres Priístas del Partido Revolucionario Institucional (pri) y a la Secretaria de Equidad y Género del Partido de la Revolución Democrática (prd).

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El trabajo se articula de la siguiente forma: en un primer momento se presentan, a manera de estado de la cuestión, algunas reflexiones que desde la crítica feminista enmarcan la noción de ciudadanía política en el interior del ámbito de la(s) identidad(es) y posiciones de sujeto; en segundo lugar se da un panorama sobre la situación actual de las secciones femeninas en el interior de los partidos políticos; enseguida se analizan las percepciones que tienen las dirigentes de las secciones acerca de su ciudadanía desde su postura partidista; por último, a manera de conclusión, se expresan algunas reflexiones en torno a las limitaciones que viven las mujeres respecto al ejercicio de su ciudadanía política dentro de los partidos.

1. Un debate que crece: deconstruyendo el concepto de ciudadanía política Actualmente, hablar de ciudadanía es poner en cuestión todo un conjunto de normas y prácticas inscritas en el ideario occidental que dieron forma y estatuto a la idea de democracia. Este es el clima en que se confrontan actualmente las diversas expresiones del pensamiento político feminista. Eugenia Hola

El debate que se ha originado en torno a la “ciudadanía liberal”, en especial en el ámbito de la participación política de las mujeres, tanto en México como en el mundo, se ha convertido en un complejo proceso de conocimientos que podría parecer de poca relevancia para las necesidades prácticas del desarrollo de la teoría política tradicional. Sin embargo, puesto que la ciudadanía, además de un concepto, es una práctica (entendida y experimentada de diversas maneras por cada sujeto), resulta necesario abrir la reflexión sobre algunos aspectos que están entrela-

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zándose con ella y que buscan explicar por qué se experimenta y practica la ciudadanía de una manera diferenciada. Frente a este panorama han surgido, desde diversas posturas feministas, debates que buscan entender y deconstruir el significado y el ejercicio de la ciudadanía política en relación con las mujeres. Estos debates han servido para poner en evidencia los rasgos masculinos que predominan en ese significado y ejercicio —rasgos del varón blanco, heterosexual, propietario y occidental— y que propician la exclusión de las mujeres de diversos espacios, entre los que por supuesto se encuentra la política. Otro de los aportes de estos debates es haber puesto de relieve que la llamada “ciudadanía liberal” es en sí misma un estatus excluyente para los sujetos que no cumplen con las características antes descritas.3 Cada una de las diversas aproximaciones feministas ha elaborado, con premisas propias, múltiples propuestas que buscan posicionar a las mujeres como sujetos políticos —no como objetos—. Estas propuestas parten de una pregunta central: ¿desde dónde debe ser construida y ejercida la ciudadanía de las mujeres? Las respuestas que ha dado el feminismo son, directamente: desde las “especificidades femeninas” —como la experiencia que da el “maternaje” o la creencia de que las mujeres son buenas, comprensibles y honradas por naturaleza (Dietz, 1994)—, desde campos como la diferencia sexual (Butler, 2003 y 2007), los grupos diferenciados (Young, 1996) o la construcción de una democracia radical (Mouffe, 1999). Todas estas respuestas están fundamentadas en la exclusión y la subordinación de las mujeres y de otros grupos etiquetados como vulnerables (indígenas, discapacitados, homosexuales, transexuales, etcétera). Una consecuencia de este enfoque —no la única— es que las investigaciones se han centrado principalmente en reflexionar sobre la hipotética 3

Estos sujetos son mujeres, indígenas, homosexuales, personas con capacidades diferentes, transexuales, etcétera.

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separación que existe entre los espacios público y privado y lo que ésta representa en términos de poder patriarcal, puesto que el patriarcado, con base en esa distinción, ha asignado roles y estereotipos que supuestamente deben asumir mujeres y varones frente al Estado y la sociedad (Pateman, 1996; Lebon y Maier, 2006). Como dice Marcela Lagarde (2006: 31): “Han sido los hombres, sus instituciones y sus intelectuales, dueños de la palabra creadora, quienes han elaborado esa identidad simbólica de las mujeres.” Es esto lo que ha mantenido oprimidas, subordinadas y excluidas a las mujeres y que ha configurado o estipulado el papel que deben representar en un entorno patriarcal y androcéntrico (Valcárcel, 1994; De Barbieri y Oliveira, 1986). Por eso Lagarde (2006: 30) señala: “No es casual que en un inicio las mujeres […] se propusieran metas cuyo paradigma eran los hombres.” Lo anterior es así porque la cultura en la cual estas mujeres fueron educadas es totalmente patriarcal, lo que significa que el paradigma universal y abstracto lo encarnaba la figura del varón. No obstante, esta autora añade, en relación con las contribuciones que el feminismo como corriente teórica ha aportado al estudio de las mujeres y de las relaciones de género: Hoy las mujeres se han propuesto participar en la superación de las alienaciones mediante la aprehensión de sus vidas. La cultura feminista se propone en la actualidad conocer y analizar la especificidad de la mujer como forma histórica de los seres humanos y la diversidad de las mujeres entre sí. De ahí el lugar central que ocupan el pensamiento y la sabiduría de las mujeres en la construcción de nuevas identidades (Lagarde, 2006: 30).

A partir de estas “nuevas identidades”, las mujeres han ido definiendo las formas de concebir los procesos sociales y políticos en los que se encuentran inmersas. Además, cada aportación que ha hecho la teoría feminista ha contribuido a que configuren sus percepciones como ciudadanas, lo que implica que este concepto —el de ciudadanía— sea abor-

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dado desde diferentes posturas. En este caso, sin embargo, partimos de la idea de que la ciudadanía está en constante construcción y de que se ejerce desde las diferentes posiciones de sujeto. Surge entonces la siguiente pregunta, que da fundamento a nuestra investigación: ¿cuáles han sido los aportes de la crítica feminista al concepto liberal de ciudadanía y cómo han utilizado estos argumentos las mujeres que se integran a organizaciones políticas para ejercer su derecho a la participación como parte inseparable de su estatus de ciudadanas? Respecto a esto, teóricas feministas como Maxine Molyneux (1996 y 2001), Elizabeth Jelin (1996a y b) y Virginia Vargas (2008) señalan que para analizar los procesos por los cuales han transitado las mujeres para ser consideradas ciudadanas se debe tener en cuenta el carácter histórico de la noción de ciudadanía, que se ha vuelto complejo y a la vez alienante, ya que en la búsqueda por el reconocimiento de ciertos derechos los sujetos deben asumir los criterios que el Estado o la misma sociedad imponen para su ejercicio. Asimismo, dichas teorías destacan que es necesario reconocer que cada uno de los sujetos está inscrito en una trama de relaciones sociales en las que intervienen factores identitarios como la raza, la nacionalidad, la etnia, el género, el sexo, etcétera, y en las que cada una de las especificidades no pueden reducirse o añadirse a otras, pues cada una de ellas está determinada por un sinfín de subjetividades e intereses construidos y aceptados como prácticas sociales válidas (Vargas, 2008: 187). En relación con esto, Maxine Molyneux dice: […] la comprensión del contexto social y el significado de ciudadanía pueden arrojar luz sobre los diferentes factores —algunos específicos de género, otros no— que han servido para definir qué significa ciudadanía para las mujeres, además de revelar cómo esto varía según la posición social y según otros factores como la edad, la identidad y la etnia (Molyneux, 2001: 7-8).

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Los puntos de convergencia de estos factores permiten vislumbrar en cualquiera de estas identidades —y las exclusiones que les son correlativas— elementos valiosos para repensar la ciudadanía política de las mujeres (Vargas, 2008: 179). En mi opinión, estos elementos pueden agruparse en dos indicadores: a) la(s) identidad(es) y b) las posiciones de sujeto. Ambos indicadores están presentes, en diferentes grados de importancia, en los debates feministas, y en ellos, por su parte, se pueden percibir los múltiples significados que las mujeres les otorgan con base en su experiencia de vida. Desde estos significados se puede avanzar en la deconstrucción del concepto liberal de ciudadanía y quizá replantearse su propia superación. Como dice Chantal Mouffe, citando a Carole Pateman: La ciudadanía es […] una categoría patriarcal: quién es “ciudadano”, qué es lo que hace un ciudadano y cuál es el terreno dentro del cual actúa, son hechos construidos a partir de la imagen del varón. A pesar de que las mujeres ya somos ciudadanas en las democracias liberales, la ciudadanía formal ha sido ganada dentro de una estructura de poder patriarcal donde las tareas y las cualidades de las mujeres todavía están devaluadas (Mouffe, 1999: 115).

Asimismo, añade esta autora que el debatir sobre la ciudadanía de las mujeres nos ha remitido a querer encuadrar sus experiencias en un concepto por demás excluyente, creado bajo una visión androcéntrica y patriarcal en la que las mujeres no tienen cabida. Por ello, continúa, para plantear un argumento sobre la deconstrucción de la ciudadanía es necesario entender que el significado que se le otorgue a esta categoría, así como su ejercicio, dependerá siempre del contexto social (y en general de la sociedad) en que se encuentren los sujetos.4 4

Sobre este punto hay consenso entre Chantal Mouffe, Elizabeth Jelin, Maxine Molyneux y Virginia Vargas.

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Sin embargo, hay otro elemento que se debe tomar en cuenta en el debate sobre el concepto de ciudadanía: los sujetos mismos. Es decir, no se debe perder de vista que los sujetos no mantienen una sola identidad, sino que se mueven y se representan de diferentes formas. No se trata del sujeto como individuo —ideal abstracto de la ciudadanía liberal—, representado al margen de su corporeidad y de las diferencias materiales que afectan el goce de sus derechos. Se trata de múltiples sujetos cuyas posiciones le permiten asignarse diferentes identidades que se construyen a partir de otras. Identidades que, en el caso de las mujeres políticas, son determinantes en sus percepciones acerca de los alcances y significados que tiene su propia ciudadanía. De las autoras mencionadas es quizá Mouffe la que lleva a cabo una mayor aportación al tema de las múltiples identidades del sujeto. En efecto, la autora retoma el debate a partir de la construcción de identidades y en oposición a las ideas esencialistas que entienden al sujeto como “entidad transparente y racional que podría otorgar un significado homogéneo al campo total de la conducta por ser la fuente de la acción” (Mouffe, 1999: 109). Respecto a esto, sostiene que el psicoanálisis, y más recientemente Lacan, por ejemplo, han mostrado al sujeto no sólo como el lugar de la carencia, de la incompletud, sino como la historia de sus identificaciones, por eso dice líneas adelante: “no hay identidad oculta que deba ser rescatada” (idem). De acuerdo con esto: [Hay], por un lado, un movimiento de descentramiento que evita la fijación de un conjunto de posiciones alrededor de un punto preconstituido. Por el otro, y como resultado de esta inestabilidad esencial, se desarrolla un movimiento contrario: la institución de puntos nodales, fijaciones parciales que limitan el flujo del significado por debajo del significante. Pero esta dialéctica de inestabilidad/fijación sólo es posible porque la estabilidad no está dada de antemano, porque ningún centro de subjetividad precede a las identificaciones del sujeto (Mouffe, 1999: 109).

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Dicho de otra manera, esta autora propone pensar al sujeto no como el lugar de una identidad preconstituida, esencial o universal, sino como conjuntos de identidades parciales e inestables, no ancladas a ningún centro de subjetividad u objetivación que anteceda a las identificaciones del sujeto mismo. Es decir, plantea la deconstrucción de las identidades esenciales para poder acceder a una comprensión adecuada de las diversas relaciones sociales, en la cual se han de aplicar los principios de libertad e igualdad. Esta es la clave, dice ella, para entender las diversas formas de dominio o subordinación en las que se pueden ver inmersas no sólo las mujeres como género sino muchas otras relaciones sociales. Por eso propone que para analizar todas las vivencias que se experimentan, éstas deben ser evidenciadas bajo la idea del agente social, como entidad constituida por un conjunto de posiciones de sujeto que nunca están totalmente cerradas en un sistema fijado de diferencias. Esta entidad se construye por una diversidad de discursos, entre los cuales no tiene que haber necesariamente relación, sino movimiento constante de sobredeterminación y desplazamiento. Asimismo, esto hace imposible hablar del agente social como entidad única y homogénea, pues estas posiciones de sujeto, entendidas como la multiplicidad de relaciones sociales, roles o expectativas de conductas, son las que marcan las pautas y comportamientos que deben seguir los distintos grupos o agentes en cuestión, ya que a partir de estas pautas y comportamientos los sujetos viven y significan su ser y hacer como parte de una comunidad (Mouffe, 1999). Ahora bien, esta forma de articulación precaria y contingente es la que destaca que la diferencia sexual no debe ser pertinente en la acepción de todas las relaciones sociales. Aunque hoy la distinción masculino/femenino se reconoce en prácticas, discursos e instituciones —y es pertinente en muchos campos—, ello “no quiere decir que así tenga que seguir siendo, y nos podemos imaginar perfectamente bien la posibilidad de que la diferencia sexual se convierta en algo irrelevante en muchas de las relaciones sociales en que actualmente es relevante” (Mouffe, 1999:

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118). Cabe aclarar que Mouffe no está abogando por la desaparición de la diferencia sexual como distinción pertinente, ni está promoviendo alguna clase de neutralidad entre los géneros. Su propuesta es que: […] en el dominio de lo político, y por lo que toca a la ciudadanía, la diferencia sexual no debe ser una distinción pertinente. […] un proyecto de democracia radical y plural no necesita un modelo de ciudadanía sexualmente diferenciado en el que las tareas específicas de hombres y mujeres sean valoradas con equidad, sino una concepción verdaderamente diferente de qué es ser un ciudadano y de cómo actuar como miembro de una comunidad política democrática (Mouffe, 1999: 118-119).

El nuevo tipo de ciudadanía en el que se piensa tiene que reconocer el valor de los principios políticos de la democracia moderna plural, es decir, libertad e igualdad para todos, y no reducir la diversidad de identidades a una “identidad ciudadana” abstracta. Por el contrario, se tienen que articular los principios provenientes de diferentes posiciones del sujeto como agente social que al mismo tiempo permiten una pluralidad de lealtades y respeto al derecho individual (Mouffe, 1999). Estas posiciones de sujeto afectan o determinan sus acciones en las prácticas sociales, pues la construcción de la ciudadanía y la lucha por su ampliación supone la existencia de un sujeto social y político que se reconoce como perteneciente a una comunidad política particular y, por lo tanto, con derecho a participar en la definición y redefinición de cómo ha de constituirse dicha colectividad, así como también de cuáles son los derechos y las responsabilidades de los agentes sociales que la integran (Jelin, 1996b). Desde este reconocimiento, el sujeto busca reivindicar ciertos derechos que considera le son denegados y emprende una práctica y un discurso que busca desplazar los límites sociales entre los incluidos y los excluidos. Sin embargo, sobre este punto hay que hacer una aclaración importante para el caso de México. El modelo que Mouffe plantea respecto a

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superar la cuestión de la identidad sexual resulta una postura inviable en estos momentos, ya que en la actualidad es precisamente la potencialidad que se le ha dado a la diferencia sexual la que ha permitido a otros grupos —no sólo las mujeres— encausar y exigir sus derechos como parte de una agenda inclusiva5 en la cual la exigencia principal ha sido, precisamente, el reconocimiento de una identidad sexual que rompe y trastoca la identidad heterosexual, así como a las normas que la sustentan como identidad universal. Esto complica más el análisis de la ciudadanía, pues implica dar cuenta de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que configuran los cánones en torno a la definición de los derechos y responsabilidades de las y los ciudadanos, así como también de los actores sociales específicos que pugnan por hacerse parte de dicha definición. En este caso, Elizabeth Jelin señala que el concepto de ciudadanía hace referencia a una práctica conflictiva, vinculada al poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrán decidir en el proceso de definir cuáles son los problemas comunes y cómo éstos serán abordados. Tanto la ciudadanía como los derechos están siempre en proceso de construcción y cambio (Jelin, 1996b). Ciertamente, ésta es la práctica conflictiva que señalaba Mouffe como el “antagonismo” por el que se determina quién detenta el poder y sobre quién se ejerce (el oprimido), lo que va determinando qué tipo de ciudadanía se le otorga a cada sujeto, pero que es un estatus controlado, ya que mientras estos agentes no sean capaces de hacer exigir sus derechos, de realizar prácticas autónomas, deliberativas y participativas, más allá de la ciudadanía formal —en tanto esto último sólo reconoce la existencia de sujetos de derechos protegidos por el Estado—, no tendremos a sujetos políticos activos (Jelin, 1997: 189-212). Por eso el argumento de la autonomía retoma importancia en el proceso de agencia y constitución de una ciudadanía activa, tanto en el 5

En especial a los homosexuales, transgéneros, transexuales, etcétera.

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plano teórico como en el práctico. En efecto, no basta con reconocerse como sujetos de derechos y reivindicarlos, sino que es necesario, sobre todo, hacerse parte del devenir y las formas que adquiere la comunidad política a la que se pertenece. Es decir, implica, además, la idea de responsabilidad, ser capaz de tener una visión independiente, de participar en los asuntos públicos, de formar parte del debate de los temas que afectan la condición ciudadana. Ello se ha de expresar, como señala Virginia Vargas, en distintos niveles. A nivel individual, como participación; a nivel social, como responsabilidad, solidaridad, cooperación en la esfera público-social; a nivel político, como exigencias de fiscalización y rendición de cuentas de lo público-político (Vargas, 2000). Se trata de una ciudadanía que, además de tener presente el interés personal, asume el interés colectivo desde un sentido de justicia y responsabilidad. La ciudadanía es, por lo tanto, un asunto político, y es parte del proceso permanente de construcción desde la sociedad, porque está vinculada estrechamente con la negociación de los intereses presentes en ella. En tanto la incorporación y regulación de tales intereses son materia de luchas en el campo político, participar implica, en primer término, fortalecer las capacidades ciudadanas de debatir, gestionar y fiscalizar la acción pública desde la autonomía; en segundo término, influir y controlar las decisiones públicas con base en derechos y poderes. En este sentido, la construcción y ampliación de una ciudadanía política activa de las mujeres supone la conformación de comunidades de intereses, identidades colectivas y espacios públicos en los que las mujeres puedan desarrollarse como sujetos conscientes de sus derechos y establecer necesidades y demandas que les permitan ampliar el ejercicio de su ciudadanía. En este proceso la autonomía constituye un requisito básico puesto que designa a sujetos con capacidad de apropiación y dirección respecto a la propia vida. Los grados de mayor o menor autonomía están ligados a desarrollos complejos y múltiples, como son la individuación, la construcción de identidades y su agencia (Vargas, 2000).

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Desde la perspectiva de la autonomía, se puede efectuar y sostener de mejor manera una actitud de control y vigilancia al gobierno en el momento de identificar y reconocer el carácter público de los problemas de género y las oportunidades y espacios para elaborar demandas propias. De acuerdo con esta visión, hay que reconocer que existen tantas formas de ciudadanía como interpretaciones de los principios de la democracia puedan darse. Una interpretación democrática radical destacará las numerosas relaciones sociales en las que existen situaciones de dominación que deben ser cuestionadas si se aplican los principios de libertad e igualdad (Mouffe, 1999: 118). Según esto, para reflexionar sobre cómo autodefinen las mujeres dirigentes de secciones femeninas su ciudadanía política, es necesario partir de tres señalamientos: 1) la pertenencia a una comunidad y la existencia de un interés general compartido y negociado desde la diversidad (Molyneux, 2001), 2) la existencia de un espacio de interacción pública en el cual sea posible poner en juego los derechos y responsabilidades, así como procesar las demandas de nuevos derechos para poder ampliar la ciudadanía (Laclau y Mouffe, 1987) y 3) la existencia de sujetos autónomos, conscientes de sus derechos, que participen activamente en la vida social y política (Vargas, 2000). En el próximo apartado se retomarán los sentidos y contenidos a partir de los cuales se define la ciudadanía en las políticas que este estudio analiza. Esto lo llevaremos a cabo principalmente desde dos elementos: la identidad política de los sujetos en cuestión, entendida como el principio articulador que atañe a las distintas posiciones de sujeto y que permite, bajo la aceptación de un lenguaje común basado en el reconocimiento de los principios de libertad e igualdad, respetar la libertad individual y las distintas nociones de bien, perseguidas por los individuos. Por otra parte, relacionaremos las posiciones que juegan en el interior del partido los sujetos políticos para ejercer libremente su ciudadanía.

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2. Mujeres políticas autodefiniendo su ciudadanía La participación de las mujeres en la vida pública trastocó la cotidianidad y algunas pautas culturales de la sociedad, lo que generó nuevas formas de vida familiar, conciencia laboral e identidad política, así como la creación de múltiples redes solidarias. En este sentido, la relación entre feministas (luchadoras sociales, funcionarias y académicas) permitió la aparición de distintas y nuevas formas de concebirse como sujeto político. En efecto, el proceso histórico de la lucha por obtener el reconocimiento de su ciudadanía política (el derecho al voto), así como el acceso a la educación, al trabajo y al uso de anticonceptivos fueron factores que propiciaron que la conciencia ciudadana de muchas mujeres irrumpiera en las grandes urbes con más fuerza, así como que se integraran a distintos espacios de poder: instituciones académicas, de gobierno, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos. Precisamente en los partidos políticos es donde se buscó generar espacios de acción política en los que las mujeres pudiesen plantear proyectos y propuestas con base en una “agenda de las mujeres”. Así se crean —antes, durante y después de la integración de las mujeres como ciudadanas a la política formal— las secciones femeninas, cuyos fines variaban dependiendo de la corriente ideológica de los partidos a los que se adherían, pero que confluían en un interés común: posicionarlas como sujetos políticos, autónomos y conscientes de sus derechos. Cada sección partía de referentes ideológicos diversos; lo que hacía que cada mujer perteneciente a sus filas construyera y definiera su ser y el ejercicio de su ciudadanía desde posturas marxistas, socialistas, liberales, conservadoras, etcétera. Estas posturas fueron y han sido fundamentales en el desarrollo de su participación como sujetos y como colectivo. Las mujeres que han participado a lo largo de la trayectoria de cada sección femenina tienen diversos orígenes y condiciones de clase, etnia, ideología, identidad sexual, religiosa, etcétera; pero todas ellas están en busca de un fin común, a

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saber: el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en la esfera pública. Por esta razón muchas mujeres han logrado colocarse, a partir de su militancia en las secciones femeninas, en algunos puestos en el interior de los partidos e iniciar su trayectoria política como candidatas de elección popular o en puestos directivos. Sin embargo, en la actualidad, el interés sobre la participación de las mujeres en el interior de los partidos políticos ha tomado un rumbo distinto: se ha centrado principalmente en dos puntos: la generación de candidaturas femeninas —mediante el sistema de cuotas de género— y la creación de institutos o instancias de la mujer o de las mujeres dentro de las instituciones públicas, como sería el caso del Instituto Nacional de las Mujeres, tanto a nivel federal como estatal y local, o los Centros de Integración y Atención de las Mujeres en el Distrito Federal. Estos organismos han sido creados en los distintos niveles de gobierno para desarrollar proyectos y programas con perspectiva de género6 y a favor de las mujeres (Cerva, 2006). Estos dos elementos han propiciado que se desvíe la atención de las secciones femeninas y que se pierda de vista el trabajo que se había realizado en el interior de los partidos políticos, en cuanto a la situación y condición de las mujeres, con la consiguiente indiferencia hacia todo este proceso político. Lo más importante es que esto ha frenado el cumplimiento de los señalamientos y compromisos ratificados por las 189 mujeres represen-

6 La perspectiva de género es un término acuñado a partir de la Cuarta Conferencia

Mundial de la Mujer en Beijing (1995). Para el caso de México se entiende como: “[…] una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones” (Inmujeres, 2010: 4).

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tantes de diversos gobiernos en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que tuvo lugar en Beijing en 1995. Ahí se puntualizó que los partidos políticos deberían examinar sus estructuras y procedimientos con el fin de eliminar todas las barreras que discriminen directa o indirectamente la participación de las mujeres, así como considerar la posibilidad de establecer iniciativas que les permitan integrarse plenamente en todas las estructuras internas de adopción de decisiones y en los procesos de nombramiento por designación o elección. Asimismo, se recomendó incorporar las cuestiones de género a su programa político, tomando medidas para lograr que las mujeres pudieran participar en su dirección en condiciones de igualdad con los hombres (Unifem, 1995). Estas recomendaciones obedecieron al hecho de que, de acuerdo con la conferencia, eran los partidos políticos los principales organismos que limitaban el ejercicio pleno de las mujeres como sujetos políticos. Por esta razón se tenían que reformular y plantear nuevas acciones que catapultaran el trabajo y la participación de las mujeres (Unifem, 1995). No obstante, las mujeres que integran las secciones femeninas han seguido desarrollando su trabajo —algunas con tintes conservadores; otras, liberales, pero siempre limitadas en mayor o menor medida por la ideología y disciplina partidaria—. Partiendo de esto, se impone la pregunta: ¿cómo perciben su ciudadanía las titulares de cada sección femenina, según los indicadores antes expuestos: la pertenencia a una comunidad política, la existencia de espacios de interacción públicos y la presencia de sujetos autónomos políticamente activos? Para dar respuesta a este cuestionamiento hemos propuesto a las dirigentes seccionales que centren sus argumentos en torno a tres preguntas: 1) ¿cuáles son los criterios que se toman para elegir a una dirigente de sección femenil? 2) ¿Existe o no una identidad política como militante de un partido? 3) ¿Cómo definen su ciudadanía política desde sus posiciones partidistas?

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2.1. Yo estoy aquí por… Para acceder al puesto de titular de una sección femenina existen diversos procesos: la imposición en el cargo (conocido como dedazo), que la dirigencia suele atribuir al reconocimiento de su trayectoria política en el interior del partido; su preparación académica; negociaciones políticas o, en algunos casos, por ser quienes promueven la creación de estos espacios femeninos (puesto que, de cierta manera, contar con secciones femeninas posiciona a cualquier partido político en la mira del voto de las mujeres). Los puestos pueden ser diversos y dependerán a su vez de las normas que rijan al partido, pero resultan de mucha importancia para las mujeres que son elegidas, pues de este criterio dependerá tanto su trabajo como su percepción, en tanto figuras políticas. El nombramiento se convierte a su vez en una estrategia para negociar y obtener espacios de poder para ciertos grupos políticos. De acuerdo con Lourdes Quiñones Canales,7 titular nacional del Organismo Nacional de Mujeres Priístas, su nombramiento estuvo fundamentado en: Pues yo creo que sería mejor preguntarles a mis compañeras del consejo, quienes fueron las que me propusieron. No es cierto. Yo considero que fue por mi trayectoria en el partido y sobre todo por la lucha que he dado como mujer en el interior del partido, pues me considero una mujer aguerrida,

7

Licenciada en enfermería, ha militado en el pri desde 1973 hasta la fecha. Sus principales cargos han sido: delegada del Movimiento de la Juventud Revolucionaria en los estados de Yucatán, Coahuila y Jalisco, dirigente Nacional del Movimiento Nacional de las Mujeres de la Comisión Nacional de Organizaciones Populares y secretaria de Acción Popular del Consejo Nacional de la Mujer. En el ámbito de la sociedad civil es subsecretaria de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Participación de la Mujer de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y, por último, coordinadora Ejecutiva del Movimiento Nacional de la Mujer de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.

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honesta, capaz y comprometida con el trabajo. Siempre llego primero a las reuniones y soy la última que se va, pues cuando se es titular de una dirección no hay horarios, pues siempre sale algo y una como titular debe dar el ejemplo. Además, ser dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priístas es un honor, pues está en mis manos el destino político de las mujeres priístas y de las mujeres mexicanas.8

En esta misma tesitura, María Elena Pérez de Tejeda9 afirma que ella está en ese lugar: […] porque el presidente [del partido] Germán Martínez Cázares me invitó a participar como secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer. ¿Por qué?, ¡pues tendrías que preguntárselo a él!, pues, yo supongo, porque algún… la persona que encabeza un proyecto con una institución, como es en este caso la del presidente Germán, yo creo que tiene que buscar conformar un equipo y ese equipo tiene que estar formado por hombres y mujeres, y pues tú sabes que para formar un equipo tienes que buscar a alguien en quien confíes, que le veas ciertos talentos, que sepas que te va a ayudar porque es un brazo más del equipo, entonces yo buscaría algo así para armar un equipo, y soy una pieza más del equipo. Entonces, pero yo no puedo contestarte por qué creo que él me eligió.10

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Entrevista realizada a Lourdes Quiñones Canales en la sede del Organismo Nacional de Mujeres Priístas en enero de 2008. 9 Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Anáhuac del Norte. Su trayectoria en el pan inició desde 1999 dentro de Acción Juvenil; a partir de ahí ha desempeñado los cargos de coordinadora de Cultura, colaboradora en la Secretaría de Capacitación en el Comité Directivo Estatal del Estado de México y participante en la Secretaría de Promoción Política de la Mujer en el Estado de México. Fue coordinadora de la Red de Mujeres de Calderón, desde su campaña presidencial hasta su nombramiento como presidente de la República. Es diputada estatal por el Estado de México. 10 Entrevista realizada a María Elena Pérez de Tejeda en las instalaciones de Acción Nacional en marzo de 2008.

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Como es claro, a estas mujeres se les hace complicado señalar cuál fue el motivo de su nombramiento. Aluden a virtudes personales como la honradez, la confianza y, por último, al criterio que el órgano colegiado del Organismo Nacional de Mujeres Priístas y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (pan) tuvieron, respectivamente, para su designación. No obstante, estas mujeres no aciertan a expresar de manera puntual cuál fue el motivo por el que fueron elegidas. Lo mismo sucede con la titular de la Secretaría de Equidad de Género del Partido de la Revolución Democrática (prd).11 Sin embargo, la titular de la Coordinación Nacional de Mujeres en Convergencia12 afirma que su elección fue por su trayectoria académica, laboral y política, es decir, por su militancia en el partido, lo que en palabras de Mouffe sería la pertenencia a una comunidad política: Bueno, yo creo que, primeramente, por la trayectoria anterior que traigo de trabajo. Desde que salí de la universidad he trabajado en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación […] y la Universidad Autónoma de Veracruz, lo que me permitió tener contacto con diferentes personas en los niveles de gobierno estatal, municipal, los presidentes de la República. […] en 1995 recibí una invitación para ser asesora del presidente municipal de Veracruz, donde el trabajo y la trayectoria que traía me permitió ayudarle a estructurar todo lo que era su área de la presidencia municipal. [A partir] de ahí decidí afiliarme al partido; me gustaron mucho los estatutos de Convergencia, los principios, el programa de acción y todo lo que tiene. Me 11 Otilia Galindo García fue regidora del municipio de Zacatepec,

Oaxaca, en el distrito de Putla de Guerrero; después fue diputada estatal, candidata a diputada federal y secretaria nacional de Equidad y Género del prd. 12 María del Carmen Salvatori Bronca es licenciada en Derecho. Fue candidata a diputada federal por Veracruz, por el distrito de Boca del Río, que comprende siete municipios. En 2004 fue electa en el estado en Veracruz como coordinadora estatal de mujeres del Partido Convergencia. En 2005 fue nombrada coordinadora nacional de mujeres.

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nombran titular de la Coordinadora Estatal de Mujeres de Convergencia y, con todo el trabajo que hice, me llega la propuesta por parte del Comité Ejecutivo Nacional para ser la dirigente a nivel nacional. Es mi trayectoria la que me permitió acceder a este puesto.13

Conocer a estas mujeres en aspectos de su vida relacionados con su formación académica y política, así como con los criterios por los que fueron nombradas en su cargo, nos permite hacer un primer acercamiento a la posición que juegan en el interior de sus partidos. Así, podemos decir que, en los casos de la panista, la perredista y la de Convergencia, su trayectoria política es muy corta; el reconocimiento que se les da es prácticamente personal, pues son las dirigencias de sus partidos las que determinaron a quién poner. Sin embargo, esto no pasa en el Organismo Nacional de Mujeres Priístas puesto que el Partido Revolucionario Institucional (pri) cuenta con una Asamblea Nacional Ordinaria —conformada por todos los sectores que integran el partido—, en la cual el escrutinio para la selección de la presidenta tendrá que pasar forzosamente por cada secretaría femenina de estos sectores, lo que implica una mayor negociación y gestión con los grupos, así como una evaluación de su trayectoria en el mismo partido. Esto determina, a su vez, la manera en que el espacio de interacción pública retoma importancia en el nombramiento de las dirigentes. Pero aun con esto, es evidente que para estas mujeres resulta difícil asumirse y reconocer sus capacidades como sujetos políticos. En la respuesta de Lourdes Quiñones se puede apreciar que ella no se siente parte de la comunidad política en la que participa. Esta ajenidad propicia que su argumento no se articule de manera concreta. De esta manera, el mayor obstáculo de las mujeres en la construcción de su ciudadanía política es que muchas de ellas no se perciben a sí mis13

Entrevista realizada a María del Carmen Salvatori Bronca en las instalaciones del Partido Convergencia el 13 de noviembre de 2007.

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mas como sujetos de derechos. Esta situación repercute en la visión que tienen de sí mismas como ciudadanas. La filósofa Celia Amorós explica esta situación como una “falta de habilidades y entrenamiento de las mujeres para el ejercicio del poder y de la ciudadanía”, condición que se sitúa en un tipo de socialización no política en sus orígenes. Tal limitación está directamente asociada con carencias en los procesos de individuación de las mujeres y, por lo tanto, en los de diferenciación de éstas como personas distintas entre sí. Estos procesos están en la base del ejercicio real de la ciudadanía en las sociedades modernas (Amorós, 1995). Ahora bien, ¿qué sucederá si en el proceso de definirse ciudadanas impera la identidad partidista? ¿Será ésta la diferencia que determine la manera en que se asumen como mujeres políticas y ciudadanas? Iniciaremos con la reflexión acerca de si existe o no una identidad política partidista; después confrontaremos la respuesta a este planteamiento con la percepción de su ciudadanía. 2.2. Las mujeres somos… En la reflexión y el debate sobre la existencia de una identidad de las mujeres en la política, debemos remitirnos al señalamiento que hace Marta Lamas en relación con que las mujeres promueven, como parte de su identidad, un discurso político todavía cercano al esencialismo. Dice esta autora, a manera de síntesis y apuntando directamente al problema: “las mujeres somos, las mujeres queremos” (Lamas, 2000). Es decir, al tratar de definir una identidad política como colectivo, las mujeres se encuentran ante una conciencia dividida. Por un lado, siguen cargando con un sentimiento de daño y victimización y, por el otro, buscan construirse a partir de una potenciación y crecimiento personal. Estos cuestionamientos, según la autora, han limitado la creación de dicha identidad; por lo tanto, es necesario cuestionar la idea de una identidad única, que supuestamente tiene la característica de que dota de sentido.

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Lamas subraya la simultaneidad de distintas construcciones de identidad. La lucha contra las formas excluyentes de la reivindicación identitaria requiere otra forma de identificación, fiel al pluralismo y a los valores democráticos. Es decir, si vamos a discutir la existencia de una identidad política debemos considerar, en primer lugar, que los sujetos están inmersos en un proceso constante de alienación de identidades, pues buscan ante todo el sentido de pertenencia a un lugar, por eso están siempre en una constante búsqueda de autodefinición. Sin embargo, este proceso no se da al margen de las diferentes relaciones de poder y dominio que controlan el proceso de autodefinición, su apropiación o resignificación según los intereses del que domina (Vargas, 2008). Así, para el caso de las mujeres que están al frente de las secciones femeninas de los partidos, ¿cuál es el rasgo identitario que las distingue de las demás mujeres que no forman parte de su partido? ¿Qué características y modos de actuar las hacen distintas a las demás? Es decir, ¿existe una identidad panista, perredista, priísta o convergente? De acuerdo con María Elena Pérez de Tejeda: Las mujeres panistas hemos sido grandes constructoras de la democracia de este país. Cuando Acción Nacional se forma, en 1939, inmediatamente se forma una sección femenina. […] fue el primer partido en tener una sección femenina como tal, de trabajo de mujeres en su partido. Entonces esa identidad nos ayudó en diferentes sentidos […]. La primera mujer que acompaña a su esposo en una candidatura a la Presidencia de la República es una mujer del pan […] esto le cambia la perspectiva hacia la ciudadanía […] nosotras no necesitamos de hacer escándalos, de sentirnos menos o de tomar posturas que… que no van con nosotras, para buscar que las mujeres sean representadas, ¿no? Decidimos luchar silenciosamente y en algunos casos con mucho ímpetu […] Entonces, yo creo que somos las grandes constructoras de la democracia. Quizá nos falta cacaraquear más ese…, ese…, ese huevo, permíteme decirlo así. Pero las mujeres panistas hemos

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atravesado muchas cosas y hemos dado la lucha bien fuerte […] Cuando…, cuando a una mujer panista le dices vamos, ¡va!; yo sí creo que hemos participado de manera muy importante. También estoy convencida de que las mujeres panistas […] logran la empatía con la mujer mexicana (entrevista a María Elena Pérez de Tejeda).

Para el Organismo Nacional de Mujeres Priístas, la identidad priísta está basada en “[su] tenacidad, capacidad, entrega y espíritu revolucionario, porque no sabemos rendirnos y por eso no abandonamos ni nuestras causas ni los más nobles anhelos del pueblo de México” (entrevista a Lourdes Quiñones Canales). Otilia Galindo no comparte la misma idea, pues señala: Para mí la identidad de las mujeres perredistas está más allá de cuestiones honoris causa. Ser perredista implica reconocer que somos mujeres diversas, que luchamos y exigimos el respeto a nuestra vida, a la libertad, a la protección de nuestra salud y a la libertad de la mujer sobre su cuerpo; al derecho a la igualdad de género, a la no discriminación, a vivir libremente nuestra sexualidad. Ser una mujer perredista implica compromiso para con nosotras y las demás mujeres. Implica comprometerse en la transformación de la sociedad y su cultura, luchando desde distintos espacios (entrevista a Otilia Galindo García).

Para la titular de la Coordinación Nacional de Mujeres en Convergencia, las características que las distinguen consisten en que: […] somos mujeres valientes, decididas. No es fácil estar en un partido político emergente. Normalmente, los recursos […] por supuesto que nada que ver con los partidos mayoritarios; entonces, no hay recursos suficientes, hay que hacer un trabajo real, hay que hacer un trabajo de campo, hay que hacer un trabajo de disciplina y, comparativamente con los partidos mayo-

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ritarios, pues es un trabajo real, un trabajo que, si es uno candidata, uno tiene que trabajar día y noche para una candidatura, un espacio político fuerte como es una diputación federal o una diputación local. Entonces, son condiciones adversas pero que finalmente si uno lo logra son condiciones de éxito que logramos las mujeres en Convergencia (entrevista a María del Carmen Salvatori Bronca).

Las identidades a las que hacen alusión cada una de las dirigentes pueden ser enmarcadas en dos categorías: las que se reconocen bajo una identidad esencialista —en mayor o menor medida— y las que lo hacen como una cuestión ético-política.14 De acuerdo con Marcela Lagarde, la ciudadanía de las mujeres se constuye desde lo que han experimentado, ya que la mayor parte de su vida transcurre en el ámbito de lo privado. Recluidas en la casa familiar, en las iglesias o en las casas de recogimiento o mancebía, las mujeres han sido educadas en la cultura del silencio. Para ellas no había término medio. Su conducta sólo podía fluctuar entre la exaltación virginal y el menoscabo; entre la abnegación o el pecado (Lagarde, 2006). Sin embargo, en el campo de la política estas características han encontrado eco en el caso de las mujeres panistas, pues ellas las enarbolan como base de su identidad, a juzgar por lo que dice Pérez de Tejeda. En efecto, la dirigente de la sección femenina del pan —en dirección opuesta a la crítica de Mouffe— considera que es precisamente esto lo que coloca a las panistas más cerca de la realidad de las mujeres mexicanas. Dice: Nosotras vamos a buscar que la mujer salga, que… deje de ser el grupo más pobre de los pobres —siguen siendo las mujeres indígenas las más po14

Respecto a esto, Chantal Mouffe señala que es la identidad de la cual se debe partir para resignificar la ciudadanía plena, pues cuando los sujetos, desde sus diferencias, llegan a confluir en intereses comunes que no impliquen antagonismo, se da paso a un compromiso social.

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bres—, que las niñas […] dejen de tener hijos a los 13 años —ése es un problema muy fuerte—, que las mujeres dejen de morir por cáncer de mama, que tengan más salud; y creó que estamos más conectadas a lo que la mujer realmente necesita (entrevista a María Elena Pérez de Tejeda).

Con esta visión de la realidad, las panistas buscan llegar a las subjetividades de las mujeres que se dan por aludidas con la identidad de madre-esposa abnegada, entregada, sacrificada. Asimismo, con esta oferta política las panistas se posicionan en el imaginario colectivo como las candidatas ideales para ejercer un puesto político, pues su desprendimiento y sentido de servicio no se contraponen con las normas que el patriarcado les asigna; al contrario, su trabajo refuerza o reafirma su papel como cuidadoras de otros, lo que en los hechos constituye una extensión del ámbito privado (doméstico) en el público. En lo que respecta a las dirigentes tanto del Organismo Nacional de Mujeres Priístas como de Convergencia de Mujeres, ambas basan una parte de su identidad en algunas características ya mencionadas por la dirigente panista: la honradez, el compromiso, la disciplina, el arrojo. No obstante, aluden a su tenacidad como gestoras y a su compromiso político con el país. Señalan que el suyo es un trabajo doble o hasta triple, pues debido a la cultura misógina que impera en los partidos políticos su labor siempre está en constante necesidad de afirmación. Por esa razón un triunfo, por pequeño que sea, es para ellas un gran logro. Esto es así “porque se les niega, en tanto que mujeres, un derecho que la ideología democrática reconoce en principio a todo ciudadano” (Laclau y Mouffe, 1987: 261), a saber, la igualdad en el ejercicio de la participación política. Dicho de manera directa: se les niega mediante prácticas y discursos su papel como sujetos de derecho. La dirigente de la Secretaría de Equidad de Género del prd plantea el tema de la identidad perredista de las mujeres desde una postura ético-política, pues la enmarca en el reconocimiento de la autonomía de los

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sujetos, en la cual se reconocen las diferencias, la apropiación del cuerpo y las identidades, en un marco de ejercicio constante de los derechos. En palabras de Laclau y Mouffe: “renuncia a la categoría de sujeto como entidad unitaria, transparente y saturada, abre el camino al reconocimiento de la especificidad de los antagonismos constituidos a partir de diferentes posiciones de sujeto y, de tal modo, a la posible profundización de una concepción pluralista y democrática” (Laclau y Mouffe, 1987: 10). A partir de las declaraciones de las dirigentes seccionales, se puede identificar la “lógica de autonomía” que señala Vargas. Con base en esta noción, es posible establecer que cada una de las posturas asumidas por estas cuatro mujeres mantiene su especificidad, aunque depende de los espacios políticos en los que cada una de ellas se constituye (Laclau y Mouffe, 1987: 261). Debido a que estos espacios políticos se definen en función de compromisos partidistas, la realidad política de las mujeres —en lo que concierne a la manera en que éstas articulan una noción de ciudadanía— es captada asimismo desde diversas perspectivas ideológicas. Aunque las mujeres se reconozcan como diferentes y otorguen a su identidad un significado, sea con base en un aparente esencialismo o en un compromiso ético-político, en los hechos siguen compartiendo —si bien con matices— un triple “cautiverio”: exclusión, subordinación y opresión como sujetos políticos.15 En palabras de Marcela Lagarde: “[…] las mujeres comparten como género la misma condición histórica, pero difieren en cuanto a sus situaciones de vida y en los grados y niveles de opresión” (Lagarde, 2006: 34), ya que su cautiverio se sustenta en la negación de su autonomía, de la apropiación de sí mismas, de la posibilidad de escoger y decidir sobre los hechos fundamentales de su vida y, sobre todo, en su reconocimiento como sujetos diferenciados. 15

Marcela Lagarde concibe el cautiverio como la “síntesis del hecho cultural que define el estado de las mujeres en el mundo patriarcal. El cautiverio define políticamente a las mujeres; se concreta con la relación específica de las mujeres en el poder y se caracteriza por la privación de la libertad, por la opresión” (Lagarde, 2006: 36).

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Según lo expuesto, podemos decir que la identidad política asumida por estas mujeres se articula con la vida subjetiva de cada una de ellas y a partir de esta articulación le otorgan un significado a su ciudadanía. Esta ciudadanía es referida a una cuestión de responsabilidad antes que a un derecho, ya que el sistema de pertenencia que les impone su comunidad política se entrelaza con sus propios temores y aspiraciones. Todo esto se expresa con claridad cuando las respuestas de estas mujeres dejan ver una concepción de su ejercicio político como una dádiva o un favor otorgado desde los poderes externos, lo cual se presenta indudablemente como parte de las barreras reales e imaginarias que los sujetos viven y perciben en relación con su ciudadanía política (Vargas, 2008: 175). Así, la identidad se revela, efectivamente, como el resultado de una multitud de interacciones que tienen lugar dentro de un espacio cuyo contorno no está claramente definido y que puede determinar, en ciertos grados, que cada dirigente defina su ciudadanía política desde su particular posición ideológica. 2.3. La ciudadanía de las mujeres: un concepto para abordar desde la diversidad Analizar la ciudadanía de las mujeres significa que la política, como un campo específico de problemas, sea cuestionada en las normas y estructuras que determinan quién es o no ciudadano, tanto en términos jurídicos como políticos, desde los diversos procesos históricos. Así, estudiar la noción de ciudadanía desde la perspectiva genérica “nos exige ver no sólo cómo ha estado involucrada la intervención de las mujeres en la definición de esa meta, sino también cómo ha cambiado con el tiempo su significado y el de los derechos con los que se asocia” (Molyneux, 2001: 13). Para el caso que aquí abordamos, la reflexión se centra en cómo estas mujeres entienden su ciudadanía desde su identidad partidista y su posición como dirigentes de secciones femeninas.

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La titular de la Secretaría de Promoción Política de las Mujeres del pan señala que para ella: […] la ciudadanía tiene un contenido mucho más amplio que el derecho a votar y ser votado. Ser ciudadana en México implica un amplio espectro de participación en la esfera de la vida pública; consiste en ser responsable del buen funcionamiento de las instituciones que amparan los derechos de la gente que pertenece a nuestro país. Por eso la responsabilidad política que las mujeres tenemos como ciudadanas radica en fortalecer desde la familia y las instituciones públicas los principios y valores que dan paso a una sociedad más justa (entrevista a María Elena Pérez de Tejeda).

Es evidente que Pérez de Tejeda comparte los postulados de la doctrina que Manuel Gómez Morín instituyó en Acción Nacional. De acuerdo con esos principios, la ciudadanía tenía que ser una “tarea individual de renovación al mismo tiempo que una empresa colectiva de ordenación de fuerza social y de creación de los instrumentos para que esa fuerza se exprese y se haga valer” (Loaeza, 1999). Esta relación con la comunidad ha llevado a Pérez de Tejeda a ejercer su ciudadanía a través de una serie de mecanismos que tradicionalmente han estado más vinculados con la política informal que con la democracia participativa. Estos mecanismos se concretan en demandas de servicios que afectan la vida cotidiana de las mujeres: agua, alumbrado, transporte público, seguridad, etcétera. No obstante, mediante estos vínculos con la comunidad también se refuerzan algunas posiciones que juega como sujeto: la de madre de familia, portadora de valores, etcétera. Estos puntos los entrelaza con su papel de funcionaria pública, pues, como ella misma señala, no sólo es dirigente de la Secretaría de Promoción Política de las Mujeres del pan, sino que a su vez es diputada local en el Estado de México, lugar en el que se ha labrado una imagen de mujer trabajadora, madre entregada y, en el interior de su partido, mujer política. Así, expresa que para ella:

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El ejercicio de la ciudadanía desde las mujeres no debe limitarse a la emisión del voto. Indiscutiblemente, éste es el primer paso para ejercerla, pero no su límite. Ejercer la ciudadanía, ya lo mencionamos antes, implica un amplio espectro de participación en la esfera de la vida pública. Un reto para potenciar la plena participación de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los procesos de adopción de decisiones. Para ello tenemos que aplicar una serie de mecanismos que aceleren la toma de conciencia de todas las mujeres sobre lo que significa el ejercicio de la ciudadanía (entrevista a María Elena Pérez de Tejeda).

Es decir, esta mujer ve la ciudadanía como una obligación, que debe estar encaminada a resolver las necesidades e inequidades que se viven en la sociedad, principalmente desde las mujeres. La definición que da María Elena Pérez de Tejeda insiste en cuestiones de elección y en el reconocimiento de sus derechos, pero no logra describir cuáles son los elementos que dan sentido a su ciudadanía. Asimismo, esta idea va más encaminada a una cuestión de obligaciones que a la posición que la sociedad le determina en cuanto mujer. Es precisamente este punto el que la posicionó como dirigente seccional, pues cumple con los principios doctrinarios del partido. Como Laclau y Mouffe señalan: “el partido no representa a un agente en concreto sino a sus intereses históricos y […], por lo tanto, aquí no hay ficción alguna, ya que el mismo discurso constituye, y en el mismo plano, al representante y representado” (Laclau y Mouffe, 1987: 204). Desde este planteamiento, cobra sentido el hecho de que, como se dijo líneas arriba, las mujeres se sumaron al pan como “madres, esposas e hijas”, movidas por la consigna de que su labor se centraría precisamente en reivindicar los valores de la familia, del buen trato y del cuidado, así como el acompañamiento y el apoyo incondicional a sus esposos durante las campañas proselitistas, etcétera. Esto se expresaría en el terreno político como una proyección del seno familiar en la comunidad. Para Pérez de Tejeda, esta posición partidista no se contrapone

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con su trabajo como mujer política, pues, como ella asume, es por estas razones que las panistas logran identificarse con “la mujer mexicana”, entendida desde la idea de mujer enarbolada por el patriarcado. Por su parte, Lourdes Quiñones Canales expresa que ser ciudadana: […] antes que nada es mi derecho, el cual fue reconocido en 1953 por el entonces presidente Ruiz Cortines. Para mí ser ciudadana implica un gran proceso de autorreflexión, tanto personal como político, pues a pesar de que en la mayoría de los casos se piense en la ciudadanía como una cuestión de índole electorera, no es así. Ser ciudadana conlleva asumirse como parte de una sociedad en la cual tenemos tanto derechos como obligaciones. Sobre todo si se es una mujer con cargo público, pues en este caso se nos vienen encima todas las miradas de la sociedad, lo que implica una gran responsabilidad de trabajar con honradez, con fuerza, con ética y con transparencia en nuestro cargo. Pero sobre todo, de vigilar que los derechos de todas las mujeres y hombres se respeten (entrevista a Lourdes Quiñones Canales).

Los elementos que subyacen en la definición de la dirigente priísta están relacionados con su reconocimiento como sujeto tanto en lo individual como en lo colectivo. Para ella, su ciudadanía implica una responsabilidad que le exige ser, cada vez más, una mujer coherente con sus principios y con su partido, pero sobre todo con su compromiso hacia las mujeres. En su desarrollo como política se cruzan dos tipos de posiciones: su vida personal y profesional. Para ella, ambas deben ser coherentes con sus principios y con los valores individuales y los de su partido. Nuevamente destaca en su formulación la idea del cuidado, elemento que se asigna a la identidad femenina desde el discurso androcéntrico. No obstante, existe una diferencia con las panistas: mientras que para éstas la decisión de sumarse al partido se constituyó a partir de una necesidad de proyectar el ámbito doméstico en el conjunto de la comuni-

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dad, las militantes priístas lo hicieron desde posiciones diversas como ser madres, profesionistas, estudiantes, feministas, etcétera. Esto resulta determinante en la forma de autodefinirse como mujeres políticas, pues, a decir de Quiñones Canales, las mujeres del pri son aguerridas, identificadas con las luchas de clase. Otilia Galindo García expresa una idea semejante. Para las mujeres perredistas, según nos dice, ser ciudadana: Implica que el Estado, como la sociedad, reconozca en las mujeres su autonomía y libre participación en todos los espacios públicos y privados. Pues, si somos la mitad de la población, tenemos derecho a votar y ser votadas en la misma proporción. Desde los cargos en los partidos y agrupaciones políticas, hasta los cargos de representación popular, pasando por los espacios de toma de decisiones en el gobierno. Ser ciudadana […] implica encontrar nuevas formas de participación política, buscar una forma diferente del ejercicio del poder unipersonal, donde se puedan construir liderazgos colectivos que permitan un crecimiento personal más rápido y más igualitario (entrevista a Otilia Galindo García).

La definición que aporta Galindo García habla de una ciudadanía vista desde lo personal. Se trata de la responsabilidad de transformar las prácticas políticas y sus relaciones de poder para que surjan nuevos liderazgos que permitan enfocar de manera distinta la política. Lo importante de su aportación radica en que trae a la luz dos elementos en los que se debe reflexionar y que son necesarios para llevar a cabo un replanteamiento de la noción de ciudadanía. El primer elemento tiene que ver con las instituciones que regulan y norman a las sociedades tanto en lo público como en lo privado, y que son fundamentales en el reconocimiento y garantía de que las mujeres puedan practicar o no una ciudadanía activa. El segundo es la distribución inequitativa del poder en todas las esferas de la sociedad. Con base en estos elementos puestos de relieve,

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se puede urdir el necesario replanteamiento de la noción de ciudadanía. De no hacer esto, el peso del Estado y de las instituciones que conforman y validan el sistema patriarcal, y señalan quién o quiénes tienen derecho a ser reconocidos o reconocidas con el estatus de ciudadanos, hará que el trabajo de las mujeres como sujetos políticos sea subordinado e invisibilizado cada vez más. Así se explica que para Otilia Galindo replantear el ejercicio de la política y del poder se vuelva un campo de lucha por el reconocimiento a su labor desde lo personal. En sintonía con la formulación de la perredista, María del Carmen Salvatori Bronca puntualiza que: Las mujeres, en nuestra lucha como ciudadanas, hemos demostrado que somos dignas de tener un espacio en cualquier gobierno federal, estatal y municipal. Hemos dado buenos resultados, principalmente de honradez, disciplina, entrega, constancia. Como ciudadanas tenemos derecho a ingresar o no a cualquier corriente política o instituciones, y ese derecho no debe ser limitado por nada ni nadie. Pero así como tenemos derechos tenemos obligaciones, y es quizá en este punto donde el ser ciudadano se destaque más, pues nuestro compromiso —al menos como mujeres—, es participar en todo lo relacionado con nuestro país; implica servir, conjuntar esfuerzos; es defender y dar todo por nuestros principios y creencias políticas, fuera o dentro de la política, desde cualquier lugar, como madres, hermanas, estudiantes, luchadoras sociales, feministas, pero siempre reafirmando nuestro papel como mujeres políticas (entrevista a María del Carmen Salvatori Bronca).

Quizá esta definición es, de todas las mencionadas, la que más explícitamente pone de relieve un aspecto poco abordado en la concepción de la ciudadanía liberal. En efecto, mientras las otras tres formulaciones siguen visualizando la ciudadanía desde el plano formal (el acceso a la participación), en la de Salvatori Bronca se mencionan el reconocimien-

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to del sujeto —como autonomía— y la(s) identidad(es) y posiciones de sujeto. Por un lado, su definición se engasta en un discurso esencialista en el que “ser mujer” implica enaltecer supuestas características femeninas como la honradez, la disciplina, la entrega, etcétera, pero a su vez apunta a las posiciones de sujeto cuando menciona que la lucha por el ejercicio de la ciudadanía puede darse como madres, hermanas, estudiantes, feministas, etcétera. Lo importante en este caso es la lucha por un principio ético-político, el cual implica el reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos. Para Salvatori pensarse y vivir la ciudadanía debe implicar una coherencia entre lo formal y lo real, debe ser un proceso de exigencia y a la vez de obligaciones para todos los sujetos que viven en una determinada sociedad. Es evidente —independientemente de las corrientes políticas a las que pertenezcan— que las definiciones de ciudadanía que estas mujeres ofrecen siguen enmarcadas por su papel genérico. Aunque algunas parecen salirse un poco del concepto tradicional, la ciudadanía política sigue siendo para ellas sólo el otorgamiento y el ejercicio de derechos que permiten a mujeres y hombres incursionar en la política de manera igualitaria (aunque esto sólo sea en lo retórico). El ejercicio de ciudadanía se presenta en el caso de estas mujeres como un proceso de constante lucha y autoafirmación de su supuesta labor como mujeres. La constitución de identidades femeninas desde lo político, o su construcción como sujetos políticos, es un proceso difícil para las mujeres. En el contexto del característico machismo en el que están insertas, muchas iniciaron su camino en el campo político precisamente politizando sus roles tradicionales de madres, esposas o hijas. Este factor no puede desligarse de su acción política, por eso su participación política y su concepción de ciudadanía está fundamentada en este tipo de posiciones que juegan a lo largo de su vida.

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Conclusiones Definir la ciudadanía desde una postura político-partidista no es una labor fácil puesto que se entrecruzan diversos elementos, que van desde lo concreto hasta lo subjetivo: principios doctrinarios de los partidos, postulados personales que cada sujeto tiene de su propio ser, las normas y disciplinas que impone la comunidad política a la que se pertenece y el espacio donde se labora. Todos estos factores determinan a su vez, por muy diversos cauces, la manera en que las dirigentes de secciones femeninas dan cuenta de su ciudadanía. No obstante, el análisis que hemos llevado a cabo, con todo y no ser exhaustivo, nos permite observar la forma en que diferentes sectores de mujeres se han ido construyendo como actores sociales que se reconocen como sujetos de derechos —individuales y colectivos—, a la par que han desarrollado una multiplicidad de prácticas e identidades. Con ello, los derechos reivindicados se han ido modificando tanto en sus contenidos como en la forma de ejercerlos, ya que los distintos sujetos que buscan ser agentes de su ciudadanía están relacionados con transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas mayores a su entorno. El peso de una identidad partidista, aunado a la construcción que estas mujeres hacen de su identidad ciudadana desde sus distintas posiciones de sujeto, puede o no generar conflictos ético-políticos en su práctica política, pero, en todo caso, ha creado en ellas una conceptualización paradójica de su ciudadanía: por una parte, parecen sentir que tienen el control de su práctica política; por la otra, parecen estar siempre en constante necesidad de autoafirmación, como si quisieran mostrarle a los varones que están ahí por su esfuerzo. Por eso las secciones femeninas tienen una gran importancia en su labor, pues mediante éstas las mujeres militantes de los partidos pueden comenzar a hacer camino en la política, en virtud de que dentro de las funciones que se les asignan, independientemente del partido, está la de

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capacitar y apoyar a las mujeres en su desarrollo personal y profesional, reforzando su formación con el conocimiento de sus derechos no sólo políticos sino sociales, culturales, sexuales, etcétera —cada uno abordado desde los postulados doctrinales de cada partido—; aun con estos sesgos, su finalidad es generar en las mujeres un autorreconocimiento como sujetos sociales y políticos. Estos derechos están ligados en su mayoría a cuestiones femeninas identitarias (esencialistas) y corporales, trazadas por su subordinación genérica, según se ve desde una perspectiva patriarcal. La búsqueda del reconocimiento de su ciudadanía política tanto como sujetos como colectivo se ha centrado principalmente en desempeñar actividades que son supuestamente de índole femenina (secretarias, administradoras, coordinadoras de organismos de asistencia social, cuestiones de derechos humanos, actividades relacionadas con la comunidad, etcétera) y que a lo largo del tiempo se han mantenido vigentes —aunque en un menor nivel gracias a las grandes contribuciones que investigadoras feministas y no feministas han realizado a la participación de las mujeres en la historia—. Con esto se ha logrado visibilizar los papeles que las mujeres han desempeñado tanto en la revolución como en los movimientos sociales y políticos, así como también en la administración pública en los tres niveles de gobierno. Esta participación, no está de más decirlo, va más allá del papel de enfermeras, cocineras, cuidadoras, etcétera, pues muestra su actuar como soldaderas, informadoras, escribanas, directoras de revistas y periódicos, así como de dirigentes de grupos políticos y partícipes de secciones femeninas. Sin embargo, incluso con todas estas contribuciones, en la práctica su papel como actrices políticas y sociales dista mucho del estatus de ciudadanía plena que plantea Mouffe. El respeto y reconocimiento de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales, sexuales y humanos en la esfera formal e informal no son congruentes unos con los otros, pues el ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres es aún un de-

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recho controlado por una cultura misógina y patriarcal. En nuestro país convergen múltiples ideologías y posturas socioeconómicas, políticas y culturales que se han convertido en el lastre de las mujeres en el momento de participar como sujetos políticos. Por eso la lucha por resignificar y ejercer la ciudadanía para las mujeres implica, ante todo, cuestionar y replantear los elementos que limitan en mayor o menor medida el acceso al ejercicio de la ciudadanía, en especial a la participación política, espacio donde se toman principalmente las decisiones que imperan en el orden social y desde donde se puede comenzar a trastocar los pilares de las instituciones que mantienen al patriarcado como sistema de dominación. Así que la ciudadanía radical que Mouffe señala como ideal no se adecua al caso de estas mujeres, pues su subordinación está basada precisamente en su identidad sexual y de género, por eso es necesario que las mujeres busquen posicionarse en la vida pública y política del país. Ellas han transformado la identidad que el patriarcado les ha asignado mediante un mecanismo de lucha y estrategia política. Para concluir, considero que es necesario estudiar cómo surgió en el contexto mexicano el concepto que las mujeres tienen de su ciudadanía, no sólo desde sus bases jurídicas sino desde las subjetividades, identidades y posiciones de los sujetos que estuvieron, están y estarán en el proceso de (de)construir la ciudadanía en nuestro país.

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Entrevistas María Elena Pérez de Tejeda, directora de la Secretaría de Promoción Política de las Mujeres (pan), marzo de 2008. Lourdes Quiñones Canales, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (pri), enero de 2008. Otilia Galindo García, titular de la Secretaría de Equidad y Género (prd), julio de 2008. María del Carmen Salvatori Bronca, presidenta de la Coordinación Nacional de Mujeres en Convergencia (Partido Convergencia), noviembre de 2007.

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EVALUAR LA CIUDADANÍA: IMPACTO DEL SISTEMA ELECTORAL EN LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO ESTUDIO DE CINCO LEGISLATURAS EN EL ESTADO DE MÉXICO (1996-2009)*

Silvia García Fajardo** Introducción En México, el año 1953 representó un avance significativo en la participación política de las mujeres: se incluyó en la Constitución política el derecho a elegir y ser electas, es decir, votar en las elecciones y ser candidatas a cargos de representación popular en el ámbito federal.1 No obstante, en las últimas décadas la escasa presencia de las mujeres en los cargos de elección popular refleja que el ejercicio de su ciudadanía aún está diferenciado, inacabado. En la práctica, existe un amplio abismo o brecha, en relación con la perspectiva de género, para ejercer derechos ciudadanos como votar y ser postulados por los partidos políticos en los cargos de elección popular. Entre los factores que provocan las diferencias están el diseño androcéntrico del sistema electoral —construido desde la visión masculina que, con ciertos límites, promueve la inclusión de las * El presente artículo es una ampliación al capítulo 2 de la investigación “¿Iguales pero diferentes? La participación política de las mujeres en el ámbito parlamentario a partir de su tipo de candidatura en la lvi Legislatura del Estado de México (20062009)”, tesis de maestría, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (uam-x), 2010 (inédita). ** Especialización y Maestría en Estudios de la Mujer, uam-x. 1 Aunque en 1947 ya existía el derecho a votar y ser votadas exclusivamente en el contexto municipal. 67

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mujeres en el ámbito de la política institucionalizada, pero que en mayor medida obstaculiza la representación de las mismas— y los rasgos de la cultura política discriminatoria de las elites partidistas —que se basan en la diferencia sexual—. Esta cultura responde más a estrategias político-electorales que al discurso sobre igualdad de oportunidades para las mujeres. Así, podemos adelantar que la condición de ciudadanía política para las mujeres se encuentra diferenciada, inacabada o degradada, no sólo desde lo institucional o formal sino en lo real o sustantivo. El presente artículo tiene como objetivo analizar los siguientes elementos del sistema electoral mexiquense: distritación electoral, candidaturas, procedimientos de votación y fórmula electoral. El propósito de este análisis es identificar el impacto, o los efectos, del acceso de las mujeres al órgano legislativo. Esto lo hacemos con el fin de presentar evidencia empírica relacionada con las brechas de género que se presentan en el ámbito entitario. Asimismo, nos proponemos evaluar, mediante un análisis del diseño institucional, su condición de ciudadanas. El estudio se ha llevado a cabo en el Estado de México porque presenta características económicas y políticas que lo hacen único en el contexto nacional. Por una parte, es la entidad más poblada del país: representa casi el doble de la población total del Distrito Federal. De igual manera, concentra la mayoría de la población ocupada y es el estado que más contribuye al producto interno bruto nacional. En términos políticos, cuenta con el congreso local más grande de todas las entidades de la república, entre ellas el Distrito Federal (Inmujeres, 2004: 45).2 No obstante, la representación de las mujeres en su órgano legislativo, tomando 2

Según un estudio realizado por Inmujeres en el año 2004, de los 31 congresos locales de la República, ese año el congreso mexiquense ocupaba el noveno lugar en lo que respecta al menor número de mujeres ocupando cargos legislativos en relación con los varones. La proporción era de 14.7%. Los lugares anteriores al del Congreso del Estado de México los ocuparon los congresos de Chihuahua (9.1%), Tamaulipas (9.4%), Morelos y Chiapas (10.0%), Durango (12.0%), Tlaxcala (12.5%), Sonora (12.9%) y Zacatecas (13.3%). De manera contraria, los congresos con mayor número de mujeres

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en cuenta cinco legislaturas (1996-2009), no ha sido mayor a 20%. Por otra parte, es un estado atractivo electoralmente. Su lista de ciudadanos y ciudadanas inscritos en el padrón electoral es la más numerosa del país: 9 959 155 (el Distrito Federal tiene una lista nominal de 7 275 998). Según datos del Instituto Federal Electoral (ife), las mujeres representan el mayor potencial electoral de la entidad puesto que la lista nominal incluye 5 171 023 electoras, que representan 51.92% del total estatal (ife, 2009). El artículo está estructurado en tres partes. La primera da cuenta del concepto de ciudadanía política a partir del cual se lleva a cabo. Asimismo, plantea la relación de la ciudadanía con los elementos mencionados del sistema electoral (distritación electoral, candidaturas, procedimientos de votación y fórmula electoral). Esto lo hacemos con el fin de caracterizar la brecha de género en términos de una herramienta útil para evaluar la condición de ciudadanía política de las mujeres. La segunda parte analiza los elementos en los que se basa el estudio del sistema electoral mexiquense. La referencia al sistema de partidos es necesaria porque enmarca el contexto de la competencia política y las estrategias electorales que han utilizado los partidos políticos para tener representación en las respectivas legislaturas. En esta parte destacamos las características particulares del sistema electoral, específicamente las cuotas de género en su legislación. La tercera y última parte aborda el impacto que tiene cada uno de los elementos del sistema electoral en la representación política de las mujeres en lo que respecta a su acceso al ámbito legislativo. El estudio pretende contribuir al debate sobre el tipo de sistema electoral más benevolente para incrementar la representación de las mujeres en la política institucionalizada. ocupando cargos legislativos eran el de Quintana Roo (34.8%), Campeche (31.4%), Baja California Sur (28.6), Nuevo León (26.2%) y Tabasco (23.5%).

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1. Ciudadanía y sistema electoral En 1950, T. H. Marshall caracterizó a la ciudadanía como “una condición otorgada a aquellos que son miembros plenos de una comunidad. Todos los que poseen esta condición son iguales respecto de los derechos y deberes de que está dotada esa condición” (Marshall y Bottomore, 2004: 37). La propuesta de este autor tuvo el mérito de ampliar las esferas asociadas con los derechos ciudadanos: lo civil, lo político y lo social. Sin embargo, para efectos de este trabajo, nos limitaremos a estudiar la ciudadanía política, es decir, el marco de los derechos para el acceso al poder dentro de las instituciones legislativas establecidos en la legislación y la operación política de los partidos. La concepción moderna de ciudadanía se fundamenta en el reconocimiento normativo (o legal) de los derechos pertenecientes a la comunidad política. Dicha comunidad, como apunta Virginia Vargas (2008: 228), vela por el respeto y la garantía de los derechos en el marco de una igualdad formal —que incluye obligaciones— promovida por las instituciones del Estado. Desde una perspectiva de género, el concepto de ciudadanía ayuda a explicar el origen de la exclusión de las mujeres de la vida política. El feminismo ha tenido en el reconocimiento de este origen un papel fundamental. Ha cuestionado la visión hegemónica sobre las formas de hacer y concebir la política y ha emprendido la búsqueda hacia una redefinición y construcción más democrática del poder político (Gutiérrez, 2001: 126). Asimismo, ha criticado diversos postulados de la ciencia y la filosofía política debido a que tienen una muy limitada perspectiva de género. Los conceptos principales del pensamiento político contemporáneo están construidos sobre la aceptación de la idea de que lo público es fundamentalmente distinto de lo privado y lo personal. Esta distinción

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caracteriza a la disciplina y configura sus herramientas analíticas. De igual manera, contribuye a hacer que las mujeres y sus intereses políticos resulten invisibles. La historia de esta distinción y la influencia que ha tenido en la definición de normas y comportamientos políticos, puede remontarse desde los planteamientos políticos de la Grecia clásica hasta los textos políticos del siglo xx (Jones, 1992: 278). Ahora bien, la relación entre lo público y lo privado recobra vital importancia desde una perspectiva genérica, ya que la división sexual del trabajo asigna las actividades que supuestamente deberán realizar las mujeres y los varones. De esta manera, puede decirse que se le asigna un sexo a estas actividades. He aquí un primer acercamiento a los factores que limitan el acceso a la participación femenina en los terrenos de carácter público. Como dice Judith Astelarra (1990: 14): “El control masculino del mundo público es una base importante de las relaciones patriarcales modernas […] los varones regulan las condiciones en las cuales se les permite a las mujeres acceder a él.” El análisis de las condiciones estructurales del acceso a los derechos políticos nos ayudará a dar cuenta de las brechas (o distancias) en la extensión de la ciudadanía; por un lado, la brecha existente entre lo formal y lo real —es decir, lo que se establece normativamente, desde lo institucional, y lo que sucede empíricamente—; por otro lado, las distancias al considerar el género,3 en lo relacionado al acceso desigual de derechos políticos entre hombres y mujeres. El análisis de brechas de género nos permitirá contar con mecanismos que nos aproximen a evaluar la condición ciudadana de las mujeres y a cuestionar la forma en que están representadas en el terreno de la política institucionalizada. A nuestro parecer, no habría demasiada dis-

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En este sentido, Maxine Molyneaux (2001: 7) apunta: “Las explicaciones de la ciudadanía marcada por el género presuponen […] una comprensión del régimen de género que prevalece en determinadas sociedades.”

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puta en aceptar que una desproporción sexual entre electores y elegidos es una prueba de que algo anda mal. Ya la representación de cualquier categoría social por debajo de los niveles de otras apunta a que hay un problema. Esta desviación tan marcada respecto a la población en su conjunto no puede ser nunca un resultado accidental. Cualquier sistema de representación que excluye consistentemente las voces de las mujeres no sólo es injusto sino que no se puede tomar como representativo (Phillips, 1996: 69-70). ¿Por qué las mujeres están subrepresentadas4 en los órganos parlamentarios? ¿Cómo se presentó el acceso femenino a los cargos de elección popular? ¿El sistema de cuotas de género —como una medida de acción afirmativa— ha permitido incluir más mujeres en las legislaturas del Estado de México? Para responder a estas preguntas —aunque parcialmente—, un elemento útil es el estudio del sistema electoral. No obstante, hay otros elementos que deben ser considerados como variables explicativas de la escasa representación de las mujeres. Algunas de estas variables son la cultura política, el nivel de desarrollo socioeconómico, el estatus de las mujeres, la fuerza y autonomía del movimiento de las mujeres y la institucionalización partidaria (Jones, 2008: 71). Nuestro estudio está centrado fundamentalmente en el análisis del diseño institucional electoral. El sistema electoral es el conjunto de reglas y procedimientos mediante el cual los votos se traducen en puestos de representación política

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La subrepresentación hace referencia a la desproporción numérica entre los elementos que conforman un todo. En este caso alude a la escasa presencia de las mujeres en los órganos de decisión, en virtud de que en el ámbito de la política formal las mujeres son vistas como “minorías”. De esta manera, los espacios mencionados se han concebido como exclusivos del mundo masculino. En términos de género, los varones han tenido mayor presencia numérica que las mujeres, por lo cual están sobrerepresentados. Anne Phillips aboga por un proceso justo de representación democrática bajo el argumento de que “las mujeres constituyen la mitad de la población y son en cualquier caso una mayoría” (Phillips, 1996: 75).

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(Sartori, 1996; Nohlen, 1998; Valdés, 1993). Éste regula el proceso electoral al establecer las disposiciones jurídicas de la competencia políticoelectoral: magnitud de las demarcaciones electorales, estructura de la boleta, procedimientos de votación, tipos de candidaturas, procedimientos de selección de los partidos políticos, cuotas de género, campañas electorales, fórmula electoral (conversión de votos en escaños), organismos responsables de las elecciones y de solución de conflictos. Para la clasificación de los sistemas electorales se identifican dos tipos básicos: el sistema de mayoría (plurales) y el sistema de representación proporcional. Sin embargo, existen sistemas mixtos que combinan tanto criterios de mayoría como de representación proporcional; es el caso de México, tanto a nivel federal como estatal. El diseño de los sistemas electorales depende del tipo de gobierno que se quiere construir y los efectos políticos que se quieren alcanzar. Mientras los primeros buscan la formación de gobiernos mayoritarios (vencedores indiscutibles), los segundos buscan la inclusión de minorías (representación social diversa). En el primer tipo, el objetivo central es producir un gobierno con mayoría necesaria para garantizar la gobernabilidad; el segundo busca reproducir, de la manera más fiel posible, las fuerzas sociales y políticas que se expresan en la población (Massolo, 2006: 18). De acuerdo con lo expuesto, podemos plantearnos la siguiente pregunta: puesto que el sistema electoral traduce votos en escaños, ¿tiene éste efectos sobre la representación política de las mujeres? En la bibliografía especializada existe un amplio consenso acerca de que el diseño del sistema electoral tiene consecuencias en la representación política de las mujeres (Matland y Taylor, 1997; Matland, 2002; Vengroff, Nyiry y Fugiero, 2003; Caul, 1999; Norris, 1985; Rule, 1987; Htun, 2002; Jones, 2000 y 2008). No obstante, prevalece la discusión en torno a cuáles son los elementos del sistema electoral que influyen para incrementar la representación política de las mujeres en los órganos parlamentarios.

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La magnitud partidista (el número de asientos que un partido gana en un distrito electoral) y los umbrales electorales (barreras electorales), según Matland y Taylor (1997: 187), tienen un efecto determinante. Por su parte, Vengroff, Nyiry y Fugiero rechazan que la magnitud del partido juegue un papel decisivo. Para ellos, la fórmula electoral tiene particular importancia porque los sistemas proporcionales proveen mayor representación para las mujeres que los sistemas mayoritarios (Vengroff, Nyiri y Fugiero, 2003: 164-171). Jones apunta, en este sentido, hacia la distribución de las circunscripciones (de medianas a grandes), los procedimientos de votación (listas cerradas), los mandatos de posición (en la ley de cuotas) y la buena fe de los partidos políticos (Jones, 2000: 42-44). Caul se centra en el papel fundamental que para predecir la representación de las mujeres tienen los partidos políticos a través de su organización interna: ideología, activismo de las mujeres en el partido y, específicamente, en las candidaturas partidistas relativas al género (Caul, 1999: 79).

2. Elementos para el estudio del sistema electoral Los elementos básicos que vamos a analizar en este trabajo para estimar los efectos que los sistemas electorales producen en la representación política de las mujeres son: distribución de las circunscripciones electorales (magnitud distrital en la geografía electoral), candidaturas (estructura de la boleta), procedimientos de votación y conversión de votos en escaños (fórmula electoral) (Valdés, 1993; Nohlen, 1998). La mayoría de los estudios centran sus análisis en los efectos que el sistema electoral tiene en el ámbito nacional. Son pocos los estudios empíricos que analizan los ámbitos locales (Vengroff, Nyiri y Fugiero, 2003: 165). Para explicar con mayor claridad los elementos mencionados, se analizará la incidencia de cada uno de ellos en la representación política de las mujeres durante más de una década en el Estado de México.

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Sin embargo, es necesario contextualizar el sistema de partidos mexiquense, ya que la dinámica político-electoral permitirá comprender las condiciones bajo la cuales los partidos han diseñado sus estrategias electorales con el fin de ganar escaños en cada elección. 2.1. Características del sistema de partidos en el Estado de México En el sistema de partidos mexiquense encontramos la presencia predominante de los tres principales partidos políticos nacionales: el Partido Revolucionario Institucional (pri), el Partido Acción Nacional (pan) y el Partido de la Revolución Democrática (prd). El primero está altamente centralizado5 y se ubica en el centro del espectro político; el segundo, menos centralizado y conservador, se encuentra ubicado a la derecha del sistema; el tercero es más radical, con una amplia tradición de izquierda. También han participado de manera temporal y marginal algunos partidos políticos locales; sin embargo, han perdido su registro porque no alcanzaron 1.5% del umbral electoral establecido en la ley (éste es el porcentaje mínimo de votación para conservar el registro como partido político estatal y para tener derecho a la asignación de diputados de representación proporcional). Acompañando a los tres partidos principales se encuentra un grupo de partidos minoritarios, entre ellos el Verde Ecologista de México (pvem). A pesar de los bajos porcentajes de votación, este partido, que cuenta con registro nacional, ha jugado un papel muy importante a partir de 2003 por sus alianzas electorales con el pri, que le han producido

5

Retomamos el concepto de centralización de Miki Caul. Según éste, el control sobre la toma de decisiones se ubica en la jerarquía del partido. En la descentralización, por el contrario, el control descansa más en las estructuras internas del partido. Esta autora señala que hay una gran oportunidad para las mujeres en los partidos altamente centralizados, porque los líderes tienen el control para dar mayor apertura a las mujeres, cuando tienen la voluntad de hacerlo (Caul, 1999: 80).

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ganancias electorales por encima de su rendimiento electoral. En el mismo tenor se da la relación entre el Partido del Trabajo (pt) y el prd. Como en casi todo el país, antes de 1996, el Estado de México era bastión electoral del pri; en términos reales, no había oposición. Después de esa fecha, comienza a reconfigurarse la distribución del poder político, a consecuencia de una mayor competitividad electoral que dio como resultado la presencia de otros partidos en los gobiernos municipales económicamente más importantes de la entidad; así como la conformación de legislaturas estatales plurales, lo que produjo gobiernos divididos.6 La dinámica de los resultados electorales tuvo un efecto directo en el sistema de partidos. Como dicen Arzuaga y Gayet (2000: 195): “El sistema político mexiquense se transformó de un sistema con presencia priísta hegemónica a uno tripartidista entre 1990 y 2000.” Aunque el pri ha conservado las diferentes gubernaturas de la entidad, en el ámbito de los distritos la disputa electoral se ha centrado en un sistema bipartidista, es decir, pri-pan y pri-prd principalmente. En la evolución de los resultados electorales, la elección de 1996 constituyó el parteaguas de la tendencia electoral prevaleciente hasta entonces. Es decir, aquél fue el primer año en que se presentó el primer gobierno dividido, como resultado de una presencia opositora al pri (véase la gráfica 1). El efecto de la campaña política del candidato panista Vicente Fox Quesada en la elección presidencial del año 2000 tuvo un reflejo inmediato en la entidad, dada la simultaneidad de la elección presidencial 6

Se identifica al gobierno dividido, en un sistema presidencial, cuando un partido tiene el control del poder ejecutivo y otro lo tiene sobre el Congreso, de manera parcial o total; es parcial cuando ninguno de los partidos políticos obtiene escaños suficientes para constituirse en grupo mayoritario (Casillas, 2001:15). La crítica central que se ha hecho a este tipo de gobierno es que produce parálisis gubernamental porque disminuye la eficacia y efectividad del gobierno, afecta a la productividad legislativa y se generan conflictos entre ambos poderes. En una visión positiva implica el consenso con la diversidad política, la reducción de mayorías y el avance hacia el contrapeso y equilibrio del poder político.

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Gráfica 1 Resultados electorales de los principales partidos políticos en el Estado de México. Elecciones 1996-2009 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 pri

1996

2000

2003

2006

2009

pan

37.26

33.07

34.82

31.81

42.92

prd

30.17

38.08

28.67

26.07

21.09

pvem

04.30

02.39

34.82

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del ieem.

con las locales. Así, el pan se posicionó como el grupo parlamentario con mayor número de integrantes en la legislatura local. Posteriormente, se presentó una ligera recuperación del pri y un avance del prd, por lo que la composición de la lv Legislatura en 2003 se colocó en un plano equilibrado de fuerzas políticas, en el que el pvem jugó un papel fundamental, ya que la legislación electoral permitió por primera vez las coaliciones, con lo cual el binomio pri-pvem logró prácticamente la mayoría en el Congreso. El candidato del prd para la elección presidencial del año 2006, Andrés Manuel López Obrador, también tuvo un notable impacto en la entidad: permitió que la coalición “Por el bien de todos”, conformada junto con el pt, avanzara ante la pérdida de votación de la coalición pripvem y del pan.

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La elección del año 2009 constituyó un caso particular en materia de coaliciones.7 El pri diseñó dos estrategias. Por un lado, decidió conformar coaliciones parciales a través de la denominada “Unidos para cumplir”,8 que postuló candidaturas comunes de cuatro partidos políticos, incluido el pri y tres minoritarios en la entidad pero con registro nacional (Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Social Demócrata), en 32 distritos electorales, con el objetivo de asegurar distritos que habían sido tradicionalmente priístas. La segunda estrategia, a través de la coalición denominada “Juntos para Cumplir” (ieem, Consejo General, 2009b), excluía al Partido Social Demócrata y postuló candidaturas solamente en ocho distritos. Esta estrategia se centró en la búsqueda de los votos en los bastiones panistas (dos distritos de Tlalnepantla, uno de Ecatepec, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli) y en reforzar aquellos distritos que, habiendo sido priístas, se perdieron en la elección de 2006 (La Paz, parte de Ecatepec y Chalco). Por otro lado, al contender sin coalición en cinco distritos electorales (los que comprende el municipio de Nezahualcóyotl, que era un bastión tradicional de este partido de izquierda y donde el pri tenía escasa presencia electoral) la intención era restarle votos al prd. El prd presentó una estrategia inversa a la del pri. Registró candidatos comunes, a través de la coalición parcial denominada “Coalición 7

El Código Electoral del Estado de México del año 2008 señala que los partidos tienen el derecho a formar coaliciones, previa aprobación de una plataforma electoral, para lo cual celebrarán un convenio que deberá ser aprobado por los órganos directivos de los partidos coaligados y por el Consejo General. En dicho convenio se establecerán los distritos en donde se da la coalición, la distribución del financiamiento público y el monto de las aportaciones para el desarrollo de las campañas, así como el porcentaje de los votos para cada partido político para efectos de la conservación del registro como partidos políticos locales y la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. 8 En el convenio de coalición aprobado por el Consejo General en su acuerdo núm. 47, del 8 de abril de 2009, la coalición se denominó “Unidos para cumplir”; sin embargo, por un recurso de apelación presentado por el Partido del Trabajo (pt), el Tribunal Electoral del Estado de México resolvió cambiar la denominación por “Juntos para Cumplir”, aprobada el 1 de mayo de 2009 por el Consejo General en el acuerdo núm. 57.

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Mexiquense prd-pt”,9 en 15 distritos electorales, ganados en la elección previa de 2006, con la finalidad de reforzar su presencia en las demarcaciones consideradas bastiones perredistas.10 La ingeniería electoral diseñada por el pri ofreció grandes incentivos para coaligarse, lo que resultó muy atractivo para los partidos minoritarios tanto en términos electorales como legislativos. La recompensa electoral que adquirieron consistió en la obtención del porcentaje mínimo (umbral electoral) para conservar su registro, así como el acceso a escaños legislativos mediante representación proporcional. Con ello, las estrategias adoptadas por el pri finalmente condujeron a la reducción electoral de los partidos mayoritarios. Cabe aclarar que hubo otros factores que influyeron para que el pri se reposicionara en el año 2009, no sólo en la entidad sino en todo el país. Estos factores tienen que ver con el contexto político nacional. Diversos cuestionamientos a las políticas económicas y sociales de la administración del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, así como los permanentes conflictos internos y externos del prd son algunos de ellos. 2.2. Características del sistema electoral del Estado de México A nivel nacional, en el año 1996 se estaba dando prioridad, en la reforma electoral, a la “ciudadanización” del órgano máximo de decisión electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral. De acuerdo con esta reforma, la toma de decisiones debería descansar en los ciudada9

En el convenio de coalición aprobado por el Consejo General, en su acuerdo núm. 49 con fecha 8 de abril de 2009, se establecían 44 distritos electorales. Posteriormente, la coalición realizó modificaciones y determinó que sólo se aplicaría en 15 distritos (acuerdo núm. 56 del Consejo General, 28 de abril de 2009). 10 Los distritos correspondientes a Nezahualcóyotl, Ecatepec, Cuautitlán, Chalco, La Paz, Coacalco (estos municipios están conurbados con la Ciudad de México y tienen una alta concentración de votantes en la lista electoral) y Santo Tomás, que comprende seis municipios rurales al suroeste de la entidad.

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nos. De esta manera, se le quitó a los partidos políticos el voto en dicho Consejo, pues se buscaba evitar que fuesen juez y parte. A nivel local, en el Estado de México, con la reforma electoral de 1996 apenas se aprobó un nuevo código electoral y la creación del Instituto Electoral del Estado de México (ieem), como responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en la entidad. Dos fueron las modificaciones más relevantes de esta reforma. Por un lado, se determinó una nueva asignación distrital; por el otro, se estableció una sola circunscripción electoral plurinominal. El primer punto consistió en que se elevó de 40 a 45 el número de los distritos electorales uninominales. Con el segundo punto, el número de puestos por elegir se elevó de 26 a 30. Lo anterior implicó que el congreso local se conformaría, a partir de 1996 (y hasta la fecha), con 75 integrantes. De éstos, 45 serían electos mediante el sistema de mayoría; los otros 30 ocuparían un puesto por medio del sistema de representación proporcional. Así, el congreso del Estado de México se convirtió en el más numeroso del país.11 Para asignar las curules mediante el sistema de representación proporcional, se utilizó una “fórmula electoral” que aplicaba el método de Thomas Hare, también denominado de cuota o cociente natural. Asimismo, se determinó aplicar una cláusula, o principio de gobernabilidad, referida a una serie de supuestos o requisitos establecidos en la ley para tener derecho a participar en la asignación de diputados. Esta cláusula ha sido la causa de numerosos litigios postelectorales porque en el fondo busca otorgar el control del órgano legislativo al partido con mayor número de distritos ganados.12 11

El segundo lugar le corresponde al congreso de Guerrero, con 46 integrantes; en la tercera posición está el de Veracruz, con 45 (Inmujeres, 2004: 45). 12 Diversos estudios han analizado los sistemas de representación proporcional, en particular la cláusula de gobernabilidad aplicada en los estados de la república, entre ellos el Distrito Federal; concluyen que los litigios que se presentan en las entidades federativas se deben a ambigüedades o lagunas en la legislación electoral, aunados a un mal diseño técnico (Emmerich y Medina, 2005: 689).

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Una vez que se determina el número de diputados para cada partido político por el principio de representación proporcional (conforme al binomio cláusula de gobernabilidad-fórmula electoral), se introduce el criterio de proporcionalidad pura como un elemento innovador del sistema electoral, ya que asigna diputaciones a cada partido político alternadamente. Es decir, se escoge un miembro registrado en la lista partidista con otros de primeras minorías (esto se refiere a los candidatos y candidatas que, no obstante no haber ganado en sus distritos uninominales, obtuvieron altos porcentajes de votación para su partido). Respecto a las candidaturas, se presentan dos formatos básicos: en los distritos uninominales se registra una fórmula integrada por una candidatura propietaria y una suplente; en la demarcación plurinominal las candidaturas se registran a partir de una lista de partido cerrada y bloqueada. En ambos casos el partido tiene el control sobre las candidaturas, así como la posibilidad de hacer las sustituciones durante el proceso electoral. El procedimiento de votación implica que el elector emite un voto único, dirigido a la elección de candidatos y candidatas que contienden en los distritos uninominales o de mayoría. En el caso de las listas partidistas, el votante no puede modificar el orden de las mismas —lo que sí se permite en otros formatos, como las listas abiertas, las cerradas y no bloqueadas—,13 tampoco puede diferenciar su voto en los dos tipos de distritos. Antes de analizar el sistema de cuotas mexiquense, es necesario ubicar el contexto en el cual se enmarcan las acciones afirmativas. En la década de 1980 la agenda política internacional se centró en el debate sobre la igualdad para las mujeres en diversos ámbitos, entre ellos, el 13 Los formatos de las listas tienen efectos en los votantes. En las listas abiertas, la lis-

ta del partido sólo es una propuesta, el elector decide finalmente quiénes conformarán la lista y también configura su propia lista; la cerrada y no bloqueada permite al elector decidir los candidatos del partido. Los organismos de los partidos forman sus estructuras sobre la base de la decisión del elector. El diputado o diputada tiene un doble apoyo: el de los electores y el del partido, aunque puede sentirse menos dependiente de su partido por la votación que recibe de los electores (Nohlen, 1998: 66).

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político. A partir de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979, y de las plataformas de acción de la Conferencia Mundial de Nairobi, 1956, y Beijing, 1995, se establecieron las pautas de las políticas antidiscriminatorias que debían adoptarse en el sistema legal de cada país. El sistema de cuotas, como parte de dichas acciones afirmativas, tiene el objetivo de equilibrar las desigualdades entre los géneros, principalmente de las mujeres, en el acceso a los cargos políticos. La idea es que las cuotas sean una medida temporal, un medio para lograr la igualdad en la participación política. Esta argumentación se basa en la experiencia de que la igualdad es una meta que no puede alcanzarse mediante un tratamiento equitativo formal. Si las barreras existen, se argumenta, es necesario introducir medidas de compensación para alcanzar dicha igualdad en los resultados (Dahlerup, 2002: 163). Existen diferentes tipos de cuotas: las constitucionales (contenidas en las leyes fundamentales), las legislativas (establecidas en las leyes electorales) y las de partido político (procedimientos de selección en los cargos internos). Asimismo, hay dos modalidades: obligatorias (se especifica el porcentaje de asignación en las candidaturas, así como la alternancia o la secuencia y el establecimiento de sanciones) y las indicativas (aunque especifican los porcentajes, no hay sanciones, se deja a discrecionalidad de las cúpulas partidistas determinar el lugar para las candidaturas femeninas) (Peschard, 2002: 176-177). El éxito (o fracaso) de las leyes de cuotas depende en gran medida del diseño institucional del sistema electoral. Así, la obligatoriedad constitucional, la ubicación específica en las candidaturas o las posiciones de mandato, las sanciones por su incumplimiento, los asientos reservados en las legislaturas, entre otros aspectos, repercuten e inciden en el incremento de la representación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones, como son los órganos legislativos o parlamentarios.

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En México, la legislación electoral federal incorporó, en forma indicativa, las cuotas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el año 1993. Posteriormente, en 1996, los partidos políticos nacionales debían incluir en sus estatutos el porcentaje 70-30 en las candidaturas por ambos principios (mayoría y representación proporcional). La legislación del año 2002, aunque permanece el mismo porcentaje, incorpora la disposición de género en las listas partidistas con ubicación específica (en cada segmento de tres candidaturas debe haber una candidatura de género distinto) e introduce la sanción relativa a la negativa del registro de las candidaturas que no cumplan con dicha disposición. Adicionalmente, estipula la exención del porcentaje para candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección mediante el voto directo (Reynoso, 2008: 109). Con la última reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, llevada a cabo en el año 2008,14 se introduce el esquema de paridad. Se establece la obligación de los partidos de garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas de elección popular. El porcentaje de paridad establecido es 60-40, en ambos principios en candidaturas propietarias. Respecto a las listas partidistas, se integran en forma alternada (de un segmento de cinco candidaturas, dos de ellas deberán ser de género distinto). Continúa la exención a las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido. De acuerdo con Reynoso (2008), los partidos políticos en México se han preocupado por el género, pero enfrentan exigencias internas y no todos han modificado sus estatutos en materia de cuotas. Considera

14

Los artículos a los que se hace referencia son: 38, inciso s; 218, párrafo 3; 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La reforma aludida es la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.

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que el pri tiene mayor grado de elaboración en sus estatutos, porque garantiza la participación de las mujeres (50-50) en los órganos internos del partido y en la conformación de las listas electorales. Por su parte, el prd establece en sus estatutos, como norma interna, el respeto a la legislación electoral. El pan, a su vez, sostiene que en sus órganos internos de autoridad partidaria descansa la decisión en materia de equidad, con esto delega la distribución de las candidaturas al ajuste de la legislación federal. Diego Reynoso concluye que, a pesar de las normativas internas de los partidos, su comportamiento ha sido muy distinto: El pri […] es el [partido] que menos se comporta de acuerdo con su legislación. En contraste, tanto el prd como el pan han experimentado notorias transformaciones en la composición por género de sus contingentes legislativos. La evidencia presentada sugiere que la normativa partidaria no permite predecir la inclusión efectiva de las mujeres (Reynoso, 2008: 126-127).

Si la normativa partidaria no funciona, como lo plantea este autor, la cuestión que se debe indagar es por qué no lo hace. Aquí corresponde preguntar si hay, por parte de la autoridad electoral, mecanismos de verificación y sanción tanto en el interior como en el exterior de los propios partidos políticos. La brecha existente entre lo normativo y lo empírico es amplia. A pesar de manifestarse “preocupadas” por las cuestiones de género, las elites partidarias no aceptan que poner en marcha las políticas de las cuotas significa reconocer la escasa presencia femenina como un problema. Llevar a cabo las políticas de cuota demuestra voluntad política para solucionar este problema. Como señala Miki Caul (1999: 80): “La severa subrepresentación de la mitad de la población no sólo limita la diversidad de los parlamentos, sino que contradice uno de los principios centrales de la democracia representativa.”

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En el caso del Estado de México, las cuotas de género son indicativas. Se establecieron porcentajes que fueron de 70-30 en el año 2006 y de 60-40 en el año 2009; sin embargo, no hay posiciones de mandato en las candidaturas, ni se especifican los principios en los cuales se aplican; no hay sanciones, en tanto que no hay obligatoriedad en la legislación electoral. También existe la exención de las cuotas de género en las candidaturas de mayoría relativa como resultado de los procesos democráticos de los partidos políticos. Respecto a la exención, conviene ser escéptico sobre los “procedimientos democráticos” internos de los partidos, pues las elites partidarias, al detentar el monopolio de las candidaturas, se basan más en acuerdos cupulares y estrategias electorales que en elecciones internas con sus militantes.

3. Impacto del sistema electoral en la representación política de las mujeres en el acceso al ámbito legislativo en el Estado de México En la bibliografía académica existe un amplio consenso acerca de que los sistemas de representación proporcional (distritos plurinominales o circunscripciones donde se elige a varios representantes) son más benevolentes para las mujeres que los sistemas de mayoría (distritos donde gana un solo candidato) (Rule, 1987; Matland y Taylor, 1997; Matland, 2002; Jones, 2000; Peschard, 2002; Caul, 1999; Vengroff, Nyiri y Fugiero, 2003; Norris, 2006). En este apartado veremos la incidencia de cada uno de los cuatro elementos del sistema electoral mencionados: distritación, candidatura, procedimientos de votación y fórmula electoral, con el fin de señalar el tipo de sistema que ha facilitado el acceso a la representación política de las mujeres en las cinco legislaturas en el Estado de México.

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3.1. Distritación electoral En México, el diseño del distrito electoral sirve para ubicar y delimitar geográficamente a los electores que votarán en esa demarcación, es decir, es una referencia geográfica para la elección de una diputación uninominal (donde se elige a un solo ganador) o una plurinominal (donde se eligen varios candidatos). El impacto político de la distritación uninominal deriva del hecho de que su diseño puede generar desigualdad o desequilibrio en los votos. Esto es, distritos densamente poblados contra los que tienen poca población afectan la competencia política, inciden en los resultados de la elección y, por consecuencia, en la composición de la Legislatura. Lo que se debe buscar es el equilibrio poblacional, donde las fronteras tengan límites aceptables y el voto tenga el mismo peso. La igualdad de los votos —un principio universal, estrechamente vinculado con la extensión del sufragio universal— se logra cuando cada escaño representa la misma cantidad de habitantes (o de electores, en algunos casos de los votos válidos emitidos) en todo el territorio electoral. En la mayoría de los casos, se desea otorgar a la población rural en desventaja una representación proporcional, pero a menudo este argumento no es sincero, pues se busca que la representación desigual se convierta en una ventaja político-partidista (Nohlen, 1998: 53). Los principios básicos para el diseño de los distritos, aceptados por la comunidad internacional para su conformación, son representatividad, igualdad en la fuerza del voto y reciprocidad y no discriminación (Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2009; Electoral Knowledge Network, 2009). Sin embargo, en la práctica, hay desviaciones o tolerancias ante la dificultad de que los distritos contengan el número exacto de electores puesto que se consideran, entre otros criterios, las divisiones administrativas, los grupos étnicos, los límites geográficos, el acceso a los medios de comunicación, etcétera.

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En el Estado de México el desequilibrio se hace patente. De los 45 distritos electorales uninominales más de la mitad son urbanos, están densamente poblados y se ubican principalmente en la zona conurbada cercana a la Ciudad de México y en la zona conurbada de la capital del estado, Toluca. Los distritos sobrerrepresentados son aquéllos en los que el número de electores es bajo. Es decir, la obtención de una curul se logra con menor número de votos. Por el contrario, los distritos subrepresentados tienden a concentrar mayor número de electores; por consecuencia, requieren mayor número de votos. Para detectar el tipo de desviación o variación de los distritos electorales, es necesario cuantificar las distancias entre los distritos a partir de una media estatal (dividir el listado nominal entre los distritos electorales totales, esto es, 10 020 332/45 = 222 674). Con este procedimiento podemos construir una tipología para determinar la sobre y subrepresentación de los distritos electorales, como se aprecia en el cuadro 1. La variación moderada implica una desviación electoral aceptable, poco más de una cuarta parte de los distritos se encuentran en esta franja (12 distritos). En el caso de la variación media, está más o menos equili-

Cuadro 1 Variaciones de las demarcaciones electorales* según tipología distrital Variación respecto a la media estatal (222 674 electores)*

Distritos urbanos

Distritos rurales

Total

Variación moderada. Hasta (+/–) 50 000 electores

8

4

12 (26.7%)

Variación media. Desde (+/–) 50 001 hasta 100 000 electores

9

6

15 (33.3%)

Variación crítica. Hasta (+/–) 100 001 electores

7

11

18 (40%)

Total

24

21

45

* Los distritos electorales no han sufrido modificaciones en términos geográficos desde 1996. Lo que va incrementándose es el número de electores. Se utilizó el listado nominal de la elección de 2009 por ser la referencia más inmediata. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del ieem.

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brada entre los urbanos y los rurales. Sin embargo, a partir de esa segunda franja se verifica la sobre y subrepresentación de los distritos, su variación hasta 100 000 electores implica una gran diferencia. En el caso de la variación crítica, donde se encuentra el mayor número de distritos electorales (40%), son más los distritos rurales que los urbanos y, como he argumentado, el pri encuentra mayor apoyo electoral en las demarcaciones rurales, por lo cual obtiene más curules con un menor número de votos; por su parte, la oposición obtiene menos curules en distritos de mayoría, aunque con mayor número de votos (mismos que le son muy útiles en el momento de aplicar la fórmula electoral que se abordará más adelante). Definitivamente, no es lo mismo contender en distritos electorales densamente poblados que en distritos con escaso electorado. Estudios realizados en diversos países a nivel nacional demuestran que existe una tendencia en la que las mujeres ganan en distritos urbanos más que en los rurales (Matland, 2002). Poco se ha explorado, en los ámbitos estatales, el tipo de distritos en que los partidos políticos tienden a colocar las candidaturas femeninas y, por consecuencia, donde logran un lugar en el órgano legislativo. Con el fin de documentar la distribución de las candidaturas femeninas en los distritos locales del Estado de México, se revisaron los acuerdos del consejo general del ieem de cada proceso electoral para indagar qué partidos políticos colocaron más candidatas y en qué tipo de demarcaciones electorales. Existe un amplio consenso acerca de vincular los movimientos de las mujeres con los partidos de izquierda, por su ideología igualitaria y su tendencia a incluir a grupos marginados. Como dice Caul (1999: 82): “Sienten la necesidad de ser sensibles a los grupos tradicionalmente excluidos de los círculos de poder.” Este no es precisamente el caso en el Estado de México: los partidos políticos que han colocado más mujeres en contiendas electorales son el pri y, de manera sorprendente, el pan, como se aprecia en el cuadro 2.

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El prd coloca más mujeres en las candidaturas propietarias de mayoría en los ámbitos urbanos, en comparación con los otros partidos; sin embargo es elocuente la escasa ubicación que este partido tiene de mujeres en distritos rurales. De los tres partidos, es el que menor número de mujeres tiene en las contiendas de los distritos de mayoría (como se observa en la última columna). En el caso del pri hay cierto balance tanto en las candidaturas propietarias y suplentes como en ambos tipos de distritos, pero en forma global es el que coloca más candidatas. En el pan las candidatas se postulan en mayor medida en distritos urbanos (columnas 4 y 7). Una posible explicación de este comportamiento es que se debe al avance electoral del pan en estos distritos, lo que ha facilitado que más mujeres sean postuladas, ya que en los distritos rurales la votación para este partido es escasa y se inclina más por el pri. También los factores educativos pueden incidir, ya que en los distritos urbanos hay mayor acceso a servicios educativos y es probable que influya en esta tendencia la preparación académica de estas mujeres. Se deben realizar estudios para profundizar en el tema. El común denominador que se observa en los partidos políticos, respecto a este tipo de candidatura, es la ubicación de las mujeres en las suplencias. Es mucho más grande el número de mujeres en los cargos suplentes, tanto en distritos urbanos como rurales. Cuadro 2 Distribución de candidaturas femeninas de mayoría, por tipo de distrito electoral de los principales partidos políticos, 1996-2009 Urbanos

Rurales

Partido

Propietaria

Suplente

Subtotal

Propietaria

Suplente

Subtotal

Total

pri

18

69

87

11

56

67

154

pan

20

61

81

17

48

65

146

prd

22

26

48

6

8

14

62

Total

60

156

216

34

112

146

362

Fuente: Elaboración propia con base en los acuerdos del Consejo General del ieem en los años 1996, 2000, 2003, 2006 y 2009.

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La brecha de género, como la distancia entre hombres y mujeres en el número de candidaturas partidistas, es elocuente. Desagregar los datos por elección y por sexo nos permite visualizar de mejor manera dichas brechas, como se muestra en la gráfica 2. La diferenciación en el acceso a las candidaturas de hombres y mujeres en las distintas elecciones muestra el desequilibrio de género. En todos los casos, los partidos políticos postulan a más varones en los cargos propietarios, esto es una constante a lo largo del periodo estudiado. Las candidaturas femeninas muestran un ligero incremento a partir de 2006. Las candidatas priístas lograron, en el año 2006, postularse en 13 distritos electorales, aunque para 2009 se reduce notablemente su postulación a sólo cinco distritos. Las candidatas panistas comenzaron a postularse en mayor proporción a partir de 2003. Esta tendencia se ha

Gráfica 2 Registro de candidaturas de mayoría relativa propietaria por sexo y partido político. Elecciones 1996-2009

pvem prd pan pri 0

50

100

150

200

250

pri

pri m

pan

pan m

prd

prd m

pvem

pvem m

1996

40

5

41

4

39

6

35

10

2000

43

2

40

5

40

5

33

12

2003

41

4

35

10

39

6

0

0

2006

32

13

37

8

40

5

5

2

2009

40

5

35

10

39

6

3

2

Fuente: Elaboración propia con base en los acuerdos del Consejo General del ieem en 1996, 2000, 2003, 2006 y 2009.

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mantenido más o menos constante, por lo que es el partido que ha incluido a más mujeres en las candidaturas propietarias en los distritos. Las candidatas perredistas no han sido postuladas más allá de seis distritos, lo que fortalece el hecho de que el prd en el Estado de México ha excluido a grupos “minoritarios”, como son consideradas, de forma errónea, las mujeres. La imprecisión de la legislación electoral respecto a cuotas de género en candidaturas partidistas en distritos de mayoría y el tipo de cargo (propietarias, ya que tienen más posibilidades que las suplentes), así como la exención de la cuota a las candidaturas que sean resultado de procesos de selección interna, abre la puerta para que los partidos, con base en estrategias electorales, coloquen discrecionalmente las candidaturas femeninas en los cargos suplentes. Esto último se da de forma aunada a la falta de verificación del organismo electoral sobre los procesos internos de los partidos y al procedimiento de registro de candidaturas.15 Lo anterior repercute en la representación política de las mujeres y, por consecuencia, en su condición de ciudadanas puesto que las prácticas discriminatorias en el interior de las elites partidistas, con base en el

15

No hay evidencia, en los acuerdos aprobados por el Consejo General del ieem para la elección de diputados 2006 y 2009, de sanción alguna a las organizaciones partidistas contendientes por el incumplimiento de la disposición de las cuotas de género en las candidaturas partidistas. Más aun, el propio organismo electoral reconoce que en el año 2006 no se utilizó ningún mecanismo para determinar los porcentajes de selección (70-30 para 2006) e indica la necesidad de “realizar un contraste con el registro de candidatos presentado por cada instituto político” (Oficio de respuesta del ieem a solicitud de información pública núm. 00238/ieem/ip/a/2009. La fecha de respuesta fue el 24 de septiembre de 2009. La respuesta se dio a través del Instituto de Acceso a la Información del Estado de México). Asimismo, señala que en la ley electoral de la entidad no está pensado ningún mecanismo de verificación de la cuota por parte de la institución electoral, sino que corresponde a los partidos observarla, con base en sus estatutos. Por lo tanto, no hay obligación de los partidos, ni sanción por su incumplimiento (Oficio de respuesta del ieem a solicitud de información pública núm. 00012/ ieem/ip/a/2010. La fecha de respuesta fue el 11 de febrero de 2010 y se dio a través del Instituto de Acceso a la Información del Estado de México).

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sexo y en las estrategias políticas, obstaculizan la inclusión de las mujeres en los órganos de toma de decisiones. Así, surge otra pregunta que debemos responder: ¿qué tipo de distritos han sido ganados por las mujeres? Veamos. Las mujeres priístas encuentran mayor aceptación en los distritos rurales que en los urbanos, como lo indica el cuadro 3. En sentido opuesto, las mujeres panistas y perredistas encuentran mayor aceptación del electorado en los distritos urbanos que en los rurales. En el caso del prd es comprensible, porque no coloca a mujeres en distrito rurales (como vimos en el cuadro 2). Aunque el pan coloca a más mujeres en distritos rurales, en relación con los otros dos partidos, este tipo de distritos no han representado una oportunidad electoral (véase el cuadro 3), pues sólo han ganado un distrito rural. Como se ha mencionado, los distritos rurales tradicionalmente han sido bastiones del pri. Al analizar la evolución del número de mujeres en los distritos electorales uninominales o de mayoría, podemos observar que el sistema de mayoría relativa, de 1996 a 2009, le ha permitido a 24 diputadas propietarias (15 del pri, cinco del pan y cuatro del prd) acceder a los órganos legislativos, lo cual representa 10.66% (considerando que en cada elección son 45 diputaciones por este principio). En el caso de las diputadas suplentes, aumenta significativamente el porcentaje a 45.77%; sin embargo, no hay una garantía de que las 103 diputadas suplentes lleguen a ocupar su cargo en el órgano legislativo, a menos que haya una solicitud previa de licencia del diputado o diputada propietario. Lo que identificamos como patrón común en sendas entrevistas realizadas a tres diputadas suplentes de mayoría que ganaron la elección en el año 2006 por el pan y por el pri, es que cuentan con trayectorias amplias de trabajo político partidista. Dos de ellas son panistas, solteras, jóvenes; se iniciaron en los sectores juveniles coordinando campañas en sus respectivos municipios, lo que les brindó la posibilidad de establecer redes

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Cuadro 3 Tipos de distritos electorales ganados por las mujeres, según el tipo de candidatura. Elecciones 1996-2009 Urbanos Partido

Propietaria

Rurales

Suplente

Subtotal

Propietaria

Suplente

Subtotal

Total

pri

6

31

37

9

41

50

87

pan

4

23

27

1

2

3

30

prd

4

6

10

0

0

0

10

Total

14

60

74

10

43

53

127

Fuente: Elaboración propia con base en los acuerdos del Consejo General del ieem en los años 1996, 2000, 2003, 2006 y 2009.

sociales de apoyo con los dirigentes locales y los candidatos. La otra diputada es del pri; casada, con hijas adultas, contaba con mayor experiencia en movimientos sociales; dirigente de una organización civil centrada en la gestión comunitaria y representante de una organización de transportistas en un distrito urbano, fue invitada a integrarse a su partido debido a su liderazgo político en el municipio. Una de ellas, suplente de una candidata panista proveniente de un distrito urbano, narra su experiencia en campaña: Fue mucho trabajo de campo, la candidata propietaria se levantaba a las cinco de la mañana y nos íbamos a las lecherías a entregar bolsitas y se iba afuera de los jardines de niños a medio día a volantear, ella y las personas que estábamos apoyando directamente la campaña. Casa por casa, se hizo un volanteo ciudadano, les llevábamos la propuesta de la candidata; siempre la imagen [en la propaganda] es de la propietaria realmente y tiene mi nombre, chiquito. Tocábamos la puerta y decíamos: “quiero presentar a mi candidata por el partido y éstas son sus propuestas: legislar para hombres, mujeres y niños”. No fue prometer: “te voy a conseguir mil despensas para tu comunidad”, no; buscar legislar, porque ése es el trabajo de un diputado (entrevista realizada a la diputada suplente de mayoría relativa por el pan, el 4 de agosto de 2009).

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En términos generales, las diputadas provienen en mayor medida de distritos urbanos, lo cual implica que el contexto electoral también se ve influenciado por factores socioeconómicos como la educación, acceso a servicios y empleo; es decir, mientras haya un incremento en los niveles de desarrollo, puede observarse que las mujeres son capaces de adquirir mayores recursos para logar relevancia política. Una diputada propietaria priísta, originaria de un distrito rural, al ser entrevistada señaló otro tipo de obstáculos que se deben enfrentar: Lo más importante es que participen las mujeres, porque, aunque no lo creas, quienes votan más son las mujeres, quienes participan más en las campañas son mujeres, pero, desafortunadamente [son] quienes tienen menos carrera, posibilidades, profesión y el medio para llegar […] (entrevista realizada a la diputada propietaria de mayoría relativa por el pri, el 10 de agosto de 2009).

Adicionalmente, los distritos urbanos representan un reto más grande para las mujeres, ante los altos índices de abstencionismo. De acuerdo con un estudio realizado en la entidad, “La variable sociodemográfica que arroja mayor luz sobre el abstencionismo sigue siendo la de la urbanidad […] En la medida en que los ciudadanos tienen resueltas sus necesidades básicas, producto de vivir en localidades urbanizadas, parecen perder interés por las cuestiones políticas” (Cortés, 2008: 140). 3.2. Candidatura (estructura de la boleta) Este elemento del sistema electoral nos permite analizar el lugar que ocupan las candidaturas femeninas en las listas partidistas, lo cual alude fundamentalmente a la demarcación plurinominal, o bien a la representación proporcional. Como hemos dicho, en los distritos de mayoría son

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pocas las mujeres que contienden en las elecciones como propietarias, la mayoría se ubican en las candidaturas como suplentes. En el caso de las listas partidistas, el sistema electoral se basa en el formato de listas cerradas y bloqueadas. Los partidos políticos determinan las posiciones (lugar en la lista) y los cargos (propietarios y suplentes) de los candidatos y las candidatas. La legislación electoral mexiquense establece la conformación de una sola circunscripción, en la cual se elige, mediante representación proporcional, un total de 30 miembros. De acuerdo con la clasificación propuesta por Nohlen, una circunscripción es pequeña cuando el número de curules que se van a repartir oscila entre dos y cinco; es mediana cuando se trata de seis a diez curules y grande cuando son más de diez. El efecto del tamaño de la circunscripción está en función de su grado de proporcionalidad: “Cuanto más pequeña es la circunscripción electoral, menor es el efecto proporcional del sistema electoral; esto significa que disminuyen las posibilidades electorales de los partidos pequeños” (Nohlen, 1998: 58). La circunscripción, por ser grande, presenta condiciones favorables para la representación proporcional. La “falla” del sistema electoral se centra en el tamaño de las listas partidistas. En 1996 el registro de listas partidistas se integraba por tres miembros (propietarios y sus respectivos suplentes), lo cual no era operativo, porque se tenían que elegir 30 curules. Cuando se modificó la ley, para la elección del año 2000, la lista estableció el número de cinco candidatos. Sin embargo, ante la persistencia de ese error técnico, en el año 2003 se reformó nuevamente la ley y se estableció que la lista fuera de ocho miembros. Esta disposición sigue vigente. Ello es importante porque la bibliografía especializada señala que mientras mayor sea el número de integrantes que se van a elegir en una demarcación electoral, mayores posibilidades hay para las mujeres de ser seleccionadas (Matland, 2002; Jones, 2000, 2008; Htun, 2002; Frazier, 2009; Massolo, 2006).

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Asimismo, estudios realizados en la región latinoamericana han documentado la benevolencia de las circunscripciones grandes y medianas para incrementar la representación de las mujeres cuando se toma en cuenta la ley de cuota (Araujo, 2008; Reynoso, 2008; Archenti y Tula, 2008a y b; Del Campo y Luengo, 2008; Jones, 2008; Jiménez, 2008). Los resultados indican que las circunscripciones grandes permiten incrementar el número de mujeres, cuando hay mandatos de posición en las listas partidistas. Al revisar cuantitativamente el número de mujeres que han sido colocadas en las listas partidistas en el Estado de México, desagregando los datos por sexo, por partido y año de elección encontramos que de 1996 a 2009 hay efectivamente una mayor inclusión de candidaturas femeninas, como podemos observar en la gráfica 3. En la elección del año 1996, los principales partidos no registraron candidaturas femeninas en sus listas en el cargo de propietarias, lo que Gráfica 3 Registro de las listas partidistas propietarias* por sexo, 1996-2009 2009 2006 2003 2000 1996

pri-hombres pri-mujeres pan-hombres pan-mujeres prd-hombres prd-mujeres pvem-hombres pvem-mujeres

1996 3 0 3 0 3 0 2 1

2000 4 1 4 1 4 1 4 1

2003 4 4 4 4 5 3 6 2

2006 6 2 5 3 6 2 5 3

2009 3 5 5 3 4 4 5 3

*En 1996 la lista partidista incluía tres integrantes. En el año 2000 consideraba cinco integrantes. A partir de 2003, en la lista partidista participaron ocho integrantes. Fuente: Elaboración propia con base en los acuerdos del Consejo General del ieem en los años 1996, 2000, 2003, 2006 y 2009.

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significó la nula posibilidad de acceder por esa vía. La única excepción fue el pvem, que colocó a la única mujer. Curiosamente, para el año 2000 se dio el fenómeno de contagio.16 Los partidos coincidieron en incluir por lo menos a una mujer en su lista de cinco integrantes, cuya probabilidad de acceso era alta si se toma en cuenta el reparto de 30 curules por este principio. Asimismo, por única vez, el pri accedió a incluir diputaciones de representación proporcional. Sólo hasta el año 2003 se presentó un relativo equilibrio de género en las candidaturas de las listas partidistas de porcentaje 50-50 entre el pri y el pan. Cabe resaltar que el hecho de haberse ampliado el número de integrantes de la lista, en este caso a ocho, impactó positivamente en la representación de las mujeres porque la colocación en dicha lista definió su acceso. La ubicación en la lista es relevante porque, de acuerdo con el lugar que se ocupe en ella, definirá la factibilidad del acceso al órgano legislativo. Elina Haavio-Mannila y colaboradores (1985) proponen la distinción de tres franjas de las listas partidistas, a partir de las posibilidades reales de ser electas o no: 1) posición de mandato (mandate positions), lo que he denominado zona segura. Son asientos que un partido gana, aun si tiene escasa votación. En este caso son los tres primeros lugares. 2) Posición de lucha (fighting positions) o zona intermedia. Ahí la probabilidad, aunque es alta, dependerá mucho de los votos que obtenga el partido. Se trata de la cuarta y quinta posiciones. Finalmente, 3) las posiciones ornamentales (ornamental positions) o zona decorativa. Se trata de la sexta a la octava posiciones. Ahí las posibilidades son realmente nulas, aun cuando el partido tenga una excelente votación (Matland y Taylor, 1997: 190). En el cuadro 4 se aprecia que las mujeres son ubicadas centralmente en las posiciones de lucha o medias y ornamentales o decorativas. 16

Según Matland (2002), el fenómeno de contagio es un proceso mediante el cual los partidos adoptan políticas iniciadas por otros partidos.

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Total

2000

Total

1

0

4

2

15

1

4 1 2*,3

3

2

2

4

1

1

1

1

5

2

0

2

1

Supl.

17

1 3,7 1 2,3 6

1 3,5 8

1 3,5 8 2 4,5 6,7

1 6,7 8 3 5,7 8

Prop.

2003

13

2

3

4

4

17

4

4

5

4

Prop. Supl.

Total

1 2,5 6,8

2 3,5 6,7

4 5,8

Supl.

5,(6)*,7 8 2,(3)*,4 5,7 8

5.8

1 4,(8)*

5.7

Prop.

2006

9

3

2

2

2

18

5

5

5

3

Prop. Supl.

Total

4 7,8

2 4,6 8

1 4,5

1 2,4 7,8

Prop.

2

2 4,6 8

2 3,6 7,8

3 5,6

Supl.

2009

15

3

4

3

5

13

1

4

5

3

Prop. Supl.

Total

*Sustituciones que realizó el partido de una mujer por un hombre. Para efectos de la cuantificación no se consideraron. Posición de mandato o zona segura (1 a 3): propietarias, 14; suplentes, 24. Posición de lucha o zona intermedia (4 al 5): propietarias, 11; suplentes, 13. Posición ornamental o zona decorativa (6 al 8): propietarias, 16; suplentes, 19. Fuente: Elaboración propia con base en los acuerdos del Consejo General en los procesos electorales de 1996, 2000, 2003, 2006 y 2009.

Total

3

1

1

prd

pvem

1

0

3

0

pan

pri

Partido Prop. Supl. Prop. Supl. Prop. Supl. Prop. Supl.

1996

Ubicación y cargo

Cuadro 4 Postulaciones de candidaturas femeninas: ubicación y cargo en las listas partidistas por elección, 1996-2009

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A pesar de que el pri no accedió a las diputaciones por la vía plurinominal, con la salvedad de la elección del año 2000, ha registrado en su lista partidista a la mayoría de las candidaturas femeninas en las posiciones decorativas. El pan ha registrado su lista alternando las candidaturas de hombres y mujeres (efecto zigzag) desde la elección del año 2003. Aunque el prd ha intentado alternar las candidaturas de hombres y mujeres en los cargos propietarios, en el año 2003 sólo dos candidatas se ubicaron en la zona segura. Para la elección de 2006, de las dos candidaturas que fueron registradas, una estuvo en la zona de lucha o intermedia y la otra en la zona decorativa. Esta tendencia mejoró notablemente para la elección de 2009, porque se alternaron las candidaturas de género en los cargos de propietarias. En la lógica electoral, los partidos políticos de oposición al pri encontraron una oportunidad de mayor acceso a través del principio de representación proporcional. Por ello las estrategias se enfocaron en la integración de las listas; es decir, los forcejeos mayores se centraron en este tipo de candidaturas, lo que explica que pocas mujeres entren por esta vía. De forma contraria, el pri enfocó sus estrategias en las candidaturas de los distritos uninominales y, al final, advirtió que existen pocas posibilidades de acceder al órgano legislativo por representación proporcional; sin embargo, se aseguró, por si el resultado electoral no le era favorable. El sistema electoral incluyó, por primera vez, en la legislación electoral local de 2006, la cuota de género en las candidaturas. Esto se hizo a manera de recomendación, con el porcentaje 70-30. En las candidaturas de listas de propietarias no se vio reflejado dicho porcentaje: el pan y el pvem colocaron el mismo número de integrantes (cinco varones y tres mujeres, lo que representa 62.5 y 37.5%, respectivamente); sin embargo, la ubicación fue distinta: mientras el pan ubicó a dos de ellas en zonas seguras, el prd las colocó en la zona ornamental o decorativa. En el año 2009 se modificó la relación o el porcentaje de género: 6040. El pri puso en marcha la estrategia de cumplir con la cuota en las

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listas, incluso la rebasó: tres varones y cinco mujeres, lo que representa 37.5 y 62.5%; pero hay una trampa aquí, porque en este principio tradicionalmente no obtiene curules. El pan presentó el mismo porcentaje, pero a la inversa, y colocó a las mujeres en la zona segura e intermedia. El prd fue el único partido que cumplió con la paridad (50-50) y presentó una distribución más democrática entre varones y mujeres al alternar un varón y una mujer (efecto de alternancia o zig-zag). El denominador común de los partidos, otra vez, es la ubicación de las candidaturas femeninas en las listas partidistas en zonas intermedias y decorativas, así como en las suplencias. Aunque aparentemente cumplen con la cuota, las posiciones en la lista reflejan que los partidos políticos no están muy dispuestos a “ceder” lugares a las mujeres. La cuota se aplica discrecionalmente por los partidos, ante la falta de obligatoriedad en la legislación. Lo anterior impacta en la participación y calidad democrática para las mujeres, puesto que estas prácticas discriminatorias nuevamente indican un acceso desigual y diferenciado a los puestos de representación. La centralidad de las elites partidistas para integrar sus listas, con base en sus estrategias electorales, permite inferir que las mujeres son excluidas de manera sistemática, lo que degrada su condición de ciudadanas. Si bien en la última elección podemos observar que la cuota facilita la inclusión de las mujeres al ámbito de la política, los partidos se valen de diversas estrategias para aparentar un discurso de equidad y no llevarlo a la práctica realmente. De las postulaciones al acceso a puestos de representación hay un gran trecho. Bajo el principio de representación proporcional, el acceso de mujeres mediante listas partidistas ha sido escaso. Por ello conviene desagregar los datos para mostrar el comportamiento por partido y sexo. La distribución por sexo para el acceso a los órganos legislativos de 1996 a 2009 se ha configurado de la siguiente manera: 18 diputadas (lo que representa 24%) y 58 diputados (76%). La brecha de género es bastante elocuente, como se muestra en el cuadro 5.

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Cuadro 5 Diputaciones asignadas a los partidos políticos por lista partidista según sexo. Elecciones 1996-2009 Partido político

1996

2000

2003

2006

2009

Total

pri hombres

2

2

pri mujeres

1

1

pan hombres

3

3

3

4

2

15

pan mujeres

0

1

3

2

3

9

prd hombres

3

4

3

2

2

14

prd mujeres

0

1

2

0

1

4

pvem hombres

1

1

3

4

2

11

pvem mujeres

1

0

1

1

0

3

otros hombres

1

1

3

4

7

16

otros mujeres

0

0

0

0

1

1

Total diputados

8

11

12

14

13

58

Total diputadas

1

3

6

3

5

18

Fuente: Elaboración propia con base en los acuerdos del Consejo General en los procesos electorales de los años 1996, 2000, 2003, 2006 y 2009.

Paradójicamente, en el año 2003 hubo mayor número de diputadas, aun cuando las cuotas de género en las candidaturas partidistas sólo entraron en vigor a partir de 2006 en la legislación electoral. Las mujeres panistas, en forma sorpresiva, son quienes han encontrado mayor oportunidad en las listas de su partido, ya que se han ubicado en la zona segura e intermedia; incluso su presencia ha sido constante a lo largo de esta última década. Con la excepción del año 2000, como caso atípico, cuando el pri obtuvo diputaciones por representación proporcional en virtud de sus bajos porcentajes de votación, sólo una en más de una década accedió, por el sistema de lista, a la liv Legislatura. Este principio no ha sido benevolente para la mayoría de las mujeres perredistas, ya que han quedado en las posiciones de lucha y ornamentales. Ello se puede explicar porque las elites del partido están más centradas

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en su lista de partido puesto que la representación proporcional significa la compensación política, una especie de equilibrio ante la pérdida de distritos de mayoría (uninominales). Por ello la atención principal del prd se centra en este tipo de candidaturas, más que en las de mayoría. La brecha de género, como se observa, nuevamente es bastante amplia. Antes del año 2003, las mujeres del pvem tenían presencia constante en la lista, aunque fuera escasa. De los partidos minoritarios es el que más candidaturas femeninas había presentado. No obstante, a partir de los procesos de coalición con el pri —si bien le han permitido conservar su registro como partido político local y asegurar diputaciones en las legislaturas—, ese partido ha excluido por este principio a las mujeres. De las tres diputadas que llegaron, dos de ellas han sido dirigentes de su partido y la diputada correspondiente a 2006 se integró al grupo parlamentario priísta con el fin de equilibrar las fuerzas políticas en la lvi Legislatura. De manera particular, la elección del año 2009 significó un amplio retroceso para el prd y el pan. La escasa votación obtenida por estas instituciones políticas impactó negativamente en la representación proporcional derivada de la estrategia de coaliciones efectuada por el pri, que no sólo redujo la presencia de estos partidos en los distritos considerados bastiones del prd y del pan, sino que, por coaligarse con partidos minoritarios, aseguró para éstos diputaciones en la Cámara (de un total de 27, 11 fueron para el pvem; 16 para los otros partidos coaligados). Por ello, aunque en 2009 las mujeres perredistas en la lista de su partido reflejaron la paridad, sólo una de ellas accedió a la lvii Legislatura. Aunque los partidos minoritarios tienen pocas posibilidades de acceder a las diputaciones, lo que queda suficientemente claro es que la zona segura la ocupan los varones, lo que redunda en el hecho de que las mujeres encuentren nulas posibilidades. Si hacemos una evaluación comparativa sobre el tipo de sistema electoral que es mejor para las mujeres, el análisis realizado hasta este momento nos muestra que se contradice con lo que la bibliografía sobre el

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tema establece: los sistemas de representación proporcional son más benevolentes para las mujeres. No hay que perder de vista que por el sistema de mayoría han encontrado mayor oportunidad de acceso: 24 contra 18 diputadas. Lo anterior sólo se puede asegurar de manera parcial, porque hay otro elemento innovador: la fórmula electoral, que es explicada en el siguiente aparatado. 3.3. Fórmula electoral Una vez aplicada la fórmula electoral, previo cumplimiento de la cláusula de gobernabilidad y después de determinarse el número de diputaciones que deberá obtener cada partido, lo innovador es la entrada en vigor del principio de proporcionalidad pura dentro del sistema de representación proporcional. En la reforma de 1996 se introdujo el principio de proporcionalidad pura. El objetivo principal de este mecanismo era traducir la votación obtenida por los partidos, de la forma más exacta posible, a cargos de representación.17 Mientras los partidos obtengan más diputaciones plurinominales y hayan incluido a mujeres en sus listas, existen mayores probabilidades para que las mujeres accedan a puestos electivos. Otro elemento innovador es la asignación, de forma alternada, de integrantes registrados en su respectiva lista partidista con los candidatos y candidatas que, habiendo competido en la elección, no ganaron en sus distritos, pero obtuvieron porcentajes altos de votación para su partido.18 A esto se le denomina diputación de primera minoría. 17

El principio de proporcionalidad pura ha sido el criterio central utilizado por la instancia judicial electoral para resolver controversias respecto a la asignación de diputaciones de representación proporcional en el Estado de México. 18 El artículo 267, párrafo segundo y tercero, del Código Electoral del Estado de México de 1996, establecía: “La primera diputación corresponderá a la fórmula de

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El acceso por el principio de representación proporcional tiene distintos significados para el pri y los partidos de oposición. Para este partido no representa, como se ha dicho, un sistema que le reditúe cargos en la legislatura (con excepción de la del año 2000). En contraste, a los partidos de oposición este principio les permite obtener cargos en la legislatura; en otras palabras, es la mejor área de oportunidad para obtener curules en el congreso. Las diputaciones de primera minoría beneficiaron a los partidos más grandes, el pan y el prd, y perjudicó a los minoritarios (pvem y otros), porque la distancia entre éstos y los partidos ganadores es por lo general amplia. Los porcentajes de votación de los partidos que perdieron en la contienda electoral en distritos uninominales son aprovechados para recompensar electoralmente a quienes dieron a su partido político altas votaciones —y con ello la posibilidad de acceder a un puesto de representación. En el cuadro 6 se muestra que tanto para el pan como para el prd las diputaciones de primera minoría han sido muy benéficas, incluso más que la lista partidista. Esto se debe, en parte, a la falla técnica del sistema electoral de considerar a pocos miembros en la lista (tres en 1996 y cinco en 2000), cuando se reparte un total de 30 diputaciones proporcionales en cada elección. Cuando se amplió el número de integrantes en la lista (ocho, a partir de 2003), ésta se equilibró con la primera minoría. Las diputaciones de primera minoría han sido una alternativa del sistema electoral, que así ha permitido a las mujeres su inclusión en el órgano legislativo. De las nueve diputadas que accedieron, las panistas han sido las que más se han beneficiado de esta recompensa. candidatos que, no habiendo obtenido la mayoría relativa, haya alcanzado el porcentaje más alto de votación minoritaria de su partido. Las demás diputaciones a que tenga derecho cada partido político serán asignadas —alternativamente a la fórmula que aparezca en las listas de candidatos y en orden descendente de acuerdo con el porcentaje de votación— a quienes no hubiesen obtenido constancias de mayoría.”

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Cuadro 6 Distribución de diputaciones obtenidas por partido político según el principio de representación proporcional: lista partidista y primera minoría por sexo, 1996-2009 Partido político y cargo

Sistema de lista partidista

Primera minoría

Diputados

Diputadas

Total

Diputados

Diputadas

Total

prop.

2

1

3

4

0

4

supl.

2

1

3

2

2

4

pri

pan prop.

15

9

24

25

4

29

supl.

12

12

24

18

11

29

prop.

14

4

18

19

2

21

supl.

11

7

18

20

1

21

prop.

11

3

14

7

1

8

supl.

4

9

13

6

2

8

prop.

16

1

17

10

2

12

prd

pvem

otros supl.

13

4

17

8

4

12

Subtotal prop.

58

18

76

65

9

74

Subtotal supl.

42

33

75

54

20

74

Nota: el sombreado en la tabla representa los cargos de diputadas y diputados, como propietarios y propietarias, es decir, quienes inician las funciones en el órgano legislativo. Fuente: Elaboración propia con base en los acuerdos del Consejo General en los años 1996, 2000, 2003, 2006 y 2009. Incluyen las resoluciones de los tribunales electorales.

Ello tiene particular relevancia porque este mecanismo del sistema electoral permite cambiar los números en los siguientes casos: • En el cargo de diputadas propietarias, 24 de mayoría (47%) contra 27 de representación proporcional (53%); de las cuales, 18 son de lista; nueve, de primera minoría (véase la gráfica 4). • En el cargo de suplentes, 106 diputadas de mayoría (67%) contra 53 de representación proporcional (34%); de las cuales, 33 son de lista; 20, de primera minoría (véase la gráfica 5).

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En el primer caso, representa una diferencia muy sutil; en el segundo es amplia y se centra en el sistema de mayoría. Si desagregamos, por cada una de las legislaturas, encontramos que sólo en dos de ellas se cumplió la benevolencia del sistema de representación proporcional para las mujeres en el cargo de propietarias. Estas legislaturas fueron la lv y lvii. En las tres restantes (liii, liv y lvi) el principio de mayoría relativa fue mejor para acceder al órgano legislativo (véanse las gráficas 4 y 5). Para las diputadas suplentes, en todos los casos, el sistema de mayoría es más benevolente y su presencia es notablemente mayor en relación con las propietarias. Una explicación posible es que las mujeres, como activistas del partido, contribuyen a la organización de las campañas, por lo que adquieren experiencia política.

Diputaciones

Gráfica 4 Distribución de diputadas propietarias según sistema electoral 12 10 8 6 4 2 0

Mayoría relativa

liii Legislatura 1996-2000

liv lv lvi lvii Legislatura Legislatura Legislatura Legislatura 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011

Representación proporcional

Gráfica 5 Distribución de diputadas suplentes según sistema electoral 50 40 30

Mayoría relativa

20 10 0 liii Legislatura 1996-2000

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liv lv lvi lvii Legislatura Legislatura Legislatura Legislatura 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011

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El mecanismo de diputaciones de primeras minorías es relevante porque funge como un complemento del sistema proporcional debido a que las mujeres no provienen en su totalidad de una lista de partido, como se señala en la bibliografía especializada. La representación de las mujeres por el mecanismo de primeras minorías es importante porque les permite contar con el respaldo de sus votantes en su distrito electoral. Respecto a esto, dice una diputada del pan: Yo hago campaña contra [otra diputada]; sin embargo, en el momento de la elección ella me gana, yo pierdo. Pero después, ya en el ieem, se hace un conteo de los segundos mejores lugares del partido, a nivel estado. Dentro de esa contabilidad quedo yo. Entonces, eso es como una segunda vuelta; nos da la oportunidad de que no sea la famosa plurinominal de lista, que, porque vienen del partido, ya entran en automático. Yo sí hice campaña, yo sí llevaba propuestas, yo sí recibí propuestas, sin embargo, no gané. Para mí es una forma muy sana de plurinominal, que ojalá se aplicara en otros lados, porque hay muy buenos segundos lugares que pudieran hacer un buen papel, sin necesidad de ser de lista (entrevista realizada a la diputada propietaria de primera minoría por el pan, el 28 de mayo de 2009).

Se percibe que existen diferencias entre las diputadas de mayoría y las de representación proporcional, sobre todo en la forma en que se da su acceso al órgano legislativo. Ello impacta, en cierta forma, en el trabajo que habrá de desarrollarse: Para mí significa mucho [ser diputada de representación proporcional]. Es una satisfacción. Hay una gran diferencia [entre] alguien que hace la campaña y alguien que entra por lista. La diferencia está en el trabajo hecho, que para unos les costó sangre la campaña, tiempo, esfuerzo. Dicen que envejeces y [que] los de plurinominal entran directamente, pero los de plurinominal tienen otro tipo de trabajo, a lo mejor un trabajo más político,

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en el partido, más de acuerdos, más de negociaciones; otro tipo de trabajo que no hacen los diputados que van por representación proporcional. Cada uno tiene su peso de diferente manera, esa es realmente la diferencia. Ya cuando estamos en trabajo de campo, cuando van a mi región, es cuando se valora ser diputada de representación proporcional. Cuando hay actos en la zona, ahí se ve el apoyo de la gente, el esfuerzo que se hizo. Ahí se ve la diferencia entre la representación proporcional y la plurinominal. Pero aquí, en la cámara, es otro tipo de trabajo, se ve de otra manera (entrevista realizada a diputada propietaria de primera minoría por el pvem, 5 de junio de 2009).

El sistema electoral, con la política de recompensa de quienes realizaron campaña —por medio de las diputaciones de primeras minorías— y que obtuvieron altas votaciones para su partido, ha fomentado la inclusión política de las mujeres. No obstante, no podemos considerar a las diputaciones de primeras minorías una estrategia para incrementar la representación de las mujeres en el órgano legislativo, en virtud de que el proceso es un tanto azaroso porque depende de los porcentajes obtenidos en los resultados electorales. Las candidaturas, en el sistema de mayoría en los distritos uninominales, representan dos oportunidades de acceso tanto para hombres como para mujeres, pero no hay una garantía de que las mujeres obtengan los más altos porcentajes. La garantía estribaría en que las cuotas fueran obligatorias dentro del sistema electoral tanto en los distritos uninominales como en las listas con posiciones de mandato. Es necesario, con el fin de poder establecer la efectividad y la benevolencia del sistema de primeras minorías, llevar a cabo estudios comparativos en diversos estados de la República que tengan este esquema electoral. Asimismo, es pertinente realizar estudios que permitan conocer de mejor manera el papel que realizan las candidatas suplentes en las campañas electorales.

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3.4. Procedimientos de votación El establecimiento, en el sistema electoral, de un solo voto (voto único) por votante en cada elección, con listas de partido cerradas y bloqueadas, reduce las posibilidades de elegir en forma diferenciada a los candidatos y candidatas en distritos uninominales respecto a las listas partidistas. Cuando el elector emite un voto en los distritos de mayoría, acepta explícitamente la lista del partido, sin la posibilidad de alterarla o reordenarla. El control lo tiene la elite partidista, que define la integración de la lista. Varios autores coinciden en que las listas cerradas y bloqueadas son más favorables para las mujeres (Matland y Taylor, 1997; Matland, 2002; Archenti y Tula, 2008a y b; Frazier, 2009; Jones, 2000 y 2008; Htun, 2002; Peschard, 2002; Del Campo y Luengo, 2008). El argumento central de su efecto positivo es que impide la alteración, por parte de los votantes, del orden de los candidatos cuando hay mandato de posición en la ley de cuotas. Ello reviste particular relevancia frente a sociedades con una cultura patriarcal, en las que las visiones sobre los roles de género son más tradicionales y las mujeres son ubicadas en el espacio privado, el hogar y la familia. Parte del problema es que el diseño institucional de la ley de cuotas en el sistema electoral mexiquense, a partir de 2006 (en la legislación electoral), es indicativo, es decir, se establece a manera de recomendación en las candidaturas partidistas, sin especificar el principio según el cual deberá aplicarse (mayoría o representación proporcional), ni los cargos (propietarias y suplentes), ni los lugares en la lista partidista. El sistema de lista partidista, en comparación con el sistema de mayoría, aún no ha representado para las mujeres la oportunidad de ser incluidas en el ámbito de la política institucionalizada. Esto se debe a la falta de buena fe de las elites partidistas y a la falta de voluntad política hacia un principio de igualdad.

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La brecha de género entre hombres y mujeres que acceden por el sistema de lista partidista y primera minoría muestra el evidente desequilibrio entre ambos, lo que genera un efecto negativo, especialmente para las mujeres. Como dicen Matland y Taylor (1997: 190): “Una forma de evaluar si las mujeres han tenido progreso en la influencia política es ver qué tanto están representadas entre los diputados y en las listas partidistas de candidatos a diputados.” Un estudio comparativo entre diversas legislaciones estatales en México demuestra que la adopción de las cuotas tiene variaciones importantes dentro del sistema electoral de cada entidad. Como dice Reynoso (2008: 122-123): “Las normativas que especifican la adopción de las cuotas en las candidaturas propietarias y establecen posiciones de elección con precisión son factores que han incidido significativamente en la elección de las mujeres.” Asimismo, este autor puntualiza que las legislaciones de cinco estados con una normativa específica y completa tienen un efecto positivo en la representación política de las mujeres en los congresos locales de Chihuahua, Distrito Federal, Oaxaca, Coahuila y Zacatecas. Hay evidencia de que el sistema de cuotas funciona, siempre y cuando se combine con otros elementos o requisitos mínimos indispensables para incrementar la participación de las mujeres. Existe consenso en la bibliografía respecto a los factores que obstaculizan la aplicación de las cuotas, entre ellos la falta de obligatoriedad y sanciones específicas, ausencia de requisitos de ubicación (como hemos visto en posiciones no elegibles o en los últimos lugares de la lista) y falta de revisión por parte de las autoridades electorales (Peschard, 2002; Dahlerup, 2002; Htun, 2002; Huerta, 2006; Massolo, 2006; Barrera y Aguirre, 2003). Si el diseño institucional obstaculiza la aplicación de las cuotas, la estrategia debe ser modificar la base normativa con el fin de dar congruencia a la representación democrática y al principio de igualdad del

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derecho a votar y ser elegidas. Las leyes finalmente tienden a ser subjetivas, porque las disposiciones jurídicas son confeccionadas e interpretadas por los sujetos. En palabras de Alicia Ruiz (2000: 22-25), no hay neutralidad en la ley: “el discurso jurídico enmascara y disimula al poder y habilita las interpretaciones que garantizan ese ocultamiento y contribuyen a la preservación de la relación entre derecho y poder”, por lo tanto, “ser sujeto del derecho es condición necesaria para investir a los seres humanos del carácter de ciudadanos”.

A manera de conclusión Las mujeres se encuentran subrepresentadas en el ámbito de la política institucionalizada, entre otros factores, por el diseño institucional androcéntrico del sistema electoral. El feminismo ha debatido la concepción hegemónica de la política y ha propuesto la redefinición de la misma a través de la construcción de prácticas más democráticas. También pone de relieve que la división entre lo público y lo privado, así como la distribución sexual del trabajo, han definido las actividades para los géneros, invisibilizando los intereses políticos de las mujeres y, en consecuencia, su incorporación al espacio público. La condición de ciudadanía de las mujeres mexiquenses se percibe diferenciada, inacabada o degradada respecto a la de los varones por diversas razones: obstáculos en el acceso a las posiciones políticas, prácticas discriminatorias de los partidos políticos por ubicarlas en posiciones de suplencias tanto en los distritos de mayoría como en las listas partidistas y, dentro de éstas, en posiciones de lucha o zona intermedia y posiciones ornamentales o zona decorativa; diseño de estrategias electorales por las elites partidistas, enfocadas a identificar, con base en resultados previos, los distritos que son seguros electoralmente y los que no lo son, para colocar en éstos últimos intencionadamente a las mujeres. El efecto

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de las coaliciones ha supuesto un blindaje de las elites partidistas priístas para distribuir el poder cuando se negocian los votos por encima del rendimiento electoral de los partidos minoritarios, sobreponiendo la legislación electoral a arreglos de las cúpulas de los partidos. Los elementos abordados, relativos al diseño institucional del sistema electoral local, impactan de manera negativa las posibilidades de incrementar la representación de las mujeres en las legislaturas mexiquenses. La presencia de las mujeres en distritos urbanos, densamente poblados y desequilibrados en cuanto al número de votantes, si bien es una oportunidad para la formación de su capital político, también representa obstáculos difíciles de enfrentar: inequidad en el financiamiento de las campañas electorales y abstencionismo —sobre todo en zonas urbanas— ante la falta de credibilidad hacia los partidos políticos. Lo anterior indica la conveniencia de mayores estudios al respecto. La fórmula electoral, al considerar la proporcionalidad pura y la alternancia de las candidaturas, ha sido un aspecto relevante tanto para los partidos políticos de oposición como para las mujeres. Consideramos que es el único aspecto benevolente del sistema electoral; sin embargo es un tanto azaroso. La brecha entre los géneros es amplia. Ello afecta consecuentemente la condición de ciudadanía de las mujeres; es decir, aún no somos vistas como miembros plenos de una comunidad. Lo somos, electoralmente, cuando ejercemos nuestro derecho a votar; sin embargo, el derecho a ser elegidas aún es incierto. Esto es así porque desde la institucionalidad, a partir del diseño del sistema electoral contenido en el marco legal, no se garantiza la reducción de brechas de género en el acceso a los cargos de representación popular; por el contrario, las acentúa. Los partidos buscan estratégicamente mecanismos para cumplirlas en lo formal, pero en la realidad no están reflejadas. Este factor, aunado a la falta de voluntad política de las elites partidistas para hacer efectivos nuestros derechos políticos, hace que pese más el discurso que la buena voluntad hacia el principio de equidad.

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En virtud de que las brechas de género en el acceso a los cargos de elección se han acentuado, se hace patente el incumplimiento de los acuerdos pactados internacionalmente. Esto se traduce en una oportunidad de replantearse qué estrategias son las adecuadas para incrementar la presencia de las mujeres en el ámbito legislativo. Se trata de un tema prioritario pues es un asunto de igualdad en la representación política y la calidad democrática. El diseño electoral deberá contener reglas mínimas que garanticen el incremento de las mujeres en los órganos de toma de decisiones. Si bien la ley en sí misma no es una garantía, es el soporte en el cual descansa la ciudadanía moderna. En cuanto al tipo de sistema electoral que es más benéfico para las mujeres, deberemos tomar ciertas precauciones en su evaluación puesto que depende mucho del contexto político, electoral y del sistema de partidos en el cual se enmarca. No significa que las cuotas no funcionen, sino que deben combinarse con diversos elementos para hacerlas efectivas. Para ello es pertinente modificar el sistema electoral en los siguientes aspectos: 1. Reducir el sistema de mayoría a 40 distritos electorales y ampliar el sistema de representación proporcional a 35. Si se amplía la representación proporcional y se combina con el método Hare, la proporción de votos con los cargos que se deben repartir se refleja de mejor manera. Esto implica la posibilidad de eliminar la cláusula de gobernabilidad y cambiarla por una cláusula de género en los escaños legislativos. 2. Se debe hacer obligatorio el sistema de cuotas para los partidos políticos en sus órganos internos. 3. Establecer el porcentaje de igualdad de 50-50 en las candidaturas propietarias en distritos de mayoría y de representación proporcional, considerando posiciones de mandato en la lista partidista, así como el establecimiento de sanciones.

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4. Utilización de listas cerradas y bloqueadas en una sola circunscripción plurinominal, con una lista partidista de 10 integrantes, alternando candidaturas de lista con primeras minorías. Si se hacen obligatorias las cuotas en los distritos de mayoría, habrá una doble posibilidad de acceso. 5. Emprender un proceso de reorganización de la geografía electoral que incluya distritos más equilibrados para que cada voto tenga un mismo valor, evitando la sobre y subrepresentación electoral. 6. Verificación de los procedimientos democráticos internos de los partidos y establecimiento de sanciones por el incumplimiento de cuotas por parte del organismo electoral, a través del monitoreo permanente. Realizar reformas a la legislación para modificar el sistema electoral es sólo una parte de la estrategia para incrementar la representación femenina, aún faltaría mucho por hacer. Apuntar hacia una revisión de factores culturales, estereotipos, roles tradicionales de género y fomentar un movimiento feminista en la entidad son aspectos relevantes en las relaciones de género que hay que comenzar a reconstruir.

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2010, efectuada a través del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de México. Entrevistas realizadas Entrevista realizada a diputada propietaria de primera minoría por el Partido Acción Nacional, el 28 de mayo de 2009 en Toluca, México. Entrevista realizada a diputada propietaria de primera minoría del Partido Verde Ecologista de México, el 5 de junio de 2009 en Toluca, México. Entrevista realizada a diputada suplente de mayoría relativa por el Partido Acción Nacional, el 4 de agosto de 2009 en Toluca, México. Entrevista realizada a diputada propietaria de mayoría relativa por el Partido Revolucionario Institucional, el 10 de agosto de 2009 en Metepec, México.

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“MI CASA, MI PUEBLO”. PRESIDENTAS MUNICIPALES EN YUCATÁN1 Laura T. Loyola Hernández*

Introducción ¿Qué factores sociales, económicos, políticos y culturales intervienen para que una mujer llegue a ser presidenta municipal? ¿Cómo compaginan las mujeres las exigencias de ser madres y esposas con las de ser figuras políticas locales? ¿Cómo perciben ellas mismas sus experiencias como presidentas municipales? Estas fueron algunas de las interrogantes que condujeron las entrevistas que les hice a seis alcaldesas priístas de Yucatán.2 Debo aclarar que los resultados presentados se basan * Especialización y Maestría en Estudios de la Mujer, uam-x. 1 Este artículo está basado en la investigación titulada “Las doñas quieren jugar: presidentas municipales en Yucatán y sus gestiones” que la autora realizó para obtener el título de maestría en Estudios de la Mujer por la uam-x. 2 Las entrevistas tuvieron un formato semiestructurado y se llevaron a cabo en los meses de enero y agosto de 2009 en el estado de Yucatán. Las alcaldesas entrevistadas son las siguientes, con sus periodos y municipios: Leandra Moguel Lizama, alcaldesa de Temax de 1995 a 1998 y de 2001 a 2004; María Antonia Zapata, alcaldesa de Santa Elena de 1998 a 2001; Pilar Villanueva, alcaldesa de Timucuy de 1998 a 2001; Irma Noemí Quintal, alcaldesa de Chocholá de 2001 a 2004; Marissa Barrera Sosa, alcaldesa de Cacalchén de 2004 a 2007, y Arely Coronado, alcaldesa de Uayma de 2007 a 2010. El caso de Leandra Moguel Lizama está contado, como se verá en esta investigación, como si se tratara de dos alcaldesas distintas, porque fue dos veces presidenta municipal. Por esta razón, en adelante me expresaré como si las entrevistas se hubieran hecho a siete alcaldesas. 123

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exclusivamente en las experiencias subjetivas de las presidentas municipales, ya que no entrevisté a otras personas. La estructura del trabajo es la siguiente: en la primera sección hago un esbozo de los distintos conceptos de ciudadanía utilizados en las investigaciones concernientes a la participación política de las mujeres en los municipios. En la segunda, describo el contexto estatal y municipal en los cuales fueron electas las entrevistadas. En la tercera, examino los acontecimientos que llevaron a estas mujeres a ser alcaldesas, sus percepciones acerca del proceso de llegar a ser presidentas municipales como militantes del Partido Revolucionario Institucional (pri) y su interacción con sus compañeros y compañeras de partido. En el cuarto apartado pretendo mostrar la forma en que estas mujeres intentaron compensar y sobrellevar, por un lado, los roles de género impuestos socialmente por ser mujeres, como ser madre-esposas o tener que comportarse de una manera “moralmente superior” a la de los hombres, entre otros. Por otro lado, se busca saber la manera en que sortearon las dificultades administrativas con las que se encontraron: deudas municipales, presupuestos reducidos, cortos periodos de gobierno, falta de recursos, trabajar con un gobierno de oposición, etcétera. Exploré también la presión social y familiar con la que tuvieron que vivir estas mujeres a lo largo de sus gestiones: largas horas de trabajo, especulaciones, chismes acerca de su vida privada, mecanismos de control, entre otros. Finalmente, concluyo con algunas reflexiones en relación con los obstáculos que existen en los municipios para que las mujeres puedan ocupar una alcaldía en Yucatán.

Participación política de las mujeres en los municipios mexicanos A pesar de que la Constitución establece, de manera aparentemente neutral, que toda persona mexicana puede ser electa como presidente o pre-

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sidenta municipal, esto no ha sido una garantía de que las mexicanas tengan las mismas oportunidades de ser electas en cargos de representación popular que los hombres. La ciudadanía en México se encuentra determinada por la clase socioeconómica a la que se pertenece, la etnia, la orientación sexual y el sexo. Si retomamos el concepto fundamental de Virginia Vargas en relación con la ciudadanía, tenemos que: Se ha tendido a ver la ciudadanía activa en relación con la capacidad de tener juicio independiente frente a los asuntos públicos y su participación ciudadana en ellos, al asumir un compromiso activo en la deliberación de los temas que afectan a la comunidad política. Y se ha tendido a ver al ciudadano pasivo como sujeto de derechos, protegidos por el Estado sin ningún papel real como sujeto activo (Vargas, 2000: 177).

Sin embargo, para que las mujeres puedan realmente ejercer una ciudadanía activa y participar en la vida política de nuestro país, como lo propone Vargas, es preciso luchar en un plano equitativo y que el Estado brinde las oportunidades necesarias para ello. Según Vargas, esto debe hacerse: Asumiendo una ciudadanía activa. Asumimos responsabilidad sobre sus contenidos, significados, ampliaciones […] se emprende el proceso de asumir los derechos como algo frente a lo que las mujeres se sienten capaces de exigir, de opinar, de hacerse responsables de su apropiación. [También es necesario] lograr que en esta exigencia y opinión se comprometan y responsabilicen […] la sociedad civil y, por supuesto, el Estado (Vargas, 2000: 177).

Esto no ha sucedido en México, ya que las mujeres no han podido superar la barrera de 4% desde la década de 1980, respecto al número de alcaldesas en las distintas entidades (inegi, 2009: 395). Aparentemente,

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el porcentaje de 4% se ha erigido como un límite infranqueable y, aunque se han realizado estudios exploratorios que han intentado responder las cuestiones de qué mujeres están llegando, bajo qué circunstancias y qué tipo de gestión tienen en su calidad de presidentas municipales (por ejemplo, Barrera, 1998, 1999 y 2003; Barrera y Aguirre, 2003a y b; Briseño, 2007; Dalton, 2003; Massolo, 1998 y 2003; Olivares, 2006; Sam, 1998, 2000, 2002a y b; Vélez y Martínez, 2007), aún no han sido determinados satisfactoriamente los componentes de esta muralla, que impide que más mujeres puedan llegar al poder ejecutivo de las municipalidades a nivel nacional. Es muy importante que se lleven a cabo investigaciones orientadas a la dinámica política a nivel local. El municipio es la entidad políticoadministrativa más cercana a la ciudadanía; por lo tanto, puede reflejar el grado de democracia, pluripartidismo, autonomía gubernamental y equidad de género que existen en las distintas entidades federativas. Un ejemplo claro fue cuando algunos políticos de la década de 1940 estimaron que el municipio era el “espacio natural” para que las mujeres comenzaran su participación política y, por lo tanto, “otorgaron” el voto en 1947: […] se suponía que la participación formal en el ámbito municipal propiciaba que, efectivamente, en su mayoría las mujeres se socializaran e interactuaran políticamente. Aquí encontrarían más motivaciones y facilidades para desempeñar sus actividades y participar en la organización y las luchas de la sociedad civil. La legitimidad de los derechos políticos de la mujer se derivó de las funciones y virtudes tradicionales adjudicadas al género femenino en la esfera de la familia y la vida privada (Rodríguez, 2000: 236).

Asimismo, “[se ha] reconocido en el Ayuntamiento uno de los espacios de participación más importantes para las mujeres debido a que el desempeño en la vida municipal se vincula estrechamente con el ámbi-

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to de lo privado” (Sam, 2002a: 162). En virtud de que el municipio y el Ayuntamiento tienen entre sus facultades manejar los servicios públicos, la creación de parques y escuelas, etcétera, no se ve mal el hecho de que las mujeres salgan del ámbito doméstico y acudan ante las autoridades (espacio público) con el fin de demandar cosas por el bienestar de su familia y de sus hijos o hijas. Durante décadas, las mujeres en distintos países latinoamericanos, entre ellos México, han practicado una “ciudadanía maternal”, es decir, se les permite salir y ejercer su ciudadanía, siempre y cuando sea bajo el papel de madre cuidadora, que persigue la justicia y el mejoramiento de la calidad de vida. Como dice Griselda Gutiérrez (2001: 131): “Pública y privadamente las mujeres latinoamericanas están encerradas en el cerco de lo familiar, con sus miserias y atavismos, de manera que incluso cuando se hacen presentes en la esfera pública es para reclamar lo de otros, lo de su familia”. Por tal motivo, entre otros, la entrada de miles de mujeres en los espacios públicos, a nivel local, no ha significado en México un aumento de presidentas municipales. Es decir, la presencia pública de estas mujeres fue justificada en su momento porque estaban buscando el bienestar de sus familias, sobre todo de sus hijos o hijas. La participación femenina en organizaciones vecinales, campesinas e, incluso, de base para los partidos políticos, sigue siendo fuerte, pero aún se enfrentan con muchos obstáculos para incursionar en puestos de poder, en este caso, como alcaldesas. No obstante que en México las mujeres pudieron votar y ser votadas en todo el país a partir de 1947 a nivel municipal, y de 1953 a nivel federal, esto no ha sido una garantía de que tengan las mismas oportunidades que los hombres de ser electas en cargos de representación popular. La discriminación que viven las mujeres para poder ser electas deriva, en parte, de la mitificación de lo que significa ser ciudadano o ciudadana en una sociedad democrática liberal. En la década de 1980, algunas

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feministas comenzaron a cuestionar no sólo el concepto de democracia, sino a los teóricos de las ciencias políticas, porque advirtieron la fuerte presencia de los elementos señalados en sus planteamientos políticos y en la práctica democrática. Una de las primeras críticas provino de Carole Pateman. En su artículo “Feminismo y Democracia”, la autora desarrolla un análisis crítico de las propuestas de algunos estudiosos de la política. Pateman afirma que las democracias liberales no se han cuestionado el papel del Estado patriarcal en la participación política de las mujeres. Se pasa por alto que aún hoy existen roles de género asignados a hombres y mujeres, social y culturalmente construidos. Estas diferencias dificultan el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Los supuestos y las prácticas que rigen las vidas personales y cotidianas de los hombres y mujeres, incluida la vida sexual, no pueden seguirse tratando como cuestiones alejadas de la vida política o como intereses particulares de los teóricos de la democracia. La condición de “individuo” que tienen las mujeres penetra toda su vida social, personal y política. La estructura de la vida cotidiana, incluido el matrimonio, está compuesta por creencias y costumbres que parten del supuesto de que las mujeres, por naturaleza, están subordinadas a los hombres y, aun así, quienes escriben sobre democracia continúan afirmando que las mujeres y los hombres pueden interactuar libremente y que de hecho lo hacen, como iguales que son en su calidad de ciudadanos con derechos políticos (Pateman, 1990: 20-21). Aunque algunas feministas como Pateman han afirmando que es necesario estudiar la llamada “separación” entre la esfera pública y la privada y su efecto en la participación política de las mujeres, este planteamiento aún no ha sido aceptado por algunos politólogos. Existe una creencia entre algunos teóricos políticos de que para entender el mundo de la política sólo es necesario estudiar el ámbito público. Sin embargo, algunas feministas alegan que la supuesta separación entre la esfera

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pública y privada no existe; ignorar esto, alegan, puede tener un efecto negativo en el acceso de las mujeres a puestos de representación. Para entender por qué las mujeres son subordinadas, no sólo en la política, es necesario no dejar de lado la esfera privada. Elena Beltrán explica que: Los teóricos de la política basan sus investigaciones en la asunción de que su objeto se encuentra en la esfera pública y en la posibilidad de comprender ésta por sí misma, con independencia de las relaciones entre los sexos y de la vida doméstica. Sin embargo, lo público y lo privado son interdependientes. Para comprender la concepción de lo público y las capacidades y características que se exigen para participar en él es necesario tener presente lo que se excluye y preguntarse la razón de tal exclusión (Beltrán, 2001: 307).

Las mujeres no podrán incursionar de manera plena y equitativa en el mundo político mientras se siga ignorando el contexto social y cultural, que les demanda cumplir con una serie de requisitos que no se les exigen a los hombres. Mientras la crianza, las tareas domésticas, el acceso a la educación y el sexismo en los partidos políticos y las comunidades no sean objeto de análisis y de transformación no vivirán en una sociedad democrática y justa, en la que puedan participar en forma igualitaria en la política. Una consecuencia grave de plantear una ciudadanía bajo los estándares liberales de la separación público-privado es caer en lo que la propia Pateman llama el “dilema Wollstonecraft”: […] la demanda de igualdad —dice Pateman— equivale a aceptar la concepción patriarcal de la ciudadanía suponiendo que las mujeres han de ser como los hombres, al tiempo que se insiste en que las diferentes capacidades, actividades y atributos de las mujeres han de tener su cauce de expresión y ser valoradas porque contribuyen a formar una idea de ciudadanía más com-

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pleta, siendo precisamente esas diferencias las que las excluyen desde la idea patriarcal de lo político (Pateman, citada por Beltrán 2001: 303).

¿Cuál podría ser una alternativa a esta ciudadanía “patriarcal”? Tal vez el ejercicio de una ciudadanía maternal, la cual acentúa “[…] las virtudes de la esfera privada de las mujeres, primordialmente en la maternidad […] lo ‘privado’ es el lugar de una posible moralidad pública y un modelo para la actividad de la propia ciudadanía” (Dietz, 2001: 15-16). Dietz define así la propuesta del feminismo maternal, ya que “[…] reconoce la experiencia de las mujeres como madres en el ámbito privado, como donadoras de una especial capacidad y de un ‘imperativo moral’ para contrarrestar tanto la concepción individualista del mundo masculino y liberal como su noción masculinista de ciudadanía” (Dietz, 2001: 17). Aunque, tanto Mary Dietz como Chantal Mouffe reconocen que las maternalistas brindan un nuevo enfoque al ámbito privado y su relación con lo público, advierten que podría “convertir a mujeres históricamente caracterizables en entidades ahistóricas y universalizadas” (Dietz, 2001: 19). Anne Phillips coincide con Dietz: “[…] cuando pasamos al gran énfasis [sic.] en la diferencia sexual y de otros tipos, con ello no se abandonan todas las pretensiones universales del pensamiento político” (Phillips: 2002: 42). Por su parte, Mouffe propone una ciudadanía radical sin sexo: “Quiero argumentar que las limitaciones de la concepción moderna de ciudadanía no van a superarse, si en su definición se vuelve políticamente relevante la diferencia sexual, sino al construir una nueva concepción de ciudadanía en la que la diferencia sexual se convierta en algo efectivamente no pertinente” (Mouffe, 1993: 13). A pesar de que la propuesta de Mouffe es sin duda lo que muchas feministas buscan en el horizonte, la realidad hoy sigue siendo muy diferente. Como mostraré más adelante, las mujeres que llegan a incursionar en la política a nivel local, lo hacen utilizando de manera estratégica el

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discurso maternalista y las características que se les han asignado desde roles de género estereotipados. Para poder identificar y analizar la relación entre el género y la ciudadanía y, por lo tanto, la forma en que las mujeres son marginadas y subordinadas en la política, es necesario entender qué son los roles de género. Con ese fin, ayuda retomar la noción de Linda Nicholson, según la cual: “El cuerpo sería una especie de percha en la que se cuelgan o se superponen los distintos mecanismos culturales, especialmente los relacionados con el comportamiento y la personalidad” (Nicholson, 2003: 50). De esta manera, a las mujeres, puesto que tienen un cuerpo que potencialmente puede realizar las funciones biológicas de la reproducción y el embarazo, se les destinan ciertas características específicas, diferentes de las que se les asignan a los varones. Éstas varían de acuerdo con los contextos socioculturales y los discursos políticos en los cuales están inmersas las mujeres. ¿Cómo afectan los roles de género a la participación política de las mujeres? Maxine Molyneux (2001: 7) ha planteado: “El carácter de las formaciones de género también influye en las titularidades que las mujeres han exigido y en el tipo de presencia política que han buscado y logrado.” A pesar de que las mujeres han utilizado el discurso maternalista como estrategia política para posicionarse en la esfera pública, esto ha limitado y/o obstaculizado la forma en que estas mujeres acceden a las presidencias municipales y la forma en que gobiernan. Drude Dahlerup (2001) argumenta que las mujeres que se colocan en las cúpulas políticas están llenas de simbolismos y visibilidad, tanto para ellas como para las personas que están a su alrededor. Cuando las mujeres por fin acceden a las elites políticas no se consideran una minoría, a pesar de que se encuentran en un mundo mayoritariamente masculino (como las alcaldesas mexicanas); por lo tanto, no demandan cambios con base en las necesidades del grupo al que pertenecen (mujeres, indígenas, etcétera). Además, como señala Dahlerup (2001: 161):

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Las mujeres que se dedican a la política están atrapadas entre dos expectativas contradictorias: 1) La de probar que, a pesar de ser mujeres, son exactamente iguales a (o tan capaces como) los políticos. Expectativa que proviene de la comunidad masculina, así como de otras mujeres. 2) La de probar que el hecho de que haya más mujeres en la política implica una diferencia. Esta demanda proviene de las organizaciones de mujeres y del movimiento feminista.

Los estudios respecto a las alcaldesas en nuestro país parecen confirmar lo establecido por Dahlerup. Así, las mujeres sienten que tienen que probarse a ellas mismas, a sus familias, a sus partidos y a su comunidad; que sí merecen estar en la política y que sí marcan una diferencia, pero que no sufren de discriminación por ser mujeres —a pesar de que en sus relatos hay evidencia de discriminación—. La presión más fuerte que interviene cuando gobiernan estas mujeres es lo que Dahlerup señala como una “mujer símbolo”: “Ser la única mujer en un grupo masculino o ser solamente unas cuantas mujeres les da a éstas una posición de símbolos. O sea, la mujer es considerada una representante de las mujeres en general. Si falla, la conclusión es que las mujeres como tales no son buenas para hacer ese trabajo” (Dahlerup, 2001: 162). Dentro de las características que posee una persona símbolo están: • Las personas símbolo son al mismo tiempo representativas y excepcionales. Sirven como símbolo de su categoría, especialmente cuando se equivocan; sin embargo, también son vistas como ejemplos inusitados de su tipo, sobre todo cuando son exitosos. • Se las vuelve conscientes de sus diferencias ante los que son predominantes numéricamente, pero, a menudo, tienen que fingir que las diferencias no existen o que no tienen implicaciones. Además, a decir de Drude Dahlerup (2001: 163):

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En tanto son pocas en cantidad, las dificultades de interacción alrededor de las personas símbolo (y sus problemas personales) son vistas por la organización como gran desviación de sus propósitos centrales, como una pérdida de energía, y conducen a la conclusión de que no vale la pena tener allí a gente como las personas símbolo. Sin embargo, las dificultades se dan en función principalmente de que la cantidad de personas símbolo es pequeña y podrían ser resueltas con incrementos proporcionales.

Si consideramos que las alcaldesas mexicanas no representan ni 5% del total que ocupa ese cargo en los municipios del país, puedo afirmar que las mujeres que llegan a ocupar una alcaldía son símbolos y, por consecuencia, sus candidaturas y gobiernos estarán inmersos en este mundo de limitantes y obstáculos, pero también de facilitadores.

Su pueblo y su gente: características de los municipios analizados En este apartado exploro algunas características de los municipios gobernados por las entrevistadas, con la intención de contextualizar el espacio social, económico y cultural en donde fueron electas estas mujeres. Yucatán tenía una población de 1 658 210 habitantes en el año 2000. Es un estado con una rica historia en la lucha política de las mujeres. Es el lugar en donde, en 1916, se llevó a cabo el primer congreso feminista en México y el segundo en América Latina (Macías, 2002: 96). Fue el primer estado en otorgarle el derecho a votar a las mujeres y en elegir a una mujer para un puesto de representación: Rosa Torres fue electa en 1922 para una regiduría en Mérida (Villagómez, 2003: 10). Dos mujeres han sido gobernadoras del estado: Dulce María Sauri, de 1991 a 1994, e Ivonne Ortega Pacheco, de 2006 a la fecha. Asimismo, la capital del estado ha sido dirigida en dos ocasiones por Ana Rosa Payán.

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Yucatán ha destacado significativamente en cuanto al número de alcaldesas. La gráfica 1 y el cuadro que la acompaña muestran la evolución de la participación política de las mujeres a nivel local durante los últimos años en el país. Yucatán, a partir de 2002, ha estado entre las entidades federativas con mayor número de presidentas municipales. En 2002 era el tercer estado con mayor número de alcaldesas, 11 en total (Barrera y Aguirre, 2003a: 63-64); en 2004 bajó al quinto lugar, con cuatro alcaldesas (Sistema Nacional de Información Municipal); en 2009 ocupaba el primer lugar en México, con 15 presidentas municipales, seguido por Puebla, con ocho, y Veracruz y Tlaxcala, con cinco (Instituto Griselda Álvarez, 2009). De los 106 municipios que existen en Yucatán, 56 han sido gobernados, por lo menos una vez, por mujeres desde 1945.3 Destacan los municipios de Cacalchén, Kopomá, Quintana Roo y Temax, ya que han tenido alcaldesas en tres ocasiones diferentes. A partir de julio de 2010, la capital del estado, Mérida, será dirigida nuevamente por una mujer, convirtiendo a Yucatán en el único estado del país que ha tenido a tres mujeres como ejecutivas del gobierno municipal en la capital: Ana Rosa Payán, del Partido Acción Nacional (pan), de 1990 a 1993 y de 2001 a 2004, y Angélica Araujo (pri), para el periodo 2010-2013. También resalta el hecho de que únicamente en dos periodos no ha habido siquiera una presidenta municipal: de 1968 a 1970 y de 1982 a 1984, lo que coloca al

3

Los municipios que no han sido gobernados por mujeres dentro del periodo 19451947 a 2007-2010 son 50: Akil, Calotmul, Cansahcab, Celestún, Cenotillo, Chacsinkín, Chankom, Chichimilá, Chumayel, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, Espita, Hocobá, Homun, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kaua, Kinchil, Maní, Mayapán, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Sacakum, Samahil, Sanahcat, San Felipe, Sucilá, Tadtziú, Tecóh, Tekal de Venegas, Tekit, Tekom, Telchac Pueblo, Tetiz, Teya, Ticul, Tixcacalcupul, Tixméhuac, Tunkás, Tzucacab, Valladolid, Xocchel, Yaxcabá y Yaxkukul.

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Gráfica 1 Porcentaje de presidentes y presidentas municipales en México de 1994 a 2009 Mujeres Hombres

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0.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mujeres

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4.6

5.1

Hombres 96.4 96.3 96.4 96.4 96.5 96.4 96.3 96.1 96.7 96.5 96.4 96.2 96.2 96.1 95.4 94.9

Fuente: Elaboración propia, con información del ife (2001), datos de 1994 a 2001, y el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe (2009), datos de 2002 a 2009.

estado como una de las entidades federativas con más alcaldesas, a nivel nacional, en los últimos años. Respecto a las características de los 56 municipios gobernados por mujeres en Yucatán, destaca que en su mayoría son comunidades de menos de cinco mil habitantes, con un porcentaje de población indígena entre 30 y 70% y un índice de marginación alto. En cuanto a la pluralidad política de las mujeres que han sido electas como presidentas municipales en Yucatán desde 1995, tenemos que el partido que más ha tenido alcaldesas es el pri, seguido del pan. También es notable que el pri haya sido el único partido que ha tenido por lo menos a dos presidentas municipales en los seis periodos analizados (véase la gráfica 2).

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Gráfica 2 Mujeres a cargo del ejecutivo local por partido en Yucatán de 1995-1998 a 2007-2010 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1995-1998

1998-2001

2001-2004

2004-2007

2007-2010

pri

7

6

8

2

6

pan

0

0

0

2

7

Otros

0

0

3

0

2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Acceso a la Información de Yucatán.

En relación con los municipios gobernados por las alcaldesas que entrevisté, el siguiente mapa de la gráfica 3 muestra su ubicación. Respecto a la población discriminada por sexo, tenemos que en el año 2000, del total de 1 658 210 habitantes en Yucatán, más de la mitad (840 005) eran mujeres, lo que representa 50.56% del total, mientras que los hombres eran 49.34% de la población estatal (818 205). En la tabla 1 señalo la distribución por sexo de la población de los municipios estudiados. Partiendo de los datos de la tabla 1, puedo deducir que las poblaciones de los municipios estudiados indican que existe, en términos relativos, una paridad en cuanto al número de mujeres y hombres. Sin embargo, las políticas y programas casi siempre están diseñados para homogenizar a los habitantes de las comunidades (desde la perspectiva del varón) y no toman en cuenta el sexo, la etnia y la edad. Los seis municipios investigados son considerados pequeños; de esta forma, se puede decir que encajan con la hipótesis de algunas autoras

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Río Lagartos

Gráfica 3 Mapa de los municipios de estado de Yucatán* San Felipe

Oxkutzcab

Chemax

Chichimilá

calcu

Tizimín

Tixc a

Chikindzono

t

pul

Panaba Dzilam de Bravo Telchac Sinanché Dzidzantún Pueblo Dzilam González Yobain Progreso Ixil Dzemul Telchac Puerto Motul Chicxulub Buctzotz TEMAX Mocochá Sucila Pueblo Baca Cansahcab Dzoncauich Conkal Muxupip Hunucmá Suma Teya Ucu Cenotillo Yaxkukul Bokobá Tekantó Tepakan Tekal de Tixpéhual Calotmul Tetiz Venegas Mérida Tixkokob CACALCHÉN Kanasin Tahmek Espita Izamal Celestún Kinchil Temozon Hoctun Quintana Acanceh Uman Tunkas Roo Xocchel TIMUCUY Seye Hocaba Samahil Sudzal UAYMA Dzitas Cuzama Sanahcat CHOCHOLÁ Kantunil Maxcanu Valladolid Tecoh Tinum Kopoma Homun Huhi Cuncunul Abalá Kaua Tekit Sotuta Chankom Sacalum Mama Halachó Opichen Chumayel Tekom Muna Chapab Mayapan Yaxcaba Cantamayec Dzan Mani SANTA Teabo Ticul Akil ELENA Chacsinkin Tahdziu Tixmehuac Peto Tekax Tzucacab

Fuente: Gobierno del Estado de Yucatán. Se resaltaron en mayúsculas los municipios estudiados.

Tabla 1 Distribución de la población por sexo en los municipios estudiados en Yucatán en el año 2000 Población por sexo

Porcentaje de población por sexo

Total de población

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Cacalchén

6 286

3 196

3 090

50.84

49.15

Chocholá

4 057

2 052

2 005

50.57

49.42

Santa Elena

3 489

1 758

1 731

50.38

49.61

Temax

6 396

3 231

3 165

50.51

49.48

Timucuy

5 883

3 053

2 830

51.89

48.10

Uayma

2 976

1 560

1 416

52.41

47.58

Municipio

Fuente: Elaboración propia utilizando datos del Gobierno de Yucatán.

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como Massolo (1998) y Rodríguez y Cinta (2003), las cuales señalan que es más probable que algunas mujeres lleguen a gobernar pequeñas y medianas comunidades, a diferencia de las grandes metrópolis, en donde se concentran las fuerzas económicas y políticas estatales. Aunque existen intereses y luchas de poder en pequeños y medianos municipios, la cantidad de recursos económicos que se encuentra en las capitales estatales (o grandes urbes) y el beneficio político (qué partido controla los recursos económicos y políticos de la comunidad) que se juega en el interior de los partidos por gobernar dichas ciudades dificulta aún más que las mujeres puedan llegar a gobernarlas; por lo tanto, tienen más probabilidades de convertirse en alcaldesas de pequeños o medianos municipios, como es el caso de las alcaldesas yucatecas. Respecto a la población indígena, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya) afirma que de 1 658 210 habitantes del estado en el año 2000, hablaban una lengua indígena 549 536 personas con edad mayor a cinco años. La lengua maya era la más hablada y representaba 37.1% del total de la población hablante de una lengua indígena. Se podría hablar de un estado mayoritariamente indígena si no se excluyera a la población menor a cinco años que habla maya (Indemaya, 2009: 14). La población indígena mayor a cinco años, en los seis municipios estudiados, oscila entre 34.47 y 85.95% del total de la población. En el año 2000, Santa Elena, Timucuy y Uayma tenían una población de cinco años o más de mayahablantes mayor a 70%; la población de Cacalchén y Chocholá en esta situación era de entre 30 y 70%; finalmente, Temax era el único municipio que tenía una población mayahablante menor a 30% (Indemaya, 2009: 14). Los tres municipios incluidos en esta investigación con mayor porcentaje de población indígena —Santa Elena, con 69.44%, Timucuy, con 85.44%, y Uayma, con 85.95%— tienen un índice de marginalidad alta. De acuerdo con las tendencias prevalecientes, los municipios en donde hay una mayor cantidad de población

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indígena tienden a ser comunidades con grandes carencias de servicios básicos de salud, vivienda, trabajo, educación, entre otros. En 2000, del total de la población indígena estatal, 48 020 eran monolingües, es decir, 2.89%. De los tres municipios con mayor población indígena estudiados (Santa Elena, Timucuy y Uayma), las comunidades de Timucuy y Uayma son las que más habitantes monolingües mayahablantes tienen, de acuerdo con el Censo de Población del año 2000 (Indemaya, 2009: 25-27). En relación con la cobertura de servicios básicos, tenemos que los seis municipios tienen por lo menos 90% de cobertura energética y de agua entubada. Sin embargo, la cobertura de drenaje varía entre 6.84 y 21%. La falta de servicios adecuados de drenaje fue, y es, uno de los problemas centrales con que se enfrentaron las presidentas municipales durante su administración. Todos los municipios cuentan, por lo menos, con una unidad médica de primer nivel. Asimismo, los seis municipios tienen, por lo menos, una escuela preescolar, una primaria y una secundaria. Sólo tres de los seis municipios cuentan con una escuela de bachillerato (Cacalchén, Santa Elena y Temax), aunque ninguno tiene alguna escuela de nivel profesional. Esto habla de un cierto atraso educativo, sobre todo si se observa que no existe, en tres de los seis municipios, siquiera una escuela de nivel medio superior. Finalmente, en Santa Elena, Temax y Uayma las principales actividades económicas son la ganadería, la agricultura y la pesca; mientras que en Chocholá y Timucuy la minería, la construcción y la extracción de petróleo son las actividades económicas predominantes; en Cacalchén la mayoría de la población se dedica al turismo y a los servicios. En cuanto a la pluralidad política, en cinco de los casos estudiados, por primera vez una mujer ocupó el cargo ejecutivo del gobierno municipal. Leandra Moguel Lizama y Marissa Barrera fueron la excepción. La primera repitió el cargo en el periodo 2001-2004; la segunda fue la tercera mujer en ocupar la presidencia municipal, aunque fue la primera priísta.

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Ciudadanas, políticas, madres y mujeres: experiencias personales y profesionales de siete alcaldesas en Yucatán Este apartado lo dedicaré a rastrear los puntos de coincidencia, factores comunes o aspectos compartidos que fueron expresados por las entrevistadas. Debo señalar, en primer lugar, coincidencias con la investigación de Dalia Barrera e Irma Aguirre (2003c), ya que también las alcaldesas que entrevisté compartían un sentimiento de culpabilidad y angustia por dejar a su familia, en especial a sus hijos o hijas menores. De igual manera, manifestaron sentir temor a los señalamientos y cuestionamientos de diverso tipo que enfrentarían por ser mujeres que incursionaban en la política local. Sin embargo, para que pudieran tener cabida en el mundo político dentro de sus municipios, fue necesario que desarrollaran estrategias y negociaciones con las distintas redes sociales y de poder: grupos eclesiásticos, sociedades de padres de familia, partidos políticos locales, empresarios y familiares. Las respuestas de las entrevistadas parecen indicar la existencia de un imaginario social dentro de sus municipios respecto al comportamiento y las características que una mujer debe tener para llegar a ser jefa del ejecutivo municipal. Un primer aspecto fue la edad. En seis de los siete casos, las mujeres tenían un promedio de 33 años, en el momento de su elección. Esto parece indicar que la gente de los municipios votó por ellas debido a que las ven como “nuevas” en el juego político y, por lo tanto, menos capaces de hacer “jugadas chuecas”. También las veían como una opción joven y con ideas frescas para mejorar al municipio; es decir, la gente pensó que tendrían formas novedosas de gestionar recursos o crear programas. La ex alcaldesa de Chocholá fue la única de “edad mayor” cuando fue electa, tenía 43 años. No obstante, mencionó que su edad era un factor negativo para poder seguir incursionando en la política, porque “ya los jóvenes están mejor preparados”.

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Un segundo aspecto fue el estado civil de las entrevistadas. De manera por demás sugerente, tanto estar casada (caso de cinco de nuestras entrevistadas) como estar soltera (en el caso de la presidenta municipal de Uayma) fueron aspectos que tuvieron implicaciones negativas. Las presidentas municipales que estaban casadas, en el momento de su elección tuvieron que negociar su salida a la esfera pública con sus esposos, el resto de su familia y comunidad para no ser mal vistas por el ejercicio de sus responsabilidades, que muchas veces exigían trasladarse de un lugar a otro sin acompañamiento, o tratar con hombres. Estar casadas, como se ha insinuado, puede ser un factor limitante del ejercicio político de las mujeres. No obstante, y de manera por demás paradójica, puede parecer que esto forma parte del perfil que una mujer debe tener para llegar a ocupar el cargo de presidenta municipal. A propósito de esto, Magdalena Sam (2002b: 66) dice: “Concepciones culturales acerca del perfil deseable de un candidato [señalan] que debe ser casado, pero que para el caso de las mujeres se convierte en un impedimento.” En el caso de la alcaldesa de Uayma, aunque no tenía que “pedir permiso” y tenía “mayor libertad” de movimiento, no estar casada generó muchas injurias en su vida privada: “¿Por qué no está casada? Algo debe tener”, se murmuraba. La excepción fue el caso de la ex presidenta municipal de Santa Elena, quien era viuda y la cual, según ella, era vista por la comunidad de manera positiva, porque afirmaba que se metió a la política para “vengar” la muerte de su esposo; de esta forma, no abandonó su “papel tradicional” de esposa, aunque su esposo ya no viviera. En la tabla 2 expongo los factores que facilitaron u obstaculizaron las candidaturas de las entrevistadas durante el proceso electoral.

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Tabla 2 Factores que facilitaron u obstaculizaron las candidaturas de las alcaldesas yucatecas investigadas Factores facilitadores

Alcaldesas y municipios

Factores obstaculizadores

Subjetivos

Sociales y políticos

Subjetivos

Sociales y políticos

Leandra Moguel Lizama (Temax, 19951998 y 20012004).

Ser jefa de familia. Sus hijos. El amor a su pueblo. Demostrar que podía llegar a ser una política exitosa sin dar malas impresiones. Personalidad. Conocer el juego político y las reglas dentro del pri. Adquirir la capacidad de gestionar recursos.

Participación en la iglesia local, creación del coro. Reconocimiento del trabajo realizado en instancias gubernamentales, previo a su elección. Larga trayectoria dentro del pri. Su padre fue alcalde de Temax.

Temor de abandonar a sus hijos. Miedo a los señalamientos por parte de la comunidad.

Maternidad, dentro de los roles estereotipados de género. Mal vista por la sociedad por ser madre-esposa y moverse de un lugar a otro no acompañada por su esposo o en compañía de otros hombres. Reprochada por estar embarazada y en campaña.

María Antonia Zapata (Santa Elena, 19982001).

La búsqueda de justicia por la muerte de su esposo. Su personalidad. Confiar en sus capacidades de gestión de recursos. Conocer el juego político y las reglas dentro del pri. Comportamiento moralmente superior de la mujer (sus palabras).

Al ser viuda no transgredía su rol de esposa tradicional, lo cual era bien visto por la sociedad. Reconocimiento de su trabajo en instancias gubernamentales, previo a su elección. Trabajó en el municipio como tesorera municipal.

Temor de abandonar a su hija pequeña. Miedo a los señalamientos por parte de la comunidad. Miedo a las críticas durante la época de campaña. No querer moverse de un lugar a otro sola.

Machismo dentro del partido. Ser una joven mujer era visto como un impedimento dentro del pri local. Dentro de la familia existían dudas de que ella fuese capaz de manejar el trabajo, por no ser hombre.

Pilar Villanueva (Timucuy, 1998-2001).

El don de servir y ayudar. El apoyo de su esposo en su andar político. Independencia política de su cónyuge. Aprender a gestionar recursos desde temprana edad y conocer el juego político local.

Secretaria del Frente Juvenil en el pri. Ser reconocida por los hombres mayores dentro del comité municipal del pri a temprana edad. Su esposo fue alcalde de Timucuy antes que ella. Presidenta del dif durante el gobierno de su esposo.

Temor a abandonar a sus hijos menores. Miedo a los señalamientos negativos por parte de sus compañeros o compañeras de partido. Temor de no poder cumplir con la responsabilidad de ser alcaldesa.

Machismo dentro del partido. Ser mujer fue un obstáculo frente a algunos miembros mayores del partido. Negativa de sus compañeros de partido a aceptar que ella había ganado las elecciones.

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Tabla 2 Factores que facilitaron u obstaculizaron las candidaturas de las alcaldesas yucatecas investigadas (conclusión) Alcaldesas y municipios

Factores facilitadores

Factores obstaculizadores

Subjetivos

Sociales y políticos

Subjetivos

Sociales y políticos

Irma Noemí Quintal (Chocholá, 2001-2004).

Confianza y seguridad de poder ejercer el cargo. No tener que preocuparse por sus hijos, ya que ya eran mayores de edad. Aprender a gestionar recursos en las distintas dependencias. Su personalidad.

Participación en la iglesia; formación del coro. Larga trayectoria social dentro de la sociedad de padres de familia en Chocholá. Esposo alcalde de Chocholá. Presidenta del dif durante el gobierno de su esposo. Reconocimiento social de sus capacidades para servir y gestionar recursos para la comunidad.

Considerarse “vieja” para la política, con 43 años. El sólo tener estudios de primaria, considera que la pone en desventaja con los jóvenes que “ya están más preparados”. Que su esposo no le permita seguir en la política.

No tener estudios superiores o técnicos. Por ser mujer fue cuestionada por algunas personas dentro del partido. Difamación por parte de sus compañeros del pri por no aceptar que habían perdido la candidatura interna ante ella.

Marissa Barrera Sosa (Cacalchén, 2004-2007).

Ser una buena gestora de recursos. Su personalidad. Considera que el no tener una larga trayectoria en la política la coloca ante la sociedad como más honesta y transparente.

Negocio familiar dentro de Cacalchén. Reconocimiento de la familia como prestigiosa. Poder solventar económicamente al comité municipal del pri, así como su campaña. Tener una asociación civil. Creación de estructuras de jefas de manzana del pri en su comunidad.

Miedo a abandonar a sus hijas y a peleas maritales. Temor al señalamiento a ella o a su familia y afectar el negocio familiar. Mucha responsabilidad para probarse como mujer capacitada para el puesto.

Fraude electoral la primera vez que contendió para la presidencia municipal. Candidatura interna desgastante.

Arely Coronado (Uayma, 2007-2010).

Ser soltera lo considera un factor facilitador, ya que no tiene que “pedir permiso” a nadie. Aprender a gestionar recursos para el municipio desde temprana edad. Querer sacar al municipio del “atraso”. Su personalidad.

Larga trayectoria de participación en la iglesia local. Secretaria del ayuntamiento en un cabildo anterior. Reconocimiento social de su labor para gestionar recursos para Uayma, previo a su elección. Una larga trayectoria partidista dentro del pan la dio a conocer ante los políticos locales.

Temor a las injurias que se hacían a su vida privada. Miedo de la responsabilidad de ser la primera mujer alcaldesa en su comunidad.

No aceptan en el pan que sea la primera mujer candidata a la presidencia en Uayma. Es criticada por cambiarse al pri. No poder solventar su campaña e involucramiento del entonces alcalde panista en las elecciones.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las siete alcaldesas entrevistadas. Con base en las tablas propuestas por Barrera y Aguirre (2003a) y Sam (2002b).

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El partido: “El pri es como una religión” En relación con el pri, de las siete entrevistadas, seis tenían una trayectoria larga, algunas incluso han ocupado puestos dentro del pri estatal. Exceptuando el caso de la presidenta municipal de Uayma, la cual pertenecía al pan de manera previa a su elección, todas se refieren al partido como el único en el que han militado. Las ex alcaldesas de Temax, Santa Elena, Timucuy, Chocholá y Cacalchén incluso comparan al pri con la religión o los padres, “porque uno no escoge ser priísta, es algo que se da de manera natural desde que se nace”. De igual manera, cambiarse de partido está fuera de discusión. Al preguntarle a una de estas mujeres cuándo fue que se unió al pri, me contestó: “Desde que tengo uso de razón. Mis papás, desde que yo era una niña, eran priístas. Haz de cuenta que uno, como la religión o como todo lo que aprendes a querer es parte de [sic.]. Yo crecí y mis papás eran priístas y me hice amiga del pri y hoy adoro a mi partido” (entrevista a Leandra Moguel Lizama, 9 de enero de 2009). De igual forma, las seis presidentas municipales que han sido priístas durante años manifiestan su acuerdo en relación con el hecho de que el pri no es un mal partido, sino que existen personas que aprovechan su militancia para obtener beneficios personales. Por otra parte, siguiendo la teoría de Quiroz (1993) respecto a las relaciones de género y el poder local, la autora señala dos dificultades: las culturales y las institucionales. A las primeras se enfrentan las mujeres que buscan hacerse un lugar propio en una esfera política local de carácter androcéntrico. En el caso de las dificultades institucionales, se trata de reglas no escritas que establecen tanto la dinámica que se debe seguir en época electoral como los requerimientos para obtener una candidatura dentro del partido. Se trata de hacer aportaciones económicas y respetar los resultados de la elección interna. Esta actitud se puede parafrasear de la siguiente manera: si en ese momento no fueron electas como candidatas, fue por algo. Hay que respaldar al candidato oficial.

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El otro apartado de reglas es exclusivo para las mujeres. En estos municipios se cree —según la propia percepción de las entrevistadas— que existe una forma masculina (la correcta y hegemónica) de hacer política, ya que la femenina es mucho más inestable e inexperta; por lo tanto, si una mujer quisiese ser parte del partido y tener alguna posibilidad de alcanzar un puesto de poder, sería necesario que se adaptara a las reglas del juego, las cuales tienen un obvio carácter androcéntrico. Los principales obstáculos que enfrentaron las entrevistadas durante su campaña fueron el machismo —sobre todo de parte de los hombres mayores— dentro del comité municipal del pri, el hecho de que sus compañeros de partido no aceptaran que ellas habían ganado las elecciones internas, las campañas de difamación en su contra y tener que financiar ellas mismas sus campañas. En el caso de Irma Quintal, ex alcaldesa de Chocholá, el gobernador en turno, Víctor Cervera Pacheco, no aceptó su candidatura, con el pretexto de que su esposo había sido alcalde. Este factor se cuenta entre los que obstaculizaron su llegada a la presidencia municipal. No obstante enfrentarse a una diversidad de obstáculos, cada una de nuestras entrevistadas, según sus testimonios, ideó alguna estrategia que las hiciera valer ante su partido para ser candidatas. En los casos de las ex presidentas municipales de Temax, Santa Elena, Timucuy y Chocholá, existía una larga trayectoria social y política que las respaldaba. La ex alcaldesa de Cacalchén se apoyó en los recursos económicos (casa, dinero, refrigerios, apoyo en las elecciones para gobernador, entre otras cosas) que había invertido en el comité municipal del pri para poder tener el apoyo de la gente. A pesar de haber pertenecido al pan de manera previa a su elección, la alcaldesa de Uayma se cambió al pri. Incluso, declaró en la entrevista, vivió discriminación de género dentro del pan. Ella piensa que esa fue la razón por la cual los panistas no la apoyaron como candidata y que finalmente la orilló a irse al pri. Sólo una de las entrevistadas declaró que su relación con el pri había sido muy limitada. Todas

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reconocieron que el machismo, sobre todo de la gente mayor dentro del pri municipal, fue uno de los principales obstáculos para poder tener un puesto dentro del partido y acceder a una candidatura. Otra de las limitantes, según dijeron, la constituyen los “peces gordos” de los municipios, gente que aparece siempre que se aproximan las elecciones y que busca ser elegida o imponer a “sus” candidatos.

Lo personal es político: reflexiones de las alcaldesas Como ya se mencionó, las alcaldesas entrevistadas tuvieron que idear estrategias que les permitieran lidiar con las expectativas de género que su familia, la gente del municipio y el partido les imponían. Esto les representó un reto personal y social. Veamos algunos ejemplos. En estas localidades está muy arraigada la idea de que la madre-esposa debe de estar en su casa, cuidando y atendiendo a sus hijos o hijas y a su esposo, de manera prioritaria. Como dice Eliana Villar (1994: 86): A diferencia del varón, la mujer no se define en sí misma sino a partir de su relación con otros: es madre, esposa e hija, pero jamás ella misma. Al verse a las mujeres como madres reales o potenciales, se tiende a percibir a las mujeres políticas como contradictorias y, en algunos casos, como abandonadoras de la función maternal, en rebelión contra la naturaleza.

La maternidad muchas veces es vista, tanto en la disputa interna por una candidatura como frente a otro partido en una elección, como un obstáculo para la participación de las mujeres en la política municipal. Leandra Moguel, por ejemplo, estaba embarazada durante su campaña electoral, lo que la hizo blanco de múltiples ataques que provenían tanto de la gente de su partido como de la oposición. En otro de los casos, una de las entrevistadas perdió a su hija menor en los últimos meses de

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su presidencia, lo que propició en ella un sentimiento de culpa. ¿Cómo cumplir con el papel de madre que se les exige a estas mujeres bajo estas circunstancias? Todas las alcaldesas que tenían hijos o hijas se apoyaron en algún familiar para poder cubrir su ausencia. Además, lo que las entrevistadas caracterizan como un sacrificio —no poder estar con su hijos o hijas—, lo justifican con el argumento de que lo hicieron en virtud de procurar un bien mayor, sea para la comunidad o para su vida familiar: poder establecer un ejemplo bueno para su familia y hacer lo que nunca se había hecho antes por su pueblo. Ser mujer dentro de un ambiente predominantemente masculino, en las dirigencias del comité municipal del pri, tuvo fuertes implicaciones para las entrevistadas, en efecto, ya que eran constantemente vigiladas por los miembros del municipio. Existía un control social sobre su cuerpo y su comportamiento. Tanto sus familias como la gente del pueblo y sus compañeros o compañeras de partido —para usar su expresión— les exigían tener un comportamiento distinto al de los hombres, moralmente superior. Es conocido, como mencionan la ex presidenta municipal de Chocholá y la actual alcaldesa de Uayma, que muchos presidentes municipales van a la cantina y a los burdeles a negociar y resolver los problemas políticos. Sin embargo, a una mujer no se le permitiría jamás este tipo de estrategias políticas, de acuerdo con el imaginario social de la comunidad, que dicta lo que debe ser una mujer dentro de la política. Ellas tienen que darse a respetar y ser dignas —según establece este imaginario social—, lo que implica, entre otras cosas, no dar la apariencia de acostarse con otros hombres para llegar a puestos públicos, no entrar en cantinas, no transportarse de un lugar a otro sola, no tener actitudes que puedan ocasionarle vergüenza, ni señalamientos en la calle, como afirman las ex alcaldesas de Timucuy y Santa Elena. Simultáneamente, había una expectativa de que las entrevistadas tendrían una mejor actuación en el Ayuntamiento que los varones; eran vistas, según sus palabras, como más honestas, sensibles a las necesidades de la gente, más trans-

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parentes y más efectivas en la resolución de problemas y la gestión de recursos. En el siguiente apartado me ocupo de las expectativas que se tenían en relación con la forma en que estas alcaldesas debían gobernar, así como las acciones que llevaron a cabo durante sus gobiernos.

Sus años en el poder: logros y dificultades durante sus gestiones En el análisis de las entrevistas pude identificar varios puntos respecto a las experiencias subjetivas de las alcaldesas, es decir, qué sintieron y cómo experimentaron sus gobiernos. El primer punto que examiné fueron los sentimientos que tuvieron cuando supieron que habían ganado las elecciones, o en su toma de protesta para convertirse en alcaldesas. Todas ellas, sin excepción, sintieron una enorme responsabilidad por hacer las cosas bien tanto a nivel personal como social. No querían “dejar mal” a sus hijos o hijas y a su familia extensa, estaban preocupadas especialmente por sus familiares que tenían algún negocio en la comunidad. Por otro lado, sintieron una necesidad de probarse ante las personas del municipio como políticas y mujeres capaces de sacar adelante a sus “pueblos” sin “perder la dignidad”, como ellas mismas señalan. Asimismo, todas las entrevistadas, en el momento de comenzar sus funciones, tenían ideas de tipo progresista; según dijeron, ellas tenían que hacer lo imposible para sacar a sus municipios del “atraso en el que se encontraba desde hace años”. Por otro lado, como ya señalé, a partir de los comentarios de las entrevistadas, puedo afirmar que existe un imaginario social local que establece el papel que, en general, debe cumplir una mujer en estas comunidades: no debe salir sin el permiso de su esposo o padre, no se le permite ir a la escuela media y superior o tener un puesto importante en la política local, etcétera. Además, hay lugares y horarios prohibidos

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para las mujeres, a menos que estén acompañadas de un familiar varón. De esta forma, las entrevistadas pueden ser consideradas transgresoras del imaginario social impuesto en su comunidad, por el simple hecho de salir al espacio público, tener una carrera —sea técnica o profesional— y por haber incursionado en la política. Como afirma Dalton (2003), con su presencia las alcaldesas alteran los roles de género impuestos por la sociedad. A pesar de esto, las entrevistadas tuvieron que plegarse a ciertos lineamientos establecidos para que pudieran ejercer como políticas: “Mientras respeten los límites ‘de las acciones propias’ que les son impuestos, las mujeres activas no violan las normas [sociales] de comportamiento” (Chaney, 1979: 32). ¿Qué implicó esto en el caso que nos ocupa? Insistimos, evitar conductas que las personas del municipio pudiesen ver mal; por ejemplo, dar la apariencia de ser más “amables” con los hombres, transportarse solas de su municipio a Mérida (capital del estado), llegar a horas “no decentes” a sus casas, entre otras conductas supuestamente reprobables. La expresión “mi casa, mi pueblo” es un buen ejemplo del juego público/privado-individual/social en la vida de estas mujeres. En primera instancia, a estas mujeres se les permitió salir al ámbito público, pero en su condición, o su papel de madres-cuidadoras, es decir, ejerciendo una ciudadanía maternalista. A este respecto, resulta particularmente significativo que estas mujeres hayan declarado que “trasladaron” ciertas características de amas de casa (papel supuestamente privado) al Ayuntamiento: “estirar” el presupuesto, resolver los problemas inmediatamente, ser más responsables, más “apapachadoras” y tener el don de escuchar. Las imágenes tradicionales de la actividad propia de la mujer son aún tan fuertes en América Latina que, cuando las mujeres entran al gobierno, ellas (y los hombres) invariablemente consideran sus intervenciones como una extensión de su rol familiar en la arena de lo público. “Muchos ven a las mujeres en el gobierno […] como llevando a cabo las

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tareas afectivas y de cuidado asignadas a las mujeres por la sociedad, en vez del rol instrumental del varón, el cual es definido como más agresivo, autoritario y más orientado a cumplir metas” (Chaney, 1979: 20). En las respuestas que estas alcaldesas yucatecas dieron a mi entrevista, hallé que ambas cuestiones fueron relevantes en sus gobiernos. En primer lugar, todas me contestaron que creían que sus características “femeninas” habían hecho una diferencia en la forma de gobernar, porque eran más honestas, transparentes y responsables que los hombres. Mi hipótesis es que estas mujeres se encuentran bajo más presión social y política que sus homólogos varones, por eso tienen que probar que merecen estar en ese puesto. Ellas mismas se asignan el doble de trabajo que los hombres para mostrar que, efectivamente, sus gobiernos son mejores que los de los varones. Una forma de control social y de desprestigio fue a través de la sexualidad de estas mujeres, la cual se volvió un asunto público, pero de manera muy diferente al de los hombres políticos. Esto apunta a dos formas distintas en las que estas comunidades perciben la sexualidad de sus gobernantes, tanto hombres como mujeres. Por una parte, parece haber una aprobación para que los gobernantes hombres puedan hacer negocios o tratos dentro de los burdeles, pues no sólo no transgrede la masculinidad hegemónica, sino que incluso la reafirma, ya que el éxito de un hombre también puede ser medido de acuerdo con su relación con las mujeres. Es decir, un hombre que sostiene relaciones sexuales con varias mujeres, más que ser promiscuo, es considerado un galán, un modelo de triunfo y poder. Por otro lado, la sexualidad de las alcaldesas se convierte en un tema de interés público. En este caso, puedo resaltar dos vínculos relevantes entre la imagen de las presidentas municipales (reflejada en su sexualidad) y sus municipios, porque son mujeres símbolo. Retomando la teoría de la mujer símbolo de Drude Dahlerup, que expuse anteriormente, las presidentas municipales entrevistadas repre-

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sentan a las mujeres de sus comunidades porque están inmersas en un mundo mayoritariamente masculino. De esta forma, siguiendo los parámetros de lo que representa ser una persona símbolo, en particular el estereotipo de lo que debe ser una mujer, las alcaldesas de nuestro estudio se convirtieron en símbolos de su sexo (Dahlerup, 2001: 161). Así, estas mujeres, cuando se vuelven presidentas municipales, adquieren la imagen de madres del pueblo. Es decir, no sólo debieron representar los valores y las críticas de una madre “tradicional” en su propio hogar, sino que debieron responder como madres y mujeres —con las exigencias públicas y privadas que acompañan a estas representaciones en un imaginario colectivo fundamentalmente androcéntrico— también en el ámbito del pueblo. En diferentes regiones de México el papel de la madre tiene un peso muy importante dentro de la comunidad. La pureza de la madre o de las mujeres de la familia es una presea guardada con recelo y, por lo tanto, si estas mujeres son el reflejo de las “madres”/mujeres del pueblo, deben comportarse como tales para no avergonzar ni a su familia ni a la gente del municipio. Por este motivo se les exige más que a sus contrapartes varones, porque sienten que tienen que demostrar que merecen estar en el cargo y que marcan una diferencia positiva. Al convertirse en jefas del ejecutivo local, e incluso después de haber terminado sus gobiernos, la vida privada (las relaciones interpersonales y los comportamientos) de estas mujeres siguió siendo una cuestión pública. Son constantemente vigiladas por las personas del municipio el resto de sus vidas. Las entrevistadas que no radican de tiempo completo en su municipio en algún momento mencionaron que no quieren regresar ahí porque temen ser señaladas en la calle o que les griten algún insulto, lo que es un efecto negativo de haber sido alcaldesas. Otro aspecto que analicé fueron las emociones que estas mujeres experimentaron por el hecho de tener que compaginar sus responsabilidades como madre-esposas con las de la presidencia municipal. En los casos en que estaban casadas y con hijos o hijas pequeñas, renunciar a

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estas labores estaba fuera de discusión, pues se vería muy mal socialmente. Con horarios que, en la mayoría de los casos, iban de las ocho de la mañana a las once de la noche, se veían en la necesidad de delegar el cuidado de sus hijos o hijas a algún familiar, el cual casi siempre era la abuela materna. De esta forma, ni las alcaldesas se sentían tan culpables de dejarlos, ni era tan mal visto por la comunidad si los pequeños o las pequeñas quedaban al cuidado de algún familiar, en lugar de en alguna institución. Sin embargo, el sentimiento de culpabilidad fue algo que estuvo presente en las entrevistadas a lo largo de sus gobiernos. Una de las estrategias que utilizaron estas mujeres para poder balancear su rol de género con la política fue a través de la lógica de sacrificio. Ésta es la negociación entre las ambiciones políticas y personales que tienen las mujeres dentro del municipio y lo que se les demanda de su rol de género en tres planos: la familia, el partido político y la comunidad. Mientras en la política a los hombres se les considera y se les permite ser “ambiciosos”, lo que se establece como una característica de su gobierno, las mujeres utilizan el discurso del “sacrificio”, es decir, dar lo máximo de ellas por “el pueblo”, como las madres que todo lo dan por sus hijos o hijas, siempre bajo el régimen de la “mujer digna”. En el plano familiar, a estas mujeres se les exige que no “manchen” el nombre familiar, ya que el “honor” de la familia recae más en la figura femenina que en la del varón. De esta forma, mientras estas mujeres tienen ambiciones personales de incursionar en la política o de desarrollarse profesionalmente, entre otras cosas, existe el temor de no contar con el apoyo de su familia. Ellas sólo podrán salir a la esfera pública siempre y cuando cumplan con su papel de madre-esposa-hija perfecta. ¿Qué implica esto? Dobles y triples jornadas y vacilar en aceptar puestos políticos, tanto a nivel local como estatal. Las mujeres negocian con ellas mismas y sus familias de la siguiente manera: no puedo estar con mi familia (padres, esposos e hijos o hijas), pero lo justifico, porque soy un gran ejemplo para ellos y siempre conservo mi dignidad. Es decir, se

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mantienen dentro de las expectativas de género “tradicionales”: llegar a horas “adecuadas” a su casa (no después del anochecer), no estar mal acompañada con hombres que no sean familiares y cumplir con su papel de madre, aunque no sea todo el día. Con su partido político, en este caso el pri, estas mujeres también tienen que utilizar estrategias de negociación para poder hacerse un espacio dentro de éste. Una de esas herramientas es la lógica de sacrificio. Por una parte, tienen que “aceptar”, para poder ser candidatas, sus limitaciones económicas o no tener empuje político con los varones del comité municipal; sin embargo, estas mujeres tienen toda una trayectoria social que las valida frente a los hombres para ser la candidata oficial, ya que ellas han “sacrificado su tiempo y dedicación” a causas sociales dentro de la comunidad. En último lugar, las mujeres entrevistadas utilizan la lógica de sacrificio cuando finalizan sus gestiones con la comunidad. Según lo comentado por las alcaldesas, se les exige una mayor y mejor actuación durante sus gobiernos que a los hombres. ¿En qué sentido? No deben tener tratos con hombres a solas, deben poder gestionar más recursos a nivel federal y estatal para solucionar las necesidades existentes en sus municipios, en menor tiempo. Todas las entrevistadas mencionaron que, durante su gobierno, dieron sus sueldos, su tiempo, no estar con su familia, entre otras cosas, por el bienestar del pueblo, “en ellas no quedó”, y afirman que la gente del municipio lo sabe y que “hoy por hoy” lo reconocen. Ésta es la lógica de sacrificio. Los principales retos y obstáculos con los cuales se tuvieron que enfrentar las alcaldesas que entrevisté, así como la manera en que intentaron solucionarlos, están resumidos en la tabla 3. Retomando la tabla, encontré frustraciones en las entrevistadas en varios aspectos, entre los que destaca la formación de los grupos de trabajo. El problema fue que estos grupos estaban casi siempre conformados por regidores o regidoras del pan (recordemos que las alcaldesas

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Tabla 3 Principales obstáculos y retos de las presidentas municipales yucatecas investigadas Presidenta municipal

Obstáculo a

Leandra Moguel (Temax, 19951998).

Reto

Solución

Nacimiento de su hijo en los primeros meses de gobierno.

Dejar a su hijo al cuidado de otra persona y seguir con su trabajo.

Demostrar que una mujer puede trabajar bien para el pueblo.

No tomar actitudes no permitidas como tomar alcohol, no “aparentar cosas con otros hombres”, realizar muchas obras y con transparencia.

Leandra Moguel (Temax, 20012004).

Cabildo pluripartidista.

Abierta al diálogo y a las críticas.

Trabajar con gobierno estatal panista.

No se pudo solucionar, aunque expresa que “no quedó en ella”, porque intentó pero, por culpa del gobernador, no pudo hacer muchas cosas en su municipio.

María Antonia Zapata (Santa Elena, 19982001).

Cabildo machista y superar la barrera educativa de sus regidores (poca educación).

Temor a dejar sola a su hija pequeña.

Pilar Villanueva (Timucuy, 1998-2001).

Cabildo machista que cuestionaba sus capacidades políticas por ser mujer.

Demostrar que podía con el cargo, independientemente de que fuera la esposa del ex alcalde del municipio.

Ser exigente con su cabildo, darse a respetar, hablando claro de la forma en que se iba a trabajar en el ayuntamiento: de manera transparente y honesta.

Superar el fallecimiento de su hija —acaecido en los últimos meses de su gobierno— para terminar el trabajo.

A nivel laboral, intentar sobrepasar sus últimos meses, demostrando que, a pesar de la pérdida, cumplió con su trabajo, es decir, finalizó el periodo sin pedir licencia.

Deuda del ayuntamiento por recibo eléctrico. Huracán “Isidora”.

Protección hacia ella de guaruras del ex gobernador priista, Víctor Cervera Pacheco.

Irma Noemí Quintal (Chocholá, 2001-2004).

Marissa Barrera (Cacalchén, 2004-2007).

Arely Coronado (Uayma, 20072010)

Acusación de fraude electoral por parte del pan.

Dialogar y delegar responsabilidades a su equipo de trabajo y confiar en ellos. Dejar a su hija al cuidado de la abuela materna.

Cabildo machista.

Dar su sueldo para proyectos, vender terrenos propios y empeñar alhajas para poder pagar la deuda.

Trabajar con gobierno estatal panista.

El gobierno estatal dio apoyo a través de los regidores del pan, nunca directamente a la alcaldesa priista.

El cabildo que no tenía ganas de trabajar.

Demostrar que no tener experiencia política era una ventaja en su gobierno.

Gestionar recursos a nivel estatal y federal le permitió demostrar sus capacidades políticas y sobrellevar la falta de entusiasmo de su cabildo.

Boletín del Buró de Crédito.

Brote de hepatitis en un Jardín de Niños.

Recaudación de impuestos e instalar una red de agua potable.

Multa de la Comisión de Derechos Humanos a la anterior administración.

Acabar con la corrupción entre la policía municipal y los expendios clandestinos de alcohol.

Creación de un edificio de seguridad pública, contratar a nuevo jefe policiaco y realizar operativos.

Cuestión partidista en el cabildo.

Deudas de la anterior administración.

Las cuestiones partidistas no se pudieron vencer en la mayoría de las ocasiones, pero activó la recaudación de impuestos para sanear las cuentas públicas.

a

Obstáculo es algo que impide que se realice una acción, hay que intentar evitarlo; reto es algo difícil que se puede alcanzar con gran esfuerzo, hay que superarlo. Fuente: Elaboración propia utilizando datos de las entrevistas a las alcaldesas.

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eran del pri), lo cual implicaba que las cuestiones partidistas se pusieran por encima de los intereses de la comunidad, en palabras de las alcaldesas. Todas las entrevistadas concuerdan en que las mujeres en sus cabildos eran las más críticas y con quienes trabajar se hacía más difícil. A veces pudieron superarse las diferencias partidistas; en otras ocasiones no fue posible. Otro obstáculo común entre los equipos de trabajo fue cuando había hombres en el cabildo. Las entrevistadas concuerdan en que les costaba mucho a los hombres aceptar que “una mujer los iba a mandar”, por motivos machistas. Otro motivo por el cual las presidentas municipales sintieron frustración, e incluso impotencia, fue la falta de recursos y presupuesto para infraestructura. Varias comenzaron sus gobiernos con deudas en el Ayuntamiento, lo cual ocasionó que se les exigiera sanear las cuentas públicas. También sintieron que debían gestionar recursos, federales y estatales, para sus proyectos y que si no lo hacían bien, “caería la vergüenza y la humillación” sobre ellas y sus familias. No obstante los obstáculos y retos experimentados por las entrevistadas durante sus gestiones, también hubo muchas satisfacciones. En la tabla 4 muestro los principales problemas en sus municipios, así como los logros de sus gobiernos. Si analizamos la tabla, encontramos que tres de las alcaldesas detectaron la falta de empleo (masculino y femenino) como la fuente principal de los demás problemas dentro de sus comunidades. A este problema le siguió el alcoholismo, la falta de educación, de infraestructura básica, como clínicas de salud, entre otras cosas. Todas concentraron una gran parte de sus esfuerzos en generar empleos, tanto femeninos como masculinos. Asimismo, en tres casos se intentó limitar la venta de alcohol entre varones para evitar la violencia hacia las mujeres en sus comunidades. Otras acciones llevadas a cabo fueron los desayunos escolares, expansión de clínicas de salud, etcétera.

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Tabla 4 Principales problemas identificados en los municipios de las alcaldesas, así como los logros durante sus gobiernos Presidenta municipal

Principales problemas detectados en el municipio

Logros durante su gobierno

Leandra Moguel (Temax, 1995-1998, 2001-2004).

Desempleo femenino y masculino.

María Antonia Zapata (Santa Elena, 19982001).

Necesidad de fortalecer el campo.

Diversificación de cultivos, capacitación para agricultores y distribución de sistemas de riego.

Falta de educación a nivel preparatoria.

Creación de un plantel del Colegio de Bachilleres de Yucatán.

Alcoholismo entre varones.

Limitar el consumo, no especifica de qué manera.

Ausencia de salud femenina.

Revisiones ginecológicas para las mujeres del municipio, para la detección temprana de cáncer de mama y cervicouterino.

Desnutrición infantil.

Desayunos escolares en los jardines de niños y primarias.

Falta de educación a nivel preparatoria.

Creación de un plantel del Colegio de Bachilleres de Yucatán.

Desempleo masculino.

Creación de la cooperativa masculina de productores de limón.

Ausencia de salud femenina.

Revisiones ginecológicas para las mujeres del municipio, para la detección temprana de cáncer de mama y cervicouterino.

Falta de autonomía de las mujeres.

Promoción de ir, sin miedo, al campo de béisbol a ver jugar a sus esposos o padres.

Desnutrición infantil.

Desayunos escolares en jardines de niños y primarias.

Falta de condiciones en la educación.

Becas a estudiantes para que siguieran estudiando.

Necesidad de facilidades sanitarias en el campo (aunque esto es una necesidad, no un problema).

Construcción de baños en el campo y en comisarías.

Falta de espacio en el seguro social municipal.

Construcción de sala de usos múltiples en el recinto del seguro social, así como viviendas construidas con el Fondo de desastres naturales.

Falta de agua potable y drenaje.

Creación de una red de agua potable con pozos.

Inexistencia de un edificio de seguridad pública.

Construcción del edificio con facilidades sanitarias para los presos y equipamientos para la policía.

Expendios clandestinos de venta de alcohol.

Negociar una hora más de venta de alcohol y montar operativos con el nuevo jefe policiaco.

Falta de espacio en el mercado del ayuntamiento.

Construcción de un nuevo mercado al lado del antiguo.

Desempleo femenino.

Creación de dos cooperativas, una de agua de horchata y otra de bordado.

Clínica pequeña y sin farmacia.

Construcción de una nueva ala para la clínica junto con la farmacia del municipio.

Escuelas deterioradas.

Apoyo federal y estatal para mejorar la infraestructura de las escuelas a nivel jardín de niños y primaria.

Falta de comunicación con Valladolid (ciudad grande y vecina de Uayma).

Construcción de carretera a Valladolid, facilitando el acceso a clínicas y escuelas de mayor nivel que el que hay en Uayma.

Embarazos tempranos en adolescentes.

Pláticas de concienciación para la población adolescente del municipio.

Pilar Villanueva (Timucuy, 1998-2001).

Irma Noemí Quintal (Chocholá, 20012004).

Marissa Barrera Sosa (Cacalchén, 20042007).

Arely Coronado (Uayma, 2007-2010).

Alcoholismo entre varones y violencia hacia las mujeres.

Creación de fuentes de empleo, como cooperativas para mujeres de hilo de bordado, una maquila, empacadoras e invernaderos para combatir los problemas de alcoholismo y violencia.

Fuente: Elaboración propia utilizando datos de las entrevistas a las alcaldesas de la investigación.

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Algunas fuentes de felicidad para las alcaldesas son haber liquidado la deuda municipal y haber construido proyectos como escuelas, edificios públicos y líneas de agua potable. Todas las entrevistadas concuerdan en que las características que les ayudaron a superar los obstáculos, retos y discriminaciones que sufrieron a lo largo de sus gobiernos fueron, entre otras, “el amor a su pueblo, el carisma, la humildad, la responsabilidad, la honestidad, la transparencia, el respeto, la discreción, la disciplina y el don de servicio”; “cualidades” como el “cariño a la comunidad, el amor al servicio, la responsabilidad y la honestidad” las ayudaron a sobrellevar los aspectos negativos que surgieron durante sus gobiernos. Todas las presidentas municipales que entrevisté sienten una gran satisfacción por haber realizado un trabajo “tan bonito”, del cual se pueden sentir orgullosas, tanto ellas como sus familias. El hacer durante sus gobiernos una buena labor también les ayudó, en seis de los siete casos (con la excepción de la ex alcaldesa de Cacalchén), a alcanzar otros puestos políticos, lo que representa un efecto positivo a largo plazo. Otro fue que estas mujeres, después de haberse validado ante la comunidad como políticas capaces, se volvieron figuras de referencia política y de respeto en sus comunidades. Así lo expresa Pilar Villanueva, ex alcaldesa de Timucuy: “Él [el párroco de la comunidad] cuando se fue y yo terminé la presidencia me dijo, me acuerdo muy bien de sus palabras: ‘tú seguirás siendo mi presidenta, aunque no seas presidenta, por la labor que tú realizaste acá en el municipio’, y así fue.” (entrevista a Pilar Villanueva Flores, 13 de agosto de 2009). Por su parte, Irma Noemí Quintal dice: Yo pensé así: “como ya no soy presidenta municipal, pues la gente ya no me debe de saludar así”, ¿no? Pues ya no soy una persona importante, por decirlo así. Pero, fíjate que, gracias a Dios, la gente […] Mi felicidad, mi satisfacción, así es que la gente me saluda, ¡hasta los niños! […] O sea, hay ese ambiente, y le digo: gracias, Dios (entrevista a Irma Noemí Quintal, 20 de agosto de 2009).

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A pesar de los efectos positivos que tuvo la experiencia de ser presidenta municipal en la vida de estas mujeres, al preguntarles si quisieran seguir en la política, muchas de ellas no estaban seguras de contestar afirmativamente. Algunas consideraron el aspecto económico, la cuestión educativa y el clima político como obstáculos para buscar nuevos puestos políticos. Otras mencionaron que tendrían que pensar dos veces si volverían a pasar por las “injurias” y los “señalamientos” a sus vidas privadas en las campañas. Sin embargo, el factor que más fue señalado como limitante para seguir incursionando en la política, e incluso para volver a ser alcaldesas, fue el familiar. Una respuesta muy común fue: “si no antepongo a mi familia, a mis hijos (o hijas) y a mi esposo, sí”. Esto es visto como una limitante de género, ya que las expectativas sociales y familiares que hay sobre estas mujeres para que demuestren ser buenas madres y esposas se entretejen con las ambiciones personales de las entrevistadas. A los hombres no se les exige tener que sacrificar sus carreras políticas por la familia, porque se les permite, e incluso se espera de ellos que sean figuras públicas, a diferencia de las mujeres, que sí tienen que sacrificar sus ambiciones políticas por su familia.

Acciones a favor de las mujeres y la equidad de género durante sus gestiones También consideré necesario explorar si las presidentas municipales habían tenido algún tipo de acción o creado algún programa específico para las mujeres de sus comunidades,4 particularmente hacia las indíge4

En este sentido Quiroz propone que “toda acción que busque promover el desarrollo local con perspectiva de género debe de articular tres dimensiones en mutua definición: a) la acción debe tener una eficacia frente los intereses prácticos del grupo de mujeres que se incorporan en la acción […] b) la acción debe encauzarse según formas tales que las mujeres incorporadas vayan creciendo en responsabilidad, en

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nas (las cuales son representativas en estos municipios, como mencioné en la sección dos). ¿Por qué? Como plantea Barrera (1999), es necesario investigar si las alcaldesas estudiadas realizaron diagnósticos para conocer los principales problemas que afectan a las mujeres en sus municipios, así como acciones a favor de ellas. Es imperativo que se hagan desde el ámbito municipal, porque es ahí donde se pueden llevar a cabo políticas fundamentales en un país más democrático y participativo. Si bien algunos de los gestos durante los gobiernos de las presidentas municipales en Yucatán parecen indicar una cierta sensibilidad a algunas “cuestiones femeninas”, esto no implica que los gobiernos de estas alcaldesas tengan un punto de vista de género. Las alcaldesas yucatecas entrevistadas no realizaron algún tipo de diagnóstico para conocer los principales problemas que afectaban a las mujeres de sus comunidades. Asimismo, todas las presidentas municipales mencionaron que ser de las comunidades y haber tenido algún puesto público previo a su elección, o una trayectoria social dentro de sus municipios, les ayudó a tener un panorama “más amplio” de las necesidades que tenían las mujeres. Este hecho también coincide con lo encontrado en estudios previamente mencionados, donde las mujeres entrevistadas también mostraron cierta sensibilidad a algunos temas porque eran de la comunidad y/o porque habían trabajado dentro de alguna dependencia gubernamental. Sólo la ex alcaldesa de Santa Elena reconoció los beneficios de realizar este tipo de diagnóstico al principio de los gobiernos, ya que daría una idea clara del lugar más adecuado para destinar los recursos a áreas estratégicas. Las acciones emprendidas por todas las presidentas municipales respecto a las mujeres, se concentraron en fomentar el empleo en sus co-

iniciativa y sororidad […] c) por último, los proyectos y políticas deben de fundar el desvelamiento [sic.] de la unidad entre intereses prácticos e intereses estratégicos” (Quiroz, 1993: 51-21).

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munidades (a través de “trabajos femeninos” como el bordado, producción de horchata, cría de animales, entre otros). Esta acción fue seguida por las revisiones ginecológicas para la detección temprana del cáncer de mama y cervicouterino, canalización de las mujeres a pláticas a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia o del Instituto Mexicano del Seguro Social y, en un caso, promoción de la movilización de las mujeres sin temor a represalias sociales. Un asunto que resaltan otras investigaciones es que las mujeres tenían una voluntad consciente de incluir a mujeres en sus equipos de trabajo. En nuestra investigación, sin embargo, las entrevistadas no hicieron explícito que incorporaron a mujeres en su cabildo (aunque casi todas designaron a su madre o hermana, como directoras del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia). Sin embargo, ninguna de ellas tuvo en cuenta la perspectiva de género como una herramienta fundamental durante sus gobiernos. Rodríguez y Cinta (2003) adjudican la poca sororidad —particular atención a los problemas que enfrentan las mujeres— mostrada por las presidentas municipales de su investigación (alcaldesas en municipios veracruzanos) a una “resocialización en actitudes políticas que hacen que se distancien las mujeres de los problemas de mujeres”. A esto debo añadir lo que plantea Dahlerup (2001) acerca de las mujeres símbolos: no se consideran una minoría —aunque lo sean, por estar en un mundo mayoritariamente masculino— y, por lo tanto, no demandan cambios con base en las necesidades del grupo al que pertenecen. Lo argumentado por Rodríguez y Cinta y Dahlerup me sirve para explicar por qué las acciones de las alcaldesas que entrevisté fueron muy limitadas en cuanto a su perspectiva de género, aunque sí existieron. La falta de presupuesto fue señalada como “la principal causa” de la poca existencia de programas dirigidos a mujeres dentro de sus municipios. Todas las entrevistadas creen haber tenido un impacto positivo en la vida de las mujeres de sus municipios. Primero, se consideran un ejemplo

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para futuras generaciones de mujeres que quieran estar en la política local. Segundo, creen que su presencia en la presidencia municipal cambió la mentalidad de la gente de “su pueblo” y, por lo tanto, la actitud hacia las mujeres en general. Finalmente, creen que, a través de sus acciones (como el fomento al empleo y las revisiones médicas ginecológicas), han promovido la independencia de las mujeres en sus comunidades, porque ahora ya “pueden salir a la calle” sin que teman al “qué dirán”. Puesto que los municipios estudiados tienen un índice de población indígena entre 30 y 85%, éste tendría que ser necesariamente un factor que debería tomarse en cuenta en el momento de distribuir los recursos, crear y llevar a cabo los proyectos de gobierno en los municipios investigados. No obstante, no existieron en ninguna de las gestiones de las presidentas municipales entrevistadas acciones o proyectos en favor de las mujeres indígenas. La mayoría de los mayahablantes se concentran en las comisarías de los municipios investigados y son ignorados, ya que existe una fuerte centralización de recursos y de atención en la cabecera municipal, porque son más visibles los proyectos realizados ahí que en las comisarías alejadas. Hay una negación total de los problemas que más afectan a este sector de la población. Todas las entrevistadas creen que el idioma es la principal barrera de superación para los y las indígenas, a decir de las entrevistadas, porque “ellos sienten vergüenza” de hablar maya o porque no entienden el español. También estiman que los medios “tradicionales” de trabajo de esta población son “atrasados” y están “estancados”. Existe un discurso que culpabiliza a los y las indígenas por la paupérrima situación en la que viven. Las entrevistadas no consideran que tengan la “responsabilidad como gobernantes” de ayudar a esta población. Hay una falta de recursos económicos y sociales, por parte de las autoridades municipales y estatales, para apoyar a este sector poblacional. Esto es, en parte, un reflejo de lo que sucede en otras partes de México, en donde el Estado ha retratado una imagen de los y las indígenas como

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seres “incivilizados”, “atrasados”, y no son reconocidos en su diversidad como parte integral de la nación mexicana. La ex alcaldesa de Cacalchén cree que dentro de las acciones que se deberían tomar para minimizar los problemas de las indígenas está la educación. A pesar de que algunas de ellas (la alcaldesa de Uayma, las ex presidentas municipales de Chocholá y Timucuy) hablan maya —factor por medio del cual el Instituto para el desarrollo de la cultura maya de Yucatán cuenta a la población indígena en el estado—, no se identifican con este grupo. Puedo decir que las mujeres que han llegado a ocupar un puesto como alcaldesas en estos municipios pequeños e indígenas, pertenecen a las elites y no son mayas. Es decir, existen aún mayores barreras para que las indígenas de estas comunidades puedan acceder al ejecutivo local. Más aun, no existe ningún interés, por parte de las mujeres que están llegando a las presidencias municipales, de mejorar la calidad de vida de las indígenas de sus comunidades. Finalmente, al preguntarles a las presidentas municipales qué les dirían a las jóvenes que en un futuro quisieran incursionar en la política como alcaldesas y regidoras, todas mencionaron una serie de características que deberían tener las aspirantes para poder llegar a esos puestos. Entre ellas están el compromiso, la disposición, la honestidad, la voluntad, la vocación, el amor al pueblo, la dignidad y las herramientas para poder demostrarle a la comunidad que las mujeres pueden conseguir lo que quieran, “dándose a respetar”. A pesar de que las entrevistadas sufrieron barreras de género para poder llegar a ser presidentas municipales, y después en sus gobiernos, la serie de características que identifican acerca de lo que es o debería ser una mujer en la política es reflejo de las estrategias que han utilizado para llegar a la presidencia municipal.

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Conclusiones En este artículo se discutieron las razones por las que el municipio ha sido considerado el espacio ideal para el desempeño de las mujeres como políticas. La cercanía de las presidentas municipales y sus acciones en el poder tienen un impacto directo sobre la vida de los electores y habitantes de la comunidad. En el caso de las mujeres, este espacio puede traducirse en una oportunidad para eliminar los obstáculos y las restricciones que limitan su participación y actuación y, de esta manera, transformar estructuras culturales androcéntricas en la política. Estas medidas podrían ayudar a las mexicanas a ejercer una ciudadanía activa. No obstante, a lo largo de este escrito mostré que no existe una equidad de condiciones para que las mujeres puedan acceder a estos puestos políticos. Los casos analizados evidencian las diferentes formas en las que la ciudadanía política de dichas mujeres, aun siendo privilegiadas dentro de sus municipios, es restringida por parte de su partido o de su comunidad. Las respuestas de las presidentas municipales entrevistadas parecen indicar la existencia de un imaginario social dentro de sus municipios respecto al comportamiento y las características que una mujer debe tener para llegar a ser jefa del ejecutivo local. Son mujeres que se encuentran en sus 30 años, en su mayoría casadas, con hijos o hijas menores de edad y con estudios profesionales, así como una larga trayectoria dentro del pri. De igual forma, tienen que probar que merecen ser presidentas municipales porque son “iguales” en capacidad a los hombres, es decir, que merecen las mismas oportunidades. Pero, en contraste, tienen que demostrar que por ser mujeres su desempeño es superior tanto moral como administrativamente, en comparación con sus homólogos varones. Además de esto, las entrevistadas sienten una constante vigilancia hacia sus acciones durante los gobiernos ejercidos.

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También mostré que las presidentas municipales en ocasiones se rehusaron a trabajar con mujeres, por cuestiones culturales o personales. Por último, intenté explicar y analizar las experiencias subjetivas de las alcaldesas, el tipo de estrategias de negociación que generaron para entrar en el espacio público desde lo privado y, al mismo tiempo, transgredir lo establecido con su presencia. Por tal motivo, retomo lo señalado por otras autoras, como Anderson (1993), en cuanto a ver al municipio más allá de lo político-administrativo, es decir, considerarlo un conjunto de redes que luchan y negocian para obtener el poder. En este caso, las presidentas municipales utilizaron entre sus herramientas de negociación la lógica de sacrificio. La lógica de sacrificio es un reflejo de que la presencia de más mujeres dentro de la política no ha podido cambiar las expectativas del “comportamiento correcto” que deberían tener las mujeres. A pesar de tener una presencia de más de 30 años, el feminismo latinoamericano y la presión de organizaciones internacionales aún no han podido penetrar en la mentalidad de las sociedades y de los individuos que refuerzan y perpetúan los roles estereotipados de género. Aunque en las leyes y la Constitución esté escrito que cualquier ciudadano o ciudadana puede ser elegible para un cargo público, mientras cumpla con los requisitos y tenga el apoyo de un partido político, aún persiste lo que Carole Pateman denomina “el contrato sexual”. Esto se dificulta aún más cuando se suman, como en el caso de Yucatán, los problemas de tipo étnico. Falta hacer más estudios que exploren qué mujeres indígenas están llegando a gobernar los municipios yucatecos, bajo qué circunstancias, el tipo de dificultades con las que se encuentran y los mecanismos de control que impiden que todas las mexicanas, sin importar su sexo, orientación sexual, etnia o edad puedan llegar en forma igualitaria a ocupar las presidencias municipales en nuestro país.

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Entrevistas

Entrevista a Leandra Moguel Lizama, 9 de enero de 2009 en la Secretaría de Política y Comunicación Social, Mérida Yucatán. Entrevista a María Antonia Zapata Maas, 8 de enero de 2009 en el Indemaya, Mérida, Yucatán. Entrevista a María Antonia Zapata Maas, 13 de agosto en el Indemaya, Mérida, Yucatán. Entrevista a Pilar Villanueva, 8 de enero de 2009 en el Indemaya, Mérida, Yucatán. Entrevista a Pilar Villanueva, 13 de agosto de 2009 en el Indemaya, Mérida, Yucatán. Entrevista a Irma Noemí Quintal, 20 de agosto de 2009 en la Casa del Agua en Chocholá, Yucatán. Entrevista a Marissa Barrera Sosa, 15 de agosto de 2009 en Sanborns, Mérida, Yucatán. Entrevista a Arely Coronado, 17 de agosto de 2009 en el Ayuntamiento de Uayma, Uayma, Yucatán.

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CIUDADANÍA PARA LAS MUJERES DESDE UNA POLÍTICA PÚBLICA: DE PROMUJER A INMUJERES EN EL DISTRITO FEDERAL (1998-2008)1 Guadalupe López García*

Introducción La concepción moderna de ciudadanía, indica Silva-Herzog (2001: 19), es una “condición jurídico-política que otorga al individuo una serie de derechos y obligaciones frente a la colectividad”. En cuanto al “ciudadano”, este autor lo define como un miembro de una comunidad política al que ésta le otorga un título de pertenencia. El Estado2 es una de las comunidades políticas en las que se ha organizado la ciudadanía. Sus componentes —territorio, población y gobierno— suponen la existencia de una nación, es decir, de una comunidad que ha desarrollado su propia identidad, en donde las concepciones tradicionales de ciudadanía se fundamentan en la organización de la población dentro de los límites territoriales de los estados nacionales (Reyes, 2009). Más allá de esas definiciones de índole jurídica, que aluden a una ciudadanía formal, existe consenso en señalar que la ciudadanía es “un eje * Especialización y Maestría en Estudios de la Mujer, uam-x. 1 Este artículo está basado en la tesis de maestría titulada “La construcción de ciudadanas. Una política del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. La revisión de su primera década”, que la autora preparó para obtener dicho título por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. 2 Entendido como “un conjunto de relaciones sociales que establece cierto orden en un territorio determinado y, finalmente, lo respalda con una garantía coercitiva centralizada” (O’Donnell, 1993: 65). 171

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que concentra muchas de las tensiones del pensamiento político actual y de las reflexiones feministas” (Vargas, 1999: 102). Esa situación se refleja cuando se concibe a la ciudadanía como un concepto dinámico, conflictivo y en constante revisión. Más que una abstracción, la ciudadanía es un ejercicio de derechos, una práctica para adquirirlos y ampliarlos, una estrategia, un proceso, una construcción, una atribución o una identidad; aunque, por otra parte, se da como un hecho unívoco y como “una expresión de sentido común” (Pautassi, 2000: 65). Desde el pensamiento feminista, existen dos visiones acerca del papel del Estado en el ejercicio de la ciudadanía: “Primero generó y legitimó directamente la discriminación y luego, cuando incorporó a las mujeres a la ciudadanía, se mantuvo al margen de la protección de sus derechos individuales” (Astelarra, 2005: 58), lo que provocó una desigualdad frente a los hombres, los sujetos considerados ciudadanos por excelencia. Por otro lado, hay consenso en señalar que las políticas públicas —entendidas como herramientas de Estado— son un espacio para la transformación de inequidades (Barquet, 2002; Astelarra, 2005). No obstante, las nociones acerca de lo que es el Estado se están redefiniendo ante el nuevo orden global, como lo señalan Reyes (2009) y Vargas (1999). Por lo tanto, se requiere examinar la concepción misma de ciudadanía, en particular la forma en que se da la relación entre las mujeres y el Estado cuando la ciudadanía es impulsada desde una política pública. Ese vínculo plantea, además, identificar los elementos que interactúan en esa definición, quiénes y cómo intervienen, cómo se interpreta y se traduce a las propias mujeres, cómo se puede promover una ciudadanía en un marco acotado por el Estado y cómo se incorpora la categoría de género3 a esa noción de ciudadanía. 3

Esta categoría, como dice Mercedes Barquet (2000: 22): “Se inscribe en el intento de explicar a lo largo de la historia, y en distintas culturas, las diferencias jerárquicas entre varones y mujeres, así como sus espacios y procesos de construcción, reproducción y transformación. Como categoría política por excelencia incide en el cuestiona-

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Además de lo señalado, se tendría que revisar si desde una política pública —es decir, desde el Estado— se puede construir una ciudadanía para la transformación social, cultural, política y económica de las mujeres, así como cambiar al propio Estado que legitima la discriminación. Más aun, podemos preguntar, directamente: ¿se pueden “crear” y “construir” “ciudadanas” desde una política pública? El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF) es un caso desde el cual se puede hacer una reflexión que intente responder a estas preguntas a partir de la práctica, pues desde que se creó, en 1998, contó con una política específica para la ciudadanía de las mujeres, puesta en marcha, dentro de cada una de sus 16 unidades delegacionales — denominadas anteriormente Centros Integrales de Apoyo a la Mujer—, desde un área denominada Construcción de Cultura Ciudadana. Esta característica, sin un referente similar en aquel entonces, desató un intenso debate sobre la noción de ciudadanía que se quería impulsar para las mujeres dentro de la institución, tanto entre quienes la diseñaron como entre quienes ejecutaron esa política. En este trabajo propongo identificar qué noción de ciudadanía de las mujeres se construyó e impulsó desde esa institución, la forma en que fue comprendida, interpretada, reinterpretada y traducida por las mujeres destinatarias de dicha política y cómo la categoría de género se articuló desde esa propuesta. Todo esto lo hago teniendo en cuenta las tres transformaciones normativas4 de la institución, que se dieron en el periodo 1998-2008: primero como Programa para la Participación Equitativa de la Mujer en el Distrito Federal (Promujer), luego como Instituto de la Mujer del Distrito Federal (Inmujer) y, por último, como Inmujeres-DF.

miento de saberes tradicionales, de la neutralidad del conocimiento y sobre la universalidad de la verdad. Y de esta manera, la inclusión del análisis del poder inmerso en las relaciones sociales le imprime una fuerza característica.” 4 Para identificarlas las denomino “etapas”.

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En esas etapas, el Instituto contó con cinco administraciones5 (dos coordinaciones generales y tres direcciones generales) y, aunque a lo largo de la década se mantuvieron los principales objetivos y estrategias6 de intervención, su estructura orgánica fue afectada por cambios en los programas de trabajo y en la prioridad otorgada a los diversos temas abordados. Se trata, entonces, de un estudio de caso7 que busca aportar nuevos elementos en el debate sobre la ciudadanía de las mujeres. Como tal, su universo se limita a estudiar la formulación de la política pública desde el área de Construcción de Cultura Ciudadana, mas no su aplicación8 ni las condiciones de las mujeres en el Distrito Federal. Con ello se busca llevar a cabo un diagnóstico desde el que se pueda partir para diseñar una política pública. Para esto escogí una metodología cualitativa con perspectiva feminista9 y técnicas de recolección de información documental y testimonial. El trabajo está estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, seleccioné una muestra de los materiales10 en los que se encontraron distintos conceptos de la ciudadanía, las estrategias que se utilizaron 5

Que denominaré “periodos”. Que fueron un patrón de decisiones coherentes, unificador e integrador, y una definición del dominio o campo de acción de la institución (Doc. Op., 11). 7 Entendido como un examen intensivo de una entidad individual de una categoría o especie, que intenta llegar a conclusiones específicas a partir de un solo caso (Reyes, 1999). 8 Se pueden consultar algunas autoras que han revisado los procesos llevados a cabo con mujeres desde el Instituto: Pérez (2003), Pontigo (2002 y 2003) y Ocaña (2004 y 2008). 9 Es decir, “a partir de las experiencias de la persona o grupo investigador y en función de las experiencias de las mujeres” (Bartra, 2002: 143), que, además, “pone al descubierto todas aquellas estructuras y mecanismos ideológicos que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres de los diferentes ámbitos de la sociedad” (Cobo, 2005: 254-255). 10 Los documentos revisados fueron normativos (decretos, gacetas oficiales, leyes o reglamentos), operativos (programas, proyectos, lineamientos, informes, diagnósticos, cartas descriptivas y materiales audiovisuales), de difusión (cuadernillos, folletos o carteles) y de investigación (publicaciones, estudios, tesis o artículos). 6

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y las prácticas llevadas a cabo con las mujeres. En segundo lugar, llevé a cabo entrevistas semiestructuradas11 con Rosario Robles Berlanga, Patricia Olamendi Torres y Luz Rosales Esteva, como autoridades, y con Yazmín González López, Isabel Osorio Martínez, Blanca López Arellano y Nury Ricárdez Bulnes, como asesoras,12 con el fin de conocer las distintas percepciones e interpretaciones acerca de la ciudadanía, tanto de quienes la dirigieron como de quienes la aplicaron. De igual forma, incorporé mi experiencia personal en el Instituto como ex asesora del área de Construcción de Cultura Ciudadana en las delegaciones Venustiano Carranza e Iztacalco y, luego, como coordinadora de la unidad delegacional del Inmujeres-DF en esta última delegación.13 Así, expongo, de manera general, los antecedentes y las características del Inmujeres-DF en sus tres etapas; después, me centro en sus Unidades Delegacionales; por último, reviso el área de Construcción de Cultura Ciudadana y los elementos centrales sobre el debate en torno a la ciudadanía a lo largo de la década.

I. Instituto de las Mujeres del Distrito Federal: contrastes y ensayos. El Distrito Federal en un nuevo escenario político La creación en 1998 del primer antecedente del Inmujeres-DF estuvo marcada por cuatro características: la primera fue que se dio en el marco de un proceso democrático iniciado en la década de 1990 y encabezado 11

Es decir, entrevistas que se guían por un tema central con preguntas preestablecidas, pero con la posibilidad de que las entrevistadas tengan la libertad suficiente para definir el contenido de la discusión (Vela, 2004). 12 Utilizaré este concepto debido a que en los 10 años, por el régimen de contratación de honorarios, las trabajadoras fueron denominadas prestadoras de servicios profesionales y luego técnicas operativas. 13 Mi punto de vista se presenta con la elaboración de varios documentos de investigación, documentos operativos y apuntes de reuniones de trabajo.

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por movimientos políticos y sociales, entre ellos el feminista. Asimismo, este proceso contó con la presencia de grupos autónomos e independientes de un partido político; de movimientos mixtos que incorporaron demandas feministas tales como la denuncia de la violencia contra las mujeres y la lucha por los derechos políticos y ciudadanos (Doc. Inv. 3); de un número cada vez mayor de organizaciones no gubernamentales, redes y alianzas feministas14 que configuraron una nueva “identidad ciudadana” del movimiento feminista (Espinosa, 2009: 216). La segunda característica tuvo que ver con las reformas políticas que dotaron al Distrito Federal15 de una autonomía más amplia —aunque acotada— ante el gobierno federal puesto que pudo contar con un Estatuto de Gobierno —una especie de constitución local expedida en 1994— cuyo fin era regular su organización política y, de esa manera, generar una ampliación de la ciudadanía.16 Además, el Distrito Federal se dotó de una nueva Ley de Participación Ciudadana, que estableció comités vecinales por unidad territorial17 como nuevos órganos de representación ciudadana. La tercera característica se relaciona con los cambios graduales del Estatuto de Gobierno que permitieron que en 1997 se llevaran a cabo las 14

Algunas de estas redes o alianzas fueron: “Avancemos un Trecho” (Yañez, 1997), la Red por la salud para las mujeres en el df, la Coordinadora nacional de organismos civiles por un milenio feminista y el Comité de organizaciones no gubernamentales de mujeres hacia Beijing. 15 Se denomina Distrito Federal por ser sede de los Poderes de la Unión. Si dichos poderes se trasladaran a otro territorio, se convertiría en el estado del Valle de México (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 44). 16 Art. 6 del Estatuto de Gobierno de 1994. Este artículo había sido redactado en masculino, pero en 1997 se modificó para quedar: “son ciudadanos del Distrito Federal los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan los requisitos del artículo 34 constitucional y posean, además, la calidad de vecinos u originarios de la misma [ciudad]”. 17 Es decir, la fusión y división de colonias, pueblos, barrios o unidades habitacionales que realizó el Instituto Electoral del Distrito Federal. En ese año se crearon 1 352 comités.

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primeras elecciones de un jefe de gobierno del Distrito Federal18 y, en el año 2000, que se pudiera votar para elegir a los 16 jefes delegacionales.19 La primera elección la ganó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del Partido de la Revolución Democrática (prd), con lo que, a la sazón, dicho partido se convirtió en la primera fuerza opositora de izquierda en el país.20 La cuarta característica es que, a raíz de las conferencias mundiales de la mujer, impulsadas por la Organización de las Naciones Unidas (onu), principalmente la celebrada en Beijing, China, en 1995, los países miembros —entre ellos México— se comprometieron a crear o fortalecer mecanismos y órganos gubernamentales para el mejoramiento de la condición de la mujer (Doc. Ext. 2).21 Virginia Guzmán (2001 y 2003) se refiere a ese proceso como la institucionalidad de género en las políticas públicas. Si bien este último factor promovió con mayor fuerza el establecimiento de mecanismos y políticas de género en México, los tres anteriores fueron los que aceleraron el proceso para su establecimiento en el Distrito Federal, definieron su rumbo e influyeron para que la ciudadanía fuera un tema protagónico en las políticas públicas, no sólo en las aplicadas por el Inmujeres-DF, sino por todo el gobierno del Distrito Federal. En la década de 1990 ya existían políticas en el Distrito Federal que hoy podríamos denominar con un enfoque de género; sin embargo, se

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El primer periodo sería de tres años; los siguientes, de seis. Antes de las reformas al Estatuto, las delegaciones eran órganos administrativos desconcentrados que dependían directamente del jefe de gobierno. En 1999 se convirtieron en órganos político-administrativos de cada demarcación territorial (división geográfica). Para ambos casos —administración y territorio— se denominan delegaciones, de manera indistinta (Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Art. 104). Las elecciones delegacionales se llevarían a cabo cada tres años, al igual que en los municipios del país. 20 El Partido Revolucionario Institucional (pri) gobernaba en los niveles federal y estatal. 21 Incháustegui (1999) refiere que otros actores que impulsaron dichas políticas fueron las organizaciones internacionales no gubernamentales, el movimiento feminista y los centros académicos. 19

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centraron en instancias de atención, prevención y sanción de la violencia hacia las mujeres22 y en reformas legales.23 Un programa más amplio fue la “Alianza a favor de la Mujer del Distrito Federal, 1996-2000”, creado por el regente Oscar Espinosa Villarreal. Este programa contaba con un Consejo Consultivo de la Mujer del Distrito Federal y se derivó del Programa Nacional de la Mujer “Alianza para la igualdad, 1995-2000”. Durante la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, el prd lanzó sus “20 puntos por la igualdad” (Doc. Ext. 1), en los que se comprometía a cumplir los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, impulsar acciones afirmativas y promover un Plan de Igualdad de Oportunidades, entre otras propuestas. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas asumió la jefatura del gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles fue nombrada secretaria de Gobierno. Las siguientes palabras dan cuenta de su percepción de aquellos años: Era la primera vez que gobernábamos, que en este país, a nivel general, se ponían [en marcha] políticas integrales, políticas públicas con perspectiva de género. Veníamos, obviamente, de plataformas de 20 años, veníamos de muchos compromisos suscritos por México, veníamos de avances en el terreno nacional. Sí, pero una política pública integral, al más alto nivel de un gobierno, fue [llevada a cabo] por primera vez en la Ciudad de México (entrevista a Rosario Robles).

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Se puede mencionar el Centro de orientación y apoyo a personas violadas, las agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales, el Centro de terapia y apoyo a víctimas de delitos sexuales y el Centro de atención integral a las víctimas de la violencia familiar (Doc. Inv., 3). 23 Como la tipificación del delito de hostigamiento sexual en el Código Penal del Distrito Federal y la aprobación, en 1996, de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. La ley utilizaba el término “violencia intrafamiliar”, pero, en 1998, quedó como “violencia familiar”, para ampliar su campo de acción. De esa norma surgieron las Unidades de atención y prevención de la violencia familiar, instaladas en cada una de las 16 delegaciones.

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La primera etapa: Promujer (1998-1999) Como parte de esos compromisos, el 8 de marzo de 1998 Cuauhtémoc Cárdenas anunció la creación del Promujer, formalizado posteriormente en un acuerdo oficial (Doc. Norm. 1). Con este programa quedaron suprimidos la alianza y el consejo creados por Óscar Espinosa Villarreal. El nuevo programa, que quedó a cargo de Patricia Olamendi Torres,24 dependería de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, encabezada por Rosario Robles. El organismo tenía la finalidad de “proponer políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la mujer, a través de la coordinación de acciones gubernamentales y sociales” (Doc. Norm. 1). Con Olamendi se elaboró un Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres que tenía el propósito de regir las políticas de género en el Distrito Federal (Doc. Op. 10). Esta iniciativa no se concretó formalmente, aunque en la práctica fue un referente para los programas del Instituto en todas sus etapas. Sin recursos propios y considerada una dependencia innecesaria que duplicaba funciones, el Promujer negoció con los aún delegados políticos la instalación de los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer en cada una de las 16 demarcaciones territoriales, 25 pero en abril de 1999 Olamendi renunció para ocupar el cargo de secretaria de Relaciones Políticas y Alianzas del prd. En su lugar fue nombrada Gabriela Delgado Ballesteros, psicóloga e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Delgado Ballesteros con-

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Ex diputada federal y ex subprocuradora de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entre otros cargos ocupados. 25 Los primeros se instalaron en Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco e Iztacalco.

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cluyó la instalación de los Centros26 y preparó la primera transición normativa del Promujer.

La segunda etapa: Inmujer (1999-2001) En agosto de 1999 Promujer se transformó en el Inmujer, como órgano administrativo desconcentrado27 adscrito a la Secretaría de Gobierno. Su objetivo ya no fue sólo proponer, sino “diseñar y poner en marcha políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la mujer, a través de la coordinación de acciones gubernamentales y sociales” (Doc. Norm. 2). En esta etapa, en virtud de las primeras elecciones de las jefaturas delegacionales, el Inmujer acaparó los recursos y la administración de los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer —la cual había estado en manos de los delegados—, convirtiéndolos en representaciones del Inmujer en cada delegación (Doc. Norm. 3). Rosario Robles había asumido la jefatura del Gobierno del Distrito Federal, ante la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas a ese cargo para contender por la presidencia de la República en el año 2000. A nivel federal, el prd perdió las elecciones, pero conservó el Distrito Federal con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno; ganó la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 10 de las 16 delegaciones.28

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En Coyoacán, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Benito Juárez e Iztapalapa. En esta última delegación, el delegado Ramón Sosamontes, a quien le había tocado abrir el primer Centro Integral de Apoyo a la Mujer en Venustiano Carranza, creó seis centros regionales denominados Módulos de Atención a la Mujer, coordinados por el Centro Integral de Atención a la Mujer pero que formaban parte de la estructura de la Delegación Iztapalapa. 27 Son órganos administrativos constituidos por el jefe de Gobierno, jerárquicamente subordinados a él o a la dependencia que este determine (Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Art. 3, Fracc. ii). 28 Las seis restantes fueron obtenidas por el Partido Acción Nacional (pan).

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Andrés Manuel López Obrador nombró directora general del Inmujer a Isabel Molina Warner, integrante del prd, ex diputada federal y directora anterior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, quien asumió el cargo en diciembre del año 2000. En esta nueva administración, el Inmujer fue trasladado normativamente de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Desarrollo Social. Su objetivo era “diseñar e instrumentar políticas públicas, desde la perspectiva de equidad entre los géneros, que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, a través de la coordinación de acciones gubernamentales y sociales” (Doc. Norm. 4). En el periodo de Molina, la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Consejo Consultivo del Inmujer promovieron una iniciativa de ley centrada en el Instituto,29 la cual fue aprobada en diciembre de 2001 y su dictamen fue publicado el 28 de febrero de 2002 (Doc. Norm. 6).

La tercera etapa: Inmujeres-DF (2002-2008) La ley del Inmujeres-DF estableció la personalidad jurídica del Instituto como un organismo descentralizado,30 con el objetivo de: Promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en los ámbitos social, económico, político, cultural y familiar, así como diseñar, coordinar, aplicar y evaluar el Programa General de Igualdad de Oportunidades y no 29

En el periodo de Gabriela Delgado se había trabajado una ley para la promoción de la equidad de género. 30 Son dependencias creadas por decreto o por ley con personalidad jurídica y patrimonio propio (Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Art. 40).

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Discriminación hacia las mujeres y los que de éste se deriven (Art. 4). […] En cada Delegación del Distrito Federal, existirá una representación del Instituto, denominada Unidad del Instituto de las Mujeres, adscrita nominativa y administrativamente al propio Instituto (Art. 25).

En sustitución de Molina se eligió, a través de una terna, a Luz Rosales Esteva,31 quien asumió el cargo en junio de 2002. En 2005, Rosales Esteva fue ratificada para un segundo periodo,32 que culminó en diciembre de 2006. Durante la administración de Rosales ocurrieron dos procesos electorales. En las elecciones intermedias de 2003, el prd conservó la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ganó 13 delegaciones.33 En 2006, López Obrador había renunciado34 para contender por la presidencia de la República; aunque perdió a nivel federal —tras un proceso electoral bastante impugnado que, incluso, generó en la sociedad la sospecha de fraude— el prd mantuvo la jefatura de gobierno con Marcelo Ebrard Casaubón y 14 delegaciones,35 que ganó con distintas alianzas. Marcelo Ebrard nombró directora general del Inmujeres-DF a Martha Lucía Mícher Camarena.36 El Instituto —sin que se modificara la ley— es llamado Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Un elemento favorecedor en esta etapa fue, sin duda, un marco jurídico y administrativo a nivel federal y local más extenso, en favor de la 31

Trabajadora social, ex integrante del Movimiento Ciudadano por la Democracia, ex directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado de Tabasco y quien en ese momento fungía como directora general de la dependencia encargada de las Unidades de atención y prevención de la violencia familiar. 32 La ley del Instituto estableció que sería de tres años la duración del cargo de directora general, con la posibilidad de ratificarlo, siempre que no excediera el tiempo correspondiente al ejercicio constitucional del jefe de gobierno (Art. 19). 33 De las restantes, el pan ganó dos; el pri, una. 34 Lo sustituyó Alejandro Encinas. 35 El pan ganó dos: Miguel Hidalgo y Benito Juárez. 36 Pedagoga, ex diputada local y federal y ex candidata por el Partido de la Revolución Democrática (prd) al gobierno de Guanajuato.

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equidad de género, de los derechos humanos de las mujeres y para el diseño de políticas públicas de género, pues, además de distintas reformas legislativas37 y normativas,38 se crearon áreas y programas con ese enfoque en las delegaciones, en el Distrito Federal39 y a nivel federal.

Las estructuras orgánicas del Promujer a Inmujeres-DF En todas las etapas, el Inmujeres-DF tuvo constantes cambios en sus estructuras orgánicas, pero con la política de austeridad de Andrés Manuel López Obrador (Doc. Norm. 5) se suprimieron áreas y se disminuyeron los niveles jerárquicos y salariales, para quedar finalmente con dos direcciones, la de Fomento y Concertación de Acciones y la Coordinación del Sistema de las Unidades Delegacionales del Inmujeres-DF, con sus respectivos departamentos y otros espacios no previstos en el organigrama oficial. Esa estructura orgánica define las dos grandes estrategias de intervención que ha tenido el Inmujeres-DF desde que fue creado: la transversalidad40 de la perspectiva de género en las políticas públicas del gobierno del Distrito Federal y las delegaciones, y la igualdad de oportu37

A nivel federal estaban la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación las cuales fueron adecuadas al marco legal del Distrito Federal, con sus respectivas legislaciones, en 2006, 2007 y 2008, respectivamente. 38 En el Programa General de Desarrollo (2007-2012) y el Programa de Desarrollo Social (2007-2012) se establecieron la equidad de género y la igualdad sustantiva como perspectivas transversales. 39 En el área de Finanzas del gobierno del Distrito Federal se creó la Dirección de Equidad de Género y, a nivel general, la Comisión Interinstitucional de Género del Distrito Federal, entre otros mecanismos (Doc. Inv., 7). 40 Modelo introducido a finales de los años ochenta y principios de los noventa que busca que todo el conjunto de las políticas del Estado esté influido por la perspectiva de género y que se involucre a todo el aparato público; además, propone transformar el orden social genérico establecido (Incháustegui y Ugalde, 2005).

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nidades41 para las mujeres, a través de la oferta de servicios y actividades. Olamendi Torres señala al respecto: Pudimos construir, desde el programa, una visión muy de México de lo que era efectivamente una perspectiva de género. Ahí tuvimos el apoyo de Itziar [Lozano] y varias filósofas que construyeron [ese modelo] […] Había muchas voces en el gobierno del Distrito Federal que no querían que hubiera un área de atención, sino que solamente fueran áreas de planeación. Yo creo que ese fue el modelo que ganó en los institutos de México, que planean como si viviéramos en Suecia. Yo estoy totalmente en contra de los institutos como están creados, porque hacen planeación de política pública. Si eres directora general, no te va a pelar [sic.] un secretario ni un subsecretario. Quién sabe si un director general [te haga caso]. Entonces, no es cierto que tengas capacidad de hacer planeación de política pública […] si no atienden a las mujeres en este país, en donde están las peores condiciones, ¿quién las va a atender si no son los institutos de las mujeres? (entrevista a Olamendi Torres).

II. La igualdad de oportunidades: el trabajo directo con mujeres Promujer: los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer como centros estratégicos Los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer fueron concebidos como “espacios de encuentro, formación y participación de las mujeres para 41

Políticas identificadas con la perspectiva de Género en el Desarrollo, con una visión de trato diferenciado, partiendo de acciones positivas, con el objetivo de generar el acceso de las mujeres al ámbito público, pero sin alcanzar a revertir las relaciones de género ni modificar la orientación general de la política principal. Define la desigualdad como la ausencia de las mujeres en el ámbito público (Astelarra, 2008).

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promover y desarrollar, bajo una perspectiva de género, acciones afirmativas que les garanticen igualdad de oportunidades” (Doc. Op. 4). La base de su estructura quedó conformada por una Coordinación,42 un Consejo Consultivo,43 dos áreas de apoyo (la de Información y Difusión y la de Servicios —con dos integrantes cada una—) y cuatro áreas de atención directa a mujeres (Construcción de Cultura Ciudadana, Desarrollo Personal y Colectivo, Asesoría Jurídica y Orientación Integral y Desarrollo Económico y Trabajo), con una jefa y una asistente. Los objetivos, las funciones, los temas, las estrategias y las actividades que se señalaron para cada área fueron extensas y tenían que ver tanto con la igualdad de oportunidades como con la transversalidad de género, pues fueron vistos “no sólo como un centro que concentrara las áreas de la política pública, sino también que generara una política pública para la delegación; [es decir], como un centro estratégico de planeación” (entrevista a Olamendi Torres). Sin embargo, conforme se fue incrementando la demanda, las áreas sólo tuvieron capacidad para cumplir con algunas actividades. La de Información y Difusión, que tenía entre sus objetivos difundir una nueva cultura de participación equitativa entre mujeres y hombres, así como una imagen de la mujer libre de mitos y estereotipos (Doc. Op. 8), se centraba en dar a conocer las acciones de los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer y hacer los reportes mensuales. Al área de Servicios le tocó “fomentar la participación comunitaria de las mujeres en el cuidado infantil, a fin de facilitar el acceso de éstas a todos los niveles de desarrollo o crecimiento” (Doc. Op. 8) y responsabilizarse de “la higiene y cuidado general” (Doc. Op. 4) de niños y niñas, pero su alcance se limitaba a la atención de hijas e hijos de mujeres que

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Con el apoyo de una secretaria que posteriormente fue denominada “asistente”. Esta figura no pudo concretarse en la mayoría de los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer; en las administraciones siguientes, la figura se diluyó. 43

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acudían a los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer a una asesoría individual (o a otra actividad) y a la organización de actividades tales como “cursos de verano”. El área de Desarrollo Personal y Colectivo tenía que “dotar a las mujeres con conocimientos y habilidades individuales y sociales que las induzcan al establecimiento de relaciones equitativas intra e intergenéricas que posibiliten su desenvolvimiento personal y una amplia participación social” (Doc. Op. 8), aunque se centró en las asesorías psicológicas individuales y en pláticas o talleres, principalmente de autoestima. El área de Asesoría Jurídica y Orientación Integral debería fomentar el conocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres, proteger y divulgar el marco jurídico vigente, propiciar la revisión y actualización de las legislaciones y promover una cultura de no violencia hacia las mujeres (Doc. Op. 8). Pronto se convirtió en el área de mayor demanda debido a las asesorías individuales, de las cuales la mayoría tenía que ver con la violencia familiar, el divorcio y la pensión alimenticia. El área de Desarrollo Económico y Trabajo, que buscaba “impulsar acciones y políticas de igualdad de oportunidades en el empleo, favoreciendo la autogestión de las mujeres en el desarrollo económico sustentable […] revalorando el trabajo de las mujeres y reconociendo la doble y triple jornada” (Doc. Op. 8), quedó establecida como una bolsa de trabajo. En tanto, el área de Construcción de Cultura Ciudadana debería “impulsar la organización y la participación social, comunitaria y ciudadana de las mujeres y su acceso a los espacios de toma de decisiones, incorporando la equidad de género como dimensión estratégica que permita el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía” (Doc. Op. 8), además de apoyar en las acciones relativas a políticas públicas en favor de las mujeres. También se encargaría de la formación individual y colectiva en educación cívica y democrática, liderazgo, poder local, ciudadanía, derechos humanos, prevención de la violencia sexual, familiar, laboral, social y

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económica; formaría promotoras comunitarias, impulsaría la organización de redes y grupos ciudadanos y detectaría “grupos de poder, organizaciones sociales, religiosas, comités ciudadanos, agrupaciones políticas, etcétera que actúan en la zona” (Doc. Op. 8). Construcción de Cultura Ciudadana fue distinguida como el área que trabajaría con mujeres líderes y con organizaciones sociales, sin dar asesorías individuales; sin embargo, empezó a ocuparse de la difusión de los servicios y las actividades del Centro Integral de Apoyo a la Mujer, de “llevar trabajo” a otras áreas o de introducir, con el planteamiento de género, los talleres o pláticas de las otras áreas. Inmujer: los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer como instancias operativas Cuando el Promujer se transformó en Inmujer, los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer fueron definidos como “instancias operativas” con el objetivo de “Instrumentar, en el ámbito territorial de su respectiva delegación, programas, proyectos y acciones, desde la perspectiva de equidad entre los géneros [sic.], que faciliten el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, a través de la coordinación de acciones gubernamentales y sociales” (Doc. Op. 17), con los principios de integralidad, complementariedad, promoción de la autogestión, calidad y calidez en el servicio, corresponsabilidad, equidad, gratuidad, prontitud y solidaridad. Además de las actividades que ya tenían, al área de Información y Difusión le tocó promover la formación de Audiencias Críticas de los medios de comunicación —generalmente eran actividades como cine-debates o análisis de programas televisivos— y elaborar campañas para la “equidad entre los géneros”. En tanto, el área de Servicios se transformó en Círculo Infantil, con actividades en la comunidad, principalmente pláticas en las escuelas acerca de temas como el maltrato y la prevención del abuso sexual infantil; no obstante, conservó el cuidado de niños y niñas como su prerrogativa.

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En el área de Asesoría Jurídica y Orientación Integral se regularizaron las asesorías con canalizaciones a otras instancias y su seguimiento; en Desarrollo Económico y Trabajo se agregó lo relacionado con el trabajo doméstico de las mujeres; en Desarrollo Personal y Colectivo se formalizó la asesoría individual y la promoción de actividades como comunicación asertiva, salud física, mental, sexual y reproductiva, intervención en crisis, diferencias generacionales, diversidad sexual y discriminación (Doc. Op. 17). Por otra parte, el área de Construcción de Cultura Ciudadana se encargaría, además, de elaborar un diagnóstico de la participación ciudadana de las mujeres, de hacer directorios de organizaciones y de promover el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres, específicamente el derecho a la salud y la educación; de difundir los servicios en favor de las mujeres (y de la población en general) que brinda la delegación, así como “apoyar a las demás áreas del Centro Integral de Apoyo a la Mujer en el fortalecimiento de la autoorganización de las mujeres” (Doc. Op. 17). La nueva reestructuración de las áreas respondió al trabajo que los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer llevaban a cabo —como el apoyo a los proyectos de coinversión44 y la participación del Inmujer en los programas de la política de desarrollo social del Gobierno del Distrito Federal— 45 y no tanto a los objetivos planteados o a las recomendaciones 44

Financiamiento que el gobierno del Distrito Federal otorga a organizaciones no gubernamentales para poner en marcha proyectos tales como diagnósticos, capacitación o elaboración de guías y materiales de difusión. 45 “Proceso de realización de los derechos de la población mediante el cual se fomenta el mejoramiento integral de las condiciones de vida, a través de la obtención y desarrollo de habilidades; así como la creación de oportunidades sociales, la erradicación de la desigualdad y de la exclusión e inequidad social entre individuos y grupos, con el fin de lograr su incorporación plena a la vida económica, social y cultural” (Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Art. 3, Fracc. vi, 2000). Entre los programas en esa época estaban los microcréditos para mujeres y el descuento predial a jefas de familia.

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de un diagnóstico interno;46 por eso Construcción de Cultura Ciudadana fue definida como un área de apoyo, igual que Información y Difusión y Círculo Infantil. Con Isabel Molina, el área de apoyo Información y Difusión desapareció; las áreas de atención directa a las mujeres —Construcción de Cultura Ciudadana, Desarrollo Personal y Colectivo, Asesoría Jurídica y Orientación Integral y Desarrollo Económico y Trabajo— se denominaron “proyectos”47 y en el Inmujer se creó una coordinación de los mismos, a cargo de Líderes Coordinadoras de Proyectos.48 De igual manera, los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer recibieron el nombre de una mujer destacada, viva o muerta, por ejemplo, el de las periodistas Esperanza Brito de Martí, Cristina Pacheco, Elena Poniatowska, el de la antropóloga y feminista Marcela Lagarde, el de la poetisa Juana de Asbaje o el de deidades prehispánicas, como Coatlicue. En esta etapa, al igual que en otras dependencias del gobierno del Distrito Federal, las acciones giraron en torno a la política social de Andrés Manuel López Obrador, con el Programa Integrado Territorial de

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El Doc. Inv. 2 recomendaba contar en él con manuales, procedimientos, proyectos y términos de referencia comunes, así como reducir acciones y objetivos de los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer para evitar que sus acciones se duplicaran con las del área de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. 47 Debido a que las trabajadoras eran contratadas por el régimen fiscal de honorarios, no se podía hablar de “áreas” porque las autoridades del Inmujeres-DF no querían ligarlas con una relación laboral, sino con una prestación de servicios. A lo largo de este texto seguiré usando “área” para evitar confusiones entre proyectos de trabajo y proyectos como estructura orgánica. 48 Secciones que no aparecían en el organigrama oficial. Las líderes tenían un nivel jerárquico menor al de una coordinadora de los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer (que tenía el cargo de jefa de Unidad Departamental), dentro del denominado personal de estructura (nivel de confianza).

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Desarrollo Social,49 en el que se incluía el Programa para la Prevención del Delito, la Violencia y las Adicciones.50 Inmujeres: de los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer a las Unidades Delegacionales Cuando los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer se transformaron en Unidades Delegacionales —conservando sus nombres—, con la aprobación de la Ley del Inmujeres-DF, quedaron como representación del Instituto para “ejecutar los programas y acciones prioritarias que se determinaran en el Programa General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las mujeres y los que de éste se deriven”.51 Con Luz Rosales, el área de Círculo Infantil dejó de atender a niños y niñas y se transformó, primero, en Fortalecimiento a la Equidad en las Familias y, luego, en Equidad en la Infancia y la Juventud. 52 A esta área se asignaron, además de los temas que ya tenía, como Círculo Infantil, otros como sexualidad, trastornos alimenticios, familia, adicciones, resolución de conflictos, violencia en el noviazgo, derechos sexuales y reproductivos y ciudadanía. Desde el Promujer se habían realizado varios intentos de planeación para unificar estrategias, proyectos y funciones de las áreas, a nivel in-

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Este programa otorgaba, entre otros beneficios, apoyos económicos a adultos o adultas mayores de 70 años, a personas con discapacidad y a niños o niñas en “situación de vulnerabilidad”; así como a la “prevención del delito” (Doc. gdf). 50 Tenía por objetivo contribuir al combate a la inseguridad pública, recuperar sitios para la convivencia social, fortalecer los valores morales en las familias y en los centros escolares, así como combatir los mecanismos interfamiliares y sociales que podrían dar lugar a la formación de delincuentes (Doc. gdf). 51 Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Art. 4. 52 Las asesoras de Equidad en la Infancia y la Juventud tuvieron turnos de tiempo completo y su salario fue homologado, aunque se respetó que continuaran laborando medio tiempo las que así lo prefirieran.

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terno y con el apoyo de asesorías externas.53 En 2004, las actividades de las áreas quedaron agrupadas en “subproyectos” (Doc. Op. 6): para Desarrollo Económico y Trabajo los subproyectos fueron “Mujer, fomento económico y trabajo” e “Igualdad de oportunidades”; para Asesoría Jurídica y Orientación Integral, “Promoción de los derechos de las mujeres”; para Desarrollo Personal y Colectivo, “Mujer y salud integral” y “Equidad en las familias”; para Equidad en la Infancia y la Juventud, “Mujeres y hombres jóvenes en la equidad”, “Amor…es sin violencia” y “Niños y adolescentes en la equidad”; para Construcción de Cultura Ciudadana, “Conocimiento y ejercicio de los derechos ciudadanos” y “Organización y participación ciudadana”. A pesar de esa estructura, varias acciones de las Unidades Delegacionales tenían más peso que los subproyectos. Algunos de esos subprogramas que tuvieron mayor relevancia fueron, por ejemplo, la campaña “Democratización Familiar” —relativa al trabajo doméstico—, los Grupos de Ahorro y Préstamo, el sistema de Constelaciones Familiares, 54 varios tipos de promotoras: legales (con Asesoría Jurídica y Orientación Integral), comunitarias (con Construcción de Cultura Ciudadana), “Promotoras de derechos sexuales y reproductivos” (con Equidad en la Infancia y en la Juventud, en coordinación con organizaciones no gubernamentales que colaboraban en los proyectos de esa área) y, posteriormente, promotoras adultas mayores (con Asesoría Jurídica y Orientación Integral); el proyecto de coinversión contra la violencia “Eduquemos para la Paz”,55 los programas federales de Apoyo a las Instancias de Mujeres 53

Como las de Servicio, Desarrollo y Paz, a.c., Afluentes, a.c. y la de Itziar Lozano, después de su salida de Promujer. 54 Método de terapia transgeneracional sistémica que se aplica a nivel individual o grupal y que busca restablecer “el orden del amor” en los sistemas humanos. Véase . 55 Proyecto de coinversión del Grupo de Educación Popular con Mujeres, que consistía en impartir talleres de prevención de la violencia a alumnos y alumnas de educación primaria.

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en las Entidades Federativas 56 y Hábitat (programa para abatir la pobreza, destinado a zonas de media y alta marginalidad, divididas en “polígonos”) y el Programa para la prevención del Delito, la Violencia y las Adicciones. También cobró mucha importancia la conmemoración de fechas significativas, como el 8 de marzo, día internacional de la mujer, y el 25 de noviembre, día internacional en contra de la violencia hacia las mujeres. Otras acciones relevantes fueron el “Decálogo en favor de las mujeres”,57 la medalla Omecíhuatl —entregada a mujeres destacadas de las delegaciones y a luchadoras sociales y feministas—, el Programa de Atención Integral de Cáncer de Mama 58 y un Encuentro Internacional de Experiencias Públicas de Atención Integral a las Mujeres (2005). En este periodo las asesoras que habían sido contratadas por honorarios tuvieron una plaza de Técnico Operativo de Confianza,59 con prestaciones sociales pero con una disminución salarial,60 proceso que concluyó con Mícher Camarena, luego de un movimiento sindical61 que emplazó al Instituto a huelga para la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo. Ese conflicto provocó desgaste y desconfianza mayores tanto de quienes decidieron participar en el movimiento como de quienes se mantuvieron al margen, entre las autoridades y las asesoras. 56

De la Secretaría de Desarrollo Social, para la prevención de la violencia hacia las mujeres. 57 Signado por los 16 nuevos jefes delegacionales en el marco del 50 aniversario del sufragio femenino en México (Doc. Op., 2). 58 Convenio firmado con la Fundación Mexicana de Fomento Educativo para la Prevención y Detección Oportuna de Cáncer de Mama, a.c. Tuvo como fin realizar mastografías a mujeres de más de 40 años (Doc. Op., 13). 59 Nivel de plaza de estructura (confianza), pero sin derecho a firmar un contrato colectivo de trabajo. 60 El nivel salarial fue el 19, de acuerdo con el tabulador del Gobierno del Distrito Federal. De aproximadamente nueve mil pesos, quedó en siete mil pesos mensuales. 61 Con la creación de la Sección vi de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, en el Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Expendios, Oficinas, Similares y Conexos del Distrito Federal.

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Inmujeres: el rediseño institucional de las Unidades A su llegada, Martha Lucía Mícher Camarena comenzó otro proceso de planeación, denominado “Rediseño institucional” (Doc. Inv. 7) y, aunque las áreas permanecieron sin mayores cambios y mantuvieron sus actividades más sobresalientes, otras se realizaron de manera distinta, tal fue el caso de las pláticas o los talleres, incluso de las asesorías. Los tipos de promotoras se convirtieron en “Promotoras de los Derechos Humanos de las Mujeres de la Ciudad de México”, se abrieron Grupos de Reflexión y de Aprendizaje (en sustitución de los grupos de ayuda mutua que tenía a su cargo el área de Desarrollo Personal y Colectivo); se dejó de dar pláticas en escuelas; asimismo, el asunto principal que se trataba con las y los jóvenes pasó de ser la violencia en el noviazgo a los derechos sexuales y reproductivos. Se continuó con los análisis mastográficos62 y con el Plan Integral para la Prevención de la Violencia y las Adicciones (antes Programa para la prevención del Delito, la Violencia y las Adicciones); en tanto, el Inmujeres-DF, en coordinación con otras instancias del gobierno del Distrito Federal, aplicó el programa “Viajemos Seguras”,63 empezó a dar orientación para la interrupción legal del embarazo; 64 continuó con el decálogo denominado “Por la Equidad de Género”65 y con la entrega de la medalla Omecíhuatl. A finales de 2007, el Centro de Operaciones para Funcionarios Públicos de la onu otorgó al gobierno del Distrito Federal el premio

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En 2007 ya se había firmado otro convenio con la Fundación Mexicana de Fomento Educativo para la Prevención y Detección Oportuna de Cáncer de Mama, a.c., y luego con Salud Integral para todos, a.c., para ampliar el número de estudios. 63 Entre otras acciones, destinó autobuses del transporte público sólo para mujeres. 64 A partir de las reformas al Código Penal del Distrito Federal en 2007, se despenalizó el aborto practicado hasta el límite de 12 semanas de embarazo. 65 En esta nueva versión se incluyó a las dependencias del Gobierno del Distrito Federal.

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América a la excelencia en el servicio público, “como resultado de su política de equidad de género para la ciudad” (Doc. Inv. 7). La construcción de la ciudadanía de las mujeres

Promujer: la ciudadanía como un proyecto de izquierda Quienes diseñaron la estructura del Promujer y los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer, estimaron que el impulso de la ciudadanía de las mujeres era un aspecto fundamental en un proyecto de gobierno de izquierda; sin embargo, esta visión era un tema novedoso del cual no se tenía antecedentes en la estructura de gobierno: [Era] la primera vez que la izquierda llega[ba] al poder en México […] ese hecho tenía que marcar la diferencia [en la forma de gobernar]. Además, había en ese momento una enorme participación ciudadana en el Distrito Federal [y] muchas de las que llegamos en ese momento [al gobierno] estábamos formadas en la izquierda […] para nosotras el tema [de la] ciudadanía era estratégico (entrevista a Olamendi Torres).

Si bien se reconocía la importancia de la ciudadanía de las mujeres, la discusión giraba en la forma en que se trabajaría ese aspecto: Algunos decían que [la ciudadanía] fuera [un tema] transversal, pero esta parte de los ejes transversales todavía [no la entiendo], que deban de existir para que luego se terminen convirtiendo en cosas que nunca existen [sic.]. Soy más pragmática, a lo mejor como abogada […] entonces, ¿para qué servía [el programa] o cuál iba a ser la enorme diferencia entre tener un centro de construcción realmente de ciudadanas como las concebíamos? ¿Cuándo íbamos a hacer este cambio en nuestro país? (entrevista a Olamendi Torres).

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Finalmente se optó por la creación de un área específica en los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer para la ciudadanía de las mujeres, Construcción de Cultura Ciudadana: Lo que queríamos lograr, a través de este esfuerzo gubernamental, era que efectivamente las mujeres en el Distrito Federal conocieran y ejercieran todos y cada uno de sus derechos […] eso se llama ciudadanía. Por un lado, teníamos que satisfacer esas necesidades básicas, elementales que son salud, empleo, bienestar, etcétera; por otro, construir esas necesidades estratégicas que van ligadas a su empoderamiento, al conocimiento y ejercicio de sus derechos (entrevista a Olamendi Torres).

Con el área Construcción de Cultura Ciudadana se pretendió que los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer no dieran únicamente servicios, sino que sirvieran también para transformar la situación de las mujeres (Olamendi Torres) y dotarlas de autonomía. Como señala Rosario Robles: [El objetivo del área de Construcción de Cultura Ciudadana era] tener mujeres autónomas, que a lo mejor y el día de mañana votan en contra de nosotros, pero que tienen esa capacidad de decidir […] El empoderamiento tiene que ver, primero, [con] que una mujer pueda tener tiempo para ella y para participar […] vamos a lograr tener auténticas ciudadanas cuando la sociedad esté organizada de otra manera […] un nuevo pacto social en el que hombres y mujeres seamos libres y que tengamos capacidad de decidir […] pero eso supone autonomía económica y [también] todo ese cambio cultural que tiene que ver [con] que nos asumamos como diosas, como iguales (Rosario Robles).

Así, Robles y Olamendi consideraron que las políticas públicas son un instrumento para construir ciudadanía de arriba hacia abajo (Robles) y para motivar una visión diferente de la ciudadanía (Olamendi). Debido

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a esto, la construcción de la ciudadanía en Promujer fue vista como un aspecto estratégico de un gobierno de izquierda para contribuir a la autonomía, el empoderamiento y el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres. Esa visión, a la que contribuyó la feminista Itziar Lozano (19412007),66 se reflejó en el “Programa de Ciudadanía y Democracia” (Doc. Op. 14) que llevaría a cabo el área de Construcción de Cultura Ciudadana y en el cual se definió a la ciudadanía como: El reconocimiento mutuo de las personas que, compartiendo un espacio geográfico, social o étnico poseen un valor equivalente entre sí y son portadoras de los mismos derechos civiles y políticos. El ejercicio ciudadano de las mujeres significa que seamos consideradas interlocutoras en igualdad de rango, para pactar y negociar en todos los ámbitos de [nuestra] existencia: en la familia, en la pareja, en el trabajo, en la organización vecinal o política (Doc. Op. 14).

El objetivo central de dicho programa, de acuerdo con los lineamientos para el área de Construcción de Cultura Ciudadana, fue empatado con la coyuntura que a la sazón se vivía en el Distrito Federal. Por ello se pidió, entre otras tareas, conocer las experiencias y sistemas de relación y control político de organizaciones y grupos sociales mixtos y de mujeres en las delegaciones, detectar sus necesidades de capacitación y a quienes quisieran “ser líderes de sus colonias o las que hayan sido elegidas a cargos públicos” (Doc. Op. 14). Asimismo, se solicitó impulsar la organiza-

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De origen vasco, radicaba en México. Psicóloga, académica e investigadora, dirigió durante 15 años el Centro de Comunicación e Intercambio para el Desarrollo Humano en América Latina. Fue parte de la coordinación nacional de la red de organizaciones “Milenio Feminista” y fundadora de Ciudadanas en Movimiento por la Democracia en 1994.

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ción de las mujeres en comités vecinales.67 Esta decisión fue vista como la injerencia del Promujer y los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer en un proceso autónomo; apreciación que se justificó por la falta de claridad del concepto de ciudadanía.68 Con esas instrucciones, las asesoras de Construcción de Cultura Ciudadana llevaron a cabo sus actividades, las cuales fueron distintas y dispersas entre sí, además de dar cobertura a una población abierta —como madres de familia, niñas y niños—, a servidores o servidoras públicas —como los promotores de participación ciudadana del gobierno del Distrito Federal— y elaborar materiales de difusión.69 Por otra parte, Construcción de Cultura Ciudadana se responsabilizó de la conmemoración del 8 de marzo, del aniversario del sufragio femenino en México (17 de octubre) y del día internacional de la ciudadanía de las mujeres (8 de septiembre).70 A partir de estas experiencias, se vio la necesidad de unificar criterios de trabajo71 y de contar con definiciones conceptuales y metodológicas que permitieran llevar a cabo una aproximación a la ciudadanía como una estrategia de todas las áreas y una práctica desde Construcción de Cultura Ciudadana. 67

En Venustiano Carranza se distribuyó el folleto “¿Mujeres juntas?… ¿ni difuntas? Oídos sordos a palabras necias: unidas vamos a las elecciones vecinales. ¡Qué nadie decida por nosotras!” (Doc. Dif. 5). 68 Opinión vertida en el foro sobre la Ley de Participación Ciudadana, organizado por el Promujer el 1 de febrero de 1999, con la participación de Alfredo del Valle Espinosa, del Comité Mexicano Defensor y Promoción de Derechos Humanos, Itziar Lozano y Patricia Olamendi (apuntes personales). 69 En Iztacalco se distribuyó el tríptico “Nuestros documentos son un tesoro de mucho valor. Con ellos seremos ciudadanas de verdad” (Doc. Dif. 6). 70 Establecido a raíz de la iv Conferencia Mundial de la Mujer. También se toma en cuenta el 6 de septiembre. La fecha no tuvo mayor repercusión, como la del 8 de marzo o la del 25 de noviembre. 71 Para tal efecto el Promujer puso en marcha el “Taller de Producción de materiales” (Doc. Op. 19) con el fin de armar un taller integral que se impartiera a las mujeres, con la participación de todas las áreas de los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer.

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Inmujer: Construcción de Cultura Ciudadana, el área “comodín” Pese a esa inquietud, en esta etapa, Construcción de Cultura Ciudadana —como área que apoyaría a las demás y a la que se habían agregado otros temas como el de advocacy—72 participó en actividades como la de “Orientación prematrimonial a futuros y futuras contrayentes”, con Asesoría Jurídica y Orientación Integral y Desarrollo Personal y Colectivo (Doc. Op. 18); también se le asignó el proyecto “Ecosistema urbano y salud de los habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México”, derivado de los “Compromisos para la Equidad entre los géneros en las Políticas Ambientales”, suscritos por la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del Distrito Federal y el Inmujer (Doc. Op. 16), cuya labor consistía en formar a promotoras ambientales para que organizaran compras en común, instalaran jardines en azoteas y elaboraran tecnologías domésticas. De igual forma, Construcción de Cultura Ciudadana participó con Desarrollo Económico y Trabajo en el “Programa de microcréditos para mujeres”,73 el cual dio apoyo y fortalecimiento a proyectos productivos y al autoempleo, con el fin de promover y fortalecer la organización y autogestión femenina; asimismo, destacó la importancia de la participación social, política y económica de las mujeres, impulsó estrategias para el liderazgo entre los grupos y que así éstos pudieran crear sus reglamentos internos. Con Desarrollo Personal y Colectivo, Construcción de Cultura Ciudadana coordinó el proyecto de alfabetización con perspectiva de 72

Concepto entendido como una “combinación de estrategias dirigidas a organizar a la ciudadanía para que influya en la toma de decisiones del gobierno y de otros actores públicos, con el fin de solucionar problemas comunes y alcanzar cambios políticos y sociales; también tiene como meta influir en la gestión de asuntos públicos en el ámbito local, regional, nacional e internacional” (Doc. Op. 20). 73 Del Fondo para la Consolidación de la Microempresa del Gobierno del Distrito Federal (Doc. Op. 7).

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género “Nuestra vida en Común”74 con el fin de capacitar a mujeres que fungieran como alfabetizadoras y que de esta manera se crearan círculos de estudio con mujeres analfabetas. La mayoría de esos proyectos quedaron inconclusos o fueron modificados en la práctica, y Construcción de Cultura Ciudadana, más que un área de apoyo, fue vista como el “comodín” en que se ubicaban los proyectos provenientes de otras instancias o que no necesariamente eran estratégicos para las otras áreas. Con la llegada de Isabel Molina al Inmujer, se planteó que en Construcción de Cultura Ciudadana se daría más importancia al trabajo comunitario y a la organización de las mujeres en las 774 Unidades Territoriales básicas para el gobierno del Distrito Federal (Doc. Inv. 11), ya que se había trabajado con demasiada población “abierta”. Los temas prioritarios para este periodo fueron cultura de género, ciudadanía y democratización de la vida cotidiana, democracia genérica,75 liderazgo, manejo de conflictos, formas de organización y participación, educación cívica (Ley de Participación Ciudadana y Ley de Justicia Cívica), autogestión, democratización en la familia (derechos y deberes en la familia), mujer y poder, empoderamiento y asertividad (Doc. Op. 3). De las estrategias definidas desde Promujer, se le dio importancia a la formación de promotoras, la capacitación de mujeres líderes y la creación de redes de mujeres, con lo que se pidió apoyo a Itziar Lozano para que trabajara con todas las áreas en la metodología de las promotoras. Las actividades más significativas en el periodo de Molina fueron la organización, en 2001, de cuatro encuentros regionales de mujeres, lla-

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Del Instituto Nacional para la Educación de Adultos. Concepto retomado de Marcela Lagarde, quien indica que la democracia genérica “tiene como sentido filosófico la libertad en plenitud para todas/os. Ello implica un nuevo pacto social que abarque lo privado (la familia) y lo público […] a través de un nuevo orden de género democrático que tenga como esencia una ética basada en la solidaridad, la cooperación y la igualdad de oportunidades (Doc. Op. 3). 75

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mados “Por una ciudadanía con equidad”, en el marco del día internacional por la ciudadanía de las mujeres, en los que hubo aproximadamente 780 participantes (Doc. Inv. 1). En el encuentro de la región de las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, las mujeres hablaron de demandas específicas: escuelas, guarderías, empleos, vivienda, salario al trabajo doméstico y programas de salud, entre otros tópicos; también dejaron constancia de que no querían hacer política como la hacen los hombres y de que querían hacer un pacto entre mujeres (Doc. Inv. 1). Los testimonios mostraban la forma en que las mujeres ejercían su ciudadanía, sin llamarla propiamente así, pues se habló de sus necesidades en cada una de las etapas de su vida, desde la niñez a la senectud; de mujeres indígenas y con discapacidad y de aspectos que tenían que ver con la sexualidad, la salud, la familia, el trabajo, el suicidio en jóvenes o la gestión de servicios (Doc. Inv. 5). Inmujeres: Construcción de Cultura Ciudadana, poca claridad y alto compromiso Para Luz Rosales Esteva, las Unidades Delegacionales atendían a pocas mujeres, había escaso trabajo en la comunidad y las áreas trabajaban separadamente, por lo que se buscó aumentar la cantidad, sin afectar la calidad, a decir de ella misma. En esa estrategia, Construcción de Cultura Ciudadana era la “punta de lanza” para salir a la comunidad, pues era la que formaba “ciudadanas responsables, con una visión del mundo diferente” (entrevista a Luz Rosales Esteva); sin embargo, consideró poco claro el objetivo de Construcción de Cultura Ciudadana: Yo venía [del] Movimiento Ciudadano por la Democracia, donde uno de nuestros grandes lemas era dejar de ser súbditos para ser ciudadanos, y traía toda la incidencia en política pública […] O sea, el ciudadano […]

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revisando, observando, exigiendo, demandando a los políticos o siendo él político […] Y cuando llego, veo [que se trabajaba] únicamente la parte de género […] [y] que las mujeres accedieran al poder […] Faltaba […] la esencia […] de “yo como mujer tengo que saber ser ciudadana”. [Ser] ciudadana no es nada más para luchar por mis derechos de género, sino por una política distinta, que le responda a la ciudadanía distinto […] [no sólo] trabajar por el género, sino […] como género, por las luchas sociales […] No era una situación de ir en contra de, sino incluyendo, porque era una construcción de cultura ciudadana” (entrevista a Luz Rosales Esteva).

Aun así, a la directora le pareció que era el área del Instituto con más “claridad política, con más compromiso por un cambio de cultura social y de justicia social” (entrevista a Luz Rosales Esteva); además de que con los cursos de Construcción de Cultura Ciudadana surgieron “mujeres muy empoderadas que empezaron a exigir cosas diferentes a sus delegados o con quien tenían relación [y que reconocían] el derecho a tener derechos” (entrevista a Luz Rosales Esteva). Al valorar la lucha de muchas mujeres por la reivindicación de sus derechos y por vivir en un Estado de derecho, Rosales identificaba al Instituto como un proyecto feminista. De los proyectos impulsados en este periodo por Construcción de Cultura Ciudadana, además de los subproyectos base y la participación en los programas del gobierno del Distrito Federal, se retomó la orientación prematrimonial a futuros o futuras contrayentes, lo que no dio resultado, y se capacitaron a las “promotoras comunitarias” de manera más sistematizada. En el marco de la transición de las jefaturas delegacionales, se buscó crear Consejos Ciudadanos de Mujeres para fungir “como órganos colegiados de representación colectiva de las demandas y propuestas de las mujeres” (Doc. Op. 5) en las 16 delegaciones. A partir de estos Consejos Ciudadanos se conformaría un Consejo Ciudadano de Mujeres del Distrito Federal.

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Entre los proyectos de coinversión estaban el “Proceso de capacitación en métodos lúdicos para el fortalecimiento de grupos de microempresarias, autogestoras y cajas de ahorro del Distrito Federal”,76 la “Formación de redes sociales comunitarias para diseñar y aplicar proyectos comunitarios”,77 la “Investigación-acción desde la perspectiva de género. Construcción del modelo que aplica Inmujeres-DF”78 y “Liderazgo femenino, construcción de ciudadanía e intervención comunitaria”.79 Con las “Biografías comunitarias: entretejiendo caminos y liderazgos”, realizadas entre 2003 y 2004, se recogieron 18 “testimonios autobiográficos”, de mujeres de 10 delegaciones y 27 “esbozos autobiográficos” de mujeres de 13 delegaciones —publicados en 2006 en un disco compacto— con el objetivo de “sistematizar el proceso de empoderamiento y desarrollo de las mujeres que han recibido atención y servicios en las unidades delegaciones” (Doc. Inv. 4). En 2005 se llevó a cabo el primer encuentro de mujeres líderes de la Ciudad de México, con el fin de “generar propuestas de políticas públicas y acciones afirmativas que fortalezcan el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres” (Doc. Op. 1), pero también para crear un comité promotor de los Consejos Ciudadanos para cada delegación, pues no había avances con esa estrategia. Con Luz Rosales como directora del Instituto aumentó la producción de materiales de difusión, de guías y de proyectos específicos de las áreas. En Construcción de Cultura Ciudadana se editaron el folleto “ABC de género y ciudadanía” (dos versiones), la cartilla “Los derechos ciudadanos”, el tríptico “Participación ciudadana de la mujer”, la memo-

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Propuesta de K’nal Antzetik, a.c. (Doc. Op. 12). Proyecto con Redes Comunitarias Sociales, a.c. (Doc. Op. 15). 78 Con el Centro de Promoción y Educación Profesional “Vasco de Quiroga”, a.c. 79 Con el Centro de Alternativas Comunitarias y Género “María Luisa Herrasti Aguirre La China”, a.c. Se aplicó en Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. 77

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ria del Encuentro Internacional de Experiencias Públicas de Atención Integral de las Mujeres (Barrera y Aguirre, 2006) y de Mujeres Tejiendo Redes (Inmujeres-DF, 2005). En todos ellos se encontraron distintas definiciones de ciudadanía, ciudadanización, empoderamiento e individuación, entre otros conceptos utilizados por Construcción de Cultura Ciudadana en ese periodo. Por otra parte, se formó un Comité Técnico para el área de Construcción de Cultura Ciudadana, integrado por las académicas Teresa Incháustegui, Yamileth Ugalde, Ana Lau Jaiven y Dalia Barrera Bassols. Las primeras se interesaron por un manual para políticas públicas; las segundas, por los liderazgos de las mujeres, pero fue una etapa en la que se le dio contenido a Construcción de Cultura Ciudadana y se actualizaron materiales bibliográficos (Yazmín González, entrevista grupal). La ciudadanía también fue un eje en Equidad en la Infancia y la Juventud, una “línea de acción” en sus subproyectos, que la definía como: La noción de participación en la vida púbica, no sólo en el campo de la política, sino en términos de la participación en la vida de la comunidad. Esto implica comprender el concepto de ciudadanía, ya no en el sentido estricto de la política, sino más bien en un sentido sociológico amplio, enfatizando más las relaciones entre la ciudadanía y la sociedad como un todo. Así también, la ciudadanía tiene que ver con derechos y con obligaciones, por un lado frente al Estado, y por otro, su responsabilidad frente y para la comunidad (Doc. Op. 9: 5-6).

Equidad en la Infancia y la Juventud retomó el concepto de ciudadanía cultural, el cual “toma en cuenta las desigualdades que existen en nuestra sociedad y apela a que las diferencias no sean fuentes de exclusión” (Doc. Op. 9: 9). Al considerar a las y los jóvenes un sector excluido en el ejercicio de su ciudadanía, Equidad en la Infancia y la Juventud supuso que tener un proyecto de vida era esencial para el desarrollo de

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su bienestar y para el ejercicio de una “ciudadanía social juvenil” (Doc. Op. 9: 10). La ciudadanía como eje articulador de la atención a las mujeres Del proceso de planeación interna y de las experiencias de trabajo de Construcción de Cultura Ciudadana y las demás áreas, en el periodo de Luz Rosales se diseñó el modelo de atención integral a las mujeres de las Unidades Delegacionales, con el objetivo de detonar “procesos de empoderamiento y ciudadanización en las mujeres” (Doc. Op. 5: ii), teniendo como ejes rectores la integralidad, la territorialidad y la transversalidad. La propuesta entendía a la ciudadanía “como requisito indispensable para la exigibilidad de los derechos” (Doc. Op. 5: ii). La primera parte del modelo se refiere al proceso de intervención educativa en las 16 Unidades Delegacionales, en el cual se identifican los siguientes niveles: a) Información y difusión: ofrece datos y orientación con un interés particular, con asesorías, pláticas o sucesos masivos dirigidos a una población abierta. b) Sensibilización: introduce a temas específicos, genera interés y abre expectativas con talleres o pláticas periódicas a grupos heterogéneos o focalizados. c) Capacitación: adquisición de conocimientos y de herramientas para profundizar en temas específicos, con talleres secuenciales e integrales a mujeres líderes, integrantes de comités vecinales, servidoras o servidores públicos o mujeres que pasaron por los procesos anteriores. d) Formación: multiplicación del conocimiento y las estrategias adquiridas, con cursos o seminarios para mujeres líderes o promotoras. e) Autonomía y autogestión: integración y participación comunitaria con Consejos Ciudadanos o Redes (Doc. Op. 5: v. Cuadro resumido).

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La segunda parte es la denominada Proceso de Empoderamiento y Ciudadanización. Esta parte da cuenta de los pasos que siguen las mujeres desde el momento en que llegan a las Unidades Delegacionales. En ella se identifican los siguientes niveles: a) Situación de género: acuden por un problema particular o necesidad específica. b) Reconocimiento de su condición de género: regresan a recibir asesoría, se incorporan a un taller o plática. c) Individuación y empoderamiento: inician su proceso de cambio personal, empiezan a cambiar algún aspecto de su vida. d) Conciencia de género/liderazgo social: participación comunitaria y vecinal. Orientan a otras mujeres. e) Ciudadanización: se involucran en acciones ciudadanas, promueven cambios (Doc. Op. 5: viii. Cuadro resumido). La tercera parte es el Círculo de Transformación Social “Género y ciudadanía”, en el que se muestra que, con independencia del proceso que viven las mujeres, el género y la ciudadanía son temas transversales en cualquier momento de la intervención. Para desarrollar el proceso, se tienen en cuenta dos perspectivas, que van de lo privado a la exigibilidad de derechos: “Una, relacionada con el empoderamiento personal, […] es tomar control sobre la vida propia y personal; otra, desde lo social, […] significa la inserción en una agenda determinada y tiene como objetivo la eliminación de las condiciones que mantienen a las mujeres, como género, en situación de subordinación, discriminación y explotación” (Doc. Op. 5: vii). El modelo, presentado en el Encuentro Internacional de Experiencias Públicas (Barrera y Aguirre, 2006), incluye, además, una Carpeta Metodológica por cada área de las Unidades Delegacionales. En la de Construcción de Cultura Ciudadana se presentan, entre otros elemen-

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tos, un marco teórico, estrategias, metodologías, indicadores, cartas descriptivas, glosario de términos y los perfiles de mujeres organizadas y no organizadas. En ese documento se definió la ciudadanía como el “proceso a través del cual las personas conocen, ejercen y amplían sus derechos en el ámbito social, político, económico y cultural” (Doc. Op. 5: 80). También se definió la ciudadanía plena de las mujeres: “cuando todos los derechos de las mujeres sean una realidad para cada una y para todas, se habrá logrado la igualdad de derechos, la equidad y la democracia genérica” (Doc. Op. 5: 80). La participación ciudadana se definió como la “forma de intervención social que permite a los ciudadanos reconocerse como tales y que, al compartir una situación determinada, se identifican a partir de sus propios intereses, expectativas y demandas” (Doc. Op. 5: 79). En cuanto a la individuación, se señaló que “es el proceso mediante el cual se forman y diferencian los seres individuales […] es un proceso interno y subjetivo de integración y […] de relación objetiva” (Doc. Op. 5: 83). Asimismo, se asumió la intervención comunitaria como: […] la forma de coadyuvar dentro de una comunidad para que ésta se movilice o se organice para resolver, de manera autogestiva, sus problemas […] Incorporamos la perspectiva de género en el proceso de intervención y contribuimos a que las mujeres integren a su conciencia la exigencia de atender necesidades estratégicas, [así como] que se organicen en torno a estas demandas comunes (Doc. Op. 5: 24).

Esa estrategia tenía como base la creación de Promotoras Comunitarias, Redes Sociales Comunitarias y Comités Promotores para el fortalecimiento de los liderazgos comunitarios (Consejos Ciudadanos de Mujeres). Por otra parte, debido a la forma de trabajo que Mícher Camarena impulsó en las Unidades Delegacionales, los subproyectos de las áreas se

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diluyeron, aunque las áreas mismas no fueron modificadas. Relacionada con el área de Construcción de Cultura Ciudadana, se creó la Escuela Popular de Liderazgo “Cecilia Loría Saviñón” para formar “educadoras populares, como una nueva herramienta hacia el camino para el empoderamiento de las mujeres” (Doc. Dif. 3). Esta escuela sería permanente en cada Unidad Delegacional.

I. La disputa por la ciudadanía de las mujeres Conceptualización de la ciudadanía A lo largo de la primera década del Inmujeres-DF, las asesoras de las Unidades Delegacionales generaron intensos debates sobre los objetivos del Instituto, su estructura, las estrategias, los constantes cambios y la evaluación de las acciones —incluido su propio desempeño—, entre otros puntos. La reflexión colectiva, realizada en espacios formales —reuniones de trabajo convocadas por el Instituto y sus distintas áreas— y también informales —reuniones entre las asesoras, fuera del trabajo—, se orientó al problema de la ciudadanía: Desde nuestra experiencia, hemos percibido la carencia de un marco conceptual y de una estrategia general bien definida, que en una política pública de esta naturaleza, tan amplia y compleja, se traduce en distintas interpretaciones, lo cual en sí mismo no es negativo, pues da una mayor libertad y riqueza de experiencias, pero también encierra el riesgo de perderse o de orientarse a intereses coyunturales o desarrollar acciones dispersas y con poco impacto (López y Ricárdez, 2003).

Por otro lado, existían diversas interpretaciones:

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Todas entendimos “construir ciudadanía” como pudimos o como producto de esta historia de vida y de nuestra experiencia […] se cruzaron empirismos [sic.], las visiones personales […] Yo creo que sí ayudamos a detonar procesos […] Por qué a las mujeres no nos dieron el voto al mismo tiempo que a los hombres, porque también decían que éramos como menores de edad. Luego, entonces, la ciudadanía está absolutamente ligada a tu poder de decisión. Al final, […] ciudadana es una persona que toma decisiones, tiene derechos y responsabilidades y, ante esos, va definiendo, tomando decisiones o va dejando que otros las tomen por ellas (entrevista a Nury Ricárdez).

Esa misma experiencia hizo que cada una fuera definiendo su propio concepto: Para mí era construir formas o estrategias de cómo trabajar en diferentes niveles con las mujeres, para el conocimiento y ejercicio de sus derechos. Soy ciudadana en el momento en que me entiendo y me reconozco como persona y como mujer y cuando tengo herramientas y recursos que coadyuven a poder ejercer libre y plenamente mis derechos. Me construyo en mi propio proceso. Eso, para mí, es ser ciudadana (Isabel Osorio, entrevista grupal).

El punto de partida no era sólo la experiencia personal, sino también la de las propias mujeres con las que trabajaban: Para mí sería como ir construyendo y diseñando estrategias que permitan que las mujeres vayan deconstruyendo un proceso que tiene que ver con ellas, con la comunidad y con un sistema más complejo. La ciudadanía de las mujeres atraviesa todo lo que son procesos de toma de decisiones, a nivel personal y colectivo (Blanca López Arellano, entrevista grupal).

El concepto de ciudadanía se vinculaba con otros que las asesoras mismas tuvieron que construir, como el de liderazgo, empoderamiento

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o individuación; además de que pretendían transformar un sistema que reproducía las condiciones de opresión. Como dice Yazmín González: [Tampoco] había una definición clara de qué tipo de liderazgos serían los que queríamos promover, pues el concepto de ciudadanía iba muy asociado al de liderazgo […] [Sobre el empoderamiento], esa palabra también era muy ambigua, porque […] estábamos empoderando [a las mujeres] dentro de un mismo sistema (Yazmín González, entrevista grupal).

Por su parte, Blanca López se expresa así: “Este proceso de individuación tiene que ver con algo mucho más completo que los talleres de autoestima. Es cómo deconstruyes tu identidad en el marco de un sistema de opresión, el patriarcal, y uno más complejo: […] un sistema socioeconómico (Blanca López, entrevista grupal). Como se ve, el cuestionamiento a la promoción de la participación de las mujeres en un sistema patriarcal era insistente, pues se planteaba si se podría provocar cambios: Con el conocimiento de derechos […] las mujeres empezaron a preguntarse cómo insertarse al quehacer político, pero en este mismo esquema que no estamos cuestionando […] No había posibilidad de entender que primero teníamos que cuestionar la estructura de las organizaciones políticas, no necesariamente de los partidos políticos, pero sí del quehacer político en donde se iban a insertar las mujeres (Isabel Osorio, entrevista grupal).

Blanca López Arellano dice: “Si las mujeres nos vamos a incorporar al quehacer político desde este referente que han construido los hombres, estamos reproduciendo lo mismo” (entrevista grupal). De acuerdo con lo anterior, las asesoras y las líderes de Construcción de Cultura Ciudadana fueron construyendo una noción de ciudadanía como un proceso que implicaba lo personal (individuación, empo-

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deramiento, toma de decisiones, autonomía) y lo político (liderazgo, participación política, organización), como lo indica Sánchez Olvera (2008: 93): “La ciudadanía de las mujeres se construye en movimiento, en la práctica social, en la concreción de derechos, en la deconstrucción de identidades patriarcales que propicien en las mujeres asumirse como sujetas de derechos.” Siguiendo a Espinosa (2009), las propuestas de quienes diseñaron y aplicaron esa política pública están enlazadas con las del feminismo que, con el lema “lo personal es político”, relaciona esos espacios (personal y político) y busca romper la dicotomía público-privado. Construcción de Cultura Ciudadana: de área incomprendida a la más temida En la entrevista colectiva, Yazmín González, Blanca López e Isabel Osorio expresaron lo siguiente: El área encargada de la política para la ciudadanía de las mujeres, Construcción de Cultura Ciudadana, fue considerada el área de entretenimiento, de las líderes, de las rolleras, de las organizadoras de distintos actos, de las volanderas.80 Era un área incomprendida, compleja, espesa, a la que se le metía [sic.] de todo, sin tanto atractivo como las demás.

En otras palabras, no tenía “usuarias propias” (Pérez, 2003: 94). Pero, por otra parte, se consideraba a Construcción de Cultura Ciudadana el área encargada “de construir conciencia de género” (Doc. Inv. 9), así como “la puerta de entrada [a una reflexión] para que las mujeres se reconozcan como sujetas de derecho o que reconozcan que tienen problemas; o la puerta de salida para impulsar su 80

Quienes se encargaban de repartir y distribuir volantes de difusión o de convocatoria a los actos de las Unidades.

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liderazgo, una vez que [se] haya[n] trabajado problemas específicos” (Doc. Inv. 9). Otra metáfora que se usó fue que se trataba de una bisagra, porque “articulaba a las demás áreas” (entrevista a Nury Ricárdez), también estaba “sentando las bases para el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos humanos y ciudadanos” (Doc. Inv. 6) y era el área que ponía “en tela de juicio el ejercicio del poder patriarcal-tradicional, que excluye a las mujeres e impide el ejercicio de sus derechos y la atención a sus necesidades” (Pontigo, 2003: 65). Las asesoras y coordinadoras de Construcción de Cultura Ciudadana distinguieron las diversas formas en que se abordó la ciudadanía en cada administración del Inmujeres-DF. En la etapa de Promujer, con Patricia Olamendi, destacan la figura de Itziar Lozano, quien “juega un papel importante […] al darle contenido a la cuestión de ciudadanía […] Era formar a estas mujeres líderes en la comunidad que pudieran contribuir a los cambios en las diferentes modalidades de la vida cotidiana” (Yazmín González, entrevista grupal). Acerca de Gabriela Delgado, cuando se transitó de Promujer a Inmujer, las entrevistadas plantean que se generaron procesos contradictorios: “lo que buscaba era darle un contenido más académico, darle esa proyección de investigar qué pasa con la ciudadanía, etcétera. No había una figura líder que tuviera el mismo peso de Itziar Lozano” (Yazmín González, entrevista grupal). Por otro lado, yo creo que no encontraban la brújula y, sin embargo, creo que fue la época […] más interesante, en el sentido de la discusión y el análisis, porque justamente esos espacios de capacitación que nos daban para todo lo que se les ocurría […] [permitieron] que nos encontráramos como área […] Fue la etapa del análisis, del arranque de ir juntando los pedazos del rompecabezas […] Cuando todas empezamos a desarrollar más formalmente la tarea (entrevista a Nury Ricárdez).

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Acerca del periodo de Isabel Molina, hay coincidencia en definirlo como un estancamiento y una pretensión de corporativizar a las mujeres: “Otras áreas tomaron el protagonismo […] Las intenciones eran crear bases del partido que pudieran promover la estructura de gobierno en forma ampliada con la ciudadanía, y la ciudadanía eran aquellas mujeres con las cuales se podían fortalecer las bases” (Yazmín González, entrevista grupal). Como en el periodo de Gabriela Delgado, también se dieron procesos contradictorios: “fue como continuar lo que ya venía haciendo […] Cada quien siguió su rumbo; más bien, como que se fueron perfilando los estilos (entrevista a Nury Ricárdez). También acerca del periodo de Luz Rosales, las entrevistadas encuentran aspectos contradictorios, pues, por un lado: Cada quien entendió como pudo eso de “ensuciarse los zapatos” al salir a la comunidad […] Fue como la etapa de la ciudadanía más comunitaria, colectiva, pública, menos de trabajo de proceso de individuación (Nury Ricárdez). Mientras que, por el otro lado, la palabra clave fue “empoderamiento” […] Se pensó en la promotoría como una alternativa que le diera identidad al área […] Lo que hicimos fue recuperar toda la información y empezar a esbozar […] el objetivo del área, sus objetivos específicos, sus principales líneas de acción y qué queríamos alcanzar” (Yazmín González). De igual forma, el de Luz Rosales fue un periodo de mucho conflicto […] Construcción de Cultura Ciudadana estuvo estigmatizada como el área de las líderes, el área que [quería] volcarse institucionalmente y hacer un golpe de estado. [Me pedían] calmarlas en las reuniones […] pero, ¿cómo podía decirles “no ejerzas tu liderazgo, no ejerzas tus derechos”?, si ésta era nuestra razón de ser, era nuestro trabajo. Por eso a esa área se le temía (Yazmín González).

A pesar de que el debate no fue homogéneo, la construcción de ciudadanía se inspiró en la filosofía feminista de crear una sociedad

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donde las mujeres seamos vistas, escuchadas, amadas y reconocidas en toda nuestra diversidad, con la misma igualdad de oportunidades que los hombres, porque ser diferentes no significa ser desiguales (López y Ricárdez, 2003). Aunque desde su diseño el área fue vista como un servicio más, al igual que la asesoría jurídica o psicológica, Construcción de Cultura Ciudadana: Le dio a las unidades —junto con el alcance territorial—, una dimensión más social y amplia, que le permitió al Inmujeres-DF alejarse del asistencialismo y evitar ser sólo una instancia que ofertaba servicios a través de sus Unidades. El área, por ser novedosa dentro de una política pública, ha sido la menos acotada, la más compleja y de mayor dificultad en su aplicación, pero al mismo tiempo es la que ofrece una visión más integral y puede articular y reflejar muchas de las demandas de las mujeres (Castro, et al., 2004: 5-6).

Las estrategias: entrecruces y desencuentros No obstante que las estrategias de Construcción de Cultura Ciudadana fueron las mismas desde Promujer a Inmujeres-DF, en cada periodo y administración se le dieron prioridad y contenidos diferentes. Construcción de Cultura Ciudadana consideraba necesaria la articulación con las demás áreas, pero para algunas de estas áreas la ciudadanía (como derechos ciudadanos) era vista como algo ajeno a las necesidades de las mujeres: “las mujeres a veces no buscan la defensa del derecho, sino la reparación del daño” (Doc. Inv. 9) y, aunque “tengan interés de conocer sus derechos, no están en condiciones para llevarlas a ese terreno, o bien porque no cuentan con documentación como el acta de nacimiento o identificación, necesarios para conseguir un crédito, o un empleo, o bien para iniciar cualquier gestión de orden legal” (Doc. Inv. 6).

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Por lo anterior, se debería “encontrar algo que le sirva a las mujeres comunes, de manera concreta, que fueran cosas cotidianas” (Doc. Inv. 9), por lo que las líderes y asesoras de Construcción de Cultura Ciudadana se concentraron en temas como la sexualidad, la familia, los derechos sexuales y reproductivos y el cuerpo, incluso la autoestima. Con ello, consideraron que la ciudadanía se puede construir en el espacio privado y concretar en el ámbito público: si la ciudadanía alude a lo público, aunque también a las relaciones de poder, entonces tampoco se puede descartar el ámbito privado. Como ejemplifica Nury Ricárdez: Una mujer que siempre se servía en el plato despostillado y comía al final, porque [primero] tenían que comer todas las demás personas, y comía comida fría […] después [que asistió a] los talleres [en las Unidades Delegacionales] se dio cuenta de que podía poner en la mesa la sopa, pero supervisando la cantidad de las raciones para que alcanzara para todos. Se dio cuenta de que podía hacer esos cambios sutiles […] que le generaban satisfacción […] pero no desde un plano más político, de organizarme en mi colonia y hacer cambios sustantivos o defender espacios públicos (entrevista a Nury Ricárdez).

Con esas experiencias, se concibió a la ciudadanía como un proceso abierto y permanente: Creo firmemente que los caminos cada quién los va a construir como pueda, de acuerdo con sus circunstancias, con sus condiciones. Cuando dábamos un taller, o un ciclo de talleres, una señora nos decía que se le había quitado una venda de sus ojos después de 16 o 20 años de vivir con su pareja […] O esa señora de 60 años […], cuando hicimos el balance de [lo que habían] aprendido a lo largo de una serie de talleres, […] nos dice que ella ya no caminaba detrás de su esposo, sino al lado de él (entrevista a Nury Ricárdez).

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Lo anterior dejaba constancia de que las metas de dicho proceso se conseguirían a largo plazo. Así lo atestiguan Yazmín González y Blanca López: Las mujeres, que nosotras denominamos líderes, que se acercaron a hacer parte de esta área [Construcción de Cultura Ciudadana] fueron mujeres con inquietudes y con habilidades, pero sus cambios fueron más en el plano de ellas reconocerse como personas, como mujeres, y hacer estos cambios más en su inmediatez, en su vida cotidiana (Yazmín González). A lo mejor hubo mujeres que pudieron hacer esto, y otras que se quedaron como en otro nivel porque esa era su necesidad, pero también hay que respetar procesos (Blanca López).

Uno de los métodos fue enfocarse en un aspecto en particular, como la sexualidad: Siempre insistí mucho en que trabajar [un aspecto como la] sexualidad era algo fundamental para trabajar ciudadanía, porque es donde empieza la reflexión sobre tu cuerpo. Trabajar en lo individual, lo histórico, lo ideológico […] Apropiarse del cuerpo [y] estar consciente de […] nuestras neurosis [y] frustraciones es un paso importante para construir una ciudadanía. [También] trabajar la cuestión del empoderamiento o la [materia] económica. Que las mujeres efectivamente accedan o tengan un recurso [económico] es fundamental para su seguridad, su autoestima y su ciudadanía (entrevista a Nury Ricárdez).

Otras lo hicieron desde los derechos sexuales y reproductivos, la salud y el cuerpo: A mí un tema que me interesa es salud, no desde una perspectiva médica […] sino en el marco de los derechos humanos y del derecho a decidir so-

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bre la sexualidad, el cuerpo, tu reproducción. Decidir sobre tu cuerpo es un punto nodal, desde donde se puede construir la ciudadanía de las mujeres. Como empezaba con el rollo de entrarle a salud sexual y reproductiva, me decían que eso era [material] de Desarrollo Personal y Colectivo, pero yo les decía que no lo estoy abordando desde ahí. No sabía por qué no lo querían aceptar, si desde Construcción de Cultura Ciudadana lo podemos enlazar. Para empezar, la salud es un derecho y, en el marco de los derechos humanos de las mujeres, por supuesto que ahí se encuentra (Blanca López, entrevista grupal).

Para otras asesoras, el objetivo era crear ciudadanía desde el ámbito político: “Cada quien en su unidad […] fue trabajando un poco, no con lo que le interesaba, sino desde donde tú pensabas que podías empezar a construir la ciudadanía de las mujeres […] Por ejemplo, Josefina [Pontigo], en Cuajimalpa, estaba trabajando cuestiones más políticas” (Blanca López, entrevista grupal). En cuanto a la promoción de liderazgos,81 la metodología que predominó fue la generada desde la propuesta de Marcela Lagarde: Empezamos a hacer algo que se concretó en la propuesta del taller de liderazgos entrañables. Fuimos armando muchas cosas, por ejemplo, cómo trabajamos [el asunto de la] familia, qué tiene que ver con la ciudadanía, dónde se reproducen valores y creencias, qué tiene que ver con la división social y sexual del trabajo. Vimos identidad genérica. No nos podíamos quedar sólo en las actividades que realizan hombres y mujeres, teníamos que hablar de las relaciones jerárquicas y de poder (Blanca López, entrevista grupal).

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En una reunión se habló de 27 cartas descriptivas para aplicar un taller de liderazgo, aunque muchas veces tenía que ver más con el título que con el contenido (Doc. Inv. 10).

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En general, las estrategias y métodos utilizados: Partieron de experiencias de los estudios de género y de organizaciones ciudadanas y feministas, [pero], conforme fueron adquiriendo experiencia e identificando las necesidades de las mujeres, los enfoques se enriquecieron […] articulando conocimiento, experiencia, y encadenando procesos de sensibilización y capacitación desde una perspectiva integral y de género (Ricárdez y Pontigo, 2006: 150).

Sin embargo, las asesoras estuvieron conscientes de los alcances de esas estrategias: Seguimos pensando la ciudadanía dentro del marco del mismo sistema [y sólo nos quedamos] en acotar al proceso de construcción de cultura ciudadana en el marco del ejercicio de los derechos […] Ya no llegamos a la especialización. Aunque se formaron promotoras, fue nada más como en el nivel de informar, orientar, sensibilizar y facilitar alguna herramienta que podría fortalecer su toma de decisiones (Yazmín González, entrevista grupal).

Fue la misma política pública, sin embargo, la que no permitió modificar el sistema político, económico y cultural que limitaba la ciudadanía de las mujeres: Creo que fue como contemplar [sic.] el ámbito de la ciudadanía como un mecanismo de la propia política pública, pero no fue algo transversal. No se entendió para qué queremos que las mujeres se quiten la venda […] ni se hizo un planteamiento político desde el Instituto [relacionado con] cuestionar el sistema, un sistema que reproducía la misma opresión, la misma desigualdad, y que generaba discriminación (Yazmín González, entrevista grupal).

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Como se vio, las estrategias tenían que ver con la ruptura de la dicotomía privado-público, al abordar a la ciudadanía desde lo personal y lo político. Como dice Bolos (2008: 19-20): El cuerpo y la sexualidad han sido piezas clave en el discurso y práctica feministas; se han constituido en foco de análisis, tema de reflexión, autoconciencia de opresión, territorio de desposeimiento de la propia existencia y signo de rebeldía para construir ciudadanía, derechos para las mujeres (p. 20). Pensemos que la ciudadanía se construye y materializa en el espacio público, a través del ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales (p. 19).

Conclusiones La noción de ciudadanía para las mujeres promovida por el InmujeresDF en su primera década de vida, estuvo marcada por una serie de interpretaciones, sin que existiera una concepción única. Aunque los principales referentes teóricos fueron los feministas, en el diseño y aplicación de la política se incorporaron las interpretaciones de quienes la dirigieron y ejecutaron, de acuerdo con sus perfiles profesionales y experiencia personal. Si bien la ciudadanía fue considerada un eje rector para la igualdad de oportunidades, ese principio no apareció en los documentos normativos de todas las etapas del Inmujeres-DF, sino en los operativos, por lo que éste fue un factor más que favoreció la presencia de distintas visiones en cada administración, pese a que en la década en cuestión ha gobernado un solo partido, el prd. Esas circunstancias hicieron que en la primera década del Instituto haya prevalecido una tensión constante entre lo enunciativo (los documentos de trabajo), lo declarativo (las diversas opiniones), los objetivos personales (tanto de las autoridades como los de las asesoras) y las prác-

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ticas (las estrategias y las actividades aplicadas), no sólo en el ámbito de la ciudadanía, sino en los demás objetivos institucionales. Como un organismo descentralizado que pertenece a la estructura de gobierno, aun con presupuesto, infraestructura y patrimonio propios, el Inmujeres-DF se vio afectado por coyunturas políticas y sociales —que tuvieron más peso que la planeación—, como las elecciones que se llevaron a cabo en todo el Distrito Federal y en las delegaciones. En este caso, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito municipal con la descentralización de las políticas de género, en el Distrito Federal se centralizaron. Tomando en cuenta los factores anteriores, la noción de ciudadanía promovida desde el Instituto en sus diversas etapas y administraciones, pasó por una ciudadanía formal, con la que se buscaba que las mujeres contaran con documentación que las acreditara como ciudadanas, a una ciudadanía sustantiva para el ejercicio de los derechos y, luego, a una ciudadanía activa que tenía que ver con la participación ciudadana, aunque ésta fuera denominada como participación social o comunitaria. También se buscó una ciudadanía cultural (en el caso de las y los jóvenes), una ciudadanía política (al trabajar los liderazgos y organización), una ciudadanía social (con la mayoría de los programas sociales) e incluso una ciudadanía ecológica (que promovía la responsabilidad del cuidado al medio ambiente). En cada periodo se distinguió al menos una noción de ciudadanía. Con Olamendi, en Promujer, la ciudadanía fue vista como un eje estratégico-político que diferenciaba al Promujer y los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer de una política asistencialista que sólo ofrecía servicios. Con esa visión política de la ciudadanía, se buscó ampliar la presencia de las mujeres en mecanismos de participación ciudadana institucionalizada, como los comités vecinales; pronto se evidenció, sin embargo, que las mujeres debían pasar por procesos de empoderamiento, pues se corría el riesgo de que esos liderazgos sólo representaran una carga más de trabajo.

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En la administración de Delgado, se distinguió el impulso de una ciudadanía social, al desarrollar proyectos de ecología, educativos y de microcréditos, pero el diseño de esos proyectos delegaba a las mujeres, sin otorgarles las herramientas necesarias, la responsabilidad del medio ambiente, de la educación de otras mujeres o de la economía familiar, sin que ello significara transformar la situación que generaba desigualdad en esos ámbitos. Por otro lado, las asesoras de Construcción de Cultura Ciudadana identificaron que una política —no sólo para la ciudadanía de las mujeres— tendría que ser diferenciada, aun en el Distrito Federal, ya que había zonas rurales, zonas de concentración de la pobreza o de altos recursos económicos en las que la respuesta a una misma estrategia era distinta. En el Inmujer, con Isabel Molina, se impulsó la participación ciudadana y política de las mujeres, pero desde el área de Construcción de Cultura Ciudadana se advirtió el riesgo de que también se pudiera utilizar a las mujeres de manera corporativa. Aunque en Construcción de Cultura Ciudadana y en las demás áreas no se contaban con indicadores formales para evaluar todas las políticas del Instituto, en los encuentros de mujeres se pudo identificar la forma en que éstas se percibían como ciudadanas. En el Inmujeres, con Luz Rosales, se pueden encontrar varios elementos —incluso contradictorios— que distinguieron ese periodo de los anteriores: 1) se concibió una ciudadanía activa relacionada con las obligaciones de las mujeres frente a la comunidad y la colectividad; 2) se vio a la ciudadanía como un recurso, pero también como un “mérito”, como una responsabilidad de las mujeres. Se buscó ejercer la ciudadanía para participar, para vigilar a los gobernantes, para proponer políticas, para organizar acciones, para demandar servicios y para “reconstruir el tejido social”; 3) se consideró importante la participación de las mujeres en todos los espacios públicos, pero más en el nivel de la comunidad, de su barrio, de su colonia, pero no se tomaron en cuenta los mecanismos de control y de exclusión en el ejercicio de la ciudadanía ni el acceso al

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poder en esos espacios; 4) se vio a la mujer inserta en la familia y como responsable de las y los hijos y de la prevención del delito, por eso se incluyeron temas como las adicciones o los trastornos alimenticios. Durante la gestión de Rosales, si bien la ciudadanía fue el eje transversal de las políticas impulsadas por el Instituto, éste se centraba en la intervención comunitaria. Se buscó, entonces, la “inserción” de las mujeres en actividades de la comunidad —vista como un colectivo— como gestoras, promotoras y demandantes de servicios. Se estaba planteando una transformación cultural, social y política, pero a través del mejoramiento de la comunidad. Se veía, así, a las mujeres como un medio para la transformación de la ciudad. Un programa que podría haber impulsado una ciudadanía social, con el reconocimiento del derecho a la salud, fue el de los estudios mastográficos, pero al Instituto se le asignó otorgar el servicio directamente, lo que lo convirtió en un servicio, por más que se intentó darle un enfoque de derechos. Lo mismo ocurrió con el programa de microcréditos, con los grupos de ahorro y préstamo o la bolsa de empleo, a partir de los cuales se justificaba la participación del Instituto porque era importante la independencia económica de las mujeres para su empoderamiento, pero los créditos alcanzaban apenas para la compra de mercancía; los grupos de ahorro se vieron como un sistema de tandas —aunque se elogiaba su método de trabajo— y a la bolsa de trabajo se le criticó que sólo promoviera vacantes en el sector de ventas. Con Martha Lucía Mícher, durante el primer año de su gestión, la ciudadanía se centró en la promoción de los liderazgos y de las promotoras, es decir, nuevamente en una ciudadanía activa. Entre esas percepciones, se intentó promover una ciudadanía desde la perspectiva feminista, definida como un recurso para el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, como una práctica para el conocimiento y el ejercicio de sus derechos y como un derecho en sí mismo, que debería estar garantizado por el Estado; una ciudadanía que se diera desde lo cotidiano —lo indivi-

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dual— hasta lo político —lo colectivo—, en la búsqueda de transformar el entorno particular, el político y el social. Esta visión habría contribuido a que el área de Construcción de Cultura Ciudadana, de las unidades del Inmujeres-DF, fuera catalogada como un espacio estratégico que hizo que las mujeres fueran vistas como sujetos políticos y de derechos y no sólo como beneficiaras de un programa, pero ese propósito se confrontaba con opciones “más prácticas” de quienes dirigían el rumbo del Instituto, lo que comprueba que la ciudadanía puede ser interpretada y utilizada tanto para politizar como para despolitizar (Yuval-Davis, 1996). En este escenario subsistieron dos visiones contrapuestas: la construcción de una ciudadanía con agenda feminista frente a una ciudadanía acotada y dirigida, lo que se tradujo en una disputa permanente por el sentido de este concepto. Los límites que marca el Estado —incluso siendo un mecanismo de género— impidieron desarrollar la primera opción, que iba más allá de la ampliación de derechos. Aun así, no significa descartar al Estado por sus políticas públicas en la construcción de ciudadanía, pues como indica Vargas (1999: 127): Las formas de expansión de las ciudadanías generalmente han correspondido a un doble movimiento: desde abajo, a partir de las luchas de diferentes grupos no hegemónicos que han buscado ampliar sus derechos ciudadanos; y desde arriba, ya sea por la presión de los excluidos o por los intentos populistas o modernizantes de los Estados en la región. Los derechos ciudadanos otorgados desde arriba han significado siempre una continuidad y han sido vistos o utilizados como mecanismos de cooptación o neutralización […] pero también han logrado ampliar el horizonte referencial de las sociedades.

Por otra parte, a pesar de que en una política pública exista un concepto definido y un objetivo planteado, esa noción siempre estará atravesada

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por la visión de quienes la proyectan (política pública), la dirigen (autoridades), la aplican (asesoras) y quienes la absorben y consumen: las mujeres. Al plantear una ciudadanía activa, formal o feminista, siempre existirán tensiones entre lo que el Estado requiere para ser legitimado y lo que la ciudadanía —entendida en este caso como grupo social— busque para transformar su entorno social, en este caso, lo que las mujeres requieren para ser sujetas de derechos.

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7. Inmujeres-DF, sds, gdf y habitat (s/f), “Participación ciudadana de la mujer”. Documentos de Investigación y Análisis interno (Doc. Inv.) 1. ciam de Iztacalco (s/f), “1er. Encuentro Regional de Mujeres Por una ciudadanía con equidad” Informe presentado en la Reunión de Seguimiento del Encuentro de la Región 1: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa. 2. Dirección de Planeación Estratégica, Promujer (1999, octubre), “Diagnóstico sobre la Capacidad Institucional de los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer en el Distrito Federal (ciam)”, Informe. 3. Julia Pérez y Josefina Chávez Rodríguez (responsables de la investigación) (2007), “El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal: un largo y arduo camino” en Documentación: 10 años del Instituto de las Mujeres de la ciudad de México, compilación de documentos, informes y entrevistas. 4. Barrera Bassols, Dalia y Ana Lau (2006), “Esbozos auotobiográficos ‘No están solas’/Testimonios autobiográficos. En ‘Tejiendo vidas’ compiladoras, Ciudad de Mexico, Inmujeres-Df, Secretaría de Desarrollo Social, gdf, archivo en CD. 5. “Evaluación de los encuentros regionales de mujeres” (2001, 20 de septiembre), apuntes de reunión en Inmujer. 6. Guadalupe López García y Silvia Olvera Sánchez (2000, 28 de junio) “La ciudadanía en el marco de las políticas públicas”, II Seminario Taller de Género y Ciudadanía en el marco de los derechos humanos de las mujeres. Documento elaborado como asesoras de ccc en Venustiano Carranza. 7. Inmujeres-DF, Informe anual (2007, 12 de diciembre), La Política de Igualdad de Género en la Ciudad de México. Avances y Perspectivas, elaborado por la directora general Martha Lucía Micher Camarena.

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8. “Reunión de asesoras de ccc con Luz Rosales” (2002, 29 de octubre), apuntes. 9. “Reunión de capacitación sobre ciudadanía” (2008, 28 de junio), apuntes. 10. “Reunión Coordinadoras de Unidades con Directora de Área” (2002, 28 de agosto), apuntes. 11. “Trabajo del área y reuniones en Inmujeres” (2001). Documentos normativos (Doc. Norm.) 1. Gaceta Oficial del Distrito Federal, Octava Época, núm. 125, 11 de mayo de 1998, Acuerdo por el que se establece el Programa para la Participación Equitativa de la Mujer en el Distrito Federal. 2. Gaceta Oficial del Distrito Federal, Novena Época, núm. 97, 11 de agosto de 1999, Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, Art. 129. 3. Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima Época, núm. 156, 12 de septiembre del 2000, Decreto por el que se reforman las fracciones VII y VIII del Artículo 129 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 4. Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima Primera Época, núm. 13, 31 de enero de 2001, Decreto que reforma, deroga y adiciona el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 5. Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima Primera Época, núm. 141, 4 de diciembre de 2001, Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006. 6. Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima Segunda Época, núm. 28, 28 de febrero de 2002, Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.

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Documentos operativos (Doc. Op.) 1. “1er. Encuentro de Mujeres Líderes de la Ciudad de México” (2005, 23 de septiembre), programa con objetivos, metodología y organización. 2. “50 años del voto femenino en México” (2003, 17 de octubre), Inmujeres-DF, documento de trabajo para evento conmemorativo. 3. “Algunos postulados temáticos del Programa General de Gobierno” (2001), ccc-Inmujer, documento para reunión de trabajo. 4. “Centro Integral de Apoyo a la Mujer. Versión Final” (1998, julio), Promujer, lineamientos generales. 5. “Construcción de Cultura Ciudadana” (2006, junio), Dirección de Coordinación del Sistema de Unidades del Inmujeres-DF, Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno del Distrito Federal, Carpeta Metodológica. 6. “Instituto de las Mujeres del Distrito Federal” (2006, octubre), InmujeresDF, Presentación en Power point de los programas y proyectos. 7. “Lineamientos de participación de las áreas de Desarrollo Económico y Trabajo, det, y Construcción de Cultura Ciudadana, ccc, en el Programa de Microcréditos para mujeres, impulso y fortalecimiento a proyectos productivos y el autoempleo” (s/f), Subdirección de Política Pública, Instituto de la Mujer del Distrito Federal, Secretaría de Gobierno. 8. “Manual de Organización. Centros Integrales de Apoyo a la Mujer” (1998, noviembre), Promujer. 9. “Mujeres y Hombres Jóvenes en la Equidad. Ciudadanía de las y los jóvenes” (2004, junio), Inmujeres-DF, Guía de apoyo para facilitadoras/es, Módulo II. 10 “Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el Distrito Federal (piom) (2001), Inmujer, Secretaría de Desarrollo Social, gdf. 11. “Planeación Estratégica con Perspectiva de Género (Algunos Elementos)” (1999), Dirección de Planeación Estratégica. Promujer,

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Gobierno del Distrito Federal, Serie Conceptos, documento de trabajo. 12. “Procesos de empoderamiento para mujeres trabajadoras utilizando una metodología lúdica”. (2005, junio), Kinal Antzetik Distrito Federal, A.C, Propuesta de capacitación para asesoras de det, ccc y coordinadoras de Unidades Delegacionales. 13. “Programa de Atencón Integral de Cáncer de Mama en el Distrito Federal” (2005), Dirección de Coordinación del Sistema de Unidades Delegacionales, Inmujeres-DF, lineamientos generales. 14. “Programa y Organización interna del trabajo de los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer” (1998), Promujer. 15. Proyecto de capacitación a asesoras del Área de Construcción de Cultura Ciudadana del Instituto de las Mujeres del DF” (2005, 17 de marzo), Redes Comunitarias Sociales, A.C., documento de trabajo. 16. “Proyecto ecours” (2000, 20 de septiembre), Inmujer, documento para la Reunión de trabajo con la Mtra. Rosa Elena Bernal, responsable. 17. “Sistema de Centros Integrales de Apoyo a la Mujer” (2000, junio), Inmujer, Gobierno del Distrito Federal, lineamientos generales. 18. “Taller hasta que la muerte nos separe” (s/f), programa de actividades. 19. “Taller de Producción de Materiales I”, 1999, ccc-ciam de Venustiano Carranza, Informe de capacitación. 20. “Taller sobre Advocacy: defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres” (2006, julio), impartido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (gire) a las áreas de ajoi, ccc, dpc y coordinadoras de Unidades. Documentos del gdf (Doc. gdf) “Programa Integrado Territorial de Desarrollo Social” (2001, abril), Gobierno del Distrito Federal, folleto.

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Documentos de trabajo y materiales de difusión externos (Doc. Ext.) 1. “20 Puntos por la Igualdad” (1997), Secretaría de Comunicación y Propaganda, Secretaría de la Mujer, prd, díptico. 2. “Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer” (1995, octubre), Consejo Nacional de Población (Conapo, folleto). Normas federales y locales Código Penal para el Distrito Federal (publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de julio de 2002). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2006), Colección Jurídica, México, Esfinge. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2008. Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Distrito Federal, vigente. Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, 1998. Ley de Desarrollo Social para el DF, 2000. Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en el Distrito Federal, vigente. Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 1996, 1998, vigente. Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, vigente. Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, vigente. Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres, vigente. Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, vigente. Ley para prevenir y erradicar la Discriminación en el Distrito Federal. Páginas electrónicas: – Alain García (Blog): – El país:

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– Grupo Elron de orientación y servicio: – Instituto Electoral del Distrito Federal: Entrevistas. Entrevista grupal (30 de enero de 2010): – González López, Yazmín, líder coordinadora de ccc, con Isabel Molina y Luz Rosales, y coordinadora de las Unidades de las Delegaciones Tlalpan y La Magdalena Contreras. – Osorio Martínez, Isabel, ex asesora de ccc en Venustiano Carranza, Coyoacán e Iztapalapa y ex líder coordinadora de ccc con Isabel Molina. – López Arellano, Blanca, ex asesora de ccc en Iztacalco, Gustavo A. Madero y Coyoacán, ex asistente de ccc y ex líder coordinadora de ccc con Luz Rosales. Entrevistas individuales: – Olamendi Torres, Patricia (2 de diciembre de 2009), coordinadora general del Programa para la Participación Equitativa de la Mujer (Promujer) en 1998. – Ricárdez Bulnes, Nury (13 de febrero de 2010), ex asesora de ccc en Coyoacán y Álvaro Obregón, y ex coordinadora de la Unidad de La Magdalena Contreras. – Robles Berlanga, Rosario (18 de febrero de 2010), titular de la Secretaría de Gobierno (1997-1999) y Jefa de Gobierno del DF (1999-2000). – Rosales Esteva, Luz (18 de mayo de 2010), directora general del Instituto del 2002 al 2006.

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LA CIUDADANÍA COMO EXPERIENCIA EN LAS MADRES DE EUREKA Brenda Rodríguez Ramírez*

Introducción El ejercicio ciudadano es un proceso en construcción que está íntimamente ligado al contexto social, político y económico en el cual se desarrolla. El presente artículo se centra en estudiar las repercusiones que en la vida cotidiana de 10 mujeres militantes del Comité Eureka tuvo uno de los momentos más dolorosos de nuestra historia. Es decir, la manera en que estas mujeres que vivieron la desaparición física de sus familiares transformaron una lógica del dolor en nuevas formas de ciudadanía, y su sufrimiento en una de las movilizaciones políticas con más arraigo en nuestro país: la lucha por los derechos humanos.1

* Grupo de Información en Reproducción Elegida (gire). 1 Según Kathryn Sikkink (1996: 76), en América Latina, aunque existían instrumentos legales de carácter internacional enfocados a la protección de los derechos humanos, y pese a la reiterada violación de los mismo, éstos no constituían una categoría importante en la agenda política de los gobiernos ni de los movimientos sociales. La primera red de derechos humanos fue formada por los familiares de los desaparecidos, perseguidos y presos políticos; fueron ellos los primeros en denunciar las violaciones a los derechos humanos, concentrados principalmente en los llamados derechos de las personas, entre ellos la libertad de no ser ejecutado, torturado y encarcelado arbitrariamente. 235

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El surgimiento de esta novedosa participación se da en el contexto de la guerra fría. Esta etapa de la historia tuvo como rasgo principal una constante disputa militar e ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En América Latina, los efectos políticos fueron catastróficos: bajo el argumento de la “defensa de la seguridad nacional” se acusó, desapareció, persiguió y asesinó a militantes de izquierda, acusándolos de ser enemigos de la nación y estar al servicio de fuerzas internacionales (Meyer, 1990: 11). Una de las tácticas que utilizaron los gobiernos fue la desaparición forzada de personas2 que, de acuerdo con la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, se define como la privación de la libertad de una persona, cometida por agentes del Estado o personas que actúan con la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación, de la negación de información y del ocultamiento del paradero de la persona desaparecida. De este modo, desde la perspectiva de los victimarios, tendría lugar el crimen perfecto: “no hay víctimas, por ende, no hay victimarios ni delito” (Molina, 1998: s/n). En América Latina, esta represión sistematizada y salvaje hacia la población civil, por parte de gobiernos autoritarios, como apunta Ana Molina (1998), inició en Guatemala en 1963 con el golpe militar del coronel

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La lamentable historia de las desapariciones forzadas, según autores argentinos, encuentra sus antecedentes en las prácticas nazis durante la segunda guerra mundial, cuando unas siete mil personas fueron trasladadas en secreto a Alemania bajo el decreto “Nach und Nebel” (“Noche y niebla”), emitido por el Supremo Comando del ejército alemán en 1941. Siguiendo órdenes de Hitler, los nazis recurrieron a la desaparición de los opositores con el fin de evitar que sus pueblos los convirtieran en mártires si eran sometidos a juicios y condenas a muerte. El decreto establecía que cualquier persona podía ser detenida por simples sospechas para ser “desvanecida” y que no podía obtenerse información sobre el paradero y situación de las víctimas, con lo que se pretendía lograr una “intimidación efectiva” de la población y de los familiares debido al terror paralizante que se desataría (Molina, 1998). Riquelme (1990: 33) encuentra que el método se fue perfeccionando por los teóricos estadounidenses a través de las experiencias acumuladas durante la guerra de Indochina.

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Enrique Peralta Azurdia. El método rápidamente se extendió por el resto de los países latinoamericanos. México no fue la excepción:3 durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) se desarrollaron los peores años de la “guerra sucia”: se registraron al menos 300 desapariciones forzadas, se avanzó en el desmantelamiento de la “guerrilla urbana” y se desarticularon las guerrillas campesinas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.4 La formación del Comité Eureka fue una de las expresiones surgidas contra el poder absoluto y represor, que negó a los desaparecidos y asesinados de la “guerra sucia” un derecho elemental: la posibilidad de ser enjuiciados. Al mismo tiempo fue —y sigue siendo— una respuesta a las constantes violaciones a los derechos humanos de los disidentes del gobierno y a la ilegalidad y la oronda impunidad con la que operaban las “fuerzas de seguridad del Estado”.

Ciudadanía en construcción El principal objetivo de este trabajo es analizar el proceso, las experiencias y aprendizajes, que han vivido las mujeres del Comité Eureka para poder reconocerse o ser reconocidas como ciudadanas. Como dice Vargas (1997b: 57), se trata de analizar a las “ciudadanías realmente existentes”. En otras palabras, se busca no limitar la información obtenida 3

Oficialmente, la llamada “guerra sucia” comienza en 1969, cuando se registra el primer desaparecido político —se trata del profesor guerrerense Epifanio Avilés Rojas—; sin embargo, este proceso comienza mucho antes, cuando surgen mayores movilizaciones políticas de la población y el gobierno empieza a cerrar los cauces instituciones de movilización. Actualmente, según Eureka, existen 557 personas desaparecidas. 4 A mediados de la década de 1960, en el país se empezaron a registrar diversas expresiones del movimiento armado. Algunos historiadores suelen dividir, para fines analíticos, esas expresiones en dos grandes campos: la guerrilla urbana —en la que, entre muchos otros grupos, destacó la Liga Revolucionaria 23 de Septiembre— y la guerrilla campesina —donde sobresalieron los movimientos liderados por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Véase Semo (1989), Gil (2000) y Grupo Consultor Interdisciplinario (1996a, b y c).

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a un marco teórico que la constriña. Se trata de hacer un esfuerzo por no dejar de lado evidencia empírica valiosa. Aun así, es imposible eludir una base teórica. En diversas posturas feministas hay consenso en el sentido de que los vínculos entre ciudadanía y género “no tienen referentes históricos que permitan elaborar un concepto inclusivo de lo femenino, menos aún [tienen] un concepto moderno que recoja la multiplicidad de campos donde participan actualmente las mujeres” (Molina, 1997: 46). Con todo, se ha planteado que el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres requiere de la emergencia de una serie de condiciones —materiales y subjetivas— que les ayuden a incidir en las decisiones públicas. Esto debe ser complementado con una agenda política que tome en cuenta las reivindicaciones feministas y que posibilite la fiscalización de las acciones del Estado. En palabras de Natacha Molina (1997: 50), es necesario que se construya “una capacidad autónoma de la sociedad civil-mujeres para proponer, controlar y evaluar las acciones del Estado”. No obstante, en el caso del Comité Eureka resulta difícil tomar esta noción al pie de la letra, pues, a pesar de que está conformado y conducido principalmente por mujeres, su discurso no cuestiona su condición de género; por lo tanto, su agenda política no se concentra en particulares reivindicaciones feministas, sino en los hombres y mujeres que fueron detenidos y desaparecidos durante la “guerra sucia”. Al respecto, Elizabeth Jelin (1996b: 201-202) hace notar que: La presencia de las mujeres en el movimiento de los derechos humanos no implica necesariamente que estén en juego prioritariamente los derechos de las mujeres […] Si bien no existen investigaciones sistemáticas, la evidencia recogida indica que, en relación con las reivindicaciones de género, las mujeres activas en la lucha por los derechos humanos muestran la misma gama y variedad de posiciones que el conjunto del movimiento. Pueden tener objetivos diversos, elaborar estrategias de lucha y de alianzas

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variadas. Pero son tan […] feministas [o no] como el entorno en el que se mueven. Son tan humanas como el resto de los mortales.

Queda claro que, como afirma Chantal Mouffe (1999), las mujeres pueden llegar a percibirse como ciudadanas no sólo desde la dimensión de género, sino desde otras dimensiones que sean especialmente relevantes en un momento determinado de sus vidas y que las impulsan al cuestionamiento y a la movilización política. En este artículo partimos del supuesto de que la ciudadanía es un concepto, una práctica y un proceso heterogéneo que busca la autonomía y la ampliación en el ejercicio de los derechos “en contextos históricos y regímenes políticos determinados” (Molina, 1999: 320). Es adquirida a través de experiencias y aprendizajes y no sólo se consigue con la mayoría de edad. En este sentido, es preciso hablar de ciudadanías femeninas, no de una sola forma o modelo. Como complemento a lo expresado, cabe destacar que la noción de ciudadanía que interesa plantear en este trabajo es la de una experiencia, es decir, una vivencia reflexionada. La siguiente cita de cuenta, de manera directa, del sentido en que usamos el término experiencia: Entendemos la experiencia en un sentido más amplio que una vivencia existencial y estrictamente personal. Es indudable que la experiencia es una síntesis de naturaleza individual, a la cual es imposible el acceso directo. Tener noticia de ella implica un acto interpersonal que está mediado por las condiciones de la cultura y por acciones intersubjetivas. Es decir, sólo mediante otras expresiones es que se tiene acceso a las experiencias de los otros. Tal y como lo menciona Clifford Geertz: “cualquier entendimiento que tengamos acerca de las cosas que suceden en la vida interna de alguien, lo capturamos por medio de sus expresiones, y no mediante alguna intrusión mágica dentro de su conciencia”. Para seguir con este orden de ideas, los antropólogos de la experiencia señalan que las propias expre-

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siones (relatos, historias, mitos, imágenes, etcétera) alrededor de la experiencia la reconstruyen y, en este sentido, la reestructuran. Así pues, existe una relación dialéctica entre la experiencia y la expresión que da cuenta de ella […] La experiencia estructura la expresión, dado que comprendemos a los otros y sus expresiones sobre la base de nuestra propia experiencia y autocomprensión (Rivas, 1996: 208-209).

Con ello intentamos ir más allá de los conceptos y del marco jurídico que sostienen el ejercicio ciudadano. Es decir, se habla no tanto de una ciudadanía adquirida —que se obtiene por el solo hecho de pertenecer a una comunidad nacional y ser mayor de edad— como de una ciudadanía aprendida, entendida como una práctica, más que una situación legal: uno aprende a apropiarse de los espacios públicos y de sus derechos, a participar en los procesos ciudadanos y políticos que inciden en el destino de la política. Cada sujeto va aprendiendo a ser ciudadano de acuerdo con sus propias experiencias y situaciones de vida. Este proceso de aprendizaje en la vida de las mujeres de Eureka será el eje rector para explicar su politización y ciudadanización. Al concepto de ciudadanía debemos acercar otros que puedan enriquecerlo y ampliar su margen de estudio. Nos referimos, en primer término, al concepto de género. Esta categoría de análisis, siguiendo a Scott (1999), se entiende como un sistema muy extenso que se teje en los diversos planos culturales, sociales e institucionales y cuyos significados y prácticas contribuyen a la construcción de los sujetos como hombres y mujeres en un momento socio-histórico específico. Para esta autora, las imágenes colectivas y las normas que imperan traen intrínsecamente significados diferentes para las mujeres y los hombres. Por otro lado, sostiene que la dimensión del poder subsiste al campo del género en la medida que los discursos, las leyes y los mitos actúan en las personas y las circunscriben en universos femeninos o masculinos. Esto implica una correlación de fuerzas desequilibrada y marcada por los diferen-

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tes estilos de ser hombres y mujeres en un contexto social e histórico determinado. Sin embargo, los sujetos no están inmóviles ante la norma, las leyes, los mitos y los discursos; es decir, éstos no son los únicos factores determinantes para la construcción de los géneros. Butler plantea que el género no es una determinación absoluta; cada sujeto lo construye a través de actos cotidianos que muchas veces chocan con las normatividades de género imperantes: “Elegir un género es interpretar las normas de género recibidas de un modo tal que las reproduce y organiza de nuevo […] No es una tarea prescriptiva que tengamos que empeñarnos en realizar, sino una tarea en la que estamos empeñados todo el tiempo” (Butler, 1997: 309). De esta manera, el género es uno de los ejes de identidad de los sujetos, como la clase social, la orientación sexual, la edad o la etnia. De manera muy sintética, el género permite ver en un momento socio-histórico determinado cuáles son las normatividades, leyes, mitos o estereotipos que otorgan las características y los roles a cada uno de los sexos. Es decir, qué se espera de ser un hombre o una mujer. Al mismo tiempo, permite identificar cuáles de estas diferencias marcan desigualdades sociales, culturales, económicas y de desarrollo personal entre los géneros. El género, aunque es una de las categorías centrales para este artículo, no es suficiente para analizar la compleja red de relaciones que operan en el ámbito político. Sin embargo, aporta nuevas luces para su estudio debido a que está constituido por los “factores sociales, que se transmiten a través de la educación [formal e informal], los que explican las diferencias políticas entre los dos sexos” (Astelarra, 1990, 8). O, de manera más audaz y directa, podemos plantearnos la interrogante: ¿qué tiene la política que no interesa a las mujeres? Lo que ésta encierra, por lo pronto, es una invitación a analizar el espacio político como un ámbito excluyente y dotado de género. Interesa encontrar en las propias

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mujeres de Eureka las pistas que nos ayuden a conocer los niveles de participación y dilucidar sus procesos de ciudadanización. Con este fin es necesario hacer converger la noción de género con otras variables que nos permitan señalar las diferencias que puedan existir entre los procesos de ciudadanización, pues aun en un grupo en que las demandas son homogéneas, la participación política no es igual en todos los individuos. Influyen una gran cantidad de variables como la edad, la clase, el nivel de estudios, la familia de origen, el género y, sobre todo, la socialización de cada persona. La socialización es “central en la creación de identidades genéricas, así como la forma en que se transmiten los contenidos en los momentos críticos del ciclo de vida […] Es el aprendizaje de cómo existir social y culturalmente. Desde una visión progresista de las mujeres la socialización ha de verse como un proceso que dura toda la vida” (Del Valle, 1997: 98). Marta Lamas (1996: 196) señala que “aunque la estructura de la sociedad sea patriarcal y las mujeres, como género, estén subordinadas, los hombres y las mujeres de un mismo rango [clase], están mucho más cercanos entre sí que con hombres y mujeres de otro status”. De esta manera, es posible reconocer las particularidades del contexto social y político, así como las repercusiones de la clase, la etnia y la edad, por ejemplo, en las relaciones de poder. En este artículo el género permite ver cuáles son las normatividades relevantes en el acercamiento a la política de las militantes de Eureka, cuáles son las limitaciones, potencialidades, normatividades y estereotipos que las entrevistadas traspasan, interpelan o reproducen para su apropiación de la ciudadanía. La autonomía es otra de las categorías básicas de análisis para explicar los procesos de construcción ciudadana de las mujeres. Virginia Vargas (1997a: 63) señala que ésta “alude al proceso de apropiarse y dar direccionalidad a la propia vida y a las circunstancias en las que se desenvuelven las personas” (énfasis añadido). Acercar los procesos de ciudadanía y autonomía implica reconocer que:

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La lucha por acceder a la ciudadanía es una lucha por la autonomía de restricciones y barreras impuestas o asumidas: cuando las personas no se pensaron más como meros sujetos obedientes a Dios, al emperador o al monarca la noción de ellos como individuos, personas o pueblos capaces de ser ciudadanos activos de un nuevo orden apolítico se pudo comenzar a desarrollar (Vargas, 1997a: 65).

La autonomía tiene varias dimensiones: 1) física, “relativa a la autodefinición de la reproducción y la sexualidad”, 2) política, “relativa al derecho de opinión, de organización, de participación”, 3) económica, “orientada al control sobre los medios de producción y, por tanto, a condiciones económicas que aseguren el bienestar” y 4) sociocultural, “relativa a aspectos de identidad y autoestima” (Vargas, 1997a: 63). Así, el proceso de autonomía podría ser relevante en el ejercicio ciudadano de las mujeres. Acercarse a este ejercicio debe hacerse como algo que les pertenece por derecho (Fraser y Gordon, 1997). De esta manera, nuestro artículo registra también cuáles son las dimensiones de autonomía desarrolladas por las militantes de Eureka y cómo impactan en su construcción de ciudadanía.

La acción colectiva: el Comité Eureka El dolor puede tomar muchos cauces y desembocar en mares insospechados. Algunas veces queda guardado en la memoria, en las cuatro paredes del hogar; en otras ocasiones se exterioriza: no sólo sale del cuerpo sino que sale a la calle y se transforma. El dolor puede ser una razón de parálisis, ensimismamiento, miedo y aflicción; también lo es de movilización, alivio, fortaleza. En el caso de un grupo de mujeres latinoamericanas, ese dolor ha sido llevado y convertido con gran valentía, en una de las luchas más dig-

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nas y con más arraigo en nuestro continente. ¿Cómo es posible convertir el dolor en una lucha política? He aquí una breve reseña histórica. Transcurrían los últimos años del sexenio de Luis Echeverría, una época que —como otras en la larga saga autoritaria priísta— dejaba una huella de asesinatos y desaparecidos, represión y persecución política, cerrazón e impunidad. Era el principio del fin de una Presidencia que, por un lado, mantenía una retórica izquierdista y populista —que propició la irritación del gobierno de Estados Unidos y de los sectores más conservadores y beligerantes del empresariado mexicano— 5 y, por el otro, detentaba el poder político de una forma autoritaria, lo que le valió un lamentable lugar en la historia de México como la administración responsable de los peores años de la llamada “guerra sucia”.6 La formación del Comité Eureka fue justamente una de las expresiones surgidas contra ese poder absoluto y represor. Historia hecha de historias, la memoria del Comité se construye a partir de los recuerdos de cada una de las madres y de los familiares de los jóvenes que fueron encarcelados, perseguidos, exiliados y desaparecidos durante la “guerra sucia”.7 Casi tres décadas de este movimiento,

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Los hechos que irritaron a estos sectores fueron, por el lado de Estados Unidos, el repudio del gobierno mexicano al golpe militar contra el presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, y el posterior exilio en México de una gran cantidad de perseguidos políticos de los gobiernos militares latinoamericanos, entre los que se encontraba Hortensia Bussi, la viuda de Allende; por el lado de los empresarios, el asesinato —en un frustrado intento de secuestro— del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada a manos de la Liga Comunista 23 de Septiembre. 6 Durante su presidencia se registraron al menos 300 desapariciones forzadas y se avanzó en el desmantelamiento de la “guerrilla urbana”; además, tuvo lugar la desarticulación de las guerrillas campesinas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. También durante esta época, en 1976, se presenta uno de los mayores golpes a la libertad de expresión en México: la expulsión de Julio Scherer y de la plana mayor del diario Excélsior, periódico que había logrado colocarse como referencia obligada en el continente. 7 La fuente principal de esta investigación es una serie de entrevistas que realicé, entre 2003 y 2004, a 10 de las integrantes del Comité.

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que es parte y va de la mano con la democratización del país. La historia de Eureka sugiere la idea de una larga batalla de la democracia contra el autoritarismo. Y en el comienzo… Fue la ausencia, la desaparición, lo que las hizo salir, lo que llevó a las madres a las calles. El 18 de abril de 1975, Jesús Piedra Ibarra —joven de 21 años, estudiante de medicina y militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, organización guerrillera— fue secuestrado en una calle de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Desde ese momento la vida de su madre, Rosario Ibarra, dio un giro radical. Cuando se enteró de que su hijo estaba en el Campo Militar número uno, se trasladó a la Ciudad de México, con la convicción de que sólo sería por 20 días, para tratar de encontrarlo. Hasta la fecha no ha sido así, pero tan sólo entre abril de 1975 y diciembre de 1976 fueron 39 veces las que confrontó al presidente Luis Echeverría. En 1976, en respuesta a una invitación de una integrante del Partido Revolucionario de los Pobres y de los presos políticos del penal de Topo Chico, en Monterrey, Ibarra y otros familiares de 27 presos conformaron un grupo en apoyo a una amnistía para su liberación. Así, el primer Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México quedó integrado el 16 abril de 1977. Como la historia de Rosario Ibarra, se cuentan otras, cientos. En su estancia en la capital —que se prolonga hasta nuestros días—, Rosario Ibarra se encontró con la terrible realidad del país: su historia no era única. Fue entonces cuando comenzó a seguir las huellas de las madres de Guerrero —la entidad de la República con el mayor número de desaparecidos políticos—, quienes llegaban al Distrito Federal y hacían manifestaciones en la residencia oficial de Los Pinos. Sus historias se unieron y junto a otras buscaron respuestas incansablemente. Para agosto de 1977 el Comité se había convertido en una

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agrupación nacional. Desde entonces, las militantes de Eureka han explorado diversos espacios de participación,8 pero siempre con un objetivo claro y central: la lucha por la libertad de los presos y desaparecidos, así como la defensa de perseguidos y exiliados políticos.

La ciudadanía como experiencia El proceso de ciudadanización que hemos tomado como base para analizar a las militantes de Eureka se infiere de las historias de vida y de las narraciones que las entrevistadas9 hacen de su propia experiencia en la

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En la historia de Eureka y las diferentes vías que han recorrido para lograr su objetivo se pueden enumerar la participación de Rosario Ibarra como diputada, candidata a la Presidencia de México y, actualmente, como senadora de la República. Asimismo, su causa se ha unido a otras luchas como la del movimiento zapatista surgido en 1994. El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue visto, desde el Comité, como la continuidad de la lucha de sus hijos. Incluso, entre las versiones que corrieron sobre la identidad del subcomandante Marcos se planteó la idea de que era el hijo desaparecido de Rosario Ibarra. No era así, pero esto no ha impedido o menoscabado la empatía política entre ambas luchas. A partir de ahí, las “doñas”, como se les conoce, han acompañado diversas luchas relacionadas con la defensa de los derechos humanos. 9 Se entrevistó a 10 mujeres militantes del Comité Eureka. De ellas, ocho tienen o tuvieron un hijo desaparecido (Elisa, Acela, Guillermina, Reyna, Esperanza, Ruth, Rosario y Matilde), una es hermana de un desaparecido (Concepción); otra más, esposa (Celia). Dos mujeres (Guillermina y Esperanza) ya no participan por cuestiones de salud, pero lo hicieron por más de 15 años. Ocho de ellas nacieron en localidades del interior de la República y emigraron posteriormente al Distrito Federal; seis de éstas lo hicieron en busca de mejores condiciones de vida y las otras dos cambiaron su lugar de residencia a la capital de la República cuando vivieron, en un caso, la muerte de tres de sus hijos y su nuera y, en el segundo, la desaparición forzada de su hijo. La clase social y la familia de origen son factores que explican que, mientras Rosario acabó la preparatoria, sus contemporáneas sólo cursaron algunos años de primaria o la secundaria. El padre de Rosario era ingeniero y ella creció en una ciudad, mientras que Guillermina y Reyna crecieron en el campo y sus padres eran minero y campesino, respectivamente. También como expresión de su tiempo, nueve de ellas se casaron a muy temprana edad y tuvieron entre uno y 16 hijos.

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búsqueda de sus familiares. Ellas —en su mayoría sin nombrarlo de esa manera— hacen política, experimentan aprendizajes y cambios que las han conducido no sólo a participar en los espacios públicos, sino al reconocimiento de otras luchas, es decir, a interesarse por cuestiones que dejaron de percibirse como “ajenas” y, por último, a darse cuenta de sus derechos y de los de sus familiares. Es un proceso que comienza con una vivencia dolorosa para ellas, pero que en el transcurso de los años va modificando su forma de actuar y entender la res publica. Cuatro aspectos son fundamentales en el análisis: 1) cómo interfiere en su politización su decisión de ingresar al Comité, 2) cuáles son los cambios que ellas han tenido que realizar en su vida cotidiana para poder participar en Eureka y cómo se han traducido éstos en ganar autonomía sobre sus propias vidas para participar con mayor libertad y seguridad, 3) cuáles son los significados que le dan a su participación política, cómo se han modificado y, finalmente, cuáles son las variables que influyen en los diferentes niveles de participación dentro del Comité y 4) cuáles son los derechos que ellas comienzan a reconocer y ejercer a partir de su participación y cómo lo hacen.

El quiebre de lo cotidiano En esta parte se destaca, en la experiencia de las entrevistadas, el rompimiento de su cotidianidad, entendida —en su sentido más llano— como el conjunto de hechos recurrentes que suceden todos los días: “en la vida cotidiana acontecen todas las reiteraciones sociales, los hechos que en su repetición afirman la existencia de cada particular […] La vida cotidiana […] organiza real y simbólicamente la vida” (Lagarde, 1997: 247). En este sentido, antes de la desaparición de sus hijos, la maternidad y la conyugalidad eran las esferas vitales que organizaban y conformaban los modos de vida de las militantes de Eureka. Los “actos performati-

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vos”10 que conformaron el principal rasgo de la identidad de la mayoría de estas mujeres, las hicieron adecuarse a la adscripción genérica de su época: consagrarse al matrimonio y a los hijos. Mujeres que en su mayoría sólo se dedicaban al hogar y no mostraban ningún interés por los asuntos políticos fueron empujadas a participar, a salir e interesarse en ellos. No obstante, el proceso de politización y el nivel de participación no ha sido automático ni uniforme en todas; muchas son las variables que influyen en su socialización política, como el género, el nivel socioeconómico, la edad, la escolaridad, la cultura y la familia de origen. No importa si antes de la desaparición de su familiar estas mujeres pasaron hambre, pobreza o sufrieron violencia. Todo eso se borra con la desaparición. Existe una especie de idealización —por lo demás, entendible— de la vida anterior: era una vida tranquila; después empieza el movimiento, el peregrinar, el llanto sin fin; nada es igual. ¿Qué impacto tuvo la “guerra sucia” en la vida de los familiares de los desaparecidos? Siguiendo a Molina (1998: s/n), “la desaparición de un ser querido también significa tortura psicológica para su familia. Ésta crea, como efecto inmediato, una situación de angustia sostenida causante de profundas transformaciones en la vida y la psique de los afectados”: En Oaxaca mataron a mi hijo Felipe y a mi nuera Guadalupe, enfrente de sus dos hijos […] Días después nos llamaron los otros hijos, nos dijeron que nos viniéramos acá a México [Distrito Federal], yo no sabía por qué. Después de haber enterrado a mi hijo Felipe y a mi nuera, en Oaxaca, llegamos a la casa de unos amigos de mis hijos, estaban ellos en una recámara y yo me senté en la sala, triste por lo que acababa de pasar; andaba

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“Práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra” (Butler, 2002: 18).

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yo muy triste, muy mal, cuando llega mi hijo David con un amigo y dice: “¡Ya los encontramos!”, y yo le pregunté: “¿a quién encontraron?” “A mis hermanos Arturo y a José Luis” —me dice—. Entonces pregunta otro muchacho: “¿en dónde los encontraron?” “En la Semefo [Servicio Médico Forense], porque están muertos.” Ahí yo me desmayé, no supe más de mí y me vinieron crisis nerviosas, me puse muy mal. Tuve que tomar un tratamiento psiquiátrico […] Precisamente el día que los fuimos a enterrar, aquí en el Panteón de San Lorenzo, llegó mi hijo Pedro. Fue la última vez que lo vi, desapareció. Me dicen las personas que estaban conmigo en el panteón que llegaron dos tipos, se le pusieron uno a cada lado y se lo llevaron. Ya no lo volví a ver, tendría unos 27 años. Ya no supe nada de él y es el hijo que tengo desaparecido desde esa fecha (entrevista a Elisa Gutiérrez).

Los trabajos realizados por el Equipo de Asistencia Psicológica de las Madres de Plaza de Mayo señalan que en un primer momento el dolor de los familiares es vivido en un entorno de aislamiento social: “los familiares más cercanos son prácticamente abandonados por el resto, que teme sufrir el ‘contagio’ y ser desaparecidos” (Molina, 1998: s/n). [Me quedé] sin el apoyo de mis hijos. Ellos estaban bien molestos. Tengo una hija que es maestra, ella tenía mucho miedo de venir para acá —vive en Coyoacán— porque decía que por el apellido, por eso tenía miedo: “que me vaya a pasar a mí también”, pues yo la dejé mucho de ver y mi hijo Ernesto también se me desapareció. No venían para acá, tenían miedo (entrevista a Esperanza Galoz).

Además, como la desaparición es un fenómeno sin lógica posible, “generalmente se desarrollan sentimientos de culpabilidad entre aquellos con mayor identificación afectiva hacia la víctima que hacen aún más difícil soportar el ciclo nunca cerrado del dolor. La culpa surge, por

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ejemplo, de suponer que de la actitud adoptada frente al secuestro hubiera dependido que no se llevaran a la víctima” (Molina, 1998: s/n). Mi hija, la que está desaparecida, decidió irse de la casa […] Un día, se me ocurrió a mí, la mera verdad, decirle a otro de mis hijos que Irma se había ido, pues fue todo lo que le dije […] Entonces él vino con su papá y quién sabe qué le dijo pero después se fue a buscarla a su trabajo. Ya cuando ella estaba aquí le dijeron: “Dinos, Irma, aquí con quién andas”, y ella les dijo: “no, pues para qué quieren saber con quién ando; además, yo ya soy grande, sé, pues no cuidarme pero sí sé lo que hago”, entonces ellos empezaron a decir: “no, pues dinos, si no te vamos a traer a la policía, la patrulla” […] Mientras yo, pues en ese tiempo no tenía conciencia de lo que hacía, nada más me quedé cruzada de brazos, no porque yo quisiera que se la llevaran, sino porque no tenía valor para defenderla, no hice nada. Mi hijo se echó a buscar a la patrulla y la agarraron y a empujones se la llevaron a la puerta donde estaban los policías […] Mi marido y mi otra hija se aburrieron de que no decía nada y finalmente la patrulla se la llevó a Azcapotzalco. En ese momento, cuál fue mi miedo o no sé, ahora me arrepiento de no haberla jalado, no hice nada […] Tardaron mucho tiempo, y como a las tres de la mañana ya llegaron mi marido y mi hija. Él me dijo: “no la quise dejar porque ya la habían puesto ahí en los separos [celdas] y cuando ella vio que yo ya me iba a venir, empezó a gritar: ‘¡papá, papá, no me deje!, ya le voy a decir cuando lleguemos a la casa’”. Pues él fue duro, la verdad. Después ella ya venía a visitarnos y traía una bolsita muy chiquita y mi marido, no sé que le daba en la cabeza, qué pensaba o quién sabe por qué me decía: “esa Irma qué traerá en su bolsita […] pero si yo fuera a denunciarla con la policía, cuántos años le van a echar”, así me decía, la mera verdad, no puedo inventar nada. Y yo así callada, no me entraba ese coraje. Ya después cuando ella no aparecía él decía: “si le tocó, pues ella se lo buscó”, y yo por eso ahora tengo ese coraje, ese resentimiento […] Ya después me puse a pensar, no sé si estoy bien o mal, pero […] pues sí me dio mucho coraje contra mí, pues

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dije: “cómo no hice algo, por qué no la jalé, por qué la dejé” (entrevista a Reyna Santiago).

Por otro lado, diversos estudios señalan que la dificultad cardinal que afrontan los familiares de los desaparecidos es el proceso de elaboración de la pérdida, pues no existen los componentes normales del duelo, el cual es indispensable para la asimilación de la pérdida: no existe un cuerpo para ser velado, no se conocen las circunstancias de la muerte. Como dicen Horacio Riquelme y Ana Lucrecia Molina: “No existe una situación de duelo percibida como tal, sino que se experimenta una sensación de ausencia sin vías de solución […] A través del duelo uno aprende a aceptar el cambio que sigue a toda defunción de un ser querido” (Riquelme, 1990: 34). En esta situación, “no es posible la elaboración de la pérdida ni la recuperación simbólica de lo perdido. Esto desarrolla expectativas psíquicas de reencuentro con lo perdido, lo que a su vez produce cada vez más sentimientos de vacío y desamparo” (Molina, 1998, s/n): Yo a ella la veo en todas partes, y en cualquier momento pienso que mi hija está viva, porque, pues no sé, yo creo que el presentimiento de una madre es… y yo digo: “bueno, si ellos hubieran muerto. Algunas personas que han entrevistado dicen: “su hijo cayó en una lucha, en un enfrentamiento”. Bueno, entonces, dónde está el cuerpo, por qué no nos lo entregaron. Si ellos entregaran un cuerpo se les va a creer pero si no te entregan nada, ellos están vivos (entrevista a Acela Ocaña). Es muy distinto que tú cuides a tu hijo, que tú cuides a tu esposo, a tu hermano, que lo cuides en cama, que estés con él, atendiéndolo, haciendo todo por salvarle la vida, pero que no se puede y finalmente se muere, pero ahí estuviste, sí, a que le quiten la vida a jóvenes en plena flor de la vida, luchando por lo que ellos creen que deben luchar, eso es muy duro, muy distinto (entrevista a Elisa Gutiérrez).

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Seguramente cada una experimentó la pérdida de distinta manera y en diversas circunstancias, pero en todas se ve un grado de impotencia personal debido a que, en su mayoría, desconocían las causas de la desaparición y las actividades políticas de sus familiares y, por otro lado, debieron enfrentarse a un alto grado de inseguridad judicial y a un muro de silencio por parte de las autoridades. No había órdenes de aprehensión, no estaban detenidos, nadie tenía registros, no estaban en parte alguna. ¿Cómo defenderlos? ¿Cómo interponer recursos jurídicos ante lo “no visible”? Ante la desaparición, las reacciones fueron diversas. Para todas, la primera fue trazar espontáneamente estrategias de búsqueda entre los amigos, los familiares, las delegaciones, las morgues, los hospitales, etcétera. Fue, en algunos casos, un periodo largo de búsqueda solitaria. Otro de los aspectos fundamentales en la definición de estrategias de búsqueda fue la reacción de los demás familiares y el apoyo recibido. Entre las historias narradas, se identifica a quienes fueron apoyadas por familiares, ya sea económicamente o con el cuidado de los demás hijos; esto fue un factor importante para la indagación individual, pero también, como se verá más adelante, para la definición del nivel de participación posterior dentro del Comité: Yo tuve la suerte de tener un esposo que se decidió a tomar el papel oscuro de la lucha, a quedarse en Monterrey, a cuidar a los hijos y trabajando; él era médico, entonces él trabajaba y me mandaba [dinero] mes a mes para que yo tuviera con qué pagar, en un principio, hoteles, luego renta de casas, para que yo pudiera comer, para que yo tuviera todo en mano y yo pudiera buscar al hijo, de tiempo completo (entrevista a Rosario Ibarra).

Por diversas razones, las otras mujeres, si bien en un principio fueron apoyadas y acompañadas por el esposo o por otros hijos, posteriormente se quedaron solas:

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Mi esposo, una o dos vececitas me acompañó, nada más. Y es que como eran caminatas, decía: “no, no, esto es muy cansado”. Él era mayor. Y luego me decía, con buenas palabras: “ya no lo busques, vieja, él ya no está en este mundo”, me decía, y pues yo lloraba […] Al principio, se quedaba enojado y se divorciaba unos cuantos días de mí, le dejaba comida en el refrigerador y ahí se quedaba todo el tiempo que yo estaba fuera (entrevista a Esperanza Galoz).

Ya sea por hartazgo, miedo, aburrimiento de los demás familiares, por las actividades de los esposos o por el temor que sentían las madres de que sus otros hijos se involucraran, al final, la lucha por los desaparecidos políticos estuvo —y ha estado— encabezada por mujeres.

Su ingreso al Comité: “Porque en una cocina y en un lavadero no se sabe nada, de nada de eso” A partir de esta primera experiencia solitaria, que quebró su cotidianidad, el segundo paso fue acercarse al Comité Eureka, en donde pudieron compartir sus vivencias y darse cuenta de que lo sufrido no era un caso aislado. Ya sea por una revista, un periódico, un familiar o un conocido, se enteraron del trabajo que estaba llevando a cabo Eureka. Cada una de ellas se fue acercando para platicar su caso: Mi hermano desapareció en 1974; en 1977 vimos la lucha que llevaba doña Rosario en La Prensa; después hablamos a Proceso y ahí nos dieron su teléfono. Ella ya traía en la lista a mi hermano como desaparecido político […] Y así fue como le hablamos […] Ella nos invitó a reuniones a ver qué formas de lucha se hacían por la libertad, todo era nuevo para nosotros y para todas las familias y […] así fue como comenzó la lucha, con la partici-

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pación de otros familiares se nos hizo menos difícil la búsqueda (entrevista a Concepción Ávila).

En los casos de Rosario y Celia muy tempranamente conocieron a otras personas en su misma situación, esto hizo que se dieran cuenta de que la búsqueda sería más fácil si estaban acompañadas: Sí, bueno, nosotros fuimos las primeras que formamos el Comité en Guerrero, porque pensamos que éramos los únicos que teníamos desaparecidos, no sabíamos de más. A partir de entonces formamos el Comité, y ya después nos unimos a Rosario, porque ella […] vio un desplegado de nosotros, me habló y me explicó y […] ya me vine a México y nos unimos al Comité (entrevista a Celia Piedra).

Sin embargo, en otros casos se tuvieron que dar una serie de condiciones para tomar la decisión de acercarse al Comité —como que los hijos pequeños crecieran y las mujeres tuvieran más tiempo y libertad para moverse— o, como una de ellas lo manifiesta, “tomar conciencia”: Pues yo sola anduve, y […] como yo tenía que ir a ver a mi papá a mi pueblo, pues iba a verlo y […] falleció en 1984. Entonces ya crecieron más mis hijos y ya tomé conciencia […] Pues me platicaban unos familiares, o una persona me dijo: “ahí está un grupo de mujeres […] por qué no vas y te incorporas ahí”. Pues no tenía muchas ganas, pero un día, no sé, en el periódico, y agarré yo sola directamente y fui al Palacio Legislativo. Ahí estaba Rosario [Ibarra] (entrevista a Reyna Santiago).

Los casos de Ruth y Guillermina —cuyos hijos no están desaparecidos— son también especiales porque su ingreso al Comité se presentó en el momento en que la primera ya había recuperado a su hijo y la segunda había conseguido una amnistía para el suyo. En palabras de Elizabeth Jelin

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(1996a, 127), en sus casos “actuar o no actuar se convierte entonces en una opción sobre la cual hay que responder sola y, principalmente, frente a la propia conciencia”. Es decir, ellas tuvieron la opción de no participar, pues ya habían conseguido su objetivo, pero decidieron lo contrario: Bueno, yo no las conocía, no conocía ni a Rosario [Ibarra]. Todo fue por teléfono, digo, no había paciencia ni tiempo de nada, por teléfono platicamos. Entonces […] ya después la busqué y le dije que me quería integrar al Comité, digo, a pesar de que yo no tenía el mismo caso de ellas, pues quise ser solidaria […] Dije “pues me voy a meter, porque esto ya no debe pasar en adelante” […] Para mí es muy satisfactorio que en algo les pueda ayudar […] Se buscaba a todos. Yo siempre me colgaba una foto de cualquiera que no había ido su mamá o lo que sea, pero yo lo adoptaba, precisamente porque yo no buscaba a nadie, pero ya había encontrado a alguien que me necesitaba (entrevista a Ruth Martín).

Por su parte, Guillermina Moreno dice: “Sé el dolor que se siente [tener] un hijo golpeado por los agentes, un hijo muerto, el otro perseguido. Hay madres que no volvieron a saber de sus hijos. Duele, duele como si fuera el propio. Todos esos hijos duelen, porque sabemos el dolor de nosotros y cómo arrebataron a los hijos y cómo sufrieron doña Lichita y todas ellas.” Ellas son excepcionales. Decidieron participar en el Comité con la misma fuerza y compromiso de quienes aún tenían a su familiar desaparecido. La mayoría de las mujeres que los recuperaron no siguieron dentro de Eureka. Dentro del Comité la confianza se fue ganando poco a poco. Comenzaron a sentirse fuertes y pudieron generar pactos y la solidaridad de buscar a los demás desaparecidos. Es entonces cuando su demanda individual se vuelve colectiva: entienden que la lucha ya no debe ser sólo por su familiar, sino por todos.

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Ante la incomprensión de los amigos y los familiares, estas mujeres encontraron en el Comité un oasis de comprensión, un espacio en donde no fueron cuestionadas por las actividades de sus hijos, un lugar en donde podían abrirse y sentirse acompañadas. Actuar en grupo, aprender y comprender el porqué de la desaparición, ayudó a estas mujeres a mitigar su dolor y las llevó a iniciar su proceso de politización y, por lo tanto, a comenzar a ejercer su ciudadanía: Yo decidí buscar otra vía, porque hasta uno se aleja de los familiares […] La primera vez que salí del Comité [lo hice] con miedo, con mucho miedo. Yo no conocía a nadie, no sabía a dónde ir […] No tenía confianza. La confianza se la va ganando uno con el tiempo. Pero salí con esperanza. Se siente uno que hay un respaldo más […] Y ahí empecé a integrarme al Comité. Di datos, di papeles. Pues ya ahí empecé a aprender un poquito qué era un desaparecido, porque pues yo no sabía (entrevista a Acela Ocaña). Cuando yo supe que mi hijo no aparecía, yo lloraba y lloraba y me le revolcaba a mi gente […] Y ahí me curé, me curé un poco del dolor. Entonces esa curación me hizo tener fuerza y aprender lo que yo no sabía, porque en una cocina y en un lavadero no se sabe nada, de nada de eso; usted lava su ropa, la tiene muy lavadita pero nunca sabe el significado de los que están ahí en la calle, en peligro (entrevista a Esperanza Galoz).

Actualmente, la lucha es por todos los desaparecidos, no hay ninguna duda, como dice Matilde González: “hasta no sacar al último, cómo nos vamos a retirar, si hay más”. Pero al principio “no era una lógica política, sino una lógica del afecto”, la motivación primordial era individual, antes que política: “No había nada heroico en el comienzo; se trataba de la dramatización, multiplicada y ampliada, del rol femenino de cuidar a la familia” (Jelin, 1996b: 200-201). Lo que vino después requiere poner punto y aparte.

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Las implicaciones de su participación: “me sentí otra, fui otra persona” En todos los casos, el ingreso al Comité implicó otra jornada de trabajo: a sus labores cotidianas en el hogar se sumó el trabajo político. Para ello tuvieron que generar nuevos arreglos familiares; sin embargo, en ningún momento dejaron de atender sus obligaciones y roles como madres, amas de casa y esposas. Ellas no cuestionan sus roles, todo lo contrario: A los hijos chiquitos los dejaba con mi mamá, con mi familia, pero no es igual y yo me venía y regresaba. Así toda mi vida la he pasado. Mis hijos crecieron, con mucho sacrificio […] y así también los he levantado. Tengo un hijo que es arquitecto, una que es maestra, uno que estudió ciencias de la comunicación y otro que estudió derecho. Así que con muchos sacrificios, gracias a Dios, todos tienen su carrerita. Y hoy tengo la posibilidad de venir, porque ahora ellos son los que me ayudan a mí (entrevista a Celia Piedra).

Por otro lado, para la mayoría de estas mujeres sus nuevas actividades políticas constantemente tenían que ser justificadas y defendidas, sobre todo ante el esposo, para que finalmente “les dieran permiso”. En este sentido, se identifican fundamentalmente relaciones de pareja tradicionales —salvo en los casos de Rosario Ibarra y Ruth Martín—, pero por anteponer su lucha al enojo del esposo ganaron respeto y cierta autonomía: Yo siempre estaba ahí cuando Rosario [Ibarra] nos llamaba. Llegaba primero a las marchas y mi gente se enojaba mucho, no querían que yo fuera […] Me decían que era inútil, que quizá pertenecía a una guerrilla […] Yo creo que no debemos de ser tan cobardes, porque si yo hubiera sido otra, me meto a llorar; porque si así he estado mal de tanto llorar, imagínese si dejo todo a la voluntad. No, me puse a buscar, a buscar. Mi marido agarró

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así el vicio de la tomadera [alcoholismo], tremendo, y me echaban la culpa a mí: “es que tú lo dejas y no lo cuidas”. [Yo respondía:] “Es que mi hijo me necesita más, él ya es muy grande, mi hijo me necesita donde quiera que esté” (entrevista a Esperanza Galoz).

Aunque, en ciertos casos la autonomía y la libertad se lograron sólo hasta que las mujeres estuvieron solas, es decir, cuando sus hijos ya habían crecido y dejado la familia paterna, o cuando los esposos murieron, en este caso más que un logro de las propias mujeres fue producto de las nuevas circunstancias: Antes era más difícil, a mi esposo no le gustaba que participara. Me decía: “no te vaya a pasar algo, te vayan a hacer algo, en fin. Ya déjala, ya pasó” […] Yo me iba algunas veces y le decía que tenía que ir. Yo sabía que me tenían que regañar, me tenían que decir: “no lo hagas”, pero lo hacía […] Definitivamente, ahora ya tengo mucha facilidad de salir, ya mis hijos están grandes, no tengo marido, ya tengo más tiempo y puede uno caminar más, puede uno tener más espacio para poder lograr lo que se pueda (entrevista a Acela Ocaña).

Otro aspecto fundamental para todas fue salir del hogar. Salir a buscar y participar en sus nuevas actividades en la calle implicó reconocerse en un espacio que había estado ajeno a su cotidianidad. Para ellas el espacio público era una extensión del privado: salir al mercado, salir a dejar a los hijos a la escuela. En el momento en que entran a Eureka salen de otra forma; conocen el lugar en donde habitaban, sus calles, el transporte público; toman nuevos itinerarios y amplían sus horizontes geográficos. El espacio público se transforma: ya no es más la extensión de lo privado, sino el lugar en donde se manifiestan, demandan y hacen público su papel “privado” de madres: lo han politizado. Para algunas no fue sólo salir y conocer la ciudad donde habitaban, sino conocer otros lugares. Elisa y Rosario cambiaron su lugar de resi-

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dencia —dejaron a sus hijos y esposo—. A partir de los problemas de sus hijos, Celia hacía constantes viajes de su pueblo a la ciudad, donde permanecía por periodos largos. Por otro lado, en algunos casos tuvieron que buscar los medios económicos para poder participar. De esta manera, las que no trabajaban tuvieron que hacer otras cosas dentro de su hogar como lavar, coser y planchar ropa ajena, vender artesanías, refrescos, dulces o cohetes para proveerse su propio dinero, ganar autonomía económica y no verse limitadas por el condicionamiento económico que les pudieran poner, en determinado momento, sus parejas para inhibir su participación política. Otro de los arreglos que han hecho para facilitarse su participación tiene que ver con la autonomía sobre su cuerpo. La edad y el paso del tiempo son factores que ciertamente limitan la participación. De esta manera, tuvieron que tratar de amortiguar los cambios en sus cuerpos. Hacer ejercicio fue una forma de conseguirlo: Desde un inicio empecé a ir a las marchas, me cansaba mucho, andaba que no podía porque hay muchas estaciones del metro hasta llegar a un lugar. No nada más yo, muchas, muchas no dábamos una en la caminadera. Así que decidí hacer ejercicio […] Ahora no me pesa caminar, ahora puedo caminar. ¿Sabes por qué quise aprender todo eso? No por estar bonita de cuerpo y eso, ¡no!, sino para poder moverme, para poder andar, para poder ir (entrevista a Elisa Gutiérrez).

Sin embargo, el paso del tiempo y sus efectos en el cuerpo no pueden detenerse, esa es la razón por la que dos de ellas dejaron de participar: Cuando empecé a andar en el Comité, yo solita andaba para todos lados. Fueron 17 años que trabajé fuerte allá, con ellas, pero después ya empecé a sentirme mal […] Yo me separé nada más por mis males [casi pierde la

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vista]. Yo le dije a Cony [Concepción Ávila]: “no puedo, no me siento segura” […] Y me dicen mis hijos: “no, ya no vas a ir a ninguna parte, cuando te podamos llevar nosotros, te llevamos”, por eso yo me retiré, ¿qué podía hacer? Pero eso a mí no me llena, no me llena, qué más quisiera yo seguir caminando como caminé, pero el tiempo pasa y la gente se acaba, caen las enfermedades, es lo peor (entrevista a Esperanza Galoz).

Una de las repercusiones más relevantes tiene que ver con la percepción sobre sí mismas. Después de la experiencia que han adquirido, se sienten valientes y se dan cuenta de las limitaciones que tenían como amas de casa y, sin hacerlo explícito, están cuestionando su rol de género: Porque antes aquí, en la casa, yo no era nadie, ahora soy muy grande […] Digo que no era nadie porque dentro del hogar está uno sin saber muchas cosas. Cuando uno empieza a caminar, se empieza a dar cuenta de la realidad. Porque ha vivido uno más y se da uno cuenta de tantas cosas, bien graves, de toda la tortura (entrevista a Acela Ocaña). Me sentí otra, fui otra persona. Yo era una mujer que no hablaba, siempre estaba ahí encerrada y solita. En la escuela hasta me regañaban los maestros por alguna falta de los niños. No me peleaba con los maestros, pero ya después iba y me peleaba. Eso quiere decir que yo agarré una experiencia, y digo: “pues yo creo que antes me faltaba mucho valor, era yo muy cobarde”, pero ahora digo: “ya no soy cobarde”. Luego me agarraba la noche, se prolongaban las reuniones y yo venía a dar aquí a las 11 de la noche y mi marido estaba verde de coraje y me decía: “pero dónde jijos andas” (entrevista a Esperanza Galoz).

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Significados de su participación: “cumplo con los gajes del oficio de ser madre” El desconocimiento que estas mujeres tenían acerca de la forma en que funciona la política en México era tal, que en un principio pensaban firmemente que con el solo hecho de ir a una manifestación pública, su familiar aparecería. Creían que los resultados serían automáticos: Cuando participaba en algún acto del Comité pensaba que ya al otro día, a lo mejor, iba a haber alguna respuesta […] Cuando mi hijo se perdió yo abandoné todo, cerré los ojos y me fui a buscar a mi hijo, como si nada más fuera él. Sentí la necesidad grande de irlo a buscar, creí que allí en el Zócalo lo iba a encontrar. Yo me encadené, me vendé, yo estoy en el monumento a la Revolución, vendada […] y ahí encadenada, en las marchas, en los mítines, en las huelgas de hambre, no todo eso, todo eso yo lo hice (entrevista a Esperanza Galoz).

Ya en los comienzos de su actividad, ver a otras mujeres en su misma situación, compartir sus experiencias y el proceso de politización, las ayudó a entender y manejar su dolor, aprender a ser fuertes y darse cuenta de que su presencia era importante para la lucha. En este sentido, asistir al Comité fue un imperativo en sus vidas para sentirse bien, de cierta manera aliviadas. Participar fue una terapia: Cuando estoy enferma me siento muy mal de no poder participar. Es muy importante para mí. Se siente uno peor estando dentro de la casa […] Antes no había pensado en participar, me daba miedo, me daban miedo las marchas, desde un principio me daba miedo todo. Al inicio caminé con mucho miedo. En las marchas me pasaba puro llorar, llorar, y yo veía patrullas y sentía horror, miedo de que me fuera a pasar algo. Poco a poco uno va dominando ese miedo y va llenándose de valor (entrevista a Acela Ocaña).

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Tanto tiempo me quedé, como seis o siete años, aquí en un rincón llorando, sola en la noche, pensando. Nada más eso fue mi vida. Y ahora pues ya voy, por mí he ganado un poco. De que he salido, he establecido un poco más de ánimo […] Ya me he tranquilizado, voy allá, platico todo este caso, pues ya me siento más tranquila. En cambio, si estoy en mi casa, pues no más ya me acabo, pues nada más me pongo a pensar y nunca se resuelve nada y así, pues no se resuelve, pero ahí tenemos un poco de esperanza, de solidaridad, de algo así […] Con mi hija quedó un vacío y ese vacío no se ha podido llenar y es bueno platicarlo (entrevista a Reyna Santiago).

En la mayoría de los casos, ser parte de Eureka y saberse reconocida como una “doña” adquiere significados contradictorios. Por un lado, sentir que salvan vidas, que cuestionan al Estado, que reclaman, que luchan por algo, que su vida tiene nuevos sentidos; por el otro, el deseo manifiesto —entendible— de no haber sufrido lo que vivieron. En ocho de sus narraciones se puede ver que es indiscutible que su participación está aparejada con la normatividad de género con la que crecieron y socializaron. Buscar al hijo y participar en el Comité, en todo caso, es visto como parte de sus obligaciones maternales, aunque, sin duda y sin que ellas lo mencionen, están politizando su maternidad y de esta manera traspasando la normatividad de género: Cuando participo en un acto del Comité siento que estoy cumpliendo con un deber, con el deber de ser madre. Porque no soy nadie, simplemente cumplo con los gajes del oficio de ser madre, como decía la madre de un revolucionario, hace mucho. Entonces, he hecho de todo, y además hago las labores, entre comillas, propias de mi sexo: barrer y trapear y hacer de comer y todo lo que dicen que es propio de nuestro sexo (entrevista a Rosario Ibarra).

Por su parte, Esperanza Galoz dice: “Yo decía: ‘si está en una cárcel, yo ahí lo voy a ir a ver, porque los familiares eso es lo que tenemos que

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hacer’, ¿verdad? Sea quien sea, sea por lo que sea, por humanidad y por deber de madre hay que ir a una prisión. Si ellos la pasaron gacho, también uno la va a pasar gacho” (entrevista a Esperanza Galoz). Finalmente, los cambios que han sufrido en sus vidas después de ingresar a Eureka y las negociaciones que tuvieron que llevar a cabo para obtener autonomía y libertad para participar influyen en que los significados y las motivaciones de su participación inicial se hayan transformado. Hoy buscan dejar huella con su presencia y su activismo, reconocen su influencia en la disminución de la represión política y la práctica de desapariciones forzadas y, por lo tanto, están conscientes de la importancia de su lucha y de su propia participación en la defensa de los derechos humanos. Se han reconocido —a ellas y a sus hijos— como víctimas de la represión, de la violación de sus derechos humanos y ciudadanos. A partir de sus casos puntuales y de historias individuales y concretas han pasado, mediante la acción colectiva de Eureka, a socializar el reclamo de justicia: Me siento como una reina buscando una aguja en un pajar. Tantos años de lucha y espero en Dios que un día reconozcan estas cosas y que se quede plasmado en un lugar y se reconozca que no se quedó así, callado, que se gritó, que se habló, porque hasta roncas quedábamos de lo que gritábamos […] Ha sido muy buena experiencia para mí haber estado en el Comité […] que vean que Esperanza Galoz Alfonsín ahí buscó a esos 500 desaparecidos y a otros más. Y no me arrepentí porque fue como un despertar para mí, a la mejor no me supe desenvolver a su tiempo, pero que me ha dejado un recuerdo con agrado, con agrado porque busqué —que no encontré, pues ya es otra cosa—, busqué y puse todo lo mejor de mi vida, con agua y con sol, con frío y con calor (entrevista a Esperanza Galoz). Es positivo el balance del Comité, porque yo digo: “una sola vida que hubiéramos salvado valdría la pena de todos estos veintitantos años de lucha,

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una sola”. Para nosotros la vida tiene un valor excepcional, hermoso y la queremos preservar […] Y no me puedo hacer para atrás, por mi hijo, pero además porque me he enterado de una injusticia. Y me remito nuevamente a José Martí, él decía: “el que se entera de una injusticia y no trata de enmendarla, se vuelve cómplice”. Entonces yo no puedo hacerme para atrás, no puedo echar reversa, no puedo hacer mutis. Qué sé yo, no puedo; tengo que seguir luchando por convicción (entrevista a Rosario Ibarra).

Este punto es importante porque pone de manifiesto que la demanda individual se ha transformado; muestra hasta qué grado estas mujeres ya no se sienten sólo como madres buscando a sus hijos, sino como parte de un movimiento social que busca evidenciar y cambiar el estado de las cosas.

Diferencias en la participación y politización Eureka es un comité que no tiene jerarquías en su interior. Es indiscutible, sin embargo, que los liderazgos emergen. Esto se debe, principalmente, a las siguientes variables identificadas en las narraciones de las militantes de Eureka: a) La edad: las más jóvenes —Celia, Concepción y Ruth— prácticamente han participado en todas las actividades del Comité, sobre todo las dos primeras. Sin embargo, aquí la edad se une a una serie de condiciones que les facilitan hacerlo, como tener el apoyo para que alguien cuide a sus hijos (caso de Celia), no tener hijos (Concepción) o que sólo tienen un hijo que ya es autosuficiente (Ruth). En las otras madres, la edad sólo influye en la medida en que los cambios en el cuerpo les impiden moverse como lo hacían antes. b) Autosuficiencia económica: como vimos anteriormente, contar con medios económicos propios influye en que ellas puedan tomar con

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mayor facilidad la decisión de participar. Implica que ellas salgan con su propio dinero y no se vean limitadas por éste para moverse. Sin embargo, como la mayoría tienen que trabajar —formal o informalmente—, también influye que sus propios compromisos laborales les impiden participar en el Comité como quisieran. c) La escolaridad: éste es un elemento que mencionan con frecuencia cuando hablan de su participación política. Su baja escolaridad la presentan como una razón para no penetrar en los terrenos institucionales de la política, aunque lo que estas mujeres hacen es, precisamente, política. Sin embargo, hablar de ser diputadas, como lo fue Rosario Ibarra, es ajeno a todas las demás. También lo es para Concepción, quien fue suplente de Rosario Ibarra. Para la mayoría de ellas, sobre todo para quienes apenas cuentan con ciertos niveles de estudio, resulta imposible pensarse haciendo política en un ámbito distinto al del Comité: No, no, porque para hacer una cosa de esas se necesita tener una cultura muy especial, se necesita tener un posgrado, una inteligencia muy buena y yo no la he tenido. Yo, mi inteligencia que tengo es muy pobre, bueno, digo pobre porque el dolor me hizo vivir, porque yo casi no vivía. Le digo que yo cosía en una máquina para ayudar a mi marido y a mis hijos, porque su trabajo era muy mezquino, era muy mal pagado (entrevista a Esperanza Galoz).

Esto puede entenderse en correspondencia con un plan de vida que no se proponía participar activamente en política. Sin embargo, ésta es ahora parte de su cotidianidad: No me interesaba la política porque me dedicaba yo al hogar, me dedicaba a mis hijos. Pero mira, nunca puede uno decir: “de esta agua no beberé”, porque muchos dicen: “no, yo la política, no”, pero un día te

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toca a la puerta de tu casa y no es en una forma bonita o buena, sino porque ya te pasó algo y ya te enrolas, ya te metes y ahí vas. Nunca dije no, pero tampoco dije sí; yo estaba tranquilísima en mi casa, tenía tantas cosas que hacer, imagínate con la cantidad de hijos que tuve. Era demasiado trabajo (entrevista a Elisa Gutiérrez).

d) La familia de origen y la clase social: otro de los factores que han posibilitado que estas mujeres se desenvuelvan en los espacios públicos es la familia de origen y la clase social a la que pertenecían, los aprendizajes que adquirieron y los niveles de desarrollo personal que se impulsaron desde ésta: Bueno, yo nunca había pensado, por ejemplo, ser diputada y, menos, candidata a la Presidencia; pero que sí participaba en los actos que yo consideraba eran una injusticia para el pueblo, siempre lo hacía. Se me quedaba viendo la gente porque, por ejemplo, en mi colonia donde estaba mi casa […] mis vecinas de la colonia —no es una colonia, como le dicen ahora, popis, no, es una colonia clase media— […] me decían: “oye, qué vas a hacer a eso”. [Yo respondía:] “pues voy porque estoy solidarizándome con esa gente” […] En fin, a mucha gente se le hacía raro, como que la mujer tenía otro estatus, otra cosa que cumplir, estar en la casa, ser amable y obediente con el esposo. Yo hacía todo eso pero, además, iba a todo eso […] Mi esposo había sido integrante del Partido Comunista Mexicano […] y era defensor de los mineros y yo siempre fui así […] Yo crecí en un hogar revolucionario, mi padre había participado en la Revolución de 1910 y, aparte de eso, seguía manifestándose a favor del campesinado. Le tocó andar repartiendo ejidos con Lázaro Cárdenas. Entonces, crecí en ese ambiente. Mi abuela, Adelaida Villarreal, mandó al Congreso de Nuevo León la solicitud del voto de la mujer y se lo negaron […] Entonces, venía de una familia así. Entonces, para mí era lo más natural moverme en ese ámbito, iba con

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mis hijos a las manifestaciones por la autonomía universitaria, era la única madre de todos los conglomerados de familias de los estudiantes que iba. Mi marido no iba porque estaba ocupado en el consultorio, pero yo le decía “tú haces mis veces también en la casa” (entrevista a Rosario Ibarra).

Como vemos, los significados y niveles de participación son diferentes. Para Rosario Ibarra, por ejemplo, incidir desde la política llamada institucional es importante y significativo. Además, se le facilita por las múltiples cuestiones que a lo largo del texto se han manifestado. Por otro lado, para otras el solo hecho de que la gente se informe sobre la situación que están viviendo es un logro enorme. Dadas las características de algunas de estas mujeres, repartir volantes, por ejemplo, es un acto político de gran significación.

Apropiación de derechos: “está bien que ellos tienen un poco de inteligencia, pero no nos lo regalan” Un aspecto fundamental de la ciudadanía es el conocimiento y ejercicio de los derechos por parte de los sujetos. Existen varias dimensiones de derechos vinculados con la ciudadanía. Lo que se pretende aquí es destacar cuáles son los que las entrevistadas han identificado y ejercido a partir de su participación en Eureka. Es pertinente hacer notar que, según los testimonios, aunque las mujeres no hablaron propiamente de derechos, sí mostraron un sentido de apropiación particularmente desarrollado en cuestiones relacionadas con la participación política y con el espacio público. a) Derechos civiles: están basados en la filosofía ilustrada y se refieren, básicamente, al derecho de los ciudadanos a la vida, a la libertad y

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propiedad, a la libertad de conciencia, de reunión y asociación, de prensa, de petición, de movimiento, de culto, de vivir de acuerdo con su elección y de justicia (Barba, 1999: 24 y 33). Las entrevistadas no hablaron de derechos pero, sin nombrarlos así y sin darse cuenta, los ejercen y los defienden tanto en lo público como en lo privado. En primer lugar, al demandar la aparición con vida de sus hijos están exigiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la justicia. En este caso, están defendiendo el derecho de los otros; sin embargo, al participar en Eureka están ejerciendo sus derechos de conciencia, de reunión, de movimiento y de asociación. b) Derechos políticos: se incluyen básicamente los derechos a participar en el ejercicio del poder político y el derecho a elegir y ser elegidos (Simón, 1999: 99). Si bien la mayoría de las entrevistadas afirmó que participa en las elecciones, ejerciendo así su derecho al voto, la mayoría se descalificó para competir en una elección. Salvo en los casos de Rosario y Concepción, que sí han participado e incluso ganado elecciones, todas las demás se sintieron incapaces o sin interés de hacerlo. Sin embargo, la participación electoral de Rosario sólo fue posible por el apoyo de las otras integrantes de Eureka: al apoyarla estaban seguras de que las iba a representar y que lucharía por las demandas del Comité. Todas fueron parte del equipo de campaña; Rosario participó por el Comité y por esta razón todo el dinero que recibió en las dos ocasiones en que fue diputada fue utilizado para las actividades de la organización. La mayoría de estas mujeres no reconocen que hacen política, aunque participen en actos públicos y tomen decisiones, con lo cual están ejerciendo sus derechos políticos. c) Derechos sociales: se refieren básicamente al derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, socia-

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les y culturales (Barba, 1999: 27). Es decir, el derecho de todos los individuos a gozar de un estándar mínimo de bienestar económico. Estos derechos estuvieron prácticamente ausentes en las narraciones de las entrevistadas y no es posible inferir cómo los demandan o los ejercen. Las ciudadanas realmente existentes A nuestra investigación subyace la siguiente pregunta: ¿cuáles son las circunstancias, barreras y normatividades que las mujeres tienen que traspasar para construir y ejercer una ciudadanía plena? Este ensayo da cuenta de que son múltiples y que no basta con el reconocimiento legal, sino que es necesario un proceso de politización que, en el caso de las militantes de Eureka, se dio a partir de un hecho puntual doloroso y, sobre todo, de la acción colectiva. Para las mujeres las normatividades y la socialización de género son los principales obstáculos; sin embargo, estas normatividades no son estáticas y más bien responden al contexto histórico y social en el que funcionan. Se van transformando tanto en lo social como en lo individual. Por esta razón, es necesario ubicar a los sujetos en el contexto en el que se desenvuelven. Como síntoma de su tiempo, las militantes de Eureka crecieron y se desarrollaron a partir de una socialización donde el mundo de la política se identificaba exclusivamente como masculino: fueron educadas para ser amas de casa y madres. Como he tratado de hacer patente, el ejercicio ciudadano es heterogéneo; si bien se comparte un marco jurídico que reglamenta los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, cada persona lo ejerce de acuerdo con sus circunstancias y experiencias de vida. La ciudadanía plena de las mujeres, en efecto, está en construcción; esta investigación es una muestra de que mujeres concretas lo están haciendo en sus propias realidades. Lo que he tratado de destacar es que el

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proceso depende de muchas variables que influyen en la socialización de cada persona. En el caso de Eureka la ciudadanía se construyó y ejerció a partir del dolor. Fue necesario que vivieran en carne propia una experiencia de represión para que salieran de sus hogares. Como dicen ellas, la política derribó sus puertas y decidieron acudir al llamado; un llamado al que no todas responden. La individualidad de cada mujer golpea de lleno en los significados de su participación, en la forma en que colaboran, y finalmente en la apropiación de sus derechos. En este sentido, el crecimiento personal a partir de su experiencia política fue fundamental, pues comenzaron a reconocer sus potencialidades, capacidades y habilidades. Su experiencia es política, pero no sólo se desarrolla en el espacio público, también implicó cambios en lo privado, nuevos arreglos, nuevas negociaciones, nuevas relaciones. De esta manera fue posible observar que su experiencia política les permitió cuestionar —no en forma explícita— su condición de género. Todo lo anterior posibilitó que estas mujeres pudieran convertirse en ciudadanas, aunque ninguna se sienta así o lo manifieste. Lo observado también permite concluir que el ejercicio de una ciudadanía activa implicó para estas mujeres hacer nuevos arreglos en la vida familiar, aprender a moverse y salir a las calles de otra manera pero, sobre todo, la construcción de redes y condiciones que posibiliten lo anterior. Juntas sí pueden ejercer una ciudadanía activa; solas no lo podrían hacer. ¿Quién podría por sí solo participar con responsabilidad, solidaridad y cooperación en la esfera público-social, fiscalizar y exigir rendición de cuentas de lo público-político? En este sentido, se comprueba que la premisa propuesta por Vargas sobre el binomio autonomía-ciudadanía es fundamental en la construcción de ciudadanas: “mientras más libre quede nuestra vida de ataduras prescritas, de destinos y roles fijos, más tenemos que hacernos cargo de ella y asumir activamente decisiones sobre nuestras propias circunstancias” (Vargas, 1997a: 59).

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De esta manera, para salir a la esfera pública y ser reconocidas como sujetos políticos, con derecho a participar y a decidir, ellas tuvieron que organizarse y sentirse acompañadas; trabajar entre madres de detenidosdesaparecidos las hizo más fuertes. Ellas han enfrentado y denunciado la represión existente en México con la única herramienta de su constancia en el reclamo por la vida de sus hijos. Sin embargo, si bien es cierto que su demanda principal es la aparición con vida de los desaparecidos, también lo es que han traspasado lo individual —esto es así porque estas mujeres saben que sus hijos posiblemente ya estén muertos— para volcarse a exigir justicia y verdad, en una palabra, democracia, tal y como reza una de sus principales consignas: “No habrá democracia con desaparecidos políticos.” En este sentido, la lógica del dolor, aunque sigue vigente, coexiste con la lógica política.

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¿ACCESO RESTRINGIDO? REFLEXIONES SOBRE LOS OBSTÁCULOS EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN MÉXICO Jeniffer Mercedes Aguilar Pérez*

Los derechos conseguidos a raíz de las luchas sufragistas que se suscitaron en el siglo xx, han permitido avanzar en la obtención de la igualdad formal, pero son insuficientes para lograr la igualdad real. Hoy podemos constatar la promoción de leyes y políticas que tienen como finalidad eliminar la discriminación hacia las mujeres. Un ejemplo de ello son las cuotas de género, que se incorporaron en México a partir de 1993 para promover la participación de las mujeres en el escenario político, en especial en el ámbito legislativo, aunque éstas no garantizan la transformación real en la práctica política ni tampoco cambios en las mentalidades y en la cultura política (Díaz, 2004: 12). A partir del movimiento que exigió el voto femenino emergieron diversos grupos feministas que mostraron y criticaron la desigualdad entre los sexos y emprendieron diversas estrategias para conseguir los derechos de las mujeres. El movimiento feminista surge como resultado de la toma de conciencia de las mujeres respecto de su estatus subordinado en la sociedad, ya que el discurso dominante instituía la política a la vida pública del Estado como un espacio propio de hombres, mientras que las mujeres debían ocupar la esfera de lo privado, excluidas, sin ser consideradas sujetos de derechos políticos y sociales. A pesar de que las * Especialización y Maestría en Estudios de la Mujer, uam-x. 275

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mexicanas han luchado para integrarse al ámbito político y aumentar así su participación, tanto cuantitativa como cualitativamente, aún persisten una serie de obstáculos que impiden su acceso al espacio político y el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales; por lo tanto, muchas de ellas —como otros grupos históricamente discriminados— están relegadas a una ciudadanía inexistente.1 Aún ahora, los puestos de decisión política continúan siendo ocupados en su mayoría por varones; muy pocas mujeres consiguen alcanzarlos. Durante mucho tiempo se creyó que la política o la vida pública del Estado era un espacio propio de hombres, mientras que las mujeres eran confinadas a la esfera de lo doméstico; sin embargo, las mexicanas han luchado para integrarse al ámbito político y aumentar su participación. En el caso de la política mexicana, muchos han sido los esfuerzos por lograr, en primera instancia, la inserción y, posteriormente, la creación de leyes de cuota en puestos de representación. La presencia femenina en puestos de poder y decisión dentro de la política es un fenómeno relativamente reciente, 2 resultado de un conjunto de cambios sociales, 1

Hablamos de ciudadanía inexistente porque sólo se encuentra plasmada en el papel, sin solución de continuidad entre este ámbito puramente formal y la práctica. La penetración de las mujeres en el terreno público sólo ha sido posible porque han librado duras batallas por su reconocimiento. Por otra parte, algunas personas rechazan el concepto de ciudadanía porque entienden que sus aplicaciones prácticas, bajo la forma de derechos civiles y políticos, es inefectiva o inexistente, o porque no aceptan ingresar en la cosmovisión occidental de la polis. Incluso existen casos documentados en los que grupos que habitan el medio rural o selvático ponen de relieve los usos negativos del término en la medida en que encierra una referencia a la vida en la ciudad (Gudynas, 2009: 75). 2 Las mujeres han participado siempre en la política; no obstante, en México el derecho al sufragio femenino fue obtenido en 1953, fecha en la que pudieron votar y ser votadas. Las mexicanas empezaron a interesarse por lograr una mayor integración a la vida política desde principios del siglo xx. En 1910, por ejemplo, el club femenil antireeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc demandó la participación política de las mujeres mexicanas. Posteriormente, el 13 de enero de 1916, se llevó a cabo el primer Congreso Feminista en Yucatán, y uno de los principales acuerdos a los que se llegó en este congreso fue demandar que se otorgara el voto ciudadano a las mujeres. Elvia

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culturales, económicos, históricos y políticos que han permitido a las mujeres conformar nuevas identidades basadas en sus distintos ámbitos de interacción, tanto en la vida privada como en la pública. Cada vez más mujeres dejan atrás la idea de que su destino está necesariamente ligado al papel reproductor y se convierten en sujetos protagónicos de sus proyectos de vida. Así, estas mujeres abren una gran gama de posibilidades de participación política. Aunque la participación política de las mujeres ha aumentado en las últimas décadas, esto no ha sido suficiente para revertir su patente marginación. Las mujeres se han incorporado gradualmente al campo de la política y, por ejemplo, en el año 2010 los espacios en el poder legislativo ganados por mujeres representaron 25%3 del total de las diputaciones federales; no obstante, este número revela que el avance ha sido insuficiente si se toma en cuenta que las mujeres mexicanas representamos casi 52% de la población. La ciudadanía se constituye como resultado de poner en práctica la representación y la participación políticas; sin embargo, estos elementos no se dan de la misma manera en la práctica masculina que en la femenina. Esta diferencia se expresa en la arena política como una desigualdad de género. Por lo anterior, surgen las siguientes preguntas: ¿qué factores inciden en la baja participación de las mujeres en el ámbito legislativo? ¿Cuáles son los Carrillo Puerto se convirtió, en 1923, en la primera mujer electa diputada cuando ganó ese puesto en el Congreso yucateco por el v Distrito. Por primera vez las mujeres militantes del Partido Nacional Revolucionario participaron, en 1935, en las votaciones internas de ese partido, creado seis años antes; además, entre 1935 y 1936 conformaron el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, junto con militantes o simpatizantes del Partido Comunista Mexicano. Ellas encaminaron sus demandas de clase y reivindicaciones de género. A partir de la década de 1980 las feministas declararon la necesidad de participar; para 1991, se formó la Convención Nacional de Mujeres por la Democracia, que tuvo como objetivo lanzar a candidatas a diputadas y senadoras por distintos partidos políticos. Posteriormente las candidatas firmaron un acuerdo el 16 de marzo de 1991 para, en el caso de resultar elegidas, promover en el Congreso los derechos de las mujeres (Hernández, 2000: 6-8). 3 La cifra corresponde al porcentaje de mujeres que integran la lxi Legislatura (2009-2012) de la Cámara de Diputados.

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motivos de la escasa presencia de las mujeres en la política, sobre todo en los organismos de representación, incluso cuando se han puesto en marcha acciones afirmativas para aumentar su participación? El presente artículo está dividido en tres secciones que tienen como finalidad ir tejiendo antecedentes, explicaciones, declaraciones y conclusiones en torno al tema de la participación política de las mujeres en el ámbito legislativo en México. El primer apartado da cuenta de los antecedentes de la ley de cuotas de género en México, cómo surge y por qué; el segundo, muestra las diferentes posturas y factores que han dado algunas estudiosas sobre la baja participación política de las mujeres en general. El tercer apartado se refiere a las conclusiones y reflexiones sobre las mujeres, la ciudadanía y la política.

1. “Cuotas por sexo”: ¿reducción de la desigualdad política de las mujeres? Cuando lanzamos una mirada panorámica al proceso de participación formal de las mujeres mexicanas en instancias del poder político no cabe duda de que el siglo xx presenció las demandas que buscaban el derecho al voto femenino y el ingreso a los cargos públicos. En 1953 se otorgó el derecho al sufragio, con lo que se logró el acceso a la llamada ciudadanía plena,4 al menos en la Constitución mexicana. El reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres mediante el voto fue un proceso que no se tradujo en el acceso a cargos de representación política femenina ni en una distribución equitativa de los cargos públicos. 4

El concepto de ciudadanía se refiere, en términos generales, a la práctica política de obtención de derechos políticos, civiles, sociales y económicos y al hecho de gobernar y ser gobernados. El voto es uno de los derechos políticos e implica derechos de igualdad. Por su parte, la ciudadanía plena representa la superación de la dicotomía derechos políticos-derechos sociales (Lau, 2006: 118).

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Participar en la vida pública ha sido una demanda constante de las mujeres. Con diferentes ritmos e historias y con el apoyo de los organismos internacionales, mujeres de distintos países del mundo obtuvieron sus derechos políticos y avanzaron en su ejercicio cotidiano. La representación y participación política de las mujeres en general, a nivel mundial, no es homogénea, hay muchas variaciones, que van desde la forma de gobierno de cada país hasta los ámbitos sociales y culturales, que incluso pasan por aspectos religiosos y económicos. En la década de 1980, América Latina inició un proceso de democratización. Como dice Peschard (2004: 3): Al calor de los nuevos movimientos sociales —y de las organizaciones de mujeres que surgieron en su seno—, así como del relanzamiento de los partidos políticos y de las instituciones democráticas, el tema de la extensión de los derechos humanos y ciudadanos —y particularmente el de la equidad entre hombres y mujeres— pasó a formar parte de la agenda política de los gobiernos y actores políticos de la región.

En esa década se crearon diversas iniciativas que tenían la finalidad de incrementar el porcentaje de mujeres en el ámbito político. Cabe destacar que la cuestión de la igualdad de oportunidades, así como su expresión, adquirió diferentes tratamientos en cada país. El punto de partida de estas iniciativas tuvo su origen en las recomendaciones elaboradas por Naciones Unidas. Éstas fueron plasmadas en varios documentos y colocaron el debate en la agenda internacional. Tanto la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (1979), como las posteriores recomendaciones y plataformas de acción de las conferencias mundiales de Nairobi (1985) y Beijing (1995), se convirtieron en las pautas para evitar la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Precisamente la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, reforzó la repre-

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sentación política de las mujeres en el mundo, porque 189 gobiernos se comprometieron a tomar medidas para asegurar el acceso igualitario y la plena participación de las mujeres en las estructuras de poder y de toma de decisiones. La principal acción que los gobiernos se comprometieron a realizar fue llegar a la meta del equilibrio entre hombres y mujeres en los cuerpos gubernamentales, así como en las entidades de la administración pública y en el sistema jurídico. A consecuencia del impacto de estos instrumentos en las agendas nacionales, se desarrollaron tres tipos de estrategias institucionales para la promoción de las mujeres en los procesos de decisión política. Éstos fueron: […] los planes y programas de igualdad y trato, las oficinas de la mujer en los ejecutivos y […] fijar objetivos específicos [para poner en marcha] medidas para favorecer el incremento sustancial de mujeres en puestos de toma de decisión, con miras a obtener igual representación entre hombres y mujeres, de ser necesario, por medio de acciones afirmativas5 en todas las posiciones del gobierno y de la administración pública (Archenti y Tula, 2008: 9). 5

“En el marco de las políticas de diferenciación para la igualdad, se encuentran las medidas de acción afirmativa, siendo la aplicación de cuotas de participación una de ellas. Las políticas de diferenciación para la igualdad y sus mecanismos de aplicación establecen medidas temporales encaminadas a favorecer a determinados grupos de personas, con el propósito de corregir discriminaciones o desigualdades que resulten de los sistemas sociales, políticos o económicos” (Tarrés, 1998: 44). El término acción afirmativa apareció en forma oficial, por primera vez, en una Orden Ejecutiva suscrita por el presidente John F. Kennedy en 1961, en la cual instaba a las entidades del Ejecutivo a tomar “acción afirmativa” para terminar con la discriminación de los afroamericanos en la contratación de personal. Luego, en 1964, la Ley de Derechos Civiles incorporó otra vez el término en la sección de remedio del Título vii referido a la discriminación en el empleo. La acción afirmativa no debe considerarse un fin en sí mismo sino un mecanismo transitorio para reducir las disparidades. De este modo, se incrementa la oportunidad de selección de las minorías, en particular en el acceso a educación, empleo, vivienda, fondos públicos y representación política. Se asume que se restringe la vigencia de los derechos humanos de la mayoría para equilibrar una situación que también atenta contra los derechos humanos de los grupos (Torres-Parodi, 2003: 2).

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Es necesario destacar que las cuotas por sexo,6 mejor conocidas como cuotas de género, son una forma de acción positiva cuyo objetivo es garantizar la efectiva integración de las mujeres en cargos electivos de decisión de los partidos políticos y del Estado. Es una medida que obliga a incorporar mujeres en las listas de candidaturas o en las listas de resultados electorales; asimismo, es transitoria puesto que supone una vigencia sujeta a la superación de los obstáculos que impiden una adecuada representación de las mujeres en los espacios de poder y representación política. El propósito de las cuotas de género es abonar a la construcción de un nuevo modelo de ciudadanía y del espacio público con el fin de que se atiendan de manera eficaz los desafíos actuales en torno a la ciudadanía de las mujeres en temas como la representación, la gobernabilidad, la delegación de poder y las formas de liderazgo. Como dice Drude Dahlerup (2002: 163): Las cuotas y otros tipos de medidas positivas son, por lo tanto, un medio para lograr la igualdad de resultados. Esta argumentación se basa en la experiencia de que la igualdad es una meta que no puede lograrse mediante un tratamiento equitativo formal. Si las barreras existen, se argumenta, es necesario introducir medidas de compensación para alcanzar dicha igualdad de resultados.

El establecimiento de “cuotas por sexo” pretende ampliar la representación política, porque hace posible que la mitad de la población —es decir, las mujeres— se encuentre proporcionalmente representada en puestos 6

Un error que encontramos constantemente es sustituir la categoría “género” por “mujeres”, lo que muchas veces se ha traducido en una suposición de que el género sólo estudia y resuelva problemas de las mujeres. En cuanto a las propuestas de acciones afirmativas conocidas como “cuotas de género”, propongo utilizar: cuotas por sexo, ya que, tomando en cuenta los antecedentes históricos y el surgimiento de éstas, se observa que su objetivo consiste en asegurar espacios en condiciones de igualdad y equidad para las mujeres en las candidaturas a cargos de representación política.

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de decisión. Lo que se busca con el sistema de cuotas no es favorecer sin sentido a las mujeres, sino lograr un balance que les permita ingresar en igualdad de oportunidades y condiciones a los espacios de decisión política (Gasca, 2004: 6). La idea central de las cuotas es seleccionar mujeres para cargos en las instituciones de gobierno y garantizar que no estén alejadas de la vida política o que tengan una presencia meramente ornamental. El sistema de cuotas implica que las mujeres deben constituir un número o porcentaje determinado: una lista de candidatos, una asamblea parlamentaria, una comisión o un gobierno. Coloca la carga de la selección en quienes controlan este proceso, los partidos políticos, puesto que: […] constituyen los principales vehículos por los que los ciudadanos eligen o descartan a los gobiernos y continúan manteniendo un firme control sobre el proceso de nominación de candidatos para los cargos de elección popular. Igualmente importante es el hecho de que son una variable clave de cara a avanzar en la igualdad de género en la toma de decisiones. En su condición de “filtros” de aquellos ciudadanos que aspiran a cargos de elección popular —debido a que son ellos los que elaboran las listas de candidatos a dichos puestos— los partidos políticos tienen la llave para el adelanto de las mujeres en la esfera política (Méndez-Montalvo y Ballington, 2002: 287).

La década de 1990 marcó, en la legislación de 12 países latinoamericanos —en el contexto de los procesos de consolidación democrática—, la incorporación de las mujeres a la arena política —en especial, en los escaños legislativos— al adoptar la fórmula de “las cuotas de mujeres”. Un ejemplo es Argentina, que en 1991 aprobó la “ley de cupos femeninos”. A partir de 1996, varios países del área adoptaron sistemas de cuotas a través de la legislación nacional, asegurando la inclusión de mujeres por medio de cuotas mínimas, que actualmente oscilan entre 20% (Paraguay), 30% (Argentina, Bolivia, Honduras, Panamá y Perú) e, incluso, 40% (Costa Rica y México). En Ecuador el cupo es de

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45%. Bolivia y Perú también adoptaron el sistema de cuotas en 1997 y actualmente las parlamentarias de esos países representan 22.30% y 27.5%, respectivamente. Honduras impuso la medida en 2000, pero en 10 años la participación de mujeres no ha superado 20%. En República Dominicana hubo un ascenso de 25% a 33% en 2002 y la presencia de mujeres es de 19.70%. Venezuela tiene una puntuación similar (17.5%), aunque en 2008 estableció una cuota de 50%, lo que la sitúa como la más elevada de todo el continente (A.W., 2010). En la carrera hacia la equidad y la paridad en los parlamentos latinoamericanos se observa que, a diferencia de lo que podríamos suponer, existen países que aún no han adoptado estas medidas afirmativas. Cuba es un ejemplo de esto (sin embargo, este país ocupa el primer lugar en la representación de mujeres en América Latina con 43%), aunque tampoco lo hicieron Chile y Uruguay, que están muy lejos de garantizar la equidad de género en sus parlamentos. En Latinoamérica, con excepción de Argentina, Cuba y Costa Rica que han rebasado 30% de mujeres en la proporción de puestos ocupados en el Parlamento Nacional, encontramos países que ni siquiera cumplen con 10%, como Haití y Colombia, que sólo llegaron en 2009 a 4% y 8%, respectivamente (véase el cuadro 1). Esto es así a pesar de que Colombia estableció, en los estatutos de los partidos políticos, no exceder 30% de un mismo género en cargos políticos y administrativos. Como vemos, la baja participación de las mujeres en la política formal no es un problema exclusivo de México, sino que se ha presentado en diversos países de la región. 1.1. Las leyes de cuota en México A lo largo de la historia, las mexicanas han sido excluidas de la arena política. Ni siquiera en la revolución, o cuando el sistema político se reestructuró, fueron invitadas a participar en el Congreso de 1917. Antes

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Cuadro 1 Porcentaje de mujeres latinoamericanas en los Parlamentos en 2009 País Antigua y Barbuda Argentina Bahamas Barbados Bolivia (Estado Plurinacional de) Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Dominica Ecuador El Salvador Granada Guatemala Guyana

% 11 40 12 10 17 9 15 8 37 43 19 28 19 13 12 30

País Haití Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Surinam Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela

% 4 23 13 23 19 17 13 29 20 7 18 11 26 27 12 19

Fuente: cepal, .

de obtener el derecho al voto, todas las políticas sociales estuvieron claramente controladas por los hombres. Es cierto que las mujeres no participaban formalmente en las instituciones gubernamentales, pero siempre estuvieron presentes y activas en todos los grandes acontecimientos históricos del país y se organizaron para conseguir sus derechos políticos, sociales y económicos. Por ejemplo, como ya se mencionó, el Primer Congreso Feminista de Yucatán se celebró en 1916; en 1935 mujeres representantes de todas las clases sociales impulsaron la creación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. La preocupación principal de estos grupos fue el derecho al voto. En 1947 se otorgaron derechos políticos a las mujeres, con el reconocimiento de votar y ser votadas, aunque este derecho estaba acotado al ámbito municipal. Han pasado más de 90 años y las mujeres sólo han obtenido 28% de la representación en la Cámara Baja en México. Desde la década de 1970 hasta la fecha, el movimiento de mujeres en México ha seguido diversas estrategias para transformar la situación

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femenina, tanto en la vida pública (política y economía) como en la vida privada (familia y comunidad). Los primeros grupos feministas se concentraron en el análisis y denuncia de la opresión de la mujer en todos los ámbitos de la vida social y personal, particularmente en los procesos de socialización y la relación entre la sexualidad y el poder. Durante la década de 1980, muchas mujeres mexicanas se incorporaron a organizaciones vinculadas a demandas sociales particulares. A partir de ahí, participaron en el terreno de la política formal; primero defendiendo la efectividad del sufragio (por ejemplo, sumándose a organizaciones de observadores electorales) y, más tarde, buscaron encabezar dichos movimientos o acceder a cargos directivos. Como hemos visto, en la década de 1990 se impulsaron medidas que buscaban reducir la brecha entre el derecho a elegir y la posibilidad de ser elegidas, por medio de modificaciones al sistema de nominación de candidaturas, primero en los partidos políticos y después en la legislación electoral federal en 1993, 1996, 2002 y 2008. A esta legislación se le conoce con el nombre general de “leyes de cuotas”. En este sentido, se impulsaron normativas tendientes a generar mayor acceso a candidaturas para las mujeres por medio de llevar a cabo modificaciones y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que, como ya se señaló, tuvo su primera modificación en 1993 al agregarse, en la fracción iii del artículo 175, la cláusula que establece que “Los partidos políticos promoverán, en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular.” De esta manera se promovió en la agenda política una mayor y mejor distribución de candidaturas en favor de las mujeres. Estas modificaciones tuvieron una repercusión inmediata, pues el porcentaje de mujeres pasó de 8.8 a 14.1% en las Legislaturas lv y lvi, respectivamente. Se puede constatar que el porcentaje de mujeres en cargos legislativos va en aumento, aunque esto no haya sido así en forma permanente. En la Legislatura xlix

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(1973-1976) había 8.9% de mujeres, y para la Legislatura lv (1991-1994) el porcentaje era 8.8 de legisladoras, como ya se mencionó. Transcurrieron 18 años y seis Legislaturas en donde prevaleció una fluctuación de las mujeres representantes; no obstante, a partir de la Legislatura lvii el porcentaje de mujeres aumentó en forma notable a 17.4%; sin embargo, en la Legislatura lviii el número disminuyó a 16% (véase el cuadro 2). Durante el periodo 1996-2002 se hicieron modificaciones al artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (véase la tabla 1). En 1996 se marcó un avance formal porque se incluyó Cuadro 2 Cámara de Diputados Integración por género en las Legislaturas XLII a LX (1952-2009) Legislatura XLII (1952-1955) XLIII (1955-1958) XLIV (1958-1961) XLV (1961-1964) XLVI (1964-1967) XLVII (1967-1970) XLVIII (1970-1973) XLIX (1973-1976) L (1976-1979) LI (1979-1982) LII (1982-1985) LIII (1985-1988) LIV (1988-1991) LV (1991-1994) LVI (1994-1997) LVII (1997-2000) LVIII (2000-2003) LIX (2003-2006) LX (2006-2009) LXI (2009-2012)

Total 162 160 162 185 210 210 197 231 236 400 400 400 500 499 496 500 499 499 501 500

Hombres 161 156 154 176 197 198 184 212 215 368 358 358 441 455 426 413 420 386 386 360

% 99.4 97.5 95.0 95.1 93.8 94.2 93.4 91.1 91.1 91.0 88.5 88.5 88.2 91.2 88.8 83.6 84.2 77.4 77 72

Mujeres 1 4 8 9 13 12 13 19 21 32 42 42 59 44 70 87 79 113 115 140

% 0.6 2.5 5.0 4.9 6.2 5.8 6.6 8.9 8.9 9.0 11.5 11.5 11.8 8.8 14.1 17.4 15.8 22.6 23 25.8

Fuente: Cuadro de las Legislaturas xlii (1952-1955) a la lvi (1994-97) elaborado por pronam, 1997, p. 231. Elaboración propia de la Legislatura lvii (1997-2000) a la lxi (20092012), con base en la información presentada en la página web de la Cámara de Diputados .

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Tabla 1 La legislación de cuotas de sexo Año

Hecho

1993

Se modifica la Fracción 3 del artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, quedando establecido que: “Los partidos políticos promoverán, en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular.”

1997

Se aprueba la adición al transitorio xxii del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que señala: “Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento para un mismo género. Asimismo, promoverán la mayor participación política de las mujeres.”

2002

Art. 175-A: “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más de 70 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género.” Art. 175-B: “Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto. Lo anterior sin perjuicio de lo que señalan la normatividad interna y el procedimiento de cada partido político.”

2002

1. “Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 175-A y 175-B, el Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública. 2. Transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior, quien no realice la sustitución de candidatos será acreedor a una amonestación pública. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes. 3. Quedan exceptuadas las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección mediante el voto directo.”

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Tabla 1 La legislación de cuotas de sexo (continuación) Año

Hecho

2008

Art. 219: “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.” Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido. Art. 220: “Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.” Art. 221: 1. “Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 219 y 220, el Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo le hará una amonestación pública. 2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.”

Fuente: para 1993 a 2002, Reynoso y D’Angelo, 2004; para 2008, elaboración propia con base en datos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

la cláusula que afirma que los partidos políticos debían atender el principio de integración de sus candidaturas bajo la idea de que ningún sexo podía acaparar más de 70% de éstas. El año 1997 se aprobó una adición a la fracción xxii transitoria del artículo 1 en la que se señala que “los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las can-

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didaturas a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento para un mismo género. Asimismo, promoverán la mayor participación política de las mujeres”. Sin embargo, esto sólo se establecía como una recomendación a los estatutos partidarios. Sólo hasta 2002 se le da a esto carácter obligatorio y se establecen sanciones por el incumplimiento del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. A partir del año 2002, se han realizado una serie de demandas para modificar y adicionar los artículos y fracciones destinados a la participación y representación política de las mujeres, prueba de ello es la aprobación del artículo 78, fracción v, por el que se establece que “para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente 2% del financiamiento público ordinario”, así como la modificación al artículo 219, que a la letra dice: “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.” Pero el aspecto más importante asociado con esta reforma es proporcionar medios de apremio y sanción al Instituto Federal Electoral para que los partidos políticos se ajusten y cumplan dichas disposiciones, con excepción de los procedimientos en donde las candidaturas hayan sido resultado de un proceso de consulta directa a las bases. La reforma electoral de 2007-2008 ha proporcionado algunos elementos que fortalecen el avance nominal de las mujeres dentro de los espacios de representación política y que abren líneas para mejorar las condiciones de participación en el seno de los propios partidos. Respecto a esto, cabe destacar que se modificó el porcentaje en una proporción de 60/40 y con la recomendación de que se llegue a la paridad plena entre hombres y mujeres, aunque de nueva cuenta quedan exentas las nominaciones que resulten de comicios internos directos. En el artículo 220 se

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prioriza un nuevo mecanismo de alternancia para signar las candidaturas plurinominales: se manejarán en bloques de cinco en los que al menos dos deben ser de un mismo sexo. Otro aspecto que se debe destacar es que en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se incluye el principio de alentar la equidad e igualdad de oportunidades para la integración de las mesas directivas de casilla. Las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales significan un avance trascendental en la democracia del país, puesto que colocan a las mujeres en posibilidad de participar equitativamente en la vida política nacional. Al hacerse obligatoria la ley de cuotas de género en México, y al realizarse todas estas modificaciones legales, se logró que el porcentaje de diputadas aumentara, aunque aún no se llega a 30%. Por ejemplo: en 1991 la Cámara de Diputados tuvo 9% de mujeres; en 2003 hubo un incremento a 22.6% y en la actualidad a 25.8%. A partir de 2002 el número de mujeres se ha incrementado: en el Senado, de un total de 128, 25 las ocupan mujeres, lo cual representa 20%; en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, v Legislatura, de 66 diputados locales, 16 son mujeres, lo que equivale a 24.3% (Aguilar, 2007: 35). Si bien en las últimas décadas el porcentaje de mujeres ha ido aumentando en los cargos de las estructuras partidarias del país, la cantidad de mujeres con participación política partidista todavía dista mucho de equipararse con la masculina. Es una realidad que se han tenido avances en materia de igualdad política. Con grandes dificultades las mujeres han conseguido ciertos derechos, pero todavía no se alcanza una ciudadanía plena. Para eso es necesario cambiar muchas prácticas y normas; es decir, los sujetos deben reconocerse y asumirse como autónomos y las instituciones tienen que redefinirse. Un primer paso, en el caso mexicano, fue el acceso al voto; sin embargo, esto no representó una inclusión al ejercicio y la toma de decisiones. Además, recordemos que no todas las mujeres

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mexicanas tienen este derecho, pues existen algunos municipios, regidos por el sistema de usos y costumbres, en los cuales las mujeres no tienen voz ni voto.7 1. “Entre el techo de cristal y el piso engomado”: 8 factores que limitan la participación política femenina Este apartado presenta, en forma resumida, los elementos detectados en los diversos estudios sobre las mujeres que participan en el ámbito político y que inciden en forma negativa en su inclusión en cargos de representación política; además, sitúa el tema dentro de un conjunto más amplio de desarrollos científicos. Para efectos del análisis se ubican factores en dos niveles: 9 a) institucionales: económicos, políticos, sociales y culturales y b) los que surgen desde los propios sujetos femeninos a partir de los procesos de socialización. a) Factores institucionales que inciden en la baja participación política femenina Algunos estudios han explicado la baja participación política de las mujeres a partir de factores institucionales como la cultura, el sistema político, los partidos políticos, la educación, la familia, los recursos económicos, etcétera. No obstante, pocos son los trabajos que se ocupan de estudiar la convergencia de varios factores (o todos) como limitantes del acceso restringido de las mujeres en la arena política. Algunos argumentos sobre dicho

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Por ejemplo, en Oaxaca 80 de los 418 municipios del estado que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres no permiten el voto femenino ni tienen derecho a formar parte de las decisiones que toma la Asamblea Comunitaria. 8 La expresión pertenece a Lidia Heller. Véase “Mujeres, entre el techo de cristal y el piso engomado” en . 9 Utilizo, de manera similar, los factores presentados por Dalia Barrera Bassols, 2002.

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problema señalan que la ideología de género y los patrones culturales, así como el papel social predeterminado que se asigna tanto a hombres como a mujeres, tienen un papel destacado en la explicación de la poca participación política femenina (Phillips, 1996; Moreno, 2005). Se ha apuntado que las mujeres no pueden competir con los hombres en igualdad de condiciones porque en general tienen mayores responsabilidades familiares y domésticas. Las responsabilidades relativas al cuidado de las personas (enfermos, niños, adultos mayores, etcétera), que suelen asumir las mujeres, actúan como una poderosa barrera a su compromiso político, porque el tiempo del que se dispone para la actividad política es menor. También la falta de recursos económicos actúa en contra de las aspiraciones políticas de las mujeres. Sin embargo, no sólo las responsabilidades del hogar y el cuidado de las personas les impiden llegar a la política. No se debe olvidar el papel que juega el patriarcado, en la medida en que impone un orden de género en el que las mujeres no son tomadas en cuenta para actuar en la política en igualdad de condiciones. Esto mismo señalan Lamas y Azuela (2009: 33-36), quienes parten del supuesto de que el género, entendido como las creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando a la diferencia sexual como base, es determinante en la desigualdad política entre hombres y mujeres, porque a partir del género se establecen una serie de mandatos sociales y prohibiciones simbólicas que alimentan prejuicios y discriminaciones. En este sentido, la cultura política está estructurada de tal forma que los horarios y estilos de “hacer política” son diseñados para la participación masculina. Por ejemplo, los varones han creado unas prácticas de negociación, de cooptación, de amiguismo que por lo general se basan en vivencias compartidas —experiencias políticas similares, trayectorias vitales parecidas, etcétera: Forma parte de estas vivencias el hecho de ser varón, es decir, de compartir también ellos una posición social: como herederos de una historia patriarcal, como depositarios de expectativas familiares y sociales —se espera de

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ellos que lleven a cabo ciertos trabajos y que asuman determinados compromisos— como padres de familia, como portadores de una voz que debe expresar unas determinadas preferencias (Phillips, 1996: 82; Moreno, 2005).

En cuanto a los factores que han determinado el acceso o el interés de las mujeres a los cargos de representación política tenemos, según De Barbieri (2003), la expansión y maduración de los movimientos feministas, los cambios económicos, culturales y políticos en las sociedades y el propio desarrollo del conocimiento, que ha planteado nuevas preguntas de investigación. Sin embargo, los obstáculos continúan puesto que: […] a pesar de la aparente neutralidad del Estado y del ámbito de lo político, tanto en su configuración como en su hacer éstos son expresión del dominio masculino. Desde las definiciones de ciudadanía hasta las prácticas concretas y más nimias, tales como los horarios en los que se ejerce la política formal, están determinados por la desigual relación entre los géneros. La subordinación de las mujeres a los varones permanece anclada en instituciones normadas por el Estado (De Barbieri, 2003: 6).

Hay quienes afirman que dar respuestas a estas preguntas exige analizar sistemas políticos específicos, con sus reglas del juego particulares, la cultura política dominante, los sistemas electorales y de partidos, sus ideologías y sus normas, las prácticas para la selección de candidatos y, por supuesto, los comportamientos, logros y fracasos de las y los elegidos en el desempeño de sus cargos. La razón es simple, señalan que cada sistema político tiene particularidades propias, que requieren ser explicitadas y que son producto de las historias mediatas e inmediatas de las confrontaciones, imposiciones y acuerdos entre las fuerzas políticas concretas (Lovenduski y Norris, 1993). Por lo tanto, se requiere elaborar preguntas e hipótesis de investigación en niveles más bajos de generalización que los que son usuales en la filosofía política, de manera que

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puedan guiar procesos de producción de conocimientos en los que se describan situaciones acotadas —con datos manipulables— cuyos resultados sean consistentes y que puedan ser comparadas con los resultados de otras investigaciones llevadas a cabo. En algunos estudios se ha podido constatar que para algunas mujeres los obstáculos no existen o se ven atenuados por su ascendencia familiar (familia dedicada a la política o relacionada con miembros de las elites políticas) o bien por tener recursos económicos suficientes que les permiten ingresar fácilmente a los cargos de elección popular en virtud del alto costo de las campañas electorales, que no son solventadas en su totalidad por los partidos políticos (Castro, 2010). Cabe destacar que los argumentos que afirman que las mujeres que logran ascender en el campo político lo hacen porque pertenecen a una elite política o económica, no necesariamente reflejan la situación de las mujeres que ya han logrado ingresar en el poder legislativo, al menos no de todas. Valdría la pena preguntarse por los matices que admite una aseveración como esa en cuanto a la realidad de cada partido o, incluso, si no se puede decir lo mismo para el caso de los hombres. Se ha destacado mucho la responsabilidad de los partidos políticos puesto que éstos: […] históricamente se han caracterizado por ser estructuras sexistas que no incorporaban a sus filas a las mujeres en igualdad de condiciones que a los varones, impidiéndoles el acceso a los puestos de dirigencia. En muchos países las mujeres todavía constituyen la mitad del total de miembros de los partidos y sin embargo rara vez disfrutan de una posición igual a la de los hombres tanto en los comités ejecutivos como entre los candidatos a los cargos de elección popular (Htun, 2002: 27).

Diversos estudios demuestran que la normativa electoral tiene una gran importancia en las posibilidades de las mujeres de resultar elegidas.

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Esto es así porque los partidos políticos tienen un papel central en la promoción de candidatas o candidatos a cargos de representación política. Por su parte, hay quienes argumentan que, una vez que las mujeres ingresan en la representación política, no hay mayor límite a su acceso a los cargos, lo que se les negaba era su acceso inicial. Además, se señala que la variable más importante que afecta el potencial liderazgo de las mujeres es la educación, ya que las mujeres políticas, al igual que los hombres, necesitan estar en el lugar y momento preciso para alcanzar el éxito. Deben ingresar en las instituciones donde se reúne la futura elite política; es importante que asistan a las mismas instituciones educativas y alcancen los mismos niveles académicos que los hombres si no quieren ver limitadas sus oportunidades (Camp, 1996). Este autor no impugna que existan barreras impuestas por los varones en el acceso inicial de las mujeres a los cargos políticos; sin embargo, plantea que una vez que ingresan no hay mayor prejuicio en su contra. La pregunta que no responde es por parte de quién no hay mayor prejuicio. Basta con analizar los cargos en las presidencias de las comisiones de la Cámara de Diputados de cualquier legislatura para refutar dicho argumento: se observa claramente el tipo de comisiones que se asignan a las mujeres: no se les permite manejar grandes recursos. Esto, además de ser un posible reflejo de toda una imposición patriarcal, demuestra hasta qué punto los obstáculos persisten más allá del ingreso femenino en las estructuras del poder político. Otra línea de explicación sobre los factores que repercuten en la baja participación femenina se enfoca en lo siguiente: la expulsión histórica de las mujeres de la política formal y la tardía incorporación al sufragio. La lenta incorporación de las mujeres latinoamericanas a la clase política impidió durante mucho tiempo sus derechos de ciudadanía, limitó su participación en los procesos de democratización y las marginó de las esferas de decisión de las políticas neoliberales impuestas desde la década de 1980 y 1990 (Chaney, 1983; Jiménez, 1999). Los efectos perversos

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de estos procesos han generado una percepción negativa de las mujeres hacia las prácticas políticas y los programas económicos. En este caso, se considera que los líderes políticos son los responsables porque no han incorporado a más mujeres en sus candidaturas. Otros estudios ponen de relieve una diversidad de factores que repercuten en la participación y representación política de las mujeres, como señala Griselda Gutiérrez (2001: 131-132) cuando explica que los obstáculos son de una gran densidad: […] porque a la historia de dependencia, de fracasos en la aplicación de los modelos económicos y políticos, de ineficiencias y corrupciones y su secuela de miseria y marginalidad que se enseñorea en nuestra región [Latinoamérica] se suma la carencia de una cultura política y una cultura social capaz de valorar, reconocer y promover la afirmación de la individualidad, de la persona, no sólo jurídicamente como sujeto de derechos, sino también política y moralmente, en su autonomía y dignidad. Dichos efectos se agudizan en las mujeres porque pública y privadamente las mujeres latinoamericanas están encerradas en el cerco de lo familiar, con sus miserias y atavismos, de manera que incluso cuando se hacen presentes en la esfera pública es para reclamar lo de otros, lo de su familia.

Se ha explicado que la subrepresentación política de las mujeres está relacionada con la crisis de legitimidad de las sociedades democráticas, en la medida en que excluye, en la práctica, a grandes sectores de la sociedad de los espacios de toma de decisiones (Varela, 2009: 272). Un trabajo más amplio sobre los problemas a que se enfrentan las mujeres es el de Shvedova (2002) quien identifica tres tipos de obstáculos, a saber, a) políticos, porque el hombre domina la arena política; es él quien establece sus reglas de juego y el que define los parámetros de su evaluación. La existencia de este modelo masculino tiene por resultado el rechazo por parte de la mujer de la política en su conjunto o del

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estilo masculino de hacer política; b) socioeconómicos,10 ya que la crisis económica que atraviesan los países denominados “democracias en vías de desarrollo” ha intensificado el riesgo de pobreza para las mujeres, factor que, al igual que el desempleo, tiende a feminizarse cada vez más y c) ideológicos y psicológicos (o socioculturales), como la ideología de género y los patrones culturales, así como el papel social predeterminado que se asigna tanto a hombres como mujeres, la falta de confianza en sí mismas para presentarse como candidatas, la imagen que tienen muchas mujeres de la política como un “juego sucio” (Barrera, 2002: 8; Shvedova, 2002) y la manera en la que son retratadas por los medios de comunicación. Para Tremblay (2007) hay factores de tipo cultural, político y socioeconómico que influyen en el acceso de las mujeres al poder. Los primeros son los valores y actitudes estandarizadas que subyacen a una sociedad, así como las instituciones en las cuales se crean las formas de ser, hacer y pensar. De esta forma, la religión, la educación y las visiones sociales de los roles de género son los factores identificados como determinantes de la proporción de mujeres incorporadas en los parlamentos. Desde esta perspectiva, la variable sociocultural se impone de alguna forma a los factores políticos y socioeconómicos. Los factores socioeconómicos forman las condiciones que llevan a las mujeres a la provisión de carreras en la política. En este supuesto prevalece la idea de que la escasa cantidad de mujeres en la política se debe a que están subrepresentadas en el entorno en que los partidos identifican y reclutan a sus potencia10

Un informe de 2003 del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer de la onu impugna este argumento al revelar que, a diferencia de otros factores de desarrollo, el nivel de integración de las mujeres en política no depende de la riqueza o pobreza de un país: la ausencia de mujeres es el único indicador de desigualdad de género que no varía según la pobreza de un país, por ejemplo, se mencionan algunos de los países más ricos del mundo: Estados Unidos, Francia o Japón tienen entre 10 y 12% de mujeres en sus parlamentos, porcentajes menores al 13% que alcanzan los países del África Subsahariana, la zona más pobre del mundo (Unifem, 2003).

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les candidatos. En cuanto a los factores políticos, se ubica el proceso de reclutamiento legislativo en un intrincado sistema de barreras de tipo político-electoral, así como culturales, que, dependiendo el contexto específico, pueden obstaculizar la participación política de las mujeres, a saber: el sistema electoral, el sistema de partidos y la cultura de la sociedad, además de las reglas y normas establecidas por los partidos políticos para la selección de candidatos. Diversos estudios hacen hincapié en los motivos o razones de la dificultad que tienen las mujeres para acceder a cargos públicos de todo tipo, y políticos en particular. En general se alude a la costumbre social como razón histórica y cultural, en concreto a las responsabilidades familiares. Otra cuestión es el concepto de liderazgo, relacionado tradicionalmente con un enfoque jerárquico e individualista y, por lo tanto, más asociado con un modelo masculino: dominio, imposición y fuerza. También comprenden el acceso a un cargo como una conquista individual del poder, a la cual el hombre parece más cercano que la mujer: “El respeto de un modelo masculino de ejercicio del poder y la falta de entrenamiento también parecen alejar a la población femenina de dicho espacio. Por otra parte, la baja autoestima es otra causa, así como la inseguridad y el temor a un espacio hostil y desconocido con muchas desventajas” (Fernández, 2006). b) Factores que surgen desde los sujetos femeninos Existe otra línea de interpretación que explica el problema de la baja participación y representación política de las mujeres a partir de su propia subjetividad, así como de sus capacidades, diferenciadas de las de los hombres, como resultado del proceso de socialización que se origina en el núcleo familiar. Se ha señalado que el problema se debe específicamente a que las mujeres no están interesadas en la política como lo están los hombres y que estas diferencias comportamentales y de valores

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políticos atribuibles al género pueden explicarse por los papeles asignados a las mujeres mexicanas, quienes tienen menos oportunidades que los hombres debido a la falta de educación. No obstante, investigaciones más recientes muestran que en las áreas urbanas las mujeres son la columna vertebral de las organizaciones sociales que han florecido en México en los últimos años (Camp, 2000). Para Leonardi y Balocchi (2004) los motivos de la baja participación política de las mujeres italianas hacen referencia a tres factores: 1) la división entre la esfera pública y la privada, con consecuencias de exclusión y autoexclusión de las mujeres, 2) la división del trabajo y 3) la incompatibilidad de los roles y las prácticas discriminatorias. Las atribuciones asignadas a partir del sexo convierten la diferencia sexual en desigualdad social, lo que significa que las mujeres tienen un papel secundario y subordinado en relación con los hombres. Astelarra (1990: 37) señala que dos factores importantes impiden el acceso de las mujeres a la elite política: por un lado el lobby masculino y, por otro, la ambivalente actitud de las propias mujeres, que influye en que no muchas estén dispuestas a participar en la lucha por el poder, limitadas por el coste emocional que conlleva la disputa política, factor derivado del tipo de socialización recibida, en la que los aspectos afectivos adquieren mayor relevancia sobre los demás. Al respecto, algunas autoras señalan que la exclusión social de las mujeres en el ámbito público es sinónimo de no estar capacitadas para realizar determinadas tareas, aunque tengan plena capacidad psíquica, física y sensorial, porque en muchas ocasiones se trata a las mujeres como discapacitadas para ejercer determinadas labores. Esto se observa claramente en el porcentaje de mujeres que pueden acceder a puestos de dirección de mayor nivel, en el tipo de organizaciones en el que se producen más dificultades o en el tipo de atribuciones que se les asigna cuando son ellas las que acceden a un puesto de mayor responsabilidad pública (López y García-Retamero, 2009). Aunque las autoras tienen como objetivo presentar la manera en que son “vistas” las mujeres en la arena políti-

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ca, el término discapacitadas es rotundamente discriminatorio y no debe ser empleado como factor explicativo de la baja participación política de las mujeres, en primera instancia, porque no han tenido las mismas oportunidades que los hombres, en términos cualitativos o cuantitativos, para poder medir las capacidades de ambos sexos —lo que sería, además, un ejercicio sexista— y, en segunda, porque, más que ser vistas como discapacitadas, no son vistas en el escenario político. La inclusión significa contar con oportunidades para desplegar potencialidades, para perfilar intereses propios; esto sienta las bases para la diferenciación, para la constitución individual o personal (Gutiérrez, 2001: 128). Barrera (2002: 20) señala que los procesos vividos desde la subjetividad de las mujeres repercuten en su participación política; por ejemplo, en la familia se educa a las mujeres como seres para otros, sujetas al control masculino, sin proyecto, necesidades ni deseos propios, más allá de los derivados de su papel de madre-esposa. Por otra parte, el deseo de poder social y político de las mujeres está desdibujado. La mujer basa su éxito en el ámbito familiar, el hogar y el cumplimiento de un idealizado rol de madre-esposa. Asimismo, si desean participar políticamente, siempre habrá un precio que pagar: la culpa, el estrés y la ansiedad causadas, si es el caso, por “descuidar” sus obligaciones de madre-esposa; se incrementa la violencia de género (por celos del marido e hijos); la presión para “elegir” entre el partido, el sindicato, etcétera y la pareja y/o la familia. Además, las mujeres enfrentan un proceso de “masculinización” por tener poder social. Todo lo anterior lleva a la separación, el divorcio o a la decisión consciente de no tener pareja o vida familiar. Otro fenómeno importante es la autolimitación de las mujeres frente a la aceptación de cargos o puestos de liderazgo, por no querer o no poder enfrentar las presiones de la triple jornada y del rechazo que sufren. Por último, desde la perspectiva de las mujeres, otro límite es la percepción del poder político como algo ajeno, inalcanzable y amenazante, a lo que se le tiene miedo o aversión.

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Cabe destacar que una vez que las mujeres inician su participación política, se convierten en lo que Dahlerup (1993: 167) ha denominado “mujeres símbolo”, aquellas que son consideradas representantes de las mujeres en general, lo que conlleva una mayor visibilidad del trabajo femenino, cuyo resultado es una gran tensión psíquica. Por lo tanto, las mujeres que se dedican a la política y que logran ingresar en el ámbito legislativo estarán atrapadas entre dos expectativas contradictorias: 1) la de probar que, a pesar de ser mujeres, son exactamente iguales a los hombres políticos y 2) la de probar que el hecho de que haya más mujeres en la política implica una diferencia (Dahlerup, 1993: 170). Para esta autora, la posición de las mujeres en las instituciones políticas está influida por los factores que determinan las condiciones de las mujeres en general: la división del trabajo por sexos, la socialización de los niños y de los adultos, las actitudes hacia las mujeres y la distribución del poder entre los sexos en la vida económica y familiar. También se ha señalado que uno de los ejes más importantes se centra en el hecho de que las mujeres reproducen las instituciones sociales (entre las cuales se hallan los medios de comunicación) elaboradas por el orden androcéntrico, como lo destacó Vega Montiel (2008: 73-74) en el apartado dedicado a la participación política de las mujeres, cuyo objetivo era presentar algunos de los factores que inciden en la baja participación política de las mismas. Ahí la autora se pregunta “¿Qué sucede en México cuando las mujeres buscan acceder a puestos políticos?” En el ámbito de la política institucional, los conflictos que ellas experimentan se acentúan. En primer lugar, existe una arraigada percepción de que las mujeres son menos efectivas para puestos de representación y desempeño de funciones públicas. Juicios como este se escuchan frecuentemente, aun cuando las mujeres han demostrado su competencia para dirigir instituciones políticas. La investigación académica demuestra que cada vez más mujeres y hombres reconocen su capacidad y la urgente necesidad de que ocupen cargos políticos como una garantía para promover la agenda política, económica

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y social de las mujeres. Estas creencias encuentran su razón de ser en un tercer argumento falaz: que las mujeres deben ser especiales o contar con capacidades excepcionales para dedicarse a la política, algo similar a lo que veíamos con Dahlerup (1993) en torno a las mujeres símbolo. Para Vega Montiel (2008), el hecho de que las mujeres actúen en la esfera política de manera distinta que los hombres no significa que no estén interesadas en lo que sucede en el espacio público y mucho menos que no estén capacitadas para ser ciudadanas. Lo hacen, sí, pero desde sus propias formas, experiencias e intereses, maneras que se encuentran determinadas por la organización social derivada de la división sexual del trabajo, es decir, del sistema de género. Astelarra (1990) también considera que el problema radica en que se observa la normalidad política desde la conducta masculina, por lo tanto, desde esta perspectiva, lo masculino es “lo normal” y lo femenino es “lo desviado” cuando no repite las conductas masculinas. Lo anterior repercute en la forma en que se juzga la participación política femenina. La teórica describe tres puntos al respecto: 1) la inferioridad social de las mujeres, lo que resulta en que su participación política sea vista como inferior porque no se aproxima al modelo ideal de ciudadanía debido a que no se interesan en los mismos temas que los hombres; 2) el fetichismo de la familia, referido a la explicación que las asocia al mandato socio-histórico que prevalece en su identidad genérica —como madre-esposas, y que señala que su conducta se encuentra motivada por la irracionalidad y la afectividad— y 3) la tendencia a juzgar a las mujeres desde parámetros masculinos, lo que desemboca en que su participación política sea comparada con la masculina, como si se tratara de dos grupos sociales uniformes. Como vemos, existen varias limitaciones, obstáculos y dificultades para la óptima participación política de las mujeres, ya sea por el sistema político, desde el predominio del modelo masculino hasta la falta de apoyo de los partidos políticos, los problemas socioeconómicos o las respon-

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sabilidades familiares, o bien por mandatos sociales esencialistas que son interpretados de una manera que se puede parafrasear como sigue: “las mujeres no tienen capacidad natural para la política”. La repercusión de esto se observa en la presión y exigencia de demostrar más méritos a aquellas mujeres que desean acceder al liderazgo en el espacio público. Además, se encuentran los altos costos personales que deben pagar las mujeres: maternidad tardía, menor número de hijos/as, crisis en la relación de pareja, divorcios o soltería. Dentro de los principales factores que han determinado la desigualdad de género, encontramos el tardío acceso de las mujeres al sufragio, el lento avance de la presencia femenina en el ámbito legislativo (pese a la incorporación de cuotas de género) y la normatividad femenina asignada por el patriarcado y construida por sistemas hegemónicos masculinos. Este último elemento establece espacios diferenciados y desiguales para hombres y mujeres, que asignan roles, prácticas, actividades y actitudes para cada sexo, lo que repercute, como ya se mencionó, en la división de espacios públicos propios de hombres y espacios privados o del hogar en los que se sitúa a las mujeres. Así, éstas quedan excluidas del ámbito político, cuyas reglas y juegos son creados para hombres, por lo tanto, si desean participar políticamente, es necesario jugar en la cancha masculina, lo que implica, de antemano, una ventaja para los hombres en las carreras políticas para acceder a una curul. No obstante, se trata de un problema complejo que no debe ser estudiado desde una perspectiva parcial. A decir de Heller (2004: 1): […] las mujeres están entre “el techo de cristal y el piso engomado”, donde el techo de cristal es la limitación invisible que tienen en las organizaciones para su desarrollo gerencial y el piso engomado o pegajoso está marcado por las propias limitaciones que se autoimponen las mujeres por privilegiar sus roles en la familia o por no animarse a dar el salto.

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Esto resume los dos tipos de factores que he presentado en este apartado: estructurales e individuales. Es necesario ubicarlos no como elementos aislados ni determinantes, sino como limitaciones que se articulan y surgen en diversas etapas de las trayectorias políticas de las mujeres. Algunos son eventuales; otros están presentes toda la vida. 2. Hacia la construcción de una ciudadanía incluyente Tratar de explicar una realidad social se vuelve, en muchas ocasiones, un problema complejo puesto que se deben tomar en cuenta una gran cantidad de elementos y variables para que la explicación tenga sentido y también por la diversidad de puntos de vista desde los que se puede observar el mismo hecho. Como hemos visto, los estudios sobre participación política de las mujeres que se han llevado a cabo hasta el momento, se han enfocado básicamente a las trayectorias políticas de las mujeres, particularmente, sus avances y obstáculos. En su mayoría, estos trabajos han privilegiado una perspectiva cuantitativa para averiguar, por medio de comparaciones, el porcentaje de mujeres y hombres en los congresos y/o parlamentos. No obstante, para el caso específicamente femenino, existen trabajos de tipo cualitativo. En este sentido, algunos estudios han tenido como finalidad averiguar cuáles han sido los obstáculos existentes en las trayectorias políticas de las mujeres. Sin embargo, pocos son los estudios que se han llevado a cabo tomando en cuenta, o haciendo converger, tanto los aspectos cuantitativos como los cualitativos desde una perspectiva que involucre ambos géneros. Desde nuestra perspectiva, son necesarios más estudios de esta envergadura para acercarnos con una mayor agudeza y penetración a nuestro cometido: dar cuenta de las razones de la baja participación y representación política de las mujeres. Los estudios que consultamos para la realización de este trabajo han llevado a cabo sus análisis desde un clara perspectiva geográfica. Así, tenemos enfoques locales (Castro, 2010), nacionales o internacio-

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nales (Phillips, 1996; Moreno, 2005; Camp, 1996 y 2000; De Barbieri, 2003). Algunos trabajan el caso de América Latina (Fernández, 2006; Chaney, 1983; Jiménez, 1999; Htun, 2002). No obstante, son muy pocos los estudios que se han hecho comparando las trayectorias de hombres y mujeres, no sólo políticas, sino también vitales, que han culminado en el acceso a cargos de representación política. Si bien se han realizado algunos estudios sobre los factores que obstaculizan las carreras políticas de las mujeres, muy pocos lo han hecho a la inversa: indagar qué elementos han potencializado dicha participación. Es importante destacar que la participación política de las mujeres es un derecho humano11 básico y fundamental; un requisito indispensable para garantizar la equidad entre hombres y mujeres, el respeto pleno a la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. También es preciso señalar que las limitaciones que padecen las mujeres para acceder a los cargos de toma de decisiones y a las estructuras de poder no se encuentran determinadas por cualidades individuales, ni por una sola causa, sino que convergen elementos de diversa índole que repercuten en el ingreso de las mujeres en los espacios políticos. La cultura patriarcal ha impregnado a todas las instituciones de sistemas de dominación. Por eso la familia, los partidos políticos, la educación, etcétera contribuyen a producir y reproducir identidades de género, con sus roles y estereotipos, que durante decenios se ha considerado que deben adquirir hombres y mujeres, de acuerdo con el modelo establecido en cada espacio y tiempo. Por lo tanto, ingresar en el espacio público ha sido un acto transgresor para las mujeres, pese a que el derecho a votar y ser votadas es bastante explícito y también pese a que han entrado en vigor medidas para equiparar el porcentaje de mujeres en el ámbito legislativo. Las mexicanas

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Los derechos humanos se definen como el conjunto de derechos básicos y libertades fundamentales inherentes a todas las personas para garantizar la dignidad humana. Así fue establecido por la onu en 1948.

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debemos luchar ferozmente contra una serie de obstáculos que constantemente se presentan a lo largo de nuestras vidas. La autonomía continúa subordinada a tareas que nos alejan de la responsabilidad política: ser hijas, esposas y madres o no tener los mismos recursos económicos ni el mismo acceso a la educación que los hombres impide el desarrollo femenino en el terreno político. Otro factor limitante son los partidos políticos, que, con sus políticas internas, son cómplices de la exclusión y nos niegan el verdadero acceso a los cargos de toma de decisiones. A pesar de que tanto hombres como mujeres hemos contribuido de distinta manera a la sociedad, los beneficios han sido inequitativos, debido a que socialmente se valora más la contribución masculina. El proceso de transición hacia la democracia se ha quedado estancado en la formalidad, en el desarrollo de leyes y mecanismos electorales, y se ha trabajado muy poco en aspectos de la vida cotidiana, en las prácticas y en las actitudes discriminatorias que producen y reproducen las instituciones del Estado y de las personas. Si entendemos la ciudadanía plena de las mujeres como el desarrollo de la capacidad de autodeterminación, expresión y representación de intereses y demandas, así como el ejercicio de los derechos políticos colectivos e individuales, dicho ejercicio continúa restringido por razones de género y como resultado de la persistente brecha entre la igualdad de derechos y la ausencia de mujeres en el poder, en instancias de decisión política, arraigada en fenómenos de discriminación (Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y El Caribe, 1995-2000). Los grandes rezagos en la participación política femenina indican la necesidad de crear, poner en acción y fortalecer medidas de política pública orientadas a la construcción de un nuevo modelo de ciudadanía y, en sentido amplio, de la arena pública en la que se atiendan en forma eficaz los retos actuales en torno a una ciudadanía incluyente.

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Mujeres y ciudadanía. Estudios de caso, de Mónica Inés Cejas y Ana Lau Jaiven (Coordinadoras) se terminó de imprimir en los talleres de Impresiones y Acabados Finos Amatl, S.A. de C.V., en agosto de 2011. Se tiraron 1000 ejemplares. La edición estuvo al cuidado de Pável González Briones y David Moreno Soto. Formación de originales: Casa Prieto, Servicios Editoriales.

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