Movimientos Sociales en disputa por el territorio y los recursos naturales. El caso de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en el sureste boliviano

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Movimientos Sociales en disputa por el territorio y los recursos naturales. El caso de la Asamblea del Pueblo Guaraní (apg) en el sureste boliviano Juan Wahren1

Resumen. En este trabajo nos proponemos dar cuenta de las acciones colectivas de la Asamblea del Pueblo Guaraní (apg) en torno a el territorio y los recursos naturales. Esta organización surgió a fines de la década de los ochenta en la región chaqueña del sureste boliviano, una zona muy rica en recursos naturales, principalmente hidrocarburos y biodiversidad de fauna y flora. Además de diversas acciones colectivas en defensa de las tierras que ocuparon ancestralmente, con el tiempo la apg ha ampliado su horizonte de demandas y de acción territorial en defensa de los recursos naturales (hidrocarburos, tierra, bosques, agua, etc.). Asimismo, este movimiento ha conformado un amplio marco de alianzas con otras organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia que les permitió entablar diferentes disputas con las empresas petroleras que actúan en la zona. En este sentido, indagaremos acerca de las complejas relaciones que se producen entre los diferentes actores que disputan los usos y sentidos acerca del territorio y los recursos naturales: el Estado, los movimientos sociales y las empresas multinacionales. Por último, intentaremos establecer las particularidades que implican

Doctor en Ciencias Sociales y Magíster en Investigación en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias

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Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FCS-UBA). Becario Postdoctoral del CONICET. Integrante del Grupo de Estudios Rurales (GER) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (FCS-UBA), e-mail: [email protected]

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los procesos de territorialización y disputa por los recursos naturales de estas organizaciones, en tanto constituirían una nueva dimensión analítica para aportar en la discusión teórica acerca de los movimientos sociales de América Latina. Palabras clave: Movimientos sociales, desarrollo, indígenas, territorialidad, recursos naturales. Abstract. The proposal of this article it has to work around the collective actions of the Asamblea del Pueblo Guaraní (apg), the Guaraní People Assembly, around the territory and the natural resources. This organization begins in the end of the 80´s in the southeast of Bolivia, in the “Chaco Boliviano”, a very rich region for natural resources, mainly in oil and gas. In addition, the apg make many collective actions for the recognition from the state of their ancestral lands and for the protection of natural resources exists in these territories. In these conflicts, the apg has built a broad range of alliances with another indigenous, peasants and social movements in Bolivia that allowed engaging in various disputes with oil companies operating in the area. In this sense, we inquire about the complex relationships that occur between the different actors that disputes the uses and meanings around the territory and the natural resources: the state, the social movements and transnational companies. Finally, we will establish the specific processes involving territorialization and disputes for the natural resources of this organization, constitute as a new analytical dimension to provide the theoretical discussion about social movements in Latin America. Key words: Social movements, development, indigenous people, territoriality, natural resources.

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Introducción

Disputas por los recursos naturales y reconfiguración de los territorios en América Latina En las últimas décadas, en América Latina los recursos naturales volvieron al centro de la escena política y económica como elementos estratégicos para el desarrollo del capitalismo (Cotarelo, 2005); y son los campesinos, indígenas y pobladores de las pequeñas ciudades rururbanas quienes habitan los territorios donde se encuentran la mayoría de estos recursos (Giarracca, 2005). Estos actores se han organizado (y/o han reorientado parte de sus demandas originales) para resistir el avance de las empresas multinacionales, a la vez que fueron reconfigurando sus territorios. En efecto, frente al avance indiscriminado de las empresas multinacionales sobre estos territorios “un sinnúmero de movimientos sociales, coordinaciones, conflictos y resistencias se han desplegado en los últimos años en toda la región construyendo alternativas y promoviendo horizontes emancipatorios” (Seoane, 2006: 86). El ejemplo paradigmático es que son los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de América Latina quienes despliegan en los territorios “cosmovisiones y modelos cognoscitivos, estrategias tecnológicas y formas de organización social y productiva, más cercanas a lo que se ha visualizado como un manejo ecológicamente adecuado de la naturaleza” (Toledo, 1992:73). De esta manera, estos actores sociales conforman un nuevo proyecto emancipatorio que combina la autogestión económica y cultural de sus territorios, así como una relación con la naturaleza que excede su uso económico e implica un uso agroecológico y sustentable de los recursos naturales (Toledo, 1992), al mismo tiempo que los procesos de gestión local y autónoma de los territorios en disputa. En este sentido, nos interesa reflexionar –a partir del caso de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Tarija (apg)– acerca de las disputas ligadas a los usos y sentidos que los actores sociales mantienen en torno los recursos naturales y el territorio;

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así como proponer un aporte analítico para abordar la problemática de los movimientos sociales latinoamericanos desde la dimensión de la territorialidad y las disputas en torno a los usos y sentidos de los recursos naturales. En su análisis sobre los movimientos sociales en y desde el contexto latinoamericano, Maristella Svampa (2008) plantea cuatro dimensiones características de los movimientos sociales en nuestro continente, principalmente a partir de la década de los noventa: la territorialidad, la acción directa disruptiva, la demanda de autonomía y el desarrollo de formas de democracia directa. En este caso, nos interesa ahondar en la dimensión de la territorialidad y las disputas por los recursos naturales; para ello utilizamos el concepto de “movimiento socioterritorial” del geógrafo brasileño Bernardo Mançano Fernandes (2005), que nos permite focalizarnos en los movimientos sociales que hacen del territorio un espacio de construcción social y de dotación de sentido. En este sentido, consideramos, junto con Zibechi (2003), que la presencia del territorio y la cultura de los actores subalternos en los intersticios de las relaciones de dominación son las que habilitan los procesos autonómicos. En estos casos se introduce la problemática del territorio como un espacio en disputa, construido por actores sociales antagónicos que resignifican ese espacio geográfico determinado, lo habitan, lo transforman, lo recrean de acuerdo a sus intereses, formas de vida y de reproducción social. Desde esta mirada entendemos al territorio como un conjunto de lazos establecidos por la interacción social en un determinado espacio geográfico (Haesbaert, 2004) Así, los territorios se conforman como espacios geográficos, pero al mismo tiempo se constituyen como espacios sociales y simbólicos atravesados por tensiones y conflictos. El territorio aparece dotado de sentidos políticos, sociales y culturales. En efecto: El territorio no es simplemente una sustancia que contiene recursos naturales y

una población (demografía) y, así, están dado los elementos para constituir un Estado. El territorio es una categoría densa que presupone un espacio geográfico

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que es construido en ese proceso de apropiación –territorialización– propiciando la formación de identidades –territorialidades– que están inscriptas en procesos

que son dinámicos y mutables; materializando en cada momento un determinado orden, una determinada configuración territorial, una topología social. (Porto Gonçalves, 2002: 230, nuestra traducción).

Así, el territorio es mucho más que un espacio geográfico, se encuentra cargado de sentidos y formas de ser rehabitado y reconstruido, y es esta multiplicidad de usos y sentidos la que se expresa, en muchas ocasiones, a modo de disputa territorial. En efecto, creemos que este anclaje territorial es una de las características singulares de los movimientos sociales de América Latina, esta reterritorialización en parte es producto del avance del capital, es “la respuesta estratégica de los pobres a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda, y a la reformulación por parte del capital de los viejos modos de dominación” (Zibechi, 2003), pero de alguna manera es también una apuesta o elección de los propios movimientos que recuperan y resignifican políticamente sus territorios; al tiempo que construyen o resignifican políticamente sus identidades como campesinos, indígenas, trabajadores desocupados o piqueteros, vecinos autoconvocados, etc. Así, para los movimientos sociales de América Latina, “el territorio aparece como un espacio de resistencia y también, progresivamente, como un lugar de resignificación y creación de nuevas relaciones sociales” (Svampa, 2008: 77). El surgimiento de la Asamblea del Pueblo Guaraní (apg) se encuentra íntimamente ligado a estos procesos de territorialización, desplegando su proceso organizativo e identitario en territorios específicos y con disputas concretas con otros agentes que también actúan y modifican esos territorios: el Estado en sus distintos niveles (nacional, provincial o departamental y municipal) y empresas multinacionales, principalmente petroleras. En efecto, la apg de Tarija se conformó en el año 1987 a partir de un proceso organizativo que se venía gestando desde comienzos de la década de los ochenta y que estuvo ligado a una recomposición política

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de la identidad indígena en Bolivia en general y en la zona del oriente boliviano, en las llamadas ”tierras bajas” (principalmente Tarija y Santa Cruz), en particular. Muchas de las comunidades que dieron origen a la apg se encontraban previamente en un sistema de “empatronamiento”, que implicaba la obligación de los pobladores guaraní de trabajar de por vida en una hacienda determinada, a partir de un sistema de pago en especies y de una cadena de endeudamientos que incluso se heredaban de generación en generación. La salida de varias comunidades de este sistema implicó para la apg todo un proceso de reconstrucción identitaria y territorial que aún se encuentra en construcción y que se vio complejizado con la irrupción, a partir de mediados de la década de los noventa, de diversas empresas petroleras multinacionales que comenzaron a realizar exploraciones y explotaciones hidrocarburíferas en estos territorios, habilitadas por el proceso de privatización de Yacimientos Petrolíferos de Bolivia (ypfb) entre los años 1994 y 1996. En este sentido, analizamos la interrelación de los momentos de visibilidad y latencia del movimiento (Melucci, 1994a), Por medio de un análisis, tanto de las acciones colectivas de protesta en el espacio público, es decir, el momento de visibilidad de estas organizaciones, como de los momentos de construcción identitaria y organizativa anclados en el territorio, es decir, los momentos de latencia. Hablamos de latencia para caracterizar al momento de ausencia de acción colectiva en el espacio público, el momento en el cual los sujetos actúan “para adentro”, reforzando sus lazos solidarios y creando nuevas prácticas sociales, políticas y culturales. El momento de latencia aparece entonces como una “especie de laboratorio clandestino para el antagonismo y la innovación” (Melucci, 1994b: 146). Este momento posibilita a los movimientos sociales experimentar sus prácticas políticas, económicas y culturales e, incluso, les permite (re) crear nuevas lógicas de acción colectiva, que luego son puestas en práctica en los momentos de visibilidad. La irrupción en el espacio público es un momento que tiene una fuerte función simbólica que, por un lado, cuestiona una política particular del sistema hegemónico y, por otro lado,

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avisa al resto de la sociedad que existen conflictos y contradicciones en el sistema político. Al mismo tiempo, el momento de visibilidad permite a los movimientos mostrar a la sociedad sus propias experiencias y modelos alternativos generados durante los periodos de latencia. De este modo, estos movimientos sociales presentan características novedosas que irrumpen en la escena pública latinoamericana y mundial, conformando una nueva ola de movimientos sociales, que a la vez que disputan la esfera de la producción, también implican conflictos que van más allá del ámbito productivo y de la esfera institucional de la política, ampliando los horizontes de la misma “más allá del marco liberal de la distinción entre Estado y sociedad civil” (de Sousa Santos, 2001:181) Desde esta construcción particular y contingente que se desarrolla en los momentos de latencia es que podemos pensar en los espacios en los cuales algunos movimientos sociales interactúan como “territorios en disputa”. En estos territorios los movimientos sociales despliegan su potencia política. En definitiva, los movimientos sociales “territorializados” complejizan e innovan sus prácticas e identidades políticas creando, en el territorio, otros modos de pensar y practicar la economía, la salud, la educación, la política, la cultura, etc. De este modo, al indagar acerca de los procesos de apropiación de los territorios y los recursos naturales aparecen dos modelos antagónicos de intervención territorial; por un lado, se encuentra el modelo hegemónico de desarrollo ligado al sistema/mundo moderno capitalista y colonial (Quijano y Wallerstein, 1992); y, por otro, se encuentran las formas de apropiación y relacionamiento con el territorio y la naturaleza de diferentes actores y movimientos sociales. Cuando los movimientos sociales practican y habitan esos territorios de manera preponderante frente a las lógicas hegemónicas despliegan su dimensión creativa a partir de sus propias lógicas sociales, políticas, económicas y culturales, ligadas a formas de autogobierno, autogestión y autonomía. En definitiva, cuando esa territorialidad subalterna es resignificada – en tanto experiencia vital de los propios actores sociales, a la vez que experiencia alternativa y disruptiva con las formas hege-

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mónicas– como un “campo de experimentación social” es lo que denominamos como “territorio insurgente”. A su vez, denominamos como “territorialidad extractiva” a aquellas formas de despliegue territorial hegemónicas del sistema/mundo capitalista/colonial ligadas a la explotación de los recursos naturales por parte de empresas nacionales y/o transnacionales que implican reconfiguraciones territoriales, y cuya lógica de acumulación se encuentra signada por el aprovechamiento ilimitado de los recursos naturales y la consiguiente devastación del entorno físico y biológico de ese espacio geográfico y el despojo y la exclusión de los otros actores sociales que habitan y hacen uso de esos territorios. Los actores paradigmáticos de esta lógica de intervención en el territorio son las empresas de hidrocarburos, agronegocios, forestales y mineras. En este contexto de disputa territorial es que afirmamos que en la actualidad los recursos naturales volvieron a ser elementos estratégicos para el desarrollo del “sistema/mundo capitalista/colonial” (Wallerstein, 1974), remitiendo en parte esta lógica de acumulación al largo proceso de surgimiento de este sistema/mundo con la denominada “acumulación originaria” (Marx, 2002) a través de la expropiación de la tierra y los recursos naturales. De alguna manera el proceso actual de explotación de los recursos naturales por parte de las empresas transnacionales y con el apoyo estratégico de los países imperiales centrales se encuentran realizando “la tarea incumplida de la acumulación primitiva, lo que es más que nunca visible en el intento imperial de controlar la tierra, el agua dulce, la biodiversidad y los recursos naturales por vía de la guerra, la ocupación, la presión diplomática, la instalación de bases militares disuasorias” (de Sousa Santos, 2010: 45). Este proceso es caracterizado como de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005) que implica que el capitalismo, para mantener su proceso de reproducción ampliada no requiere únicamente de un proceso previo u “originario” de acumulación de los recursos naturales y la tierra, sino que esta acumulación por desposesión de los mismos es un proceso permanente e inherente del capitalismo que incluye:

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La mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las

poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad –común, colectiva, estatal, etc.– en derechos exclusivos; la supresión del

derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo

los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito (Harvey, 2005: 113).

Otras formas novedosas de acumulación por desposesión se encuentran ligadas a la biotecnología y a la posibilidad de patentar las propiedades genéticas de la naturaleza, en lo que puede interpretarse como una manera de obtener una “renta de la vida” (Bartra, 2008) al convertir en mercancía una determinada cualidad genética de una planta o un animal. En este proceso de apropiación de la renta de la naturaleza existe también una apropiación discursiva y material que resignifica la naturaleza como recursos naturales. En este sentido, “el discurso utilitario reemplaza el término naturaleza con el término recursos naturales, focalizando esos aspectos de la naturaleza que pueden ser apropiados para el uso humano […] las plantas consideradas valiosas devienen cultivos, las especies que compiten con ellas se estigmatizan como hierba, y los insectos que se las comen son estigmatizados como plagas” (Scott, 1998: 13, en Ceceña, 2008: 72). En efecto, el capitalismo no sólo mercantiliza la naturaleza, sino que el propio capital “rehace a la naturaleza y a sus productos biológica y físicamente (y política e ideológicamente) a su propia imagen y semejanza” (O´Connor, 2003: 33), en una transformación que selecciona a algunos componentes de la naturaleza como mercancías y a otros como desechos, además de las modificaciones que introduce, a través de la ciencia y la tecnología, para obtener nuevas cualidades de esas mercancías; el ejemplo más claro de esto son los organismos genéticamente modificados (ogm). Paralelamente se profundizó en los

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esquemas productivos de extracción y aprovechamiento de los recursos naturales por parte de grandes empresas nacionales y multinacionales como la minería a cielo abierto. Los recursos naturales son, hoy en día, elementos estratégicos para el desarrollo del capitalismo, y los campesinos, indígenas y pobladores de las pequeñas ciudades rururbanas, de diferentes regiones de nuestro continente, son quienes habitan los territorios donde se encuentran la mayoría de ellos. La matriz energética del sistema mundo hegemónico es una matriz fósil y carbonífera, por eso uno de los recursos naturales estratégicos son los hidrocarburos, es decir, el gas y el petróleo que, además, son recursos no renovables y que por su uso continuado y creciente de manera exponencial, desde el siglo xix, se encuentra en vías de agotamiento antes de que termine el siglo xxi. En la región que se aborda en este trabajo, chaqueña en Tarija (Bolivia), los hidrocarburos aparecen como los generadores de mayor conflicto en el marco de las disputas territoriales entre los distintos actores en pugna. El gas y el petróleo aparecen como los recursos naturales paradigmáticos de la región, pues atraviesan el complejo entramado económico, cultural, social y político de la región, pero también habilitan las imbricaciones de la problemática local dentro de un esquema de conflictividad y disputa por los recursos naturales y el territorio a escala global. De todas maneras, cabe señalar que también existen importantes conflictos en torno al acceso a la tierra, el agua dulce y los recursos forestales. En tal sentido, resulta importante rescatar aquellas formas de producción campesinas e indígenas que sobrevivieron a distintos modos de producción desde los comienzos de la agricultura, adaptándose a los cambios productivos y a las presiones estructurales y políticas de los cambios económicos a nivel mundial; resistiendo desde su forma de producir y reproducir la vida campesina e indígena, ligadas a la producción para el autoconsumo, en una relación de reciprocidad con la naturaleza (García Guerreiro y Wahren, 2007). En esta dirección, retomamos a Arturo Escobar quien afirma que:

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La construcción de paradigmas alternativos de producción, órdenes políticos, y sustentabilidad son aspectos de un mismo proceso, y éste es impulsado en parte por la política cultural de los movimientos sociales y de las comunidades en la

defensa de sus modos de naturaleza/cultura. Es así como el proyecto de movimientos sociales constituye una expresión concreta de la búsqueda de órdenes alternativos de producción y ambientales” (2000: 202).

En definitiva, lo que diferencia a estos movimientos sociales de la lógica hegemónica del “sistema/mundo colonial/capitalista” (Wallerstein, 1974) es que mantienen una relación de reciprocidad y pertenencia con el territorio y la naturaleza. En efecto, “muchas comunidades rurales del Tercer Mundo ‘construyen’ la naturaleza de maneras sorprendentemente distintas de las formas modernas predominantes; entienden, y usan sus entornos naturales de maneras muy particulares” (Escobar, 2000: 77). Por medio de esta relación de reciprocidad reifican sus identidades, a la vez que disputan un modo de vida y una cosmovisión particular en pugna con otros actores. En este sentido, las acciones colectivas de los movimientos indígenas y campesinos, así como los de los sectores populares urbanos y rururbanos están “asociando los nuevos derechos culturales con reivindicaciones por el acceso y la apropiación de la naturaleza en los que subyacen estrategias de poder, valores culturales y prácticas productivas alternativas. A los nuevos derechos culturales y ambientales se están incorporando demandas para autogestionar las condiciones de producción y los estilos de vida de los pueblos” (Leff, 2007: 70). La relación de reciprocidad y/o pertenencia con la naturaleza por parte de los movimientos sociales implica una relación que va más allá –incluso de manera contrapuesta– de la forma de la relación que asume la lógica racional económica estatal/colonial/capitalista que mercantiliza y objetiviza a la naturaleza y al territorio resignificándolos como recursos naturales, a la vez que destruye sistemáticamente otras posibles formas de entender y relacionarse con la naturaleza, otros usos y sentidos acerca del territorio.

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Globalización, crisis del Estado Nación e implicaciones para los movimientos sociales en Bolivia En el marco de la consolidación del proceso de globalización, paulatinamente el Estado perdió su lugar como articulador de la sociedad; es decir, se difuminó, en parte al menos, el papel indiscutido del Estado en el monopolio de la coerción física, así como también se puso en cuestión el andamiaje normativo, legal y ético que sustentaba a los estados nacionales. A la vez, se puso en jaque la capacidad estatal de reordenar territorial, política, cultural y simbólicamente a una comunidad determinada, a su territorio y a los sujetos que lo habitan; marcando lugares y cuerpos desde las distintas esferas o campos de la sociedad: educación, salud, defensa y seguridad, cultura, economía, sistema alimentario, recursos naturales, etcétera. Ante esto, otros actores que anteriormente influían y actuaban a partir de, y a través del marco articulador estatal, también anclaron sus acciones materiales y simbólicas en paralelo al andamiaje estatal y en contraposición con otros actores en pugna. Cada vez más son los organismos multilaterales de crédito (fmi, bid; bm, etc.) los que comienzan a definir, a través de las cartas de intención y las negociaciones de la deuda externa de los países “en desarrollo”, gran parte de las políticas macroeconómicas que anteriormente eran definidas, aunque con importantes limitaciones, por los Estado Nación. Lo que nos interesa resaltar con este ejemplo es que en el proceso de la definición de las políticas macroeconómicas lo que encontramos es un cambio ontológico en la definición de cuáles son las esferas de decisión y de gestión de los “Estado Nación”, ahora cada vez más desdibujadas. El sociólogo mexicano Pablo González Casanova nos advierte al mencionar que “la transferencia de la teoría sobre las decisiones, de la toma de decisiones, de la legitimidad y validez de las mismas implica el traslado de una parte importante del poder en el terreno de las finanzas, de la moneda, de la propiedad pública y privada, de los mercados, de la política fiscal e impositiva, del presupuesto de inversiones y gastos, de la tecnología, de la producción, del consumo, de la

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modernización, la reconversión, y los cambios de estructura” (1990: 64). En efecto, vislumbramos en este proceso un cambio cuasi epistemológico de los roles del Estado Nación que implica, por un lado, una transferencia de poder hacia estos organismos globales que acrecentan su injerencia directa en áreas donde, en el modelo anterior, el Estado se reservaba el monopolio de la acción y la decisión sobre sectores como la salud, la educación, la seguridad y la defensa nacional. Cabe aclarar que lo descrito anteriormente no implica que el relato fundante del Estado Nación no siga vigente en cuanto a operar como un “mito” o una narración válida para los actores sociales con los que estamos trabajando. Con la aplicación de las políticas neoliberales durante la década de los noventa en Bolivia se privatizaron la mayoría de las empresas estatales de industrias y servicios, así como también aquellas ligadas al uso de los recursos naturales, principalmente los hidrocarburos. Además de estas consecuencias materiales de las políticas neoliberales –como la privatización de ypfb que afectó directamente a la población y al territorio que abordamos en esta investigación– la crisis del Estado Nación afectó de manera simbólica y material a los habitantes de estas localidades, cuyo ordenamiento político, territorial y cultural estaba dado, entre otras cosas, por las empresas estatales. En este sentido, la crisis del Estado Nación operó en estos casos sobre la propia noción de comunidad, resquebrajó los lazos sociales e identitarios y dejó en manos del mercado, o de otros actores, la capacidad material de ordenar el territorio y la dimensión simbólica de ordenar material y culturalmente la vida en común. Este resquebrajamiento comunitario, este “desgarramiento social”, abrió un campo de experimentación que habilitó a los movimientos sociales, en este caso a la apg en el sureste boliviano, a disputar estas capacidades ordenadoras de la vida social. Pero al mismo tiempo, esta posibilidad queda también abierta para otros actores, como las empresas petroleras o del “agronegocio”; así como también para la intervención de los niveles locales del andamiaje estatal como el municipio o instituciones departamentales que ya no remiten al ideario del Estado Social de bienestar.

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Asimismo, cabe destacar que en los últimos años en América Latina, el escenario neoliberal ha sufrido diversas transformaciones que han distanciado con mayor o menor intensidad las políticas y discursos de algunos de los gobiernos latinoamericanos de la ortodoxia neoliberal. Este proceso no ha sido homogéneo ni se ha dado en todos los países de la región, sino que más bien se desarrolla de acuerdo a las experiencias históricas en cada país y también en relación a las acciones colectivas de los movimientos sociales y sus relaciones con los Estado Nación de la región, generándose algunas modificaciones en torno a lo que respecta a las formas de intervención del Estado y las características que fue asumiendo la conflictividad social en nuestro continente. En el caso de Bolivia, el Estado Nación también sufrió un punto de inflexión a partir del “ciclo de protesta” (Tarrow, 1997), que comenzó con la llamada “Guerra del Agua” en Cochabamba en 2000 y culminó, luego de la distintos levantamientos y rebeliones populares que provocaron entre otras cosas la renuncia de dos presidentes y el crecimiento político electoral del Movimiento Al Socialismo (mas) que fue adoptado como “herramienta política” de diversos movimientos sociales, con la asunción del gobierno por parte de Evo Morales en 2005. En este sentido, a partir del gobierno del mas se produjeron importantes cambios políticos, económicos y sociales en Bolivia, como por ejemplo el proceso de la Asamblea Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, las reformas políticas y sociales que favorecieron la participación popular, así como la inclusión social. Simultáneamente, se produjo un cambio radical en las formas de relación entre el Estado y los movimientos sociales, en efecto, el gobierno actual de Bolivia se considera como “el gobierno de los movimientos sociales”. Hasta qué punto esta expresión se trasluce en las políticas gubernamentales excede, en parte, a este trabajo, aunque abordaremos brevemente esa problemática a partir del caso de la apg en el sureste boliviano.

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El caso de la apg de Tarija (Bolivia)

El escenario político, económico y sociogeográfico En los años 2001 y 2002 se descubrieron la mayoría de los yacimientos hidrocarburíferos de Tarija y Santa Cruz de la Sierra, convirtiéndose Bolivia en el segundo país con reservas de gas de América del Sur, con 10.8% de las reservas comprobadas, detrás de Venezuela con 62.7% de las reservas comprobadas. En tercer lugar se encuentra Trinidad y Tobago con 7.7%, y en cuarto lugar Argentina con 6% (Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 2008). Esto generó un cambio cuantitativo, y a la vez cualitativo, en el esquema de producción hidrocarburífera, de Bolivia. Si bien Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (ypfb) fue fundada en 1936, la actividad gasífera y petrolera había sido marginal en este país en comparación con la actividad minera y agropecuaria. Para cuando fueron descubiertos estos nuevos yacimientos, ypfb, junto con el conjunto de las empresas estatales, había sido privatizada en lo que se conoció como el proceso de “capitalización”, la forma particular que asumieron las privatizaciones en Bolivia en el marco de las reformas neoliberales que se aplicaron en el conjunto de América Latina durante la década de los noventa. Este proceso de privatización “a la boliviana” implicó que las acciones de las empresas estatales fueron entregadas de manera individual a cada uno de los ciudadanos mayores de 18 años hasta el momento de la promulgación de la ley de Capitalización a mediados de la década de los noventa (un complejo proceso que duró entre 1994 y 1996). Una vez convertidas las empresas estatales en sociedades anónimas, se fomentó la asociación de estas empresas con empresas privadas, en su mayor parte multinacionales, con el objetivo de que éstas inviertan y capitalicen; en el caso de las empresas estatales hasta 100% de su valor en acciones, quedando el paquete accionario en 49% en manos de los accionistas individuales, y 51% en poder de las empresas privadas, con lo cual todo el control y gestión

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de las empresas quedaban en manos de las empresas multinacionales. En definitiva, no hubo una venta de las empresas, en el sentido de una privatización “clásica”, sino una entrega de la gestión del patrimonio público a distintas empresas privadas que sólo invertían, capitalizando estas empresas “mixtas”, bajo control y gestión privada. El usufructuo de las ganancias quedó estipulado en 82% para las empresas privadas y 18% para los “accionistas individuales”, a los cuales el estado boliviano cobraba en impuestos. El 1° de mayo de 2006, el presidente Evo Morales decretó sorpresivamente la nacionalización de los hidrocarburos en un acto de fuerte simbolismo: apareció en la cadena nacional, junto con efectivos del ejército, en uno de los campos hidrocarburíferos del Gran Chaco en Tarija, tomando posesión de esos yacimientos; lo cual era una de las demandas históricas de los movimientos sociales bolivianos. Sin embargo, este proceso de nacionalización tiene sus particularidades, es decir, también fue un proceso de nacionalización; en parte, por las propias particularidades que expusimos acerca del proceso de privatización de ypfb “a la boliviana”. Lo que se hizo con este decreto fue, sencillamente, recuperar para el Estado las acciones individuales (49%) y nacionalizar el porcentaje de acciones necesario para que el Estado llegue a controlar, como mínimo, 51% del paquete accionario de las empresas hidrocarburíferas, es decir, 2% del paquete accionario. De este modo, se dio un proceso de nacionalización sin expropiaciones, sino que se invirtió el sentido del proceso de privatización “a la boliviana”, es decir, el gobierno boliviano dio “una interpretación distinta a los términos de la relación entre Estado y transnacionales, asumiendo prerrogativas y potestades que tiene el Estado según las propias leyes de capitalización, imprimiéndoles otro sentido” (Mokrani y Gutiérrez, 2006). En este sentido, los porcentajes del usufructuo de las ganancias estipulados en el decreto de nacionalización ilustran cabalmente esta inversión de sentido; es ahora el Estado boliviano el que detentará 82% de las ganancias y las empresas privadas 18% de las mismas.

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“En el proceso de nacionalización de los hidrocarburos en realidad no se tocó un centavo de los activos de las empresas privadas, de los activos físicos, se hizo una readecuación de contratos a un nuevo marco legal. Les afectó parte de los ingresos, pero sigue siendo un esquema donde tienen ganancias, además de la suba internacional del petróleo. Entonces por supuesto que se quedaron todas, pero no han hecho nuevas inversiones” (Roberto Ruiz, Senador Nacional por Dignidad, aliado al mas, ex Presidente del Comité Cívico de Tarija, entrevista propia, 2009). En este sentido las empresas petroleras privadas, en su mayor parte multinacionales, que operan en los yacimientos bolivianos a través de la suscripción de 44 contratos petroleros que se realizaron con la ratificación del Congreso Nacional son Petrobras Bolivia, Petrobras Energía, Repsol ypf, Andina, British Gas, Chaco, Matpetrol, Pluspetrol, Dong Won, Canadian, Total y Vintage. Estos nuevos contratos, realizados luego de la nacionalización, plantean nuevas reglas en torno a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos y, principalmente, en los porcentajes de las regalías que se cobran sobre las ganancias que pasaron a ser 82% para el estado boliviano y 18% para las empresas privadas. Luego de la nacionalización en 2006, ypfb volvió a tener un rol activo en la industria petrolera y gasífera. Con el correr de los años, distintas empresas fueron nacionalizándose y pasaron a ser parte de ypfb con lo cual esta empresa tiene mayor control, no sólo sobre la propiedad de los recursos naturales del subsuelo, sino en torno a la explotación, exploración, refinamiento, transporte (gasoductos y oleoductos), comercialización y exportación de los hidrocarburos. Es decir, que paulatinamente por medio de expropiaciones y, mayormente por medio de la compra de empresas privadas, ypfb recuperó gran parte de la gestión completa de la cadena de producción hidrocarburífera. Algunas de estas incorporaciones a ypfb fueron la empresa Emcogas, distribuidora de gas natural en Cochabamba; la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (clhb); las refinerías «Guillermo Elder Bell», en Santa Cruz, y «Gualberto Villarroel», en Cochabamba; la empresa Transredes, que controlaba el sistema de transporte

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de gas en Bolivia y que pasó a llamarse ypfb Transportes, lo mismo con la asociación de ypfb con las empresas Chaco y Andina que pasaron a operar bajo los nombres de ypfb Chaco e ypfb Andina y, por último, la nacionalización de la empresa distribuidora de combustible para aviación Air BP, que ahora opera bajo el nombre de ypfb Aviación. El Departamento de Tarija es el que concentra la mayor cantidad de reservas de hidrocarburos de Bolivia y, por ello, es el Departamento que más regalías recibe por esta producción. Estas regalías (45%) se entregan directamente a los municipios con mayores reservas de gas y petróleo, es decir, Caraparí, Villamontes y Yacuiba, en la provincia el Gran Chaco. En efecto, el Departamento de Tarija tiene 62.6% de las reservas comprobadas de petróleo en 2008, luego Cochabamba 22%, Santa Cruz 12.4% y Chuquisaca 3 por ciento. Con respecto al gas, los porcentajes son Tarija 69.7%, Santa Cruz 16.2%, Cochabamba 8.3% y Chuquisaca 5.7 por ciento. Además de la producción hidrocarburífera, existe, en la región donde se encuentran los yacimientos de hidrocarburos, una importante actividad agropecuaria, que al requerir de una mayor mano de obra que la actividad gasífera y petrolera hace que la mayoría de la población se relacione con estas actividades económicas, mayormente a través del trabajo campesino e indígena dirigida principalmente al autoconsumo y la subsistencia, aunque también producen para el mercado local. Sin embargo, también existen otros actores como medianos productores terratenientes, ligados principalmente a la actividad ganadera (Orozco et al., 2006). Las principales producciones agropecuarias son el maíz, algunas hortalizas, el ganado bovino y caprino y también la pesca. Según los datos del último censo de población de Bolivia, el Departamento de Tarija tiene 391  226 habitantes, representando 4.7% de la población total del país. De estos habitantes alrededor de 60  000 son guaraníes, lo que implica aproximadamente 15% de la población de Tarija. Los guaraníes que habitan las zonas rurales se encuentran organizados por comunidades, que a la vez conforman capitanías regionales, que a su vez conforman capitanías generales. Sobre esa estructura tradicional se conformó la estructura organizativa de la Asamblea del Pueblo Guaraní (apg).

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La apg en Tarija: sus comienzos y sus acciones colectivas La apg fue fundada en 1987 luego de un largo proceso de reconstrucción de las redes organizativas del pueblo guaraní que se vieron afectadas, tanto por el sistema de haciendas de la región, como por los procesos migratorios de los mundos rurales hacia las ciudades que marcó gran parte del siglo xx (García et al., 2008; Orozco et al., 2006). De esta manera, el proceso de conformación de la apg se encuentra ligado a un proceso más general de reconstrucción de las identidades indígenas en Bolivia. En este sentido, “la autoafirmación como ‘pueblos indígenas’ sea relativamente nueva, sea un invento, en el sentido de un proceso de producción discursiva y ritual reciente, favorecida por un contexto nacional de vigencia de amplios procesos de autoafirmación indígena en las tierras altas, y un contexto internacional de apoyo a las identidades culturales minoritarias, especialmente en los bosques tropicales” (García et al., 2005: 242). A mediados de la década de los ochenta, con el comienzo de la desarticulación del Estado Social de la revolución de 1952 y el desmantelamiento de las identidades sociales de los sectores populares que se unificaban en torno a las categorías de trabajadores, agrupados como obreros, mineros o campesinos dentro de la Central Obrera de Bolivia (cob), que se encontraba hasta entonces hegemonizada por los trabajadores mineros. En este contexto comienzan a resurgir en el seno de las organizaciones campesinas reivindicaciones indigenistas ligadas a la corriente del llamado “katarismo”. De este modo se da: Un largo trabajo de resignificación de lo indígena que ha permitido modificar

su uso asociándolo a los pueblos poseedores de una cultura, una lengua y costumbres diferenciadas de la oficialmente ejercida por las instituciones estatales dominantes. La importancia de esta recategorización de las palabras está en brindar una identidad genérica de tipo reivindicativa a una variedad de pueblos

que hasta entonces habían usado sus nombres particulares para presentarse, sin

tener un denominativo que los agrupe a todos. Lo indígena en la resignificación

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que le darán los propios pueblos, permitirá identificar a un colectivo multiétnico

en condiciones de subalternidad y portador de demandas colectivas de tipo histórico frente a los poderes establecidos” (García et al., 2005: 243).

Es entonces que desde un elemento cultural y social, aunque también desde una dimensión política, donde van confluyendo demandas en torno a las culturas originarias, al reconocimiento de las distintas nacionalidades, culturas y lenguas existentes en el país y al reconocimiento de los indígenas como actores políticos plenos de la sociedad, no sólo en términos de ciudadanía moderna, sino en torno a los usos y costumbres y a las formas organizativas tradicionales de los pueblos indígenas. En este sentido, existe acuerdo en que esta reconstrucción identitaria fue un proceso histórico de los propios pueblos indígenas. En efecto, “toda identidad es una manera de verse, de caracterizarse, de representarse históricamente y, al hacerlo, de diferenciarse y distinguirse afirmativamente ante otros grupos sociales. En esta construcción intersubjetiva, ciertos datos objetivos, como la cultura diferenciada, el idioma o el territorio, son elementos que ayudan a verificar la identidad; sin embargo, es también posible construir la identidad sobre la reivindicación de elementos más ambiguos como la memoria histórica. En todo caso, lo que importa de la identidad es lo que la gente cree que es, la manera en cómo la gente connota un pedazo de su historia, de su vida cotidiana o incluso de sus carencias. Es por eso que se afirma que “toda identidad es un proceso de construcción histórica” (García et al., 2005: 239). En el caso de la apg, es la identidad guaraní, apoyada en un territorio, un idioma, apellidos regionalmente diferenciados y tradiciones culturales fuertemente arraigadas en las poblaciones. Poblaciones que, a su vez, habitan tradicionalmente determinados territorios, donde practican sus formas de producir y reproducir la vida, la política, la cultura y la economía. “Como organización, si hay algo que nos identifica son nuestros valores, el tema de la lengua” (Entrevista con Ever Aide, dirigente guaraní, en García et al., 2005: 240).

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A comienzos de los noventa se dan las primeras acciones colectivas de protesta donde participa la apg en torno a demandas sobre la tierra y, paulatinamente, se van expandiendo las demandas hacia los usos y sentidos de los recursos naturales de los territorios que estaban habitando, así como ya, a finales de la década del noventa, comienzan las denuncias contra los casos de contaminación que comenzó a producir la naciente industria hidrocarburífera en la zona. En articulación con otras organizaciones campesinas e indígenas de las llamadas “tierras bajas” del oriente boliviano van asumiendo demandas de carácter nacional como la exigencia de una Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos. En las jornadas de la llamada “Guerra del gas”, durante el mes de octubre de 2003, la apg se destaca por la realización de cortes de acceso en algunas de las empresas multinacionales de hidrocarburos, así como en bloqueos de rutas y puentes estratégicos para la producción de petróleo y gas.

De la tierra al territorio: las disputas por los recursos naturales en el sureste boliviano El tema tierra no es una cosa solamente, una referencia física, donde trabajas, donde

vives, ¿no? El territorio es mucho más amplio. Es un paisaje, el lugar de donde venimos… porque antiguamente el pueblo guaraní, los indígenas, hemos vivido de cosas silvestres, por ejemplo, animales del campo, las frutas silvestres, entonces todo eso es habitar el territorio. En ese territorio el guaraní ha vivido tranquilo, y

frente a eso ha habido un avasallamiento que los españoles, los que han venido a colonizar a los pueblos, han ido entrando, imponiendo cultura ajena. La tierra es tierra, es donde nosotros trabajamos, donde nosotros vivimos, pero el territorio

es mucho más amplio, compone muchas cosas más, ¿no? Biodiversidad, recursos naturales que están en todos nosotros y que les cuidamos más que todo, ¿no?

Especialmente bosques, los árboles especialmente, todo digamos, y eso para

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nosotros es el territorio. (Justino Zambrana, presidente del CCGTT2 y Mburuvicha

Guasu3 de la apg Tarija, entrevista propia, 2010).

Las diputas territoriales tienen larga data en Bolivia, en general, y en la región chaqueña, en particular. Antes de la Conquista española los distintos pueblos originarios mantenían disputas y guerras que marcaban la separación de los territorios que habitaban. En el caso de la región de la actual Tarija, en el sureste boliviano, se encontraba habitada por los tapiete, los wheenayek y los guaraní; estos últimos migraron desde el este y el sur del chaco buscando la tierra mítica guaraní: la “tierra sin mal”4 pocos años antes de la llegada de los españoles a la región. Allí se fusionaron con el pueblo Chané (de allí viene la denominación de pueblo “chiriguano” que actualmente los guaraní no aceptan como propio por considerarla una terminología “colonial”)5 y tuvieron largos enfrentamientos con el Imperio

El Consejo de Capitanes Guaraní y Tapiete de Tarija (CCGTT) es el órgano máximo de gobierno del pueblo

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Guaraní de Tarija y sus integrantes son los referentes departamentales de la

apg

que coordinan con los

Capitanes regionales de Tarija: Itika Guasu, Yacuiba, Villa Montes y Karaparí. Mburuvicha Guasu significa “Capitán Grande” que es la máxima autoridad tradicional guaraní, cada comu-

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nidad tiene su propio Mburuvicha local o “Capitán” de la comunidad, sólo aquellos referentes con mayores responsabilidades regionales, departamentales o nacionales, o aquellos que tienen una gran capacidad de liderazgo son llamados por el pueblo guaraní como Mburuvicha Guasu. La “tierra sin mal” o “Yvymarae” en idioma guaraní, hace referencia a un territorio mítico que es buscado por

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las comunidades donde la tierra sea fácil de cultivar, donde abunde el agua y los bosques y haya diversidad de peces y animales para la pesca y la caza. Un lugar donde vivir en armonía con la naturaleza y en paz entre los guaraní. Es el lugar donde puede realizarse el propio “modo de ser guaraní, el “teko”. Remite a un relato utópico que fomentó muchas de las migraciones del Pueblo Guaraní, entre ellas, la que los llevó a habitar las “tierras bajas” de la actual Bolivia. En este trabajo nos referimos al pueblo guaraní y a los guaraní en la forma del plural, respetando las formas

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lingüísticas de estos pueblos que no reconocen el plural “castellanizado” de “guaraníes”.

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Incaico que pretendía expandir sus fronteras hacia la “tierras bajas”. Con el proceso de conquista española mantuvieron múltiples enfrentamientos con los ejércitos y encomenderos y, si bien, se vio reducido parte del territorio guaraní, la mayor parte de las comunidades se mantuvieron libres de la sujeción española, se mantuvieron “Iyambae”, que significa “ser libre” en guaraní. En el siglo xix, con la independencia y la conformación del Estado Nación boliviano, continuaron las disputas por la tierra entre colonos, ganaderos, campesinos e indígenas. Recién en 1892 el Estado pudo controlar todo el territorio guaraní, luego de la batalla de Kuruyuki, donde miles de guerreros guaraní perdieron la vida junto a sus familias y comunidades. Ya en el siglo xx las primeras reivindicaciones por la tierra de los pueblos originarios estuvieron ligadas a las luchas campesinas que formaron aprte del proceso de la “Revolución del ‘52”, donde la Central Obrera Boliviana (cob) y las organizaciones campesinas tuvieron un gran protagonismo, junto con sectores nacionalistas del ejército y que conformaron parte de las estructuras del Movimiento Nacionalista Revolucionario (mnr), que promovió, entre otras medidas, una reforma agraria, por medio de la Ley de Reforma Agraria de 1953, que tuvo mayor impacto en las zonas del altiplano y el occidente boliviano. Así, el proceso de reparto de tierras en el oriente boliviano se vio estancado por la fuerte resistencia de los sectores ganaderos y terratenientes frente al reparto de tierras. Sin embargo, la especificidad de los pueblos originarios quedaba relegada en torno a una identidad “campesina”, fenómeno que ocurrió en toda Bolivia desde mediados de la década de los cincuenta hasta la década de los ochenta del siglo pasado. A raíz de cambios en las organizaciones sociales y profundas reformas estructurales que hicieron perder peso político relativo a las organizaciones obreras y campesinas, comenzó en Bolivia un resurgimiento de las corrientes indigenistas y “kataristas” que hasta entonces habían sido minoritarias. Esto también sucedió, aunque más tardíamente en la zona del oriente boliviano. De esta manera, también las demandas en torno a la tierra fueron ampliándose hacia las demandas por el territorio, entendiendo a esto no sólo como la superficie cultivable o el espacio material

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habilitador de la actividad económica, sino como el espacio material y simbólico de producción y reproducción de la vida de las comunidades indígenas y campesinas. En efecto, el territorio: No sólo es el lugar de la reproducción económica de grupo, sino, y esto es fundamental para la formación de la identidad, es el lugar de la significación colectiva de la historia, del pasado, de la herencia que debe prolongarse hacia el porvenir.

De ahí que no sea nada casual que el primer elemento de movilización de los pueblos indígenas de las tierras bajas sea precisamente el territorio, pues ahí está anclado el mundo simbólico de la sociedad, esto es, el espacio de la ubicación y representación de la vida que tienen las personas” (García et al., 2005: 240).

En este sentido, en 1990 se produce la primera “Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad”, protagonizada por algunos de los pueblos indígenas de las “tierras bajas”, mojeños, guaraní, tapiete, wheenayek, entre otros. Luego se replicaron estas movilizaciones en 1996, 2000 y 2002, cambiando algunos de los pueblos y organizaciones participantes. En este sentido, el caso más paradigmático de disputas territoriales en la región chaqueña del Departamento de Tarija es el de la región del Itika Guasu. A partir de 1989 se da un proceso de ocupación y recuperación territorial por parte de comunidades guaraní que vivían en la región, así como por la llegada de otros guaraní que habían dejado las viejas haciendas donde trabajaban de forma esclava a través de la figura del “empatronamiento”,6 La figura del “empatronamiento” es definida por el Estado boliviano como personas que “trabajan por cuenta

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ajena, en condición de subordinación y dependencia, en labores propias de la actividad agropecuaria en espacios histórica y ancestralmente ocupados por ellas, y que no tienen tierra en propiedad” (Decreto Supremo N° 28.159). Esta forma de explotación laboral ha sido calificada como de trabajo “semi-esclavo”, pero consideramos que hablar de régimen “semi” esclavo implica una ocultación semántica de una situación de explotación laboral que, aunque con ciertos matices frente a la definición “clásica” de esclavitud, no se aleja sustancialmente de ésta. Por eso optamos por utilizar la noción de trabajo esclavo para dar cuenta del sistema de “empatronamiento”.

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que consistía en el trabajo agropecuario de los guaraní para el dueño de la hacienda a través de un pago en especies como alimentos, coca, tabaco, etc., y un sistemático sistema de endeudamiento de los peones guaraní con el patrón, sistema de endeudamiento que incluso era heredado de generación en generación, conformando un sistema de trabajo y explotación, heredado de la vieja hacienda colonial, que actualmente continúa vigente en algunas zonas de Tarija y Chuquisaca. El proceso de reapropiación territorial comenzó con la ocupación y desmonte de “potreros comunales” que le permitió a estas primeras familias guaraní realizar tareas agropecuarias básicas para la subsistencia de los núcleos familiares. Paralelamente se fueron conformando distintas comunidades con la instalación de diferentes familias, con lo cual se recuperó no sólo un territorio, sino un modo de vida y una forma de organización de lo social, ligada a los usos y costumbres del pueblo guaraní. En coordinación con las movilizaciones y acciones colectivas de los pueblos indígenas de las “tierras bajas”, las comunidades del Itika Guasu plantearon el reconocimiento de sus territorios al Estado. A través de la Ley INRA, promulgada en 1996 por la presión de estas movilizaciones, el Estado boliviano reconoció la forma jurídica de las Tierras Comunitarias de Origen (tco), que implica un aval a la posesión comunitaria, no individual, de la tierra ocupada ancestralmente por los pueblos originarios. La región del Itika Guasu se encuentra dividida en tres zonas de acuerdo a las actividades económicas que comenzaron a realizar las comunidades guaraní a partir de la recuperación de este territorio. La Zona I, que es la que tiene mayor potencial agrícola y forestal, aunque también existe la actividad ganadera; la Zona II, que combina la actividad agrícola con la ganadera, por tener un régimen de lluvias más escaso que la Zona I; y la Zona III, donde es predominante la actividad ganadera por sobre la actividad agrícola y forestal; en esta región también cobra relevancia la actividad de pesca en los ríos. Predominantemente toda la producción de las tres zonas se realiza para el autoconsumo, aunque algunos

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excedentes se vuelcan a los mercados regionales, al igual que la comercialización de artesanías, actividad más reciente en el Itika Guasu y que comenzó a través de programas de apoyo de distintas ong, bolivianas e internacionales. Estas formas de reapropiación territorial de la apg se encuentran basadas en la organización en comunidades con sus respectivos referentes (Capitanes) y sus asambleas comunitarias, capitanías zonales y regionales, así como las instancias organizativas a nivel departamental (apg Tarija) y nacional (apg Bolivia, que abarca los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz). Por otra parte, esta recuperación territorial se encuentra ligada a las actividades económicas de las regiones y a procesos de regeneración cultural en torno a la medicina tradicional, la religión y la historia oral, los usos y costumbres guaraní en torno a la vida familiar y comunitaria, además del uso del lenguaje y la transmisión de estas cosmovisiones a las nuevas generaciones. Para esto la apg se encuentra elaborando, desde asambleas de base de las comunidades y con el apoyo de técnicos y ong, un “plan de manejo del territorio” (Plan de Desarrollo Guaraní) ligado a prácticas tradicionales del pueblo guaraní, que son combinadas con las nuevas prácticas organizativas adquiridas a través de la conformación de la apg desde mediados de la década de los ochenta, y también a través de las acciones colectivas de protesta protagonizadas por estas comunidades originarias. El establecimiento de este plan de manejo territorial a través de los consensos y la interacción, el diálogo y/o el conflicto con los otros actores que se encuentran en el territorio del Itika Guasu es uno de los desafíos más importante para el futuro de estas comunidades. En la actualidad el Itika Guasu se encuentra conformado por 36 comunidades guaraní (algunas de ellas son de conformación mixta con población indígena y población campesina), las cuales son parte de la apg de Tarija. Sin embargo, de las 216 000 ha exigidas, el Estado reconoció en una primer etapa 68 385 ha, y en una segunda etapa otras 27 000 ha en 2009. De todas maneras, es importante señalar que estas hectáreas reconocidas no conforman una unidad territorial, sino que la tco del

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Itika Guasu se encuentra interrumpida por tierras habitadas y/o posesionadas por otros actores sociales de la región, es decir, campesinos, ganaderos, terratenientes y las empresas petroleras multinacionales, principalmente Repsol ypf. En efecto, llamativamente ninguno de los pozos petroleros más importantes se encuentran reconocidos dentro de la tco del Itika Guasu, por más que algunos de estos pozos se encuentran a tan sólo cientos de metros de algunas de las comunidades. En este sentido, como vimos anteriormente, la actividad hidrocarburífera tomó nuevos impulsos en la región a partir del descubrimiento de nuevos yacimientos, entre los cuales uno de los más importantes es el Campo Margarita que coincide territorialmente con parte de la región del Itika Guasu. La concesión de este yacimiento fue otorgada a Repsol ypf desde 1997 y a partir de 2002 se intensificaron drásticamente las actividades de extracción hidrocarburífera en la zona. Con la aparición de la empresa petrolera en la disputa territorial, las comunidades guaraní tuvieron que aprender a interactuar con un sujeto social totalmente desconocido hasta entonces, tanto en sus lógicas organizativas y económicas, como en su presencia material y territorial en el espacio considerado como propio. Las comunidades guaraní habían enfrentado e interactuado con otros actores sociales que habitaban la región, como campesinos, ganaderos y terratenientes y con el propio estado en sus diferentes niveles (municipal, departamental y nacional), pero la relación con una empresa petrolera transnacional era algo completamente novedoso, en consecuencia, esto implicó un “largo proceso para los guaraníes entender la lógica con la que operaba la petrolera, las actividades que realizaban, el apoyo legal y estatal con el que contaban, sus derechos y las acciones que ellos tenían y podían llevar adelante” (Orozco et al., 2006: 369). “Nosotros antes no conocíamos por qué venían las petroleras, a los cuatro años que han trabajado recién hemos negociado” (Entrevista a Fabián Cayo, Capitán Grande de la Zona III del Itika Guasu, 2005, en Orozco et al., 2006: 369).

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En estas nuevas disputas por el territorio con las empresas petroleras en el Itika Guasu se combinan entonces dos planos, por un lado, el plano regional y nacional de alza del ciclo de protestas (Tarrow, 1997), ligado a las demandas por la tierra, el territorio y los recursos naturales de los movimientos sociales indígenas y campesinos; y por otro, la resistencia a las políticas neoliberales entre 2000 y 2005, y el plano local que implicaba, por una parte, el reconocimiento de la tco del Itika Guasu en su totalidad, y por otra, la demanda de recibir compensaciones por el uso del territorio indígena y la contaminación ambiental causada a partir de las actividades extractivas de Repsol ypf. En este sentido, se combinaron las acciones de protesta de la apg a nivel departamental y regional en las demandas en torno a la nacionalización de los hidrocarburos y las resistencias a los planes neoliberales, con las demandas locales del reconocimiento del territorio y las indemnizaciones exigidas a Repsol ypf. Se realizaron numerosos bloqueos de ruta y cortes de acceso a las plantas hidrocarburíferas; movilizaciones, petitorios e incluso acciones “internacionales” como una intervención de una delegación de la apg del Itika Guasu en la sede central de Repsol en España, acompañada de una manifestación de simpatizantes europeos que acompañaron la movilización y el reclamo de los indígenas guaraní del Itika Guasu. A partir de 2006, en el marco del gobierno del mas y del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, las acciones colectivas de la apg fueron relegadas a un segundo plano y el conflicto con la empresa petrolera pasó a un nivel de diálogo, donde Repsol ypf reconoció al pueblo indígena guaraní y a su organización, la apg, como interlocutores válidos. De todas maneras el conflicto continúa vigente, pues al no haberse titulado el conjunto de la tco reclamada por la apg para el Itika Guasu, Repsol ypf no firma el convenio de uso y “saneamiento” ambiental y económico con el pueblo guaraní que nunca fue formalmente consultado acerca del uso de los recursos naturales en sus territorios.

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En el fondo, aquí nunca ha sido aplicado el sistema de consulta, los pueblos indígenas nunca han tenido derecho a la consulta; las empresas petroleras han

hecho lo que les ha dado la gana. El motivo de eso es la pelea que sigue en el territorio del Itika Guasu entre Repsol y la apg, más de dos o tres años que están negociando un convenio, que hasta ahorita no sale precisamente porque Repsol

se agarra de que todavía no está titulado el territorio. Entonces lo que hace Rep-

sol es negociar con los ganaderos de la zona, y eso se ha venido dando en todo el territorio guaraní de O’Connor y el Gran Chaco tarijeño (Erick Aráoz, Equipo Técnico de la apg de Tarija, entrevista propia, 2009).

De todas maneras, la apg logró, a través de las acciones colectivas de protesta, y su articulación a nivel nacional e incluso internacional, posicionarse como interlocutores frente a Repsol y frente al Estado. Anteriormente Repsol ypf sólo negociaba con las comunidades directamente afectadas por los pozos petroleros, desestimando a la apg como instancia organizativa y generando a su vez conflictos entre las distintas comunidades del Itika Guasu, así como entre los dirigentes de la organización. Ante ello, la experiencia del Itika Guasu le ha permitido a la apg consolidar su esquema organizativo, así como cohesionar dentro de la organización a las distintas comunidades, más allá de su cercanía territorial con la empresa petrolera. Por otra parte, la apg tuvo que reconocer la utilización y extracción de hidrocarburos en sus territorios, cuestión que en un principio del conflicto había rechazado por considerar que afectaría los modos de vida y las actividades productivas de las comunidades guaraní. Este cambio frente al avance de las petroleras se dio por la combinación de distintas causas. Por un lado, el hecho consumado de la actividad petrolífera en la región; por otro lado, el accionar de algunas ong que apoyaban el proceso organizativo de las comunidades, principalmente el Centro de Estudios Regionales de Tarija (Cerdet) fueron reconvirtiendo la estrategia del rechazo, en la demanda de una compensación económica por el desarrollo de las actividades de exploración y explotación de los hidrocarburos y por los efectos contaminantes de las mismas.

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Los guaraní manifiestan que no están de acuerdo en la forma como operan las empresas. Ellos dicen: “obviamente nosotros sabemos que son recursos estratégicos para el país, pero también quisiéramos que obviamente se nos consulte, y también ver de qué manera, o sea, se puede compensar…” porque los directos afectados son ellos. Esa es sólo una parte, porque hay otra parte del pueblo guaraní que no está de acuerdo de que hayan entrado las petroleras… ellos mismo dicen: “desde que nosotros hemos permitido el ingreso de las empresas petroleras en nuestro territorio, los ‘Lya’, que son los amos naturales, los amos del monte, están molestos con nosotros, por eso hay tantos desastres naturales, sequía, el tema del calentamiento global…”, “es un tema que entre ellos lo están debatiendo, pero que todavía creemos que, lo que nosotros podemos percibir como técnicos es que todavía les va a llevar tiempo poder tomar una decisión, es decir, qué es lo que quieren hacer con el tema concreto, en relación al tema de los recursos”(Erick Aráoz, Equipo Técnico de la apg de Tarija, entrevista propia, 2009). Un último factor, más reciente cronológicamente, fue el accionar del propio gobierno nacional del mas, que a partir de una estrategia “desarrollista” en torno a los hidrocarburos promueve la ampliación y la profundización de la exploración y explotación de los yacimientos hidrocarburíferos, más allá de si estos yacimientos se encuentran en territorios habitados por pueblos originarios; pues la nueva constitución de Bolivia exige que los pueblos indígenas sean consultados acerca de las actividades extractivas en sus territorios, pero a la vez, la misma constitución expresa que los recursos naturales del subsuelo pertenecen de manera inalienable al Estado boliviano. En efecto, el punto 6 del artículo 30 de la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia indica que los pueblos indígenas originarios y campesinos tienen derecho “a la titulación colectiva de tierras y territorios”. Asimismo el punto 15 de este mismo artículo expresa que estos pueblos tienen derecho...

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A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través

de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el

derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y

concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

Pero a su vez, el punto II del artículo 348 indica que “los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país”. En el artículo siguiente, en el punto I, la Nueva Constitución profundiza esta definición al plantear que “los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”. Así, esta contradicción entre un “modelo desarrollista” con un “Estado de Neo Bienestar” y un “modelo indigenista y descolonial” con un “Estado Plurinacional” permea gran parte de los debates de los distintos movimientos sociales de Bolivia, así como del propio gobierno de Evo Morales. Ya se ha pedido que se descarte definitivamente el concepto de desarrollo, el concepto desarrollista del mundo occidental, y que más bien se trata de estructurar

esa concepción del ‘vivir bien’, del ‘ñande reko’, de lo que significa para el guaraní vivir bien. No solamente encasillado y enmarcado en esos idearios tradicionales,

digamos, de ‘a tierra sin mal’, la tierra del descanso, la paz, sino ya en un contexto

actual y hacia el futuro. Cómo lograr mejorar condiciones materiales de vida sin perder, rescatando más bien, los valores de la identidad cultural guaraní. Yo creo que ese es el debate ahora, se está en eso…” (Hernán Ruiz, Equipo Técnico de la apg

de Tarija, entrevista propia, 2009).

De este modo, la actividad hidrocarburífera continúa en la región, y se vislumbra un mayor impulso en los próximos años, lo cual implica también para la apg la posibilidad de volver a realizar acciones colectivas de

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protesta en defensa de sus territorios y para obtener el reconocimiento pleno de la tco en el Itika Guasu, así como en otras regiones del Departamento de Tarija, especialmente en la región de Villamontes, Caraparí, y Yacuiba. “Los indígenas vamos a estar jodidos con este tema, ya que van a avanzar con el tema de los hidrocarburos sobre nuestros pueblos y nuestros territorios. Se vienen las empresas y eso va a ser difícil. Tenemos que estar preparados.” (Justino Zambrano, dirigente de la apg de Tarija, entrevista propia, 2009). Durante el mes de abril de 2010 la apg protagonizó –apenas cinco días antes de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada en la ciudad de Cochabamba entre el 19 y 22 de abril y organizada por el gobierno de Bolivia– una movilización donde más de 300 indígenas recorrieron a pie durante dos días, casi 100 km, entre las ciudades de Yacuiba y Villamontes. El reclamo de la apg consistía principalmente en la titulación de sus tierras ancestrales y en la defensa de los territorios y los recursos naturales adyacentes, entre los cuales se encuentra el Parque Nacional Aguaragüe. Luego de la movilización tuvieron una asamblea donde participó el Ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Fernando Vincenti. El ministro fue enfático en su intervención en la asamblea indígena: el Parque Nacional y las comunidades serían afectadas por la actividad hidrocarburífera, pues esa región resulta clave para cumplir con los contratos de exportación de gas hacia la Argentina. La respuesta desilusionada de los guaraní allí presentes podría resumirse en la frase que expresó al ministro uno de ellos: “Usted nos habla de dinero y nosotros le estamos hablando de vida… de nuestra Madre Tierra”. Los casos más paradigmáticos de la disputa territorial en esta región los constituyen las comunidades cercanas al Parque Nacional Aguaragüe. Por ejemplo, en la comunidad de Tucainty, la empresa Petrobras (empresa de hidrocarburos brasilera de capitales estatales y privados) ingresó a la comunidad para realizar sus actividades de explotación

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de gas y petróleo, logrando un acuerdo a partir de mecanismos muy intensos de intervención en el seno de la misma. A través de estudios de profesionales de las ciencias sociales, un trabajo de salud preventiva y promesas de “proyectos de desarrollo”, la empresa logró el consentimiento de la comunidad para la explotación hidrocarburífera y se firmó un convenio por 30 años. Petrobras ha entrado más o menos en 2003 o 2004, por ahí. Tenemos cosas firmadas con Petrobras pero realmente nosotros nunca supimos bien… ¿no? El

campesino nunca es asesorado, digamos, hemos hecho unos convenios, pero

realmente como ellos son profesionales, ingenieros, han llevado un sociólogo que nos envolvía a nosotros, así que hasta el último ya nos han pillado la parte

débil firmamos un convenio con la empresa. Este convenio está por 30 años. El

sociólogo luego se ha ido, ha empezado a conquistar a la gente de la comunidad para socializar todo, decía él, como era sociólogo, y realmente ha empezado a andar por ahí y visitar conquistando a la gente, digamos, metiéndole a la gente

que la empresa Petrobras tenía que entrar en la comunidad, ¿no? Convenciendo a la gente, exactamente (Lozano Morales, Mburuvicha de la Comunidad Tucainty, apg

Yacuiba, entrevista propia, 2010).

Casi ninguno de los proyectos de desarrollo prometidos se concretó y la empresa no acepta dialogar con la comunidad ni con la apg para resolver los problemas que se suscitan con sus actividades. Es un solo pozo que está al lado de la comunidad, el X 5. La empresa Petrobras,

todo nos niega, todo nos dice que no, cualquier cosa. Antes que entre, uh, la empresa nos daba de todo, le pedíamos una cosa, nos daba, le pedíamos, por

ejemplo, para el día de la madre y ya ellos iban con sus regalos, pero ahora no,

ahora es distinto, ha cambiado. Eso cambió cuando se hizo el X 5, que empezaron a negar las cosas que nosotros le solicitamos a la empresa y realmente ahora no

nos apoyan en nada, y estamos así… encerrados (Lozano Morales, Mburuvicha de la Comunidad Tucainty, apg Yacuiba, entrevista propia, 2010).

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Una vez iniciada la fase de explotación del pozo, la empresa comenzó a cercar literalmente a los habitantes de la comunidad a través de una barrera y una caseta de seguridad en el camino de acceso a la comunidad y al pozo de gas. Cada integrante de la comunidad debe pedir permiso a la empresa y esperar la autorización para entrar o salir. Por otra parte, la comunidad de Tucainty se encuentra en las adyacencias del Parque Nacional Aguaragüe, donde habitan gran parte de las comunidades guaraní de Yacuiba y Villa Montes. En este Parque Nacional se han iniciado exploraciones hidrocarburíferas con importantes yacimientos probados que conforman el Bloque de Caipependi, junto con el Campo Margarita (en la tco del Itika Guasu) y los yacimientos existentes dentro del territorio de la apg de Tentayapi, en el departamento vecino de Chuquisaca. Al ser esta región un Parque Nacional, los requerimientos socioambientales para la explotación hidrocarburífera son más exigentes que en un territorio que no se encuentre protegido por el Sernap (la institución gubernamental que protege los Parque Nacionales). Además, al ser una zona habitada por pueblos indígenas, éstos tienen el derecho a la consulta previa sobre el uso de esos territorios y los recursos naturales que se encuentran en ellos. Por otra parte, las leyes bolivianas consideran que las riquezas naturales que yacen en el subsuelo son de propiedad del Estado Nacional. Esta conjunción de intereses y normativas contradictorias se cristalizan en el Parque Nacional Aguaragüe, donde los trabajadores del Sernap y las comunidades indígenas guaraní se oponen a la explotación hidrocarburífera dentro de la jurisdicción del parque y sus áreas de influencia, ya que en esta zona se encuentran las principales reservas de agua, flora y fauna necesarias para la reproducción biológica y cultural de los guaraní. “Yo le digo a toda la ciudadanía qué va a pasar si nosotros permitimos que lo perforen con cualquier cosa al Parque, el cerro: de aquí a diez años, quince años más no vamos a tener agua, ¿no? Ese es el miedo de nosotros, ¿no?” (Justino Zambrana, presidente del CCGTT de la apg Tarija, entrevista propia, 2010).

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Que no se explote, que no se explote. O sea eso queremos. Que se mantenga

así el Parque Nacional que es parte del territorio ancestral… porque así bien

se está ahora. En diez, quince años que se esté explotando todo eso y ya no tendremos agua… ¿Qué le parecería si yo le acabo de sacar toda su sangre de su cuerpo? ¿Con qué va a vivir? O sea, tiene que morir, ¿no es cierto? Es lo mismo digamos los árboles, todo lo que es Aguaragüe pues, ¿no? Todo, en especial lo

animales, ¿dónde van a vivir? Nos dejan pobres sinceramente, eso es un poco preocupante (Aída Velázquez, Asambleísta Regional Gran Chaco, entrevista, 2010).

apg

Yacuiba,

En general, las comunidades guaraní afectadas –con el apoyo de la apg– se oponen al ingreso indiscriminado de las empresas petroleras en sus territorios, y si estas empresas tienen actividades en la zona exigen consultas y participación en los estudios de impacto ambiental, así como compensaciones por los daños ocasionados por la actividad hidrocarburífera. Otras comunidades se oponen directamente al ingreso de las empresas petroleras en esos territorios para protegerlos de la lógica mercantil y capitalista que aplicarían las empresas sobre los recursos naturales que allí se encuentran. Una diferencia entre los casos de Tentayapi, Itika Guasu y el pueblo guaraní del Gran Chaco es que en el primer caso, la organización de las comunidades guaraní en el marco de la apg, es anterior al ingreso de las empresas de hidrocarburos en esos territorios, en cambio, en el caso del Itika Guasu el proceso organizativo fue en paralelo con el ingreso de las petroleras en el Campo Margarita y, por último, en la mayoría de los casos de las comunidades guaraní de Karaparí, Yacuiba y Villa Montes las empresas petroleras ya habían comenzado sus actividades cuando comienza el entramado organizativo de la apg. De esta manera, en muchas comunidades las empresas –y a veces el propio gobierno departamental y/o nacional– no reconocen a la apg como interlocutora válida para los procesos de consulta y participación, haciendo este proceso individualmente con cada comunidad o no realizan el proceso de consulta y participación al no estar reconocidos oficialmente los pueblos indígenas

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en esas localidades. En muchos casos también se realizan acciones que dividen a las comunidades o se promueve la cooptación de dirigentes para que los proyectos de exploración y explotación sean aceptados. Luego de la nacionalización de los hidrocarburos, las empresas privadas siguen

haciendo lo que les da la gana en las comunidades. Lamentablemente, algunos

compañeros también se prestan a eso. Lo que han hecho las empresas es contratar a exdirigentes guaraní para que sirvan de enlaces en las empresas petroleras. Y

el mismo Gobierno contrata exdirigentes, los pone como relacionadores de las

empresas y de los mismos ministerios, y entran a las comunidades sin respetar

la estructura orgánica que es la capitanía, entran directamente a las capitanías comunales a desinformar, y obviamente a negociar con un nivel que todavía no va a estar preparado para poder sentarse a negociar con la empresa petrolera (Erick Aráoz, Equipo Técnico CCGTT de la apg Tarija, entrevista propia, 2009).

De esta manera existen factores estructurales y factores ligados a las relaciones con otros actores sociales que explican las diferentes posiciones y respuestas de las comunidades guaraní frente a la actividad hidrocarburífera. Estas distintas posturas van desde cierta resignación frente al avance de las empresas de hidrocarburos, pasando por exigencias de compensaciones por los daños ambientales y sociales para las comunidades afectadas, y/o para el conjunto del pueblo guaraní,7 hasta la oposición total de la actividad hidrocarburífera por parte de los guaraní en sus territorios ancestrales.

Las demandas en torno a las “compensaciones” son de niveles muy distintos y pueden ir desde exigencias

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particulares para algunas familias o comunidades afectadas, pasando por proyectos “de desarrollo” comunitario y/o productivo, hasta obras de infraestructura en caminos, salud, educación, hábitat de una zona o de infraestructura y equipamiento de la estructura organizativa de la apg (vehículos, edificios, dinero, comida, etc., para el uso de la organización) que muchas veces dan pie a manejos discrecionales por parte de los beneficiarios con los consiguientes conflictos internos y potenciales divisiones en torno al manejo de esos recursos.

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En este sentido, la profundización de estas contradicciones, entre estos dos “proyectos civilizatorios”, podrían implicar en el futuro una serie de conflictos entre la estrategia desarrollista de parte del gobierno del mas y parte de los movimientos sociales indígenas, campesinos y originarios que tiene como una de sus principales bases sociales a los pueblos originarios.8

Reflexiones finales Las disputas por el territorio y los recursos naturales de los movimientos sociales Consideramos que el proceso de resignificación del territorio y de los recursos naturales, con sus particularidades, adquiere dimensiones performativas para los movimientos sociales, ya que pone en práctica nuevas formas de organizar lo social, lo económico y lo político. En definitiva, al poner en práctica estos “campos de experimentación social” (Santos, 2003), los movimientos sociales dan cuenta en lo cotidiano de estos nuevos mundos que se proponen construir. El territorio y sus recursos naturales aparecen, entonces, como una esfera donde la acción de los sujetos implica nuevas reconfiguraciones que escapan, contingentemente, a los propios sentidos de los actores, participen, o no, dentro de los movimientos sociales en cuestión. La construcción de viviendas, la defensa de bosques y fuentes de agua dulce, la demanda de recupera-

El conflicto desplegado en la segunda mitad de 2011, entre el Gobierno de Evo Morales y algunas organiza-

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ciones indígenas de tierras bajas y altiplánicas en torno a la construcción de una carretera que atravesaría el territorio indígena del TIPNIS, muestran que estas contradicciones se mantienen y se profundizan cada vez más. Lamentablemente ese conflicto suscitado en torno al control, gestión y uso de un vasto territorio rico en recursos naturales y biodiversidad, paradigmático de estas contradicciones entre el “desarrollo” y las formas de vida indígena exceden a este trabajo, aunque se encuentran íntimamente relacionados con el caso aquí abordado. SOCIEDADES RURALES, PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE AÑO 2012 VOL.12 NÚM 23

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ción de los hidrocarburos y un uso sostenible de los mismos, los proyectos productivos autogestionados, la creación de proyectos sanitarios y educativos, etcétera, habilitan novedosas lecturas de los actores que se aglutinan alrededor de ese territorio, al apropiarse de esa resignificación, la fortalecen, la complementan y/o la disputan; pero de todas maneras se construye una “interface territorial” desde la cual el territorio y las identidades sociales pueden ser redefinidas. De este modo, en nuestro continente los movimientos sociales se van conformando como “movimientos territoriales, caracterizados por lenguajes de valoración específicos respecto de la territorialidad que enfatizan la defensa y la promoción de la vida y la diversidad” (Svampa 2008: 77). El territorio es, entonces, un espacio complejo, atravesado por las relaciones entre distintos actores sociales, provenientes de diversos anclajes estructurales con asimetrías de recursos materiales y simbólicos, un espacio complejo atravesado por el conflicto y la propia indeterminación de lo político y lo social. Este despliegue territorial y el uso particular de los recursos naturales implica, así, prácticas políticas y económicas que, junto a novedosas formas de acción colectiva, religan a diferentes actores sociales excluidos, que con sus propias prácticas ensayan la constitución de nuevos modos de vivir en sociedad, por fuera de los límites tradicionalmente fijados por la institucionalidad del Estado Nación. Al mismo tiempo, el reordenamiento territorial que realizan las empresas multinacionales con su lógica extractiva y mercantilizadora de los recursos naturales excluye a la mayoría de la población de la región. Así, el sentido último y estratégico de la territorialidad de los movimientos sociales pareciera ser la conformación de un nuevo orden social en, y desde, el territorio en disputa, reconfigurando no sólo la relación y el uso de la tierra y los recursos naturales, sino reconstruyendo los lazos sociales y resignificando las lógicas de gobierno y representación política, es decir, la gestión de la propia comunidad. Es de esta manera que afirmamos que los movimientos sociales que se territorializan habilitan la posibilidad de mantener, desde la la-

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tencia, sus características disruptivas con el sistema institucional, conformando en el territorio un esquema performativo de nuevos modos societales. Los conceptualizamos como “campos de experimentación social” ligados a nuevas formas de autogestión territorial, que habilitan en estos movimientos sociales una perdurabilidad disruptiva anclada en el territorio; proceso que permite superar la llamada “encrucijada de los movimientos sociales” que plantea una dicotomía entre la opción “institucionalizadora” o la opción “autorreferencial” restringida a los reclamos sectoriales de los movimientos sociales. Lo que se reconstruye a partir de las acciones colectivas y del proceso de territorialización es un sentido de pertenencia social. Más aún, podemos afirmar que el devenir del propio movimiento social anclado en el territorio, entre la visibilidad y la latencia, es el que habilita la reconstrucción de los lazos perdidos, de las identidades desmanteladas por esas condiciones estructurales que, si bien, condicionan, no determinan un proceso social dado ni tampoco determinan en una dirección unívoca la conformación de ciertas identidades sociales. Son, entonces, las propias acciones colectivas y el “habitar” los territorios los que otorgan y reifican las identidades de los sujetos. Es, en este sentido, que hablamos de la “politicidad” de los movimientos sociales, ya que éstos no operan en esta esfera únicamente cuando irrumpen en el espacio público, sino que lo hacen cotidianamente con sus prácticas territoriales, allí donde los actores sociales reifican sus identidades. Esta característica de la territorialidad de los movimientos sociales, que surge a partir de las propias experiencias de distintas organizaciones sociales de América Latina, puede vislumbrarse en diversos movimientos campesinos y de pueblos originarios; pero también en algunos movimientos de trabajadores desocupados, movimientos ambientalistas, fábricas recuperadas por sus trabajadores, movimientos barriales/ vecinales alrededor de todo nuestro continente. Es a estos movimientos a los que podemos caracterizar como movimientos “socioterritoriales”; donde la territorialidad radica en la reapropiación social y política de un

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espacio geográfico determinado. Es en ese espacio habitado y practicado socialmente donde estos movimientos sociales construyen proyectos disruptivos con, por lo menos, alguna de las dimensiones del orden social, económico, cultural, político, educativo, sanitario, etcétera. Son esos territorios los que se conforman como “territorios insurgentes” con experiencias de (auto)gestión local, en disputa con lo que denominamos la “territorialidad extractiva” ligada a las empresas multinacionales que conforman el andamiaje de la nueva “acumulación por desposesión” de los recursos naturales. La reapropiación territorial del caso planteado en Bolivia se encuentra ligada a una recuperación de formas de vida, además de recuperar tierras que les permitan reproducirse por medio de las actividades agropecuarias. En este sentido, este proceso de regeneración identitaria y territorial se encuentra anclado en procesos de “larga duración” en torno a la reconstitución de los pueblos indígenas como sujetos políticos y, en ese contexto, implica también un proceso de carácter “civilizatorio” que pone en cuestión, potencialmente al menos, al paradigma de la modernidad y del capitalismo en torno a los modelos productivos y de desarrollo, así como a las lógicas acerca de los usos y sentidos del territorio y de la naturaleza. De este modo, resulta interesante observar cómo los sujetos sociales pueden elaborar y construir una forma determinada de apropiación territorial “contrahegemónica”, trastocando por lo menos algunas de las lógicas esenciales del sistema hegemónico en torno a los recursos naturales, es decir, construir nuevos usos y sentidos en torno a éstos, alejados de la lógica mercantilizadora del “sistema mundo capitalista colonial”. En efecto, en América Latina estas formas de apropiación del territorio y los diferentes usos y sentidos otorgados a los recursos naturales ponen en discusión, diálogo y conflicto a diversos proyectos o modelos “civilizatorios” que contraponen formas de desarrollo ligadas a las lógicas del “sistema mundo moderno y colonial”, con otras formas de relacionamiento con el territorio y los recursos naturales ligadas a los

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usos y costumbres indígenas y campesinas, así como a las resignificaciones construidas por los propios actores sociales. Asimismo aparecen contradicciones y tensiones entre una forma de uso y apropiación del territorio y los recursos naturales en reciprocidad con la naturaleza y el medio ambiente, y una lógica extractiva y de uso económico del territorio y los recursos naturales como mercancía, por más de que esta apropiación sea distribuida de manera más o menos equitativa entre el conjunto de la población por medio de la regulación estatal. Es en este sentido que utilizamos la idea de “territorios insurgentes” para nominar a aquellos espacios geográficos que son habitados y practicados preponderantemente por las lógicas particulares de los movimientos sociales territorializados, por las lógicas subalternas que se basan en la reciprocidad con la naturaleza, en la construcción de autonomía y autogestión de los territorios y los recursos naturales, en el entramado de formas alternativas de producción y distribución del trabajo y la economía. Estos “territorios insurgentes” mantienen las tensiones y conflictos con la “territorialidad extractiva”, que es la actual lógica territorial hegemónica del sistema/mundo capitalista/colonial, ligada a la extracción y el uso ilimitado de los recursos naturales estratégicos –hidrocarburos, agua, biodiversidad, recursos forestales, etc.– y a la devastación de las formas alternativas de practicar y habitar esos territorios. En efecto, la “territorialidad extractiva” y los “territorios insurgentes” aparecen como lógicas mutuamente excluyentes y en permanente conflicto. Dentro de esos territorios en tensión es que se despliegan, en toda América Latina, distintos proyectos sobre el uso y el sentido otorgados a los territorios y los recursos naturales, donde las poblaciones indígenas y campesinas (junto a una compleja trama de otros actores sociales) aportan sus especificidades y sus “campos de experimentación social” en sus “territorios insurgentes, ligado a procesos de autonomía y autogestión agroecológica que resultan interesantes para la conformación de posibles alternativas sociales a la lógica extractiva predominante en la mayoría de los países latinoamericanos.

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