Movimiento sindical y Peronismo, sobre la construcción de una identidad y su puesta en acto.

VI Jornadas de la División de Historia de la Universidad Nacional de Luján

Tratamiento y archivo del proyecto de “Normalización Sindical” durante el gobierno de Raúl Alfonsín: Movimiento sindical y Peronismo, sobre la construcción de una identidad y su puesta en acto.

Autores: Gómez, Mariano; Uría, Agustín; Zandarin Cesar. Mail de contacto: [email protected]

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Tratamiento y archivo del proyecto de “Normalización Sindical” durante el gobierno de Raúl Alfonsín: Movimiento sindical y Peronismo, sobre la construcción de una identidad y su puesta en acto.

“Es en ese 17 de Octubre cuando irrumpe el movimiento obrero argentino, no solo para bregar por sus reivindicaciones sectoriales sino para ser protagonista del país. Después de ese día, ¿Qué otro signo podría tener ese movimiento si no era el peronista, ya que Perón representaba todos sus anhelos?” Libardo N. Sánchez, Senador Nacional Justicialista por la provincia de La Rioja. Sesión del 14/15 de Febrero de 1984.

“Un acto histórico sólo puede ser llevado a cabo por el “hombre colectivo”, y esto presupone el logro de una unidad “cultural social” a través de la cual una multiplicidad de voluntades dispersas, con objetivos heterogéneos, son soldadas en torno a único objetivo sobre la base de una común e igual concepción del mundo” Antonio Gramsci, “Cartas desde la cárcel”, Madrid, Cuadernos para el Dialogo. 1975, vol. 2 Pág. 349.

“Los requerimientos sine que non de lo político son la constitución de fronteras antagónicas dentro de lo social y la convocatoria a nuevos sujetos de cambio social, lo cual implica, como sabemos, la producción de significantes vacíos con el fin de unificar en cadenas equivalenciales una multiplicidad de demandas heterogéneas” Ernesto Laclau, La razón populista, FCE, Buenos Aires, 2011. Pág. 195

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Introducción El fin de la última Dictadura cívico-militar argentina dejó un panorama desde lo económico, complejo. Programas económicos que propiciaron la fuga de divisas fueron la causa principal de un sistema financiero en quiebra, solo sostenido en base al endeudamiento externo sin control.

Debido a esto, la inflación

desvalorizaba los salarios reales de los trabajadores y aumentaba el descontento social. La reapertura democrática post Malvinas y el llamado a elecciones para octubre de 1983, permitió a los partidos políticos y los sindicatos ir ganando las calles poco a poco. Los partidos políticos, por un lado, transformados por la participación juvenil, y abocados de plano a la campaña electoral, intentaron convertirse en los canales de expresión de las demandas de la sociedad. Los sindicatos en cambio luchan por un reconocimiento por parte del Estado del deterioro de los salarios producto de la inflación y el lugar de las dirigencias que sobrevivieron a la dictadura. Muchos sindicatos habían sido intervenidos pero sus dirigentes principales, ni bien se restaura la democracia, solicitan la prórroga de sus poderes que detentaban antes de la dictadura o hasta la intervención. La Unión Cívica Radical, victoriosa en las elecciones un 51,7% de los votos, hacía énfasis en la democracia y la modernización de la sociedad. Dentro de esta modernización caían especialmente los sindicatos, a los cuales Alfonsín apuntó ni bien accedió al poder, el 11 de diciembre de 1983. Incluso durante la campaña electoral Alfonsín había denunciado un “Pacto militar-sindical” acusando a la dirigencia peronista de los sindicatos de acordar con los militares para seguir al frente de los mismos. Debido a esto, Alfonsín proponía una ley de reordenamiento sindical para democratizar los sindicatos y echar por tierra dicho pacto. El 17 de diciembre de 1983, desde la cartera del ministro de Trabajo y Seguridad Social, se presentó en mesa de entrada de la cámara de Diputados del Congreso de la Nación, el proyecto de “Ley de Reordenamiento Sindical”, más conocida como “Ley Mucci”. El proyecto de ley pasó de manera fugaz por la Cámara de Diputados donde, debido a la mayoría obtenida en los comicios por la UCR, se aprobó de manera casi automática. Sin embargo, fue en la Cámara de Senadores donde encontró su escollo más duro. Los sindicatos en su amplia mayoría eran peronistas y las denuncias de Alfonsín junto con las condiciones que imponía la nueva ley enardecieron los ánimos de los mismos. Si a esto le sumamos el amplio apoyo de las bases debido al deterioro de su situación económica durante los últimos años, nos encontramos con un panorama difícil para el radicalismo. En la Cámara alta la UCR era minoría y debía negociar con los partidos provinciales para poder sacar adelante la ley, ya que el Partido Justicialista se había expresado en contra del proyecto, en consonancia con sus aliados sindicales. Tal fue la oposición, que a pesar de haber logrado, con algunas modificaciones, ciertos consensos, la votación terminó con el rechazo del proyecto por solo 2 votos. El movimiento obrero argentino y la transición a la democracia El 6 de Diciembre de 1982 las principales ciudades del país amanecieron desiertas, se llevo a cabo en esta jornada un paro total de actividades a nivel nacional, si bien esta fue la tercera huelga general contra la dictadura en poco más de un año, es la primera convocada por las dos CGT. Habían confluido en esta huelga el llamado grupo de los “25”, mas “dialoguista” con las autoridades militares y la CGT “Brasil”, más 3

intransigente y combativa. La creciente capacidad de movilización de las asociaciones sindicales y su expresión a través de movilizaciones y paros generales evidenciaban el debilitamiento de la capacidad represiva de la dictadura, si bien no en términos materiales, si en términos de legitimidad. Esta erosión del gobierno militar, completaba un clima de época signado por la necesidad de un cambio. Las causas de este deterioro en la capacidad de respuesta de la dictadura tienen como explicación, factores externos, como el giro pro derechos humanos de la casa blanca durante la presidencia de Jimmy Carter, que redujo el apoyo financiero a las dictaduras latinoamericanas desde 1977, y ordenó una suspensión total de la asistencia militar desde 1978 y la derrota en la guerra de Malvinas a manos del ejército inglés, entre otras causas. Mientras tanto, la situación interna también comenzaba a volverse adversa a la continuidad del gobierno militar. La aceleración de la crisis económica, la pérdida constante del poder adquisitivo de los salarios, la intervención de los sindicatos y la consiguiente ilegalización de las comisiones directivas legítimas, la represión como respuesta a los primeros intentos de la sociedad civil de recuperar el espacio público como ámbito de expresión de demandas y de lucha, y la presión de la dirigencia política para que la dictadura iniciara un proceso de transición a la democracia, basado en el llamado a elecciones libres, conformaron, analizados en conjunto, un cerco que condicionó fuertemente el margen de acción de los militares. En este contexto, a comienzos de Abril de 1983, en pleno clima electoral, el candidato Radical, Raúl Alfonsín, denuncia la realización de un “pacto militar-sindical” entre los generales Suarez Mason, Nicolaides y Trimarco, y el dirigente justicialista de las “62 Organizaciones” Lorenzo Miguel, en el que el candidato Radical acusaba a la llamada “burocracia sindical” de

prometer continuidad a la cúpula militar, y evitar la intervención del poder

constitucional en la reorganización de las FFAA, a cambio de la obtención del control de sindicatos claves por fuera de los mecanismos legales. Si bien esta denuncia nunca fue probada, sirvió para polarizar el proceso electoral en términos de Democracia vs Autoritarismo, en donde la idea de “democracia” se asimilaba a la figura de Raúl Alfonsín, mientras que la idea de “autoritarismo” asociaba a la dirigencia sindical Peronista con los militares. Si bien la asimilación de sectores militares con sectores del peronismo sindical no era del todo falsa, cabe aclarar que las relaciones “simbióticas” entre dictadura y sindicalismo no eran privativas del peronismo. Para ese momento, varios interventores nombrados por el ministro de trabajo Villaveiran del gobierno militar, eran radicales. Esta construcción discursiva de un “ellos” y un “nosotros”; esta construcción de una frontera dicotómica, llevada a cabo por el radicalismo funcionó como unos de los ejes de la campaña electoral y posibilitó en gran medida el triunfo de Raúl Alfonsín en 1983, al mismo tiempo que evidenció el intento del radicalismo de transformar a la idea de “democracia” en lo que Ernesto Laclau llama un significante vacío, es decir un elemento capaz de articular un sinnúmero de demandas sociales en torno a un concepto articulador, con mayor o menor capacidad de hegemonizar el proceso histórico que los contiene. Llegados a este punto, surge un interrogante: ¿Hasta qué punto la intención del radicalismo de “imponer” esta democratización de las organizaciones sindicales no demostró la incapacidad de la idea de “democracia” para articular las demandas a nivel sindical? 4

Planteo del problema Las argumentaciones de los senadores en la versión taquigráfica de la sesión del 14 y 15 de Febrero de 1984, durante el tratamiento de la llamada “Ley Mucci”, permiten identificar un hilo conductor constante que daba coherencia a la totalidad de las argumentaciones de la bancada justicialista, y este hilo conductor fue la emergencia de un sentido profundo de identidad política y social que vinculó el ámbito sindical argentino con el peronismo. Este tejido común entre gran parte de la clase obrera, sus representantes sindicales y el peronismo, entendido como movimiento social y político, aparece, en la coyuntura del tratamiento de la ley, como impenetrable para los senadores radicales, algo llamativo, teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se desarrolla el tratamiento del proyecto, ya que el radicalismo acababa de ganar las primeras elecciones luego de la dictadura con un porcentaje cercano al 52% de los votos, siendo esta la primera vez que el peronismo era derrotado en elecciones, es decir que el capital político del oficialismo estaba en su apogeo. Aun así los pequeños partidos provinciales, como los

de Corrientes y San Juan y el MPN de Neuquén,

(partidos provinciales que en teoría deberían convivir con el radicalismo en el poder durante 6 años) prefirieron arriesgar su relación con el gobierno y votar por la negativa, acompañando al PJ, argumentando en favor de esta identidad entre el peronismo y el sindicalismo argentino. El Peronismo percibió este proyecto, como un intento de “desperonizar” el sindicalismo argentino desde “arriba”, por parte de un radicalismo confiado en el triunfo electoral, que apelando a

una autoidentificación en abstracto con valores como “libertad” y

“democracia”, pero tomando como sustento del proyecto a la ley 22.105 de la dictadura militar, emprendió un camino de “normalización” sindical intentando hacer tabula rasa con la historia del movimiento obrero, y su profunda relación con lo que el radicalismo llama “política partidaria”. La homogeneidad y cohesión con que el bloque del PJ reaccionó a la propuesta radical, propone un conjunto de preguntas que permiten comprender las causas “históricas” que llevaron al fracaso de este proyecto, evidenciadas en la emergencia de marcas identitarias como núcleo de las argumentaciones de los senadores justicialistas. -

¿Cuáles fueron las causas del rechazo del proyecto en la cámara de Senadores?

-

¿Cuál fue el rol que desempeño la identidad política y social entre el peronismo

y el

movimiento sindical, en la dinámica del tratamiento del proyecto de Reorganización Sindical? -

¿Cómo se construyó durante el siglo XX esta compenetración identitaria entre la organización sindical y el Peronismo?

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Abordaje teórico Para poder explicar las causas históricas que subyacen al rechazo del proyecto radical utilizaremos un conjunto de herramientas teóricas que nos permitan articular los aspectos sociológicos e históricos del proceso analizado. En este sentido, utilizaremos el concepto de cadena de equivalencias, entendida como la articulación de múltiples demandas sociales insatisfechas en torno a un significante vacío, entendido como un símbolo o sujeto político, que posea un nivel de ambigüedad o indefinición que lo haga capaz de encarnar lo que esas demandas heterogéneas tienen en común, y

simultáneamente, en el mismo acto, constituir la

identidad de ambos actores, el sujeto demandante y el significante articulador. Estas herramientas teóricas elaboradas por Ernesto Laclau, la cadena de equivalencias y el significante vacío, se articularan con la idea de ciudadanía social de Daniel James, como la redefinición del concepto de ciudadanía liberal desde presupuestos populares, a fin de explicar los mecanismos que permitieron la construcción de una identidad peronista dentro del movimiento obrero argentino. Utilizando estos conceptos como marco teórico, rastrearemos en la versión taquigráfica del tratamiento del proyecto en el Senado, marcas identitarias, (entendidas como la emergencia de argumentos respaldados por la enumeración y/o descripción de acontecimientos que constituyeron hitos en el proceso de construcción de la identidad peronista) que justifican y articulan la posición del peronismo frente a la propuesta radical. A fin de probar nuestra hipótesis de que el rechazo del proyecto de Reordenamiento Sindical, se debió más a un choque de identidades con distinto “peso especifico” que a cuestiones legales u operativas del proyecto. El proceso del tratamiento del proyecto y su posterior archivo será secuenciado y analizado en función de un criterio ordenador basado en los puntos de conflicto entre la bancada oficialista y el bloque opositor, de este modo será el problema y sus ramificaciones lo que dinamizará la investigación en curso. Aspecto formal del proceso legislativo Para analizar la presentación, el debate y el posterior rechazo de la “Ley Mucci” consideramos necesario repasar los mecanismos vigentes en 1983, a través de los cuales se elaboraba una Ley. De cómo se construye una Ley: En 1983 estaba aún vigente la Constitución de 1957, sustituto de la derogada Constitución “peronista” de 1949, que hacía especial énfasis en los derechos sociales. Según la Carta Magna vigente, los proyectos de ley debían tratarse en las dos cámaras y de salir favorable la votación pasaba al Poder Ejecutivo que podía promulgarlas o vetarlas. Estaban habilitados a enviar proyectos de Ley, uno o varios senadores, diputados o el Poder Ejecutivo. Una vez ingresado el proyecto de ley por mesa de entrada del Congreso, se trataba en comisiones, en cualquiera de las dos cámaras, y se elaboraba un documento llamado dictamen. Las comisiones son equipos de legisladores que se dedican a áreas específicas como salud, educación, trabajo, defensa, vivienda, etc. En el recinto, los legisladores trataban los dictámenes de las comisiones, los discutían y luego los votaban. Una vez aprobado el proyecto por la cámara de origen, se envía a la cámara revisora donde se volvía a debatir y se votaba o se le podían hacer modificaciones que luego, de resultar positiva la votación, 6

volvían a tratarse en la cámara de origen. Existen dos períodos para presentar proyectos de ley. En un primer período, durante las sesiones ordinarias (desde el 1 de marzo al 30 de noviembre), tanto los legisladores como el Poder Ejecutivo pueden presentarlos. Sin embargo, durante el segundo período, el de sesiones extraordinarias (desde el 1 de diciembre al 28 de febrero) sólo el Poder Ejecutivo puede hacerlo para tratar algún tema urgente. Es en este período que ingresa el proyecto de Reordenamiento Sindical, lo que nos muestra la importancia que tenía para el Poder Ejecutivo la reforma de los sindicatos. Un rasgo característico de la Constitución de 1957 era la composición del Senado. El mismo se conformaba por 2 senadores por cada provincia y 2 por la Capital, elegidos por sus legisladores y representando al o los partidos más importantes y por ende, con mejor aparato político de cada provincia. El Senado resultaba de esta manera un organismo del Estado particularmente conservador, ya que eran los partidos más poderosos y con más historia de cada provincia los que lograban hacerse con las bancas. Las minorías no eran representadas como si lo podían ser en la Cámara de Diputados donde se elegía un diputado cada 33.000 habitantes o fracción no menor a 16.000. Como ya se comentó anteriormente es en la cámara de senadores donde es rechazado el proyecto, lo que nos muestra la importancia del movimiento peronista, su supervivencia a los embates de la Dictadura y su influencia en los partidos provinciales. Estos últimos fueron los que terminaron inclinando la balanza en contra del proyecto oficialista. De este modo, al ser rechazado un proyecto de Ley, por norma de la Constitución, no se podía tratar por el término de un año, sin embargo, el proyecto no volvió a tratarse e incluso el ministro Mucci renunció poco tiempo después de rechazado el proyecto 1.

1)

¿Cuáles fueron las causas del rechazo del proyecto en la cámara de Senadores?

Dada la mayoría relativa con la que contaba el radicalismo en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró sortear sin mayores sobresaltos la votación. Sin embargo, como podemos observar en el gráfico 2, la Cámara de Senadores iba a presentar una dificultad mayor, debido a la fuerte influencia del peronismo en los partidos provinciales.

1

http://bibliotecadigital.csjn.gov.ar/Constitucion-de-la-Nacion-Argentina-Publicacion-del-Bicent.pdf fuente de donde se extrae la información constitucional

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Grafico 1

14

CONFORMACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS

CONFORMACIÓN CÁMARA DE SENADORES 7

UCR 111

129

PJ

18 21

OTROS

UCR PJ OTROS

En Lobato, Suriano; Atlas histórico, 4.ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2010, pp. 538-539.

La construcción del rechazo, el vicio de origen A los 11 días de asumido el poder, el 21 de Diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín y el ministro de Trabajo, Antonio Mucci, citaron en casa de gobierno al Secretario General de la CGT Brasil, Saúl Ubaldini a fin de hacerle conocer el anteproyecto de la Ley de Reordenamiento Sindical. Fue en esta reunión donde prácticamente se selló el destino del proyecto del ejecutivo. Si bien al final de este recorrido, el rechazo definitivo del proyecto en la cámara de Senadores es explicable desde la multicausalidad, se podría rastrear el origen de la discordia en los acuerdos políticos realizados por la “Multipartidaria” en los dos años previos a la celebración de los comicios nacionales, acuerdos en los que todas las fuerzas políticas de alcance nacional se comprometieron a derogar todas las leyes elaboradas por el poder de facto durante el periodo 1976-1983. Como afirma el Ex Senador Oraldo Britos, “ya en la multipartidaria habíamos acordado con los Radicales y otros partidos políticos, que cualquiera fuera el resultado 2

de las elecciones de Octubre de 1983 debíamos derogar todas las mal llamadas leyes del proceso militar ” .

Desconociendo estos acuerdos previos, el poder ejecutivo elaboró un proyecto destinado, según el mismo radicalismo, a democratizar las organizaciones sindicales, tomando como base la Ley 22105 de Asociaciones Gremiales, sancionada el 15 de Noviembre de 1979. Esta ley de la dictadura, consistió en primer lugar en la disolución de la CGT y la prohibición de la actuación de cualquier otra confederación de tercer grado. Luego en la prohibición expresa de la actuación política de los sindicatos. En la separación de las obras sociales de los 2

Britos Oraldo: “A 30 años del rechazo del proyecto de ley de “Reordenamiento Sindical”. En http://escuelauatre.com.ar/a-30-añosdel-rechazo-del-proyecto-de-ley-reordenamiento-sindical/

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sindicatos. Y por último acentuó la presión intervencionista del Estado, ya que el poder administrador podía ahora: clausurar el sindicato, inhabilitar a los dirigentes, controlar los fondos y modificar o vetar a su antojo los estatutos. (Abós: 1984, 64,65) El sostenimiento de la ley 22105 fue el defecto de nacimiento del proyecto de reordenamiento sindical, propuesto por el radicalismo con tanta premura. En una solicitada publicada en los grandes diarios nacionales el 28 de Agosto de 1981, la mesa nacional de la “Multipartidaria”, integrada por la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el MID, el PI y el PCD, se comprometen en su artículo 2° a la: “Normalización inmediata y efectiva de la actividad política, gremial, empresaria, estudiantil y cultural, sin condicionarla a la sanción de nuevas normas reglamentarias”

(Lorenzo, R.:2000).

Sin embargo, una vez en el poder, el radicalismo rompe el compromiso y somete a aprobación, primero en diputados y luego en senadores una normativa que no solo condiciona la normalización de las organizaciones sindicales, sino que lo hace sobre la base de una ley emanada del poder ilegitimo de la dictadura. Este “cambio sobre la marcha” del radicalismo no pasó desapercibido para los legisladores justicialistas, quienes utilizaron esta situación como uno de los argumentos principales en contra del proyecto, así lo afirma el senador del PJ por San Luis, Oraldo Britos durante la sesión del 14 y 15 de Marzo de 1984, cuando dice que: “Los amigos radicales, hasta ayer, en la misma Multipartidaria, firmaron juntamente con nosotros un acuerdo en el que se establecía que cualquiera que fuese el gobierno derogaría de inmediato la ley 22105. En aquel momento, los asesores del radicalismo eran los señores Matzkin y Germán López, y hoy esos mismos señores propician que esta ley prosiga debatiéndose en el Senado”.

(Senado de la Nación: 1984:870-871)

En el mismo sentido el Senador Humberto Martiarena, por el PJ de Jujuy, advierte que, “El gobierno nacional deberá tener mucha cautela y cuidado en manejar la ley de la dictadura, porque ha merecido el repudio unánime no sólo de los trabajadores sino de todas las categorías sociales de la Republica y porque estaría incumpliendo la plataforma de su partido, y lo expresado en reiteradas oportunidades (…) Esa ley debe ser derogada”.

(Senado de la Nación: 1984:945) Estas declaraciones, para ser debidamente mensuradas deben ser entendidas en su contexto, la idea de “democracia” circulaba, en 1983, como concepto legitimador de un proceso de cambio largamente deseado por las mayorías populares, cualquier conducta que remitiera, aunque sea simbólicamente, a las prácticas de la dictadura, generaba rechazo y condena social. Ya escarmentados por el resultado adverso de la retórica violenta de Herminio Iglesias durante la campaña electoral, los senadores justicialistas supieron capitalizar la oposición al mantenimiento de la ley 22105, elaborada por la dictadura, por parte de los radicales como una de las trincheras desde la cual resistir el proyecto del ejecutivo nacional.

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Gráfico 2

ELECCIONES PRESIDENCIALES 1983 2,33% 5,76% UNIÓN CÍVICA RADICAL 40,16%

51,75%

PARTIDO JUSTICIALISTA PARTIDO INTRANSIGENTE OTROS

En Lobato, Suriano; Atlas histórico, 4.ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2010, pp. 514.

La lucha en el Senado: marcando territorio Una vez ingresado el proyecto del ejecutivo al Senado, ya con media sanción de la cámara de Diputados, debía decidirse que comisiones trabajarían en la elaboración de los dictámenes que luego serían tratados en el recinto. Aquí surgió la disputa por el “territorio” en que se jugaría el tratamiento del proyecto, ya que los radicales pretendían que el proyecto fuera tratado en dos comisiones presididas por el radicalismo (Asuntos Constitucionales y Legislación) además de la competencia natural de la comisión de Trabajo, presidida por el PJ. El hecho de ser la primera minoría en la cámara de senadores, le daba al PJ una ventaja en la conformación de las comisiones, lo que le permitió retener para sí la presidencia de la comisión de Trabajo y Previsión Social, en manos del senador y ex sindicalista ferroviario, Oraldo Britos, en este contexto, los votos del Justicialismo lograron que el proyecto solo se tratara en la comisión de Trabajo, ganando así una primera batalla en la elaboración de los dictámenes. Esto permitió al PJ construir, a través del dictamen de la comisión de Trabajo, una versión alternativa del proyecto, que si bien incorporaba gran parte de las demandas radicales como la representación de las minorías, la competencia de la justicia electoral y la intervención de veedores de la justicia electoral, incorporaba variantes esenciales respecto de los artículos 8, 9 y 10 del proyecto original. Dado que la divergencia sobre estos artículos en particular es una de las causas del rechazo del proyecto del ejecutivo, creemos conveniente realizar un breve análisis comparativo a partir del siguiente cuadro:

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Proyecto del ejecutivo Art

8º:

Dictamen del PJ gremiales Art 4º : (modifica art. 8º): “Dentro de los

Asociaciones

intervenidas:

El

Ministerio

de

trabajo 10

días

de

nombrará “interventores o delegados constituirá

promulgada

una

la

comisión

ley

se

transitoria

normalizadores” con todas las facultades integrada por representantes

de las

agrupaciones del gremio (…) el juez

de los cuerpos directivos.

competente

designará un veedor que

tendrá facultades de curador hasta tanto se constituya la comisión transitoria” Art

9º:

Asociaciones

gremiales

con Art 5º: (modifica art 9º): “Gremios con

comisiones transitorias: El Ministerio de comisiones transitorias: estas continuaran Trabajo

podrá:

mantener,

ampliar

o en

su

gestión

modificar las comisiones transitorias o

organizaciones

nombrar un delegado.

incorporándose

al

frente

de

las

sindicales, a

las

mismas

un

Inciso 3º: “Se reserva el Ministerio de representante por cada una de las listas trabajo,

la

facultad

de

impartir

oficializadas”

instrucciones a la comisión transitoria y remover la comisión nombrando un delegado. Art

10º:

Asociaciones

gremiales

con Art 6º: (modifica art 10º): “Comisiones con

prorroga de mandatos: “Deróganse todas mandato las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias,

de

sus

Continuarán

respectivos

al

gremios,

que han autorizado las actuando desde el inicio el veedor electoral

prorrogas de mandatos de autoridades de las

frente

prorrogado:

asociaciones

gremiales

y sindico. Se incorporará a la comisión

de directiva un representante de cada una de

trabajadores. Cesan en sus mandatos las listas oficializadas.” todos los dirigentes que se encuentren en tales condiciones…” Fuente: Desgrabaciones del debate, del 14 y 15 de marzo de 1984, en Cámara de Senadores de la Nación. Negrita del autor. Como permite sostener el cuadro 1, el dictamen de mayoría, elaborado por el PJ, apuntaba a reducir el carácter intervencionista del proyecto radical, sin por ello negarse a la participación de todas las listas oficializadas en el proceso de normalización. Sin embargo, lo interesante es el “para que” de este carácter intervencionista del proyecto, y esto es lograr el desplazamiento casi absoluto de la dirigencia justicialista de 11

los sindicatos bajo el manto políticamente correcto de la “democratización sindical”. El radicalismo realizó esta operación por tres carriles distintos aunque convergentes. En primer término, durante la campaña electoral, el entonces candidato Raúl Alfonsín, agitó a través de los medios el fantasma de un pacto “militar-sindical”, al ser consultado por medios periodísticos en Abril de 1983, sobre la existencia de pruebas sobre ese pacto, Alfonsín expresó que: “la obligación de la denuncia no puede estar limitada por la existencia de pruebas jurídicas. Aquí no hay cintas grabadas ni listas de encuentros secretos”

(Abós, A.: 1984:146).

En la misma declaración, a pesar de no aportar pruebas del pacto denunciado, afirma: “este tipo de pactos no es novedoso ni original. Es la misma estirpe burocrática que hoy fabrica la trampa, la que conspiró para el derrocamiento del Gobierno Constitucional en 1966 y el posterior ensayo corporativo”

(Abós, A.: 1984:147). Abonando un discurso que asocia a la dirigencia sindical peronista con prácticas golpistas y antidemocráticas, y olvidando, por ejemplo, que el gobierno “constitucional” de Illia, llegó al poder sobre la proscripción del peronismo, y la participación explicita de dirigentes radicales en el golpe de 1955 que derrocó a Perón, conformando, de esta manera, una lógica discursiva que avanza dando saltos en la historia. Esta misma lógica será utilizada en el recinto de la cámara de Senadores por la bancada radical. La circulación mediática de la denuncia del pacto “militar-sindical”, preparó el terreno para la presurosa presentación del proyecto de “Reordenamiento Sindical” a días de asumir la presidencia. declamada es respetable y válida,

El proyecto en sí mismo, cuya intención

fue el núcleo de la embestida radical contra el vínculo entre las

asociaciones sindicales y el justicialismo. Finalmente el proyecto, fue sostenido desde el plano ideológico en el debate en Senadores, que tuvo lugar los días 14 y 15 de marzo de 1984.

2) ¿Cuál fue el rol que desempeño la

“identidad política y social” entre el peronismo y el

movimiento sindical, en la dinámica del tratamiento del proyecto de Reorganización Sindical? El día 14 de marzo de 1984 ingresó a la cámara de Senadores el proyecto de “Reorganización Sindical” con media sanción de la cámara de Diputados de la nación. Fue aquí, en el ámbito de representación de los Estados provinciales donde se gestó el rechazo del proyecto de reorganización sindical. Un rechazo construido al filo de la sesión por la gestión febril de un conjunto de actores, entre quienes se destacaron el senador justicialista por la provincia de San Luis, Oraldo Britos, ex sindicalista ferroviario, el senador neuquino del MPN Elías Sapag, y el dirigente cervecero y líder de la CGT Brasil, Saúl Ubaldini, quienes leyeron el subtexto del 12

proyecto como el intento, por parte del oficialismo, de subordinar al movimiento obrero organizado mediante el contrabando dentro del proyecto de “Reorganización Sindical” de un mecanismo de licuación ideológica de las organizaciones sindicales, mediante el cual el radicalismo lograra “desperonizar” al movimiento obrero. Usando como ariete la simbología políticamente correcta de la “Democracia Total” propuesta por el senador Brasesco del radicalismo, el gobierno de Raúl Alfonsín buscó controlar el sindicalismo argentino, ignorando las particularidades de su formación histórica y las circunstancias que forjaron la vinculación de una gran mayoría de los sindicatos argentinos con el peronismo. Nuestra hipótesis consiste en demostrar a través del análisis de la sesión por el tratamiento del proyecto del ejecutivo en cámara de senadores, que el nudo del rechazo consistió, en última instancia, en un choque de identidades político-sociales, construidas históricamente, de distinta densidad y peso específico, entre el radicalismo y el peronismo, choque que generó una respuesta unificada por parte del justicialismo que finalmente frenó la sanción de la ley. El debate en la Cámara alta (Se transcriben solo los fragmentos más significativos de la sesión a fin de ilustrar la situación y su dinámica, sin abundar en detalles excesivos y redundantes) El tratamiento del proyecto se inició el 14 de marzo de 1984, dando lectura de los dictámenes de comisión en mayoría (por el PJ), aconsejando el rechazo y el dictamen en minoría (por la UCR) aconsejando su aprobación. La primera intervención fue realizada por el Senador Justicialista por la provincia de San Luis, Oraldo Britos, quien articula en su discurso las causas principales en las que se basó el rechazo del proyecto. En esta línea afirmó que: “nosotros, los peronistas entendemos que este mensaje del Poder Ejecutivo que ya ha recibido la sanción de Diputados, ha sido inoportuno. Se ha pretendido que el Honorable Senado de la Nación trabajara en una ley que nos dejo la dictadura militar. En enero de 1979 el proceso creó este engendro”

(Senado de la Nación: 1984: 869).

Más adelante, propone cual será la línea argumental de la postura Justicialista, donde se denuncia la lógica argumental del radicalismo plagada de “lagunas” históricas, Britos afirmó: “Esto no es nuevo en el país, por que el movimiento obrero viene de muy atrás, (…) y nosotros queremos historiarlo porque parece que algunos han perdido la memoria y piensan que las organizaciones sindicales y quienes las representan son la patota o la burocracia de turno. Nosotros vamos a defender a esos que algunos llaman patota y la burocracia, porque únicamente mediante la organización obrera se evitó en el siglo pasado y también en este, después de sufrir muchas muertes, la explotación del hombre por el hombre. Y eso es lo que les duele a algunos, que quieren manejarse con organizaciones conducidas desde el Ministerio de Trabajo”

(Senado de la Nación: 1984:870).

En estas declaraciones comienza a delimitarse con nitidez la íntima vinculación entre el peronismo como movimiento político, su expresión partidaria, el Justicialismo y las organizaciones sindicales, esto queda más que claro cuando más adelante en la misma intervención Britos dice:

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“Nosotros adelantamos nuestro rechazo, (…) por que estas manifestaciones tendenciosas y subjetivas hace aparecer al movimiento justicialista, en una parte importante, como preservadores de burócratas y patoteros. No sabemos si van a ser los mismos hombres los que van a estar en la conducción de los sindicatos, pero desde ya aseguramos que los que estén seguirán siendo peronistas. No van a ser peronistas de comité sino los que aprendieron junto a Perón que es el sindicalismo y no con los panes dulces y las sidras como dicen algunos. Señores hubo algo mucho más importante, porque se dignificó al hombre. Hasta ese momento, el hombre no tenía nada más que un numero de libreta de enrolamiento y, de ahí en más, empezó a tener nombre y apellido”

(Senado de la Nación: 1984:871).

A continuación toma la palabra el Senador por la UCR, Luis Brasesco, de la provincia de Entre Ríos quien pasa a exponer los puntos en que se asienta la defensa del proyecto del ejecutivo explicando que: “La Unión Cívica Radical considera que la crisis de la democracia en el país no se debe únicamente a los golpes militares (…) en el país ha habido una crisis de representatividad en las sociedades intermedias; en el país la legislación vigente ha estado en pugna con los principios de la democracia (…) en una tarea demoledora en estos últimos cincuenta o sesenta años, sin querer, sin ser cómplice, el legislador so pretexto de una autodeterminación de las sociedades intermedias mal entendida, ha ido cimentando día a día el descredito de las instituciones democráticas (..) en todas aquellas sociedades que hacen al quehacer diario, en ninguna de ellas hay representación de las minorías en la comisión directiva (…) al no tener representación las minorías, nos encontramos con que las comisiones directivas electas, aunque hayan ganado por un solo voto, llevan todos los representantes; y el que pierde no lleva absolutamente ninguno ”

(Senado de la Nación: 1984:876). Respecto de este punto cabe aclarar que en el tratamiento en comisión, la bancada justicialista había aceptado la representación de las minorías en las comisiones directivas en proporción de un tercio, sobre el total de la comisión, los dos tercios restantes serian ocupados por la mayoría que resultara ganadora de las elecciones. Por lo que la defensa de este principio de representación de las minorías, no suma en el debate por la aprobación de la ley. Sin embargo esta exposición evidencia el carácter “liberal” de la concepción Radical de la democracia, caracterizada por el acento en el respeto a las pautas formales del sistema de representación, las libertades individuales y los derechos humanos. Retomaremos este tema más adelante cuando analicemos comparativamente la concepción de democracia liberal sostenida por el radicalismo y la idea de democracia popular que construyó el peronismo durante los años 40 y 50, en función de las ideas de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. En la siguiente intervención, es donde el Senador radical Luis Brasesco expone la intencionalidad central del proyecto, que busca remover a las dirigencias peronistas de los sindicatos, desde arriba, por medio de una ley híbrida, mitad hija de la dictadura, mitad hija de la democracia. Brasesco confiesa que: “Uno de los puntos de nuestra plataforma que merece examen particular se refiere a la prohibición

absoluta de la

política partidista en los sindicatos, entiéndase bien que hablamos de prohibición de la política, pero no de cualquier política, sino de la partidista (…) El trabajador es padre del soldado, del oficial; el trabajador es un ciudadano del país y, como tal, constituye su familia y esa familia es protegida por el Estado y por la sociedad. Va a defender lisa y llanamente una concepción política al servicio, del hombre, de la sociedad y de la patria (…) En una palabra, el sindicato va a estar al servicio del pueblo y de la Nación, participando activamente en la política. Pero el sindicato no va a ser radical, peronista, socialista, demócrata cristiano, intransigente; no va a ser, en una palabra, patrimonio ni vocero de un partido político. Va a

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ser vocero de la pluralidad del pueblo argentino insertado en el movimiento de los trabajadores (…) Ello significa no aceptar un programa particular y una estrategia especifica, una táctica sujeta a esa estrategia que, en la mayoría de los casos, los obreros no han tenido oportunidad de elaborar, ya que se han realizado en organismos distintos, que son los partidos políticos.”

(Senado de la Nación: 1984:879-880).

Este fragmento, por su transparencia y densidad merece que nos detengamos a analizarlo con detenimiento, ya que, en las líneas de análisis que se disparan desde él, radica el núcleo de nuestra hipótesis. Desde un análisis más agregado, observamos dos conceptualizaciones, que por lo menos son problemáticas por el uso que el Senador radical hace de ellas, todas caracterizadas por la imposición forzada de un purismo teórico a situaciones concretas, de la vida real, que siempre son mucho más complejas que un esquema teórico, y por sobre todo, mas heterogéneas: la primera es la que se refiere a la idea de esferas incontaminadas de la política, que bajo ningún punto de vista deben rozarse, es decir que, según Brasesco, habría una “política” en sentido lato, prístino, y una “política partidaria”, en algún sentido no explicitado, perniciosa, mala, que merece ser “absolutamente prohibida”. Esta taxonomía ideal, entre “política” y “política partidaria”, puede ser operativa en la construcción de un tratado de filosofía política, pero de ningún modo puede utilizarse como sustento teórico para la confección de una ley que pretende intervenir en la dinámica de las organizaciones sindicales de la Argentina, desconociendo la especificidad histórica de su conformación, el vinculo que el movimiento sindical y gremial argentino ha tenido, no solo con el peronismo, si no con el socialismo y el anarquismo con anterioridad, y por sobre todo, esta concepción “aséptica” y liberal de la política, desconoce, la finalidad última de los sindicatos en el mundo capitalista, que no es otra que disputar poder, en un mundo en el que la política está profundamente atravesada por las relaciones de producción, lo que torna casi indispensable la participación política de los trabajadores, política en todo sentido. En este punto consideramos útil incorporar una distinción realizada por la socióloga Chantal Mouffe, cuando habla de que en el siglo XX, se realizó una identificación implícita entre “democracia” y “democracia liberal” como si esta identificación fuera necesaria y suficiente, Mouffe solo encuentra una articulación contingente entre estas dos tradiciones, al respecto dice: “Por un lado, tenemos la tradición liberal constituida por el gobierno de la ley, la defensa de los derechos humanos y el respeto a la libertad individual; por el otro, la tradición democrática, cuyas ideas principales son las de igualdad, la identidad entre gobernantes y gobernados y la soberanía popular. No hay una relación necesaria entre esas dos tradiciones, sino sólo una articulación histórica contingente”

(Mouffe, Ch.: 2000:2-3). Al respecto, Ernesto Laclau profundiza el análisis cuando comenta que: “Una vez que la articulación entre liberalismo y democracia es considerada como meramente contingente, se deducen necesariamente dos conclusiones obvias: (1) otras articulaciones contingentes son también posibles, por lo que existen formas de democracia fuera del marco simbólico liberal –el problema de la democracia, visto en su verdadera universalidad, se convierte en el de la pluralidad de marcos que hacen posible la emergencia del “pueblo”-; (2) como esta

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emergencia del pueblo ya no es más el efecto directo de algún marco determinado, la cuestión de la constitución de una subjetividad popular se convierte en una parte integral de la cuestión de la democracia.”

(Laclau, E.: 2005:211).3

La segunda conceptualización que Brasesco realiza es sobre la idea de “pueblo”, asimilándola a la de “Nación”, y en la misma operación licuando la heterogeneidad social, reduciendo al trabajador a su función biológica de paternidad sobre los otros miembros de la sociedad, homogeneizando en un par de líneas a la Nación, el pueblo y la clase trabajadora en una sola unidad, “la patria”, de lo que concluye, que el trabajador debe defender “lisa y llanamente” una concepción política al servicio de la “patria”. Cabe destacar la similitud del discurso de Brasesco con la típica arenga militar, en la que todo se reduce y es contenido por una vacía, por excesivamente general, “defensa de la patria”, en la que no hay conflictos ni contradicciones, una sociedad ideal en la que solo bastase invocar a “la patria” para que reine la armonía. La siguiente transcripción, compuesta por algunos pasajes de la intervención del Senador radical por la Capital Federal, Fernando De la Rúa, se incorpora para conformar una imagen más clara, y representativa de la posición de la bancada radical. En esta intervención, se explicitan dos aspectos importantes, por un lado el senador De la Rúa expone claramente cuál es el punto de conflicto en torno a la votación, que a esa altura del debate (en horas de la madrugada del día 15 de marzo de 1984) se encaminaba claramente hacia el rechazo del proyecto oficialista, al respecto De la Rúa declara que: “No había un abismo, señor presidente; apenas una tablita faltaba para cruzar el puente de la unanimidad. La única diferencia subsistente era sobre el modo de integrar las conducciones actuales de los organismos sindicales. El justicialismo sostenía que debían estar a cargo de quienes actualmente detentan las funciones de conducción, sea en virtud de haber designado como comisiones transitorias o por la prórroga de los mandatos dispuesta por el régimen militar. La Unión Cívica Radical sostenía, en cambio, que había que dar igualdad de posibilidades, manteniendo en sus funciones a quienes estaban en ellas e incorporar a los que habían sido desplazados, colocándolos en condiciones igualitarias, para que nadie corriera con ventajas”

(Senado de la Nación: 1984:933-934).

El primer aspecto a destacar es la definición clara de la causa de la ruptura de las negociaciones entre las dos bancadas mayoritarias, y este no es otro que la posibilidad de mantener o desplazar a las comisiones directivas con mandato prorrogado. El segundo aspecto es el que se observa en el párrafo final de este fragmento, en el cual emerge un sustrato democrático que podría rescatar del naufragio al proyecto oficialista, esta idea de generar “condiciones igualitarias” en el proceso electoral, destinado a normalizar la conducción de las asociaciones sindicales, argumento que no podría, en ese momento histórico, ser rechazado por ninguna fuerza política, sin por ello pagar un alto costo político. Sin embargo, consideramos que ha sido el modo y el sentido en que el bloque de senadores radicales encaró la negociación de los puntos conflictivos del proyecto, lo que, a nuestro entender, generó el repliegue de los senadores justicialistas hacia la trinchera de la identidad entre movimiento obrero y justicialismo, posición defensiva que reforzaron en cada intervención, historizando la conformación del movimiento obrero organizado, y la importancia del peronismo en su consolidación como 3

Este proceso de “constitución de una subjetividad popular” que enuncia Laclau, será desarrollado más adelante como una de las claves explicativas de nuestra hipótesis.

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factor de poder capaz de incidir efectivamente en el curso de la historia de los últimos 40 años del país. Hablamos de “modo” y nos referimos a las intervenciones radicales que no pueden ocultar su anti peronismo visceral, como cuando se habla de “prohibir” que los sindicatos sean peronistas, cuando se desconoce la actuación de los dirigentes sindicales de filiación justicialista durante la dictadura militar. Al respecto, Álvaro Abós, en su libro “Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983)”, sintetiza cual ha sido el lugar que los sindicatos de origen peronista han ocupado en la resistencia al régimen militar, cuando dice que, “La perduración del movimiento sindical argentino tras un episodio de regresión tan intenso reveló que las estructuras de ese sindicalismo no eran tan frágiles como sus críticos señalaban (…) Tras transitar su camino de Damasco, tras recorrer todas las estaciones del calvario (persecución, violencia física, desmantelamiento institucional, prohibiciones legales, campañas psicológica de desprestigio) el movimiento sindical emergió golpeado pero intacto. (…) El poder político del movimiento obrero como factor social protagónico en una sociedad con un alto grado de población urbana, con estructuras culturales modernas y en semidesarrollo no tenía cabida en el tipo de sociedad que conformó la dictadura una estructura en regresión hacia modelos pastoriles, militarizada de arriba hacia abajo” (Abós, A.: 1984, 104). Más adelante, Abós afirma que el verdadero poder de los sindicatos “…estaba en el seno del pueblo. Desde la pobreza institucional y la marginalidad legal, la CGT condujo huelgas, movilizó a la clase trabajadora, recuperó los espacios sociales que le habían sido usurpados, participó junto a todos los grupos y sectores dinámicos de la sociedad argentina en la vanguardia de la lucha contra la dictadura.” Finalmente cierra su libro, realizado al calor de los acontecimientos que nos ocupan, con un interrogante “¿Habrá cambios ideológicos en el seno del movimiento sindical? Esa posibilidad está unida a la evolución que sufra la crisis del peronismo, a la forma en que éste pierda, mantenga o consolide su hegemonía política en el seno de la clase trabajadora.” (Abós, A.: 1984,106). Cuando hablamos del “sentido”, nos referimos a la imposición desde “arriba” de un proceso de normalización sindical, excluyendo a las bases que se dice defender, del proceso de elaboración del proyecto que los involucra directamente, al respecto el senador por el Movimiento Popular Neuquino, principal artífice del apoyo de los partidos provinciales a la postura del justicialismo, declara que: “El gobierno, por su parte, tiene -como muchos otros derechos- la facultad de sancionar las normas que reglamenten el ejercicio de ese derecho de asociarse sindicalmente, pero sin que tales reglamentaciones condicionen o limiten. Únicamente los trabajadores, y nadie más que ellos, deben decidir cómo integrar las comisiones directivas de sus

gremios.” (Senado de la Nación: 1984, 906). Finalmente, cerraremos el espacio destinado a la presentación de la fuente principal, con fragmentos de la intervención de dos senadores justicialistas, quienes expresan claramente que el terreno en el que el justicialismo y sus aliados de los partidos provinciales decidieron dar la batalla para evitar la sanción del proyecto radical fue la identidad, construida históricamente, entre el movimiento peronista y la mayoría de los

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sindicatos argentinos. Comenzaremos con la exposición del senador Romero Feris, del PJ correntino, que relata que en la Argentina… “…antes de tomar fisonomía y presencia institucional, la vida de los trabajadores había sido objeto del menosprecio, la explotación, las persecuciones y la violencia. (…) Eso tal vez anecdóticamente, podría ser recordado a través de episodios de mi tan larga vida, en que aprendí la importancia de los sindicatos, pues desde muy joven, desde las proximidades de mi vieja casa provinciana, veía pasar los trenes de hacienda que llevaban hacinados a los cosecheros de las zafras azucareras en los mismos vagones –perdóneseme la expresión un poco chabacana-, en los mismos vagones todavía con los restos de la bosta de vaca que quedaba del ganado que llevaban hasta La Quiaca. En esos vagones volvían los cosecheros de la zafra azucarera. También aprendí lo que pasaba con los mensúes en Misiones y con los hacheros en el Chaco. Aprendí también estas cosas cuando vi lo que todavía no se llamaban villas miserias, sino barrios pobres de nuestras pequeñas ciudades, donde el hacinamiento, la miseria y la desnutrición era la cuota cotidiana de una existencia sufrida y desgraciada. Solamente cuando en el país aparece el peronismo se produce eso que aquí han destacado algunos colegas y que yo quiero repetir; me refiero a la dignificación del hombre, a través del reconocimiento de los derechos de los trabajadores de ocuparse de la defensa de sus intereses profesionales. Además de esos intereses se produce la proyección de ellos y se ocuparan también de contribuir y colaborar en la defensa de los intereses nacionales.”

(Senado de la Nación: 1984,942-943).

Y cerrando la participación de la bancada justicialista, hace uso de la palabra el presidente del bloque, el senador Vicente Saadi, por Catamarca: “Señor presidente: este proyecto es profundamente político y tiende a atacar la médula espinal del movimiento peronista, por que el ataque a los trabajadores argentinos, que son inescindibles del movimiento peronista, importa atacar al conjunto. ¡Cómo lo vamos a tolerar, señor presidente, cuando nosotros compartimos sus errores y sus glorias! ¡Cómo lo vamos a permitir! De ninguna manera. (…) ¡Cómo vamos a permitir esto (…) si los trabajadores han compartido la trinchera con todos los movimientos políticos! Cuando estaban a la vanguardia en las trincheras a nadie se le ocurrió hablar de la patota, mencionar la burocracia y motejarlos como traidores a la Nación, en forma indiscriminada.”

(Senado de la Nación: 1984,949). Dado por finalizado el debate, se realiza la votación, informando al presidente del senado que: “Queda rechazado el proyecto venido en revisión. Se comunicará a la Cámara de Diputados. Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. (Son las 5 y 10 del Jueves 15 de marzo).”

(Senado de la Nación: 1984,959).

3) Origen histórico de la “compenetración identitaria” entre la organización sindical y el Peronismo durante el siglo XX. Creemos que el tratamiento del proyecto de Reordenamiento Sindical, y lo que estaba en juego en su discusión, sumado a los ecos aun presentes de la derrota electoral de 1983 a manos del radicalismo, posibilitó la emergencia de un brote identitario que permitió

la reorganización del peronismo en esta nueva etapa

democrática. A fin de comprender como se construyó lo que llamamos la “compenetración identitaria” entre el movimiento obrero y el peronismo, la cual emerge en la coyuntura del tratamiento del proyecto de Reordenamiento 18

Sindical, consideramos útil la utilización instrumental de las categorías creadas por Ernesto Laclau (2005). Este autor resignifica el concepto de “populismo” no como una caracterización peyorativa, al estilo germaniano, de procesos políticos caracterizados por el seguimiento irracional de la masa al líder autoritario y demagogo. Sino que en el trabajo citado, el autor describe al populismo como una lógica política constitutiva de toda expresión política, que está íntimamente relacionada con la conformación de identidades populares y los mecanismos de la representación. Aclaramos esto, en función de que el peronismo ha sido catalogado históricamente por sus críticos como un “populismo” en el sentido germaniano de la expresión. Ahora, atendiendo el problema que nos ocupa, creemos que los conceptos construidos por Laclau de cadena de equivalencias y significante vacio, nos ayudan a comprender a través de qué mecanismos se constituyen las subjetividades populares, y desde ellos podemos explicar cómo se han vinculado políticamente los sindicatos argentinos con el peronismo. La “construcción del pueblo” El contexto histórico, en el que se encontraban los sectores populares, en la década previa al surgimiento del peronismo, se caracterizó por las transformaciones que sufrió la economía argentina inmersa en las consecuencias mundiales de la crisis del 30´ y la reorientación, cada vez más clara, de la economía nacional hacia un modelo basado en la industrialización por sustitución de importaciones, restringido a la producción de bienes no durables, destinados al consumo interno. Esta reorientación implicó la incorporación de ingentes flujos migratorios, ya no desde el exterior como en las primeras décadas del S.XX, sino desde el interior del país, en un proceso acelerado de urbanización de la población rural. Para este momento, los gremios anarquistas y socialistas se encontraban en retirada, ante el avance autoritario del Estado, ocupado desde el golpe del 30´ por sectores militares aliados a la alta burguesía rural. La represión a la protesta social, la presión del empresariado sobre los trabajadores y las condiciones de explotación y hacinamiento en que vivían los sectores populares en las grandes ciudades, propició el surgimiento de un sinnúmero de demandas sociales insatisfechas, no solo de los sectores populares, sino también de las clases medias, que veían frustradas sus posibilidades de participación política y económica en una sucesión de gobiernos surgidos del fraude electoral. Estas demandas sociales insatisfechas son la condición necesaria para la emergencia de lo que Laclau llama cadena de equivalencias, (Laclau: 2005) estas se constituyen en virtud de la articulación de estas demandas en torno a un significante capaz de representarlas en lo que tienen de común. Al mismo tiempo, se da un movimiento dialéctico, en el que, tanto los componentes de la cadena de equivalencias como el significante vacio, se constituyen mutuamente. Dado que, la conformación de estos “momentos hegemónicos” en los que un significante logra articular los denominadores comunes de las demandas insatisfechas en una cadena de equivalencias y así trazar una frontera política y social dicotómica, un ellos y un nosotros que de homogeneidad, surge “desde” la desarticulación social; es “en” el proceso de construcción de esta hegemonía que los sectores involucrados adquieren conciencia de sí, es decir que llegan a convertirse en “clase” y al mismo tiempo moldean la identidad del significante hegemónico. Esta relación dialéctica entre los sectores 19

populares y el significante, se explica por una característica particular que este significante debe tener, es decir ser un significante vacío, este carácter vacio, esta indefinición es la que le permite convertirse en la representación de la multiplicidad de demandas que circulan en la sociedad y al mismo tiempo lo hace permeable a las características de los representados. Al respecto Laclau explica que: “…el pueblo como instancia articuladora –el locus de lo que hemos denominado demandas populares- sólo puede ser el resultado de la sobredeterminación hegemónica de una demanda democrática particular que funciona, como hemos explicado, como significante vacío”

(Laclau E.: 2005, 161-162).

Sin embargo, es importante aclarar que esta articulación entre múltiples demandas populares no es definitiva ni estática, si no que

es contingente y está sometida a una tensión constante. Si el significante vacio se

autonomiza de la cadena de equivalencias que lo constituyó, la sobredeterminación hegemónica se desarticula, y de la lógica de la equivalencia, se pasa a una lógica de la diferencia, propia de las democracias liberales, en que la sociedad está compuesta de “individuos” aislados ante el poder. Ahora ¿qué rasgos de este mecanismo de conformación de un “pueblo” encontramos en la historia de la relación entre los sindicatos y el peronismo? Al respecto Daniel James nos dice que: “El atractivo político fundamental del peronismo reside en su capacidad para redefinir la noción de ciudadanía dentro de un contexto más amplio, esencialmente social (…) El éxito de Perón con los trabajadores se explicó, más bien, por su capacidad para refundir el problema total de la ciudadanía en un molde nuevo de carácter social. El discurso peronista negó la validez de la separación, formulada por el liberalismo, entre el Estado y la política por un lado y la sociedad civil por otro. La ciudadanía ya no debía ser definida más simplemente en función de derechos individuales y relaciones dentro de la sociedad política, sino redefinida en función de la esfera económica y social de la sociedad civil (…) Perón desafiaba en forma explícita la validez de un concepto de democracia que la limitaba al goce de derechos políticos formales…”

(James, D.: 2005, 27-30).

La articulación de los mecanismos sociales mediante los cuales se constituye el “pueblo” desde la perspectiva de Laclau, y la instrumentalización de lo que Daniel James, define como ciudadanía social construida por el peronismo, nos permite comprender, por un lado que la identidad entre el movimiento sindical y el peronismo se constituye a si misma durante el proceso de conformación de estos actores sociales, lo que explica el hecho de que el gobierno de Raúl Alfonsín no pudiera desplazar al movimiento peronista de las asociaciones sindicales mediante la aplicación de una ley. Al mismo tiempo, este cruce de los instrumentos teóricos seleccionados con el proceso histórico en análisis, nos permite, retomando el fragmento citado de Chantal Mouffe, advertir que el radicalismo ingreso a la arena de la disputa por la aprobación del proyecto de Reordenamiento Sindical, bajo una lógica política, si se quiere, antigua, que mediante una operación discursiva quiere transformar en necesaria la relación contingente entre “democracia” y “democracia liberal”, mientras que el peronismo acudió a la lucha con el bagaje de una tradición mas heterodoxa, con sus defectos y errores, que representó en la historia argentina la emergencia, siempre posible, de una concepción de democracia, de corte popular, “populista” podríamos decir, siguiendo a Laclau, una democracia popular que interpele a las grandes mayorías desde la realización concreta de mejoras en las condiciones de vida cotidianas, y en el 20

mismo ejercicio construya una autoestima y una identidad política, capaz de disputar poder en términos concretos Nuevas preguntas desde el presente: El presente trabajo de investigación, pone en evidencia como las indagaciones preliminares frente a un problema de investigación suelen estrellarse contra la base empírica, situándonos como investigadores, frente a la obligación ética de hacer valer el respeto a la verdad histórica por sobre las pertenencias ideológicas, y fundamentalmente, nos obliga a ir más allá de los diagnósticos construidos en base al sentido común. En un primer momento, nuestro acercamiento a la problemática sobre el tratamiento legislativo y posterior rechazo del proyecto de “Reorganización Sindical” estaba orientado por la percepción de que el fin declarado por el oficialismo, esto es,

democratizar las organizaciones sindicales y normalizar su funcionamiento, era

coincidente con la esencia del proyecto. Sin embargo en política la acción suele guardar un amplio grado de independencia respecto del enunciado. Una vez que comenzamos a trabajar con detenimiento la base documental, advertimos que las intenciones del radicalismo distaban de ser inocentes. Las denuncias no probadas del pacto militar-sindical realizadas por Alfonsín durante la campaña electoral, junto al mantenimiento de la ley 22.105 a pesar de lo acordado en la multipartidaria, nos dieron la pauta de que el radicalismo pensaba ir más allá de la declarada “democratización” de las organizaciones sindicales. La lectura en profundidad, y contextualizada históricamente, del debate en la cámara de Senadores, termina de cerrar la idea de un claro intento de avance del nuevo gobierno, confiado en la legitimidad de los votos conseguidos y la conformación, aparentemente favorable, de las cámaras, sobre los sindicatos. Estas organizaciones sindicales fueron las que desde 1955 se dedicaron a mantener viva la esencia misma del peronismo contra gobiernos militares como civiles. Ni siquiera la última dictadura, la más sangrienta para el movimiento obrero argentino, logró erradicar el peronismo como ideología dominante en los sindicatos. Esto, sin lugar a dudas, preocupaba a los radicales, por lo que vieron que en virtud de la victoria electoral podrían ganar terreno en los sindicatos, removiendo a las viejas dirigencias con mandatos prorrogados. Esto fue rápidamente advertido por los dirigentes sindicales peronistas, quienes junto a los legisladores del partido justicialista y algunos de partidos provinciales, muchos surgidos de la proscripción del peronismo durante casi 20 años (1955-1973), lograron evitar el avance radical. A pesar de que varios artículos del proyecto parecían, en un principio, apuntar a una real democratización de los sindicatos, a través de una mejor fiscalización de los comicios a todos los niveles y la representación de las minorías; la insistencia de los radicales en mantener la intervención de los sindicatos hasta realizar nuevas elecciones; la negativa a prorrogar los mandatos de los dirigentes que habían resistido a la dictadura y la “prohibición” de la participación política de los sindicatos, sumado a la quita del control de las obras sociales, son claros indicios de un intento por debilitar, no solo a la burocracia sindical, sino en última instancia, al movimiento obrero en su conjunto. Una vez instalada la lucha en este contexto, el radicalismo no logró romper la resistencia peronista al proyecto

y mucho menos

homogeneizar el movimiento obrero bajo la bandera radical como parecía ser el fin último. Hecho llamativo 21

este, ya que no existe en la Argentina una tradición sindical de corte radical debido a que el mismo partido es representante de las clases medias urbanas desde su nacimiento en 1891. Sin embargo en su afán de constituir al radicalismo en un tercer movimiento histórico, Alfonsín y los radicales buscaron con este proyecto, desperonizar el movimiento obrero argentino con una reorganización de los sindicatos impuesta desde arriba. De este rechazo salieron fortalecidas las burocracias sindicales quienes mantuvieron una relación tensa con el gobierno radical producto de la compleja situación económica que el gobierno había heredado de la dictadura y que no pudo, o no supo, encauzar. Estos desaciertos, junto a un desmejoramiento paulatino y constante de la situación de los obreros, generaron en el movimiento obrero un ambiente de descontento y movilización, que sería el sustento de una serie de 13 huelgas generales antes de la salida anticipada del poder en 1989. Las líneas de fuga que parten del rechazo del proyecto de “Reorganización Sindical”, se extienden hasta nuestros días, haciendo imperativo la generación de nuevas líneas de investigación que, partiendo de los sucesos de 1984, nos permitan comprender cuál fue el rol que durante estos treinta y dos años han desempeñado las dirigencias sindicales fortalecidas en aquel contexto. Es innegable, a la luz de acontecimientos como el proceso privatizador de los 90, llevado a cabo con la aquiescencia de gran parte de la dirigencia sindical, la reconversión de muchos de estos sindicalistas en empresarios durante los últimos 20 años, y la conflictividad a nivel de las comisiones internas entre las organizaciones de izquierda y las de filiación peronista, que es urgente un proceso autónomo de democratización y renovación de los sindicatos, desde abajo, con la participación plena de los trabajadores, en el que el Estado participe como garante y no como interventor. A fin de colaborar en la comprensión de cuales han sido las consecuencias del rechazo del proyecto “Reorganización Sindical” del radicalismo en 1984, queremos compartir algunas preguntas que en el proceso de investigación nos han quedado sin responder. Preguntas que vistas desde el presente surgen como disparadoras de nuevas investigaciones: 1) ¿Cuál es el grado real de representatividad que estas dirigencias históricas han tenido respecto de sus bases en la últimas tres décadas?; 2) ¿Cuál fue el nivel de renovación de la dirigencia sindical desde 1984 hasta la fecha?; 3) ¿Cómo ha actuado el movimiento obrero organizado frente a las dificultades y obstáculos que la democracia argentina atravesó en los últimos treinta años? Creemos que el desarrollo de estas líneas de investigación ayudará a valorar en su justa medida, el “modo” en que el radicalismo encaró este intento de intervención sobre el sindicalismo, el valor de la representación ideológica de los trabajadores como un espacio de poder, y el peso de la identidad peronista en el accionar de los sindicatos durante los últimos treinta años.

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Bibliografía: -

Abós, Álvaro: “Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983)”. CEAL, Buenos Aires, 1984.

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James, Daniel: “Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976”. Siglo XXI, Buenos Aires, 2006.

-

Laclau, Ernesto: “La razón populista”, FCE, Buenos Aires, 2005.

Base documental:

-

Britos, Oraldo: “A 30 años del rechazo del proyecto de ley de “Reordenamiento Sindical”. En http://escuelauatre.com.ar/a-30-años-del-rechazo-del-proyecto-de-ley-reordenamiento-sindical/

-

Ley de Reordenamiento sindical: En: http:// www.estudioslaborales.com.ar

-

Senado de la Nación: Versión taquigráfica, sesión del 14 y 15 de Marzo de 1984.

-

Solicitada de la Multipartidaria Nacional: En: http://biblioteca.educ.ar

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