«Ministeriales y oposicionistas. La opinión pública entre la unanimidad y el “espíritu de partido”. Nueva Granada, 1837- 1839»

Colección Lecturas CES

Disfraz y pluma de todos Opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX

Francisco A. Ortega Martínez Alexander Chaparro Silva editores

University of Helsinki The Research Project Europe 1815-1914

Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia

Disfraz y pluma de todos Opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX © Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales (CES). © University of Helsinki © Francisco A. Ortega Martínez, Alexander Chaparro Silva © Varios autores ISBN: Primera edición: Bogotá, Colombia. Abril de 2012

Universidad Nacional de Colombia Moisés Wassermann Lerner Rector Alfonso Correa Vicerrector académico Julio Esteban Colmenares Montañez Vicerrector Sede Bogotá

Sergio Bolaños Cuellar Facultad de Ciencias Humanas Sede Bogotá Decano Jorge Rojas Otálora Vicedecano académico Aura Nidia Herrera Vicedecana de Investigación

University of Helsinki The Research Project Europe 1815-1914 Bo Stråth y Martti Koskenniemi Directores

Imagen de portada Emblema del periódico El Redactor Americano, Manuel del Socorro Rodríguez, 1806

Centro de Estudios Sociales (CES) Yuri Jack Gómez Director

Imágenes interiores De la Rochette, L. & Faden, W. (1811). Composite of Colombia Prima or South America.

Juliana González Villamizar Coordinadora editorial Adriana Paola Forero Corrección de estilo e índice analítico Julián Hernández Realización gráfica Digiprint Editores E.U. Impresión

Restrepo, J. M. (1827). Historia de la revolución de la República de Colombia, Altas. París: Librería Americana. Cruz Cano y Olmedilla, J. de la. (1799). Mapa geográfico de América Meridional

Contenido

Introducción 11 Disfraz y pluma de todos.Opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX Francisco A. Ortega, Alexander Chaparro Silva

I. El nacimiento de la opinión pública 35 El nacimiento de la opinión pública en la Nueva Granada, 1785-1830 37 Francisco A. Ortega Martínez, Alexander Chaparro Silva

II. Opinión pública, Monarquía y República

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La opinión del Rey: opinión pública y redes de comunicación impresa en Santafé de Bogotá durante la Reconquista española, 1816-1819 129 Alexander Chaparro Silva El nombre de las cosas prensa e ideas en tiempos de José Domingo Díaz Tomás Straka

163

Libertad, prensa y opinión pública en la Gran Colombia, 1818-1830 Leidy Jazmín Torres Cendales

197

Nación, Constitución y familia en La Bandera Tricolor (1826-1827) Nicolás Alejandro González Quintero

231

Opinión pública y cultura de la imprenta en Cartagena de Colombia (1821-1831) 263 Mayxué Ospina Posse 263 Ministeriales y oposicionistas. La opinión pública entre la unanimidad y el “espíritu de partido”. Nueva Granada, 1837-1839 293 Zulma Rocío Romero Leal

III. Publicidad, sociabilidad e institucionalidad

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La mujer y la prensa ilustrada en los periódicos suramericanos: 1790-1812 329 Mariselle Meléndez “No dudo que este breve plan de literatura ilustrada os electrizará”: Primicias, lecturas y causa pública en Quito 1790-1792 355 María Elena Bedoya Hidalgo La cartografía impresa en la creación de la opinión pública en la época de Independencia 382 Lina del Castillo Lenguajes económicos y política económica en la prensa neogranadina, 1820-1850 427 John Jairo Cárdenas Herrera

El Neogranadino (1848-1857): un periódico situado en el umbral Gilberto Loaiza Cano

454

El artesano-publicista y la consolidación de la opinión pública artesana en Bogotá, 1854-1870 482 Camilo Andrés Páez Jaramillo Impresos periódicos en Antioquia durante la primera mitad del siglo XIX. Espacios de sociabilidad y de opinión de las élites letradas 509 Juan Camilo Escobar Villegas Epílogo Las varias caras de la opinión pública Víctor M. Uribe-Urán

540

Autores 549 Indice 557

Ministeriales y oposicionistas. La opinión pública entre la unanimidad y el “espíritu de partido”. Nueva Granada, 1837-1839 Zulma Rocío Romero Leal Universidad Nacional de Colombia

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na vez disuelta la Gran Colombia, la Constitución de 1832 y la presidencia de Francisco de Paula Santander actuaron como aires de orden y estabilidad en la Nueva Granada. El ejercicio periodístico, sin embargo, siguió animando la confrontación política. En este capítulo analizaremos la conformación de la oposición al gobierno de José Ignacio de Márquez, sucesor de Santander, presente en la polémica constante entre La Bandera Nacional, principal periódico opositor, y El Argos, periódico gobiernista calificado como ministerial. Como señala Eduardo Posada Carbó (1999, p. 162), en 1836 Márquez fue el ganador de las primeras elecciones presidenciales competitivas de la Nueva Granada. Esta novedad marcó una diferencia en la concepción de la oposición política, que en la República de Colombia estuvo presente en la contraposición de venezolanos y neogranadinos, así como de civiles y militares. La construcción de la legitimidad del gobierno recién elegido, entonces, pasó por la adscripción a la ley y la república y el reconocimiento colectivo de los resultados electorales, pero también por la pugna con redes que se estaban conformando en la esfera política del momento. Esta esfera a la que aludimos es en donde se va consolidando la distinción entre Estado y gobierno, entre sistema republicano y los grupos políticos que sucesivamente están a cargo del Ejecutivo.1 La particularidad de este momento inédito es que no existen

  Según Elías Palti, “el pensamiento liberal resolverá la contradicción estableciendo distintos niveles de legislación: separación de la esfera de los principios constitucionales de la de los actos de gobierno. Sólo estos [últimos] podían ser objeto de controversia”. (Palti, 2007, p. 174). 1

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aún grupos consolidados que se reúnan sistemáticamente en pos de acceder a los recursos y honores del gobierno en virtud de una ideología común, posibilitando que la legitimación del gobierno se dé de manera paralela a la oposición. El Argos y La Bandera Nacional son escenarios de consolidación de “ministeriales” y de “oposicionistas”, como se denominaron quienes respaldaban al gobierno y quienes se distanciaban de él, respectivamente. En ese sentido, la política, arena de combate de diferentes sectores al interior de la comunidad política, permite la redefinición constante del papel de la opinión pública. El desplazamiento de la identificación de la opinión pública entendida como voluntad general —cuya voz certera se expresa en la actividad parlamentaria y se condensa en la erogación de la ley—, a la opinión pública como terreno de lucha de partidos que pluralizan el ejercicio político y buscan la ponderación de las mayorías, es fundamental para entender fenómenos como las nuevas bases de legitimidad de los gobiernos, la asociación de redes políticas con criterios distintos a la de las élites locales y, en consecuencia, procesos posteriores como la conformación de partidos políticos identificados con intereses particulares a partir de diferencias programáticas. El objetivo de este capítulo es, básicamente, comprender las condiciones que permitieron la coexistencia de los intereses y posturas particulares con el ideal republicano del bien común,2 en donde el papel de la prensa escrita fue trascendental. Para entender por qué las elecciones competitivas marcan una ruptura en la forma de entender la política, nos remitimos a las elaboraciones de François-Xavier Guerra sobre el ejercicio de la representación para el ciudadano de las jóvenes repúblicas latinoamericanas. A diferencia de la práctica electoral de hoy, que relaciona un voto libre con el voto individual, el ciudadano de esta época está comprendido en su pertenencia a una comunidad. La representación pretendía constituir una comunidad política “igualitaria y soberana”, pues los anteriores vínculos políticos se habían roto con la   La eficacia del bien común está enmarcada en profundos valores católicos. “En efecto, la política no consigue liberarse de los marcos mentales antiguos: su fin sigue referido a la realización del Bien Común ahora transmutado en voluntad general”. (Calderón & Thibaud, 2002, p. 24).

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Independencia. Las asambleas constituían la nación, expresaban la voluntad general, de modo que los intereses y las opiniones particulares eran vistas con desconfianza, pues desde su identificación con la lucha de facciones, eran obstáculo para procurar la unidad nacional (Guerra, 1999, pp. 52-53). La práctica electoral se hacía sin candidatos, sin campañas y sin programas, puesto que la elección a través de juntas electorales estaba separada de la deliberación política, cuyo escenario natural era el Congreso, a través de la elección indirecta. En palabras de Guerra, “no se trata de resolver por el voto una diferencia entre diferentes candidatos, sino de escoger a los más aptos” (Guerra, 1999, pp. 54).3 La elección era una designación de parte de la comunidad política que debía ser aceptada; no el resultado de una campaña deliberada. Que un candidato adelantara una campaña era sinónimo de ambición y falta de desinterés, cualidad necesaria para representar. Este ideal electoral se traducía satisfactoriamente en la escogencia del Congreso, pero se puso a prueba con las elecciones para presidente en 1836. Los nombres que se barajaban para el cargo eran los de José María Obando, militar payanés, Vicente Azuero, abogado socorrano, José Ignacio de Márquez, vicepresidente de la República, y el ex vicepresidente Domingo Caicedo. La elección de Santander era la de Obando, pues veía en él garantía para la conservación del orden en la Nueva Granada (Moreno de Ángel, 1989, p. 709), mientras que Márquez era la opción de moderados que se habían distanciado de Santander en su gobierno, y que toleraban la participación política de antiguos bolivarianos y santuaristas, que habían apoyado el golpe del general Urdaneta en 1830 (González, 2006, p. 23). Como se ve, estas elecciones fueron ocasión para observar las alineaciones políticas a partir de determinadas preferencias. Durante el gobierno de Santander (1832-1837) quienes habían participado del ínterin presidido por Urdaneta fueron aislados del poder. Dentro de las razones que captaron la oposición a su gobierno estaban la condena a muerte, sin atender a las peticiones de indulto, del coronel   La elección era la formalización de la integridad moral e intelectual de los ciudadanos que debían ocupar un puesto público, la expresión de la opinión en uno de sus sentidos primeros de “fama o reputación”. (Fernández Sebastián, 2002, p. 477).

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Ministeriales y oposicionistas

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José Sardá, quien había encabezado un intento de rebelión en 1833, así como la polémica división de la deuda de la Gran Colombia entre las repúblicas que la integraban (Cuervo Vásquez, 1917, pp. 12-26). Si bien la oposición a Márquez se alimentó de la contraposición precedente entre civilistas y militares, durante su gobierno la distinción entre ministeriales y oposicionistas iría llenándose cada vez más de contenido gracias al acceso discriminado a cargos públicos así como al debate político coyuntural presente en el Congreso, que era posible a través de la prensa.4 Antes de comenzar con la exploración de la prensa señalada, relacionamos el marco legal que delimitó el espacio de la oposición impresa. En 1837 fue expedido el primer Código Penal de la República de la Nueva Granada, pertinente para este análisis porque explicita las penas a quienes infringieran la libertad de imprenta, que seguía siendo reglamentada por la Ley del 17 de septiembre de 1821,5 tanto en los delitos “contra la Constitución” (sedición, rebelión, motines y asonadas), la “moral pública” (palabras y escritos obscenos), y “contra la fama, honra y tranquilidad de los particulares” (ultrajes, calumnias, injurias y libelos infamatorios).6 Como veremos, la legitimación de la oposición política en la prensa versó sobre el respeto a la libertad de imprenta y su infracción, de lo   Esta aclaración es válida en la medida en que parte del análisis de estos años se ha basado en el estudio de las diferencias personales de Santander con Márquez, llegando a señalárseles incluso de inspiradores de los partidos Liberal y Conservador. Véase: López, (1993). La biógrafa de Santander señala que “el general Santander también se adelantó a su tiempo en la concepción, función y responsabilidad de los partidos políticos”. (Moreno de Ángel, 1989, p. 718). En el caso de que estas diferencias hayan existido, sin embargo, no resultan explicativas de la conformación de redes políticas que dividieron el gabinete del segundo mandato de Santander, así como marcaron el Congreso, las gobernaciones y las cámaras provinciales de la República. Víctor Manuel Uribe-Urán contribuye a explicar la oposición política para la década del 30 estudiando la diferencia entre abogados de origen “provinciano” y “aristocrático” en la esfera pública de la Nueva Granada. (Uribe-Urán, 2008, pp. 209-240). 5   Pero reformada por la Ley del 19 de mayo de 1838. Colombia. Ley del 19 de mayo de 1838 sobre extensión de la libertad de imprenta. (1926). En Codificación nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821: hecha conforme a la ley 13 de 1912, Tomo VIII. Bogotá: Imprenta Nacional, pp. 74-75. 6   Código Penal expedido el 27 de junio de 1837. Colombia. Código Penal expedido el 27 de junio de 1837. (1925). Codificación nacional de todas las leyes de Colombia 4

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que fueron acusados quienes criticaban al gobierno, llamados “calumniadores”, y “conspiradores”. De esa manera se podrá ver cómo es que la opinión pública delimitada por la libertad de imprenta es constitutiva de las formas de oposición política. Para ello, en primer lugar, analizaremos las acusaciones de la oposición al gobierno de Márquez y la réplica de los ministeriales comparando los criterios de legalidad que la oposición debía tener y su relación con la opinión pública; a renglón seguido, abordaremos la participación concreta de estos periódicos en la constitución de “partidos” bajo el ideal unanimista. En último lugar, presentaremos algunas reflexiones. La Bandera Nacional, espacio de oposición al gobierno de Márquez El primer número del principal periódico de oposición circuló el 22 de octubre de 1837. El prospecto señalaba la responsabilidad de los gobernantes y el papel de los redactores del periódico como centinelas de la ley. La “sociedad compuesta de diez personas”7 detrás de La Bandera Nacional anunciaba que sus intereses fundamentales eran la defensa de la Constitución de 1832, el deseo de instrucción del pueblo, el progreso del país según los estándares de la razón, y el “restablecimiento de la moral pública” como fuente de libertad civil. La opinión pública tendría una doble función, “un cometido positivo —de orientación del Legislativo— y negativo —de reprobación del Ejecutivo—”.8 Por ello, el periódico indicaría “imparcialmente” las “reclamaciones enérgicas, firmes i decentes contra la conducta desde el año de 1821: hecha conforme a la ley 13 de 1912, Tomo VI. Bogotá: Imprenta Nacional, pp. 425-562. 7   La Bandera Nacional, núm. 1, 22-X-1837, p. 1. Florentino González, Lorenzo Lleras (antiguos directores de El Cachaco, (1833), periódico que respaldó el segundo mandato de Santander), Francisco de Paula Santander, Vicente Azuero, coronel Thomas Murray, un “doctor Arganil”, (Cuervo 72), Luis Vargas Tejada, Ezequiel Rojas, José Duque Gómez. (Correa Ramírez, 2002, p. 7). 8   Al respecto véase Ignacio Fernández Sarasola, (2006, p. 15). La validez del análisis de Fernández Sarasola para el estudio de la oposición política en la Nueva Granada de estos años, se apoya en la investigación que hace de los “exaltados y progresistas” y “moderados y conservadores” en España. Ministeriales y oposicionistas

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del Poder Ejecutivo, i demás funcionarios del Estado, siempre que la consideren desviada de la senda que les tienen trazada la constitucion, las leyes, la conveniencia i la felicidad de la patria”.9 Las denuncias y elogios al gobierno eran posibles dentro de la concepción transparente de la esfera pública (Calderón & Thibaud, 2002, p. 15). El silencio de las imprentas, en ese sentido, resultaría perjudicial, pues “los ciegos partidarios del Poder Ejecutivo interpretan este silencio según sus miras favoritas”, como apoyo a los actos de gobierno. “No creemos que aquí, ni en parte alguna del globo, haya magistrados capaces de gobernar y administrar la cosa pública a satisfacción general, y menos podemos persuadirnos de que la presente administración granadina esté exenta de faltas”.10 La administración de Márquez y de sus secretarios de gobierno (Lino de Pombo, secretario del Interior y Relaciones Exteriores; Juan de Dios Aranzazu, secretario de Hacienda, y Antonio Obando, secretario de Guerra y Marina) pasa al rasero fijado por La Bandera. La crítica más recurrente es la que tiene que ver con la provisión de puestos públicos. Los nombramientos de gobernadores, funcionarios públicos y hasta curas son aprobados de acuerdo con el mérito personal y las circunstancias de su designación. Además de la evaluación de las capacidades de los recién nombrados gobernadores provinciales, aparecen acusaciones que señalan favorecimientos otorgados por la postura adoptada en las pasadas elecciones: “Pálpase ademas hasta la evidencia el sistema dominante en los consejos del Dr. Márquez, de favorecer con los destinos públicos á los partidarios de su eleccion, quitándolos, en virtud de la sencilla atribucion 20ª del artículo 106 de la constitucion, á los que opinaron en su contra”.11 La parcialidad en las designaciones resultaba problemática porque restaba la posibilidad de que los “más aptos” pudieran encargarse de la función pública.12   La Bandera Nacional, núm. 1, 22-X-1837, p. 1.   La Bandera Nacional, núm. 1, 22-X-1837, p. 1. 11   La Bandera Nacional, núm. 4, 12- XII-1837, 14. (La paginación de los periódicos es consecutiva). 12   La garantía de este requisito quedaba plasmada en el artículo 210 de la Constitución: “En todos los casos en que conforme a esta Constitución o la ley, deban formarse ternas 9

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El 24 de agosto de 1837 fueron removidos Florentino González de su cargo de oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Lorenzo María Lleras del respectivo de oficial mayor de la Secretaría del Interior y Relaciones exteriores. La causa que atribuyeron fue su voto en la asamblea electoral por Santander para senador y para representantes por Ezequiel Rojas, José Leiva, Juan Nepomuceno Vargas, entre otros. “Deshonroso es para el gobierno que los papeles ministeriales hayan publicado que mi amistad con el general Santander fué una de las causas que influyeron en mi remoción, porque se temia que yo le comunicase lo que pensaba en los consejos de gobierno”.13 En la representación que González hace al presidente exige como su derecho de ley ser informado de las verdaderas causas que llevaron a su remoción. La respuesta evasiva de Pombo, secretario del Interior, alegando el derecho de reserva del gobierno, permitió que La Bandera atribuyera este comportamiento al “espíritu de partido”. Este aludía a la disposición de arbitrariedad y parcialidad con la que se gobernaba: El presidente ha tenido buen cuidado de no hablar de aquella política que usara, una vez parcial contra los patriotas que no le dimos nuestros sufragios, otras [sic] tímida para no enagenarse la voluntad del partido retrógrado, enérgica con los empleados que sabían respetar sus deberes para el nombramiento de los funcionarios y empleados públicos [como en el caso de los gobernadores de provincia], se entenderá que deben ponerse los nombres de cada candidato en pliego separado, con relación de sus méritos, servicios y capacidad”. Constitución del Estado de la Nueva Granada dada por la Convención Constituyente en el año de 1832-22º de la Independencia. (1832). Bogotá, Tipografía de Bruno Espinosa, por José Ayarza. En Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra. Constituciones de Colombia. Biblioteca Popular de la Cultura Colombiana, III. Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, 1951, pp. 251309. Publicación del Repositorio Institucional de la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/219/ 13   La Bandera Nacional, núm. 10, 24- XII-1837, p. 39. Las redes políticas se fundan en un componente igualitario, en donde la horizontalidad de sus relaciones está definida por las dinámicas de la amistad. (Calderón & Thibaud, 2002, p. 22). Sin mencionar a Santander, en un artículo de El Argos titulado “Remociones” aparecía que “Cómodo había sido para una oposicion que nació antes de haber comenzado á funcionar el presidente de la República, tener funcionarios suyos tan cerca de los consejos del gobierno”. El Argos, núm. 2, 3-XII-1837, p. 8. Ministeriales y oposicionistas

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para con la patria sometiéndose al deber de la lei, apasiónada con los suyos, complaciente con los enemigos de la verdadera libertad.14

Este espíritu de partido viciaba las decisiones gubernamentales al constituir un conjunto de redes políticas que en cada provincia se suscribía como ministerial15 y otro que se había opuesto a la elección de Márquez. Según La Bandera, Márquez fue apoyado por antiguos bolivarianos y urdanetistas frente a los cuales Santander y otros “patriotas” habían defendido las leyes de la nación.16 “La sorpresa natural de verse elevado á la presidencia á despecho del mérito reconocido de sus concurrentes, inspiró al Sr. Márquez un profundo agradecimiento á los que le habian dado sus votos, i le hizo concebir la idea de contemporizar con la política de aquellos de sus partidarios que blasfemaban contra la administracion anterior”.17 La continua desobediencia y omisión de la ley descubierta por La Bandera Nacional, era explicada a raíz de una deuda de gratitud del presidente al beneficiarse con su llegada al poder. La correspondencia sostenida entre los lectores con los editores del periódico posibilitaba la denuncia de violaciones a la ley en las que quedaba de manifiesto la improbidad y parcialidad de los agentes del gobierno. Así fue en el caso del gobernador de la provincia de Vélez, José María Arenas, quien según La Bandera se encargaba de perseguir a todos aquellos que no habían votado por Márquez.18 La enumeración de sus métodos arbitrarios y la   La Bandera Nacional, núm. 23, 25- III-1838, p. 90.   La carga peyorativa del término ministerial queda explicada así en La Bandera: “Como eso de ministros huele á malo, i hace recordar aquella reforma que hizo Bolívar en 1828 cambiando los nombres de estos empleados á estilo monárquico, i que en la república modelo de Estados Unidos se llaman secretarios del despacho, deseamos que los empleados encargados del despacho de las secretarías de gobierno granadino se llamen como quiere la constitucion, secretarios limpiamente”. La Bandera Nacional, núm. 12, 7-I-1838, p. 47. (Cursivas en el original). 16   La Bandera Nacional, núm. 1, 22-X-1837, p. 1. 17   La Bandera Nacional, núm. 19, 5-II-1838, p. 74. 18   La Bandera Nacional, núm. 18, 18-II-1838, p. 69. 14 15

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falta de atención del gobierno nacional llevaron el tema al Congreso, en el que Santander, en su calidad de diputado de Pamplona desde 1838, argumentó que los seguidores de Arenas habían estado al lado del golpista Urdaneta.19 Entre los abusos de Arenas, que fueron condenados por La Bandera, estaba la conformación de una “guerrilla” de funcionarios públicos en Moniquirá, las calumnias contra sus opositores en la cámara provincial, y la parcialidad en el juicio de los crímenes de sus adeptos.20 La suspensión injustificada del juez de hacienda del Cauca, José Ignacio Valenzuela, interpretada como intromisión del gobierno en el poder judicial, generó un intento formal de acusación contra el presidente Márquez adelantado por el representante Vicente Azuero, quien pidió que se consideraran otros casos, como la “ilegal órden comunicada al gobernador de Bogotá exijiendo el nombre del autor ó editor de un artículo no oficial inserto en el Constitucional de Cundinamarca”, como ejemplo de restricción de la libertad de imprenta21, y la falta de vigilancia a agentes corruptos del gobierno en salinas de la provincia de Tunja, entre otros casos de infracción a la ley, pero la acusación no prosperó. No sólo la administración del presidente transgredía de este modo las leyes, sino que incluso su permanencia resultaba cuestionable, pues su elección fue tildada de inconstitucional. De acuerdo con La Bandera, al abandonar su posición como vicepresidente para asumir la presidencia, Márquez incumplió los artículos 98 y 103 de la Constitución,   La Bandera Nacional, núm. 27, 22-IV-1838, p. 110.   La Bandera Nacional, núm. 18, 18-II-1838, p. 70. 21   La Bandera Nacional, núm. 18, 18-II-1838, p. 71. Los periódicos Constitucionales eran los órganos oficiales que circulaban en cada gobernación por orden de la Ley del 4 de enero de 1832, por lo que había un periódico de estos en cada provincia. (Cacua Prada, 1983, pp. 39-40). Según el artículo 598 del Código Penal de 1837, “los impresores que divulgaren los nombres de los autores o editores de los escritos […] cuando éstos no consientan su divulgación o publicación”, se harían acreedores de una “multa de cincuenta a doscientos pesos” y de “un arresto de uno a cuatro meses”. (Código Penal, 1925, pp. 518). La legislación vigente para el momento mantenía la figura de “jueces de hecho” y de jurados de imprenta, instaurada por la Ley del 17 de septiembre de 1821. (Ley del 19 de mayo de 1838, (1926), pp. 74-75). 19 20

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que amparaban el principio de alternancia política. Se preveía que el vicepresidente contaría con los recursos del gobierno para ser elegido, encargándose de la campaña y no de su actual empleo, y que sería dócil ante las cámaras, impidiendo su función de “consejero imparcial”. De este modo “el interés individual se sustituye en su espíritu al interés general”.22 La crítica al gobierno de Márquez, ilegal por su elección y sus fallas al gobernar, se nutre de la acusación de que sus apoyos hubieran sido bolivarianos y urdanetistas. Los editores de La Bandera se identificaban a sí mismos como progresistas y patriotas frente a los ministeriales: los retrógrados. “El censurar los actos ilegales i apasionados, i la falsa política del poder ejecutivo, lejos de convertirnos en retrógrados, nos da derecho á llamarnos progresistas, porque nuestra conducta es la mejor prueba de que apetecemos la marcha legal del gobierno, su perfeccion, i que llene las obligaciones que le ha impuesto el pueblo granadino”.23 Ser “progresista” implicaba la defensa de la institucionalidad fijada por la Constitución frente a las vías de hecho, lo que la equiparaba al patriotismo. El progreso estaba, además, acorde con el espíritu del siglo, contrario a los procedimientos arbitrarios: “Un partido retrógrado avezado á doctrinas, prerrogativas y privilegios incompatibles con el progreso de la razon, pretende no solo detener el curso de la revolución politica é intelectual, sino arrastrar el país á tiempos de fatal recuerdo”.24 Los progresistas, en fin, demostraban la fidelidad a los principios republicanos que cobijaban a los ciudadanos, más allá de su procedencia civil o militar. Por su parte, la retrogradación indicaba el favoritismo, la persecución a los “liberales”25, así como el fanatismo clerical.26   La Bandera Nacional, núm. 11, 31-XII-1837, pp. 42-43.   La Bandera Nacional, núm. 9, 17-XII-1837, pp. 33-34. (Con cursivas en el original). 24   La Bandera Nacional, núm. 4, 12- XI- 1837, p. 15. 25   La Bandera Nacional, núm. 7, 3-XII-1837, p. 27, y núm. 19, 25-II-1838, p. 75. El adjetivo “liberal” en este periodo acompaña los principios republicanos y más esporádicamente se refiere a los patriotas en contraposición a los “enemigos de la libertad”. En ningún caso debe entenderse como una denominación partidista. 26   La Bandera Nacional, núm. 6, 26-XI-1837, p. 23. 22 23

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Estas fueron las principales manifestaciones del ejercicio de oposición adelantado por La Bandera Nacional a la administración Márquez. Aunque estaba fundamentada en la libertad de imprenta y limitada por un pasado de conspiraciones y golpes de Estado, la oposición resultaba sospechosa cuando se expresaba por fuera del papel acusador que correspondía al Congreso. Fueron frecuentes los cargos de difamación que decían recibir los autodenominados “patriotas”: “Si un escritor se propone corregir la marcha del gobierno en bien de la comunidad granadina, advirtiéndole sus estravios i errores, ó reclama de alguna autoridad ó corporacion el cumplimiento de una lei, al momento salta á la palestra un defensor armado de injurias, sarcasmos i calumnias”.27 Fueron recibidas numerosas cartas de personas que pedían espacio en las páginas de La Bandera para que pudiesen rectificar acusaciones infundadas en su contra, lo cual demostraba la influencia del rumor en la imprenta, así como la obsesión con que sus productos fueran fieles a la verdad, objetivo común del gobierno y la oposición. Deben UU. leer de nuevo a los autores que han escrito sobre libertad de imprenta, i ver que ellos jamás han calificado de perturbacion el censurar libremente y aunque sea con equivocacion los actos del gobierno, i que tampoco han hecho tan horrible calificacion, ni nuestra constitucion, ni la lei contra los abusos de la imprenta, ni la de conspiradores de 1833, de donde debe deducirse que UU. no tienen derecho ninguno para desnaturalizar el uso de la imprenta, ni calificar de perturbadores á los de la Bandera.28

La legalidad de la oposición era una premisa que se asentaba en los bienes que la libertad de imprenta traía por sí misma, como la corrección del error: “El público debe persuadirse de que el grito riguroso de la imprenta no es lo que produce conmociones, que no turba la tranquilidad pública, i que por el contrario produce el gran bien de hacer retroceder á los gobiernos de sus errores voluntarios ó involuntarios”29, pero era una   La Bandera Nacional, núm. 38, 8-VII-1838, p. 163.   La Bandera Nacional, núm. 16, 4-II-1838, p. 63. 29   La Bandera Nacional, núm. 7, 3-XII-1837, p. 26. 27 28

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tarea pendiente deslindar la oposición de los crímenes contra el sistema político, a saber, la sedición y conspiración. Nuestra oposición no es ni puede ser al sistema político que rije la república; porque ni somos godos para querer la dependencia de la Nueva Granada de la antigua metrópoli, ni monarquistas para hacerle la guerra al sistema republicano ni absolutistas para odiar las leyes que fijan á la autoridad sus límites, ni fuimos partidarios de la dictadura para procurarle otra al país, ni de la usurpación para promover una segunda.30

El marco legal de la crítica precisaba de una aclaración fundamental, que es la que permite el quiebre de la unanimidad como paradigma de estabilidad republicana: la distinción entre gobierno y régimen político. Este régimen estaba estructurado a partir de la Constitución, producto consumado de la voluntad general. El gobierno, como administrador del Estado, era susceptible de crítica y de responder ante sus electores por incumplimiento y omisión de la ley, pero esta disposición no respondía sólo a animadversiones personales frente al gobierno actual, por lo que debía entenderse como una obligación patriota más allá de Márquez.31 La oposición era el ejercicio de la razón y la filosofía frente al fanatismo religioso y el mal uso de los recursos públicos32; y sólo cesaría con la rectitud del gobierno. “Lo que impondrá silencio a la Bandera no es la multitud de papeles escritos en favor de las arbitrariedades i de la política desastrosa del poder ejecutivo, es sola i esclusivamente la marcha legal, imparcial y progresiva de la administracion”.33 La principal función de la opinión pública era vigilar las arbitrariedades del gobierno, por lo que al cumplir esta misión el periódico busca legitimarse como su auténtica expresión. En vista de la ausencia de amenazas a la paz interior34, para La Bandera Nacional, como vocera y constituyente   La Bandera Nacional, núm. 13, 14-I-1838, p. 49.   La Bandera Nacional, núm. 18, 18-II-1838, p. 72. 32   La Bandera Nacional, núm. 37, 1-VII-1838, p. 159. 33   La Bandera Nacional, núm. 20, 4-III-1838, p. 79. 34   La Bandera Nacional, núm. 20, 4-III-1838, p. 78. 30 31

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de la oposición, era importante aclarar que ella no favorecía un gobierno militar35, que no atentaría contra la vida del presidente Márquez36, y que, además y quizá más importante, no constituía facción.37 En La Bandera, la legitimidad de la oposición se sustenta en la minoría que dicen ser los “patriotas” que la escriben, frente a la mayoría que el gobierno y los periódicos ministeriales dicen representar. Esta relación de fuerzas quedaba demostrada en la cantidad de periódicos ministeriales frente a los de la oposición y en la victoria gobiernista de las elecciones para congreso en 1838, de modo que La Bandera Nacional se consolidaba como portavoz de la opinión pública, atribuyendo la opinión popular a los ministeriales que no tenían un criterio racional. “Bien pueden ser millares los papeles que sostengan como legal un acto inconstitucional: el error no deja de ser error porque esté defendido por muchos”.38 La autolegitimación de la oposición a través de la apropiación de la opinión pública quedaba de ese modo indiferente al principio de las mayorías: “Las mayorías resuelven pero no siempre convencen. La mayoría no siempre se ajusta a la razon y la libertad”.39 La decisión al respecto quedaba en manos del tribunal de la opinión pública.   La Bandera Nacional, núm. 13, 14-I-1838, p. 50.   La Bandera Nacional, núm. 33, 3-VI-1838, p. 139. 37   El término “facción”, intercambiable con “partido”, era usado como descalificativo. Según Palti, (2007, p. 175) “los ‘partidos’ legítimos” eran “sólo aquellas formaciones circunstanciales que se creaban de manera espontánea en torno de cada cuestión específica. Toda otra organización más permanente, como lo que nosotros entendemos por ‘partidos’ (y en esa época se solía llamar ‘facción’), era necesariamente vista como perversa, pues tendía a contaminar los debates con adhesiones fijas”. 38   La Bandera Nacional, núm. 12, 7-I-1838, p. 47. Los orígenes ilustrados de la “opinión pública” buscan distinguirla de una opinión que aludía también a “un cúmulo de errores y de prejuicios populares a combatir por la minoría ilustrada”. (Fernández Sebastián, 2002, p. 477). La coexistencia de estos significados en América hispana es explicada por Noemí Goldman (2008, p. 229) como herencia de una tradición corporativa. 39   La Bandera Nacional, núm. 36, 24-VI-1838, 156. Para el caso español, Fernández Sarasola, (2006, p. 15) recuerda que Alcalá Galiano “afirmaba que la opinión pública no equivalía a la “mayoría numérica”, sino a la “mayoría activa”, entendiendo que ésta incluía sólo a quienes participaban en la vida política. Esta argumentación, sin embargo, escondía una paradoja peligrosa: A través de la asociación de las mayorías con el conjunto del pueblo, al disociar la razón del pueblo aparecía también el argumento del gobierno 35 36

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Quien ha podido imaginarse que un periódico, único que hiere i advierte al gefe de la administración, en medio de una turba que acaricia y conmueve la fuente de sus gracias, alcance á llevarse la omnipotente opinión y causar todos los desastres políticos que teme el papel Oposicion? Si tal cosa llegase a suceder, no habría duda de que aquel periódico habría vencido al gefe del gobierno, en el juicio nacional que se abre con la lectura de los papeles que hacen el ataque i defensa de los actos administrativos que se censuran.40

La opinión pública era capaz de corregir el error tanto del gobierno, como de la oposición; de develar sofismas, como aquel que atribuía la verdad a la buena o mala intención con que se expresaba la oposición41; en fin, era una fuerza moral que “se depura i aquilata en el crisol de la discusion; jamás se corrompe ni desvía; ella marcha ahogando los silbidos del orgullo, i los votos absurdos de las pasiones i del interés privado”.42 La opinión pública debía saber que la oposición no actuaba en bloque contra el gobierno, que privilegiaba la censura de los hechos y no de las personas y que si había algo qué elogiar de la administración, así habrían de reconocerlo. Por el contrario, una oposición indiscriminada sí era una afrenta contra la república: “Si la oposición obrase sistematicamente, si por espíritu de partido y por capricho lo improvase todo y se propusiese a hacer acusaciones, y si por satisfacer pasiones pretendiese tumbar la administracion; por supuesto que una tal oposición pondria en alarma a la sociedad, y en peligro el orden público y las instituciones”. Para La Bandera Nacional, eran el gobierno y los ministeriales quienes se comportaban como un “partido”: “Hasta ahora no hemos visto censurado algún acto en ninguno de los papeles ministeriales, lo que manifiesta que todo se aprueba ó que no hai carácter ni probidad política”.43 (“el sofisma”, según La Bandera) de que el pueblo no podía ejercer la oposición “por falta de luces”. La Bandera Nacional, núm. 14, 21-I-1838, p. 55. 40   La Bandera Nacional, núm. 16, 4-II-1838, p. 63. 41   La Bandera Nacional, núm. 13, 14-I-1838, p. 51. 42   La Bandera Nacional, núm. 16, 4-II-1838, p. 63. 43   La Bandera Nacional, núm. 30, 13-V-1838, p. 126.

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Un índice de ese sesgo que definía a los gobiernistas era la común animadversión contra Santander, reduciendo la confrontación con la oposición a un asunto personal. “Queremos solo hacer notar el cambio de sistema que ha habido en la redaccion del Argos, que ya no cuida ni por asomos de defender al Dr. Márquez, sino de despopularizar al general Santander”.44 Pero en el caso de La Bandera Nacional era importante aclarar que ésta no era la expresión de Santander, y que sus redactores tenían independencia de criterio: “Los Azueros, Obando, Soto, Gomez Plata, Obaldía, Lombana (cuya independencia elogió El Baluarte) el independiente [Florentino] González (Argos número 2º) i tantos otros bien conocidos en este país, que en muchas ocasiones hicieron oposicion al presidente Santander, ¿pueden someterse a pensar con la cabeza de nadie?”.45 El principio de unanimidad política fijado en la Constitución y en las leyes era roto por el gobierno al administrar el país por medio de arbitrariedades y favoritismos (el “espíritu de partido”) que, dicho sea de paso, los identificaba por su retrogradación común a todas sus actuaciones. La relevancia de explicar que la oposición escrita no ofrecía ninguna amenaza al sistema político no es casual, pues el patrón de unanimidad que ofrece legitimidad a los interlocutores en la vida pública es el mantenimiento de la república, único sistema coincidente con los principios de la razón.46 Las alusiones al tribunal omnipotente de la opinión nacional frente al cual se acusa al gobierno, y que juzgaría entre las voces ministeriales y las de la oposición cuál de ellas tendría razón, mantienen ese ideal de unanimidad en el sentido de que éste no es fruto de un consenso, sino el botín de una victoria defendible dentro de la legalidad que ofrece la libertad de imprenta al ejercicio periodístico (Palti, 2007, pp. 163-166), (Calderón &Thibaud, 2002, p. 24). La oposición intenta conquistar su legitimidad a través de   La Bandera Nacional, núm. 30, 13-V-1838, p. 124.   La Bandera Nacional, núm. 30, 13-V-1838, p. 124. 46   Para Kant, “la razón exige una constitución republicana y una forma de gobierno en la que el poder estatal se entiende como expresión de la voluntad común”. (Gabás Pallás, 2008, p. 104). 44 45

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la coincidencia entre la atribución jurídica de la opinión pública y del periódico, pues La Bandera Nacional se asume a sí misma como tribunal que dictamina la corrección moral y política del gobierno. El Argos, principal periódico ministerial El primer número de El Argos, periódico no oficial, apareció el 26 de noviembre de 1837 con la participación de Lino de Pombo, secretario del Interior, Juan de Dios Aranzazu, secretario de Hacienda, Ignacio Gutiérrez Vergara, oficial de la Secretaría de Hacienda y Rufino Cuervo.47 En su prospecto indica que el cambio de presidente ha molestado a algunas personas, que se dicen patrióticas y que expresan su “rencor mal encubierto” en la prensa, sobre todo en publicaciones ofensivas contra el gobierno actual. Este es el caso de La Bandera Nacional, que demuestra tener “un plan decidido i concertado para desacreditar la administración i hacerle perder la confianza en la Nacion”. Esta posición era inaceptable, debido a que la estabilidad de la administración dependía de la “opinion favorable que de ella tiene la nacion”. Contradecir la legitimidad otorgada por los gobernados significaba afectar la tranquilidad de la nación, demostrando carencia de patriotismo y civismo: Los patriotas verdaderos i desinteresados, los que ni directa ni indirectamente tratan de exitar turbaciones en el Estado, los que aman la quietud pública i el obedecimiento del gobierno que es su garantía, no pueden menos que alarmarse en vista de esta guerra de difamación i de descrédito, que se le ha declarado á la administración ejecutiva. Se ha levantado la bandera contra el gobierno, i es el deber de los buenos correr á su defensa.48

Es así como El Argos, amparado por su interés de conservar el orden y la libertad, pretende defender al “lejítimo gobierno de la República”, de los ataques de la oposición, sin usar el estilo sarcástico y descortés de La   Juan de Dios Aranzazu y Rufino Cuervo habían participado en los periódicos La miscelánea (1825) y La Bandera Tricolor (1826-1827). (Cacua Prada, 1983, pp. 35-41). 48   El Argos, núm. 1, 26-XI-1837, p. 1. 47

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Bandera Nacional, sino utilizando un lenguaje “decoroso i mesurado”, junto con fuentes que enfrenten a la “imparcial razón” de los contrarios. Cabe decir que El Argos no se postulaba como defensor ciego de la administración, sino que cuando considerara que se había incurrido en alguna falta, alertaría el error debidamente. En relación a la principal crítica que recibe el gobierno de la oposición, esto es, la de las presuntas irregularidades en los nombramientos de funcionarios públicos, El Argos responde que esta se explica por la manía “de atribuir los nombramientos del gobierno á simpatias eleccionarias”.49 A pesar de que la administración ofreció puestos a algunos liberales, ellos no quisieron aceptar, lo que muestra que el gobierno no tiene otros móviles que la búsqueda “del saber i la probidad”.50 Incluso Santander había argumentado que en su gobierno les dio a dos personas una comisión por ser amigos de la administración. “En aquella época pudo darla Santander sin la menor dificultad i tropiezo: ahora se confiere una plaza de escribiente al que no se ha alistado en las banderas de la oposicion, i se grita, i se clamoréa, i se insulta, i se vilipendia al primer magistrado de la Nacion”.51 El Argos tuvo buen cuidado de responder a las críticas puntuales que La Bandera Nacional lanzaba a través de la reiteración de los desvíos del gobierno. Dentro de los que ocuparon las páginas de ambos periódicos por varios meses sobresalía la cuestionada suspensión de un juez de hacienda del Cauca, mencionada con anterioridad. Al respecto, El Argos manifestó que si en algo se había fallado, no se podía inculpar al poder ejecutivo. Para eso era importante anunciar que “desempeñando la patriótica tarea que nos impusimos de apoyar con nuestros esfuerzos al gobierno […] presentarémos aqui al lector un fiel, aunque rápido bosquejo de los hechos, cotejandolos con las leyes i los preceptos constitucionales”.52 Ante una situación similar que vivió Santander, se anunciaba que “los dos Presidentes obraron de una   El Argos, núm. 11, 4-II-1838, p. 44.   El Argos, núm. 40, 26-VIII-1838, p. 158. 51   El Argos, núm. 24, 6-V-1838, p. 96. 52   El Argos, núm. 2, 3-XII-1837, p. 5. 49 50

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misma manera”.53 Ante las imputaciones al gobierno por haber infringido la ley de imprenta al pedir el nombre del autor de un artículo en el Constitucional de Cundinamarca, se respondió que al ser un periódico oficial, el gobierno tenía el derecho de ejercer la censura previa.54 E incluso en el caso de las denuncias por persecución política al gobernador Arenas en Vélez, se afirma que no se le había comprobado ningún delito, por lo que los cargos en su contra quedaban sin fundamento: “I ya hemos visto por el informe impreso de los jueces de Moniquirá, que ni ha habido ni hai tales pandillas, ni persecuciones á los patriotas, ni nada mas que un deplorable espiritu de partido: que esos crímenes de que se habla, casi todos han sido cometidos bajo la pasada administracion”.55 El “espíritu de partido” es el elemento que distorsiona y altera la tranquilidad pública a través de acusaciones injustas: “i quedará despejada la incógnita, i sabido de todos, que el deseo de continuar dominando aquella provincia cierto partido, i hacer á su amaño las elecciones, es el motivo de la tenaz persecucion que se ha declarado á un hombre honrado”.56 La sinrazón de las inculpaciones de La Bandera quedaba demostrada por la falta de fallos judiciales que respaldaran su verdad, reforzándose al quedar asociadas con el interés particular de un “partido” que pretende recuperar el control de una región, con los consecuentes riesgos de fragmentación nacional. Las quejas interpuestas por la oposición, al proceder de un partido, entendido como asociación de individuos interesados en satisfacer sus móviles privados en la esfera pública, quedan sesgadas al acudir al conjunto de la opinión pública. El interés privado que persigue la posesión de un cargo se asimilaba así a la esfera individual gobernada por las pasiones, enfrentadas dialécticamente al mundo objetivo en el que impera la razón en la vida pública (Palti, 2007, pp. 164, 183). Este influjo de las pasiones que, según El Argos explicaba la existencia e insistencia de La Bandera Nacional, quedaba en evidencia por el estilo   El Argos, núm. 2, 3-XII-6.   El Argos, núm. 1, 26-XI-1837, p. 3 y núm. 4, 17-XII-1837, p. 16. 55   El Argos, núm. 25, 13-V-1838, p. 98. 56   El Argos, núm. 25, 13-V-1838, p. 98. 53 54

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formal de la oposición escrita. El Argos encontraba el tono característico de la escritura de La Bandera altisonante y propio de una oposición sistemática. El llamado a la oposición era para que moderara el perfil de sus críticas: “Hable U. con mas decencia de los altos funcionarios públicos, si quiere que su antipática oposición parezca noble i racional: use U. del lenguaje admitido entre la jente culta”.57 Este tono “inculto” se distinguía por el uso de la difamación y la calumnia, insultos personales al presidente y amenazas. El periódico se anticipaba a la respuesta ofensiva que recibiría por cuestionar el gobierno de Santander: “se nos amenarazará, como ya se ha verificado en uno de los periódicos de la oposicion, mandándosenos en terminantes palabras que callemos el pico”.58 Una de las principales calumnias para El Argos era la inhabilidad de Márquez para la presidencia. El “enojo” de La Bandera expresado en esta denuncia constante era síntoma de que esta elección no favoreció al candidato que les convenía a sus redactores,59 demostrando que el espíritu de partido, exponente de las pasiones, se expresaba a través de la calumnia. En la medida en que el periódico opositor no podía comprobar las recriminaciones que hacía contra la administración, las argucias retóricas de La Bandera consistían en inventar cargos, insistir en polémicas sin fundamento y exagerar los eventos,60 dando señales de sus verdaderas intenciones: su apasionamiento les hacía recalcar asuntos superficiales que citaban recurrentemente para desacreditar al gobierno,61 En esta vergonzosa lid de pasiones i personalidades, ellos, escribiendo como escriben, dan gustosa i facil suelta á su natural carácter, satisfacen una propension instintiva á su ser moral dando alimento a la malignidad, (…) [en cambio] la tendencia jenial de nuestras plumas es la discusión   El Argos, núm. 2, 3-XII-1837, p. 5.   El Argos, núm. 29, 10-VI-1838, p. 114. (Cursivas en el original). 59   El Argos, núm. 7, 7-I-1838, p. 25 y núm. 40, 26-VIII-1838, pp. 157-158. 60   El Argos, núm. 22, 22-IV-1838, pp. 85-86 y núm. 36, 29-VII-1838, pp. 140-141. 61   El Argos, núm. 9, 21-I-1838, p. 33. 57 58

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fria é imparcial de las cuestiones abstractas, el examen desapasionado de las conveniencias públicas62.

La contraposición entre el estilo apasionado y el racional para abordar la conducta del gobierno llevaba a la interpelación con una oposición que se delineaba al tiempo con los gobiernistas. La oposición contaba con “apariencias de razón”, pero la verdad es que carecía de sentido común.63 Este ejercicio de construcción de alteridad pasaba por la acusación a la oposición de constituir un partido del cual Santander era su jefe.64 En vista de que el espíritu de partido era un sentimiento innoble65 por tener aparejadas la venganza y el interés privado, El Argos invitaba con frecuencia a La Bandera Nacional para que presentara públicamente su programa de principios66; el hecho de no contar con él sólo reducía a la oposición a ojerizas personales. En ese sentido, criticaba la relación que hacía el periódico opositor entre “progresistas” y “retrógrados”. Para El Argos, la Nueva Granada mostraba señales de estar en progreso y no en retroceso, y pedía no abusar de estas categorías. La muestra de ello eran los siete años de sosiego (desde la caída de Urdaneta), junto con las importantes mejoras en materia de instrucción y prosperidad material adelantadas por los gobiernos republicanos.67 No deja de haber, sin embargo, oportunidad para la crítica de estas clasificaciones. Así, por ejemplo, los progresistas son los que quieren un gobierno civil y retrógrados son los que anhelan el militar, que defienden por la fuerza su   El Argos, núm. 33, 8-VII-1838, p. 130. Franz Hensel destaca la fundamentación moral posible a través del sistema republicano. Señala que “el lenguaje de los primeros años de la república es abundante en adjetivos y epítetos sobre el desorden moral, las pasiones exaltadas, el triunfo de los vicios y la ausencia de añoradas virtudes añoradas y queridas” [sic]. La “devoción republicana” se instaura como necesaria para la coincidencia del orden católico con el político (Hensel, 2010, p. 22). 63   El Argos, núm. 31, 24-VI-1838, p. 123. 64   El Argos, núm. 13, 18-II-1838, p. 50. 65   El Argos, núm. 16, 11-III-1838, p. 61. 66   El Argos, núm. 23, 29-IV-1838, p. 89; núm. 26, 20-V-1838, p. 102 y núm. 40, 26-VIII-1838, p. 158. 67   El Argos, núm. 17, 18-III-1838, p. 66. 62

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“exclusivo privilejio de mandar”.68 El término “progresista” quedaba para ellos arbitrariamente asumido por la oposición.69 Las expresiones “progresistas” y “retrógrados” se alimentan paulatinamente de significados. La sinonimia del “progreso” con el “patriotismo” es adoptada como premisa de la defensa del gobierno. En su exhortación al apoyo a gobiernos civiles, El Argos invierte la relación que trazó La Bandera Nacional entre estos términos simétricamente opuestos. Así pues, quien “sostenga la actual administración en tanto que ella marche por la via legal, es un patriota progresista; el que trate de despopularizarla con censuras apasionadas i atrevidas, debe calificarse de retrógrado”.70 El patriotismo es equiparable con la conservación del orden legal y político basado en la razón, tesis sustentada por gobiernistas y la oposición, haciendo que su adscripción y sentido se tornen en objeto de disputa. Las diferentes palabras usadas para la mutua denominación cobran así una riqueza y una fuerza expresiva. El Argos llama a la oposición “partido santanderista”, atribuyendo a Santander el liderazgo de la oposición; “triunvirato” o la “trinca”, por ser tres los redactores más sobresalientes de La Bandera71; también lo denomina como “facción”, un término muy problemático por el riesgo de fragmentación nacional que establecía. Para El Argos, la treta de la oposición era dividir el territorio, los sufragios y   El Argos, núm. 6, 31-XII-1837, p. 21.   El Argos, núm. 33, 8-VII-1838, p. 131. 70   El Argos, núm. 5, 24-XII-1838, p. 18. (Con cursivas en el original). En el siglo XVIII el término “retrógrado” se refería principalmente al movimiento de algún planeta “contra el órden natural y de los signos”. El uso que acercaba el vocablo a “retroceso”, referente “á lo que vuelve, ó camina hácia atrás” se fue volviendo cada vez menos infrecuente. La generalización de esta marcha contra el orden natural se consolida en el siglo XIX como connotación negativa en la política, en la que el “progreso” como “adelantamiento” se torna en criterio de determinación. Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido á un tomo para su más fácil uso. (1780). Madrid, por D. Joaquín Ibarra, Impresor de Cámara de S.M. y de la Real Academia. 71   Florentino González, Lorenzo Lleras y Francisco de Paula Santander. El Argos, núm. 23, 29-IV-1838, p. 89 y núm. 40, 26-VIII-1838, p. 158. La Bandera tilda a su vez a los editores de El Argos de “argivos”, “serviles”, “godos”, etcétera. 68 69

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las opiniones para triunfar sobre el actual gobierno,72 sin dejar de lado los atentados a las elecciones y de querer repetir el “25 de septiembre”.73 Por estos peligros adyacentes, la oposición era vista con cautela. Para El Argos, censurar los actos del gobierno cuando había orden y estabilidad era un irrespeto a los ciudadanos: “la oposición, se nos permitirá agregar, solo es útil á la nación cuando tiende á debatir principios y sistemas opuestos de administracion; i no creemos que esta es la de La Bandera Nacional”.74 El deber ser de la oposición quedaba subsumido en pos de la conservación del orden público e institucional; la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las libertades públicas correspondía a todos los ciudadanos, de manera que La Bandera Nacional no tenía por qué erigirse en representante de los inconformes con el gobierno.75 La oposición en Europa, según El Argos, exponía claramente su posición para promover la libertad y grandeza nacional, por lo cual presentaba un programa de principios e intereses, que podrían convencer al pueblo. Sin embargo, el “partido santanderista” no quería nada distinto al común interés general que compartía el gobierno, definiendo las pretensiones de la oposición como […] satisfacer miserablemente pasioncillas, vengar injustos resentimientos, hacer triunfar su orgullo ofendido, i echar abajo la presente administracion no por medios lícitos i nobles sino por los de la difamacion i la calumnia. Allá en Europa la oposicion se hace á la politica ó á la tendencia de los gabinetes; acá en nuestra tierra se dirije á los empleos i á los que los obtienen, si no son de la comunion íntima del expresidente.76

  Irónicamente no dejan de añadir, aludiendo a Santander, “¿qué de estraño tiene esto, cuando el jefe del partido que la dirije, es el único jeneral de division que hai en la República […]?”. El Argos, núm. 24, 6-V-1838, p. 96. 73   El Argos, núm. 25, 13-V-1838, pp. 99-100. 74   El Argos, núm. 7, 7-I-1838, p. 27. (El nombre del periódico aparece sin cursivas). 75   El Argos, núm. 9, 24-I-1838, p. 34. 76   El Argos, núm. 23, 29-IV-1838, p. 89. (Con cursivas en el original). 72

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Al privilegiar la evaluación de las personas y no de los hechos, como lo mostraba la crítica continua al secretario del Interior, el discurso de la oposición es calificado de erróneo pues sus intenciones le obstruyen la visión ecuánime del gobierno y la realidad nacional. Los de la oposición “están resueltos á censurar i desaprobar lo que se hace i lo que se deja de hacer, i á sostener á todo trance que en todo acto de la administracion, lo que debiera haberse hecho fue lo contrario de lo que se hizo”.77 Este ejercicio sistemático de la oposición, que obedece a los rencores de Santander y sus prosélitos, se refuta continuamente en El Argos a través de la valoración del gobierno y del expresidente Santander, a quien sus antipatías no le permitieron la desaparición de los antiguos partidos que agitaron al país. Con esto se explica que Márquez no creó la oposición actual por faltas en su gobierno sino que ésta ya estaba antes de que se hubiera posesionado como presidente. Se dice que a Santander, “la inquieta i presuntuosa ambicion que lo domina, su anhelo i sus esfuerzos incesantes por tener en ajitacion los ánimos, i á la nacion dividida en bandos, lo han hecho al fin reconocer como un hombre peligroso para el país”.78 A partir de este razonamiento la conservación del orden se establece como objetivo de primera línea, pues el mantenimiento del gobierno y el respeto a la ley son equivalentes al respeto de la voluntad nacional que se expresó por vía de las mayorías en la elección de Márquez. Para El Argos, la opinión pública es equivalente de la voluntad nacional, pues al mantener la imparcialidad de sus veredictos se expresa juzgando la verdad sopesándola entre los diversos medios periodísticos,79 inclinándose por un tono racional y educado, exento de insultos, mentiras y rumores, así como a través de la ratificación del principio de mayorías que el mecanismo electoral introduce. Como expresión acabada de la voluntad general, las elecciones legitimaban el gobierno de Márquez. Para El Argos era digno y patriótico apoyar al presidente legítimo, así como someter “la opinion   El Argos, núm. 51, 11-XI-1838, p. 204.   El Argos, núm. 36, 29-VII-1838, p. 141. 79   “La nacion imparcial juzgara de la lealtad de la oposicion, i de la justicia de una causa que á tales medios i arterias tiene que apelar”. El Argos, núm. 29, 10-VI-1838, p. 114. 77 78

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particular á la voluntad de la mayoría”, por lo que el periódico se asume como representante de la opinión pública respaldada aun con la victoria ministerial en las elecciones de 1838. La unanimidad de la opinión pública, entonces, mantiene sus pilares en el respeto a la Constitución y la ley, pero al quebrarse por la vía electoral, atribuyendo las mayorías al gobierno y las minorías a la oposición, se renueva en la conservación del orden público y la estabilidad institucional, haciendo equivalentes al gobierno y a la nación. De ese modo, un ataque al gobierno presente en el terreno de la opinión es asociado a la fragmentación de la nación, con todas las características de ilegalidad que quedarían atribuidas a la oposición. La unanimidad política en El Argos y La Bandera Nacional Varias veces El Argos disertó sobre los juicios que en tiempos del gobierno de Santander se hacían sobre la inconveniencia de la respectiva oposición a su gobierno, de lo que se infiere que sólo había que alternar entre estas posiciones para mudar el discurso. La consecuencia de este argumento es que oposición y gobierno compartían el mismo lenguaje político (Correa Ramírez, 2002, p. 18), basado en la moral ceñida al cumplimiento de la Constitución y la ley, órganos de expresión de la voluntad general, y de ciertos autores en común, como Benjamin Constant.80 Esto explica que el patriotismo se haya convertido en trofeo de los enfrentados en la esfera de la opinión. John Jaime Correa diferencia el significado que poseía el término para gobiernistas y opositores. “El valor supremo al que apelaba La Bandera era el patriotismo constitucional, mientras que para la gente de El Argos éste residía en la defensa del gobierno y el sistema representativo que lo había elegido” (Correa Ramírez, 2002, p. 22). Esta diferencia se manifiesta en el ideal de opinión pública que legitimaba ambas tribunas. Al teñir la voz de los contrarios de opinión popular, La Bandera Nacional pretendía apropiarse de la opinión pública, asumiendo para sí el dominio de la razón, mientras que para El Argos era evidente que la opinión pública, como fruto de un juicio racional, no podía expresarse nunca a través del lenguaje de la calumnia y el insulto.   El Argos, núm. 7, 7-I-1838, p. 27; La Bandera Nacional, núm. 9, 17-XII-1837, p. 34.

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Conceptos fundamentales de la cultura política de la Independencia

El patriotismo recoge, a fin de cuentas, lo que para ambas posturas se reconoce por unanimidad política. La sinonimia de patriotismo y progresismo posibilita el reconocimiento del retrógrado en el contrario, en tanto representaba el espíritu de partido, que reunía animadversiones personales, favorecimientos, pasiones, intereses particulares e ilegalidad. El otro era, pues, el que atentaba contra la unanimidad política consolidada en el régimen republicano. A pesar de las pequeñas diferencias sobre los principios que cada uno tenía, la lógica de partido, en el sentido de asociación colectiva para el acceso a los recursos del poder, se teñía de facción en tanto que constituía un peligro para la estabilidad institucional, que en este momento sigue siendo el esqueleto de la nación. Recordemos que El Argos relacionaba la oposición con la sedición aludiendo a la “conspiración septembrina”, mientras que La Bandera Nacional criticaba que en el gobierno se nombraran antiguos “bolivianos” y “urdanetistas”. El llamado común era, entonces, a la eliminación de partidos, incluso desde la presidencia del Congreso, pues este alteraba “la discusion tranquila de los negocios públicos”.81 “La reconciliación o refusión de los partidos políticos” era bien vista por La Bandera: “Santo y laudable es el procurar hacer una fusión de partidos para que todos los granadinos, sometiéndonos a la constitución, trabajemos de consuno en la felicidad de la patria; pero es una presuncion chocante y perniciosa pretender verificarla de un año para otro, i cuando las pasiones eleccionarias se hallan todavía encrespadas”.82 Su mirada, sin embargo, era escéptica, pues ¿cómo podría ser posible la unanimidad con las persecuciones y calumnias en flor, así como con la incapacidad del presidente de mantener la unidad?83 El elemento que renueva la disputa por la unanimidad son las elecciones. A pesar de la carga despectiva del término “partido”, con las elecciones primarias para Congreso vemos que cada sector habla de sí mismo como uno. Aparecen listas de candidatos, electores y ganadores que, en el caso de La Bandera   El Argos, núm. 28, 3-VI-1838, pp. 109-110. Fernández Sarasola, (2006, p, 21).   La Bandera Nacional, núm. 30, 13-V-1838, p. 126. 83   “El Sr. Márquez, lejos de haber hecho algo por grangearse á los que hoi forman la oposicion, ha obrado tan torpemente, que puede decirse, que él la ha creado, él la alimenta i la sostiene”. La Bandera Nacional, núm. 40, 20-VII-1838, p. 171. 81 82

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Nacional, se asumen como “progresistas” frente a los respectivos “ejecutivistas” o “ministeriales”, llamados a su vez por El Argos “republicanos” en distinción de los “patriotas” o “santanderistas”.84 El término republicanos sufre una torsión conceptual en la voz de El Argos, pues es apropiado en oposición a patriotas para distinguir a “los que sostienen la administracion civil del país” frente a los hombres que aseguraban haber luchado por la libertad: los militares.85 El quiebre de la unanimidad política se reflejaba con más fuerza en el Congreso, pues era allí donde la dinámica de enfrentamiento de los partidos se hacía más visible. Al conformarse a través del mecanismo electoral, éste conservaba las funciones representativas de la ya lejana Convención Granadina, que reunió el cuerpo de nación necesario para la concreción del pacto social en la Constitución de 1832. Pero el papel del parlamento con su rol de acusador del gabinete convertía esta condensación de la voluntad general en terreno de la opinión, maleable además por el principio de alternancia electoral. La función acusadora del Congreso quedaba viciada además por su participación en la elección de presidente (como encargado de “perfeccionar las elecciones” cuando ningún candidato alcanzaba la mayoría requerida86). Así que la oposición periodística debía desempeñar la vigilancia de la conducta del gobierno; pero aún en el caso de La Bandera Nacional el número de sus redactores fue disminuyendo al ser elegidos como diputados del Congreso, institución que aún permanecía siendo el principal nicho de debate de los destinos de la República.87 Desde 1838, entonces, la oposición periodística y la   La Bandera Nacional, núm. 35, 17-VI-1838, p. 153 y núm. 43, 5-VIII-1838, p. 187; El Argos, núm. 31, 24-VI-1838 y núm. 33, 8-VII-1838, p. 129. 85   El Argos, núm. 31, 24-VI-1838, p. 122. Hensel propone el análisis de la “república” en la construcción de significado de la joven comunidad política. “Suspender [la nación] no significa aquí borrar o deshacerse de; más bien, quiere decir articular al análisis otras formas de la comunidad política que han tendido a quedar aplanadas por la omnipresencia nacional”. (Hensel, 2010, p. 2). 86   “Cuando llegue a triunfar completamente el espíritu dominante, ¿inspirarán confianza los congresos?”. La Bandera Nacional, núm. 30, 13-V-1838, p. 126. 87   Santander ―retirado del periódico a mitad de 1838― y Vicente Azuero habían sido elegidos como diputados para el periodo parlamentario de 1838 y Florentino González lo fue para 1839. 84

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parlamentaria se complementarían en la identificación con nombres propios de “partidos” afines o enfrentados. Las elecciones son examinadas con lupa —y denunciados el fraude e irregularidades88—, así como son retratadas con detalle las sesiones del Congreso, destacando los aportes de los diputados de una u otra pertenencia política. Esta identidad política, fijada en las redes personales que atravesaban las escalas territoriales de la Nueva Granada, se vio complementada por otras formas de sociabilidad. La Sociedad Católica, fundada por Lorenzo Morales y algunos religiosos, se constituyó inicialmente por el cambio en el plan de estudios inspirado en Bentham y Tracy, legado de la anterior administración. Rápidamente se mereció el rechazo del arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera, así como de La Bandera Nacional, que explicaba el triunfo electoral de los ministeriales por la anuencia de la administración con el “fanatismo”. El Argos refutó estas acusaciones afirmando que tal complicidad no era cierta, y que el gobierno respetaba el derecho de reunión. A esta agrupación se le sumó la Sociedad Democrático Republicana de artesanos i labradores progresistas de la provincia de Bogotá, fundada, entre otros, por Lorenzo Lleras (Soriano Lleras, 1958, p. 35). Su objeto era el de difundir conocimientos útiles, así como “instruirse debidamente de la conducta de los funcionarios, estadistas i hombres prominentes de los diversos partidos, á fin de proceder, en las épocas eleccionarias, con pleno conocimiento de los talentos, opiniones i servicios de los candidatos que se presenten”.89 La fundación de estas sociedades es clave en la formación de la subjetividad política en el momento, pues enriquece el marco de acción de los gobiernistas y opositores.90 En julio de 1838 Florentino González firmó una proposición que desarrolló por entregas en La Bandera Nacional, llamada “Gobierno federal para la Nueva Granada”. Se refería a la necesidad de implantar el sistema   La Bandera Nacional, núm. 39, 15-VII-1838, 170.   La Bandera Nacional, núm. 41, 22-VII-1838,178. 90   Sobre la formación de la subjetividad política de los artesanos, véase Sowell, (2006). Sobre las sociedades católicas en un periodo posterior ver Arango de Restrepo, (2005, pp. 329-356). 88 89

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federal en el país dado el estado lamentable en que se encontraban las provincias con relación a la capital, desde donde no se podía gobernar con eficiencia dadas las distancias, pero también las intrigas, el fanatismo “y la aristocracia”: El Istmo, Cartagena, Santamarta, El Hacha, Pasto, Casanare, Pamplona, son descuidadas por un gobierno, á quien las cuestiones políticas que engendra la contradiccion de ideas que agitan la capital, único centro de sus atenciones, distraen de las mejoras materiales, i lo entregan á discrecion del partido que ha sido mas diestro, ó mas adulador, para ganar su confianza. Caminámos bajo el centralismo á la esclavitud, porque no hai contrapeso para una autoridad que nombra i remueve empleados hasta en las últimas secciones del territorio.91

Debido a la división política de la capital, la administración se mostraba inadecuada pues los nombramientos en las provincias respondían a favoritismos, lo que hacía inevitable que la ineptitud se apoderara de los destinos públicos. El descuido y mal gobierno de las provincias eran síntoma de su falta de autonomía. La vía para ello era una reforma constitucional pacífica. “Con nuestra actual constitucion serán mayores estas desgracias, en cualquier día en que la capital sea ocupada por un ejército enemigo, ó por una banda de revoltosos”.92 La importancia de esta propuesta no debe desestimarse. Si la Constitución y la ley eran los criterios de unanimidad que orientaban la censura política al gobierno, una eventual reforma constitucional profundizaría las diferencias entre los ideales de unanimidad política. Esta propuesta no hacía más que captar la crítica que señalaba a la oposición de antirepublicana. El Argos no olvidaba que los de La Bandera se referían a sí mismos como “invariables en sus principios”, demostrando que el giro

  La Bandera Nacional, núm. 38, 8-VII-1838, p. 165.   La Bandera Nacional, núm. 39, 15-VII-1838, p. 169.

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en su discurso obedecía a un interés electoral. La federación era “impracticable i haria de esta tierra un perpetuo campo de anarquía”.93 En las páginas de La Bandera también se presentaron reformas a las leyes electorales para prevenir futuras irregularidades. El Argos las interpretaba como la respuesta esperada a su petición de que la oposición presentara un programa de principios. Sin embargo, las acusaciones comunes permanecían: un sistema federal como salida a la presencia de partidos que velaba el buen gobierno, y una crítica oficialista que acusaba a la federación como proveniente de un ánimo divisorio del país. Ambos periódicos, en todo caso, al notar la formación de redes políticas basadas en “sociedades”, burocracia y favores, no dejan de condenar el dominio que estos partidos ejercían en la escena política, pues la opinión particular que los reunía, se establecía en amenaza de la opinión absoluta y unánime que tomaba cuerpo en la voluntad general de la nación. Sólo desde esa lógica se percibe el mismo peligro en la presencia de partidos, mayorías y minorías en el Congreso (la “representación nacional”) y en levantiscas militares y regionales, por lo que a pesar de la división en la opinión, aún se seguía invocando a la unanimidad, aunque esta fuera menos evidente. Conclusiones El modelo de opinión pública como tribunal que dirime la verosimilitud de dos o más posturas (opiniones) en pugna, y el sistema republicano, se erigen en paradigmas de un mínimo necesario de unanimidad política que, precisamente, hace posibles las discusiones sobre las mejores decisiones que amerita el bien común. El Argos y La Bandera Nacional, como voces del gobierno y la oposición, buscan conquistar esa opinión pública general que sigue siendo comprendida como imparcial y fundada en la razón, al tiempo que se presentan como sus portavoces privilegiados. Cada periódico es condenado por el otro por representar la opinión particular de un partido, apelativo despectivo que se refiere a las asociaciones políticas concretas que procuran la victoria en el ejercicio electoral.   El Argos, núm. 36, 29-VII-1838, p. 143.

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Es importante introducir una distinción entre conquistar la opinión pública y pretender ser su voz. En el primer caso, esta es entendida como tribunal justo que dirime posiciones enfrentadas sobre un asunto, como resultado de la concertación entre el criterio individual de cada lector racional: al respecto, El Argos y La Bandera Nacional comparten la visión de que esta es la “nación imparcial”, el conjunto finito del público de lectores por convencer. El segundo caso remite a que el gobierno y la oposición, en su batalla periodística, constituyen una esfera de la opinión alterna a ese tribunal, un terreno de lucha inmediato producido por las denuncias rápidamente rebatidas en la prensa. Los dos escenarios de la opinión pública (el público lector y el conjunto de periódicos) coexisten en el proceso de conformación de la oposición escrita al gobierno de Márquez. La opinión pública puede desempeñar este doble papel de ser “tribunal de la verdad” y “terreno de lucha” pues la negación del consenso como alternativa es compartida. Además, la unanimidad política, entendida como patriotismo, es construida bajo diversos ideales. La polisemia de este término que propicia la disputa entre “partidos” es índice de que contiene un anhelo común para la pluralidad de voces: el sostenimiento de las instituciones y el sistema republicano, cuya consecución costó tantos esfuerzos. Como se ha mencionado, a pesar de compartir este lenguaje político que repudia las vías de hecho, el gobierno pone el acento sobre la conservación del orden público y nacional y el respeto de los mecanismos electorales regulados por la ley, mientras que la oposición lo ubica en la constitucionalidad de las decisiones del gobierno y en el “republicanismo” de los dignatarios públicos. Por esa razón resultan tan importantes las discusiones sobre la legalidad de la elección de José Ignacio de Márquez como presidente y la evaluación sistemática de Santander como expresidente, así como de los perfiles de los candidatos a ocupar la función pública. La revisión de la historia llega incluso al episodio de la conspiración contra Bolívar en 1828, por lo menos, presentando un cuadro amplísimo de trayectorias públicas en donde los facciosos siempre pueden ser los otros. La coexistencia de estas dos concepciones de opinión pública persiste mientras el ejercicio electoral no traiga aparejada una diferencia 322

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programática que replantee la identidad y la alteridad. Así, pretender encontrar en esta historia el germen de los partidos políticos liberal y conservador es inútil si la mirada no se posa en el proceso de constitución de la oposición. Lo que existía no era el derecho de oposición, sino de imprenta.94 A partir del común reconocimiento de la libertad de imprenta y del derecho de asociación, El Argos y La Bandera Nacional junto con otros periódicos diseminados en la Nueva Granada, construyen la legalidad de la oposición. Su configuración con bases sólidas se sitúa de manera complementaria en las elecciones, en el Congreso y el ejercicio periodístico. Estos tres elementos, cada uno a su modo, se reconocen como expresiones de la voluntad general, de modo que confieren legitimidad a las voces críticas del gobierno. En este momento, los partidos como redes políticas son vistos con desdén por pretender imponer sus intereses particulares en la esfera pública. Estos intereses son los recursos y espacios burocráticos, que sin un programa ideológico fuerte que los agrupe, terminan asociados al egoísmo, el rencor y la vanidad como las pasiones que corrompen un espacio característico de la razón. Ni gobiernistas ni opositores se ven a sí mismos como partidos, asumiendo de ese modo la vocería de la unanimidad política y de la verdadera opinión pública —acusando errores en el contendor político—, pero actúan como tal, al denominarse “progresistas” o “republicanos” en los momentos de la contienda electoral (nótese, sin embargo, la pretensión de generalidad de estos adjetivos). Al definir electores, candidatos y diputados en una u otra tendencia, la concreción de la subjetividad política en bases más fuertes que las trayectorias públicas y amistosas se va perfilando, de nuevo, a través de la prensa. Coincidimos en este punto con las reflexiones de Frank Safford, (1983, p. 22), para quien en los años treinta del siglo XIX se forma una estructura relacional que sirvió de fundamento a la adscripción de ideologías de años posteriores, pero que en todo caso se sentía unida por cierta identidad política, como lo   Sobre la imprenta como derecho-garantía de otros derechos, ver: Fernández Sarasola, (2006, pp. 16-17). 94

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explican procesos tales como la conformación de sociedades “al margen” de los partidos (tema por investigar) y la discusión de ideas sobre federación, aún asociadas a la disposición de recursos públicos. En el punto en que quienes conforman los partidos aceptan esta denominación —muchos años después, proceso en el que tal vez confluyó la guerra de los Supremos— ya el ideal de unanimidad está roto, y los periódicos con una ideología más definida se adjudicarán sin vacilaciones la representación de la opinión pública entendida como voluntad general. Referencias Fuentes primarias Colombia. Código Penal expedido el 27 de junio de 1837. (1925). Codificación nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821: hecha conforme a la ley 13 de 1912, Tomo VI. Bogotá: Imprenta Nacional, pp. 425-562. Colombia. Ley del 19 de mayo de 1838 sobre extensión de la libertad de imprenta. (1926). En Codificación nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821: hecha conforme a la ley 13 de 1912, Tomo VIII. Bogotá: Imprenta Nacional, pp. 74-75. Constitución del Estado de la Nueva Granada dada por la Convención Constituyente en el año de 1832-22º de la Independencia. (1832). Bogotá, Tipografía de Bruno Espinosa, por José Ayarza. En Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra. Constituciones de Colombia. Biblioteca Popular de la Cultura Colombiana, III. Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, 1951, pp. 251-309. Publicación del Repositorio Institucional de la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de http:// www.bdigital.unal.edu.co/219/ Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido á un tomo para su más fácil uso. (1780). Madrid, por D. Joaquín Ibarra, Impresor de Cámara de S.M. y de la Real Academia. El Argos, Bogotá, 1837-1839. La Bandera Nacional, Bogotá, 1837-1839.

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