Migrantes deportados: Entre la concepción de los desechos humanos y la de los derechos humanos

La gestión social de un bien común: los Comités de Agua Potable en Nicaragua Rosibel Kreimann

Historia natural del insecto depredador de semillas de Dipteryx oleifera en Nicaragua Javier Ruiz

Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: Managua-Nicaragua (años 19962001) Carlos Antonio Narváez Silva y Octavio Javier Martínez Baltodano

Impacto de la deforestación en el desarrollo local sostenible de los hogares: caso de Nicaragua, 19982005 Carlos Alberto Zúniga González

Situación actual de la disposición final de residuos sólidos en los municipios integrados en la Cuenca de la Laguna de Apoyo Ingrid Regidor Migrantes deportados: entre la concepción de los desechos humanos y la de los derechos humanos Joaquín A. Mejía R.

Expulsados de la globalización: políticas migratorias y deportados centroamericanos de José Luis Rocha Julio Francisco Báez Cortés Rostros de la demencia: testimonio familiar de la Fundación Alzheimer de Nicaragua (FADEN) Armando Ulloa González

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está indizada en los siguientes directorios internacionales: Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), Latin American Journals Online (Lamjol) y ProQuest.

COMITÉ CIENTÍFICO Alexandra Bonnie Organización Internacional de las Migraciones Alfred Vernis ESADE Business School Andrés Pérez Baltodano University of Western Ontario Ángel Castiñeira ESADE Business School Antonio Mijail Pérez Asociación Gaia Cándida Gómez Servicio Jesuita para Migrantes Carlos Sandoval Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica Denis Pommier AGTER, Francia Dennis Rodgers Brooks World Poverty Institute – The University of Manchester Edilberto Lacayo UNAN - León Eduardo Brandt de Oliveira Universidad de São Paulo Eduardo Valdés Barría, SJ Universidad Rafael Landívar, Guatemala Ernesto Medina Universidad Americana Isabel Siria Castillo Asociación Gaia Jean Michel Maes Museo Entomológico de León Jeffrey McCrary Investigador independiente Jennifer Casolo University of California at Berkeley Joel Osuna Quintero Instituto de Biotecnología - Universidad Nacional Autónoma de México Johan Bastiaensen Universidad de Amberes José Luis Rocha Servicio Jesuita para Migrantes

No. 88 / 2011 – 142 páginas 250 ejemplares ISSN 0424-9674 http://encuentro.uca.edu.ni

Josefina Vijil Centro de Investigación y Acción Educativa Sociales (CIASES) Ligia Gómez Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan Lourdes Callejas Solórzano UNAN - León Manfred Liebel Universidad Libre de Berlín Manuel Ortega Hegg Universidad Centroamericana María Luisa Miranda Universidad Centroamericana Marissa Olivares Universidad Centroamericana Marta Valdez Melara Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas (CENIBiot), Costa Rica Matilde Mordt Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Melba Castillo Centro de Investigación y Acción Educativa Sociales (CIASES) Mercedes Cáceres UNAN - León Miquel Izard Llorens Universidad de Barcelona Olav Eggebø Norwegian University of Science and Technology Ove Faurby Norteak Madera, S.A. Peter Marchetti AVANCSO, Guatemala Rafael Lucio Gil IDEUCA – Universidad Centroameriana René Olate Boston College Roberto Bermúdez Universidad Centroamericana Rómulo Sánchez Leytón UNAN - Managua

Jorge Alberto Huete Pérez Director Wendy Bellanger Editora Jorge Alberto Huete Pérez José Luis Rocha Manuel Ortega Hegg Comité editorial Anielka Pérez Responsable de mercadeo y promoción

Rogerio Medina Responsable de distribución y suscripciones Deymi Rodríguez Asistente administrativa Eduardo Herrera Scott Diseño Francis Mejía Diagramación Complejo Gráfico TMC Impresión

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Editorial

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Abstracts

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Artículos La gestión social de un bien común: los Comités de Agua Potable en Nicaragua

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Rosibel Kreimann

Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: ManaguaNicaragua (años 1996-2001)

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Situación actual de la disposición final de residuos sólidos en los municipios integrados en la Cuenca de la Laguna de Apoyo

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Migrantes deportados: entre la concepción de los desechos humanos y la de los derechos humanos

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Carlos Antonio Narváez Silva y Octavio Javier Martínez Baltodano

Ingrid Regidor

Joaquín A. Mejía R.

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Historia natural del insecto depredador de semillas de Dipteryx oleifera en Nicaragua

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Javier Ruiz

Impacto de la deforestación en el desarrollo local sostenible de los hogares: caso de Nicaragua, 1998-2005

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Carlos Alberto Zúniga González

Crítica de libros Expulsados de la globalización: políticas migratorias y deportados centroamericanos de José Luis Rocha

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Rostros de la demencia: testimonio familiar de la Fundación Alzheimer de Nicaragua (FADEN) Armando Ulloa González

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Normas editoriales de Encuentro

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Julio Francisco Báez Cortés

Comunicar y divulgar la ciencia, una función universitaria

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a comunicación y divulgación de los nuevos conocimientos e invenciones ha ido adquiriendo un lugar importante como componente integral del quehacer científico. Más allá de los conceptos teóricos y prácticos, se vienen a agregar cada vez con mayor fuerza las acciones de divulgación de los productos finales de la investigación y la innovación tecnológica. Pero para que estos ‘productos’ tengan impacto en la sociedad, se tienen que presentar en forma de avances palpables y asequibles al público amplio. En ese sentido, la comunicación y divulgación de la ciencia cumplen una función social ‘democratizadora’ de la ciencia. Curiosamente, la preocupación por la comunicación de la ciencia ha sido inicialmente asumida por los organismos de ciencia y tecnología y por las Academias de Ciencias, pero más recientemente algunas universidades vienen mostrando mayor interés y realizando acciones sobre el tema. En el contexto universitario el tema tiene conexión directa con diversas unidades, como las facultades de comunicación y departamentos de educación. Algunas universidades ofrecen especializaciones y posgrados sobre comunicación de la ciencia con el fin de generar competencias y habilidades sobre el tema. Otra conexión clara es con el departamento de comunicación institucional, dado el interés de la universidad por dar a conocer el quehacer investigativo, usualmente visto más como un mecanismo de publicidad. Otra vinculación –aunque menos obvia - es con el quehacer científico mismo. Está claro que las editoriales y revistas científicas publican libros, ensayos o artículos que son resultados de investigaciones inéditas y que contribuyen al acervo universal de la ciencia. Sabemos de científicos que son excelentes comunicadores de sus investigaciones. Pero la mayoría de los científicos no asumen que la divulgación y comunicación de la ciencia sean parte de sus responsabilidades. A veces lo consideran incluso algo demasiado superfluo y piensan que esto debería ser una función más propia de los comunicadores, no un asunto universitario sino de los periódicos. Reconociendo que la comunicación y divulgación de la ciencia son parte esencial del quehacer científico y, además, una función social de las universidades, y considerando que no somos ajenos a ese proceso de gran dimensión social y educativa, que desborda las aulas y los límites de la universidad, exhortamos a que también en Nicaragua se inicie un debate sobre el estado actual de estos asuntos en el país a fin de identificar estrategias y acciones para fortalecer e incrementar nuestras capacidades en comunicación y divulgación de la ciencia. Pero las universidades, como instituciones, y sus investigadores, como profesionales de la ciencia, deberían jugar un rol más decisivo y prominente en estas acciones que estimulan la cultura científica y que, por responder a las necesidades sociales, exigen forzosamente un escenario participativo y verdaderamente democrático. Jorge A. Huete Pérez

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The Social Management of a Common Good: The Potable Water Committees in Nicaragua Rosibel Kreimann The article is based on research conducted as part of the thesis project for a master’s degree in urban studies (2007-2009) at the College of Mexico. It presents a comparative analysis of the social management of water made by the Potable Water Committees in Nicaragua. These are organizations that supply potable water to 23% of the population in the country, especially to communities in rural areas and the urban periphery. These social management committees are studied from the perspective of common goods based on Elinor Ostrom’s approach, where the collective action of the settlers, along with the construction of common standards for development strategies in relation to other actors, is what allows them to carry out its work. Two significant cases are studied: the ‘El Edén Water Committee”, located in the buffer zone of the ‘El Chocoyero- El Brujo’ Reserve at a peri-urban context of the capital; and the ‘Chompipe Water Committee’ in a rural context, organized in a water network at the municipal level. The study analyzes if the management is carried out in a collective manner, and how this is influenced by the geographical context in which the committees are located. Two stages of fieldwork were carried out in Nicaragua, in which interviews were conducted with governmental and nongovernmental actors at a national level and in selected locations. Keywords: Water / Social Organization / Common Good / Nicaragua

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The Economic Impact of the Effects of Air Pollution on Health: Managua-Nicaragua (1996-2001) Carlos Antonio Narváez Silva and Octavio Javier Martínez Baltodano There is a positive relation between air pollution by particles smaller than 10 micrometers (PM10), total suspended particles (PTS) and ozone (O3), and Managua’s morbility rate (4%, 8% and 30% respectively). The results of the air quality monitoring conducted by the Universidad Nacional de Ingeniería’s Center for Environmental Research show that PM10 and PTS are above the limits established by the WHO and the EPA. Mostly affected are those people younger than 15 years and older than 60. This situation causes a public expenditure on health of C$73.00 per person. According to Ministry of Health reports, there is annually an average of 30 thousand cases of acute respiratory infections in Managua. If we apply the 30% relation of PTS with morbility rate, we have an equivalent of 10 thousand cases caused by air pollution. Since 2001 there is no monitoring of air quality in Managua. To reactivate the program –and apply law 217– a total of 600 thousand córdobas per year would be needed. We propose that this amount should be taken from the subsidy of 120 million córdobas per year that the public transport sector receives. This policy would have an impact of C$1.60/day per bus (less than one passenger per day). An alternative would be to charge a tax on diesel of C$0.10 once a year, preferably on the month of highest consumption. This would allow the collection of 4 million córdobas, enough money to reactivate the air quality monitoring program and to satisfy the demand of medicine in health posts in Managua. Keywords: Air Pollution / Morbility / Health Expenditure / Economic Instrument

Current situation of solid waste and its final disposal in the integrated territories on the Laguna de Apoyo watershed Ingrid Carolina Regidor This essay provides information about the current status of municipal landfills in the integrated areas of the watershed of Laguna de Apoyo, considering the recent approval (May, 2010) of the Zoning Plan of the basin of the Nature Reserve Laguna de Apoyo (RNLA). The findings are useful for municipal councils that are developing projects for the improvement of final disposal sites for solid waste. Among the issues raised are: the current situation of municipal solid waste collection; the disposal of solid waste contrasted to the characteristics of the location of landfills; the design, operation and

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maintenance of the solid waste, and administration and control issues. The essay also presents an assessment of the location, design and operation of disposal sites; and identifies and assesses current and potential environmental and social impacts that can be found on these sites. On the other hand, improvement schemes are proposed for the design and operation of the landfills to mitigate the potential impacts identified in them. Keywords: Solid Waste Disposal / Locational Characteristics / Design, Operation and Maintenance of Municipal Landfills / Environmental Impacts / Environmental Measures

Deported Migrants: Caught Between the Concepts of Human Wastes and Human Rights Joaquín A. Mejía R. The world economic crisis is causing a crisis in democratic values on Northern societies dealing with the migratory phenomenon. States in Europe and the United States increasingly perceive migration as something to get rid off when it is no longer useful or profitable. The migrants’ human rights are sacrificed in the altar of national security, public order and economic recession. In the name of sovereignty, States apply migratory policies that go against the rights of migrant populations who are subjected to deportation and denied the basic right of being heard by an independent and impartial judge. This article’s main goal is to show that when a State fails to respect and guarantee human rights, people can resort to international protection systems that try to revert state decisions that were based on discriminatory migratory policies and go against human dignity. Keywords: Migration / Deportations / Inter-American Human Rights System / Migratory Policy

Natural History of the Predatory Insect of Dipteryx oleifera Seeds in Nicaragua Javier Ruiz A laboratory experiment was conducted to raise larvae that feed on D. oleifera seeds. It was found that adult insects belong to the genre Taeniaptera. The larvae were collected in the tropical rain forest in Eastern Nicaragua during the months of April and May, 2006. Observations of the conditions of the site have been conducted annually until 2011. The evidence we present is valuable as a

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scientific discovery but also as an observation exercise of the life history of seed predatory insects. The results of this study are part of a research program on the establishment dynamics of seedlings from the Dipteryx oleifera species, a commercially valuable species in Nicaragua. The main results of the experiment indicate that the presence of this insect’s larvae is density-dependent. Most of the seeds containing larvae were found under adult trees and in spots of seed accumulation under bat feeding areas, where the high density of seeds attracted adult individuals. Our results support the hypothesis of density dependence in the establishment of this species in tropical rain forests (Janzen, 1970). Keywords: Natural History / Insect / Taeniaptera / Granivory / Seeds / Tropical Rain Forest / Nicaragua

Impact of Deforestation on the Sustainable Local Development of Households: Nicaragua, 1998-2005 Carlos Alberto Zúniga González The paper analyzes the deforestation problem and its impact on Sustainable Local Development (SLD) during the period between 1998 and 2005. A stochastic frontier production function is defined for panel data of farm-specific variables. The inefficiency effects are assumed to be independently distributed as truncations of normal distributions with constant variance but with means which are a linear function of observable variables. Panel Data was chosen between social and environment variables of the data base of the EMNV’98-05. The results prove that the deforestation problem is explained by household social expenditure and poverty. The mean technical efficiency was 22%, and poverty reached significant levels for explaining technical inefficiency on the stochastic frontier model. The technical efficiency by year was 27%, 35% and 5 % during 1998, 2001 and 2005 respectively. With these considerations, I suggest an educational and specialization process based on the country’s environmental policies. Keyword:

LSMS Survey / MECOVI / Technical Efficiency / Stochastic Frontier / Sustainable Local Development

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Artículos 8 Encuentro No. 89, 8-26, 2011

La gestión social de un bien común: los Comités de Agua Potable en Nicaragua Rosibel Kreimann* Recibido: noviembre de 2010 / Aceptado: enero de 2011 El artículo se basa en una investigación realizada como proyecto de tesis para la Maestría en Estudios Urbanos (2007-2009) realizada en el Colegio de México (D.F). Se presenta un análisis comparado de la gestión social del agua que realizan los Comités de Agua Potable en Nicaragua. Estas son organizaciones que satisfacen a un 23% de la población, trabajando para llevar agua a las comunidades en sectores rurales y de la periferia urbana. La gestión social de los Comités se estudia desde la perspectiva de gestión común basada en el planteamiento de Elinor Ostrom, donde es la acción colectiva de los pobladores -a través de la construcción de normas comunes para desarrollar estrategias en relación a otros actores- lo que les permite llevar a cabo su labor. Se retoman dos casos significativos en el país: el Comité de Agua El Edén en un contexto periurbano en la capital, dentro del área de amortiguamiento de la Reserva Natural Chocoyero-El Brujo; y el Comité de Agua Potable El Chompipe en un contexto rural, organizado en una Red de Agua a nivel municipal. En la investigación es de interés analizar si la gestión se realiza de una manera colectiva, y cómo esto se ve influido por el contexto geográfico en que se encuentran los Comités. Para ello se llevaron a cabo dos etapas de trabajo de campo en Nicaragua, en el que se realizaron entrevistas con actores gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional y de las localidades seleccionadas. Palabras clave: agua / organización social / bien común / Nicaragua

* Encargada de Planificación, Monitoreo y Evaluación del Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan, Universidad Centroamericana. Correo electrónico: [email protected]

La gestión social de un bien común: los Comités de Agua Potable en Nicaragua

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1. Introducción La crisis del agua en el planeta, provocada por la contaminación, el cambio climático y el crecimiento demográfico explosivo, es de tal magnitud que casi dos mil millones de personas viven en regiones que sufren por insuficiencia de agua. En 2025, dos tercios de los habitantes del planeta habrán de enfrentar escasez de agua (Barlow, 2008, p. 1, del Convenio Azul). En Nicaragua, el país más extenso de la región Centroamericana, con 129, 494 kms2, y el menos habitado, con 5,102, 048 habitantes, que tiene un 48% de población bajo la línea de pobreza, del que 55.9% es urbana, y un 63.4% tiene acceso al agua potable (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 2005, p. 15); se presenta como un fenómeno social relevante el papel de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), que son organizaciones que satisfacen a casi una cuarta parte de la población, trabajando para llevar agua a las comunidades en sectores rurales y de la periferia urbana, donde el gobierno no tiene presencia. De los 24,000 comités presentes en la región Centroamericana, los 5,100 que se encuentran trabajando en Nicaragua (Red Centroamericana de Acción del Agua [FANCA], 2007, p. 15) han avanzado en la organización de las comunidades beneficiadas, lo que ha facilitado la capacitación en las mismas para hacer sostenibles los proyectos de acueductos. Además, se han capacitado técnicamente para manejar de forma adecuada no sólo el acueducto, sino el suelo y el bosque, construyendo obras sencillas de retención de escorrentías, muros de contención para proteger las áreas de influencia y afectaciones de las fuentes de agua, así como para evitar los desastres por inundación que afectan a las comunidades y sus bienes dentro de las micro cuencas o sub-cuencas. En esta primera parte del ensayo se enfatiza en la problemática de investigación y se presenta la selección teórica para el estudio y la hipótesis que lo guía.

1.2. Nicaragua: problemática del agua Nicaragua cuenta con una red hidrológica que cubre el 7.7% del territorio, compuesta por 21 cuencas, 85 ríos que juntos tienen 6,695 km. de longitud, 47 lagunas y 2 lagos, que en total tienen una extensión de 10,033 kms2. El principal problema detectado a nivel ambiental respecto a los recursos hídricos es el deterioro de la calidad y de la cantidad del agua, primero por la contaminación de aguas superficiales y vertidos domésticos e industriales, y segundo por los altos índices de deforestación de las cuencas. Según el Censo del 2005 de Nicaragua, el abastecimiento de agua potable cubría al 63.9% de las viviendas totales del país y al 63.4% de la población total nacional. Mientras en el sector rural, el Censo Nacional de Población 2005 refiere que el abastecimiento de agua potable cubre al 32.3% de las viviendas y al 31.8% de la población total. Las opciones mayoritarias, por tanto, siguen siendo fuentes de agua no seguras, como pozos (30.8%) y ríos (29.3%). Ambas opciones suman 60.1%. Por tanto, en la medida que se secan estas fuentes de agua las comunidades rurales presentan más problemas para acceder al agua (Acevedo & Cuadra, 2007, p. 20).

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Actualmente las instituciones responsables de la provisión de servicios de agua y alcantarillado en el país son: a nivel estatal la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) que abastece aproximadamente a un 60% de los usuarios, otras empresas del gobierno desconcentradas y menores que ENACAL a nivel de departamento son la Empresa Aguadora de Matagalpa (AMAT) y la Empresa Aguadora de Jinotega (EMAJIN), así como 26 municipalidades pequeñas que atienden un 10% de la población; el 30% restante es atendido por Organismos de la Sociedad Civil (Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América, 2001, p.7); de este último porcentaje aproximadamente un 23% (1 millón 200 mil habitantes) es atendido por los Comités de Agua Potable (Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua [CODA], 2007, p. 1). El principal prestador de servicios es ENACAL, pero también participan otros como empresas privadas, cooperación internacional, organismos no gubernamentales (ONG) o los Comités de Agua Potable, con asistencia técnica o construcción de sistemas de Agua Potable y Saneamiento. Aproximadamente el 60% de los fondos para los sistemas de agua rurales proviene de donantes como UNICEF y también de parte de otros países, el 40% restante proviene del Gobierno de Nicaragua (Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América, 2001, p.7).

1.3. Política y Ley de Aguas en Nicaragua Desde 1990 los gobiernos emprendieron acciones en un intento por desconcentrar y descentralizar la empresa nacional de servicios públicos a fin de alcanzar la autosuficiencia y de incrementar la participación del sector privado. En 1998, bajo la administración de Arnoldo Alemán (1997-2002), se realizó una reforma del sector a fin de separar las funciones normativas, de formulación de políticas y de prestación de servicios: se creó la Comisión Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONAPAS, 2008) como ente encargado de la formulación de políticas; se creó la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) como proveedor de los servicios, acaparando gran parte del personal y de los activos del INAA; y se creó un nuevo ente regulador que heredó el nombre INAA. En 2004 se da un traspaso de la responsabilidad de los CAPS de ENACAL al FISE, con el que el Estado se retira de la atención a los Comités de Agua. Antes del traspaso, según lo citado de Lockwood (2002, p.29), “ENACAL capacitaba en higiene, administración y técnicamente a un promotor municipal que atendía un promedio de 30 comunidades, teniendo que visitar a cada comunidad por lo menos una vez por semestre”. Así, en la práctica, el FISE no ha tenido las capacidades para asumir la responsabilidad de los acueductos rurales, y tampoco se ha dado el apoyo suficiente desde ENACAL para hacerlo. Entre 2005 y 2007 se discutió la Ley de aguas y se aprobó en 2007 con la presión de diversas organizaciones no gubernamentales y sociales, ya en el período de gobierno Sandinista. Esta es la primer Ley para la gestión integral del sector agua en el país y única a nivel centroamericano. Posterior a la investigación que se presenta en este artículo en 2010 se aprobó la Ley de CAPS, que llena el vacío de la falta de presencia de los Comités de Agua en la Ley Nacional. A pesar de estos importantes avances legales, no existen señales de voluntad en el gobierno para garantizar financiamiento en la aplicación de la misma.

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2. Vertiente teórica para el estudio de la gestión del agua La gestión de los CAPS obedece a esfuerzos de organización a nivel comunitario; inclusive la presencia a nivel del gobierno local en uno de los casos de estudio se debe a que los mismos participantes del CAPS y la población de la comunidad han tomado iniciativas para ello. De esta manera los Comités no son grupos sociales que puedan establecerse dentro de un marco legal que en la práctica les sirva de referencia, como competería a los ciudadanos, ya que incluso en la Ley de Aguas Nacionales está invisibilizada su labor. Sin embargo, es una discusión abierta, ya que en la actualidad los integrantes de los CAPS organizados a nivel nacional, empiezan a retomar el discurso del Derecho al Agua para posicionarse en el ámbito público. En los últimos años el tema del agua ha emergido en América Latina dentro de los estudios ambientales, constatándose como una problemática compartida la escasez de recursos hídricos y la problemática de implementar en los gobiernos el tema del agua como un Derecho Humano (Fundación Heinrich Böll [FHB], 2006). Elinor Ostrom pone énfasis en el análisis de grupos sociales con una crítica a otras vertientes que han analizado la acción colectiva en relación a los recursos de uso común, dando prioridad a otros actores como el Estado o el mercado, y no a los grupos sociales. Estas vertientes son: la tragedia de las comunes, de Garrett Hardin (1968, citado por Ostrom, 2000, p.26), desde donde se plantea que la degradación del ambiente se puede esperar siempre que muchos individuos utilizan al mismo tiempo un recurso escaso; el juego del dilema del prisionero es la formalización de dicha teoría, donde se sugiere la imposibilidad de que exista una cooperación entre seres racionales; y la perspectiva de la acción colectiva, de Mancur Olson (1965, citado por Ostrom 2000, p.31), quien plantea la dificultad de lograr que los individuos persigan su bienestar común, en contraste con el bienestar individual. Así, se supone que los individuos racionales con intereses propios no actuarán para logar los intereses comunes o de grupo (Ostrom, 2000, p.32). Estas perspectivas invocan la imagen de individuos indefensos atrapados en un proceso inexorable de destrucción de sus propios recursos, lo que conduce a la implicación de que los gobiernos centrales deben controlar la mayoría de los sistemas de medios naturales, o que se debe exigir la imposición de derechos de propiedad privada siempre que los recursos sean de propiedad común (Ostrom, 2000: 37). Desde 1990 se ha publicado un gran número de libros que describen las instituciones de propiedad colectiva afines a este planteamiento: Agrawal (1990), Blomquist (1992), Gibson (1999), Lam (1999) y Ostrom & Walker (1994) (citados en Ostrom, 2000, p.10). Ostrom expone una visión crítica sobre los recursos como el agua o el bosque, que pueden ser manejados de manera común. Su tesis es que para lograr un uso de dichos recursos que no lleve a su sobreexplotación, no debe ser necesariamente el Estado o el mercado quienes se encarguen de su gestión, sino que los grupos sociales son capaces de construir y desarrollar normas comunes para lograr el uso sostenido de los recursos compartidos, como son: límites claramente definidos, coherencia entre las reglas de apropiación y provisión con las condiciones locales, arreglos de elección colectiva, supervisión, sanciones graduadas, mecanismos para la resolución de conflictos, reconocimiento mínimo de los derechos de organización, y la articulación de instituciones de distinto nivel.

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2.1. El Bien Común para analizar la gestión de los CAPS En Nicaragua hasta el momento no hemos encontrado investigaciones sobre los Comités de Agua Potable, a pesar de su importancia. Esto posiblemente se debe a la falta de financiamiento para trabajo académico, así como a la ausencia de un respaldo institucional del Estado hacia los CAPS, por lo que no figuran en el ámbito público. Desde 2005 la temática del agua empieza a visibilizarse producto de la discusión sobre la Ley de Aguas Nacionales, por lo que surgieron estudios sobre la movilización social por el agua en Nicaragua, el marco jurídico-institucional y la situación del sector agua en el país (Wheelock & Barrios, 2006; Quirós, 2005; Gómez, Munk & Rivas, 2007). En el marco de esta reflexión, se propone que el concepto central analítico para la investigación es la gestión social del agua (ver cuadro 1), que se define en tres ejes; la gestión social del agua se refiere a la acción colectiva de los Comités de Agua Potable, que a través de su a) capital social, b) formas de acceso al recurso y b) autonomía en relación a otros actores, permite que las comunidades satisfagan sus necesidades de agua. Esta selección de variables se realiza retomándose de los ocho principios expuestos en el apartado anterior que Ostrom (2000) establece para ver el nivel de éxito de una organización social que gestiona un recurso natural. En el primer eje de análisis sobre la presencia y desarrollo del capital social se hace referencia a cómo se establece el entramado de las relaciones sociales de los Comités de Agua con otros actores. Para ello se indaga sobre cómo los miembros de los CAPS desarrollan una visión común de la problemática del agua, confianza y mecanismos de rendición de cuentas para llevar a cabo acciones con apoyo de la población, que les permita incidir en otros actores para manejar el sistema de agua y fortalecer la organización comunitaria (Merino, 2004, p.128). Algunos elementos que permiten el fortalecimiento del capital social son: una visión compartida sobre los objetivos, el funcionamiento del sistema y la relación de la organización con otros actores en la realidad de la comunidad; experiencia organizativa previa y que la población perciba que los beneficios del manejo del agua son mayores que las desventajas, para hacer viable el uso sostenido y la permanencia de los mismos en el largo plazo (Ostrom, 2000, p.148). El segundo eje de análisis, referido a la forma de acceso al agua, está en relación con la dependencia al líquido vital, y cómo esto determina las estrategias de acción respecto al tiempo, localización geográfica, tecnología, tipo de propiedad de tierra y cantidad de agua del grupo comunitario. En esta variable se analiza la fiscalización interna que tiene el Comité para acceder al agua, es decir, las sanciones graduadas y supervisión que permiten que los mecanismos y estrategias de acción sean los apropiados a las capacidades de las personas y el contexto, logrando un cumplimiento vigilado de las normas (Ostrom, 2000, p.149).

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Cuadro 1. Indicadores de la gestión social del agua Concepto central

Variables

Gestión social del agua

Capital social

Acción colectiva de los Comités de Agua Potable que a través de su capital social, formas de acceso al recurso y autonomía en relación a otros actores, permite que las comunidades satisfagan sus necesidades de agua.

Relaciones sociales de las comunidades humanas que permiten acciones coordinadas para el logro de objetivos.

Formas de acceso al agua Dependencia de las comunidades al agua para subsistir.

Autonomía de los CAPS en relación con otros actores Articulación de los Comités de Agua Potable con los actores gubernamentales y no gubernamentales en un marco jurídico-institucional que les permite determinar colectivamente las formas de acceso al recurso en relación al uso del agua.

Sub-variables - Visión compartida: sobre los objetivos del Comité de Agua, el funcionamiento del sistema y la relación de la organización con otros actores en la realidad de la comunidad. - Experiencia organizativa previa en El Comité de Agua. - Los beneficios del manejo del agua son mayores que las desventajas. - Apropiación del recurso con determinadas estrategias de acción respecto al tiempo, lugar, tecnología, tipo de propiedad de tierra y cantidad de agua. -

Fiscalización interna: las sanciones graduadas y supervisión permiten que los mecanismos sean apropiados a las capacidades de las personas y el contexto, logrando un cumplimiento vigilado de las normas.

- Influencia del marco jurídico-institucional vigente en las relaciones entre los Comités de Agua Potable y los actores vinculados a su gestión - Determinación colectiva del CAPS de las formas de acceso al recurso en su relación con otros actores gubernamentales y no gubernamentales para definir sus formas de gestión social.

El tercer eje de análisis para ver la gestión como un bien común es la “autonomía de las organizaciones sociales en relación a otros actores” (Merino, 2004, p.128). Aquí se valora la articulación de los Comités de Agua Potable (CAPS) con otros actores gubernamentales y no gubernamentales en un marco jurídicoinstitucional que les permite determinar colectivamente las formas de acceso al recurso en relación al uso del agua. Los marcos institucionales influyen en la gestión que realizan las organizaciones comunitarias (Ostrom, 2000, p.317), lo que para los casos estudiados implica un efecto diferenciado. En relación al marco jurídico, a pesar de que los Comités de Agua no tienen presencia en la Ley de Aguas u otro referente institucionalizado a nivel gubernamental, cuentan con la legitimidad de la población y el gobierno local reconoce su existencia. Existe un vacío gubernamental en el manejo del sector agua,

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sin embargo las autoridades locales en ambos casos de estudio tampoco les cuestionan su labor comunitaria o buscan su desaparición. Esto, según Ostrom (2000, p.162), implica un reconocimiento mínimo de las organizaciones comunitarias desde el gobierno, que les permite funcionar con sus propias reglas a nivel de la comunidad.

2.2. Estrategia metodológica Para la investigación se realizó la primera etapa del trabajo de campo en febrero y marzo de 2009, recabando 22 entrevistas con informantes claves de diferentes instituciones gubernamentales, no gubernamentales y Comités de Agua Potable a nivel nacional para esclarecer de esta manera la red de actores en relación al tema de la gestión del agua. Además de las entrevistas con encargados en estas instituciones del sector agua, participación social o gestión de políticas públicas, fueron de utilidad diversos informes que la Red Nacional de CAPS (2009) había publicado como apoyo al proceso de incidencia política que desarrollan los Comités. Los miembros de los Comités de Agua entrevistados a lo largo de todo el territorio nacional me proporcionaron información valiosa para tener un contexto general de las diversas experiencias, con las oportunidades y dificultades que enfrentan. Una vez seleccionados los casos, la segunda etapa del trabajo de campo -en junio de 2009- consistió en 10 entrevistas con actores claves que proporcionaron la información faltante. Entre ellos el presidente del Comité de Agua El Edén y la presidenta del Comité de Agua El Chompipe, teniendo como objetivo conocer la manera en que se desarrolla la gestión social de los CAPS, eje de la investigación. Además, en el caso del Comité El Chompipe, al pertenecer a la Red Municipal de Agua de Matagalpa, existe una relación entre el Comité y la alcaldía de Muy Muy, mediante la participación en el Comité de Desarrollo Municipal (CDM) que figura en la Ley de Participación Ciudadana. Para profundizar en las relaciones y contextos donde se desarrolla la gestión social del agua, se realizaron entrevistas con las contrapartes institucionales del los CAPS El Chompipe, representantes de Alcaldías y ONG que han trabajado con el Comité. Se siguió la misma dinámica en el caso del Comité el Edén. Los dos casos seleccionados se consideraron pertinentes por los contextos de localización (periurbana y rural) y las características organizativas que presentan (Comité independiente y en Red Municipal).

3. La gestión social del agua en dos comunidades frente a la problemática En esta parte del ensayo se hace un análisis del problema a través del marco teórico. Se exponen los resultados encontrados en los ejes de capital social, formas de acceso al recurso y autonomía de los Comités de Agua Potable (CAPS), que son los indicadores para estudiar la gestión social del agua. El primer caso -CAPS El Edén- en periferia urbana, se encuentra ubicado en la comunidad del mismo nombre, que está en el departamento de Managua a 26

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kms. de la capital, dentro del municipio de Ticuantepe, que tiene una población de 25,959 habitantes, a 8 kms. de su cabecera municipal. Esta comunidad se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural El Chocoyero1, que comparte límites con tres municipios, Ticuantepe, El Crucero (del departamento de Managua) y La Concepción (departamento de Masaya). En la comunidad habitan 250 familias, cuenta con una escuela que recibe 222 alumnos con 5 maestros, una casa comunal, y varias iglesias de distintas denominaciones, prevaleciendo las evangélicas. En entrevista con el presidente de El Comité El Edén en 2009 éste informó que 150 familias son abastecidas de agua por el Comité, unas 80 familias son abastecidas por ENACAL y 20 se proveen de un ojo de agua cercano (Silva, 2009, p.5). El segundo estudio de caso corresponde al CAPS El Chompipe, ubicado en la comunidad del mismo nombre. La comunidad se encuentra ubicada en una zona rural, a 30 kms. de la cabecera del Municipio de Muy Muy en el Departamento de Matagalpa. El Departamento tiene una población de 473,445 habitantes, con un 36% de población urbana, siendo mayormente agrícola y pecuario (INEC, 2005, p.63). Un 35% de la población del departamento es abastecida por la Empresa Aguadora de Matagalpa (AMAT) (Lockwood, 2002, p.29), y el 65% restante por los CAPS. El porcentaje de la población con acceso a agua en el Municipio es de 23.8% (INEC, 2005, p.71), operando 33 Comités de Agua Potable y Saneamiento en el área rural.

3.1. El capital social como base de la organización de los Comités de Agua Potable Visión compartida de la problemática Se encuentra que la formación de la comunidad influye en la manera en que se estableció el capital social. Las redes sociales construidas desde la formación de las comunidades permitieron que se formaran sistemas comunitarios auto regulados que abastecen de agua a las dos comunidades. Tanto la comunidad ‘El Edén’ como ‘El Chompipe’ se establecieron como comunidades producto de la reforma agraria llevada a cabo en los años ochenta en Nicaragua. A través de ésta se les concedió a los pobladores terrenos para ser administrados de manera comunitaria por medio de cooperativas. Al final de esa década se deshicieron las cooperativas y se repartió la tierra entre sus integrantes, pero el sentido comunitario perduró y se construyeron los sistemas de agua potable a través de un esfuerzo comunitario con apoyo de ONG y la formación de los Comités de Agua para gestionarlos. La formación de la comunidad, con las implicaciones políticas y sociales que tiene el haber estado la población organizada en cooperativas, es un referente colectivo que determina en gran medida el inicio de la gestión comunitaria y de

1 La Reserva El Chocoyero fue creada en 1993 mediante el decreto 35/93, con sus propios límites y coordenadas,

instituida como Área Protegida situada dentro del Municipio de Ticuantepe, dentro del Departamento de Masaya. En 1995 Ticuantepe pasa a ser jurisdicción del Departamento de Managua.

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los proyectos de agua potable. La organización en cooperativas productivas fue un factor que ayudó en la definición conjunta del problema para gestionar el sistema de agua en el período que la comunidad se empezó a poblar de una manera acelerada y empezaron a sentir más la necesidad de organizarse para solventar los problemas para el abastecimiento de agua. En este sentido, se desarrolla el capital social con la organización porque “los miembros entienden cuáles son sus responsabilidades mutuas, considerándose justas y legítimas” (Ostrom, 2008, p.275). La historia y esfuerzos compartidos por la población desde la construcción de los sistemas de agua hasta la actualidad influyen en que los Comités de Agua Potable sean organizaciones legitimadas en la comunidad, a pesar de no contar con un reconocimiento legal por parte del gobierno. En el caso del CAPS el Chompipe, el nivel de aceptación en la población está referido también a ser un ejemplo en el Municipio de Muy Muy, ya que es precursor de la Red Municipal que aglutina 33 comités, siendo a la vez aliciente para la conformación y permanencia de la Red Nacional de CAPS. El Comité El Edén cuenta con una legitimidad que lo ubica como un comité comunitario que se encarga principalmente del abastecimiento de agua potable, pero que también realiza otras actividades para satisfacer necesidades locales como la restauración de la escuela y apoyo en salud. Experiencia organizativa previa Otro factor relevante encontrado para el desarrollo del capital social en ambos contextos fue la experiencia previa con la que cuentan los líderes de los Comités de Agua para organizar las labores del CAPS y aglutinar a sus miembros. En este sentido, la presidenta del Comité El Chompipe cuenta con un liderazgo a nivel comunitario al ser la representante de diversas organizaciones y haber recibido numerosas capacitaciones de ONG. Por su lado, el presidente del CAPS El Edén es reconocido en la comunidad como un líder con formación religiosa evangélica y capacitado en temas de producción, por lo que la población lo identifica como alguien preparado y capaz para organizar las labores del Comité. El liderazgo que tiene la presidenta del Comité El Chompipe le ha permitido asumir responsabilidades mayores que le dan mayor visibilización al trabajo del CAPS frente al Municipio para la búsqueda de mejoras en la comunidad. Así, la presidenta del CAPS El Chompipe está en una mesa de los Comités de Desarrollo Municipal, que se reúne cada dos meses, donde plantea las demandas de la comunidad: “Mi lucha yo la he centralizado en lo que es la red... yo ya voy asumiendo cargos ya más grandes, me van eligiendo por mi experiencia quizás, a otras responsabilidades”. En ambos casos es esencial para la organización del CAPS la presencia de ONG en las comunidades que han capacitado a los participantes en temas que van desde salud hasta productivos. El encargado de ODESAR en Muy Muy plantea que el nivel organizativo alcanzado en la comunidad El Chompipe está influido por el acompañamiento de dicha ONG, que a través de la inclusión de la comunidad en un proyecto sobre producción y mejora de calidad de vida, trabaja de cerca con el Comité de Agua Potable.

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Los beneficios del manejo del agua son mayores que las desventajas Resultó significativo en el sostenimiento de la organización para ambos casos que existiera una percepción sobre los esfuerzos realizados para gestionar el agua como valiosos porque mejoran la forma de vida en las comunidades. En ambas experiencias los participantes mencionan la satisfacción de contar con agua a nivel domiciliar. En el caso de la comunidad el Edén, el Comité aplica normas claras sobre el uso exclusivo del agua potable a nivel domiciliar para que todos puedan acceder a ella. Por ello, está prohibida la práctica del riego para cultivos. Los esfuerzos de hacer un uso exclusivo para beber del agua y aceptar que sólo en ciertos horarios tendrán agua (tandeos) se aceptan porque los pobladores reconocen la importancia de conservar el recurso para que todos puedan acceder al mismo. Esta concepción contribuye a que el trabajo del Comité resulte sostenido en el tiempo, producto del apoyo de la comunidad. En el caso de El Chompipe dice la presidenta: “Hay satisfacción del agua porque la gente tiene claro de que hay problemas con el agua, y que a ese problema tenemos que buscar darle solución; además el comité satisface esa necesidad”. Mientras en El Edén: “Ha habido un cambio bastante grande podemos decir, porque antes la comunidad se abastecía de esos tres ojos de agua que eran bastante fuertes, pero no llegaban a través de cañerías aquí, sino que cada quien iba a traer a través de carretas, jalaban con bueyes, a veces a la cabeza iban las mujeres a traer sus baldecitos de agua; se hizo el proyecto con mano de obra de la comunidad y entonces las cosas empezaron a mejorar”. En este sentido, es importante mencionar que los participantes de los Comités encontraron positiva la participación de las mujeres en la problemática, ya sea a través de su presencia en las asambleas comunitarias -caso del Comité El Edéno como miembros del mismo comité -caso de El Chompipe-. La presidenta de este último plantea que la participación de las mujeres es muy valiosa, ya que al estar en las actividades domésticas tienen mayor claridad del tipo de necesidades en relación al agua. Además, expone que es necesaria la inclusión de más mujeres en espacios de mayor decisión, como son la Red a nivel Municipal y Nacional.

3.2. Formas de acceso al agua en la gestión cotidiana de los CAPS Estrategias de acción La apropiación del agua tiene que ver con la tecnología, el lugar, el tiempo de uso y la cantidad de agua que se puede utilizar respecto al contexto local. Dependiendo de estos factores, se desarrollan las estrategias del CAPS El Edén y El Chompipe. Ostrom plantea que para lograr perseverancia de una organización que gestiona un recurso de uso común como el agua, es necesario que las normas de apropiación de la misma se adecuen al lugar donde se encuentra la población con el trabajo, los materiales o el dinero que se pueda aportar en la comunidad (Ostrom 2000, p.149); sólo cuando la manera de gestionar es adecuada al contexto en el que se desarrolla se puede lograr la sostenibilidad de los Comités en el tiempo. Encontramos que es importante para la gestión de los Comités de Agua

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estudiados la existencia de “límites claramente definidos” sobre los derechos para extraer el agua. Si las reglas no están claras, el potencial destructivo del agua como recurso común puede implicar su sobreutilización (Ostrom, 2000, p.150). Esto se denota en la comunidad El Edén, donde debido a la numerosa población, los usos permitidos del agua están bien definidos: beber, cocinar y bañarse. El riego está prohibido, y de encontrarse a algún poblador realizando regadíos, se le corta el abastecimiento de agua pero se le da oportunidad de volver a conectarse, con lo que se establece un sistema de sanciones graduadas. Expone el encargado de mantenimiento del Comité: “El que lo hace, lo hace sobre advertencia; la orden de la comunidad es que llegue el corte, a menos que cuando se corta el agua la persona viene otra vez al Comité a solicitar otra vez su conexión de nuevo se le da la oportunidad, pero si lo volvemos a agarrar otra vez con el mismo riego, se le suspende de viaje el corte del agua”. En el caso del Comité El Chompipe, en referencia a los problemas de caudal en tiempos de verano en la comunidad y las normas definidas para regular el uso del agua, la presidenta señala: “Nos hemos decidido la comunidad a planificar...dejamos las llaves cerradas, en la noche llenamos el tanque y echamos el agua cinco horas por la mañana”. La importancia de las sanciones graduadas es que se da una negociación con la población sobre las mismas “dependiendo de la gravedad y el contexto de la infracción se considera que aquí recae el meollo del problema: en las organizaciones sólidas la supervisión y penalización no está en manos de autoridades externas, sino en la de los participantes mismos. Las sanciones iniciales son bajas, implicando que al hacer cumplir las reglas aumenta la confianza de los individuos de que no están siendo engañados” (Ostrom, 2000, p.154). La localización de los CAPS implica también diferencias en la manera en que acceden al recurso. La ubicación cercana del Comité El Edén a la cabecera municipal en una zona de periferia urbana facilita la gestión cotidiana del sistema de agua: “Nos beneficia sí, estar cerca de la cabecera municipal y de la capital del país para las gestiones, por ejemplo movilizarnos rápido para conseguir el material que nos hace falta para cualquier situación, cualquier desperfecto de la cañería, salimos rápido, estamos a ¿cuánto?, a 5 o a 6 kilómetros de Ticuantepe. Si estuviéramos un poco más lejanos de Ticuantepe la cosa sería más difícil, entonces nos facilita, el mismo día se resuelve”. A su vez, su ubicación en el área de amortiguamiento de un Área Natural Protegida es un referente positivo para la protección de los bosques y el recurso hídrico, ya que está impedida jurídicamente la deforestación. Diferente es el caso para la gestión cotidiana del Comité El Chompipe, que se encuentra alejado de la cabecera departamental y en un área eminentemente rural donde no se cuenta con la presencia del Estado y por tanto existen numerosos comités, que encuentran su fortaleza en la conformación de una Red Municipal que a su vez participa en el Comité de Desarrollo Municipal (CDM). Fiscalización interna Además de existir límites definidos, los Comités de Agua deben ser capaces de fiscalizarlos y hacerlos cumplir. Según Ostrom (2000, p.273) se enfrentan problemáticas para regular un recurso de acceso abierto como el agua para

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determinar quién se beneficia y de qué manera. En este sentido es importante, para entender la forma de organización comunitaria, estar al tanto aquellas reglas de conocimiento común que no están escritas, que se aplican localmente sin ser parte de una estructura jurídica formal. En ambos Comités de Agua, un mecanismo esencial para la sostenibilidad y supervisión es la cuota (accesible a la población) que se cobra para comprar materiales y darle mantenimiento al sistema. De esta manera, además de poder funcionar autónomamente de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, los Comités cuentan con una herramienta para involucrar a los pobladores en el tema, ya sea fiscalizando que se realicen los pagos o solicitando trabajo voluntario si no se puede pagar. Para ambos Comités los espacios para la toma de decisiones son las asambleas comunitarias, desde las que el Comité y la población discuten sobre el monto de la cuota, las actividades a las que se destinará, las normas que determinan los usos permitidos del agua, así como las sanciones que se imponen a los infractores de las mismas y en cuánto tiempo se aplicarán, procurándose invitar a toda la población. En entrevista con El Comité El Edén se manifiesta: “Siempre los cartelones se están poniendo en partes distintas de la ciudad para que se sepa si hay asamblea, dependiendo si hay problemas, las hacemos periódicamente, 2, 3 asambleas en el año, pero si no hay problemas hacemos nada más una en el año”; en tanto en el Comité El Chompipe se explica: “Lo decidimos en una asamblea, los directivos de los comités tenemos un convenio con los pobladores ¿Y cuál es el convenio? de que deben de pagar una cuota mensual del agua para darle mantenimiento al proyecto, que ellos firmaron de que si ellos no pagan el agua se les iba a cortar”. La fiscalización con un sistema de cuentas y las actividades en que se ha invertido, ha permitido que la comunidad los legitime y tenga credibilidad respecto a las acciones que realiza. Ello ha resultado de importancia frente a las afirmaciones de la líder del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) establecido por el gobierno Sandinista, sobre una falta de transparencia en el manejo de los fondos que hace el Comité de agua; buscando manejar el CPC el fondo del CAPS, lo que no ha sido aceptado por la comunidad. En ambos casos, para acceder al recurso es importante la presencia de ONG que facilitan materiales y talleres de capacitación, estando ausente un apoyo sistemático de las alcaldías municipales o de las instituciones estatales encargadas de gestionar el agua.

3.3. Autonomía de los CAPS en relación con otros actores En este acápite se analiza la influencia del marco jurídico-institucional vigente en las relaciones entre los CAPS y los actores vinculados a su gestión, así como la capacidad de determinación colectiva que presentan en las formas de acceso al recurso en relación a dichos actores. El marco jurídico institucional se refiere a todas aquellas instituciones estatales y no estatales relacionadas a la gestión del agua a nivel nacional y local. Es decir, las Alcaldías Municipales, la Empresa Nacional de Aguas, el Ministerio de Recursos Naturales; por otro lado se analiza la vinculación con actores no gubernamentales, como son las ONG involucradas en la construcción de sistemas de agua potable y las agencias financiadoras externas.

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Influencia del marco jurídico institucional Al analizar las relaciones de los CAPS con otros actores en el contexto del marco jurídico institucional, encuentro diferencias en la gestión de los dos CAPS estudiados. En el caso del Edén, éste tiene como referente jurídico institucional principal la delimitación del área como Reserva Natural Protegida, vinculada a la presencia de ciertos actores gubernamentales y no gubernamentales vinculados a su administración; además de la presencia de ENACAL en la periferia. En el caso del CAPS El Chompipe, la búsqueda de su representación jurídica es un objetivo fundamental que implica lograr la aprobación de la propuesta de Ley de CAPS a través del trabajo en redes. Expone la presidenta del Comité El Chompipe: “A nivel municipal, la lucha que nosotros tenemos es sacarle la personería jurídica2 siquiera a la Red, para amparar nosotros al resto de los Comités, porque la verdad es que sabemos que nuestros comités están en el aire; a través de ese reconocimiento legal vamos a poder incidir en otros proyectos, nosotros estamos funcionando de hecho pero sin derecho”. En entrevista con integrantes del Comité de Agua El Edén en 2009, se encuentra que la demarcación como Área Natural Protegida se considera como positiva, ya que permite la protección del recurso hídrico del que hace uso la comunidad. Además, la declaración como Área Natural Protegida es lo que permite que agencias externas estén financiando a la cooperativa Juan Ramón Rodríguez para realizar trabajo ambiental y social en el sector, donde se ven involucrados los CAPS. Es por esta Declaración como Zona Protegida que es posible conseguir fondos para desarrollar una labor conjunta de la cooperativa con los Comités. En ambos casos se encuentra como problemático el acceso a las fuentes de agua, ya que por lo general se encuentran en propiedades privadas que los CAPS no pueden comprar porque no tienen respaldo institucional ni fondos. Por ello tienen que negociar con los dueños de los terrenos para posteriormente construir los sistemas de agua. En el caso del Comité El Edén, éste tiene como objetivo anexar otra fuente de agua para abastecer a la población y para ello tienen que conseguir un permiso escrito de los dueños donde está la cascada, que se encuentra en otra comunidad. Plantea su presidente: “Y si nos dice sí hasta hacemos un acuerdo, un papel firmado que nos autoriza a utilizar el agua únicamente y pasar la tubería por toda su finca; vamos a hacer algo así para que no tengamos problemas, porque es una finca grande y los dueños van cambiando”. Por otro lado, el Comité El Chompipe extendió el sistema de agua hasta otra comunidad donde estaba la fuente de agua en una propiedad privada. Esto implicó mayores gastos monetarios y de trabajo comunitario para que el dueño accediera a otorgar el permiso de acceso. En el caso de este comité, reconoce que la falta de presencia del Estado genera una problemática mayor para la gestión del agua y por ello tiene el objetivo, a través de la pertenencia a la Red del Municipio de Muy Muy y la Red Nacional de CAPS, de lograr una incidencia política para tener el reconocimiento legal de su organización. 2 Las formas de representación legal que pueden amparar a los CAPS en Nicaragua son tres: Asociación de Pobladores a través de la Ley 475 de participación ciudadana; Cooperativas a través de la Ley 499, y la personería jurídica, con la Ley 147 que ampara ONG sin fines de lucro. Esta última se escogió como la que otorga mayor seguridad jurídica por integrantes de los CAPS en reuniones de la Red Nacional en 2009.

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Los CAPS dependen del éxito de las negociaciones personales para lograr el acceso a los nacimientos de agua; negociaciones que se pueden convertir en imposiciones a las organizaciones comunitarias de los dueños de los terrenos, que a pesar de no tener estos últimos un papel en la gestión, sí la determinan. De esta manera, es notorio que a pesar de no existir un marco jurídico para garantizar el acceso a las fuentes, los CAPS logran realizar su gestión. Sin embargo, este acceso de vía a las fuentes debería estar garantizado jurídicamente por el Estado, al plantear que el agua es un bien de la nación. Tanto en la Constitución Política como en la Ley de Aguas no ha sido retomada la problemática de la propiedad de tierras para acceder al líquido vital que tienen los CAPS y así asegurar que puedan tener el recurso. De este modo, acorde a lo planteado por Ostrom (2000, p.187) las leyes y autoridades gubernamentales ignoran las habilidades de los usuarios locales para desarrollar reglas comunitarias en el acceso al recurso y no apoyan su gestión. Determinación colectiva de los CAPS de las formas de acceso al recurso Encontramos que ambos CAPS son legitimados por la población en la comunidad, que participa voluntariamente en las labores que se realizan y toman las decisiones colectivamente con los integrantes de los Comités. Por ello, desde un análisis sobre la determinación colectiva de los Comités de Agua respecto a las formas de acceso al recurso, sostenemos -coincidiendo con Ostrom (2000, p.151)- que en una organización exitosa “la mayoría de los individuos afectados por las reglas operativas pueden participar en su modificación”. Es decir que uno de los factores en la continuidad de la gestión del Comité es que los participantes de la organización comunitaria han creado y seguido sus normas, que no han sido impuestas desde una autoridad externa. Los CAPS presentan esta legitimidad en las poblaciones desde su formación. Esto porque nacen con el objetivo de suplir una necesidad básica en la población. El reconocimiento que presentan los CAPS en las comunidades les permite realizar su gestión con autonomía, tomando las decisiones en asambleas sobre las normas y objetivos a seguir. El objetivo del CAPS El Chompipe es lograr un reconocimiento institucional, ya que no existe ningún compromiso o apoyo sistemático de parte del gobierno. Por ello, en su relación con la ONG encuentra un punto fundamental para el desarrollo del “capital social que los ciudadanos pueden crear al relacionarse entre sí con organizaciones no gubernamentales y actores gubernamentales de diferentes entornos para lograr la retroalimentación eficaz, el aprendizaje y la creación de soluciones nuevas y mejores” (Ostrom, 2008, p.278). Sin embargo, es el CAPS quien sigue decidiendo sobre la gestión que realiza, por lo que coincido con Ostrom (2008, p.279) cuando plantea que: “los esfuerzos de colocar la responsabilidad total a expertos externos tienen poca probabilidad de protegerlos [a las organizaciones comunitarias] a largo plazo; se requieren sistemas complejos de manejo que involucren la contribución ciudadana de distintas formas”. Se identifica una lógica de gestión de bien común porque existe un reconocimiento compartido de la importancia de la sostenibilidad ambiental para conservar las fuentes de agua. Para ambos Comités esto se ve reflejado en los

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procesos de reforestación: en El Chompipe apoyado por la ONG ODESAR (tres zonas que están en área de la fuente del mini acueducto) y en el caso de El Edén por la cooperativa Juan Ramón Rodríguez, dueña de los terrenos de la Reserva Natural El Chocoyero. Las dinámicas de conservación son importantes para una sostenibilidad mínima del agua utilizada en los sistemas, al estar en una zona rural y en zona de amortiguamiento en un Área Natural Protegida. Relación con actores gubernamentales En relación a la influencia de actores gubernamentales, a nivel comunitario para el Edén ha habido un intento de sustitución del liderazgo por parte del Consejo del Poder Ciudadano (CPC), intentando su líder tomar los fondos del CAPS para otros proyectos no referentes al sistema, lo que no fue permitido por la población ni por el CAPS. Encontramos que la instauración de un proyecto político centralizado en todos los niveles del actual gobierno representa una problemática en el quehacer de ambos CAPS. Según algunos estudios recientes (Prado, 2008; Stuart, 2009), los hechos persecutorios desde las organizaciones comunitarias instauradas por el gobierno hacia las formadas por liderazgo local son de carácter sistemático debido al objetivo de establecer un sistema que obedezca desde la base al partido en el poder, y que esta adscripción se dé también en los otros niveles, el municipal y nacional. Los CAPS los conforman por lo general líderes históricos de las comunidades. En caso de estar adscritos al partido y ser seleccionados por el gobierno local como miembros del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) se pueden desarrollar sinergias en las comunidades que permitan la continuidad de la labor de los CAPS sin confrontaciones. No obstante, en casos en que la adscripción política es contraria, cuando los líderes no se reconocen como miembros del partido o se identifican con el mismo pero son críticos con las prácticas actuales, surgen las contradicciones y el intento de sustitución de liderazgo. Lo que vemos es que más allá del discurso gubernamental de inclusión y consenso desde la izquierda, en la práctica se implementa una política de imposición de la agenda gubernamental y cooptación/ imposición de líderes. Por otro lado, la presencia de los CAPS varía en relación a la presencia de la institución gubernamental encargada de gestionar el agua, que en el caso de la comunidad El Edén es ENACAL y de la comunidad El Chompipe es AMAT. Al ubicarse la primera comunidad en un municipio en proceso de urbanización, en cuyos alrededores se encuentra ENACAL, existen sólo dos CAPS a nivel municipal. En el caso de la comunidad El Chompipe, que se encuentra en un área rural donde no tiene presencia AMAT, se formaron 33 comités de agua que se han organizado en una red local. Por ende, la localización en la zona rural es un aspecto esencial en el nivel de organización logrado por el CAPS. Al estar ubicado el CAPS en una zona no urbana, donde no tiene presencia una instancia estatal que abastezca del líquido vital, se cuenta con un número importante de organizaciones comunitarias que se han aliado en red a nivel municipal para trascender también al nacional. Tampoco existen vínculos sistemáticos con instituciones de gobierno para la labor de los CAPS. No obstante, en el caso del CAPS El Chompipe, la diferencia

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fundamental que presenta respecto al CAPS El Edén es que este último opera sólo a nivel local, mientras que el Chompipe tiene presencia a nivel comunitario, municipal y nacional. Según Ostrom, esta organización a diversos niveles supone mayor perdurabilidad en la labor de los grupos comunitarios, en este caso del Comité El Chompipe. Sobre la pertenencia a la Red Nacional de Agua es de relevancia mencionar que el debate sobre los procesos vividos en las comunidades respecto a la labor de los CAPS frente a la nueva forma de gobierno ha permitido que los integrantes de los Comités se encuentren más informados, elaboren pronunciamientos escritos, se pongan de acuerdo para futuras acciones y apoyen el trabajo de divulgación de su labor a través de noticias en los periódicos, avisos televisivos y de radio, blogs en internet y artículos en revistas. Esto permite una mayor visibilidad a nivel público del trabajo que realizan los CAPS en el país, involucrando directamente al Comité de Agua El Chompipe, cuya presidenta es una integrante de la Directiva de la Red Nacional a nivel municipal.

4. Consideraciones finales La visión compartida sobre la problemática del agua, la experiencia organizativa previa y la percepción de que los beneficios del manejo del recurso son mayores que las desventajas, permitió explicar cómo se dio el fortalecimiento del capital social de los CAPS en las redes de relaciones con otros actores que les permitieron la organización comunitaria. En ambos casos se accede al agua mediante las estrategias de acción y la fiscalización interna. Las formas de acceso al agua por parte de ambos Comités están en dependencia de la tecnología y la fuente de agua a la que tienen acceso en la localización donde se encuentre; además, desarrollan estrategias para distribuir el agua, establecer las normas y fiscalizar el uso del vital líquido, como son las cuotas mensuales y las asambleas comunitarias. Se encuentra como problemático el acceso a las fuentes de agua, ya que por lo general se encuentran en propiedades privadas que los CAPS no pueden comprar porque no tienen respaldo institucional ni fondos sustantivos a nombre de la organización. Por ello tienen que negociar con los dueños de los terrenos para posteriormente construir los sistemas de agua, lo que está respaldado por su legitimidad comunitaria y no por la legislación. Esta legitimidad de los CAPS obedece a que realizan la labor de satisfacer la necesidad prioritaria del agua para la población, además del reconocimiento del liderazgo de sus integrantes dentro de la población. Uno de los factores que influye en la diferencia organizativa que presentan los CAPS es que su presencia varía en relación a la institución gubernamental encargada de gestionar el agua. Al ubicarse la primera comunidad en un municipio en proceso de urbanización, en cuyos alrededores se encuentra la Empresa Nacional de Agua, existen sólo dos CAPS a nivel municipal. En el caso de la comunidad El Chompipe, ésta se encuentra en un área rural donde no tiene presencia la Empresa de Agua, frente a lo cual se formaron CAPS que formaron una red local de treinta y tres comités.

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Mediante los ejes de análisis mencionados se encontró que la gestión del agua en ambos CAPS se realiza con la lógica de un bien común, siendo la localización en dos contextos diferenciados un factor importante para explicar la diferencia entre sus niveles de organización. El desarrollo de redes con otros actores (capital social), el establecimiento de estrategias claras para acceder al recurso agua y la labor autónoma de los CAPS como organizaciones sociales, ha permitido el abastecimiento de agua a las comunidades de una manera sostenible. Sin embargo, en relación a la autonomía e incidencia política respecto a otros actores, el Comité El Chompipe en el área rural presenta mayor organización dentro de los niveles municipal y nacional respecto al Comité El Edén, ubicado en periferia urbana. El planteamiento de Ostrom es un referente para la discusión sobre el concepto de autonomía. La autora plantea que la capacidad de tomar decisiones colectivas a nivel comunitario conlleva una mejor gestión que aquella normada por la presencia estatal. Es necesario analizar este concepto a la luz de la realidad en la que se desarrolla la labor de los CAPS en Nicaragua. La falta de presencia sistemática del gobierno en el sector agua se encuentra aceptada a nivel institucional de manera tal que se considera normal que el Estado apoye a las organizaciones comunitarias mediante acciones que no son sistemáticas en la atención. En la práctica existe un retiro de parte del Estado, por lo que los Comités se han organizado a nivel comunitario en búsqueda de la supervivencia. Esta falta de vínculos con los actores gubernamentales, si bien les otorga un margen de acción para una labor autónoma, también significa una desventaja para los CAPS que no cuentan con este respaldo institucional a nivel jurídico, monetario o técnico en su labor. En la evolución del sector agua en el país se encuentra que esta falta de respaldo institucional se ha agravado desde los noventa al implementarse medidas neoliberales y de privatización en el país. En el período de gobierno actual, el planteamiento del gobierno es oponerse a la participación del sector privado, no obstante existe en la práctica una falta de vinculación de las instituciones gubernamentales con el trabajo que realizan los CAPS. Los actores que trabajan con los Comités son ONG mediante cooperación externa. En ambos CAPS existe un reclamo sobre la necesidad del apoyo estatal; en el caso del CAPS más organizado, el reclamo de un reconocimiento público de la gestión que estas organizaciones realizan en el país. En esta búsqueda, la Red de CAPS se propone la aprobación de una Ley especial para los Comités de Agua Potable y Saneamiento que dé un respaldo mayor a su labor de la que otorga la Ley de Aguas Nacionales vigente en el país, aprobada en 2007, donde figuran únicamente en su reglamento. La concepción sobre la gestión de los CAPS desde las mismas organizaciones y los encargados de las instituciones estatales, está determinada por la visión sobre la responsabilidad del Estado en el sector agua en Nicaragua, que es una discusión abierta a lo interno de las Redes de Comités de Agua a nivel municipal y nacional. El discurso utilizado a nivel público por estas redes se refiere al ‘Derecho al agua’, que critica la lógica neoliberal de las políticas focalizadas que presentan a la población como clientes y no ciudadanos. El retiro del Estado del área rural y la periferia urbana en Nicaragua parece obedecer a esta concepción, priorizándose las zonas urbanas donde la retribución económica por el ‘servicio’ lo hace más rentable.

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Es importante entender que este debate sobre el significado de autonomía debe tener en cuenta la influencia que el contexto político actual ejerce en el quehacer de los CAPS, ya que lo demandado por los integrantes de los mismos es una presencia del Estado que apoye su gestión, y no una sustitución de su papel como organizaciones comunitarias que están legitimadas en el territorio debido al conocimiento del sector agua y a su no pertenencia a un partido político. Con un sistema de participación gubernamental que prioriza la ejecución de acciones a través de mecanismos verticales, la participación de organizaciones civiles como los CAPS puede encontrarse en competencia en algunos territorios con la labor que realizan las organizaciones avaladas por el partido en el poder. Por ello, es necesario pensar en estrategias para establecer un trabajo conjunto entre organizaciones e instituciones estatales y no estatales con los CAPS, que presentan una legitimidad importante en las comunidades por la experiencia técnica que manejan, el compromiso para suplir una necesidad básica de la población y su liderazgo histórico.

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Encuentro No. 88, 8 -26, 2011

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Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: Managua-Nicaragua (años 1996-2001)

27 Encuentro No. 88, 27-47, 2011

Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: ManaguaNicaragua (años 1996-2001) Carlos Antonio Narváez Silva* y Octavio Javier Martínez Baltodano** Recibido: noviembre de 2010 / Aceptado: febrero de 2011 Existe una relación positiva entre la contaminación del aire por partículas menores a diez micrómetros (PM10), partículas totales suspendidas (PTS) y ozono (O3), y la tasa de morbilidad en Managua de (4%, 8% y 30%) respectivamente. Los resultados del monitoreo de calidad del aire realizado por la Universidad Nacional de Ingeniería por medio del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente, muestran que las PM10 y las PTS están fuera de los límites permisibles establecidos por la organización mundial de la salud (OMS), la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Las personas con mayor afectación son los menores de 15 años y los mayores de 60. Esto provoca un gasto en salud pública en actividades curativas equivalente a 73 C$ por persona. De acuerdo a informes del Ministerio de Salud, anualmente llegan en promedio 30 mil casos por infecciones respiratorias agudas. Si usamos el 30% de la relación de PTS con la tasa de morbilidad, tendríamos 10 mil casos causados por la contaminación del aire. Desde 2001 no existe un programa de monitoreo de calidad del aire. Se necesitan 600 mil córdobas anuales para activar el programa y permitirnos aplicar la legislación 217. En nuestro estudio proponemos que de los 120 millones de córdobas anuales que recibe el sector transporte en subsidio, se le reste el daño ambiental que éste provoca a la población por contaminación del aire. Esto aportaría básicamente los 600 mil córdobas que se necesitan para activar el

*

Profesor horario, Departamento de Economía Aplicada, Universidad Centroamericana. Rotonda Rubén Darío 150 mts. al oeste. Apartado 69, Managua, Nicaragua. Correo electrónico: [email protected].

**

Estudiante de economía de la Universidad Centroamericana. Segunda Calle del CEPAD casa # 38B, Diriamba, Carazo. Correo electrónico: [email protected].

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Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: Managua-Nicaragua (años 1996-2001)

programa de calidad del aire. Esta política tendría un impacto de 1.60 C$/día por bus (menos de un pasajero al día). La segunda alternativa es gravar un impuesto al consumo de diesel de 10 centavos de córdoba una vez al año; preferiblemente en el mes de mayor consumo. Tomando como base las ventas de diesel, se recaudarían 4 millones de córdobas aproximadamente, dinero suficiente para el proyecto de calidad del aire y para satisfacer la demanda en medicamentos en los centros de salud en Managua. Palabras clave: contaminación del aire / morbilidad / gasto en salud / instrumento económico

1. Introducción Uno de los principales servicios que provee el medio ambiente a la sociedad es la provisión de soporte de vida, pero éste puede verse afectado por los problemas de contaminación del aire, haciendo que las personas se vuelvan más sensibles a adquirir infecciones respiratorias agudas. Éstas se pueden presentar en términos de crecimiento en las tasas de morbilidad y mortalidad de la población. Por lo tanto podemos afirmar que los problemas de contaminación del aire afectan las condiciones de desarrollo económico en una sociedad debido a que disminuyen la utilidad de los individuos. La contaminación del aire es una amenaza aguda, acumulativa y crónica para la salud humana, un enorme reto por resolver. ¿Cuáles son los costos sociales y ambientales de la contaminación atmosférica? ¿Cuáles son, en especial, los costos de la contaminación atmosférica en términos de morbilidad? Estas y otras preguntas relacionadas con economía y medio ambiente se han convertido en una preocupación fundamental de las agencias internacionales, los gobiernos y los agentes privados en todo el mundo. En Nicaragua es incipiente la investigación cuantitativa que mida económicamente el deterioro y la contaminación. Asimismo, no se han establecidos mecanismos vía instrumentos económicos que permitan un desarrollo más eficiente de la política ambiental establecida en el país. Dada la usual separación entre los costos privados de los contaminadores y los costos sociales derivados de la contaminación, la eficiencia económica requiere la internalización de los costos sociales (en los costos privados) por medio de instrumentos económicos. Por tanto, el gobierno debe estimar de alguna forma los costos de la contaminación. Esta es claramente una responsabilidad mayor, pues una subestimación de los costos podría impedir una reconversión hacia tecnologías más limpias, y una sobreestimación podría lograr que algunos sectores productivos dejen de ser económicamente viables. La contaminación del aire principalmente por partículas de polvo, cenizas u hollín dispersas en la atmosfera y cuyo diámetro está entre 2.5 y 10 micrones (PM10), y la acumulación de partículas de diferentes diámetros en la atmosfera, mejor conocido como material particulado (PTS) es muy perjudicial para la salud. Muchos estudios epidemiológicos muestran que estos contaminantes ocasionan: ataques de

Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: Managua-Nicaragua (años 1996-2001)

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asma, síntomas respiratorios y disminuciones del funcionamiento pulmonar en las personas. Por lo tanto, es necesario cuantificar el impacto económico que causan los altos niveles de concentraciones de PM10 y PTS con el objetivo de mostrar los posibles beneficios de controlar y mejorar los niveles de contaminación del aire. Es importante proporcionar evidencia empírica al proveer un marco socioeconómico de los hogares afectados por el problema de la contaminación del aire, ya que es necesario que exista una justificación económica para la realización de programas de monitoreo de aire. Este estudio se propone contribuir a la problemática planteada con una estimación del impacto de la contaminación atmosférica en la salud. Valorando el costo de estas enfermedades, se realiza un ejercicio de estimación del costo social de la morbilidad inducida por la contaminación atmosférica y de cuánto cuesta reactivar el proyecto de monitoreo de la calidad del aire en Managua junto al mecanismo para sostenerlo por medio de un impuesto a los que causan la contaminación. De igual manera, se valora cómo crear los fondos y satisfacer la demanda de medicamentos de las personas afectadas por la contaminación para que en los centros de salud exista un stock disponible para tratamientos preventivos y curativos. Para la realización de este estudio se cuenta con información de monitoreo de la calidad del aire: datos de 1996 a 2001. En esos años se tenían seis redes de estaciones que monitoreaban los siguientes contaminantes: partículas menores a diez micrómetros (PM10), partículas totales suspendida (PTS), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), polvos, plomo atmosférico y monóxido de carbono. Los nombres con que se identifican las diferentes estaciones de muestreo son: MARENA, Linda Vista, UNI, Colonia Centro América, Villa Libertad y Siete Sur.

Ilustración 1. Sitios de monitoreo del proyecto aire puro (1996-2001)

Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería- Centro de Investigaciones en Medio Ambiente (UNICIEMA, 2001)

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Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: Managua-Nicaragua (años 1996-2001)

Los resultados del monitoreo indican que las concentraciones de PM10 se encontraban por encima de los valores guías establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto implica un mayor riesgo para la salud de los habitantes y una reducción en la calidad de vida, especialmente para los que habitan en los puntos de mayor concentración de contaminación. Por tanto podemos decir que los problemas de salud causados por la contaminación pueden verse influidos por factores tales como magnitud, alcance y duración de exposición, edad, susceptibilidad de cada persona, entre otros. Desde 1989 hasta 1994 se han realizados en la ciudad de Managua muestreos de la calidad del aire -como los llevados a cabo por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y los realizados por las universidades: Nacional de Ingeniería (UNI) de Nicaragua (UNI) y Nacional de Heredia de Costa Rica (UNA) en conjunto con INETER. En dichos muestreos se determinó la presencia de sustancias como: dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2 ), ozono (O3), cloro (Cl2), monóxido de carbono (CO) y material particulado suspendido (PTS). Los resultados de las mediciones efectuadas en 1994 entre UNI-UNA indicaron elevados niveles tanto de CO como de TPS. En 1995 se firmó el Convenio de Colaboración entre la UNI y el Programa Ecológico para Centro América (ProEco) a fin de dar inicio al Programa de Monitoreo de la Calidad del Aire de la ciudad de Managua, donde se realizaron muestreos de los siguientes parámetros: PM10, NO2, O3, polvos solubles e insolubles, acidez de la lluvia y monóxido de carbono. La medición de PM10 se realiza utilizando filtros de PTFE, muestreador especial diseñado para la captura de material particulado < 10 µm y una bomba de muestreo que succiona la muestra durante 24 horas en cada sitio. La concentración de PM10 se determina por tasación gravimétrica. Además, se toma en cuenta para cada determinación, el flujo de la bomba, tiempo de muestreo, presión y temperatura. La medición del dióxido de nitrógeno se hace mediante un método de difusión pasiva basado en el Método de Palmer, que utiliza un medio absorbente donde se realiza la adsorción química del contaminante por un período de treinta días. Los análisis se realizan posteriormente por espectrofotometría a una longitud de onda de 540 nm. Para determinar la concentración de ozono se realiza la adsorción química del contaminante por un período de ocho días. Posteriormente se realizan los análisis por espectrofotometría, a una longitud de onda de 442 nm. La medición de polvos se realiza mediante la utilización del Método de Bergerhoff. En un recipiente plástico se precipita el polvo por espacio de treinta días. La concentración se determina en el laboratorio mediante separación por filtración de polvos solubles e insolubles, y determinación de cada fracción por secado al horno y tasación gravimétrica. La medición de CO se realiza mediante la absorción de los contaminantes en carbón activado. Después, el carbón activado es liberado con disulfuro de carbono. Se realiza el análisis en un cromatógrafo de gases equipado con un detector de ionización de llama (FID). La medición de plomo atmosférico se realiza utilizando un filtro de jeringa de teflón (PTFE), muestreador especial diseñado tanto para la captura de material

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Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: Managua-Nicaragua (años 1996-2001)

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particulado < 10 µm como de Plomo Atmosférico, y una bomba de muestreo, la cual succiona la muestra durante 24 horas en cada sitio. La concentración se determina por digestión de la muestra y análisis posterior en un espectrofotómetro de absorción atómica equipado con horno de grafito. El comportamiento del dióxido de nitrógeno (NO2) no presenta grandes variaciones durante los años 1996 y 2001. El promedio durante los seis años fue de 32.66 µg/m3. Durante todo el período de estudio solamente en el año 1996 superó el valor guía que para este parámetro establece la OMS, que es de 40 µg/m3, basado en datos de UNI-CIEMA (2001) (ver ilustración 2). Ilustración 2. Dióxido de nitrógeno 45 42 40

40

40

35

40

40

34

40

34

32

31

30

40

25

NO2 Límite permisible (OMS)µg/m3

23

20 15 10 5 0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Años

Ilustración 2. Dióxido de nitrógeno Fuente: Autores en base a datos de contaminación del aire UNI-CIEMA (2001).

Las partículas menores a 10 micrómetros en el periodo de monitoreo de la calidad del aire están por encima de la norma establecida por la OMS, con un promedio de 64 µg/m3 con valores mínimos y máximos en los años 1999-2001 de 52 µg/m3 y 70 µg/m3 respectivamente (ver ilustración 3). Concentraciones de PM10 80 70 60 50

PM10 Límite permisible (OMS)µg/m3

40 30 20 10 0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

Años

Ilustración 3. Partículas Menores de 10 micrómetros (PM10)

Fuente: Autores en base a datos de contaminación del aire, UNI-CIEMA (2001).

En el año 2001 se presentaron las menores concentraciones de ozono (O3) 23 µg/m3, alcanzado su valor máximo de 119 µg/m3 en 1999. El valor promedio durante el monitoreo fue de 69 µg/m3, superando el valor guía establecido por la OMS de 60 µg/m3. Es importante mencionar que en los años 2000 y 2001 hubo una reducción en los niveles de emisiones dentro de los límites permitidos (ver ilustración 4).

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Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: Managua-Nicaragua (años 1996-2001)

Concentraciones de O3 en µg/m3 140 120 100 80

O3 Límite permisible (OMS)µg/m3

60 40 20 0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

Años

Ilustración 4. Ozono (O3) Fuente: Autores en base a datos de contaminación del aire, UNI-CIEMA (2001).

Las partículas totales suspendidas (PTS) superaron durante todos los meses del año 2000 el valor guía que para este contaminante que estableció la OMS en 1993 (75 µg/m3). Las mayores concentraciones se alcanzaron en 1998. Las altas concentraciones observables durante el monitoreo se dieron en la estación seca y tienen su explicación en la erosión eólica, las quemas de bosques, las tierras cultivables y el tráfico vehicular. Durante la estación lluviosa se observa un descenso en la concentración de partículas debido al efecto de lavado atmosférico que ejerce la lluvia y a la retención en la tierra de millones de partículas por efecto de la saturación del terreno a causa de las lluvias. Al establecer comparaciones entre las estaciones de monitoreo donde esta actividad se efectuó de manera periódica, la mayor concentración se alcanzó en la UNI (416 µg/m3), zona de alto tráfico vehicular, y la menor en Linda Vista (195 µg/m3), zona residencial ubicada al noroeste de la ciudad de Managua. El promedio anual es de 285 µg/m3 (ver ilustración 5). Concentración de PTS en µg/m3 350 300 250 200

PTS Límite permisible (OMS)µg/m3

150 100 50 0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

Años

Ilustración 5. Partículas totales suspendidas (PTS) Fuente: Autores en base a datos de contaminación del aire, UNI-CIEMA (2001).

El cuadro 1 muestra las principales estadísticas descriptivas de los datos de contaminación y de la tasa de morbilidad por diez mil habitantes en la ciudad de Managua. Estos indican que en Managua existe una tasa de morbilidad por diez mil habitantes (TMB) de 361 en promedio en los periodos 1996 y 2001. La contaminación del aire por partículas menores a 10 micrómetros (PM10) y las partículas totales suspendidas (PTS) superaron los valores guías establecidos por la OMS. El ozono (O3) solamente en el periodo 1996-1999 superó la norma establecida. En base a las

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Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: Managua-Nicaragua (años 1996-2001)

Encuentro No. 88, 27-47, 2011

estadísticas se puede decir que la morbilidad o enfermedades respiratorias agudas son causadas en parte por la contaminación del aire especialmente por PTS y PM10. Cuadro 1. Estadística descriptiva de la tasa de morbilidad por diez mil habitantes y la contaminación del aire en Managua (1996-2001) No. de Promedio observaciones

Variables

Desviación Estándar

Valor mínimo

Valor máximo

TBM

6

361

40.71

307

433

NO2

6

32.66

6.12

23

42

PM10

6

64.00

6.32

52

70

O3

6

69.66

33.89

23

119

PTS

6

285.00

28

246

310

Tráfico automotor

5

102400

20935.62

75000

127000

Fuente: Autores en base a datos de contaminación del aire, UNI-CIEMA (2001) y MINSA (2005)

La matriz de correlación parcial para la tasa de morbilidad por diez mil habitantes (TBM) en correspondencia principalmente con las partículas totales suspendida (PTS) presentada en el cuadro 2 muestra una relación directa entre TBM y PTS, ya que se correlacionan positivamente un 30%, el ozono 8% y las PM10 con un 4%. Esto indica que el mayor impacto sobre la morbilidad lo ocasionan los PTS y el O3 (ver cuadro 2). Cuadro 2. Matriz de correlación Variables TBM PM10 O3 PTS

0.04 0.08 0.3

Fuente: cálculo de los autores

En Estados Unidos las principales fuentes de contaminación del aire son el transporte terrestre y los procesos industriales con porcentajes de 43% y 25% (ver ilustración 6). 4% 12%

43% 16%

Transporte terrestre Procesos industriales Generación de electricidad Combustión de otros productos Eliminación de desechos solidos

25%

Ilustración 6. Principales fuentes de problemas ambientales en % Fuente: Parkin, 2001

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En Managua el transporte público es obsoleto, por lo que hemos de esperar que sea el de mayor contribución a la contaminación. Además, se tiene una industria de poco desarrollo tecnológico. Otro problema que puede incrementar la contaminación del aire es el alto consumo de leña para cocinar que a nivel nacional es de 59% y en la zona rural de 97%. En Managua, de acuerdo a la Encuesta de Medición del Nivel de Vida (INIDE, 2005), el 27% de las viviendas cocinan con leña (ver ilustración 7). 2%

39%

GLP Leña Otros 59%

Ilustración 7. % del consumo de combustibles para cocinar en los hogares en Nicaragua Fuente: Autores en base a la Encuesta Nacional de Leña 2005

2. Revisión literaria Gerking y Stanley (1986) plantean que los individuos producen un estatus de salud y están dispuestos a pagar por una reducción en los niveles de contaminación del aire. El modelo aplicado se basa en los trabajos realizados por Grossman (1972), Cropper (1981), Rosenzmeig and Schcults (1982) (citados por Gerking & Stanley, 1986). Argumentan que los individuos derivan utilidad del consumo de dos clases de bienes: su propio stock de capital de salud y los bienes que les producen directamente satisfacción, pero no afectan la salud. Los autores analizaron en la ciudad de St. Louis el comportamiento de 2,197 personas para los años (1977-1980), en las que utilizaron información sobre los gastos médicos, salario, variables socioeconómicas y calidad del aire. Encontraron que las personas estaban dispuestas a pagar 25 dólares por una reducción del 30% en la concentración de ozono. Ostro (1998) estima el impacto de la contaminación del aire en la salud. Para esto es necesario resolver: las relaciones entre morbilidad y contaminación, la población susceptible y los cambios en los niveles de contaminación. Para estimar los efectos de la contaminación del aire en la salud, propone una metodología basada en estudios de series cronológicas que relacione cambios diarios en la contaminación atmosférica con la incidencia diaria de un efecto sobre la salud. En el caso de Santiago de Chile, a partir de datos locales disponibles, al aplicar esta metodología se obtiene un cambio porcentual en mortalidad del 1% asociado a cambios de 10 μg/m3 en concentraciones de PM10. En este estudio se encontró que los efectos sobre la mortalidad tienden a dominar los costos económicos de la contaminación atmosférica. Castillo, Torres y Fernández (2001) resumen los efectos de los niveles de contaminación reportados en México y encuentran que un incremento en 10

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unidades de PM10 μg /m3 produce un efecto agudo en la mortalidad de 0.96%, en hospitalizaciones de 1.39%, en visitas a salas de urgencia de 3.11% y en síntomas respiratorios de 7.72%. Estos resultados muestran evidencia del gran impacto que las concentraciones de contaminantes del aire causan a la salud. Ibáñez y McConnell (2001) valoran la morbilidad por los efectos de contaminación del aire en Bogotá, Colombia. Los datos utilizados en este estudio se basan principalmente en dos fuentes de información: datos de los niveles de contaminación del aire e información de morbilidad de las admisiones diarias de los hospitales. El documento examina la relación entre la contaminación del aire y las admisiones diarias por infecciones respiratorias agudas a los hospitales. Ésta resulta ser positiva. En este estudio es importante mencionar que se encuentra que a las personas de mayor edad les afecta más las partículas suspendidas y a los jóvenes el dióxido de nitrógeno. Germany (2003) recomienda que el estudio de la contaminación del aire sea un requisito para el desarrollo de políticas efectivas que contribuyan a reducir el impacto al ambiente de los niveles altos de concentraciones de contaminantes. Presenta evidencia de cómo las PM10 han incrementado la mortalidad en Europa y cómo el ozono produce efectos a corto plazo sobre mortalidad y morbilidad respiratoria. Argumenta que es necesario establecer políticas que ayuden a mejorar la calidad del aire. Brugman (2004) realizó un estudio con el objetivo de elaborar una propuesta de política para el control de la contaminación atmosférica urbana en Colombia. Estimó para varias ciudades una proyección de demanda por combustibles para los años 2004-2020 a partir de las proyecciones de demanda y mediante la aplicación de factores de emisión de contaminantes asociados a cada uso de los combustibles (PM10, NOx y CO). En el caso de la proyección de las emisiones por fuentes móviles, sobresale el aporte del material particulado menor a diez micras (PM10 ), puesto que este contaminante genera graves dificultades sobre la salud de la población, en especial de la población menor de cinco años. Él propone un ajuste de precio en la gasolina usando la regulación del método paridad de las importaciones, lo que permitiría una disminución en la contaminación al inicio de 2.3%, hasta llegar al 7.3% en 2020.

3. Resultados La literatura descrita anteriormente sirvió como un marco para determinar los alcances que debía tener el ensayo sobre los efectos esperados de reactivar el proyecto de contaminación del aire, los estudios sobre los costos de enfermarse por infecciones respiratorias agudas y las recomendaciones de políticas para reducir la contaminación del aire. Para el análisis de la morbilidad y el impacto en la salud humana, consideramos las enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica como: infecciones respiratorias agudas, asma y bronquitis. Estudios realizados en México y Santiago de Chile muestran que este conjunto de enfermedades respiratorias se relacionan de forma directa con la contaminación del aire, en particular con la concentración de

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partículas suspendidas emitidas primordialmente por fuentes móviles y fijas. En nuestro trabajo tomamos como población de referencia a los menores de 15 años y a los mayores de 50 años, lo que representa el 94% del total de casos reportados en el periodo 1996 a 2001. Esta restricción se plantea bajo el supuesto de que la población infantil y los de la tercera edad son los que presentan mayores afectaciones (ver ilustración 8). 47,938

48,517

50,000 45,000 40,000 35,000

Número de enfermos (Morbilidad)

30,000 25,000 20,000 15,000

10,629

10,000 5,000 0

28d-11m

1-4a

5-14a

4,513

15-34a

8,207 2,561

35-49a

28d - 11m 1 - 4a 5 - 14a 15 - 34a 35 - 49a 50 y +

50 y +

Grupo de edades

Ilustración 8. Morbilidad en los años (1996 a 2001) Fuente: Autores en base a los datos del Ministerio de Salud (MINSA, 2005)

De acuerdo a la EMNV año 2005 (INIDE, 2005), los problemas respiratorios como tos y resfrío representan el 28.62% de las enfermedades que tuvieron las personas un mes antes a la encuesta. Los casos de diarrea para las personas de 6 años o más solamente significan el 0.62%. Lo importante de la ilustración número 9 es resaltar que el 61.32% de las personas que se enfermaron por problemas respiratorios son pobres. El gasto en salud tiene un gran impacto negativo en sus ingresos ya que demandarán medicamentos principalmente en actividades curativas. 26.33% 31.62%

Pobres extremos Pobres no extremos No pobres

29.70%

Ilustración 9. Enfermedades respiratorias por niveles de pobreza Fuente: Autores en base a los datos de EMNV 2005 (INIDE, 2005)

Los lugares en donde se consulta por enfermedad respiratoria son los centros de salud y los hospitales públicos con 67% (ver ilustración 10). Estos son los sitios en donde debe de existir un stock de medicamentos para satisfacer la demanda de casos por morbilidad, especialmente ocasionados por la contaminación del aire. En el estudio se hizo una entrevista al medico de turno en el Centro de Salud Sócrates Flores y descubrimos que básicamente recetan acetaminofen de 500 miligramos por 5 días cada seis horas. Esto origina un gasto en medicamentos de 20 córdobas por persona en los centros de salud en Managua. Es importante mencionar que lo

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recomendado por el doctor son 5 días de subsidio, lo que origina pérdidas en la productividad de actividades económicas de las personas, provocando afectaciones en los sitos de trabajo. 19%

5% 1% Centro de salud Hospital público Hospital privado Empresas previsionales (INSS)

9%

Otros

67%

Ilustración 10. Lugar de consulta por tos y resfrío Fuente: Autores en base a los datos de EMNV 2005 (INIDE, 2005)

En el cuadro 3 se presentan las variables que influyen cuando una persona se enferma con tos y resfrío, y asiste a un centro de salud. Cuadro 3. Estadística de las principales variables Variables

Media

Tiempo en minutos de demora de la casa a la consulta (ida y regreso)

30 min

Costo en córdobas de transporte de ida y regreso de la consulta

5 C$

Tiempo en minutos de espera para ser atendido en la consulta

40 min

Tiempo en minutos en la consulta

10 min

Gasto en córdobas en medicamentos para tratarse la tos y el resfrío

73 C$

Fuente: Autores en base a los datos de EMNV 2005 (INIDE, 2005)

En Nicaragua, tomando como base los indicadores del Banco Central, el salario mínimo dado a los pensionados es de 2,285 córdobas mensuales y el salario promedio de los asegurados en el año 2008 fue de 5,057.30 córdobas por mes. En la investigación utilizaremos el tiempo como un costo de oportunidad que una persona realiza por ir a pasar consulta. Existen estudios en los que se ha demostrado que el costo de oportunidad en el tiempo por desplazamiento tiene un valor sobre el salario comprendido entre el 25% y 50% (Smith & Kaoru, 1990).

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Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: Managua-Nicaragua (años 1996-2001)

Encuentro No. 88, 27-47, 2011

Cuadro 4. Forma de estimación del costo de oportunidad Salario diario (INSS)

CODIA =

Tg

dia min

[Salario (1 − 0.25)] dia Ttmin

Salario diario mínimo

CODIA =

dia [Salario (1 − 0.25)] Tgmin dia Ttmin

día Tiempo gastado en el viaje min/día. Tgmin

día Tiempo gastado en el viaje min/día. Tgmin

dia Tiempo total de trabajo min/ día. Ttmin

dia Tiempo total de trabajo min/ día. Ttmin

día Ttmin =

60 min*8h = 480 min/ día 1h

día Ttmin =

60 min*8h = 480 min/ día 1h

Fuente: Autores en base a Smith & Kaoru (1990)

En el tiempo gastado en el viaje min/día se incluyen el tiempo en minutos de demora de la casa a la consulta, el tiempo en minutos de esperar para ser atendido por el doctor y el tiempo en minutos en la consulta. Esto da una sumatoria en base al cuadro 3 de 80 minutos equivalente a 1 hora con 20 minutos. Cuadro 5. Resultado de la estimación del costo de oportunidad Salario diario (INSS)

CO DIA =

80[169 (1 − 0.25)] = 21C $ 480

día =80 min Tg min

día Ttmin =

60 min*8h = 480 min/ día 1h

Salario diario mínimo (INSS) Pensionados

CO DIA =

80[76(1 − 0.25)] = 3C $ 480

día =80 min Tg min

día Ttmin =

60 min*8h = 480 min/ día 1h

Salario =5,057.30 C$/Mes

Salario =2,285 C$/Mes

Salario= 169 C$/día

Salario= 76 C$/día

Fuente: Autores en base a Smith & Kaoru (1990)

Para determinar el impacto de la contaminación del aire sobre la tasa de morbilidad por diez mil habitantes (TBM) calculamos las elasticidades, que es una medida del cambio porcentual de una variable (TBM) provocada por el cambio de uno por ciento de otra variable, en nuestro caso contaminación del aire por: PM10, PTS y O3.

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Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: Managua-Nicaragua (años 1996-2001)

Encuentro No. 88, 27-47, 2011

Cuadro 6. Elasticidades Variables

Elasticidades

PM10

15

O3

5.34

PTS

7.07

Trafico automotor

7.45

Fuente: Cálculo de los autores

Los resultados del cuadro 3 muestran que un incremento en 1% de las PM10 provoca un aumento del 15% en la tasa de morbilidad, un incremento en las PTS provoca un aumento del 7.07%, un incremento en el ozono (O3) del 5.34% y el crecimiento del 1% del parque automotor provoca un aumento en la tasa de morbilidad de 7.45%. Se puede establecer la relación entre contaminación del aire y crecimiento económico. Para ello utilizamos un análisis de correlación parcial. El cuadro 7 muestra los resultados. En él se observa una relación directa entre la TBM y las tasas de crecimiento del PIB de 21%, con la tasa de crecimiento de la demanda interna en un 25%, con la tasa de crecimiento de la inversión privada en un 24%, con la tasa de crecimiento de las importaciones en un 23% y con la tasa de crecimiento de las exportaciones negativamente en un 8%, esto nos indica que el mayor impacto sobre la morbilidad lo ocasiona el crecimiento de la demanda interna, la inversión privada y las importaciones. Cuadro 7. Matriz de correlación Variables Tasa de crecimiento PIB Tasa de crecimiento del consumo Tasa de crecimiento de la inversión privada Tasa de crecimiento de la importaciones Tasa de crecimiento de las exportaciones

TMB 0.21 0.25 0.24 0.23 -0.08

Fuente: Cálculo de los autores en base a datos indicadores económicos del Banco Central de Nicaragua (2010) .

La relación existente entre el consumo y la tasa de morbilidad puede ser atribuida al alto consumo de leña para cocinar1, mientras que la relación con la inversión privada y a la vez con las importaciones puede ser atribuida a la alta tasa de importación de automotores en el periodo estudiado, ya que dicha tasa haciende a 14.16% promedio anual a nivel nacional. Por otro lado, la relación negativa con

1 Como es conocido, en países con niveles bajos de ingresos la mayoría del consumo es de subsistencia, es decir, para alimentación. Dicha regla intuición es conocida en la teoría económica como la ley de Engel.

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Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: Managua-Nicaragua (años 1996-2001)

las exportaciones no es más que una manifestación de que los productos que se exportan son eminentemente agropecuarios y por tanto, de poca influencia en la contaminación atmosférica. En 1996 nace La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua (ley No. 217) (Asamblea Nacional, 1996). En dicha ley se establece que el Estado tiene el deber de garantizar la prevención de los factores ambientales adversos que afecten la salud y la calidad de vida de la población2 (arto. 109), que el encargado de regular la política ambiental del país será el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (arto. 8), que se orientará el monitoreo y el control de las fuentes fijas y móviles (arto. 111) y que se creará un Fondo nacional del ambiente para desarrollar y financiar programas y proyectos de protección, conservación y restauración del medioambiente y desarrollo sostenible financiado a través de fondos obtenidos de otorgamiento de licencias ambientales, multas y decomisos por infracciones a esta ley y por donaciones nacionales e internacionales para este fin (artos. 49-51). En la ley 217 también se manda a emitir estándares de gases contaminantes (artos 11 y 112) (Asamblea Nacional, 1996). En respuesta a esto surge el decreto 3297 Reglamento general para el control de emisiones de vehículos automotores posteriormente reformada por el decreto 22-98 (Asamblea Nacional, 1998). En dichas leyes se establece que los vehículos con motor a gasolina que circulasen antes del 1 de enero de 1999 no deben emitir monóxido de carbono (CO) en cantidades superiores al 4.5% del volumen total de los gases, ni hidrocarburos (HC) en cantidades superiores a 600 ppm (partes por millón), ni dióxido de carbono (CO2) en cantidades inferiores al 10.5% del volumen total de los gases (arto 20-21). Además, que los vehículos con motor a gasolina que ingresen al país de manera permanente después del 1 de enero de 1999, no deben emitir monóxido de carbono (CO) en cantidades superiores a 0.5% del volumen total de los gases, ni hidrocarburos (HC) en cantidades superiores a 125 ppm, ni bióxido de carbono en cantidades menores al 12% del volumen total de los gases. Por otro lado, los vehículos con motor a diesel que hayan ingresado al país de manera permanente antes del 1 de enero de 1999, con un peso menor o igual a 3.5 toneladas, no deberán emitir humos y partículas cuya opacidad exceda el 70%, excepto aquellos vehículos que funcionen con motores diesel turboalimentados, cuyo límite de emisión no podrá superar el 80% de opacidad. Por otro lado, los vehículos con un peso mayor a 3.5 toneladas no deberán emitir humos y partículas cuya opacidad exceda el 80% (arto 22). Además, que los vehículos con motor a diesel con peso igual o menor a 3.5 toneladas que hayan ingresado al país de manera permanente después del 1 de enero de 1999, no deben emitir humos y partículas cuya opacidad exceda el 60%, excepto los vehículos con motores diesel turboalimentados, cuyo límite de emisión no podrá exceder el 70% de opacidad. Por otro lado, que los vehículos con peso mayor a 3.5 toneladas no deberán emitir humo o partículas cuya opacidad exceda el 70%.

2 Este artículo está contenido en el artículo 60 de la constitución política, el cual afirma que “los nicaragüenses tienen el derecho de habitar en un ambiente saludable y que es obligación del estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales”.

Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: Managua-Nicaragua (años 1996-2001)

41 Encuentro No. 88, 27-47, 2011

Los estándares de emisión establecidos en estas leyes se basan principalmente en la revisión de la literatura internacional. Los beneficios, eficacia y eficiencia de esas normas no se han evaluado rigurosamente, dado que los esfuerzos gubernamentales para evaluar el impacto del cumplimiento de dicha normativa en la calidad del aire han sido muy restringidos por la falta de información estadística necesaria para una evaluación cuantitativa. Las leyes aprobadas en los noventa deben ser modificadas a la luz de nueva información acerca de los efectos de la contaminación atmosférica en la salud. Dicha información en Nicaragua es escasa o inexistente a causa de la falta de información estadística necesaria que brinde evidencia empírica de los efectos de la contaminación en la salud humana. Dicha evidencia debe formar parte de un proceso de reelaboración de la normativa actual y del diseño de políticas gubernamentales sobre la prevención y el control de la contaminación del aire. El punto de partida para la solución del problema actual de la regulación ambiental es crear un registro permanente y frecuente en las estadísticas relacionadas con la contaminación ambiental, ya que desde el año 2001 no existe un monitoreo de la calidad del aire en Managua y menos en otros departamentos. Además, es muy importante involucrar a los centros de salud para poder determinar con exactitud el porcentaje de pacientes con infecciones respiratorias agudas causadas por la contaminación del aire. De acuerdo a la UNI, volver a activar el programa de monitoreo de la calidad del aire por medio del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente (CIEMA) en los mismos puntos y contaminantes, cuesta 30,000 dólares anuales y genera 10 empleos nuevos. Cuadro 8. Subsidio al transporte en Managua Transferencias corrientes del gobierno en millones de córdobas anuales a cooperativas de transporte urbano colectivo en Managua Años

C$/anuales 2007

132.574

2008

141.400

2009

120.000

2010

120.000

Fuente: Indicadores económicos del Banco Central de Nicaragua (2010).

Se necesita activar el programa de monitoreo del aire para poder aplicar la regulación ambiental usando la ley 217 (Asamblea Nacional, 1996). Por tanto, es necesario obtener el financiamiento y esto se puede lograr haciendo que el contaminador pague un impuesto equivalente al valor del monitoreo, que tomando como base la ilustración 6 sería el transporte terrestre en Managua, que evidentemente por el estado deteriorado en el que se encuentran los buses, debe ser el principal causante de los estándares elevados de PM10 y PTS encontrados durante el monitoreo de la calidad del aire.

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Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: Managua-Nicaragua (años 1996-2001)

De la transferencia que hace el gobierno por subsidio de combustible (cuadro 8) se les debe de descontar el daño ambiental por 700 mil córdobas anuales. Este dinero debe ser usado para el monitoreo de la calidad del aire. El sector transporte estaría recibiendo en el año 2010 un monto de 119 millones con 300 mil córdobas, no afectando la tarifa de los 2.50 C$. El cuadro 9 muestra el poco impacto que esta medida tendría en la tarifa, ya que prácticamente estarían pagando 1.60 córdobas por día, una cifra menor al precio que paga un pasajero por usar el bus (2.50 C$/viaje) en un viaje. Es importante mencionar que este cálculo se realizó tomando como referencia una fuente anónima que menciona que en Managua existen 1,200 unidades de transporte colectivo. Cuadro 9. Impacto del daño ambiental en la tarifa en el transporte

Concepto Subsidio al transporte

Sin tomar en cuenta el daño ambiental C$/Año 120,000,000.00

Tomando en cuenta el daño ambiental C$/Año 119,300,000.00

Monto a recibir por unidad en el año 100,000.00 99,416.67 Monto a recibir por unidad en el mes 8,333.33 8,284.72 Fuente: Autores en base a indicadores del Banco Central de Nicaragua (2010) y fuente anónima.

La otra alternativa es que sacrifiquen los 1.60 C$ de las ganancia por día en un bus para que no se afecte la tarifa de los 2.50 C$ y sea éste un aporte de las cooperativas a la sociedad por el daño causado. Los 1.60 C$ por día en una unidad de transporte es una cifra mucho menor de lo que pierde una persona como costo de oportunidad por viaje (ver cuadro 5) a la consulta; que para las personas con salario mínimo es de 3C$. Existe un gasto en salud ocasionado por la contaminación del aire, especialmente por PM10. Si tomamos como referencia solamente los 20 C$ por persona en actividades curativas (acetaminofen) y los 30 mil casos en promedio reportados por el SILAIS, que de acuerdo a la matriz de correlación del cuadro 2 las PM10 y las PTS causan el 34% de las enfermedades respiratorias agudas, se debe de proveer a los SILAIS de un stock disponible en medicamentos tanto para actividades curativas como preventivas y pagos a los doctores por consulta. Otra alternativa más es gravar un impuesto al consumo de diesel, ya que representa un precio menor y mayores consumos (ver ilustraciones 11 y 12) de los tipos de combustibles usados en el país.

Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: Managua-Nicaragua (años 1996-2001)

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Ilustración 11. Precios del Diesel (D) y la Gasolina Súper (Gs) en (U$/Lt) Fuente: Autores en base a datos del INE (2006, 2007, 2008, 2009).

De acuerdo a la ilustración 11, en julio de 2008 se alcanzaron los precios máximos de 1.37 U$ por litro para el diesel y 1.34 U$ por litro para la gasolina súper.

Ilustración 12. Consumo de Diesel (D) y Gasolina Súper (Gs) en litros Fuente: Autores en base a datos del INE (2006, 2007, 2008, 2009).

Los consumos máximos de combustibles son aproximadamente de 55 millones de litros de diesel y 22 millones de litros de gasolina súper al mes. Si el gobierno grava un impuesto en uno de los 12 meses del año (el de mayor consumo de diesel) equivalente a 0.0047 centavos dólar por litro o 0.11 C$ por litros, recaudaría para proyectos de monitoreo, reducción a la contaminación del aire y control de las emisiones, unos 200 mil dólares, dinero suficiente para la financiación del proyecto. Es importante mencionar que la curva de demanda de diesel presentada en la ilustración 13 no tendría ningún movimiento, ya que se observa un cumplimiento de la ley de la demanda en el tramo donde el precio del diesel supera la unidad en dólares por litro. Por otro lado, cuando el precio por litro es menor a 1 dólar, se comporta como un bien Giffen, es decir, ante un aumento del precio, el consumo también aumenta. Por tanto, un impuesto en este tramo no presenta inconvenientes.

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Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: Managua-Nicaragua (años 1996-2001)

Ilustración 13. Demanda de Diesel en meses (enero 2006 a diciembre 2009) Fuente: Autores en base a datos del INE

4. Conclusiones y recomendaciones Tomando como base los datos de monitoreo de la calidad del aire y los datos de morbilidad, existe una relación entre las partículas menores a 10 micrómetros, las partículas totales suspendidas (PTS), el ozono (O3) –causados por el crecimiento del tráfico vehicular y la contaminación–, y la tasa de morbilidad en Managua. El gasto en salud es de 810, 000.00 córdobas anuales, sumando los medicamentos empleados en actividades curativas, el costo del transporte por ir al centro de salud y el costo de oportunidad en el tiempo por viaje y tiempo de espera en la consulta. El programa de monitoreo de la calidad del aire cuesta 30 mil dólares en 5 puntos de monitoreo por año, sin comprar equipos. De acuerdo a información teórica, el sector que mayor incide en los niveles de emisiones es el transporte terrestre, por tanto, es el que se debe regular para internalizar el daño ocasionados a las personas –siguiendo la lógica de que el que contamina paga– y para esto se necesita una ley (actualmente existe), pero combinada con un instrumento económico (impuesto ambiental). Las leyes de medio ambiente y recursos naturales aprobadas en los años noventa se basan en opiniones de expertos y revisión de literatura internacional. Pero los beneficios, eficiencia y eficacia de dicha norma no se han evaluado rigurosamente. Para poder hacer dicho análisis se requiere de estudios cuantitativos. Dichos estudios en Nicaragua son escasos o inexistentes debido a la falta de información estadística. Las leyes deben tomar los análisis cuantitativos de los daños de la contaminación como una base objetiva para determinar el nivel de primacía de las diferentes políticas. Se debe dar prioridad a las políticas que ataquen los contaminantes que más daño hacen. Los efectos de la contaminación atmosférica en la salud son poco estudiados en Nicaragua. Los efectos negativos del material particulado (PTS), partículas menores a 10 micrones (MP10) y ozono (o3) en las enfermedades respiratorias no son estudiados. Es por ello que existe una necesidad de crear un centro de estudios que analice permanentemente los efectos negativos de la contaminación atmosférica

Impacto económico del efecto de la contaminación del aire en la salud: Managua-Nicaragua (años 1996-2001)

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en la salud. Dichos estudios deben formar parte de un proceso de reelaboración de la normativa ambiental. Es necesario aumentar la conciencia pública del problema ambiental. Para ello se requiere del auxilio de los medios de comunicación, el sistema judicial y la fiscalía general. Se debe promover la conciencia sobre la contaminación ambiental y el uso de acciones legales. El impuesto ambiental óptimo propuesto es de 0.0047 centavos dólar por litro en el mes de mayor consumo de diesel en el año. La cantidad de dinero recaudado se usaría para aplicar la legislación actual y activar el programa de monitoreo de la calidad del aire, ya que desde el 2001 no se registran datos. Esto vuelve inviable la actual legislación pues no se tiene base para poder aplicarla. La segunda mejor solución es cobrar directamente del subsidio al transporte el daño que ocasionan a la sociedad y activar con ese monto el programa de monitoreo de calidad del aire. El gobierno debe promover la modernización del transporte ya que ayudará a reducir los niveles de emisiones, aunque no se puede medir el impacto cuantitativamente de esta política a corto plazo por que no existe información sobre la calidad del aire. Actualmente existen medidas -aunque no necesariamente para reducir la contaminación- como la restricción en el horario de trabajo de los taxis en Managua y la introducción de unidades nuevas de transporte en los buses rusos. Es de esperar que éstos tengan un beneficio positivo en la contaminación del aire debido al mejor funcionamiento de su sistema, aunque el gobierno no dimensionó esto como beneficio ambiental. Existen experiencias como la de Bogotá, Colombia, con el transporte moderno implementado en el 2000 y políticas de restricción de pico y placa (es decir, un día de la semana no circula un dueño de auto en la ciudad tomando como base el número de placa). Se ha comprobado que esto ha ayudado a disminuir los niveles de contaminación y reducir el gasto en salud pública.

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Anexo 1 Salidas de la regresión de la curva de demanda en Stata 11. Source |

SS

df

MS

Number of obs =

-------------+-----------------------------Model |

Residual |

2.35877039

2

5.88710911

45

6.12898615

2340

F(

1.17031284 1.38685052

68) =

154.81

=

0.5674

R-squared

-------------+-----------------------------Total |

2,

Prob > F

68

=

Adj R-squared =

0.0000

.20679428

Root MSE

=

0.5661 .41071

-----------------------------------------------------------------------------Consumo |

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

2.71

0.002

-1.06e+07

2.29

0.029

-2.492643

-------------+---------------------------------------------------------------P

p2

| |

_cons |

5.93e+07

.0029485

1.67e+07

.0330898

-3.18e+07

.0003297

-19.76

0.000

-3.32e+07

6.013789

-.0058682 3.622419

------------------------------------------------------------------------------

48 Encuentro No. 88, 48-71, 2011

Situación actual de la disposición final de residuos sólidos en los municipios integrados en la Cuenca de la Laguna de Apoyo

Situación actual de la disposición final de residuos sólidos en los municipios integrados en la Cuenca de la Laguna de Apoyo Ingrid Regidor* Recibido: noviembre de 2010 / Aceptado: febrero de 2011 El presente ensayo pretende proporcionar información acerca del estado actual de los vertederos municipales en los territorios integrados en la Cuenca de la Laguna de Apoyo, tomando en cuenta la reciente aprobación (mayo 2010) del Plan de Ordenamiento Territorial de la Cuenca de la Reserva Natural Laguna de Apoyo (RNLA). Además, procura servir a las alcaldías municipales como base para la planificación de proyectos para la mejora de los sitios de disposición final de los residuos sólidos. Se abordan aspectos relacionados a la situación actual de la recolección de residuos sólidos municipales; los resultados sobre la disposición final de los residuos sólidos enmarcados en las características de la ubicación de los vertederos; el diseño, operación y mantenimiento de los mismos; y los aspectos administrativos y de control. Seguidamente se presenta una valoración de la ubicación, el diseño y la operación de los sitios de disposición final; la identificación y valoración de los impactos actuales y potenciales de carácter ambiental y social que pueden encontrarse en estos sitios. Por otro lado se plantean propuestas de mejora para el diseño y operación de los vertederos para mitigar los impactos potenciales identificados en ellos. Palabras clave: disposición final de residuos sólidos / vertederos municipales / impactos ambientales / medidas ambientales

*

Responsable de Higiene y Seguridad Ocupacional, Departamento de Gestión Ambiental, Higiene y Seguridad Ocupacional, AGRENIC Complejo Industrial Nindirí. Correo electrónico: [email protected].

Situación actual de la disposición final de residuos sólidos en los municipios integrados en la Cuenca de la Laguna de Apoyo

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1. Introducción El deficiente manejo de los residuos sólidos en Nicaragua constituye una de las más serias amenazas para la salud de la población y para el medio ambiente. Algunos factores agravantes son: el acelerado crecimiento demográfico, el urbanismo, el desarrollo industrial, la producción a gran escala, los cambios en el estilo de consumo de la población a través de la difusión del estilo descartable, entre otros, ya sea por su concentración geográfica –muchas veces en áreas sobrecargadas o ambientalmente frágiles– o por la inserción de residuos progresivamente más peligrosos que conllevan a la contaminación del medio ambiente y al deterioro de los recursos naturales (Jaramillo, 1991). A lo anterior se le suma la inadecuada aplicación de los servicios municipales de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, además de la escasez de recursos económicos y la falta de personal capacitado en el manejo de estos residuos. El efecto ambiental más obvio del manejo inadecuado de los residuos sólidos es el deterioro estético de las ciudades y el paisaje natural. Sin embargo existen otros efectos que contribuyen al agravamiento de este problema: la proliferación de vectores sanitarios, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la desvalorización tanto del terreno como de las áreas vecinas por el abandono y acumulación de los residuos sólidos a cielo abierto, la contaminación del suelo debido a las distintas sustancias que son depositadas en él, y los incendios y humos que reducen la visibilidad y pueden causar irritaciones nasales, oculares y afectaciones respiratorias. Según el MARENA (2004), a nivel nacional se estima una generación total de residuos sólidos municipales de 3,500 Ton/día, equivalente a una producción anual de 1,277,500 Ton/año. Así mismo, para la producción per cápita se ha considerado una proyección global con una producción por habitante promedio de 0,45 kg/ hab/día en el área urbana. En cuanto a la disposición final, aproximadamente el 94% de los residuos sólidos se dispone a cielo abierto y sin ningún tratamiento, causando graves problemas ambientales y de salud. No se aplican métodos de recuperación o reciclaje. Para la selección de los sitios a ser usados como vertederos municipales no se emplean los criterios y técnicas de evaluación de impacto ambiental y por otra parte, no hay control sobre estos sitios y solamente el 13% de ellos cuenta con autorización sanitaria del MINSA (MARENA, 2004). Esta problemática es parte de la realidad vivida en los municipios que forman parte de la cuenca de la Laguna de Apoyo –Catarina, San Juan de Oriente, Diriá, Diriomo, Niquinohomo, Granada y Masaya– que se encuentran constituidos en la Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de Apoyo de Nicaragua (AMICTLAN).

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2. Manejo de los residuos sólidos Según Castro y Regidor (2009), debido a la falta de recursos y capacitación técnica de los responsables de las municipalidades de Catarina, San Juan de Oriente, Diriá, Diriomo, Niquinohomo, Masaya y Granada en el tema de residuos sólidos y la falta de voluntad política por parte de las autoridades para llevar a cabo acciones acertadas en el manejo y disposición eficiente de los residuos sólidos, no se ha llevado a cabo, en algunos de ellos, un estudio que contemple el tipo y cantidad de residuos que se generan en las actividades cotidianas de los mismos. Los residuos sólidos de San Juan de Oriente, Diriá y Diriomo no se encuentran caracterizados. No obstante, a manera general pueden ser clasificados según su composición en: materia orgánica, vidrio, metal y envases plásticos. Para el caso de Niquinohomo, según el Proyecto de Mejoramiento de la gestión del servicio de limpieza pública municipal, para el año 2006 este municipio tenía una producción de residuos de 30 m3, de los cuales el 60% era de naturaleza orgánica y el 40% de carácter inorgánico (López, 2006). Basándose en la caracterización de residuos realizada por INIFOM (2007) para el municipio de Catarina, los residuos sólidos generados en mayor cantidad son restos de comida (51,41%), materia orgánica (35,33%) y plástico (5,32%). En el caso de Granada, los residuos sólidos de mayor generación son los restos de cocina (48%), residuos de jardín (21%), papel y plástico (8% respectivamente), según el Proyecto para el mejoramiento del servicio de limpieza pública municipal de Granada, elaborado por la Alcaldía municipal en el año 2009 (Programa de Gobernabilidad y Desarrollo Local PROGEDEL – GTZ, Alcaldía Municipal de Granada & Departamento de Servicios Municipales, 2009). Para Masaya la situación no varía mucho según lo expresado en el Plan maestro del manejo de residuos sólidos municipales (Alcaldía de Masaya, 2002). La composición de los residuos es muy parecida a lo anterior descrito: materia orgánica (85,5%), papel y cartón (4,8%), plástico (3,2%) y tela (2,5%). A través de lo anterior expresado se constata que los residuos sólidos de los municipios mencionados son, en su mayoría, de composición orgánica biodegradable. Sin embargo, el volumen de residuos inorgánicos va en aumento. De acuerdo a Lacayo Escobar (2009), la cobertura en relación con la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos casa a casa a nivel nacional, es menor al 50%, lo que se debe en gran medida a la ineficiencia en el servicio, a la escasa educación higiénico-sanitaria de la población, a la falta de recursos económicos de las municipalidades y al uso de tecnología inapropiada. Por otro lado, muchas veces los equipos y maquinarias con que se cuenta se hallan obsoletos, causando que las rutas realizadas no cubran las establecidas y los costos de recolección se incrementen por no poseer una planificación en las rutas (Lacayo Escobar, 2009). A esta situación planteada no se escapan los municipios integrados en AMICTLAN. A continuación se muestra una breve descripción del escenario en que se desarrollan estas operaciones:

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Variables involucradas en la recolección

Niquinohomo

San Juan de Oriente

Diriá

Diriomo

Catarina

Granada

Masaya

Urbano:

70

100

100

100

85

84

93

Rural:

4

30

-*

40

-

-

-

Cantidad de vehículos recolectores

2

1

1

2

1

4

6

Tipo de equipo recolector empleado

Volquete

Plataforma

Plataforma

Volquete

Plataforma

Plataforma

Volquete y plataforma

Cuadro 1. Variables involucradas en la recolección de residuos sólidos en los municipios

Capacidad de los vehículos recolectores (m3)

6

7

6

3 y 12

18

72

24 y 72

Número de trabajadores en la recolección

8

3

4

5

6

16

34

Frecuencia de recolección por semana

3

3

2

3

3

3

3

Cobertura del servicio municipal (%)

* Para el municipio de Diriá y Catarina, el porcentaje de cobertura en la parte rural no se conoce, a pesar de cubrirse una pequeña parte de ésta. Fuente: Castro y Regidor (2009)

Por otra parte, en estos municipios también se presentan botaderos ilegales, lo que dificulta a las alcaldías poder llevar a cabo un adecuado manejo y recolección de los residuos sólidos municipales. El número de botaderos varía de municipio a municipio y muchos de ellos se encuentran de forma permanente, siendo Diriomo –con seis botaderos– el que presenta mayor cantidad de botaderos y Niquinohomo –con dos botaderos– el de menor incidencia de este problema.

3. Disposición final de los residuos sólidos En 2009 Lacayo Escobar expuso que existen muy pocas excepciones en los municipios del país en los que no se le brinda tratamiento final a los residuos sólidos, en la mayoría de ellos se disponen a cielo abierto con quemas ocasionales y proliferación de muchos vectores. La mayoría de estos vertederos han sido ubicados sin criterios técnicos, representando un serio riesgo para los ecosistemas y la salud de la población. Un problema que se suma a esta situación es la existencia de basureros no autorizados en los diferentes puntos del municipio que no cumplen con los principios y objetivos planteados. También se presenta como un obstáculo la carencia de los equipos necesarios para el acondicionamiento de los residuos en los vertederos y la falta de controles para el ingreso de recuperadores de materiales (pepenadores).

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En cuanto a los residuos sólidos considerados peligrosos, éstos no reciben el tratamiento adecuado, ya que son dispuestos sin ninguna separación en conjunto con los de naturaleza domiciliar. No se cuenta con un área específica donde se permita confinar este tipo de residuos, poniendo en riesgo a la población y al medio circundante. La realidad vivida en los vertederos de los municipios integrados en AMICTLAN –según Castro y Regidor (2009) – no se aleja de lo anteriormente expuesto: •



Niquinohomo posee un vertedero municipal que tiene 15 años en operación, ocupado únicamente en un 4% del total del terreno, en el cual se dispone un área para recuperar residuos sólidos inorgánicos reciclables (plástico, vidrio, aluminio y chatarra). Posee una terraza de clasificación y acopio de material reciclable y una trinchera de compostaje en la que se utiliza tierra para cubrir aproximadamente 45 m3 de residuos sólidos que recibe diariamente. El camino de acceso a estas instalaciones no es asfaltado y posee una condición moderada. Para la disposición de estos residuos no se utiliza control de vectores y a 20 – 50 m de distancia se ubica la comunidad “Los Cocos”. Por el momento no se cuenta con un plan de clausura. Además no tiene definida una capacidad de diseño.

•

El vertedero de San Juan de Oriente recibe diariamente entre 7 y 14 m3 de residuos sólidos aproximadamente en un área que se ha ocupado en un 25% y para los cuales no se aplica recubrimiento de tierra. En el terreno se lleva a cabo una separación de residuos (plástico) de manera informal. Se cuenta con una trinchera de residuos sólidos construida sin criterio técnico alguno y para la cual no se definió capacidad de diseño ni vida útil. Este vertedero cuenta con un único camino de acceso, no asfaltado y en condiciones moderadas, y se ubican fincas habitadas a 200 m aproximadamente.

•

Diriá cuenta con un vertedero operado desde hace 12 años y ocupado en un 25%, en el que se disponen aproximadamente 18 m3. La separación de los residuos sólidos se presenta de forma esporádica (plástico, vidrio aluminio y chatarra). No se posee ninguna capacidad de diseño, vida útil estimada, ni plan de clausura. El sitio no presenta infraestructura, ya que la disposición se realiza a cielo abierto y no hay control de vectores. El acceso al terreno es a través de un único camino no asfaltado y en condiciones difíciles. Se ubica a 500 m de distancia de la comunidad “La Zopilota”.

•

En Diriomo el vertedero municipal recibe desde hace 15 años 45 m3 de residuos sólidos aproximadamente, utilizándose hasta el momento el 25% del terreno con una disposición que ocupa el área y rellena la depresión natural del terreno con material obtenido de una propiedad contigua, para la cual no se tiene control de vectores, por lo que tampoco se tiene definida una capacidad de diseño y un plan de clausura. Se dispone un área para separar residuos (plástico, vidrio, aluminio y papel) y se cuenta con un único camino de acceso, no asfaltado y en condiciones moderadas.

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•

El vertedero municipal de Catarina se encuentra ocupado en un 26% recibiendo diariamente una cantidad aproximada de 23 m3 de residuos sólidos y realizándose una separación de los mismos de manera informal (aluminio, vidrio, plástico, hierro y cobre). Éste cuenta con dos trincheras construidas sin criterios técnicos, sin capacidad de diseño y a cielo abierto, por lo que se debe realizar una fumigación periódica. Lleva operando 15 años y se tiene prevista una vida útil de cinco años, sin considerarse por el momento un plan de clausura para el mismo. El terreno cuenta con un único camino de acceso, adoquinado y en buen estado, ubicándose a 1,000 m de un centro de salud y a 600 m de una urbanización.

•

En Granada se depositan diariamente 240 m3 aproximadamente en un terreno que se encuentra ocupado en un 100%, por lo que su vida útil ya está sobrepasada. Su capacidad de diseño estaba contemplada solamente para 20 años pero lleva operando 10 años más de lo previsto y a aún no se contempla un plan de clausura. Estos residuos son depositados a cielo abierto, por lo que se realiza fumigación periódicamente.

•

De manera informal se da la separación de residuos (plástico, bronce, aluminio, hierro, cobre y sacos, entre otros). Posee un único camino de acceso, no asfaltado y en condición de difícil acceso y se ubica a 3 000 m de la comunidad “El Pantanal”, 1 000 m de la comunidad “El Hormigón” y 2 500 m de la comunidad “La Fuente”.

•

En el caso de Masaya se cuenta con un vertedero que recibe aproximadamente 520 m3 de residuos sólidos a diario, los que han ocupado el 50% del terreno, en el cual se realiza de manera informal una separación de residuos. Se cuenta con una trinchera construida sin criterios técnicos en la que se depositan los residuos y se compactan y cubren con tierra. Esta trinchera se diseñó para una capacidad de 20 años, de los cuales lleva funcionando nueve y se estima una vida útil de 15 años, para los que no se ha contemplado un plan de clausura. El vertedero cuenta con un único camino de acceso, no asfaltado y en condición moderada y se ubica a 500 m de un centro escolar de la comunidad “El Túnel”.

Además de las condiciones antes mencionadas de los lugares ocupados como sitios de disposición final, es importante recalcar la situación de los mismos en cuanto a factores socioeconómicos y ambientales como: •

Distancia de fuentes de agua destinadas al abastecimiento:

Toda disposición final de residuos sólidos conlleva la generación de lixiviados1, sobre todo cuando ésta es en su mayoría de composición orgánica, como se describió anteriormente. Para los casos en estudio, únicamente el vertedero de Granada se encuentra ubicado aguas arriba de los pozos de agua potable que explota ENACAL 1 Poseen un alto nivel contaminante con un pH=9 y la presencia de una gran cantidad de sales, lo que se refleja en una alta conductividad, en ausencia de O2 y en alto contenido de metales pesados como: Cd, Cr, Cu, Fe, Pb y Zn, cuyas concentraciones rebasan los límites de toxicidad.

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para el consumo de la población, lo que representa una amenaza de contaminación al manto acuífero debido al inadecuado manejo de los residuos. •

Características del suelo:

Estos sitios presentan valores de profundidad desde los 40 m (Granada) hasta los 220 m (San Juan de Oriente, Diriá y Diriomo). La textura del suelo varía de arcillosa y franco-arcillosa hasta areno-arcillosa (Granada). La permeabilidad por lo general es moderada y la pendiente se presenta en valores de 0 – 15º a 20,4º (Catarina). Ninguno de los sitios presenta una pendiente mínima de 1% (0,5º). Sin embargo la mayoría presenta valores bajos, a excepción de Catarina, por lo que esta condición puede ocasionar problemas de construcción de infraestructura en el terreno y drenaje de líquidos percolados. •

Condiciones de riesgo: Los vertederos mencionados presentan la siguiente situación:

Cuadro 2. Condiciones de riesgo en los vertederos municipales Vertedero municipal

Tipo de riesgo presente

Niquinohomo

Caída de tefra1 volcánica

San Juan de Oriente Diriomo Catarina

Movimientos sísmicos por presencia de epicentros sísmicos registrados entre 1975 y 20022

Diriá

Ninguna

Catarina

Ninguna

Granada

Derrumbes

Fuente: Castro y Regidor (2009)

4. Diseño, operación y mantenimiento de los sitios de disposición final de los residuos sólidos municipales Los sitios de disposición final deberían presentar una infraestructura básica para garantizar tanto la seguridad del sitio como la de las personas que laboran en él. Sin embargo, según Castro y Regidor (2009) la siguiente situación es la que se muestra: •

En cuanto a la construcción de trincheras:

Los vertederos municipales de Niquinohomo, San Juan de Oriente, Catarina y Masaya, que son los que cuentan con trincheras, no se han construido bajo ningún criterio técnico y para San Juan de Oriente y Catarina a esto se le suma que depositan

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los residuos sólidos en ellas a cielo abierto. Para el caso de Diriá no se cuenta con trinchera que permita depositar los residuos, sino que éstos son dispuestos sobre el nivel natural del suelo y no son cubiertos con material para evitar la formación de criadero de vectores. Los residuos sólidos de Diriomo y Granada han ido llenando la depresión característica de los terrenos. En el caso del primero, antes de depositar los residuos generados se realizó una impermeabilización con geomembrana2 para evitar la infiltración de líquido lixiviado al suelo y con ello impedir también la contaminación del manto acuífero. Granada, en cambio, no cuenta con sistema o mecanismo alguno de impermeabilización o depósito de los residuos. •

En cuanto al drenaje perimetral de aguas pluviales:

Lamentablemente ninguno de los sitios de disposición final de los residuos de los municipios tomados en cuenta para esta valoración cuenta con un sistema de drenaje perimetral de agua pluvial. Por esta razón se supone que el agua de lluvia se combina con los residuos produciendo mayor volumen de lixiviados del que se generaría por acción de la descomposición de los residuos orgánicos. •

En cuanto al drenaje de lixiviado:

El vertedero del municipio de Niquinohomo cuenta con un pequeño drenaje de lixiviado ubicado en el interior de la zanja en donde son depositados los residuos de naturaleza orgánica. El lixiviado colectado por esta tubería es trasladado a una fosa donde es almacenado y tratado por acción de bacterias de nombre EM-1(abreviatura de Microorganismos Efectivos3) para luego descargarlo en un campo de irrigación. En el caso de los lodos, se reutilizarán como abono orgánico. De igual manera, el vertedero del municipio de Diriomo cuenta con un sistema de drenaje para este tipo de líquidos. A diferencia del municipio anterior, el lixiviado colectado no es tratado de ninguna manera y sólo se almacena en una fosa. En el caso de los municipios restantes, ninguno de ellos presenta un sistema de drenaje para lixiviados, lo que se debe al elevado costo que representa su instalación para el bajo presupuesto con el que cuentan estas alcaldías. •

En cuanto al drenaje de gases:

Los vertederos de los municipios de Granada, San Juan de Oriente, Diriá, Catarina y Masaya no cuentan con drenaje de gases producto de la descomposición de los residuos orgánicos. En éstos se ha presentado de forma esporádica auto combustión de los residuos, ocasionando numerosos incendios prolongados de hasta seis meses, como se dio en el vertedero de Masaya en el año 2002. 2 Lámina sintética fabricada a base de PVC, polietileno, caucho y otros compuestos que se utilizan para revestir rellenos sanitarios para evitar que sustancias contaminantes regresen al entorno a través de la lluvia y el viento. 3 Contienen bacterias fotosintéticas, bacterias de ácido láctico, levaduras y otros hongos, que al entrar en contacto con materia orgánica segregan vitaminas, minerales y antioxidantes que enriquecen el suelo y mejoran la microflora y el cultivo del suelo.

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Por el contrario, el sitio de disposición de Niquinohomo cuenta con un sistema de ventilación de tubo PVC que realiza una función similar a la de una chimenea, permitiendo el escape de los gases. Esta chimenea se encuentra ubicada de manera vertical desde el fondo de la trinchera hasta unos 30 cm por encima de la superficie. Ésta se encuentra ubicada solamente en uno de los extremos de la celda. En el caso del municipio de Diriomo, también se encuentra presente un sistema de drenaje de gases que ha sido cubierto por la masa de residuos, por lo que probablemente no esté ejerciendo su función adecuadamente. •

En cuanto al cerco perimetral:

Seis de los siete sitios de disposición final poseen un portón en la entrada principal, exceptuando a Catarina –donde además el cerco perimetral se encuentra en muy mal estado. No obstante los cercos no cumplen con la función prevista debido a que se mantienen permanentemente abiertos, permitiendo el ingreso de personas y animales al terreno. Los vertederos se encuentran rodeados de cercos de alambre de púas que se hallan deteriorados por la falta de mantenimiento, a excepción de Niquinohomo, que con el apoyo de organizaciones no gubernamentales ha logrado realizar mejoras en el sitio. De manera paralela al cerco se encuentra dispuesto un cerco vivo de árboles que ayuda a mitigar los posibles efectos negativos sobre los predios vecinos generados por el manejo de los residuos en el botadero. •

En cuanto a la caseta de control e instalaciones sanitarias:

Este tipo de infraestructura se encuentra en seis de los siete vertederos municipales visitados, a excepción de Granada. Desafortunadamente, sólo en el caso de Niquinohomo ésta se encontraba en buen estado, ya que en los cinco municipios restantes, tanto la caseta como las letrinas se encontraban en estado de abandono. Esta situación se debe a que solamente en los municipios de Masaya, Niquinohomo, Diriomo y Granada existe la presencia de un encargado del vertedero. En los demás municipios se encuentra ausente una persona que realice esta labor. Por otro lado, tanto el botadero situado en Niquinohomo como el de Diriomo, presentan un área específica para realizar las actividades de separación, clasificación y almacenamiento de los residuos recibidos para luego venderlos a empresas recicladoras de este tipo de materiales. •

En cuanto al patio de maniobras:

A excepción del vertedero del municipio de Granada, todos cuentan con el espacio suficiente para que la unidad recolectora tenga la capacidad de maniobrar y depositar los residuos en el frente de trabajo. En el vertedero de nombre “La Joya” (en Granada), además de no presentarse este espacio disponible, los residuos se encuentran dispuestos en una distancia de 1 000 m antes del acceso principal al sitio debido a que en período de lluvia es muy difícil ingresar al terreno, por lo que las unidades recolectoras se ven obligadas a descargar a los lados del camino.

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•

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En cuanto al cartel de presentación:

Solamente las alcaldías municipales de Niquinohomo, Masaya y Diriomo han identificado sus sitios para la disposición final de los residuos. Ninguno de los sitos visitados posee un nombre específico. En todos los casos éstos son llamados “Vertedero Municipal” y en el caso particular de Masaya, el cartel tiene por nombre “Relleno sanitario”, modo erróneo de nombrar al sitio ya que éste aún no cumple con las especificaciones técnicas para llamarse de esa manera. •

En cuanto al equipo y maquinaria de trabajo:

Debido a la falta de recursos económicos de las municipalidades, los vertederos cuentan con muy poca maquinaria y equipo de trabajo, lo que representa un impedimento para el eficiente manejo y disposición de los residuos en los mismos. Aunque poca, la maquinaria que poseen es propia, a excepción de Granada, que alquila una minicargadora. Los municipios que tienen mayor deficiencia en este aspecto son Niquinohomo, Diriá, Catarina y San Juan de Oriente, ya que éstos solamente cuentan con las unidades de recolección y no poseen maquinaria para lo operación del vertedero. Masaya y Granada tienen mayor acceso a equipo y maquinaria. En ambos sitios se cuenta con palas mecánicas utilizadas tanto para la distribución de los residuos en el área del terreno, como para tratar de compactarlos. Sin embargo, éstas no se dan a basto debido a las grandes cantidades de residuos que se reciben en estos dos municipios a causa de su posición como cabeceras departamentales. El botadero de Diriomo, utiliza una carreta de bueyes a la que se le ha adicionado un rodillo grande que permite realizar el proceso de compactación de los residuos para disminuir el espacio que ocupan en el suelo. El vertedero municipal de Masaya es el único que cuenta con una báscula que le permite al operador del mismo tener mayor conocimiento sobre la cantidad de residuos sólidos que se reciben diariamente.

5. Aspectos administrativos y de control de la disposición final de los residuos sólidos Debido a que el manejo de los residuos sólidos y su disposición sanitaria final se encuentran determinados por la calidad de la administración local y la eficiencia de sus dirigentes municipales, es importante destacar ciertos aspectos relacionados al control y manejo de los vertederos municipales, ya que son éstos los que en gran medida determinan si existe voluntad política, capacidad de gestión y responsabilidad para brindar la debida protección de la salud pública y de los trabajadores, además de obtener un buen aspecto y protección del ambiente en el territorio municipal. Por otra parte, el empleo de tecnología apropiada y de una buena planeación y administración, permite reducir los costos por la prestación del servicio y, por lo tanto, se logra una tarifa razonable que contribuya a su autofinanciamiento de acuerdo con la capacidad de pago del usuario de la localidad.

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Según Castro y Regidor (2009), en los vertederos municipales se presentan algunas condiciones incorrectas en cuanto a salud y seguridad, entre ellas se destacan: • • • • • • • • •

La falta de uso de ropa adecuada y equipos de protección personal. La ausencia de aseo personal al terminar la jornada de trabajo en los sitios en los que no se cuenta con el servicio básico de agua potable. La ingesta de alimentos en el frente de trabajo y la falta de lavado de manos con agua y jabón. Algunas veces se trabaja en jornadas excesivamente largas, con la consiguiente fatiga de los trabajadores. No se presta atención a la descarga del camión recolector de residuos, como en el caso de los vertederos de Masaya y Granada. Se permite el ingreso de personas ajenas al vertedero municipal, a excepción de Masaya, que cuenta con este tipo de control. Se queman los residuos sólidos en los vertederos de San Juan de Oriente, Niquinohomo y Catarina. No se les presta el debido mantenimiento a los equipos y herramientas de trabajo. No existe control en el ingreso de animales para consumo humano, circunstancia que pone en riesgo la salud de la población

Por otra parte, los vertederos municipales en estudio no poseen procedimientos o indicadores sobre el control en la disposición final de los residuos, situación que dificulta la evaluación de las condiciones de operación de los mismos. Las administraciones de estos sitios no cuentan con este tipo de información registrada de forma verificable, de tal forma que la mayoría de los datos que se manejan son inconsistentes y sin bases documentadas, por lo que no se puede comprobar si los datos proporcionados son fidedignos. Las tarifas fijadas por el servicio de recolección y disposición final de los residuos municipales varían según las condiciones administrativas e institucionales, basadas en las políticas que establece cada municipio. Se puede decir que ninguna de las tarifas cobradas en estos municipios ha sido diseñada bajo criterios socioeconómicos, así como tampoco están siendo actualizadas según la devaluación de la moneda nacional, situación que limita el desarrollo de nueva infraestructura en la disposición final de los residuos. En Niquinohomo, Catarina, Granada y Masaya la tarifa fijada para la recolección es diferenciada según lo establecido en las Ordenanzas Municipales, y toma en cuenta los diferentes sectores de la localidad, desde las instituciones, sector comercial, industrias, mercados (para el caso de Masaya) hasta la fracción domiciliar. En el caso de San Juan de Oriente, Diriomo y Diriá, la tarifa de cobro por el servicio de recolección de los residuos sólidos municipales es fija, es decir que no se hace diferencia en los cobros entre las diferentes fuentes generadoras. Con respecto a los datos relacionados a los ingresos y egresos generados en la prestación del servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos, los técnicos de las unidades ambientales en seis de los siete municipios no manejan este tipo de información, además de que en estas municipalidades no existe diferenciación

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entre las distintas operaciones de manejo de los residuos en los municipios (barrido de calles, recolección, transporte, tratamiento y disposición final). Únicamente Granada cuenta con matrices de la estructura de costos para cada servicio prestado y relación ingresos - egresos generados.

6. Valoración de la ubicación, operación y mantenimiento actual de los sitios de disposición final de residuos sólidos municipales En 2009, Castro y Regidor evaluaron los vertederos de residuos sólidos municipales en cuanto a su localización, manera de operar y mantenimiento que reciben, tomando en cuenta una serie de consideraciones de tal forma que se prefiera aquellos lugares donde las operaciones sanitarias conduzcan a mejorar el terreno. Para valorar esta situación se tuvo que considerar los recursos técnicos y económicos disponibles en cada municipio. Los criterios de selección del lugar presentan tres componentes importantes: económicos, ambientales y técnicos: •

-Factores económicos: Costo y proceso de adquisición del terreno (tenencia)

• • • • • • •

- Factores ambientales: Distancia de fuentes de agua destinadas al abastecimiento Distancia horizontal hacia cualquier fuente de agua potable Profundidad del manto freático Coeficiente de permeabilidad bajo Protección a los recursos naturales Presencia de fallas geológicas Ubicación en zonas inestables (zonas de derrumbe, hundimientos naturales)

• • • • • • • • • • • •

-Factores técnicos: Estado de las vías de acceso al sitio Tiempo de traslado desde el centro urbano Ubicación con respecto a los vientos Distancia al perímetro urbano Distancia a grupos de vivienda, industria, escuelas, hospitales, áreas de recreación Distancia de la vía principal Tipo de suelo Pendiente promedio mínima del terreno natural Compatibilidad con el desarrollo urbano Vida útil Cercanía de material de cobertura Propiedades del material de cobertura

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Tomando en cuenta los parámetros anteriores, Castro y Regidor (2009) evaluaron -utilizando como herramienta una matriz de valoración de sitios- cada vertedero municipal, obteniendo los siguientes valores para cada municipio: Cuadro 3. Resumen de puntajes obtenidos en la valoración de sitios de los vertederos municipales Municipio evaluado

Puntaje obtenido

Aptitud para relleno sanitario

Niquinohomo

56

Buena

Masaya

54

Buena

Catarina

47

Mala

Diriá

46

Mala

Diriomo

44

Mala

San Juan de Oriente

43

Mala

Granada

29

Muy mala

Fuente: Castro y Regidor (2009)

De la misma forma en que se valoró el emplazamiento de los vertederos, se valoró la operación y mantenimiento de los mismos. Las condiciones que se tomaron en cuenta para llevar a cabo esta valoración fueron las siguientes: • • • • • • • • • • • • • • •

Área de acceso y espera dentro del relleno Cerco perimetral Caseta de control y vigilancia Camino de acceso buenas condiciones Área para futura expansión Drenajes perimetrales e internos Los drenajes perimetrales presentan un mantenimiento correcto Acceso a energía eléctrica el sitio Acceso a agua potable el sitio Presencia en el sitio de una zona de amortiguamiento Existencia de almacenes y bodegas para los equipos y herramientas de trabajo Área administrativa Estructura para el manejo de excretas Se cuenta con baños y vestidores para los operarios Posee el relleno la maquinaria y equipo suficiente de acuerdo a las características del mismo

Esta información fue empleada por Castro y Regidor (2009) para aplicar la matriz de valoración de la infraestructura, operación y mantenimiento de los vertederos municipales. Como se observa en el cuadro 4, todos presentan deficiencias, aunque unos más que otros. Estas deficiencias se deben a la falta de recursos económicos de las alcaldías, que impide el adecuado manejo de los residuos

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sólidos en los sitios de disposición final, acompañada de la falta de maquinaria y equipos necesarios para llevar a cabo las actividades de operación requeridas. Cuadro 4. Puntajes de valoración del diseño y mantenimiento de obras complementarias que posee cada una de los vertederos municipales Municipio

Puntaje de valoración

Criterios de valoración

Niquinohomo

23,0

Aceptable

Diriomo

20,5

Regular

Masaya

17,5

Regular

Diriá

13,5

Deficiente

San Juan de Oriente

13,0

Deficiente

Catarina

5,5

Deficiente

Granada

2,0

Deficiente

Fuente: Castro y Regidor (2009)

7. Impactos actuales y potenciales de carácter ambiental y social asociados a la disposición final de los residuos sólidos municipales Dado que el destino de los residuos sólidos de los municipios en estudio son vertederos municipales que no cumplen con las condiciones básicas para recibir un tratamiento adecuado, estos sitios son considerados como fuentes de contaminación y representan un riesgo para los diferentes componentes ambientales adyacentes a los mismos. La inadecuada disposición de los residuos pone en peligro los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, lo que, asociado a la quema frecuente de basura, puede tener implicaciones graves para la calidad de los suelos, el agua, el aire y las cadenas o redes alimentarias, y por ende, sobre la salud de la población.

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Cuadro 5. Factores ambientales involucrados en la valoración de los impactos ambientales y sociales en los vertederos municipales. Aspecto Ambiental

Factores involucrados

Suelo

• • • •

Aire

• Presencia de biogás • Quema de residuos sólidos • Presencia de olores desagradables

Agua

• Presencia de lixiviados

Flora

• Daños a la vegetación

Fauna

• Proliferación de fauna nociva • Alteración de la fauna terrestre o acuática

Patrimonio cultural

• Cercanía a sitios de patrimonio histórico, religioso y turístico • Cercanía a áreas de reserva o protección natural

Actividades socioeconómicas

• Presencia constante de grupos humanos • Riesgos a la salud de los grupos humanos que viven en la zona o en los alrededores • Riesgos de contaminación de animales de consumo humano • Afectación de otras actividades (socioeconómicas, turísticas, etc.)

Área ocupada por residuos sólidos Presencia de residuo sólido domiciliar y/o industrial Incompatibilidad de uso de suelo Presencia de lixiviados

Fuente: Castro y Regidor (2009)

Considerando estas condiciones, Castro y Regidor (2009) evaluaron cada vertedero municipal con el fin de conocer la magnitud de su impacto al medio ambiente. A continuación se presentan los resultados de la valoración de los impactos causados por la disposición final de los residuos sólidos: Cuadro 6. Puntajes obtenidos en la evaluación de riesgo ambiental en los vertederos municipales Municipio

Puntaje

Perturbación

Granada

27

Fuerte

Catarina

24

Medio

Diriá

23

Medio

Masaya

23

Medio

Diriomo

21

Medio

San Juan de Oriente

21

Medio

Niquinohomo

11

Bajo

Fuente: Castro y Regidor (2009)

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El análisis de estos resultados revela que el vertedero de Granada es el sitio con mayor impacto ambiental, siendo el que obtuvo mayor puntuación, lo que significa que posee un grado de perturbación fuerte. En cambio, Catarina, Masaya, Diriá, San Juan de Oriente y Diriomo presentan una perturbación ambiental media. Por último, Niquinohomo presenta un bajo impacto ambiental. A pesar de que el vertedero de Granada no se encuentra ubicado cerca de aguas superficiales, el manto freático de este terreno es muy superficial, lo que puede provocar que se presente contaminación de las aguas subterráneas, generada a partir de formación de los lixiviados. Debido a esta situación, el manto acuífero de Granada se encuentran en riesgo de verse afectado por los lixiviados provenientes de la disposición final de los residuos sólidos. Con respecto a la contaminación del aire, todos los vertederos se ven afectados. Dado que la composición de los residuos es en su mayoría biodegradable, éstos son convertidos en biogás, lo que genera una afectación de ámbito local con olores, ruidos, incendios y explosiones, con efectos negativos para la salud de la población aledaña. Los únicos vertederos que contrarrestan esta situación son Niquinohomo y Diriomo por poseer dentro de sus infraestructuras -aunque precario- un drenaje de gases colocado en la trinchera de residuos. Los incendios y explosiones son otros de los impactos provocados por una inadecuada gestión del biogás. Los procesos de descomposición anaeróbica producidos en los vertederos generan metano, responsable de explosiones y combustiones espontáneas debido a su elevada inflamabilidad y a la capacidad para formar mezclas explosivas con el aire (Garrido, Márquez & Garrido, 2008). Esta situación se presenta en seis de los vertederos y con mayor severidad en el de Masaya en donde para el año 2008 se presentó un incendio de gran magnitud que tuvo una duración de aproximadamente seis meses. Finalmente se presentan otros ejes de contaminación atmosférica en el ámbito local de los vertederos: la generación de polvo o el transporte de materiales livianos, la afectación al paisaje, el ruido y vibraciones que son consecuencia del tráfico, la descarga de los camiones recolectores y el movimiento de los equipos de compactación (Calvo, 2003, citado por Garrido, Márquez & Garrido, 2008). Los impactos de los vertederos sobre el suelo pueden concretarse en su destrucción directa mediante arrastre o compactación dependiendo de la magnitud del impacto de la superficie destruida y de la calidad edáfica de la superficie ocupada (Hernández et al., 1998, citado por Garrido, Márquez & Garrido, 2008). Ninguno de los sitios de disposición final estudiados escapa a este tipo de afectación debido a que los suelos de estos terrenos no se encuentran impermeabilizados, a excepción de Diriomo. Con respecto a las afectaciones a la salud en estos sitios se ha presentado proliferación de vectores debido a la falta de control en el manejo de la disposición final. Esta situación se ha hecho notoria –según Castro y Regidor (2009)- a través de las quejas presentadas por parte de la población que habita en las áreas aledañas y se ha tratado de remediar a través de fumigaciones. El manejo inadecuado y la deficiente disposición de residuos sólidos de estos vertederos municipales afectan significativamente el paisaje, deteriorándolo al recibir

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los residuos de todas las actividades del municipio. Por lo tanto, su inadecuado manejo no sólo afecta la salud y el ambiente, sino que disminuye la calidad de vida en términos del espacio y del horizonte.

8. Algunas medidas ambientales de solución a los impactos ambientales A continuación se detallan, a manera general, algunas de las medidas ambientales que pueden implementarse en los sitios de disposición final. Tabla 7. Medidas ambientales a ser implementadas para mitigar algunos de los impactos ambientales presentados en los vertederos municipales. Condición impactante

Medida ambiental Para los vertederos de Niquinohomo, San Juan de Oriente, Diriá, Catarina, Granada y Masaya: • Impermeabilización: Prevenir la infiltración de lixiviados en el suelo y la contaminación del agua subterránea, aplicando una capa de arcilla u otro material impermeabilizante sobre la base de la celda antes de depositar los residuos sólidos.

Generación de aguas residuales y lixiviados

Para los vertederos de San Juan de Oriente, Diriá, Diriomo, Catarina, Granada y Masaya: • Drenaje de lixiviados: Recolectar en canales el lixiviado generado a partir de la descomposición de los residuos de carácter orgánico, con el fin de evitar auto combustión. Para el vertedero de Diriomo: • Manejo de las aguas residuales y lixiviados: Implementar un sistema de tratamiento seguro y adecuado a las características del vertedero y al tipo de residuo sólido generado.

Presencia de aguas pluviales

Emisiones de gases

Para Niquinohomo, San Juan de Oriente Diriá, Diriomo, Catarina, Granada y Masaya: • Manejo del drenaje de aguas pluviales en las trincheras: Recolectar el agua pluvial en canales para ser desviada y evitar que se mezcle con los residuos. Para todos los vertederos: • Tubería de ventilación: Colocar tuberías en diferentes puntos de la celda de disposición de residuos para proporcionar una ruta en la que el gas de la trinchera salga hacia la atmósfera. • Quema de gases: Oxidar los gases volátiles y olorosos a compuestos no olorosos a través de la implementación de quemadores de gases en las chimeneas (conversión de CH4 a CO2, de mayor a menor contaminante).

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Condición impactante

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Medida ambiental Para todos los vertederos (excepto Masaya): • Control del acceso: Regular el ingreso de personas y animales al vertedero.

Riesgo de contaminación y accidentes del personal por falta de medidas de seguridad y protección.

• Uso de EPP*: Garantizar la seguridad a la persona que labora en el vertedero (guantes, mascarillas, botas y uniforme). Para los vertederos de Catarina y Granada: • Equipamiento del vertedero: Colocar un portón y cerco perimetral en buen estado que permita mantener un acceso restringido de personas externas a la alcaldía municipal. Mejorar las condiciones de la caseta de control con el fin de proporcionar el medio adecuado para los trabajadores del lugar.

Malos olores y proliferación de vectores

Para San Juan de Oriente, Diriomo, Catarina, Granada y Masaya: • Compactación y cobertura: Reducir el volumen de residuos sólidos mediante la compactación y disminuir la generación de vectores, malos olores y esparcimiento de los residuos sólidos en el terreno, aplicando un 20% de material de cobertura (suelo de la zona) del total de los residuos sólidos depositados dentro de la celda.

Esparcido, compactación y cobertura de los residuos sólidos

Para San Juan de Oriente, Diriomo, Catarina, Granada y Masaya: • Reforestación del entorno del sitio de disposición final: Colocar cercas vivas en el entorno del terreno para contribuir a amortiguar el impacto visual y el traslado de partículas a terrenos vecinos.

* EPP: Equipo de protección personal Fuente: Castro y Regidor (2009)

9. Espacios requeridos en los vertederos para seguir almacenando residuos sólidos Con el fin de conocer los espacios que requieren los sitios de disposición final para recibir los residuos sólidos de la población municipal en los próximos 20 años, Castro y Regidor (2009), llevaron a cabo proyecciones de espacio. La proyección se llevó a cabo para todos los municipios estudiados. Sin embargo, los vertederos de Masaya y Niquinohomo son los únicos que tienen posibilidades de continuar operando en función de un relleno sanitario en el terreno que poseen en la actualidad, debido a que la extensión de los mismos y sus características lo permiten. Los demás sitios deben ser clausurados y reubicados debido a las prácticas inadecuadas de operación, y por la vulnerabilidad social y ambiental del área en donde se encuentran ubicados. Los resultados de la proyección -realizada en base al crecimiento de la población (proyectada a partir del año 2009)- que determina el área necesaria para

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continuar operando en los sitios actuales con la realización de las adecuadas técnicas de operación se muestran a continuación: Cuadro 8. Comparación del área de terreno actual para la disposición final y el área requerida en 20 años para la operación de los vertederos municipales actuales con diseño y mantenimiento de rellenos sanitarios. Municipio

Área actual

Área requerida

Área (mz)

Área (mz)

Área (Ha)

Niquinohomo

2,000

5,900

4,000

Masaya

25,00

50,78

36,00

San Juan de Oriente

1,998

2,070

1,000

Diriomo

3,995

8,420

6,000

Diriá

1,998

2,200

2,000

Catarina

2,695

2,800

2,000

Granada

2,995

45,45

32,00

Fuente: Castro y Regidor (2009)

Como se observa, el área que abarcan actualmente los vertederos municipales con posibilidades de extensión (Niquinohomo y Masaya) es de menor tamaño a la que requieren para seguir operando en los próximos 20 años, por lo que, aunque estos sitios tienen la oportunidad de ser diseñados y operados como relleno sanitario, el tiempo de vida útil que resta para cada uno de ellos es de ocho años como máximo. El resto de sitios de disposición final de residuos sólidos deben implementar medidas que disminuyan el riesgo ambiental y social de los municipios durante el período de trabajo faltante. Una vez alcanzada la capacidad de carga de estos vertederos, se debe realizar un análisis de alternativas para la reubicación de dichos sitios en base a los datos de extensión del área requerida para cada uno de ellos y considerando los parámetros establecidos en la NTON 05 013 – 01 (MARENA, 2001). Cuadro 9. Área de terreno requerida en ocho años para la operación de los vertederos municipales actuales con diseño y mantenimiento de rellenos sanitarios Municipio

Área (mz)

Área (Ha)

Niquinohomo

1,59

1,00

Masaya

14,49

10,00

Por esta razón, antes de cumplir este plazo mínimo de operación se deben seleccionar nuevos sitios que cumplan con los parámetros establecidos en la NTON 05 013 – 01 (MARENA, 2001).

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10. Conclusiones El manejo de los residuos sólidos en cada uno de los municipios integrados en la Cuenca de la Laguna de Apoyo es sub valorado por parte de las autoridades municipales. Las alcaldías prestan un deficiente servicio de recolección a la población; el porcentaje de cobertura de este servicio en la mayoría de los municipios no abarca el 100%, poniendo en riesgo la salud de la población y obligando a las personas a buscar alternativas inadecuadas (como la quema o la creación de botaderos ilegales) para la disposición final de los residuos. •

La dirección de servicios municipales de cada alcaldía carece de información documentada acerca de la recolección y disposición final de los residuos, lo que provoca que:

•

No se tenga establecido un mapa de macro y micro ruteo debido a la falta de capacidad en el diseño de rutas, lo que conduce a un desorden al momento de llevar a cabo la operación y a un incremento en los costos por gastos en combustible y aumento de los tiempos de recolección.

•

No se cuente con información relacionada a la caracterización de los residuos sólidos, volumen y cantidad que se genera por cada fuente en los municipios de San Juan de Oriente, Diriá y Diriomo, y en el caso de Niquinohomo, Catarina, Granada y Masaya los datos estén desactualizados.

•

No se maneje de forma documentada la producción per cápita de residuos sólidos municipales y el volumen que ingresa a los vertederos para ser dispuestos finalmente (a excepción del vertedero de Masaya).

•

No se conozca los costos de operación y los ingresos recibidos por la prestación del servicio, por lo tanto no sea posible determinar su auto-sostenibilidad.

•

No se conozca a ciencia cierta la capacidad de diseño con que en un inicio estos vertederos fueron construidos y tampoco se cuente con planes de clausura y post-clausura para los mismos.

Esta situación se ve agravada con cada cambio de administración municipal, en el que se pierde la secuencia de las acciones realizadas y se empieza desde cero en las actividades propuestas, dejando en el olvido y sin respaldo las metas alcanzadas en el manejo integral de los residuos sólidos. Además, existe una deficiencia de maquinaria y equipos de operación, ligada directamente con la falta de recursos económicos de las alcaldías municipales. El servicio de recolección de estos municipios no cuenta con una tarifa regulada y el valor cobrado mínimo; existen serias deficiencias en el cobro, ya sea por debilidades administrativas o por problemas relacionados a la educación comunitaria. Esta circunstancia se presenta a pesar de existir en algunos de los municipios –Niquinohomo y Masaya- una ordenanza municipal donde se detalla los cobros por los servicios prestados. En otros casos ni siquiera se tiene establecido un cobro diferenciado para cada tipo de fuente. Esta situación acrecienta la problemática existente alrededor de la desintegración de los ingresos a dichos servicios provocando

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su debilitamiento. Actualmente, en estos sitios se desarrolla de manera informal la separación y clasificación de los residuos sólidos con características reciclables, poniendo en riesgo la vida de las personas que desempeñan esta función dentro de los vertederos, ya que no se utiliza ningún mecanismo de control y vigilancia para desarrollar esta actividad y en todos, a excepción de Niquinohomo, es llevada a cabo por personas externas a las alcaldías. Por otra parte, la falta de un manejo integral de los residuos sólidos en estos municipios provoca que: ü

Todos los territorios presenten una limitante para catalogarse como área idónea para convertirse en rellenos sanitarios, no obstante los sitios con mayores posibilidades se encuentran en los municipios de Niquinohomo y Masaya.

ü

Una mala disposición y manejo de los residuos en los vertederos municipales, lo que ha ocasionado que éstos hayan reducido su vida útil en menor tiempo del estipulado, y que incluso ya no tengan capacidad de recibir más residuos, como sucede con el municipio de Granada.

ü

Ninguno de los vertederos municipales cuente con las instalaciones y estructuras necesarias para llevar a cabo una adecuada y segura disposición final de los residuos sólidos, ya que tanto los que construyeron trincheras como los que emplearon el método del área para disponer los residuos, no emplearon criterios técnicos para su diseño. En cuanto a la evaluación del diseño y operación en general, sólo los vertederos de Niquinohomo y Masaya poseen condiciones que se acercan a una infraestructura y equipamiento idóneo, y realizan las prácticas más adecuadas para el manejo de los residuos sólidos en el sitio.

ü

No se utilicen técnicas o mecanismos que garanticen la seguridad y bienestar laboral de los trabajadores en estos sitios, lo que representa un factor de riesgo para la salud de los mismos.

ü

Falte previsión ante los posibles problemas que pudieran presentarse, ya sean de carácter técnico, administrativo o de control, lo que ocasiona que la disposición final de los residuos sólidos sea vista como un problema de gran impacto ambiental, que puede tener afectaciones a nivel local o regional.

ü

Aparezcan impactos ambientales que pueden traer graves repercusiones para los municipios en estudio, y en muchos de los casos éstos puedan ser irreversibles, como en Granada con el latente riesgo de la contaminación de los acuíferos.

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11. Recomendaciones Para resolver las condiciones limitantes presentadas alrededor del manejo y disposición final de los residuos sólidos se detallan a continuación algunas recomendaciones: ü

Es necesario que las municipalidades cuenten con un programa integral de manejo de residuos sólidos que incluya:

•

El diseño de las rutas de macro y micro ruteo, lo que contribuirá a tener una mayor eficiencia en la recolección a través de la optimización de las distancias y los tiempos de operación.

•

El mantenimiento preventivo a las unidades de recolección con las que cuentan las municipalidades para evitar su deterioro y eliminar las probabilidades de atrasos en el proceso debido a la falta de equipos en buen estado.

•

La definición de una política relativa al manejo adecuado, integral y ambiental de los residuos, apropiada a la naturaleza, escala e impactos ambientales potenciales de las actividades, productos y servicios que comprende dicho manejo en cada caso particular. Esto se podría lograr a través de la elaboración de planes sectoriales de manejo de residuos sólidos ajustados a la realidad de cada municipio, con el fin de encontrar posibles soluciones a los problemas evidentes.

•

La elaboración y fortalecimiento de programas de divulgación y educación ambiental desde las alcaldías para fomentar en la población el reciclaje y la reutilización, de tal forma que ello contribuya a disminuir la generación de residuos.

•

La elaboración de tarifas sólidas que cubran el costo total del servicio de recolección y disposición final, aspecto crucial para lograr su autofinanciamiento y mejorar la calidad del servicio.

•

Identificar y documentar los aspectos ambientales (emisiones al aire, aguas residuales, generación de residuos, fugas y derrames, etc.) involucrados en las distintas áreas o etapas del sistema de manejo integral de los residuos sólidos, de tal forma que con ello se puedan establecer medidas para su prevención, control y mitigación ante cualquier afectación de este tipo.

•

Diseñar una celda de confinamiento en los vertederos municipales -debido a que la mayoría de las instituciones de salud (hospitales, clínicas, centros de salud, etc.) de estos municipios no cumplen con las condiciones de operación de la disposición final (incineradores) de los residuos sólidos biológicos infecciosos- con el fin de evitar proliferación de vectores y contagio a las personas en contacto directo con éstos.

•

Conociéndose que los vertederos de San Juan de Oriente, Diriá, Diriomo y Catarina no prestan las condiciones necesarias en cuanto a diseño, operación y mantenimiento, para seguir disponiéndose en ellos los residuos sólidos, es necesario que sean rehabilitados lo más pronto posible con el fin de lograr una disposición final de residuos de forma segura y adecuada. De esta manera,

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estos lugares se podrían seguir utilizando sin ningún tipo de riesgo, aplicando medidas ambientales para que éstos cumplan con las especificaciones de la NTON 05 013-01 (MARENA, 2001). •

Para el caso del vertedero de Granada, éste debe ser clausurado urgentemente debido a que la mala disposición de los residuos sólidos y la falta de condiciones para que éstos sean tratados, provoca un fuerte impacto ambiental. Por lo tanto, es necesario que se realice un análisis de alternativas de sitios con el fin de tomar decisiones fundamentadas en la disposición final de los residuos y afines al cumplimiento de las especificaciones de la NTON 05 013-01 (MARENA, 2001).

•

Es importante realizar un reordenamiento de los sitios de disposición final de residuos sólidos de tal forma que se pueda contemplar un área específica destinada para la separación y clasificación de los residuos, en la que pueda llevarse a cabo esta actividad sin ningún tipo de peligro para las personas encargadas de la misma.

•

A largo plazo es importante que los municipios, dentro de sus planes municipales de gestión integral de residuos, tengan en cuenta el reciclaje a partir de la separación en la fuente y la recolección selectiva, es decir, que los generadores de residuos (viviendas, comercio, industria) los presenten en forma separada para que sobre ellos se pueda realizar una gestión diferencial adecuada.

Referencias bibliográficas Alcaldía Municipal de Masaya. Departamento de Salud y Limpieza. (2002). Plan Maestro. Manejo de desechos sólidos. Manuscrito no publicado. Castro M. & Regidor, I. (2009). Valoración socio-ambiental de los sitios de disposición final de residuos sólidos de los municipios integrados en la Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de Apoyo de Nicaragua (AMICTLAN). Estudio monográfico para optar al Título de Ingenieras en Calidad Ambiental, Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua. Garrido, M., Márquez, F. & Garrido, P. (2008). Accidentes provocados por los vertederos de residuos sólidos urbanos. Recuperado el 18 de noviembre de 2009 de http:// www.serviprevencia.org/IMG/pdf/accidentes_en_vertederos_de_residuos. pdf. Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal INIFOM - PRODELFIS/GTZ. (2007). Caracterización de los residuos sólidos utilizando el método del cuarteo. Municipio de Catarina. Manuscrito no publicado. Jaramillo, J. (1991). Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales. Serie Técnica No. 28. Washington, D.C: Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. López, D. (2006). Proyecto de mejoramiento de la gestión del servicio de limpieza pública municipal de Niquinohomo. Manuscrito no publicado.

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MARENA. (2004). Bases de la Política Nacional sobre la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Managua: MARENA. MARENA (2001). NTON 05 013 – 01. Norma técnica para el control ambiental de los rellenos sanitarios para desechos sólidos no peligrosos. Recuperado el 20 de noviembre de 2009 de http://www.marena.gob.ni/index.php?option=com_ remository&Itemid=181&func=showdown&id=232&date=2010-02-01. Lacayo Escobar, M. (2009). Manejo integral de los residuos sólidos urbanos. Managua: Manuscrito no publicado. Programa de Gobernabilidad y Desarrollo Local PROGEDEL – GTZ. Alcaldía Municipal de Granada. Departamento de Servicios Municipales (2009). Proyecto de Mejoramiento del servicio de limpieza pública municipal de Granada. Manuscrito no publicado.

Anexo

Ilustración 1. Ubicación de los vertederos municipales integrados en los territorios de la Cuenca de la Laguna de Apoyo

Fuente: Castro y Regidor (2009), tomado a partir de Mapa de Ubicación de la RNLA en su contexto regional, AMICTLAN (2009).

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Migrantes deportados: entre la concepción de los desechos humanos y la de los derechos humanos

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Migrantes deportados: entre la concepción de los desechos humanos y la de los derechos humanos Joaquín A. Mejía R.* Recibido: octubre de 2010 / Aceptado: enero de 2011 La crisis económica mundial está provocando una crisis de los valores democráticos en las sociedades del Norte cuando se trata de abordar el fenómeno migratorio. Cada vez más los Estados de Europa y Estados Unidos ven en la migración un asunto que se desecha cuando ya no es útil ni rentable y los derechos humanos de los inmigrantes son sacrificados en el altar de la seguridad nacional, del orden público y de la recesión económica. De esta manera, en nombre de su soberanía, los Estados aplican políticas migratorias que atentan contra los derechos de las poblaciones migrantes sujetas a deportación, negándoles el derecho básico a ser oído por un juez independiente e imparcial. El objetivo de este artículo es mostrar que cuando un Estado falla en su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, se pueden activar los sistemas de protección internacional para revertir decisiones estatales que responden a una política migratoria discriminatoria y contraria a la dignidad humana. Palabras clave: migración / deportaciones / Sistema Interamericano de Derechos Humanos / política migratoria

* Coordinador del Departamento de Derechos Humanos e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ). Correo electrónico: [email protected]

Migrantes deportados: entre la concepción de los desechos humanos y la de los derechos humanos

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1. Los inmigrantes en tiempos hostiles Son tiempos hostiles para las migraciones, sobre todo para la indocumentada, la “ilegal”. Desde Estados Unidos hasta Europa corren vientos de desprecio contra los inmigrantes, a quienes se les asocia con la violencia, el miedo, la inseguridad, la crisis económica, el desempleo y el deterioro de los servicios públicos. En el pasado reciente los inmigrantes eran indudablemente necesarios porque contribuían al desarrollo económico de los países receptores. Pero hoy, en el imaginario colectivo de las sociedades del Norte -alimentado por sus gobiernos- su presencia es culpable de todas las desgracias, de todas las crisis. De este modo, el inmigrante se ha convertido en la víctima expiatoria de todos los males y para él, han llegado “los tiempos del desprecio” (Naïr, 2006, p.15). Estos “tiempos del desprecio” se manifiestan en las políticas de sospecha contra el que es “diferente”, contra el “otro”, contra quien no es parte del “nosotros”, lo cual alimenta la arrogancia, el racismo y la xenofobia que terminan criminalizando la inmigración. La falta de un documento, de una visa o de una tarjeta de residencia se convierte en ilegalidad, en delito que debe ser situado y tratado al mismo nivel que el narcotráfico y el terrorismo. Pero en estos tiempos ni siquiera el inmigrante documentado está a salvo pues aunque porta un papel que le confiere un estatus superior al que no lo tiene, sigue siendo visto como uno de los enemigos de turno que la ofensiva neoliberal ha creado para desviar la atención de las verdaderas causas de la actual crisis económica, social, política y cultural, “orientando los impulsos emotivos de las masas hacia formas regresivas y autoritarias de identificación” (Barcellona, 1992, p.24). Por esta razón, no es de extrañar que si el inmigrante comete un error, por muy pequeño que sea (una infracción de tráfico, por ejemplo), puede ser doblemente sancionado con una condena administrativa, civil o penal y luego, deportado. Bajo estos parámetros no es de extrañar entonces que desde la Europa “democrática y respetuosa de los derechos humanos”, en donde viven aproximadamente 8 millones de inmigrantes indocumentados, el Parlamento Europeo haya aprobado la llamada “Directiva de retorno sobre inmigración ilegal” que (a) permite la detención administrativa del indocumentado hasta un año y medio mientras se tramita su expulsión; (b) prohíbe a los deportados su ingreso a cualquiera de los 27 Estados miembros durante cinco años; y (c) faculta la expulsión de niños y niñas inmigrantes no acompañados a su país de origen o a un tercer país que no sea el suyo (Comisión de las Comunidades Europeas, 2005). Estas y otras medidas abiertamente violan los derechos humanos de los inmigrantes. De la misma manera, Estados Unidos ha adoptado políticas migratorias que en vez de detener los flujos migratorios sólo han logrado criminalizarlos. Esto se refleja en el despliegue de los Minutemen con la tolerancia de las autoridades estadounidenses y el apoyo público mostrado por algunas autoridades políticas; el envío a la frontera de nuevos agentes de la patrulla fronteriza a la que además se le ha dotado de aviones y helicópteros militares; la construcción y ampliación de muros fronterizos con la participación del ejército; la estrecha colaboración entre la policía y las fuerzas militares en el control de la frontera; y el uso de detectores electrónicos

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de movimiento, proyectores potentes, telescopios infrarrojos o cables electrónicos (Naïr, 2006, pp. 75-78). A ello se le suma la adopción de leyes discriminatorias como la Proposition 187, la Ley de Protección al Contribuyente de California, la Ley de Antiterrorismo y de Pena de Muerte Efectiva (AEDPA, por sus siglas en inglés) o la reciente Ley 1070 conocida como “Ley de Arizona”; todo lo cual se traduce en la posibilidad de cancelar la ciudadanía que facilita la deportación; las redadas y detenciones masivas en hogares y centros de trabajo; y el aumento en el número de deportaciones de inmigrantes que, de acuerdo con el director de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), alcanzó en el último año fiscal la cifra sin precedentes de 380.000, de los cuales casi un tercio habían sido declarados culpables por la comisión de un delito (AOL Noticias, 2010). De esta manera, en el marco de la crisis económica mundial, los Estados del Norte están abordando el fenómeno migratorio alejándose cada vez más de una concepción basada en los derechos humanos y acercándose a una concepción de los desechos humanos en virtud de la cual los “migrantes son residuos humanos en sus países de origen y luego, como deportados, se convierten en residuos de los países de destino” (Rocha, 2008). ¿Qué hacer ante esta realidad en la que los Estados apelan a su soberanía para aplicar políticas migratorias que atentan contra los derechos humanos de las poblaciones migrantes sujetas a deportación? En el presente artículo se pretende presentar a grandes rasgos el escenario en el que los Estados adoptan medidas migratorias incompatibles con las normas internacionales que se han comprometido a cumplir -existe la posibilidad de presentar denuncias ante ciertos órganos supraestatales para revertir tal situación-. Concretamente, en el artículo se analiza el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH) y sus resoluciones en algunos casos de deportación realizados por Estados Unidos, de las cuales se pueden extraer algunos elementos esenciales que debe tener toda política migratoria basada en una concepción de los derechos humanos.

2. De las estadísticas a la tragedia humana de las deportaciones Antes de 1996 los jueces estadounidenses de inmigración tenían discrecionalidad para sopesar algunos factores antes de ordenar la deportación de una persona que hubiera cometido algún delito, tales como, los vínculos familiares, la edad en que llegó al país y el tiempo que había estado en él, el impacto de su deportación en sus familiares, y la gravedad del delito que llevó al caso de deportación y su posible rehabilitación. En este sentido, en el marco de la Inmigration and Nationality Act (INA), el artículo 244 permitía la suspensión de la deportación de no ciudadanos de buena moral que hubieran vivido en los Estados Unidos por un mínimo de siete años, y cuya deportación provocaría dificultades extremas a ellos o a sus cónyuges, padres o hijos con residencia legal en el país. Esta normativa fue sustituida en 1996 por el artículo 240A (a) de la Ley de Reforma de la Inmigración y Responsabilidad

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del Inmigrante (IIRIRA, por sus siglas en inglés) que sólo puede ser invocada por residentes legales declarados culpables de una categoría específica de delitos, que hayan residido en los Estados Unidos por un mínimo de siete años y cuya rehabilitación y lazos con el país hagan que su estadía sea de interés nacional (Human Rights Watch, 2009, pp. 16-17). A su vez, el Congreso estadounidense eliminó por completo el artículo 212 (c) que permitía a los residentes permanentes sujetos de deportación demostrar que factores positivos como sus lazos familiares y la evidencia de su rehabilitación, compensaban los factores negativos como la gravedad de sus actos delictivos para no ser deportados. En términos generales, la IIRIRA y AEDPA de 1996 (a) eliminaron todas las formas de reparación discrecional para residentes legales condenados por un delito grave; (b) expandieron la definición de gravedad para incluir algunos delitos relativamente menores; y (c) eliminaron la discreción que tenían los tribunales de dispensar la deportación por razones humanitarias y otras consideraciones (Human Rights Watch, 2009, pp. 17-18). Lo anteriormente planteado es una pequeña muestra de cómo importantes disposiciones de las leyes migratorias en Estados Unidos son contrarias a las normas internacionales de derechos humanos que exige que los Estados respeten las garantías esenciales de un juicio justo en las audiencias de deportación. Evidentemente, si con estas reformas la situación de los inmigrantes documentados se ha vuelto más vulnerable, la de los que se encuentran en situación irregular ha alcanzado el nivel de una verdadera tragedia humana para ellos y sus familias. Sólo basta echar un vistazo a las estadísticas que nos muestran que hay alrededor de 5.5 millones de niños y niñas -cerca de los cuales tres cuartas partes son ciudadanos nacidos en Estados Unidos- cuyos padres y madres son inmigrantes indocumentados, y que el gobierno federal estadounidense ha invertido billones de dólares cada año para arrestarlos, detenerlos y deportarlos. De hecho, se estima que en los últimos 10 años aproximadamente 100 mil inmigrantes padres y madres de niños y niñas estadounidenses han sido deportados1.

3. Wayne Smith y Hugo Armendáriz: dos historias, 100 mil reflejos2 Los 100 mil padres y madres que han sido deportados en los últimos 10 años tienen nombres y apellidos, historias personales y vinculaciones familiares, culturales, sociales, económicas, etc., que hacen de la deportación una verdadera tragedia humana para las familias que las sufren. Este es el caso de Wayne Smith y Hugo Armendáriz, el primero nacido en Trinidad y Tobago, y el segundo en México, cuyas historias representan el calvario que viven la mayoría de deportados y sus familiares 1 Sobre el efecto de las redadas migratorias sobre los niños y niñas de los inmigrantes detenidos y deportados, véase Chaudry et al. (2010). En Europa, Francia ha ido aún más lejos al ordenar -mediante un decreto presidencial- la expulsión de niños y niñas nacidas en Francia de padres indocumentados. 2 La información aquí compartida ha sido recopilada de Comisión Interamericana de Derechos Humanos / Organización de los Estados Americanos [CIDH] (2010, 12 de julio, párr. 12-21).

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cuando se enfrentan a un Estado que en nombre de la seguridad pública adopta medidas que atentan contra la vida privada y familiar, la integridad, la libertad y la justicia.

3.1. La familia Smith/Hoyte Wayne Smith inmigró junto con sus padres a Estados Unidos en 1967 cuando tenía 10 años de edad y en 1974 se convirtió en residente legal permanente. En febrero de 1990 fue acusado de posesión de cocaína e intento de distribución, por lo que cumplió una condena de tres años de prisión en una penitenciaría estatal. Después de ser puesto en libertad, continuó prestando servicios religiosos voluntarios en la cárcel, y trabajó como consejero en cuestiones de drogas, participó en programas de la comunidad y completó sus estudios universitarios. En 1996 contrajo matrimonio con Ann Hoyte, una ciudadana estadounidense con quien tiene una hija estadounidense, Karina Ann, la que se suma a dos hijas mayores de una relación anterior y que también viven en Estados Unidos. Junto con su esposa, iniciaron una pequeña empresa de limpieza en la que han contratado a más de quince personas, la mayoría en recuperación de adicción a las drogas. Además, compraron una casa familiar y han cumplido puntualmente sus obligaciones ciudadanas. En marzo de ese año las autoridades migratorias iniciaron un procedimiento contra Wayne Smith que podría acabar en deportación, pero como aún no se había aprobado la IIRIRA y la AEDPA, él era elegible para que se le aplicara el artículo 212 (c) que suspendería la deportación por razones humanitarias, teniendo en cuenta sus vínculos familiares en los Estados Unidos, el período de residencia, especialmente si el inicio de la residencia comenzó a muy temprana edad, las penurias de la familia que dejaría en el país, los servicios prestados a la comunidad y cualquier otra evidencia de rehabilitación social y buena conducta. No obstante, al momento en que la corte de inmigración conoció su caso, ya se habían aprobado la AEDPA y la IIRIRA, por lo que el juez dictó una sentencia que estipulaba su deportación sin tomar en cuenta el artículo 212(c). Aunque Wayne Smith apeló la sentencia y presentó una solicitud de habeas corpus ante la Corte Federal de Estados Unidos, ambos recursos fueron denegados y finalmente fue deportado a Trinidad y Tobago en diciembre de 1998. En enero de 1999 Smith reingresó a Estados Unidos para continuar residiendo con su familia pero en marzo de 2001 fue detenido por la policía por una infracción de tráfico, fue entregado a las autoridades migratorias, detenido en la cárcel sin fianza, le fue denegada la posibilidad de ser escuchado en una audiencia por un juez de inmigración y finalmente, fue deportado nuevamente el 13 de diciembre de 2001.

3.2. La familia Armendáriz/Porter En 1972, cuando Hugo Armendáriz tenía dos años de edad, inmigró junto con sus padres a los Estados Unidos. Seis años más tarde obtuvo su residencia legal permanente; por tanto, ha residido en el país prácticamente toda su vida, con

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excepción de sus primeros dos años. En 1994 se casó con Natalie Porter, compraron una casa en la que han vivido junto con su hijastra y con su hija adolescente, ambas nacidas en los Estados Unidos. Como familia tienen un negocio exitoso y pagan todos sus impuestos. Muchos miembros de su familia inmediata son ciudadanos estadounidenses y en este sentido, Hugo Armendáriz no tiene familiares cercanos que vivan en México ni vínculos significativos con ese país ya que, entre otras cosas, no lee ni escribe en español. En septiembre de 1995, Armendáriz fue condenado por un jurado por posesión de cocaína para la venta y por obstaculizar el juicio. En abril de 1996 cuando estaba cumpliendo su sentencia en un campo de trabajo de seguridad mínima, las autoridades migratorias expidieron una orden judicial en la que establecían que se le podía deportar como una persona condenada por un delito grave, a pesar de que en el momento que se libró tal orden, Hugo Armendáriz era elegible para recibir una dispensa de deportación por razones humanitarias, de conformidad con el referido artículo 212(c). Ante tales hechos, Armendáriz presentó una solicitud de dispensa pero al momento en que un juez de inmigración dictó sentencia sobre su solicitud en abril de 1997, ya se había promulgado la AEDPA y la IIRIRA, y de esta manera se había eliminado el artículo 212(c) que podría suspender su deportación por razones humanitarias. Como consecuencia, el 16 de abril de 1997, el juez de inmigración dispuso su deportación, y a pesar de que fue apelada y presentada una solicitud de habeas corpus, ambas fueron denegadas por las autoridades correspondientes y por tanto, se ratificó su deportación a México en junio de 2003. En ambas historias, la deportación ha tenido un evidente impacto nocivo en ellos y sus familiares, y para sus hijos e hijas ha significado la pérdida del apoyo moral y emocional de sus padres. En el caso de Wayne Smith, su esposa, que es una sobreviviente de cáncer de mama que necesita tratamiento de radiación y un monitoreo continuo, y que ha perdido su seguro de salud, la deportación la ha privado del aporte material de su esposo, y ha tenido que luchar sola por mantener a su hija y pagar los costos básicos para subsistir.

4. El derecho contra el derecho: leyes migratorias y derecho internacional de los derechos humanos Frente a estos actos estatales que, aunque se revisten de legalidad en el ámbito interno vulneran normas básicas de derechos humanos reconocidas en el ámbito internacional, la pregunta que surge es ¿qué hacer?, ¿qué posibilidades tienen las víctimas de este tipo de deportaciones de cuestionar la legalidad de las mismas cuando los propios Estados han cerrado las puertas de la justicia a nivel nacional? Ante todo, es preciso señalar que la irrupción de los derechos humanos en el marco político-jurídico contemporáneo ha permitido que el principio de soberanía ya no sea concebido de forma absoluta en el sentido de que la violación a tales derechos dentro de un territorio no constituye sólo una cuestión de alcance nacional

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sino un asunto que compete a toda la comunidad internacional. Teniendo en cuenta esta nueva realidad, la comunidad internacional se ha organizado de tal manera que ha creado sistemas de protección para darle plena efectividad a los derechos humanos cuando los Estados fallan en ello. Estos sistemas de protección pueden ser de tipo universal y regional. En el primer tipo se encuentra el sistema de las Naciones Unidas y en el segundo, el Sistema Interamericano, el sistema europeo y el sistema africano de derechos humanos. Así, cada uno de estos sistemas de protección se ha dotado de dos componentes esenciales: (a) los instrumentos de protección, que son el marco normativo donde se reconoce los derechos humanos que los Estados se comprometen a garantizar dentro de sus respectivas jurisdicciones3; y (b) los mecanismos de protección, que son los órganos creados -generalmente por los mismos tratados- para que vigilen el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esos instrumentos. En los casos que nos ocupan, nos interesa el Sistema Interamericano, el cual está constituido por una serie de instrumentos de protección encabezados por la Carta de la OEA que proclama los “derechos fundamentales de la persona humana” como uno de los principios en que se funda la organización; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre4 (en adelante la Declaración Americana); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante el Pacto de San José); y otros instrumentos de carácter más específico relacionados con la abolición de la pena de muerte, los derechos económicos, sociales y culturales, la prevención y sanción de la tortura, la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, entre otros. A su vez, existen dos órganos especiales encargados de vigilar el cumplimiento de los derechos reconocidos en tales instrumentos: la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH), que aunque tienen un carácter coadyuvante o complementario respecto del derecho y órganos internos de los Estados americanos, pueden examinar los actos u omisiones de los distintos órganos estatales para verificar su conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (Cançado Trindade, 2001, p. 274). Pero para esto es necesario que las víctimas observen la regla del agotamiento de los recursos internos, la cual se basa en el principio de que un Estado denunciado debe estar en condiciones de brindar una reparación por sí mismo y dentro del marco de su sistema jurídico interno. Dentro del Sistema Interamericano existen tres niveles de protección referidos al grado de compromiso asumido por los Estados. Así, (a) hay algunos Estados que sólo son signatarios de la Declaración Americana y respecto de ellos la CIDH actúa

3 El corpus iuris internacional relativo a los derechos humanos está constituido por dos tipos de normas: (a) Las normas convencionales que forman parte de la llamada legislación intangible, entre las que se encuentran los pactos, tratados, convenciones, cartas y protocolos y cuya particularidad radica en su carácter vinculante para los Estados que son parte en ellas; y (b) un número muy elevado de otras normas como las declaraciones, principios, reglas, etc., las cuales no poseen los atributos jurídicos de las normas anteriores pero cuentan con una fuerza política persuasiva muy importante (Levin, 1999, p. 10). 4 Adoptada el 02 de mayo de 1948, siete meses antes de la adopción de la Declaración Universal.

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con base a dicho instrumento y a la Carta de la OEA (nivel de compromiso débil), como es el caso de Estados Unidos; (b) hay otros Estados que han ratificado la Convención Americana pero no han aceptado la competencia de la Corte IDH, por lo que la CIDH actúa en aplicación de la CADH (nivel de compromiso medio); y (c) hay ciertos Estados que han ratificado el Pacto de San José y también han aceptado la competencia de la Corte, por lo que sus actuaciones son objeto de vigilancia tanto por ésta como por la CIDH (nivel de compromiso fuerte), como es el caso de los países de Centroamérica y México. Por tanto, Estados Unidos tiene un nivel de compromiso débil y sólo es objeto de vigilancia por parte de la CIDH en el marco de las disposiciones de la Declaración Americana. En este sentido, la CIDH está facultada para recibir y examinar denuncias que contengan presuntas violaciones de los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana (art. 1 del Estatuto de la CIDH y art. 23 y 49 de su Reglamento) con respecto a Estados como Estados Unidos, que no han ratificado la Convención Americana. Tanto la CIDH como la Corte IDH han jugado un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en el continente, ya que regulan un procedimiento mediante el cual cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA, puede presentar peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de los instrumentos interamericanos por un Estado Parte. En tal sentido, constituyen una estructura doble de protección, pues por un lado, la CIDH recibe, tramita e investiga los hechos denunciados contra los Estados por violación de los derechos reconocidos, y por otro, la Corte IDH se encarga de emitir sentencias que determinan o no la responsabilidad internacional de los Estados por esas supuestas violaciones. En esa línea, cada una de estas instancias regionales cuenta con varios mecanismos que les permiten llevar a cabo sus funciones de control. Ambos órganos cuentan con dos funciones esenciales, la función consultiva y la función contenciosa, las cuales juegan un papel fundamental de cara a la realización efectiva de los derechos humanos, ya que los Estados deben asegurar que todos sus órganos -jurisdiccionales, administrativos, etc.- conozcan y sigan el alcance de los lineamientos interpretativos desarrollados por la CIDH y la Corte IDH como intérpretes finales de los instrumentos interamericanos, ya que ignorarlos o desconocerlos puede provocar la responsabilidad internacional del Estado. La función consultiva constituye una herramienta muy valiosa para la tutela de los derechos humanos, ya que a través de la emisión de informes temáticos o de país, opiniones consultivas, recomendaciones generales, etc., se ha permitido un análisis integral de la situación general de estos derechos, de una problemática específica en un determinado país o región, o del alcance y contenido de un derecho o norma interamericana, lo cual hace posible obtener una visión comprensiva y comparada “de los obstáculos y los pasos dados para garantizar el pleno goce de los derechos [lo cual ayuda] al desarrollo de soluciones regionales, entre otras cosas” (Krsticevic, 2004, p.150). Así, la Corte IDH ha emitido dos opiniones consultivas relacionadas con los derechos de los inmigrantes que constituyen herramientas importantes en la promoción y defensa de sus derechos (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 1999; 2003).

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Con respecto a la función contenciosa de ambos órganos, por un lado la CIDH (a) puede adoptar medidas preventivas o cautelares de protección en caso de gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas, solicitando al Estado que tome las medidas necesarias para prevenir la violación de los derechos humanos de las víctimas; por ejemplo, estableciendo un sistema de vigilancia nocturna en la casa de la persona agraviada, habilitando un número de teléfono de emergencia, brindando protección personal hasta que desaparezcan las causas del peligro, suspendiendo temporalmente una deportación, etc.; y a su vez, (b) puede recibir denuncias o peticiones individuales para determinar si existe o no la violación de un derecho reconocido y someter el asunto a conocimiento de la Corte IDH. Cuando la CIDH recibe una denuncia o petición individual, primero le transmite al Estado las partes pertinentes de la misma para que pueda hacer sus observaciones; asimismo, puede solicitar a la parte denunciante que envíe información adicional relevante en caso de que sea necesario. Después de ello, la CIDH puede decretar la admisibilidad o inadmisibilidad de la denuncia, observando si se cumple con los requisitos formales para conocer del asunto. Una vez superada la fase de admisibilidad, se inicia lo que se conoce en el proceso como la “etapa de fondo”, en la cual se analiza, con la información ofrecida por el Estado y la parte denunciante, la existencia de violaciones concretas. En este punto es importante resaltar que durante el proceso es permisible que la CIDH se ponga a disposición de las partes para que puedan llegar a una solución amistosa antes de emitir sus propias conclusiones y recomendaciones, o antes de llegar a soluciones más enérgicas (Corte IDH, 1994, párr. 27). Si finalmente no se llega a una solución amistosa, la CIDH elabora dentro de un plazo de 3 meses un informe confidencial conocido como “Informe número 50” (art. 50 de la Convención Americana) en el que expone los hechos denunciados, sus conclusiones y observaciones, así como lo que hayan sostenido las partes en el procedimiento, y lo transmite al Estado con las recomendaciones que juzgue convenientes para que sean adoptadas por éste y se remedie la situación denunciada (arts. 48-51 de la Convención Americana). Desde el momento en que el “Informe número 50” es transmitido al Estado, comienza a correr el plazo señalado, tiempo durante el cual la CIDH puede decidir someter el caso a la Corte IDH. Si bien esta decisión es una facultad discrecional de la CIDH, la misma no puede ejercerse arbitrariamente e impidiendo que las víctimas obtengan un pronunciamiento del máximo tribunal sobre su petición (Corte IDH, 1993, párr. 50). Evidentemente, como Estados Unidos no es parte en la Convención Americana, la CIDH no puede someterle el caso para su conocimiento, sino que sólo puede publicar su decisión en un informe definitivo (conocido como “Informe número 51”) que contenga su opinión, conclusiones finales y recomendaciones. Este informe será transmitido a las partes, quienes presentarán, en el plazo fijado por la CIDH, información sobre el cumplimiento de las recomendaciones. A su vez, podrá ser incluido en el Informe Anual a la Asamblea General de la OEA o publicado en cualquier otro medio que la CIDH considere apropiado. Por su parte, la Corte IDH en el desempeño de su función contenciosa determina si un Estado que ha aceptado su competencia ha incurrido en responsabilidad internacional por haber violado alguno de los derechos consagrados

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en la Convención Americana o en otros instrumentos interamericanos que la facultan para ello, siendo sus sentencias obligatorias.

5. El procedimiento ante la CIDH: ¿Una luz al final del túnel? La Declaración Americana reconoce una serie de derechos que, en el marco de los procedimientos de deportación, su observancia resulta fundamental para que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, el derecho a la protección de la honra, la reputación familiar y la vida privada y familiar (art. V); el derecho a la constitución y a la protección de la familia (art. VI); el derecho de protección a la maternidad y a la infancia (art. VII); el derecho a recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos (art. XVIII); y el derecho a un proceso justo (art. XXVI). A primera vista, parecería que en los procedimientos encaminados a determinar la deportación de Smith y Armendáriz, las autoridades estadounidenses no observaron las disposiciones de la Declaración Americana, en virtud de lo cual, las víctimas decidieron presentar una denuncia ante la CIDH. Así, el 27 de diciembre de 2002 y el 17 de julio de 2003, la CIDH recibió peticiones de varias organizaciones de derechos humanos en nombre de Wayne Smith y sus hijos, y Hugo Armendáriz y sus hijos, respectivamente, en las que denuncian a Estados Unidos por la violación de sus derechos a la vida, libertad y seguridad personal, a la vida privada y familiar, a la protección de la familia, a la protección a la maternidad y a la infancia, a la inviolabilidad del domicilio, a la justicia y a un proceso regular, contenidos en la Declaración Americana. En términos generales, la denuncia establecía que Smith y Wayne fueron sujetos a deportación sin permitírseles presentar una defensa razonable en las cortes administrativa y judicial, incluidas las consideraciones humanitarias internacionalmente requeridas con respecto a las deportaciones, tales como, la duración del período de su residencia legal en Estados Unidos; sus vínculos familiares en este país; el potencial perjuicio de sus familiares que se quedan en Estados Unidos; los vínculos con sus países de origen; el alcance de la rehabilitación y contribución social a los Estados Unidos; cualquier consideración médica o psicológica y la gravedad de la ofensa cometida por ellos y su edad cuando la cometieron. Como era de esperarse, Estados Unidos alegó que (a) de conformidad con el derecho internacional tiene la facultad de expulsar de su territorio a extranjeros criminales; (b) el marco legal establecido en sus leyes migratorias, particularmente la IIRIRA y la ADEPA es razonable y se ajusta a sus obligaciones internacionales; y (c) la interpretación que los denunciantes hacen de la Declaración Americana es demasiado amplia y no toma en cuenta el derecho de un Estado a tomar las acciones legales para proteger el bienestar general y la seguridad de otras personas que residen en su territorio (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010, párr. 3143). En su análisis, la CIDH consideró que si bien es cierto que de acuerdo

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al derecho internacional los Estados tienen la facultad de controlar el ingreso, residencia y expulsión de no ciudadanos, en los procedimientos de deportación “deben tener en cuenta ciertas protecciones que consagran valores fundamentales de las sociedades democráticas” (CIDH, 2008, párr. 78). En este sentido, toda política de inmigración “debe garantizar a todos una decisión individual con las garantías del debido proceso; debe respetar el derecho a la vida, a la integridad física y mental, familiar y el derecho de los niños a obtener medios especiales de protección” (CIDH, 2010, párr. 50; véase también CIDH, 2000). Para la CIDH, debe existir una prueba de equilibrio en virtud de la cual se analice el interés legítimo del Estado de proteger y promover el bienestar general y los derechos fundamentales de los residentes no ciudadanos sujetos de deportación, tales como el derecho a la vida familiar y el mejor interés de sus hijos que podrían ser separados durante años por los procedimientos de deportación. En este sentido, la CIDH consideró que ni Wayne Smith ni Hugo Armendáriz tuvieron “una oportunidad de presentar una defensa humanitaria ante la deportación, ni se consideraron debidamente sus derechos de familia antes de ejecutar tal medida. Tampoco fueron tomados en cuenta los mejores intereses de sus respectivos hijos, ciudadanos estadounidenses, por parte de los funcionarios que tomaron las correspondientes decisiones” (CIDH, 2010, párr. 51, 57 y 59). Por tanto, la CIDH estableció que en estos casos Estados Unidos violó los derechos fundamentales de Smith y Armendáriz consagrados por los artículos V, VI, VII, XVIII y XXVI de la Declaración Americana al no considerar debidamente de forma individual sus derechos a la vida familiar y los mejores intereses de sus hijos en los respectivos procedimientos de deportación, y al no ofrecerles “un mecanismo judicial para presentar sus defensas por razones humanitarias y ofrecer una reparación efectiva, si hubiera méritos, de preservar sus derechos fundamentales” (CIDH, 2010, párr. 60 y 64). Bajo estos parámetros, la CIDH le recomendó a Estados Unidos (a) permitir a Wayne Smith y Hugo Armendáriz regresar a los Estados Unidos a expensas del Estado; (b) reabrir los procedimientos de inmigración respectivos de los denunciantes y permitirles presentar sus defensas por razones humanitarias en relación con su deportación de los Estados Unidos; (c) permitir que un juez de inmigración competente e independiente aplique una prueba de equilibrio a los casos individuales de los denunciantes, que considere debidamente sus defensas por razones humanitarias y pueda proveer una reparación significativa; y (d) implementar leyes para asegurar que los derechos a la vida familiar de los residentes no ciudadanos consagrados en la Declaración Americana, sean debidamente protegidos y gocen del debido proceso en los procedimientos sobre deportaciones (CIDH, 2010, párr. 67, numerales 1-4).

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6. Paso a paso: de la victoria jurídica hacia el desafío de la victoria política Sin duda alguna, esta es una decisión histórica de la CIDH en tanto que coloca el fenómeno migratorio bajo el prisma de la dignidad humana y reafirma que “la calidad migratoria de una persona no puede constituir, de manera alguna, una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos” (Corte CIDH, 2003, párr. 134). De esta manera, los casos de Wayne Smith y Hugo Armendáriz demuestran la urgente necesidad de una reforma migratoria en los Estados Unidos que garantice el derecho al debido proceso legal en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo inmigrante, independientemente de su estatus migratorio, y que guarde un equilibrio entre los intereses estatales y la protección de los derechos humanos. Si bien en el ejercicio de su facultad de fijar políticas migratorias, es lícito que Estados Unidos establezca medidas atinentes al ingreso, permanencia o salida voluntaria o forzada de inmigrantes, ello no le faculta a que tales medidas atenten contra la integridad, la vida familiar y el interés superior de las niñas y niños cuyos padres y madres son susceptibles de deportación, y que desde una concepción de los desechos humanos ya no son “útiles” para la nación y representan un peligro para la sociedad. Por ello, la resolución de la CIDH constituye (a) un paso fundamental en la lucha por humanizar las decisiones estatales en materia de deportaciones; (b) una herramienta para que las organizaciones de inmigrantes y de defensa de sus derechos impulsen y fortalezcan sus acciones de incidencia en el cambio, elaboración e implementación de políticas migratorias estatales desde una concepción de los derechos humanos; y (c) un instrumento jurídico y político para que los Estados centroamericanos y mexicano exijan a su par estadounidense un trato respetuoso de los derechos humanos de sus ciudadanos que viven en Estados Unidos5.

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5 Para junio de 2010, los Estados Unidos aún no habían cumplido con las recomendaciones hechas por la CIDH, razón por la cual ésta decidió publicar el informe del caso e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

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Historia natural del insecto depredador de semillas de Dipteryx oleifera en Nicaragua

Encuentro No. 88, 86-100, 2011

Historia natural del insecto depredador de semillas de Dipteryx oleifera en Nicaragua Javier Ruiz* Recibido: enero 2011/Aceptado: marzo de 2011 Se realizó un experimento de laboratorio para criar larvas consumidoras de semillas de D. oleifera. Al finalizar el experimento de laboratorio encontramos que los insectos adultos pertenecen al género Taeniaptera. Las larvas fueron colectadas en un bosque húmedo tropical en el este de Nicaragua durante los meses de abril y mayo de 2006. Observaciones de las condiciones actuales de sitio se han venido realizando anualmente hasta 2011. La evidencia que presentamos es valiosa como descubrimiento científico pero también como parte de observaciones de la historia de vida de insectos depredadores de semillas. Los resultados de esta investigación son parte de un estudio de la dinámica de establecimientos de plántulas de la especie Dipteryx oleifera (almendro), una especie con valor comercial en Nicaragua. Los principales resultados de esta investigación indican que la presencia de las larvas de este insecto es denso-dependiente. La mayoría de las semillas con larvas del insecto se encontraban bajo los árboles adultos y en las congregaciones de semillas bajo los comederos de murciélagos donde las altas densidades de semillas atrajeron a los individuos adultos. De esta forma, nuestros resultados son a favor de la hipótesis de dependencia de la densidad en el establecimiento de esta especie en bosques húmedos tropicales (Janzen, 1970). Palabras clave: Historia natural / insecto / Taeniaptera / granivoría / semillas / bosque húmedo tropical / Nicaragua

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Director/Fundador. Proyecto Biodiversidad. Área de Planificación (Programa Científico Complementario), Nicaragua. Correo electrónico: [email protected]; http://javierruizperez.blogspot.com

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1. Introducción El efecto neto de insectos sobre las plantas ha sido históricamente asumido como de baja intensidad. Por ejemplo, cuando se planteó la pregunta de por qué la tierra es verde, una respuesta sugería que la producción primaria a cargo de las plantas es mucho mayor al volumen de hojas [o material vegetal] que los insectos pueden consumir (Hairston, Frederick & Lawrence, 1960). Este debate ha evolucionado y en la actualidad se considera que el papel de los insectos en la demografía poblacional de plantas es clave para comprender la estructuración de los ecosistemas (Van Bael, Brawn & Robinson, 2003). Existe una gran cantidad de evidencia sobre procesos claves que ocurren a nivel de poblaciones de plantas y animales que son responsables por los cambios en la abundancia y distribuciones de plantas. Por ejemplo, las densidades de semillas bajo los árboles adultos congéneres son encontradas por depredadores [insectos] y de esta forma los insectos evitan que algunas poblaciones que producen semillas abundantemente lleguen a dominar los bosques húmedos tropicales (Janzen, 1970). El fenómeno natural mediante el cual los insectos consumen el embrión de las semillas es denominado como depredación o granivoría básicamente porque durante este proceso las semillas son consumidas o destruidas. La granivoría es diferente a la herbivoría porque la segunda es el consumo de las partes vivas pero no vitales de las plantas. El efecto de la granivoría sobre el establecimiento de plántulas de bosque húmedo tropical ha sido investigado en trabajos de campo. En una investigación realizada en el bosque húmedo tropical de la provincia de Guanacaste en Costa Rica, se reportó que la larva de escarabajo (Bruchidae) consume las semillas de la palma (Scheelea rostrata). La depredación de las larvas sobre las semillas se concentró debajo y cerca de las palmas congéneres más cercanas, donde el daño a los embriones fue mayor (Wilson & Janzen, 1973). En un estudio de campo conducido en la isla de Barro Colorado en Panamá se evaluó la depredación de semillas de la palma Scheelea zonensis por las larvas de un escarabajo de la familia Bruchidae. Las hembras de este escarabajo mostraron una preferencia por ovopositar en semillas prístinas, las semillas que no habían sido dañadas por otros escarabajos. De esta forma las hembras mostraron una preferencia por ovopositar cerca de los árboles adultos donde habían más semillas prístinas y de esta forma la depredación lejos de las palmas reproductivas fue mínima (Wright, 1983). La sobrevivencia de semillas y reclutamiento de plántulas de D. oleifera es un proceso que incluye mamíferos terrestres, murciélagos, arañas, insectos herbívoros (Ruiz, 2009) e insectos depredadores de semillas. Las semillas de D. oleifera son producidas entre enero y abril. Hemos observado que en el este de Nicaragua existe una producción masiva cada cuatro años. La producción masiva de semillas podría estar influenciada por cambios globales en la temperatura y precipitación. Por ejemplo, en un estudio realizado en Borneo se determinó que las curvas de dispersión/sobrevivencia de semillas en especies de plántulas de la familia Dipterocarpacea (más de cincuenta especies) correspondía con la ventana de tiempo de ocurrencia de la oscilación sur del fenómeno de “El Niño” en Borneo cada cuatro años. La producción sincrónica de semillas en la familia Dipterocarpacea fue un factor determinante para la saciación de los depredadores

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de semillas y para el reclutamiento de plántulas de esta familia (Curran et al., 1999). La saciación de depredadores ocurre cuando la cantidad de semillas producidas excede el consumo de éstas por los depredadores de semillas. En los casos cuando el depredador de semillas es un mamífero terrestre, éste suele consumir muchas semillas, pero también ‘guarda’ algunas para consumirlas cuando las semillas sean escasas. Durante este proceso de guardar semillas los animales silvestres consumen algunas semillas, guardan otras, pero cuando regresan a buscar las semillas guardadas no las encuentran todas y así las semillas son dispersadas y escapan a la depredación (Ruiz et al., 2010). En el sistema de la especie D. oleifera una parte de las semillas son dispersadas por murciélagos desde las copas de los árboles reproductivos hasta palmas ubicadas lejos de los árboles reproductores, utilizadas como ‘perchas’ donde comen la parte carnosa de la vaina del fruto (Ruiz & Boucher, 2008). Después de alimentarse, las semillas son dejadas caer hasta apilarse en grupos de semillas de unas pocas hasta aproximadamente 60 semillas. De estas semillas apiladas, unas son consumidas por mamíferos terrestres, otra parte es movida y re-apilada o enterrada en el sotobosque. Cuando la producción de semillas decrece, los mamíferos terrestres buscan las semillas para alimentarse pero no las encuentran todas, de esta forma la semilla es dispersada ( Ruiz, Boucher, Ruiz-Moreno & Ingram-Flores, 2009). En este artículo se presenta el descubrimiento de un insecto depredador de semillas de la especie D. oleifera, los efectos de este insecto sobre la sobrevivencia de semillas y una discusión en torno a sus efectos sobre la estructura de un bosque húmedo tropical. Se realizaron observaciones de campo de la distribución de semillas dentro de una parcela permanente donde todas las semillas de D. oleifera han sido monitoreadas. Se realizaron observaciones de la historia natural de las larvas, pupas y los individuos adultos de insecto depredador de semillas. La hipótesis de trabajo fue: si la distribución de semillas es agrupada, entonces el nivel y tipo de daño por insectos sobre las semillas incrementa en las agrupaciones de semillas. Es decir, si el daño por larvas de insecto se concentra en áreas de altas densidades de semillas, la sobreviviencia de D. oleifera corresponde con las distribuciones de bajas densidades de semillas. La evidencia que presentamos es el primer reporte de la existencia de insectos depredadores en esta especie y complementa investigaciones paralelas que hemos estado realizando en el campo de la dinámica de reclutamiento de plantas en bosques húmedos tropicales. Saber cuáles son los tipos de depredadores de semillas y determinar el grado de acción de los mismos es información clave para la elaboración de planes de manejo de los bosques húmedos tropicales. De esta forma, nuestros resultados pueden ser utilizados durante procesos de tomas de desiciones en el uso y manejo de recursos naturales por comunidades locales en el este de Nicaragua.

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2. Metodología 2.1 Sitio de estudio El estudio se realizó en el bosque húmedo tropical del sitio de investigación conocido como La Unión (12°5’N 83°53’W) en la costa este de Nicaragua. El sitio de estudio se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros de la ciudad de Bluefields, capital de la región. Una descripción detallada de este sitio fue publicada con anterioridad por Granzow-de la Cerda, Zamora, Vandermeer y Boucher (1997). Esta es el área general afectada por el huracán Juana en 1988. En 2011 el bosque de este sitio presentaba un dosel principal compacto a unos 30 metros, con la presencia de árboles emergentes de las especies D. oleifera, Hyeronima alchorneoides en una copa muy difusa de aproximadamente 37 metros. Las observaciones se realizaron dentro de una parcela permanente de 6.37 hectáreas establecidas en 2002 (Ilustración 1). La parcela se encuentra dividida en sub-parcelas de 10x10 metros y cada esquina corresponde con las coordenadas cartesianas establecidas dentro del área de estudio. Todos los años desde 2002 a 2007 se han realizados mediciones anuales dentro de la parcela donde se ha coordenado la posición de todos los individuos de esta especie. En 2006 se realizó un censo de todas las semillas dentro de un bloque de 3.2 hectáreas dentro de la parcela de 6.27 hectáreas aunque censos parciales se han realizado durante todo el periodo de mediciones de campo.

Ilustración 1. Localización de área de estudio y características del área donde está la parcela de investigaciones en el bosque húmedo tropical típico en Mesoamérica (flecha blanca). El área de estudio es una parcela permanente bordeada por un pequeño río y una parte de bosque secundario en el costado sur. Un área al oeste de la parcela sufrió daños durante los fuegos del periodo de “El Niño” de 1998-1999. La parcela está localizada en el área de bosque húmedo tropical en regeneración después del huracán Juana de 1988.

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2.2 Observaciones de campo de la dinámica de semillas En una sub-parcela de 3.2 hectáreas se procedió a localizar todas las semillas de D. oleifera a medida que fueron encontradas en el suelo del bosque durante el periodo de producción de semillas de enero a abril de 2006. Todas las semillas fueron localizadas, mapeadas con el sistema de coordenadas cartesianas y un número único fue asignado a cada semilla con el objetivo de anotar observaciones para cada semilla. Utilizamos una sedina de precisión -producida por Imperial Thread Inc.™, Northbook, Illinois- para monitorear el movimiento de las semillas por mamíferos terrestres dentro de la parcela. Este método consiste en que cada sedina es asegurada a la semilla con ‘pega loca’ y un palillo de dientes plástico es utilizado para asegurar la sedina al suelo. Cuando las semillas fueron movidas y removidas por los mamíferos (ej. ardillas, guatusas, etc.) el método nos permitió encontrar las semillas al otro extremo de los hilos (Ruiz et al., 2010). Cuando la semilla fue dañada o consumida también fue posible encontrar las semillas y clasificarlas como vivas o muertas. Se caracterizaron semillas en dependencia de su estado desde el momento que encontramos la primera semilla hasta un año después de que la semilla fue encontrada. Las categorías utilizadas fueron: depredada, cuando la semilla había sido consumida y presentaba rasgaduras o daños típicos causados por depredadores; e inviable, cuando la semilla es pequeña y el embrión no está completamente desarrollado. Utilizamos una navaja de bolsillo para abrir las semillas y una vez concluido el periodo normal de germinación, determinamos si en realidad estas semillas eran semillas inviables (Ilustración 2). Anotamos los casos cuando las semillas habían sido movidas y removidas, puesto que el método de la sedina nos permitió re-ubicar las semillas. Después de re-encontrar las semillas les calculamos nuevamente las coordenadas. También se anotó cuando las semillas germinaron; en dicho caso se caracterizaron como germinadas o plántulas. La relación entre la suerte que corren las semillas y el número de semillas por sub-parcela de 10x10 metros se evaluó utilizando métodos estadísticos de tendencia central. Se calculó la media ponderada de la proporción de semillas por cada subparcela (Fórmula 1) y el error estándar (Fórmula 2) de la media ponderada. La media ponderada de los valores de las suertes de las semillas por sub-parcela (10x10m) es el resultado de multiplicar el valor del número de semillas en cada categoría por el valor del ‘peso’ (w). El peso es la proporción de semillas en cada categoría para cada valor real entero de número de semillas por sub-parcela (10x10 metros).

La serie de valores de X = {x1, x2, x3, …, xn} representa los valores de la proporciones de la suerte de las semillas. El peso es representado por la letra ‘w’ y corresponde al valor de la proporción de las semillas por cada categoría. En el estudio realizado hay tres categorías de semillas y por consiguiente un peso para cada categoría. La media ponderada es entonces la suma de cada valor de x multiplicado por su peso correspondiente y dividido entre la suma de los pesos.

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La Fórmula 2 representa el error estándar de la media ponderada, que es la desviación estándar de los valores de las categorías de la suerte que corrieron las semillas (x1, x2, x3) divididas por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Los valores de los errores estándares fueron calculados para sub-parcelas que contaban con el mismo número de semillas (ej. sub-parcelas con 1 semilla).

El análisis a realizar se fundamenta en las observaciones de las tendencias de los valores de la suerte de las semillas (m) con respecto al número de semillas por sub-parcela (n). Por cada valor entero real en n (variable independiente), se observan como máximo tres valores de las medias ponderadas de m (semilla depredada, semilla inviable y germinación). El análisis de los resultados se basa en la (I) la evaluación de la nube de puntos que forman las tendencias de las medias ponderadas y (II) la comparación de los valores estándares de las medias por cada valor entero de n.

Ilustración 2. (A) Semilla con endospermo inmaduro (semillas inviables) y (B) semillas con endospermo desarrollado (semillas viables). Las flechas marcan la posición del endospermo.

2.3 Experimento de laboratorio para criar larvas hasta la fase adulta Durante los estudios generales de la dispersión de semillas dentro de la parcela de estudios, notamos la presencia de larvas consumiendo la materia blanda de la semilla. Procedimos a anotar individualmente observaciones del tipo de daño por estas larvas por un período de tres meses desde enero a abril de 2006. Posteriormente tomamos muestras de las semillas dañadas completamente por las larvas encontradas debajo de los árboles adultos de D. oleifera y las llevamos al laboratorio del Proyecto Biodiversidad, afiliado a la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) y a la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU). Las actualizaciones de resultados a posteriori se han venido publicando en la página del Proyecto Biodiversidad (http://proyecto-biodiversidad.blogspot.com). Las muestras fueron colocadas el 28 de abril de 2006 en una bolsa ‘zip-

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loc’ con un algodón mojado con agua destilada para evitar deshidratación de las larvas. El criterio para seleccionar las semillas fue que tuvieran las larvas en ellas. Al llegar al laboratorio, las muestras fueron cambiadas a una botella de vidrio de forma cilíndrica de 4x15 centímetros. Se procedió a hacer un orificio en la tapa de plástico de la botella para ventilación. Con el objetivo de similar condiciones de campo donde se encontraron las larvas, dentro de la botella se colocó el fruto y 20 hojas de plántulas de D. oleifera procedentes de un experimento de vivero donde se encontraban los experimentos de germinación de D. oleifera en el patio del edificio del Proyecto Biodiversidad en URACCAN. Procedimos a realizar anotaciones de la historia de vida de las larvas día a día por un periodo de un mes. Durante este tiempo logramos criar las larvas hasta su etapa adulta. Los insectos en etapa adulta fueron observados y se tomaron muestras para enviarlas a un especialista en el Museo de Entomología de Nicaragua (http:// www.bio-nica.info). Las descripciones taxonómicas estuvieron a cargo del Dr. JeanMichel Maes.

3. Resultados 3.1 Demografía de semillas de D. oleifera Dentro de la parcela de estudio se evaluó la suerte de 2,814 semillas de D. oleifera desde abril 2006 a abril 2007. El número de semillas germinadas dentro de la subparcela de estudio es de 637 plántulas (22.63%). Encontramos 640 semillas inviables en toda la parcela (22.74%). El total de semillas depredadas es de 1,537 semillas (54.62%). Del tamaño de muestra de 2,814 semillas, 848 semillas (30.13%) fueron dispersadas bajo el individuo adulto D. oleifera por gravedad.

3.2 Experimento de laboratorio para criar larvas hasta la fase adulta Las observaciones diarias de la historia natural de larvas en el género Taeniaptera se presentan a continuación. Fase larva (Ilustración 3): El 28 de abril, las semillas con presencia de larvas fueron colectadas bajos los árboles adultos de D. oleifera y en los sitios donde las semillas fueron congregadas por murciélagos bajo palmas usadas como percheros. El 29 de abril las muestras se mantuvieron en una mochila a la sombra por dos días. El 30 de abril observamos la formación de un halo de lo que pudieron haber sido hongos. En el caso de las tres semillas que colocamos en un frasco de vidrio cubierto con una hoja de papel aluminio, se encontraban aproximadamente 25 larvas en cada una. Debido a la poca humedad en la bolsa plástica, las larvas se observaron en un estado de mucha agitación. Las larvas tenían un color negro, quizás estaban consumiendo endocarpo en estado de descomposición o reutilizando sus excrementos. En general, notamos que las larvas se congregaban en grupos de 6 a 10 individuos. El 01 de mayo se agregó agua en un pedazo de algodón a la jarra de vidrio. Las larvas respondían activamente a la luz cada vez que la tapa era removida. Había dos tallas de larvas,

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ambas se congregan en grupos. Se agregó semillas de D. oleifera como fuente de alimento. El 3 de mayo las larvas aumentaron de tamaño. Se agregó un fruto de D. oleifera como fuente de alimento. Se observaron las mismas descripciones que el día anterior. Las muestras fueron colocadas en un frasco de vidrio durante las primeras horas de la noche. La muestra tiene un fuerte olor a materia orgánica descompuesta. Dos frutos más de D. oleifera fueron agregados como alimento suplementario. Se observó una leve contaminación con lo que parece ser un hongo. Las larvas se encontraban muy activas durante la mañana y durante las primeras horas del mediodía del 4 de mayo, pero inactivas durante la noche. La condensación dentro del frasco de vidrio es alta. Hay presencia de contaminación por hongos. El día 5 de mayo las larvas se encontraban formando galerías en el algodón mojado, el perímetro circular de estas galerías es aproximadamente de tamaño justo para que las larvas entren pero tienen varios centímetros de profundidad. Aparentemente, esta es la etapa inicial de la metamorfosis a etapa adulta. Una hormiga fue encontrada depredando larvas dentro de la jarra de vidrio. La hormiga entró por el orificio de la tapa que tiene la función de respiradero. Se colocó una cinta adhesiva a los respiraderos para evitar que más hormigas entraran a la jarra. No se observó muestra de condensación aunque sí se observó presencia de hongos. Las larvas se encontraban moderadamente activas durante el medio día. El tamaño de las larvas fue de entre 8 y 9 milímetros de largo, las más pequeñas fueron de aproximadamente 4 milímetros de largo. Algunos individuos tenían tamaños de 1 centímetro de largo. Se notó la presencia de estructuras en forma de tenazas en la parte anterior del cuerpo de las larvas. El nivel de actividad incrementó, pareciendo ser una respuesta a la reducción del calor. Las larvas fueron menos sensibles a los cambios en el nivel de luz. El seis de mayo se notó un cambio en el comportamiento, las larvas estaban protegiendo las galerías que excavaron a través del algodón mojado. Los individuos respondían a los cambios en las condiciones de luz, lo que cambió fue que se encontraron más tiempo dentro de sus galerías. Las estructuras de estilo de tenaza se utilizan como defensa contra individuos que tratan de usar las galerías sin haberlas excavado. Casi todos los individuos se esconden en sus galerías dentro del algodón mojado.

Ilustración 3. Larvas del género Taeniaptera consumiendo las semillas de D. oleifera en el bosque húmedo tropical del este de Nicaragua.

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Fase pupa (Ilustración 4): El 7 de mayo la mayoría de las larvas presentan bandas cafés a lo largo de su cuerpo. Se encuentran inactivas con unos cuantos individuos desplazándose y respondiendo a los cambios de intensidad de la luz al momento de abrir la tapa del frasco. La primera pupa se observó en la parte superior del algodón. El color de las pupas es café con aproximadamente 6 milímetros de largo. Se colocaron siete hojuelas de plántulas de D. oleifera dentro del frasco de vidrio. El 8 de mayo en la mañana se observaron larvas tratando de salir del frasco aunque durante el resto del día se observaron inactivas. El tamaño de las larvas es de aproximadamente 8 o 9 milímetros. Se colocaron más algodones húmedos ya que las larvas los utilizan para perforar sus galerías. Las hojuelas de D. oleifera fueron sacadas del frasco. El 9 de mayo las pupas se encontraban en la entrada de sus galerías con una estructura de defensa/respiración (Jean-Michel Maes, comunicación personal) apuntando a la salida de la galería. Se observó en mínima proporción la infección en el endosperma a causa de hongos. La mayoría de las larvas no presentaron actividad durante horas de la tarde y no respondieron a los cambios de intensidad de luz. Las larvas en sus etapas iniciales son sensibles a los cambios de luz y no presentan estructuras defensivas. El 10 de mayo varias larvas se encontraban tratando de salir del frasco por la mañana. Todas tenían las estructuras de defensa en forma de pinzas. Aparentemente, el aumento en la humedad del frasco se correlaciona con la actividad de las larvas. Las observaciones del día anterior se apreciaron el 11 de mayo. Se agregó un segundo frasco para reducir las condiciones de alta densidad en el primer frasco. Los dos frascos fueron conectados con una sonda plástica para facilitar la migración/emigración entre frascos. La idea inicial fue la de propiciar movimiento entre los frascos y disminuir el tráfico hacia afuera de éstos. Las pupas fueron colocadas en el segundo frasco al cuál se le agregó un pedazo de algodón humectado. El 12 de mayo se observó una tercera pupa. Durante las primeras horas de la mañana se observaron aproximadamente 15 larvas en la superficie del sustrato del primer frasco. Estas larvas se encontraban muy activas y tratando de salir del frasco. Se reportó mucha condensación en el segundo frasco. El 13 de mayo las pupas (cuatro individuos) fueron removidas del primer frasco y colocadas en el segundo frasco. En la mañana había varias larvas que estaban en la tapa del primer frasco, pero en números eran cerca de dos veces menos que en los últimos días. El número de larvas haciendo la metamorfosis a pupa pareció estar alcanzando un punto máximo. Luego se procedió a extraer con pinzas un pedazo de algodón del primer frasco y se examinó su contenido, notándose la presencia de una pupa en la parte profunda de este. El 14 de mayo se encontraron dos pupas más en el segundo frasco para un total de seis pupas. Aparentemente, las larvas se encontraban dentro del algodón al momento de arreglar el segundo frasco varios días atrás. Las pupas se observaron ya con las bandas transversales de color café. Durante el atardecer, las larvas estaban muy activas y tratando de salir del primer frasco. La sonda que conecta a ambos frascos no fue utilizada quizás porque es difícil de encontrar, estrecha y seca. El 15 de mayo se observaron varias pupas en el primer frasco. Se utilizó Tree Tangle Foot Pest BarrierTM (The Tangel Foot® Company) para evitar que las hormigas entraran a los frascos, aun así se encontraron tres hormigas dentro del frasco número 1.

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Ilustración 4. (A) En el círculo se observa un individuo en la fase de pupa. (B) Individuos en la fase de pupa se encuentra en un substrato de algodón húmedo mezclado con el fruto de D. oleifera. Fase adulta: El 16 de mayo se encontró un individuo adulto en el segundo frasco en las primeras horas de la mañana. El individuo es una mosca de aproximadamente 1 centímetro de largo, las alas son blancas con rayas transversales café (Ilustración 5). Cuando el individuo fue encontrado las alas no estaban desplegadas. Tres hojuelas de D. oleifera fueron introducidas en el segundo frasco. El individuo adulto respondió rápidamente a la presencia de las hojas, se posó sobre ellas y empezó a succionar los tejidos de las hojuelas. El tiempo requerido para la expansión de las alas es de aproximadamente 35 minutos. Luego de tres horas el individuo es capaz de volar dentro del frasco, el individuo se ve sano y con muchas fuerzas para emprender el vuelo. Las primeras dos patas son usadas para tocar el terreno donde éstos se posarán. El 17 de mayo el individuo adulto se encontró muerto por la mañana. Con la ayuda de pinzas metálicas removimos al individuo y lo colocamos en un vial plástico con alcohol al 90% de pureza. La mayoría de los individuos se encuentran en el estadio de pupa y solamente se observó una larva. El 18 de mayo se observaron tres larvas que salieron del primer frasco y fueron rápidamente depredadas por hormigas que caminaban por la mesa. En el primer frasco se pueden apreciar varios individuos haciendo la transición de larva a pupa. El cambio de color blanco-amarillo a café es acompañado por la formación de una estructura de quitina. Muchas larvas perforan galerías muy profundas en el algodón. El 19 de mayo se encontraron varias larvas muertas fuera de los frascos. Se observaron de 5 a 10 nuevas pupas en el primer frasco. Este es aproximadamente el número de larvas observadas el día anterior. No se observaron nuevos individuos adultos. Del 20 al 30 mayo el contenido de los dos frascos se trasladó a una caja plástica con tapa hermética; se hizo un orificio pequeño para garantizar ventilación. Durante estos últimos días de observaciones emergieron cerca de 20 individuos adultos que fueron colectados como muestra taxonómica para el Museo Entomológico de Nicaragua. Aproximadamente 30 individuos hicieron la transición a adultos durante el período de observaciones de un mes.

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Ilustración 5. Un insecto adulto del género Taeniaptera posando sobre fruto de D. oleifera en el sotobosque del sitio de estudio conocido como La Unión en el este de Nicaragua

3.2 Observaciones de campo de la dinámica de semillas El número de semillas depredadas es mayor a la proporción de semillas inviables y semillas germinadas. Cuando analizamos los datos de las proporciones de la suerte de las semillas con respecto al número de semillas por sub-parcela de 10x10 metros se observó la misma relación. En la Ilustración 6 se presentan la proporciones de la suerte que corrieron las semillas de una población de D. oleifera en Nicaragua en relación al número de semillas por sub-parcela. Debido al alto grado de variabilidad, los errores estándar de la media ponderada de las proporciones de la suerte de semillas son grandes en las parcelas que tienen de 1 a 20 semillas. Las sub-parcelas con más de 20 semillas se observaron con poca frecuencia y en muchos casos fueron parcelas con una semilla. Esta es la razón para no observarse errores estándares en esos casos. Las semillas que germinaron fueron en proporción mayor a la proporción de semillas inviables en la mayoría de las sub-parcelas.

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Depredadas Germinadas Inviables

1

Proporción (media ponderada ±1% ES)

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

Número de semillas por sub-parcela de 10x10m

90

100

Ilustración 6. Porcentajes de la suerte que corren las semillas con respecto al número de semillas por sub-parcelas de 10x10 metros

4. Discusión 4.1 Experimento de laboratorio para criar larvas hasta la fase adulta Utilizando técnicas de laboratorio se criaron larvas del género Taeniaptera hasta la etapa de insecto adulto. El estadio de larva dura aproximadamente dos semanas y el tamaño de las larvas es de 8 a 9 milímetros. El estadio pupa dura aproximadamente una semana y el tamaño de las pupas es de 1 cm. Las pupas son inmóviles y se encuentran en galerías o sobre la superficie del substrato donde parece ser que les es fácil respirar. Los individuos adultos extienden completamente sus alas tres horas después de haber salido del caparazón del estadio pupa. El período requerido para alcanzar la etapa adulta es de aproximadamente un mes. Los adultos viven aproximadamente una semana en condiciones de laboratorio.

4.2 Observaciones de campo de la dinámica de semillas Durante el período de estudio se observaron dos tipo de daños a semillas de D. oleifera: la depredación de semillas por mamíferos terrestres y la depredación de semillas por las larvas del insecto del género Taeniaptera. La depredación de semillas por mamíferos terrestres ocurre lejos de los árboles adultos de D. oleífera, donde las semillas se encuentran en menor densidad (Ruiz et al., 2009). Las larvas depredaron semillas bajo los individuos reproductivos de D. oleifera, donde las semillas se encontraban en gran cantidad. El método de sedina nos permitió determinar que después de caer bajo el árbol reproductor, las semillas permanecen allí a alta densidad. Solamente 5 semillas fueron removidas por ardillas de un total de 848

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semillas debajo de la copa del árbol adulto de D. oleifera. La mayoría de las semillas allí fueron depredadas por la larva del insecto en estudio. La presencia de las larvas lejos de los árboles reproductores fue mínima, concentrándose en algunos grupos de semillas congregadas por murciélagos (Ruiz & Boucher, 2008). La mayoría del daño causado a las semillas lejos del árbol adulto es causado por los vertebrados terrestres (Ruiz et al., 2010).

4.3 Efectos ecológicos de depredadores de semillas El daño causado por las larvas de insectos del género Taeniaptera se concentra en áreas de alta densidad de semillas bajo el árbol adulto congénere. Las moscas del estadio adulto responden positivamente a la densidad de semillas pero aún no conocemos con certeza cuál es la señal ecológica que está guiando a las moscas hacia las semillas. Pensamos que la respuesta positiva de las moscas a la densidad podría estar reforzada por el fuerte olor a materia orgánica descompuesta emitida por la estructura carnosa de la parte de la vaina donde se encuentra el fruto cuando se descompone. Lo más sobresaliente en cuanto a la dinámica de las semillas en el sotobosque es el hecho de que estas moscas están reforzando el patrón de alta mortalidad cerca de la fuente de semillas esperado por Janzen (1970). En un experimento de campo observamos que el patrón de germinación lejos del árbol adulto de D. oleifera fue reforzado por la producción de semillas inviables en 2006. Los resultados de los modelos de regresión mostraron que el efecto ecológico de las semillas inviables fue de una reducción en la tasa de depredación de las semillas. Por cada semilla inviable depositada por los murciélagos en los comederos de semillas, la tasa de depredación decrece en un 6% (p