México, entrega o negociación (2007)

MÉXICO: ¿ENTREGA O NEGOCIACIÓN?

U

na serie de hechos políticos recientes han encendido los focos de alerta sobre la desorganización estructural y social de nuestro país. Sin embargo, no sólo estamos frente a una serie de problemas del estricto orden coyuntural,

más bien somos testigos de un conjunto de problemas graves y de largo aliento (tanto en su origen como en sus consecuencias) que han depositado a la nación en un horizonte nada halagador. Sobre todo cuando resulta innocultable la ausencia de criterios mínimos de regulación institucional de la actividad estatal sobre las direcciones principales de gobernanza y gobernabilidad democráticas. No es impertinente señalar que México no goza de buena salud institucional, y no podemos esperar que en los meses y años próximos la situación mejorará a fuerza de compromisos raquíticos y buenos deseos por parte de nuestra clase política. Ahora bien, en calidad de responsable (o responsables) de esta gravedad, no sólo se encuentra la élite política, sino también actores de diverso origen, como los empresarios, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, la Iglesia, los gobiernos estatales, los congresos, los partidos políticos, etcétera. Por ello, pareciera que enfrentamos una paradoja: la profundización del proceso de democratización en México ha tenido consecuencias más que perversas (en el sentido de efectos negativos no esperados) en las formas de negociar o entregar el futuro posible del país. Entre más democráticos nos hemos vuelto, menos habitable ha resultado el país al no poder garantizar un equilibrio en la distribución de la riqueza, la educación, la salud, las regiones, la calidad de vida, etcétera. Esta paradoja no quiere decir que anhelamos un regreso o un progreso hacia cualquier estación que permita mitigar o mejorar la situación (por ejemplo, un autoritarismo renovado). La dirección es clara: exigir más y mejor democraticidad, negarnos al conformismo, del que ya tenemos demasiado. Antes bien, significa evidenciar que los modos específicos que muchos actores políticos, económicos, sociales y culturales ponen en la mesa para negociar o exigir literalmente la entrega de una parte significativa del país, no corresponde con las prácticas esperables de una mínima decencia aún por consolidar desde el punto de vista político. De aquí, pues, que en esta entrega Metapolítica ofrezca una serie de ensayos que cubren algunas de las principales direcciones (en términos de actores y procesos) de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer respecto a lo que se ha descrito líneas arriba.

La jerarquía católica: Entre transición democrática y tentación teocrática TRADICIONALMENTE, UNO DE LOS PODERES REALES MÁS IMPORTANTES DEL ESCENARIO POLÍTICO MEXICANO ES LA IGLESIA CATÓLICA. EN ESTE ENSAYO SE REVISAN LAS GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN POLÍTICA QUE ESA INSTITUCIÓN HA TOMADO DEBIDO A LOS CAMBIOS REGISTRADOS EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO LA PERVIVENCIA DE SUS AFANES TEOCRÁTICOS. POR BERNARDO BARRANCO*

P

Pensar en la Iglesia católica como una institución ajena a intereses políticos es un grave error: ésta ha estado presente a lo largo de nuestra historia, ha formado parte de la conformación de la nación y en cada etapa ha defendido posturas e intereses definidos. La Iglesia católica, como pocas instituciones en la historia moderna, tiene la experiencia y la capacidad de adaptarse a diferentes formaciones sociales, políticas y económicas; su actuación no se juega ni se agota en coyunturas, sino por el contrario, su mira y el diseño de su compás son de largo plazo. Las transformaciones culturales del México contemporáneo bajo la modernización del país, traen como consecuencias cambios no sólo en el comportamiento y las prácticas sociales, sino en la manera de entender el mundo. Nuevas lógicas y sentidos emergen lentamente en nuestra sociedad, mientras otras, entre ellas las religiosas tradicionales, pierden vigencia o se recrean. Se pasa de contextos en los que las creencias religiosas formaban parte de los supuestos culturales totalizantes, donde los valores cristianos ejercían el monopolio del sentido, a un nuevo momento cultural donde estas mismas significaciones conviven con otras. Es decir, antes las verdades reveladas por Dios

36

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

indicaban las normas de conducta e imponían un conjunto de prácticas que orientaban a la sociedad y a las personas a un modelo social; este proceso de reajuste cultural que la religión católica ha venido experimentando desde finales del siglo XIX hasta la fecha se le denomina secularización. No significa, necesariamente, ni la pérdida absoluta de lo religioso ni la muerte dramática de Dios, sino el acotamiento social del espacio religioso a la esfera del individuo y a la dimensión de lo privado. A esta pérdida de centralidad social, por supuesto, las iglesias históricas se oponen y políticamente se resisten. Bajo las actuales condiciones, en las que la fragmentación y la multiplicidad de identidades han generado un agotamiento de los modelos de representación y de pertenencia integral, la Iglesia católica se encuentra sumergida en un proceso de reformulación, tanto en lo que se refiere al posicionamiento frente al Estado como ante la sociedad, así como en lo que atañe al acento en su prédica y acción pastoral. Históricamente, las pretensiones, intereses y misión propia de la Iglesia católica condujeron a su jerarquía a entablar un diálogo privilegia*Vicepresidente del Centro de Estudios de las Religiones en México (CEREM).

LA JE R AR Q U Í A C ATÓLIC A

do con el poder de las élites de los gobiernos, principalmente con el presidente en turno, y desde ahí incidir en los principales resortes de decisión de la política pública. Sin embargo, en este inicio de siglo, nos percatamos de las dificultades de la Iglesia para situarse en la actual transición democrática que México ha experimentado; si bien es cierto que la mayoría de los obispos apoyaron el cambio de rumbo político en el 2000, también lo es que ha costado mucho trabajo ensamblar sus intereses con las nuevas circunstancias de la alternancia. Se rompió con muchas reglas del régimen anterior y se crearon situaciones inéditas; muchos usos y costumbres de una cultura política presidencialista a la que la Iglesia, durante setenta años, llegó a entender y a manejar con destreza y tacto, cambiaron. En estas notas, nos proponemos destacar los cambios en la estrategia política seguida por la jerarquía y comprobar, más allá de sus tropiezos y agobios, qué discurso ético religioso constituye el factor medular de su posicionamiento social y político. Dicho acento forma parte también de las directrices promovidas y estimuladas por la Santa Sede, bajo la conducción del Papa Benedicto XVI.

DOSSIER

ENTENDER A LA IGLESIA CATÓLICA

L

a Iglesia católica es ante todo una estructura que conduce y gestiona el depósito histórico de lo religioso y de su misión, así como la administración de los símbolos y los sacramentos de sus adherentes; es decir, la dimensión ritualizada de los creyentes. Es también una institución política cuya práctica social y cuyo campo de intervención aspira a inducir y a comprometer a los principales actores de la sociedad, así como al propio Estado, a contar con ella. Ningún país de tradición cristiana escapó, en materia religiosa, a los efectos de la modernidad; ninguno tampoco se rige ya bajo el estricto principio de la cristiandad, ni a la centralidad social de la Iglesia, que prevalecieron en Occidente durante mucho tiempo. Lo religioso se reconfiguró bajo el principio moderno de la secularización: a cada uno sus convicciones, es decir, cada quien tiene su derecho públicamente reconocido a creer o no. El otro gran principio es el de la laicidad, la clara separación entre lo religioso y la gestión del poder público. La línea de evolución es clara: en la actualidad ya no existe la religión pública sino la libertad religiosa. Esta libertad se basa en el reconocimiento de los derechos México: ¿entrega o negociación?

37

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

de toda conciencia individual. Es ahora la abiertamente confesionales, y algunos de ellos libertad de la conciencia humana la que se en franca actitud revanchista. Estas dudas se vuelve fundamental: cada persona se torna en disiparon desde la misma toma de posesión y factor de dignidad. Por lo tanto, el principio a partir de 2001: Carlos María Abascal Carranza de laicidad abre una nueva vía, descarta toda se distinguió como el personaje del foxismo religión pública al igual que el ateísmo público, que permanentemente desafió la cultura laica toda religión de Estado al igual que ateísmo de del gobierno. El propio presidente también Estado. Recíprocamente, no admite ni antirecontribuyó con actitudes, gestos y expresiones, ligión oficial ni antiateísmo oficial; cada uno como el beso al anillo papal, que agitaron las debe seguir su conciencia. A pesar de todo, cenizas jacobinas, ya que mediáticamente se en la práctica la religión católica en nuestro atropellaba el carácter laico del Estado mexipaís conserva una fuerte prima pública y no se cano. Así, numerosos analistas han disertado encuentra nunca sobre el mismo plano que el abundantemente sobre los riesgos de una cierta ateísmo, su negación radical. desecularización, pero los hechos comprobaSi bien la historia demuestra que la Iglesia ron que el carácter laico del Estado resistió y católica ha venido acomodándose a las dien la práctica no se retrocedió. versas formas de la democracia moderna, no ¿Hasta dónde la Iglesia es un cuerpo compacnecesariamente ésta las promueve, a pesar de to, que a pesar de sus diferencias persigue los que es mucho menos mismos fines? En primer anticlerical que en el lugar, la Iglesia está inserta La Iglesia católica tiene por pasado (Piétri, 1999). en la sociedad y, por lo naturaleza una complexión Sin duda, en la última tanto, convive, recibe y política, su jerarquía tiene década la Iglesia catóparticipa de las diferentes lica ha venido ganando corrientes ideológicas, soexperiencia y oficio. Durante terreno político y preciales y políticas. Como los regímenes presidencialis- toda estructura social, la sencia pública; recordemos que desde los tas, la jerarquía supo actuar, Iglesia católica no es moaños cuarenta del siglo nolítica y refleja las diferencasi con maestría, en las pasado, se bosquejó la cias sociales, las hace suyas simulación de aparente y las procesa conforme a su coyunturas electorales. separación Iglesia–Estapropia identidad, práctica do. Las reformas constitucionales a inicios de la y tradición. Las crisis, las disputas y las coyundécada de los noventa permitieron transparenturas humeantes, las suma a sus discrepancias tar más la relación de la Iglesia frente al Estado. internas y, a pesar de estas desavenencias y Esta creciente influencia político social la ha diversidad, mantiene unidad y disciplina. La venido utilizando para, primero, asegurar que Iglesia católica es una institución que, por un la institución pueda seguir desarrollando su lado, es partícipe de la intensa dinámica de misión, portadora de un código ético cristiano la Iglesia universal encabezada ahora por el y de un ideal histórico; segundo, robustecer las Papa Benedicto XVI y, por otro, es portadora de condiciones materiales, económicas, jurídicas y muchos rasgos de la propia sociedad mexicana. políticas de las estructuras políticas que faciliten No es ajena a las particularidades de la cultura la expansión de esta misión. política mexicana con todas sus ansiedades y A partir del gobierno de Vicente Fox, se percivicios. A pesar de ello, mal haríamos en explibió cierto soplo confesional en lo político. Una car el laberinto católico sólo por sus variables de las grandes interrogantes de la alternancia externas o por las correlaciones internas de los foxista consistía en saber si el nuevo gobierno principales actores católicos. Advirtiendo su iba a respetar el carácter laico del Estado; las heterogeneidad, la Iglesia tiene una conciencia dudas se fundamentaban en el arribo al poviva de su identidad y de irreductible especificider de corrientes conservadoras inspiradas en dad; en otras palabras, con extremo cuidado la el social catolicismo (Cfr., Metapolítica, 2002). Iglesia cultiva su pasado y su compleja herencia, Desde el gabinete hasta los cuadros medios, a la que no está dispuesta a renunciar. Por tanto, la nueva administración introdujo personajes detenta una memoria definitiva que pesa sobre 38

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

LA JE R AR Q U Í A C ATÓLIC A

su presente y la marca para el futuro. Registra las repercusiones que recibe de la sociedad donde está presente y de la que forma parte. Aquello que divide a la sociedad, la divide igualmente. Ella exterioriza a su manera los conflictos presentes en la sociedad, incluso la propia Iglesia puede ser la causa de los antagonismos sociales. Debe descartarse la idea de una Iglesia pasiva y sólo receptiva a los acontecimientos; por el contrario, la Iglesia es sensible y activa (Poulat, 1983).

PRESENCIA Y PRÁCTICA POLÍTICA DE LA JERARQUÍA CATÓLICA

L

a Iglesia católica tiene por naturaleza una complexión política, su jerarquía tiene experiencia y oficio. Durante los regímenes presidencialistas, la jerarquía supo actuar, casi con maestría, en las coyunturas electorales. Siempre obtenía beneficios y reivindicaciones gracias a la oportuna intervención del alto clero, que sabía comportarse políticamente ante el relevo y cambios de la clase política. Era, pues, el momento de mayor debilidad del viejo sistema político y los prelados aprendieron a sacar provecho de la circunstancia. A partir de 1985, el año del terremoto, la jerarquía católica decidió ser más osada, salir del “estrecho rincón jurídico” en que se encontraba y desempeñarse políticamente con mayor protagonismo. Las reformas y achicamientos del Estado mexicano, promovidos por el gobierno de Miguel de la Madrid en los años ochenta, favorecieron la emergencia de de diversos actores además de la Iglesia, tales como empresarios, organismos no gubernamentales, movimientos sociales y mayores márgenes para los medios de comunicación. En Chihuahua, la jerarquía local encaró un fraude electoral contra el Partido Acción Nacional (PAN) y amenazó con el cierre de los templos, desencadenando no sólo la sombra de la guerra cristera sino tensión interna en el episcopado, que concluye con la intervención de Roma, que determina, bajo la presión del entonces delegado apostólico Girolamo Prigione, prudencia y colaboración con el gobierno. A partir de ese momento, se desata una cierta efervescencia política y protagonismo mediático entre los prelados católicos, así como posturas contrarias entre el clero, ante el creciente debilitamiento del sistema político.

DOSSIER

A veces la Iglesia jugó un papel opositor, asumió reclamos de la sociedad civil, pero al mismo tiempo se mostró aliada de los viejos estilos del poder. Hay un mayor énfasis de la jerarquía en temas relacionados con los derechos humanos, libertades y derechos políticos ciudadanos; en cierta manera, una parte del alto clero pretendía enarbolar reclamos sociales de amplios sectores que no gozaban de interlocución: “ser voz de los sin voz”, se escuchaba decir como parte de una estrategia de posicionamiento alternativo y, al mismo tiempo, se seguían los estrecho vínculos con el poder (Ramos, 1992). El posicionamiento político pasó por los cuestionamientos al sistema mismo, aprovecho el discurso presidencial de la “renovación moral” para insertar los cuestionamientos propios y de un sector de la sociedad. Sin embargo, los ochenta y parte de los noventa, fueron los años de mayor gloria de Prigione, quien logró mimetizarse con el sistema presidencialista priista, encabezando la postura colaboracionista con el gobierno. También influyeron las exitosas visitas del Papa Juan Pablo II en 1979 y 1990, quien fue capaz de levantar una burbuja mediática presentando una iglesia mexicana masiva y triunfalista, ampliamente respaldada por la grey que se arremolinaba para ver y oír al Santo Padre. En las dos últimas décadas han existido dos grandes posturas políticas en la jerarquía católica mexicana: una opositora al régimen, que acaricia la idea de cambios, y otra colaboracionista, encabezada por el representante del Papa en México. La primera se desdobla en dos grandes posiciones: los obispos de oposición “civilista”, situados en la zona norte y en el Bajío del país, vivamente ligados al PAN; la segunda, obispos “liberacionistas”, vinculados a las luchas indígenas y movimientos campesinos situados en la región sur del país, especialmente Chiapas y Oaxaca. A la distancia, resulta evidente que predominó la postura colaboracionista; Prigione se impuso, e, incrustado en la clase política, negoció y pactó importantes concesiones. La debilidad con que finalizó el gobierno delamadrista culminó con la desaseada elección de Carlos Salinas de Gortari, y sin duda se favoreció la orientación gradualista y desde dentro del sistema político, enarbolada por el todopoderoso Prigione, quien se convirtió en el jefe de la Iglesia católica, apoyado México: ¿entrega o negociación?

39

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

por Roma y por el propio gobierno. Después de más de 19 años de permanencia en nuestro país, Monseñor Prigione lo conquistó todo, menos la simpatía de su propia feligresía. El logro más importante que obtuvo fue político: cambió artículos constitucionales que negaban la existencia de la Iglesia y restableció relaciones entre el Estado mexicano y el Vaticano. El nuncio Prigione hizo un relevo generacional promoviendo a más de 84 por ciento de los actuales obispos; el perfil era obvio: conservadores y obedientes a Roma; personajes de la talla de Onésimo Cepeda, Norberto Rivera, Emilio Berlié y Juan Sandoval emergieron como portadores de nuevos liderazgos, cambios pastorales y contenidos diferentes. Las principales tesis enarboladas por este grupo emergente, que se resumen en la doctrina Prigione, son: a) fidelidad absoluta al Papa y a la ortodoxia doctrinal; b) una Iglesia fuerte, unida y poderosa, capaz de negociar con mayor ventaja con los gobiernos y los poderes fácticos; c) una Iglesia visible, mediática, conducida por personajes recios, influyentes y capaces de ser interlocutores, y d) para lograr con eficacia la misión religiosa se usa el poder económico, político y mediático. En corto se establecen vínculos coyunturales con el poder político, se convierte en un factor de estabilidad social. Las convulsiones de 1994 y el deterioro de la conducción política del gobierno de Zedillo, llevaron a la jerarquía a experimentar profundas fisuras y confrontaciones internas que reflejaban, al mismo tiempo, la zozobra política de cara a las elecciones del año 2000. La corriente civilista transitó desde Chihuahua en 1986, a la conformación de una amplia mayoría en el seno del episcopado que apoyaba con simpatía la hipótesis de la alternancia; dicha posición quedó plasmada en un célebre y disputado documento episcopal, llamado: “Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos”, fragorosamente debatido entre marzo y abril del 2000. En él, sin mayor recato, los

obispos saludaban la alternancia. La postura colaboracionista en aquel proceso electoral, que apoyó la candidatura de Francisco Labastida, fue encabezada por el cardenal Norberto Ribera, quien, ante la remoción de Prigione, asumió la conducción del llamado Club de Roma.1 Precisamente Rivera se opuso a la publicación del documento en que los obispos coqueteaban con la hipótesis del triunfo de la oposición panista, evidenciando que el mayor problema de Prigione fue haberse mimetizado con la élite en el poder. Prigione se convirtió en un salinista en el interior de la Iglesia y en el hombre de la Iglesia en el interior de salinismo. Estos excesos le llevaron a acumular presiones internas y reproches, por lo que, al finalizar el salinismo, Prigione dejó no sólo de ser funcional sino llegó a ser incómodo tanto para los integrantes del gobierno de Zedillo como para la propia jerarquía.

E

EL DESGASTE DEL MODELO PRIGIONISTA

l modelo de las elecciones es rebasado por el proceso social. En 2000, por ejemplo, la jerarquía entró a la contienda electoral muy dividida; la mayoría de los prelados simpatizaba con Fox, mientras un grupo de obispos, como vimos, se convertía en ala propriista, apoyado también por los Legionarios de Cristo. En 20003, muchos obispos se subieron al ring electoral y con celo apostólico cuestionaron a aquellos partidos y candidatos que contrariaran valores cristianos como el respeto a la vida, favorecer el uso del condón y la píldora del día siguiente, entre otros. Fieramente disputaron a través de los medios de comunicación las posturas de candidatos, tanto del PRD como del entonces México Posible. Algunos de estos obispos, como Florencio Olvera Ochoa, de la diócesis de Cuernavaca, y Mario de Gasperín, de Querétaro, terminaron declarando ante el Ministerio Público sus querellas políticas por haber quebrantado la ley de aso-

1 El término “Club de Roma” fue utilizado por primera vez por el sacerdote asesor jurídico del arzobispado metropolitano, el desaparecido canonista Antonio Roqueñí, en una declaración al periódico La Jornada. Roqueñí se refería al grupo de Durango 90, en la colonia Roma, sede del arzobispado donde despacha el Cardenal Norberto Rivera. Posteriormente analistas, columnistas y periodistas lo usamos para designar aquellos altos prelados con mayor peso, entre los que se encuentran los cardenales Norberto Rivera y Juan Sandoval Íñiguez; los obispos Onésimo Cepeda, Emilio Berlié, Héctor González, el padre Marcial Maciel (conductor de los Legionarios de Cristo) y, desde Italia, el exnuncio Prigione, entre otros. No es ningún concepto sociológico, ni tuvo mayores pretensiones que una simple expresión irónica, especie de caricatura para señalar a un pequeño grupo de obispos mexicanos poderosos que aprovechan su posición en Roma y con los poderes fácticos de la sociedad para erigirse como los principales interlocutores político religiosos de México (Vázquez Montealbán, 2000).

40

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

LA JE R AR Q U Í A C ATÓLI C A

ciaciones religiosas, que prohíbe tajantemente la injerencia del clero durante las contiendas electorales, hecho sin precedente en la historia electoral de este país. El advenimiento de un presidente católico al poder como Vicente Fox, no significó en los hechos nuevas ni grandes conquistas alcanzadas por la Iglesia. Por el contrario, se percibió incomodidad y falta de un acuerdo político tácito. También es cierto que la primera dama, Martha Sahagún, en sus afanes anulatorios de sus respectivos matrimonios, forzó la reconciliación con el Club de Roma. Precisamente durante el sexenio foxista, el alto clero sufrió el deterioro político debido a los continuos escándalos mediáticos que su excesivo protagonismo ha provocado. Por ejemplo, el cardenal de Guadalajara, que tiene amistades íntimas entre empresarios de dudosa reputación (como el zar del juego José María Guardia), fue sometido a un indiciamiento por probable delito de lavado de dinero, cargo del que fue exculpado. Por su parte, el cardenal Norberto Rivera ha sido severamente expuesto a un desgaste político y mediático continuo, desde los abusos centaveros por la excesiva comercialización de las últimas visitas del Papa Juan Pablo II, los contratos para mercadear la imagen de la Virgen de Guadalupe y de Juan Diego, hasta los encubrimientos

DOSSIER

a pederastas como el padre Nicolás Aguilar y la defensa disciplinada de Marcial Maciel, uno de sus principales mentores. Ahora, ante la polémica sobre la despenalización del aborto en la capital del país, Rivera tuvo probablemente su mayor traspié al asumir, sin fuerza ni argumentos de fondo, una actitud amenazante de llegar a los extremos de la excomunión y llamar a la desobediencia civil (Veloz, 2007). Las altas expectativas que la jerarquía depositó en el gobierno foxista se convirtieron en desencanto, y las relaciones con la jerarquía estuvieron marcadas por la atonía y hasta cierta displicencia. Es más, las promesas de campaña, elaboradas por los propios actores religiosos, concentradas en el famoso “Decálogo”, fueron en su mayoría incumplidas. Dicha carta, enviada durante la campaña, contenía nítidamente las exigencias del alto clero católico.2 La erosión de sus actores protagónicos y la falta de resultados ante un primer gobierno panista, cuyos principales adalides son católicos, obligó a repensar estrategias y líneas de acción. La fase política de Prigione se había agotado: el interlocutor ya no es más sólo el presidente y su red ejecutiva. Los cambios en el sistema condujeron a la jerarquía a replantear nuevas estratagemas de intervención social; la era de los contactos privilegiados con las élites del poder son insuficientes, por lo que se tenía que superar el viejo patrón de relaciones cupulares que llegó a tener con gobiernos priistas. Ahora la Iglesia se ve apremiada para diseñar nuevas rutas de ascendencia social.

Fox prometió a todos los obispos un plan de libertad religiosa y nuevas relaciones Iglesia-Estado, diciendo: 1. Promoveré el respeto al derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural; 2. Apoyaré el fortalecimiento de la unidad familiar, que en México es un recurso estratégico; 3. Respetaré el derecho de los padres de familia a decidir sobre la educación de sus hijos; 4. Promoveré el libre acceso para la asistencia espiritual y religiosa en los centros de salud, penitenciarios y asistenciales, como los orfelinatos y los asilos para ancianos; 5. Responderé al interés manifestado por las iglesias para promover un amplio espacio de libertad religiosa a partir del artículo 24 constitucional; 6. En congruencia con el derecho humano a la libertad religiosa y con los acuerdos internacionales suscritos por México en esta materia, promoveré que se eliminen las contradicciones entre los artículos 24 y 130 de la Constitución, reformando el 130 en la parte que restringe la libertad religiosa, que proclama el artículo 24; 7. Abriré el acceso a los medios de comunicación a las iglesias, para que éstas puedan difundir sus principios y actividades; 8. Promoveré que en el marco de una reforma hacendaria integral se defina un régimen fiscal para las iglesias, con deducibilidad de impuestos, cuando contribuyan al desarrollo humano; 9. Terminaré con la discrecionalidad para autorizar la internación y permanencia en México de los ministros de culto de las iglesias; 10. Promoveré la homologación voluntaria de los estudios eclesiásticos en el ámbito civil, respetando los programas y contenidos de las materias que imparten los seminarios o instituciones de formación religiosa (La Jornada, 2000; Metapolítica, 2002-2003, p. 69). 2

México: ¿entrega o negociación?

41

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

NUEVA ESTRATEGIA CLERICAL

D

esde 2005 la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) buscó reestructurarse internamente, pretendiendo evitar la dispersión y focalizar su acción en las prioridades por las que, colegiadamente, los obispos han decidido optar. La CEM reconvierte las 27 comisiones episcopales en sólo nueve, anteproyecto que fue votado por mayoría abrumadora, y que es conducido por el obispo de Texcoco, Carlos Aguiar Retes, quien es el actual presidente de los obispos mexicanos. Persona culta e inteligente, representa una nueva generación de obispos que releva los tradicionales liderazgos de los actuales prelados. Entre las nuevas comisiones resaltan las siguientes: espiritualidad y culto; solidaridad; doctrina de la fe y cultura; defensa de la vida; comunicación, y diálogo ecuménico interreligioso. Al mismo tiempo, Roma intervino directamente, al realizarse diferentes sesiones entre los obispos mexicanos, los diferentes dicasterios de la Santa Sede y el propio Papa Benedicto XVI. En la llamada visita ad limina, en septiembre y octubre del 2005, el Papa Ratzinger manifestó en Roma que la Iglesia católica mexicana debería seguir siendo tutelar de los valores morales de la nación, ser un factor coadyuvante de la transición y consolidación democrática de México; afirmó que la iglesia tenía un rol central para contribuir a enfrentar el narcotráfico, la pobreza, las migraciones y, sobre todo, la corrupción de altos funcionarios públicos. Mientras la clase política interpretó de injerencistas las afirmaciones del Papa, en realidad los principales destinatarios eran los propios obispos; la preocupación de Roma es que la Iglesia mexicana no ha acabado de acomodarse ni en la alternancia ni en la transición democrática. La fórmula elegida por los obispos, desde su encuentro con el pontífice, ha sido arreciar su postura sobre la relación entre la ética y el quehacer político. Los debates en torno a la píldora, el aborto, la homosexualidad, la familia y eutanasia, por mencionar algunos, son temas que se convierten en materia de disputa política. El campo de la moral tiene fundamentos sociales pragmáticos, así como raíces culturales y psicológicas hondas. Los valores han sido exaltados por todas las religiones y les han aportado un arraigo profundo. En tiempos no tan remotos este conjunto de valores cons42

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

tituían el campo de la tradición y del lenguaje, de lo jurídico y lo económico; se instituían reglas estrictas del comportamiento cotidiano y se conformaba el terreno del sentido común. A través de los libros sagrados, la liturgia y la instrucción que guardaba la representación y la memoria, la ética religiosa inducía a la obediencia de códigos y un orden creado o querido por Dios. Por ello, la moral religiosa católica es una representación del orden social querido o interpretado por la institución mediante la doctrina, la tradición y la disciplina. Este orden moral ha chocado frontalmente con la modernidad secular por lo menos desde el siglo XVII. Si la modernidad secular y sus nuevas instituciones laicas habían creado una contraIglesia, en contraparte y con vientos adversos, los católicos siempre han aspirado a construir una contrasociedad alternativa. Además de su tradicional crítica al modelo económico neoliberal, la aspiración de poseer medios electrónicos de comunicación e impartir instrucción religiosa en las primarias públicas, la jerarquía ha introducido modalidades recientes. En reveladora entrevista a la revista Proceso, Carlos Aguiar Retes puso de manifiesto el diseño de una nueva estrategia tendiente a generar una segunda generación de reformas constitucionales que satisfagan las demandas eclesiásticas y una posición eclesial de privilegio que favorezca el despliegue de sus intereses. En términos de contenido, la jerarquía demanda la posesión de medios electrónicos, impartir instrucción religiosa en las escuelas públicas y un conjunto diverso de intervenciones eclesiásticas en la sociedad, englobadas bajo un concepto referencial denominado “libertad religiosa”. Para ello, la pretensión es reformar la Constitución, introduciendo el concepto catolizado de “libertad religiosa”, esto es, ir aparentemente más allá de la libertad de creer o no creer de un individuo, a la libertad religiosa que abarcaría la capacidad de maniobra societal y de acción política de la propia institución religiosa, que en el dicho de Aguiar resalta lo siguiente: “Hace falta que las leyes mexicanas garanticen la libertad religiosa. Actualmente, la Constitución sólo garantiza la libertad de creencia y de culto; esto es, que cada quien pueda creer en lo que mejor le plazca. Pero esto es apenas una pequeña parte de la verdadera libertad religiosa, ya que es necesario que se modifique el artículo

LA JE R AR Q U Í A C ATÓLIC A

DOSSIER

La tentación de la neocristiandad es real; es decir, regresar a una sociedad socialcristiana de pensamiento único está latente en los ardientes corazones que añoran sociedades teocráticas. 24 constitucional, que garantiza la libertad de culto y de creencia. Queremos que ese concepto se amplíe por el de libertad religiosa, como estipula la ONU, y donde ya se abarca todo el derecho humano a la expresión, asociación, gestión y servicio de una fe”. Seguramente el episcopado se sumará al clima de cambios y reformas a nuestra Constitución, insertando añejas aspiraciones que convienen ser revisadas y analizadas a fondo. En realidad, la aspiración de la jerarquía de instaurar una concepción clericalizada de libertad religiosa no es nueva; ésta busca garantizar y favorecer nuevas formas de intervención social tendientes a la formación de valores socialcristianos como enclaves dominantes. En la misma entrevista, el reportero Rodrigo Vera registra estas nuevas formas de incursión, que es necesario analizar: la novedad radica en que ya no será sólo a través del Ejecutivo donde se realizará la interlocución, sino de las diferentes fuerzas políticas. Aguiar Retes destacó al Poder Legislativo: “Fundamentalmente ante los líderes de las bancadas. Hay que entrar en relación personal con ellos, porque muchos políticos piensan que, en materia de relaciones Iglesia-Estado, ya no hay nada qué hacer” (Vera, 2006). Gran parte del siglo XX la jerarquía católica se vinculó políticamente al sistema mediante el absolutismo presidencial. La jerarquía reconoce de facto la gravitación de otros poderes que van más allá del presidencialismo obsoleto. En otras palabras, hay una nueva apuesta que se estableció desde el modus vivendi en 1930; ahora el campo de acción política se traslada a los diferentes contrapesos y a otros actores políticos y sociales. La Iglesia de hecho ha ganado considerable terreno, sin necesidad de reformas, tanto en el ámbito de los medios de comunicación masivos y de los empresarios, como entre los organismos de la sociedad civil, en particular vía la creación de las instituciones de asistencia privada. Aguiar Retes pareciera decirnos que la relación Iglesia-Estado debe enmarcarse en una perspectiva más profunda y de mayor alcance,

es decir, dentro de la relación entre la Iglesia y la sociedad. Sin embargo, existe el riesgo latente de una embestida al carácter laico del Estado. Esperamos que la jerarquía se siga guiando en el marco del orden institucional. Igualmente, resulta inquietante el ascenso y expansión de sectores de la ultraderecha, y su latente potencialidad de establecer alianzas estratégicas con un sector de la cúpula episcopal obsesionada por combatir la sociedad del relativismo y con la tentación de construir un orden social cristiano. La polarización social en torno a la despenalización del aborto en el Distrito Federal revela que la hipótesis no es lejana y que existen condiciones reales para que se realice. La tentación de la neocristiandad es real; es decir, regresar a una sociedad socialcristiana de pensamiento único está latente en los ardientes corazones que añoran sociedades teocráticas. Por ello, la responsabilidad de la jerarquía, hoy un actor político importante en el entramado de la actual transición, es trascendente; pero al mismo tiempo, con lo actuales aires conservadores muy avivados, las tentaciones son muy patentes.

REFERENCIAS A. A. V. V. (2002), “La tradición: memoria desterrada”, Metapolítica, vol. 6, núm. 22, marzo/abril. A. A. V. V. (2002-2003), “En el nombre de Dios: Política y religión”, Metapolítica, vols. 6-7, núms. 26-27, noviembre/febrero. La Jornada (2000), 27 de mayo. Piétri, G. (1999), Le catholicisme à la épreuve de la démocratie, París, Cerf. Poulat, E. (1983), Le catholicisme sous observation, París, Le Centuron. Ramos, V. M. (1992), Poder, representación y pluralidad en la Iglesia, México, UdeG. Vázquez Montealbán, M. (2000), “Al césar lo que es del César”, El País, 1 de marzo. Veloz, V. (2007), “El efecto boomerang y Norberto Rivera”, Etcétera, mayo. Vera, R. (2006), “Meta: el poder en la tierra”, Proceso, núm. 1574, noviembre. México: ¿entrega o negociación?

43

Roger Bartra: “El populismo, peligro real para México” EN ESTA ENTREVISTA SE ABORDAN DIVERSAS REFLEXIONES DEL INVESTIGADOR SOCIAL ACERCA DE LA TRANSICIÓN: LA CONFUSIÓN DE NUESTRA INTELLIGENTSIA, EL ATAVISMO ESTALINISTA, LA IZQUIERDA Y LA DEMOCRACIA, LOS RIESGOS DEL PODER LEGITIMADOR, LAS TRANSFORMACIONES DE LA CULTURA POLÍTICA, LAS PERVIVENCIAS DEL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO Y EL RESCATE DE LA TRADICIÓN LIBERAL. ENTREVISTA REALIZADA POR ARIEL RUIZ MONDRAGÓN*

E

El largo periplo mexicano en pos de la democracia ha atravesado por múltiples vicisitudes: desde una severa crisis cultural manifestada en el gran desgaste del nacionalismo revolucionario, hasta el franco ataque a las instituciones democráticas por parte de quienes fueron sus principales promotores. Ello ha puesto frente a varios bretes severos a la democracia mexicana, los que han de ser enfrentados para que pueda ser consolidada y profundizada. Uno de los estudiosos que han acompañado cercana y críticamente el proceso democratizador mexicano es Roger Bartra, quien, en su más reciente libro Fango sobre la democracia. Textos polémicos sobre la transición mexicana (México, Temas de hoy, 2007), ha reunido un conjunto de ensayos que se habían difundido en diversas publicaciones acerca del tránsito político mexicano. Sobre ese libro sostuvimos una charla con el autor, quien es doctor en Sociología por la Universidad de La Sorbona, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Nivel III dentro del Sistema Nacional de Investigadores, además de autor de más de 15 libros.

44

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

—Ariel Ruiz: ¿Por qué publicar hoy este libro? —Roger Bartra: La publicación de este libro es el efecto de una obsesión mía: la de colocar mi oficio (la antropología, la sociología, las ciencias sociales) en una posición de influencia. Realmente estoy convencido no sólo de que es importante el papel de los intelectuales en general, de su participación en la política (como intelectuales independientes, comprometidos u orgánicos, no importa), sino de que dentro de la intelectualidad hay unos cuantos que hemos desarrollado un oficio: el de investigador. Creo que sacamos cosas que son útiles a la sociedad, a los políticos, y que expresadas en un lenguaje no demasiado especializado pueden ser interesantes para contribuir a elevar el nivel de la polémica y de la confrontación política en México. El año pasado vivimos un ambiente de confrontación y de polémica, pero el nivel fue bajísimo. Digamos que mi obsesión porque las ciencia sociales sean útiles, sean capaces * Jefe de redacción de Metapolítica.

E L PO P UL ISMO, PE LI G R O R EAL PA RA MÉ X I CO

de prever —hasta cierto punto, claro—, queda cristalizada aquí. Por eso hay insistencia en un cierto recorrido por viejas investigaciones que he hecho, que me parece que han permitido prever muchas cosas, sobre todo la crisis del nacionalismo que va acompañando a la transición democrática. Creo que eso se veía ya si uno se metía a la anatomía de la cultura política mexicana. Esa obsesión es la que me llevó a aceptar hacer esta antología de mis textos. —Una buena parte del libro nos da una idea del, como usted decía recuperando a Freud, malestar de la cultura mexicana, y por supuesto también de nuestra intelligentsia, de la intelectualidad de izquierda. Usted menciona al principio del libro al intelectual que reparte bonos morales en el Zócalo, que al mismo tiempo presume de independencia mientras sirve a un poderoso candidato que tuvo el segundo cargo político más importante del país. Ese es el ejemplo de una buena parte de la inteligencia de izquierda que no acaba de adaptarse a la democratización. Recuperando un dilema planteado por el intelectual que mejor encarna lo anterior (Carlos Monsiváis), ¿qué ha ocurrido con esa intelectua-

DOSSIER

lidad: ya pasó lo que estaba entendiendo o ya no entiende lo que está pasando? —Es algo muy dramático. Creo que el núcleo más inquieto y creativo de la inteligencia mexicana de izquierda, por motivos difíciles de analizar, ha tenido un gran tropezón. Mi impresión es que esa intelectualidad de izquierda (en la cual me incluyo) estaba muy sumergida en la cultura del nacionalismo revolucionario. Críticos, pataleábamos, criticábamos, pero a fin de cuentas ese era el caldo de cultivo en el cual crecimos. Ese contexto entra en crisis y se viene abajo estrepitosamente, y hace que una gran parte de esa intelectualidad se sienta huérfana (de un padre al que detestaba, pero finalmente huérfana). Yo siento que no participo de esto porque fui, por diferentes razones características de mi evolución, extremadamente crítico del nacionalismo revolucionario y de la cultura priista, debido a mi condición de relativa extranjería, la que hace tiempo me era criticada y a veces hasta denunciada. Porque soy criollo por razones políticas: mis padres huyeron del fascismo México: ¿entrega o negociación?

45

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

La intelectualidad mexicana estaba demasiado atravesada, atrapada, por la tradición cultural nacionalista revolucionaria, y como justamente el populismo de López Obrador retomó mucho de aquel, se sintió atraída. español y se vinieron aquí, pero soy de cultura europea, de cultura catalana en específico, que es una cultura pequeña, marginal, y eso me llevo a una situación que durante mucho tiempo fue muy incómoda. Esto porque en México el síndrome de la Malinche es fuerte, como la idea de que llegan los extranjeros y se apoderan del país. Con frecuencia yo era agredido e insultado por no ser cien por ciento mexicano. Resulta que con el tiempo esa extranjeridad (que ahora puedo asumir perfectamente porque los tiempos han cambiado y eso no genera ya incomodidades) me salvó, me protegió de esa inmersión tan profunda en el nacionalismo revolucionario. Me permitió tomar cierta distancia crítica, y por eso escribí La jaula de la melancolía, libro que, cuando salió, la mayor parte de los intelectuales se sintieron tremendamente incómodos. La intelectualidad, con algunas excepciones, no lo recibió bien. ¿Por qué? “Qué nos va a decir éste, si no conoce México porque es medio extranjero”. Hice de la necesidad virtud, y creo que eso me permitió esa distancia de la que hablábamos, y por eso no he seguido a los intelectuales que iban a adorar al Peje en el Zócalo. Simplemente, no podía. Esa es la explicación que doy: la intelectualidad mexicana estaba demasiado atravesada, atrapada, por la tradición cultural nacionalista revolucionaria, y como justamente el populismo de López Obrador retomó mucho de aquel, se sintió atraída. Creo que esos intelectuales se confundieron mucho y ahora pienso que van a entrar en un período de reflexión. —Esa es una vertiente acerca de la intelectualidad de izquierda. Pero hay otra en su ensayo “Nuestro 1984”. ¿Qué tan lejos estamos hoy de aquel 1984 orwelliano? Lo pregunto porque, por ejemplo, desde al año pasado ha habido una cerrazón a la crítica, al debate por parte de la izquierda obradorista. Vale también recordar los denuestos que de parte de esa corriente padecieron el propio Cuauhtémoc Cárdenas, Patricia Mercado y el subcomandante Marcos, que eran otras izquierdas. 46

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

—Creo que desgraciadamente la izquierda, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, tiene una herencia estalinista. El estalinismo, que ya está muerto y enterrado en Rusia, sigue dando coletazos a través del mundo (desde luego en Cuba, que es el ejemplo trágico más cercano). En las diferentes izquierdas quedan elementos residuales del estalinismo, y adoptan estas actitudes cerradas de “sólo yo tengo la razón, los demás están equivocados o son traidores”, lo que es algo sumamente peligroso. Cuando todo el mundo estaba seguro de que López Obrador iba a ganar, desde luego que hubo una actitud agresiva, de menosprecio a Cuauhtémoc Cárdenas; si se ha aparecido por el Zócalo, lo linchan (lo hicieron simbólicamente gracias a Elena Poniatowska, lo que fue una cosa verdaderamente horrorosa). ¿Por qué su propio partido no protegió la pluralidad que se supone debe impulsar? Bueno, por las herencias estalinistas. La idea de 1984 existe y todavía es fuerte; está presente y es un peligro, no muy concreto en México, y ahora que ha perdido las elecciones la izquierda, menos. —Siguiendo con la izquierda mexicana, en este caso la dominante, que es la que se expresa en el PRD: ¿ha pasado la prueba democrática? En efecto, como dice usted en el libro, ha sido la principal responsable moral del proceso democratizador. Pero en el libro por doquier se encuentran señaladas muchas taras antidemocráticas que la aquejan, como las siguientes: el movimientismo, el directismo enfocado contra la democracia representativa y partidista; las tendencias autoritarias y de marginación que apoya en las comunidades indígenas, hasta un López Obrador lanzando fango sobre la democracia, sobre el proceso electoral. ¿Por qué la izquierda, constructora fundamental de la democracia, la ha acabado atacando de manera tan fuerte? —Es una herida profunda que tiene la izquierda. Creo que es la responsable moral del proceso de transición, es la que más ideas ha aportado para documentar la necesidad de la transición democrática. Pero al mismo tiempo alberga una veta autoritaria, y no ha logrado

E L P OP UL ISMO, PE LI GR O R E AL PAR A MÉ X IC O

deshacerse de ella. Coexisten estas dos posiciones dentro de la izquierda, y generan una herida muy dolorosa que le impide moverse, caminar, avanzar con agilidad en este mundo posmoderno. Sus movimientos son torpes, porque cuando avanza hacia la democracia, su lado autoritario jala al contrario, y vuelve a los principios revolucionarios, etcétera. Cuando se acerca a las posiciones revolucionarias más agresivas y rijosas, el ala más socialdemócrata jala para el otro lado, y está en un estira y afloja que ha no logrado resolver. Desgraciadamente los dirigentes más importantes, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, se han inclinado por la veta populista. El primero es hijo de la tradición populista de su padre; el cardenismo es uno de los grandes movimientos del populismo en América Latina, y le ha costado mucho trabajo abrirse a otras posiciones. Su padre miraba con gran desconfianza las democracias occidentales, no le gustaban. Cuauhtémoc desarrolló una postura democrática muy importante, pero no abandonó la tradición populista. Desgraciadamente su sucesor, López Obrador, fue todavía más populista. En lugar de abandonar esas posiciones, a las que considero como la basura ideológica del PRI, la izquierda las está recogiendo. Es una verdadera desgracia. Está metida en una contradicción, de la que pareciera imposible salir sin rupturas importantes. El miedo a la ruptura es lo que impide que se solucione esta incoherencia, porque las dos posiciones son muy fuertes, en especial la populista, pero vive en un equilibrio con la de inclinación socialdemócrata. Se necesitan mutuamente y dependen una de la otra, viven en una simbiosis que al fin de cuentas resulta muy corrupta y muy confusa. —Tras leer las críticas que usted le hace, me queda la idea de que la izquierda dominante en este país (porque hay otras muy minoritarias) es conservadora y hasta reaccionaria. Esa izquierda se ha refugiado en el nacionalismo revolucionario, buscan una regresión al pasado con su apoyo al neoindigenismo, e incluso usted señala que la propia idea de revolución es parte de una cultura reaccionaria. ¿Cómo se explica que la izquierda se encuentre

DOSSIER

mirando al pasado, que haya dejado de lado a la modernidad, a la crítica, a la igualdad, incluso a la racionalidad? —Ha abandonado el principio fundacional de la izquierda: la igualdad. Creo que en principio deberíamos tener una panorámica a escala mundial, y ver lo que ha pasado en el final del siglo XX y principio del siglo XXI, y comparar lo con lo que ha ocurrido en México. La izquierda, a escala mundial, estuvo principalmente constituida en el siglo XX por dos grandes corrientes: el comunismo y la socialdemocracia. En sus márgenes, en sus extremos izquierdo y derecho, podríamos encontrar a los movimientos populistas latinoamericanos, a veces variantes de la socialdemocracia y a veces no; en el otro lado estaban los movimientos ultraizquierdistas. A finales de los años ochenta cae el Muro de Berlín, y en 1991 desaparece el polo socialista a escala mundial. La gran tradición comunista se viene abajo, desaparece, y lo único que queda es la socialdemocracia, que en condiciones difíciles sobrevive bastante bien, aun dentro de la debacle global de la izquierda. En México, de esas dos grandes corrientes sólo existía la comunista, y la socialdemocracia no había arraigado. Hubo cierto crecimiento de algo parecido a la socialdemocracia dentro de la tradición comunista (yo formé parte de esas corrientes, a las que tildaban de eurocomunistas), pero era bastante pequeña y muy marginal. Al final, antes de que cayese el mundo socialista, el comunismo en México se autodisolvió. También formé parte de ese proceso; llegamos a la conclusión de que no tenía sentido insistir en la existencia de un partido comunista, que ya había dado se sí, y se disolvió. Estábamos en la esperanza de que eso impulsase una coalición de las tradiciones socialdemócratas sueltas que hay por todos lados con diferentes posiciones, y que son importantes. Como corriente, Patricia Mercado está intentando encabezarla, pero no acaba de cuajar. Curiosamente, en México la corriente comunista, al fusionarse con la gente que salió del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, no logra cuajar una alternativa socialista avanzada, moderna, socialdemócrata. En cambio, las dos posiciones que en el mundo eran marginales (la ultraizMéxico: ¿entrega o negociación?

47

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

quierda con Marcos y el movimiento guerrillero en Chiapas, y el populismo de Cuauhtémoc y compañía) aparecen como los focos de atracción más importantes en la izquierda. Entonces se da una situación bastante desgraciada: por un lado tenemos esa izquierda que es reactiva, revolucionaria, ultraizquierdista, que reacciona contra la globalización y contra el malestar de la sociedad moderna. Por el otro lado tenemos al populismo, que no tiene un carácter reaccionario sino conservador: quiere salvar los viejos valores del nacionalismo. Entonces es una situación verdaderamente desgraciada, porque en esas condiciones la izquierda crece mucho, el zapatismo es inmensamente popular, y Cárdenas también tuvo un gran auge. En esas condiciones llegamos al fracaso electoral del 2000, con la amarga sorpresa de que cuando por fin se viene abajo el sistema autoritario del PRI, quien toma la delantera es la derecha. La izquierda queda muy mal colocada. Entramos a las elecciones del año pasado, y tenemos a una izquierda aparentemente muy fuerte, y precisamente por las carencias que he señalado, dilapida la gran fuerza que ha generado. No le fue suficiente para ganar, y ahora ha entrado en un proceso de descenso relativo. Es una situación muy trágica que creo explica en buena medida por qué en México no surgió de las posiciones populista e izquierdista una posición de izquierda moderna. En este mundo de hoy, y más en las condiciones de México, es muy difícil que la izquierda no democrática avance, pero no es imposible, como lo muestra el ejemplo venezolano, sobre todo. —En el libro están reunidos varios de sus ensayos en los que trata los mecanismos de legitimación del régimen: las estructuras de mediación y las redes 48

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

imaginarias del poder político. Tras hacer un análisis del nacionalismo revolucionario, postula que hay un cuarto poder: el legitimador, conformado en buena medida por los ciudadanos, que estaría sustentado en nuevas redes extraterritoriales, metademocráticas y posnacionales. ¿Cuáles son los riesgos que trae este poder legitimador, más en un escenario posmoderno en el que valen más los símbolos y los rituales que las ideas y los conceptos?, ¿ese poder es necesariamente democrático? Lo digo también porque entre esas redes se encuentran los medios de comunicación, por ejemplo. —El problema es que el cuarto poder tiende a pensarse a sí mismo no como un poder, sino como una instancia ciudadana. Ahora estamos viviendo esa situación con la discusión emprendida a raíz de que la Suprema Corte tomó en sus manos el revisar la constitucionalidad de la nueva Ley de Radio y Televisión, y que está tocando este asunto del cuarto poder. Las televisoras tienen una reacción: se disfrazan de ciudadanía para supuestamente enfrentarse al poder; no reconocen que son un poder. Creo que una de las primeras cosas que hay que reconocer es que se trata de procesos de legitimación, de mediación que cristalizan en poderes, los que creo deben ser autónomos, y muchos ya lo son: el IFE, la Universidad, por ejemplo. Sí están regulados, pero en lo general; en su conjunto este cuarto poder está bastante desregulado, sobre todo en la prensa, en la radio y en la televisión. Los medios masivos de comunicación están, hasta cierto punto, fuera de la ley, con reglamentaciones y normativas particulares que a veces se contradicen, que no son del todo claras. En ese sentido, no son instancias democráticas. Son relativamente autónomas, lo cual está bien, pero que no las hace automáticamente democráticas.

E L P OP UL ISMO, PE LI GR O R E AL PAR A MÉ X IC O

Tiene que haber instancias en donde la sociedad y los otros poderes pueden vigilar a ese poder; debe haber una normatividad de tipo democrático. Es obvio que en México, además de la Iglesia católica, hay otro polo de poder que alberga actitudes profundamente antidemocráticas, que es justamente el de los medios masivos de comunicación. Son ellos, sobre todo la televisión (la radio y la prensa menos), reservorios de posiciones atrasadas y antidemocráticas. Se están abriendo, es cierto, están cambiando, pero es necesario regularlo. Es necesario que haya una democratización que implique el sometimiento a reglas; no puede ser que simplemente representen poder —aunque lo nieguen—. Los mexicanos contemplamos el año pasado cómo los verdaderos grandes poderes que influían en el electorado eran la radio y la televisión, y en menor medida la prensa. Claro que son un poder, un poder inmenso, que además recibe carretadas de dinero, sumas faraónicas que son realmente insultantes. No debiera ser así, pero llegan a través de los partidos. Pero coludidos con los partidos, los medios lograron que la Ley de Radio y Televisión fuera aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Eso es un escándalo. Ahora eso se está volviendo a discutir. No sé qué va a resultar porque la discusión es relativamente limitada al tema constitucional, pero queda el gran debate que es la regulación, la normatividad del cuarto poder. Y vamos a verlo como es: un poder. —Otro tema que atraviesa el libro es el de la cultura política. ¿Cuáles son los principales cambios que ha generado el proceso democratizador en la cultura política? Está, por supuesto, la crisis del nacionalismo revolucionario. —Creo que se percibe un cambio importante que se ha ido acumulando en la sociedad civil, que no es brusco: tenemos en México una

DOSSIER

sociedad civil que ya no tiene que ver con esas imágenes del México bronco, que suponía que el Estado tenía que domesticar a la sociedad, controlar las confrontaciones. Por el contrario, hay en la sociedad civil mexicana una gran carga de tolerancia y de serenidad. Pareciera contradecir ese carácter agresivo y rijoso de los políticos, que a nombre del pueblo y de la sociedad civil amenazan con toda clase de confrontaciones y hablan de tremendas violencias. Pero resulta que a lo largo de decenios se ha ido decantando una civilidad y una tolerancia importantes. Creo que en la ciudad de México, tan terriblemente conflictiva como es, que alberga focos de gran agresividad y de crimen, se tiene una actitud de tolerancia, de civilidad, una cultura democrática. Eso está bastante más extendido de lo que muchos creen. Eso es algo que hay que celebrar, que es muy valioso, y que no se hizo de la noche a la mañana. Pero puede estropearse; la cultura democrática es un jardín que hay que cultivar porque es delicada; las tensiones que generan los aparatos políticos, las instituciones y los dirigentes políticos pueden lastimarla seriamente. Hay que estar prevenidos y hacer que los políticos estén concientes de ello. —Ahora vamos al contrario: ¿qué supervivencias hay del nacionalismo revolucionario en el país? Ha sufrido tres ataques relevantes entre los que usted menciona: la tecnocracia, la cultura gerencial y el neoindigenismo. Pero sigue vivo; me parece que el movimiento de López Obrador demostró que pese a todo sigue vivo. —Su principal manifestación es el populismo, el que tiene dos cabezas: una en la izquierda, y otra en el antiguo partido de la derecha que era el PRI. Allí está en esos dos espacios; en ambos no tiene hegemonía total; hay corrientes modernas, nuevas. No abarca todo el espectro político; no es como el peronismo en Argenti-

La cultura democrática es un jardín que hay que cultivar porque es delicada; las tensiones que generan los aparatos políticos, las instituciones y los dirigentes políticos pueden lastimarla seriamente. Hay que estar prevenidos y hacer que los políticos estén concientes de ello. México: ¿entrega o negociación?

49

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

na, donde al fracaso de las tradiciones liberales y otras que se propusieron contra el peronismo (un populismo de derecha), todo el espectro político, desde la más extrema izquierda hasta la más extrema derecha, es peronista. Los que no lo son han quedado marginados, y allí sí todas las manifestaciones son populistas. Eso es un peligro potencial en México. Pero en México por ahora, a diferencia de Argentina, hay una derecha liberal moderna, y otra no tan moderna (la primera es la del presidente Felipe Calderón, y la conservadora la de Manuel Espino). Esa derecha no participa del juego nacionalista revolucionario. Dentro del PRI hay corrientes tecnocráticas que no son populistas, y dentro de la izquierda hay socialdemócratas. Así que pese a ser muy fuerte, el populismo no es hegemónico ni domina todo el espacio político, por suerte. Pero hay que esperar la evolución de las alternativas de izquierda y derecha que no son populistas. —Me llamó mucho la atención que pusiera la discusión final sobre el liberalismo empalmado con su ensayo Viaje al centro de la derecha. ¿No le parece que a la izquierda, especialmente a la que se reclama socialista, le falta hacer una reivindicación de parte de la tradición liberal? —Sí. Eso ya ha ocurrido: la socialdemocracia (el laborismo en Inglaterra, la de los países nórdicos, en Alemania, en España, en Francia), ha reivindicado la tradición liberal, no solamente la democracia sino también a la tradición referida a la gestión económica de la sociedad capitalista en que estamos viviendo. El problema es que la izquierda en México ahora no solamente tiene que abrirse a la tradición liberal, que es fundamental, sino a la tradición liberal no autoritaria. En México ha habido una encarnación del liberalismo autoritario en la Constitución de 1917 y en los gobiernos revolucionarios que siguieron, y que son parte de un modelo, cuando menos en su estructura jurídica e institucional, de corte liberal. La izquierda tiene que aceptar las tradiciones democráticas liberales; pero también se enfrenta ahora al problema de que si llega al poder, el capitalismo que tiene que gestionar está cambiando, está en proceso de mutación. No es lo mismo el socialdemócrata inspirado 50

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

por Keynes en la posguerra, que el que tiene que enfrentar los procesos que existen hoy en día y que están modificando la estructura de la fuerza de trabajo, que están generando lo que Bauman llama una gran liquidez, es decir, una extraordinaria precariedad del trabajo, una desterritorialización y dispersión de la fuerza de trabajo, y que son un nuevo reto para la izquierda. Hay que administrar esas nuevas situaciones, pero ya no se puede con las recetas de la época de Keynes, así que tiene que abrirse y adaptarse a este nuevo capitalismo globalizado que está en proceso de mutación muy rápida. Aunque vivimos en los márgenes de las zonas de gran desarrollo económico, de todas maneras esas tendencias nos llegan. Un ejemplo es el problema de la seguridad social. En la visión liberal socialdemócrata clásica, lo que se tendría que hacer es impulsar directamente los aparatos estatales de seguridad social. Hoy en día esos sistemas de seguridad social están quebrados, y no están respondiendo a esta fluidez de la población trabajadora. Desde luego que hay que cambiar la situación; no se puede funcionar con sistemas anacrónicos y quebrados. Las recetas que hay son las que se reflejan más o menos en la nueva ley del ISSSTE; encuentran una oposición de una minoría radicalizada que está en una actitud muy rijosa. Pero son reformas necesarias; curiosamente, además del apoyo del PRI y del PAN, también contaron con los votos (pocos pero simbólicamente importantes) del partido de Patricia Mercado. Fue inteligente, porque hay que hacer ese tipo de reformas, no podemos seguir con esos sistemas antiguos. Allí tenemos un momento en el que la izquierda se tiene que abrir al liberalismo; pero cuando éste llega en forma concreta, como en el caso de reformar la seguridad social, dice que no y que todo quede como antes. Desgraciadamente predomina la cerrazón y una actitud muy provocadora. Creo que están tratando de ver si aquí en México sucede algo parecido a lo que ocurrió en Argentina con los piqueteros: generar focos de tensión, de agitación, que, aunque minoritarios, puedan minar la legitimidad del gobierno, y ver qué se puede pescar en el proceso. Eso tuvo cierto éxito en Argentina, desde luego en Bolivia y en Ecuador. Va por allí la cosa. Pero manifiestan esa actitud antimoderna, atrasada, antidemocrática.

La ruta de los jueces LAS REFORMAS QUE MODERNIZARON AL PODER JUDICIAL A PARTIR DE 1994 HAN GENERADO UN DEBATE INTERESANTE EN MEDIOS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES, RESPECTO A SI ES DESEABLE QUE JUECES Y MAGISTRADOS TENGAN UN PAPEL CADA VEZ MÁS ACTIVO EN LA TOMA DE DECISIONES QUE OTRORA ERAN FACULTAD EXCLUSIVA DEL EJECUTIVO Y LEGISLATIVO (COMO LA RECIENTE LEY DE MEDIOS), O BIEN, SI ELLO DEBERÍA EVITARSE EN ARAS DE JUDICIALIZAR EL ESPACIO PÚBLICO. ESTE BREVE E INTERESANTE ENSAYO TOMA UNA POSICIÓN AL RESPECTO. POR MIGUEL CARBONELL*

N

No es infrecuente describir al sistema autoritario que gobernó México durante 70 años como uno especialmente hábil para entablar negociaciones y llegar a acuerdos con los principales actores políticos. El régimen político mexicano no gobernó a sangre y fuego (aunque ambas cosas existieron), como lo hicieron los regímenes genocidas que encabezaron las dictaduras del Cono Sur. El pragmatismo de muchos políticos priistas los llevaba a negociar, a intercambiar prebendas, favores, licencias, dinero, puestos públicos, etcétera, antes que a reprimir. Fue un arreglo que funcionó relativamente bien durante muchos años, sobre todo para quienes estaban dentro del “sistema” y dentro del “partido” (así, en singular en ambos casos). Con el paso del tiempo —sobre todo a partir de los años sesenta del siglo XX— fue surgiendo un enorme pluralismo, tanto político como social. Esto generó que los arreglos tradicionales fueran quedando anquilosados. Las posibilidades de llegar a acuerdos y generar pactos decrecieron al tener un escenario político multicolor, muy distinto del dominio hegemónico de épocas anteriores. En este nuevo escenario, el gran árbitro que por décadas fue el presidente de la República

vio disminuida drásticamente su influencia. La lógica de la oposición política fue tomando forma y la diversidad partidista en las Cámaras del Congreso de la Unión, en los gobiernos de los estados y en las cabeceras municipales hizo que los arreglos provenientes de la presidencia de México dejaran de ser atendibles sin condiciones. Poco a poco fue surgiendo la necesidad de acudir a nuevas vías de diálogo, a renovadas formas de entendimiento, a nuevos árbitros para solucionar las diferencias, las cuales cada vez se hacen más y más públicas (una característica del régimen priista fue precisamente la opacidad en el manejo del aparato estatal). Es en este contexto que el presidente Ernesto Zedillo, con gran visión estratégica, promovió una radical reforma al Poder Judicial Federal en diciembre de 1994. Dicha reforma renovó por completo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), creó el Consejo de la Judicatura Federal y, por lo que ahora interesa, creó los dos instrumentos jurídicos a través de los que en los últimos años se han venido definiendo los problemas jurídico-políticos de México: las controversias constituciona

Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. México: ¿entrega o negociación?

51

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

les y las acciones de inconstitucionalidad. A través de ambos medios de control constitucional, la SCJN ha ido conociendo de un sinnúmero de cuestiones relevantes para la configuración política del Estado mexicano. Desde el aborto hasta los husos horarios, desde la militarización de la seguridad pública hasta los derechos de los pueblos indígenas, la Corte ha tenido que pronunciarse una y otra vez sobre temas de enorme relevancia, asumiendo el papel de árbitro nacional, poseedor de la decisión final en las disputas por el poder político y social dentro del país. Nunca se podrá saber con certeza, pero quisiera aventurar la hipótesis de que la reforma de Zedillo no estuvo inspirada en razones vinculadas con el fortalecimiento de la democracia o con la lógica del Estado de derecho. Fue una especie de recurso extraordinario para seguir manteniendo bajo control priista a los principales actores políticos. Lo que el Partido Revolucionario Institucional no podía hacer por vía político-electoral (pues cada vez era más intenso su declive en las urnas) lo iba a lograr a través de la intervención en la integración y funcionamiento del máximo órgano judicial. La clave del éxito de esta estrategia era conformar una Suprema Corte que fuera obsequiosa con el poder presidencial e hiciera entrar en cintura a los poderes locales que estaban pasando apresuradamente a manos de los partidos de la oposición. Si esto fue lo que efectivamente se buscó, el objetivo fue cumplido sólo a medias. En efecto, la SCJN integrada en febrero de 1995 no fue moderamente activista, pero actuó con mayor independencia respecto de la que habían mostrado integraciones anteriores. Es decir, no hubo sumisión al presidente, pero tampoco desbocamiento del quehacer judicial. La mayor parte de sus sentencias (como sucede todavía hoy en día) fueron de carácter conservador y apegadas a razonamientos jurídicos muy tradicionales (algo anticuados en su mayor parte). Con todo, lo que es innegable es que a partir de 1995 emergió un nuevo actor principal dentro de la escena política de México; los jueces comenzaron a aparecer en las noticias de ocho columnas, sus sentencias fueron revisadas con lupa por los gobiernos federal y locales, algunas tesis jurisprudenciales dieron lugar a acalora52

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

dos debates académicos y en los colegios de abogados, ciertos criterios modificaron la vida interna de los partidos políticos, etcétera. Los ministros saltaron de lleno (para bien o para mal) al escenario y tomaron parte en la disputa por el rumbo de la nación. Es en este contexto en el que algunos analistas advierten sobre el riesgo que conlleva la judicialización del espacio público. Nos avecinamos a una democracia de los jueces, o dirigida por los jueces, dicen ciertos autores. Lejos de eso, creo que al proceso de judicialización de México todavía le falta un buen trecho de camino por recorrer. Y creo que la mayor presencia de los jueces en las discusiones públicas es consecuencia directa de la progresiva implantación del modelo del Estado constitucional de derecho. Ese modelo supone y exige la intervención judicial inexcusable para llevar a cabo el control del poder (del poder público y, en alguna medida, del poder privado). Ese control es la característica fundacional de los modernos Estados de derecho. Lo contrario eran precisamente los regímenes absolutistas. Si los ministros se toman al pie de la letra el ordenamiento jurídico (todo el ordenamiento) tal como hoy en día está vigente en México, el resultado inexorable será una Corte sumamente activista, responsable de un cambio jurídico desde arriba, pero que tendrá enormes (y benéficos) efectos prácticos hacia abajo: hacia el resto de la judicatura, tanto local como federal, hacia el quehacer académico e incluso hacia las tareas que debe desarrollar el poder reformador de la Constitución. El activismo judicial no solamente es posible, sino que también es deseable si estamos dispuestos a defender el modelo de la democracia constitucional que hoy en día ya está formalmente vigente en México Si queremos que en México sea la Constitución la que ordene y guíe la convivencia civil y política, tendremos que aprender a convivir con una judicatura activa y omnipresente. Lo que debemos hacer a partir de esa premisa es vigilar intensamente lo que hacen nuestros jueces, para balancear sus enormes poderes con la crítica social, política y jurídica que es tan necesaria en todo Estado democrático. Pero lo que queda claro es que en alguna medida la ruta de la democracia mexicana pasa muy cerca de la mesa de nuestros jueces. Y eso creo que es una buena noticia para todos.

La crisis social de un modelo económico TRAS UN CUARTO DE SIGLO DE IMPLANTACIÓN DEL ACTUAL MODELO ECONÓMICO EN MÉXICO, LOS RESULTADOS SON INCIERTOS. LAS NUMEROSAS INCONGRUENCIAS, LA CARENCIA DE POLÍTICAS ADECUADAS PARA PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD, LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, EL FRACASO DE LAS PRIVATIZACIONES, HAN DADO COMO RESULTADO UN PANORAMA SOCIAL DESASTRADO QUE TIENE SEVERAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS. POR JOSÉ LUIS DE LA CRUZ GALLEGOS*

E

El México del 2006 arrojó un mapa electoral que es resultado de un proceso social inmerso en una profunda ruptura económica y cultural. Más allá de los vericuetos acerca del conteo de los votos, el reflejo que el 2 de julio de 2006 transmitió es el de una serie de pendientes históricos que se han acumulado en la piel de la sociedad mexicana. El 2006 presentó a un país con marcadas heridas sociales, que trastocan los derechos humanos, prerrogativas que teóricamente deberían estar garantizadas por las leyes e instituciones nacionales, entes que en el 2007 están siendo severamente cuestionados por la realidad económica, política y de seguridad nacional. La posibilidad de comparar a estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla, por mencionar algunos, con países estructuralmente denostados por el flagelo de la pobreza, como Haití, presenta la prueba fehaciente de que en las últimas décadas los sucesivos gobiernos y su clase política han fracasado en la atención eficiente y oportuna de las necesidades de los mexicanos marginados. No obstante los hechos, en el 2006 todo esto se nubló por las campañas propagandísticas negras, llenas de imágenes y escasas de contenidos, lejanas de soluciones reales pero cercanas a la generación de miedos y odios.

La intervención de cúpulas empresariales, del propio presidente de la República, de campañas similares, otras campañas, las profundas divisiones internas, el alejamiento de viejos liderazgos desplazados, izquierdas meramente electorales, incorporaciones oportunistas, corrupciones que tocaron círculos íntimos, así como errores de los principales contendientes, terminaron por descomponer la coyuntura social de México. Sin embargo, ¿es esto suficiente para dividir de manera tan evidente al país? La segmentación de votos observada (que no excluye otras posibilidades sociales y políticas), permite introducir un elemento de análisis económico, componente que es pertinente para resaltar las interrelaciones que se han cimentado y profundizado en la sociedad mexicana, algunas de las cuales explican las severas contradicciones que se han gestado en la evolución del país, procesos fuertemente exacerbados durante la campaña electoral del 2006. En este punto es imprescindible citar que los lazos productivos, comerciales y de inversión que la fabricación de manufacturas ha permitido establecer entre México y Estados Unidos no * Profesor del ITESM-Estado de México. México: ¿entrega o negociación?

53

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

tienen candados de fidelidad, y muestra de ello es la historia del nuevo milenio: entre 2001 y 2003 una parte sustancial de empresas trasnacionales se mudó hacia China, provocando que nuestro país fuese desplazado a un tercer lugar como proveedor del mercado norteamericano, afectando con ello la evolución del empleo y la inversión en México, situación que plantea un nuevo desafío para la nación: ante la marcada dependencia que se tiene del ciclo económico norteamericano y de los flujos financieros que del mismo provienen, y ante la fuerte irrupción de competidores internacionales que debilitan la posición de México en el mercado de Estados Unidos, ¿cómo enfrentará el país las contradicciones económicas y sociales generadas por un modelo económico que no corresponde a la realidad social de la nación?, ¿qué camino se seguirá para asegurar la estabilidad y viabilidad del Estado mexicano?

UNA VISIÓN CRÍTICA DEL ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL

D

e manera rutinaria, los políticos, economistas e intelectuales vinculados con la actual élite político-económica aseveran que mediante la implementación de una serie de nuevas reformas estructurales se abrirá la posibilidad de obtener un mayor crecimiento y desarrollo económico. No obstante, en la revisión de la evolución del México contemporáneo debe puntualizarse que la principal contribución a la precaria situación económica y social que se vive ya no sólo puede atribuirse a los tiempos en que el Estado actuaba de manera irresponsable tanto en el manejo del gasto público como en el desafortunado endeudamiento externo que el mismo implicó. En estos momentos debe precisarse que la responsabilidad de la situación económica también es atribuible a la aplicación de un modelo económico de libre mercado depredador, en donde más que la transformación social y democrática del país, en el espíritu de la constitución (véase el artículo tercero constitucional), se ha priorizado la búsqueda por dotar de una nueva funcionalidad a los esquemas de poder político y económico prevalecientes. En todo lo anterior, algo realmente paradójico se encuentra en el hecho de 54

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

que desde el poder público se promovieron una serie de cambios estructurales supuestamente enfocados a favorecer una mayor competencia nacional e internacional, pero en donde no se atendieron adecuadamente los requerimientos productivos y de infraestructura que tenía un sector privado gestado bajo una economía cerrada, de baja innovación tecnológica y administrativa, con grandes empresas cobijadas por un poder monopólico u oligopólico, factor económico que no les potenciaba para competir favorablemente con empresas internacionales altamente productivas y eficientes. Sin duda alguna, conlleva un par de factores que parecen no haber sido dimensionados por los pioneros de la globalización del sistema económico-financiero mexicano, y que se refieren tanto a la competitividad como a la productividad. Lo anterior señala una contradicción esencial: ¿es posible concebir que el país tenga los cimientos adecuados para impulsar su economía bajo un modelo de libre mercado sin contar con la suficiente competitividad y productividad? Y aún más inte-

L A C RI S I S S O C I AL D E U N MO D E LO E C O NÓMI C O

DOSSIER

En estos momentos debe precisarse que la responsabilidad de la situación económica también es atribuible a la aplicación de un modelo económico de libre mercado depredador, en donde más que la transformación social y democrática del país se ha priorizado la búsqueda por dotar de una nueva funcionalidad a los esquemas de poder político y económico prevalecientes. resante, si el modelo económico mexicano no es capaz de competir, ¿cómo logrará alcanzar el objetivo superior de aumentar el bienestar social de la población? A fin de evaluar el impacto social de la inconsistencia anterior, es necesario citar algunas interrelaciones económicas importantes que durante los últimos años se han conformado en el país, precisamente

porque permiten delimitar las incongruencias propias del modelo, y con ello observar la imposibilidad de que con las políticas derivadas del mismo se pueda alcanzar un objetivo de igualdad social. Primeramente, son evidentes los alcances de la política económica aplicada desde la década de los ochenta: una apertura comercial orientada al sector manufacturero, especialmente hacia la maquila, en donde a pesar de todos los tratados y acuerdos comerciales, Estados Unidos continúa siendo el principal mercado para las exportaciones nacionales, sumando aproximadamente un 85 por ciento de las exportaciones totales mexicanas. Una desregulación financiera que ha buscado privilegiar los flujos de inversión privada extranjera. Una extensa privatización de los sectores productivos y financieros. La obtención de un “equilibrio” fiscal en base a la disminución del gasto social y productivo, que como consecuencia natural tiene una cuestionable estabilidad macroeconómica e inflacionaria. Sin embargo, al cumplirse 25 años de haberse iniciado este cambio estructural es deber preguntarse: ¿el nivel de vida de los mexicanos se ha constituido en uno que permita garantizar la estabilidad social del país? En el terreno económico debe establecerse el cuestionamiento en un sentido más amplio e interrogar si las múltiples reformas estructurales aplicadas desde la década de los años ochenta han encaminado al país hacia una nueva generación de progreso y desarrollo, especialmente para el caso del mexicano históricamente marginado. En este sentido, gran parte de la problemática actual se debe a que la relación industrial con Estados Unidos no se ha trasladado hacia la economía no exportadora, la cual permanece al margen de los flujos de inversión extranjera directa (IED) que llegan al país, recursos que México: ¿entrega o negociación?

55

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

fundamentalmente se encuentran enfocados hacia el sector manufacturero y, coyunturalmente, al financiero. Así pues, por ejemplo, entre 1994 y 2006 más del 73 por ciento de la IED se ha concentrado en manufacturas y servicios financieros. De igual manera, la inversión en maquinaria y equipo se ha concentrado en la actividad industrial de exportación, sin generar los encadenamientos productivos y las economías de escala que se pregonaban como objetivo antes de la apertura comercial. En este proceso, la maquinaria y equipo de origen nacional ha sido desplazada, provocando que durante los últimos años su participación en el aparato productivo nacional se haya contraído de manera significativa: la inversión en maquinaria y equipo total creció casi 107 por ciento entre 1993 y 2006, mientras que en el mismo período la parte nacional solamente lo hizo en un 25 por ciento. Paradójicamente, este argumento implica que el mercado interno, de más de 100 millones de personas, es insuficiente para preservar una significativa tendencia positiva de crecimiento que a su vez sea relativamente independiente de la economía norteamericana, situación que constituye un grave problema estructural. De forma particular, dicho aspecto refleja y resalta la limitada capacidad de compra que tiene la población, situación que en el largo plazo está restringiendo la gestión empresarial nacional, sector económico que adicionalmente se encuentra expuesto al desafío competitivo de otros países manufactureros, principalmente de China. Después de la recesión norteamericana de 2001, es indudable que el país más privilegiado en dicho mercado ha sido China.1 A partir de lo anterior, puede afirmarse que la dependencia industrial mexicana no necesariamente se tradujo en un encadenamiento generador de productividad y competitividad,2 y mucho menos en una fuente de innovación tecnológica y desarrollo para toda la economía, mecanismos

que hoy son necesarios para enfrentar a las economías que tienen importantes ventajas comparativas en costos laborales bajos, en planeación económica o de capital humano, como lo son China, Brasil, India y Rusia. El argumento citado representa una de las mayores contradicciones que pueden encontrarse en el modelo económico del país, esencialmente porque el laissez faire, laissez passer tiene como principal paradigma a la competencia y, por tanto, los esfuerzos para implementar debidamente las reformas estructurales debieron prodigarse en esta dirección. En contra de esta idea, se aprecia el continuo incremento que la demanda del sector productivo nacional tiene por bienes intermedios foráneos. Según el Fondo Monetario Internacional, para 2004 las compras de bienes intermedios extranjeros superaron los 149 mil millones de dólares, en 2005 se elevaron a más de 160 mil millones y para 2006 la cifra superó los 188 mil millones de dólares. Es obvio que todo esto limita la producción e innovación nacional, y que su solución reclama un decidido apoyo a la creación de mecanismos públicos y privados que procuren mejoras en productividad, competitividad y encadenamientos de la industria mexicana. Sin embargo, y a contracorriente con esta necesidad, en la década de los ochenta se manifestó una fuerte disminución de la inversión pública y privada que, en el caso de la primera, se prolongó hasta la década de los noventa y principios del nuevo siglo.3 El resultado de todo ello ha sido un gradual y silencioso desmoronamiento de la infraestructura física y humana que se necesita tanto para la producción, como para el transporte de insumos, bienes y mercancías. Debe citarse que en los últimos años ello ha implicado un fracasó preocupante: la generación y supervivencia de empresas ha sido marginal.4 En términos macroeconómicos los logros son modestos: desde 1982 se han tenido 5 años con crecimiento negativo, así como 5

China cuenta con una fuerza laboral de más de 700 millones de personas, tasas de crecimiento superiores al 9 por ciento en los últimos 25 años, una IED que en 2006 superó los 63 mil millones de dólares y un sector de las manufacturas que ocupa a cerca de 80 millones de personas. 2 De acuerdo al Foro Económico Mundial, México ocupa la posición 58 en términos de competitividad, mientras que por tamaño del Producto Interno Bruto (PIB) el Fondo Monetario Internacional lo coloca en la posición 14. De lo anterior podríamos inferir que México es un país grande pero no eficiente. 3 Entre 1980 y 1989 la inversión pública disminuyó casi un 50 por ciento en términos reales, mientras que para el período comprendido entre 1989 y 1999 la contracción fue de 1.5 por ciento. 4 Las empresas exportadoras pasaron de 20 a 40 mil entre 1993 y el año 2000. Sin embargo, en 2005 el número se redujo a 37 mil 500, situación que indica la pérdida de dinamismo en el mecanismo exportador. 1

56

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

L A C RI S I S S OC I AL D E U N MO D E LO ECO NÓ MI CO

ubicados entre 0 y 2 por ciento, situación que por sí misma simboliza el magro alcance de los “frutos” de aquellos agentes encargados de la economía nacional, algo que puede resumirse en el hecho de que entre 1982 y 2006 la economía únicamente ha crecido un 2.5 por ciento en promedio anual. El argumento representa un punto apremiante, principalmente porque muestra que la mayoría de las actividades productivas se desempeñan con un diseño urbano desordenado, reactivo y que en lo fundamental debe su origen y existencia al pensamiento y lógica del México generado hace más de treinta años por el “desarrollo estabilizador”, algo poco congruente con la filosofía competitiva del libre mercado, línea de pensamiento que se encuentra ávida de dinamismo, infraestructura e innovación tecnológica privada. De manera adicional, el ejercicio del gasto de gobierno sirve para citar otra importante contradicción. Primero, a manera de ejemplo, puede aludirse que en 2005 ingresaron de forma excedente a lo presupuestado más de 100 mil millones de pesos, de los cuales únicamente se ejerció un 6.5 por ciento en inversión física, es decir en construcción o en maquinaria y equipo.5 Pero, si ya se habían cumplido las metas presupuestarias, ¿por qué el gobierno decidió erogar la mayor proporción en un gasto corriente que no genera crecimiento? Si el discurso oficial es de mejorar la infraestructura del país, ¿por qué el ejercicio del presupuesto no se es consistente con ello? Bajo la misma premisa, también es claro que la inversión privada no ha sido suficiente para sustituir los beneficios de un gasto de gobierno orientado a la generación del capital físico y humano necesario para enfrentar la nueva agenda global. Además, la falta de estrategias adecuadas emanadas desde las esferas del poder político, aun con gobiernos de sesgo empresarial, han causado serios problemas a la economía nacional. Como muestra de lo anterior, puede pensarse en la idea fallida de generar crecimiento y empleo mediante el concepto conocido como “changarros”. Con estas “nano” empresas, la administración de Vicente Fox, entre 2001 y 2006 pretendió resarcir la 5

DOSSIER

carencia de empleo formal, bien remunerado, de las décadas anteriores.6 Un ambicioso e irreal objetivo adicional, era que por medio de éstas empresas se buscaba obtener los incrementos de productividad, competitividad e innovación tecnológica necesarios para competir a nivel mundial. Esta situación claramente contrasta con la exitosa estrategia de países como Corea del Sur, India, China o Singapur, naciones de una creciente influencia tecnológica, manufacturera y financiera, logros esencialmente alcanzados mediante crecientes inversiones públicas y privadas en ciencias puras y aplicadas. En cuanto a las privatizaciones debe citarse que varias no alcanzaron el éxito esperado, siendo los casos carretero, azucarero y bancario los más representativos. En el último tema, los efectos continúan siendo perniciosos para la economía nacional y la razón es sencilla de entender: el esquema derivado del rescate bancario reclama una creciente oleada de recursos financieros que rápidamente han superado a los flujos orientados al beneficio social y a la creación de obra pública. En este aspecto es realmente paradójico que los sucesivos gobiernos y sus principales actores políticos realicen una apología y defensa a ultranza de la conveniencia de sostener el esquema y proceso del rescate bancario, mientras que se muestran altamente sensibles a los supuestos efectos negativos que en las finanzas públicas puede tener un potencial aumento del presupuesto destinado a rubros sociales prioritarios como la educación o la salud.7 En aras de lograr un cabal entendimiento de la precaria situación de las finanzas públicas, se reconoce que a la suma de estos nuevos pasivos, fruto de los tiempos de reformas estructurales, debe agregarse la deuda externa generada como saldo de las políticas y desequilibrios incubados en la década de los años setenta. La conjunción de ambos hechos da como resultado un entorno de pesado endeudamiento público, en donde la voluntad política de privilegiar el pago a los acreedores ha comprometido el presupuesto y la orientación de la política económica, presionando para generar mecanismos de gasto que por sí

El problema continúa en el 2007, ya que de acuerdo al informe de las finanzas públicas correspondiente al primer trimestre de este año se puede observar una contracción en el gasto programable destinado a la acumulación de capital, algo contrario a las necesidades de infraestructura de México. 6 Desde diciembre de 2000 y hasta noviembre de 2006 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) únicamente registró 211 mil trabajadores más en promedio anual. 7 Hasta marzo de 2007 los requerimientos financieros destinados al IPAB y los PIDIREGAS reclaman más de un billón 260 mil millones de pesos. México: ¿entrega o negociación?

57

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

solos también han comenzado a ser fuente de nuevas presiones presupuestarias. Un ejemplo representativo son los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS), esquema que tiene su origen en el concepto de generar inversión en Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el sistema carretero, todo ello mediante una arquitectura que en esencia es financiamiento privado. En principio, los proyectos enmarcados bajo los PIDIREGAS deberían ser autofinanciables, no obstante, en los últimos años se han tenido que erogar cerca de 40 mil millones de pesos anuales en pago de amortizaciones por este concepto, gastos que no permiten detener el incremento del endeudamiento total,8 algo totalmente contradictorio y no previsto en la concepción original de los PIDIREGAS. Adicionalmente, en el caso del FOBAPROAIPAB, como en la mayoría de todos los rescates, nuevamente debe repararse en la inconsistencia existente entre el discurso y la idea filosófica del libre mercado: por una parte, la libre competencia anuncia la desaparición de las empresas financieramente no rentables, acotando al mismo tiempo la intervención del Estado en la economía. No obstante, y de manera discrecional, en el pasado reciente se rescató a un sistema bancario privatizado poco antes. Ya saneados, los bancos fueron vendidos a instituciones financieras internacionales, dejando importantes ganancias para algunos propietarios privados y una terrible carga fiscal para la nación. Lamentablemente, dicha situación no se ha generalizado hacia otros sectores productivos que atraviesan una grave crisis, como el textil, o a los propios programas sociales, educativos y de salud pública del gobierno federal. Llegado éste punto debe señalarse un problema básico en las políticas públicas nacionales, y es el que se refiere a la ausencia de una evaluación de su impacto, es decir, ¿cuál ha sido el efecto sobre el crecimiento de México, el bienestar económico de la población, la productividad, la competitividad, etcétera, de todas estas estrategias? La necesidad de implementar una política integral, que tenga al bienestar social de la población como su prioridad (y no a los mecanismos económicos de estabilización macroeconómica 8

58

y control de la inflación), es fundamental, algo que se hace más patente en la coyuntura nacional contemporánea. Como ejemplo basta revisar la evolución de los precios entre 2001 y 2003, cuando el ciclo económico se encontró por abajo del potencial y existió un aumento en el desempleo. A pesar de ello, el Banco de México mantuvo la restricción monetaria, mientras que el Gobierno Federal permitía que los precios de la electricidad aumentasen muy por encima del promedio de la inflación. Por ejemplo, entre febrero de 2002 y enero de 2003 los precios de la electricidad se incrementaron más de 30 por ciento. La explicación de este hecho contradictorio puede atribuirse a que desde el banco central se continuaba una política de férreo control inflacionario, aún a costa del crecimiento económico, mientras que para el Gobierno Federal se hacía importante buscar incrementar los ingresos fiscales, los cuales habían disminuido significativamente debido al estancamiento económico vivido en aquellos años. Por tanto, debe puntualizarse que precisamente en este ciclo recesivo, con una extraordinaria caída en el empleo generado, la política económica restringió aún más la actividad productiva, hecho que se tradujo en una prolongación de los factores que afectan negativamente al bienestar social del país.

LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DEL FRACASO ECONÓMICO

F

undamentado en lo anterior, es clara la razón de por qué no puede contrastarse la situación social que guarda el país sin entrar en controversias. Como ejemplo puede citarse la información publicada sobre la disminución de la pobreza en 2004. De acuerdo con estas cifras, en ese año se reportó una considerable reducción en los índices de pobreza, algo que curiosamente se suscitó dentro de un período de bajo crecimiento económico, un aumento sustancial en las tasas de desempleo, políticas fiscales y monetarias restrictivas, así como un gasto social relativamente menor al que se ejerce en otros países de la región latinoamericana. Este supuesto logro es significativo, ya que ante la falla del mercado para generar empleo, la escasa recuperación salarial

Véanse los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que desde 1997 existen, y que para 2007 permiten establecer que los PIDIREGAS ya representan cerca del 6 por ciento como proporción del PIB.

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

L A CRI S I S S O CI AL D E U N MO D E LO E C ONÓMI C O

y la poca eficiencia de lo que se mantiene del gasto social federal, sus alcances son, al menos oficialmente, impresionantes. O por otro lado, y quizá más cierto, poco apegados a la realidad. En sustento de lo anterior debe citarse que la mayor parte de la recuperación en el empleo asociado al sector privado se ha dado en la parte eventual, y que la afectación a las plazas laborales permanentes se ha significado en una pérdida en la seguridad de los trabajadores. Si a lo previo se le adjunta el hecho de que durante el mismo período el gobierno federal ha implementado una política enfocada a la reducción sistemática y significativa del sector público, es decir, que el empleo asociado al servicio público federal ha disminuido de manera gradual, ¿cómo el mecanismo del empleo, público o privado, puede entenderse como una de las formas en las que la pobreza se ha reducido?, y si el gasto social tampoco es progresivo, ¿por qué ha disminuido este flagelo llamado pobreza? La respuesta tampoco puede encontrarse en una mejor distribución del ingreso; las cifras de la encuesta ingreso-gasto no permiten inferir dicha alternativa. En la lucha contra la pobreza parece que las remesas internacionales comienzan a tener un peso específico mayor, aunque el problema es que la migración tiene su origen en la incapacidad de la economía para generar empleos bien remunerados, factor que habla mal del modelo económico de México, pero que indica algo importante: la falta de atención al problema de la pobreza se vincula con los conflictos sociales, políticos y de seguridad nacional que afectan al país, situación que es el verdadero desafío para las instituciones. Una conclusión derivada del breve análisis presentado se refiere a que no es de sorprender la falta de estabilidad social, política y económica actual de México: el voto electoral no necesariamente ha garantizado el avance en la calidad de vida de la población marginada. En este sentido, la certidumbre que la democracia electoral debería generar para impulsar

DOSSIER

el desarrollo de México se diluye de manera silenciosa pero progresiva. Hoy se vive con un modesto crecimiento económico (el reporte del PIB para el primer trimestre de 2007 fue de un incremento de 2.6 por ciento), donde las crisis y estancamientos financieros no han sido erradicados del panorama nacional, y donde no existe una correspondencia entre los votos y el desarrollo económico y social. Debe aclararse que si bien no puede adjudicarse enteramente este problema a la cuestión electoral, sí puede reconocerse que el aumento de la pluralidad política de los gobiernos federales, estatales y municipales no ha llegado a transformarse en una mejor distribución del ingreso, o en un aumento significativo en los niveles de empleo o salario de los mexicanos. En el México posterior al 2006, al enorme problema estructural de la falta de mejoras sustanciales en la calidad de vida de la gente más pobre debe agregarse que el histórico rezago no únicamente fue incorrectamente encauzado por las instituciones y mecanismos electorales: a la falta de la vinculación citada, ahora puede agregarse la existencia de un severo retroceso y cuestionamiento en el avance electoral observado antes del último proceso presidencial mexicano, situación que hoy limita las alternativas de una transición tersa. La razón de lo anterior radica en la polarización que las elecciones han generado, factor que viene tejiendo una simbiosis con los problemas económicos y sociales que el país ha acumulado. Dicho de otro modo, el proceso electoral ha pasado de ser una válvula de escape (de una esperanza para la gente que busca elevar el crecimiento y desarrollo nacional mediante las instituciones creadas en el devenir histórico de México), a una dificultad más por solucionar en una coyuntura donde la viabilidad del Estado mexicano se ve amenazada por la pobreza, el narcotráfico, la prostitución, la corrupción, la seguridad nacional y todos aquellos pendientes sociales que los últimos gobiernos han sido incapaces de resolver. México: ¿entrega o negociación?

59

Desigualdad y crecimiento monopólico en México MUCHAS FUERON LAS ILUSIONES QUE SE HICIERON EN NUESTRO PAÍS AL AMPARO DE LAS PROMESAS DE UNA ECONOMÍA DE MERCADO Y DE LA ALTERNANCIA EN EL PODER, QUE TRAERÍAN MEJORES CONDICIONES DE VIDA A TODOS LOS MEXICANOS. SIN EMBARGO, EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS SE HA VISTO IMPEDIDO POR NUMEROSOS FACTORES, ENTRE LOS QUE EL AUTOR DESTACA UNO: LA EXISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DE LOS MONOPOLIOS. POR ORLANDO DELGADO SELLEY*

D

Del mismo modo que la prosperidad prometida por los promotores de las reformas orientadas al mercado nunca llegó, el bienestar social que traería la alternancia política tampoco apareció. Al mediocre desempeño de la economía mexicana en el cuarto de siglo pasado, se suma la decepción con una democracia que fue incapaz de procesar adecuadamente el primer cambio presidencial posterior al inicio de la alternancia política y que no ha podido generar cambios legislativos que resuelvan los impedimentos al desarrollo económico. De modo que tanto en la economía como en la política, los cambios no han producido un mejor funcionamiento nacional sino que, en aspectos centrales, los obstáculos al desarrollo se han fortalecido. El mediocre funcionamiento económico no ha sido, por supuesto, privativo de México. El mundo en desarrollo no ha podido alcanzar los estándares económicos esperados, conduciendo a los organismos financieros internacionales a buscar explicar ese mal desempeño. En 2005, el Banco Mundial (BM) dedicó el Informe sobre el Desarrollo Mundial a examinar la relación entre equidad y desarrollo, en una perspectiva que abarcó a todos los países. Recientemente

60

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

entregó documentos analíticos sobre esa misma relación para América Latina y para México (World Bank, 2005; Ferranti, Perry, Ferreira y Walton, 2007; Guerrero, López-Calva y Walton, 2006). En ellos se concibe una relación de causalidad entre equidad y desarrollo o entre inequidad y bajo crecimiento. En el presente artículo, se pretende documentar la relación entre los grupos monopólicos que operan en México con el crecimiento económico y con el funcionamiento político.

D

UNO

esde hace tiempo, el BM ha insistido en que una de las razones por las que no se han logrado las metas económicas ofrecidas por los promotores de las reformas de mercado es la concentración del ingreso y del poder. Esta insistencia pudiera resultar extraña para algunos, ya que la enorme desigualdad está relacionada con las políticas que el propio BM ha venido preconizando. Sin embargo, si se piensa en América Latina la preocupación es

*Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

D E S IGUAL DAD Y C R E CI MI E NTO MO NOPÓ LI C O

explicable. En la región las izquierdas gobiernan Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, y su gestión parece más exitosa que la de sus vecinos. México pudiera convertirse en un valladar invaluable en la defensa del modelo neoliberal si y sólo si, su economía funciona de manera adecuada, mejorando sensiblemente el nivel de vida de la población. El asunto es estratégico para el BM. Pero para que el gobierno mexicano instrumente sus recomendaciones hace falta que, primero, se convenza de su pertinencia, luego decida hacerlo y, en seguida, sea capaz de llevar a cabo una serie de acciones que combatan la desigualdad. Se trataría de construir un programa político de lucha contra la desigualdad. Esto, sin embargo, no resulta apremiante para el gobierno de Calderón. Para éste, el terrible desnivel de los campos de juego económico y político no es inadecuado. Al contrario, todo indica que entre sus prioridades está conseguir mayores desniveles. Con el concepto de “nivelar el campo de juego”, el BM ha enfatizado que se requieren instituciones y políticas públicas que se propongan

DOSSIER

explícitamente combatir la desigualdad en los diferentes niveles, con el objetivo de conseguir prosperidad en el largo plazo. Se reconoce una relación estrecha entre equidad y prosperidad, la que no se ha dado debido, primero, a la existencia de numerosas fallas de mercado en los países en desarrollo, lo que ha implicado que los recursos disponibles para la inversión no se hayan dirigido a los lugares de mayor rendimiento. Segundo, la desigualdad económica y política provoca que las instituciones económicas y sociales favorezcan sistemáticamente los intereses de los influyentes. Esto implica mayor ineficiencia y pérdida de oportunidades para la innovación y la inversión rentable. Se trata de “la trampa de la desigualdad”, ya que la inequidad en las oportunidades y en el poder político se reproduce ampliadamente en el tiempo. Es relevante que esto se reconozca, pero lo es más que se acepte su hostilidad frente al desarrollo y la reducción de la pobreza. La conclusión es que la acción de los gobiernos es fundamental, necesaria y legítima para ensanchar las oportunidades de quienes enfrentan mayores limitaciones. Sin embargo, el propósito de nivelar los campos de juego no México: ¿entrega o negociación?

61

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

resuelve la igualdad en los resultados, incluso tadas al mercado, la situación ha empeorado. con oportunidades verdaderamente equitativas En cambio, en los años de la industrialización los resultados serán inequitativos. La preocupaliderada por el Estado hubo una clara tendencia ción por igualar las oportunidades implica que a la reducción de la inequidad en la región. la acción pública se concentre en la distribución El asunto demanda acciones trascendentes, de los activos, en las oportunidades económicas ya que se ha demostrado que los Estados latiy en tener voz en materia política, más que en noamericanos son estructuralmente “débiles” corregir la desigualdad en los ingresos. Se trata en su capacidad para gobernar. Esta debilidad de pasar de la trampa de la desigualdad a un se muestra en un mal trabajo en la provisión de círculo virtuoso entre equidad y crecimiento. bienes públicos, como la estabilidad macroecoHace falta, en consecuencia, reconsiderar el nómica, el respeto a los derechos de propiedad papel del Estado en el funcionamiento econóy de ciudadanía, en la entrega de servicios mico y político, reconociendo la necesidad de básicos como educación, salud, agua, sanidad, una intervención pública que nivele los campos carreteras, electricidad y protección social. Estas de juego. Esto propone una política pública fallas en el desempeño estatal resultan, además, que expresamente combata las numerosas faregresivas afectando a los pobres desproporciollas de mercado que nadamente, lo que regeneran inequidad sulta pernicioso para Hace falta, en consecuencia, e inhiben el desael desarrollo. rrollo y el combate El asunto es aprereconsiderar el papel del Estado en a la pobreza. En la miante, ya que la lleel funcionamiento económico y literatura económigada de la democracia ca contemporánea político, reconociendo la necesidad representativa a la rese reconoce la obligión, luego de años de de una intervención pública que gación de los gobierdictaduras militares y nivele los campos de juego. nos de corregir las civiles, no ha significafallas de mercado, do mejoras tangibles ya que se mejora la eficiencia macroeconómipara la mayor parte de la población. La inequidad ca. En el caso de la desigualdad se trata no de está basada en el predominio de los intereses de la falla de un mercado particular, sino de nulas élites en el diseño mismo de las políticas públimerosas fallas en diversos mercados. Estamos cas y no solamente en el tipo de régimen político. frente a una falla del sistema que exige acciones En la región la desigualdad social y la desigualintegrales. dad en las estructuras políticas se combinan con En América Latina el tema cobra especial un Estado débil y regresivo. relevancia, ya que desde que existe información Es posible plantearse tres áreas donde la estadística sobre los niveles de vida, la región acción pública puede concentrarse: en la distriha sido de las que tienen mayor desigualdad bución de los activos relacionados directamente y ello parece estar entre las razones que han con el abastecimiento de servicios públicos, provocado las recientes victorias electorales de como educación, derechos de propiedad, tierra las izquierdas latinoamericanas. En los países y vivienda y en la provisión de infraestructulatinoamericanos, el 10 por ciento más rico se ra, en el funcionamiento de las instituciones apropia entre el 40 y 47 por ciento del ingreso económicas, particularmente en los mercados total, en tanto que el 20 por ciento más pobre de trabajo y en la manera como se enfrentan sólo percibe entre el 2 y el 4 por ciento de ese los choques macroeconómicos, en la redistriingreso. bución de ingresos derivados de impuestos y En Argentina, Brasil y México, el 70 por transferencias. A partir de ello pueden estaciento de la población recibe, en el mejor de blecerse programas, cuyo cumplimiento tenga los casos, el 9 por ciento del ingreso total, en que ver con la capacidad gubernamental para tanto que el 10 por ciento más rico se apropia definirlos e instrumentarlos y con una correladel 39 por ciento en Argentina, el 47 en Brasil ción de fuerzas políticas dispuesta a pagar los y el 38 en México. La información, además, costos de las acciones contra los grupos que prueba que en los años de las reformas oriendetentan los poderes fácticos. 62

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

D E S IGUAL DAD Y C R E CI MI E NTO MONO PÓ LI C O

E

DOS

l crecimiento económico mexicano en los años de implantación y predominio de las reformas de mercado ha sido decepcionante. En los años del desarrollo estabilizador y del crecimiento petrolero (1958-82) la tasa anual promedio con la que creció la economía mexicana fue de 6.5 por ciento, el producto per cápita lo hizo en 3.2 por ciento; en cambio, en los años de implantación y luego funcionamiento de las reformas de mercado (1983-2006), el Producto Interno Bruto (PIB) creció anualmente 2.4 por ciento y el per cápita aumentó 0.8 por ciento anual. El contraste es claro: en los últimos 24 años crecimos sólo el 37 por ciento de lo que logramos los 24 años anteriores; el producto por habitante, por su parte, sólo aumentó la cuarta parte de lo que lo hizo en 1958-82. La imagen no cambia mucho si eliminamos de la comparación lo sucedido en la década de los ochenta: en los años 196180 el PIB se incrementó 6.6 por ciento, en tanto que en 1991-2006 lo hizo en 2.8 por ciento, el per cápita aumentó en el primer período 3.7 y en el segundo 1.5 por ciento anual.1 El comportamiento de la inversión puede explicar este resultado. Con el retiro estatal de las actividades productivas se pretendía que el sector privado cubriera los espacios económicos “liberados”. Importa, por ello, conocer a nivel macroeconómico la evolución y la composición de la inversión para constatar si el retiro estatal fue cubierto por el sector privado. En los años de fuerte presencia estatal (1971-80) la inversión total como porcentaje del producto fue en promedio de 20.4 por ciento, la inversión pública fue de 7.05 por ciento del PIB y la privada de 13.35. En los años 1991-2006, el dato de la inversión total como porcentaje del PIB fue 17 por ciento, tres puntos del producto menos que en los años “estatales”; la inversión pública cayó a 3.45 puntos del producto, la mitad de lo que representó en los años 197180, mientras que la privada fue de 13.52 por ciento del PIB, prácticamente lo mismo que en el período anterior.2 Esta información refuta los argumentos macroeconómicos utilizados para el desmantelamiento de la presencia económica del Estado. Según se planteó, esas razones eran: la existencia de una sobredemanda estatal en el mercado de crédito dificultaba al sector privado

DOSSIER

el acceso a financiamiento; la necesidad de destinar proporciones cada vez mayores del gasto público a la atención de problemas sociales; la existencia de un sector privado con enormes excedentes financieros en el exterior y dispuesto a invertir en México. Lo que se constata es que la disminución de los recursos estatales destinados a inversión significó una reducción neta de la inversión total. Consecuentemente, la dinámica económica resintió la disminución de la inversión. La inversión pública contribuye a la elevación de la productividad general de la economía, de modo que su contracción provocó efectos no deseados, a los que se sumaron los derivados de una modificación en el destino y en los montos de la inversión privada. El comportamiento de la inversión privada se explica por la rentabilidad esperada. En ella importaron los efectos de la apertura económica, ya que sectores completos fueron desplazados por las importaciones. Al mismo tiempo, ciertos grupos empresariales aprovecharon las nuevas condiciones de la economía para fortalecer su dominio del mercado, reduciendo la competencia y convirtiéndose en verdaderos monopolios que capturaron el crecimiento, afectando la competitividad general de la economía. Junto a estas condiciones de operación de los grupos empresariales, la política económica instrumentada por los tres gobiernos últimos destinó cuantiosos recursos al rescate de inversiones privadas fracasadas. Los rescates carreteros, bancarios y azucareros, implicaron afectaciones mayores a las finanzas públicas. Los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS), en tanto programas de inversión, diferido el registro en el gasto público, han significado costos que, aunque no aparecen en los resultados financieros del sector público, demandan importantes recursos presupuestales anuales. A ello se agrega la decisión de cambiar deuda pública externa por interna, sin importar los diferenciales de tasas de interés

La información para el período 1959- 2001 proviene de Madison (2003); para los años 2002-2006, la fuente es Banco de México (2004a; 2007). 2 La información para los años 1970-1980 está tomada de Nacional Financiera (1986); para los años 1980-2001 la fuente es MorenoBrid y Ros (2004); para los años 2002-2006, véase Banco de México (2002, 2003, 2004b, 2005 y 2006). 1

México: ¿entrega o negociación?

63

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

involucrado. También resalta que, pese a haber instrumentado un costoso programa de retiro voluntario, el gasto corriente creció por los generosos incrementos a las percepciones de los altos funcionarios públicos. Esto explica que, además, el país haya desperdiciado el reciente auge de la economía mundial. En los últimos cuatro años la expansión mundial ha promediado 3.5 por ciento anual. El dato fuerte de esta expansión ha sido el notable crecimiento del conjunto de los países en desarrollo a una tasa anual de 6.6 por ciento, que contrasta con la observada para los países de altos ingresos de 2.7 por ciento (World Bank, 2007; 2006). Estas tasas no se veían desde la época de prosperidad alcanzada después de la Segunda Guerra Mundial. En esta coyuntura expansiva, México se benefició extraordinariamente del crecimiento de los precios del petróleo y del aumento explosivo de las remesas enviadas por los migrantes a sus familias. De esta manera, las condiciones favorables para toda América Latina, lo fueron más para nuestro país. Sin embargo, el crecimiento fue magro. Crecimos a ritmos menores que el resto de la región, aunque contamos con mayores recursos, debido al impacto de una política monetaria que privilegió el control de la inflación, que forzó para que los prepagos de la deuda externa se compensaran con aumentos en la deuda interna. A ella hay que sumar el efecto de los incrementos en los precios de la energía eléctrica, del gas y gasolina, sobre las condiciones de funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El enorme flujo de excedentes petroleros no sirvió para incrementar la inversión pública. En los años foxistas la inversión pública promedió 3.4 puntos del producto, lo que es similar a lo ocurrido en los diez años anteriores, pese a que se percibieron ingresos superiores a los presupuestados por la venta de petróleo equivalentes a un punto y medio del producto. El gobierno foxista simplemente dilapidó esos recursos.

TRES

E

n México la distribución del ingreso ha sido siempre marcadamente desigual. Desde las épocas del desarrollo estabilizador, pasando por los tiempos del supuesto desarrollo compartido hasta el gobierno del cambio, las familias de altos ingresos se han apropiado de proporciones extraordinarias del ingreso nacional. Esta información que proviene de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) realizada para diversos años se muestra en la tabla 1. En 1984, el 50 por ciento pobre de la población recibía el 20.76 por ciento del ingreso, en tanto que para 2005 su participación se redujo a 18.86 por ciento. En el otro extremo, el decil más rico percibía el 32.8 en 1984 y en 2005 aumentó a 37.84 por ciento, un incremento de cinco puntos porcentuales. En la tabla se aprecia que, en realidad, el único decil que incrementa su participación en el ingreso es el más rico, lo que indica que la desigualdad creció. Sin embargo, los ingresos de los verdaderamente ricos no se recogen en la ENIGH. Por

Tabla 1. Evolución de la distribución del ingreso de los hogares en México Deciles I

1984 1.72

1989 1.58

1992 1.55

1994 1.59

1996 1.8

1998 1.5

2000 1.52

2002 1.64

2004 1.62

2005 1.62

II

3.11

2.81

2.73

3.76

3

2.7

2.64

2.91

2.87

2.86

III

4.21

3.74

3.7

3.67

3.9

3.6

3.6

3.9

3.89

3.81

IV

5.32

4.73

4.69

4.64

4.9

4.7

4.59

4.92

4.89

4.77

V

6.4

5.9

5.74

5.68

5.68

5.8

5.7

6.12

5.92

5.80

VI

7.86

7.29

7.11

7.06

7.06

7.2

7.08

7.43

7.25

7.17

VII

9.72

8.29

8.92

8.74

8.74

8.9

8.84

9.25

8.99

8.92

VIII

12.2

11.4

11.37

11.34

11.34

11.5

11.24

11.86

11.51

11.41

IX

16.7

15.6

16.02

16.11

16.11

16

16.09

16.42

15.98

15.79

X

32.8

37.9

38.16

38.42

38.42

38.1

38.7

35.56

37.04

37.84

Fuente: Para los años 1984-2002, Cordera (2006); para los años 2004 y 2005, Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares.

64

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

D E S IGUAL DA D Y CR EC I MI E NTO MO NOPÓ LI CO

DOSSIER

El gobierno federal, por ello, incumple con la regla constitucional que le obliga a impedir la existencia de monopolios, lo que, además, afecta la competitividad general de la economía, dificultando que numerosas empresas puedan participar en mercados dinámicos, o eliminándolos de esos mercados por los precios de insumos de uso generalizado, como telefonía, servicios bancarios, energéticos, etcétera. ello conviene incorporar la información que publica Forbes. Los ricos mexicanos que aparecen en los últimos ocho años son, en orden de importancia según el patrimonio reportado en 2007: C. Slim, A. Bailleres, R. Salinas Pliego, J. Arango, E. Azcárraga, R. Hernández, M. A. Aramburuzavala, I. Saba, L. Zambrano, A. Harp, E. Garza Lagüera, C. Peralta, G. Larrea, R. Martín Bringas, A. Romo, R. González Barrera y C. X. González. Ellos se ubican, respectivamente, en telecomunicaciones, comercio departamental y sector financiero, televisoras, comercio minorista, televisoras, bancos, cerveza, farmacias, cemento, bancos, industria metalmecánica, industria eléctrica y electrónica, minería, comercio de autoservicio, sector financiero, bancos y harina de maíz y papel. La fortuna de seis de los 17 ricos registrados provino inicialmente de privatizaciones a su favor: Telmex (C. Slim), Imevisión (R. Salinas Pliego), Banamex (R. Hernández y A. Harp), empresas mineras (G. Larrea) y Banorte (R. González Barrera). Los otros once ricos tienen fortunas de cierto arraigo que, en algún caso, crecieron bruscamente debido a que fueron vendidas a empresas extranjeras; en otros casos se explican por el crecimiento del negocio principal, por el control del mercado ganado por adquisiciones y fusiones, por la diversificación del negocio básico, etcétera. Se trata de procesos empresariales exitosos, mezclados con privilegios derivados de conexiones políticas y luego administrados hábilmente. La fortuna conjunta de este grupo, en el que faltan importantes empresarios1 como L. Servitje, de Bimbo, o la familia Vázquez Raña, entre otros, en 2007 sumó 79 000 millones de dólares,2 los que convertidos a pesos utilizando una paridad de 11.50 significarían 908 500 millones de pesos que, comparados con el PIB de 2006 a precios corrientes ($9,155,000´000,000), representan el 10.08 por

ciento.3 Internacionalmente la proporción de la riqueza de los multimillonarios mexicanos contra el PIB es más cuantiosa que en la mayoría de los países, con la excepción de Rusia, Arabia Saudita, Kuwait y Singapur (Guerrero, LópezCalva y Walton, 2006). Este impresionante monto y su enorme significación económica es posible transformarlo de forma que resulte comparable con los ingresos familiares registrados en el ENIGH. En 2005 el ingreso trimestral promedio del decil más rico fue de $122,710 su ingreso mensual fue de $40,903. Si aceptamos que el rendimiento del patrimonio de los multimillonarios mexicanos fuera de 5 por ciento, tendríamos que su ingreso mensual sería 400 veces el del 0.1 por ciento más alto de la encuesta y 14 mil veces el promedio de la población (Guerrero, López-Calva y Walton, 2006). Estas cantidades no pueden ser simplemente el resultado de una gestión empresarial eficiente. Implican necesariamente una posición dominante del mercado en el que se ubican, lo que es posible por la existencia de un sinfín de barreras a la competencia que son permitidas e incluso alentadas por el gobierno. El gobierno federal, por ello, incumple con la regla constitucional que le obliga a impedir la existencia de monopolios, lo que, además, afecta la competitividad general de la economía, dificultando que numerosas empresas puedan participar En el reporte de Forbes algunos multimillonarios no aparecen debido a que expresamente lo solicitan. 2 Este monto difiere de la suma registrada en el último reporte de Forbes, ya que aquí se incorporan los ricos que no aparecieron y que, indudablemente, siguen siendo de los más ricos del mundo. Así el monto pasa en nuestra estimación de 70.5 a 79 mil millones de dólares. 3 La comparación entre el PIB y el patrimonio de esos magnates no es precisa, ya que se trata de comparar un flujo y un acervo, lo que es incorrecto. Interesa ya que permite dimensionar y comparar la significación de estas fortunas con lo que ocurre en otros países.

1

México: ¿entrega o negociación?

65

DOSSIER

66

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

en mercados dinámicos, o eliminándolos de esos mercados por los precios de insumos de uso generalizado, como telefonía, servicios bancarios, energéticos, etcétera. La relación entre el gobierno federal y los grupos monopólicos ha sido prácticamente transparente. En materia legislativa se han impuesto criterios que ratifican las condiciones de dominación de los mercados, lo que pone de relieve que los partidos políticos representados en el Congreso son dúctiles a los intereses de esos grupos. Al interior del gobierno, particularmente en los organismos autónomos del Estado, el Banco de México y la Comisión

el país. Los dirigentes sindicales se benefician de las cuotas de los trabajadores, reciben recursos extraoficiales de las empresas, lucran con las adquisiciones y con la construcción, pero también consiguen beneficios para sus agremiados.

Federal de Competencia, se ha insistido en los efectos perversos sobre la competencia de los grupos monopólicos. Pese a ello no ha habido acciones desde la cúpula gubernamental para intentar corregir las distorsiones generadas por precios por encima de los internacionales. A los grupos empresariales debe agregarse otro grupo que también afecta a la economía del país: los sindicatos de las grandes empresas estatales, de la educación y de otros servicios básicos. No se trata, por supuesto, de ricos como los anteriores. Están muy lejos de ellos; sin embargo, significan un costo para

que ocurre es que las élites que “tienen capturado el crecimiento” (Banco Mundial, 2007) generan desigualdad, lo que debiera obligar a que el Estado interviniese para retirarles, a través de los impuestos, una parte sustancial de los ingresos apropiados. Esto en nuestro país no ocurre. El gobierno no cumple con sus funciones redistributivas, ya que a esos monopolios no les cobra los impuestos que debiera. Se les condonan cantidades exorbitantes que servirían para que el Estado llevase a cabo programas que apoyaran la generación de empleos decentes. La economía, como se ha demostrado, por sí

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

L

CUATRO

os monopolios que operan en la economía mexicana impiden el crecimiento. No lo entorpecen, lo impiden y ello implica que el ingreso que se genera en el país se concentra en muy pocos agentes que, por supuesto, multiplican anualmente su patrimonio. Así, lo

DE S I GUAL DA D Y CR E CI MI E NTO MO NOPÓ L I C O

DOSSIER

Así que los grupos monopólicos son extraordinariamente rentables, pero no porque tengan condiciones competitivas que lo expliquen, sino justamente porque controlan los mercados que operan. Se benefician de esta situación que perjudica al país entero. sola no cubre la demanda de puestos de trabajo de los jóvenes que se integran a la población económicamente activa y el Estado se lava las manos. Ello es la causa por la que en cinco años (2001-2005) migraron sólo a Estados Unidos dos millones de mexicanos. Así que los grupos monopólicos son extraordinariamente rentables, pero no porque tengan condiciones competitivas que lo expliquen, sino justamente porque controlan los mercados que operan. Se benefician de esta situación que perjudica al país entero. No hay incentivos económicos para que cambien de conducta. La única fuerza capaz de establecer condiciones reales de competencia es el Estado. Eso lo saben bien las élites. Por eso participan en política. Pero no lo hacen como otros grupos, es decir, con candidatos que defiendan posiciones particulares. No, ellos juegan de otro modo. Apoyan irregularmente a ciertos candidatos y pagan para que otros candidatos no sean electos. Aunque son unos cuantos, su participación es frecuentemente decisiva. Tienen recursos y los gastan para asegurar que sus privilegios se mantengan. Los apoyos pueden ser tan explícitos como los que vimos en la pasada campaña presidencial, en la que una agrupación empresarial difundió masivamente spots contra un candidato, pese a que la legislación expresamente lo prohibía, o pueden ser soterrados, como los que se documentaron en el caso de “Amigos de Fox”. Los hay de otro tipo: los monopolios sindicales, antes parte de la maquinaria priista y actualmente dispuestos a jugar con quién ofrezca mejores negocios. Conocen las cañerías y se han acomodado a las prácticas de la democracia mexicana. Las dirigencias operan como si los sindicatos fueran suyos y los gobernantes en turno lo aceptan. Para el funcionamiento económico son una traba enorme, lo mismo que para que la democracia sindical. Impiden, en consecuencia, que los trabajadores puedan ser apoyo en la lucha por ganar mercados. Son fuente de inequidad, dificultan la creación de

nuevos empleos. Son como los otros monopolios. El desarrollo no es posible sin combatir los monopolios. Esos monopolios, sin embargo, fueron los patrocinadores del candidato ganador. Así que, otra vez, en este nuevo sexenio tampoco veremos un crecimiento económico alto y sostenido, que combata la desigualdad y disminuya la pobreza. Al contrario, los ricos serán más ricos y los pobres más pobres.

REFERENCIAS Banco de México (2002), Informe Anual 2002, México. Banco de México (2004a), Informe Anual 2003, México. Banco de México (2004b), Informe Anual 2004, México. Banco de México (2005), Informe Anual 2005, México. Banco de México (2007), Informe Anual 2006, México. Banco Mundial (2007), Gobernabilidad democrática en México: más allá de la captura del estado y la polarización social, Washington. Cordera, R. (2006), “La mesa de tres patas” en A. Attili (coord.), Treinta años de cambios políticos en México, México, UAM-Iztapalapa/Miguel Ángel Porrúa/Cámara de Diputados. Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, 2004, 2005. Ferranti, D. de, G. Perry, F. Ferreira y M. Walton (2007), Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia?, Banco Mundial, Washington, febrero. Guerrero, I., López-Calva, L. F. y M. Walton (2006), La trampa de la desigualdad y su vínculo con el bajo crecimiento de México, México, septiembre. Maddison, A. (2003), The World Economy: Historical Statistics, París, OECD. Moreno-Brid, J. C. y J. Ros (2004), “México: las reformas de mercado desde una perspectiva histórica”, Revista de la CEPAL, núm. 84, diciembre. Nacional Financiera (1986), La economía mexicana en cifras, México. World Bank (2005), World Development Report 2006. Equity and Development, Washington, septiembre. World Bank (2006), Global Economic Prospects. Economic Implications of Remittances, Washington. World Bank (2007), Global Economic Prospects. Managing the New Wave of Globalization, Washington. México: ¿entrega o negociación?

67

El porvenir de la nación LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PAÍS HA TRAÍDO CONSIGO UNA GRAN CANTIDAD DE CAMBIOS QUE OBLIGAN A REHACER PACTOS Y ACUERDOS ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES, PARA ESTABLECER NUEVAS RELACIONES POLÍTICAS EN LAS QUE LA SOCIEDAD CIVIL OCUPE UN PAPEL PREPONDERANTE EN LAS DECISIONES Y ACCIONES DE UN GOBIERNO SUSTENTABLE. POR CARLOS F. LASCURAIN*

E

Es hasta fechas recientes que podemos afirmar que la idea de la democracia se puede ligar a la identidad de los mexicanos. De la misma manera, a nivel nacional, es hasta ahora que se han dado los primeros pasos hacia lo que se debería de llamar una metamorfosis política, más que una transición política, de la que, debido a una dinámica natural del sistema, los efectos han llegado tarde a las entidades federativas. Esto nos lleva forzosamente a entender a la democracia de una manera particular, es decir “implica hacer una diferenciación técnica entre teoría democrática y práctica democrática”, debido principalmente a “la distancia que el devenir histórico ha provocado entre estas dos clases de democracia” (Palavicini, 2004, p. 26). Actitudes como la de seleccionar, monitorear y reemplazar gobiernos; como la de velar por la creación e implementación efectiva de políticas; o simplemente fomentar posturas por las que se respete la relación entre sociedad y Estado, así como de las instituciones que gobiernan su relación, permiten dar los primeros pasos para comprender lo que significa la democracia. Sin embargo, sería ostentoso pensar que dichos procesos por sí mismos le dieran a los mexicanos una entrada

68

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

teórica, práctica y directa a lo que podemos entender en un mundo global como una verdadera democracia. La democracia significa mucho más que la simple elección de gobernantes; significa la posibilidad de fortalecer aspectos como la participación ciudadana, la inclusión de grupos minoritarios, una mejor educación y formación de la población e, intrínsicamente, un crecimiento económico, entre otros. En concreto, la democracia debe permitir mejorar las oportunidades individuales en torno a la prosperidad y al bienestar a través del establecimiento de instituciones lo suficientemente sólidas, libres, transparentes, eficientes, efectivas y equitativas; que contribuyan a reafirmar la relación entre Estado y sociedad fomentando el pluralismo, la participación y la resolución pacífica de conflictos. En este sentido, el proceso de democratización que México requiere implica, además de los sensibles cambios políticos que se han venido dando desde hace más de diez años, un obligado replanteamiento en la forma y en las estructuras de negociación entre los diferentes

*Profesor-investigador de El Colegio de Veracruz.

E L P O RV ENI R D E LA NAC I Ó N

actores políticos. El hecho de que el eje central del sistema político mexicano deje de girar en torno a las decisiones del Presidente y de su relación con el partido gobernante, obliga al Ejecutivo, más que a los demás actores políticos, a construir un nuevo lenguaje basado en pactos y convenios, así como en la creación e implementación de nuevos códigos más incluyentes y plurales. Este reacomodo de las fuerzas políticas en el país permitirá visualizar mejores mecanismos de distribución y participación en la toma de decisiones. No obstante, este logro no es ni seguro ni inmediato. Debe existir una reingeniería en todo el sistema político mexicano. Este nuevo lenguaje, entendido solamente por muy pocos actores, debe considerar que la pieza más importante dentro de este proceso de democratización es precisamente la sociedad civil; y como un actor político más, ésta debe fortalecerse y posicionarse de tal manera que pueda tener una injerencia innegable en todas y cada una de las acciones que se tomen, principalmente dentro de los poderes Ejecutivo y Legislativo. A este nivel de análisis es importante mencionar que ni actores políticos ni sociedad civil deben cegarse o emborracharse con los resultados

DOSSIER

Uno de los principales retos para la administración federal actual será la de centrarse en homogeneizar ideas y actitudes en torno al concepto de la gobernación. hasta ahora obtenidos en México, sino todo lo contrario: el gran reto para los mexicanos se convierte en hacer funcionar un sistema que está mutando hacia, esperemos, algo mejor. Entonces, uno de los principales retos para la administración federal actual será la de centrarse en homogeneizar ideas y actitudes en torno al concepto de la gobernación. Si bien la gobernación puede variar dependiendo de diferentes factores en una determinada sociedad,1 es importante hacer coincidir a la mayoría de los actores. Indudablemente, la relación entre percepción y evidencia de una buena gobernación, depende 1

Como puede ser su cultura, los valores con los que definen objetivos y metas, así como la consistencia con la que se están trabajando temas y problemas que son propios y compartidos a la vez. México: ¿entrega o negociación?

69

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

de los valores éticos que la sociedad civil y las instituciones políticas le dan a estas formas de ser y de actuar, cohesionándolas en una sola acción. Teórica y prácticamente, los valores orientadores de las interrelaciones, decisiones y prácticas en una buena gobernación deben proyectar criterios básicos de desempeño como: el servicio, la confianza, la responsabilidad, la efectividad, la probidad, la participación, el compromiso, la imparcialidad y la transparencia (Lascurain, 2004, p. 64). Cual fuera la definición que se le quiera aplicar a la gobernación en México, es inminente que, tal y como lo afirma Osornio (2001, p. 258), los nuevos mecanismos de distribución o de participación en el ejercicio del poder que ha impuesto la realidad política en México anuncian que la tendencia hacia el tripartidismo se habrá de consolidar, por lo que la integración y reglas de funcionamiento del gobierno deben revisarse y reorientarse. De esta manera, el desempeño de esta administración federal debe estar trazada sobre una línea bien definida de lo que especialistas y sociedad civil entendemos como un buen gobierno, el cual implica entre otros puntos, los siguientes: • Que estén garantizados la seguridad de los ciudadanos y el respeto a la ley, es decir, el Estado de derecho; • Que los organismos públicos gestionen de manera correcta y equitativa los gastos públicos, una buena administración; • Que los dirigentes políticos respondan de sus acciones ante la población; una responsabilidad y una imputabilidad (rendición de cuentas); y • Que haya información y sea fácilmente accesible a todos los ciudadanos, transparencia. 70

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

En la práctica, el aislamiento que tuvo el gobierno en años pasados para emplear y ejecutar de manera efectiva los puntos mencionados anteriormente, demuestra que se ha perdido un tiempo muy valioso. Desde hace varios años, los estudiosos de políticas públicas hemos emprendido una reflexión profunda en torno al tipo de gobierno que se emplea para poner en marcha los grandes programas públicos en un contexto nacional y regional caracterizado por una poca participación de intereses locales y de organizaciones privadas. Sobra mencionar que es imprescindible que esta administración procure y mantenga líneas de comunicación permanentes con estos nuevos actores. La importancia de la noción de niveles múltiples de gobernación radica precisamente en poner en marcha las decisiones comunitarias a través de un juego complejo que incluye los diferentes niveles de poderes locales y regionales, apoyándose en los principios básicos de cooperación y negociación. Para algunos especialistas, el modelo europeo de acción pública enfocado en la interacción de actores públicos y privados, que va más allá de su bien estructurada y homogénea organización, podría prefigurar el gobierno del futuro. Este y otros conceptos que facilitan y propician la cooperación y la negociación, son los que deberían de permanecer en las agendas tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Una nueva y obligada apuesta del gobierno federal es poder ver en los gobiernos estatales y municipales a un grupo de aliados. Esta oportunidad por crear y hacer funcionar estos niveles múltiples de gobernación, así como dejar atrás la “teórica capacidad” del gobierno federal o estatal para resolver problemas públicos inmediatos, es la única herramienta que se tiene para forjar un avance sostenido. De esta manera,

E L P O R VE NI R D E LA NAC I Ó N

Ejecutivo y Legislativo deben mostrarse como un gobierno sustentable que inteligentemente suma las diferentes maneras que tienen los individuos y las instituciones públicas y privadas de gestionar sus asuntos particulares y su desarrollo. De la misma forma, debería reflejarse un proceso continuo de cooperación y de acomodación de intereses diversos en el que la mayoría de las ocasiones éstos sean susceptibles de entrar en conflicto. Es decir, si bien el escenario inmediato para implementar este juego de cooperación entre diferentes actores (en donde no todos conocen sus reglas), el esfuerzo por aprenderlas y adherirse a ellas es definitivamente inminente. La idea por orientar esfuerzo y energía al mantenimiento de un gobierno con características sustentables, debe obligadamente contar con criterios muy claros: • El gobierno no es ni un sistema de reglas ni una actividad, sino un proceso; • El gobierno no se basa en la dominación sino en la acomodación; • El gobierno implica a la vez actores privados y públicos; • El gobierno no es un concepto formalizado, se basa en interacciones y cambios continuos. Muchos estudios sobre gobiernos sustentables parten de la afirmación de que las sociedades modernas son cada vez más complejas, están más divididas y están formadas por subsistemas sociales diferenciados y relativamente autónomos. La gran oportunidad que se tiene ahora en México para coordinar y orientar de manera exitosa los esfuerzos que la sociedad civil ya ha iniciado, evitará conflictos y estancamientos en la implementación de los diferentes programas, proyectos y políticas públicas. La inminente organización de la sociedad civil mexicana en torno a temas comunes, concretos y en defensa de sus propios recursos, sin tener consideración del efecto de sus acciones en la colectividad en su conjunto, permitirá en el

DOSSIER

futuro inmediato que se conecten en redes y establezcan sus propias normas. A esta capacidad de coordinación horizontal y de autoorganización le corresponde una capacidad de resistencia a todo mandamiento gubernamental que no coincida con sus principios. El gobierno, entonces, deberá de guiar y encauzar estos esfuerzos de manera colectiva y a la vez particular. De aquí la necesidad de la noción de un gobierno que permita observar no solamente las instituciones clásicas, las formas de democracia, el poder y sus instrumentos, sino los nuevos mecanismos de coordinación social que hacen posible la acción política. Concluyendo, el éxito llega a las ideas políticas no cuando éstas son justificadas en un seminario o ensayo académico, sino al momento de su aplicación en la vida y en la sociedad (Rae, 1981, p. 3). De manera casi inequívoca, los mexicanos hemos dejado plasmada nuestra nueva actitud frente a los sucesos políticos en el país. La preocupación general radica, sin embargo, en el tiempo que va a tomar a los diferentes actores en interpretar dicho mensaje. La necesidad por concertar variables que permitan avanzar en un sentido correcto hacia una forma más segura e incluyente de gobierno, es irrevocable.

REFERENCIAS Lascurain, C. (2004), “La gobernación: implicaciones y responsabilidades”, Con-ciencia Política, vol.1, núm. 6, México, El Colegio de Veracruz. Martorelli, P. (2002), “Colaboración de poderes en sistemas presidenciales”, Con-ciencia Política, vol. 2, núm. 2, México, El Colegio de Veracruz. Osornio Corres, F. J. (2001), “Alternancia política y cambio constitucional”, en D. Valadés y R. Gutiérrez Rivas, Democracia y gobernabilidad: Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional II, México, IIJ-UNAM, Serie Doctrina Jurídica, núm. 63. Palavicini, G. (2004), “Estado, democracia y globalización”, Con-ciencia Política, vol. 1, núm. 6, México, El Colegio de Veracruz. Rae, D. (1981), Equalities, Cambridge, MA, Harvard University Press.

De manera casi inequívoca, los mexicanos hemos dejado plasmada nuestra nueva actitud frente a los sucesos políticos en el país. La preocupación general radica, sin embargo, en el tiempo que va a tomar a los diferentes actores en interpretar dicho mensaje. México: ¿entrega o negociación?

71

Los empresarios en el proceso de cambio político UN ACTOR POLÍTICO Y AGENTE ECONÓMICO CENTRAL EN NUESTRO PAÍS ES EL EMPRESARIADO. ELEMENTO CENTRAL Y MIMADO DEL VIEJO RÉGIMEN, TAMBIÉN HA TENIDO QUE ADAPTARSE A LAS NUEVAS CONDICIONES DEMOCRÁTICAS DEL PAÍS, E INCLUSO YA HA TENIDO A UNO DE LOS SUYOS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. ¿CÓMO SE HA COMPORTADO ESTE ACTOR EN LOS AÑOS RECIENTES? AQUÍ LA AUTORA ESBOZA ALGUNAS RESPUESTAS. POR MATILDE LUNA*

U

Una de las características más sobresalientes del proceso de cambio institucional en México, ha sido la creciente autonomía del sistema político, que se expresa en una efectiva competencia de partidos, una mayor separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la creación y consolidación de organismos autónomos como el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) en el marco de una nueva ley de transparencia. Sin embargo, la relación entre la economía y la política o, de manera más amplia, entre el Estado y el mercado, pareciera haberse vuelto difusa o hasta confusa. Dos hechos que destacan en este sentido son la inicial y histórica declaración de Vicente Fox, quien, ya en su calidad de presidente de la República, afirmó que el suyo era un “gobierno de empresarios y para los empresarios”, mientras que Carlos Slim, en su calidad de empresario (uno de los más ricos del mundo), lanzó en 2005 una amplia convocatoria en nombre de la sociedad civil, que con relativo éxito involucró a los más variados actores sociales y políticos en un “Acuerdo Nacional para la unidad, el Estado de derecho, el desarrollo, la inversión y el empleo” (también llamado Acuerdo de Chapultepec), comportándose así como un político.

72

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

Estos dos hechos no solamente parecen revelar una falta de claridad de los empresarios sobre sus distintos roles y posiciones como tales y como políticos, sino sobre todo una falta de claridad en las normas que regulan nuevas interdependencias entre las instituciones del Estado, el mercado y la sociedad civil. Con base en esta preocupación, a continuación se presentan un breve recuento de la manera en que han cambiado las formas y canales de participación, representación e intermediación de intereses de los empresarios, y algunas líneas de reflexión sobre los retos que estos cambios imprimen a las instituciones políticas.

E

LOS EMPRESARIOS EN UN ENTORNO CORPORATISTA

n un contexto de baja diferenciación entre el gobierno y el partido hegemónico, los empresarios, y de manera muy destacada las grandes asociaciones empresariales de carácter nacional, en particular el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y sus organismos afiliados, fueron una parte central del régimen político, aunque nunca formaron parte de la

* Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM.

LOS E M P RE SA RI OS EN E L PR O C E SO D E C AM B I O PO LÍ TI C O

DOSSIER

El régimen se caracterizó entonces por una representación funcional y acuerdos corporativos basados en un equilibrio formal entre el poder económico y el político de los “factores de la producción” y en el arbitraje del Estado. estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esto fue así porque la relación entre el Estado y la sociedad, el llamado gran “pacto social posrevolucionario”, estuvo normado por la proscripción de la intervención política directa de quienes detentaban el poder económico: los empresarios y sus organizaciones, mientras que los otros actores reconocidos, los sectores obrero, campesino y popular, que carecían de este poder económico, fueron dotados en cambio de poder político mediante su inclusión en el partido hegemónico y mediante cuotas de poder en el ámbito legislativo. Era un régimen que, bajo el predominio de un modo de participación de los actores sociales basado en la representación sectorial o funcional, integró y subordinó, bajo fórmulas de corte corporativista, a las instituciones políticas típicamente liberales (los partidos, el congreso, la ciudadanía, la representación territorial). Esta fue una característica importante del régimen político mexicano, porque no suprimió a las instituciones liberales, pero tampoco distinguió la política de las políticas. El régimen se caracterizó entonces por una representación funcional y acuerdos corporativos basados en un equilibrio formal entre el poder económico y el político de los “factores de la producción” y en el arbitraje del Estado. Esta modalidad de representación funcional fue reproducida por las organizaciones empresariales, las cuales gozaron del reconocimiento gubernamental como “organismos de interés público” y tuvieron el monopo-

lio de la representación, o al menos actuaron en un contexto institucional de baja competencia, es decir, escasamente pluralista. La asociación del sector privado más importante porque representó la voz del empresariado en su conjunto fue el CCE, una organización jerárquica integrada por organizaciones cúpula, principalmente de carácter sectorial (financiero, industrial, comercial, agropecuario, etcétera), y en la que para establecer acuerdos internos cada organización miembro, independientemente de su tamaño y poder, representa un voto. Otro actor sin duda importante, aunque en general de bajo perfil público, ha sido el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), organización multisectorial integrada por grandes grupos económicos (principalmente los financieros) y miembro del CCE, con un considerable poder económico que le garantizaría a su reducida membresía un acceso directo al gobierno, y también con un poder de veto.

LA LEGITIMACIÓN DE LOS EMPRESARIOS COMO ACTORES POLÍTICOS

A

partir de la década de los ochenta del siglo pasado, los empresarios comenzaron a participar de manera directa y activa en las instituciones políticas: en diversos niveles de gobierno, en los partidos, en los procesos electorales y en el poder legislativo. Este fenómeno obedece en buena medida, a un problema de represenMéxico: ¿entrega o negociación?

73

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

tación de los intereses del sector privado que se vuelve crítico con la nacionalización de la banca en 1982, la cual tiene el efecto de desestructurar el núcleo articulador de la relación entre el gobierno y los empresarios, es decir, el bloque financiero privado-gubernamental, integrado por las agencias gubernamentales, los grupos y las asociaciones representantes del sector financiero. Esto conduce a los empresarios a buscar nuevos canales de representación, donde precisamente los cambios en el régimen político —sobre todo la activación del sistema de partidos— presentan una oportunidad. Prácticamente ningún partido político ha estado exento de alentar o dar cabida a la participación de los empresarios. Todos, en una u otra medida y en uno u otro momento, los han incorporado en el curso de los últimos 20 años, al menos como candidatos. Particularmente en el Partido Acción Nacional (PAN), el fenómeno sobresalió por el triunfo interno de la corriente neopanista, caracterizada por el liderazgo y la postulación como candidatos de miembros destacados de la comunidad empresarial, muchos de ellos dirigentes nacionales, estatales o locales de las asociaciones empresariales, y por el nivel de algunas de estas candidaturas, como fueron las de Manuel J. Clouthier en las elecciones presidenciales de 1988, y de Vicente Fox en las elecciones de 2000. Esta participación de los empresarios, a fuerza de su reiteración, se fue legitimando hasta formar parte de la vida institucional de la normalidad política del país. El papel destacado que tuvieron algunos dirigentes empresariales del CCE y del sindicato patronal (Coparmex) en las demandas de democratización del régimen político, a causa de la decisión unilateral del gobierno de nacionalizar la banca, sin duda coadyuvó a legitimar la acción política de los empresarios, no obstante su marcada preferencia por un sistema bipartidista (PRI-PAN). La inicial afinidad política de ciertas asociaciones empresariales, como la Coparmex y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) con el PAN, o del poderoso CMHN con el PRI, que parecía inaugurar una nueva forma de corporativismo partidista, se fue diluyendo ante la diversificación de las preferencias políticas de los empresarios (principalmente de los dirigentes) y las mismas cambiantes afiliaciones 74

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

partidistas de algunos. La diversificación de las preferencias políticas no solamente ocurrió en el seno de las organizaciones empresariales, sino también en el de los grupos económicos y de las familias empresariales, dando lugar a un complicado juego de intereses y pasiones. Si bien las asociaciones empresariales tuvieron un papel central en el impulso al cambio político e institucional, e inclusive numerosos dirigentes aprovecharon la experiencia y las redes de relaciones establecidas, y usaron a las organizaciones como trampolín político para incursionar en las instituciones políticas, las grandes asociaciones empresariales fueron perdiendo presencia y sobre todo protagonismo en el espacio público. El bajo perfil de organizaciones como el CCE, contrastaría más tarde con la presencia en la escena pública de empresarios sin la investidura de las asociaciones. Sobresale sin duda el caso de Carlos Slim, cuyos proyectos conjuntos con gobiernos de distinto signo (y en particular con el gobierno de signo perredista en el Distrito Federal) y sus aportaciones financieras, acuerdos y vínculos con prácticamente todos los partidos políticos, han sido públicamente reconocidos. La pérdida de centralidad de las relaciones entre el gobierno y las asociaciones empresariales fue en parte resultado del fortalecimiento del poder legislativo, ante el cual las asociaciones empresariales tuvieron que desarrollar diversos mecanismos de comunicación y cabildeo, entrando en un terreno de acción y de negociación muy poco conocido para ellas.

NUEVOS HORIZONTES EN LA NEGOCIACIÓN DE INTERESES

P

aralelamente, la modificación de la Ley de Cámaras de la Industria y del Comercio en 1996 derogó la obligatoriedad de afiliación de los empresarios a sus respectivas cámaras, obligatoriedad que había sido otro de los soportes del sistema de representación funcional del sector privado y sustento de los acuerdos con los sectores laboral y empresarial convocados por el gobierno. Los últimos pactos corporativos exitosos se sucedieron en los ochenta, permitiendo el control de la inflación, la liberalización y el avance de los procesos de privatización de las empresas públicas. El último de los acuerdos de este tipo, convocado por el presidente Zedillo en enero de 1995 para enfren-

L OS E MP RE S A RI OS E N E L PR OC E SO D E C AMB I O PO LÍ TI C O

tar la crisis financiera de 1994 (el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica), aunque fue firmado por los sectores, pronto se descalificó por los dirigentes de las asociaciones empresariales. Como en el campo de la política, en el de las políticas las asociaciones empresariales tuvieron un papel estratégico, pero solamente para abrir el paso a nuevas formas de estructuración de relaciones de carácter mucho más complejo, que seguirían ya otra lógica. Un caso sin duda representativo fue la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a principios de los noventa, en la que el CCE tuvo un papel inicial fundamental en la creación de un nuevo tipo de organización: la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior (COECE),

E

DOSSIER

LOS EMPRESARIOS Y LA SOCIEDAD CIVIL

l nuevo escenario político nacional no solamente ha cambiado por la activación de los partidos y el ámbito legislativo, sino también por una mayor presencia de las organizaciones de la sociedad civil. En este terreno, los empresarios han incursionado de manera destacada en el período 2000-2006, ya sea a título individual o a través de sus asociaciones, ya sea interactuando con ellas, creando nuevas organizaciones y fundaciones, o participando en otras promovidas por grupos de la sociedad civil o por organismos internacionales no gubernamentales, aunque también gubernamentales. Las organizaciones de la sociedad civil en México han experimentado cambios significativos; muchas de ellas se han profesionalizado

Un campo natural de la participación empresarial es el de las organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo (OSCD). Bajo el esquema de la “responsabilidad social empresarial” que promueve la relación entre el gobierno, la sociedad civil y los empresarios, se han creado numerosas organizaciones y fundaciones de este tipo, muchas de ellas como filiales de organismos internacionales. que actuaría en un contexto ya muy diferente, que trascendía el espacio nacional y que involucraba una amplia variedad de actores organizados y de escenarios políticos (como los espacios parlamentarios de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica). Aunque la COECE se basó inicialmente en la organización sectorial y regional de intermediación de intereses de los empresarios que le proveyó el CCE, los actores prominentes ya no fueron los dirigentes de las organizaciones tradicionales, sino directamente los empresarios exportadores y los grupos de consultores con recursos de información y conocimiento especializado en asuntos legales o de comercio internacional. Para la toma de decisiones y el establecimiento de acuerdos, las redes personales, más que las relaciones entre las organizaciones, fueron un elemento clave para establecer una más efectiva comunicación entre los participantes en las negociaciones de los distintos países.

y especializado en asuntos y problemas de interés público relacionados con la salud, la educación, la pobreza, la seguridad o la corrupción; han hecho alianzas estratégicas entre sí y han establecido vínculos con organizaciones similares de carácter internacional, configurando constelaciones de redes de organizaciones muy dinámicas y complejas, que con frecuencia son resultado de la convergencia de múltiples iniciativas. Estas organizaciones y redes han participado activamente, con mayor o menor calidad e impacto, en la definición de la agenda y el diseño, implementación y evaluación de políticas; en el ámbito de la regulación y la emisión de estándares; en la promoción de actitudes y valores, y en el procesamiento y provisión de información sobre sus ámbitos de acción. Algunas de ellas también se han confundido con los partidos políticos. Un campo natural de la participación empresarial es el de las organizaciones de la sociedad México: ¿entrega o negociación?

75

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

civil para el desarrollo (OSCD). Bajo el esquema de la “responsabilidad social empresarial” que promueve la relación entre el gobierno, la sociedad civil y los empresarios, se han creado numerosas organizaciones y fundaciones de este tipo, muchas de ellas como filiales de organismos internacionales. Sin embargo, existen también experiencias locales innovadoras que han servido de modelo para las asociaciones nacionales, como es el caso de la Fundemex, creada en 2004 por el CCE con base en el modelo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. Más allá de las OSCD, los empresarios y sus asociaciones se han involucrado en una amplia variedad de asociaciones. Sólo como ejemplo de esta diversidad son de mencionarse organizaciones tan distintas y por muy diferentes razones importantes como el Centro Mexicano para la Filantropía, con propósitos tan amplios como la propia participación organizada de la sociedad y que tuvo un papel destacado en el diseño inicial de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad de 2004; Transparencia Mexicana, orientada al combate a la corrupción y con un alto grado de profesionalización, y Sociedad en Movimiento, cuyos propósitos son promover la participación de los ciudadanos en la vida 76

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

política e influir en las decisiones, y que da una importancia central a la familia como base del desarrollo social.

L

UNA NUEVA FISONOMÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

a evidencia empírica más acabada de la legitimidad alcanzada por los empresarios como actores políticos fue la llegada de Vicente Fox a la presidencia en el año 2000. Aunque el hecho más notable y destacado fue su membresía al partido de oposición, por su significación en la alternancia y consecuentemente para la transición democrática, Vicente Fox era también un miembro reconocido de la comunidad empresarial y del propio neopanismo, corriente soportada en buena medida no solamente con recursos sino también con la participación activa de los empresarios afiliados al partido que buscaban un cambio político. Sin embargo, su relación con el CCE no fue fácil: el Consejo no solamente se negó a firmar un amplio acuerdo con los principales actores sociales y políticos convocado por el presidente Fox en los inicios de su gobierno, sino constantemente culpó al presidente (y desde luego al poder legislativo) del estancamiento de las reformas laboral, fiscal y hacendaria, y exigió tomar en cuenta a los organismos empresaria-

L OS E M P RE S ARI OS EN E L P R OC E SO D E C A MB I O PO LÍ TIC O

DOSSIER

México ha vivido un proceso de cambios en el que los empresarios han sido un sujeto activo. Dos rasgos de su evolución han sido la legitimación de su participación en las instituciones políticas, y su mayor participación en el ámbito de la sociedad civil. les. Pero mientras Vicente Fox, en su calidad de presidente, encontraría fuertes dificultades para establecer acuerdos, Carlos Slim, en su calidad de empresario, lograría la adhesión de los más variados actores sociales y políticos a través del Acuerdo de Chapultepec. El Acuerdo pone de manifiesto una nueva fisonomía del espacio público: su complejidad, sus tensiones y el todavía importante legado corporativista, aunque por sus propósitos originales y alcances anunciados o implícitos, sus resultados fueron limitados. Bajo el liderazgo de Slim, el Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo fue firmado en septiembre de 2005, en la coyuntura de la sucesión presidencial, la que, como el propio Slim señaló públicamente entonces, se anunciaba como muy competida. Presentado como un acuerdo de la sociedad civil, éste contó con el aval inicial de alrededor de 500 personas, entre ellas dirigentes de importantes organizaciones empresariales, del sector laboral, de asociaciones profesionales y de la sociedad civil, así como personalidades de muy distintos ámbitos. A este acuerdo se sumaron los actores políticos; entre ellos, lo suscribieron miembros del gabinete, dirigentes de los partidos políticos, candidatos presidenciales y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), integrada por el conjunto de los gobernadores de los distintos partidos políticos. Con base en la negociación pero sobre todo en la búsqueda de consensos, el Acuerdo planteó cinco objetivos principales, con los cuales difícilmente se podría discrepar: consolidación de Estado de derecho en un régimen democrático; desarrollo con justicia; más y mejor salud y educación; desarrollo de capital físico, y una administración pública más eficaz, transparente y al servicio de los ciudadanos. En el documento se pedía que los candidatos y partidos políticos que contendieran en las elecciones del 2006, respetaran el resultado del proceso electoral que dictaminara el IFE y en su caso sancionara

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), con el fin de consolidar el proceso democrático. El principal órgano del Acuerdo, la Comisión de Información y Seguimiento, tendría una estructura colegiada con un peso importante del sector privado. Este órgano incluía la “representación” de las organizaciones del viejo pacto corporativo1 y de los grupos económicos,2 pero también de las organizaciones de la sociedad civil,3 de los medios de comunicación,4 así como personalidades del mundo científico, académico, cultural y artístico.5 Cabe señalar que varios de los “representantes” tienen afiliaciones institucionales múltiples, ya que transitan entre las instituciones políticas, las estructuras del mercado y las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el presidente del CMHN es también promotor de la Fundación para el Desarrollo Democrático, y el representante de la Corporación Durango fue vicepresidente del comité de financiamiento de la campaña por la candidatura presidencial priista de Roberto Madrazo.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

M

éxico ha vivido un proceso de cambios en el que los empresarios han sido un sujeto activo. Dos rasgos de su evolución han sido la legitimación de su participación en las instituciones políticas, y su mayor participación en el ámbito de la

Los presidentes del CCE, el CMHN y un representante del Consejo Nacional Agropecuario; los presidentes del Congreso del Trabajo, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y de la Unión Nacional de Trabajadores, y el presidente de la Confederación Central Campesina. 2 Grupos Carso y Telmex, Comex, Cemex y Corporación Durango. 3 Los presidentes de México Unido contra la Delincuencia y del Fondo Mexicano para la Educación y el Desarrollo. 4 El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de Radio y Televisión, y Epigmenio Ibarra, productor de TV-Azteca. 5 El premio Nobel Mario Molina Henríquez; Rolando Cordera (académico, y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM); Ángeles Mastretta (escritora), y Emmanuel Acha Martínez (“Emmanuel”, cantante). 1

México: ¿entrega o negociación?

77

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

sociedad civil. Esto ha tenido como resultado un sujeto empresarial con un mayor grado de complejidad (por ejemplo, empresario exportador-funcionario-priista-filántropo-combatidor de la corrupción, etcétera), y con niveles significativos de movilidad en las esferas del Estado, el mercado y la sociedad civil. En este proceso de cambio político, el propio entorno institucional se ha transformado. Ha sido relevante, sin duda, la competencia partidista que ha tenido como efecto la diversificación de las preferencias políticas de los empresarios; la activación del ámbito legislativo que ha puesto a prueba la capacidad política de las asociaciones empresariales, acostumbrada a negociar solamente con el gobierno, y la presencia de una sociedad civil más participativa, plural, profesionalizada e internacionalizada. Este conjunto de cambios presenta un escenario político mucho más plural, diversificado y complejo, en el que se encuentran, desencuentran y superponen diferentes principios, órdenes institucionales e intereses, que obligan a la búsqueda de consensos más que a la negociación corporativa de intereses. Este escenario político entraña diversos problemas, entre ellos los relativos a los mecanismos e incentivos que permitan procesar y regular la tensión entre los intereses empresariales y los intereses públicos; a las normas que pueden garantizar la equidad y los derechos de participación de los diferentes actores en los asuntos o problemas que les conciernen; a la claridad en los criterios de representación que contribuyan a la transparencia de los intereses en juego; a el fortalecimiento de los mecanismos de rendimiento de cuentas y de fiscalización, y a la diferenciación de funciones y la complementariedad de las competencias de las instituciones existentes. De manera más general, este nuevo escenario pone en el centro el problema de la autonomía política de las instituciones y organizaciones, que prevenga acciones de colonización entre el Estado, el mercado y la sociedad civil.

Este problema es particularmente relevante, porque se ha visto que un contexto en el que las fronteras institucionales son difusas, facilita el surgimiento de figuras que no pertenecen propiamente al Estado, al mercado, o a la sociedad civil y, por lo tanto, vulneran los principios de integración que regulan cada una de estas esferas: la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la justicia, la competencia y la solidaridad. Diversos acontecimientos de resonancia política revelan la todavía insuficiente autonomía de estas instituciones y particularmente la necesidad de mejorar la regulación de sus interdependencias. El caso de “Amigos de Fox”, relacionado con fuentes ilícitas de financiamiento a la campaña de Vicente Fox, involucró no solamente al PAN y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que fueron sancionados, sino también a un conjunto de empresas, empresarios y organizaciones como la Asociación Civil Amigos de Vicente Fox y el Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México. La Fundación Vamos México, creada por Martha Sahagún de Fox para proporcionar fondos de ayuda a la gente en pobreza extrema, más allá de la veracidad o no de las imputaciones de falta de transparencia en el origen de las donaciones y en el manejo de los recursos, puso de manifiesto una patente confusión entre el poder, el dinero y la solidaridad. El proceso de aprobación de la Ley de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, conocida como la Ley Televisa por la capacidad de esta empresa para disciplinar a los partidos e imponer sus intereses al poder legislativo, es particularmente ilustrativo. Este proceso, no obstante eficaz y eficiente, fue sin duda desalentador en términos de la autonomía, fortaleza y legitimidad de las instituciones legislativas. Dado el carácter duopólico de los canales de televisión, podría decirse que el proceso puso simultáneamente en entredicho la autonomía y la dimensión deliberativa propia del órgano legislativo, y la competencia como fundamento del mercado.

De manera más general, este nuevo escenario pone en el centro el problema de la autonomía política de las instituciones y organizaciones, que prevenga acciones de colonización entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. 78

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

Cabildeando la nación LOS CAMBIOS DEMOCRÁTICOS DE LA ÚLTIMA DÉCADA HAN CAMBIADO NO SÓLO LA CONFIGURACIÓN DEL CONGRESO, SINO TAMBIÉN LAS FORMAS DE DISCUSIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LOS DIVERSOS INTERESES SOCIALES Y POLÍTICOS EN EL PODER LEGISLATIVO. EN ESTE BREVE ENSAYO SE DA BUENA CUENTA DE LA AÚN INCIPIENTE EXPERIENCIA DEL CABILDEO EN NUESTRO PAÍS. POR MARÍA DE LOS ÁNGELES MASCOTT SÁNCHEZ*

L

Ese gallo quiere maíz Porfirio Díaz

La disputa de los últimos años acerca de las reformas a las leyes de Radio y Televisión y Telecomunicaciones se encuentra en su última fase. Toca al Poder Judicial decidir sobre la constitucionalidad de estos cambios, que afectan a una variedad de intereses y favorecen a otros cuantos. Presenciamos las postrimerías de una negociación ampliamente debatida. Este incidente se suma a una lista de asuntos que pusieron en evidencia las prácticas de cabildeo en el Poder Legislativo mexicano, entre otros el aumento al gravamen del tabaco, la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados; las iniciativas de legislación en materias laboral, fiscal y de energía; las propuestas legislativas sobre casinos; los presupuestos de egresos para diversos años fiscales, la reforma a la ley del IVA para exentar de dicho impuesto a los llamados call centers; las iniciativas para reducir en cinco años las patentes de medicamentos y nuevas obligaciones fiscales a productos alimenticios producidos por empresas lácteas.1 La primera experiencia contemporánea de cabildeo al Poder Legislativo en México ocurrió

en 1997-1998, en el marco de la aprobación del presupuesto y del Fobaproa-IPAB (Galaviz, 2006, p. 71; Lerdo de Tejada y Godina, 2004, p. 105106). Como refieren Sebastián Lerdo de Tejada y Luis Antonio Godina —diputados durante la LVI Legislatura y actuales socios en la firma de cabildeo LTG Lobbing Mexico—, en 1997 el Ejecutivo tuvo que negociar con los legisladores a fin de que se aprobara el presupuesto, acordando con las fracciones parlamentarias del PRI y PAN el incremento a los recursos para estados y municipios, a partir de un criterio poblacional, así como su distribución desde el Congreso federal. “Lo anterior, apuntan los autores, no fue gratuito, ya que el PAN gobernaba ese año los municipios más poblados del país” (Lerdo de Tejada y Godina, 2004, pp. 105-106). Desde entonces, la prensa ha registrado diversas reuniones entre representantes de las dependencias de la administración federal y legisladores; el desfile de “aretes” en las oficinas y pasillos de San Lázaro;2 invitaciones, todo *Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Essex. Cabildeo y negociación no deben entenderse como sinónimos. Sin embargo, para ser efectivo, el cabildeo requiere de ésta. 2 Se conoce como “aretes” a las jóvenes y expertas representantes del sector empresarial que ejercen actividades de cabildeo con los legisladores. 1

México: ¿entrega o negociación?

79

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

pagado, a destinos turísticos dentro y fuera del país; generosas muestras de agradecimiento hacia los representantes —tales como automóviles o “préstamos” en dinero o especie—; intercambio de apoyos y favores políticos y ofertas de apoyo económico y logístico para campañas electorales. Más tardíamente, la aún escasa literatura académica sobre la representación parlamentaria en México ha indagado en las motivaciones de los legisladores a la hora de decidir el sentido de su voto, a menudo sugiriendo que la estructura partidista y el diseño de las normas electorales conducen a la “negociación de los intereses nacionales”. El acento de la cobertura periodística y del análisis académico por igual se ha centrado en la falta de acuerdos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en primer lugar, y en los intercambios entre la “iniciativa privada” y los grupos de interés con el Congreso, en segundo. Se trata, en suma, de una visión acotada sobre la negociación legislativa, descrita de manera indistinta como tráfico de influencias, corrupción, cabildeo, “maiceada” o “captura del Estado”.

Lo cierto es que la negociación política en el Poder Legislativo transita, al menos, por cinco rieles: del Poder Ejecutivo al Legislativo; de las entidades federativas al Congreso; de los grupos organizados al Legislativo; entre las fracciones representadas en las cámaras y en el interior de los grupos parlamentarios. A estos, deben sumarse los arreglos entre el titular del Poder Ejecutivo y su partido e, incluso, las eventuales diferencias entre los liderazgos partidistas y las “burbujas” parlamentarias. Todos oscilan entre los extremos de una frágil e inevitable frontera entre los intereses de “la nación” y de los “grupos locales” o “privados”. En el fondo, reflejan la naturaleza de la política. Ilustran el dilema de la representación. El consenso entre analistas, periodistas, académicos, legisladores y cabilderos por igual, es que la negociación política con el Legislativo, en todas sus formas, tiene origen en 1997, como resultado de la pluralidad en la integración de la Cámara de Diputados, la difusión de los centros del poder en México y el fortalecimiento de la capacidad de decisión del Poder Legislativo.

Cuadro 1. Actores políticos del mismo partido del presidente de la República: 1988-2000 Arena institucional

Carlos Salinas de Gortari

Ernesto Zedillo

Vicente Fox

01/12/1988*

5/07/1994

01/12/1994**

01/07/2000

01/12/2000

Diputados

52% (260)

64% (320)

60% (300)

49% (245)

41% (207)

Senadores

94% (60)

95% (61)

74% (95)

59% (76)

36% (46)

Gobernadores*

31

29

29

21

7

Gobernadores (población)

100% (73 013 901)

94% (77 763 606)

89% (72 981 534)

67% (65 476 533)

22% (21 190 373)

Mayoría absoluta en legislaturas locales

32

Mayoría absoluta en legislaturas locales (población)

100% (73 013 901)

95% (86 252 613)

95% (86 252 607)

50% (49 058 159)

10% (9 426 507)

96% (2 293)

90% (2 186)

89% (2 128)

71% (1 426)

16% (322)

96% (70 219 917)

85% (70 810 967)

85% (69 604 171)

72% (62 909 147)

36% (31 470 873)

Presidentes municipales*** Presidentes municipales (población)

30

3

* Para 1988 y 1994 se consideran 31 gobernadores (se excluye al Distrito Federal, al igual que su población). ** Para los datos de población de 1988 se consideró el censo de 1990 y para los datos de población de 1994 el conteo de 1995. *** Total de municipios para 1988: 2 387. Total de municipios para 1994: 2 419. Total de municipios para 2000: 2 025 (no incluyen 418 de usos y costumbres, con 1 249 590 habitantes). Fuente: Molinar Horcasitas y Swaan Addati (2002, pp. 371-372).

80

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

C AB I L D EAN D O LA NAC I Ó N

DOSSIER

Además, si bien no se ha llegado a acuerdos frente a temas prioritarios para los titulares del Ejecutivo —en particular, las así llamadas reformas estructurales—, el Congreso sigue concertando (negociando) con éste la mayoría de sus iniciativas de legislación. La creación de gobiernos divididos, a partir de 2000, acentuó esa tendencia (véanse cuadros 1 y 2). A fin de impulsar la negociación con el Congreso, durante el gobierno del presidente Zedillo el Poder Ejecutivo creó la Consejería Jurídica del Ejecutivo y las oficinas de enlace entre las dependencias de la administración pública federal y el Congreso de la Unión. En opinión de Galaviz (2006, p.78) “aunque la idea era muy buena, en la práctica las unidades de enlace con el Congreso limitaron su ‘cabildeo’ […] a proporcionar información a sus superiores sobre lo que acontecía en el Congreso y [a] ser un servicio de mensajería sofisticado entre los funcionarios de la dependencia y algunos legisladores”.

A juzgar por el presupuesto destinado a las unidades de enlace, así como por su creciente relevancia en la estructura administrativa, esta percepción —la acotada utilidad de las oficinas de enlace legislativo— no ha sido compartida por el Ejecutivo. O, quizá, debido a la creciente complejidad del escenario político, éste ha intentado impulsar no sólo eficaces mensajeros, sino negociadores competentes. Baste un ejemplo para ilustrar el caso. Desde 1999, el presupuesto ejercido por las unidades encargadas del enlace y la negociación legislativa en la Secretaría de Gobernación se ha elevado de manera constante (cuadro 3). Como era de esperarse, los años en los que se registran los incrementos más relevantes coinciden con el inicio de cada Legislatura.

Cuadro 2. Influencia de los actores políticos en el Poder Legislativo mexicano: 1991-2003 Actor / Influencia en Legislatura

LV

LVI

LVII

LVIII

1991-1994

1994-1997

1997-2000

2000-2003

Tendencia

Presidente de la República

Muy alta

Muy alta

Alta

Media

Media

Secretario de Gobernación

Muy alta

Muy alta

Alta

Media

Media

Gobernadores

Muy baja

Muy baja

Baja

Media

Alta

Otros secretarios de despacho

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Subsecretarios

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Oficiales mayores

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Directores generales

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Líder del Congreso

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Coordinadores parlamentarios

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Mesas directivas de comisiones

Muy baja

Muy baja

Media

Alta

Muy alta

Legisladores

Muy baja

Muy baja

Baja

Baja

Media

Fuente: Lerdo de Tejada y Gomina Herrera (2004, p. 107).

México: ¿entrega o negociación?

81

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

Las reseñas sobre las legislaturas de la transición, a partir de 1997 y, en particular, desde 2000, coinciden en que la negociación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se ha caracterizado, en el mejor de los casos, por el desencuentro y, con mayor frecuencia, la confrontación. De ello da cuenta la instrucción que en 2002 emitiera el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Luis Pazos, para desaparecer las 52 unidades de enlace legislativo con las que contaba el Ejecutivo —anulación que nunca ocurrió. Este panorama, apuntalado por abundante evidencia, soslaya, sin embargo, los acuerdos que de facto han ocurrido entre ambos poderes. La negociación condujo, entre otras cosas, a la aprobación de todos los presupuestos federales hasta el momento, así como de leyes en materia de desarrollo y seguridad social, seguridad pública, libertad de expresión, acceso a la información, protección a periodistas y servicio civil de carrera, por mencionar sólo algunas en las que se requirió el intercambio de posiciones. Además, si bien no se ha llegado a acuerdos frente a temas prioritarios para los titulares Cuadro 3. Presupuesto ejercido por las unidades de estudio y enlace legislativos de la Secretaría de Gobernación: 1999-2006 (pesos de 2006)* Unidad responsable Unidad de Estudios Legislativos

1999

2000

2001

2002

12 101

18 177

20 110

17 141

373

070

802

480

Subsecretaría de Enlace Legislativo Dirección General de Estudios Legislativos Unidad de Enlace Legislativo Dirección General de Información Legislativa

2003

2004

2005

2006**

8 162

21 433

23 154

21 803

33 064

280

954

753

659

694

14 199

13 560

10 525

14 405

130

051

824

511

32 557

35 295

32 610

59 344

274

137

091

428

5 251

12 480

12 258

11 566

20 884

995

437

868

859

233

283 968

300 883

* Se utilizó el Índice de Precios Implícito de Producto. Para 2006 se aplicó la inflación anual esperada a septiembre (4.09). ** Presupuesto aprobado. Fuente: Mascott Sánchez (2006a, p. 24). Elaborado con datos de Sour (2006).

82

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

CAB I LD E AND O LA NAC I Ó N

DOSSIER

Los gobernadores han cabildeado las partidas presupuestales y el alcance de los programas de salud, energía, desarrollo social, turismo y seguridad pública, entre otros. del Ejecutivo —en particular, las así llamadas reformas estructurales—, el Congreso sigue concertando (negociando) con éste la mayoría de sus iniciativas de legislación. De acuerdo con Margarita Jiménez Badillo (2006, p. 167), la LVII Legislatura (1997-2000) aprobó 36 de las 44 iniciativas turnadas por el Ejecutivo (rechazó una y dejó pendientes de dictamen y votación 8), mientras que la LVIII Legislatura aprobó 50 de 52 (las dos restantes quedaron pendientes). Las interacciones entre las entidades federativas y el Congreso han sido menos frecuentes, pero no por ello menos significativas. Atendiendo a los datos de Lerdo de Tejada y Godina (Cuadro 2), los gobernadores han incrementado su capacidad de negociación tanto con el Legislativo como con el Ejecutivo. La creación de la Conferencia Nacional de Gobernadores, con su capacidad de movilización electoral, ha fortalecido el poder de negociación de los titulares de los ejecutivos locales —aunque no necesariamente la de los congresos de los estados— frente al Legislativo federal. El registro legislativo ofrece evidencia sobre esto: los gobernadores han cabildeado las partidas presupuestales y el alcance de los programas de salud, energía, desarrollo social, turismo y seguridad pública, entre otros. En este marco, los representantes locales en el Congreso federal han sido medios relevantes en el intercambio de posiciones. No puede decirse lo mismo de la capacidad de negociación de los congresos locales, pues si bien, como revela Jiménez Badillo, han incrementado el porcentaje de aprobación de sus iniciativas en el nivel federal, éste sigue siendo menor a 7 por ciento (Jiménez, 2006, p. 167). Lugar aparte merece la negociación de los sectores organizados frente al Poder Legislativo. Y es que se trata de un tópico recurrente en el análisis mediático: entre 1999 y 2006, por mencionar un ejemplo, El Universal publicó alrededor de 600 notas periodísticas y de opinión respecto del cabildeo de la iniciativa privada con el Congreso de la Unión. Ellas refieren las negociaciones en asuntos tan diver-

sos como el precio del gas para uso industrial, hasta propuestas de legislación en materia energética, laboral, fiscal, de juegos y sorteos, aborto, turismo, comercio informal, producción de medicamentos y vacunas, y comercio internacional. Por citar algunos casos específicos, en octubre de 1999 Carlos Gómez y Gómez, entonces presidente de la Asociación de Banqueros de México, aseguró que dicha organización iniciaría el cabildeo con el Legislativo a fin de que se aprobara una partida presupuestal de 45 mil millones de pesos para el IPAB (Arroyo, 1999). Y en 2000, el presidente en turno del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X. González, declaró que los organismos integrantes de dicho consejo contratarían los servicios de una consultoría para impulsar la aprobación de la inversión privada en el sector energético (González, 2000). Desde entonces también se han documentado los esfuerzos de compañías nacionales y extranjeras para influir en el sentido de las decisiones legislativas. Dos de los más conocidos son el cabildeo de las empresas transnacionales Phillip Morris, British American Tobacco y Japan Tobacco para frenar la aprobación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al Tabaco —esfuerzo que fructificó— y el de diversos empresarios nacionales y extranjeros interesados en una nueva Ley de Juegos y Sorteos a fin de permitir la instalación de casinos —sin resultados. De acuerdo con las declaraciones de los ex diputados Miguel Ángel Toscano, en el primer caso, y de Francisco López Mena, en el segundo, los cabilderos usaron una variedad de tácticas para informar a y negociar con los legisladores, en particular el “turismo inductivo” (Rodríguez, 2002; Herrera, 2005; Rodríguez, 2006). La difusión de estos casos de cabildeo ha generado acusaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y predominio de intereses privados sobre los de “la nación”. Frente a esto, en el ámbito legislativo se han presentado 7 iniciativas para regular el cabildeo, así como diversas propuestas de reforma a la Ley OrgániMéxico: ¿entrega o negociación?

83

DOSSIER

84

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

ca del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los reglamentos de las cámaras para prohibir a los legisladores que ejerzan dichas actividades. Aunque hasta el momento ninguna de ellas ha madurado, la posibilidad de que se norme este tipo de gestión de intereses es cada vez mayor. Así lo sugieren no sólo las mencionadas iniciativas, sino las plataformas

escollo más agudo que enfrenta el Poder Legislativo en México es lo que Ortega y Gasset denominó “el detalle de lo electoral”, es decir, la voluntad de los partidos para negociar y llegar a acuerdos está sujeta al calendario de los comicios. Dada la abundancia de opiniones en este terreno, no hace falta abundar en ello. Sin embargo, a manera de provocación, conviene apuntar dos temas

legislativas de tres de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para el primer período de sesiones de la LX Legislatura —PAN, PRD y Alternativa Socialdemócrata y Campesina—, que incluyeron el tema. La insistencia interna y externa sobre la necesidad de encauzar, con normas y procedimientos, la negociación mediante el cabildeo será, sin duda, uno de los factores cruciales en este proceso. Por otro lado, desde 2000 la negociación entre las fracciones parlamentarias se ha caracterizado por la fragilidad y contingencia generadas por el contexto político-electoral. Y es que, como enfatiza Juan José Rodríguez Prats (2006, p. 308), el

de análisis: el grado de urgencia e indispensabilidad que, de hecho, tienen las reformas presentadas como estructurales, en primer lugar, y el nivel en que las fracciones han acordado otros asuntos de relevancia para el país —la aprobación de todos los presupuestos fiscales, y las leyes de acceso a la información, de desarrollo social y de protección al secreto periodístico, por citar unas cuantas. Asimismo, hay que reconocer los esfuerzos, si no de todas, de al menos de algunas fracciones parlamentarias para profesionalizar sus labores e impulsar su capacidad de negociación (Cfr. Jiménez y Teherán, 2004).

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

CAB I LD E AND O LA NACI Ó N

Existe una quinta dimensión de la negociación parlamentaria: la que ocurre entre los liderazgos de las fracciones y sus legisladores. Este es, sin duda, el tema menos abordado por la cobertura periodística e, incluso, por los investigadores y analistas. No obstante, es también uno de los fenómenos que mayor relevancia ha adquirido en los últimos años: la creación de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, por ejemplo, fue un mecanismo ideado para garantizar el apoyo de los legisladores a las decisiones de sus fracciones, así como un medio para la negociación entre los líderes de los grupos parlamentarios. Al mismo tiempo, las fracciones instituyeron las reuniones plenarias a fin de acordar el sentido de sus votos. Los estudios sobre la disciplina parlamentaria en México concuerdan en que ésta sigue siendo alta. Sin embargo, hay referencias sobre su transformación. Los legisladores en lo individual han utilizado al menos cuatro mecanismos para negociar: los “votos en lo particular”, el abstencionismo, la ausencia en el pleno a la hora de emitir su voto (conocida como “voto mingitorio”) y la negociación directa con los liderazgos de las fracciones. La tendencia, en suma, es que en el largo plazo los legisladores en lo individual no sólo continúen negociando con sus liderazgos, sino que cuenten con argumentos y mecanismos más poderosos para hacerlo. La apretada revisión de cinco dimensiones de la negociación política en el ámbito legislativo, en síntesis, supera las visiones sobre la negociación de la nación. No se trata de un tema que pueda reducirse a “maiceada”, “voto mingitorio”, “aretes”, “turismo inductivo” o “captura del Estado”. Es, más bien, la transformación de la forma de hacer política. Presenciamos las sinuosas manifestaciones del cambio en las posiciones de los actores, así como de las reglas informales para sus interacciones. En pocas palabras, asistimos a la conformación de nuevas formas de participación y negociación políticas, que requieren, con urgencia, de ajustes normativos y éticos, pero también de un cambio en nuestra concepción sobre la construcción de consensos.

REFERENCIAS Arroyo, F. (1999), “Garantizan paquete económico”, El Universal, 22 de octubre.

DOSSIER

Béjar, L. (2006), Los partidos en el Congreso de la Unión. La representación parlamentaria después de la alternancia, México, Gernika. Galaviz, E. (2006), El cabildeo legislativo y su regulación, México, UNAM. González, L. (2000), “Consensuarán empresarios apertura en energéticos”, El Universal, 16 de octubre. Herrera, J. (2005), “Cigarreras frenan con dádivas leyes antitabaco”, El Universal, 28 de octubre. Jiménez, S. y J. Teherán (2004), “Intentan panistas mejorar cabildeo”, El Universal, 5 de abril. Jiménez Badillo, M. (2006), La oposición parlamentaria en México. Su rendimiento en gobiernos de mayoría dividida, México, Cámara de Diputados, Miguel Ángel Porrúa. Lerdo de Tejada, S. y L. A. Godina Herrera (2004), El lobbying en México, México, Miguel Ángel Porrúa. Lujambio, A. (2000), “Adiós a la excepcionalidad: régimen presidencial y gobierno dividido en México”, Este País, núm. 107, febrero. Mascott Sánchez, M.A. (2006a), “El presupuesto para la política interior: elementos de análisis”, Socioscopio, núm. 11, diciembre. Mascott Sánchez, M. A. (2006b), La regulación del cabildeo en Estados Unidos y las propuestas legislativas en México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo núm. 12, México, diciembre. Molinar Horcasitas, J. y M. de Swaan Addati (2002), “Movimientos graduales y pendulares: la transición democrática y la nueva correlación de fuerzas”, en C. Mora-Donatto (coord.), Relaciones entre gobierno y Congreso. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, 2002, pp. 371 y 372. Rodríguez, E. (2006), “Desempeño legislativo y disciplina partidista en México: la Cámara de Diputados, 20002003”, Confines, núms. 2-3, enero-mayo. Rodríguez, E. D. (2006), “Congreso vive bajo sospechas de soborno”, El Universal, 2 de enero. Rodríguez, F. I. (2002), “El arte de cabildear con el Congreso”, El Universal, 14 de octubre. Rodríguez Prats, J. J. (2006), Desencuentro y parálisis en el Congreso mexicano, México, UNAM. Sour, L. (2006), Sistema de información pública presupuestaria de México, CIDE, Fundación Ford, México. Ugalde, L. C. (2002), “La disciplina partidista en México”, documento presentado en el seminario El gobierno dividido en México: riesgos y oportunidades, México, mayo. Weldon, J. (s. f.) “Factores institucionales y políticos de la disciplina partidaria en la Cámara de Diputados: 1998-2002”.

México: ¿entrega o negociación?

85

Partidos políticos, entre disputa y construcción de la nación ACTORES CENTRALES DEL TRÁNSITO MEXICANO A LA DEMOCRACIA, LOS PARTIDOS POLITICOS ENFRENTAN CONFLICTOS, PROBLEMAS E INERCIAS TANTO EN SU INTERIOR COMO FUERA DE ÉL. AQUÍ EL AUTOR SE REFIERE A SU ACCIÓN ENTRE EL CONFLICTO Y EL CONSENSO, A SUS TENDENCIAS CENTRISTAS, A LA COOPERACIÓN Y A UNA PREOCUPACIÓN MÁS ENFOCADA EN LOS PROBLEMAS CONCRETOS QUE EN LAS DISPUTAS IDEOLÓGICAS. POR VÍCTOR REYNOSO*

L

Los partidos políticos mexicanos, ¿se enfrentan hoy en una disputa por la nación, o bien están en un proceso de construcción de consensos para enfrentar y resolver los grandes problemas nacionales? Cualquiera que haya observado los acontecimientos políticos del segundo semestre del 2006 respondería en el sentido de la disputa, del agreste enfrentamiento entre diversos proyectos de nación. Quien, por el contrario, observe sólo el comportamiento de los partidos en 2007, pensará que hay un esfuerzo serio y temporalmente logrado por construir consensos en torno al rumbo de la nación. ¿Cuál de estas dos realidades prevalecerá en los próximos años?, ¿cuáles son las tendencias a favor de la disputa, cuáles las que favorecen la construcción de consensos? La política mexicana osciló tanto entre el primero de diciembre de 2006, cuando los diputados de los partidos que formaron la Coalición por el Bien de Todos trataron de impedir la toma de posesión del presidente electo Felipe Calderón, y el fin del segundo periodo de sesiones de la LX Legislatura, que terminó con importantes consensos legislativos, que un observador cuidadoso se preguntará si es posible

86

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

que sean verdad ambos extremos. Si es posible que en el mismo mes un grupo de partidos trate, violencia física de por medio, de impedir que el presidente cumpla su obligación legal, y en ese mismo mes coincida con el partido de ese presidente en la decisión más importante de un Congreso: la aprobación del presupuesto de egresos para el año siguiente. Los datos del último semestre o del último año, nos dan señales muy contradictorias para tratar de responder a la pregunta inicial. Durante algunos momentos del proceso electoral vimos, al menos en el ámbito de la retórica y de las percepciones, un país fragmentado y enfrentado, una aparente “disputa por la nación” entre proyectos supuestamente antagónicos e irreconciliables. ¿Qué cambió en diciembre, que hizo a nuestra clase política dar un aparente giro de 180 grados y pasar del enfrentamiento al acuerdo?, ¿qué tan real fue ese enfrentamiento?, ¿qué tan real es el acuerdo de hoy? En estas páginas hay un intento por avanzar en la respuesta a estas preguntas. Se analizarán tanto las tendencias que favorecen la disputa *Profesor-investigador en la Universidad de Las Américas, Puebla.

E NTR E D I SPU TA Y CO NS TR U C CIÓ N

como aquellas que favorecen el consenso. Ambas tienen que ver tanto con las “estructuras” o “instituciones” de la política mexicana como de la capacidad de decidir de sus actores. Hay que aclarar antes que los partidos políticos tienen muchas facetas o dimensiones. Desde cierta perspectiva se han dividido en tres: 1) la “organización del partido”, 2) “partidoen-el-gobierno” y 3) el “partido-en-el-electorado” (Ware, 2004, p. 33). En primer lugar y de manera más visible, son las organizaciones con registro legal, edificios, dirigentes y burocracia. Pero son también los grupos que conforman sus diputados y senadores, los gobiernos estatales y municipales, las dirigencias locales. Y, por supuesto, sus electores fieles. Entre estas distintas dimensiones no siempre hay armonía o identidad. No siempre comparten los mismos intereses y concepciones. Recientemente, en nuestro país han sido visibles las diferencias entre el partido como organización y el partido en el gobierno (con Fox y hoy con Calderón); también entre el candidato perredista y los gobernadores estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el proceso postelectoral del 2006. Pero puede

DOSSIER

haber muchas más tensiones y diferencias. Aquí se presentará, por un lado, la situación de los partidos en el Ejecutivo y Legislativo federales y en los gobiernos de los estados, señalando la nueva institucionalidad política del país y los problemas que implica. En esta nueva institucionalidad de gobiernos divididos y de federalismo real se debe buscar la respuesta, o parte de ella, a si nuestros partidos enfrentan hoy una disputa donde necesariamente va a haber quiénes ganen y quiénes pierdan o si están en un proceso de construcción de consensos que le den un rumbo común a la nación. El sistema hegemónico dio una peculiar institucionalidad a la clase política y a las instituciones del país: La subordinación de toda la clase política al partido y del partido al presidente de la República. El fin del sistema dio lugar al fin de esta fórmula y al inicio de una nueva institucionalidad. De un partido que invariablemente controló la presidencia de la República, las 32 entidades, casi la totalidad de los ayuntamientos y que tuvo siempre mayoría calificada en todas las cámaras legislativas, pasamos a un sistema multipartidista con división de poderes y con federalismo real. México: ¿entrega o negociación?

87

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I ÓN?

Como suele suceder, la nueva institucionalidad resolvió algunos de los viejos problemas y trajo nuevos. Acabó con la excesiva concentración del poder y dio lugar a una dispersión que algunos consideran también excesiva. Dio un carácter más público y transparente a nuestras diferencias y disputas políticas, que antes se limitaban a las oficinas de la clase política. Los disensos se hicieron visibles y pasaron en mucha mayor medida que antes a la esfera pública, a los medios y a las conversaciones de los ciudadanos. Al consenso autoritario siguió un disenso democrático. Con claras e importantes ventajas, pero también con algunas desventajas. Entre ellas la llegada del país al presidencialismo clásico, considerado por diversos politólogos como un sistema tendiente a la parálisis si se da el caso, como casi siempre ocurre, de los “gobiernos divididos”. Desde 1997 el país ha tenido gobiernos de este tipo en el sentido amplio del término. Los legisladores de oposición tienen un incentivo claro: que el partido en el poder Ejecutivo fracase. Con ello, los partidos opositores tienen mayores probabilidades de ganar la siguiente elección. En otros términos, la nueva institucionalidad del país, en lo que se refiere a la relación de los partidos políticos en el Ejecutivo y el Legislativo, y entendiendo “instituciones” como máquinas generadoras de incentivos, propicia la no cooperación (Sartori, 1994, p. 104). Independientemente de proyectos políticos, los partidos buscan ganar la próxima elección, y para ello nada mejor que demostrar que su adversario en el gobierno es incapaz de gobernar. Si pueden contribuir a esa incapacidad desde el Congreso, probablemente lo harán. El resultado es la no cooperación, el disenso permanente, y la parálisis gubernamental. La anterior no es la historia completa. Las instituciones como máquinas generadoras de incentivos funcionan en política, pero están lejos de ser toda la política. Interviene también la artesanía: la capacidad de los políticos para dar soluciones únicas a problemas únicos. La metáfora utilizada por Sartori para mostrar la importancia de las instituciones puede usarse también para mostrar la importancia de la capacidad artesanal de los políticos: la institucionalidad es la carretera, y dado un 88

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

mismo conductor y vehículo la calidad de la conducción variará mucho si se trata de una autopista o un camino de terracería (Sartori, 1994, p. 129). Pero un chofer inhábil puede dar lugar a catástrofes en cualquier camino; un chofer hábil puede conducir con seguridad aún en caminos inadecuados. Ambas cuestiones son fundamentales: la calidad de la carretera y la del conductor, la calidad de las instituciones y la capacidad de los políticos para resolver problemas. Pero además no todo el diseño institucional se limita a la relación entre Ejecutivo y Legislativo. El federalismo mexicano se volvió una realidad con la transición. De una situación donde todos los gobernadores pertenecían al mismo partido y estaban subordinados al presidente de la República (subordinación relativa, como todo) pasamos a una pluralidad de partidos en los gobiernos estatales y a un grado de autonomía de los gobiernos locales hacia el federal notablemente mayor que el anterior. Por varias razones este diseño institucional federal y sus consecuencias son algo difícil de ver. Buena parte del país vio el 1 de diciembre de 2006 a los diputados luchando, armados a veces con latas de refresco o curules, por impedir o por lograr que Felipe Calderón tomara posesión como presidente constitucional. No es posible una imagen equivalente de los acuerdos o desacuerdos entre el poder Ejecutivo federal y los 32 ejecutivos estatales, o entre éstos y sus respectivas dirigencias partidarias nacionales. No hay modo de que el homo videns se percate de que hay ahí una realidad importante. Pero la realidad existe. En los difíciles tiempos entre el 2 de julio y el 1 de diciembre de 2006 los gobernadores representaron un importante equilibrio de poder y una posibilidad de salida a la situación. No era fácil para los gobernadores del PRD, por ejemplo, mandar “al diablo a las instituciones”, al ser ellos nada menos que la principal institución política en sus estados. No fue posible que Calderón como presidente electo mantuviera su dicho de que con la elección había ganado el México del orden y del futuro (su partido) frente al México del caos y del pasado (el PRD): los gobernadores perredistas, con los que necesitaba contar, le obligaron a enmendar la frase y la actitud que implicaba. El cuadro 1 muestra la composición del poder Ejecutivo federal resultado de la elección del

ENTR E D I SPU TA Y C O NSTRU C CI ÓN

DOSSIER

Cuadro 1. Los partidos en el poder legislativo, mayo de 2007

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

Diputados

Porcentaje

Senadores

Porcentajes

PAN

206

41.2

52

40.6

PRD

127

25.4

33

25.8

PRI

106

21.2

26

20.3

PVEM

17

3.4

6

4.7

C

17

3.4

5

3.9

PT

11

2.2

5

3.9

NA

9

1.8

-

0

A

5

1

-

0

Sin Partido

2

0.4

1

0.8

TOTAL

500

128

Fuentes: http://sitl.diputados.gob.mx/album_comisionesLX/LISTADO_DIPUTADOS_GPnp.asp?TOTAL, y http://www.senado.gob.mx/legislatura.php?ver=grupos. Consultadas el 16 mayo 2007.

2006. No hay grandes novedades. En la Cámara de Diputados tenemos, como desde 1997, que ningún partido tiene mayoría absoluta, al igual que en la Cámara de Senadores, donde dicha mayoría se perdió en 2000. La novedad es que, por primera vez en la historia, la mayoría relativa es para el Partido Acción Nacional (PAN) en ambas cámaras, y que el Partido Revolucionario

Institucional (PRI) pasa a ser la tercera fuerza en el Congreso. Pero eso no cambia el asunto de fondo: el partido del presidente no cuenta con una mayoría para sacar adelante sus propuestas; la oposición aliada puede paralizar el poder Ejecutivo: la pesadilla que pronostican los críticos del sistema presidencial tiene condiciones para realizarse.

Cuadro 2. Los partidos en las gubernaturas de los estados en 2006 Al 2 de julio de 2006

Al 1º de diciembre de 2006

PRI

16

16

PAN

10

10

PRD

6

6

Total

32

32

Fuentes: Principios 2006: Berrueto (2006). Notas: En diversas entidades han gobernado coaliciones. Se asigna cada caso al partido con mayor presencia en el estado. Así, Chiapas al 2 de julio se contabiliza para el PRD, y después del 20 de agosto al PRI, aunque ambos son gobiernos de coalición. Del 2 de julio incluido al 1 de diciembre hubo elecciones en 6 estados (Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Chiapas y Tabasco), en los que siempre ganó el partido en el gobierno, con la aclaración indicada de Chiapas y con el caso del DF, donde gobernaba el PRD y ganó la Alianza por el Bien de Todos, formada por ese partido y el PT y Convergencia.

México: ¿entrega o negociación?

89

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I ÓN?

¿Cuál es el resultado hasta ahora? La LX legislatura terminó ya dos períodos ordinarios, y, por lo menos después de los escandalosos hechos del 1 de diciembre de 2006, el consenso y la armonía han prevalecido. Se aprobó sin mayores problemas el Presupuesto de Egresos del 2007, quizá la decisión legislativa más importante y una de las más difíciles. Se aprobó también la Ley para la reforma del Estado. También las reformas a la Ley del ISSSTE, aunque aquí no se logró el apoyo del PRD . También hay consensos en cuestiones como establecer límites a los salarios de los funcionarios públicos y la incompatibilidad entre la actividad legislativa y ciertas prácticas profesionales. De manera que la política mexicana en los últimos seis meses (y en los últimos diez años) muestra con claridad tendencias a la construcción de consensos y tendencias al disenso de fondo, incluso al conflicto. Entre las primeras estaría la nueva realidad electoral, en la que el poder político depende en buena medida de los resultados en las urnas. No es posible ganar una elección si los políticos muestran permanentemente una actitud rijosa e improductiva. Hay varios signos de que a los legisladores les preocupa la mala imagen que tienen ante la ciudadanía, y la cooperación entre fuerzas políticas puede explicarse en parte por la necesidad de mejorar esa imagen, pues de ella depende el poder político en el marco de elecciones competitivas. La realidad federal también puede explicar la tendencia a la cooperación, el consenso, la solución de problemas. No hay, como en el antiguo régimen mexicano, un partido con todo el poder y otros condenados a la oposición. Todos 90

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

los partidos importantes comparten cargos de elección importantes. No es fácil mandar al diablo a las instituciones cuando se es parte de ellas, cuando se gobiernan seis estados, entre ellos la capital del país. Esto lleva a la clase política a una política más centrada en problemas que en ideologías. Si todo el poder estuviera concentrado en un solo partido, sería más probable tener una oposición ideológica. Cuando se tienen importantes responsabilidades de gobierno es más difícil tener una política ideológica, centrada en grandes principios y abstracciones: hay que resolver problemas cotidianos, de corto, mediano y largo plazo. Se requiere la cooperación de distintas instituciones. Lo anterior de nada serviría si no hay artesanía política, si no hay políticos de carne y hueso dispuestos a construir consensos y soluciones únicas a problemas únicos. Esto en cuanto a las tendencias a la cooperación. Las tendencias a la disputa también están presentes y también son importantes. La primera es nuestra permanente y grave desigualdad social. O más precisamente, las ideas que pueden derivarse de ella. Si se ve la desigualdad como una suma cero donde lo que unos ganan los otros lo pierden, se dará lugar a una disputa por la nación, aunque sea en el ámbito de la retórica. Hay desde luego otras ideas que ven el combate a la desigualdad como una suma positiva, que exige cooperación más que enfrentamiento. El diseño presidencialista en el sentido señalado, donde lo que gana el gobierno del presidente lo pierde la oposición y, por lo tanto, ésta tiende a favorecer la parálisis desde el legislativo, también es una realidad, aunque haya sido puesta entre paréntesis hasta mayo de este

ENT R E D I S PU TA Y CO N ST RU C CI Ó N

año. Nadie podría sorprenderse si el disenso se reactiva en los próximos meses. Otra tendencia a la disputa política es la permanencia o el resurgimiento del personalismo en la política, el regreso de la tentación populista en nuestros países. No se ha resuelto la problemática que Plutarco Elías Calles señaló en diciembre de 1928: dar fin a la época de los hombres fuertes e iniciar la época de las instituciones. Una tentación latinoamericana que parece haber resurgido a principios del siglo XXI. Al margen o simultáneamente a las disputas ideológicas o de proyectos políticos, puede surgir la tensión entre una política centrada en liderazgos carismáticos y otra en procesos institucionales. Además de la perspectiva institucional y de la artesanía política, cuando se habla de consensos y disputas entre los partidos políticos hay que hablar de proyectos e ideologías. Ésta es la perspectiva más difundida en los medios de comunicación, casi siempre asociada a la geometría política, a la distinción entre izquierda, derecha y centro. Generalmente se asocian los proyectos con intereses de clases o grupos sociales. Desde una concepción radical de esta perspectiva los consensos entre partidos son imposibles, pues representan grupos sociales con intereses antagónicos. Tal sería el caso de los partidos bolcheviques y los partidos liberales. Pero en las democracias modernas son raras estas exclusiones. Desde los años sesenta se ha difundido la teoría del “partido escoba” (catch all party) según la cual los partidos políticos en democracias electorales, al buscar ampliar su votación, tienden a ocupar posiciones centrales del espectro político, pues desde el centro su radio de acción, su capacidad de alcanzar al mayor número de votantes, es mayor. Lo que no implica que ocupen el mismo punto, sino algún lugar dentro del espacio considerado como centro político. Lo anterior favorece los consensos. Hay muestras de que nuestros partidos se orientan hacia el centro político, sin perder su identidad, para ganar electores que se enajenarían con una

DOSSIER

política radical. Así el PAN habló de “rebasar al PRD por la izquierda”. El término “por el bien de todos” es una expresión centrista, pues las posiciones extremistas nunca incluyen a todos (término que se matizó con lo que siguió: “primero los pobres”). Esta tendencia a una política centrista, a la que están sometidos todos los partidos de las democracias electorales, ha sido más o menos clara en México y debe considerarse a favor de la construcción de consensos por la nación. Se ve complementada por otra tendencia ya mencionada: centrar la política más en problemas que en proyectos ideológicos abstractos. El nuevo reparto del poder, que no da lugar a ninguna mayoría absoluta ni en el legislativo ni en los poderes locales, como puede verse en el cuadro 2 (y en el más complejo reparto del poder en los ayuntamientos) favorece también esta orientación de la política hacia problemas o cuestiones, más que hacia ideologías. Sin duda las ideologías orientan las políticas. Pero los gobiernos, quizá entre más locales en mayor grado, se ven obligados ante todo a resolver los problemas de los ciudadanos. En síntesis, hay en nuestro país claras tendencias en favor de la disputa política, por un lado, y otras en favor de la disputa por, otro. Los acontecimientos entre diciembre del 2006 y mayo del 2007 lo muestran con claridad. No es posible una conclusión definitiva, pero parecería que después del 1 de diciembre pasado lo que ha prevalecido son las tendencias hacia la construcción de la nación basada en la nueva institucionalidad, el pluralismo, el poder compartido y la capacidad artesanal de la clase política. Hasta ahora.

REFERENCIAS Berrueto, F. (2006), “Reparto del poder 2005”, Voz y voto, núm. 55, enero. Sartori, G. (1994), Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, México, FCE. Ware, A. (2004), Partidos políticos y sistemas de partidos, Madrid, Istmo.

Hay muestras de que nuestros partidos se orientan hacia el centro político, sin perder su identidad, para ganar electores que se enajenarían con una política radical. México: ¿entrega o negociación?

91

El reciclaje de la derecha mexicana UN CONJUNTO DE ENTIDADES CLARAMENTE IDENTIFICADAS CON LA CLASE EMPRESARIAL MÁS INFLUYENTE DE MÉXICO, EMITE UN MENSAJE UNÍVOCO: EL PODER NO SE GANA, SE ARREBATA. EN ESTE ARTÍCULO, EL AUTOR DESMENUZA ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS MÁS INTERESANTES DE LA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA: EL NEO-ASISTENCIALISMO. POR MAURICIO SALDAÑA RODRÍGUEZ*

U

Uno de los poderes de máxima influencia en México es la derecha. Sin embargo, la opinión pública —proclive a caricaturizar lo que no entiende o lo que le asusta— acostumbra guardar en un costal llamado “Organización Nacional del Yunque” (ONY) todo lo que tenga que ver con la influencia de los empresarios y los sacerdotes católicos; así de ramplona es la capacidad de entendimiento político del promedio nacional. Analogías del simplismo hecho dogma podrían cubrir horas de discusión errática: por ejemplo, aquel dictum del señor López, en el que guardó en la misma urna a organizaciones tan disímbolas como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al tenebroso Desarrollo Humano Integral, A. C. (DHIAC) y hasta a Sabritas, cuando sucedió esa secuencia propia del Dark Marketing, que fue torpemente traducida como “guerra sucia”, confundiéndola con los episodios de los años sesenta y setenta. Empero, más allá de esa humorada por cortesía de la ignorancia —o la perversión— para leer la realidad, la derecha siempre ha encontrado soluciones imaginativas y, sin duda, menos vulgares que aquellas producidas por la izquierda. La derecha nos ha enseñado que se puede ser

92

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

vil sin perder el estilo. Es precisamente en este tenor que atenderemos el caso singular de un conjunto de organizaciones recién creadas, todas de notoria inclinación derechista, que permiten adelantar una hipótesis: la derecha está cambiando de piel, ha dejado en el pasado a organizaciones paquidérmicas, tales como la Coparmex y la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA) sujetas a su propia suerte, para dar paso a entidades que pueden hacer el mismo trabajo, aunque con mayor precisión, limpieza y, sobre todo, con un rostro nuevo que permite trabajar con la juventud que no llega a los veinticinco años de edad. Dicho de otra manera, la derecha ha desarrollado algunas instituciones que pueden trabajar con mayor velocidad y eficiencia en el terreno del convencimiento ideológico, contando para ello con un perfil empresarial que permite entrar más fácilmente en la mente de su mercado-meta: aquellos jóvenes que a finales

* Politólogo. Su último libro es Análisis político contemporáneo: herramientas selectas, México, Trillas, 2005 (en coautoría con Manuel Díaz Cid).

E L RE C IC LAJ E D E LA D E R EC H A ME X I C ANA

del sexenio calderonista comenzarán a tomar posiciones en la oferta agregada de empleo en todo el país. Ergo, la inversión no pretende recuperarse en este año; se puede decir que tiene bien prospectada la recuperación para inicios del 2011, cuando el señor Marcelo Ebrard Casaubón luche a brazo partido por la candidatura a la Presidencia de la República, representando a lo que —para entonces— quede del perredismo nacional. Las organizaciones que se citan tienen una característica curiosa: por separado no indican gran cosa, mientras que unidas dan coherencia a una cobertura de gran calado en todo el país. Entremos pues, a la reflexión de los nuevos instrumentos promocionales y doctrinales de la derecha mexicana en su edición más reciente.

S

EN EL PRINCIPIO FUE EL CONSEJO MEXICANO DE HOMBRES DE NEGOCIOS

e sabe que el primer gran grupo de poder del empresariado mexicano fue el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), una organización nacida en 1962 —que en aquél entonces se llamaba Consejo Mexicano

DOSSIER

de Relaciones Públicas—, pero que en 1971 adquirió su nombre definitivo. El propósito del CMHN era simple: partiendo de la base de que la revolución mexicana había obligado a crear interlocutores empresariales para salvaguardar más o menos sus intereses ante los gobiernos emanados de 1910, había quedado más que claro que los organismos que hacían aquella labor negociadora, dejaron fuera de su ámbito de competencia a los auténticos ricos, a los que poseían un porcentaje relevante del producto interno bruto (PIB), a partir de lo cual era indispensable crear un órgano propio de interlocución con el gobierno. Por ello, no es de extrañarse que el grupo de poder organizado por el industrial italiano Bruno Pagliai —cercano a Miguel Alemán Valdés—, quien fundó Transportes Aéreos Mexicanos, S. A. (TAMSA), hiciera una tradición de hermetismo sobre su trabajo, sus integrantes y la forma de operar con el Presidente en turno; es decir, que el CMHN fue primero una especie de pararrayos para detener aquellas amenazas que merodeaban los intereses de sus miembros, para después convertirse en un grupo de poder determinante en las más altas esferas del Estado mexicano; se México: ¿entrega o negociación?

93

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

dice que tal ente saltó de la “legítima defensa” a desarrollar una capacidad enorme de presión política y económica sobre el presidente de la República, capacidad que descansaba en el director del Consejo en turno y donde no había más ideología que la rentabilidad y más doctrina que la prosperidad para esa docena de empresarios. En virtud de aquella obligada presencia en Los Pinos, algunos periodistas consideraron que el señor Juan Sánchez Navarro —en ese entonces director de la Cervecería Modelo— era el ideólogo de la derecha empresarial; en realidad, el ya fallecido industrial cervecero no escribió ningún documento que pueda considerarse en las dimensiones de una ideología. Más bien, el señor Sánchez Navarro fue un excelente promotor de la causa de ese grupo de élite; en el mismo tenor se encontraron en su respectivo paso por la presidencia del Consejo los industriales Eloy Vallina y Carlos Trouyet, por ejemplo. Más allá del carisma personal, el frontman del Consejo ha sido la voz autorizada del mismo; portavoz de los demás que de una docena pasaron a los poco menos de cuarenta que se cuentan en la actualidad. Sean las dotes de vendedor —porque lo fue— de Valentín Díez Morodo o la parquedad de Antonio del Valle Ruiz, en Los Pinos se ha escuchado lo que estos hombres tienen que decir sobre un asunto de política económica, de asuntos fiscales o hasta de conflictos políticos. La razón de tal interés auditivo es sencilla: algunos especialistas consideran que ese grupo de personajes al 2006 suman intereses combinados por el 35 por ciento del PIB nacional. Por supuesto, la legendaria autoridad del Consejo se ha visto mermada por tres factores: la caída del priato; la disminución en los poderes del presidente de la República y el incremento de la fuerza de los poderes mediáticos. Si el presiden94

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

te ya no es el hombre más poderoso del país, si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es una sombra de lo que fue y los poderes mediáticos no solo tienen la capacidad de cubrir al país entero, sino de inventar opiniones a modo para favorecer a los poderes por cortesía de la ignorancia de una población que por décadas ha confundido al locutor con el periodista, entonces el Consejo volteó a las Cámaras, ésas que había mirado como a un criado insolente. Y comenzó el cabildeo. Y los baron robbers comenzaron a despeinarse, tomando posturas antes indignas: hoy, una entrevista en radio; mañana, una plática para el periódico; después, el patrocinio silencioso a un “negro” para que escriba sobre ellos, para ellos, por ellos. Pero nada funcionó como se supone ante la llegada del 2000, porque el personaje que seleccionaron —hablador y envalentonado, domador de las masas— terminó en una suerte de adicto a los antidepresivos y a las encuestas de popularidad, valga la redundancia. Y a empezar de nuevo, buscando las fisuras para remediarlas. De entrada, había que aprender del error garrafal: nada de personajes de opereta ni caricaturas con verborrea. De preferencia, alguien que hablara de lo que supiera o que supiera de lo que habla.

P

LA REINGENIERÍA DEL OROPEL

or décadas, un rasgo que distinguió al CMHN fue su exclusividad. Todos, absolutamente todos sus miembros, eran personajes de abolengo. Nada de self-made man; nada de nuevos ricos que beben cubas de XO. Ahora, hasta al hijo de un vendedor de tapetes se le abrió la puerta, cuando los fundadores del Consejo jamás habrían autorizado semejante

E L RECI C LAJE D E LA D E R EC H A ME X IC ANA

DOSSIER

Si no se respetan las reglas del juego entre los poderes, el conflicto puede llegar a darse por consecuencia de una mala administración. Y nadie quiere sacarse ese boletazo. acto. Mientras algunos de sus integrantes se han distinguido por ser Snuffers —aficionados al rapé— ahora tienen que convivir con gente que vive de la farándula, la academia y el reality show. Sin embargo, esos individuos aficionados al lladró, a las llamadas que se cobran para apoyar al caricato en turno y al maquillaje espeso de la artisteada, ha traído algunos beneficios al Consejo: el acceso a la televisión y en menor medida, a la radio y los periódicos. Había que sacarle jugo a esa ventaja. Y la jugada se hizo con una versión más agresiva del asistencialismo tan propio de la derecha como lo es el aire a los pulmones. Y nació la maratón televisiva para conseguir veinte o veinticinco millones de dólares que cualquiera de ellos gasta en un Grumman. Y kilos de ayuda redondeados. Y muchos lazos. Y México, unido contra lo que se denomina delincuencia. Y la gente común lo creyó todo. En verdad, miles de mexicanos suponen que la maratón mediática es producto de un esfuerzo coordinado por la solidaridad con el otro, por el otro. Que la Grey del camerino se parte de verdad el alma para conseguir fondos que no podrían recaudarse de otra forma. Que la educación para los pobres más pobres no existiría de no ser por esa moneda que “le redondean” a cualquiera en el supermercado. Pocos repararon en el hecho que cualquier corporativo puede dar millones de dólares a una obra de beneficencia a cambio de un recibo deducible de impuestos, sin alharaca mediática. Fariseos, les llaman los católicos. Gente de doble moral, califican los de la izquierda. Responsabilidad social, les dicen los administradores. Acciones de un grupo de poder, decimos los politólogos. El CMHN reloaded, diríamos algunos más. Aquí tenemos la esencia de la nueva actividad política de los hombres más influyentes del país: el neoasistencialismo, el difícil arte de dar un peso a una causa a modo, al tiempo que se invierte otro peso en promocionar hasta el hartazgo la entrega de la limosna; sin embargo, el neoasistencialismo no funciona como instrumento de presión si no recibe apoyo de otros inputs. Se requiere de una doctrina, de personajes dispues-

tos a dar la cara ante las cámaras, de causas que nadie esté dispuesto a revisar por segunda vez (porque son demasiado buenas para desconfiar de ellas) y, sobre todo, de una paciente espera para recibir las utilidades políticas y económicas que se derivarán de tal instrumento. Ya se terminaron las épocas en que la ganancia era inmediata. Previo a los programas neoasistencialistas se hizo un experimento que tenía como objetivo conectar la agenda política del gobierno en turno con la agenda política de los baron robbers. Aunque al final se convirtió en un batidillo del que nadie quiere hacerse responsable, se aprendieron no pocas cosas. La primera, que el mexicano sigue siendo tan ingenuo —o tan tonto— como para aceptar carros último modelo “nada más porque firmé mi voucher para pagar el mandado” sin chistar ni arquear las cejas. La segunda lección es que sí es posible generar redes de información entre los poderes —el real y los fácticos— para espiar a los mexicanos anónimos sin necesidad de asustar a nadie, siendo más que suficiente el adormecimiento de un voucher generoso que se anuncia hasta el cansancio por televisión. La tercera lección es amarga. Si no se respetan las reglas del juego entre los poderes, el conflicto puede llegar a darse por consecuencia de una mala administración. Y nadie quiere sacarse ese boletazo.

LOS ORÍGENES DEL CMHN RELOADED

E

l CMHN en su nueva versión no nace porque así le pareciera a personajes protagónicos de su fundación como don Camilo Sada, don Carlos Prieto, don Aníbal de Iturbide o a don Antonio Ruiz Galindo jr. De hecho, el nuevo Consejo parte de las necesidades políticas que mencionábamos (la brutal reducción de poder al presidente de la República, particularmente) combinadas con un país que dista de cualquier lógica. El Consejo tiene ante sí a una nación democrática, pero enfrentada a dos bandos como no se veía desde la Revolución; mira a una población abrumadoramente católica, pero que acepta el uso de los anticonceptivos; observa a una México: ¿entrega o negociación?

95

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

clase media cada vez menor, a la vez que se asoman estratos especializados de pobres y aun, de miserables. Ante semejante rareza, el Consejo abre —solo un poco— la puerta a los nuevos ricos —carentes de cualquier signo aristócrata—, quienes están acostumbrados a hacer su dinero mediante el conocimiento profundo de los pobres y los clasemedieros. Los admite porque todos ellos —nobles y nuevos ricos— necesitan conservar sus intereses a toda costa, sin dejar atrás a una grave noticia: el Partido Acción Nacional (PAN) ya no representa la visión que Gómez Morín tuvo alguna vez de la política. Ahora, el PAN luce irreconocible, entre las tretas de tianguis del PRI y las ambigüedades axiológicas de la ONY. Por si fuera poco, el Consejo ya no puede confiar en el PAN por tres agravantes: primera, porque el panismo se ha tribalizado (yunques, doctrinarios y panistas de ocasión) en forma radical; segunda, porque el conflicto personal entre el presidente de la República (el licenciado Felipe Calderón) y el presidente panista (el señor Manuel Espino) ha llegado al borde de la colisión impensable: que el partido del presidente no obedezca la línea que éste dicte. Y tercera, porque los miembros del Consejo nunca se imaginaron que aun concluida su fatal gestión, el señor Fox se empeñara en exhibir su notoria incapacidad para la mesura y el silencio (la regla de oro de los expresidentes) lo cual podría destapar —por enésima ocasión— el caso de los “Amigos de Fox”. Por todo lo anterior, el Consejo se abrió a nuevas e insólitas ideas que permitieran controlar el pedazo de timón al que todavía tienen derecho. Si el 2000 quedará grabado en la historia del Consejo como el año en que la mayoría de sus integrantes creyó que su candidato a la presidencia de la República podría cumplir con las promesas contraídas, el 2012 debe quedar como el año en que el Consejo perdió brillo pero ganó autoridad. Y si el 2012 es la nueva meta para el reposicionamiento de este grupo legendario, es indispensable construir a un conjunto de organizaciones que trabajen en dos vertientes: recordarle permanentemente al presidente y a su gabinete que serán vigilados en todas y cada una de sus acciones, así como meter mano en aquellos asuntos que se han convertido en prioridades de máxima relevancia para la prosperidad y el futuro de esta colección de plutócratas. Aquí 96

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

entran dos piezas de la misma pinza, presididas cada una por un integrante del CMHN: el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Fundación Mexicanos Primero (FMP).

E

EL IMCO, INSPECTOR DE LA COMPETITIVIDAD

l IMCO es presidido por don Valentín Diez Morodo, quien además de ser miembro del CMHN, es miembro del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Se le reconoce como un extraordinario vendedor; no podría ser de otra forma puesto que se encargó directamente de esa función en la Cervecería Modelo, en donde mostró una capacidad fuera de lo común para tejer alianzas y simpatías, sin caer en el protagonismo o en el despotismo. En el puesto de segundo a bordo en el IMCO se encuentra don Tomás González Sada, quien se desempeña en calidad de Vicepresidente Ejecutivo. Como se sabe, don Tomás es integrante de la familia que controla al Grupo Cydsa, que a últimas fechas muestra serios problemas con el achicamiento de sus activos y una deuda que requiere de constante renegociación. Don Tomás también es miembro del CMHN. El director general del IMCO es don Roberto Newell, quien trabajó en el gobierno federal y en la consultora McKinsey. El trabajo operativo de don Roberto está fuertemente sesgado por los consejeros del Instituto que coordina: además del señor Díez y del señor González Sada, don Roberto se las ve con otros integrantes del CMNH: don Gastón Azcárraga Andrade (Posadas), don Claudio X. González Laporte (Kimberly Clark) y don Carlos González Zabalegui (Controladora Comercial Mexicana). Si lo anterior no fuera suficientemente claro para exhibir qué Consejo controla al IMCO, quedan algunas evidencias más: don Luis Téllez Kuenzler, quien se desempeña como funcionario federal en el gobierno del licenciado Calderón, era miembro del IMCO cuando representaba a la influyente empresa cabildera Carlyle Group y previamente trabajó para Desarrollo Económico S. C. (DESC), propiedad del señor Fernando Senderos (integrante del CMNH); caso análogo al de don Jaime Serra Puche, que antes de dedicarse a su empresa SAI, fue protagonista principalísimo en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y que,

E L RE C IC LAJ E D E LA D E R EC H A ME X I C ANA

como se sabe, contó con el apoyo de diversos representantes del CMHN en el kitchen cabinet del secretario. Situación análoga a la de don Jaime Lomelín —director de Peñoles—, quien como se sabe, es subordinado de don Alberto Baillères, personaje crucial en la vida del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y consejero —entre otros negocios— de FEMSA, entidad íntimamente ligada a la historia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). No debemos olvidar que don Alberto Baillères fue Gerente de Ventas de la Cervecería Moctezuma y de ahí despegó hasta no parar en la dirección general para lograr la Presidencia del Consejo, en 1967. Tampoco omitimos que FEMSA está conectada al CMHN por don Eugenio Garza Laguera, hombre de intachable trayectoria y personaje insustituible en la vida del ITESM, así como por don Dionisio Garza Medina, director de Alfa Corporativo y —por supuesto— también miembro del CMHN. Para terminar, en el IMCO se identifica como consejero a don Antonio del Valle Ruiz, miembro del CMNH, antiguo propietario del famoso BITAL y ahora director del Grupo Empresarial Kaluz. Todos ellos suman fuerza para impulsar al IMCO y orientar a los gobiernos estatales y federal en la mejora de ciertos indicadores macro y macroeconómicos. Como se apuntó antes, el Consejo no está dispuesto a cometer otro error como el del señor Fox.

L

FUNDACIÓN MEXICANOS PRIMERO, LA PINZA EDUCATIVA

a segunda parte de este herramental político-técnico la constituye la FMP. Los integrantes del Consejo de esta Fundación muestran la clara presencia del CMHN en sus filas. Comenzamos por don Claudio X. González, consejero de Televisa y Consejero del licenciado Carlos Salinas de Gortari en asuntos de Inversión Foránea, durante la gestión de éste en Los Pinos. Don Claudio es el pivote de la conexión entre diversos baron robbers del Consejo: el núcleo de sus acciones es precisamente

DOSSIER

Televisa, ya que en el Consejo de esa empresa se dan cita otros miembros del CMHN, como lo son el propio CEO de la televisora, don Emilio Azcárraga Jean y don Germán Larrea Mota Velasco, propietario del Grupo Minera México. En la misma empresa mediática encontraríamos a personajes que pertenecen al CMHN, aunque en diferente presentación: don Carlos Slim Helú y su holding Carso, en calidad de anunciantes (Telmex, Telcel, Sección Amarilla, Sanborns, etcétera); don Roberto Hernández Ramírez, como anunciante (Banamex) y como accionista; don Ricardo Martin Bringas, anunciando sus tiendas Soriana; don Juan Gallardo Thurlow, como anunciante de los refrescos que embotella; a la familia Servitje, tanto por el Museo Papalote como por los productos Bimbo. La lista es más grande, pero es posible que el lector ya tenga una idea de la posición dominante del CMHN en la FMP. En cuanto al propósito formal de esta organización, se trata de intervenir en las áreas educativas en las que el gobierno federal no lo ha hecho eficientemente desde años. El enclave principal es la educación básica, la de niños y niñas. Por ello, no es de extrañarse que dicha Fundación haya invitado a personajes que conocen a fondo el tema atendido, como Federico Reyes Heroles o Miguel Basáñez, quienes pueden movilizar la maquinaria a partir de sus conocimientos y experiencia de campo. En cuanto al frontman de dicha Fundación, nos limitamos a mencionar que se trata del licenciado Fernando Landeros, quien —entre muchas cosas— se desempeña como “conferencista del claustro profesoral” del Instituto que forma líderes transformadores, propiedad del señor Miguel Ángel Cornejo, según lo indica el portal de tal organización, al mes de abril del 2007. Sobra decir que la secretaria de Educación del gobierno calderonista —la señora Vázquez Mota— quedó entre dos fuegos: el de los grupos de presión del CMHN y el de la profesora Elba Esther Gordillo. El CMHN ha regresado a la pelea. Y según parece, en esta ocasión no están dispuestos a perder la apuesta por el poder.

Los miembros del Consejo nunca se imaginaron que aun concluida su fatal gestión, el señor Fox se empeñara en exhibir su notoria incapacidad para la mesura y el silencio. México: ¿entrega o negociación?

97

Hacia una “narcodemocracia” ingobernable UNO DE LOS MAYORES MALES QUE ANIDAN EN EL PAÍS ES EL NARCOTRÁFICO Y SUS MIL CABEZAS, QUE SE HA CONVERTIDO EN UN PROBLEMA DE SEGURIDAD NACIONAL. EL NARCO SE HA AFINCADO EN BUENA PARTE DE LOS PROPIOS APARATOS GUBERNAMENTALES MEDIANTE LA CORRUPCIÓN Y LA SANGRE. EL GOBIERNO DE FELIPE CALDERÓN HA DECIDIDO ENFRENTARLO ECHANDO MANO DEL EJÉRCITO. OBJETANDO ESA POLÍTICA, EL AUTOR ENCUENTRA QUE FALTA POR HACER LO FUNDAMENTAL: UNA REFORMA QUE PERMITA RECUPERAR LA AUTORIDAD DEL ESTADO. POR ÁNGEL SERMEÑO*

E

El auge del narcotráfico es una de las características más distintivas del sexenio frívolo, inepto y corrupto de Vicente Fox. Dicho auge, así como su extensión hacia un número cada vez mayor de estados de la república, se volvió crudamente visible en la recta final de dicho gobierno y ha marcado con sangre y fuego el difícil comienzo de la administración de su sucesor, el impugnado presidente Felipe Calderón. El baño de sangre a lo largo y ancho del país ha sido inocultable y espectacular, amén de incontenible. Ha arrasado con vidas humanas desde Guerrero (especialmente en Acapulco), Michoacán y Sinaloa, hasta Nuevo León y Tamaulipas, arrastrando en tal vorágine a lugares otrora apacibles, tales como Campeche, Durango, Aguascalientes o Querétaro. De tal suerte que desde 2005 a la fecha, los homicidios vinculados con el tráfico de drogas se han triplicado. Solamente en los primeros 100 días de este año se perpetraron más de 630 asesinatos (lo cual nos da un promedio de 6.3 ajusticiamientos por día). El perfil de las víctimas también se ha extendido. Bajo el fuego y la saña de los sicarios no caen en los ajustes de cuentas solamente otros de su calaña, sino que este furor orgiástico alcanza a ediles, regidores, empresarios,

98

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

líderes populares, funcionarios aduanales, agentes del ministerio público y, sobre todo, policías locales (en este caso, particularmente los altos mandos) y federales, además de, por supuesto, en las semanas recientes, a efectivos del ejército mexicano. En esta grotesca danza, mención especial corresponde al gremio de los periodistas (reporteros, columnistas, editores), sin duda alguna intimidados, acosados y cazados para impedir o limitar drásticamente su tarea de informar. Evidentemente, este ampliado perfil de las víctimas es con toda claridad un poderoso indicador empírico que muestra la profunda penetración y sojuzgamiento del narcotráfico en las más importantes esferas de la sociedad —notablemente en el ámbito de la economía— y del régimen político (en sus tres niveles de gobierno, corporaciones y agencias del Estado). Como último dato (last, but not least) de este gravísimo y alarmante cuadro, cabe mencionar la respuesta adoptada por el presidente Calderón ante el desafío en cuestión. En efecto, sólo once días después de haber tomado posesión, el *Profesor-investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y profesor de la UAM-Azcapotzalco.

HACI A UN A “ N A RC O D E MOC RAC I A” I NGO BE R NAB LE

DOSSIER

flamante presidente El baño de sangre a lo largo y ancho del país ha sido emprendió una cruzainocultable y espectacular, amén de incontenible. da contra el narcotráfico. Calderón tomó la decisión de canalizar toda la fuerza del Estado pésima y lamentable. Decisión que fue adoptasoportada por el poder del ejército mexicano da por “motivos equivocados, sin los recursos involucrándolo abiertamente en la lucha contra necesarios y en un momento inoportuno”. los cárteles del narcotráfico. Tal decisión ha implicado el despliegue ma¿CRISIS O DÉFICIT sivo del ejército de manera casi permanente en DE GOBERNABILIDAD? los muchos focos de violencia esparcidos por partir del cuadro arriba esbozado, ¿cómo todo el país. De igual manera, es una decisión entender la situación de inseguridad y que admite tácitamente un grave problema violencia que enfrenta el país?, ¿qué hay de corrupción e ineficiencia en las policías y, de viejo y de nuevo, es decir, de continuidad probablemente también, en significativos ámy/o innovación en este delicado momento de bitos del sistema de justicia penal. Nada de ello la historia nacional?, ¿estamos al borde de una impide, por otra parte, cuestionar la legitimidad grave ruptura social del tipo de una guerra civil, de esta decisión en términos constitucionales, es decir, el poder del narcotráfico ha rebasado pues la misión del ejército no radica en resolver al Estado mexicano, o simplemente se trata de los problemas de seguridad pública y, en el una coyuntura que exige ajustes, si bien neceplano pragmático, aterra constatar de manera sarios y profundos, pero simples ajustes al fin, casi inmediata que los resultados de dicho desen las instituciones estatales para que recuperen pliegue han sido claramente erróneos y fallidos, mínimos niveles de eficacia y legitimidad? por no decir desastrosos. De esta manera, es Al respecto, cabe reconocer un dato objetivo. bastante obvio que, por razones que mencioEl narcotráfico en México no es un problema naré más adelante, la decisión presidencial ha nuevo. Durante décadas los grandes cárteles sido, desde el punto de vista de sus resultados, de la droga han gozado de la protección de los

A

México: ¿entrega o negociación?

99

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

El Estado ha dejado de ser un actor capaz de arbitrar los conflictos de intereses entre los cárteles y, por ende, de proporcionar una certidumbre básica a los señores de la droga. funcionarios en las esferas más elevadas de la clase política, así como de los jefes policíacos y de los jerarcas militares. La corrupción, pues, ha sido rampante, sin que por ello se viesen afectados los índices de estabilidad política y paz social. En este sentido, el fenómeno nuevo expresado en la coyuntura actual, y consolidada como tendencia en el sexenio foxista, es el cambio de equilibrio de la relación entre esferas institucionales y capos del narcotráfico. Ahora, a diferencia del pasado, los cárteles han ganado márgenes nada desdeñables de autonomía, influencia y acción respecto del Estado. Es decir, el Estado ha dejado de ser un actor capaz de arbitrar los conflictos de intereses entre los cárteles y, por ende, de proporcionar una certidumbre básica a los señores de la droga. Así, estos se han desatado ante el hecho inobjetable de que ninguna autoridad con capacidad coactiva (policía o ejército) asumió la tarea de controlarlos e imponerles límites. Ahora bien, la culpable de semejante falla, se nos dice, es la novel e incipiente democracia mexicana. En particular, el insuficiente desarrollo del necesariamente simultáneo proceso de instauración democrática (es decir, la construcción de las prácticas democráticas) y de destitución autoritaria (esto es, el correspondiente desmantelamiento de las reglas autoritarias) que acompañan a un proceso de cambio político en clave democrática que merezca con propiedad ese nombre. Con la alternancia política, en consecuencia, las viejas estructuras priistas, y especialmente el poder de la institución presidencial, se debilitaron en modo significativo. Ello abrió el margen para que, con gran sentido de la oportunidad y capacidad de adaptación, los cárteles de la droga establecieran nuevos pactos y acuerdos con las autoridades en el nivel local y estatal. Cada cártel e, incluso, cada fracción de cártel, empezó a negociar por su cuenta con los grupos de poder regional, ya sea que estos núcleos fuesen municipales o estatales. Desde el lado del poder político institucional no es ocioso reiterar, en esta misma lógica de 100

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54

argumentación, que los gobernadores, especialmente los priistas, con la alternancia también ganaron márgenes de autonomía insospechados e inusitados. La falta de control, es decir, la ampliación de la impunidad y los altos incentivos económicos volvieron no sólo atractivo sino irresistible el involucrarse en las redes del narcotráfico. Finalmente, la tibieza de las decisiones presidenciales de Vicente Fox, en el sentido de rehuir un cierto y necesario ajuste de cuentas con el pasado, coadyuvó al incremento de la corrupción al impedir, entre otras cosas, poner en peligro las redes clientelares y autónomas del poder político municipal y estatal. El resultado de este irresponsable manejo del proceso de cambio político por parte de la propia clase política nacional ha desembocado en el conflictivo escenario actual. Hoy día los cárteles del narcotráfico se han transformado en actores estratégicos con los recursos suficientes para obstruir el funcionamiento de las instituciones y la gobernabilidad del país. Ello nos coloca a todos los ciudadanos en una verdadera situación de peligro y, evidentemente, erosiona la legitimidad y la confianza que tendríamos que depositar en las autoridades e instituciones del Estado mexicano. Otro dato que no presagia una fácil y rápida salida de la coyuntura de violencia y conflictividad actual por la que atravesamos tiene que ver con este referido proceso de reacomodo y adaptación de los cárteles. Esto es, el mapa del crimen organizado en el país está cambiando vertiginosamente. Las fuerzas delictivas están en constante mutación y recomposición. En la cruenta disputa por el control territorial que los cárteles sostienen entre sí, curiosa y peligrosamente, estos se han flexibilizado y dividido en compartimentos autónomos. Cárteles importantes inclusive se han fragmentado, pero sobre todo sorprende la capacidad de alianzas, muchas de ellas efímeras, que en la guerra sin cuartel que sostienen entre ellos y con la policía y el ejército mexicano se establecen. Por supuesto, el poder de fuego se ha incrementado y, adicionalmente, muchos de estos

HAC IA UN A “ N A R C O D E MOC RAC I A” I NG O B E R NAB LE

DOSSIER

grupos delictivos han ampliado el registro de sus giros criminales pasando, sin abandonarlo, del tráfico de drogas, al secuestro, la venta de protección, la prostitución, las casas de apuestas y el tráfico de personas. Un elemento relevante constata que, al igual que cómo sucedió en el sistema político mexicano en su conjunto, las reglas no escritas que imprimían orden y sentido a la actividad del narcotráfico han sido vulneradas, abandonadas. Por ejemplo, la saña con la que se comenten las venganzas y ajustes de cuentas y, otra regla rota que ilustra lo referido, es el que ahora, a diferencia del pasado, ya no se respeten las vidas de los familiares de los miembros de los cárteles.

¡MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA!

N

o se trata de ser un pesimista empedernido para admitir con responsabilidad que el futuro político inmediato de México es a todas luces incierto. La amenaza a la paz social es grave y real. La decisión de Felipe Calderón de involucrar abiertamente al ejército en el combate al narcotráfico no es irracional, ni del todo injustificada. Se sostiene tanto sobre la base del desafío heredado de la administración anterior como por la percepción objetiva de la ineficiencia y corrupción de las diversas policías en el país. Es un hecho que tales corporaciones se encuentran infiltradas, coludidas, en suma, al servicio de las diversas facciones del narco. Justamente por ello, las distintas policías del país están en franca descomposición. Algunas, en efecto, se encuentran bajo investigación de las agencias federales, mientras que la gran mayoría están divididas en su interior y entre sí sostienen rivalidades y sospechas inadmisibles según sea el grupo del narco bajo cuyo mandato se encuentren. Colocar al ejército al frente de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no es tampoco una iniciativa innovadora de Calderón. Desde el sexenio de José López Portillo, los sucesivos presidentes mexicanos, en diferentes contextos, se han apoyado en la fortaleza institucional del ejército. Y desde la perspectiva latinoamericana, tampoco tal invocación al ejército es nueva. De hecho, hoy día esta participación está en expansión, sea en sí misma riesgosa y problemática, y que para el caso mexicano lo es por partida doble.

En efecto, existe un abrumador consenso entre los analistas y los expertos en temas de seguridad en calificar la iniciativa de Calderón como improvisada y desastrosa, además de estar motivada por la búsqueda de improbables beneficios políticos de corto plazo. Por supuesto, se trata de una acción que genera, ante todo, la imagen de un presidente decidido y capaz. De igual manera, es una medida que sale al paso de las crecientes y lógicas exigencias y reclamos de respuestas rápidas y eficaces por parte de la ciudadanía en este tema de la seguridad pública. Sin embargo, tales ventajas pueden fácilmente revertirse si no se cosechan resultados tangibles y objetivos en el corto plazo. Este último escenario es el que desgraciadamente se anticipa. Los síntomas de agotamiento y desgaste en el corto plazo son evidentes en la estrategia de Calderón. México: ¿entrega o negociación?

101

DOSSIER

MÉ X ICO : ¿EN T RE GA O NEG OC I AC I Ó N?

las antagónicas diferencias entre los ejércitos Desde el punto de vista de los resultados, el y las policías. La formación y la naturaleza del despliegue del ejército ha sido fallido y estéril. ejército no son apropiadas para desempeñar Más alarmante aún es el hecho de que su conlas funciones policiales porque el ejército ducción ha sido errática y la falta de coordinapone énfasis en la jerarquía, la disciplina y la ción entre el ejército y el resto de las agencias estructura del mando. De ahí que su espíritu de de seguridad estatales ha sido inocultable. cuerpo, su autonomía y su distancia respecto Ningún capo de importancia ha sido detenide la sociedad son las bases estructurales sobre do, ningún cártel ha sido desarticulado, el flujo las cuales se gestó en la época del autoritarisde drogas no ha sido afectado, los crímenes, a mo en América Latina el desplazamiento de pesar del masivo despliegue de fuerza castrense, la clase política por parte de los altos mandos no han cesado y, de hecho, se han incrementacastrenses. Se trata de una tentación real en el do. En realidad, los cárteles no se han arredrado presente de una pesadilla de la que México se y también han dado una respuesta de fuerlibró en el pasado reciente. No en balde que za y desafío. En resumen, la violencia no se ha el aún cercano recuerdo de las violaciones a frenado, el negocio de la droga continua intacto, los derechos humanos por parte de las fuerzas mientras que el ejército, el aparentemente último armadas en diversos países de América Latibastión de la institucionalidad, se desgasta y desna, sea un argumento que moraliza. desaconseje para el caso Con estos resultados, la mexicano involucrar de necesidad de hacer un alto Lo importante radica en en la campaña resulta algo llenar el vacío de autoridad manera permanente al ejército en tareas de segude sentido común y de insque ha hecho fuerte al ridad pública. Pero de las tinto de supervivencia. Las muchas y sensatas razones autoridades al frente del narcotráfico. Avanzar en que advierten de los riesgos Estado, empezando por una obstaculizada reforma y peligros de mantener por el presidente, harían bien un largo período la anterior en reevaluar los métodos del Estado es vital. medida, la principal en el y las estrategias para recorto plazo es el hecho de que los militares no lanzar este combate. Es francamente inaudito son inmunes a la corrupción. Sólo como advere incomprensible que se haya optado por el tencia ilustrativa de este peligro cabe recordar simulacro y el despliegue mediático y no por que desde la sonada detención del general Jesús la labor de inteligencia e investigación previa. Gutiérrez Rebollo, más de un centenar de oficiaSin entrar a la discusión sobre si la guerra al les han sido sujetos de procesos del fuero militar narcotráfico puede o no ganarse de manera y penal por la protección que proporcionaban contundente, sí resulta claro que sobre la a los cárteles. Entre ellos destacan dos generales base de un diagnóstico preciso de la situación de división, cuatro generales de brigada y cinco es perfectamente viable diseñar, planear y generales brigadieres. ejecutar acciones certeras contra el crimen En todo caso, lo importante es recuperar la organizado. perspectiva correcta. Lo importante radica en El llamado al ejército por parte del presidenllenar el vacío de autoridad que ha hecho fuerte te en la presente coyuntura puede que sea foral narcotráfico. Avanzar en una obstaculizada zoso e inevitable y hasta lógico. Pero no parece reforma del Estado es vital. La gobernabilidad que se hayan tomado en cuenta los riesgos, los democrática es imposible sin un acuerdo enproblemas y las limitaciones que esta decisión tre las élites políticas y económicas, así como implica. En particular, es necesario desmontar sin una alianza entre el Estado y la sociedad. Sin al respecto la socorrida idea de que, ante la reglas ni instituciones claras nunca saldremos expansión y crecimiento del crimen organizadel círculo vicioso y perverso de corrupción, do, los militares están táctica y logísticamente criminalidad e ingobernabilidad que asuela mejor preparados que las corporaciones polial país. cíacas. Tal afirmación es incorrecta y desconoce

102

julio-agosto 2007

Metapolítica núm. 54