Memorias de la II Conferencia Regional Humanitaria Sobre Migraciones Forzadas

II Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas Bogotá, Julio 14 y 15 de 2014

Lugar: Pontificia Universidad Javeriana

Memorias

© Codhes - Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Bogotá, diciembre de 2015 Dirección: Carrera 6 No. 34 - 62 Oficina 302 Teléfono (57 1) 2325666 Director Marco Romero Secretaría Técnica de la II Conferencia Regional Humanitaria Coordinador Gabriel Rojas Andrade Equipo logístico y de investigación Camila Espitia Jenny Moreno Natalia Ospina Walleska Pareja E-mail: [email protected] Fotografía Jorge Zuñiga Diagramación Reves Diseño Ltda. | [email protected] Impreso en Colombia

La II Conferencia Regional sobre Migraciones Forzadas contó con el auspicio de: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes); Misión Scalabriniana; Servicio Jesuita para Refugiados (SJR); Fundación Esperanza; proyecto Prodem; Pontificia Universidad Javeriana; Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México-Cammina; Agencia Suiza para el desarrollo y la Cooperación-Cosude; International Association for Studies in Forced Migration (Iasfm); Project Counselling Service (PCS); Center for Justice and International Law (Cejil); Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), y Catholic Relief Services (CRS). La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad de los autores, y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Contenido Presentación5 1.  Declaración de Bogotá. II Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas. Julio 14 y 15 de 20149 1.1.  Personas en necesidad de protección internacional, refugiadas y desplazados internos12 1.2. Apatridia13 1.3.  Trata de personas13 1.4.  Sobre protección de derechos14 1.5.  Sobre políticas institucionales15 1.6.  Sobre soluciones duraderas16 1.6.1.  Integración local16 1.6.2. Retorno16 1.6.3.  Reasentamiento solidario16 1.6.4.  Alternativas migratorias con salvaguardas de protección17

1.7.  Sobre cooperación regional e internacional17

2.  Declaration of Bogotá. Second Regional Humanitarian Conference on Forced Migration. July 14 and 15, 201423 2.1.  Persons in need of international protection, refugees, and internally displaced persons26 2.2. Statelessness27 2.3.  Human trafficking27 2.4.  On protection of rights28 2.5.  On institutional policies29 2.6.  On lasting solutions30 2.6.1.  Local integration30 2.6.2. Return30 2.6.3.  Solidarity resettlement30 2.6.4.  Migration alternatives with safeguards for protection31

2.7.  On regional and international cooperation31

3.  Instalación y antecedentes de la II Conferencia Regional Humanitaria33 4.  Metodología y justificación de la II CRH39 4.1.  Metodología II Conferencia Regional Humanitaria41 4.2.  Justificación II Conferencia Regional Humanitaria43 4.2.1.  Seguimiento de la sociedad civil a la agenda de Cartagena+30: la necesidad de una Segunda Conferencia Regional Humanitaria43

4.3.  Encuentros Regionales Preparatorios47

5.  1er Encuentro preparatorio de la II Conferencia Regional Humanitaria (II CRH)  Washington D.C.

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5.1. Relatoría51 5.1.1. Presentación51 5.1.2. Introducción52 5.1.3. Conclusiones59

6.  Minutes. 1st Preparatory Gathering for the II Regional  Humanitarian Conference (II CRH, for its initials in Spanish) in Washington D.C.

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6.1. Presentation63 6.2. Introduction64 6.2.1.  Situation of children and migrants in the USA65 6.2.2.  Situation of asylum-seekers67 6.2.3.  Militarization of the borders67 6.2.4.  Migration Reform68 6.2.5.  Other Legislative Reforms68 6.2.6.  Adoption of International Standards68 6.2.7.  New forms of forced displacement and urban violence69 6.2.8. Statelessness70 6.2.9.  Access to Rights71

6.3. Conclusions71

7.  2do Encuentro preparatorio de la II Conferencia Regional Humanitaria (II CRH).  Toronto. Canadá

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7.1. Relatoría75 7.1.1. Presentación75 7.1.2. Introducción76 7.1.3. Conclusiones84

8.  2nd Preparatory Gathering for the II Regional Humanitarian Conference (II CRH) (II CRH, for its initials in Spanish). Toronto, Canada87 8.1. Minutes89 8.1.1. Presentation89 8.1.2. Introduction90 8.1.3. Conclusions98

9.  Relatorías de los paneles más representativos de la II CRH101 9.1.  "El papel de las víctimas residentes en exterior en los procesos de paz"103 9.2.  Diálogo abierto II CRH. Academia y Sociedad Civil: Migración Forzada, Posconflicto y Justicia Transicional 110

10.  Conformación de la Red sobre Migraciones Forzadas en las Américas119 10.1. Somos121 10.2. Misión122 10.3. Visión122 10.4.  Objetivos generales122 10.5.  Objetivos específicos123 10.6.  Ejes temáticos123 10.7.  Áreas de trabajo123

11.  Avances y retos de la sociedad civil en el marco de las Migraciones Forzadas y el Plan de Acción de Brasil125 11.1.  Fronteras en un escenario de posacuerdo de paz en Colombia133 11.2.  Seguimiento al Plan: retos de la sociedad civil137 11.3.  Escenarios de interlocución140

Bibliografia 142 Anexos

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Anexo 1: Declaración y Plan de Acción de Brasil Anexo 2: Listado de Participantes II Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas

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Presentación Año tras año, la sociedad civil de las Américas se ha preocupado por diagnosticar, proponer e incidir en la protección efectiva de los derechos de las y los migrantes forzados del continente. Si bien es cierto la coyuntura y la territorialidad nos imponen retos diferentes, hemos identificado una conexión real de tipo regional que nos exige posicionar temas en la agenda migratoria internacional que trascienden las prioridades coyunturales de los gobiernos. Con el propósito de consolidar espacios de interlocución entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) para ampliar los horizontes de comprensión sobre el fenómeno de las migraciones forzadas, varias organizaciones de la sociedad civil de la región han participado activamente en el proceso de la Conferencia Regional Humanitaria. Se han realizado dos Conferencias Regionales Humanitarias, la primera de ellas en el año 2010 en la ciudad de Quito (Ecuador) y la segunda en el 2014, en la ciudad de Bogotá (Colombia). Cinco años atrás, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil realizó la I Conferencia Regional Humanitaria (I CRH) entre Estados y sociedad civil, a la que asistieron 150 participantes; responsables gubernamentales de las políticas de refugio y asilo; delegados de organizaciones de la sociedad civil e iglesias; organizaciones de refugiados y desplazados; académicos expertos; agencias de cooperación, y funcionarios de organismos intergubernamentales de 16 países de América Latina y otras regiones del mundo. La iniciativa partió de la necesidad que observó la sociedad civil de llevar a cabo un seguimiento a los compromisos adquiridos por los Estados en materia de migraciones forzadas, con base en la Declaración de Cartagena (1984) y el Plan de Acción de México (2004). El encuentro de 2010 evidenció el gran reto que significa garantizar los derechos asociados a nuevas causas de movilidad humana, tales como la violencia macrocriminal transfronteriza, las economías ilegales y el cambio climático. También puso de presente al menos nueve necesidades identificables en cuanto a la actualización de los regímenes de protección a refugiados, a saber: 1. Regularizar la situación de las personas que llevan a cabo movimientos migratorios mixtos, 2. Adaptar las instituciones encargadas de la implementación de las políticas, 3. Priorizar recursos para atender fenómenos de movilidad humana, 4. Contar con procesos más efectivos de reconocimiento de la condición de refugiado, 5. Facilitar los procedimientos y el disfrute efectivo de los derechos de asilo, 6. Cambiar las políticas de seguridad centradas en el componente militar, 7. Crear respuestas conjuntas a los problemas de migración forzada, 8. Plantear soluciones duraderas para superar la vulnerabilidad de la población residente y de la población desplazada, migrante o refugiada y 9. Armonizar las políticas de migración con las políticas de refugio en los países de la región.

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Desde el año 2013, varias organizaciones de la sociedad civil consideraron que era necesario realizar un nuevo seguimiento al estado de la protección internacional en el marco de los antiguos y nuevos fenómenos alrededor de las migraciones forzadas. En ese sentido, y en conmemoración de los 30 años de la Declaración de Cartagena, se tomó la decisión de iniciar el proceso de la II Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas (II CRH). Para la II CRH fue de particular importancia la alianza estratégica entre la sociedad civil y la academia, especialmente, a partir del trabajo conjunto con la International Association for Studies in Forced Migration (Iasfm). Esta unión no solo permitió que durante el proceso se realizaran diagnósticos profundos, sino que las recomendaciones que se formularon en materia de protección efectiva a los derechos de las y los migrantes forzados gozaran de una mayor solidez. Al ser un proceso complementario a Cartagena+30, la II Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas organizó algunas reuniones regionales de manera independiente (Estados Unidos y Canadá) y participó en los encuentros subregionales convocados por el Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC). Como resultado de un proceso democrático e incluyente, a la II CRH que se llevó a cabo los días 14 y 15 de julio de 2014, asistieron 130 representantes de la sociedad civil y la academia provenientes de 17 países. Allí se elaboró un diagnóstico regional y se formularon recomendaciones frente a las formas actuales de migraciones forzadas en la región, plasmadas en la Declaración de Bogotá. En el marco de la conmemoración de los 30 años de la Declaración de Cartagena, representantes de la sociedad civil y de la academia participantes de la II CRH, llamaron la atención sobre la oportunidad para reconocer la grave crisis humanitaria que imponen las migraciones forzadas y los nuevos desafíos de protección en las Américas. El proceso de Cartagena+30 y la Declaración de Brasilia constituyen una oportunidad para renovar compromisos y acuerdos entre los Estados, de tal manera que se impida la continuidad de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes forzados en la región. Como sociedad civil reiteramos la necesidad de que los compromisos adquiridos por los Estados propugnen por la protección y satisfacción efectiva de los derechos de desplazados internos, refugiados, solicitantes de asilo, menores no acompañados, personas en necesidad de protección internacional, víctimas de migraciones forzadas por megaproyectos, cambio climático, apátridas y víctimas de trata y tráfico de personas. Como planteamiento central de la Declaración de Bogotá, en el marco del encuentro final del proceso Cartagena+30 en Brasilia, se propuso que los Estados de la región adopten un instrumento vinculante de protección que abarque, complemente y actualice los acuerdos de la Declaración de Cartagena, garantice los derechos de los refugiados, desplazados internos y personas en necesidad de protección internacional, y proyecte su implementación efectiva en las próximas

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décadas. Este acuerdo debe contar con un mecanismo de evaluación y seguimiento a las acciones de los Estados, así como con una metodología que incluya la construcción de indicadores y la participación amplia de la sociedad civil y los afectados por las migraciones forzadas. La construcción participativa y democrática de la Declaración de Bogotá generó un respaldo contundente por parte de más de 500 organizaciones sociales, académicas y redes internacionales. Gracias a este importante apoyo regional, el Representante del Acnur en Colombia, Stephane Jaquemet, reconoció y recibió este aporte de la sociedad civil de las Américas en septiembre de 2014 para entregarlo directamente en Ginebra, Suiza. Más allá de las alternativas de implementación que establezcan los Estados para enfrentar los escenarios mencionados, las y los representantes de la sociedad civil y la academia reiteraron su responsabilidad de seguimiento a los compromisos entre los países. Para ello, se creó la Red sobre Migraciones Forzadas en las Américas, que tiene como objetivos centrales la evaluación y seguimiento a las acciones de los Estados del continente americano con respecto a los derechos de las personas que migran forzosamente en la región. Durante la II CRH se respaldó la idea de llevar a cabo conferencias regionales sobre migraciones forzadas en las Américas de periodicidad bianual, con el fin de compartir retos identificados en los informes de la Red y formular recomendaciones a los Estados. El Comité de Auspicio de la II Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas reitera el compromiso de incidencia y seguimiento frente a los mecanismos de satisfacción de los derechos de las y los migrantes forzados de las Américas que serán adoptados en el Plan de Acción de Brasil. De igual manera, invita a las organizaciones del continente a propender por el trabajo conjunto en redes con el fin de prosperar en la discusión y formulación de políticas públicas regionales encaminadas a la satisfacción efectiva de los derechos de los desplazados internos, refugiados, solicitantes de asilo, menores no acompañados, personas en necesidad de protección internacional, víctimas de migraciones forzadas por megaproyectos, cambio climático, apátridas, y víctimas de trata y tráfico de personas. Finalmente, agradecemos a todas las organizaciones que participaron en la II CRH, así como a las más de 500 organizaciones que respaldaron la Declaración política de Bogotá. Nuestra fortaleza en la capacidad de incidencia en la conmemoración de los 30 años de Cartagena en Brasilia hoy es posible gracias a sus propuestas, ideas y recursos.

Marco Romero Director de Codhes Profesor de la Universidad Nacional de Colombia

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Listado de siglas

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Acnur

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

AOED

Alianza de organizaciones de la sociedad civil para la Eficacia del Desarrollo

AVRR

Retorno Voluntario Asistido y el Programa Piloto de Reintegración (siglas en inglés)

CAN

Comunidad Andina de Naciones

Caricom

Caribbean Community and Common Market

Cejil

Center for Justice and International Law

Celac

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

Cirefca

Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos

Codhes

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

Conares

Comisiones Nacionales de Refugiados

CRH

Conferencia Regional Humanitaria

CRS

Catholic Relief Services

DCO

Países designados de origen (siglas en inglés)

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

Grulac

Grupo América Latina y el Caribe

Iasfm

International Association for Studies in Forced Migration

ICVA

International Council of Voluntary Agencies

Ippdh

Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos

Mercosur

Mercado Común del Sur

NRC

Consejo Noruego para los Refugiados (siglas en inglés)

OIM

Organización Internacional para las Migraciones

ONG

Organización no gubernamental

OSC

Organización de la sociedad civil

PAB

Plan de Acción de Brasil

PCS

Project Counselling Service

Prodem

Protección de derechos de personas en movilidad humana

SICA

Sistema de la Integración Centroamericana

SJR

Servicio Jesuita para Refugiados

Primera Parte Declaración de Bogotá. I I Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas. Julio 14 y 15 de 2014

Comité de auspicio, II Conferencia Regional Humanitaria.

El presente documento es resultado de un proceso regional de la sociedad civil de las Américas, llevado a cabo durante 2013 y 2014, que culminó con la II Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas. Diversas ONG y representantes de la academia participaron en grupos focales en Canadá y Estados Unidos –organizados de manera independiente– y en tres encuentros subregionales (Mercosur ampliado, Andino y Mesoamérica), organizados por la Acnur y el NRC, con ocasión de la conmemoración de los 30 años de la Declaración de Cartagena. La I Conferencia Regional Humanitaria (Quito, 2010) planteó el seguimiento a los compromisos adquiridos por los Estados en materia de protección de personas desplazadas y refugiadas con base en la Declaración de Cartagena y el Plan de Acción de México. Para la II Conferencia Regional Humanitaria, en la que participaron 130 representantes de la sociedad civil y la academia provenientes de 17 países, se elaboró un diagnóstico regional y se formularon recomendaciones frente a las formas actuales de migraciones forzadas en la región. Conscientes de los esfuerzos realizados en el ámbito regional con ocasión del treinta aniversario de la Declaración de Cartagena, saludamos el proceso de consultas a la sociedad civil adelantado por Acnur, con el acompañamiento de NRC, en 20 países del continente americano. Siguiendo este espíritu de coordinación, ratificamos las propuestas y conclusiones presentadas por las organizaciones sociales en las consultas subregionales. Además, reconocemos los avances en materia de protección que los Estados han adoptado en los últimos sesenta años internacional y regionalmente, así como las iniciativas de organismos multilaterales regionales, de la Organización de las Naciones Unidas, del Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos e instituciones nacionales de derechos humanos. No obstante, observamos que persisten falencias en la respuesta institucional frente a la crisis humanitaria y de derechos que padecen personas desplazadas, solicitantes de refugio y refugiadas, víctimas de trata y tráfico de personas, apátridas y víctimas de nuevas modalidades de migraciones forzadas a causa de obras de infraestructura, inversiones privadas, degradación ambiental, cambio climático y criminalidad común y organizada, nacional e internacional. La región mantiene importantes desafíos que deben ser asumidos por los Estados con el fin de ofrecer soluciones nacionales y regionales. Persisten marcos normativos y de ejecución de políticas públicas desiguales basadas en la militarización y la securitización en las acciones de las autoridades. Estas respuestas institucionales, sumadas a la ausencia o erosión del Estado de derecho en zonas rurales o fronterizas, generan, entre otras: situaciones de estigmatización, discriminación y desamparo; la invisibilización de diversos flujos de migración forzada en la región; la falta de garantías del debido proceso en la determinación de la condición de refugiado; la ausencia de un adecuado abordaje de la perspectiva de edad, identidad de género y orientación sexual; la persistencia del uso de la detención derivada de la situación migratoria, además de limitaciones significativas para el acceso a derechos básicos como educación, salud, vivienda y empleo digno.

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Llamamos la atención de los Estados de la región y la comunidad internacional sobre los siguientes puntos:

1.1.  Personas en necesidad de protección internacional, refugiadas y desplazados internos Defendemos la vigencia y observancia del Derecho Internacional de los Refugiados, en particular de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967) y sus desarrollos jurisprudenciales internacionales y locales. Apoyamos y defendemos la necesidad de la presencia del Acnur en defensa de los derechos de los refugiados y las personas en necesidad de protección internacional. Demandamos de los Estados de la región la aplicación de la definición de Cartagena sobre refugiados y desplazados internos. Advertimos con preocupación las tendencias regresivas en materia de derechos de los refugiados y personas en necesidad de protección que vienen aplicando algunos países de la región. Al respecto, exigimos la aplicación integral y no regresiva de los derechos humanos de los refugiados y los solicitantes de refugio. El desplazamiento forzado interno continúa siendo un fenómeno relevante e invisibilizado en las Américas. El mismo requiere de investigación y desarrollo de medidas de prevención y protección. Además, es necesario un fuerte compromiso de los Estados para la adopción de políticas públicas específicamente dirigidas a la población afectada, en el marco de los Principios Rectores sobre los Desplazamientos Internos. Manifestamos el respaldo a los procesos de paz desarrollados entre la insurgencia y el Estado colombiano, y planteamos la importancia de que allí se tengan en consideración las demandas y propuestas de la población en necesidad de protección internacional, refugiada y en situación de desplazamiento. Consideramos que los acuerdos que surjan de estos procesos de diálogos son un avance inigualable en el camino hacia la paz. Sin embargo, es posible que no impliquen una reducción significativa de la violencia y violaciones a los derechos humanos en el país. Por ello, es imperativo mantener altos estándares de protección a quienes se vean obligados a desplazarse y buscar protección internacional.

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Es necesario tener presente este escenario conflictivo posacuerdo y evaluar cuidadosamente cualquier programa o medida relacionada con retornos. Específicamente, llamamos a verificar rigurosamente el cumplimiento de los principios rectores de voluntariedad, seguridad y dignidad antes de adelantar cualquier proceso de retorno al país. A su vez, llamamos a los Estados de la región a facilitar y acompañar los procesos de atención y reparación a las víctimas del conflicto colombiano en los países de acogida, bajo la comprensión de que las víctimas conservan sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, independientemente del lugar donde se encuentren. En este sentido, es importante subrayar que la actual Ley de Víctimas colombiana (1448 de 2011) es una ley de reparación y no de protección.

1.2.  Apatridia Los Estados de las Américas deben proteger y garantizar el derecho a la nacionalidad de conformidad con su legislación vigente, evitando cualquier forma de discriminación y privaciones arbitrarias de la nacionalidad que puedan generar situaciones de apatridia. Las definiciones de nacionalidad no deben incluir conceptos indeterminados, ambiguos e imprecisos. Además, los Estados deben ratificar los instrumentos internacionales sobre el Estatuto de los Apátridas de (1954) y la Convención para reducir los casos de apatridia (1961). Es necesario que adopten marcos normativos, políticas públicas y cualquier otra medida para erradicar la discriminación racial, de identidad de género y orientación sexual, y proteger de manera efectiva los derechos de las mujeres y el interés superior de las niñas y los niños. Dentro de estas acciones –y con el objetivo de erradicar la apatridia en la región– deben incluirse la identificación de las personas que estén en riesgo de apatridia, la prohibición de la revocación retroactiva de la nacionalidad, la adopción de medidas de protección y el otorgamiento de una nacionalidad para todas las personas en las Américas.

1.3.  Trata de personas Se deben crear mecanismos de protección para las víctimas de trata de personas, sin perjuicio del derecho de asilo que le asiste a cada individuo. Para ello, es necesario respetar la garantía de no devolución y el otorgamiento de la regularización migratoria si la víctima así lo desea o lo necesita. Todo lo anterior, sin descuidar las medidas específicas que deben tomarse para los casos en los que se presenta trata interna. Asimismo, se tiene que otorgar a las víctimas un período suficiente de reflexión, el cual les posibilite tomar decisiones informadas para garantizar su seguridad y su bienestar y el de su familia.

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La repatriación debe darse a través de un debido proceso que incluya las consultas a la víctimas, priorizando en todos los casos su protección, integridad y unidad familiar, y considerando su derecho al acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Se requieren esfuerzos para documentar las diversas formas de trata de personas en contextos de conflicto armado y migraciones forzadas, tomando en cuenta todas las formas de explotación y haciendo visible el efecto diferenciado y desproporcionado sobre las mujeres. También es necesario considerar que el reclutamiento forzado en contextos de conflictos armados es una forma de trata de personas y, por lo tanto, las respuestas institucionales al fenómeno deben gestionarse de acuerdo con los estándares de derechos humanos y trata de personas. Frente a estos desafíos, las organizaciones de la sociedad civil reiteramos que es deber de los Estados velar por la protección y satisfacción efectiva de los derechos de las personas que migran forzadamente. Ante ello proponemos:

1.4.  Sobre protección de derechos Acatar los marcos generales de protección de los derechos humanos –civiles, políticos, sociales, económicos y culturales–, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Refugiados, así como las normas especificas que rigen los derechos de los niños y las niñas, las mujeres, los pueblos indígenas, los migrantes y las personas en situación de desplazamiento. Específicamente, ello exige que se garanticen los derechos a no ser desplazado y a elegir el lugar de residencia; a la personalidad jurídica; a la libertad y a la familia; a la integridad y la vida; a la justicia; al acceso a la información, y a la no discriminación, así como el respeto del principio de no devolución, la protección del interés superior del niño, la prohibición de las deportaciones, entre otros. Defensoras y defensores de los derechos de los migrantes y apátridas deben tener las garantías de seguridad y condiciones adecuadas para llevar a cabo su trabajo. En ese sentido, los Estados deben investigar, sancionar y condenar públicamente los actos de agresión, hostigamiento y amenaza en su contra. Es de especial relevancia la situación de la niñez en el contexto de las migraciones, por tratarse de un fenómeno histórico que ha adquirido mayor visibilidad en la última década –y también por ser una población que reclama un enfoque de derechos humanos específico–. Esta situación exige priorizar el conjunto de estándares de protección de los niños y niñas frente a la fuerte impronta securitaria de las políticas migratorias en las Américas: el interés superior del niño o niña debe prevalecer sobre su condición o estatus migratorio y el de su familia.

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Particularmente, niños y niñas no acompañados(as) deben considerarse como sujetos de protección internacional en el marco del proceso de asilo. Los Estados deben corresponsabilizarse y desarrollar políticas públicas para asegurar el derecho a la permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de manera que no se vean obligados a migrar, considerando las condiciones de discriminación estructural. La protección del derecho a la familia debe ser el criterio orientador básico para determinar la situación migratoria del grupo familiar a partir de los estándares de derechos humanos.

1.5.  Sobre políticas institucionales Los Estados deben establecer marcos normativos, políticas públicas, prácticas judiciales o administrativas, así como protocolos que garanticen de manera efectiva la protección de los derechos, desde un enfoque diferencial, de las poblaciones migrantes y apátridas en una cultura que tenga como objetivos condenar y erradicar la discriminación por cualquier causa. Los Estados deben garantizar la eliminación de la detención, así como toda forma de privación de la libertad por razones migratorias; la prevención y erradicación de la apatridia; la prohibición de la privación arbitraria de la nacionalidad; contrarrestar la militarización y penalización de la población migrante; con especial atención a la niñez, mujeres, personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (Lgbti), indígenas, afrodescendientes, personas con capacidades diversas, y garantizar la reunificación familiar. Los procedimientos deben fortalecer el debido proceso –como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)–; el acceso a la justicia; garantizar una adecuada representación legal cuando sea necesario; asegurar el derecho a apelar las decisiones adoptadas, y atender a criterios de edad, identidad de género y orientación sexual. Asimismo, ofrecer un trato digno; acceso a la información; derecho a un intérprete; confidencialidad; competencia, e independencia e imparcialidad de los órganos de revisión y decisión. De la misma forma, en espacios de frontera y puntos de ingreso (puertos y aeropuertos) se debe garantizar el acceso a la protección internacional, la presencia de autoridades civiles, no policiales, y velar por el cumplimiento del principio de no devolución, libertad de circulación y residencia bajo condiciones de seguridad y protección a la dignidad humana.

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1.6.  Sobre soluciones duraderas 1.6.1.  Integración local La integración local continúa siendo la solución duradera por excelencia. Por tanto, los Estados deben asumir su responsabilidad para garantizar y potenciar la misma. Asimismo, deben considerar las tres dimensiones de la integración –legal, socioeconómica y sociocultural– en el diseño de las políticas para la población en situación de migración forzada. Consideramos que en relación al contexto de la región, es necesario priorizar y propiciar: • La entrega de documentación adecuada, en tiempo y forma, no discriminatoria, desde el inicio del procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Este documento deberá garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Las personas refugiadas deberán acceder a la residencia permanente en el país de asilo, a modo de propiciar una completa integración. • La garantía del acceso a procesos de regularización migratoria para todas las personas que migren forzosamente. • Espacios para la generación de ingresos de las víctimas de migraciones forzadas, que incluyan proyectos socio-productivos, microemprendimientos y capacitaciones, entre otros.

1.6.2.  Retorno En relación con la repatriación voluntaria, este es un derecho de la persona refugiada y se debe garantizar que el retorno a los países de origen sea siempre voluntario, informado y en condiciones de seguridad y sostenibilidad. Adicionalmente, los procesos de paz no pueden implicar un cese de la condición de refugiado.

1.6.3.  Reasentamiento solidario Los programas de reasentamiento solidario en la región han sido un instrumento valioso de corresponsabilidad entre los Estados. Consideramos que estos programas deben mantenerse, evaluarse y profundizarse. Para ello, es imprescindible que los Estados asignen recursos económicos para el desarrollo de estos.

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1.6.4.  Alternativas migratorias con salvaguardas de protección En relación con las alternativas migratorias como posible cuarta solución duradera, registramos positivamente que existan avances y propuestas en la materia, sin embargo, consideramos que estos no deben interferir con el otorgamiento del estatus de refugiado a las personas en necesidad de protección internacional. Las alternativas migratorias pueden constituir una solución, siempre y cuando incluyan garantías mínimas de salvaguarda como la no devolución, no sanción, no detención, identificación y registro, acceso a servicios básicos, derecho al trabajo y unidad familiar. Todo ello con base en el reconocimiento de los estándares de protección derivados de los tratados y convenios internacionales en derechos humanos y derecho internacional de las personas refugiadas.

1.7.  Sobre cooperación regional e internacional Recomendamos que las políticas regionales se construyan desde un enfoque de derechos con perspectivas diferenciales, que aborden también las causas estructurales de la migración, y no desde una perspectiva de seguridad nacional. Proponemos que la condición de refugiado sea vigente más allá de las fronteras desde donde se otorgó (extraterritorialidad/portabilidad del estatuto de refugiado) y que el acceso a una regularización migratoria alternativa no implique la pérdida del estatus de refugiado para las personas en necesidad de protección internacional. Esperamos que la reunión de Brasilia adopte un plan de acción que haga una interpretación progresiva y una aplicación efectiva de los estándares de protección internacional vigentes. Exigimos que dicho plan ofrezca respuestas frente a las antiguas y nuevas situaciones que producen la violación de los derechos humanos asociados a las diversas modalidades de migración forzada. Igualmente, demandamos la participación de la sociedad civil y la creación de espacios de diálogo tripartito para la construcción e implementación de propuestas, monitoreo y seguimiento a las conclusiones de Brasilia 2014. Para contribuir a la respuesta efectiva a los desafíos planteados, proponemos que los Estados de la región adopten de un instrumento vinculante de protección que abarque, complemente y actualice los acuerdos de la Declaración de Cartagena, garantice los

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derechos de los refugiados, desplazados internos y personas en necesidad de protección internacional y proyecte su implementación efectiva en las próximas décadas. Este acuerdo debe contar con un mecanismo de evaluación y seguimiento a las acciones de los Estados, así como con una metodología que incluya la construcción de indicadores y la participación amplia de la sociedad civil y los afectados por las migraciones forzadas. El marco de la conmemoración del treintavo aniversario de la Declaración de Cartagena es una oportunidad para reconocer la grave crisis humanitaria que imponen las migraciones forzadas y los nuevos desafíos de protección. El momento se presenta, entonces, como una oportunidad para renovar compromisos y acuerdos entre los Estados, que eviten la prolongación de las afectaciones a los derechos humanos de los migrantes forzados en la región y vaya más allá de un pronunciamiento de intenciones por parte de los gobiernos. En este sentido, con el objeto de hacer seguimiento a la labor de los Estados con respecto a los puntos señalados en la presente Declaración, la sociedad civil de las Américas crea la Red sobre Migraciones Forzadas en las Américas. Sus objetivos son 1. La formulación de un informe anual sobre la respuesta institucional a las migraciones forzadas en la región, cuyos insumos se basen en el trabajo local y regional de las organizaciones adscritas a la Red y 2. La realización de un encuentro bianual para revisar y evaluar el estado de los desafíos señalados en este documento y hacer recomendaciones concretas a los gobiernos

Bogotá, julio 15 de 2014

La declaración política de la II Conferencia Regional Humanitaria cuenta con la adhesión de cerca 500 organizaciones sociales, académicas y redes internacionales, a saber (listadas en orden alfabético): • • • • • • • • • • • •

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Agencia Familiar Binacional, A.C (Afabi). Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino. Albergue del Desierto. Albergue Manos Extendidas a los Necesitados A.C. Amnistía Internacional. Asamblea Popular de Familias Migrantes (Apofam). Asociación de Familiares de Migrantes Peruanas (Afamiper Lima Metropolitana). Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (Amucss). Asociación Mexicana pro Naciones Unidas A.C. Association of Mexicans in North Carolina (Amexcan). Asylum Access Ecuador. Babel Sur/Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales A.C.

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Be Foundation, Derecho a la Identidad. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Boca de Polen Red de Comunicadores. Caritas Arquidiocesana de São Paulo. Carmen Fernández. Casa Alianza de Honduras. Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia, A.C.). Casa del Migrante en Tijuana A.C. Casa del Migrante-Casa Nicolás. Catholic Relief Services (CRS). Cemac A.C. Caridad Sin Fronteras A.C. Center for Justice and International Law (Cejil). Centro de Apoyo al Trabajador Migrante. Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (Cafami). Centro de Atención al Migrante (Exodus). Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. Centro de Derechos Humanos del Migrante A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh). Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (Cedhapi). Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (Cenderos). Centro de Estudios de Migraciones Internacionales (CEMI) de la Universidad de La Habana. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Golfo). Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanus. Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM). Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex). Centro de Transformación Social. Centro Internacional de Derechos Humanos para Personas Migrantes (Cidehum). Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo en el Caribe (Obmica). Centro Scalabrini para las Migraciones - Cescamig BTA. Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Miami. Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (Cimich). Coalición Internacional contra la Detención (IDC).1 Coalición Pro Defensa del Migrante. Colectiva Mujer y Salud. Colectivo de Apoyo para las Personas Migrantes (Coami). Colectivo Migraciones para las Américas (Compa). Colectivo Ustedes Somos Nosotros. Colectivo Vía Clandestina. Comisión de Justicia y Paz, organización de Derechos Humanos de Colombia. Comisión de Pastoral de Movilidad Humana de la Regional Metropolitana de Bogotá. Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR-Euskadi. Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C. Comunidad de Vida Cristiana - CVX.

1  La IDC está conformada por 300 organizaciones.

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Confederación Nacional de Acción Comunal. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Convihive A.C. Coordinación de Migración (BUAP). Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). Corporación Región. Defensoría del Pueblo de Venezuela. Derechos Humanos Integrales en Acción A.C. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Dignidad y Justicia en el Camino A.C. (FM4-Paso Libre). DPMH Dimensión Pastoral para la Movilidad Humana. El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur Chiapas). El Diamante de Fuego A.C. El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El Monitor Civil de la Policía (Mocipol). El Refugio de la Niñez (Guatemala). El Rescate. El Rincón de Malinalco, Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas. Es por los Niños A.C. Estancia del Migrante González y Martínez A.C. (EMGM). Estudios Fronetrizos.org. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional Autónoma de México. Federación Zacatecana A.C. (Fedzac-Mx). Foro Migraciones (FM). Foro Nacional para las Migraciones en Honduras - Fonamih. Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB). Frontera con Justicia A.C. (Casa del Migrante de Saltillo). Fundación Esperanza. Fundación Integridad Social para la Comunidad. Fundación Isidro Fabela A.C. Fundación Nacional Humanitaria Apoyo y Solidaridad con las víctimas de Colombia (Funhascol). Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C. (Fjedd). Fundación Red Global de Apoyo a los Refugiados. Fundación Rostros & Huellas del Sentir Humano. Fundación Social Integral de Colombia (Fuiscol). Fundar. Centro de Análisis e Investigación A.C. Fundevul. Global Rights. Global Workers Justice Alliance (GWJA). Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (Gmies). Grupo de Trabajo de Política Migratoria (GTPM). Grupo Guatemala - México. Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza A.C. (Gimtrap). Gustavo López Castro. Gustavo Patiño Álvarez.

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Hermanas Misioneras Scalabrinianas - América Latina y Caribe. Hugo Ángeles. Identidad Migrante Derechos Humanos. Immigrant Initiative. Immigrant Rights Clinic Washington. Inclusión y Equidad. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social A.C (Incide Social). Iniciativa Frontera Norte de México. Iniciativa Kino para la Frontera Norte - Kino Border Initiative. Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (Incedes). Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. (Inedim). Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB). Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS). Instituto Migrações e Direitos Humanos. Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde). Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (Imumi). International Association for Studies in Forced Migration (Iasfm). Irapuato Vive. Jorge Salcedo. Jornaleros Safe. José Antonio Guevara - Consultor. Karina Arias - Consultora. Kids In Need of Defense. La 72 - Hogar Refugio para Personas Migrantes. La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). La Campaña por la Hospitalidad. La Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). La Federación Internacional de Fe y Alegría. La Universidad Federal de Santa María (UFSM). Lee University School of Law. Leticia Calderón Chelius - Analista en temas migratorios. Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas). Manuel Ángel Castillo. Marcela Ibarra Mateos. Mario Melo Cevallos (coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador). Martha Rojas Wiesner. Mesa Transfronteriza de Género y Migración (MTGM). Mexicanos y Americanos Todos Trabajando A.C. (MATT). Migrantólogos. Misión Scalabriniana - Ecuador. Nosotras Somos tu Voz. Ofelia Woo Morales.

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Open Society Justice Initiative. Organización Binacional Aztlán. Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos (Pihdd). Por la Superación de la Mujer A.C. Prevención Capacitación y Defensa del Migrante A.C. (Precadem). Programa Casa Refugiados A.C. Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Prami - Iteso). Programa de Defensa e Incidencia Binacional (PDIB). Project Counselling Service (PCS). Rafael Alejandro Hernández Real. Red Bajío en Apoyo al Migrante. Red de Mujeres del Bajío (Ceremuba). Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD).2 Red Latinoamericana de estudios de migración forzada. Red Mesoamericana de Mujer, Salud y Migración (Rmmsm). Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Mex).3 Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx). Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf). Red Nacional de Género y Economía (Redge). Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).4 Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (Resama). Respuesta Alternativa, Salud Integral para la Mujer A.C. (Sipam). Ririki Intervención Social S.C. Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana - Sedhu. Servicio Jesuita Migrante (SJM). Servicio Jesuita para Refugiados (SJR). Sin Fronteras IAP. Sin Fronteras. Sistema Universitario Jesuita. SMR, Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados. The United Food and Commercial Workers (UFCW). Una mano amiga en la lucha contra el SIDA A.C. Universidad Autónoma de la Ciudad de México-Estudios Fronterizos (UACM). Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Universidad de Guadalajara (UDG). Universidad Iberoamericana, D.F. Programa de Asuntos Migratorios (UIA-Cd. México). Universidad Iberoamericana, Puebla, Programa de Asuntos Migratorios (Prami-UIA Puebla). Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C. (VM-APM). Washington Office on Latin America (WOLA).

2  Conformada por más de 25 organizaciones sociales y académicas. 3  Conformada por 38 organizaciones sociales. 4  La Redim es una coalición de 73 de organizaciones sociales mexicanas.

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Segunda Parte Declaration of Bogotá. Second Regional Humanitarian Conference on Forced Migration. July 14 and 15, 2014

Panel International Association for Studies in Forced Migration (IASFM).

This document is the outcome of a regional process carried out by civil society in the Americas in 2013 and 2014 that culminated in the Second Regional Humanitarian Conference on Forced Migration. NGOs and representatives of academia participated in focus groups in Canada and the United States, organized independently, and in three subregional meetings (expanded Mercosur, Andean, and Mesoamerica), organized by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the Norwegian Refugee Council (NRC) to commemorate the 30th anniversary of the Declaration of Cartagena. The First Regional Humanitarian Conference, held in Quito in 2010, proposed following up on the commitments acquired by the States to protect displaced persons and refugees, as provided for in the Declaration of Cartagena and the Mexico City Plan of Action. A regional assessment was drawn up for the Second Regional Humanitarian Conference in which 130 civil society representatives and academics from 17 countries participated. In addition, recommendations were made to address the current forms of forced migration in the region. Aware of the efforts made at the regional level, on the occasion of the 30th anniversary of the Declaration of Cartagena we salute the process of consultations with civil society carried out by the UNHCR, with the support of NRC, in 20 countries of the Americas. Following this spirit of coordination we ratify the proposals and conclusions presented by the social organizations in the subregional consultations. In addition, we recognize the progress in respect of protection that the states have made in the last 60 years internationally and regionally, as well as the initiatives of regional multilateral agencies, the United Nations, the inter-American system for the protection of human rights, and national human rights institutions. Nevertheless, we observe that shortcomings persist in the institutional response to the humanitarian and human rights crisis suffered by displaced persons, asylum seekers, victims of human trafficking and migrant smuggling, stateless persons, and victims of new forms of forced migration caused by infrastructure works, private investment, environmental degradation, climate change, and common and organized crime, both national and international. The region continues to face challenges that must be taken on by the States with a view to offering national and regional solutions. The authorities’ actions continue to unfold in the context of unequal normative frameworks and mechanisms for implementing public policies based on militarization and security policy. These institutional responses, together with the absence or erosion of the rule of law in rural and border areas, have led to stigmatization, discrimination, and lack of protection; render various migratory flows in the region invisible; do not accord due process guarantees in the determination of refugee status; lack an adequate approach from the standpoint of age, gender identity, and sexual orientation; and persist in the use of detention based on immigration status, in addition to the significant limitations on access to basic rights such as education, health, housing, and dignified employment.

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We draw the attention of the states of the region and the international community to the following points:

2.1.  Persons in need of international protection, refugees, and internally displaced persons We defend the effective observance of international refugee law, in particular the 1951 and 1967 Conventions and their developments in both international and domestic jurisprudence. We support and defend the need for the UNHCR to be engaged in defending the rights of refugees and persons in need of international protection. We demand of the States of the region that they apply the definition of the Declaration of Cartagena on refugees and internally displaced persons. We note with concern the regressive trends in the approach to the rights of refugees and persons in need of protection adopted by some countries of the region. In this respect, we demand the integral and non-regressive application of the human rights of refugees and asylum-seekers. Internal forced displacement continues to be a significant phenomenon that is rendered invisible in the Americas. It requires research and the development of measures for prevention and protection. In addition, a strong commitment is required by the States to adopt public policies specifically geared to the population affected in the framework of the Guiding Principles on Internal Displacement. We express support for the peace processes being pursued by the insurgent forces and the Colombian State and we note the importance of taking into account, as part of the peace process, the demands and proposals of the population in need of international protection, refugees, and the internally displaced. We consider that the agreements that come out of these processes of dialogue are a crucial step forward along the path to peace. Nonetheless, they may not lead to a significant reduction in violence and human rights violations in Colombia. Accordingly, it is imperative to maintain high standards of protection for those who are forced to displace and seek international protection.

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It is necessary to bear in mind this conflictive post-accords scenario, and carefully evaluate any program or measure related to returns. Specifically, we appeal for a rigorous verification of the guiding principles on any return being voluntary, with security, and with dignity before carrying out any process of return to the country. At the same time, we appeal to the States of the region to facilitate and accompany the processes of attending to and ensuring reparation for the victims of the Colombian conflict in the receiving countries in the understanding that the victims preserve their rights to the truth, justice, and full reparation independent of where they may be found. In this regard, it should be underscored that the current Law on Victims of Colombia is a law that addresses reparation, not protection.

2.2.  Statelessness The States of the Americas should protect and ensure the right to nationality in keeping with their legislation in force, avoiding any form of discrimination and arbitrary deprivations of nationality that may result in statelessness. Definitions of nationality should not include indeterminate, ambiguous, or vague concepts. In addition, States should ratify the 1954 Convention Relating to the Status of Stateless and the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. Legal frameworks and public policies need to be adopted, in addition to any other measure to eradicate racial discrimination and discrimination based on gender identity and sexual orientation, and to provide effective protection for the rights of women and the best interests of the child. These actions should include identifying persons at risk of statelessness, the prohibition on the retroactive revocation of nationality, the adoption of measures of protection, and the granting of a nationality to all persons in the Americas, all with a view to eradicating statelessness in the region.

2.3.  Human trafficking Mechanisms of protection should be established for the victims of human trafficking without prejudice to the right of asylum that attaches to each individual. To that end, there must be respect for the guarantee of non-refoulement and the granting of regular immigration status if the victim so desires, or is in need of it. These measures should be taken without neglecting the specific measures that should be taken for those cases in which there is trafficking within a country’s borders. In addition, the victims should be given a sufficient period for reflection so as to enable them to make informed decisions to guarantee their security and well-being, and the well-being of their family.

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Repatriation should take place with due process that includes consulting the victims, prioritizing, in every case, their protection, integrity, and family unity, and also considering their right of access to the truth, justice, reparation, and guarantees of non-repetition. Efforts are required to document the various forms of human trafficking in contexts of armed conflict and forced migrations – that take into account all forms of exploitation – and make visible the differentiated and disproportionate impact on women. Forced recruitment in contexts of armed conflict must be considered a form of human trafficking, and, therefore, the institutional responses to the phenomenon should be implemented in keeping with human rights standards and standards that apply to human trafficking. In the face of these challenges, we the civil society organizations reiterate that it is a duty of the States to see to the protection and effective satisfaction of the rights of persons who are subject to forced migration. We therefore propose:

2.4.  On protection of rights States must abide by the general frameworks for the protection of human rights (civil, political, social, economic, and cultural), international humanitarian law, and international refugee law, as well as the specific provisions that govern the rights of children, women, indigenous peoples, migrants, and displaced persons. Specifically, this requires guaranteeing the rights to not be displaced and to choose the place of residence, to juridical personality, to liberty and family, to integrity and life, to justice, to access to information and non-discrimination, as well as respect for the principle of non-refoulement, protection of the best interests of the child, and the prohibition on deportations, among others. Defenders of the rights of migrants and stateless persons should have guarantees for their security and adequate conditions for carrying out their work. In that regard, States should investigate, punish, and publicly condemn acts of aggression, harassment, and threats against them. Especially important is the situation of children in the context of migrations, as it is a historical phenomenon that has taken on greater visibility in the last decade, and because children constitute a population that calls for a specific human rights approach. This situation requires prioritizing the full set of standards of protection of children in the face of the strong emphasis of security policies in migration policies in the Americas: the best interests of the child should prevail over individual or family immigration status.

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In particular, unaccompanied children should be considered subjects of international protection in the context of the asylum process. States must assume shared responsibility and develop public policies aimed at ensuring the right to remain of children, adolescents and youths, such that they not be forced to migrate considering the conditions of structural discrimination. The protection of the right to family should be the basic guiding criterion for determining the immigration status of the family group, based on human rights standards.

2.5.  On institutional policies States should establish legal frameworks, public policies, judicial and administrative practices, as well as protocols that effectively guarantee the protection of the rights of the migrant and stateless populations from a differential approach, promoting a culture whose objective is to condemn and eradicate discrimination on any ground. The States should guarantee the elimination of detention as well as all other forms of deprivation of liberty for migration-related reasons; prevent and eradicate statelessness; prohibit the arbitrary deprivation of nationality; and counter the militarization and criminalization of the migrant population, all with special attention to children, women, lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons (LGBTI), indigenous peoples, Afro-descendant communities, and persons with different abilities, and guarantee family reunification. The procedures should strengthen due process and access to justice, as the Inter-American Court of Human Rights has established; guarantee adequate legal representation when necessary; ensure the right to appeal the decisions reached; and take into account criteria of age, gender identity, and sexual orientation. They should also offer dignified treatment; access to information; the right to an interpreter; confidentiality; competence; and independence and impartiality of the review and decision-making bodies. Similarly, in border areas and points of entry (ports and airports) States should guarantee access to international protection, the presence of civilian authorities – not police; and see to compliance with the principle of non-refoulement, freedom of movement and residence under conditions of security, and protection of human dignity.

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2.6.  On lasting solutions 2.6.1.  Local integration Local integration continues to be the lasting solution par excellence. Therefore, States should assume their responsibility for ensuring and strengthening integration efforts. Three dimensions of integration should be considered – legal, socioeconomic, and sociocultural – in designing policies for the population affected by forced migration. We are of the view that it is necessary to prioritize and work towards the following, in relation to the context of the region: • Providing adequate, timely, and correct documentation that is non-discriminatory from the outset of the procedure for determining refugee status. This document should guarantee the full exercise of rights. Refugees should be granted permanent residence in the country of asylum so as to foster full integration. • The guarantee of access to processes for obtaining regular immigration status for all persons subject to forced migration. • Opportunities for victims of forced migration to generate income, which includes socioproductive projects, microenterprises, and trainings, among others.

2.6.2.  Return As regards return or voluntary repatriation, this is the right of a refugee and it must be guaranteed that the return to the country of origin is always voluntary, informed, and in conditions of security and sustainability. In addition, the peace processes cannot mean the end of refugee status.

2.6.3.  Solidarity resettlement Programs for solidarity resettlement in the region have been a valuable tool for ensuring shared responsibility among States. We consider that these programs should be maintained, evaluated, and taken further. To that end it is essential that the States allocate economic resources to develop them.

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2.6.4.  Migration alternatives with safeguards for protection As regards migration alternatives as a possible fourth lasting solution, we note with approval that there have been gains and proposals, yet we consider that these should not interfere with granting refugee status to persons in need of international protection. Migration alternatives may constitute a solution so long as minimum safeguards are in place such as non-refoulement, no punishment, no detention, identification and registration; access to basic services, right to work, and family unity. All of that is based on recognition of the standards of protection that derive from the international human rights treaties and conventions and international refugee law.

2.7.  On regional and international cooperation We recommend that regional policies be constructed from a rights approach with differential perspectives – which can also address the structural causes of migration – and not from a national security perspective. We propose that refugee status be recognized beyond the borders within which it was granted (extraterritoriality/portability of refugee status) and that access to an alternative means of regularizing one’s immigration status not imply the loss of refugee status for persons in need of international protection. We expect that the Brasília meeting will adopt a plan of action that renders a progressive interpretation and effective application of the standards of international protection in force. We demand that said plan offer responses to the long-standing and new situations that result in the violation of human rights associated with the various modalities of forced migration. In addition, we demand the participation of civil society and the establishment of tripartite spaces for dialogue for constructing and implementing proposals, monitoring, and follow-up to the conclusions of Brasília 2014. To contribute to the effective response to the challenges posed, we propose that the States of the region adopt a binding instrument of protection that encompasses, complements, and updates the agreements in the Declaration of Cartagena, guarantees the rights of refugees, displaced persons, and persons in need of international protection, and lays out a plan for its effective implementation in the coming decades. This agreement should have a mechanism for evaluation and follow-up to the actions of the States,

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as well as with a methodology that includes the construction of indicators and broad participation of civil society and those affected by forced migrations. The context of marking the 30th anniversary of the Declaration of Cartagena is an opportunity to recognize the grave humanitarian crisis imposed by forced migrations and the new challenges of protection. The current moment is, thus, an opportunity to renew commitments and agreements among the States that prevent the prolongation of impairments on the human rights of persons subjected to forced migration in the region; as such, it calls for more than a proclamation of intent by the governments. In this regard, civil society in the Americas is creating the Network on Forced Migrations in the Americas for the purpose of following up on the work of the States concerning the points noted in this Declaration. Its objectives are: (1) To produce an annual report on the institutional response to forced migrations in the region whose inputs are based on the local and regional work of the member organizations of the Network, and (2) to hold a biannual meeting for reviewing and evaluating the state of the challenges indicated in this document and make specific recommendations to the governments.

Bogotá, July 15, 2014

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Tercera Parte Instalación y antecedentes de la II Conferencia Regional Humanitaria

Comité de auspicio II CRH.

Los aniversarios de la declaración de Cartagena y del Plan de Acción de México constituyen una oportunidad para evaluar, adecuar y mejorar la protección que los Estados latinoamericanos y del Caribe ofrecen a personas refugiadas, desplazadas y en necesidad de protección internacional en la región. La Declaración de Cartagena sobre refugiados adoptó, entre otras, las siguientes conclusiones: • Promover entre los países de la región la adopción de normas internas que faciliten la aplicación de la Convención sobre el estatuto de los refugiados (1951) y el Protocolo (1967). • Propiciar que la ratificación o adhesión a la Convención de 1951 y el Protocolo de 67 respecto de los Estados que aún no lo han hecho no vaya acompañada de reservas que limiten el alcance de dichos instrumentos e invitar a los países que las hayan formulado a que consideren su revocamiento en el más corto plazo. • La extensión de la definición o concepto de refugiado en la región es aquella que además de contener los elementos de la convención y el protocolo consideren también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. • Reiterar la importancia y significación del principio de no devolución, incluyendo la prohibición del rechazo de las fronteras. • Propiciar que los países de la región establezcan un régimen sobre tratamiento mínimo para los refugiados con base en los preceptos de la convención y el protocolo y en la convención americana de los derechos humanos como piedra angular para la protección internacional de las personas refugiadas. • Llamar la atención de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales competentes para que ofrezcan protección y asistencia a las personas desplazadas internas y contribuyan a aliviar la angustiosa situación en que muchas de ellas se encuentran. • Estudiar en los países del área que cuentan con una presencia masiva de refugiados las posibilidades de lograr la integración de los refugiados a la vida productiva del país. • Reiterar el carácter voluntario e individual de la repatriación de los refugiados y la necesidad de que esta se reproduzca en condiciones de completa seguridad. • Reconocer que la reunificación de la familia constituye un principio fundamental en materia de refugiados. El Comité de Seguimiento al Plan de Acción de México, colectivo de organizaciones de la sociedad civil latinoamericana realizó la I CRH entre Estados y sociedad civil en Quito en 2010 a la cual asistieron 150 participantes, responsables gubernamentales de las políticas de refugio y asilo, delegados de organizaciones de la sociedad civil e iglesias, organizaciones de refugiados y desplazados, académicos expertos, agencias de cooperación y funcionarios de organismos intergubernamentales de 16 países de América latina y otros países del mundo.

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El Plan de Acción de México señaló una hoja de ruta para el desarrollo doctrinal, fortalecimiento institucional, promoción de soluciones duraderas, la construcción de un programa de autosuficiencia de integración local, ciudades solidarias, programa integral fronteras solidarias, programa regional de reasentamiento solidario y creación de mecanismos de participación, monitoreo y seguimiento a fenómenos del deslazamiento y el refugio. Durante la primera Conferencia Regional Humanitaria - Quito 2010 se resaltaron tres iniciativas de protección en la región: 1. La sentencia T-025 sobre desplazamiento forzado en Colombia, 2. El registro ampliado en el Ecuador y 3. El programa de reasentamiento solidario implementado por Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. La I CRH indicó la necesidad de dar respuestas regionales a las migraciones forzadas que tuvieran presente los avances de las legislaciones internas, el derecho internacional y la voluntad política de los gobiernos para promover medidas concertadas más efectivas en la defensa de los derechos de las personas en situación de movilidad. Con ocasión del trigésimo aniversario de la declaración de Cartagena y el vigésimo de la Declaración y Plan de Acción de México, el comité de seguimiento, posteriormente comité de auspicio, se propuso realizar la II CRH sobre migraciones forzadas que se concibió como un proceso participativo y coordinado con otras iniciativas: el proceso Cartagena+30 adelantado por Acnur con el apoyo metodológico de NCR y la quinceava Conferencia del Iasfm. Realizamos encuentros preparatorios en Washington y Toronto y participamos en las consultas regionales del proceso conmemorativo de la declaración de Cartagena, Mercosur ampliado, andina y Centroamérica. Estos eventos contribuyeron con importantes recomendaciones en materia de democratización y protección en las fronteras y puntos de ingreso; integración regional; procedimientos para la determinación de la condición de refugiado; apatridia; recomendaciones generales sobre la protección de niños, niñas, adolescentes y mujeres; soluciones duraderas para el desplazamiento interno, reasentamiento, repatriación y el retorno voluntario; integración local, alternativas migratorias con salvaguardas de protección; Ley de Víctimas de Colombia; protección de fronteras y debido proceso; trata y tráfico de personas; y particularmente en Estados Unidos, la solución de los niños y niñas y migrantes; solución de los solicitantes de asilo; militarización de las fronteras; reforma migratoria; adopción de estándares internacionales, y nuevas formas de desplazamiento forzado, entre otras. Los objetivos planteados para la II CRH fueron: 1) Construir una declaración política de la sociedad civil sobre la protección de personas desplazadas y refugiadas en donde se incluya una agenda de acciones que los Estados y la comunidad internacional deban llevar a cabo para implementar una nueva agenda en materia de migraciones forzadas en las Américas.

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2) Establecer democráticamente un comité coordinador de las actividades de seguimiento de la agenda que plantee la II CRH y el proceso Cartagena+30 y que desarrolle periódicamente un análisis del estado de la protección de personas víctimas de migraciones forzadas en las Américas. 3) Conformar una red humanitaria y académica que tenga como fin el estudio, monitoreo y seguimiento de los mecanismos de protección de personas desplazadas y refugiadas en las Américas. La Conferencia constituye un escenario propicio para delinear los temas de interés común en materia migratoria que nos permita interpelar coordinadamente escenarios multilaterales como Grulac, CAN, SICA, Unasur, Caricom y las Naciones Unidas. En este espacio, se desarrollan varios paneles temáticos que tienen como propósito brindar elementos informativos, analíticos y problematizar alrededor de las migraciones forzadas y los retos para la sociedad civil y los Estados en materia de prevención y protección. De igual forma se organizaron ocho mesas temáticas que deben enriquecer las conclusiones de los encuentros y consultas preparatorias en la perspectiva de incidir en las conclusiones que adopten los gobiernos en el evento conmemorativo del trigésimo aniversario de la declaración de Cartagena. Se espera que la Conferencia profundice el compromiso de los Estados y la aplicación de los instrumentos internacionales, adopte medidas efectivas de integración regional para atender las migraciones forzadas y asuma compromisos para mejorar las políticas nacionales frente a la migración, entre otras. Además, que reconozca los vacíos de protección y tome medidas efectivas frente a las formas actuales de migración forzada vinculadas al crimen transnacional, a políticas económicas extractivitas basadas en la acumulación mediante la violencia, la desposesión o el despojo, la liquidación de las economías de las comunidades rurales y la devastación de los bienes de la naturaleza y al cambio climático, los mal llamados desastres naturales, provocados por la matriz energética y productiva que atenta contra la sustentabilidad de la relación humanidadproducción naturales. Con estas importantes tareas a desarrollar, ¡les damos la bienvenida!

Eduardo León-PCS Latin Comité de Auspicio II CRH

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Cuarta Parte Metodología y justificación de la I I CRH

Panel de socialización de las conclusiones de los encuentros subregionales y visitas de la sociedad civil 2013- 2014.

4.1.  Metodología I I Conferencia Regional Humanitaria En el 2014, la II CRH se planteó objetivos amplios. Se propuso constituir redes de trabajo entre organizaciones y académicos de las Américas donde se promuevan diálogos sobre las agendas globales sur-sur y norte-sur y se elabore la ruta de protección de personas víctimas de migraciones forzadas. En este sentido, la participación de representantes de organizaciones de 17 países en la II CRH tuvo como finalidad construir una respuesta conjunta a las problemáticas, reuniendo perspectivas desde los escenarios de expulsión y de recepción. La II CRH se constituyó entonces como una herramienta de trabajo común para la sociedad civil y la academia que permitió socializar relatorías de cada región en una perspectiva de las Américas, poner en común diagnósticos y elaborar una red de seguimiento, a través de agendas de solidaridad y trabajo conjunto. La vinculación con la academia se presentó a partir de la coordinación con la Conferencia Mundial de Migraciones organizada por la International Association for Studies in Forced Migration (Iasfm). Para ello, la II CRH se realizó los días inmediatamente anteriores a la Conferencia Mundial de Migraciones con el propósito de realizar una convocatoria articulada y así lograr que los asistentes pudieran participar en ambos encuentros. Las conclusiones producto de la II CRH fueron presentadas en la Conferencia Mundial de Migraciones. La II CRH fue un espacio que permitió para la construcción democrática de un documento unificado con temas de interés común sobre las principales preocupaciones en materia migratoria que le permitan a la sociedad civil interpelar de manera coordinada escenarios multilaterales como la Grulac, Unasur, CAN, SICA, Caricom y las Naciones Unidas, a través de Acnur y el proceso de Cartagena+30. Los objetivos centrales que se plantearon fueron los siguientes: 1) Construir una declaración política de la sociedad civil sobre la protección de personas desplazadas y refugiadas, en donde se incluya una agenda de acciones que los Estados y la comunidad internacional debe llevar a cabo para implementar una nueva agenda en materia de migraciones forzadas en las Américas. 2) Establecer democráticamente un comité coordinador de las actividades de seguimiento a la agenda que plantee la II CRH y el proceso de Cartagena+30, y que desarrolle periódicamente un análisis del estado de la protección de personas víctimas de migraciones forzadas en las Américas. 3) Conformar una red humanitaria y académica que tenga como fin el estudio, monitoreo y seguimiento de los mecanismos de protección de personas víctimas de migraciones forzadas en las Américas.

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La II CRH, aun cuando reconoció como un escenario propicio la conmemoración de los 30 años de la Declaración de Cartagena, no se limitó a la situación de los refugiados en los países firmantes de la Declaración. Por lo tanto, los destinatarios de las conclusiones que se presentaron no solo comprenderán a las Naciones Unidas, sino también a otros organismos multilaterales. La II CRH en el 2014 fue, adicionalmente, una oportunidad para construir redes de evaluación y seguimiento a los estándares e instrumentos de protección sobre migraciones forzadas que perduren más allá del 2014, no solo entre organizaciones de la sociedad civil, sino también entre organizaciones y académicos. En este sentido, durante el año 2013, se llevaron a cabo encuentros de sociedad civil en Washington (Estados Unidos) y Toronto (Canadá). Un año después, se participó en los encuentros Mercosur ampliado, Andino, y Centro América, organizados por Acnur y NRC, se realizó la II CRH y se creó el comité de seguimiento a la agenda de protección de personas víctimas de migraciones forzadas. Estas actividades permitieron socializar relatorías de cada región en una perspectiva de las Américas, poner en común diagnósticos y desarrollar agendas de seguimiento y trabajo común entre la sociedad civil y la academia. Para garantizar el éxito de la II CRH se designó una organización responsable de la convocatoria y financiación de los asistentes a la II CRH de cada subregión de las Américas.

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Región

Responsable

Andina

Prodem

Centroamérica

PCS

Caribe

Cejil

Cono Sur

Iasfm

Estados Unidos - Canadá

Cejil

4.2.  Justificación II Conferencia Regional Humanitaria 4.2.1.  Seguimiento de la sociedad civil a la agenda de Cartagena+30: la necesidad de una Segunda Conferencia Regional Humanitaria Uno de los problemas relevantes para el proceso de nuevos acuerdos entre Estados de la región en materia de protección de personas víctimas de migración forzada, personas con necesidad de protección internacional, y población vulnerable en general, es que la implementación de estos acuerdos y arreglos no son vinculantes para los Estados y existen muy pocos mecanismos para el seguimiento de las decisiones y la implementación de las recomendaciones. Los arreglos de seguimiento de la Declaración (1984) y el Plan de Acción de México (2004) no son muy precisos y no han logrado su objetivo. Así, el Plan de Acción ha establecido estos mecanismos de seguimiento: 1) Proyectos nacionales en el marco de los programas de “fronteras solidarias” y “ciudades solidarias” En realidad, ha habido muy pocos avances. En Ecuador: hubo el intento de formular cuatro programas, producto de varios encuentros entre ONG, Estado y Acnur. Se desarrolló una propuesta de gestión de estos programas, con un enfoque tripartito entre Estado-sociedad civilAcnur, con dos objetivos: gestión conjunta de fondos y responsabilidad compartida para la implementación, con un mecanismo equitativo de decisión entre las partes. 2) Instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos elaborarán periódicamente un informe de evaluación y seguimiento en relación con los proyectos y programas formulados dentro del ámbito del Plan de Acción de México. Como estas instituciones nacionales de derechos humanos, como por ejemplo las Defensorías del Pueblo, no forman parte de los gobiernos y, a menudo, su relación con los gobiernos de turno no es necesariamente armónica –además de que no participan en los compromisos oficiales entre los Estados de la región– asumir compromisos parece inviable. Hasta el momento, no se conoce ningún informe de esta índole.

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3) Organizar por lo menos dos reuniones al año que permitan el intercambio de informaciones y experiencias, la elaboración de proyectos regionales y la supervisión de la ejecución de este Plan de Acción con la participación de gobiernos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, otros organismos de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, donantes, representantes de la sociedad civil, instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos y expertos. Según nuestro conocimiento, no ha habido ninguna de estas reuniones. 4) Dentro del marco del Comité Ejecutivo del Acnur, organizar una reunión anual con países donantes e instituciones financieras, con la participación de la sociedad civil, con el fin de presentar los programas y proyectos del Plan de Acción e informar sobre su ejecución e impacto en las poblaciones beneficiarias. Se desconoce si se realizaron estas reuniones y, por tanto, cuáles han sido sus resultados. En conclusión, los mecanismos de seguimiento del Plan de Acción de México son demasiado generales y, en la mayoría de los casos, inviables. No contienen responsabilidades específicas, ni fechas concretas, tampoco mencionan mecanismos y, mucho menos, medidas en caso de incumplimiento. Sin duda, una de las debilidades en los mecanismos de seguimiento al Plan de Acción de México es la ausencia de una definición clara y una precisión sobre el rol de la sociedad civil en este proceso, sin considerar, además, a la población afectada que no posee un recurso de comunicación conocido. Es innegable que el sector de las ONG en el ámbito mundial ha podido ampliar su reconocimiento y contribución para el desarrollo desde una perspectiva democrática, participativa e incluyente. La relevancia de las ONG no solo se puede medir por los fondos que son capaces de movilizar, sino también por la interrelación entre Estado y sociedad y su participación en la definición de políticas de desarrollo incluyentes. En el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre Efectividad de la Ayuda, realizado en Busan (Corea del Sur, 2011), por primera vez las organizaciones de la sociedad civil fueron incluidas en las negociaciones formales como actores del desarrollo por derecho propio. En gran parte, este logro se debe al grado de articulación entre redes en mundo, que ha permitido formular una agenda consensuada alrededor del concepto de una nueva alianza mundial para la eficacia del desarrollo.5

5 Durante 2012, el Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y la plataforma Betteraid han acordado formar la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED), acordado en diciembre de 2012 en Nairobi, Kenia. Más información: csoeffectiveness.org

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Cuando se aprobó la Declaración de Cartagena, en la reunión de noviembre de 1984, no participaron ni ONG nacionales, ni la misma población refugiada. En el documento solo se instaba a las ONG a que prosiguieran con “su encomiable labor, coordinando su acción con Acnur y con las autoridades del país de asilo, de acuerdo con las directrices que estas señalan”. En contraste, en 1990, durante la Primera Reunión Internacional del Comité de Seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (Cirefca-II), participaron 52 ONG que llevaban, como parte de su delegación, a dos representantes de organizaciones de refugiados guatemaltecos y a uno de El Salvador. En la declaración emitida en esta reunión se reconoce la “importancia del papel que desempeñan las organizaciones no gubernamentales, así como la población afectada, en la identificación de sus necesidades y su participación en la planificación o ejecución de los proyectos, en coordinación con los comités nacionales”. En el proceso de Cirefca se ha logrado una alianza estratégica entre ONG nacionales de la región centroamericana (y de México), con ONG internacionales –principalmente a través del International Council of Voluntary Agencies (ICVA) con sede en Ginebra, que hace un trabajo de incidencia muy relevante en la ONU–. En particular, se logró que en la región y en cada uno de los países centroamericanos se establecieran puntos de referencia de ICVA, con el fin de acordar procesos y agendas comunes. Un factor importante para el reconocimiento de las ONG como un interlocutor y “puente” entre la población víctima del conflicto y los actores estatales e internacionales, fue su capacidad de articularse con espacios de coordinación en el ámbito nacional. Asimismo, uno de los desafíos fue lograr un grado de participación de la población afectada en los arreglos y las negociaciones, lo que tenía como objetivo ver a la población no solo como víctima, sino también como sujeto y corresponsable del logro de soluciones duraderas para su situación. Este tipo de alianza también permitió una relación muy distinta entre la sociedad civil y algunos gobiernos, tanto de la región latinoamericana (como México) como de otros países (como Canadá y Suecia). En el marco del proceso de Cartagena+30, organizado por Acnur y NRC, hasta el momento la sociedad civil no ha tenido la oportunidad de articulación de una agenda conjunta de las Américas. La mirada está principalmente orientada hacia el espacio que la Acnur y los Estados de la región disponen para las ONG. De este modo, en los encuentros subregionales del proceso y en los encuentros de país se pide a las ONG proveer información particular de los contextos en los cuales trabajan, pero no se les invita a una participación como interlocutores políticos con capacidad de plantear problemáticas transversales, más allá de la subregión que les es asignada de acuerdo con la metodología del NRC.

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A pesar de las buenas intenciones de Acnur y el NRC de lograr una participación de las sociedad civil y del esfuerzo por diseñar una manera de invitarlas al proceso de conmemoración de la Declaración, el desafío más importante es lograr la construcción de una agenda independiente de las ONG para asumir en la práctica su rol de supervisión civil del cumplimiento de los acuerdos de la comunidad internacional, defendiendo los derechos de la población víctima de migraciones forzadas desde una perspectiva propia. Esto quiere decir que no solamente tenemos que aceptar la invitación de Acnur y de NRC a los encuentros de la sociedad civil previos a las consultas subregionales y contribuir a la agenda de Cartagena+30 aportando puntos de vista de la sociedad civil de los distintos países, sino también (o quizá con más fuerza) desarrollar nuestras ideas e iniciativas para la agenda “posCartagena+30”, es decir para el proceso de seguimiento y veeduría de los compromisos que los Estados de la región y la comunidad internacional declararán en Brasil. En la región hay algunos procesos en marcha que vale la pena fortalecer. En primer lugar, en 2013 se inició la Red Latinoamericana de Migraciones Forzadas, como un espacio académico, abierto a una alianza con la sociedad civil, con miras a una articulación subcontinental de las ONG. Asimismo, existe una iniciativa de varias Defensorías de Pueblo de algunos Estados sudamericanos para impulsar un Observatorio de Derechos Humanos vinculado con Unasur. Ambos espacios, articulados entre sí, podrían convertirse en instancias muy relevantes para el seguimiento y la supervisión civil de los acuerdos de Brasil y de la nueva agenda en materia de migración forzada. En este sentido, una segunda edición de la Conferencia Regional Humanitaria sobre el seguimiento al Plan de Acción de México cobra vital importancia. Se constituye como un espacio independiente de deliberación democrática de la sociedad civil para establecer un mecanismo de seguimiento a los acuerdos de los Estados en el marco de Cartagena+30. La Segunda Conferencia es además una estrategia de evaluación sobre la implementación de políticas públicas que exigen los nuevos contextos a los que se enfrentan las personas en situación de protección internacional en las Américas. Por su naturaleza participativa, el proceso no se presenta como una redundancia frente a la metodología planteada por Acnur y NRC para la participación de la sociedad civil, sino como un complemento necesario e independiente que las ONG lideran y que tiene una vocación de más largo aliento. Para tal efecto, la Conferencia no solamente tendrá como resultado un documento de la sociedad civil sobre la agenda de protección de población víctima de migraciones forzadas para la próxima década, sino que además conformará un comité de seguimiento a dicha agenda que incluirá a la academia y la sociedad civil, y que basará sus acciones en informes y reuniones periódicas para comprometer a los Estados al cumplimiento de los acuerdos. La Red Americana de Migraciones Forzadas será el espacio para articular el comité y servirá de puente para el diálogo con la población afectada, el Foro Mundial de Migraciones Forzadas y el Observatorio de Derechos Humanos de las Defensorías del Pueblo de Unasur.

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De acuerdo con lo expuesto, además de los temas de protección que se trataron en el evento, los desafíos que la sociedad civil se propuso discutir en la II Conferencia Regional Humanitaria fueron: 1) Fortalecer la organización de redes de la sociedad civil nacionales, subregionales y continentales en la temática de migración forzada. 2) Desarrollar y acordar conjuntamente una agenda propia subcontinental de la sociedad civil. 3) Definir, con base en dicha agenda, las formas de relacionarse con los Estados, las instancias de integración regional (Unasur, Celac, Mercosur, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, etc.) y con organismos internacionales (como Acnur). 4) Buscar una alianza con los espacios regionales de las Defensorías del Pueblo, sobre todo con el Observatorio de Derechos Humanos de las Defensorías del Pueblo de Sudamérica (actualmente en construcción). 5) Hacer alianzas con espacios como ICVA, el Foro Mundial de Migración Forzada (Iasfm), etc. 6) Encontrar nuevas formas para fortalecer y hacer visible la voz (y el voto) de la población víctima de migraciones forzadas. 7) Acordar una estrategia propia de seguimiento a la Declaración Cartagena+30, que incluya a la academia y la sociedad civil, y que determine mecanismos periódicos para la elaboración de reportes y encuentros continentales.

4.3.  Encuentros Regionales Preparatorios A continuación las relatorías en inglés y español de los dos encuentros preparatorios de Norteamérica realizados por la Secretaría Técnica de la II CRH con el acompañamiento de NRC y Cejil. El Comité de auspicio también participó en los encuentros subregionales preparados por Acnur y NRC en la subregión Andina, Mercosur ampliado y Centroamérica, cuyos aportes fueron muy valiosos para la articulación de la sociedad civil de las Américas y la redacción de la Declaración de Bogotá de la II CRH. Sin embargo, en este espacio solo se da cuenta de las reuniones independientes en Washington (Estados Unidos) y Toronto (Canadá), llevadas a cabo con anterioridad al proceso de Cartagena+30. Las declaraciones de cada uno de los eventos preparatorios del proceso de Acnur serán publicadas posteriormente, una vez finalice el proceso en Brasilia.

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Quinta Parte 1er Encuentro preparatorio de la II Conferencia Regional Humanitaria (II CRH) Washington D.C. 6

Panel “Procesos de litigio estructural en derechos humanos: Experiencias compartidas a nivel mundial”.

5.1.  Relatoría 5.1.1.  Presentación El martes 29 de octubre de 2013, organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional que se ocupan del tema de la migración forzada, el refugio y el asilo en Estados Unidos, se reunieron con el propósito de formular un diagnóstico sobre la condición actual de las personas en situación de movilidad humana en ese país norteamericano. Dicho diagnóstico tuvo por objeto ofrecer insumos para la realización de la II Conferencia Regional Humanitaria (II CRH) a realizarse en Colombia en julio de 2014. La Conferencia da continuidad a un esfuerzo, que se consolida en la década del 2000, de organizaciones no gubernamentales de las Américas por hacer seguimiento y evaluación a los alcances de la Declaración de Cartagena y su definición ampliada de refugio, así como para identificar nuevos retos de protección y atención en el escenario cambiante de marcos normativos y conflictos armados, violencia urbana generalizada, coyunturas políticas, económicas y sociales en la región.6 Este primer ejercicio hace parte de un proceso democrático de participación que tomará alrededor de un año y cuya metodología consiste en grupos focales o seminarios en distintas regiones del continente, a saber, Estados Unidos y Canadá; Centroamérica y el Caribe; el Cono Sur, y la Zona Andina. De los temas identificados en cada encuentro y del aporte de las organizaciones participantes, se producirá un documento final con sugerencias para los Estados, Acnur y la sociedad civil. En el marco del aniversario número 30 de la Declaración de Cartagena, el documento se constituirá como una base para precisar un rumbo de acción durante la siguiente década en la agenda sobre refugio y migraciones forzadas en las Américas. La perspectiva que busca fortalecerse debe tener en cuenta los nuevos retos de protección y las necesidades que las personas en situación de movilidad humana todavía no ven satisfechas. La red de organizaciones que se siga consolidando a partir de los encuentros regionales mencionados, pretende fortalecerse a partir de una comunicación estrecha, una participación directa en el evento central de la II CRH y la construcción de estrategias de incidencia conjunta en los países de residencia de cada institución. A continuación se exponen los principales puntos de discusión del encuentro en Washington para su difusión y discusión. El segundo encuentro se llevará a cabo el 2 de diciembre de 2013 en la Universidad de York (Toronto, Canadá). Esperamos contar con su participación, bien sea asistiendo o comentando y discutiendo los documentos parciales que salgan de cada reunión.

6  Elaborado por Natalia Ospina y Gabriel Rojas de la Secretaría Técnica de la II CRH. Codhes, con el apoyo de NRC, Cejil y Prodem.

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Encuentre adjuntos los siguientes documentos: • • • •

Hoja de ruta de la II Conferencia Regional Humanitaria y las memorias de la I CRH. Lista de organizaciones parte del Comité de Auspicio de la II CRH. Lista de asistentes al encuentro en Washington. Agenda del día del encuentro con objetivos y mesas de discusión.

5.1.2.  Introducción El objetivo de los encuentros preparatorios de la II CRH en Norteamérica (Washington D.C. y Toronto) es recoger y sistematizar las inquietudes en cuanto a retos de protección alrededor del refugio, la migración forzada, el asilo y la apatridia que las organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos y Canadá identifican como parte de su trabajo actual con población en situación de movilidad humana. Pese a que los Estados mencionados no son firmantes de la Declaración de Cartagena, sus ciudades sí reciben un alto flujo de peticiones de refugio y asilo, mientras los gobiernos de turno enfrentan cambios legislativos y administrativos que afectan directamente la situación de migrantes, refugiados y asilados en ambos países. Escuchar las voces de organizaciones no gubernamentales en países de recepción de migrantes de las Américas constituye un insumo fundamental para precisar el tipo de sugerencias, evaluaciones y propuestas que el proceso de la II CRH quiere construir con miras a la conmemoración de los 30 años de la Declaración de Cartagena. En este sentido, relacionar redes de trabajo de la sociedad civil de la región, con base en problemas locales cuyo alcance es global y exige una respuesta en consecuencia, requiere un análisis sobre los desarrollos domésticos alrededor de la migración. Esto quiere decir que las discusiones actuales sobre iniciativas legislativas y de política pública en Norteamérica deben tener en cuenta estándares pendientes de protección, debido proceso y principios de no discriminación. El impacto regional de la reforma migratoria de Estados Unidos impone retos sobre la posibilidad de levantar estándares de migración que obliguen a la región a operar de manera más garantista. Para tal efecto, la discusión debe atender a las condiciones particulares de los contextos locales en una perspectiva de democratización de la sociedad que contemple soluciones incluyentes de carácter urbano para migrantes y refugiados. Algunos ejemplos de enfoques que deben ser discutidos y evaluados bajo una visión más garantista de los derechos de las personas en situación de movilidad son: la guerra contra las drogas como causante de crisis humanitarias que hoy no tienen protección; la criminalización de la migración a través de medidas regresivas de los gobiernos; políticas de crecimiento basadas en economías extractivas; violencia urbana generalizada y su relación con el crimen organizado, y posibles escenarios de posconflicto que proyecta el proceso de paz en Colombia.

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A continuación, los puntos principales de discusión que surgieron durante el encuentro en Washington y algunas conclusiones que establecen el inicio del proceso de la II CRH con base en tres objetivos específicos: 1) Proponer un plan de protección para la nueva agenda sobre migración forzada en las Américas que incluya problemas clásicos y nuevos retos. 2) Analizar el impacto de las políticas de desarrollo y las consecuencias sociales que han dado pie a nuevas formas de violencia. 3) Participar como interlocutores autónomos de la sociedad civil en la conmemoración de los 30 años de la declaración de Cartagena.

Situación de los niños y niñas y migrantes en Estados Unidos Los niños y niñas estadounidenses, hijos de migrantes, encuentran diferentes obstáculos en materia de protección de derechos. La inexistencia de un sistema de representación legal a cargo del Estado ha llevado a que hoy en día a más de seis mil niños no se les garantice el derecho a la representación legal. En 2013, alrededor de 24000 personas menores de edad tramitaron solicitudes migratorias, de estas, más de la mitad no contó con un representante legal. Pese a la prohibición de detención por la condición migratoria, esta continúa siendo una práctica generalizada en Estados Unidos. Con relación a las detenciones de niños y niñas ha habido mucha presión por parte del U.S. Department of Health and Human Services (HHS) para que estos salgan de los programas de custodia y detención por parte del Estado, lo que ha llevado a la reducción en los plazos de detención (de periodos de 70 días se pasó a periodos de 30 días, incluso semanas). Sin embargo, lo anterior ha llevado a un deterioro de la garantía que cobija a las personas menores de edad de ser informadas ampliamente, en un lenguaje sencillo y acorde a su desarrollo, respecto de los procesos judiciales y administrativos en los que se encuentren involucradas. Por lo tanto, niños y niñas no conocen sus derechos, ni reciben programas de orientación adecuados. A raíz de dicha presión, según el HHS se pasó del 65 al 93 por ciento de niños vinculados a Child Sponsorship Programs. Sin embargo, se ha criticado la forma cómo dichos responsables están siendo seleccionados. Otra de las preocupaciones se relaciona con la situación de los niños y niñas estadounidenses, hijos de padres migrantes. Una vez sus padres son deportados, muchos de ellos quedan en situaciones de desprotección. Las autoridades migratorias han señalado que sus funciones no se relacionan con ser “welfare agency” y que por lo tanto no se centran en el cuidado de las personas menores de edad, sino que se enfocan en la condición migratoria de los padres.

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El Shattered Families Report7 señala que esta es la situación de cerca de 5000 niños y niñas estadounidenses. La situación se agrava pues, una vez niños y niñas entran al welfare system (sistema de bienestar), los padres no tienen contacto con ellos, dado que se encuentran en condiciones de detención, lo cual también evita que puedan estar presentes en las audiencias en las cuales deberían estar acompañando a sus hijos. Una vez son deportados, el acceso es mucho más limitado. Muchos de estos niños y niñas se ven inmersos en procesos de adopción, sin que sus padres tengan acceso a las audiencias donde se discute su custodia, una vez son adoptados, los padres no cuentan con recursos contra esta decisión, consecuentemente pierden el derecho de llevarse a sus hijos al país a donde fueron deportados. Esto ha generado que una gran cantidad de niños y niñas no haya visto a sus padres en décadas. Una vez se logra revertir el proceso de adopción, las nuevas condiciones de vida de los padres (nuevas familias, entornos sociales, etc.,) causan que no haya disposición para hacerse cargo de los mismos. En octubre de 2013, el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) expidió una directriz para que las agencias tuvieran en cuenta la condición de los hijos de migrantes ilegales durante las detenciones y procedimientos de deportación de sus padres. Sin embargo, los mecanismos de implementación de dicha directriz aún no son claros. Otra limitación frente a la reunificación familiar y acompañamiento a personas menores de edad se relaciona con el concepto de familia. Debe existir una nueva consideración respecto a dicho concepto, que vaya más allá de padres e hijos biológicos y debería ser determinante en la concreción de criterios para la selección del primary caretaker (cuidador principal). Además de la necesidad de prevenir que las familias sean separadas y tratar de parar las deportaciones, debe revisarse a fondo el tema de la situación de la personas que ya han sido deportadas y no han logrado que los miembros de sus familias que permanecen en Estados Unidos vayan al país a donde fueron deportados, o que ellos vuelvan a Estados Unidos para encontrarse con sus familiares a través de figuras que prohíban su deportación como la Application for Relief from Deportation. Por otro lado, el sistema de migración estadounidense no tiene en cuenta el interés superior del niño, existe la necesidad de que quienes administran el sistema traten a los niños y niñas primero como personas menores de edad y no como adultos pequeños. 7  Shattered Families: The Perilous Intersection of Immigration Enforcement and the Child Welfare system. Disponible en: http://bit.ly/sRLGhC. Consultado el 15 de noviembre de 2013.

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Lo anterior se refleja en las dificultades de acceso a atención medica, representación legal e incluso educación. Este tipo de necesidades están siendo desatendidas por el sistema norteamericano (Proposal Services for Children). Adicionalmente, se señala que los beneficiarios de dichos programas no son únicamente niños y niñas, sino también sus familias. Tampoco existen programas de atención a personas menores de edad cuando estos crecen, aun cuando estos continúan vinculados con procesos judiciales. Como se ve, no se trata únicamente de parar las detenciones de niños y niñas, sino también de asegurar su protección. Ellos deben permanecer en sitios seguros, donde tengan acceso a los servicios que necesitan sin que ello implique una detención o verse envuelto en una situación penal. El desconocimiento del interés superior es consecuencia de la falta de coordinación y articulación entre las diferentes autoridades el gobierno (Department of Employment, Security, Department of Health and Human Services). Finalmente, se debe resaltar que la falta de recursos y la violencia (incluso la doméstica), siguen siendo las principales causas de la migración infantil. La protección de niños y niñas en los países de expulsión continúa siendo débil, lo que hace que viajen a Estados Unidos en busca de condiciones más seguras de existencia. Las posibilidades que se ofrecen de retorno no verifican la existencia de un entorno seguro y garantista del goce efectivo de derechos de los niños y niñas. Tampoco existen políticas para la repatriación de los menores no acompañados a sus países de origen.

Situación de los solicitantes de asilo El número de adultos solicitantes de refugio en Estados Unidos se ha triplicado a lo largo de 2013, en su mayoría se trata de migrantes provenientes de Centroamérica. Las autoridades estadounidenses no se encontraban preparadas para este aumento en la demanda, por lo que hay un retraso en la tramitación de solicitudes y en la realización de entrevistas. Dicho retraso es, asimismo, consecuencia de la falta de acompañamiento legal.

Militarización de las fronteras La securitización de las fronteras es una práctica generalizada en la región. Dicha práctica se está presentando en países como México, Guatemala, entre otros. En Estados Unidos existe una preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil por la propuesta incluida en la reforma migratoria de aumentar la militarización de las fronteras.

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Reforma migratoria Las organizaciones presentes durante el encuentro señalaron que existen aspectos positivos y negativos en la reforma migratoria que actualmente se tramita en el Congreso de Estados Unidos. Dentro de los aspectos positivos de la reforma migratoria se encuentran el aumento de la protección de niños y niñas no acompañados y la atención de los mismos en los centros de detención. En el proyecto de ley se establece la noción de un child advocate (defensor de niños y niñas) como garante de sus intereses. De no ser posible la reforma, dicho garante encontraría sustento normativo en las convenciones internacionales que consagran el interés superior del niño. Otra de las medidas incluidas en la reforma es la adopción de un appointed counsel (abogado de oficio) para cada persona menor de edad inmersa en un proceso de deportación. Asimismo, en el proyecto de ley existe la posibilidad de dar una “best interest visa” a niños y niñas que en este momento no tengan otra opción de quedarse ilegalmente en Estados Unidos. Por otro lado, se establece la posibilidad de regularización de migrantes indocumentados que cumplan con determinado perfil, frente a esto se teme que se puedan establecer criterios discriminatorios (como antecedentes penales) que no permitan la regularización de determinadas personas. Se critica que se aumente el número de visas temporales ya que al establecer canales de migración más expeditos que las figuras de protección internacional como el refugio o el asilo, se oculta el fenómeno y se restringen garantías, como la no deportación.

Otras reformas legislativas Un aspecto positivo es la existencia de nuevos trámites legislativos que propenden por la protección de los derechos laborales y los de los defensores de derechos de los trabajadores, como el proyecto de ley The Power Act, actualmente en trámite en el Congreso de Estados Unidos.

Adopción de estándares internacionales Durante el encuentro se resaltaron las oportunidades que ofrece el contexto actual (la conmemoración de los 30 años de la Declaración de Cartagena) para vincular las discusiones de protección de derechos del sistema de las Naciones Unidas a acciones de incidencia que buscan que Estados Unidos acoja los estándares mínimos en materia de protección consagrados en los instrumentos internacionales.

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Durante el evento se evaluó el impacto que las guidelines o directrices del Acnur tienen en relación con la protección de los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Se criticó que la nota sobre la inclusión en la protección internacional de víctimas de bandas criminales no causó impacto en EE. UU. Esto ha llevado a numerosas dificultades en el reconocimiento del estatus de refugiado a las víctimas salvadoreñas. En Estados Unidos, la normatividad interna no es acorde con las normas de derecho internacional en materia de protección, por lo tanto, hay una desconexión entre el derecho aplicado por el field court level y los tribunales internacionales. Esta situación evidencia la necesidad de adaptar el ordenamiento interno y, consecuentemente, la jurisprudencia y la ratificación de tratados internacionales que versen sobre temas de derechos humanos.

Nuevas formas de desplazamiento forzado y violencia urbana Estados Unidos no cuenta con mecanismos para dar respuesta a las nuevas formas de migración forzada. Los vías existentes son limitadas, por ejemplo el temporary protection status, pese a ser aplicable en casos de flujos masivos, no lo es en casos en los cuales la migración ocurre en virtud de desastres naturales, ni para casos de desplazamientos por violencia generalizada en contextos urbanos. Las víctimas de actores armados no estatales usualmente no logran el reconocimiento del estatus de refugiado en Estados Unidos, por ejemplo las víctimas de las maras provenientes de El Salvador han optado por buscar protección internacional no a través de la figura del refugiado, sino a través de instrumentos como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, pese a que el lenguaje de dicho instrumento es restringido y la carga probatoria exigente. Asimismo, las organizaciones señalaron la necesidad de implementar mecanismos de prevención de desplazamientos masivos. En concreto se debatió cómo Estados Unidos puede contribuir a dichos desplazamientos, se criticaron los comportamientos de las compañías americanas que desarrollan actividades mineras, petroleras, etc., y la se dialogó sobre la necesidad de realizar acciones de incidencia que propendan por un comportamiento responsable de las mismas. Por ejemplo, se requiere una incidencia fuerte hacia los donantes para que implementen proyectos de prevención de desplazamiento forzado a causa de economías extractivas. En materia de tráfico de personas menores de edad es necesario trabajo tanto en los países de origen, como en los de tránsito y llegada. En general la cooperación internacional no toma en cuenta los retornados como población meta en sus programas de desarrollo en los países de origen. La posibilidad de un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia despierta inquietudes con respecto a procesos exitosos de desmovilización y reintegración digna de excombatientes a la sociedad. Con base en experiencias centroamericanas y las dificultades de las víctimas de grupos armados organizados, no reconocidos como actores del conflicto,

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para conseguir el estatus de refugiado, surge la pregunta de cómo proteger a las personas en las ciudades en las que estructuras de desmovilizados, que no encuentran medios de sustento por fuera de la violencia, siguen operando como bandas criminales con alta capacidad de intimidación y coacción. Las actividades de estos grupos se basan principalmente en rentas ilegales derivadas de la extorsión, las vacunas, el contrabando, el tráfico de armas, el microtráfico, el narcotráfico (asociado a redes transnacionales), la prostitución y el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes. Las graves violaciones a los derechos humanos que estas actividades suponen incluyen, entre otros, el homicidio, el desplazamiento forzado (interurbano e intraurbano), la desaparición forzada, las amenazas e intimidaciones a líderes, la tortura, el confinamiento y el control social y territorial. Tanto las víctimas de desplazamiento forzado intraurbano a causa de bandas criminales, que terminan por buscar refugio en otro país, como excombatientes que buscan reintegrarse a la sociedad, presentan retos de protección crecientes que exigen políticas públicas sostenibles de generación de ingresos y garantías en cuanto vivienda, salud, educación, uso del tiempo libre y amparo de niños, niñas y jóvenes, que todavía no son efectivas en los contextos de expulsión. La continuidad en la desprotección, entre dichos contextos de expulsión y los de recepción, continúa siendo un reto para la satisfacción de los derechos de personas en situación de movilidad humana que terminan por solicitar refugio en países norteamericanos. Es así como el establecimiento de acuerdos bilaterales de protección entre los gobiernos que comparten fronteras en las que persisten escenarios de violencia urbana generalizada, debe ser uno de los temas a desarrollar en una nueva agenda sobre refugio y migración forzada en la región.

Apatridia En Estados Unidos hay alrededor de cinco mil apátridas, pese a ello no se cuenta con un marco legal que defina la situación de niños y niñas con padres con diferentes nacionalidades y en situación de asilo que nacen en ese país. El caso más representativo de apátridas es el de los migrantes palestinos. Esta población se encuentra especialmente desprotegida en Estados Unidos, en razón de que no se ha ratificado la Convención para reducir los casos de apatridia. Los palestinos son la población más grande de apátridas en el mundo. El Plan de Acción de México abrió la posibilidad para que personas de esa nacionalidad pudieran ir a Latinoamérica sin perder su estatus de refugiados. Por su parte, el Gobierno de los Estados Unidos no facilita los datos y estadísticas sobre la condición migratoria de esta población.

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Acceso a derechos Un tema importante para discutir con miras a una nueva agenda migratoria en la región es cómo el término de un año tras la llegada al país para aplicar al asilo (desde 1996) crea abismos en la protección de los solicitantes pese a haber sido creada como una medida de prevención de fraude. Otra de las barreras en el acceso se presenta cuando los migrantes detenidos, por cuestiones de hacinamiento, son trasladados a localidades lejanas donde no hay servicios migratorios. Finalmente, durante la fase de detención debería garantizarse el acceso a servicios médicos que cuiden de la salud mental de los migrantes durante la fase de detención y diseñar mecanismos que contrarresten los efectos negativos de las deportaciones.

5.1.3.  Conclusiones De los numerosos temas tratados y los retos de protección encontrados, los participantes al encuentro en Washington D.C. indicaron unas consideraciones finales que se presentan a manera de conclusión para el proceso democrático que supone la II CRH: La incidencia regional con respecto al refugio y la migración forzada exige un trabajo interrelacionado de la sociedad civil que incluya donantes y Estados. Para tal efecto, se requieren procesos de información y sensibilización para motivar respuestas sostenibles y coherentes a las debilidades de protección identificadas. Tanto la academia como la sociedad civil deben trabajar de manera conjunta para aprovechar la conmemoración de los 30 años de la Declaración de Cartagena, entendida como un medio que promueva el levantamiento de los estándares de protección de personas en situación de movilidad humana desde una perspectiva garantista de los derechos fundamentales y un diálogo consistente entre los Estados de las Américas. Los encuentros regionales de la II CRH deben seguir identificando las problemáticas diferenciadas en la región bajo la perspectiva de que la fragmentación de temas y problemáticas debe ser superada en un pronunciamiento conjunto de las organizaciones de la academia y la sociedad civil que participan del proceso. Esto quiere decir que la iniciativa debe pensarse como un trabajo en red que permita compartir experiencias, buenas prácticas y documentos de diagnóstico y propuesta en torno a políticas públicas. Finalmente, el proceso de la II CRH exige un cabildeo público, mediático y canales formales de comunicación para fortalecer el grupo y potenciar la incidencia de los encuentros. Las relatorías y la secretaría técnica que Codhes lleva a cabo constituyen el insumo inicial para esta propuesta que se puede alimentar de sugerencias y comentarios de quienes participen de la red.

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Sexta Parte Minutes. 1st Preparatory Gathering for the II Regional Humanitarian Conference (II CRH, for its initials in Spanish) in Washington D.C. 8

Mesa de trabajo de la II CRH.

6.1.  Presentation On Tuesday the 29th of October 2013, civil society organizations and international cooperation agencies that work in the areas of forced migration, refuge and asylum in the United States came together with the purpose of developing a diagnostic regarding the current situation of human mobility in the United States of America. This diagnostic had the goal of providing information and material for the II Regional Humanitarian Conference (II CRH for its initials in Spanish) that will be held in Colombia in July 2014. The Conference provides continuity to the effort that was consolidated in the decade of the 2000s by NGOs in the Americas to monitor and evaluate the achievements of the Cartagena Declaration and its widened definition of refuge. These efforts also included the identification of new protection and assistance challenges amidst a changing scenario of legal frameworks, armed conflicts, generalized urban violence and joint economic and social policies in the region.8 This first exercise is part of a democratic process of participation that will take around a year. Its methodology consists of focus groups and seminars in distinct regions of the continent including the United States and Canada, Central America, the Caribbean, the Southern Cone and the Andean region. A final document will be produced from the topics identified in each gathering and contributions from the participating organizations and will include suggestions for States, UNHCR and civil society. In the framework of the 30th Anniversary of the Cartagena Declaration, the document will act as a base to guide actions regarding the agenda for refuge and forced migrations in the Americas during the following decade. The perspective that it aims to strengthen should take into account new challenges in the areas of protection and have the objective of meeting the needs of people in a human mobility situation that still haven’t been satisfied. The network of organizations that continues to be consolidated through the regional meetings mentioned aims to strengthen direct participation in the central event of the II CRH through close communication. This network also has the objective of developing joint advocacy actions in the resident countries of each institution. The main points of discussion from the meeting in Washington are listed below for their sharing and discussion. The second meeting will occur on the 2nd of December at the University of York (Toronto, Canada). It is hoped that all of the participants can participate in this process, whether it be through attending this next event or commenting and discussing the documents that are created during each meeting.

8  Prepared by Natalia Ospina and Gabriel Rojas from the Technical Secretariat of the II CRH from Codhes, with support from the Norwegian Refugee Council (NRC), CEJIL and PRODEM. Translation into English financed by NRC thanks to DFID funds.

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Attached are the following documents: • • • •

Road map of the II Regional Humanitarian Conference and Minutes from the I CRH. List of organizations that are part of the Support Committee for the II CRH. List of those that attended the Washington meeting. Agenda of the meeting including the event’s objectives and panel discussions.

6.2.  Introduction The objective of the preparatory meetings for the II CRH in North America (Washington D.C. and Toronto) is to collect and systematize concerns regarding the protection challenges related to refuge, forced migration, asylum and statelessness that civil society organizations in the United States and Canada have identified as part of their current work with the population in a human mobility situation. Despite the fact that these countries are not signatories to the Cartagena Declaration, their cities do receive a high level of applications for refuge and asylum, while the governments in turn make legislative and administrative changes that directly affect the situation of migrants, refugees and asylum seekers in both countries. To listen to the voices of NGOs in countries that receive migrants in the Americas represents a fundamental tool to direct the type of suggestions, evaluations and proposals that the II CRH process aims to develop in regards to the 30 Anniversary of the Cartagena Declaration. In this sense, linking civil society networks from the region that work with local problems and demands to a global response requires an analysis of domestic developments in the area of migration. This means that the discussions on legislative and public policy initiatives in North America should take into account current and planned protection standards, due process and anti-discrimination principles. The regional impact of migratory reform in the United States imposes challenges for the raising of migration standards that oblige the region to operate in a manner that provides improved protection of the rights of people in a human mobility situation. For this reason, the discussion should cover the particular conditions of local contexts from a perspective of democratizing society that contemplates inclusive urban solutions for migrants and refugees. Examples of approaches that should be discussed and evaluated under a vision aimed to provide improved protection of the rights of people in a human mobility situation include: the war against drugs as a cause of humanitarian crises that currently don’t receive any protection services; the criminalization of migration through regressive measures of governments; growth policies based on extractive economies; generalized urban violence and its relationship with organized crime; and possible post-conflict scenarios related to the peace process in Colombia.

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The main points of discussion that arose during the meeting in Washington are presented below, as well as some conclusions to establish the beginning of the II CRH process based on three specific objectives: 1) Propose a protection plan for the new agenda regarding forced migration in the Americas that includes historical problems and new challenges. 2) Analyze the impact of development policies and social consequences that have led to new forms of violence. 3) Participate as autonomous spokespeople from civil society to commemorate 30 years since the Cartagena Declaration.

6.2.1.  Situation of children and migrants in the USA Children from the United States of America that are children of migrants face different obstacles in terms of the protection of their rights. The inexistence of a state-run legal representation system has meant that currently 6,000 children aren’t guaranteed the right to legal representation. In 2013, around 24,000 children applied for legal migration status, and of these applicants more than half didn’t have any legal representation. Despite the prohibition of detention due to migration status, this continues to be a generalized practice in the United States of America. In relation to the detention of children there has been a lot of pressure from the U.S. Department of Health and Human Services so that these children are not subject to state-run custody and detention programs, which has resulted in a reduction in the maximum length of detention (it was reduced from 70 days to 30 days, and occasionally only a few weeks). However this has resulted in a deterioration of the guaranteeing of the right of children to be properly informed about the legal and administrative processes that they are subject to in an easy to understand language that is appropriate for their development age. As a result, children are not aware of their rights and don’t receive appropriate guidance programs. According to the U.S. Department of Health and Human Services, due to this public pressure the percentage of children linked to “Child Sponsorship Programs” rose from 65% to 93%. However, the way in which children are chosen for this program has been criticized.

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Another of the concerns is related to the situation of children from the United States, particularly children with migrant parents. Once their parents are deported, many of the children lack protection. The migration authorities have stated that their role is not to be a welfare agency and for that reason they aren’t focused on looking after children. Instead they focus on the migration status of the parents. The Shattered Families Report9 stated that this situation affects around 5,000 children from the United States. The situation is aggravated once the children enter the welfare system because parents don’t have contact with them due to being detained. This also means that they can’t be present in the when they should be accompanying their children. Access is much more limited once they are deported. Many of these children are involved in adoption processes, without their parents being able to attend hearings in which their custody is discussed. Once they have been adopted, parents don’t have the resources to appeal this decision, and consequently they lose the right to take their children with them to the country that they are deported to. This has meant that a large number of children haven’t seen their parents in decades. Once the adoption process has been reversed the new living conditions for parents (new families, new social environments, etc.) means that many aren’t willing or able to take care of them. In October 2013 the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) issued a directive so that agencies take into account the condition of the children of illegal migrants during the detention and deportation processes of their parents. However, the implementation mechanisms for this directive are still not clear. Another limitation regarding the family reunification and accompaniment of minors is related to the concept of family. There should be a new consideration regarding this concept, that goes beyond biological parents or children and this new concept should be a determinant in the development of criteria for the selection of the “primary caretaker”. In addition to the need to prevent families from being separated and to try to stop deportations, also requiring further examination is the issue of people that are deported and can’t facilitate that members of their families that remain in the United States go with them to their country of origin. Another concern are the cases of those people that return to the United States to meet with their family members through mechanisms that prohibit their deportation such as the Application for Relief from Deportation. On the other hand the United States migration system doesn’t take into account the best interest of the children. There is a need for those that manage the system to start treating children like children and not like small adults.

9  Shattered Families: The Perilous Intersection of Immigration Enforcement and the Child Welfare system. Retrieved from: http://bit.ly/sRLGhC

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This situation is reflected in difficulties that migrant children face in accessing assistance, medical care, legal representation and even education. These types of needs are not being met by the North American system (Proposal Services for Children). Additionally, it highlights that the beneficiaries of these programs aren’t just the children, but also their families. There are no programs that provide assistance to these children once they have grown up, even though they continue to be involved in legal processes. In addition, this issue isn’t solely about stopping the detention of children, but also to ensure their protection. Children should remain in safe places, where they have access to the services that they need without this being detained or the subject of criminal prosecution. The lack of knowledge around the best interest of the child is a consequence of the lack of coordination and articulation between the different governmental authorities (Department of Employment, Homeland Security, Department of Health and Human Services). Finally, it should be highlighted that the lack of resources and violence (including domestic) continue to be the main causes of child migration. The protection of children in the expulsion countries continues to be weak, which means that children travel to the United States in search of safer living conditions. The possibilities of returning that are offered don’t verify the existence of a safe environment that will guarantee the effective enjoyment of the rights of children. There are also no policies for the repatriation of unaccompanied children to their home countries.

6.2.2.  Situation of asylum-seekers The number of adults seeking refuge in the United States tripled during 2013, with the majority being migrants coming from Central America. The US authorities weren’t prepared for this increase in asylum-seekers, which is why there is a backlog in the processing of applications and in conducting interviews. This delay is also the consequence of the lack of legal accompaniment for applicants.

6.2.3.  Militarization of the borders The securing of borders is a generalized practice in the region. This practice is occurring in countries such as Mexico, Guatemala and others. In the United States there is a concern among civil society organizations regarding the proposal included in the migration reform to increase the militarization of the borders.

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6.2.4.  Migration Reform The organizations that attended the meeting stated that there are positive and negative aspects in the migration reform that is currently being debated by Congress in the United States. Among the positive aspects of the migration reform there is an increase in protection for unaccompanied children and the provision of assistance to these children in detention centers. The draft legislation establishes the notion of a child advocate that guarantees the best interest for children. Even if Congress doesn’t pass the reform, this initiative would be legally supported in the international conventions that establish the superior interest of the child. Another of the measures included in the reform is the adoption of an appointed counsel for each child that is involved in a deportation process. Similarly, in the legislation there is a possibility of providing a Best Interest Visa to children that don’t have any other option except to stay illegally in the United States. On the other hand, the legislation establishes the possibility of legalizing undocumented migrants that meet a certain profile, and there is a fear that discriminatory criteria could be established (criminal record, etc.) that wouldn’t allow certain people to obtain a legal migration status. There is a criticism that the legislation increases the number of temporary visas alongside the establishment of faster migration processes for international measures such as the seeking of refuge or asylum, which could render the phenomenon invisible and restrict guarantees such as non-deportation.

6.2.5.  Other Legislative Reforms One positive aspect is the existence of new legislative procedures that support the protection of workers’ rights and the rights of those that defend the interests of workers, such as the “Power Act” legislation that is currently being debated by the US Congress.

6.2.6.  Adoption of International Standards During the meeting participants highlighted opportunities that the current context offers (the 30th anniversary of the Cartagena Declaration) to link the discussions of protection of rights under the United Nations system to advocacy actions that have the objective of the USA agreeing to minimum standards that are established in international instruments for child protection.

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During the event participants evaluated the impact of the guidelines from UNHCR in relation to the protection of the rights of migrants in the United States. There was criticism from participants that the inclusion of victims of criminal gangs in the international protection guidelines issued by UNHCR weren’t recognized by the United States. This has resulted in a number of difficulties in the recognition of the refugee status of victims of criminal gangs from El Salvador. In the United States the domestic laws are not in line with the international laws in the area of protection. For this reason there is a lack of a connection between the right applied at the “field court level” and the international tribunals. This situation evidences the need to adapt domestic legislation, and consequently the jurisprudence and ratification of international treaties that cover issues related to human rights.

6.2.7.  New forms of forced displacement and urban violence The United States doesn’t have any mechanisms to respond to new forms of forced migration. The existing mechanisms are limited, for example even though the temporary protection status is applicable in cases of massive migration flows, it isn’t applicable in cases caused by natural disasters or for cases of displacement caused by generalized violence in urban contexts. The victims of illegal armed groups usually aren’t recognized with refugee status in the United States. For example, the victims of the Maras gang in El Salvador have sought international protection, not through seeking refugee status but through instruments such as the InterAmerican Convention to Prevent and Punish Torture, despite the fact that the language of this instrument is restricted by a demanding burden of proof. Similarly, the organizations highlighted the need to implement mechanisms that prevent mass displacements. In particular, participants debated how the United States can contribute to this prevention and they criticized the behavior of US companies that engage in activities such as mining, petroleum, etc. Participants also brought up the need to carry out advocacy actions that encourage companies to be responsible for their own actions. For example, strong advocacy is required to be undertaken with donors so that they implement projects that prevent forced displacement due to extractive economies. In terms of the trafficking of minors, it is necessary to work both in the countries of origin as well as transit and receptor countries. In general international cooperation agencies don’t take into account returned populations as a target demographic in their development programs in the countries of origin. The possibility of a peace agreement between the FARC guerrilla group and the government of Colombia resulted in concerns expressed during the meeting regarding successful processes of demobilization and dignified reintegration into society for ex-combatants. Based on experiences in Central America and the difficulties faced by victims of organized armed groups that aren’t

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recognized as actors in the conflict to obtain refugee status, the question arose of how to protect people in cities in which demobilized combatants continue operating in criminal gangs with a high capacity for intimidation and co-action. Members of these groups usually struggle to find forms of earning income outside of engaging in violence. The activities of these groups are mainly based on illegal income gained through extortion, bribes, smuggling, the trafficking of arms, micro trafficking (local level) of drugs, drug trafficking (associated with transnational networks), prostitution and the recruitment of children and young people. The severe violations of human rights as a result of these activities include, among others, homicides, forced displacement (inter-urban and intra-urban), forced disappearance, threats and intimidation of leaders, torture, confinement and social and territorial control. Both the victims of intra-urban forced displacement caused by criminal groups that seek refuge in another country, as well as ex-combatants that wish to reintegrate themselves in society, represent growing protection challenges. These challenges demand sustainable public policies to generate income and provide guarantees in the areas of housing, health, education, the use of free time and the provision of shelter to children and young people. These policies are still not effective in contexts of expulsion. Continuity to address the lack of protection, between the contexts of expulsion and reception, continues being a challenge for the guaranteeing of the rights of people in a human mobility situation that seek refuge in North American countries. Another issue that should be included in a new agenda relating to refuge and forced migration in the region is the establishment of bilateral protection agreements between governments that share borders in which scenarios of generalized urban violence persist.

6.2.8.  Statelessness In the United States there are around 5,000 stateless people. Despite this situation there is no legal framework that defines the situation of children that are born in the United States to parents with different nationalities that are seeking asylum in the country. The most representative case of statelessness is that of Palestinian migrants. In the United States this population is especially lacking protection due to the fact that the government hasn’t ratified the Convention to reduce the levels of statelessness. The Palestinians are the largest stateless population in the world. The Mexico Plan of Action opened up the possibility for Palestinians to go to Latin America without losing their refugee status. For its part the government of the United States doesn’t provide data or statistics regarding the migration status of this population.

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6.2.9.  Access to Rights An important issue to discuss, with a view to a new migration agenda in the region, is how the waiting period of a year before an individual can apply for asylum (in place since 1996) leads to gaps in the protection of asylum seekers despite the fact that this legislation was created as a fraud prevention measure. Another of the barriers to access occurs when the detained migrants, due to questions of overcrowding, are transferred to distant locations where there are no migration services. Finally, during the detention phase access to medical services should be guaranteed to specifically look after the mental health of migrants during the detention phase and to design mechanisms that counteract the negative affects of deportation.

6.3.  Conclusions From the numerous issues covered and protection challenges found, the participants at the Washington D.C. meeting indicated some final considerations that are presented as conclusions for the democratic process of the II CRH: The regional advocacy actions in the areas of refuge and forced migration require collaboration with civil society and a focus on donors and States. For this reason this advocacy requires information and awareness raising processes to motivate sustainable and coherent responses to the weaknesses in protection that have been identified. Both academics, as well as civil society organizations, should work together to make the most of the 30th Anniversary of the Cartagena Declaration, understood as an opportunity to promote the raising of protection standards for migrants in a human mobility situation from a perspective that guarantees their fundamental rights and supports a consistent dialogue between countries in the Americas. The regional gatherings from the II CRH should continue to identify the different problems in the region with the idea that the fragmentation of issues and problems should be overcome through a joint declaration from the academic and civil society organizations that participate in the process. This means that the initiative should be thought of as a network that allows for the sharing of experiences, best practices, and documents relating to diagnostics and proposals for public policy.

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Finally, the process of the II CRH demands a public relations and media campaign as well as publicity through formal communication channels to strengthen the groups and increase the potential for advocacy during the meetings. The Minutes and the role of Technical Secretary carried out by Codhes constitute an initial contribution to this proposal that can be built upon through suggestions and comments from those that participate in the network.

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Séptima Parte 2do Encuentro preparatorio de la II Conferencia Regional Humanitaria (II CRH). Toronto. Canadá 10

Panel “El papel de las víctimas residentes en exterior en los procesos de paz”.

7.1.  Relatoría 7.1.1.  Presentación El lunes 2 de diciembre de 2013, organizaciones de la sociedad civil y académicos que estudian los temas de migraciones forzadas, refugio y asilo en Canadá, se reunieron con el propósito de formular un diagnóstico sobre la situación actual de las personas en situación de movilidad humana. Dicho diagnóstico, al igual que el producido en el encuentro en Washington, tuvo por objeto ofrecer insumos para la realización de la II Conferencia Regional Humanitaria (II CRH) a realizarse en Colombia en julio de 2014.10 La Conferencia da continuidad a un esfuerzo, que se consolida en la década del 2000, de organizaciones no gubernamentales de las Américas por hacer seguimiento y evaluación a los alcances de la Declaración de Cartagena y su definición ampliada de refugiado, así como para identificar nuevos retos de protección y atención en el escenario cambiante de marcos normativos y conflictos armados, violencia urbana generalizada, coyunturas políticas, económicas y sociales en la región. Este segundo encuentro hace parte de un proceso democrático de participación, cuya metodología consiste en grupos focales o seminarios en distintas regiones del continente, a saber, Estados Unidos y Canadá; Centroamérica y El Caribe; el Cono Sur, y la Zona Andina. De los temas identificados en cada encuentro y del aporte de las organizaciones participantes, se producirá un documento final con sugerencias para los Estados, Acnur y la sociedad civil. En el marco del aniversario número 30 de la Declaración de Cartagena, el documento se constituirá como una base para precisar un rumbo de acción durante la siguiente década en la agenda sobre refugio y migraciones forzadas en las Américas. La perspectiva que busca fortalecerse debe tener en cuenta los nuevos retos de protección y las necesidades que las personas en situación de movilidad humana todavía no ven satisfechas. La red de organizaciones que se siga consolidando a partir de los encuentros regionales mencionados, pretende fortalecerse a partir de una comunicación estrecha, una participación directa en el evento central de la II CRH y la construcción de estrategias de incidencia conjunta en los países de residencia de cada institución.

10  Elaborado por Natalia Ospina y Gabriel Rojas de la Secretaría Técnica de la II CRH. Codhes, con el apoyo de NRC, la Universidad de York en Canadá y Prodem.

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7.1.2.  Introducción El encuentro en Canadá, al igual que el realizado en Estados Unidos, tuvo como objetivo recoger y sistematizar las inquietudes en cuanto a retos de protección alrededor del refugio, la migración forzada, el asilo y la apátrida que las organizaciones de la sociedad civil y miembros de la academia identificaron en el marco del trabajo que vienen desarrollando con población en situación de movilidad humana. Es necesario tener en cuenta que si bien Canadá, como Estados Unidos, no es Estado parte de la Declaración de Cartagena, sus ciudades sí reciben un alto flujo de peticionarios de refugio y asilo. Por lo tanto, las recientes reformas legislativas en materia migratoria en ambos países, tienen un alto impacto en Latinoamérica y deben ser contempladas para la configuración de la agenda en materia migratoria para los próximos años. Esto quiere decir que las discusiones actuales sobre iniciativas legislativas y de política pública en Norteamérica deben tener en cuenta estándares pendientes de protección, debido proceso y principios de no discriminación. El impacto regional de la reforma migratoria de Estados Unidos y Canadá impone retos sobre la posibilidad de levantar estándares de migración que obliguen a la región a operar de manera más garantista. En este sentido, otro de los fines perseguidos por los encuentros en Washington y Toronto fue relacionar las redes de trabajo de la sociedad civil y la academia estadounidense y canadiense con las redes latinoamericanas, lo cual permite abordar el fenómeno de manera coordinada desde los contextos de expulsión, como de recepción. A continuación se presentan los principales puntos de discusión que surgieron durante el encuentro en Canadá y algunas conclusiones que establecen el inicio del proceso de la II CRH con base en tres objetivos específicos: 1) PProponer un plan de protección para la nueva agenda sobre migración forzada en las Américas que incluya problemas clásicos y nuevos retos. 2) Analizar el impacto de las políticas de desarrollo y las consecuencias sociales que han dado pie a nuevas formas de violencia. 3) Participar como interlocutores autónomos de la sociedad civil en la conmemoración de los 30 años de la Declaración de Cartagena.

Reforma migratoria canadiense Con la aprobación del Protecting Canada Immigration System Act (Ley C 31) se han introducido cambios regresivos en materia de protección a la población refugiada y personas solicitantes.

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El principal cambio introducido por la reforma migratoria de 2012 fue la clasificación de los países de origen de los solicitantes, entre países seguros y no seguros.11 El Gobierno canadiense ha señalado que se gastan demasiados recursos y tiempo en el análisis de solicitudes de personas provenientes de países calificados como seguros. En virtud de lo anterior, se ha establecido un listado de 27 países (DCO, países designados de origen por sus siglas en inglés) sobre los cuales Canadá considera que es poco probable que se configuren los criterios para que una persona sea acreedora de protección internacional. Según el Gobierno canadiense, esto asegurará que las personas merecedoras de protección internacional reciban una protección expedita, dado que las autoridades migratorias no gastarán tiempo innecesario en el análisis de quienes presentan solicitudes infundadas, es decir aquellos solicitantes provenientes de un DCO. Los solicitantes de países incluidos en la lista de DCO, así como los provenientes de otros países, tienen derecho a una audiencia ante la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá (IRB por sus siglas en inglés). Sin embargo, se espera que las audiencias sobre solicitantes provenientes de un DCO se celebren dentro de 30 a 45 días después de la remisión de la solicitud12 a la IRB, en comparación con el plazo de 60 días para solicitantes de refugio provenientes de países considerados no seguros. Adicionalmente, los solicitantes de DCO fallidos no tendrán acceso a la División de Apelaciones de Refugiados, y no serán elegibles para conceder permisos de trabajo en Canadá durante la tramitación de sus solicitud. Este mismo grupo de solicitantes, tampoco cuenta con la posibilidad de que la decisión que niega su reconocimiento como refugiado sea revisada por una autoridad judicial. Otra de las limitaciones para los solicitantes provenientes de países incluidos en la lista de DCO, es el impedimento en el acceso a servicios de salud, así como la posibilidad de contar con la asistencia de un abogado patrocinado por el Estado. Esta situación ha desencadenado fuertes críticas por parte de las organizaciones de la sociedad civil, en tanto no hay consenso frente a la calificación de determinados países como seguros (caso de México) y dado a que se considera que se está configurando un criterio discriminatorio en el análisis de las solicitudes. Adicionalmente, las organizaciones asistentes señalaron que la prohibición de apelación, tanto ante la autoridad administrativa como judicial, viola el debido proceso de los solicitantes provenientes de países DCO. 11  Información oficial en http://www.cic.gc.ca/english/refugees/reform-safe.asp 12  La agencia estatal canadiense encargada de recibir la solicitud de refugio es la Citizenship and Immigration Agency. Una vez recibida la aplicación, esta es remitida a la oficina de Immigration and Refugee Board, la cual es una entidad semi-independiente que decide si se otorga o no el estatus de refugiado. Si la solicitud es negada, las autoridades migratorias deberán informarlo a la Canadian Border Services Agency (CBSA), las cual tiene la responsabilidad de deportar a los solicitantes fallidos.

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Así mismo, la Ley C-31 disminuye de manera considerable los tiempos de preparación y tramitación de la apelación (en aquellos casos en los que aún procede). La reforma tampoco es clara en definir cómo se van a llevar a cabo los procesos de preparación, recolección de pruebas, ni el acceso a los representantes legales por parte de personas detenidas.13 Otro de los puntos criticados a la reforma se relaciona con la eliminación de beneficios médicos y sociales para los solicitantes de refugio.14

Criminalización de la llegada a Canadá de migrantes sin documentos y régimen de penalidades para los transportistas Pese a que la Convención de 1951 prohíbe penalizar a los solicitantes de refugio, con la reforma migratoria, es posible imponer sanciones a aquellos solicitantes de refugio que lleguen a territorio canadiense de manera irregular. Dichos solicitantes son detenidos de manera automática una vez ingresan a Canadá. Posteriormente, aun cuando logren ser reconocidos como refugiados, no tendrán la posibilidad de acceder a la residencia permanente por cinco años, no cuentan con la posibilidad de traer a sus familiares y no se les suministran documentos de viaje.15 Paralelamente, se han diseñado políticas de interdicción e interceptación de barcos y aviones con destino a Canadá que transporten solicitantes de refugio. Dicha política se complementa con el régimen de sanciones para los transportistas de personas sin visa o que de antemano conocen que quienes transportan tienen la intención de presentar una solicitud de refugiado. La multa prevista para las aerolíneas es de 3200 dólares canadienses por solicitante. Además de la multa, el transportista será imputado bajo el cargo de tráfico de personas y la tasación de la pena será acorde al número de solicitantes transportados.16

13  La reforma incluyó la posibilidad de recluir a personas en centros de detención por su condición migratoria. Incluso se permite la detención de niños, niñas y personas de la tercera edad migrantes, por periodos de más de un año mientras se investigan sus antecedentes penales. 14  Los beneficios médicos y sociales a los cuales tienen acceso los solicitantes de refugio y asilo están definidos en el Balanced Refugee Reform Act. 15  A todo solicitante de refugio se le retienen los documentos de identidad de su país de origen (pasaporte, cédulas, etc.) y les son entregadas copias autenticadas de los mismos. Solo es posible viajar a otro país (este permiso no incluye el país de origen) con un documento de viaje o “travel document” expedido por el Gobierno canadiense. 16 La pena por transportar diez o más solicitantes es de cadena perpetua para el transportista.

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Implementación del Retorno Voluntario Asistido y del Programa Piloto de Reintegración (Assisted Voluntary Return and Reintegration Pilot Program) Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que las autoridades migratorias trabajan de manera conjunta con el Sistema de Asistencia Social (Welfare System). Por lo tanto, cuando una solicitud de refugio es declara fallida, se les informa a los servicios sociales (Social Services) para que dichos solicitantes no reciban más ayuda social. Igualmente, se les niega la posibilidad de renovar sus permisos de trabajo. Está política busca que la situación de pobreza inminente obligue a los solicitantes fallidos a retornar a sus países de origen, para lo cual se han diseñado programas como el Retorno Voluntario Asistido y el Programa Piloto de Reintegración (AVRR por sus siglas en inglés). El AVRR es un programa piloto que ha sido implementado en la provincia de Ontario- Canadá desde junio 29 de 2012 y se planea que culmine en marzo 31 de 2015. Esta política busca brindar asistencia económica a quienes soliciten retornar de manera voluntaria a sus países de origen. Los criterios para seleccionar a los beneficiarios del programa han sido definidos por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Canada Border Services Agency). No se trata, por tanto, de un retorno voluntario sino de uno forzado por las condiciones restrictivas en cuanto al acceso de los medios de supervivencia. Esto aunado a los obstáculos para apelar las decisiones negativas frente a las solicitudes de refugio, constituye uno de los grandes retos a los que se enfrentan quienes buscan refugio en Canadá.

Reasentamiento desde fuera de Canadá El reasentamiento es el término que utiliza el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá (CIC por sus siglas en inglés) para describir el proceso legal de traer a un refugiado a Canadá para vivir como residente permanente.17 En el mismo sentido, la reforma migratoria canadiense introdujo cambios drásticos en el programa.

Antes de la reforma El programa tenía una visión global acompañada por un criterio humanitario en la selección de quienes ingresaban a Canadá. Así las cosas, las personas refugiadas son elegidas para reasentamiento desde el extranjero bajo dos esquemas:

17  Información sobre el programa de Resettlement from outside Canada en: http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/

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1) Asistencia del Gobierno. 2) Patrocinio privado. Se trata de grupos o empresas que han firmado un acuerdo con el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá. En este acuerdo prometen proporcionar fondos y cumplir con determinadas obligaciones para apadrinar a los refugiados que llegan a Canadá. 2.1) Private sponsorship. Esta modalidad lleva el mayor número de personas a Canadá. Adicionalmente, buscaba la reunificación familiar bajo un concepto de familia más amplio que el que utiliza el gobierno canadiense.18 2.2) G5. Corresponde a cinco o más ciudadanos canadienses o residentes permanentes, mayores de 18 años, que puedan patrocinar a uno o más refugiados que traigan a Canadá. Adicionalmente, deben comprometerse a ayudarlo(s) a establecer en el área.

Tras la reforma La principal reforma al programa de reasentamiento en Canadá se relaciona con el cambio de los criterios para la selección de las comunidades beneficiarias. Como se señaló anteriormente, la selección de las comunidades beneficiarias atendía a un criterio global y humanitario.19 Las organizaciones de la sociedad civil asistentes que han tenido acceso a los memorandos internos que contribuyeron a la configuración de la reforma, señalaron que la selección de las comunidades elegibles por parte del Gobierno canadiense, hoy en día responde a la posibilidad de integrarse fácilmente a la sociedad canadiense, en términos económicos.20 En 2013 el índice de reasentamiento de refugiados en Canadá fue el más bajo en los últimos 10 años.21 Así mismo se planteó que el número de personas que se planea llevar a Canadá bajo el auspicio del Gobierno es menor al número de beneficiarios a través del auspicio de agentes privados, por tanto la responsabilidad respecto del reasentamiento recae en manos de la sociedad civil. Se incluyó además una modalidad adicional para seleccionar a los beneficiarios del programa de reasentamiento, denominada Visa-Office Referred Sponsorships.

18  Para el Gobierno canadiense, familiares son aquellos que conforman el núcleo familiar más cercano, es decir, padres e hijos. 19  Situación de vulnerabilidad y necesidad de protección. 20  El componente económico fue uno de los puntos centrales en la Conferencia Nacional sobre Reasentamiento, en donde se planteaba la necesidad de involucrar al sector privado y a empleadores en el proceso, dado que el componente central del programa es la integración en la economía. Este criterio ha excluido, por ejemplo, a los somalíes como beneficiarios del programa. 21  El objetivo para 2014 es aún más bajo que el trazado para 2013.

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Adicionalmente, se impusieron limitaciones a los patrocinadores privados en cuanto al número de personas que pueden llevar a Canadá. Asimismo, frente al G5, los refugiados que patrocinen, deben haber sido reconocidos por el Acnur, lo cual constituye una limitación para ayudar a personas necesitadas de protección internacional provenientes de regiones donde la agencia no ha reconocido refugiados (por ejemplo, Siria). Otra de las preocupaciones gira en torno a la reunificación familiar. En Canadá no se desarrollan programas en este aspecto, por lo que es un desafío. En promedio, una reunificación familiar tarda entre dos y cinco años, y en ocasiones ha tardado inclusive una década. El tiempo depende del área de la cual provenga quien ha sido beneficiario del programa. Las solicitudes de reunificación familiar de personas provenientes del continente africano usualmente son las que más tardan.22 Así mismo, el concepto de “dependientes”23 ha variado tras la reforma. Antes se tenía como dependientes a los menores de 19 años y a las personas entre 19 y 22 años que se encontraran estudiando y dependieran económicamente de la persona que estaba en Canadá. A partir de 2014, solo se considerarán dependientes las personas menores de 18 años. Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que dicho cambio se introdujo basado en estudios (de los cuales se desconoce su metodología), que indicaron que los menores de 18 años tenían una integración económica más fácil, que las personas entre los 19 y 22 años. También es importante establecer que desde octubre de 2012 el patrocinio entre cónyuges para ser traídos a Canadá exige que se conviva por lo menos por dos años, de no ser así, el patrocinador (quien es ciudadano canadiense o residente permanente) puede cancelar el patrocinio sin ninguna penalidad, en tanto que el patrocinado corre el riesgo de ser deportado a su país de origen. Esta política busca reducir el número de matrimonios “green card”, o por conveniencia para legalizar los papeles en el país. El requisito de convivencia mínima no es observado en dos situaciones: 1. Muerte del cónyuge, caso en el cual deberán acreditarse los documentos respectivos y 2. Violencia intrafamiliar, caso en el que será necesario probar la ocurrencia de la misma ante un trabajador social o la policía. En el caso en que se demuestre que se trata de un matrimonio fraudulento se podrían enfrentar cargos o multas. Esta política ha sido criticada pues pone a la persona patrocinada en un alto riesgo de sufrir daños por explotación, lo cual llevaría a aumentar el nivel de subregistro en los casos de violencia intrafamiliar, dado el temor que afrontarían quienes han sido patrocinados a ser deportados al país de origen. So pena de ser ambos deportados, el patrocinador inclusive, correría el riesgo de afrontar cargos criminales en su contra, salvo dos situaciones: 1. Muerte del cónyuge y 2. Violencia intrafamiliar, la cual debe ser probada ante un trabajador social o la policía. 22  Se mencionaron casos de solicitantes de Kenia, Etiopía y Eritrea. 23  Personas que pueden ser objeto de reunificación familiar.

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Frente abuelos y padres, el programa de reunificación familiar está actualmente cerrado y se volverá a abrir en febrero de 2014. Los criterios que se tendrán en cuenta serán los ingresos de quien patrocina y la posibilidad de costear los gastos médicos de quienes están siendo patrocinados. Las organizaciones asistentes indicaron que para 2014 se espera que el 70 por ciento de los beneficiarios sea seleccionado bajo el criterio de integración económica y el 30 por ciento bajo el familiar (family class). Existe una preocupación adicional frente a la obligación de practicarse exámenes médicos de los beneficiarios que viajan a Canadá bajo este programa. Actualmente, para la realización de los mismos, hay un contrato con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que finaliza en marzo de 2014, y dado que Canadá se encuentra en el periodo de año fiscal, no ha sido posible renovar el contrato. Esta situación generará que los refugiados tengan que costear dichos exámenes. Finalmente, cuando los padres son deportados y sus hijos son ciudadanos canadienses, los padres pueden llevarlos consigo a su país de origen, costeando ellos mismos el viaje. De no ser esto posible, la Canadian Border Services Agency costea la totalidad del viaje de los niños y niñas canadienses. Frente a la detención de niños, el número reportado por las entidades estatales es impreciso, dado que no se están teniendo en cuenta a las personas menores de edad canadienses, hijas de padres extranjeros. Cuando los padres son detenidos por su condición migratoria, sus hijos canadienses tienen la posibilidad de convivir con ellos en dichos centros de detención bajo la figura de invitados, por lo tanto, no son tenidos en cuenta en las estadísticas sobre personas menores de edad en situación de detención. La otra posibilidad durante el periodo de detención, previo al proceso de deportación, es que la custodia de niños y niñas canadienses quede a cargo del Estado.

Nuevas formas de desplazamiento y la influencia de las economías extractivas Canadá es el país que más extracción minera hace en el mundo. El 37 por ciento de la inversión global en minería es desarrollada por compañías canadienses; tan solo en México, el 50 por ciento de las concesiones de minería ha sido otorgado a compañías canadienses (inclusive Global Group, con sede principal en Vancouver, instaló una explotación minera a 3 km de una planta de energía nuclear en México). Además, el 60 por ciento de las compañías mineras del mundo cotiza en la bolsa de valores de Toronto.

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Durante el evento, las organizaciones asistentes señalaron que los desplazamientos forzados causados en virtud de las industrias extractivas no han sido ampliamente documentados.24 El número de casos en la impunidad por las violaciones a los derechos humanos por parte de compañías canadienses que operan en Latinoamérica es abrumador. El extenso número de personas desplazadas en México en virtud del fenómeno del narcotráfico,25 y el desplazamiento por economías extractivas en Honduras, Guatemala y El Salvador ha sido favorecido por el trabajo de las embajadas canadienses en dichos países frente al desarrollo de las legislaciones locales. Aun cuando la ley canadiense señala que los representantes legales son responsables penalmente por los hechos imputables a las compañías, los procesos legales en los cuales debe ser declarada la responsabilidad son costosos y complicados. Otro de los vacíos legales es la ausencia de la figura del “Defensor del Pueblo” en Canadá, lo que ha generado que gran parte del trabajo de vigilancia del respeto por los derechos humanos haya recaído en las organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, el gobierno canadiense ha sido un colaborador de las compañías extractoras. Usualmente las embajadas de ese país ayudan a las compañías a acceder a las tierras y los asesoran respecto de las inversiones. Inclusive el gobierno canadiense ha asesorado a las compañías en las demandas contra los países receptores que intentaron detener las industrias extractiva. Por otro lado, en los últimos años se han configurado esfuerzos para contener las consecuencias nocivas de las actividades mineras. Uno de los más significativos fue el proyecto de ley Bill C 300,26 presentado por John McKay, también conocido como Corporate Accountability of Mining, Oil and Gas Corporations in Developing Countries Act. El acto buscaba establecer mejores prácticas ambientales y garantizar la protección y promoción de las normas internacionales de derechos humanos por parte de las empresas canadienses que adelantaban actividades de explotación minera, petróleo y gas natural en los países en vía de desarrollo. La reforma fue presentada el 9 de febrero de 2009 y archivada el 26 de octubre de 2010, durante su tercer debate en el Congreso. Se señaló que los congresistas habrían sido llamados por las compañías mineras advirtiendo que el cambio en la legislación podría tener efectos negativos en las industrias mineras canadienses, incluso al interior de las empresas. No hubo espacio para que las ONG se pronunciaran al respecto. 24  Dentro de las organizaciones que han presentado publicaciones frente al tema se encuentran: Mining Watch Canadá y Kairos Canadá. Adicionalmente, se mencionó el blog de Nigel Bankes, http://ablawg.ca/ 25 Existen fuertes vínculos entre las compañías y los carteles del narcotráfico, los cuales han obligado a las personas a vender sus tierras mediante mecanismos coercitivos, incluso se han registrado casos de desapariciones. 26 Encuentre el texto completo del proyecto de ley, Bill C 300: http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=3658424&La nguage=e&Mode=1

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Finalmente, se señaló que varios de los países que han sido calificados como DCO, coinciden con aquellos países con los cuales Canadá ha firmado Tratados de Libre Comercio. Tal es el caso de México, el cual en 2013 fue incluido en la lista de países seguros, pese a que desde 2009 el Gobierno canadiense había comenzado a exigir visa a los mexicanos con el fin de reducir el número de solicitantes de asilo proveniente de dicho país.27 El Gobierno mexicano anterior intentó detener las actividades de explotación minera en el país, sin embargo, las preocupaciones de la sociedad civil recientemente están encaminadas a que las mismas se reanuden en virtud del TLC.

7.1.3.  Conclusiones En el marco de las consultas de la II Conferencia Regional Humanitaria, es fundamental plantear un enfoque multidimensional de la migración forzada en el trabajo desde la sociedad civil. En este sentido, el vínculo entre las economías extractivas, la movilidad humana y el rol del Estado de Canadá, en la protección, debe ser una prioridad en términos de la incidencia llevada a cabo por las ONG. El gran tema de la Conmemoración de la Declaración de Cartagena es un enfoque de protección para migrantes y refugiados que sea más garantista por parte de los Estados. Para tal efecto, la Conferencia Regional Humanitaria y el Foro Mundial de Migraciones pueden articularse para consolidar un apoyo político de los asistentes a las consultas subregionales en escenarios multilaterales de incidencia internacional. Se considera fundamental llevar la discusión sobre migraciones forzadas y refugio ante los distintos espacios de las Naciones Unidas, presionarlas en un sentido democrático para desarrollar los contenidos mencionados en la reunión y hacer predominar un enfoque de derechos humanos y no exclusivamente de los intereses del crecimiento económico en la perspectiva. Asimismo, es clave actuar como una red continental en los temas desde una perspectiva de proceso, entender la Conferencia como un espacio para articular investigaciones, puntos de vista y redes globales, y fortalecer el trabajo de las organizaciones de la región con las organizaciones de Canadá.

27  Según Liette Gilbert, “en julio de 2009, el Gobierno de Harper impuso un requisito de visa para todos los mexicanos que viajaban a Canadá. El Gobierno canadiense legitimó esta decisión tomando como pretexto el número creciente de solicitudes de asilo provenientes de mexicanos”. Adicionalmente, señala que no solo se busca contener el número de solicitudes de asilo, sino que a la vez criminaliza a los solicitantes utilizando una retórica oficial y un lenguaje prejuicioso. Este discurso político implica la negación bilateral de la crisis de derechos humanos creada por la narcoviolencia y la corrupción. Tomado de: http://www.revistascisan.unam.mx/Norteamerica/pdfs/n15/ NAM00800107.pdf

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Es importante solicitar un pronunciamiento oficial del Gobierno canadiense sobre la paz y los refugiados colombianos en el marco del actual proceso de terminación del conflicto armado que se lleva a cabo en el país. Hay puntos comunes y diferencias entre Estados Unidos y Canadá, aunque en ambos casos la protección para refugiados está siendo suprimida como parte de una tendencia global. Dicha tendencia debe ser parte importante de la discusión en los próximos encuentros, para indagar sobre las agendas de desarrollo y perspectivas económicas que no priorizan los derechos humanos. La tendencia del Gobierno de Canadá es seguir restringiendo derechos de refugiados. Se señala de nuevo la preocupación de que los indocumentados pueden ser explotados laboralmente por la falta de regularización y protección de migrantes. El diálogo entre el movimiento social y la academia debe mantenerse y fortalecerse. El marco de la conmemoración de los 30 años de la Declaración de Cartagena se presenta entonces como una oportunidad de diálogo e integración entre los dos ámbitos. La división entre norte y sur global se presenta cada vez más como una categoría artificial. Una perspectiva más funcional es aquella que observa los problemas como tendencias interconectadas cuya relación debe ser objeto de estudio. El punto focal para continuar el proceso de la II CRH en Canadá serán CCR y CCS.

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Octava Parte 2nd Preparatory Gathering for the II Regional Humanitarian Conference (II CRH) (II CRH, for its initials in Spanish). Toronto, Canada

Diálogo abierto IICRH, Academia y Sociedad Civil: Migración Forzada, Pos-conflicto y Justicia Transicional.

8.1.  Minutes 8.1.1.  Presentation On Monday the 2nd of December 2013, civil society and academic organizations that study the issues of forced migration, refuge and asylum in Canada came together with the purpose of developing a diagnostic of the current human mobility situation. This diagnostic, similar to the one produced at the previous meeting in Washington, had the goal of providing information and material for the II Regional Humanitarian Conference (II CRH for its initials in Spanish) that will be held in Colombia in July 2014. The Conference provides continuity to the efforts that were consolidated in the decade of the 2000s by NGOs in the Americas to monitor and evaluate the achievements of the Cartagena Declaration and its broadened definition of refuge. These efforts also included the identification of new protection and assistance challenges in the framework of a changing scenario of legal frameworks, armed conflicts, generalized urban violence and joint economic and social policies in the region. This second meeting is part of a democratic process of participation with a methodology consisting of focus groups and seminars in distinct regions of the continent including the United States and Canada, Central America, the Caribbean, the Southern Cone and the Andean region. A final document will be produced including the topics identified in each gathering, contributions from the participating organizations and suggestions for States, UNHCR and civil society. In the framework of the 30th Anniversary of the Cartagena Declaration, the document will act as a base to guide actions related to the agenda for refuge and forced migrations in the Americas during the following decade. The perspective that it aims to strengthen should take into account new challenges in the areas of protection and have the objective of meeting the needs of people in a human mobility situation that still haven’t been satisfied. The network of organizations that continues to be consolidated through the regional meetings mentioned aims to strengthen direct participation in the central event of the II CRH through close communication. This network also has the objective of developing joint advocacy actions in the resident countries of each institution. Attached are the following documents: 1) Agenda of the meeting, including the event’s objectives and panel discussions. 2) List of those that attended the meeting.

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8.1.2.  Introduction The meeting in Canada, similar to the one held in the United States, had the objective to collect and systematize concerns in regarding the protection provided in the areas of refuge, forced migration, asylum and statelessness. These concerns were identified by civil society and academic organizations as part their work with the population in a human mobility situation. It is necessary to take into account that while Canada, like the United States, is not a signatory to the Cartagena Declaration; its cities receive a high flow of migrants seeking refuge and asylum. For this reason, the recent legislative reforms in the area of migration in both countries have a high impact on Latin America and should be considered for the configuration of the migration agenda in the next few years. This means that the current discussions on legislative and public policy initiatives in North America should take into account pending protection standards, due process and principles of anti-discrimination. The regional impact of migratory reform in the United States and Canada imposes challenges for the raising of migration standards that oblige the region to operate in a manner that provides improved protection of the rights of people in a human mobility situation. In this sense, another of the goals of the meetings in Washington and Toronto was to facilitate interaction between the civil society and academic networks in the USA and Canada and the Latin American networks, which allows for a coordinated tackling of the phenomenon based on both the expulsion and reception contexts. The main points of discussion that arose during the meeting in Canada are presented below, as well as some conclusions to establish the beginning of the II CRH process, based on three specific objectives: 1) Propose a protection plan for the new agenda regarding forced migration in the Americas that includes historical problems and new challenges. 2) Analyze the impact of development policies and social consequences that have led to new forms of violence. 3) Participate as autonomous representatives of civil society to commemorate 30 years since the Cartagena Declaration.

Canadian Migratory Reform With the approval of The Protecting Canada Immigration System Act (Ley C 31), regressive changes have been introduced to the area of protection for the refugee population and those applying for refugee status.

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The main change introduced by the migratory reform of 2012 was the classification of the countries of origin of applicants as safe countries or unsafe countries28. The Canadian government has stated that they spend too much time and resources on the analysis of applicants from people coming from countries that are classified as safe. As a result of this, it has established a list of 27 countries (Designated Countries of Origin DCOs) of which Canada considers that is unlikely that they will provide the criteria required for a person coming from that country as deserving of international protection. According to the Canadian government, this will ensure that the people deserving of international protection receive unobstructed protection, as the migration authorities won’t spend an unnecessary amount of time on the analysis of those who present unfounded applications, e.g. those applicants that come from a DCO. The applicants from countries included in the DCO list, as well as those that come from other countries, have the right to a hearing before the Immigration and Refugee Board of Canada (IRB). However, it is expected that the hearings for applicants coming from a DCO are held between 30 and 45 days after they have filed their application29 to the IRB, compared to the usual waiting period of 60 days for applicants for refugee status that come from countries considered as unsafe. Additionally, the applicants from the DCOs who are unsuccessful will not have access to the Refugee Appeal Division and will not be eligible to work in Canada during the processing of their application. This same group of applicants will also not have the possibility that the decision to deny their granting of refugee status is reviewed by a judicial authority. Another of the limitations for applicants coming from countries included in the DCO list is their inability to access health services. They also don’t have the possibility of accessing the services of a government-funded lawyer. This situation has led to strong criticism from civil society organizations, based on the fact that there is no consensus regarding the classification of certain countries as safe (as in the case of Mexico) and that this represents a discriminatory criteria in the assessment of applications. In addition, the organizations that attended the meeting in Toronto stated that the prohibition of the right to appeal a decision, before either the administrative authority or through the legal system, violates the due process of applicants coming from DCO countries. 28  Find official information at http://www.cic.gc.ca/english/refugees/reform-safe.asp 29  The Canadian government’s agency responsible for receiving the refugee application is the Citizenship and Immigration Agency. Once the application has been received, it is sent to the office of the Immigration and Refugee Board, which is a semi-independent entity that decides whether or not to grant refugee status. If the application is denied, the migration authorities have to inform the Canadian Border Services Agency (CBSA), which is responsible for deporting those individuals that have had their applications denied.

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Similarly, Law C-31 considerably reduces the time available for preparing and processing an applicant’s appeal (in those cases in which they are still allowed to). The reform is also unclear in defining how to implement preparation processes, how proof is collected to assess applications or how to access to legal representatives for those people that have been detained30. Another of the points criticized in the reform is related to the elimination of medical and social benefits for those applying for refugee status31.

Criminalization of the Arrival to Canada for Migrants without Documentation and a New System of Penalties for those that Transport them Despite the fact that the 1951 Refugee Convention prohibits the punishment of refugee applicants, with the current migration reforms it is now possible for the Canadian government to impose sanctions on those applying for refugee status that reached Canadian territory unlawfully. These applicants are automatically detained once they enter Canada. Subsequently, when these applicants are recognized as refugees, they will not have the possibility of accessing permanent residency for five years, they don’t have the possibility of bringing their families to Canada and they will not be provided with travel documents32. At the same time, the government has designed policies to prohibit and intercept boats and planes that are transporting those seeking refugee status with Canada as their destination. This policy is complemented by the system of penalties for individuals that transport people without visas to enter Canada or individuals that are previously aware of their intention to apply for refugee status. The fine for airlines that transport a person applying for refugee status is $3,200 Canadian dollars. In addition to the fine, the transport company responsible will be prosecuted for people trafficking and the extent of the fine will be in accordance with the number of refugee applicants that were transported33.

30  The reform includes the possibility of holding people in detention centers due to their migration status. It also allows for the detention of migrant children and elderly persons for a period of more than a year while their criminal records are investigated. 31  The medical and social benefits for individuals applying for refugee status and seeking asylum are defined in the Balanced Refugee Reform Act. 32  All refugee applicants have their identity documents from their country of origin confiscated by the authorities (passport, identity cards, etc.) and they are provided with authenticated copies of these documents. It is only possible to travel to another country (this doesn’t include their country of origin) with a travel document issued by the Canadian government. 33  The penalty for transporting 10 or more applicants for refugee status is life imprisonment for the person who transports them.

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Implementation of the Assisted Voluntary Return And Reintegration Pilot Program The civil society organizations attending the meeting stated that the migration authorities work in conjunction with the welfare system. For this reason, when an application for refugee status is denied, social services agencies are informed that these applicants are not to receive any more social services. At the same time, they are also denied the possibility of renewing their work permits. This policy is designed so that faced with imminent poverty, those that have had their applications denied are forced to return to their countries of origin. Programs such as the Assisted Voluntary Return And Reintegration Pilot Program (AVRR) have been designed to support this process. AVRR is a pilot program that has been implemented in the province of Ontario since the 29th of June 2012 and the pilot will be completed on March 31st of 2015. This policy aims to provide economic assistance for those that have had their applications for refugee status denied so that they can voluntarily return to their countries of origin. The criteria to select the beneficiaries of the program have been defined by the Canada Border Services Agency. This process doesn’t involve a voluntary return but more a forced return due to the restrictions placed on a failed applicants’ access to means of survival. This situation, combined with the obstacles in appealing denials of their applications, constitutes one of the largest challenges for those that work to support those applying for refugee status in Canada.

Resettlement from outside of Canada Resettlement is the term used by the Department of Citizenship and Immigration Canada (CIC) to describe the legal process of bringing a refugee to Canada to live as a permanent resident34. The Canadian migration reform has introduced drastic changes to the program.

Before the reform The program had a global vision accompanied by humanitarian criteria for the selection of those who were chosen to enter Canada. Refugees are chosen for resettlement from foreign countries under two systems:

34  Official information regarding the Resettlement Program from Outside Canada in: http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/

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1) Assistance from the government: 2) Private sponsorship: This scheme involves groups or companies that have signed an agreement with the Department of Citizen and Immigration Canada. This agreement commits these parties to provide funds and comply with determined obligations to sponsor refugees that arrive to Canada. 2.1) Private sponsorship: This is the most popular method for bringing people to Canada. Additionally, it aims to achieve the reunification of families under a wider concept of family than that used by the Canadian government35. 2.2) G5: This corresponds to five or more Canadian citizens or permanent residents that are older than 18 years of age sponsoring one or more refugees that are brought to Canada. Additionally, the group should be committed to helping the refugee(s) establish themselves in the area.

Behind the reform The main reform of the resettlement program in Canada is related to the change of criteria for the selection of the beneficiary communities. As previously stated, the selection of beneficiary communities is based on global and humanitarian criteria36. The civil society organizations attending the meeting have had access to the internal memos that contributed to the configuration of the reform. They stated that the selection of the eligible communities by the Canadian government responds to the possibility of their easily integrating into Canadian society in economic terms37. In 2013 the number of refugees resettled in Canada was the lowest in 10 years38. During the meeting it was also stated that the number of people brought to Canada through government channels is lower than the number beneficiaries that arrive through private agents. As a result, the responsibility for their successful resettlement is in the hands of civil society. An additional method to select beneficiaries for the resettlement program was included, known as Visa-Office Referred Sponsorships.

35  For the Canadian government, family members are only those that are part of the nuclear family, e.g. parents and children. 36  Criteria such as being in a situation of vulnerability and in need of protection. 37  The economic component was one of the main themes of the National Conference on Resettlement, which proposed the need to involve the private sector and employers in the process given that the central component of the program is economic integration. As a result, certain nationalities such as Somalians have been excluded as beneficiaries of the program. 38  The objective for 2014 is even lower than that of 2013.

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Additionally, limitations were imposed on private sponsors in terms of the number of people that they could bring to Canada. In terms of the refugees that the G5 can sponsor, they should have been recognized by UNHCR, which represents a limitation in helping the people that require international protection but come from regions where UNHCR hasn’t recognized refugees. Another of the concerns expressed by those attending the meeting is in the area of family reunification. In Canada there are no programs for group resettlement, which means that this is a challenge. On average, family reunification can take between 2 and 5 years, and in certain cases has taken up to 10 years, depending on the area that the beneficiary has come from. The applications for family reunification from people coming from Africa are usually those that take the longest amount of time. Similarly, the concept of “dependents”39 has changed as a result of the reform. Previously, dependents were defined as those under the age of 19 and those young people aged between 19 and 22 that were studying and economically depend on the person that was in Canada. As of 2014, only those who are under the age of 18 are considered dependents. The civil society organizations stated that this change was introduced based on studies (with unknown methodologies) that indicated that dependents under the age of 18 demonstrated better economic integration than dependents between the ages of 19 and 22. It is also important to highlight that since October 2012, sponsorship of spouses to be brought to Canada requires that they live together for at least two years after arriving, and if they don’t, the sponsor (who is either a Canadian citizen or Permanent Resident) can cancel the sponsorship without penalty and the sponsored person is supposed to be returned to his or her country of origin. This policy was made to cut down on the number of so-called immigration or “green card” marriages, except in two instances: 1. If one of the spouses dies; and 2. In the case of domestic violence, where the violence has to be documented by reports from a social worker or police officer. In case the marriage is proven fraudulent the consequences could be face prison or fines. The criticism around this is that it puts the sponsored person at a high risk of exploitation and harm, since abuse is under-reported and not well documented at the best of times, and there would be pressure for that individual to stay in a harmful situation rather than be deported. In terms of grandparents and parents, the family reunification for these relatives is currently closed. It will open again in February 2014 and the criteria that will be assessed will be the income of who sponsors them and their ability to pay the medical expenses of those that are being sponsored.

39  People that can be the object of a family reunification.

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According to the organizations that attended the meeting, it is expected in 2014 that 70% of the beneficiaries will be selected using the criteria of economic integration and 30% using the criteria of family member (family class). There is an additional concern regarding the obligation of beneficiaries that travel to Canada under this program to submit to medical examinations. Currently, there is a contract with the International Migration Organization (IOM) to carry out these exams, which will expire in March 2014. Given that this falls at the end of Canada’s fiscal year it hasn’t been possible to renew this contract. This situation will mean that refugees will have to pay for their own medical exams. Finally when parents are deported and the children are Canadian citizens, parents can take the children with them to their countries of origin by paying for their children’s tickets. If this is not possible, the Canadian Border Services Agency pays the total cost of the trip for Canadian children. In terms of the detention of children, the number of children detained that is reported by government entities is not accurate, given that they are not taking into account Canadian minors that are children of foreign parents. When the parents are detained due to their migration status, their Canadian children have the possibility of living with their parents in these detention centers as “guests”. As a result, they are not included in the official statistics of minors that are being detained. Another possibility during the period of detention is that the Canadian government assumes custody of the children.

New Forms of Displacement and the Influence of Extractive Economies Canada is the country with the highest level of mining in the world. 37% of the global investment in mining is from Canadian companies. In Mexico alone 50% of the mining concessions have been granted to Canadian companies (Global Group, that has its head office in Vancouver, built a mine three kilometers from a nuclear power plant in Mexico). Similarly, 60% of the world’s mining companies are listed on the Toronto Stock Exchange. During the event, the organizations that attended the meeting stated that the forced displacements caused as a result of extractive industries haven’t been widely documented40. The impunity of a large number of cases of human rights violations by Canadian companies that operate in Latin America is overwhelming.

40  Among the organizations that have presented publications on this topic are: Mining Watch Canada and KAIROS Canada. Additionally, this issue has been mentioned in Nigel Bankes’ blog (available at: http://ablawg.ca/).

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The extensive number of displaced persons in Mexico due to the effects of drug trafficking41 and extractive economies in Honduras, Guatemala and El Salvador has been increased by the work of Canadian Embassies lobbying for changes in local legislation in these countries. Even when Canadian law states that legal representatives are responsible for the criminal acts of their companies, the legal processes in which they can be declared criminally responsible are expensive and complicated. Another legal gap is the absence of an “Ombudsman’s Office” in Canada. This has meant that a large amount of the work in supervising the respect for and observance of human rights in the country has fallen to the civil society organizations. For its part, the Canadian government has collaborated with the mining companies. Usually the Canadian Embassies help companies access land and advise them regarding their investments. The Canadian government has even advised companies on legal action taken against them in the receptor countries, which is aimed at stopping mining occurring there. On the other hand, in the last few years efforts have been made to contain the damaging consequences of mining activities; one of the most significant was the “Bill C 300”42 legislation presented by John McKay, also known as the Corporate Accountability of Mining, Oil and Gas Corporations in Developing Countries Act. The Act aimed to establish better environmental practices and guarantee the protection and promotion of international human rights laws by Canadian companies that engage in mining, petroleum and natural gas activities in developing countries. The reform was presented on February 9th of 2009 and retired on 26th of October 2010 after its third debate in Congress. It was noted that congressmen and women had been called by the mining companies and were advised that the change in legislation could have negative effects on the Canadian mining industry, even at a domestic level. There were no opportunities for NGOs to contribute to this debate. Finally, those attending the meeting stated that a number of countries classified as Designated Country of Origin (DCO) correspond to countries that Canada has signed Free Trade Agreements (FTAs) with. This is the case with Mexico, which in 2013 was included in the list of safe countries, despite the fact that from 2009 onwards the Canadian government began to require Mexican citizens to apply for visas with the goal of reducing the number of asylum seekers from this

41 There are strong links between the companies and drug trafficking cartels. The cartels have forced people to sell their land to mining companies through coercion and cases of disappearances have been registered. 42  Find the complete text of Bill C 300 at: http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=3658424&Language=e&Mode=1

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country43. The previous Mexican government tried to stop mining activities in the country, however concerns from civil society members and organizations have recently resurfaced due to the FTA with Canada encouraging further mining in the country.

8.1.3.  Conclusions In the framework of the preparation meetings realized for the II Regional Humanitarian Conference, it is critical that a multi-dimensional approach to forced migration is adopted based on the work carried out by civil society organizations. In this sense, the link between extractive economies, human mobility and the role of the Canadian government in providing adequate protection should be a priority in terms of the advocacy carried out by NGOs. The main theme of the 30th Anniversary of the II Regional Humanitarian Conference is a focus on improved protection for migrants and refugees provided by States. As a result, the Regional Humanitarian Conference and the Global Forum on Migration can be articulated to consolidate political support from those attending the sub-regional preparation meetings. This support can be transferred to multilateral scenarios for use in international advocacy efforts. It is necessary to bring the discussion on forced migration and refugees to the distinct spaces organized by the United Nations in order to provide democratic pressure so that they take action on the content mentioned in the meeting. It is important that a human rights approach takes precedence and these discussions don’t just exclusively focus on interests related to economic growth. There is a need to act as a continental network in relation to the topics covered in these meetings while adopting a process-based perspective. It is important that the Conference is used as a space to articulate research, points of view and global networks and to strengthen the work of organizations from the region with the Canadian organizations. It is extremely important to request an official declaration from the Canadian government regarding the Colombian peace talks and refugees from this country in the framework of the current process that seeks to end the conflict that is occurring in the country.

43  According to Liette Gilbert “in July of 2009 the government led by Stephen Harper passed a law requiring that all Mexicans wanting to travel to Canada apply for a visa. The Canadian government legitimized this decision by highlighting the growing number of Mexicans seeking asylum in the country”. Additionally, it was noted that the members of the government didn’t just want to control the number of asylum applications, but they also sought to criminalize asylum seekers by using official rhetoric and discriminatory language. This political discourse requires the bilateral negotiation of a human rights crisis created by violence related to drug trafficking and corruption. Taken from: http://www.revistascisan.unam.mx/Norteamerica/pdfs/n15/NAM00800107.pdf

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There are similarities and differences between the USA and Canada, even though in both cases the protection provided for refugees is being suppressed as part of a global trend. This trend should be an important part of the discussion in the next meetings. It is important to enquire about the development agendas and economic perspectives that don’t prioritize human rights. The Canadian government has demonstrated a trend of continuing to restrict the rights of refugees. Participants at the meetings again highlighted their concerns that undocumented migrants can be victims of exploitative working conditions due to a lack of documentation and protection of migrants. Dialogue between social movements and academic groups should be maintained and strengthened. The framework of the 30th Anniversary of the Cartagena Declaration represents an opportunity for dialogue and integration between the two groups. The global division between North and South is becoming more and more an artificial category. A more appropriate perspective is one that observes problems as interconnected trends and the relationship between these trends should be the subject of further research. The focal points to continue the II CRH process in Canada will be CCR and CCS.

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Novena Parte Relatorías de los paneles más representativos de la II CRH

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El papel de las Defensorías del Pueblo de UNASUR en el marco de las migraciones forzadas. Defensoría del pueblo de Ecuador - Ramiro Rivadeneira.

En este apartado se recogen las intervenciones de dos de los paneles más representativos de la II CRH. En estos, los representantes de víctimas, sociedad civil, academia e instituciones estatales dieron cuenta de las experiencias de trabajo en cada uno de sus países y reflexionaron acerca de la posible agenda de protección internacional para las Américas de cara a los treinta años de la Declaración de Cartagena. Estos paneles se consideran representativos en tanto recogen los debates que nutrieron la Declaración de Bogotá y sintetizaron las mesas de trabajo del evento.

9.1.  "El papel de las víctimas residentes en exterior en los procesos de paz" 44

Moderadora: Eli Kriona - Servicio Jesuita para Refugiados El objetivo de esta mesa es escuchar la voz de la propia sociedad civil. Con esto me refiero a la voz de las personas refugiadas y desplazadas, quienes son además, representantes de organizaciones de base en su sociedad. Para el Servicio Jesuita a Refugiados siempre ha sido un gran objetivo y desafío poder lograr que sean estas mismas personas las que viajen al extranjero, y puedan estar presentes en estos eventos, de manera que puedan compartir sus experiencias. Consideramos que ellos son los que tienen la verdadera representatividad y no nosotros, las ONG como sociedad civil, que lo que hacemos al final es intentar representarlos, pero quienes verdaderamente conocen sus problemas, quienes tienen el rol y la capacidad de defender bien sus derechos, son ellos mismos, y están hoy con nosotros.

Fabio Obando - Libertad en marcha Presidente de Libertad en Marcha, organización de base colombo-ecuatoriana que se encuentra en General Farfán, Lago Agrio, frontera ecuatoriana. Llegó como refugiado a Ecuador hace 19 años. Mi propósito hoy es que ustedes conozcan nuestra propia realidad como refugiados. En la época en que yo llegué al Ecuador la situación era muy complicada, ser refugiado no es fácil, pero gracias a Dios hemos podido pasar todo este tiempo.

44  Transcripción de las intervenciones.

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Nosotros desde nuestra organización nos reunimos con otras organizaciones que buscan el mismo camino al sufrir los inconvenientes de los refugiados en Ecuador. Lo que hacemos allí como organización es defendernos a nosotros mismos y buscamos defender los derechos que tenemos dentro de Ecuador. De los procesos más importantes para nosotros ha sido la capacitación a través de una escuela de ciudadanía que nos da el Servicio Jesuita, ya que hemos podido conocer nuestros derechos en Ecuador y, desde ese espacio, hemos estado trabajando. A través de todo lo anteriormente mencionado, conocemos que a diario siguen llegando personas a pedir refugio en Ecuador. A estas personas, nosotros las recibimos y somos los primeros que les damos la acogida y atención. Nosotros como organización nos encargamos de escucharlos y posteriormente ayudarlos en la solicitud de refugio. Al comienzo, nuestra llegada a Ecuador fue muy dura, no es lo mismo estar en el propio país que ir a solicitar refugio en un país que no es de uno. Nosotros, mi familia y yo, tuvimos que decidir entre quedarnos en Ecuador o dejar de existir. Yo me interné dentro de una comunidad demostrando la crianza que traía desde mi propio país, desde mis padres, quienes me criaron conforme debe criarse a las personas trabajadoras; lo que hicimos con mi familia fue demostrar nuestro trabajo y darle gracias a Dios por ese espacio. Con el paso del tiempo nos hemos ganado la confianza de los hermanos ecuatorianos, hemos estado unidos y considero que se ha logrado la integración absoluta a través de la solidaridad. Un ejemplo de esto es la zona en la que yo vivo, en donde la población ecuatoriana y nosotros, como refugiados, nos encontramos en el mismo semblante y con las mismas necesidades. Allí hay ocasiones en las que la institución nos otorga ayudas únicamente a los refugiados y no a los ecuatorianos, entonces lo que hacemos nosotros como organización colombo-ecuatoriana es contribuir a la integración. Y, ¿en qué consiste la integración? Esta se trata de que lo que le llega al refugiado debe llegarle también al ecuatoriano, entonces, nosotros compartimos. En una ocasión la institución nos dio recursos para 45 personas, pero nosotros éramos 50. De manera que la solución que encontramos fue juntar todo y luego repartir entre todos, así lo hicimos en ese entonces, y hoy en día ellos también hacen lo mismo. Lo que hay para ellos, hay para nosotros, porque lo más valioso es construir un país democrático donde hay unos derechos que nos permiten pedir ayuda a las autoridades locales, hacer proyectos en conjunto y seguir hacia adelante. Aprovecho este espacio para agradecer a cada una de las organizaciones que ustedes representan, es bueno saber que están pensando lo mismo que nosotros desde allá, pues lo más importante de todo esto es la vida de un ser humano, y yo me imagino que ustedes están trabajando en ello. Siento alegría al saber que ustedes están comprometidos con los refugiados. En alguna ocasión pensé que nosotros los colombianos afuera del país, estábamos olvidados, pero veo que ustedes nos siguen recordando porque están proponiendo por nosotros. Como la vida es lo más valioso para todos, aunque no tenemos dinero suficiente, en Ecuador nos sentimos contentos viviendo allá.

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De otro lado, quisiera comentarles acerca de nuestra posición frente a un escenario de posconflicto. En la época en la que yo estuve acá antes de desplazarme, como ustedes bien conocen, se llevaron a cabo negociaciones con la guerrilla del M-19. En ese momento se pensó que era un proceso valioso para lograr la verdadera paz de Colombia. Ahora estamos nuevamente en un proceso de negociación, esperando que este permita la verdadera paz. Hoy yo les pregunto a cada uno de ustedes si consideran que quienes estamos fuera del país tenemos las condiciones y garantías para regresar. Consideramos que aún no hay las condiciones para regresar, pues siguen llegando colombianos a Ecuador. Al respecto, consideramos que primero que todo debemos tener la seguridad de que no sigan llegando colombianos a Ecuador producto del conflicto armado y, segundo, retornar debe ser una decisión nuestra, bajo voluntariedad, pues nosotros ya estamos ubicados allá (en Ecuador), tenemos nuestras familias. Para nosotros sería muy lindo que en verdad se logre el proceso de paz, se llegue a donde quiere que se llegue; nuestro país es muy grande y tiene muchas riquezas que alcanzarían para todos. Debemos tener claridad frente a los riesgos del proceso de paz. Suponiendo que se realiza la negociación y se firman los acuerdos, es posible que estos no se cumplan, y allí puede haber más violencia que la que hay hoy, porque ellos no se van a quedar quietos, van a tomar otra vez las armas, y entonces va a ser muy difícil el panorama. ¡Todo esto hay que pensarlo! Dentro del tema de movilidad humana, nosotros deseamos legalizar nuestra permanencia en Ecuador, pues a partir de todos los años y las experiencias que hemos vivido, deseamos tener un documento que nos garantice acceder a todos los servicios. En cuanto a la Residencia de Mercosur, debemos aclarar que esto no ayuda para regular nuestro terrenito donde vivimos, de manera que necesitamos otra clase de documento con el fin de asegurar el espacio donde habitamos, y poder beneficiarnos de las políticas del Estado ecuatoriano. La visa no es suficiente, esto siempre da espacio para la discriminación. Muchas gracias por este espacio y por la ayuda de cada uno de ustedes. Lo mejor siempre es la lucha conjunta por la vida. Nosotros no buscamos tener dinero, buscamos garantías para la vida y así ver crecer a nuestros hijos. Finalmente, para todos aquellos que se encuentren en peligro, yo les diría que hay que correr para luego tener que contar.

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Ingrid Cuero - Voces jóvenes Coordinadora de la organización de base juvenil que se llama Voces Jóvenes. Secretaria de la Asociación de Refugiados y Migrantes de Colombia. Quiero compartir la experiencia sobre de mi llegada a Ibarra en 2004. Nosotros no llegamos huyendo de la guerrilla, como muchos otros, sino por la violencia que había en el barrio donde vivíamos en Cali debido a las llamadas limpiezas, donde veíamos como caían los delincuentes frente a nosotros. Con el fin de evitar que una bala perdida nos pudiera a impactar, mis padres vieron la necesidad de ir a buscar apoyo con unos amigos en Ibarra, quienes huyeron por el mismo problema. En Ibarra, Acnur nos brindó alimento y vivienda, luego nos presentamos como refugiados. Nos negaron el estatus pero aún así seguimos luchando. Tuvimos grandes problemas en cuanto a educación por la discriminación que sufríamos por ser afro y colombianos, tenían la idea que veníamos a matar, a robar, que éramos terroristas, sin embargo, no nos dimos por vencidos y seguimos luchando hasta radicarnos en San Lorenzo, Esmeraldas. Allí encontramos que el 80 por ciento de su población es colombiana y que el 20 por ciento restante es ecuatoriana. Al notar esa gran afluencia de colombianos, se vio la necesidad de ser escuchados y que los gobiernos se hicieran responsables por el cumplimiento de los derechos que les estaban siendo vulnerados a estas personas. Con mi padre y otras personas decidimos formar la Asociación de Refugiados y Migrantes de Colombia, cuyo fin era que alguien se hiciera cargo de exigir y poner en conocimiento la vulneración de los derechos de estas personas. Otro problema para los colombianos es que no les dan trabajo por ser refugiados. Por ser colombiano, allí te pagan lo que ellos quieren y/o no te aseguran. Los que llegan en embarcaciones a San Lorenzo se asientan a las orillas del manglar, que es una zona restringida y con alta probabilidad de un desalojo. Por esta razón, tomamos la decisión de realizar un proyecto de vivienda. Tenemos además la organización Voces Jóvenes, que gracias a la ayuda brindada por el Servicio Jesuita para Refugiados recibimos capacitación para empoderarnos de nuestros derechos. Las negociaciones de paz son, para nosotros, un tema muy complejo. Al llegar a un acuerdo todos los colombianos debemos volver, pero la cuestión es que nosotros ya hemos construido una vida en otro país. Algunas personas tal vez quieran regresar porque tienen sus familias, dejaron sus tierras y quieren que se las restituyan, pero si retornas y empiezas a tener problemas con las personas que se han adueñado, ya no hay solución. Creo que el proceso de paz es una alternativa pero no es la solución; la solución es que tengamos una cultura de paz, en la que todos podamos estar seguros de que no habrá más desplazamiento.

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Nini Guerrero – SJR Psicóloga egresada de la Pontificia Javeriana de Cali. A la fecha del evento era Coordinadora Psicosocial de las oficinas de campo del SJR. En el 2009 me vi en la misma situación de muchos refugiados y lo primero que hice fue salir corriendo. Cuando vives situaciones complejas, cuando tu vida y la de tu familia corren peligro, lo primero que piensas es: “Ahora qué hago, a dónde voy”. Llegamos con tres maletas y dos cajas a Ecuador. Tuve la suerte de que mis papás pudieron pagarme parte de la universidad, la otra me la pagué yo, entonces, eso de alguna manera es una garantía inicial para encontrar trabajo, pero aún así hay otra cantidad de derechos que con el estatus de refugiado se vulneran. Estoy de acuerdo con que Ecuador es un país con una constitución garantista. El tema se cruza más por los estigmas, por la construcción social del refugiado que nos empieza a afectar en el momento en el que queremos acceder a nuestros derechos. Por ejemplo, el tema de educación ha avanzado mucho en Ecuador, parte de las organizaciones de la sociedad civil que estamos apoyando en estos procesos, a través de la mesa de educación y migraciones en Ecuador, logramos que el Acuerdo Ministerial Nro. 337, que se encarga de garantizar el acceso y permanencia a la educación en Ecuador, estuviera en el reglamento de la Ley de Educación. Yo creo que es un avance y un aporte importante, una apertura de parte del Estado ecuatoriano para con nosotros. Sin embargo, el tema de acceso a la vivienda es muy complicado. Los que logran tener un cuarto, están hacinados, hay casos en los que puedes encontrar ecuatorianos que te reciben en su casa hasta que encuentres la manera de salir adelante, de encontrar un trabajo. En el tema de empleo hay una nueva disposición que consiste en que todos debemos estar incluidos en el seguro social y con el estatus de refugiado se puede, solo que es un trámite adicional y no siempre los empresarios o la gente que va a contratar quieren hacerlo. Hay mucho trabajo informal, antes de que saliera esta disposición teníamos la opción de encontrar empleo en una miscelánea, una tienda, nos reconocen como buenos vendedores y vendedoras y nos buscan mucho para eso. Pero ahora, si este microempresario no te inscribe en el seguro social tiene una multa muy alta, lo que dificulta que podamos trabajar y que los que no cuenten con una carrera profesional o técnica salgan adelante. Frente al proceso de paz, personalmente no me gustaría regresar, al menos no todavía. Creo que de manera generalizada todavía no hay una confianza en el Estado para creer que nos va a proteger lo suficiente y no tener que salir corriendo de nuevo. Muchos de nosotros hemos ido construyendo una vida, ya nos hemos ido asentando, enamorando y tenemos hijos. Hay mucha gente que está asustada por este cambio en el proceso, que nos digan de un momento para otro que Colombia ya está en paz y pueden regresar, pero que nos quiten la visa de refugio,

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eso significaría volver a empezar. Sin la visa de refugio significa estar de un lado a otro, regresar a una situación de inestabilidad. Por esta razón muchas personas están accediendo a otro tipo de visas para permanecer en Ecuador. Hay que reconocer que muchos pasamos por situaciones traumáticas. Confieso que aproximadamente hace cinco años no veo noticieros colombianos, no quiero vivir de nuevo esa realidad tan difícil y por eso muchos tampoco quieren regresar. Colombia es maravillosa, es mi tierra y la amo, pero Ecuador me da lo que no me da Colombia y es tranquilidad. Hay casos en los que las zonas donde las personas tienen sus tierras aún están en conflicto, aún son consideradas zonas rojas y este es el motivo por el cual no desean regresar. Las personas que se han desplazado 1, 2 hasta 17 veces en Colombia expresan: “Ya me han encontrado tantas veces que no voy a regresar, yo no creo que me vayan a proteger realmente y que no me vaya a pasar nada”. Yo realmente quiero que esto termine. Agradecemos el esfuerzo y preocupación porque esto debe acabar. Eli Kriona - SJR. Ahora vamos a escuchar la visión indígena y afro sobre el desplazamiento interno en Colombia y el papel de los desplazados internos en la construcción de paz.

Óscar Carupia - Representante Resguardo indígena Al escuchar las intervenciones de los panelistas, he percibido que la situación que vive nuestro país es muy conocida en el mundo y me da tristeza porque ya uno lo ha vivido directamente; ha vivido el maltrato a las comunidades, a los líderes, ha visto el asesinato de dirigentes indígenas, la desaparición, tortura de mujeres indígenas, mujeres embarazadas destrozadas con motosierra. Hemos perdido a muchos de nuestros indígenas por la defensa del derecho de las comunidades indígenas, de la cultura, de la unidad, del territorio. Debido al maltrato de mi territorio, el municipio de Acandí en el departamento de Chocó, donde pasé mi juventud gozando del bosque, de las cacerías, pesca, ríos, me tocó dejarlo por la presencia de varios grupos del gobierno, no gobierno, los narcos, los terratenientes y los megaproyectos; nos atacaron por enfrentarnos a estos proyectos que destruyen nuestra vida como indígenas, como ese indígena que piensa diferente al occidental. Mi resguardo pudo gozar de los bienes de nuestro territorio hasta 1990 cuando los grupos armados ingresaron. Vivíamos humillados, ya no podíamos realizar la cacería, la pesca, ya no podíamos movernos libremente dentro de nuestro territorio. Entonces los niños y ancianos fueron los más afectados. El Ejército nacional se acantonaba en nuestro caserío, nos prohibían salir a nuestras actividades. Cuando el Ejército se iba, la guerrilla llegaba y nos acusaba de colaboradores del Ejército, por lo que ahora debíamos colaborarles a ellos. Luego, cuando se iban, llegaban los paramilitares (que ahora tienen otro nombre pero solamente se quitaron la camisa, son los mismos los que siguen actuando en nuestro territorio).

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A causa de los enfrentamientos entre los paramilitares y la guerrilla se presentó el desplazamiento de más de tres mil indígenas en el Chocó. Ese sufrimiento que nos están causando nos recuerda a nuestros ancestros, que por huir y por no entregar sus artesanías, algunos fueron enterrados vivos. Es así que nosotros decimos: la violencia contra nosotros no es solamente de años, la violencia contra nuestra la vida, la desaparición de nuestro pueblo es desde hace 517 años. Aún así nosotros vamos a seguir unidos y organizados. Hace poco me sirvieron un agua muy transparente, y yo digo: si toda la vida, si todas las personas entendieran que debemos vivir transparentemente y respetáramos al otro en su puesto, esto no permitiría el sufrimiento que estamos viviendo. En Quibdó hay diez asentamientos de comunidades indígenas desplazadas de varios municipios, estos indígenas están viviendo debajo de una carpa, aguantando hambre, tomando agua contaminada, los niños mendigando y las mujeres embarazadas cargando madera para subsistir. Entonces uno no entiende cuál es la realidad y hasta dónde nos van permitir que vivamos en paz, en armonía, como vivíamos antes. Para nosotros como pueblos indígenas es duro que digan que con el decreto ley 4633 de 2011 ya contamos con una vida digna. La ley dice que cada tres meses nos llega una ayuda humanitaria, pero realmente nos llega cada uno o dos años. Mis hijos en ocasiones no tienen para transportarse al colegio y si tenemos para el desayuno no tenemos para el almuerzo. A nosotros nos toca hablar en español en medio de audiencias o espacios de intervención para aclarar que no tenemos una vida digna, puede que la ley esté bien dotada pero no hay quién la ejecute. Ahora que estamos hablando de paz considero que no habrá paz donde haya hambre, donde falte la vivienda y el empleo, si los resguardos indígenas siguen siendo bombardeados. Entonces, si los mismos enfermos, estas personas que son víctimas, no son escuchadas, no sabremos qué inyección o qué pastilla quieren para que su salud se alivie o mejore. Si no escuchan a los mismos enfermos, la paz va a ser muy difícil.

Benildo Estupiñán - Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano Finalizaba Fabio Obando diciendo que hay que correr para contar y bueno, hay que contar para cambiar, para trasformar. Creo que este espacio nos permite articularnos, encontrarnos, solidarizarnos y de ahí pues, inicio validando este escenario y saludándolos desde Buenaventura, Colombia en el pacífico, zona conocida los últimos días por las casas de pique, que no es nuevo, pues ya muchas organizaciones sociales, eclesiales y de juventudes lo habíamos denunciado. Buenaventura es el principal puerto de Colombia, es allí donde se desarrolla el conflicto armado y la violencia sociopolítica tan brava que, reafirmamos, no es nueva, es una cuestión pasada y sus consecuencias se asocian con la vinculación de personas menores de edad a los grupos armados, el reclutamiento forzado, los feminicidios y el desplazamiento.

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Allí, las organizaciones y los jóvenes desean que se dé un acuerdo pronto, que se llegue a feliz término, es por esto que la fundación Rostros & Huellas del Sentir Humano ha planteado las siguientes propuestas y esperanzas en un escenario de posconflicto: 1) Trato diferencial, porque somos jóvenes negros con unas características muy particulares distintas a Colombia o a otras ciudades por las cuales sufrimos exclusión y racismo estructural en pleno siglo XXI. 2) Proponemos un plan de reparación integral para los jóvenes y las comunidades negras que históricamente hemos sufrido discriminación. 3) Planes, programas, procesos y políticas públicas que se propongan pero que se puedan pasar de la formulación a la ejecución. Hay miles de políticas planteadas pero en el plano de la ejecución encontramos unas brechas inmensas. 4) Potenciar espacios culturales, artísticos, musicales ya que estos son los que han permitido mantener la memoria y hacer resistencia en medio de una situación muy compleja. 5) Acceso a la educación en todos los niveles. 6) Consideramos que en el escenario de posconflicto es importante seguir potenciando o abrir escenarios de formación en derechos humanos y ciudadanía. 7) Planes para potenciar y ganar gobernabilidad por parte de la población ya que buena parte de la crisis humanitaria que enfrenta Buenaventura se debe a la dificultad de la participación de la población en la toma de decisiones. 8) Oportunidades laborales y de emprendimiento económico. 9) Participación activa en el proceso de construcción de propuestas.

9.2.  Diálogo abierto I I CRH. Academia y Sociedad Civil: Migración Forzada, Posconflicto y Justicia Transicional 45

Moderador: Gabriel Rojas - Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) La exposición sobre menores no acompañados que presentará Esmeralda López y Francisco Quintana es parte de este panel no solo por la coyuntura que nos parece fundamental denunciarla, sino también porque de donde provienen estos niños son de países que pasaron por procesos

45  Transcripción de las intervenciones.

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de paz o cesación del conflicto, por supuestos posconflictos y ahora están experimentando una nueva ola de migración forzada. Esto nos hace preguntarnos qué perspectivas hay que cuando estamos construyendo paz, hasta donde una implementación insuficientemente exitosa del proceso de justicia transicional genera problemas como el de menores no acompañados de Estados Unidos. Diana Ávila nos hablará de las experiencias previas en Centro América, acerca de cómo la sociedad civil y las víctimas participaron en la construcción de la paz, lo que permitirá preguntarnos por el papel de los desplazados y los migrantes en estos procesos. Finalmente, Roberto hace la pregunta inicial del Iasfm de qué tanto tiene que ver la paz con la migración forzada, si es que la paz ya es de hecho el punto en el que cesa la migración o si hay unos procesos de transición muy complicados que hay que tener en cuenta. Entonces, la idea es invitar a dialogar acerca del contexto en el que está Colombia en el proceso de paz, y que tengamos varios elementos para discutir de manera regional, bajo la perspectiva de las Américas como es el objetivo de este encuentro.

Francisco Quintana - Cejil Nosotros queremos tocar un tema sumamente importante que tiene que ver con la movilidad hacia la frontera norte y algunos desafíos que México está viviendo y que poca gente sabe. Antes de tocar el tema de los menores no acompañados que logran llegar ya a la frontera norte, queríamos también compartir el trabajo de una de nuestras colegas que está aquí presente de la organización US Committe for Refugees and Inmigrants, que llevó a cabo un estudio en México que tiene que ver precisamente con todo lo que estamos hablando de procesos de paz. En México no se ha hablado de una transición todavía posconflicto porque tampoco se reconoce, pero algo que este informe se dio a conocer apenas el jueves pasado en Washington, Estados Unidos, habla sobre el fenómeno del desplazamiento interno en México. No existen cifras que logren evidenciar esa situación por eso nos parece bastante pertinente traerlo a la mesa y saber cuáles son sus opiniones acerca de esta situación. Como expuso Marco Romero, Colombia ofrece un buen escenario para hacer un análisis de acciones que se han alcanzado y los retos que faltan por cumplirse. Este estudio demuestra que en México se llega a hablar de 1.600.000 personas desplazadas; el siguiente estudio más o menos confiable que nos habla sobre un solo Estado, el norte de Chihuahua, nos indica que 250.000 personas han sido desplazadas. Estas cifras les pueden dar una idea de la falta de atención por parte de las autoridades a este fenómeno.

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Pero ¿qué es lo que genera este desplazamiento interno? Dentro de las clases que generan este desplazamiento se identifican tres grupos: 1) Apropiación de tierras y desplazamiento rural, mucho de lo que se ve en Colombia. El crimen organizado intenta ya no solo utilizar al país como un tráfico de drogas sino generar un desplazamiento por apropiación de las tierras para lleva a cabo el cultivo y también tener un control territorial; esto ha generado un gran desplazamiento hacia las ciudades, como ciudad de México, o a los centros urbanos como Guadalajara, Monterrey o Tijuana, en donde esta población pasa a ser totalmente invisibilidad. 2) Asesinatos selectivos, desaparición y secuestros. Ustedes podrán recordar que durante el Gobierno de Felipe Calderón se hablaba en los medios de comunicación que habían 26.000 asesinatos selectivos por la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, la nueva administración del presidente Peña Nieto tiene una política muy fuerte de ocultar este fenómeno. El documento que les presentamos muestra que al día de hoy estamos hablando de 70.000 personas que han fallecido entre 2007 y 2012, generando un gran número de desplazamiento porque las familias son asesinadas, los jóvenes no tienen oportunidades de trabajo y se presenta mucho el tema de violencia sexual. 3) Grupos de autodefensas generados en los últimos años, muy especialmente el caso de Michoacán. La población estaba harta del control que tenían los grupos de crimen organizado, de manera que los caballeros templarios organizaron estos grupos de autodefensa generando un alto índice de violencia que hace que la población sea desplazada. Este fenómeno del desplazamiento interno también tiene una migración hacia el norte de menores de edad, sin embargo, se identificó a raíz de este estudio que esta población es invisible. Se está hablando del desplazamiento en El Salvador, Guatemala, Honduras, pero no se reconoce tanto el desplazamiento de niños y niñas mexicanos porque es la población que más fácil puede ser retornada, y eso genera una invisibilidad del fenómeno, sin embargo, el 25 por ciento de los menores no acompañados identificados vienen de México.

Esmeralda López - US Committe for Refugees and Inmigrants Nuestra organización ayuda a refugiados y migrantes, lleva desde 2005 proveyendo servicios legales para menores no acompañados que van llegando a Estados Unidos y también servicios sociales para niños y niñas que ha sufrido trauma o abusos severos. Realmente la mayoría de los niños y niñas que está llegando ha sufrido algún trauma si no antes del viaje, durante el recorrido hacia Estados Unidos. El mapa que se proyecta indica el viaje que toma la mayoría de niños y niñas, y la razón para ello. Normalmente hay muchas rutas para llegar a Estados Unidos por México, pero la ruta más común es la que permite la llegada al sur de Tejas a la frontera de Estados Unidos, en la que los menores de edad se camuflan en los trenes de carga.

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Nosotros como organización habíamos identificado que esta situación estaba sucediendo desde hace años, sin embargo, hace muy poco se le ha puesto atención; los políticos hasta ahora nos están prestando un poco más de atención frente a lo que le estamos diciendo. Actualmente estamos trabajando también en que Estados Unidos proteja a niños y niñas, que se le den los recursos necesarios. El dinero siempre ha sido un problema porque no se esperaban tantos menores no acompañados, y el argumento radica en que no hay los recursos, ni el personal suficiente que pueda trabajar o hablar con ellos. Nosotros siempre estamos pendientes de la protección de los derechos de los niños, y que sean tratados como lo que son, como personas menores de edad. Buscamos que se les trate distintamente que a un adulto y eso se realiza en los niveles político y de servicios directos. Por otro lado, trabajamos con gobiernos de Centroamérica, con el fin de mantener un diálogo permanente porque a ellos también les interesa la información que tenemos. Los centros de detención donde permanecen los niños no siguen ningunas normas humanitarias, de manera que nosotros estamos trabajando fuertemente para que esto ya no siga ocurriendo y se garantice la protección necesaria.

Diana Ávila - PCS Trataré un poco sobre los procesos de paz reconocidos como exitosos en América Central, pero antes de entrar a ver El Salvador y Guatemala, quisiera brevemente señalar el hecho que en Colombia se han realizado acuerdos de paz que, en últimas, no han llevado a la paz. Esta idea que se ha repetido, se va convirtiendo en alguna verdad que yo considero que no es tan verdad. Considero que si bien es cierto que se hicieron acuerdos de paz con determinados grupos amados, podemos decir que en ningún caso dichos grupos, que firmaron esos acuerdos, volvieron a tomar las armas para resolver los conflictos políticos o sociales; ellos no eran la mayoría de los grupos armados y eso llevó a que estemos hoy en el proceso de paz que, por supuesto, con las limitaciones que pueda tener, es una oportunidad histórica para Colombia y para el continente. Los procesos de paz son reconocidos como exitosos en los acuerdos, como proceso, sobre todo en El Salvador y Guatemala. Muchas veces se considera más exitoso el primer caso a partir del análisis de la situación actual que vive Guatemala con relación a la violencia, el crimen organizado y los conflictos que aún viven las poblaciones. En ambos procesos hubo una fuerte presencia de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, en El Salvador con Onusal y en Guatemala con Minugua; ambas fueron misiones que se establecieron antes de la firma de los acuerdos de paz que llegaron a comisiones de la verdad.

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En el caso de Guatemala fue la comisión de esclarecimiento histórico, y en el de El Salvador, la comisión de verdad y justicia. Ambas buscaron recoger la verdad, los testimonios de las víctimas, de los distintos actores en estos países; ambos casos tuvieron limitaciones y especificidades que las hacen muy distintas y poco comparables como procesos, pero que dan aprendizajes importantes para otros procesos de verdad, como el que se vivió en Perú, la comisión de Paraguay, la de Brasil y seguramente la que tendrá Colombia. En el caso de El Salvador, el acuerdo de paz se propuso terminar el conflicto armado por la vía política en el plazo más corto posible, buscó impulsar la democratización, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña. Este proceso relevó los temas socioeconómicos y se concentró en los políticos, buscaba cesar la presencia militar en la política y ratificar la democracia, entendiendo la participación en las elecciones como el medio para acceder a ese poder político. En el caso de El Salvador se pretendían consensos mínimos de acuerdo sobre el futuro del país, sobre la justicia y la reducción de la inseguridad, la delincuencia y la violencia. Podríamos decir, viendo los resultados electorales de 2014, 18 años después de los acuerdos de paz, que la polarización en este país continúa y que la reforma fiscal46 tan necesaria durante todos esos años sigue pendiente. En el caso de El Salvador, los cambios constitucionales se hicieron en 1983, lo cual viabilizó la construcción de una serie de posibilidades de apertura democrática que no ocurrieron en el caso guatemalteco. El tema de las fuerzas armadas y su presencia en la sociedad fue álgido a lo largo de las negociaciones, lo que llevó a que en momentos se pararan los diálogos. Sin embargo, dicha discusión permitió una importante reforma y restructuración de las fuerzas armadas en El Salvador. No se puede decir que en ese país las cifras de criminalidad sean bajas (es de los países más violentos de la región). Como ejemplo de seguridad humana en Centroamérica, el único país donde la criminalidad es bajísima según las Naciones Unidas es Nicaragua. La seguridad humana es totalmente distinta que en Honduras, Guatemala y El Salvador. En el caso de proceso de Guatemala, la agenda de paz era más amplia que la salvadoreña. Para analizar los procesos posteriores vale señalar también que una diferencia fundamental radicó en la fuerza del Farabundo Martínez para la liberación nacional en términos de organización y respaldo social. Esta era muy sólida y contundente, a diferencia de lo que era la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca - URNG. Había consensos acerca de la imposibilidad de ganar militarmente al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador (por parte del gobierno, sectores importantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –Cacif–, empresarios y fuerzas armadas), mientras que en Guatemala, no se les veía sentido a esas negociaciones, se pensaba que lo que debería pasar era terminar de derrotar a una guerrilla que estaba debilitada. 46  La reforma fiscal que fue detenida por Arena en los últimos días del Gobierno de Funes, antes de la llegada de Farabundo Martí con Salvador Sánchez al gobierno.

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En el caso de Guatemala, si bien se hicieron algunas reformas como la creación de la Procuraduría y del Tribunal Supremo Electoral, se dejaron varias reformas relacionadas con los acuerdos de paz, a propósito de la consulta que se realizó sobre los acuerdos para que estos permitieran cambios constitucionales. Dicha consulta fue finalmente derrotada. Como consecuencia, el siguiente gobierno después de la firma de los acuerdos de paz fue una administración muy fuerte de derecha, que siempre se opuso a la negociación de la paz. Quisiera señalar que en ambos procesos el tema de los refugiados y de las poblaciones desarraigadas jugó un papel importante. En el caso de El Salvador, los refugiados que estaban en diferentes partes, pero fundamentalmente en Honduras y México, acordaron retornan a su país antes de las firma de los acuerdos de paz. En este acuerdo, que fue un acuerdo político con mucha decisión de las organizaciones de los refugiados, en coordinación con las organizaciones de desplazados internos en El Salvador, enfrentaron también a las Naciones Unidas, que consideraba que no era el momento. Las Naciones Unidas no querían apoyar un retorno al que no le veían garantías de seguridad y que, por supuesto, tuvo algunas complicaciones. La decisión política de las organizaciones de volver a su país para establecerse, a pesar de algunos problemas sobre tierras y territorios, estaba motivada por el deseo de ser parte de la construcción y del apoyo a los acuerdos del proceso en curso. La decisión del retorno influenció en gran medida a las organizaciones de refugiados guatemaltecas, sobre todo a las que estaban en México, como las comisiones permanentes de los refugiados que se organizaron en los campamentos en ese país. Estas organizaciones también tomaron la decisión del retorno como su bandera para todo el trabajo que se llevó a cabo. El retorno de los guatemaltecos se plasmó en el acuerdo sobre desarraigo, que fue parte de los pactos de paz de Guatemala. El acuerdo sobre desarraigo reconoce además el papel político de las víctimas y de los refugiados en ese país. Esto logró que la presencia de los refugiados se sintiera en las negociaciones. En primer lugar se firmó el acuerdo de derechos humanos y posteriormente se elaboró el que aludía a la población desarraigada. El acuerdo sobre población desarraigada reconocía en los refugiados, en los desplazados internos y en las comunidades en resistencia sus roles social y político para el proceso de paz. Esto me parece muy importante para pensarlo en términos de lo que significa para Colombia el tema del refugio. Estamos hablando de países que tuvieron el apoyo de la Conferencia de Cirefca, y que se movieron en un contexto centroamericano de decisión y de diálogos para solucionar los conflictos armados internos. La Conferencia Internacional sobre Refugio Centroamericano es considerada soporte para los retornos de los refugiados y para las soluciones duraderas. Sin embargo, los refugiados volvieron con paquetes que implicaban protección y un nivel de sostenibilidad para las experiencias de retorno, que en la práctica no se cumplieron a cabalidad.

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En el caso de Guatemala, el incumplimiento se debe a que los refugiados al retornar se perdieron en el país, fueron ubicados en zonas de retorno alejadas y rurales. Esto conllevó a que la posibilidad y la fortaleza que las organizaciones de refugiados habían conseguido se fuera diluyendo en los procesos más locales de reconstrucción de sus proyectos de vida. Vale la pena mencionar el papel de las mujeres refugiadas y las organizaciones de femeninas en los procesos de retorno. Ellas llegaron a participar en las misiones para discutir el tema de la tierra y el territorio, y estas importantes experiencias se deben valorar para el caso colombiano. Por otro lado, en el Cono Sur también se ha desarrollado el tema de refugio y se ha sido objeto de reparación. Tales son los casos de Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia, en donde se encontraban refugiados pero no se llevaron a cabo leyes ni procesos. En el caso chileno existió una oficina nacional del retorno y un apoyo internacional para el mismo. Las leyes de reparación fueron dándose por “acumulaciones sucesivas”, primero los desaparecidos, luego las víctimas de tortura, los exiliados, los que vivieron en refugio, los que vivieron en el exterior porque tuvieron que exiliarse como víctimas de los procesos de las dictaduras, entre otros. En tanto víctimas, han sido reparadas de alguna manera, no con leyes específicas y a veces no en el marco de las leyes de reparación colectivas, sino en el de normativas que se dieron para casos específicos. Por ejemplo, en general en casi todos los países a las personas refugiadas se les reconoció los vividos en el exilio como años trabajados para efecto de jubilación. En muchos casos, además, se les concedió atención en salud mental para ellos y sus familias, y hubo algún tipo de indemnización económica, etc. En El Salvador y Argentina ha habido juicios con relación a familias que pidieron una reparación del Estado. En el caso de Argentina, a partir de una experiencia particular, muchas familias que habían vivido en el exilio exigieron ese tipo de reparación. Es necesario analizar ese tipo de reparaciones y esas lecciones aprendidas, para aterrizar la reparación de esas víctimas del conflicto armado interno colombiano. De todas formas, las víctimas sí tienen un reconocimiento frente al papel que jugaron con relación a sus países y a los procesos de construcción de la lucha contra las dictaduras, como es el caso de Centroamérica y los procesos de construcción de paz. En el caso colombiano estamos ante un país rico pero lleno de pobres. Es difícil imaginar cómo la comunidad internacional va a comparar el apoyo a los procesos de países pequeños y pobres con poblaciones indígenas muy discriminadas como el caso guatemalteco, o como fue el caso de El Salvador. Estamos hablando de procesos complejos a los cuales hay que ponerles mucha creatividad, no habrá un Cirefca para Colombia, pero habrá que pensar en escenarios como Unasur, en donde se defina América Latina como un territorio de paz, entonces la cuestión será cómo volvemos ese territorio de paz.

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Yo creo que desde la sociedad civil y desde la II Conferencia Regional Humanitaria se debe hacer un llamado a los gobiernos y a la sociedad civil de los países latinoamericanos para aprehender un proceso de acumulación de esfuerzos para el apoyo del proceso de paz en términos de los refugiados, el retorno, el desplazamiento interno y las experiencias de los demás países. Considero que podríamos comenzar con los países fronterizos teniendo en cuenta que las zonas de mayor conflictividad en Colombia son las fronterizas, que requieren compromisos de los gobiernos de ambos Estados para llevar a mejores relaciones comerciales y evitar que sigan llegando colombianos al exterior.

Roberto Vidal – Iasfm Yo sufrí un doble trauma en mi reciente visita a Quito. El primero fue que vi con razón porqué nos llaman el problema de la frontera norte, todos los vecinos se refieren a nosotros como el problema Colombia y eso es bastante duro, pero es real, es una cosa que uno puede constatar allí. El segundo fue que mis colegas de Quito, algunos que están presentes, terminaron haciendo burla de mi constante conexión entre el proceso que tenemos en Colombia con el de Cartagena, y entonces también eso fue muy traumático porque yo soy un convencido de que la paz en Centroamérica tiene muchas cosas que decirnos. Quiero aprovechar para mostrar dos diferencias con los procesos centroamericanos que nos interesan ahora: 1. Tipo de transición en el frente en el que estamos en Colombia y 2. Justicia transicional. En temas de transición, bien lo decía nuestra colega de ese proceso, estamos en un escenario de posguerra fría, en un escenario bastante unánime respecto del tema de economía del mercado y donde las ideas de transiciones económicas o sociales detrás de los proceso de paz es cada vez más extraña. Las aspiraciones de gobiernos tienen que ver mucho más con desmovilizaciones masivas que con cambios profundos en la sociedad, y eso deja muchas preguntas para los migrantes forzados porque como todos nosotros que estamos aquí lo sabemos, no son solo el efecto del combate entre las fuerzas que están enfrentadas, sino de procesos económicos y sociales bastante profundos que generan ese desplazamiento. Si las respuestas no se producen en ese nivel hay poco que ofrecer a los migrantes en estos contextos de la paz contemporánea, si es una paz que no ofrece grandes espacios, ni grandes cambios, ni grandes esperanzas. En primer sentido porque el nudo del asunto en términos legales es que estamos después de la Corte Penal Internacional y después de esta, y los desarrollos que ha habido en el sistema interamericano y el global sobre justicia transicional. Actualmente, hacer los procesos de paz ya no es tan fácil en la medida en que las amnistías y los indultos no están permitidos, no es tan fácil tampoco, de una manera muy interesante, porque las víctimas tienen más voces y herramientas que hoy se pueden utilizar.

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De hecho, estas herramientas se están utilizando en verdad, justicia y reparación, y eso es muy esperanzador para los migrantes forzados y las víctimas porque pareciera que abre unos horizontes de nueva participación, en la que los migrantes forzados tienen mucho que decir. En cuanto a la justicia transicional, a la vez que genera una esperanza también genera unos riesgos muy grandes para los migrantes forzados como lo hemos estado experimentado en Colombia, en donde hay un cierto desaparecimiento de los migrantes forzados en torno a la figura de la víctima y en cómo la justicia transicional se está aplicando en contextos de fórmulas masivas de aplicación, de herramientas de reparación colectiva, reparación administrativa o verdades muy generales. También podemos estar de cara a que desaparezcan los desplazados internos y/o los refugiados como problema público y que se absorban dentro de la idea de víctimas; resueltas ya no a través de formulas políticas de negociación, como las que veíamos en Centro América, sino que desaparecen en formulas administrativas como un trámite administrativo que está en las formulas internacionales de justicia transicional, de manera que ahí se resuelve el asunto y desaparecen esas víctimas. Quiero señalar que hay una doble cara en este tema de la justicia transicional que lo vuelve un objeto privilegiado para nosotros los que estamos trabajando en este asunto. Considero que tenemos que entender muy bien y aprovechar las herramientas de justicia transicional, volverlas amigables y manejables para la población de manera que se alimente la participación de ellos; esto con el fin de que la justicia transicional tenga una nueva dimensión política y no simplemente se vuelva una cuestión de procedimientos que termine despareciendo a las poblaciones del escenario de las políticas públicas.

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Décima Parte Conformación de la Red sobre Migraciones Forzadas en las Américas

Construcción Declaración de Bogotá II CRH.

La efectiva implementación es uno de los retos más apremiantes que imponen los acuerdos multilaterales no vinculantes entre gobiernos. En este sentido, la conmemoración de los treinta años de la Declaración de Cartagena sobre refugiados se constituye como un espacio para renovar compromisos entre los Estados en materia de migraciones forzadas para la próxima década. Particularmente, tales compromisos deben contemplar políticas públicas con respecto a nuevas formas de violencia, flujos migratorios mixtos, menores no acompañados, apatridia, trata y tráfico de personas. Asimismo, las acciones institucionales en la región tienen la obligación de atender a las características específicas de las migraciones causadas por el cambio climático, megaproyectos económicos y el crimen transnacional. Finalmente, se hace necesario plantear soluciones duraderas para desplazados y refugiados en la región que desarrollen instrumentos transversales o extra territoriales de reconocimiento y protección con un enfoque diferencial. Independientemente de las alternativas de implementación que establezcan los Estados para enfrentar los escenarios mencionados, la sociedad civil y la academia son fundamentales en la construcción de instrumentos de seguimiento en un contexto de renovación de compromisos entre los países. Para tal efecto, una supervisión cuidadosa del desempeño de los acuerdos –y la producción periódica de información rigurosa y contrastada sobre el cumplimiento de un posible Plan de Acción de Brasil– es uno de los propósitos fundamentales de la II Conferencia Regional Humanitaria.

10.1.  Somos La Red sobre Migraciones Forzadas en las Américas es un foro de evaluación y seguimiento a las acciones de los Estados del continente americano con respecto a los derechos de las personas que migran forzosamente en la región. La iniciativa nace en el marco de la II Conferencia Regional Humanitaria Sobre Migraciones Forzadas realizada en Bogotá el 14 y 15 de julio de 2014. La Red está compuesta por organizaciones sociales y académicas de 17 países de las Américas cuyo trabajo consiste en la exigencia y promoción de los derechos humanos a través de la incidencia, la intervención y la producción de información cualitativa y cuantitativa sobre desplazados internos, refugiados, solicitantes de asilo, menores no acompañados personas en necesidad de protección internacional, víctimas de migraciones forzadas por megaproyectos, cambio climático, apátridas y víctimas de trata y tráfico de personas.

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10.2.  Misión Articular el trabajo de las organizaciones de las Américas en torno de las migraciones forzadas, visibilizar la crisis humanitaria y de derechos humanos que padecen las personas que migran forzosamente en la región e Incidir en los gobiernos locales y nacionales a través de información y evaluación para la implementación de políticas públicas orientadas a: 1) El cumplimiento de los compromisos de los Estados en el marco de la Declaración de Cartagena de 1984, el Plan de Acción de México 2004, y los acuerdos de Brasilia 2014. 2) La protección y satisfacción efectiva de los derechos de desplazados internos, refugiados, solicitantes de asilo, menores no acompañados personas en necesidad de protección internacional, víctimas de migraciones forzadas por megaproyectos, cambio climático, apátridas y víctimas de trata y tráfico de personas.

10.3.  Visión La Red sobre Migraciones Forzadas en las Américas es un foro de comunicación y coordinación entre víctimas de migraciones forzadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales y no estatales. Dicho foro consolida información confiable y precisa sobre el tema de las migraciones forzadas que permite evaluar la acciones los Estados de la región en la materia y formular propuestas de política pública para la satisfacción efectiva de los derechos de desplazados internos, refugiados, solicitantes de asilo, menores no acompañados personas en necesidad de protección internacional, víctimas de migraciones forzadas por megaproyectos, cambio climático, apátridas y víctimas de trata y tráfico de personas.

10.4.  Objetivos generales 1) Fortalecer la alianza entre la sociedad civil y de la academia de las Américas, con el fin de fortalecer el impacto de sus acciones en el campo de la migración forzada. 2) Dar seguimiento a los acuerdos regionales de los Estados y de la comunidad internacional relacionados con las migraciones forzadas e incidir en su cumplimiento. 3) Fomentar una visión y lectura propia de la sociedad civil de las Américas sobre las migraciones forzadas. 4) Hacer visible los aportes de la sociedad civil y de la academia de las Américas sobre los temas de la Red.

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10.5.  Objetivos específicos 1) Vincular a miembros de la academia y la sociedad civil de las Américas para realizar acciones de seguimiento a los acuerdos establecidos en la Declaración de Brasilia. 2) Producir un informe anual de coyuntura sobre el cumplimiento de los acuerdos efectuados por los Estados en la Declaración de Brasilia cuyo insumo básico sea el trabajo local de los miembros de la red. 3) Llevar a cabo Conferencias Regionales sobre migraciones Forzadas en la Américas de periodicidad bianual con el fin de compartir retos identificados en los informes y formular recomendaciones a los Estados. 4) Mantener un mecanismo fluido de comunicación con Acnur, Conares, Defensorías, Cancillerías de los Estados y organismos multilaterales para remitir los informes de seguimiento que garanticen el cumplimiento de la agenda de protección sobre migraciones forzadas en la región.

10.6.  Ejes temáticos 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Formas actuales de migración forzada. Apátridas. Flujos migratorios mixtos. Tráfico de personas y trata de personas. Fortalecimiento institucional. Soluciones duraderas. Políticas públicas regionales. Procesos de paz y posconflictos.

10.7.  Áreas de trabajo A. Investigación: 1) Documentación de avances en la implementación de la Declaración de Brasilia (por lo menos un documento anual, avalado por los socios de la red en cada uno de los países y subregiones). 2) Impulsar en los socios de la Red investigaciones sobre los ejes de trabajo. 3) Organizar seminarios / jornadas de intercambios entre los socios de la Red y actores estatales y privados sobre los resultados de estas investigaciones.

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B. Comunicación: 1) Difundir las publicaciones de las investigaciones en la región. 2) Diseñar y mantener una página web de la Red. 3) Organizar eventos con medios de comunicación sobre los ejes temáticos de la Red.

C. Incidencia: 1) Organizar conferencias regionales sobre migraciones forzadas con periodicidad bianual. 2) Promover encuentros entre la sociedad civil y la académica en la región con respecto a los ejes temáticos de la Red. 3) Definir e implementar una estrategia de incidencia con actores como Estados de la región, Acnur, Defensorías del Pueblo, Conares, Unasur, con propuestas surgidas de las investigaciones y de los encuentros.

D. Fortalecimiento de la Red 1) Elaborar estatutos y reglamento interno de la Red y consensuarlos con las y los socios. 2) Editar un boletín interno de la Red. 3) Organizar una Asamblea anual de la Red en forma virtual.

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Undécima Parte Avances y retos de la sociedad civil en el marco de las Migraciones Forzadas y el Plan de Acción de Brasil Camila Espitia Fonseca Codhes

Obra de Teatro Pequeño Planeta: “Voces Migrantes”.

Luego de treinta años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, la sociedad civil de las Américas se mantiene en su tarea de investigación, denuncia y apoyo a través de distintos frentes a la población víctima de las migraciones forzadas en la región. En el año 2014, diferentes organizaciones de la sociedad civil reiteraron la necesidad de fortalecer el sistema de protección a las personas refugiadas, desplazadas y apátridas, así como en la imperiosa necesidad de avanzar en un sistema de protección internacional para el reconocimiento de nuevas formas de violencia que provocan migraciones forzadas en el continente. En las siguientes páginas se presenta un breve análisis de la Declaración y Plan de Acción de Brasil47 y el papel de la sociedad civil con ocasión de la conmemoración de los treinta años de Cartagena organizado por el Acnur. En un segundo momento se describirán los principales retos de la sociedad civil, los posibles mecanismos para la acción y los escenarios de interlocución que pueden contribuir a la protección de los migrantes forzados. En el contexto de la grave crisis humanitaria de los refugiados a causa de los conflictos armados internos en Centro América y las dictaduras cívico-militares del sur del continente, los Estados de la región construyeron la Declaración de Cartagena sobre Refugiados en 1984, que si bien no es un instrumento de carácter vinculante, marcó un precedente en la protección de los derechos de los refugiados en América Latina y el Caribe. La Declaración de Cartagena, que tomó como referente la Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) y la doctrina utilizada en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un avance determinante para el reconocimiento de los refugiados. Esta recomienda a los Estados de la región adoptar un nuevo concepto de refugiado, que además de contener los elementos de la Convención de 195148 y el Protocolo de 1967,49 considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia

47  El 2 y 3 de diciembre de 2014, los gobiernos de América Latina y el Caribe se reunieron en Brasilia en ocasión del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, el más prominente instrumento regional sobre refugiados que amplió la definición de refugiado para América Latina y propuso nuevos enfoques para las necesidades humanitarias de las personas refugiadas y desplazadas con un espíritu de solidaridad y cooperación. En la clausura de la Reunión Ministerial, 28 países y tres territorios de América Latina y el Caribe (Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, las Islas Turcas y Caicos, Uruguay y Venezuela) adoptaron por aclamación la Declaración y el Plan de Acción de Brasil, acordando trabajar juntos para mantener los estándares de protección más altos en los ámbitos internacional y regional, implementar soluciones innovadoras para las personas refugiadas y desplazadas, y ponerle fin a la difícil situación que enfrentan las personas apátridas en la región (Acnur, 2014). 48  Según la Convención de 1951, el término “refugiado” se aplicará a toda persona: 1. Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los Arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiado. 2. Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. 49  Inicialmente la Convención de 1951 se limitaba básicamente a proteger a los refugiados europeos tras la Segunda Guerra Mundial, pero el Protocolo de 1967 amplió el alcance de la Convención en un momento en que el problema del desplazamiento se extendía por el mundo. Ambos documentos sirvieron a su vez de inspiración a otros instrumentos regionales, como la Convención sobre los Refugiados en África de la Organización para la Unidad Africana de 1969 y la Declaración de Cartagena de 1984 en América Latina.

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generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Según un informe de Acnur, para febrero de 2014, en América Latina catorce (14) Estados reconocían a la población refugiada a partir de la definición de Declaración de Cartagena en su legislación interna: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay (Acnur, 2014). En el caso del Ecuador, gracias a la Sentencia de la Corte Constitucional de ese país sobre la Demanda de Inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1182 a finales del año 2013, se espera sea incluida nuevamente la definición ampliada de refugio a partir de la Declaración de Cartagena. La Declaración de Cartagena, además de ampliar la definición de refugiados, incorpora principios y recomendaciones más allá de la atención humanitaria avanzando en la concordancia del Derecho Internacional de los refugiados con el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El principio de No Devolución, incluida la prohibición en frontera, como piedra fundamental del régimen internacional de protección de refugiados, el acceso a procedimientos de asilo que aseguren el respeto por las normas del debido proceso, la reafirmación del carácter humanitario, pacífico y apolítico del asilo, así como la importancia de salvaguardar la seguridad de los refugiados en campamentos próximos a las fronteras, constituye uno de sus principales aportes (Demant, 2013).

Cumplidos diez años de la Declaración de Cartagena, se celebró un Coloquio Internacional en Costa Rica en el cual se produjo la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas. Esta destaca la contribución del Procedimiento para el Establecimiento de una Paz Firme y Duradera en Centroamérica (Esquipulas II), así como de las Comisiones Tripartitas para la Repatriación Voluntaria y los logros propiciados por la Declaración y Plan de Acción Concertado en Favor de los Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos adoptados por la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (Cirefca), celebrada en la ciudad de Guatemala en mayo de 1989. De la Declaración de los diez años vale la pena destacar el reconocimiento explícito de la contribución de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos al proceso de paz en Centroamérica y el Caribe por medio de operaciones de mantenimiento de la paz y de mecanismos de verificación del cumplimiento de acuerdos específicos en materia de derechos humanos. En la Declaración de San José, el tratamiento a la población refugiada cuenta con avances de enfoque diferencial, a partir del énfasis en los niños y niñas refugiados teniendo como referente la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, y la participación de grupos de mujeres y comunidades indígenas para el diseño y ejecución de programas orientados a la solución de situaciones de refugiados, retornados y desplazados.

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Transcurridos veinte años de la Declaración de Cartagena, la Declaración y Plan de Acción de México plantean unos instrumentos concretos para la investigación y el desarrollo doctrinal en los derechos de los refugiados, formación y fortalecimiento institucional y las soluciones duraderas. Para la consecución de las tres tradicionales soluciones duraderas, se crea el Programa de Autosuficiencia e Integración Local “Ciudades Solidarias”, el Programa Integral “Fronteras Solidarias” y el Programa Regional de “Reasentamiento Solidario”.

Seguimiento Plan de Acción de México En el año 2010, bajo la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil de la región Andina, nace la Conferencia Regional Humanitaria (CRH) con el propósito de realizar un Seguimiento al Plan de Acción de México (PAM), además de promover el diálogo regional entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de desplazados y refugiados, organismos intergubernamentales y agencias de cooperación internacional sobre la situación de migrantes forzados o personas en necesidad de protección. Allí se propuso que la CRH pudiera ser un espacio de seguimiento y monitoreo sistemático a los compromisos adquiridos en la Declaración y Plan de Acción de México para fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina. Vale la pena señalar que en la I CRH se identificó la necesidad de comprender la confluencia de múltiples factores que generan la migración forzada en el continente americano, que van más allá de lo que la legislación internacional sobre los refugiados permite reconocer. En la I CRH se hizo un llamado a los Estados frente a la acción del crimen organizado (principalmente narcotráfico) y dinámicas transnacionales de economías ilegales en las fronteras, procesos de transnacionalización del conflicto armado colombiano en las fronteras de este país y la migración forzada a causa de cambio climático, lo que se categorizó como refugiados ambientales. Así las cosas, la CRH se configuró como un escenario de seguimiento a los Planes de los Estados en torno a la protección internacional de los refugiados y desplazados. Estando próximos al aniversario treinta de la Declaración de Cartagena, la sociedad civil de la región percibe la necesidad de retomar la labor de seguimiento, en tanto los instrumentos para el seguimiento del Plan se Acción de México no fueron precisos ni establecieron un seguimiento claro y significativo.

La sociedad civil y el Plan de Acción de Brasil En el 2014, diferentes organizaciones participaron en el proceso de consultas país y consultas región que realizó Acnur y el NRC en el marco del Proceso Cartagena+30, y participaron también en procesos de seguimiento, que fueron independientes pero complementarios a Cartagena+30, como la II CRH. Durante la Conferencia se construyó la Declaración de Bogotá, de cara al evento final de Brasil de Cartagena +30, en el que los Estados de la región adoptaron una ruta común frente a los refugiados, desplazados y apátridas.

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Las organizaciones de la sociedad civil de los diecisiete (17) países que participaron en la II CRH señalaron que persiste la necesidad de fortalecer el sistema de protección a las personas refugiadas, desplazadas y apátridas y resaltaron la importancia de establecer marcos normativos, políticas públicas, prácticas judiciales o administrativas que tengan en cuenta nuevas modalidades de migraciones forzadas a causa de obras de infraestructura, inversiones privadas, degradación ambiental, cambio climático y criminalidad común y organizada, nacional e internacional. El Plan de Acción de Brasil avanzó en cierta medida frente al reconocimiento de nuevas formas de violencia que provocan las migraciones forzadas, especialmente en el reconocimiento de la complejidad de las migraciones mixtas y los graves impactos del crimen organizado transnacional. Vale la pena resaltar también el reconocimiento a los desafíos frente al desplazamiento forzado por el cambio climático y los desastres naturales, así como la declaración de la necesidad de desarrollar estudios y prestar más atención sobre el tema. Una perspectiva central de la II CRH fue el carácter regional y transnacional de las migraciones forzadas, donde ya no solamente las estrategias para la protección internacional merecían acuerdos regionales, sino también acciones de prevención y atención articuladas entre los Estados. La sociedad civil que participó en los encuentros subregionales del proceso Cartagena+30, así como en la II CRH, confirmó que las migraciones forzadas cada día se configuran en un fenómeno regional, que van más allá de las problemáticas locales y subregionales, y que día a día adquieren un carácter continental y mundial. Dentro de los asuntos regionales necesarios de abordar en el contexto actual de la movilidad en la región, especialmente en Suramérica, está el surgimiento de la libre movilidad a partir de la Visa de Residencia Temporal de Mercosur, diseñada para la integración social y económica de los ciudadanos de la región, mas no para proteger a las personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por los conflictos internos. Dicha visa ha contribuido a una transición en las calidades migratorias, dado que una proporción significativa de la población solicita ahora la visa de residencia temporal de Mercosur y no el estatus de refugiado, o incluso, han abandonado la protección internacional que les otorga el estatus por acceder a la visa de Mercosur, ante la posibilidad de que transcurridos algunos años se les otorgue la Visa de Residencia Permanente.50 La II CRH planteó que las alternativas migratorias pueden constituir una solución duradera, siempre y cuando incluyan garantías mínimas de salvaguarda como la no devolución, no sanción, no detención, identificación y registro; acceso a servicios básicos, derecho al trabajo y unidad familiar. Ante la posibilidad de ser consideradas las alternativas migratorias como posible cuarta

50  El estatus de refugiado y la visa de residencia temporal de Mercosur son consideradas en algunos países como calidades migratorias, y ante la prohibición de los Estados de otorgar dos de estas calidades de manera simultánea, la población debe optar por solicitar solo una de estas, renunciando en la mayoría de los casos al estatus de refugio.

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solución duradera, se resaltó como positivo el avance y las propuestas, haciendo la salvedad de que estos no debían interferir con el otorgamiento del estatus de refugiado a las personas en necesidad de protección internacional. En ese sentido, la Declaración de Brasilia es progresiva al resaltar la importancia de diferenciar la condición jurídica de refugiado de la calidad o categoría migratoria que se les otorga para su residencia en los países en la región; esto con el fin de facilitar la integración local de la residencia permanente, por ejemplo a través de la Visa Mercosur, sin que ello conlleve la perdida de la condición de refugiado. La posibilidad de adquirir una visa permanente, por ejemplo a través de Mercosur, luego de varios años de permanecer en otro Estado tras haber salido forzadamente del país de origen, puede constituirse en una verdadera solución duradera, que facilita una completa integración local, acompañada, por supuesto, de programas dirigidos a la estabilización socioeconómica de la población. Es importante resaltar que la Declaración de Brasil es novedosa también en plantear un programa de Movilidad Laboral que facilite el libre tránsito de los refugiados a terceros países donde puedan acceder a empleo remunerado y conseguir autosuficiencia económica. Este programa, en coherencia con los ideales de Mercosur, fomenta la cooperación y solidaridad regional en torno a los refugiados. Con la implementación de este tipo de programas se avanzaría en la noción de extraterritorialidad y/o portabilidad del estatuto de refugiado, en el que la condición de refugiado esté vigente más allá del Estado que la otorgó. Brasil es uno de los Estados que promueve este programa y durante 2015 tiene planeado desarrollar el proyecto de movilidad laboral para personas reconocidas como refugiados en Ecuador. Brasil identificó que en el Estado de Paraná se puede facilitar la integración de la población gracias a la capacidad institucional, dado que existe una comisión de atención a los migrantes y refugiados y la posibilidad para que las industrias puedan proporcionar empleo. Se estima que en el proyecto piloto de 2015 se beneficien en Brasil aproximadamente 60 personas (Seminario de Planificación “La Declaración y el Plan de Acción de Brasil: el reto de su implementación”, 2015). Por otro lado, la coyuntura de las migraciones forzadas en la región exigió dar un lugar central a las que ocurren hacia la frontera norte, a partir de los desafíos que vive México y el Triángulo Norte, en el que especialmente los más afectados son las personas menores de edad, acompañadas y no acompañadas. La II CRH presentó está dinámica desde un perspectiva amplia de los posconflictos y el resurgimiento de nuevas violencias como el crimen organizado que provoca oleadas de desplazamientos forzados internos y transfronterizos.

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Organizaciones de la sociedad civil y representantes de la academia destacaron en la II CRH la crítica situación de la niñez en el contexto de las migraciones forzadas en los últimos diez años, y señalaron que: Los Estados deben corresponsabilizarse y desarrollar políticas públicas para asegurar el derecho a la permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de manera que no se vean obligados a migrar, considerando las condiciones de discriminación estructural. La protección del derecho a la familia debe ser el criterio orientador básico para determinar la situación migratoria del grupo familiar a partir de los estándares de derechos humanos (II Conferencia Regional Humanitaria Sobre Migraciones Forzadas, 2014).

A partir de los análisis y conclusiones de la consulta subregional para Mesoamérica, el Plan de Acción incluyó un capítulo de solidaridad con el Triángulo Norte de Centroamérica en la búsqueda e implementación de Soluciones Duraderas, en el que se resalta la importancia de articular las acciones protección internacional con los Sistemas de Integración, como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en el que se deben coordinar los países de origen, tránsito y destino, sobre la base de responsabilidad compartida pero diferenciada. Los instrumentos contemplados para esta situación concreta son: un Observatorio de Derechos Humanos para el Desplazamiento, un programa de prevención en los países del Triángulo Norte y un programa Transito Digno y seguro, que hace énfasis en la capacitación de los agentes migratorios en las fronteras sobre los mecanismos nacionales de protección internacional con un enfoque de derechos humanos, que incluya procedimientos para la determinación del interés superior del niño. En ese sentido, cuando el Plan habla de cooperación dentro del marco de integración regional, se centra en la solidaridad del centro y sur américa, obviando la importancia de los países del norte de la región y de la comunidad internacional como receptores de población migrante forzada de América Latina. Las consultas independientes que realizó el proceso II CRH en Canadá y Estados Unidos resaltaron precisamente la importancia del rol de los Estados del norte para la protección de migrantes y refugiados de las Américas. Otro aspecto a señalar frente a los avances en materia de protección internacional es la inclusión de los apátridas en la Declaración de Brasilia, asunto que no estaba contenido diez años antes en la Declaración de México. El reconocimiento de la apatridia en la Declaración, basada en el marco internacional sobre esta y la reciente Declaración de Brasilia sobre la protección de personas refugiadas y apátridas en el continente americano de 2010, está acompañado de un capítulo en el Plan de Acción, que resalta como objetivo el programa “erradicación de la apatridia”, que se plantea a su vez la meta de erradicación total para el 2024 y enuncia una serie de acciones para lograrlo. Resulta progresivo también la inclusión de la trata y tráfico de personas en esta declaración. Allí se resalta que las personas víctimas o potenciales víctimas de trata podrían en algunas circunstancias ser sujetos de protección internacional. También es importante señalar el reconocimiento a la complementariedad entre los sistemas de asilo y los de protección a víctimas de trata de personas.

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Una de las fortalezas de la Declaración y el Plan es el enfoque de calidad para la protección internacional. Se menciona el fortalecimiento de los órganos encargados de determinar la condición de refugiado a través de la Gestión de Calidad del Asilo, la asignación de mayores recursos humanos y financieros, la cooperación bilateral y regional y la aplicación del debido proceso. Es para resaltar el Programa Asilo de Calidad, que tiene como fin mejorar los procedimientos de elegibilidad, fortalecer la capacidad, el conocimiento e introducir conceptos de eficiencia en la gestión y los procedimientos de los Estados. Las experiencias en México, Costa Rica y Argentina51 son insumos para sistematizar buenas prácticas e intercambiar experiencias a través de instrumentos de cooperación, que permitan luego el establecimiento de procedimiento con estándares de calidad.

11.1.  Fronteras en un escenario de posacuerdo de paz en Colombia LLas fronteras también ocupan un papel relevante en el nuevo Plan de acción. Es en el Plan de Acción de México en el que se plantea el Programa Integral “Fronteras Solidarias”, a partir de la identificación de la magnitud de población colombiana que transitaba y permanecía en tres de los países de frontera del Estado Colombiano: Ecuador, Panamá y Venezuela, así como de la situación especial humanitaria en las regiones fronterizas. El Programa Fronteras solidarias tiene por objeto desarrollar un Plan Estratégico Regional para atender las necesidades de protección, de asistencia básica y de integración de todas las poblaciones necesitadas bajo un enfoque territorial y diferenciado. Bajo este programa se han realizado algunos proyectos de construcción de escuelas, acceso al agua y saneamiento, que Acnur ha desarrollado con comunidades en las zonas de frontera entre Colombia y Ecuador (Demant, 2013). También vale la pena resaltar el programa de Monitoreo de las Fronteras de Acnur y la cooperación interagencial fronteriza en la frontera norte del Ecuador y en la frontera colombo venezolana (Acnur).

51  “En Costa Rica con el apoyo del Acnur se han dado los siguientes avances en la calidad del asilo: establecimiento de auditoría interna; facilitar una misión en el terreno para observar y sensibilizar a las autoridades la realidad de los países de origen; desarrollo de un tribunal contencioso administrativo. En México, la experiencia del tribunal administrativo migratorio podría ser replicada en países vecinos. Veinte apelaciones han sido resueltas favorablemente en los últimos tiempos. Se han introducido procedimientos diferenciados para la atención a los grupos vulnerables. En Argentina, ocurrió un cambio de enfoque llevando a un avance en los procesos de calidad pasando del producto final al análisis del proceso. La gestión de calidad debe tener en cuenta ese proceso (acceso al territorio con información facilitada a los solicitantes de asilo, acceso efectivo al procedimiento, reglas del debido proceso). Garantizar la asistencia jurídica gratuita y especializada en derecho de los refugiados, mejorar las técnicas de entrevista y realizarlas en un lugar adecuado, capacitar especialistas en materia de género e infancia” (Seminario de Planificación “La Declaración y el rasil: el reto de su implementación”, 2015).

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En relación con la situación de las fronteras, el nuevo Plan de Acción de los Estados se establece un programa de “Fronteras solidarias y seguras”. En la enunciación de este programa, a diferencia de lo establecido diez años antes, no se hace un reconocimiento explícito de la situación de las fronteras colombianas, sin embargo, se aboga por preservar las fronteras como áreas seguras y de protección para las personas y los Estados. El plan actual avanza en indicar prácticas institucionales concretas y útiles, propias de las necesidades de las fronteras, que permiten verdaderas prácticas de protección internacional. Allí se propone la realización de un programa que incluya: 1. Lineamientos para la identificación y la atención inmediata, 2. Reforzar las Comisiones Nacionales de Refugiados (Conares), 3. Diseño de normas sobre medidas alternativas de detención administrativa migratoria, 4. Capacitación a funcionarios, 5. Campañas de difusión sobre rutas, riesgos y mecanismos de protección, y 6. Mejoramiento de infraestructura para atención y ayuda a solicitantes de asilo y refugiado, así como acceso a servicios sociales y comunitarios. El Plan de Acción de Brasil incluye algunos aportes de las consultas frente al tema de las fronteras, por ejemplo, reconociendo de manera explícita la complejidad, las condiciones socioeconómicas limitadas y la escasa presencia de las instituciones sociales de los Estados en las áreas fronterizas. En el Plan señala algunas necesidades vigentes para las fronteras colombo-panameña, colomboecuatoriana y colombo-venezolana: 1. Consolidar espacios fronterizos, 2. Consolidar espacios de transito seguro, 3. Identificación oportuna de solicitantes de asilo y personas en necesidad de protección internacional, 4. Respeto al principio de no devolución, 5. Atención oportuna, y 6. Satisfacción de sus necesidades diferenciadas. Estas tres fronteras siguen siendo regiones de especial afectación del conflicto armado y la ‘transfronterización’ del mismo. Los países vecinos de Colombia como Panamá, Ecuador y Venezuela, aún en proceso de paz52 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, siguen siendo receptores de población en necesidad de protección internacional.53 Estas tres fronteras, además de estar afectadas por el conflicto armado colombiano, son regiones con histórico abandono estatal, en donde reside una proporción significativa de pueblos étnicos que padecen afectación y violación a sus derechos de manera desproporcionada, a partir de las múltiples violencias que continúan en las fronteras. En el escenario de un Acuerdo de Paz con las FARC, estas fronteras requieren un plan de prevención y ejecución de acciones que garanticen la protección a los derechos humanos y los derechos de los refugiados, desplazados y apátridas. Por experiencias internacionales e incluso por las consecuencias de la desmovilización de los paramilitares en Colombia, se debe considerar

52  El actual proceso de paz que se lleva a cabo en Colombia consiste en las negociaciones para el fin del conflicto armado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El proceso inició formalmente en agosto de 2012 en La Habana, Cuba. 53  Según cifras de Acnur, hay 311.264 colombianos refugiados y en necesidad de protección internacional en Ecuador, Venezuela y Panamá, que corresponden al 86,4 por ciento de la población colombiana refugiada y en necesidad de protección internacional en el mundo.

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el escenario en el que una vez se desestructuran los mandos medios y bajos de los grupos armados ilegales, se crean nuevas redes de actores armados. Así pues, el conflicto armado y la violencia ocasionada por estas nuevas redes y los otros actores armados que hacen presencia en los territorios de frontera dificultarán la consecución de fronteras seguras y pacíficas. Es oportuno señalar que la declaración de Brasil es progresiva al señalar la existencia de nuevos desafíos y necesidades en materia de protección internacional causadas, entre otras, por el crimen organizado. En ese sentido, las fronteras demandan un especial trabajo binacional y regional entre gobiernos, sociedad civil y organismos multilaterales, frente a la construcción de paz en Colombia y las regiones de frontera. De esta manera, el Plan de Brasil es un instrumento fundamental para que los Estados de la región asuman compromisos especiales en torno al posacuerdo y la construcción de paz en las fronteras, realizando programas específicos en torno a las fronteras. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, que conforman la Comisión de Incidencia Exilio y la Reconciliación (Cier),54 retomando las recomendaciones de la Declaración de Bogotá de la II CRH, está promoviendo la iniciativa de una Conferencia Internacional de Apoyo al Proceso De Paz, los Derechos de las Víctimas en el Exterior y el Posconflicto en Colombia que tiene como fin buscar soluciones duraderas para las víctimas colombianas en el exterior de modo que se aseguren condiciones de dignidad en los procesos de integración local, reubicación o retorno, así como un compromiso político de entendimiento para acuerdos de frontera. Dicha conferencia comprende la intervención de víctimas, sociedad civil, Estados, organismos multilaterales y comunidad internacional interesada. La Conferencia internacional de apoyo al proceso de paz se erige así como una iniciativa hacia la consolidación de la ciudadanía latinoamericana como ámbito más amplio de protección regional para las víctimas colombianas que residen en el exterior. Facilitar la naturalización de las personas refugiadas y apátridas por medio de procedimientos adecuados, como parte de la estrategia de soluciones duraderas, contemplada en la declaración de Brasil, es una de las medidas que la Conferencia Internacional promovería en relación con la población víctima del conflicto y refugiada en un contexto de transición hacia la paz. Esta iniciativa va de la mano con el reconocimiento de los Estados en la Declaración de Brasil de “promover la responsabilidad compartida pero diferenciada entre los Estados de origen, transito y destino, y de brindar una respuesta diferenciada en razón al alto grado de vulnerabilidad (…) a fin de garantizarles a estas personas el debido proceso, un trato digno y el respeto a sus derechos”, en donde una coyuntura de diálogos e implementación de acuerdos de paz implica

54  Conformada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el Servicio Jesuita para Refugiados Colombia (SJR-COL), el Servicio Jesuita para Refugiados Latinoamérica y El Caribe (SJR-LAC), la Consejería en Proyectos (PCS), el Foro Internacional de Víctimas (FIV), el proyecto Prodem, la Fundación Esperanza, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Instituto Pensar y Rodeemos El Diálogo, además de un grupo de expertos académicos: Roberto Vidal de la Universidad Javeriana y Andrei Gómez y Ángela Iranzo de la Universidad de los Andes.

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el establecimiento de compromisos concretos en la esfera internacional y sobretodo en la región andina, en relación con la población con necesidad o en condición de protección internacional de nacionalidad colombiana. Las próximas acciones de los Estados en relación con las fronteras mencionadas, ya sea a través de dicha Conferencia Internacional u otra iniciativa, deberán tomar en cuenta los compromisos adquiridos en la Declaración y Plan de Acción de Brasil. Uno de ellos es entorno a la repatriación de voluntaria, en donde se reiteran los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, como parte de la estrategia integral de soluciones duraderas. El mensaje internacional del proceso de paz con la guerrilla de las FARC y eventualmente con la guerrilla del ELN, no puede dar lugar a falsas expectativas frente a la seguridad en territorio colombiano y especialmente en las zonas fronterizas, ni tampoco a interpretaciones equívocas frente a la desaparición de las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocido el refugio. Precisamente, la declaración subraya la necesidad de la repatriación basada en información objetiva y actualizada del país de origen. En el marco del proceso de paz, partiendo de los principios mencionados para el retorno, eventualmente los Estados de la región deberán establecer mecanismos tripartitos entre el país de origen, el país de asilo y Acnur para facilitar los procesos de repatriación voluntaria. Crisis fronterizas como la que se presentó en agosto y septiembre de 2015 en la frontera colombovenezolana, en la que se llevaron a cabo deportaciones masivas y retornos involuntarios de nacionales colombianos desde Venezuela hacia Colombia, entre ellos de población con necesidad y en condición de protección internacional,55 pudieron contar con un plan de prevención y un mejor manejo institucional si los Estados hubieran activado los instrumentos jurídicos y políticos en materia migratoria con enfoque de derechos humanos. Elementos, principios y programas consignados en la Declaración y Plan de Acción de Brasil, como el principio de no devolución, el no rechazo en la frontera y la devolución indirecta, la integración de las normas de debido proceso, las necesidades de protección por crimen organizado, las necesidades de protección dada la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados, los lineamientos para la erradicación de la apatridia y los programas de asilo de calidad y fronteras solidarias y seguras. De haber sido implementados, se hubiese evitado la victimización de parte de la población y minimizado el impacto humanitario en la región fronteriza.

55  La llamada crisis en la frontera colombo-venezolana inició formalmente el 21 de agosto de 2015, cuando el presidente Nicolás Maduro declaró el estado de excepción sobre los municipios fronterizos de Bolívar (San Antonio del Táchira), Pedro María Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia. Maduro justificó esta decisión extraordinaria, alegando el ataque de grupos armados calificados como “paramilitares colombianos” contra militares venezolanos, el 19 de agosto en la zona de la frontera, y la necesidad de “estabilizar la situación de la frontera”. El 24 de agosto y el 15 de septiembre amplió el estado de excepción a otros municipios de la misma frontera, reforzando la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana “a todo nivel”, con el Ejército, la Armada, la policía militarizada y la Aviación Militar Bolivariana, “tomando todas las medidas de previsión para evitar provocaciones de aquel lado” (Cier, 2015). Desde el 23 de agosto hasta el 30 de septiembre 1.768 personas de nacionalidad colombiana fueron deportadas a Norte de Santander y retornaron de manera involuntaria 22.164 a ese departamento, así como a La Guajira, Arauca y Vichada. En cuanto a las personas con necesidad o en condición de protección internacional retornadas, más de 325 colombianos indican haber empezado un proceso de solicitud de asilo en Venezuela o haber sido reconocidos como refugiados; estos reportes están en proceso de verificación (OCHA, 2015).

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Es para resaltar en el Plan, el reconocimiento a los refugiados como sujetos con participación activa para la ejecución de los diferentes programas con enfoque de soluciones duraderas. Destacar los conocimientos de los mismos y sus experiencias, es clave para dimensionar los aportes de la población tanto en lugares de acogida como en el propio país, especialmente en una coyuntura de construcción de paz; ya sea contemplando el retorno o la integración local en el país de acogida. Experiencias de procesos de paz como el de Guatemala indican que los refugiados son parte fundamental para construir paz en el país de origen, participando en los diálogos y en la posterior implementación de los acuerdos. La posibilidad de participación de un refugiado en la construcción de paz en un país no debería implicar la cesación de la protección internacional, para ello será fundamental llevar a cabo unos acuerdos especiales de carácter binacional o multilateral en donde los Estados se comprometan a facilitar la participación de las y los colombianos en el proceso de paz y la implementación de los acuerdos, inclusive permitiendo su estadía temporal en Colombia, manteniendo el estatus de refugio.

11.2.  Seguimiento al Plan: retos de la sociedad civil Para los propósitos consignados en la Declaración y Plan de Acción de Brasil, es fundamental identificar los agentes responsables de llevar a cabo las operaciones, gestiones y articulaciones necesarias. En la Declaración se insiste en la necesidad de trabajo tripartito entre los Estados, la sociedad civil y Acnur. Siendo esta última, la agencia idónea para brindar ayuda a los Estados mediante cooperación y asistencia técnica en la protección de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas. Acnur es también el actor encargado del seguimiento al Plan de Acción, a través de la elaboración de informes trienales sobre la ejecución de los programas y los instrumentos de protección en los países de América Latina y el Caribe. El Plan de Acción de Brasil deja abierta la posibilidad de que los Estados creen mecanismos de evaluación y seguimiento al plan, sin embargo no menciona qué tipo de mecanismos serían ni cómo se llevarían a cabo. Así pues, a parte de los informes de Acnur, el seguimiento al Plan es ambiguo; situación poco favorable ya que a través del monitoreo es que se puede conocer el estado de la protección de las personas migrantes forzadas en la región y, de esa manera, tener un sustento para hacer llamados de alerta a los Estados. Lo mencionado anteriormente conlleva a que la sociedad civil analice su labor en materia de migraciones forzadas, para que además de acompañar a los Estados, ejecute programas, haga diagnósticos y desarrolle acciones de incidencia, mientras adopta un papel activo y permanente en el seguimiento de los mecanismos de protección de personas víctimas de migraciones forzadas en las Américas.

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La presencia de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso Cartagena+30 fue importante en la medida en que buscaba contribuir al análisis del estado de los refugiados sobre desplazados internos, refugiados, solicitantes de asilo, menores no acompañados, personas en necesidad de protección internacional, víctimas de migraciones forzadas por megaproyectos, cambio climático, apátridas y víctimas de trata y tráfico de personas. Sin embargo, no todas las reflexiones ni mecanismos de acción que la sociedad civil presentaba en los documentos “posicionamientos de la sociedad civil” eran tenidas en cuenta en las conclusiones de los Estados en las consultas subregionales. Estas fueron consideraciones que expresaron varias organizaciones sociales durante el proceso. Todo lo anterior fortalecía la necesidad de construir una Declaración de la Sociedad Civil del continente que permitiera realizar un análisis holístico de las migraciones forzadas actuales, presentar unas recomendaciones puntuales y discutir acerca del rol de la sociedad civil en materia de migraciones forzadas.56 Durante la II CRH se identificó que un rol central de la sociedad civil era el análisis periódico del estado de las migraciones forzadas y, por lo tanto, el seguimiento a los Planes de Acción de los Estados de la región. La posibilidad de articular y dialogar en espacios como la II CRH permitían a las organizaciones de la sociedad civil mantener una comunicación permanente, identificar posibles alianzas e incluso avanzar en discusiones de diferentes temas que son transversales o suceden de manera similar en las diferentes subregiones del continente. La posibilidad de conocer organizaciones que trabajan los mismos asuntos del gran espectro de las migraciones forzadas en otras partes del continente fue una fortaleza de la II CRH que motivó a propiciar espacios que permitieran el trabajo en red para facilitar conocer el trabajo de las otras organizaciones y las lecciones aprendidas en diferentes partes de la región. Uno de los principales resultados de la II CRH fue la creación de la Red sobre Migraciones Forzadas en las Américas, que busca evaluar y hacer seguimiento a las acciones de los Estados y sus acuerdos multilaterales en la materia. La existencia de una red de organizaciones sociales y académicas, como lo es esta, contribuye a la consolidación rigurosa de información, comunicación y coordinación entre organizaciones de víctimas de migraciones forzadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales y no estatales. La Red sobre Migraciones forzadas cuenta con tres objetivos específicos: 1. Producir informes anuales, 2. Llevar a cabo bianualmente conferencias regionales sobre migraciones forzadas, 56  Según el Seminario de Seguimiento al PAB, “las áreas en las que la sociedad civil podría contribuir en los espacios del PAB para la cooperación regional serían: promover el conocimiento y capacitación de los actores involucrados; realización de estudios sobre los desafíos planteados por el cambio climático y los desastres naturales; fortalecimiento de redes nacionales y regionales de la sociedad civil para intercambio de buenas prácticas operacionales, cooperación Sur-Sur; diálogo con gobiernos; asistencia a personas (red de albergues TNCA-MEX); intercambio y gestión de la información (portal en la web); presencia en fronteras y en periferia urbana; búsqueda de fondos de la cooperación internacional; acompañamiento y monitoreo del PAB” (Seminario de Planificación “La Declaración y el Plan de Acción de Brasil: el reto de su implementación”, 2015).

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y 3. Mantener un mecanismo fluido de comunicaciones con Acnur, Conares, defensorías, cancillerías de los Estados y organismos multilaterales. A través de estos, la Red busca contribuir significativamente al seguimiento del PAB, ya que además de contar con un análisis territorial de la cuestión, también realizaría un análisis regional de la trayectoria de cada uno de los ejes temáticos que se plantea, a saber: 1. Formas actuales de migración forzada, 2. Apátridas, 3. Flujos migratorios mixtos, 4. Tráfico y trata de personas, 5. Fortalecimiento institucional, 6. Soluciones duraderas, 7. Políticas públicas regionales y 8. Procesos de paz y posconflictos. Es importante indicar que para el funcionamiento de una red o comisión regional de seguimiento, es fundamental contar con fuentes de financiación que permitan los recursos humanos y tecnológicos para su funcionamiento. La manifiesta voluntad de las organizaciones que la integran, requiere de recursos para su funcionamiento, que a través de una secretaría técnica se coordine la recopilación de la información que producen las diferentes organizaciones y las actividades de incidencia requeridas para los objetivos de la Red. En la medida en que el monitoreo se realiza a través de trabajo en Red, la función de una secretaría técnica requerirá de un sistema de comunicaciones informáticas para agilizar la recopilación de información y permitir una comunicación permanente frente a la satisfacción efectiva de los derechos de desplazados internos, refugiados, solicitantes de asilo, menores no acompañados personas en necesidad de protección internacional, víctimas de migraciones forzadas por megaproyectos, cambio climático, apátridas y víctimas de trata y tráfico de personas. En el transcurso del año 2015 se ha conformado un grupo de trabajo regional sobre Protección Internacional en las Américas, con 31 organizaciones de la región, que busca desarrollar propuestas articuladas regionalmente para incidir y trabajar en los ámbitos regionales, crear espacios tripartitos de diálogo en cada uno de los países de la región, fortalecer un sistema regional sobre litigio estratégico en cuanto a la protección internacional y llevar a cabo una estrategia de difusión de los estándares internacionales y regionales sobre protección internacional en la región y el mayor intercambio sobre información de país de origen. Otra alternativa para el seguimiento del Plan de Acción de Brasil consiste en que la sociedad civil participe en espacios tripartitos (Estado, Acnur y sociedad civil) para aportar tanto en la implementación como en el seguimiento nacional y subregional. Esta posibilidad seguiría el esquema del Proceso Cartagena+30, bajo la intermediación del NRC. En lo que va del año 2015, el escenario de grupos tripartitas desafortunadamente no adquiere el ritmo deseado, debido a que no todos los gobiernos manifiestan la voluntad de participar periódicamente en estos espacios por diferentes razones. NRC ha manifestado que seguramente los procesos de seguimiento serán diversos según cada Estado, así como la relación entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Por ahora se plantean dos reuniones subregionales, Mesoamérica y otra en el Mercosur (que incluiría la subregión Andina), en las cuales la sociedad civil pueda compartir sus experiencias nacionales acerca de la situación de la población con necesidades de protección internacional y de la implementación del Plan de Acción.

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En síntesis, los retos de la sociedad civil en el marco de las migraciones forzadas en las Américas pasan por realizar acompañamiento a los Estados, ejecutar programas, construir diagnósticos, difundir los derechos de la población refugiada, desplazada y apátrida, profundizar en conceptualizaciones, fortalecer el litigio estratégico, generar incidencia y establecer un mecanismo riguroso de seguimiento al Plan de Acción de Brasil. Un monitoreo al Plan debe incluir análisis periódicos, comunicación permanente entre las organizaciones, los Estados y los organismos multilaterales y el establecimiento de alianzas clave. Todo esto a través de una secretaría técnica que gestione los recursos técnicos, humanos y financieros para centralizar el seguimiento.

11.3.  Escenarios de interlocución De cara al seguimiento que requiere el Plan de Acción de Brasil, en marzo de 2015 en la ciudad de San Remo, en ese país, se realizó un primer encuentro entre Estados, Acnur, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (Ippdh), representantes de organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Allí se llevó a cabo el seminario de Planificación de la Declaración y el Plan de Acción de Brasil, en el que participaron autoridades públicas de catorce países de América Latina.57 El encuentro tuvo por objetivo destacar las prioridades dentro del PAB para el trienio 2015-2017 por país, región y subregión, así como promover mecanismos nacionales de seguimiento y explorar el rol de los mecanismos regionales (Ippdh, 2015). En el Seminario de San Remo se avanzaron los temas que contempla el PAB, especialmente en lo concerniente a los mecanismos regionales de seguimiento. Allí se mencionó que la posibilidad de que el Grupo América Latina y el Caribe –Grulac– sea el espacio institucional para monitorear y evaluar los progresos y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –Celac– podría ser el espacio institucional para el seguimiento. El Plan de Acción de Brasil ha recibido el respaldo de organismos multilaterales que se han comprometido con la cooperación en materia de protección de personas refugiadas, desplazadas y apátridas en el contexto de América del Sur. En mayo de 2015, la directora regional para las Américas y el Caribe del Acnur, Renata Dubini, y el secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (Ippdh) del Mercosur, Paulo Abrão, firmaron una Carta de Intención para cooperar con el tema.

57  El Seminario de Seguimiento contó con la participación de 30 representantes de 14 países de América Latina y Curaçao, y ocho organizaciones internacionales y de la sociedad civil, incluida la academia. Participaron delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Curaçao, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

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La OEA también ha debatido acerca del estado actual de la protección de los refugiados y apátridas en la región. En un evento realizado en abril, en el que se analizaron los nuevos desafíos y metas a partir del PAB, la organización reiteró su compromiso con la región, resaltando el histórico de las resoluciones anuales emitidas por su Asamblea General y el acuerdo de cooperación entre la Secretaria General de la OEA y el Acnur firmado en noviembre de 2007 (que establece al Departamento de Derecho Internacional de la OEA como punto de contacto dentro de su Secretaría General para tratar esta temática). En términos generales se puede decir que la Declaración y el Plan Acción de Brasil presentan importantes avances y ponen sobre la mesa temas relevantes sobre nuevas formas de migraciones forzadas. Los principios, procedimientos y programas son en buena parte progresistas y manifiestan la voluntad de los Estados en materia de protección internacional. El reto ahora es la implementación del Plan, la elaboración y ejecución de prácticas y proyectos que materialicen los programas establecidos y la definición de mecanismos integrados y coordinados para el seguimiento. Por ahora, en cuestión de monitoreo está claro que los Estados presumen como insumo el seguimiento de la sociedad civil a través de sus informes y encuentros regionales sobre migraciones forzadas. Así las cosas, a los 30 años de la Declaración de Cartagena es imperativo establecer un sistema de seguimiento articulado de organizaciones de la sociedad civil que compartan informes y constituyan una fuente de información consistente frente el estado de la protección internacional y las migraciones forzadas en las Américas.

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Bibliografia Acnur. (s.f.). Monitoreo de fronteras e identificación de las personas necesitadas de protección internacional. Recuperado el 5 de mayo de 2015, de http://www.acnur.org/t3/pam/resultadosen-soluciones-duraderas/monitoreo-de-fronteras-fronteras-solidarias/ Acnur. (2014). Definición ampliada de refugiado en América Latina. Demant, E. ( 2013). 30 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Agenda Internacional. II Conferencia Regional Humanitaria Sobre Migraciones Forzadas. (2014). Declaración de Bogotá. Ippdh. (23 de abril de 2015). En seminario definieron seguimiento al Plan de Acción de Brasil. Recuperado 7 de junio de 2015. Obtenido de http://www.ippdh.mercosur.int/en-seminariodefinieron-seguimiento-al-plan-de-accion-de-brasil/ Seminario de Planificación “La Declaración y el Plan de Acción de Brasil: el reto de su implementación”. (2015). Sanremo.

142

Anexos

Obra de Teatro Pequeño Planeta: “Voces Migrantes”.

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162

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164

Listado de Participantes I I Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas II CONFERENCIA REGIONAL HUMANITARIA NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

1

Alejandro de Aguilar Murphy

[email protected]

2

Alexandra Moncada

INSTITUCIÓN

PAÍS

SJR-LAC

Colombia

[email protected]

CRS

Ecuador Colombia

3

Álvaro Garcés

[email protected]

Cónsul Ecuador en Colombia

4

Ana Lorena Alfaro Moreira

[email protected]

SJR

Panamá

5

Ana Milena Aguilar Granados

[email protected] / [email protected]

Arquidiócesis de Bogotá

Colombia

6

Anastasia Moloney

[email protected]

Agencia de prensa - Thomson Reuters Foundation 

Colombia

7

Ana Paula Penchaszadeh

[email protected]

Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanus

Argentina

8

Andrea Suárez G.

[email protected]

Corporación Scalabrini

Colombia

9

Andrés Ramírez

[email protected]

Acnur - Brasil

Brasil

10

Astrid Muñoz

[email protected]

Asesora Parlamentaria Silvia Salgado

Colombia

11

Benildo Estupiñán

[email protected]

Fundación Rostros & Huellas del Sentir Humano

Colombia

12

Bernard Duhaime

[email protected]

University of Quebec

Canadá

13

Bridget Woodring

[email protected]

Obmica

República Dominicana

14

Camila Espitia

[email protected]

Codhes

Colombia

Cejil

Estados Unidos

15

Charles Abbott

[email protected]  

16

Cintia Gutiérrez

17

Deisy Lemus

 

México

 

 

18

Diana Ávila

[email protected]

PCS

Colombia

19

Diana Hernández Pachón

[email protected]

Fundación SR Pequeño Planeta

Colombia

20

Diana Rodríguez Gómez

[email protected]

Universidad de Columbia, Nueva York

Estados Unidos

21

Diana Rueda Vargas

[email protected]

SJR-LAC

Colombia

22

Eduardo León Navarro

[email protected]

PCS

Colombia

23

Elisa Devreese

[email protected]

Misión Scalabriniana Ecuador

Ecuador

24

Elli Kriona

[email protected]

SJR

Ecuador

25

Emilio López

[email protected]

 

México

[email protected]

US Committee for Refugees and Immigrants

Estados Unidos

26

Esmeralda López

II Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas Bogotá, Julio 14 y 15 de 2014

II CONFERENCIA REGIONAL HUMANITARIA NOMBRE

INSTITUCIÓN

PAÍS

27

Fabio Obando Caicedo

[email protected]

Organización Libertad en Marcha - Sucumbíos / General Farfán

Ecuador

28

Francisco Quintana

[email protected]

Cejil

Estados Unidos

29

Gabriel Rojas

[email protected]

Codhes

Colombia

[email protected]

Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana

Uruguay

30

Gabriela Cortina

31

Héctor Catuche

[email protected]

Pastoral de Migrantes

Colombia

32

Giclixf Urrutia

[email protected]

RGR

Colombia

33

Gorka Ortega Ramiro

[email protected]

SJR-LAC

Colombia

34

Helena Olea

[email protected]

 

Chile

35

Hendrine Rotthier

36

Hermana Leda Aparecida Dos Reis

[email protected]

Hermanas Misioneras Scalabrinianas

Ecuador

37

Hermel Mendoza

[email protected]

Misión Scalabriniana Ecuador

Ecuador

38

Ilver García

[email protected]

Fusicol

Colombia

39

Ingrid Tatiana Cuero

[email protected]

Organización Bordando Sueños de San Lorenzo

Ecuador

40

Irazú Gómez Vargas

[email protected]

Universidad Iberoamericana Puebla

México

41

Ivonne Muñoz

[email protected]

GIZ

Ecuador

42

Jairo Muñoz

[email protected]

Fundación Esperanza

Ecuador

43

Javier Alarcón

[email protected]

PCS

Perú

44

Jayesh Rathod

[email protected]

American University Washington College of Law

Estados Unidos

45

Jenny Moreno

[email protected]

Codhes

Colombia

46

Jorge Salcedo

[email protected]

Iasfm

Colombia

[email protected]

Defensoría del Pueblo de Venezuela

Venezuela

47

166

CORREO ELECTRÓNICO

Juan Carlos Pacheco

48

Julia González

[email protected]

PCS Menamig

Guatemala

49

Karen Lizeth Valladares

[email protected]

PCS

Honduras

50

Karine Ruel

[email protected]

NRC

Colombia

51

Kelleen Corrigan

[email protected]

University of Miami

Estados Unidos

52

Kyra Raquel Gurney

[email protected]

Fundación InSight Crime

Colombia

53

Lady Ruiz Gamba

[email protected]@gmail.com

Hermanas Scalabrinianas

Colombia

54

Laura Bingham

laura.bingham@ opensocietyfoundations.org

Open Society Justice Initiative

Estados Unidos

55

Lenin Daza Camacho

[email protected]

Defensoría del Pueblo

Ecuador

56

Leticia Gutiérrez

[email protected]

PCS

México

57

Ligia Ruiz Gamba

[email protected]

Hermanas Scalabrinianas

Colombia

II CONFERENCIA REGIONAL HUMANITARIA NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

INSTITUCIÓN

PAÍS

58

Liliana Gamboa

[email protected]

Open Society Justice Initiative

República Dominicana

59

Liliana Salamanca

[email protected]

SJM Tacna y RJM

Perú

60

Liliana Sánchez Gómez

[email protected]

OIM

Colombia

61

Luis Enrique Pinilla Portilla

[email protected]

Consejo Episcopal Latinoamericano

Colombia

62

Luisa Gómez

[email protected]

FE

Colombia 

63

Marco Romero Silva

[email protected]

Codhes

Colombia

64

Marcos Rasguido

[email protected]

Pastoral de movilidad humana. CEB Acnur

Bolivia

65

María Alejandra Peña Castellanos

[email protected]

Universidad Nacional de Colombia

Colombia

66

María Auxiliadora López

[email protected]

Acnur

Honduras

67

María del Carmen Hidalgo

[email protected]

Fundación Esperanza

Ecuador

68

María José Vázquez González

[email protected]

Servicio Jesuita a Refugiados - Venezuela

Venezuela

69

Mariana Morales

[email protected]

SJR - LAC

Colombia

70

Megan Kathleen Thomas

[email protected]

PCS

Guatemala

71

Merlys Mosquera Chamat

[email protected]

SJR-LAC

Colombia

72

Nadine Metzner

[email protected]

FE/GIZ

Ecuador

Asesora Parlamentaria Gloria Flórez

Colombia

73

Nancy Sánchez

[email protected]

74

Nataly Pérez

 

Sigma mujer

  Colombia Colombia

75

Nathan Toews

[email protected]

Iglesia Menonita de Colombia

76

Nelson Ramírez

[email protected]

Pastoral de Migrantes

77

Nicoletta Roccabianca

[email protected]

Asylum Access Ecuador

Ecuador

78

Nini Guerrero

[email protected]

SJR

Ecuador

79

Niria Brito

[email protected]

Confederación Nacional de Acción Comunal

 

80

Oscar Alberto Carupia

Colombia

81

Óscar Gómez

[email protected]

Fundación Esperanza

 

82

Óscar Javier Calderón Barragán

[email protected]

SJR

Colombia

83

Óscar Pulido

 

CEAR - Euskadi

España

84

Paola Andrea Córdoba Maldonado

[email protected]

SJR-LAC

Colombia

85

Paula Banerjee

 

University of Calcutta

India

[email protected]

Agencia Sueca de Desarrollo Internacional ASDI

Colombia

86

Paula Fernández Seijo

II Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas Bogotá, Julio 14 y 15 de 2014

II CONFERENCIA REGIONAL HUMANITARIA NOMBRE

168

CORREO ELECTRÓNICO

INSTITUCIÓN

PAÍS

87

Paula Juliana Pardo Sanabria

[email protected]

Fundación SR Pequeño Planeta

Colombia

88

Pilar Trujillo Uribe

[email protected]

PCS

Colombia

89

Rafael Alejandro Hernández Real

[email protected]

90

Ramiro Rivadeneira Silva

[email protected]

Defensoría del Pueblo

Ecuador

91

Ranabir Sammadar

 

Universidad de Calcuta

India

92

Randolf Laverde Tamayo

[email protected]

SJR-LAC

Colombia

Cuba

93

Raquel Celis

[email protected]

CEAR - Euskadi

España

94

Rebecca Orozca Busutil

[email protected]

Universidad de La Habana

Cuba

95

Roberto Vidal

[email protected]

Iasfm

Colombia Colombia

96

Sabina Barone

[email protected]

Red Jesuita con Migrantes. SJR-LAC

97

Sarnata Reynolds

[email protected]

Refugees International

Estados Unidos

98

Shana Tabak

[email protected]

American University. Clínica de Derechos Humanos

Estados Unidos

99

Sonia Pilar Celeita Mora

[email protected]

Universidad Nacional de Colombia

Colombia

100

Teófilo Orozco Tinco

[email protected]

Asociación de Familias Desplazadas en Lima Asfadel /PCS

Perú

101

Teresa Urueña

[email protected]

SJR-LAC

Colombia

102

Vera Xiomara Samudio Reyes

[email protected]

SJR

Colombia

103

Vivian Holzhacker

[email protected]

Caritas Arquidiocesana de São Paulo

Brasil

104

Viviana Krsticevic

[email protected]

Cejil

Estados Unidos

105

Vladimir Valero

[email protected]

Fundación Red Global de Apoyo a los Refugiados "RGR" 

Colombia

106

Wendy Ramírez

[email protected]

Guatemalan Child Return and Reintegration Project (Gcrrp)

Estados Unidos

107

Wilfrido Acuña

[email protected]

Misión Scalabriniana Ecuador

Ecuador

108

Zully Laverde

[email protected]

Uariv

Colombia