Megaminería a cielo abierto y conflictividad socioambiental: necesidad y condiciones de una discusión urgente

Megaminería a cielo abierto y conflictividad socioambiental: necesidad y
condiciones de una discusión urgente.
Por Alejandro Medici (UNLPam/UNLP)




En la actualidad, nuestro país es testigo de una serie de resistencias
populares a las iniciativas de megaminería extractiva y se ha generado un
debate al respecto, donde la voz cantante la llevan, de un lado los
movimientos socioambientales y del otro, los elencos provinciales donde ese
tipo de emprendimientos tienen mayor desarrollo actual o potencial y en
menor medida, el gobierno nacional; todos ellos con sus respectivos apoyos
sociales.

No obstante, la calidad del debate deja mucho que desear, la información
disponible circula de forma fragmentaria y construcciones sociales de la
realidad a menudo fuertemente contradictorias entre sí no ayudan a la
calidad del mismo. Mientras tanto el impulso a los emprendimientos de
megaminería a cielo abierto continúa (se trata de una actividad que viene
desarrollándose desde hace algunos años con perspectiva de extenderse a
buena parte de nuestras zonas andinas y precordilleranas, desde la Puna,
pasando por Cuyo, hasta la Patagonia).

En efecto, los ojos del mundo empresario transnacional se han vuelto con
avidez, una vez más, hacia América Latina donde este tipo de conflictos
acerca de la megaminería se están desarrollando actualmente en México,
Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y desde hace una década,
en forma crecientemente visible en nuestro país.

Argentina cuenta con la sexta reserva metalífera del mundo y desde los años
90, con el auspicio del Banco Mundial y la asunción de esta política por
parte de la Secretaría de Minería de la Nación, se adoptó y mantuvo hasta
ahora un marco legal sumamente favorable para las empresas y la radicación
de este tipo de inversiones. La misma se enmarca en una construcción
discursiva novedosa del imaginario desarrollista en nuestro país que, a
diferencia de otros países de nuestra región, carece de una tradición
minera. Dicha construcción invoca el "desarrollo", "la creación de puestos
de trabajo", los "ingresos fiscales" para las provincias que la actividad
representaría, y la "responsabilidad" de las empresas en la precaución
respecto a posibles daños ambientales.

Por otro lado, el impulso a este tipo de actividad ha hecho mucho más
visible la resistencia popular en las zonas afectadas que no es nueva, sino
que data de más de un lustro y ha cosechado algunos éxitos que ahora se ven
amenazados, como la prohibición de este tipo de actividad en varias
provincias o, más recientemente, una interrupción momentánea por carencia
de la "licencia social" en el inicio de la explotación con esta modalidad
del cerro Famatina por parte de Osisko Mining Co. Esta movilización ha
generado una escalada del conflicto que, de un lado tiene un componente
discursivo, de otro un componente represivo.

Empezando por el primero, en una de sus escasísimas referencias al tema, el
gobierno nacional, por boca de la propia Presidenta, ha pedido un debate
serio acerca de la minería. Imputa a los movimientos ambientalistas una
postura cerrada o refractaria en relación a todo tipo de minería e invoca
los tópicos ya vistos "desarrollo", "inversiones", "ingresos fiscales",
"responsabilidad" y "cuidado del medio ambiente". También se ha buscado
algún tipo de argumentación técnica en relación al reciclado de agua y la
utilización de cianuro. Por un lado, se ha dicho que bajo ciertas
condiciones de explotación no sería tan tóxico dada su degradación rápida
en contacto con agua y aire y por otra, por ejemplo, en el caso de La
Alumbrera, la Gobernadora electa de Catamarca, Lucía Corpacci Saadi, ha
sostenido que dicho emprendimiento no utilizaría ese tóxico[1]. Varios
comunicadores progresistas afines al oficialismo han buscado dar espacio
también a opiniones proclives a sustentar la conveniencia y la baja
peligrosidad de este tipo de explotaciones megamineras a cielo abierto bajo
las condiciones actuales[2].

En cuanto al componente represivo, la escalada en ese sentido ha sido
protagonizada por las fuerzas de seguridad provinciales, disolviendo en
forma violenta cortes de ruta selectivos (para los transportes de insumos
destinados a las empresas, como explosivos y tóxicos), encarcelando a
ciudadanos y ciudadanas, judicializando la protesta por medio de la
imputación de delitos a la ciudadanía, permitiendo el bloqueo de las
poblaciones movilizadas por parte de grupos parapoliciales que incluso
impedían el acceso a legisladores nacionales y organismos de derechos
humanos. Pese a la visibilidad de los hechos recientes existen antecedentes
en este sentido en Chilecito donde varios vecinos que participaban en las
asambleas y cortes fueron detenidos y procesados.

En este contexto entonces es que nos formulamos una serie de interrogantes
para aclarar y aclararnos sobre esta cuestión, tratando de ir más allá de
las posiciones simplistas para dar al debate la dimensión que merece, ya
que estamos persuadidos de aquí en más los efectos y conflictos
socioambientales cobrarán creciente importancia en la ponderación de los
alcances y límites de los modelos de desarrollo que se proponen y
propondrán para la Argentina.

En primer lugar, para empezar por lo más conocido: hay un problema de
carencia de política pública que remite a la continuidad del
neoliberalismo:

Las provincias son titulares de los "recursos naturales" según la
Constitución Nacional reformada en 1994, no obstante en el marco jurídico
heredado del neoliberalismo sólo se quedan con un 3% de lo exportado sobre
la base de una declaración jurada que realizan las propias empresas.

Las empresas, a diferencia por ej. de los trabajadores argentinos, no pagan
impuesto a las ganancias que es deducido de sus inversiones en este tipo de
emprendimientos.

El Tratado Argentino Chileno de cooperación minera establece un tercer
territorio sobre las más altas cumbres de nuestra cordillera atravesando
reservas naturales y zonas glaciares y periglaciares que son puestas en
peligro por la megaminería a cielo abierto con explosivos y tóxicos, ya
existen casos, como en Copiapó donde se usan millones de litros de agua que
vienen del territorio argentino y los minerales extraídos pueden sacarse
por puertos del Pacífico. Las poblaciones aledañas a este tipo de
emprendimiento tienen vedado el acceso al territorio que es asegurado por
personal contratado por las propias empresas. A todos los efectos es como
si un tercer territorio entre Argentina y Chile se hubiera confiado a la
soberanía de empresas como la Barrick Gold que opera el emprendimiento
Pascua Lama en la frontera entre San Juan y Chile.

El argumento del "desarrollo" acerca de los minerales es falaz en tanto el
90% del oro, cobre y otros minerales extraídos en este tipo de
emprendimientos se exporta sin elaboración ni agregación de valor por parte
de la industria nacional, con lo que se configuran los territorios que
reciben este tipo de emprendimientos en enclaves extractivos.

Muy probablemente la industria de ensamblaje de artículos electrónicos, que
por ejemplo, funciona bajo regímenes de promoción en la Provincia de Tierra
del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur, por ejemplo, esté
reimportando en materiales e insumos microelectrónicos para ensamblar, los
mismos minerales que se exportan en este tipo de emprendimientos.


Resulta ejemplificativo analizar el caso testigo de Minera Bajo La
Alumbrera en la Provincia de Catamarca que hace 15 años está en
explotación. Allí ni el "desarrollo", ni la creación de puestos de trabajo
han servido para torcer la desigual distribución de la riqueza. En general,
en los países de la región con tradición minera donde desde hace más tiempo
se viene practicando este tipo de minería, como Perú, Ecuador, Bolivia,
Colombia no se han caracterizado por el "desarrollo" de las regiones donde
se han implantado este tipo de enclaves extractivos y si por la
persistencia de la desigualdad y los pasivos ambientales. Ello sin
desconocer el eventual aumento de los ingresos fiscales según los marcos
regulatorios, que de todas formas en general tienen la plantilla promovida
por el Banco Mundial en la región en la década de los 90. Es que
"crecimiento" económico o de los ingresos fiscales, pese a que
frecuentemente se confunden los términos, no es igual a "desarrollo humano
social y sustentable".


No obstante, en Aldalgalá y otras poblaciones aledañas al emprendimiento
de Bajo de la Alumbrera, el porcentaje de enfermedades respiratorias y de
cáncer de huesos en niños adolescentes de 13/14/15 años, superan
ampliamente el promedio mundial (ver
www.andalgalá.com.ar/cms/news/ver/3569/1/el-enclave-minero-y-la-salud-de-la-
gente.html#/).


Pero hablando de la salud de las poblaciones, hemos entrado en el segundo
aspecto y principal que es el de los riesgos y pasivos ambientales de este
tipo de emprendimientos.

Este tipo de emprendimientos que utiliza explosivos para dinamitar montañas
y cerros, separa el metal buscado por medio de procesos de lixiviación
utilizando cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otros productos tóxicos,
utilizando grandes cantidades de agua dulce y energía en zonas que en
nuestro país son semiáridas, es decir, donde energía y agua son requeridas
por la población para su vida cotidiana. Deposita los desechos en
gigantescos contenedores excavados en la tierra llamados diques de cola.
Todo ello en zonas sísmicas con grandes riesgos de fractura y filtrados
ácidos. Finalmente en zonas de alta montaña donde tienen sus nacientes y
cursos ríos superficiales y subterráneos que nutren cuencas a muchos
kilómetros de distancia y en algunos casos, en zonas glaciares y
periglaciares, de ahí que una de las principales preocupaciones de las
empresas transnacionales y las clases políticas provinciales aliadas ha
sido detener judicialmente la aplicación de la ley marco de protección de
los glaciares y zonas periglaciares sancionada por el Congreso de la Nación
el año 2010.

En los Estados Unidos la agencia estatal de protección del ambiente
(Environment Protection Agency- EPA) considera que la minería es, después
del calentamiento global, la mayor amenaza a los ecosistemas del planeta y
la vida humana, además de ser la mayor industria generadora de
contaminación tóxica en ese país, superando cualquier otro sector
industrial: genera 1700 millones de toneladas de desechos por año.(Fuente:
El debate. Suplemento especial de Página 12 del 21 de julio de 2011).
Hay una resolución del Parlamento Europeo prohibiendo el uso del cianuro en
la extracción minera en todo el territorio de la Unión Europea: "El 5 de
mayo de 2010, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pide a
la Comisión se prohíba el uso de cianuro en la minería dentro del
territorio de la UE antes de que acabe el 2011, con el fin de proteger el
medio ambiente, la salud humana y la diversidad biológica."
Una de las tragedias que motivó esa resolución: "Europa ha experimentado de
forma directa los peligros y consecuencias de este tipo de minería. La
Resolución lo toma en consideración recordando que hace diez años se
produjo una de las mayores tragedias medioambientales de la Europa Central,
cuando el 30 de enero de 2000 se rompió un dique de contención de residuos
de la mina de oro de Baia Mare, situada en Rumania. El derrame provocó que
100, 000 metros cúbicos de barro y aguas residuales –con una concentración
de 126 miligramos de cianuro por litro– se vertieran por varios canales y
afluentes hasta el curso superior del río Danubio a su paso por Belgrado,
desembocando finalmente en el mar Negro. La tragedia tocó varios países
centroeuropeos, por lo que la Resolución considera estas tecnologías,
utilizadas y previstas para las actividades mineras, como un peligro
transfronterizo. Sin embargo, a pesar del tiempo y las reflexiones en torno
a la peligrosidad del cianuro, empresas como la sociedad Rosia Montana Gold
Corporation (RMGC, una joint venture entre la canadiense Gabriel Resources
y Minivest, una empresa pública rumana), siguen empeñadas en promover su
uso." (ver www.matrizur.org Mineras tóxicas en América Latina, porqué les
prohiben operar en Canadá y la UE, 10-2-2012).
Más allá de la narrativa "desarrollista", del discurso de la "creación de
trabajo", de la "responsabilidad social empresaria" este tipo de
actividades en América Latina exhibe una matriz clara de colonialidad del
poder:
a) Se deslocan actividades extractivas altamente riesgosas y
potencialmente dañinas a la salud y al ambiente a zonas de América
Latina miradas con codicia como reservas extractivas, emprendimientos
llevados adelante por empresas que, en muchos casos, tienen su matriz
en los estados donde justamente este tipo de actividad está prohibida.
Siguiendo la doctrina Lawrence Summers (ex presidente del BM) en el
sentido que es menos costoso económica y ecológicamente relocalizar
las actividades potencialmente dañosas para el medio ambiente a sitios
donde hay abundancia de poblaciones en condiciones de pobreza y con
altas tasas de mortalidad evitable.
b) La configuración territorial conforma enclaves extractivos
crecientemente inhóspitos para las actividades vitales y productivas
de sus poblaciones, utilizando energía y agua disponibles para la
producción, afectando la salud de las poblaciones.
c) La ausencia del estado y sus clases políticas gobernantes, que al
tiempo que presentan como única alternativa la megaminería, son
totalmente prescindentes a la hora de buscar otras soluciones: obras
de irrigación que permitan la generación de agricultura en base a
productos regionales, generación de procesos de elaboración de esos
productos para generar valor agregado y trabajo genuino para las
poblaciones, promoción del turismo ambientalmente responsable, etc.
d) El carácter de mega actores sociales de las empresas transnacionales
que a todos los beneficios económicos que obtienen por los marcos
regulatorios neoliberales suman su capacidad económica de comprar
voluntades políticas e intelectuales, financiando universidades y
medios de comunicación y "mejoras sociales" en las poblaciones
afectadas: construyendo así un marketing de "responsabilidad social
empresaria" , como se ve desde hace años en la Pcia de San Juan por
ej. donde las empresas mineras financian suplementos sobre minería en
los diarios provinciales, programas radiales y televisivos, etc.
Sumado a esto la carencia de regulaciones homogéneas y rigurosas,
estandarizadas acerca de cómo se realizan y por quién los EIA
(Estudios de Impacto Ambiental) que deben realizarse en forma previa a
la iniciación de este tipo de actividades con amplia información,
difusión y debate con las poblaciones potencialmente afectadas.
e) Es una actividad que en las actuales condiciones socializa pasivos
ambientales y privatiza en muy pocas manos las ganancias. Los estudios
de rentabilidad actual y potencial de este tipo de actividad (que está
siendo promovida como panacea de "desarrollo", en toda la espina
dorsal de nuestro país de Norte a Sur), no tienen en cuenta los
potenciales pasivos por riesgos ambientales ni tienen en cuenta en la
ecuación los costos de agua dulce y energía utilizados que se propagan
en el tiempo más allá de la vida útil de los emprendimientos,
afectando potencialmente su uso para las generaciones futuras.
f) Típico de estos procesos es buscar evitar a toda costa la consulta a
las poblaciones afectadas, que ven en estos territorios no únicamente
una fuente de valor económico, sino su identidad, historia, su forma
de vida y el lugar donde deben vivir sus hijos y nietos. Para los
discursos eficientistas técnicos y económicos toda valoración no
productivista es irrelevante incluso la de las poblaciones que verán
afectada su vida y la de su descendencia.
Toda actividad económica humana para la satisfacción de las necesidades
sociales afecta el ambiente natural de forma inevitable. No obstante, no
cualquier forma de afectación es admisible en un contexto en que los bienes
naturales no renovables (reservas de agua dulce, minerales) serán
crecientemente escasos y fuente de conflictos geoeconómicos, geopolíticos y
socioambientales en el siglo XXI.
La discusión sobre el carácter racional y sustentable de este tipo de
emprendimientos no pasa ni por negar cualquier tipo de minería, en tanto
que actividad necesaria e inevitable, ni por reprimir y criminalizar la
protesta social. Esta protesta socioambiental en nuestra país nada tiene
que ver con los medios privados o la derecha que intentan recientemente
colarse a su retaguardia para debilitar al gobierno con el que pujan por
sus intereses económicos y culturales.
Se trata de un cuestionamiento de la necesidad, inevitabilidad,
racionalidad ambiental (no meramente económica) y consecuencias actuales y
potenciales para la vida, sus fuentes y el ambiente de un tipo específico
de minería: la megaminería a cielo abierto con uso de explosivos y tóxicos.

Este cuestionamiento involucra aspectos de gestión y aspectos ambientales
indisociables: una gestión estatal con cogestión de los trabajadores y de
las poblaciones locales potencialmente afectadas y beneficiarias de los
bienes naturales con los que ha sido bendecido nuestro suelo, como los
minerales, sería menos rentable desde el punto económico que lo que
calculan las empresas transnacionales actualmente, pero sería mucho más
ambientalmente sustentable y racional en el uso de agua y energía cuyos
costos deberían internalizarse, y aseguraría redistribución social de los
beneficios obtenidos. Supondría un marco regulatorio totalmente diferente
del actual en los aspectos sociales, ambiéntales y económicos.
Este legítimo cuestionamiento que hace años viene tomando la forma de
movilización ciudadana autónoma en las provincias afectadas y que ahora
gana visibilidad nacional merece un debate serio, unas políticas que
garanticen la participación informada y la decisión en última instancia de
las poblaciones afectadas. Merece una discusión de lo que se considera
"desarrollo" que no puede desentenderse de sus contenidos sociales y
ambientales y de lo que se considera "soberanía", término este afirmado
desde el punto de vista simbólico, territorial y económico en estos días a
propósito del tema de la usurpación colonial de nuestras Malvinas, pero
negada en la práctica frecuentemente a partir de la matriz de exportaciones
primarias extractivas que tiene también un componente de colonialidad por
las razones ya expuestas. Colonialidad del poder y de los imaginarios y
matrices de "desarrollo" pueden existir sin colonialismo formal como la
historia de nuestra región y de nuestro país lo atestiguan.
La soberanía es una condición integral que en primer lugar pasa por las
condiciones de vida de su sujeto: el pueblo. Dichas condiciones tiene que
ver con los bienes comunes o el patrimonio natural que permite la
reproducción de su vida: hábitat, su alimentación y su salud y después el
desarrollo como mejora de las condiciones de la vida, como bien común:
satisfacción de las necesidades presentes y futuras.
Cada vez más el siglo que inició, irá mostrando que no se puede disociar
justicia social de justicia ambiental, desarrollo de sustentabilidad, ni
derechos humanos (en sentido integral), de las generaciones actuales de los
de las generaciones futuras. Y ese es el debate que está dando sus primeros
pasos en Argentina y frente al que no podremos desentendernos.



-----------------------
[1] No obstante, se conocieron fragmentos de un estudio de impacto
ambiental realizado por la propia empresa que consigna la utilización
abundante de cianuro.
[2] Cabe resaltar aquí que en 2011, antes de la gran visibilidad pública e
importancia política que ha tomado el conflicto, el propio canal estatal de
televisión pública en el ciclo "El debate en la televisión pública",
promovió un debate de aceptable calidad y desapasionamiento al respecto,
que luego fue publicado en suplemento del diario Página 12 en su edición
del domingo 31 de julio. En dicho debate, coordinado y moderado por Adrian
Paenza, conductor del ciclo, se consultó a ponentes a favor y en contra
de la megaminería a cielo abierto, observadores, expositores externos y un
panel de espectadores; durante la transmisión los televidentes tenían la
posibilidad de expresar su posición a favor o en contra, llegando a los
siguientes resultados al final del mismo: 82, 1% en contra, 12, 8% a favor,
y 5,1% sin posición tomada. Pese a la necesidad de reproducir y mejorar
esta experiencia para generar un debate genuino y serio que informe y
facilite el conocimiento del tema por parte de la ciudadanía, especialmente
en las zonas alejadas geográficamente del conflicto como CABA, Gran Buenos
Aires, etc., el enfoque del tema y su forma de presentación ha perdido
calidad en los medios oficiales, de los que somos obviamente más exigentes,
dada el conocido sesgo e intereses que representan los grandes grupos
multimedios privados en su oposición cerril a muchas políticas públicas de
los últimos años, pero en especial, a las que más han afectado sus
intereses económicos: la ley de medios y el régimen regulatorio de la
producción de papel prensa. Por la seriedad y competencia de los
participantes y la calidad de la información brindada tomaremos como una de
nuestras referencias este debate generado por la Televisión Pública y
transcripto en forma completa en el mencionado suplemento del Diario Página
12.