Medio Ambiente y Entidades Financieras

El sector financiero, en su rol de facilitador de recursos económicos, incurre en una serie de riesgos de carácter socioambiental. Estos riesgos tradicionalmente han sido excluidos de los procesos de evaluación a la hora de conceder créditos o de participar en operaciones de inversión. Esto significa que además de los denominados " riesgos tradiciones " (tales como las variaciones no esperadas en el tipo de interés, insolvencia, inflación, tipo de cambio, liquidez, volatilidad, riesgo derivado de los efectos fiscales, riesgo país, riesgo de riesgos, entre otros) el sector financiero debe lidiar con un " nuevo " tipo de riesgo que históricamente no ha sido objeto de análisis ni de una gestión efectiva durante los procesos internos de evaluación, el riesgo socioambiental. De conformidad con las reglas y principios que rigen la responsabilidad por daño ambiental, las instituciones financieras podrían ser declaradas solidaria y objetivamente responsables de los mismos, pudiendo llegar a perder los fondos otorgados a sus clientes, enfrentar altos costos de remediación, indemnizar daños a terceros afectados, asumir la pérdida del valor venal del bien recibido en garantía, así como a la posibilidad de verse obligado a atender reclamos futuros. Es aquí donde surge la importancia de que las entidades financieras realicen una adecuada y eficaz gestión de sus riesgos ambientales en la medida que al hacerlo podrían eximirse de una eventual responsabilidad por daño ambiental. Se hace necesario un reforzamiento de la debida diligencia de las entidades financieras procurando que su propia gestión, así como los proyectos que financian, sean desarrollados de forma socialmente responsable y reflejen prácticas de gestión ambiental sanas y eficientes, evitando a toda costa impactos ambientales y sociales negativos, o bien su significativa reducción, mitigación y compensación. I. Desarrollo histórico de las reformas socioambientales en el sector financiero A mediados de los años setenta, y como consecuencia del uso de asbestos, las compañías aseguradoras de los Estados Unidos empezaron a afrontar demandas millonarias. En estos procesos judiciales, algunas instituciones financieras fueron declaradas responsables de los daños causados al ambiente, tanto por ellas mismas, como por sus clientes.