\"Magallón: muerte, miseria y exilio\", en Alberto Sabio Alcutén (ed), Medievo, tiempos modernos, contemporaneidad. La villa de Magallón, siglos XII-XX, Zaragoza: Diputación Provincial de Zaragoza-Ayuntamiento de Magallón

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MAGALLÓN: MUERTE, MISERIA Y EXILIO

Introducción
El 12 de abril de 1931 los comicios municipales celebrados en España dieron como resultado el triunfo de las candidaturas republicanas en la mayoría de las capitales de provincia, la dimisión del Gobierno provisional del almirante Juan Bautista Aznar y la salida de Alfonso XIII del trono. Dos días más tarde, el 14 de abril de 1931, se proclamaba la II República. España se convertía de ese modo en una República parlamentaria y constitucional que hubo de enfrentarse a importantes desafíos desde abajo para consolidarse. Sin embargo, el 18 de julio de 1936, fue un golpe desde arriba y desde dentro, en el seno del ejército, instigado por los grupos de orden que no la toleraban, el que inició por las armas una sangrienta agonía que enfrentó a quienes decidieron defender la legalidad republicana y aquellos que se sublevaron contra ella. Comenzaba así la Guerra Civil española, un conflicto interno en inicio que semanas más tarde se internacionalizó ganando en brutalidad, y que finalmente acabaría con el proyecto democrático republicano.
En Aragón, el golpe militar triunfó en las tres capitales de provincia, además de en Jaca y Calatayud, ciudades que contaban con guarniciones militares propias que apoyaron al movimiento rebelde resultando claves en el temprano triunfo de éste. Sin embargo, escasos días después alcanzaron territorio aragonés varias columnas de fuerzas afines a la República, compuestas principalmente por milicianos procedentes de Cataluña y Valencia, con el objetivo de recuperar Huesca, Zaragoza y Teruel. Fracasaron, pero lograron ocupar la mitad oriental del territorio aragonés. Como si de un trozo de papel se tratara, Aragón quedo dividido en dos por un eje longitudinal que lo atravesaba de Norte a Sur sobre el que reposó, durante casi dos, un "estático" frente de batalla al Este del cual se situaba el territorio controlado por el Gobierno republicano; mientras que al Oeste lo hacía el espacio rebelde, y dentro de él Magallón.


El golpe, a golpes
Al igual que sucediera en Zaragoza capital, los rumores de un golpe militar se dispararon por toda su provincia a partir del sábado 18 de julio de 1936. Con el objetivo de recabar información, ayuntamientos y agrupaciones políticas enviaron a la capital del Ebro y a las cabeceras de comarca a sus representantes. Horas después, los hechos se precipitaron. La noche del día 18 la sublevación se desató en Zaragoza, y al día siguiente el general Cabanellas, jefe de la V División Militar, la confirmó declarando el estado de guerra. Al mismo tiempo, en aquellos pueblos y villas donde la clase trabajadora se hallaba más organizada, partidos de izquierda y sindicatos intentaron reunir efectivos y hacer acopio de armas, siempre y cuando éstas no hubiesen sido bloqueadas por los afines al golpe. Pero el rápido triunfo de los rebeldes en Zaragoza, y la significación de las fuerzas del orden (principalmente el Regimiento de Artillería de Calatayud y la Guardia Civil) no permitieron el desarrollo de una resistencia popular capaz de detener el avance de la rebelión en el resto de la provincia; máxime cuando los rebeldes recibieron el apoyo de oligarcas y diferentes organizaciones de derechas defensores del orden tradicional (Falange, Juventudes de Acción Popular (JAP), Acción Ciudadana) en muchas localidades. Apoyándose en estas fuerzas, y con mano de hierro, en apenas una semana las nuevas autoridades insurgentes lograron controlar buena parte del territorio provincial zaragozano, desarticularon huelgas agrícolas, acabaron con diferentes intentos de resistencia armada en pueblos de las Cinco Villas, Borja, Calatayud y Zaragoza, detuvieron a sus líderes, y llevaron a cabo los primeros fusilamientos. Zuera, Torres de Berrellén, Luceni, Alagón, Épila y Sos del Rey Católico, localidades en las que los partidos de izquierda y sindicatos gozaban de mayores índices de adhesión, fueron algunas de las más golpeadas en los primeros días. A ellas llegaron, en la última semana de Julio, diferentes columnas de castigo compuestas por militares, milicias de Falange Española, guardias de Asalto, Guardia Civil y requetés llegados desde Navarra.
Apenas una semana después del golpe y gracias, en buena medida, al temprano triunfo obtenido por los rebeldes en la capital aragonesa, éstos se hicieron rápidamente con el control de los principales núcleos urbanos de la provincia de Zaragoza. Según las tesis franquistas, dicho triunfo responde a la rápida renuncia de los zaragozanos a la legalidad republicana y a su espontánea adhesión y sometimiento al nuevo orden. Sin embargo, la realidad fue otra: el proceso de dominación rebelde de la provincia de Zaragoza, lejos de ser tarea sencilla, únicamente pudo materializarse mediante un uso indiscriminado de una violencia que se llevó por delante a miles de personas en el verano de 1936.
En el caso concreto de la comarca de Borja, la existencia de organizaciones campesinas de orientación socialista, motivaron diferentes intentos de lucha en localidades como Mallén, Gallur, Boquiñeni y Magallón que fueron duramente reprimidos por las fuerzas insurgentes. Episodios represivos que vinieron a sumarse a los que habían tenido lugar en Zaragoza capital donde, además de una huelga general revolucionaria, diferentes actos de resistencia en barrios obreros fueron silenciados. No obstante, cabe destacar que, tal y como indica el historiador aragonés José Luis Ledesma, en algunas localidades, localizadas mayoritariamente en las Cinco Villas, estas efímeras resistencias civiles vinieron acompañadas de muertes que tuvieron como víctimas al juez municipal y antiguo alcalde de Farasdués, a dos labradores de Pradilla de Ebro, a un derechista de Uncastillo y a un falangista de Malpica Arba.
Sea como fuere, lo cierto es que además de lo acontecido en las localidades anteriormente mencionadas, el resto de comarcas zaragozanas también sufrieron la presencia de elementos armados insurgentes, aunque nunca de forma tan intensa. De hecho, a comienzos de agosto de 1936, las fuerzas rebeldes consideraron "pacificada" la provincia de Zaragoza. La sublevación había triunfado, y a excepción de los partidos judiciales de Caspe, Pina y Belchite, los insurgentes controlaban el resto del territorio provincial zaragozano, incluida la comarca de Borja y el municipio de Magallón. Un triunfo rebelde que, tal y como señalan otras dos historiadoras aragonesas, Julita Cifuentes y María Pilar Maluenda, permitió a los sublevados llevar a cabo la restauración de un sistema de dominación que se había visto seriamente amenazado por el proceso reformista republicano; y mediante una política de guerra, colocar los cimientos del "nuevo orden" en aquellos municipios que quedaron alejados de la línea del frente. Comunidades en las que, pese a esa lejanía, la vida cotidiana también quedó supeditada a las decisiones de la autoridad militar y a los efectos de una represión que garantizaba el control y el silencio de la población.
Miedo, muerte y venganza
Entre 1931 y 1936, las reformas adoptadas por los diferentes gobiernos republicanos de izquierdas, tendentes a actualizar una legislación laboral acorde con el capitalismo agrario europeo, que permitiesen en España la sindicación masiva y la defensa de los derechos de los trabajadores en la calle mediante la huelga no fueron bien acogidas por un bloque dominante que vio súbitamente modificado un orden, el suyo, en el que no tenía cabida aquel movimiento obrero al que creían haber derrotado en 1934. Sin embargo, la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 reactivó dicho movimiento, el cual se convirtió en uno de los objetivos principales de la violencia sublevada.
El miedo que provocó en las clases dominantes que vieron amenazada su supremacía económica y social por el avance de las clases trabajadoras y su conquista de derechos alentó más aún la respuesta violenta rebelde, garante de los intereses de las primeras. Respuesta que finalmente logró acabar con la legislación progresista, con las prácticas democráticas y los movimientos sociales, es decir, con un ideario republicano basado en la justicia social y el igualitarismo que tanto temían quienes pedían la "restauración del orden" y la "estabilidad". Sin embargo, para destruir y eliminar toda organización política o sindical opuesta al nuevo orden, éste hubo de legitimar el uso de la fuerza para granjearse la desmovilización, colaboración pasiva y aceptación de la población campesina, aunque estas fuesen forzadas. Aunque bien es cierto que, además de esta represión política, el contexto de odio generado por la contienda sirvió también para dirimir viejos conflictos personales. De modo que, coincidiendo con las historiadoras Julita Cifuentes y Mª Pilar Maluenda, represión persuasión, desmovilización y venganza son solo algunos de los factores que hicieron que la Guerra Civil española fuese un conflicto que va mucho más allá de una mera lucha entre explotadores y explotados. Aunque, no es posible entender la violencia generada por el conflicto español sin atender a la particular estructura de la propiedad de la tierra y los conflictos sociales que acusó la sociedad rural de la época.
En plena contienda, en zonas agrícolas donde predominaba la gran propiedad y el dominio caciquil gozaba de buena salud, la represión ejercida por los rebeldes fue mayor que en aquellos territorios donde el régimen de propiedad de la tierra estaba más equilibrado. En el caso concreto de Aragón, las comarcas que concentraban una mayor riqueza rústica en 1936 eran: Ejea, Sos, Zaragoza y La Almunia, seguidas de cerca por Calatayud, Ateca y Borja. Territorios que a su vez aparecen entre los más castigados por la violencia sublevada. Entre las razones que podemos dirimir para explicar los repetidos enfrentamientos que protagonizaron propietarios y campesinos en estas comarcas encontramos la cuestión de los Bienes Comunales arrebatados por particulares a las corporaciones municipales impidiendo de esta forma la explotación de los mismos por los sectores más desfavorecidos de la comunidad. Sin embargo, en el resto de partidos judiciales que acusaron elevados índices de concentración de la riqueza, la tensión social fue fruto de la rivalidad existente entre una poderosa burguesía terrateniente y un importante número de pequeños propietarios. Mientras que en el resto de la provincia, principalmente en las comarcas de Daroca, Tarazona y Cariñena, donde recordemos la estructura de la propiedad de la tierra estaba más equilibrada, lo cierto es que el odio y la violencia que desencadenó el conflicto español alcanzaron una menor intensidad.
No obstante, la comarca de Borja merece aquí especial atención debido al grado de brutalidad que alcanzó la represión ejercida en dicho territorio y al hecho de que dicha represión no puede explicarse únicamente a partir de criterios relacionados con la extrema polarización que acusaba su estructura de la propiedad de la tierra. De hecho, factores como la localización de importantes organizaciones campesinas de matriz socialista, así como la alternativa al trabajo en el campo de empleos en las industrias vinícolas y de transformación, contribuyen a explicar este hecho, no solo en Borja, sino también en Cinco Villas.
Aquellas comarcas en las que la FNTT y/o UGT eran mayoritarias, es decir, Cinco Villas y Borja; y principalmente en los municipios de Ejea, Sos, Gallur, Mallén, Uncastillo, Magallón, Tauste y Pradilla de Ebro; se sumaron en octubre de 1934 a la convocatoria de huelga general, ocuparon ayuntamientos, y llevaron a cabo diferentes acciones de protesta. Duramente reprimidos, estos episodios de resistencia causaron varias muertes tanto entre los manifestantes como entre las fuerzas del orden, además de la detención y encarcelación de varios alcaldes y concejales que fueron acusados de rebelión militar y condenados a muerte. Gracias a la ley de Amnistía de febrero de 1936 los detenidos fueron puestos en libertad, hecho que vino a alimentar la desconfianza y el recelo de las clases dominantes hacia el sistema parlamentario y la legalidad republicana; lo que favoreció entre estos sectores la búsqueda activa de soluciones distintas a las propuestas por el sistema democrático. Pero el 18 de julio de 1936 estas localidades fueron modelo de escarnio, y entre sus muros la represión tuvo como objetivo, además de acabar con aquellos que habían liderado las protestas de años anteriores, eliminar todo atisbo contestatario o semilla de futuras protestas para de ese modo "erradicar el germen de la Revolución".
Para consolidar la sublevación y conseguir estos objetivos el método empleado por los rebeldes fue simple: el uso indiscriminado la violencia. Una violencia que en los primeros días, donde las detenciones y las ejecuciones sumarísimas fueron protagonistas, ejercieron milicias derechistas compuestas por elementos de Acción Ciudadana, Falange y/o Requetés; la Guardia Civil y de Asalto; y fuerzas militares. En muchas ocasiones, parte de éstos elementos represivos eran ajenos a los pueblos en los que iban a ejercer la violencia. Muchos de ellos procedían de Zaragoza capital o de las cabeceras de comarca y actuaban a instancias de los grupos de presión o los caciques locales. Aunque cabe destacar hubo también vecinos de éstas localidades que de manera voluntaria colaboraron activamente con las fuerzas reaccionarias llegadas de fuera ayudando a fortalecer los intereses de la nueva causa en sus respectivas localidades, tomando parte activa en el proceso y, en ocasiones, eliminando en él a adversarios políticos y/o personales. Sin embargo, con el paso de los días, este tipo de iniciativas violentas y no reguladas, fueron remitiendo a medida que las fuerzas rebeldes fueron imponiendo su control en el territorio insurgente, sin por ello renunciar a un terror sangriento ahora planificado y metódico.
Una vez que el monopolio de la violencia recayó sobre las fuerzas de orden rebeldes, éstas comenzaron por "limpiar" los principales focos de resistencia de la provincia a los que enviaron diferentes expediciones de castigo. Participaron de ellas miembros del ejército, guardias de Asalto, Guardia Civil, requetés llegados desde Navarra a partir del día 24 de julio y milicianos de Falange Española (F.E.). Bien armadas y liderados por profesionales se enfrentaron a obreros mal organizados y peor armados que fueron literalmente aplastados por las fuerzas rebeldes. Pacificada y sometida la provincia de Zaragoza, el ejército asumió por entero las labores de control de la población y represión de la misma, aunque para ello siguió valiéndose de la Guardia Civil y elementos de Falange para continuar la búsqueda y detención de "elementos subversivos" contrarios a las nuevas autoridades y garantizar el orden local.
Represión por etapas
Atendiendo sus características, volumen y cronología podemos dividir la represión ejercida durante la guerra civil española en dos etapas. La primera de ellas abarca los meses de julio a diciembre de 1936, mientras que la segunda comienza en enero de 1937 en zona rebelde, y a partir de marzo de 1938 en los partidos judiciales de Pina, Caspe y parte de Belchite.
En la primera etapa, caracterizada por el denominado "terror caliente", tuvieron lugar un gran número de detenciones selectivas que fueron posibles gracias a la confección de listas de sospechosos elaboradas a partir de los datos que poseía el ejército, Falange y las organizaciones locales de derecha. Una red tejida en tiempo record que puso de manifiesto la activa colaboración de estos tres agentes en la caza y captura de quienes las fuerzas de seguridad consideraban elementos peligrosos, sospechosos y/o opuestos al nuevo orden. Tanto en la capital como en la provincia de Zaragoza, dichas detenciones se iniciaron el día 19 de julio, pero en paralelo a ellas tuvieron lugar toda una serie de ejecuciones sumarias fruto de la aplicación de la ley marcial que castigaba con el fusilamiento inmediato a aquellos individuos de comportamiento sospechoso y/o que mostrasen signos de resistencia a las fuerzas del orden.
Atendiendo a los datos que aportan sus respectivos registros civiles, los pueblos en los que la población local protagonizó diferentes actos de resistencia fueron los primeros en ver morir fusilados a sus vecinos más comprometidos. Así las cosas en Luceni la violencia rebelde se llevo por delante en las dos primeras semanas que siguieron al golpe la vida de 15 personas; 12 en Mallén y otras 12 Gallur; 11 en Uncastillo; 9 en Ejea; 8 en Utebo; 7 en Zuera, 6 en Boquiñeni y Frescano respectivamente; 4 en Épila, 4 en Aranda de Moncayo y 3 en Ateca. No obstante, pese a que no aparecen referenciados en el registro civil de Magallón, tres vecinos y hermanos del pueblo de Agón: Cristino, Eusebio y Gónzalo Madruga Fraga; y tres más de la localidad de Gallur: Tomás Izquierdo Armingal, Manuel Oliva Oliver y Jesús Royán López, fueron asesinados en Magallón el 27 de julio de 1936.
En total, durante el mes de Julio de 1936 tuvieron lugar un 6% de las muertes producidas por la violencia rebelde durante toda la Guerra Civil en Aragón, aunque los meses más sangrientos estaban por llegar: en agosto y septiembre de 1936 murieron asesinadas en Aragón 868 y 516 personas respectivamente, lo que equivale a más de un 55% del total. Sin embargo, estos crímenes se redujeron de forma notable en el último trimestre del año tal y como lo demuestran los 235 asesinados del mes octubre; los 98 de noviembre y los 64 de diciembre. Descenso que viene a confirmar como la represión rebelde alcanzó sus objetivos principales, delimitados al inicio del conflicto, en los primeros tres meses de éste.
En el caso concreto de Magallón, atendiendo tanto a la documentación que su Registro civil, como a las investigaciones que en los últimos años han contribuido a ampliar el conocimiento de la violencia rebelde que durante el conflicto español sufrió la población de esta villa y de localidades cercanas; es posible afirmar que 27 personas fueron asesinadas en Magallón en el mes de agosto de 1936 y 8 en septiembre; mientras que en los meses de octubre, noviembre y diciembre de ese mismo año, fueron 18 los represaliados. Pero con el cambio de año, asistimos en todo Aragón a un cambio de etapa caracterizado por un acusado descenso de los asesinatos rebeldes, y es que buena de los enemigos del nuevo régimen o habían sido eliminados o habían huido. Así las cosas, poco a poco las nuevas autoridades fueron prescindiendo del uso extremo de la violencia para controlar una provincia que habían logrado pacificar casi por completo en los tres primeros meses de guerra. De modo que, a partir de 1937 quienes fueron ajusticiados, por norma general, fueron previamente condenados por un Consejo de Guerra encargado también de regular sus ejecuciones. En total, entre 1937 y 1947, 391 personas murieron víctimas de esta violencia residual, que en Magallón registró una especial actividad en el mes de enero de 1937, ya que en el fueron asesinadas más de diez personas en la villa.
Matar sin ser visto. Morir en silencio
La violencia rebelde siguió un plan trazado con anterioridad que respondía a unos objetivos que alcanzó mediante la aplicación de una metodología particular: el asesinato y abandono de sus víctimas. Buena parte de ellas fueron eliminadas no en sus localidades de origen, sino en las cabeceras de comarca y/o en poblaciones que contaban con cuartel de la Guardia Civil. Con esta medida los sublevados pretendían desarticular la inmediata respuesta de unos familiares y amigos que, angustiados y desconcertados, hubieron de procurarse fuentes de información alternativas para descubrir donde habían perecido sus seres queridos. Sin embargo, cabe destacar que en las primeras semanas de conflicto, cualquier pueblo, cuneta o tapia fueron de utilidad. En ellos fueron asesinados aquellos cuya muerte, según los rebeldes, había de servir de escarmiento y ejemplo para sus convecinos. Aunque, quienes se encargaron de "impartir" justicia de este modo eran, en su mayoría, ajenos a aquellos municipios en los que ejercieron como verdugos, hecho que contribuyó a proteger su anonimato.
No obstante, pese a lo urgente de esta violencia de primera hora, cabe destacar que fue altamente selectiva ya que, tal y como apuntaba anteriormente, respondía a objetivos concretos: eliminar al enemigo de raíz desestructurando su entorno privado y público aplicando una cuidadosa política del miedo en él que impidiese la reproducción de ideas opuestas a las del nuevo régimen. Así las cosas, no es de extrañar que las detenciones y ejecuciones que practicaron los rebeldes, pese a estar extendidas por todos sus "dominios" se concentrasen de forma particular en aquellas zonas de la provincia de Zaragoza donde los niveles de organización del movimiento obrero y la contestación al golpe fueron mayores, esto es: en el área rural de la capital zaragozana y en las comarcas de Cinco Villas, Valdejalón y Borja.
No obstante, cabe destacar que la Zaragoza rural y Borja presentan la peculiaridad de haber sufrido la presencia de las mismas columnas de castigo rebeldes procedentes de Ejea y Tauste; y haber registrado un porcentaje de represaliados equiparable al de otras comarcas pese a contar con menor extensión y número de municipios. Según las historiadoras Julita Cifuentes y Mª Pilar Maluenda, las razones de la particular represión que acusaron dichas comarcas residen en que eran dos de las que mayor nivel demográfico urbano, índices de alfabetización, núcleos agroindustriales, grado de sindicación y militancia política presentaban a la altura de 1936. Características que a ojos de los rebeldes las hicieron merecedoras de una particular violencia que lograse someterlas. Violencia que se cebo especialmente con las localidades de Zuera, San Mateo de Gállego, Utebo, Boquiñeni, Mallén, Gallur, Luceni, y Magallón. Aunque además de lo acontecido en estas localidades, huelga decir que en el mapa de la represión rebelde destacó Zaragoza capital, ya que en ella fueron asesinados, principalmente en los primero tres meses de conflicto, cientos de ciudadanos oriundos de la Zaragoza rural y de las comarcas de La Almunia y Borja. Según los datos que aporta El pasado oculto, en total perdieron la vida en la capital 652 ciudadanos de la provincia: 485 en 1936, 87 entre 1937 y el final del conflicto; y 84 más en años posteriores.
Pero además de ser selectiva en el territorio, lo cierto es que la violencia rebelde también lo fue en la elección de sus víctimas. Su objetivo: eliminar todo atisbo de contestación procedente del socialismo, del anarquismo, del republicanismo o simplemente de las prácticas democráticas. Por ello entre los represaliados encontramos hombres, mujeres, simpatizantes y/o afiliados a diferentes movimientos obreros de toda clase social, maestros, liberales, intelectuales y burgueses progresistas. Y es que ésta violencia, pese al mito rebelde de acabar con la "Revolución proletaria", no hizo distinción en el sexo o el nivel de renta de sus víctimas; aunque siguió una planificación previa en la eliminación de sus enemigos, la cual inició atacando la línea de flotación de la II República: sus representantes en las instituciones, y continuó extendiendo el terror a la esfera local.
En la provincia de Zaragoza, dos de los primeros en ser detenidos y posteriormente fusilados fueron su gobernador civil, Ángel Vera Coronel, y el general Núñez de Prado. Tras ellos vinieron muchos más, entre ellos diputados a Cortes como Mariano Tejero y Gregorio Vilatela; el presidente de la diputación provincial de Zaragoza Manuel Pérez Lizano y nueve concejales del Ayuntamiento de la capital aragonesa.
Con el objetivo de acabar con toda forma de resistencia e impedir su reproducción futura, las fuerzas rebeldes se emplearon a fondo durante todo el conflicto en perseguir, detener y eliminar a los dirigentes de las diferentes organizaciones políticas y sindicales aragonesas que habían apoyado y/o apoyaban al gobierno republicano. Víctimas de esta caza rebelde cayeron: buena parte de los integrantes de la dirección del PSOE en Aragón, el presidente y varios secretarios de UGT, los dirigentes republicanos Venancio Sarría y José Ara, el del PCE, Luis Arnal; y varios delegados de la CNT.
No obstante, esta purga tuvo también su aplicación a escala local, merced a la cual fueron asesinados ocho alcaldes de las doce cabeceras de comarca zaragozanas, treinta y tres más de otras localidades, sesenta y siete concejales, cinco miembros de la Junta Provincial para la reforma agraria y decenas de dirigentes locales de partidos y sindicatos. Su principal delito, amenazar el viejo orden social apoyando a la República y a sus reformas. Es por ello que, además de los cargo públicos y responsables citados anteriormente, la mayoría de las víctimas que produjo esta violencia selectiva fueron maestros, liberales, intelectuales, obreros, empleados, campesinos, agricultores, etc... Personas del común cuyos delitos fueron: defender la legalidad republicana, sindicarse, militar en un partido obrero, participar de huelgas y movilizaciones, defender sus derechos de trabajadores o, entre otras, protestar por unas condiciones de trabajo y relaciones sociales que creían injustas.
En Magallón, su alcalde, Mariano Gracia Sánchez, cayó víctima de la violencia fascista el 5 de octubre de 1936, pero fueron muchas más las vidas que ésta se llevó por delante en la localidad. Atendiendo a los diferentes estudios realizados sobre la represión en Aragón sabemos que más de 80 personas, entre ellas dos mujeres, fueron asesinadas entre los meses de julio de 1936 y enero de 1937 en Magallón y sus alrededores. Entre las víctimas cuyos restos yacen en la fosa común del cementerio de Magallón, además de magalloneros, se ha documentado la presencia de vecinos de pueblos cercanos como Agón, Buñuel, Frescano, Gallur, Cortes de Navarra, Ablitas, Funes, Irún, etc... Buena parte de ellos fueron fusilados en sus tapias, aunque hubo quienes fueron ajusticiados en las cercanías y posteriormente trasladados hasta dicho campo santo. Éste fue el caso de varios operarios de ferrocarril que trabajaban cerca de Gallur y que fueron fusilados el día 26 de agosto de 1936; el del campesino Domingo Perez Romanos, natural de Litago, ajusticiado el día 4 del mismo mes; o el del jornalero Isidro Torrés Navarro, natural de Cortes (Navarra), asesinado el día 12. Mientras que entre los magalloneros asesinados citaré, a modo de ejemplo, a los jornaleros Emilio Garrido Gómez y Mariano Vera Garrido asesinados el 14 y el 29 respectivamente; el labrador Pedro Barrios Navarro ajusticiado el día 6 y el campesino Rosendo Brocate Simón, fusilado veinticuatro horas después.
Para conocer en detalle las circunstancias que envolvieron la muerte y asesinato de todos ellos han resultado fundamentales: la documentación conservada por el Registro Civil de Magallón, el testimonio de familiares de las víctimas, y los datos e informes generados por investigaciones históricas y antropológicas dedicadas, en parte o íntegramente, al estudio de la represión en Magallón: especialmente las obras El pasado oculto y Silencio Enterrado. Aunque de la primera de estas fuentes -el Registro Civil- me gustaría destacar los diferentes eufemismos utilizados por las nuevas autoridades rebeldes para hacer referencia al asesinato de los "enemigos de España" ajusticiados en Magallón en la documentación oficial con fórmulas como: "fallecido a consecuencia de las vicisitudes de la guerra" o "desaparecido"; mientras que en otras ocasiones tras la fórmula "fallecido a consecuencia de" no se indica nada, y a continuación se puntualiza "según resulta del expediente instruido en el Juzgado de instrucción de Borja", haciendo referencia posteriormente a la legislación implementada por los rebeldes para dotar de un marco legal a dichos asesinatos.
En conclusión, a finales de 1936 buena parte de la labor punitiva rebelde estaba hecha. En la primavera de 1938, y con la práctica totalidad del territorio aragonés controlado por el Ejército franquista, más de 6.500 aragoneses habían caído víctimas de la violencia impuesta por en nuevo régimen, más de ochenta en Magallón. A ellos, se sumarían en el año restante de conflicto mil muertos más y 941 en posguerra. En total, en todo Aragón perecieron, víctimas de la violencia rebelde, más de 8.500 personas, siendo la provincia de Zaragoza, sin duda, el territorio más castigado de la comunidad, y uno de los más golpeados también a nivel nacional. No en vano, en ella, en sus pueblos, tapias, cementerios, cunetas y cárceles, el terror franquista se llevó la vida de más de 6.000 personas, aproximadamente, 1.200 más que el total de españoles que perecieron en los campos de exterminio nazis entre 1940 y 1945.
Posguerra interior: responsabilidades políticas
El 1 de abril de 1939 el último parte de guerra emitido por el cuartel del Generalísimo en Burgos anunciaba el final de la contienda española. Terminaba de forma oficial el conflicto, pero continuaban la persecución y destrucción del contrario en una posguerra donde el terror institucionalizado y legalizado fue protagonista. Un periodo en el que los campos de concentración, las ejecuciones, la cárcel y las sanciones económicas impuestas a los vencidos marcaron el devenir de una cultura política española basada en la violencia y en la separación que rigieron sobre la sociedad española durante los primeros "20 años de paz".
Antes incluso de que finalizase la guerra en España, y aún con las huellas frescas en la nieve de los cientos de miles de refugiados españoles que pusieron rumbo al exilio abandonando la península a través de los Pirineos a comienzos de 1939; el 9 de febrero de ese mismo año Franco promulgaba la Ley de Responsabilidades políticas. Un texto que colocó las bases para, con carácter retroactivo, acusar a todas las personas, "tanto jurídicas como físicas, que, desde el 1 de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936", contribuyeron a crear, mantener o participaron del legítimo orden republicano; y de aquellas otras que, a partir de la segunda fecha, "se hayan opuesto o se opongan al Movimiento con actos concretos o pasividad grave". Todos los partidos y "agrupaciones políticas y sociales" que habían integrado el Frente Popular, sus "aliados, las organizaciones separatistas", quedaban "fuera de la Ley" y sufrirían "la pérdida absoluta de los derechos de toda clase y la pérdida total de todos sus bienes", que pasarían "íntegramente a ser propiedad del Estado".
Para aplicar dicha Ley, las nuevas autoridades franquistas crearon el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas bajo la dirección de Enrique Suñer Ordoñez, el cual estaba integrado por militares, jueces y miembros de Falange. Compuesto a su vez por dieciocho tribunales regionales, éstos fueron los encargados de dictar sentencia en función de los datos aportados por los juzgados de cada capital de provincia para cada una de las causas abiertas contraídas por quienes fueron señalados por el texto de la Ley.
Gracias a los diferentes estudios que existen sobre la Comisión Central administradora de bienes incautados y sobre la jurisdicción de Responsabilidades Políticas sabemos que, además de los más de 150.000 asesinatos cometidos por rebeldes y franquistas durante la guerra civil y la posguerra, éstos implementaron diferentes formas de castigo que, si bien no acabaron con la vida de los represaliados, la dificultaron hasta el extremo. Entre ellas destacaron la depuración de funcionarios, especialmente la de maestros y profesores, la represión física ejercida contra mujeres en forma de violaciones, aceite de ricino y rapados de cabeza; y la represión económica puesta en práctica contra los vencidos por medio de multas, incautaciones de bienes e inhabilitaciones. La mayoría de ellas, al igual que sucediese en el asesinato muchos de los "enemigos de España", se llevaron a cabo con la importante colaboración sobre el terreno de falangistas y simpatizantes de ultra derecha que actuaron amparados en el nuevo marco legal que determinaba la Ley y siempre bajo la supervisión de las autoridades militares.
En términos generales, y subrayando las importantes diferencias existentes entre diferentes provincias, la Ley de Responsabilidades Políticas afectó aproximadamente a un 9,5% de la población española. En Aragón; recordemos: bajo domino rebelde desde la primavera de 1938, es decir, meses antes de que se promulgase la Ley en febrero de 1939; la mayoría de los bienes incautados lo fueron por una serie de comisiones creadas en 1937. De modo que buena parte de las "responsabilidades civiles aragonesas" quedaron saldadas antes de que finalizase el conflicto, aunque tras éste, continuaron incoándose expedientes. Según los datos recogidos en Pagar las culpas, en total 13.422 personas fueron expedientadas en Aragón por el Tribunal Regional de Responsabilidades políticas y/o por las comisiones provinciales de incautación; las cuales se distribuyen, de menor a mayor, del siguiente modo: 1.815 en Teruel; 4.032 en Huesca y 7.575 en Zaragoza.
Atendiendo a la actividad profesional de los encausados, y coincidiendo con las conclusiones que se extraen del estudio de la represión sublevada en territorio aragonés, al igual que la mayoría de quienes fueron asesinados por rebeldes y franquistas, más de un 65% de los encausados por la Ley de responsabilidades políticas en Aragón eran labradores, jornaleros o agricultores y pequeños propietarios. De hecho, un 37% poseía un patrimonio inferior a 100 pesetas, dato que, tal y como subraya la historiadora Ángela Cenarro, induce a pensar que en buena parte de las sanciones impuestas por el Tribunal primaba la naturaleza punitiva de las mismas sobre el carácter recaudatorio. No en vano, un 78% del total de las multas impuestas tuvieron un importe inferior a 1.000 pesetas. Dato que, sumado al hecho de que entre los encausados en Aragón, tal y como consta en sus expedientes, aproximadamente un 75% de ellos estuvieron significados con diferentes partidos de izquierdas pertenecientes al Frente Popular y/o sindicatos como UGT y CNT, reafirma la hipótesis de que la Ley lejos de perseguir objetivos económicos, sirvió para continuar reprimiendo políticamente a aquellos que apoyaron a la República independientemente de que perteneciesen a colectivos con menor capacidad económica.
Centrándonos en la provincia de Zaragoza, donde contabilizamos 7.575 expedientes, éstos se reparten por partidos judiciales del siguiente modo: 779 en Ateca; 746 en Belchite; 228 en Borja, 771 en Calatayud; 687 en Cariñena; 748 en Caspe; 179 en Daroca; 310 en Ejea, 535 en La Almunia; 694 en Pina; 255 en Sos; 283 en Tarazona y 1.360 en Zaragoza.
Al analizar en detalle los datos que de la represión económica en Aragón presenta Pagar las culpas, es posible concluir que de los 228 expedientados en el partido judicial de Borja entre 1936 y 1945, 24 (10,5%) -todos ellos hombres- eran vecinos de Magallón. De ellos, 19 (79,1% de los magalloneros) fueron sancionados económicamente con multas cuyos importes oscilan entre las 200 pesetas de la más baja impuesta a Mariano Ruiz Navarro y a Joaquín Manero Irriera, hasta las 2.000 pesetas del castigo aplicado a Pedro Vicente Tolosa; mientras que las sanciones de los 5 restantes fueron sobreseídas. En total 10.100 pesetas fueron las reclamadas por vía judicial a los magalloneros "enemigos de España" entre 1936 y 1945.
Atendiendo a la fecha de sus respectivas sentencias podemos comprobar que la mayoría de magalloneros, 19 en total, fueron sentenciados en 1938, mientras que únicamente Emilio Garrido Gómez lo fue en 1937; José Ibáñez Bona en 1942; Juan Navarro Ruberte en 1944 y Antonio Rodríguez Rodías en 1945. No obstante, frente a la variedad de fechas que presentan las sentencias de los magalloneros expedientados se impone una explicación: y es que pese a que como indicaba anteriormente la Ley de responsabilidades políticas fue promulgada a comienzos de 1939, desde que comenzase la guerra en 1936 en los territorios conquistados por los sublevados éstos pusieron en práctica una jurisdicción especial en la que se aplicaron principalmente dos medidas que contemplaban la incautación de bienes a los vencidos. Éstas fueron, en primer lugar el Decreto 108 de 13 de septiembre de 1936 que supuso la ilegalización de partidos y asociaciones políticas y sociales y la incautación de sus bienes, pasando estos a titularidad del "nuevo Estado". Y en segundo lugar el Decreto-Ley del 10 de enero de 1937 mediante el cual vio la luz la Comisión Nacional de Incautación de Bienes y sus respectivas comisiones Provinciales. Aunque, como sabemos, pese a la dureza de las sanciones impuestas por estos dos Decretos, el nuevo e insaciable Estado decidió desarrollar nuevas medidas recogidas en un nuevo texto: la Ley de Responsabilidades Políticas, con la que sustituyó y amplio la violencia de las disposiciones legales anteriores.
En total, de los 24 magalloneros encausados, 15 de ellos (62,5%) habían sido ejecutados (10), habían desaparecido (4) o se habían exiliado (1) en el momento en el que se dicto sentencia en su contra. Sin embargo, ni tan siquiera en este tipo de casuísticas lograron detener la maquinaria represiva franquista. Es más, ésta continuó infundiendo temor y desesperación no solo entre los acusados, sino también entre sus familiares, ya que la propia Ley de Responsabilidades sancionaba que en caso de que el acusado hubiese fallecido, las sanciones que a éste le fueran impuestas recayesen sobre sus herederos. Buen ejemplo de ello suponen los casos de Mariano Lafuente Salvador y de Juan Remón Cuartero, ambos jornaleros y militantes de UGT en Magallón, quienes pese a haber sido ser ejecutados en agosto de 1936, fueron castigados por el tribunal de responsabilidades políticas a título póstumo a pagar multas de 1.500 y 300 pesetas respectivamente, a las que hubieron de hacer frente sus viudas.
No obstante un caso más, que de nuevo aúna represión física y económica, viene a cerrar este micro estudio de la posguerra interior magallonera, el caso del que fuera cartero de Bureta: Antonio Alcega Lázaro, asesinado en Magallón el 2 de septiembre de 1936. Caso que conocemos, además de por la documentación consultada en el Registro Civil relativa a su muerte, por la que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, donde se conserva su expediente de responsabilidades políticas, y por el testimonio que de generación en generación se ha transmitido en su familia y que llegó a mi de la mano de su nieta, Olga Alcega, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAAEM) y a su vez de la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra (AFFNA).
Miembro de Izquierda Republicana, Antonio Alcega, cartero de Bureta, población situada a escasos kilómetros de Magallón, fue destituido como cartero el día 2 de septiembre de 1936 por el nuevo alcalde de Bureta. Sin embargo, Antonio no pudo firmar dicha destitución, la cual también había sido confirmada por el Gobernador Civil, e iba acompañada del nombramiento del nuevo cartero, ya que fue apresado y fusilado ese mismo día en las tapias del cementerio de Magallón, donde fue enterrado en solitario, ya que fue el único asesinado en la villa aquel 2 de septiembre. Es por ello que, más de setenta años después, al exhumarse sus restos estos aparecieron separados de los 81 esqueletos restantes que conservaba la fosa de Magallón. Sin embargo el aparato represivo del Nuevo Estado no se detuvo ante la muerte de Antonio, ya que éste fue sentenciado por el tribunal de responsabilidades políticas a pagar una multa de 3.000 pesetas. Cantidad que, al no poder satisfacer el encausado, ya que había muerto; heredó su viuda quien logró que las autoridades le devolviesen la mitad de los bienes incautados para satisfacer la multa alegando que ese 50% le pertenecía al tratarse de bienes gananciales. Seis años después de su muerte, el mismo tribunal, sentenció que pese a que fue "pública y notoria" su pertenencia a Izquierda Republicana, ésta no había podido demostrarse.
En conclusión, la Ley de Responsabilidades Políticas cumplió una triple función: en primer lugar como elemento legitimador de las prácticas del Nuevo Estado franquista; en segundo, como medida de represión contra los vencidos; y por último como instrumento para intimidar y desarmar moralmente no solo a los encausados, sino también a sus familiares. De hecho, tal y como concluye la profesora Cenarro, "esta Ley, caracterizada por su dureza al ampliar los supuestos en los que se podía incurrir en un delito, su retroactividad, y la no paralización del expediente aunque el responsable hubiese fallecido recayendo las sanciones en sus herederos, fue la apuesta del Estado franquista para nutrirse económicamente de los perdedores de la guerra civil".
Posguerra exterior: un complejo exilio
Por último, tras analizar en profundidad a los magalloneros encausados por la Ley de Responsabilidades Políticas quisiera detenerme en uno de ellos: Antonio Rodríguez Codías, sentenciado el 11 de mayo de 1945 por el Tribunal de Responsabilidades Políticas (TRP), aunque su sentencia fue sobreseída, ya que, tal y como indica su expediente, Antonio se hallaba exiliado en el momento de ésta. Como Antonio, aproximadamente 90.000 aragoneses huyeron de una España en guerra, constituyendo el segundo colectivo más importante de refugiados en número tras el catalán, de los llegados a Francia en "la Retirada": el gran movimiento migratorio que llevó a Francia a aproximadamente medio millón de refugiados españoles en el primer trimestre del año 1939.
Sin embargo, éste no fue el primero, sino el cuarto, y a su vez el más numeroso, de los movimientos migratorios producidos por el conflicto español; ya que la caída de cada uno de los frentes de batalla en España había propiciado la salida al país vecino de miles de personas. Así sucedió a finales del verano de 1936 tras la caída de Guipúzcoa; a partir de abril de 1937 ante el desmoronamiento del Frente Norte; en junio de 1938 como consecuencia de la caída del Frente de Aragón; a comienzos de 1939 ante la conquista sublevada de Cataluña, y apenas unas semanas antes de que terminase la guerra ante la toma rebelde del Levante español.
Además de estos movimientos poblacionales, el conflicto español suscitó también un intenso debate en la sociedad francesa de la época, provocando en ella profundas diferencias que la sacudieron, situando a los huidos en el centro de las mismas. Así, una Francia dividida y a la espera de acontecimientos, oscilaba entre una serie de posturas que pretendían aliviar la miseria de los refugiados, y otras que eran partidarias de rechazarlos. Partidos, sindicatos y asociaciones afines a la izquierda dieron muestras de solidaridad con los exiliados, mientras diferentes sectores de la derecha lamentaban la invasión de las "hordas españolas" al sur del país. Ante tal variedad de opiniones, no ha de extrañarnos que la acogida que los particulares brindaron a los refugiados españoles distase mucho de ser homogénea. Y en este contexto la postura oficial de la Administración francesa, liderada por el radical socialista Édouard Daladier, finalmente cristalizó, teniendo a la improvisación y a la represión como denominadores comunes.
Guardias Móviles Republicanos (GMR), Gendarmes, "spahis" marroquíes y tiradores senegaleses se encargaron de contener, desarmar y conducir a los campos de selección y clasificación a los recién llegados. Dichos campos fueron su primer destino. Le Boulou, Bourg-Madame, La Tour de Carol, Prats-de-Mollo o Arlès-sur-Tech fue el nombre de algunos de los más célebres. Al llegar a ellos, la primera de las medidas a las que fueron sometidos los huidos fue a la temible separación de las familias, en el caso de que ésta no se hubiera producido en la misma frontera. Así, mientras mujeres, niños, enfermos y ancianos fueron trasladados a centros de acogida en los departamentos franceses del interior, los hombres, aptos para el trabajo, fueron recluidos en cientos de rectángulos de arena vallados. Habían llegado a los campos de internamiento del sudeste francés.
Argelès-sur-Mer puso nombre al primero de ellos, creado el 1 de febrero de 1939 en el departamento de Pirineos Orientales, una enorme playa desnuda segmentada en hectáreas rodeadas por alambradas y azotada por el viento, donde yacían abandonados y a la intemperie los recién llegados, instalaciones rodeadas de alambradas y soldados que aseguraban toda una vida a la intemperie. Sin embargo, una semana después de la apertura de Argelès, fue inaugurado el campo de Saint-Cyprien, y apenas dos días más tarde Barcarès. A estos les siguieron otros como Prats de Mollo, Arles-sur-Tech o Amélie-les-Bains, algunos de los cuales ya habían servido con anterioridad como campos de selección o clasificación. Aunque, ante la insostenible situación de superpoblación que presentaban la mayoría de los recintos instalados en Pirineos Orientales, la administración francesa optó por la apertura de nuevos establecimientos en diferentes departamentos del interior para intentar aliviar la situación de los primeros.
Pero desde que a comienzos de febrero de 1939 el número de refugiados españoles internados alcanzase su cuota más alta éste fue disminuyendo progresivamente. Conforme se abandonó el caos inicial y los campos comenzaron a organizarse, dicho número sufrió importantes variaciones merced a los traslados y salidas protagonizados por una mayoría refugiada encerrada obsesionada con recuperar su libertad y reencontrarse con sus familiares. Las principales opciones de las que dispusieron los refugiados para abandonar los campos fueron: volver a España haciéndose repatriar; emigrar a un tercer país, principalmente localizado en América Latina; hacerse contratar en el exterior de los campos; suscribir un alistamiento militar, ya fuese en la Legión extranjera francesa o en los Regimientos de Marcha Voluntarios Extranjeros (RMVE); o incorporarse como prestatarios militares a compañías de trabajadores extranjeros (CTE).
Sin embargo, tras la declaración de guerra de septiembre de 1939 todo cambió. Los planes de Hitler pasaban por aplastar a Francia y de esa manera destruir la influencia de Gran Bretaña en el continente. Y en ese contexto, Holanda y Bélgica eran objetivos esenciales para que el Alto Mando Aliado desviase su atención del frente nórdico. Hitler lanzó sus ejércitos a través de los Países Bajos, haciendo que estos capitularan el día 15 de mayo y forzando la rendición de Bélgica el día 28. Francia quedaba al descubierto y en menos de un mes caería Paris. El 22 de junio de 1940 el mariscal Pétain firmaba el armisticio, con él Francia capitulaba y fue dividida por una línea de demarcación: al norte de esta, y conectada con en sur mediante una franja costera en el oeste, quedaba la Francia ocupada; al sur de la línea la "zona libre" con capital en Vichy, donde la instaló la sede de la nueva administración liderada por el mariscal Pétain. Aunque con la derrota y la ocupación llegó también el momento de reorganizarse para miles de franceses y extranjeros que decidieron combatir al ocupante; y entre ellos, los españoles fueron numerosos.
Pese a que los comienzos de la Resistencia son inciertos y difíciles de precisar; lo cierto es que la primera participación activa de españoles en ella tuvo lugar en el seno de su rama interior mediante la organización, en cooperación con los servicios secretos aliados, de redes de paso clandestinas en los Pirineos. Pues bien, precisamente en una de ellas, en la red "FRANÇOISE", sirvió la magallonera Elisa Ruiz Garrido.
Nacida en Magallón el 14 de junio de 1909, Elisa estuvo afiliada a la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) y participó activamente en la guerra civil española como miliciana defendiendo la legalidad republicana hasta que huyo a Francia a comienzos de 1939. Exiliada en Toulouse, allí entró en contacto con la Resistencia interior francesa en 1944, más concretamente con la red "FRANÇOISE" en la que, además de ella, sirvieron decenas de españoles, muchos de ellos aragoneses. No en vano, "FRANÇOISE" es el nombre que recibió en marzo de 1943 la anteriormente conocida como red "PAT O'LEARY" - antes de octubre de 1941, "PAT"- en la que fue integrado el "Grupo Ponzán" que lideró hasta su muerte el también anarquista aragonés Francisco Ponzán Vidal. La labor de los colaboradores aragoneses de la red "PAT", "PAT O'LEARY" y/o "FRANÇOISE" se especializó en la organización del paso fronterizo hispano-francés, contando con guías de montaña experimentados, casas de apoyo y servicios auxiliares que contribuyeron a la evasión de pilotos aliados derribados, resistentes franceses, agentes de la Francia Libre, judíos perseguidos y al transporte del correo perteneciente a organizaciones de la Resistencia. Pero el trayecto pirenaico, además de someter a los agentes y evadidos a unas duras condiciones meteorológicas, implicaba un gran riesgo, ya que la vigilancia que sobre ambos recaía era constante.
GESTAPO, policía de Vichy y policía franquista extremaron el control de las fronteras. Ejemplo de ello fueron las detenciones de varios aragoneses miembros de la red entre los que se encontraban Francisco Ponzán, su hermana, la oscense Pilar Ponzán o la de Elisa Ruiz. Al igual que Francisco Ponzán y su hermana Pilar, la magallonera cumplió parte de su pena en la penitenciaría de Saint-Michel en Toulouse hasta que en febrero de 1944 fue deportada al campo de concentración de Ravensbruck. En el permaneció hasta que en septiembre de ese año fue trasladada primero a Buchenwald y posteriormente a Leipzig, de donde logró salir con vida en 1945.
No obstante, al margen de la participación aragonesa en este tipo de redes, éstos participaron, junto al resto de españoles, en la Resistencia de muchas más formas. Atendiendo a la rama exterior de ésta, cabe destacar que entre 1940 y 1945 aproximadamente 1.200 españoles sirvieron en los ejércitos de la Francia libre que comandó el general De Gaulle participando activamente en la recuperación de buena parte de los territorios que Francia controlaba en África primero, posteriormente de la reconquista del Hexágono, y finalmente de la invasión aliada de Alemania. Mientras que integrados en la Resistencia interior, los españoles acometieron la reorganización política de sus organizaciones en el exilio y consolidaron una importante prensa clandestina dominada por el Partido Comunista Español (PCE), teniendo a los campos de internamiento franceses y los Grupos de Trabajadores Extranjeros -herederos de las CTE- como núcleos de su génesis.
Y es que no todas las medidas de control puestas en práctica por Vichy y el ocupante alemán gozaron de éxito, ya que el nuevo internamiento y el encuadramiento en GTE, fomentaron el reagrupamiento y contacto de una comunidad exiliada española muy dispersa antes del armisticio. Un factor que vino a favorecer la toma de conciencia de ésta y la articulación su respuesta a la llamada de la Resistencia interior. De esta forma, los españoles significados en la lucha interior lograron concretar su contribución a la liberación de Francia, viendo como los duros comienzos marcados por la reorganización política y los primeros compromisos con la lucha armada de 1940,1941 y 1942, dieron paso durante 1943 y 1944 a la unificación de la Resistencia española en torno a la Unión Nacional Española (UNE) y el XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles (XIV CGE) -más tarde Agrupación de Guerrilleros Españoles (AGE)- finalizando en la segunda mitad de 1944 con los combates por la liberación y el intento de continuar la lucha en España.
En conclusión, al igual que el resto de españoles, los habitantes de Magallón sufrieron las consecuencias de una guerra civil que todo lo cambió. Una guerra, en la que la violencia rebelde se llevó por delante la vida de decenas de sus vecinos y también de los de las localidades que lo rodean. Una represión que no se detuvo al finalizar el conflicto sino que persiguió tanto física como administrativamente a los considerados por los franquistas como "enemigos de España". Víctima de ella decenas de magalloneros y magalloneras fueron asesinados, expedientados, multados o forzados a exiliarse. En definitiva perseguidos por un franquismo que, tras el segundo conflicto mundial, mudó de piel publicitándose como bastión de la lucha anticomunista en el suroeste europeo; aunque, oculto tras el manto de la Iglesia Católica, continuó eliminando, encarcelando, expropiando o desterrando a toda una sociedad culpable por defender la libertad.





Formaciones militares a las que, en el caso concreto de Zaragoza, sumaron esfuerzos Guardia Civil y Guardia de Asalto. Barbastro fue la única localidad con guarnición militar propia en la que el golpe fracaso, gracias, en buena medida, a la lealtad del mando de dicha formación, el coronel Villalba, quien se mantuvo fiel al Gobierno.
CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENDA, Mª Pilar y SALOMÓN, Pilar; El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Siglo Veintiuno de España Editores S.A., Madrid, 1992, p. 81.
LEDESMA, José Luis y MALDONADO, José María (coord.), El estallido de la guerra. La sublevación militar y la llegada de las milicias, colección: La Guerra Civil en Aragón, v. 2, Ciro Ediciones y Prensa Diaria Aragonesa, Barcelona y Zaragoza, p. 53.
LEDESMA, José Luis, Los días de llamas de la Revolución. Violencia y política en la retaguardia republicana de Zaragoza durante la guerra civil, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2003, pp. 46-49; CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENDA, Mª Pilar y SALOMÓN, Pilar, El pasado...., p. 84.
Tal y como puntualiza Julián Casanova, efectivos pertenecientes al Regimiento de Artillería número 10 de Calatayud se encargaron de controlar y reprimir los intentos de resistencia surgidos en Terrer, Maluenda, Cetina, Aranda de Moncayo, Jarque, Brea de Aragón, Ariza y Ateca; y apoyaron a las autoridades de Daroca en tareas similares. Por su parte, el Bajó Aragón quedó controlado por las fuerzas insurgentes en un primer momento gracias a la rápida actuación del capitán de la Guardia Civil Negrete. CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENDA, Mª Pilar y SALOMÓN, Pilar, El pasado...., p. 84.
CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENDA, Mª Pilar y SALOMÓN, Pilar, El pasado...., pp. 85-86.
CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENDA, Mª Pilar y SALOMÓN, Pilar, El pasado...., pp. 86-87.
Atendiendo a los datos ofrecidos por Luis German, el número de grandes propietarios que presentaba cada uno de los partidos judiciales zaragozanos es el siguiente: La Almunia (81); Ejea (63); Calatayud (38); Pina (36); Daroca(12); Sos (31); Ateca (28); Caspe (22); Zaragoza (22); Tarazona (19); Borja (19); Cariñena (18); Belchite (14). GERMÁN ZUBERO, Luis, Aragón en la Segunda República: estructura económica y comportamiento político, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1984, p. 55.
Además, en zonas como Calatayud, La Almunia y Ateca, el contacto de la población campesina con obreros empleados en la industria del calzado, el azúcar o el aceite favoreció el desarrollo de una mayor sindicación y organización de los trabajadores.
Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT); Unión General de Trabajadores (UGT).
No en vano, de forma oficial el 23 de agosto de 1936, el gobernador civil de Zaragoza remite acuse de recibo al general Jefe de la V División militar en el que indica quienes serán los encargados de controlar la situación: "tengo honor de acusar recibo a V.E. de su atenta comunicación urgente de fecha de ayer, dando traslado del telegrama del Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Defensa Nacional sobre prohibición de efectuar detenciones y actos de violencia por falangistas o fuerzas similares, significando a V.E. que doy traslado a dicha orden a los sres. jefes de F.E., Acción Ciudadana, Guardia Civil, Vigilancia y Seguridad y Requetés para su conocimiento". Archivo de Capitanía Militar de Zaragoza, legajo 93. También citado en CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENDA, Mª Pilar y SALOMÓN, Pilar, El pasado...., p.93.
CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENDA, Mª Pilar y SALOMÓN, Pilar, El pasado...., apéndice. Para el caso de los seis asesinados en Magallón datos extraídos de la consulta y comparación del Registro Civil de Magallón, Tomo 28; Memorial de víctimas de la violencia rebelde en Magallón sito en el cementerio de la villa.
CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENDA, Mª Pilar y SALOMÓN, Pilar, El pasado...., p. 93-94.
Datos extraídos de la consulta y comparación del Registro Civil de Magallón, Tomo 28; Memorial de víctimas de la violencia rebelde en Magallón sito en el cementerio de la villa; CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENDA, Mª Pilar y SALOMÓN, Pilar, El pasado...., apéndice.
En esta segunda etapa, las localidades más afectadas por la represión rebelde fueron aquellos que las fuerzas rebeldes lograron conquistar a mediados de 1938, principalmente: Belchite, Caspe y Azuara. Aunque bien es cierto que localidades que habían sido duramente castigadas en 1936 como Uncastillo, Zuera o Ejea siguieron viendo morir asesinados a sus convecinos. CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENDA, Mª Pilar y SALOMÓN, Pilar, El pasado...., p.94; Registro Civil de Magallón, Tomo 28; Memorial de víctimas de la violencia rebelde en Magallón sito en el cementerio de la villa.
LEDESMA, José Luis y MALDONADO, José María (coord.), Terror "azul" y violencia "roja" colección: La Guerra Civil en Aragón, v. 3, Ciro Ediciones y Prensa Diaria Aragonesa, Barcelona y Zaragoza, pp. 52-53.
Todas estas localidades contaban con sedes de organizaciones obreras de la UGT, y en el caso de Gallur y Luceni, también con presencia del PCE. Especialmente interesante, resulta aquí el caso de Luceni ya que dicha localidad presenta, en proporción al número de habitantes, el mayor porcentaje de represaliados de toda la provincia de Zaragoza con un total de 98 fusilados repartidos entre su municipio, Zaragoza, Gallur y Magallón. CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENDA, Mª Pilar y SALOMÓN, Pilar, El pasado...., pp. 95-96.
CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENDA, Mª Pilar y SALOMÓN, Pilar, El pasado...., p. 99.
Según los datos que en 1992 aparecieron en El pasado oculto, 38 personas fueron asesinadas en la localidad de Magallón a manos de los sublevados en 1936, mayoritariamente en la primera quincena de agosto. Entre ellos, como es natural, son numerosos los magalloneros, pero también los vecinos de localidades cercanas como Bureta, Fuendejalón, Maleján, Mallén, Vera de Moncayo, Ablitas, Luceni, Cortes, Gallur y Agón, No obstante, a este magnífico estudio le han seguido otros centrados principalmente en la fosa del cementerio de Magallón que dieron como resultado en 2011 la identificación de nuevas víctimas aumentando la cifra de represaliados hasta los 82 que contabilizamos en la actualidad. Registro Civil de Magallón, Tomo 28; Memorial de víctimas de la violencia rebelde en Magallón sito en el cementerio de la villa.
Registro civil de Magallón, tomo 28, Ayuntamiento de Magallón; Informe de los trabajos de exhumación y estudio de la fosa de Magallón: Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAAEM), a cuya presidenta Olga ALcega agradezco encarecidamente su incansable trabajo y su colaboración con quien escribe estas palabras; CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENDA, Mª Pilar y SALOMÓN, Pilar, El pasado....; MENDIZ, VICKY (coord.), Silencio enterrado, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2010, especialmente páginas 116-140.
Entre los decretos y ordenes más citados en la documentación consultada en el registro civil de Magallón encontramos el Decreto del "Gobierno del Estado" 67 (fechado a 8 de noviembre de 1936) y a las órdenes de los días 10 de noviembre de 1936 y 29 de mayo de 1937.
Cita y datos de la represión en Aragón en LEDESMA, José Luis y MALDONADO, José María (coord.), Terror "azul" y violencia "roja" colección: La Guerra Civil en Aragón, v. 3, Ciro Ediciones y Prensa Diaria Aragonesa, Barcelona y Zaragoza, p. 62. De los aproximadamente 9.000 españoles que conocieron el cautiverio de los campos de concentración nazis, un 60% hallaron la muerte en su interior. De los casi 4.800 que perecieron en su interior, la mayoría lo hicieron en el periodo 1940-1942 en el campo de Mauthausen, donde los índices de mortalidad sufridos por el colectivo español se acercan al 80%. Porcentaje que entre 1942 y 1945 descendió de manera pronunciada debido a las nuevas condiciones impuestas por un contexto bélico en el que la mano de obra deportada era cada vez más necesaria para responder a las necesidades de producción armamentística de Alemania. BERMEJO, Benito y CHECA, Sandra, Libro memorial. Españoles deportados a los campos nazis, 1940-1945, Subdirección General de los Archivos Estatales-Ministerio de Cultura, Madrid, 2007, pp. 19-20; . CALVO GASCÓN, Juan Manuel, Itinerarios e identidades. Republicanos aragoneses deportados a los campos nazis, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2011, datos en CD adjunto.
Ley de Responsabilidades Políticas. BOE nº 44 (13/02/1939), pp.: 824 - 847. DIAZ-LLANOS, Rafael, Responsabilidades Políticas (Ley del 9 de febrero de 1939. Comentarios, Notas, Disposiciones Complementarias y Formularios), Librería General, Zaragoza, 1939; citado por CASANOVA, Julián, CENARRO, Ángela (eds.), LANGARITA, Estefanía, MORENO, Nacho y MURILLO, Irene, Pagar las culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945), Crítica, Barcelona, 2014, p. 13.
CASANOVA, Julián, CENARRO, Ángela (eds.), LANGARITA, Estefanía, MORENO, Nacho y MURILLO, Irene, Pagar las culpas..., pp. 23-24.
ÁLVARO DUEÑAS, Manuel, Por ministerio de la ley y voluntad del caudillo: la jurisdicción especial de responsabilidades políticas.1939-1945, Centro de estudios políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, p. 254.
CASANOVA, Julián, CENARRO, Ángela (eds.), LANGARITA, Estefanía, MORENO, Nacho y MURILLO, Irene, Pagar las culpas..., p. 36.
"Aún así, lógicamente, las multas más elevadas recayeron en los integrantes de la clase política generalmente pertenecientes a opciones republicanas, profesionales liberales y comerciantes". CASANOVA, Julián, CENARRO, Ángela (eds.), LANGARITA, Estefanía, MORENO, Nacho y MURILLO, Irene, Pagar las culpas..., p. 36.
Datos extraídos de la consulta del "listado de víctimas de la represión económica en Aragón" elaborado por Nacho Moreno, Estefanía Langarita e Irene Murillo, el cual puede consultarse en el Archivo Víctimas de la represión económica en Aragón (1936-1945), www.roldedeestudiosaragoneses.org/archivo--100/, [en línea], consultado el 28 de julio de 2014.
Boletín Oficial de la Junta Nacional de Defensa de España, nº 22, Burgos, 16 de septiembre de 1936; Boletín Oficial del Estado, nº 83, Burgos, 11 de enero de 1937.
CASANOVA, Julián, CENARRO, Ángela (eds.), LANGARITA, Estefanía, MORENO, Nacho y MURILLO, Irene, Pagar las culpas..., p. 43.
Datos extraídos de la consulta del "listado de víctimas de la represión económica en Aragón" elaborado por Nacho Moreno, Estefanía Langarita e Irene Murillo, el cual puede consultarse en el Archivo Víctimas de la represión económica en Aragón (1936-1945), www.roldedeestudiosaragoneses.org/archivo--100/, [en línea], consultado el 28 de julio de 2014.
Tal y como sucediera en los casos de Mariano Lafuente Salvador y en el de Juan Remón Cuartero, que veremos en detalle a continuación, hemos de tener en cuenta que en ocasiones los asesinos rebeldes utilizaron eufemismos como "desaparecido ante la fuerza pública" o "desaparecido", tanto en los expedientes de responsabilidades políticas como en el Registro Civil para hacer referencia a la eliminación de un individuo o individua. Registro Civil de Magallón, Defunciones, tomo 28; expedientes de responsabilidades políticas de Mariano Lafuente Salvador y Juan Remón Cuartero en Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ) signaturas 5737/14 y 5738/6 respectivamente.
Entrevistas telefónicas e intercambio de correspondencia electronica realizadas durante los meses de mayo, junio y julio de 2014.
Testimonio de Olga Alcega, inédito, cortesía de Olga Alcega. Datos de Antonio Alcega Lázaro en Registro Civil de Magallón, tomo 28, Ayuntamiento de Magallón; Expediente de responsabilidades políticas de Antonio Alcega Lázaro, AHPZ, 5585/3; "listado de víctimas de la represión económica en Aragón" elaborado por Nacho Moreno, Estefanía Langarita e Irene Murillo, el cual puede consultarse en el Archivo Víctimas de la represión económica en Aragón (1936-1945), www.roldedeestudiosaragoneses.org/archivo--100/, [en línea], consultado el 1 de agosto de 2014; CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENDA, Mª Pilar y SALOMÓN, Pilar, El pasado...., apéndice.
CASANOVA, Julián, CENARRO, Ángela (eds.), LANGARITA, Estefanía, MORENO, Nacho y MURILLO, Irene, Pagar las culpas..., p. 44.
CONSTANTE, Mariano, Republicanos aragoneses en los campos nazis, Zaragoza, Editorial Pirineo, 2000, p.10. PARDO LANCINA, Victor, "El exilio inabarcable" en "El final de la guerra en Aragón", Vol.11, La Guerra Civil en Aragón, Barcelona, Circo Ediciones, 2006, p. 42.
Aunque, en este último caso el flujo migratorio no tuvo como destino la Francia metropolitana, sino los territorios que ésta controlaba en África del Norte.
RAFANEAU-BOJ, Marie-Claude, Odisea por la libertad, Omega, Barcelona, 1995, pp. 33-34.
Según datos oficiales, a mediados del mes de junio quedaban internados en campos franceses aproximadamente unos 173.000 españoles, 84.688 a fecha de 15 de agosto, 53.000 el 15 de noviembre, entre 35.000 y 80.000 a finales de diciembre y unos 30.000 en abril de 1940. DREYFUS-ARMAND, Geneviève, El exilio de los republicanos españoles en Francia. De la guerra civil a la muerte de Franco, Crítica, Barcelona, 2000, p. 72.
Para conocer en detalle la participación aragonesa en el "Grupo Ponzán", la red "PAT", "PAT O'LARY" y "FRANÇOISE" ver, GASPAR CELAYA, Diego, Republicanos aragoneses en la Segunda Guerra Mundial: una historia de exilio, trabajo y lucha. 1939-1945, Rolde de Estudios Aragoneses, Zaragoza, 2010.
Datos de Elisa Ruiz Garrido en CALVO GASCON, Juan Manuel, Itinerarios e identidades: republicanos aragoneses deportados a los campos nazis, Gobierno de Aragón, 2011, en CD anexo; expediente personal resistente en SHD/GR, 16P 527874 en Service Historique de la Défense (SHD) sito en Château de Vincennes, París, Francia.
GASPAR CELAYA, Diego, "Portrait d'oubliés. L'engagement des espagnols dans les Forces Françaises Libres. 1940-1945" en Revue Historiquedes Armees. 265, Ministère de la Défense de France/ Service historique de la Défense (SHD), pp. 46 - 55; GASPAR CELAYA, Diego, "L'engagement des républicains espagnols dans les forces françaises libres en Afrique du Nord". Actes du colloqueLa République espagnole et l'Afrique du Nord, Journeés Manuel Azaña 2012, Presence de ManuelAzaña- Meridiennes, Toulouse, 2013, pp. 95 - 115.
UNE, organización resistente española que estructuró de forma autónoma la contribución española a la Resistencia interior bajo influencia comunista. DREYFUS-ARMAND, Geneviève, El exilio de los republicanos..., p.149.
Al margen de lealtades y filiaciones políticas, lo cierto es que, guerrilleros españoles tomaron parte activa en la liberación de numerosos departamentos franceses como el Ariège (batallas de Foix, Pamiers, Prayols, Castelnau-Durban), Basses-Pyrenées, Gers (Île Jourdain), Gard (batalla de la Madeleine), Herault (Montpellier), Tarn (Albi, Carmaux, Castres) Aveyron (Rodez) y Pyrenées Orientales (Prades, Ceret, Perpignan). Sin embargo, también intervinieron en la interceptación de las tropas alemanas que se batían en retirada, llevaron a cabo numerosos sabotajes contra la red de comunicaciones nazi, destruyeron la retaguardia del enemigo y liberaron a los presos políticos de varias cárceles. Y tras completar con éxito la liberación de Francia, muchos de estos españoles decidieron continuar en el combate hasta el final de la guerra, momento en el que en su mayoría fueron agrupados en once batallones de seguridad emplazados en Toulouse, Muret, Lourdes, Jurançon, Salies-de-Bearn, Saint-Jean-de-Verges, Alet, Limoux y Prades que fueron desmovilizados el 31 de marzo de 1945. GASPAR CELAYA, Diego, "Un exilio al combate : republicanos españoles en Francia. 1939-1945 " en Actas del curso de verano Migraciones y exilios España-Francia / Migrations et exils Espagne-France, Presses Universitaires de Pau, en prensa;