Luchas políticas por la memoria del conflicto armado interno colombiano: el caso de la masacre de Trujillo

Viviendo sin miedo: jóvenes y prácticas políticas en Bogotá. El caso de Fontibón. José Ricardo Garzón Carrillo

E

Este libro analiza el campo de las luchas políticas por la memoria, evidenciando cómo desde distintas dinámicas de producción memorística sobre el pasado reciente, se van constituyendo y dando forma a políticas sobre la memoria del conflicto armado interno colombiano. En el caso de la Masacre de Trujillo, es visible la generación de condiciones de posibilidad para la emergencia de estas políticas de memoria agenciadas desde lugares oficiales y no oficiales. En dicho proceso se resalta el papel de las asociaciones de víctimas, particularmente de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo afavit, que hace parte de la emergencia de lo que se propone en el conjunto de investigaciones desarrolladas por los autores y que se recogen en este libro, como instituciones de memoria. También se resalta la conformación de nuevas formas de subjetividad que devienen del conflicto mismo y de las disputas por la memoria de éste, como es el caso de las experiencias constitutivas de lo que se puede denominar como sujeto víctima. El libro es finalmente, una invitación a profundizar la lucha por la memoria desde compromisos radicalmente políticos y éticos, que aporten a la reivindicación de la dignidad como soporte de los inciertos procesos de transición que actualmente vive el país.

ISBN: 978-958-8832-20-3

Orlando Silva Briceño - Nathalia Martínez Mora

Legitimación de la democracia en Colombia: el caso del referendo reeleccionista Luz Alexandra Rubio Mejía

l pasado reciente colombiano se ha venido convirtiendo en un campo en disputa. Desde distintos lugares de producción de sentido y de configuración simbólica, tales como el ámbito de la cultura, de la academia, del arte, de las organizaciones sociales y las entidades oficiales, se vienen generando acciones que construyen narrativas sobre dicho pasado, en una incesante lucha por dotar de significado estratégico la experiencia y la interpretación sobre el conflicto armado interno en Colombia.

Luchas políticas por la memoria del conflicto armado interno colombiano:

Luchas políticas por la memoria

Otros títulos de esta colección:

Orlando Silva Briceño

el caso de la Masacre de Trujillo Orlando Silva Briceño - Nathalia Martínez Mora

Candidato a Doctor del Doctorado Interinstitucional en Educación - DIE sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Magíster en Educación con énfasis en Historia de la Educación y la Pedagogía, Universidad Pedagógica Nacional. Licenciado en Ciencias Sociales Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Docente de planta tiempo completo Proyecto curricular de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Docente de cátedra Maestría en Derechos Humanos Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC sede Tunja. Profesor invitado Maestría en Historia Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC. Director del Grupo de Investigación Cyberia Universidad Distrital. Correo electrónico: [email protected]

Nathalia Martínez Mora

Doctoranda en Educación Doctorado Interinstitucional en Educación - DIE sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Magíster en Estudios Sociales Universidad Pedagógica Nacional. Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Docente Investigadora, Coordinadora de Publicaciones y Editora Revista Polisemia, Centro de Pensamiento Humano y Social, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Miembro de los Grupos de Investigación Ciudadanía, Paz y Desarrollo Corporación Universitaria Minuto de Dios y Grupo de Investigación Cyberia Universidad Distrital. Correo electrónico: [email protected]

Luchas políticas por la memoria del conflicto armado interno colombiano: el caso de la Masacre de Trujillo

Luchas políticas por la memoria del conflicto armado interno colombiano: el caso de la Masacre de Trujillo Orlando Silva Briceño Nathalia Martínez Mora Grupo de investigación “Cyberia”

Agradecimientos Agradecemos a Marlene Sánchez, por su dedicación, tiempo y compromiso académico y por acompañar el proceso investigativo. Así mismo, queremos ofrecer un reconocimiento de manera especial a los miembros de afavit, particularmente a la Matriarca Consuelo Valencia, a Orlando Naranjo y a la hermana Maritze Trigos, por brindarnos la posibilidad de aproximarnos a la experiencia de dolor que han sufrido, pero sobre todo de resistencia constante y de transformación. A la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz por su generosidad al permitirnos revisar el extenso archivo que han sistematizado y trabajado arduamente. Finalmente, agradecemos a Angie Arango y Andrés Felipe Blackborne por el apoyo en el trabajo de caracterización de las organizaciones y de búsqueda de archivo. Su contribución fue valiosa en el proceso. Esperamos que este libro sea un aporte para seguir abordando esta problemática desde un sentido político y ético.

© Universidad Distrital Francisco José de Caldas © Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC) © Facultad de Ciencias y Educación © Orlando Silva Briceño © Nathalia Martínez Mora Primera edición: Bogotá D.C., octubre de 2013. ISBN: 978-958-8832-20-3 Dirección Sección de Publicaciones Rubén Eliécer Carvajalino C. Coordinación editorial Edwin Pardo Salazar Corrección de estilo Irina Florián Ortiz Diagramación y montaje de carátula Lena Teresa Pardo González Concepto y fotografía de caratula Wilson Martínez Montoya María Cristina Rueda Traslaviña Editorial UD Universidad Distrital Francisco José de Caldas Carrera 19 No. 33-39 Teléfono 3239300 ext. 6203 Correo electrónico: [email protected] Silva Briceño, Orlando Luchas políticas por la memoria del conflicto armado interno colombiano / Orlando Silva Briceño, Nathalia Martínez Mora. -Bogotá : Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2013. 160 p : il., fots ; 24 cm. ISBN 978-958-8832-20-3 1. Conflicto armado - Colombia 2. Sociología política - Trujillo (Valle del Cauca, Colombia) 3. Masacre de Trujillo (Valle del Cauca, Colombia) 4. Verdad, justicia y reparación - Trujillo (Valle del Cauca, Colombia) 5. Trujillo (Valle del Cauca, Colombia) Aspectos sociales I. Martínez Mora, Nathalia II. Tít. 303.6 cd 21 ed. A1423071 CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo escrito del Fondo de Publicaciones de la Universidad Distrital. Hecho en Colombia

Contenido Lista de fotografías

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Lista de abreviaturas

15

Introducción

17

Aspectos teóricos y metodológicos para el estudio de las luchas políticas por la memoria

23

Horizonte analítico

25

Luchas políticas por la memoria

26

Políticas de la memoria

27

Emisores y emprendedores en la construcción de memoria

28

El olvido

29

Cultura de la memoria

29

Enfoque genealógico-arqueológico: ruta metodológica de trabajo

31

Discurso y acontecimiento

31

Memoria como acontecimiento

32

Precisiones sobre el uso de algunas categorías metodológicas

34

La configuración histórica de los sujetos

36

Despliegue de la estrategia metodológica

37

La memoria en el lugar oficial: la apuesta por la reconciliación nacional

41

Marco político y jurídico

41

La memoria de Trujillo: entre los hilos narrativos y las mediaciones

49

Memoria social

50

Memoria colectiva

53

Memoria mediada: el papel de las organizaciones

56

Proceso metodológico de la cmh en la construcción de memoria

58

Constitución del sujeto-víctima

60

Las víctimas del conflicto armado

60

Las víctimas de Trujillo

64

Las víctimas como sujetos de derecho

69

La memoria y el sujeto para la Comisión de Memoria Histórica 77 La memoria: una estrategia política desde las organizaciones sociales

83

El Proyecto Colombia Nunca Más

84

Procesamiento de la documentación

89

Los crímenes de lesa humanidad: un mandato ético y jurídico

96

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz cijp 102

Razones de ser de la Comisión

103

Procesos de documentación y seguimiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

108

Acompañamiento y construcción de memoria en Trujillo

113

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado movice 130 Propósitos fundamentales Memoria, luchas políticas y políticas de la memoria

130 139

La memoria: categoría en disputa

139

Las luchas políticas por la memoria: su expresión en Trujillo

143

Perspectivas sobre las políticas de la memoria del conflicto armado

146

Epílogo

151

Referencias

155

Lista de fotografías Fotografía 1: Municipio de Trujillo

113

Fotografía 2: Parque Monumento

116

Fotografía 3: Osarios

118

Fotografía 4: Siembra

119

Fotografía 5: Muro internacional

121

Fotografía 6: Auditorio

122

Fotografía 7: Árboles de Guamo

125

Fotografía 8: Grupo Infantil Jimmy García Peña

128

13

Lista de abreviaturas Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo

asfaddes afavit cisvt

Comisión de Memoria Histórica

cmh

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

cijp

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Proyecto Colombia Nunca Más

cnrr movice pcnm

15

Introducción Gracias a la memoria, se da en los hombres lo que se llama experiencia. Es realmente desesperante poseer una memoria que comienza demasiado pronto y que perdura por mucho tiempo […] Hay cosas que me gustaría olvidar, por ejemplo, los cientos de rostros de viudas e hijos huérfanos, los hogares destruidos y lo que más me repugna, ver la cara de cientos de niños y niñas llorando porque les arrebataron a su padre, mientras él los cargaba. Orlando Naranjo (Presidente de afavit).

En las sociedades contemporáneas, en el campo de producción teórico y metodológico de las ciencias sociales, se observa un aumento considerable en las investigaciones, debates y publicaciones sobre la memoria colectiva. En países en posconflicto o en transición política, dicha producción está ligada a propuestas tendientes a la no repetición de eventos traumáticos como secuestros, torturas y crímenes cometidos en las diversas dictaduras militares, guerras civiles o eventos atroces como el Holocausto Judío (Cyberia, 2009). Proyectos como Colombia Nunca Más, iniciado en varios países del cono sur, o “Hijos e hijas”, especialmente en Argentina, orientan el trabajo de construcción de memorias asumiendo una fuerte relación entre el presente y el pasado, de cara hacia un futuro posible y deseable. En Colombia la memoria sobre el conflicto armado interno se percibe como un espacio problemático que cobra interés en el terreno de la investigación; los diversos ámbitos académicos, políticos, culturales y las organizaciones sociales permiten identificar la existencia de diferentes prácticas y lugares de enunciación desde los cuales se producen, agencian y argumentan posiciones sobre el conflicto. Desde dichos lugares se avanza en la configuración de políticas de la 17

Orlando Silva Briceño, Nathalia Martínez Mora

memoria, que corresponden con las luchas políticas que se establecen alrededor del sentido de la memoria colectiva del conflicto. Estas luchas políticas se expresan en los procesos de elaboración y reconstrucción de memoria que se vienen consolidando en varias partes del país; luchas en las que se han experimentado diferentes tipos de hechos violentos, como masacres o crímenes de lesa humanidad. El proyecto de investigación que originó el presente libro se propuso como objetivo determinar cuáles son las iniciativas públicas oficiales y no oficiales, los dispositivos y los discursos que se constituyen en luchas políticas por las memorias sobre el conflicto armado interno colombiano, así como establecer los combates y lugares políticos desde los cuales se emprende la construcción de memoria. Ante la ingente cantidad de acontecimientos derivados del conflicto armado y la diversidad de procesos de construcción de memoria, el proceso investigativo condujo a la delimitación de la indagación en uno de dichos sucesos: la Masacre de Trujillo, considerada como una práctica sistemática y constante de violación a los derechos humanos, efectuada por agentes del Estado, grupos de narcotraficantes y de paramilitares, en una región que abarcó los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar-Valle entre 1986 y 1994. Sobre dicho acontecimiento, en la última década han confluido múltiples proyectos e iniciativas de memoria, especialmente promovidos por el lugar oficial y las organizaciones sociales, aunque también se han venido realizando aproximaciones desde el escenario académico y artístico que enriquecen y complejizan la producción sobre la memoria colectiva de los sucesos de Trujillo. Por lo anterior, la investigación se focalizó en dicho evento a partir de la visibilización de la memoria colectiva como un campo problémico de actualidad en los escenarios académico, político, social y económico, y también en las luchas políticas que sobre esta se generan en el ámbito colombiano en el que aún persiste el conflicto armado. De esta manera, se abordan las propuestas de memoria sobre lo ocurrido alrededor de la Masacre de Trujillo, que permiten un análisis complejo y relacional, pues sobre este acontecimiento conflictivo se han generado diversas iniciativas de memoria en distintos lugares políticos (oficial y de las organizaciones). El trabajo, entonces, se centró en la producción de este fenómeno en el país, desde el análisis enunciativo del discurso. Como fuentes utilizadas para el proceso de investigación se destacan, en primera medida, la producción teórica sobre las políticas de la memoria, con los desarrollos de Paloma Aguilar (2008), de Eduardo Kingman Garcés (2004) y de Ferrándiz Martín (2007); sobre memoria están los aportes de Elizabeth Jelin (2002), Tzvetan Todorov (2002), Paul Ricoeur (1999) y Andreas Huyssen (2002), 18

Introducción

y sobre la narrativa de la memoria se encuentran los trabajos de Cristóbal Gnecco & Marta Zambrano (2000) y Jorge Mendoza (2004). En segundo lugar, están los documentos elaborados por distintas organizaciones de la sociedad civil y por instituciones del sector oficial, sobre la Masacre de Trujillo, tales como: “Parque por la vida, la justicia y la paz. Monumentos a las víctimas de los hechos violentos de Trujillo” de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz –cijp–, en conjunto con la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo –afavit–; “Memorias de la Represión. Estado y Narcotráfico en el centro del Valle”, del Proyecto Colombia Nunca Más –pcnm–; “Trujillo: una tragedia que no cesa”, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y “La Ley 975 del 2005, nominada Ley de Justicia y Paz”, del Congreso de la República de Colombia. También se abordaron documentos institucionales o de orientación teórica y metodológica de cada una de las organizaciones mencionadas anteriormente, los cuales aportaban elementos para realizar las caracterizaciones de cada una. Como opción metodológica se recurrió al enfoque genealógico-arqueológico partiendo de los desarrollos de Michel Foucault, en los cuales el trabajo se orienta en el análisis de los enunciados sobre la memoria que surgen en las distintas superficies de emergencia (fuentes empíricas de trabajo) y su correlación con los enunciados sobre verdad, justicia y reparación. Así pues, son estas categorías las que aparecen en un vínculo permanente con la memoria del conflicto. La selección de este enfoque corresponde a la relación que se puede establecer con el marco teórico escogido y el problema de la investigación. El trabajo investigativo se realizó mediante la puesta en marcha de la investigación documental, la caracterización institucional, la elaboración de mapas conceptuales y entrevistas. El libro está dividido en cuatro capítulos y un apartado con el epílogo. El primer capítulo presenta la justificación del tema de investigación, la orientación metodológica escogida que contiene las discusiones epistemológicas que se establecen alrededor del enfoque y la propuesta de análisis elaborada para desarrollar la investigación; las técnicas utilizadas, la estrategia y las categorías metodológicas; también se aborda la perspectiva teórica que orientó el proceso analítico en el trabajo. En el segundo capítulo se exponen las iniciativas de memoria sobre el conflicto armado propuestas por el lugar oficial, a partir del análisis de la Ley 975 de 2005, el informe sobre la Masacre de Trujillo de la Comisión de Memoria Histórica cmh, en encargo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación cnrr y las categorizaciones que aparecen en estas superficies de emergencia en relación con la memoria, como la verdad, la justicia y la reparación.

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Orlando Silva Briceño, Nathalia Martínez Mora

El capítulo tercero propone una mirada al trabajo de algunas organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, tales como: Proyecto Colombia Nunca Más, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo, las cuales han desarrollado procesos de reconstrucción de memoria en el municipio de Trujillo (Riofrío y Bolívar) frente a la masacre cometida. Se asumen entonces estos procesos particulares para hacer un ejercicio relacional con lo producido por la cmh en dicha región y entre las propuestas de cada una de ellas, que evidencian énfasis específicos. Además, se recurre a la caracterización realizada al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, porque esta organización propone discusiones novedosas en relación con el conflicto armado, que propicia mayores rupturas con el lugar oficial. El capítulo final retoma las principales discusiones que se pudieron evidenciar a lo largo del documento, iniciando con la presentación de la categoría de memoria agenciada por las instituciones y organizaciones trabajadas y estableciendo relaciones entre ellas. Posteriormente aborda, desde la categoría de luchas políticas por la memoria, la expresión de tales luchas alrededor de la Masacre de Trujillo. Por último, plantea las perspectivas que se determinaron en el trabajo investigativo sobre las políticas de la memoria del conflicto armado colombiano, desde un contraste con las conceptualizaciones que de estas se han desarrollado en países con postconflicto, postdictadura o postguerra civil.

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Introducción

Mapa: Departamento del Valle del Cauca en Colombia

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca.

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Orlando Silva Briceño, Nathalia Martínez Mora

Mapa: Municipio de Trujillo en el Departamento del Valle del Cauca

Fuente: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=29.

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Aspectos teóricos y metodológicos para el estudio de las luchas políticas por la memoria

La memoria colectiva en las últimas décadas ha cobrado gran importancia en las ciencias sociales. Actualmente se observa una “explosión de la memoria” que se expresa en múltiples prácticas sociales que se van instituyendo en formas de vinculación pasado-presente. Colombia no ha sido ajena a tal dinámica y en este momento se adelantan diversas y variadas iniciativas y acciones en torno a la memoria del conflicto armado. La construcción de memorias sobre el conflicto armado colombiano es un campo problémico, puesto que en los últimos años se observa una creciente producción y discusión sobre la memoria, materializadas en diversas manifestaciones en las que se identifican distintos lugares políticos desde los cuales se generan estas iniciativas que, en algunos casos, se hacen coincidentes, complementarias, dependientes o interdependientes; en otros casos heterogéneas, controversiales o polémicas, y que evidencian luchas políticas por la memoria. Los lugares políticos desde los cuales se avanza en procesos de construcción de memoria sobre el conflicto armado colombiano se gestan principalmente en los siguientes ámbitos: el sector oficial, las organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas, la comunidad académica y la artística. Los temas que se abordan en cada uno de ellos son múltiples y el volumen de información resulta ser bastante amplio. La construcción de memoria sobre las masacres ocurridas en el país ha sido ‒y es en la actualidad‒ desde hace más de una década una de las principales tareas de denuncia y movilización por parte de las organizaciones defensoras 23

Orlando Silva Briceño, Nathalia Martínez Mora

de derechos humanos y de víctimas. Por su parte, el Estado colombiano ha venido produciendo sus versiones al respecto, pero con la Ley de Justicia y Paz que, además de darle un marco legal a la negociación entre el gobierno de Uribe Vélez y el paramilitarismo, legisla la tarea de producción de memoria sobre varios aspectos del conflicto armado, uno de ellos correspondiente a las masacres. La Ley de Justicia y Paz crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ‒cnrr‒ y con ella la Comisión de Memoria Histórica ‒cmh‒. Esta última entidad oficial será en adelante la encargada de la reconstrucción de memoria histórica de algunos “caso-tipo”, nominación referente a masacres que en sus componentes contiene elementos susceptibles de ser tipificados. El objetivo político de estas acciones de memoria está en función de la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación, bajo el presupuesto de que Colombia se encuentra en un periodo de postconflicto. El primer trabajo producido por la cmh fue acerca de la Masacre de Trujillo (Valle), publicado en 2008. Por su parte, y con mayor experiencia, la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo ‒afavit‒, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (hoy Comisión Intereclesial de Justicia y Paz) y el Proyecto Colombia Nunca Más en esa fecha ya contaban con una amplia y reconocida trayectoria en procesos de construcción de memoria sobre este hecho, principalmente en el ámbito internacional, pero al mismo tiempo sufrían en ocasiones persecución política y amenazas por la realización de estos trabajos de la memoria. En cuanto a la academia, se han producido los siguientes estudios: El poder y la sangre, las historias de Trujillo, Valle (1995), del profesor Adolfo León Atehortúa; Historia de Restrepo Valle. De los conflictos agrarios a la fundación de pueblos. El problema de las historias locales. 1885-1990 (1995), de Darío Betancourt Echeverri; Muertes violentas: La teatralización del exceso (2004) y Trujillo, Conflicto armado y militares en Colombia: Cultos, símbolos e imaginarios (1999), de Elsa Blair Trujillo, y de Claudia Johana Cáceres, Yenny Perdomo y Cristina Patiño está la investigación “Reconstrucción de los hechos y acercamiento a los efectos psicosociales de la población afectada por las desapariciones y asesinatos colectivos de los habitantes de la vereda La Sonora en el marco de los sucesos violentos ocurridos entre 1986 y 1994 en los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, conocidos como ‘La Masacre de Trujillo’” (2001). Los anteriores trabajos, aunque no se ubican propiamente como una reflexión desde la conceptualización de memoria como aspecto central, aportan elementos históricos, políticos, sociológicos y analíticos sobre el contexto de la región, los móviles, la presencia de actores políticos y su influencia en la masacre; así mismo, existen algunos eventos académicos realizados por universidades del país.

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Aspectos teóricos y metodológicos para el estudio de las luchas políticas por la memoria

Por su parte, la comunidad artística ha aportado las siguientes creaciones culturales: la propuesta fotográfica de Jesús Abad Colorado sobre Trujillo; la obra “Frágil alma a la deriva” (animula, vagula, blandula), del grupo teatral Varasanta de Bogotá, la cual se constituye como “una reflexión poética acerca del desarraigo que provocan las masacres”; la exhibición de “Kilele”, obra fundada en la masacre de Bojayá, y una versión actualizada del monólogo “Mujeres en la guerra”, de Carlota Llano, a partir del libro de Patricia Lara. De igual manera, en septiembre de 2010 en el Teatro Nacional Fanny Mikey se presentó la Obra “El deber de Fenster”, escrita por Humberto Dorado y Matías Maldonado, y dirigida por Nicolás Montero y Laura Villegas. Esta obra aborda el caso judicial de la Masacre de Trujillo, llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el expediente 11.007, y tomaba gran parte de la documentación sistematizada y trabajada por la Comisión de Memoria Histórica de la cnrr. Estas apuestas políticas por la memoria han producido cuestionamientos, discusiones y confrontaciones que evidencian las luchas por la memoria; este aspecto es uno de los principales intereses de este libro. Toda vez que se cuenta con abundante producción al respecto, se optó por analizar dos de los lugares que se controvierten entre sí en relación con la construcción de memoria de la Masacre de Trujillo: el sector oficial y las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. Otro de los criterios está relacionado con las maneras como ha sido concebido este hecho, pues la Masacre de Trujillo para las organizaciones se considera como un crimen de Estado y/o crimen de lesa humanidad. Por su parte, el Gobierno Nacional no lo reconoce como tal y cuando la cmh se refiere al mismo usa la nominación de “hechos violentos”, concepciones que evidencian un carácter antagónico sobre la memoria colectiva de dicha masacre.

Horizonte analítico Los referentes teóricos que sirvieron de orientación para el proceso de investigación se hallan en relación con el enfoque metodológico, el cual ha sido utilizado para realizar algunos de los más importantes trabajos acerca de la historia de la educación y la pedagogía y la historia cultural en el país. Como se ha mencionado, este enfoque permite de manera estratégica establecer una relación entre elementos dispersos, posibles de ser historiados (arqueología) y determinar las condiciones de emergencia de un acontecimiento enmarcado en unas relaciones de poder (genealogía). El análisis enunciativo a partir de este enfoque establece un momento de emergencia de dichos acontecimientos que son susceptibles de ser analizados y, por lo tanto, historizados. Las categorías teóricas presentadas a continuación permitieron realizar un nivel de contraste y análisis con las fuentes primarias encontradas. 25

Orlando Silva Briceño, Nathalia Martínez Mora

Luchas políticas por la memoria En el marco de las aperturas políticas, que permite la visibilización de memorias ocultas y excluidas del escenario público que permanecían en lo privado, según afirma Elizabeth Jelin, se manifiesta la aparición de luchas políticas mediante una multiplicidad de actores que presentan reivindicaciones y exigencias, y reclaman un reconocimiento de su versión. “Las memorias de quienes fueron oprimidos y marginalizados ‒en el extremo, quienes fueron directamente afectados en su integridad física por muertes, desapariciones forzadas, torturas, exilios y encierros‒ surgen con una doble pretensión, la de dar la versión ‘verdadera’ de la historia a partir de su memoria y la de reclamar justicia” (Jelin, 2002, p. 43). De esta manera, el sentido por el pasado, el cual se basa en la búsqueda de la justicia en el presente, permite que la memoria se articule en el pedido de verdad y justicia. No obstante, las aperturas políticas no sugieren necesariamente una posición contrapuesta desde una lógica binaria Estado-memoria dominante/Sociedadmemoria silenciada. Lo que se evidencia es la pluralidad de actores con multiplicidad de expectativas sobre el futuro, en relación con el pasado conflictivo. Tampoco podría decirse que el Estado proporciona una visión unívoca, pues en medio de las transiciones se producen lecturas del pasado diversas, acordes con un proyecto y una expectativa política específica. Las luchas políticas por la memoria inician por el interés de narrar o interpretar un acontecimiento violento o conflictivo, en el caso de la historia oficial de una guerra o golpe militar sobre el cual generalmente se presenta la versión de los vencedores que en el relato o interpretación se asumen a sí mismos como salvadores. Las luchas se dan por la representación de este acontecimiento, bajo las reflexiones acerca de cómo debe ser transmitido y comunicado y quién decidirá qué y cómo se hará; también se generan en relación con las acciones judiciales emprendidas, los reconocimientos simbólicos y las fechas, los aniversarios y las conmemoraciones. En palabras de Jelin (2002) Los momentos de cambio de régimen político, los periodos de transición, crean un escenario de confrontación entre actores con expectativas políticas, generalmente contrapuestas. Y cada una de esas posturas involucra una visión del pasado y un programa de tratamiento de ese pasado en la nueva etapa que es definida de ruptura y cambio (p. 45).

En suma, se podría decir que estas luchas no se expresan alrededor del acontecimiento conflictivo, sino por el significado que se le otorga a dicho acontecimiento, formando parte de las estrategias e iniciativas de memoria que se 26

Aspectos teóricos y metodológicos para el estudio de las luchas políticas por la memoria

propongan para generar la aceptación en el ámbito público de este sentido que se agencia.

Políticas de la memoria Las políticas de la memoria, desde el marco que proporciona Aguilar (2008), se entienden como todas esas “iniciativas de carácter público destinadas a difundir o consolidar una determinada interpretación de algún acontecimiento del pasado de gran relevancia para determinados grupos sociales o políticos, o para el conjunto de un país” (p. 53), que pueden ser oficiales o no oficiales. En un sentido metodológico, la autora propone su búsqueda en los discursos, en las diversas construcciones de monumentos, en las conmemoraciones, en la articulación de símbolos o en las reglamentaciones. Como técnicas de recolección de estas políticas, en el caso de grupos poblacionales pequeños que puedan ser representativos, indica el uso de entrevistas, la revisión de documentos y el análisis de propuestas encaminadas a visibilizar ciertas memorias, y en un país o sociedad en general, la aplicación de encuestas que permitan una perspectiva amplia al respecto. El objetivo de las políticas de la memoria es dilucidar las condiciones que hicieron posible las violaciones de derechos humanos, conceder responsabilidad sobre estas, evitar la impunidad, buscar la justicia, formular medidas y mecanismos de reparación, propiciar la creación de comisiones de la verdad u otras acciones que configuran un significado y comprensión de estos acontecimientos en el presente y generar procesos de reconstrucción del tejido social que fue desintegrado. Esto explica que las medidas sobre justicia transicional que asumen algunos países que se hallan en consecución de la democracia puedan considerase como políticas de la memoria. En Colombia las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos orientan sus trabajos políticos de la memoria en la perspectiva señalada por Aguilar, excepto que no se sitúan en el marco de la justicia transicional; aspecto que se constituye en una de las grandes diferencias con la posición de postconflicto que asume el Estado colombiano. Por otra parte, las políticas de la memoria expresan una movilidad temporal y espacial permanente, y un carácter plural o múltiple; por lo tanto, no pueden estimarse como fijas, homogéneas, ni perdurables, casi en un sentido de naturalización. Esta condición pone de manifiesto las tensiones y combates que se establecen alrededor de una versión sobre el pasado que se considera significativa para los individuos y las colectividades. Así mismo, esta tensión se produce por los efectos que provocan en las comunidades, organizaciones o en la sociedad en general.

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Orlando Silva Briceño, Nathalia Martínez Mora

Acudiendo a la categoría de memorias dominantes de Henry Rousso, Aguilar las define como las más representadas en los medios de comunicación y que disponen de mayor transmisión, por lo que las políticas de la memoria serían todas aquellas que se han convertido en memorias dominantes, no hegemónicas, pues este último término implica las visiones compartidas por diversos grupos de la sociedad. El análisis en el contexto colombiano muestra el agenciamiento de memorias que no son dominantes ni hegemónicas, en medio de constantes violaciones a los derechos humanos a través de acciones sistemáticas y masivas que se generan dentro del marco de una democracia establecida jurídicamente. Tal situación comporta un rasgo particular para Colombia, que se distingue de países como España, Alemania, o en América Latina como Argentina, Chile, Guatemala o el Salvador, donde las políticas de la memoria se establecieron en medio de una postguerra civil, un período posterior a un régimen dictatorial o de transición a un gobierno democrático. La posible configuración de políticas de la memoria sobre el conflicto armado en Colombia está relacionada con la expresión de las luchas políticas y los acuerdos que se logren entre los actores políticos que configuran este campo.

Emisores y emprendedores en la construcción de memoria Aguilar (2008), frente a su propuesta de políticas de la memoria, sugiere ubicarse en los emisores de interpretaciones del pasado, los cuales tienen mayor acceso a los medios de difusión (medios de comunicación, programas escolares) para transmitirlas. Entre aquellos que podrían considerarse emisores están las autoridades públicas, los partidos políticos, los líderes de opinión y las organizaciones de la sociedad civil, que cuentan con las posibilidades de hacer visibles las memorias que agencian. Por su parte, como se señaló anteriormente en relación con las luchas políticas por la memoria, existe una multiplicidad de actores que, de acuerdo con sus expectativas políticas, pretenden definir el campo de estas luchas, los cuales son concebidos como emprendedores de memoria, desde la propuesta de Jelin (2002) que retoma esta categoría de Howard Becker. Las preguntas que se proponen alrededor de dichos actores son: ¿quiénes son?, ¿qué buscan?, ¿qué los mueve?, sugiriendo ubicarse en el contexto particular que los convoca para determinar las intenciones y estrategias que asumen. La acción de estos emprendedores comporta “el uso político y público que se hace de la memoria [pues] un grupo humano puede recordar un acontecimiento de manera literal o de manera ejemplar” (Jelin, 2002, p. 50); el primer uso provoca el ensimismamiento del hecho e imposibilita así la acción de proyectar su experiencia en un 28

Aspectos teóricos y metodológicos para el estudio de las luchas políticas por la memoria

espacio abierto, mientras que el segundo permite aprendizajes, y transforma el pasado en criterio del accionar en el presente.

El olvido Como un aspecto fundamental en los procesos de elaboración y recuperación de memorias, se encuentra en el mismo plano el derecho al olvido, no como aquello contrario a la memoria, sino como una necesidad en cualquier sociedad. Al igual que las memorias, los olvidos también podrían ubicarse en distintos niveles: un olvido necesario, que implica un proceso de selección; un olvido por voluntad política en un sentido estratégico; un olvido evasivo propio que conllevan los silencios y un olvido liberador de la carga del pasado en una apuesta hacia el futuro. El olvido, en palabras de Jelin, sería la presencia de algo que ahora está ausente. Coincidente con estas posturas, Todorov (2002) hace un llamado al derecho a olvidar, pues “el elogio incondicional de la memoria y la condena ritual del olvido se convierten […] en problemáticos” (p. 144, 145), haciendo evidente el culto a la memoria que caracteriza las sociedades occidentales actuales. Si se profundiza esta cuestión, podría recurrirse a Paul Ricoeur (1999) quien realiza una clasificación del olvido en dos niveles fundamentales: el nivel más profundo en el que la memoria está vinculada a la retención del recuerdo; aquí el olvido se vuelve inexorable y trata de borrar lo aprendido y el inmemorial que alude a las fundaciones que no fueron acontecimientos propios de ser recordados. El otro nivel es el referido al olvido manifiesto, donde la memoria aparece como función de la evocación que implica un olvido de carácter pasivo o activo, en correspondencia con la clasificación presentada sobre la selección o la evasividad. Con todo esto, el olvido “posee un significado positivo en la medida en que el ‘carácter de sido’ [se debate entre precursar y regresar] prevalece sobre el ‘ya no’ [ausencia] en el significado vinculado a la idea de pasado. El carácter de sido convierte el recurso inmemorial en el trabajo del recuerdo” (Ricoeur, 1999, p. 56). La reflexión acerca del olvido es necesaria en la medida en que aclara algunos rasgos de la posición política, en este caso sobre la Masacre de Trujillo, tanto del lugar oficial como de las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.

Cultura de la memoria Andreas Huyssen considera el surgimiento de la memoria como un fenómeno cultural y político reciente en las sociedades occidentales, y presenta dos 29

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paradojas desde las cuales se ha establecido el actual interés por el pasado. La primera se refiere a la exaltación del futuro, desde la noción de futuros presentes, y la segunda, a la cultura contemporánea de amnesia. A partir de la década de los sesenta aparecieron distintos discursos sobre la memoria debido a los procesos de descolonización y la irrupción de los nuevos movimientos sociales; discursos que se extendieron en los ochenta a Europa y Estados Unidos, por el debate creciente sobre el Holocausto y la explosión de conmemoraciones que eran apoyados por los medios de comunicación e información. El Holocausto se fue convirtiendo, paulatinamente, en la metáfora universal desde la cual se abordaban las situaciones locales, denotando la globalización del discurso de este suceso. Así mismo, el incremento del uso de los testimonios orales en la investigación social, la proliferación de museos como parte de reconstrucción del pasado y protección del patrimonio cultural, la extensa bibliografía en la disciplina psicoanalítica sobre el trauma y una excesiva manifestación de culto al pasado se enmarcaban en la idea de asegurar un futuro deseado. En esa obsesión por la memoria, la amnesia ha jugado un papel fundamental que se debate entre el miedo al olvido y la pérdida de recuerdos por medio de la memoria pública mediatizada. El giro hacia la memoria se ve influido de forma notable por los medios de comunicación, los cuales se configuran en los vehículos primordiales de esta, vinculado a la mercantilización, que en algunos casos puede conllevar a la trivialización del suceso histórico, pero en otros ‒debido a la magnitud y fuerza de las memorias‒ no le resta su peso. No obstante, más allá de esto, un argumento que presenta Huyssen (2002) sobre este deseo hacia el pasado consiste en “una transformación lenta pero tangible de la temporalidad que tiene lugar en nuestras vidas y que se produce, fundamentalmente, a través de la compleja interacción de fenómenos tales como los cambios tecnológicos, los medios de comunicación masiva, los nuevos patrones de consumo y movilidad global” (p. 29), en el cual este cambio de la experiencia temporal es influido por la cultura de la memoria. El autor introduce dos categorías que sirven como otro elemento de análisis del contexto actual: las memorias imaginadas y las memorias traumáticas. Las primeras no parten de la experiencia de los sujetos sociales, sino de la comercialización del pasado, que hoy vende más que el futuro; las memorias traumáticas o vividas poseen la potencial carga de la experiencia y del componente político; por lo tanto, son activas, están arraigadas a la vida social y posibilitan la creación de futuros posibles en el marco de la sociedad global. 30

Aspectos teóricos y metodológicos para el estudio de las luchas políticas por la memoria

Siguiendo los planteamientos de este autor, no se trata de evitar los procesos de elaboración de memoria debido a la eminente obsesión por esta; por el contrario, lo que se propone desde esta visión es que el debate político sea el que acompañe y atraviese estos procesos; en el marco de la multiplicidad de relaciones de poder que subyacen a este.

Enfoque genealógico-arqueológico: ruta metodológica de trabajo Con los aportes de Nietzsche, en relación con la construcción de la verdad y la constitución de la moral, de Gastón Bachelard referidos a los umbrales epistemológicos del conocimiento y de la ciencia, y de George Canguilhem sobre la transformación de los conceptos, Michel Foucault reformula algunos planteamientos sobre la ciencia, la teoría, el sujeto trascendental y la obra, proponiendo una arqueología del saber y una genealogía del poder. En el desarrollo de esta perspectiva teórica y metodológica empleada por Foucault en un sinnúmero de investigaciones se analizan: las prácticas discursivas, el poder, entendido como relaciones de poder en la lógica de las estrategias y las tecnologías, y el sujeto en sus modalidades de constitución de individuo a sujeto y experiencia de sí por medio del autoreconocimiento como sujeto. Conforme a tales rupturas epistemológicas que este autor introduce, se liga con el posestructuralismo, particularmente por la academia norteamericana (Gibson-Graham, 2002).

Discurso y acontecimiento Según J. K. Gibson-Graham, (2002) las tendencias postestructuralistas consideran la realidad como discursivamente constituida, sin afirmar que todo pasa por el discurso pues existe materialidad. El discurso se plantea como lo pronunciado en campos de poder, que genera efectos de verdad acordes con las reglas de formación discursiva que determinan la condición de existencia y transformación de enunciados. Por tanto, el discurso es visto como una práctica o materialidad que establece multiplicidad de relaciones con otras para construir verdad. En los análisis realizados por Foucault, se asume la noción de verdad como un proceso perdurable y recomenzado que reclama un rostro inexistente; un lugar o terreno de confrontación en torno a la potencia para generar transformaciones en los cuerpos; lo no represivo que configura una estética de sí mediante el desplazamiento de la relación ética con los demás.

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Foucault concibe el discurso “como una práctica, (que actúa como forma de producir un saber y ejercer un poder) como un conjunto de enunciados que dependen de una misma formación discursiva, referida al conjunto conseguido cuando las condiciones de existencia de una dispersión es descrita por el análisis enunciativo” (Cyberia, 2009, p. 190). Cuando se recurre al análisis enunciativo del discurso se aproxima a la episteme propia de una época, por medio del análisis de instituciones, sujetos y saberes.

Memoria como acontecimiento La práctica que se analiza se hace desde la consideración de cómo un acontecimiento ha sido discursivamente constituido por aquellos enunciados efectivamente producidos que le describen, explican, juzgan, despliegan y disputan. Desde esta perspectiva, las memorias sobre el conflicto armado colombiano son un acontecimiento construido desde lugares diversos que conformarían una formación discursiva. Dicha formación discursiva es entendida como una red de enunciados complejos, y no se caracterizaría por su uniformidad ni por la unidad en sus objetos, conceptos, posiciones de sujeto o tácticas, sino por la dispersión de estos en determinadas condiciones de existencia y de transformación. De allí que el hecho de hablar de acontecimiento supone remitirse a un conjunto de enunciados que emergen de manera singular de acuerdo con unas condiciones específicas de saber y de poder, que estratégicamente realizan elecciones sobre aquello que debe ser recordado seleccionando olvidos. Las formas de existencia de la memoria se configuran desde distintos saberes, en unos casos se generan en las diversas disciplinas sociales, que se complementan, aportan y nutren la discusión; en otros, las memorias se construyen a partir de prácticas sociales como la denuncia, la movilización, la conmemoración, o con el establecimiento de marcas territoriales; también, son motivo para la expresión artística. En todos los casos, derivan en preguntas a los estudios sociales, preguntas por las condiciones de existencia de la memoria del conflicto armado colombiano, en una época particular como la nuestra. Desde la perspectiva de Foucault, la arqueología favorece el análisis de acontecimientos, comprende “los discursos en tanto prácticas que obedecen a unas reglas. No trata el discurso como documento, como signo de otra cosa, […] se dirige al discurso en su volumen propio, a título de monumento” (Foucault, 2005, pp. 233, 234), razón por la que no se establece como un método interpretativo.

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Por su parte, hacer genealogía no consiste en buscar el origen (en relación con su significado etimológico), que implica la búsqueda de la verdad y la continuidad. Contrario a esto, Foucault sugiere, retomando algunos postulados de Nietzsche al respecto, que se trata es de […] ocuparse en las meticulosidades y en los azares de los comienzos; prestar una escrupulosa atención a su irrisoria malevolencia; prestarse a verlas surgir quitadas las máscaras, con el rostro del otro; no tener pudor para ir a buscarlas allí donde están «revolviendo los bajos fondos», dejarles el tiempo para remontar el laberinto en el que ninguna verdad nunca jamás las ha mantenido bajo su protección (1992, p. 5).

Lo anterior sugiere situarse en la emergencia o aparición singular de los acontecimientos que se dan en los intersticios, mediante relaciones de poder y condiciones de saber. La genealogía se entiende entonces como aquella “forma de historia que da cuenta de la constitución de los saberes, de los discursos, de los dominios de objeto, etc., sin tener que referirse a un sujeto que sea trascendente en relación al campo de los acontecimientos o que corre en su identidad vacía, a través de la historia” (Foucault, 1992, p. 181), liberada de cualquier empirismo o positivismo, para colocar en juego los saberes locales, las fisuras. Así pues, podría ser considerada una anticiencia, si se mira como una intervención contraria a lo que producen las teorías totalitarias que promueven saberes dominantes, excluyentes de los saberes sometidos; por tanto, para esta procede “una tarea indispensable: percibir la singularidad de los sucesos fuera de toda finalidad monótona: encontrarlos allí donde menos se espera y en aquello que pasa desapercibido por no tener nada de historia –los sentimientos, el amor, la conciencia, los instintos‒” (Foucault, 1992, p. 7), lo que genera una ruptura frente a los efectos de poder producidos por los llamados discursos científicos, con el propósito de apartarlos de instancias teóricas universalizantes, que los ubican dentro de regímenes de verdad. Con todo esto, el enfoque debe ser entendido como una ruta que brinda orientaciones teóricas y metodológicas, y en el cual el propio proceso de investigación es una actividad de carácter reflexivo que retroalimenta y reorienta la acción, por lo que cada experiencia tiene un sentido singular e irrepetible.

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Precisiones sobre el uso de algunas categorías metodológicas A lo largo de todo el libro se encontrará referencia a una serie de categorías metodológicas empleadas en el proceso investigativo que hacen parte del enfoque que orientó el ejercicio, las cuales sirvieron para realizar el trabajo analítico y establecer relaciones entre los enunciados o grupos de enunciados que emergieron sobre la problemática investigada. Otras, por su parte, son en sí mismas categorías de este nivel analítico, por lo que se considera importante realizar una breve descripción de estas. Superficies de emergencia Las superficies de emergencia se constituyen en el lugar de aparición de prácticas discursivas que son analizadas por la arqueología como el suelo de coexistencia de estas prácticas y por la genealogía desde la transformación en un espacio estratégico. Las superficies de emergencia seleccionadas para el desarrollo analítico de este proceso investigativo son: el informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación cnrr, “Elementos para la Construcción de una Hoja de Ruta” (2006) y “Trujillo una tragedia que no cesa” (cmh, 2008), bajo la Comisión de Memoria Histórica; están “Memorias de la Represión. Estado y Narcotráfico en el Centro del Valle” del Proyecto Colombia Nunca Más (2007), “Criterios Ético-políticos del proyecto Colombia Nunca Más” (s.f.) y El Proyecto y su despegue (2008); “Parque por la vida, la justicia y la paz. Monumento a las víctimas de los hechos violentos de Trujillo 1987-1994” (1998), de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, y “Nuestra Identidad”, de la cijp (2010). Así mismo, son consideradas superficies de emergencia el Parque Monumento, que se analizó mediante la visita realizada en noviembre de 2010 y las entrevistas a algunos miembros de las organizaciones elegidas para el proyecto. Enunciado El enunciado es referido por Foucault como la unidad elemental del discurso que posee como condiciones ser único, pero que se ofrece a la repetición, transformación y reactivación; también, debe estar ligado a un gesto de escritura o articulación de una palabra, abrirse a la posibilidad de una existencia y hallarse en vínculo con otros enunciados. Lo que permite su emergencia no es “[…] una interpretación de los hechos enunciativos […] sino el análisis de su coexistencia, de su sucesión, de su funcionamiento mutuo, de su trasformación independiente o correlativa” (Foucault, 2005, p. 48). El enunciado sería entonces una función que entrecruza un dominio de unidades y estructuras probables, y que permite así su irrupción en el espacio y en el tiempo con contenidos precisos. 34

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Función que debe ser descrita en sus condiciones de existencia, formación y transformación, en las reglas que la rigen y en el campo en que se despliega. El trabajo analítico e investigativo se dirige a lo “positivamente dicho”, en el lugar propio de existencia de los enunciados. Cada una de estas iniciativas ha producido su “propia” construcción de memoria sobre el mismo hecho. Estas producciones, siguiendo el enfoque genealógico-arqueológico, hacen parte de una formación discursiva en la cual por la distinta procedencia de los discursos no existe uniformidad. Los enunciados que emergen de cada uno de estos discursos algunas veces convergen, pero en otras ocasiones expresan las fuertes disputas en relación con el mismo hecho. A manera de ejemplo, se puede citar la confrontación entre el sector oficial y las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, en relación con dos aspectos: el primero tiene que ver con el reconocimiento que hace la Ley de Justicia y Paz a los integrantes de las Fuerzas Militares como víctimas del conflicto armado y el desconocimiento como tales por parte de las organizaciones; el segundo, con la nominación del acontecimiento, como se verá en el capítulo final, que configuran las luchas políticas por la memoria del conflicto. Archivo El archivo debe ser entendido como un instrumento que permite la coexistencia de prácticas heterogéneas en función de acontecimientos discursivos o no discusivos, visto por Foucault como “la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares […] hace que todas las cosas dichas se agrupen en figuras distintas, se compongan las unas con las otras según regularidades específicas” (2005, p. 220), y se produce de esta manera la posible emergencia y transformación de los enunciados. Lo anterior es contrario a la sumatoria de distintos textos sobre un mismo tema, pues este no constituye solo un cuerpo de documentos, sino que se concibe como el análisis mismo de los diferentes discursos que circulan al interior del campo investigado. En esta perspectiva aparece la noción de archivo como un instrumento fundamental en la captura, formación y transformación de enunciados. El archivo es una estrategia de análisis de diferentes discursos que atraviesan un campo, y posibilitan la visibilización y trasformación de los enunciados. A través de él se logra “[…] captar el enunciado en la estrechez y singularidad de su acontecer, determinar las condiciones de su existencia […] establecer sus correlaciones con los otros enunciados que puedan tener vínculos con él, y mostrar qué otras formas de enunciación excluye” (Foucault, 2005, p. 45), para así, fijar el estatuto de un saber. 35

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En este sentido, el archivo se considera como el corpus de análisis de los discursos y enunciados producidos sobre las memorias del conflicto armado, constituido por fuentes documentales de los cuatro ámbitos enunciados (oficial, organizaciones de la sociedad civil, comunidad académica y artística). De igual forma, por testimonios orales de algunos participantes de organizaciones como el movice, la cnrr, Proyecto Colombia Nunca Más y de organizadores de los eventos de las Universidades Distrital y Pedagógica; material iconográfico y audiovisual elaborado en los proyectos, acciones y eventos académicos de estas instituciones. Es necesario tener en cuenta que las fuentes documentales, las entrevistas, la iconografía y el material audiovisual pertenecen a una misma formación discursiva según el enfoque utilizado.

La configuración histórica de los sujetos Según J. K. Gibson-Graham (2002), en las tendencias postestructurales existe un reconocimiento de la configuración histórica de los sujetos, que supone la agencia de estos sin que dicha configuración sea exclusivamente producida por las estructuras sociales, en discusión con la idea del sujeto trascendental y liberado, que define su actuar en relación con la reproducción de las estructuras que lo conforman. Abordar la categoría de sujeto desde el marco que brinda las conceptualizaciones de Foucault (1991) implica situar la constitución de los seres humanos en sujetos a través de tres modos de objetivación: la aparición e inserción del sujeto en ciencias humanas, la aparición del sujeto en otro tipo de prácticas normativas y de conocimiento ‒que este autor ha nominado como “prácticas de escisión”‒ y la constitución del sujeto para sí mismo, esto es, la experiencia de sí mismo en un juego de verdad que tiene relación consigo. Estos modos de objetivación de los seres humanos para convertirse en sujetos se hallan situados en relaciones de poder complejas, entendidas no desde una teoría del poder que presupone una objetivación dada, sino como una acción que es ejercida en medio de constantes tensiones y luchas que expresan una multiplicidad de enfrentamientos. Luchas cuyo objetivo radica en instaurar una forma de poder específica, en las que el individuo es categorizado, se señala su propia individualidad, se le atribuye una ley de verdad que debe ser reconocida por los otros y por el mismo. El poder produce, induce, guía, conduce, emerge de manera intencional pero no subjetiva, es decir, supone el cálculo abierto con una serie de miras y objetivos, pero no resulta de la opción de un sujeto individual o colectivo.

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Se trata de “una forma de poder que hace a los individuos sujetos […] sujeto a alguien por el control y la dependencia, o ligado a su propia identidad por una consciencia o autoconocimiento. Ambos significados sugieren una forma de poder que subyuga y crea sujeto para” (Foucault, 1991, p. 60). Entonces, más allá de referirse al sujeto como un agente social, se piensa como una posición o lugar que se ocupa en relación con diversos juegos de verdad y de poder, mediante los cuales el sujeto ha llegado a ser objeto de conocimiento. Los juegos de verdad hacen alusión a las reglas que permiten enlace de discursos susceptibles de ser nominados como verdaderos o falsos y se establecen regímenes de verdad específicos. El desarrollo analítico de esta categoría en los ámbitos seleccionados para esta investigación será expuesto en uno de los capítulos siguientes, en el cual se evidencia la constitución de la víctima como un sujeto, sobre quien se adelantan prácticas que producen su objetivación, una de ellas las prácticas de escisión.

Despliegue de la estrategia metodológica La estrategia metodológica producida para desarrollar la investigación se fue implementando de acuerdo con lo planteado en el enfoque; no obstante, en el curso de la investigación, el proyecto sufrió transformaciones a lo largo del proceso de fundamentación teórica y de análisis de la información, que poco a poco iban visibilizando opciones de trabajo más propicias según los criterios de viabilidad, pertinencia y aporte social. Esta condición se aproxima a una de las características de la investigación social de corte cualitativa, nominada como flexibilidad (Vasilachis de Gialdino, 2006). Según esta característica, el proyecto y las preguntas que lo constituyen son susceptibles de cambio en el devenir propio del estudio, en relación con los propósitos, el alcance de la propuesta y la posibilidad de cumplimiento con lo establecido en la planeación. La estrategia analítica se compone de las siguientes nueve fases: 1. El trabajo inició con la realización de un inventario de las iniciativas de memoria que se estaban generando, especialmente desde el 2007, pues este periodo fue considerado como el umbral de aparición de una gran cantidad de proyectos, programas y eventos, entre otros, sobre la memoria del conflicto armado colombiano, desde distintas instituciones, organizaciones, comunidades académicas y artísticas. Con la información del inventario se procedió a su organización, agrupación y clasificación, y se fue complementando con lo producido hasta el 2011.

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2. Con base en la organización se identificaron cuatro lugares desde los cuales se realiza construcción de memoria sobre el conflicto armado colombiano; unos cuentan con mayor difusión, otros con mayor producción de iniciativas de memoria. De esto se evidenció que en la actualidad “existe una explosión de memoria” sobre el conflicto armado; a su vez se determinaron los temas sobre los cuales existe producción de memoria en cada uno de estos lugares. 3. En la clasificación de la información por temas se encontró la masacre como un tema presente en los cuatro casos, este fue uno de los criterios de su elección. Toda vez que existe gran cantidad de información sobre las diversas masacres ocurridas en el país, se eligió trabajar la Masacre de Trujillo en dos lugares de construcción de memoria: la dimensión oficial y las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. 4. Se elaboró un documento de caracterización de las instituciones oficiales y las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, desde las cuales se han adelantado procesos de construcción de memoria sobre la Masacre de Trujillo, información que posteriormente fue complementada con las entrevistas realizadas a algunos miembros pertenecientes a las instituciones y organizaciones. 5. Posteriormente, se inventarió la información de algunos centros de documentación de las organizaciones antes mencionadas, relacionadas con la memoria del conflicto armado, el seguimiento a los procesos judiciales (en el caso de la Comisión de Justicia y Paz) de manera especial sobre el caso de Trujillo. De lo anterior se logró establecer para estas organizaciones las líneas de trabajo, las estrategias utilizadas, los planes de acción y algunas maneras de operar frente a los procesos de reconstrucción de memoria. 6. Se delimitó el corpus analítico que sería empleado en los procesos descriptivos y de análisis en relación con la Masacre de Trujillo. A través de este caso podrían ubicarse desde lo positivamente enunciado las discusiones, diferencias, debates, similitudes en los discursos y en los referentes políticos. Este proceso facilitó la visibilización de relaciones de unos enunciados con otros (Foucault, 2005). 7. De los documentos seleccionados en el corpus, se emprendió un proceso de descripción de los discursos que circulaban sobre la memoria de la masacre, incluidas las transcripciones de las entrevistas elaboradas, que permitieron la aparición de otras categorías relacionadas con la memoria: 38

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verdad, justicia y reparación, mediante la elaboración de fichas temáticas, bibliográficas y analíticas. Este momento se materializó en varios documentos, que posteriormente fueron reelaborados desde las categorías teóricas y las conexiones con las categorías que emergían en los documentos. 8. Conforme al enfoque se definió un nivel de análisis que consistía en contrastar las categorías teóricas (mencionadas en el primer apartado de este capítulo) con los enunciados y discursos que aparecían en las superficies de emergencia utilizadas. A partir de esto, se realizaron mapas conceptuales o relacionales teniendo como base el esquema de instituciones, sujetos y discursos, para dar así la consecución al trabajo analítico de los enunciados sobre la memoria del conflicto armado colombiano. 9. Finalmente, se realizó el proceso de escritura y de organización de los capítulos de este libro, que durante el proceso investigativo se fueron socializando en eventos nacionales e internacionales1. Todos estos momentos están relacionados con el enfoque genealógico-arqueológico que, como se ha insistido constantemente, no precisa pasos específicos para las investigaciones, aunque sí sugiere algunos criterios metodológicos para emprender el proceso investigativo y desarrolla conceptos teórico-metodológicos que pueden servir para la fase de categorización. De modo que el trabajo se orientó en el análisis de los enunciados sobre la memoria que surgieron en las distintas superficies de emergencia, y su correlación con los enunciados sobre verdad, justicia y reparación, pues son estas categorías las que aparecen

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Se participó en el xv Congreso Colombiano de Historia. Asociación Colombiana de Historiadores, Bogotá (Colombia), del 26 al 30 de julio de 2010, con la ponencia “Políticas de la memoria: prácticas institucionales y construcción de sentidos sobre el pasado reciente del conflicto interno armado colombiano”. En el 7º Foro Latinoamericano “Memoria e identidad” Caminos de encuentro entre pueblos y culturas. signo Centro Interdisciplinario, Montevideo (Uruguay) del 28 al 31 de octubre de 2010, con la ponencia: “Políticas de la memoria sobre el conflicto armado colombiano: la construcción de otros relatos”. En el Primer Encuentro de Estudios Críticos de las Transiciones Políticas: violencia, cultura y sociedad. Universidad de los Andes. Bogotá, del 5 al 7 de abril de 2011, con la ponencia: “Instituciones de Memoria sobre el conflicto Armado Colombiano en la constitución discursiva de Sujetos: una mirada a la Masacre de Trujillo”. En el I Seminario Internacional Rutas y Encuentros de los Estudios Sociales y Culturales, Bogotá, del 4 al 6 de octubre de 2011, con la ponencia “Dos Estudios sobre la Memoria del conflicto Armado Colombiano: proceso investigativo y visibilización del Sujeto Víctima, Instituciones y Luchas por la Memoria como categorías de análisis”. En el V Seminario Internacional Políticas de la Memoria, Buenos Aires (Argentina), del 3 al 6 de octubre, con la ponencia “Instituciones de Memoria y Marcas territoriales: el caso del conflicto armado en Colombia”. 39

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en un vínculo permanente con la memoria del conflicto. La selección de este enfoque corresponde a la relación que se puede establecer con el marco teórico escogido y el problema de la investigación.

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La memoria en el lugar oficial: la

apuesta por la reconciliación nacional En el ámbito oficial, desde hace algunos años se observa un interés por abordar los procesos de desmovilización como un imperativo, al que posteriormente suman el fenómeno de la memoria del conflicto armado por medio de la creación de instituciones para este fin, la realización de eventos académicos y la promulgación de leyes, que van configurando un lugar político para la memoria desde las propuestas estatales. En este capítulo se trabajan, en una primera parte, las disposiciones que se establecen en relación con la memoria en la Ley 975/05, también sobre verdad, justicia, reparación y reconciliación. En una segunda parte, se muestra el análisis realizado al informe “Trujillo: una tragedia que no cesa” (2008), de la Comisión de Memoria Histórica, particularmente sobre la configuración de la memoria establecida en él, siendo un área de investigación perteneciente a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Igualmente, es abordada la categoría de sujeto, que tal y como se observará aparece configurada desde dos órdenes discursivos: sujeto-víctima y sujeto de derecho, expresando distintas confrontaciones entre el lugar oficial y las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.

Marco político y jurídico El marco normativo que orienta la consecución de las políticas en relación con la memoria, la verdad, la justicia y la reparación se halla expresado en la Ley 975 de 2005: “disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. Como parte de las condiciones de emergencia de esta ley, denominada Ley de Justicia y Paz, se encuentran: la elección de Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República para el periodo 2002-2006 en medio del agravamiento de problemáticas en el sector económico, político y de seguridad; la ejecución de la política de Seguridad Democrática como bandera de su man41

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dato; los procesos de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia adelantados desde el 2002, principalmente en la vereda de Santa Fe de Ralito, ubicada en el municipio de Tierralta, Córdoba, y el vacío jurídico que presentaban estos acuerdos con el gobierno nacional. Así pues, con el fin de abordar dicha ley dentro de las complejas dinámicas de poder y saber en que se estableció, es necesario realizar una breve presentación de cada una de estas condiciones. Finalizando el periodo de administración del ex presidente Andrés Pastrana, la población colombiana pasaba por un momento de desconfianza frente al tratamiento del conflicto armado por los acuerdos fallidos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia farc que para ese entonces era considerado como el grupo insurgente con mayor influencia militar en el conflicto armado, el cual pierde su reconocimiento como negociador político ante el gobierno debido a la violación del cese de hostilidades, acompañado de atropellos en las zonas de despeje habilitadas para los diálogos. Del mismo modo, se percibía un ambiente de desesperanza en cuanto a la consecución de la paz por estos medios y de escepticismo hacia el manejo de los asuntos públicos a causa de la corrupción e ineficacia que se apreciaba en las actividades políticas del país. En cuanto al escenario económico, las relaciones comerciales se veían afectadas por este contexto y la inversión de capital económico, tanto extranjero como nacional, experimentaba un fenómeno de desestímulo, sumado a la recesión económica que enfrentaba la nación desde finales de la década de los noventa. En este marco, Álvaro Uribe Vélez se presentó como candidato independiente de los partidos Liberal y Conservador con una campaña que decía recoger el sentir de muchos colombianos sobre la situación de corrupción y agudización del conflicto. Por tanto, “Uribe se erigió como el líder que, con mano dura, cambiaría radicalmente ese panorama” (González, 2006, p. 2), al ganar las elecciones presidenciales del 2001 con el 53.04 %2 total de las votaciones. El 26 de mayo de 2002 asumió la Presidencia implementando un mandato de gobierno: la “política de seguridad democrática”, propuesta para fortalecer las actividades de los órganos militares del gobierno y asegurar su presencia a lo largo del territorio colombiano. Esta política implicó una relación directa con otras estrategias impulsadas en los campos sociales y económicos, y conllevó una transformación de estas esferas de manera determinante; por ejemplo, la organización de redes de cooperantes y de unidades de soldados campesinos, la oferta de recompensas a informantes, el incremento del presupuesto estipu2 42

Registraduría Nacional del Estado Civil. www.registraduria.gov.co/2002PRP1/e/vpresidente0.htm?1

La memoria en el lugar oficial: la apuesta por la reconciliación nacional

lado a la defensa nacional, el estímulo a la inversión extranjera y el financiamiento de proyectos privados, de la mano con el proyecto de reforma tributaria y la creación del impuesto para la guerra destinado a financiar las necesidades económicas del conflicto. Dentro de los objetivos de la política de seguridad democrática se establecen los procesos de desmovilización o rendición de los miembros de los grupos armados ilegales, ya sea mediante mecanismos que promuevan la deserción de estos o la fijación de garantías a través de negociaciones o diálogos que brinden principios normativos a dichos procesos. La Ley 975 de 2005 de Justica y Paz hace parte de una serie de normatividades y políticas que buscaron ofrecer un marco jurídico al proceso de desmovilización de algunos frentes y bloques de los grupos paramilitares, generado en el país desde el 2002. Durante este periodo se presentó un escenario de debate político entre los tutores de la ley y el gobierno, con grupos defensores de derechos humanos, Naciones Unidas y amplios sectores de la sociedad civil, quienes introdujeron discusiones éticas y políticas frente a dicha normatividad, y configuraron a su vez lugares de disputa y tensión constante por las políticas de la memoria del conflicto armado colombiano. Esta ley en los Artículos 50 y 51 determina la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación cnrr en el capítulo sobre el derecho a la reparación de las víctimas (con una duración de cinco años) y señala sus funciones y quiénes debían integrarla. En el 2006 se dio inicio a la Comisión y se produjo el documento titulado “Elementos para la construcción de una Hoja de Ruta” (cnrr, 2006), en el que se consignaron las líneas de acción, la legislación que la rige, el contexto histórico y jurídico y los aspectos conceptuales y políticos que la Comisión sostiene sobre la verdad, la justicia y la reparación. Como parte de las funciones que debe cumplir dicha Comisión se encuentra la verdad histórica, que toma como marco normativo la sentencia C-370/06 de la Corte Constitucional, en la cual se estipulan los principios que deben tener los procesos de reparación y su relación con la memoria; igualmente, lo señalado en la Ley de Justicia y Paz referente a la verdad, la conservación y acceso a los archivos, la elaboración de un informe público sobre la aparición y evolución de los Grupos Armados Ilegales gai y el deber de memoria. Finalmente, se ciñe a la normatividad internacional, de manera particular, lo contemplado en el Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de Derechos Humanos acerca del derecho a la investigación, la verdad y la justicia. La función de verdad histórica es delegada a la Comisión de Memoria Histórica cmh, que surge como un equipo académico e investigativo interdisciplinario para desempeñar las tareas designadas al área de investigación de “Memoria 43

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Histórica” de la cnrr, cuyos criterios de orientación se configuran en torno a: 1) nominar y conformar el grupo de trabajo haciendo visible sus disposiciones y delimitando su labor en la redacción del informe público; 2) distinguirlo de una Comisión de la Verdad, pues este carece de funciones ejecutorias judiciales (señalado en la Ley 975/05), de reparación y de reconciliación, al encontrarse Colombia aún en medio del conflicto; 3) reconocer las particularidades que presenta la construcción de la memoria y la verdad en vías a la justicia transicional, debido al contexto mencionado en el anterior criterio; 4) asignar responsabilidades colectivas y no individuales, en tanto que los resultados de sus investigaciones no deben tener pretensión de alcanzar efectos judiciales; 5) hacer énfasis en la responsabilidad política, moral y judicial, auspiciando la conciencia de culpa y el avance moral de los grupos, instituciones o colectivos; 6) favorecer las garantías de no repetición a partir de los procesos de construcción de verdad y memoria; 7) apuntar al reconocimiento oficial de la Comisión de Memoria Histórica, no solo en el sentido académico e investigativo, sino también desde su mandato moral y ético con la sociedad, el cual debe ser cumplido bajo las bases de la autonomía en los distintos campos de trabajo (intelectual, metodológica y operativa) y gozar de respetabilidad en la vida pública. Los propósitos del área de Memoria Histórica a cargo de la cmh son los siguientes: 1. Construir una narrativa sobre el origen y la evolución del conflicto armado interno, en sintonía con las voces de todas las víctimas, fundada en la reconstrucción más rigurosa posible ‒desde el punto de vista académico‒ de la verdad de lo sucedido. 2. Contribuir al conocimiento de las distintas “verdades” y “memorias” de la violencia en el país, teniendo en cuenta las diferencias de género, etnia e identidades políticas y sociales, pero procurando contribuir a una memoria integradora que privilegie las memorias más veraces, más justas y más reparadoras, sin falsear por ello la historia. 3. Fomentar una cultura de la legalidad y la convivencia, e incidir positivamente en la resolución política de la confrontación armada y la reconciliación. 4. Formular propuestas de política pública, a manera de capítulo final del informe que habrá de presentarse, o eventualmente como componente de algunos productos parciales, que propicien el ejercicio efectivo de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repe-

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tición, como pilares de la convivencia pacífica y el fortalecimiento de la democracia (cnrr, 2008, p. 3). Esta Comisión concibe la memoria como un principio de conocimiento de lo sucedido y un escenario de disputa política que permite el accionar de los distintos grupos sociales, precisando el panorama de perspectivas de estos para la búsqueda de soluciones a la salida del conflicto armado y la redemocratización del país luego de los tratados de paz. La memoria, que busca construir el grupo a partir de sus investigaciones y acciones, es una que consienta las diferencias y que además sea un espacio para visibilizar y tramitar las luchas frente a una apuesta hacia el futuro, que integre las múltiples voces de los actores armados y de las víctimas como forma de justicia y restauración, por medio de la atribución de responsabilidades que sirva como un mecanismo ejemplarizante y el reconocimiento colectivo de las violaciones a los derechos humanos. La cmh, luego de su conformación, adoptó tres mecanismos para apoyar el trabajo investigativo, legitimar sus tareas y canalizar iniciativas que puedan surgir. El primero de ellos es la creación de grupos regionales de investigación que cuente con el apoyo de la academia (universidades y centros académicos), de las ong y delegadas de organizaciones de mujeres que tengan presencia y acción en las zonas de violencia, a fin de descentralizar las visiones sobre las dinámicas y el origen de la violencia. El segundo se refiere a la constitución de un grupo externo de “análisis de coyuntura” que contribuya a complejizar las discusiones de dicho grupo y le advierta sobre las transformaciones que se presenten en la esfera social y política del país. El tercero es la conformación de un Consejo Consultivo Internacional, a través de la participación de expertos analistas sobre el conflicto armado colombiano y sobre los conflictos a nivel internacional, así como por ex integrantes de Comisiones de la Verdad de otros países. Al respecto, en el caso de Trujillo no se evidenció la presencia y apoyo del grupo externo de análisis de coyuntura ni del Consejo Consultivo. En cuanto a la creación de grupos regionales de investigación, se cumplió medianamente, pues como lo afirman los miembros de afavit el apoyo que solicitó la Comisión de Memoria Histórica fue mientras estuvo en el proceso investigativo, pero luego de ello no ha generado articulaciones ni redes de apoyo con afavit. En el terreno investigativo alrededor de la elaboración de la narrativa sobre el origen y evolución de los gai y del conflicto armado colombiano se trabaja a partir de 14 líneas o ejes temáticos: derechos humanos, justicia y conflicto; lógicas, mecanismos e impactos del terror; prácticas forenses de búsqueda de la verdad; tierra y conflicto; narcotráfico, violencia y poder; iniciativas sociales de memoria; dimensiones internacionales del conflicto; los actores armados y la población civil; dimensiones institucionales y dinámicas regionales del conflic45

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to; memoria de género y guerra; economía política del conflicto; análisis cuantitativo del conflicto; actores y políticas estatales frente a la paz, y la guerra y formulación de propuestas de política pública. A partir de estos ejes se generaron distintos proyectos de investigación. Las herramientas de investigación utilizadas para el trabajo de campo son de tipo cuantitativo y cualitativo. El primero debe coincidir con los estándares internacionales de investigación en ciencias sociales a fin de lograr rigurosidad en el análisis y, en consecuencia, con el compromiso ético que estima la construcción de memoria sobre el conflicto armado colombiano. Desde este punto, se pretende elaborar un marco de análisis sólido que pase por un proceso de revisión pública, más que lograr la cuantificación de víctimas o de eventuales responsables; es decir, un estudio complejo de las lógicas de la violencia, trasparente y creíble desde la aproximación de dos perspectivas complementarias: 1) como soporte funcional a los proyectos de investigación de la cmh y a los enfoques disciplinares; 2) como análisis cuantitativo que constituye un proyecto en sí mismo, y que permite así abordar preguntas centrales del informe (cnrr, 2008). El análisis cualitativo se desarrolla mediante visitas de trabajo a lugares donde existen iniciativas de verdad de carácter local o regional, concebidas como fuente viva para la elaboración de los relatos, empleando distintas técnicas como grupos focales, entrevistas individuales y colectivas, narrativas, historias de vida, audiencias y talleres. Para el análisis se tienen en cuenta testimonios de las víctimas recogidos por la cnrr, testimonios de otras áreas de esta institución y de los actores del conflicto. Así mismo, se hace uso de la revisión documental de fuentes primarias y secundarias escritas, visuales, sonoras, orales y testimoniales. En el proceso de Trujillo, la Comisión privilegió el análisis cuantitativo, y de esta manera dejó espacio para el análisis cualitativo mediante dos talleres realizados con habitantes de la región, durante dos días de trabajo. Debido a la dimensión del universo de estudio, el trabajo de la cmh utiliza la metodología de casos emblemáticos por su constitución como “lugares de condensación de procesos múltiples que se distinguen no sólo por la naturaleza de los hechos, sino también por su fuerza explicativa” (cnrr, 2008a, p. 20). Dichos lugares permiten mostrar las dinámicas nacionales para darle una explicación a las causas, los dispositivos y los vestigios de la violencia, partiendo del análisis de los factores económicos, la cuestión de la justicia, las propuestas en torno a la memoria y la reconstrucción de la verdad, el género, el terror, el contexto internacional, la presencia y el papel de los distintos actores del conflicto armado, incluyendo a la sociedad civil. Lo anterior en tanto que “lo que se busca

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con el caso emblemático es producir una memoria histórica anclada en eventos o situaciones concretas” (cmh, 2008a, p. 20) que, abordados de manera interdisciplinaria, serán integrados al relato total. Los casos emblemáticos ofrecen el sustento material y empírico a la memoria histórica e interpelan y ajustan el marco cuantitativo y el relato general que los consolida. Hasta el momento de escritura de este libro, la cmh ha producido 13 informes: 1) “Trujillo: Una tragedia que no cesa (2008)”; 2) “El Salado: Esa guerra no era nuestra (2009)”; 3) “Bojayá: La guerra sin límites (2010)”; 4) “La Rochela: Memorias de un crimen contra la justicia (2010)”; 5) “Bahía Portete: Mujeres Wayuu en la mira (2010)”; 6) “La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa Caribe (1960-2010) (2010)”; 7) “Silenciar la Democracia. Las Masacres de Remedios y Segovia 1982-1997 (2011)”; 8) “San Carlos: memorias del éxodo en la guerra (2011)”; 9) “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento Forzado en la Comuna 13 (2011)”; 10) “Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe Colombiano (2011)”; 11) “Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe Colombiano (2011)”; 12) “El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de los Trabajadores Campesinos del Carare (atcc) (2011)”; 13) “La masacre de El Tigre, Putumayo: 9 de enero de 1999 (2011)”. Sobre reflexiones metodológicas, teóricas y de iniciativas de memoria se encuentran los documentos: “Recordar y narrar el conflicto: caja de herramientas (2009)”; Memorias en tiempo de guerra. Repertorio de iniciativas (2009)”; “El despojo de tierras y territorios. Aproximación conceptual (2009)”; “Recordar y narrar el conflicto: herramientas para reconstruir memoria histórica (2009)”. Finalmente, está la multimedia “Las minas de Hiracal 1985-2010”, un caso de memoria histórica del conflicto en el departamento del Cesar, lanzado en junio de 2011, pero que no cuenta aún con difusión pública y masiva. Los anteriores informes y producciones audiovisuales fueron presentados públicamente en la denominada “semana por la memoria” (2008, 2009 y 2010, 2011 y 2012, respectivamente), evento que se viene desarrollando cada año en distintas partes del país, en el cual, además del lanzamiento de los informes que expresan los avances de la investigación que desarrolla Memoria Histórica, se realizan actividades académicas y culturales que enmarcan dicho evento. De esta manera, Trujillo es considerado como uno de estos casos emblemáticos, en la medida en que se desarrolla entre las coyunturas criticas, porque sus procesos son característicos de un periodo histórico y se manifiesta en el espacio como región-tipo. En este sentido, la cmh diseñó un plan de investigación para identificar los casos emblemáticos como el de Trujillo, a través de la definición de los siguientes cinco ejes temáticos desde los cuales son interrogados:

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1. Causalidades: identifica cuáles fueron las causas que intervinieron en el desencadenamiento de los casos emblemáticos. Se incluyen desde el narcotráfico y la cuestión agraria hasta la exclusión, las instituciones y los componentes internacionales. 2. Discursos y representaciones: devela los discursos de legitimación, los estereotipos y las representaciones con las que operan los perpetradores, así como los discursos de resistencia y tramitación de los hechos violentos, los estereotipos y las representaciones con las que operan las víctimas. 3. Mecanismos: describe cuáles fueron y cómo funcionaron los mecanismos que permitieron y que se desplegaron en el caso emblemático. Se incorporan desde los mecanismos de apropiación y terror hasta la impunidad, la exclusión, los aspectos institucionales y las formas de acompañamiento e intervención internacional. 4. Población civil: establece el papel de la población civil en el caso emblemático a partir de la diferenciación entre objetivo militar, interacción y reclutamiento. 5. Impactos: caracteriza los efectos ocasionados por el caso emblemático en sus dimensiones políticas, jurídicas, sociales, económicas, psicológicas e internacionales, develando “a quienes cambió qué y cómo lo que sucedió”. (cmh, 2008a, p. 21). Ahora bien, si la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación junto con la cmh se encargan de las funciones correspondientes a la verdad histórica, en relación con las causas y despliegue de los grupos armados ilegales, y de facilitar la instauración de una Comisión de la Verdad en el futuro, en la Ley 975 de 2005 se dispone la creación de otras instituciones o se determinan ciertas funciones de entidades ya establecidas en el campo judicial y de reparación. Entre dichas funciones están: la ejecución de procesos judiciales, investigaciones y actividades tendientes al juzgamiento de los delitos y la reparación de las víctimas. En el primer grupo se encuentran los Tribunales Superiores de Distrito Judicial elegidos por el Consejo Superior de la Judicatura para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos, vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los condenados. La Secretaría de este Tribunal tiene como función organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas delictivas juzgadas según los criterios de la ley, con el ánimo de asegurar los derechos de las víctimas a 48

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la verdad y preservar del olvido la memoria colectiva. Del mismo modo, debe permitir el acceso público a los registros de casos ejecutoriados y disponer una Oficina de Comunicaciones para revelar la verdad de lo sucedido. En el segundo grupo está la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, cuyas funciones se establecen alrededor de las diligencias que le atañen a la Fiscalía General de la Nación, en los procedimientos de ley. Esta institución debe contar con el apoyo permanente de una Unidad Especial de Policía Judicial. Se otorga el derecho de defensoría pública a los imputados, acusados y condenados de acuerdo con lo señalado en la Ley. Por su parte, la Defensoría del Pueblo es la encargada de acompañar y orientar a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el marco normativo de esta. El Procurador General de la Nación debe disponer de una Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, para la consecución de sus funciones constitucionales y legales. También, tiene como responsabilidad impulsar medidas para propiciar la participación de las organizaciones sociales para la asistencia a las víctimas (Artículo 36). Todas las anteriores instituciones poseen competencia a nivel nacional. En el último grupo se ubican el Fondo para la Reparación de las Víctimas, las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes y la Red de Solidaridad Social, las cuales deben emprender mecanismos y acciones que permitan la verdad, la justicia y la reparación, como principios fundamentales de la reconciliación nacional que espera la presente ley, aunque la justicia queda en segundo lugar o en menor medida.

La memoria de Trujillo: entre los hilos narrativos y las mediaciones En el Informe elaborado por la Comisión de Memoria Histórica, titulado “Trujillo: Una tragedia que no cesa” ‒primero de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2008)‒, se encuentra la memoria como campo y categoría central que ocupa buena parte del trabajo investigativo realizado. La pregunta que se formula la Comisión al respecto es de qué manera los residentes de Trujillo relatan, recuerdan y simbolizan los eventos trágicos que allí tuvieron lugar. En el desarrollo de la categoría y de la pregunta, la Comisión usa tres nominaciones: memoria social, memoria colectiva y memoria mediada, que serán presentadas a continuación, junto con el proceso metodológico llevado a cabo en este trabajo de construcción de memoria. Posteriormente, se elaborará una reflexión que compara estas tres nociones y dilucida algunos de sus alcances políticos. 49

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Memoria social Según la cmh, la memoria social se refiere a las maneras como las víctimas o los testigos del terror recuerdan, elaboran e interpretan los acontecimientos del pasado, cuyo abordaje permite una aproximación a la “cara humana” de la masacre. La memoria social está conectada con los hilos narrativos, compuestos por los testimonios que surgieron de los talleres con mujeres de la región y de las entrevistas realizadas a víctimas e integrantes de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo ‒afavit3‒, que fueron tejidos por la Comisión (cmh, 2008). El contenido de los hilos narrativos, su organización y la manera como son dispuestos se determinan de acuerdo con los criterios de reconstrucción del pasado, evaluación del impacto de la guerra, el presente del pasado y del futuro y perspectivas del futuro4. Mediante estos criterios la cmh va reconstruyendo las narraciones que surgen de los ejercicios de activación y construcción de memoria, y va estableciendo para cada proceso investigativo la pertinencia organizativa y la orientación. Para la cmh, es a través de dichos hilos que son construidos los sentidos acerca de los sucesos ocurridos en Trujillo e identificados sus impactos en el medio social por parte de las víctimas; es decir, “más allá de un desnudo recuento histórico o de reconstrucción de datos, el examen de las memorias sociales con sus diversos énfasis y versiones del pasado, discierne las relaciones entre los acontecimientos acaecidos hace dos décadas y los modos como se revisten de sentido en el presente” (cmh, 2008, p. 175). La memoria social es expresada en un vínculo permanente con el poder, en la medida en que desde este los habitantes elaboran los hilos narrativos donde otorgan responsabilidad a los actores principales5, estiman sus decisiones de forma moral y ética, establecen un grado de legitimidad o ilegitimidad a los actores colectivos como los partidos políticos o las instituciones, realizan reclamos y se sitúan desde un lugar propio en el plano de la reparación. Tales elaboraciones del pasado influyen en sus posiciones políticas adoptadas en el presente ante la Iglesia, el Estado, las guerrillas, las élites políticas locales y el Ejército.

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La Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (Valle del Cauca, Colombia) es una entidad con Personería jurídica reconocida en 1995; está integrada por familiares de las personas víctimas y, en otros casos, por personas que fueron víctimas de los hechos conocidos como la Masacre de Trujillo ocurridos desde 1980 hasta 1994. Entrevista a Martha Nubia Bello, integrante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación- Grupo de Memoria Histórica. Octubre 19 de 2010. Los actores responsables de la Masacre de Trujillo son definidos por la Comisión de Memoria Histórica como grupos de narcotraficantes que operaban en la zona y fuerzas armadas del Estado.

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La categoría de memoria social mencionada en el informe puede relacionarse con la propuesta de Maurice Halbwachs acerca de los marcos sociales de la memoria, cuyo principio central es la reconstrucción del pasado en función del presente. En tanto, los recuerdos individuales que persisten en el inconsciente se hallan directamente ligados con el exterior, con lo evocado desde afuera, y se establece así una memoria colectiva y unos marcos sociales de la memoria. Los marcos sociales, más allá de la suma de recuerdos individuales, son “los instrumentos que la memoria colectiva utiliza para reconstruir una imagen del pasado acorde con cada época y en sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad” (Halbwachs, 2004, p. 9), que están compuestos por recuerdos reiterados inscritos en un marco temporal y espacial. El marco social no es una reproducción sino una representación de acuerdo con el presente, es un modelo de comprensión que permite la pertenencia a las sociedades. Desde la perspectiva planteada por la cmh el eje central en la memoria es establecido por la reelaboración de acontecimientos del pasado en función del presente, haciendo énfasis en los sentidos que estos sucesos revisten en el presente conforme al lugar político que orienta y determina los procesos de recuperación de memorias y los efectos que generan en el medio social. Cabe anotar que en la categoría de memoria social utilizada en el informe, que corresponde a los recuerdos de las víctimas, no se precisa un desarrollo conceptual a partir de postulados teóricos formulados en este campo; por tal razón, la discusión sobre la memoria social y colectiva no es abordada, así como tampoco lo relativo al sujeto que recuerda, el olvido, la cuestión generacional o el papel de las narrativas en la construcción de memoria. Los actos de rememoración contienen una carga afectiva y una significación debido a la expectativa que se tiene sobre un hecho del pasado, que es activado en el presente y que, en palabras de Elizabeth Jelin (2002), en muchas ocasiones son actos que se hallan ligados a la intención de comunicarlos. De esta manera, la memoria adquiere un carácter narrativo que podría permitir la superación de la presencia traumática de dicho suceso. “Las memorias narrativas son construcciones sociales comunicables a otros […] Toda narrativa del pasado implica una selección. La memoria es selectiva; la memoria total es imposible” (p. 29). En este sentido, la memoria es vista como una construcción social narrativa que supone asumir el lugar de enunciación de quien agencia un discurso o narra un acontecimiento: “la recepción de palabras y actos no es un proceso pasivo sino, por el contrario, un acto de reconocimiento hacia quien realiza la trasmisión” (p. 35, 36).

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Para Jorge Mendoza (2004) la memoria se encuentra conformada por una estructura narrativa que se expresa mediante los contenidos y las formas de expresión. Las cuestiones que se dilucidan desde esta postura son el qué y el cómo de la memoria, esto es, las formas organizativas y las vías de comunicación de las experiencias. Por tanto, la memoria se “construye sobre la base de narraciones que constituyen formas de discursos y modos de organizar las experiencias [así] hay que expresarla en relatos lógicos que muestren la verosimilitud de lo que se está recordando o relatando” (p. 2). Las narraciones generan un proceso de demarcación o encuadramiento de las experiencias, razón por la que son consideradas marcos o esquemas definidos por distintas instituciones o grupos, quienes determinan cómo narrar los eventos del pasado. En el Informe de Trujillo, al enfatizar sobre los hilos narrativos, se prescinde de la discusión sobre lo comunicable en los relatos, aspecto que es resaltado por los dos autores mencionados anteriormente, como constitutivo del ámbito de la narrativa, y en relación con ello tampoco se reflexiona sobre la posible superación de los hechos traumáticos a través de la comunicación de estos. Lo que se indica es que “la narrativa de los hechos propuesta por Justicia y Paz y afavit se constituye en la matriz desde la que las propias víctimas enuncian sus memorias en el campo público”, reconociendo “que el relato de los hechos, como toda narrativa, tiene sus propios olvidos, sus propios silencios y sus propios énfasis” (cmh, 2008, p. 177). No obstante, una de las críticas que plantea la cmh a la manera como los trujillenses narran la tragedia se refiere a que estos no mencionan “la responsabilidad de miembros de la propia comunidad en el desencadenamiento de los hechos y el mantenimiento de la violencia no se problematiza” y que menos aún “se visibilizan los contextos de violencia pública y doméstica que antecedieron la tragedia” (cmh, 2008, p. 177). Paradójicamente, ni en este ni en ningún estudio se ha evidenciado la responsabilidad a la que alude la Comisión, así como tampoco se sabe o se conoce de la violencia doméstica y la violencia pública (sobre la cual no hay claridad a qué hace referencia), que según la Comisión de Memoria Histórica es un antecedente de la masacre. Así, pareciera que se atribuye a los pobladores, las mismas víctimas, parte de la responsabilidad en la masacre y censura que en sus narraciones no aluden a estos hechos previos, que hasta el momento no tienen algún soporte. Para alivianar estas afirmaciones la cmh sostiene que las memorias sociales, en el caso de Trujillo, permiten “acercase a la cara humana de las masacres” e “impactan las posturas presentes de los trujillenses frente al Estado, la Iglesia, las guerrillas, el Ejército y las viejas y nuevas elites políticas” (cmh, 2008, p. 173), como se mencionó anteriormente. 52

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El lugar de enunciación de los sujetos que van constituyendo los hilos narrativos es vaciado, pues no se evidencia claridad en lo que la Comisión de Memoria Histórica llama como mediación. Podría entonces decirse que este es asumido desde una perspectiva de trabajo con mujeres, correspondiente en parte a lo realizado en los talleres y no necesariamente a un análisis a aquellos que en la comunidad han sido legitimados para agenciar los discursos y producir las claves narrativas.

Memoria colectiva En el Informe de Trujillo se señala que los recuerdos individuales se hallan enmarcados por la memoria colectiva como resultado de distintos procesos de mediación, que para el caso de Trujillo, según lo presentado por la Comisión, son conducidos por un sector de la iglesia católica, la Comisión de Justica y Paz, la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo, los jóvenes de la Orden Perdida y en cierta forma los victimarios, quienes agencian distintas memorias de lo ocurrido en Trujillo o, con respecto al último actor, una desmemoria sobre la masacre. Uno de los llamados mediadores por la cmh es la Comisión de Justicia y Paz, la cual inició su trabajo en 1988 en el marco de múltiples asesinatos a líderes católicos cristianos, que propició la reunión de varios sectores religiosos. El acontecimiento que generó mayor atención en la Comisión de Justicia y Paz sobre lo que ocurría en Trujillo, según la Comisión, es el asesinato del padre Tiberio, pues este organismo en cabeza del padre Javier Giraldo empezó a generar una cantidad de acciones en búsqueda de la justicia, y se llegó a presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cidh, que desembocó en la conformación de la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (CISVT). Dentro de las recomendaciones que realizó la CISVT se sugirió la creación del Parque Monumento a las Víctimas que fue ubicado cerca al parque central del municipio, el cual contó con ayuda financiera de Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), Amnistía Internacional de Holanda, algunas organizaciones populares y afavit. afavit nació en 1995 con el objetivo de conseguir justicia sobre lo ocurrido y realizar veeduría al Estado sobre los compromisos que este adquirió con la cidh, también de generar acompañamiento a los familiares en los procesos jurídicos y en las indemnizaciones, además de un decidido apoyo en la consolidación del parque y otras manifestaciones como las peregrinaciones que se han llevado a cabo en Trujillo como forma de proyectar el cuerpo como lugar político y teológico, en vínculo con la construcción de memoria.

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El grupo de la Orden Perdida, fundado en el 2002, está compuesto por jóvenes de la región que tuvieron un acercamiento al padre Tiberio y que, luego de conocer su cruel asesinato, se organizaron bajo los procesos impulsados por afavit y Justicia y Paz, una vez sucedida la masacre. Con la asesoría del antropólogo Fernando Alegría (de Justicia y Paz) se independizaron de afavit, sin desconocer su origen en ella, y comenzaron a emprender una serie de acciones de tipo lúdico-cultural con niños y adolescentes con el objetivo de recuperar la memoria e identidad de los jóvenes de Trujillo. En desarrollo del análisis de la memoria colectiva, la Comisión utilizó como fuentes los textos Parque por la vida, la justicia y la paz. Monumento a las víctimas de los hechos violentos de Trujillo, 1987-1994; Trujillo: Biopsia al cáncer de la justicia, del padre Javier Giraldo; el Informe “Reparación de los hechos violentos de Trujillo a la Comisión de Memoria Histórica”, de Maritze Trigos, y algunos folios del archivo de afavit como “Peregrinación a Trujillo, 10 de mayo de 2003”; además de información obtenida en las entrevistas (individuales y colectivas) realizadas a miembros de estas organizaciones. Toda esta documentación conformó la base sobre la cual la cmh establece la memoria de lo sucedido en Trujillo, que según esta expresa las múltiples tensiones que la constituyen. En este sentido, la Comisión de Justicia y Paz plantea la salida del asistencialismo que propagó el rol de víctima durante largo tiempo y obstaculizó el papel activo de los habitantes en la construcción de comunidad, en tanto afavit “según sus críticos, parece concentrar su esfuerzo en la ‘solidaridad en el dolor’ y en el tejido comunitario hacia adentro (las marchas, las conmemoraciones, el parque, las reparaciones económicas y las peregrinaciones)” (cmh, 2008, p. 196). Frente a esto la Comisión de Justicia y Paz y la Orden Perdida proponen la proyección a otros ámbitos de la sociedad, evidenciando algunas rupturas con la perspectiva asumida por afavit. La Orden Perdida, por su parte, adopta la imagen del padre Tiberio como emblema de la resistencia del municipio antes y luego de la masacre, para resaltar ciertos aspectos de su filosofía comunitaria, y en alianza con otros jóvenes que hacen parte del Proyecto Colombia Nunca Más fomentan una galería de la memoria que se materializó en el 2007, junto con la promoción de un centro de documentación y una Carreta de la Memoria que iba por las calles de Cali con el fin de escuchar los relatos de las víctimas del paramilitarismo. Dice la Comisión que estas tensiones en las iniciativas generadas por las distintas organizaciones, y a su vez los puntos en común entre ellas, configuran la memoria colectiva que se ve atravesada por procesos de mediación orientados por dichas organizaciones.

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En cuanto a las discusiones en el terreno epistemológico alrededor de la categoría de memoria colectiva se encuentran los desarrollos de Halbwachs, que al respecto plantea que los recuerdos individuales, por más íntimos y personales, son a la vez recuerdos colectivos, y resalta el carácter de la memoria como proceso social, racional y consciente; además señala, que “no hace falta que haya otros hombres que se distingan materialmente de nosotros, ya que llevamos siempre con nosotros y en nosotros una determinada cantidad de personas que no se confunden” (Halbwachs, 2004, p. 27). El sujeto al recordar se ubica en el pensamiento de los otros, adopta sus puntos de vista y recrea sus recuerdos a partir de los recuerdos de los otros, a pesar de la ausencia material o sensible de estos. Desde estos postulados, son los sujetos que hacen parte de un grupo los que recuerdan y determinan lo que es memorable y la manera de recordarlo, no las instituciones o las comunidades a las que pertenecen. De igual forma, la memoria colectiva está asociada a etapas vitales de los sujetos: “la memoria se mantiene viva mientras seguimos activamente vinculados a las ‘comunidades afectivas’ de las que formábamos parte cuando el recuerdo se produjo. Son los individuos los que recuerdan gracias a su adscripción social” (Halbwachs, 2004, p. 29), lo que muestra el carácter móvil del recuerdo, que es reconstituido en concordancia con los filtros del presente en que se evoca. Otra orientación teórica sobre la memoria colectiva podría ubicarse en Novick, citado por Paloma Aguilar (2008), para quien la rememoración de heridas o perjuicios intensos constituye el carácter combativo y tensional de las memorias colectivas, y hace énfasis en el aspecto político concerniente a los enfrentamientos y negociaciones de versiones opuestas sobre los símbolos del pasado común y los nexos colectivos con este por la redefinición de un presente compartido. Marie-Claire Lavabre alude a la memoria colectiva como una interacción entre los recuerdos conjuntos o memoria común y las políticas de la memoria, que es instituida a través de la homogenización de las representaciones ‒selectivas‒ del pasado y la consecuente supresión de múltiples versiones y recuerdos, y que se manifiesta en los hechos comunicativos, las relaciones interpersonales, en el seno de las comunidades afectivas o de lugares intermedios entre los individuos y la Nación (Aguilar, 2008, p. 50). Presenta así una aproximación a estas desde la identidad común, que permite el paso de generación en generación de la memoria, aún cuando no se haya vivido la experiencia de los sucesos. El carácter tensional al que hace referencia Novick es señalado por la Comisión de mh como constitutivo de la memoria colectiva de la Masacre de Trujillo, 55

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aunque censura lo que denomina como “la presencia compulsiva del pasado en las acciones y propuestas de las víctimas”, que desde su lectura muestran la existencia de unas memorias de carácter público que están en permanente cambio y movilidad, y que a su vez presentan contradicciones y manifiestan la continuidad del trauma. Resulta paradójico que la Comisión, por un lado, mencione la pluralidad de memorias como componente de la memoria colectiva y, por otro, se refiera a estas disputas como expresión de la resistencia a los incumplimientos estatales permanentes. De igual forma, los referentes conceptuales antes descritos sobre memoria colectiva se relacionan con la función propia de la memoria que ha sido determinada por la Comisión, la cual consiste en “revelar las disputas por el control de las versiones públicas sobre los eventos y sus responsabilidades, [que] dan también cuenta de cómo el pasado cobra sentido en el presente y fija ciertos parámetros de reconocimiento de un nosotros colectivo, es decir de ciertas identidades sociales” (cmh, 2008, p. 178). Allí las víctimas y las organizaciones mediadoras han conseguido garantizar vivo el recuerdo, tanto de lo acontecido como de sus familiares, y llenar de un sentido de resistencia y recuperación de dignidad a las distintas actividades realizadas en la lógica de la conmemoración.

Memoria mediada: el papel de las organizaciones La memoria mediada, que no ha sido conceptualizada por la Comisión de mh y que podría aproximarse a los postulados de Elizabeth Jelin sobre los emprendedores de memoria6, presenta como característica una pluralidad de organizaciones e interpretaciones sobre lo acontecido que, de acuerdo con el estudio de la cmh, manifiesta la constitución de las iniciativas desde dos órdenes distintos: uno social y uno político. A partir del análisis propuesto en el informe, en el orden social se parte del acompañamiento de las víctimas en correspondencia con la dignificación y recuperación del recuerdo y la versión propia de sus familiares; mientras que en lo político surgen desde una postura antiestatal debido a los incumplimientos por parte del Estado, que origina acuerdos con organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales; de esta manera se propicia una separación y oposición con otras posturas (cmh, 2008, p. 177). 6

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Para Elizabeth Jelin los emprendedores de memoria, categoría que retoma de Howard Becker (moral entrepreneur), son aquellos agentes que participan y pretenden definir el campo de las luchas por las memorias, cuyo emprendimiento es de carácter social o colectivo, lo cual implica que se involucran personalmente en su proyecto y producen la participación colectiva. Dicha categoría también hace referencia a las organizaciones sociales relacionadas con los trabajos de la memoria y por tanto sus proyectos están orientados hacia esto. Cabe anotar que en la acción de estos emprendedores es tácito el uso público y político de la memoria.

La memoria en el lugar oficial: la apuesta por la reconciliación nacional

Desde el ámbito de la mediación, la memoria se establece en un vínculo con las resistencias de las víctimas y en mayor medida con la resistencia impulsada por las instituciones mediadoras mencionadas anteriormente, que lograron generar un proceso de ruptura con la verdad pretendida por los victimarios, impidiendo la imposición de estas versiones en el espacio de las memorias sociales y evitando ocultar con un manto de impunidad lo sucedido. Pese a esto, la Comisión de mh añade que “si bien las iniciativas impulsadas por Justicia y Paz culminan en resultados sin precedentes en la historia de los derechos humanos en Colombia […] las organizaciones de víctimas tampoco han conseguido que su memoria se convierta en la plataforma desde la cual las víctimas alcanzan una reparación integral” (2008, p. 176); reparación que está bajo la responsabilidad y compromiso del Estado, aún cuando la memoria mediada haga parte del lugar central desde donde las víctimas expresan sus memorias. En este sentido, la cmh alude frecuentemente a la fragilidad de las memorias mediadas debido al anclaje permanente en el pasado o su ritualización en el marco de la impunidad, que expresan los testimonios de las víctimas y los trabajos de las organizaciones, así como la violencia que se vive de forma continua. Esta situación provoca la suspensión en el tiempo de las víctimas y dificulta el restablecimiento de sus vidas y su proyección al espacio público; “la presencia reiterativa del pasado en las actividades y eventos de las víctimas indica la tensión entre una lucha de resistencia frente al olvido y la pervivencia de un trauma colectivo que en ocasiones obstaculiza su proyección al presente” (cmh, 2008, p. 179). De manera que la Comisión de Memoria Histórica manifiesta una ruptura con las organizaciones mediadoras por su trabajo en la visibilización, reclamo y labor alrededor de la impunidad que han caracterizado los procesos judiciales en Trujillo y el accionar estatal frente a estos, a la vez que llama la atención sobre la necesidad de una proyección temporal hacia el futuro y un efecto espacial en el ámbito público que debería redefinir la memoria de las víctimas y las organizaciones. Justamente, en la categorización sobre la memoria propuesta por la Comisión de mh se observa una reiteración enunciativa por la memoria mediada que, aunque dentro de los referentes conceptuales señalados no se identifica en juego con la memoria colectiva, es una apuesta propia dentro del informe que sugiere la localización de la Comisión en el plano de la reconciliación nacional como parte de las políticas de memoria que agencian por el lugar político oficial. De esta forma, se resalta la presencia e importancia de los mediadores en el caso de Trujillo, y se prescinde así del uso de la categoría de emprendedores, la cual justifica la distancia que esta institución establece con las organizaciones 57

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que lideran procesos de construcción de memorias, búsqueda de justicia y lucha contra la impunidad.

Proceso metodológico de la cmh en la construcción de memoria La Comisión inició con una aproximación a las víctimas y a su memoria, según sostiene, a través de la construcción de lazos de confianza, discusiones y la consecuente negociación con estas y las organizaciones de víctimas, sobre los fines que conlleva la recuperación de memoria histórica. De este modo, se establecieron tres ejes de interpelación para realizar esta tarea: 1) reconstrucción del pasado, alrededor de preguntas como, ¿qué pasó?, ¿por qué pasó?; 2) valoración del impacto, ¿a quién y cómo cambió lo que pasó?, ¿cómo se afrontó lo que pasó?; 3) perspectiva de futuro, con interrogantes como, ¿quiénes somos después de lo que pasó? (cmh, 2008, p. 201). Cabe anotar que en el informe de Trujillo se presentan solo tres ejes, mientras que en otros aparecen los cuatro enunciados al inicio del apartado número dos. Así mismo, en cada uno se amplían las preguntas que los orientan. Por ejemplo, en el primer eje aparece: ¿cómo pasó?, ¿dónde pasó?, ¿cómo se vivió?, ¿quiénes fueron?, ¿por qué lo hicieron?, ¿por qué pasó aquí y no en otro lado?, ¿por qué en ese momento? En el segundo eje se encuentran: ¿qué sucedía en la comunidad o región en ese momento?, ¿qué pérdidas personales, familiares y comunitarias ocasionó?, ¿qué daños económicos, culturales, emocionales y espirituales significativos generó?, ¿cómo se afrontó lo que pasó? En el tercer eje están las preguntas: ¿quiénes somos después de lo que pasó?, ¿qué dificulta la convivencia hoy?, ¿qué acciones se pueden emprender para alcanzar la realización de los derechos vulnerados?, ¿qué se debe hacer para que esto no se repita? Por último, en un cuarto eje llamado “Presente del pasado y del futuro” están los cuestionamientos: ¿qué y a quiénes recordamos?, ¿de qué manera debemos recordarlos y conservar su legado como hombres y mujeres, amigos, miembros de la comunidad? Para abordar estas cuestiones, además de consultar los textos antes mencionados, se realizó el Taller de Memoria durante los días 20 y 21 de febrero del 2008 con 30 participantes. El objetivo central de este taller residió en “facilitar un proceso de construcción de sentido y memorias desde la perspectiva de las mujeres de Trujillo con el propósito de que contribuyeran a la reconstrucción de una memoria histórica integradora de las voces diversas de las víctimas y residentes del municipio” (cmh, 2008, p. 201). En la medida en que se desarrollaba el taller se reconoció un nivel de consenso (narrativo) sobre lo sucedido, los mojones significativos en la memoria histórica de los residentes y se fueron produciendo unos hilos narrativos que componían sus relatos. El principio orientador 58

La memoria en el lugar oficial: la apuesta por la reconciliación nacional

de las narrativas fue de carácter biográfico (individual), que en algunos casos incluyó las iniciativas organizativas. Para la interpretación de la información, los hilos narrativos de los testimonios y relatos que le dan sentido a la memoria fueron organizados en tres estructuras narrativas: el reconocimiento del dolor, la elaboración del duelo y el horizonte de verdad, justicia y reparación. En la primera se otorga un sentido a los eventos trágicos, que va acompañado del sufrimiento social y los efectos producidos por las acciones violentas de los actores involucrados en la vida de los familiares y personas que sobrevivieron. Así mismo, la experiencia del dolor constituye la memoria de lo sucedido y genera huellas en las víctimas al momento de registrar los impactos causados en la cotidianidad de los habitantes y la composición del entramado social del municipio. Sobre esto, la Comisión en el informe sugiere las posibilidades del anclaje en el pasado traumático y el nexo a heridas que no cierran: “las memorias desde este hilo narrativo atan la historia de la muerte o desaparición de las víctimas al relato de la secuela de dolor y el sufrimiento de quienes quedaron” (2008, p. 205) y la construcción de un concepto de víctima mediante la exaltación de su sufrimiento, que en cierta medida cuestiona la exclusión de la condición de sobrevivencia de las acciones violentas en los registros históricos. En todo caso, señala la Comisión que la divulgación del dolor se convierte en un mecanismo propicio para la recuperación de la memoria. La segunda estructura, sobre la elaboración del duelo que conforma las memorias de las víctimas, precisa la organización de las conmemoraciones y la socialización de los recuerdos de parte de las organizaciones de víctimas; de esta manera se posibilita la conservación, comunicación y el reconocimiento de los efectos e impactos de lo sucedido. A este respecto, en el informe este elemento se resalta como núcleo central de afavit, cuya expresión se manifiesta en el plano de lo simbólico, político y personal. Como parte de esta estructura narrativa, se percibe que la demanda de justicia y los trabajos de recuperación de memoria han generado la estigmatización de las víctimas, que reconocen la presencia de temor y miedo que persiste en Trujillo como una de las grandes dificultades para la participación en las conmemoraciones y procesos de reconstrucción de memoria de una buena cantidad de víctimas. La última estructura hace mención a la resistencia al olvido y a la impunidad. En este horizonte se resalta el trabajo de las víctimas organizadas y de un grupo de acompañantes que ha operado a través de tres ámbitos de acción: 1) documentación de testimonios, con la pretensión de forjar una versión del pasado común entre las víctimas, determinar la repercusión del terror y desplegar terreno al testimonio para esclarecer responsabilidades; 2) puesta en circulación 59

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del caso Trujillo en el ámbito público, a fin de legitimar y posicionar las versiones que resulten del proceso anterior, y 3) resistencia al olvido desde el cual se construyen las memorias de las víctimas, con actividades de trasmisión entre generaciones en la familia, la escuela y las organizaciones. En un ejercicio de contraste entre la pregunta inicial planteada por la Comisión acerca de cómo los residentes de Trujillo relatan, recuerdan y simbolizan los eventos trágicos que allí tuvieron lugar, y el procedimiento metodológico llevado a cabo por esta (consulta de algunos documentos producidos por afavit, la Comisión de Justicia y Paz y varios textos académicos y el taller con mujeres de Trujillo) podría afirmarse que la información recabada no resulta suficiente para abordar el interrogante que orientó el trabajo de la Comisión en esta región.

Constitución del sujeto-víctima En el primer capítulo se aludió a la confrontación entre el Estado colombiano y las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos en relación con el reconocimiento de quienes son o no víctimas, y por los efectos políticos que conlleva la manera como se configura este sujeto en el discurso oficial. Así pues, en este apartado se realiza un análisis aproximativo a la construcción de la cmh sobre las víctimas del conflicto armado y las víctimas de Trujillo.

Las víctimas del conflicto armado En la Ley 975/05 se establecen tres parámetros para la conceptualización de víctima: el primero corresponde a los directamente afectados en el plano individual y/o colectivo; el segundo se refiere a los cónyuges o familiares en primer grado de consanguinidad, en el caso que la víctima directa esté desaparecida o hubiese sido asesinada, y el tercero hace mención a los miembros de la fuerza pública o su cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, que hayan muerto como resultado de los actos producidos por un integrante o grupo armado ilegal. Se considera víctima a quienes hayan sufrido daños como lesiones transitorias o permanentes que produzcan discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales y que fueran causados por los miembros o grupos armados organizados al margen de la ley. La condición de víctima se adquiere independientemente a la identificación, detención o juzgamiento del autor de los hechos, o de la posible existencia de una relación entre la víctima y su victimario.

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Ubicar a la fuerza pública en las mismas condiciones que la población civil y considerarla como una víctima del conflicto armado con los mismos derechos que otorga la Ley es un punto que genera eminentes confrontaciones con las organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas. La objeción que manifiestan es que los miembros de la fuerza pública no pueden hacer arte y parte, toda vez que en algunos casos los daños causados a la población civil han sido ejecutados por la misma fuerza pública y, en muchos otros, han contado con su complicidad. También se aduce que las muertes en combate son efecto de operaciones militares que hacen parte de sus funciones como actor legítimo en el conflicto armado y porque la fuerza pública ha participado y ejercido prácticas de represión sobre individuos o grupos víctimas de crímenes en distintas regiones del país. Paradójicamente, en el proceso investigativo que produjo el informe de Trujillo no se adelantó ningún trabajo con miembros de las fuerzas militares, que en este caso jugaron, según la misma cmh, el papel de víctimas por una emboscada producida por la guerrilla; aspecto con el cual quedó inconclusa una lectura de la posición de este grupo frente a lo precisado sobre la caracterización de las víctimas en la ley. En relación con los derechos de las víctimas frente a la administración de justicia (Artículo 37), la ley dispone que es el Estado la institución que tiene la obligación de garantizar su cumplimiento en términos de: 1. Recibir durante todo el procedimiento un trato humano digno. 2. A la protección de su intimidad y garantía de su seguridad, la de sus familiares y testigos a favor, cuando quiera que resulten amenazadas. 3. A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del delito. 4. A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas. 5. A recibir desde el primer contacto con las autoridades, y en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, información pertinente para la protección de sus intereses, y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido víctimas. 6. A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y a interponer los recursos cuando ello hubiere lugar.

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7. A ser asistidas durante el juicio por un abogado de confianza o por la Procuraduría Judicial de que trata la presente ley. 8. A recibir asistencia integral para su recuperación. 9. A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete, en el evento de no conocer el idioma, o de no poder percibir el lenguaje a través de los órganos de los sentidos (Ley 975, 2005, p. 21). La caracterización de las víctimas desde esta serie de criterios sugiere la existencia de un proceso continuo de vulneración de sus derechos; por tanto, encontramos un doble juego en relación con las garantías a las víctimas. En primer lugar, las víctimas del paramilitarismo son excluidas de las prácticas judiciales, que pueden ser entendidas como la forma en que son construidas socialmente las responsabilidades, los castigos, el juzgamiento y la reparación frente a faltas Foucault (1992). Las “versiones libres” implementadas por la Ley de Justicia y Paz se constituyen en el mecanismo mediante el cual al victimario se le libra de la confesión con alcance penal y se propicia una confesión en la perspectiva del perdón y la reconciliación, sin repercusión en el pago de penas que le corresponden si fuese juzgado por la justicia ordinaria. Desde esta perspectiva, tanto la víctima como el victimario son ubicados en el “postconflicto”, lugar proferido desde la Política de Seguridad Democrática. En segundo lugar, con los procesos de extradición y la práctica de la versión libre, tampoco existe la posibilidad de aporte de pruebas, o de conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido víctimas. En la versión libre el victimario dice lo que tiene a bien decir, responde a las preguntas que hace un abogado delegado por la Fiscalía, que según los testimonios de las mismas víctimas que han asistido a las versiones libres son reelaboradas de acuerdo con el criterio del profesional y que generalmente se refieren al lugar de ubicación del familiar asesinado y desparecido. En estas condiciones el victimario no da cuenta ni de los móviles, ni de las circunstancias, esa parte de la verdad no se conocerá y por efecto de las negociaciones en Santa Fé de Ralito tampoco recibe la pena que le corresponde por el cargo de homicidio. Así, el doble juego consiste en que inicialmente la justicia promete unas garantías a las víctimas, pero después desde la misma ley vulnera estas garantías En tercer lugar, el Estado asegura a las víctimas protección de su intimidad, garantía de su seguridad, la de sus familiares y testigos, cuando quiera que resulten amenazados; aspecto que expresa que las víctimas son susceptibles

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de ser “revictimizadas”7, tal como ha sucedido en un buen número de casos en los cuales se adelanta un proceso sistemático de persecución, que expresa la ausencia de la garantía de seguridad y la violación a la intimidad, evidenciadas mediante la confiscación de correspondencia, seguimiento a correos electrónicos, consulta de documentos personales, interceptaciones telefónicas o seguimientos ilegales o búsqueda selectiva en bases de datos, por la cuales fueron (y son) afectados varios sectores sociales por razones políticas o económicas8, que en la mayoría de los casos implican el desencadenamiento de nuevos crímenes. De igual modo ocurre con la reparación, pues si bien en la Ley 975 están estipulados algunos elementos que constituirían una garantía a este derecho, lo que se ha evidenciado a partir de los procesos judiciales adelantados en el marco de Justicia y Paz es que existen vacios jurídicos que no han facilitado el cumplimiento de este9. Sucede lo mismo con el derecho a que las víctimas sean oídas y a que sea facilitado el aporte de pruebas, pues lo que indican las versiones libres y los juicios es que sus testimonios se hallan excluidos del proceso; por lo tanto, en las indagatorias las víctimas se encuentran en un lugar separado del auditorio y deben realizar preguntas o réplicas por medio de notas escritas que son escogidas, y así se evita la confrontación directa y se privilegia la versión del victimario, como se señaló anteriormente. Otro factor que ha contribuido con la revictimización (concepto que será explicado más adelante) está relacionado con las controversias que ha suscitado la tan discutida Ley de Víctimas, que en la Ley de Justicia y Paz aparece como garantía, pero que en las prácticas judiciales se trata de disminuir su alcance, principalmente cuando se refiere a la restitución de tierras. No hay que olvidar que tales discusiones se adelantan desde el 2007 y que solo hasta mediados del 2011 fue promulgada, pero que a la fecha no ha mostrado efectividad y viabilidad para superar esta problemática. En síntesis, la inclusión de los miembros de la fuerza pública como víctimas ‒a pesar de las confrontaciones‒ la implementación de las versiones libres –producto de las negociaciones de Santa Fe de Ralito‒, la extradición de 7 8

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La revictimización es un concepto elaborado desde las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. Los avances actuales de la Fiscalía muestran que varios funcionarios públicos como Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos y periodistas han sido víctimas de seguimientos e interceptaciones ilegales por parte del Departamento Administrativo de Seguridad Nacional, que apuntan a la responsabilidad de la más alta cúpula de la Presidencia, durante los dos últimos periodos presidenciales del país, anteriores al actual. Podría decirse que con la Ley de Víctimas se marca un posible camino para la contemplación de la Reparación como un derecho que debe ser garantizado por el Estado colombiano. 63

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paramilitares y los procesos de revictimización se constituyen en algunas de las principales estrategias para configurar a un sujeto que se denomina víctima del conflicto armado. Por su parte, las organizaciones de víctimas no asumen esta nominación, se designan víctimas de crímenes de lesa humanidad y/o víctimas de crímenes de Estado. La cmh critica de manera vehemente el anclaje en el dolor por parte de las víctimas de Trujillo; no obstante, podemos aventurar dos afirmaciones: el mismo Estado colombiano, tal y como ha sido demostrado en líneas anteriores, promueve y actúa muchas veces en función de revictimizar; en contraposición, las organizaciones asumen esta condición como parte de sus banderas políticas.

Las víctimas de Trujillo En el informe de la cmh se reconocen como víctimas de Trujillo tanto a las personas asesinadas antes, durante y después de la masacre, como a las bajas de la fuerza pública10, por efecto de las acciones de violencia de la guerrilla a sus tropas, en medio de operaciones de inteligencia que realizaban en esta región, en las que quedó comprometido un grupo de civiles11 que trabajaban allí. La Comisión de Memoria Histórica caracteriza a las personas asesinadas antes, durante y después de la masacre en Trujillo según el género, la edad, las labores que desempeñaban o la profesión: el 91,4% corresponde a hombres; el 8,6%, a mujeres; en el primer grupo se ubica un 51% de adultos entre los 26 y 45 años, y un 32,9% de adultos jóvenes entre los 18 y 25 años; estos son en su mayoría campesinos o jornaleros y comerciantes pequeños o dirigentes políticos, inspectores de Policía, trabajadores de la salud y líderes religiosos. El segundo grupo es poco representativo, pues cuenta con un total de 21 mujeres asesinadas según el grado de parentesco o lazos de consanguinidad con las víctimas hombres, por ser emblemas de identidades colectivas, constituir identidades transitivas o, en algún caso, por su papel transgresor de los roles estereotipados a su condición de género. Las víctimas son aquellas personas que hayan sufrido o sufran desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, homicidios selectivos y masacres de forma sistemática y generalizada, a manos de estructuras criminales de los narcotraficantes (Diego Montoya y Henry Loaiza) y fuerzas de seguridad

10 A esta referencia, la Comisión presenta la versión dada por el Ejército, mostrando las tensiones con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz frente a las características de las acciones de violencia y la identificación de las víctimas. 11 En el informe no se determina quiénes fueron esos civiles. 64

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del Estado como la Policía y el Ejército, según la cmh, llevadas a cabo a través de un acuerdo regional y temporal, en correspondencia con el designio criminal de la contrainsurgencia. Otro de los aspectos que caracteriza al sujeto-víctima es su condición de anonimato frente a la opinión pública y los medios de comunicación. Se trata de víctimas-anónimas que hacen parte del funcionamiento de la sociedad colombiana en la vida cotidiana comunitaria, y a la vez son los nodos que conectan e integran las redes sociales en el nivel local. “Las víctimas de Trujillo son en su mayoría hombres y mujeres del común, que aunque invaluables en el engranaje de la cotidianidad de la vida comunitaria, son seres casi anónimos para la opinión pública y los medios de comunicación” (cmh, 2008, p. 66). A partir de esta caracterización, se configura el sujeto-víctima desde dos lugares distintos y contradictorios: su condición de vulnerabilidad y como guardián de la memoria. El primero se halla relacionado con una condición de inocencia, desprotección, indefensión y humildad; desde este, las víctimas se enfrentan a la ruptura de sus lazos sociales y no advierten la irracionalidad a la que son sometidas: “los victimarios van cerrando el círculo de la vulnerabilidad extrema y el estado de indefensión total de sus víctimas” (cmh, 2008, p. 79) rompe algún vínculo afectivo existente entre ellas. Según la cmh, la población de Trujillo pasa a una nueva victimización, atribuida a la desmemoria nacional, como característica de eventos ocurridos como el de Trujillo, así como a los compromisos inacabados que tiene el Estado con la población local, a la amenaza en la cual vive la memoria de las víctimas al verse obligadas a suspender el duelo público y a la puesta en sospecha a la que son expuestos los reclamos de las víctimas y sus allegados, criminalizándolas al designarlas como favorecedoras de la guerrilla. Paradójicamente, ninguna de las anteriores características le es propia a la fuerza pública. La cmh usa el concepto de nueva victimización para referirse a las prácticas de exterminio sobre las víctimas de Trujillo y encuentra como causas la “desmemoria nacional” y el incumplimiento por parte del Estado colombiano para con la población victimizada. Para las organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas, estas prácticas sistemáticas son crímenes de lesa humanidad y crímenes de Estado. La sistematicidad en la persecución política, los asesinatos selectivos, las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y torturas, entre otros, reconfirman a las víctimas una nueva posibilidad de exterminio. Estas reiteraciones o “acción sobre acción”, como lo denomina Foucault, legitima la condición del sujeto víctima: “una relación de violencia actúa sobre 65

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un cuerpo o sobre cosas; fuerza, somete, descoyunta en la rueda, destruye o cierra la puerta a todas las posibilidades. Su polo opuesto solamente puede ser la pasividad y si se enfrenta con alguna resistencia, no tiene otra opción que el tratar de minimizarla” (Foucault, 1991, p. 84). Aunque parezca obvio, solo las víctimas pueden ser revictimizadas, y se podría afirmar que esta es una de las condiciones que se necesita para reprimir las demandas de este sector social. El segundo lugar desde el cual la Comisión de Memoria Histórica define al sujeto-víctima de Trujillo se refiere al trabajo que estas personas realizan como guardianes de la memoria, mediante acciones sociales como la denuncia, la organización, las movilizaciones y múltiples manifestaciones de solidaridad, resistencia y puesta en juego de estrategias de memoria. La cmh señala cuatro dimensiones en este proceso: una de ellas es la denuncia, vista como la primera forma y registro del recuerdo que realizan las víctimas; otra es la recolección de testimonios, pruebas e informaciones, en vía a la materialización de los procesos, a través de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (cijp) bajo la tutela del padre Javier Giraldo. Una tercera dimensión es la proyección de la memoria de las víctimas más allá del espacio local, integrándose al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado a nivel nacional e internacional, desde un trabajo social y político. Como cuarta dimensión de los trabajos de memoria, la cmh menciona la transición de una comunidad de duelo a una comunidad de derechos, como parte de las estrategias de supervivencia y de resistencia. La cmh también enuncia que las “batallas por la memoria” no sólo se producen en las instancias judiciales, “la memoria se traduce igualmente en un proceso organizativo entre y para las víctimas […] se inicia un proceso de recuperación de la confianza, de fortalecimiento de la cohesión interna de las víctimas, en suma, la creación de una comunidad de duelo que asume por sí misma tareas básicas de reparación” (2008, p. 24), que además cuenta con una red de apoyo social de afavit y de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. Para la Comisión, la memoria es considerada un dispositivo que les permite a las víctimas asumir un papel activo en los procesos de justicia y reparación. Estos trabajos de memoria posibilitan el paso de víctimas individualizadas a “víctimas organizadas, víctimas-ciudadanos, creadoras de memorias ciudadanas” (cmh, 2008, p. 28). La violencia se configura como un mecanismo que, si bien genera efectos devastadores en las poblaciones, crea movilización y liderazgo. Con todo esto, podría afirmarse que las víctimas de Trujillo son constituidas en sujetos, por un lado, a partir de la continua reiteración victimizante que opera sobre estas y, por otro, mediante la puesta en marcha de procesos de construcción de memorias que, dice la Comisión, se hallan amenazadas. A partir de lo anterior, se expresa la ejecución de acciones sobre otras acciones (Foucault, 66

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1991) que pueden ser analizadas desde dos planos: el proceso de victimización que afecta a las víctimas de Trujillo y la definición de la Comisión de Memoria Histórica como un proceso continuo. Cerrar el círculo de vulnerabilidad, percibir la desmemoria nacional, evidenciar compromisos inacabados del Estado, la postergación del duelo público (cmh, 2008) son actos que generan múltiples procesos de revictimización e impunidad. Una práctica reiterativa sobre la población de Trujillo es lo que llama la cmh “el terror difuso”, que tiene como características una continuidad en el tiempo, pero con discontinuidad espacial que se expresa en la ejecución de homicidios selectivos de manera individual, sumado el anonimato frente a la opinión pública de las víctimas, pero también a su desconocimiento cuando son efectuados en otras regiones apartadas del lugar de nacimiento o residencia. En el terror difuso se emplean como mecanismos la desaparición forzada, la evisceración de los cadáveres, el descuartizamiento y las mutilaciones; por tanto, se ejerce “una acción sobre otra acción, sobre acciones existentes o sobre aquellas que pueden surgir en el presente o en el futuro […] [de lo que se trata es de] guiar a otros (mediante mecanismos de coerción que son estrictos en grado variable)” (Foucault, 1991, pp. 84-85). De esta manera, se expresa “una acción sobre acción” (Foucault, 1991) en la medida en que, además de la masacre, el cúmulo de este tipo de acontecimientos violentos es una estrategia que dificulta la relación entre “los hechos de violencia” y ocultan el carácter colectivo de la violencia, generan invisibilidad a las víctimas y pérdida de identidad (chm, 2008). Este modo de terror es propagado como un rumor entre los habitantes, que cobra veracidad debido a la exposición de cadáveres que flotan en el río Cauca, y que logran una mayor circulación en zonas alejadas del municipio por donde pasa el río. La cmh cuando se refiere a estas prácticas sistemáticas las denomina como “hechos de violencia” o “hechos centrales” de Trujillo (desapariciones forzadas, homicidios selectivos, lesiones y masacres), pero no hace uso de lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Derecho Internacional Humanitario, el Código Penal (Ley 589/2000) y otras disposiciones, en las cuales estas acciones se tipifican como crimen o delito. Nominarlas como “hechos violentos” destituye la dimensión penal que conllevan estos crímenes y alimentan la revictimización –acción sobre acción‒, al localizarlas fuera del plano judicial. Aunque la Comisión se encarga de la verdad histórica, no debe excluirse una apuesta por la búsqueda de la justicia. Estas prácticas sistemáticas de violencia sobre un sector social específico, ejecutadas por el paramilitarismo, el narcotráfico, la fuerza pública, agentes del 67

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Estado o asesinos a sueldo, escinden a las poblaciones civiles que han sufrido las masacres de otros grupos poblacionales y establecen una distinción con otros sujetos. Este hecho otorga fundamento al régimen que lo crea, es decir, aparecen separados de otros, bien sea por sus prácticas, por los dominios en los cuales se desenvuelve o por los saberes que lo determinan. Estas separaciones en la constitución de sujeto son llamadas por Foucault (1991) como “prácticas de escisión”. Un ejemplo de lo anterior es la separación entre el sujeto-víctima y el sujetovictimario, debido a los saberes que son establecidos para cada sujeto, los derechos en la Ley que se le otorgan a cada uno y el reconocimiento en el ámbito público al hecho de que ser víctima es distinto a ser victimario. Otro modo de objetivación implica el reconocimiento de sí mismo como sujeto, en este caso víctima. Las prácticas de escisión se convierten en dispositivos para ejercer acciones sobre los sujetos-víctimas, siendo posibles debido a la pérdida de derechos que los sujetos enfrentan y, en este sentido, se vuelven objeto de política a través de la consecución de múltiples relaciones de poder. Las relaciones de poder deben ser entendidas como “una forma en la que ciertas acciones modifican otras” (Foucault, 1991, p. 83). El poder “es una estructura total de acciones llevada a actuar sobre otras acciones posibles; incita, seduce, vuelve más fácil o más difícil […] es siempre una manera de actuar sobre un sujeto o sujetos actuantes en virtud de su actuación o de su capacidad de acción. Un juego de acciones sobre otras” (p. 85). En tanto, la constitución del sujeto-víctima pasa por el ejercicio de una forma de poder que, en todo caso, produce resistencia; esta forma de poder crea sujetos, en el sentido de sujeción a alguien por control o de vinculación a su identidad por un autoconocimiento, para individualizar o totalizar sus acciones, comportamientos o representaciones. La nueva victimización desde la política oficial le otorga a las víctimas “derechos especiales” en contraprestación por los que permanentemente le son vulnerados, negados o los han perdido; así, se convierte en sujeto de derecho a la verdad, la justicia y a la reparación. Estas contraprestaciones lo hacen “diferente” de los otros sujetos de derecho, y permite así que se escinda de los demás. Según Foucault, las prácticas de escisión separan a los sujetos de otros y este proceso lo objetiviza (1991, p. 52). La escisión de las víctimas de los demás sujetos de derecho por efecto de la vulneración o pérdida de sus derechos tiene costos muy altos, las excluye de ser resarcidas por la justicia ordinaria, específicamente en lo que se refiere a la penalización de las acciones de sus victimarios. Por ser víctimas requieren un trato especial, pero ese tratamiento muchas veces va en menoscabo de las acciones de justicia. 68

La memoria en el lugar oficial: la apuesta por la reconciliación nacional

Las víctimas como sujetos de derecho Para la cnrr la víctima es definida sujeto de derecho del proceso de reconciliación. La reconciliación es el horizonte de la política oficial que contiene cuatro principios esenciales dentro del mandato ético: la transparencia, la integridad, la independencia y la autonomía, y dentro de su mandato legal este horizonte está relacionado con los fines últimos de la Comisión correspondientes a cerrar las heridas y crear las bases de una paz duradera de cara al futuro. Entre las actividades adelantadas por la Comisión en esa vía está la definición de los tipos de victimización y del universo de las víctimas, en donde las políticas que se emprendan contemplarán las diferencias de género, edad y etnia, de acuerdo con la diversidad de la población. Cuando la cnrr alude a las víctimas como sujetos de derecho se pretende hacer una distinción con la visión de receptoras pasivas de políticas y acciones de reparación, haciendo uso del Derecho Internacional Humanitario para reconocer como aspectos primordiales en estos procesos el escuchar a las víctimas y realizar un ejercicio de dignificación de las mismas. De este modo, se menciona constantemente la necesidad de su participación en los procesos de construcción de verdad y se resalta su centralidad, tanto en los procesos que son adelantados por la Comisión, como en la agenda pública del país. Se considera a las víctimas como sujetos de derecho en la medida en que han perdido los derechos otorgados en la Ley 975 (de acuerdo con lo desarrollado en el anterior apartado), pero a través de esta misma y de las acciones promovidas por la cnrr y el grupo de mh adquieren otros derechos que les son propios: derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la reparación. Vale decir que, siempre y cuando se logren garantizar de manera efectiva estos derechos, podrá alcanzarse la reconciliación nacional. Víctima como sujeto con derecho a la verdad La categoría de verdad para la Comisión aparece ligada a la justicia, la reparación y la reconciliación, como parte de los ejes centrales de una política integral de atención a las víctimas siguiendo el marco establecido por el Derecho Internacional Humanitario. Se hace referencia a la verdad histórica y fáctica (judicial), siendo la primera la que orienta el trabajo desarrollado por la Comisión. En cuanto a la verdad fáctica, serán las autoridades judiciales las que se encarguen de los procesos que esta conlleve, aunque la Comisión propicie la participación de las víctimas en la aclaración de la verdad.

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[…] la reconstrucción de la verdad, tanto fáctica como histórica, constituirá uno de los ejes centrales del trabajo de la Comisión. Para tal efecto y ateniéndonos al texto de la Ley, es indispensable diferenciar la verdad judicial de la verdad histórica. La primera constituye una tarea central de las autoridades judiciales, aún cuando la Comisión deberá garantizar la participación activa de las víctimas en el esclarecimiento judicial. A la cnrr le corresponde, fundamentalmente, jalonar la segunda. Una y otra, sin embargo, no pueden excluirse y, por el contrario, deberán alimentarse mutuamente (cnrr, 2006, p. 4).

La cnrr debe adelantar estudios que cuenten con la participación de la sociedad, sobre los motivos que produjeron el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales en el país y del esclarecimiento histórico, la desmovilización y la reinserción; así mismo, preparar el escenario para la posterior creación de una Comisión de la Verdad a través de la conservación de los testimonios de las víctimas, las recomendaciones al Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuraduría General de la Nación sobre la preservación de los expedientes judiciales y la construcción de una fuente documental y una sólida base de datos en relación con la violencia en el país y los efectos causados por este fenómeno. En la Hoja de Ruta de la Comisión se señala el desafío que esta debe enfrentar al generar políticas de verdad, justicia y reparación en medio del conflicto armado en el que se encuentra el país, siendo esta condición la que dificulta la creación de una Comisión de la Verdad, tal y como ha sucedido en otros contextos internacionales. La cnrr no es, propiamente, una Comisión de la Verdad aún cuando una de sus funciones va a ser la de crear las condiciones más propicias para el impulso de una futura Comisión de la Verdad. No obstante esta limitación, el resto de las funciones de la Comisión coinciden con las tareas, que en mayor o menor medida, se le han asignado históricamente a este tipo de instituciones. La principal diferencia radica en el hecho de que estas comisiones fueron creadas una vez terminadas las dictaduras militares, las guerras civiles o el Apartheid, mientras que la cnrr se crea en un período en el cual sólo están madurando las condiciones para la superación del conflicto armado que afecta al país. Llevar a cabo una política de verdad, justicia y reparación en medio del conflicto será, sin duda, el mayor desafío que deberá enfrentar la cnrr (cnrr, 2006, p. 1).

La “verdad” en la Ley 975 se registra como un derecho inalienable, pleno y efectivo que resulta del proceso de reconciliación nacional que esta pretende 70

La memoria en el lugar oficial: la apuesta por la reconciliación nacional

propiciar, encaminado a conocer la realidad sobre los delitos perpetrados por grupos armados organizados al margen de la ley y el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada. Las investigaciones y procesos judiciales deben impulsar la investigación de lo ocurrido a las víctimas de esas conductas delictivas y permitir la información a sus familiares. Estas investigaciones forman parte del esclarecimiento de la verdad (Artículo 15) del que debe hacerse cargo la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz fundada en esta ley, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial. Esto con el fin de estudiar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se efectuaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que haya causado de forma directa a las víctimas. La Fiscalía General de la Nación debe propender por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que hagan parte del juicio, mientras que los que hagan parte de la defensa serán responsabilidad de la Defensoría del Pueblo. Por su parte, será obligación del Consejo Superior de la Judicatura la protección de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que hagan parte del juzgamiento. Los procesos judiciales que surjan, partiendo de lo establecido en la ley, no imposibilitarán que puedan ser implementados en el futuro otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad. Como principio del derecho a la verdad se hallan las medidas de preservación de los archivos, cuya responsabilidad recaerá en los órganos judiciales que los tengan a su cargo. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación debe crear medidas para impedir el robo, el daño, deterioro o la alteración de los archivos en aras a la impunidad. Por consiguiente, se deben generar estrategias para permitir el acceso a estos archivos, de manera prioritaria al interés de las víctimas y de sus familiares, con el ánimo de defender sus derechos. Así mismo, se podrá acceder a estos con fines de investigación histórica, guardando precaución con el derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de la ley, para evitar así más daños o peligros para la seguridad de víctimas, testigos o familiares. Se establecen unos lugares de la verdad que serían insumos para la memoria del conflicto armado, como constitutivos de los mecanismos enunciativos de la verdad, relacionados con las instituciones encargadas de conservar las fuentes. Tal es el caso de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz o de la Procuraduría General de la Nación (donde reposa la verdad de los hechos ocurridos). Las formas de saber discurren en dos planos: por un lado, se percibe la distinción entre la verdad fáctica y la verdad histórica; esta última prescinde de 71

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las discusiones teóricas-jurídicas nacionales e internacionales al respecto12. Por otro lado, la verdad como derecho de las víctimas. Verdad Histórica En el concepto de verdad histórica al interior del marco normativo de los derechos humanos, expresado en la lógica de la violación a los derechos humanos que son responsabilidad de los Estados, es concebido como un derecho lo siguiente: “las personas tienen derecho a la verdad o a saber lo que ocurrió […] [El cual tiene] un doble alcance: la víctima y sus familiares, de un lado, y la sociedad y el colectivo, del otro” (Rincón, 2005, p. 335). La víctima es la primera persona que tiene el derecho a saber quiénes fueron los responsables de lo que sucedió, es decir, de las acciones de sus victimarios, y por qué le causaron daño; además, tienen derecho a que el relato de su experiencia de daño sea conocido y escuchado. Al mismo tiempo este último configura un avance en la producción del relato colectivo. En este sentido: El derecho al esclarecimiento de lo sucedido involucra no sólo a la víctima –a su propio relato de lo experimentado por ella y a sus preguntas–, sino, también, a los victimarios y a la sociedad como un todo. Pero los involucra –y esto es lo fundamental– a partir del relato de la experiencia de la propia víctima. Esto significa que el relato colectivo –la verdad histórica que la sociedad establece– no está determinado por la versión del victimario, ni por la versión que la sociedad pueda hacer, aislada de la víctima –muchas veces, en calidad de mera espectadora–, de los hechos (Rincón, 2005, p. 337).

La verdad histórica se halla articulada por el relato de la experiencia vivida por la víctima. Desde el sistema normativo de los derechos humanos, este relato es definitorio de la verdad histórica que la sociedad elabora y comprende, por dos cuestiones: la primera se refiere a que las víctimas son concebidas como sujetos de derecho (del Derecho Internacional de los Derechos Humanos), lo que indica que el relato de la víctima y esta misma son autorizados para interpelar, reclamar y silenciar al Estado, pues han adquirido plena autonomía frente a los tribunales internacionales de derechos humanos. La segunda hace alusión 12 En el terreno jurídico las discusiones y conceptualización sobre la verdad histórica ubican dicho concepto en el contexto normativo delimitado a partir de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deriva su uso (que se determina por este contexto). Colombia en los procesos judiciales acepta la competencia de este tribunal y por lo tanto la Ley de Justicia y Paz debería asumir el contenido o significado de este concepto y la autoridad de quien establece la verdad histórica que ha sido definido allí.Ver: Rincón Covelli, Tatiana. Estudios socio-jurídicos, Bogotá (Colombia), 7 (Número especial): 331-354, agosto de 2005. 72

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a que las violaciones de derechos humanos por parte del Estado13 son establecidas por dichos tribunales como la Corte Interamericana y cuyas sentencias van proporcionando el contenido de los derechos. En el trabajo adelantado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en manos de la Comisión de Memoria Histórica, se indica que se trata es de una práctica de reconstrucción de acontecimientos vinculados al nacimiento y desarrollo de los grupos armados al margen de la ley y los procesos de desvinculación. Según lo determinado por la Ley 975 las funciones que dicha Comisión deberá cumplir están en el orden de la verdad histórica, que claramente y como se mostró en los apartados anteriores desconoce el sistema normativo de derechos humanos desde donde se estipula el contenido de este derecho. En este plano, en el caso de los procesos judiciales adelantados bajo el marco que brinda la Ley de Justicia y Paz, el discurso que se presenta sobre la verdad es de carácter prescriptivo, es decir, se determinan regímenes de verdad alrededor de los hechos. En esta medida, ya no se opera sobre la demostración o la prueba, sino a través de la puesta en juego del testimonio (del victimario) que surge de las versiones libres, del recuerdo y en cierta medida sobre la indagación de las instancias encargadas para ello. El establecimiento de dichos regímenes, desde la verdad histórica, no actúa para emprender procesos judiciales o penales a fin de establecer una sentencia, sino en vías de la reparación, pero más aún de la reconciliación nacional, con lo cual queda subsumida a otros derechos, incluso cuando esta deba ser reconocida y considerada como un derecho autónomo. Verdad como derecho de las víctimas En otro plano, la verdad es vista como un derecho adquirido por las víctimas y promovido por el proceso de reconciliación que pretende generar la ley a través de estudios que giran alrededor del cuándo, cómo y dónde. No se contempla como lugar de la verdad el estudio del porqué o para qué se generaron estos sucesos violentos o las condiciones de violencia generalizada en el país; tampoco se toman en cuenta los testimonios de las víctimas que podrían conformar el archivo que estima la Ley y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. El esclarecimiento de la verdad se realiza mediante el mecanismo de análisis del testimonio y la investigación, relegando en gran medida al testigo (víctima) sus razones y reclamos.

13 Se entiende por violación de derechos por parte del Estado cuando éste es el directamente responsable de hechos de violencia, sea por acción u omisión y cuando no presupone las garantías de protección de estos derechos. 73

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En la ley se disponen las condiciones para que se consolide un tipo de verdad equivalente con la memoria, por medio de la cual se actúa. La memoria tiene el papel de actuar en distintos niveles: uno referido al nivel de la justicia, otro al de la reparación y un tercero al de la reconciliación. La memoria se constituye por los testimonios que se obtienen en las versiones libres y el trabajo de indagación. Se crea una red de instituciones que regulan las formas de saber de la verdad, el acceso, la circulación, la conservación y la comunicación, con lo cual se genera un tipo de saber que es a la vez político y judicial, y que también podría configurar formas de poder. Víctima como sujeto con derecho a la justicia El otro derecho propio de las víctimas es el de la justicia, siendo percibida desde la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación a partir de los patrones optados por la comunidad internacional (Argentina, Chile, Perú, Brasil, El Salvador, Guatemala, Sudáfrica) para superar los conflictos armados, dictaduras militares o regímenes de exclusión sucedidos en los últimos tiempos, y avanzar así hacia la paz, la democracia y la igualdad, sin incurrir en la impunidad total, la cual ha sido nominada como “justicia transicional”. Según lo determinado por la Ley de Justicia y Paz, son elementos fundamentales para el cumplimiento de la justicia, la desmovilización y el desmantelamiento de las estructuras financieras y armadas de los grupos armados ilegales, la entrega de secuestrados, la colaboración en general con los procesos que se emprendan y la entrega de bienes para las acciones de reparación a las víctimas, de las que se encarga el Fondo para la Reparación. La cnrr deberá encargarse de las funciones descritas con respecto a la verdad, en colaboración con la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, y la Unidad de Justicia y Paz de la Defensoría del Pueblo. Entre dichas funciones se destacan: la participación de las víctimas en los procesos judiciales, las debidas recomendaciones al Fondo y la promoción y orientación de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes. De las funciones judiciales se harán cargo la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación y los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. El derecho a la justicia se determina en la ley en relación con las investigaciones que se adelanten para permitir la identificación, captura y sanción de los miembros de grupos armados al margen de la ley que hayan cometido delitos. Al igual que lo referenciado en la Hoja de Ruta (2006) de la Comisión, se debe certificar el acceso a los recursos que posibiliten la reparación de los daños sufridos por las víctimas de esas conductas y evitar la repetición de tales violaciones. 74

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Si las prácticas judiciales se entienden como prácticas sociales que ejercen regulación sobre el comportamiento de los sujetos, y que a su vez propician el establecimiento de los criterios de sanción, castigo y reparación (Foucault, 1992), en los procesos determinados por la Ley de Justicia y Paz, estas prácticas prescinden del diálogo colectivo entre los distintos sectores de la sociedad, correspondiendo a un modelo de estatización de la justicia que se acompaña de una serie de poderes laterales. En Colombia se hace alusión a la justicia transicional que ha sido adoptada por países que se encontraban en momentos de transición democrática y que surgió a finales de los ochenta y comienzos de los noventa. Entre las dimensiones que cubre este tipo de justicia se encuentran: las acciones penales, la creación de comisiones de la verdad, los programas de reparación, una reforma institucional, entre otras. El horizonte de justicia se halla aún en un nivel incipiente, pues las prácticas judiciales se establecen, más que sobre las acciones penales, sobre la reconciliación y en menor medida sobre la reparación. La justicia aparece ligada a la paz y a la reconciliación como forma singular y reglamentada de conducir las relaciones entre los sujetos. Víctima como sujeto con derecho a la reparación La reparación aparece en la cnrr desde el diseño de diversas iniciativas como encuestas, encuentros y audiencias que, por una parte, permiten ubicar la diversidad de expectativas de las víctimas (teniendo en cuenta la diferencia de edad, de género, el nivel del daño) sobre las políticas que se ejecuten y, por otra parte, que generen la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición o revictimización de violaciones a los derechos humanos, siguiendo las normas nacionales e internacionales sobre el derecho de las víctimas a la reparación integral en el ámbito individual o colectivo. En la ley se estipula que el papel que juegan las Comisiones Regionales para la restitución de bienes es crucial en este aspecto, así como las medidas suscitadas por el Fondo para la Reparación de las Víctimas14 que estará bajo la administración de Acción Social. Otro de los aspectos importantes que debe encarar la Comisión es la búsqueda de los desaparecidos, junto con los organismos del Estado, ONG, asociaciones de víctimas y, en particular, con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ya que la demanda de estos es un punto central dentro de sus funciones.

14 El Fondo de Reparación de las Víctimas inició en el 2006, mediante el reglamento interno expedido por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional que regula el funcionamiento y la administración del Fondo. 75

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Por parte de la Ley 975 Artículo 8°, la reparación aparece en tres ámbitos: individual, simbólica y colectiva. La individual hace referencia a los aspectos consignados en la Comisión, es decir, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, haciendo hincapié en las funciones que debe cumplir dicha institución. La reparación simbólica alude a la preservación de la memoria histórica15, la no repetición de los sucesos victimizantes, el reconocimiento público de estos, el perdón público y la restitución de la dignidad de las víctimas. La reparación colectiva comporta la reparación psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia (sistemática). En cualquiera de los tres ámbitos serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar qué tipo de reparación corresponde según el caso, a partir de lo consignado en la ley. En el Artículo 23 se hace mención a la reparación integral de los daños causados por acciones criminales. El incidente de reparación integral será abierto por el magistrado ponente en la audiencia de la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial, donde también se declarará la legalidad de la aceptación de cargos, previa petición de la víctima o del fiscal del caso, o del Ministerio Público y se convocará a audiencia pública dentro de los cinco días siguientes. La audiencia iniciará con la intervención de la víctima, su representante legal o abogado de oficio que enuncie el tipo de reparación que pretende e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones. La Sala establecerá la validez de la solicitud y decidirá si es motivo de reparación, aceptada la pretensión; posteriormente la dará a conocer al imputado que ha admitido los cargos y recomendará una conciliación entre los intervinientes. En caso de haber un acuerdo, su contenido será añadido a la decisión que condena el incidente, de lo contrario ordenará la aplicación de la prueba brindada por las partes y en el mismo acto fallará; en cualquiera de los dos casos se hará efectiva la sentencia condenatoria. En este sentido, la reparación de las víctimas es vista como un derecho que ha ser garantizado por el Estado con la contribución de los miembros de los grupos armados que obtengan los beneficios contemplados en esta ley. Dichos miembros poseen el deber de reparar a las víctimas de todos los hechos delictivos por lo que fueron condenados a través de una sentencia judicial. En caso de no encontrase el actor directo del suceso, pero de haber sido comprobada la relación del delito con el grupo armado ilegal que fue beneficiado por la ley,

15 La Preservación de la memoria histórica se consigna en la Ley de Justicia y Paz en el Capítulo x Conservación de Archivos, en el Artículo 56, Deber de Memoria, donde se determina que el conocimiento de la historia de las causas, su desarrollo y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley, deberá ser conservado a través de mecanismos óptimos, como parte del deber del Estado. 76

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la reparación estará a cargo del Fondo de Reparación mediante el dictamen efectuado por el tribunal directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía. Finalmente, la reconciliación se erige como el horizonte o mandato ético de la cnrr basado en los principios de transparencia, integridad, independencia y autonomía mencionados anteriormente. Lo que busca la Comisión es generar la participación de todos los colombianos para construir un “modelo colombiano de reparación y reconciliación” en el marco del conflicto armado. Dicho horizonte, dice la Comisión, facilitará cerrar las heridas de lo causado por la violencia en el marco del presente conflicto armado que vive el país; aspecto que permite unir esfuerzos para alcanzar la paz en Colombia y la reconciliación nacional. A partir de la puesta en juego de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación que les son exclusivos a los sujetos víctimas se derivará el proceso de reconciliación.

La memoria y el sujeto para la Comisión de Memoria Histórica Como se ha evidenciado en este capítulo, la cmh en el desarrollo de su producción sobre la Masacre de Trujillo establece diferentes nominaciones sobre la memoria y genera la constitución discursiva de un sujeto particular. Por ello, a continuación se presenta, como cierre, una síntesis de las concepciones sobre estas categorías. En primera medida, al realizar un ejercicio relacional entre las nominaciones de memoria propuestas por la Comisión (memoria social, memoria colectiva y memoria mediada), se pudo establecer que existen algunos puntos en común que las hacen semejantes. Tanto la memoria social referida a los modos en que las víctimas o testigos recuerdan, simbolizan e interpretan los sucesos del pasado, como la memoria colectiva y la memoria mediada ponderan el sentido que la población de Trujillo le otorga a dichos sucesos. Los procesos de reconstrucción de memoria, afirma la Comisión, orientan las perspectivas de futuro que dichas comunidades generan de manera conjunta. También es posible determinar diferencias y énfasis particulares en cada una de ellas. Por un lado, la memoria social se encuentra ligada a los hilos narrativos, que señalarían la matriz hegemónica en las narraciones, desde los cuales las víctimas además de proveer significación a los acontecimientos, exploran sus impactos en el medio social. Por el otro, los recuerdos, están enmarcados por las memorias colectivas producto de la influencia de diversas mediaciones; desde esta memoria opera una jerarquización de las víctimas en función de su reconocimiento y labor social y está presente de manera continua la visibilización de la acción represiva.

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En este sentido, se expresa un nivel de confrontación entre estas nominaciones que van delimitando los alcances políticos de esta institución. Cuando la Comisión hace alusión a los hilos narrativos que componen la memoria social, cuya organización es planteada desde tres estructuras narrativas ‒el reconocimiento del dolor, la elaboración del duelo y el horizonte de verdad, justicia y reparación‒ resalta de forma reiterativa el anclaje en el dolor, la fragilidad de estas memorias y su ritualización en el ámbito de la impunidad, aunque manifieste la resistencia al olvido que las víctimas ejercen. Mientras que al referirse a la memoria colectiva en relación con los procesos de mediación, si bien plantea que algunas organizaciones acompañantes construyen versiones que han sido impuestas en la población, recurre continuamente a esta categoría en aras de ubicar estos procesos de memoria en el plano de la reconciliación a través de una medicación que no propicie una memoria herida o del sufrimiento. A partir de una mirada analítica a la categoría de mediación, que como se ha insistido permanentemente no presenta una conceptualización, se reconoce el distanciamiento con la de emprendedores de memoria trabajada por Elizabeth Jelin, la cual hace mención a los agentes que intervienen e intentan delimitar el campo de las luchas por las memorias. El emprendimiento de estos agentes es colectivo, y se pretende promover la participación y la puesta en marcha de acciones organizadas por parte de las comunidades, además de una tarea personal en su proceso. Dice Jelin (2002) que “el emprendedor es un generador de proyectos, de nuevas expresiones, de creatividad ‒más que de repeticiones‒. La noción remite también a la existencia de una organización social ligada al proyecto de memoria” (p. 48), que en algunos casos podría suponer una jerarquización social o división de tareas dirigidas por dichos emprendedores. En los escenarios conflictivos, la acción de estos implica el uso público y político de la memoria. El primero se entiende por la necesidad de llevar a esferas más amplias las versiones sobre el pasado construido colectivamente y producir un efecto en la sociedad; el segundo uso alude a la pretensión de lograr el reconocimiento de dichas versiones en el escenario público y legitimarlas políticamente, lo que provoca múltiples disputas y tensiones. Por último, se entiende en el orden de esta perspectiva teórica el uso ejemplar de la memoria que sugiere de qué manera “el recuerdo se convierte en ejemplo que permite aprendizajes y el pasado se convierte en principio de acción para el presente” (Jelin, 2002, p. 50). En la categoría de mediación y mediadores propuesta por la cmh, el carácter político tiene que ver con la fijación de aprioris de acuerdo con ideologías políticas o sociales; es decir, se deciden los puntos de llegada antes de emprender el proceso, pretendiendo buscar la justicia y evitar la impunidad, que desde 78

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la lectura de la Comisión16 continúa con la victimización. Sin embargo, retomando la postura de Jelin, las organizaciones acompañantes en Trujillo (afavit, la Comisión de Justicia y Paz y los jóvenes de la Orden Perdida) podrían considerarse emprendedores de memoria desde el marco que proporciona esta categoría en relación con el uso público y político que realizan de la memoria, donde algunos de sus propósitos están encaminados a producir cambios en el contenido y el significado de la “historia oficial” y hacer públicos los relatos que han sido visibilizados o silenciados. Cabe anotar que el tratamiento a los procesos de memoria generados por las organizaciones sociales será abordado en el tercer capítulo. En cuanto a la concepción de sujeto, en la Ley 975 de Justicia y Paz y en la hoja de ruta de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación se evidencia su emergencia a través de unos modos de objetivación: un tipo de prácticas normativas y de conocimiento o prácticas de escisión, a las que se hizo referencia previamente, y la constitución del sujeto para sí mismo, el cual se halla determinado por unos enunciados particulares, la fijación de ciertas características y la fijación de unos derechos que les son propios. De tal suerte que dicho sujeto transcurre del plano de sujeto-víctima al de sujeto de derechos. En el caso del sujeto-víctima, su configuración ocurre desde dos lugares: el de la desprotección y vulnerabilidad que generan una nueva victimización y el de la concepción como guardianes de memoria (para el caso de Trujillo). Un análisis a estos lugares sugiere, en primera medida, que una constitución de dicho sujeto desde la inocencia y la indefensión oculta la potencia organizativa de las comunidades, que no necesariamente pasa por alianzas con grupos armados y por el lugar político que aquellas agencian en las diferentes prácticas sociales, tanto de la vida local como en espacios más amplios, que pueden extenderse a la vida nacional. Así mismo, desde este lugar se recurre a la vinculación difusa del sujeto-víctima con grupos armados ilegales al reafirmar la lógica contrainsurgente con la que perpetraron cientos de delitos los victimarios de Trujillo, y se ubican en un plano secundario otras condiciones que motivaron dichas prácticas criminales. El segundo lugar desde el cual se configura este sujeto hace referencia a la importancia de los guardianes o emprendedores de memoria para ubicar los procesos de elaboración de memoria como sustitutos de la justicia en casos en los que esta no sea ejecutada por entidades judiciales del Estado, así como en el ámbito de la reparación al transformarse de una comunidad de duelo a una 16 Entrevista a Martha Nubia Bello, integrante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación- Grupo de memoria Histórica. Octubre 19 de 2010. 79

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de derechos por ejercer trabajos de memoria. Desde esta perspectiva, son las comunidades las que cumplen una función de reparación a sí mismas. Resaltar constantemente la figura del padre Tiberio como símbolo de la brutalidad y la violencia que sufrieron las comunidades permite legitimar la lógica del sacrificio con el que se teje la memoria del conflicto armado. Con esto también se desvirtúa el papel que desempeñó la población de Trujillo en medio del contexto que se estaba desarrollando. La constitución del sujeto-víctima por medio de la imagen del padre pasa por la forma de poder pastoral (Foucault, 1991), que tiene como propósito fundamental la salvación individual y/o colectiva. Esta forma de poder se configura bajo la creación y consolidación del Estado moderno adhiriendo una antigua técnica de poder propia de las instituciones cristianas a una nueva figura política. Este poder pastoral dentro de la lógica de la salvación actúa sobre los distintos ámbitos que constituyen la vida: “la palabra salvación asume diferentes significados: salud, bienestar, (es decir, suficiente riqueza, un nivel de vida), seguridad, protección contra accidentes” (Foucault, 1991, p. 66). La memoria, entonces, se configura en medio de los discursos de la salvación a través de la superación de los sucesos conflictivos y su tramitación, en la búsqueda de la justicia, la reparación y en procura de un futuro mejor para esta población, que pasa por procesos de individualización ligados al poder pastoral. Los ejercicios de poder que se expresan en la constitución del sujeto-víctima residen en conducir –guiar las conductas posibles– (organizando sus probables consecuencias). De allí que se instigue a la población o sociedad civil para hacer parte de los procesos de elaboración de memoria, donde “los ‘guardianes de la memoria’ en Trujillo pueden y deben ser una suma o alianza de actores sociales y políticos, estatales y no estatales, nacionales e internacionales, más amplia y plural […] si se quiere evitar el confinamiento y la marginación de la memoria de la Masacre y si se quieren potenciar las lecciones” (cnrr, 2008, p. 25). Por tanto, los guardianes de memoria cumplen un importante papel en la reconstrucción de la memoria histórica bajo las premisas de identificar, registrar, dignificar y humanizar, que se manifiesta en un ejercicio de poder que ejerce acción sobre las acciones de otros. Por su parte, las víctimas como sujetos de derecho son ubicadas en este plano debido a la continua victimización a la cual están expuestas; por tanto, le son otorgados otros derechos que les serían exclusivos: a la verdad, a la justicia y a la reparación, los cuales están orientados hacia el proceso de reconciliación nacional, y que los escinde o separa de los demás sujetos. Para las organizaciones

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La memoria en el lugar oficial: la apuesta por la reconciliación nacional

sociales, las víctimas de hechos violentos o crímenes son también consideradas como sujetos de derechos, pero desde una mirada distinta, lo cual se convierte en parte de sus banderas políticas, tal como se mostrará a continuación.

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La memoria: una estrategia política desde las organizaciones sociales Hoy le decimos al mundo, que aunque somos personas supremamente lastimadas y adoloridas, seguimos aquí, poniendo todo nuestro empeño para trabajar, para luchar, para que sepan que aquí estamos y que los invitamos para que conozcan nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente, que nos acompañen en la construcción de de nuestro futuro, con muchos sueños y esperanzas

afavit Las organizaciones sociales que vienen actualmente desarrollando en Colombia procesos de memoria y que cuentan con una mayor difusión y reconocimiento en el escenario público en el país son, entre otras: el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado movice, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos asfaddes, Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, la Corporación Nuevo Arcoíris, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo y el Proyecto Colombia Nunca Más. En el presente capítulo serán abordados los trabajos por el Proyecto Colombia Nunca Más, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz17 y la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo, acerca de la Masacre de Trujillo. La selección de las organizaciones mencionadas anteriormente responde a que estas operaron como acompañantes en los procesos de recuperación y elaboración de memoria en esta región y en los procesos judiciales ‒mediante un 17 Se hace mención a la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, pues fue esta institución la que realizó el proceso de acompañamiento en Trujillo, poco tiempo después de la masacre, y fue bajo su nombre que se hizo la publicación del texto “Parque por la vida, la justicia y la paz. Monumento a las víctimas de los hechos violentos de Trujillo 1987-1994”, que fue analizado en este capítulo. Sin embargo, la caracterización que se presenta en el próximo apartado toma como base los documentos producidos por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el extenso archivo sobre el proceso judicial de Trujillo que reposa en esta última. Cabe anotar que la Comisión Intercongregacional fue reemplazada por la Comisión Intereclesial, según lo afirma la cmh en su informe. 83

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cuerpo de juristas‒ o contribuyeron a consolidar los archivos sobre el caso con los testimonios y las pruebas de las víctimas. De tal forma que dichos procesos se encuentran materializados en informes o documentos escritos que fueron analizados para este proceso investigativo, además de algunas entrevistas que se realizaron a los miembros de afavit. Conforme al enfoque metodológico que orientó la investigación, su elección también obedece a las múltiples relaciones que se pueden establecer con lo producido por la Comisión de Memoria Histórica sobre Trujillo y que serán presentadas a lo largo de este capítulo. Cabe anotar que se incluye la caracterización elaborada sobre el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado movice, pues esta organización presenta una de las mayores confrontaciones con el lugar oficial (cnrr y cmh) y propone énfasis novedosos y distintos para abordar la memoria, la verdad, la justicia y la reparación.

El Proyecto Colombia Nunca Más El Proyecto Colombia Nunca Más pcnm surge a mediados de la década de los noventa en el marco de la campaña “Colombia Derechos Humanos Ya” (en su etapa final), que fue liderada por distintas instituciones sociales y de derechos humanos, y acogida por varias organizaciones sindicales, comunitarias, campesinas, culturales y eclesiales de carácter local, regional y nacional, las cuales se articularon en equipos de trabajo en las regiones donde se fue conformando este proyecto. El proceso emprendido tenía como finalidad realizar una denuncia en los ámbitos nacional e internacional sobre las violaciones a los derechos que sufría un amplio conjunto de la población colombiana y por la impunidad que se expresaba frente a estos acontecimientos, debido a la ausencia de justicia favorecida por el Estado, siendo este organismo el mayor responsable de lo sucedido. (pcnm, 2008). Mediante esta campaña se generó una aproximación a las Comisiones de la Verdad impulsadas en América del Sur y Centroamérica, y se llevó a cabo una serie de actividades orientadas a compartir las diversas experiencias de búsqueda de superación de la impunidad que se estaban promoviendo en varios lugares del país. En este mismo contexto, se comenzó a pensar en la posibilidad de constituir una Comisión de la Verdad para Colombia, lo que provocó que estas organizaciones sociales empezaran a documentar de manera exhaustiva “los casos de Crímenes de Lesa Humanidad, las condiciones creadas desde las instancias del Estado para que no fuera posible la realización de investigaciones sobre estos crímenes y la posible negociación con los grupos insurgentes del conflicto político militar” (pcnm, 2008, p. 1), viendo la necesidad de contar con estos registros como base para los procesos que adelantaría dicha Comisión. 84

La memoria: una estrategia política desde las organizaciones sociales

El Proyecto Colombia Nunca Más, que inició con el apoyo de diez organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos, terminó agrupando diecisiete organizaciones18, cuyo propósito se estableció sobre la base de recuperar la memoria de las víctimas de la última etapa de violencia política en Colombia y aportar en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en este periodo. Desde el 10 de abril de 1995 se convino diseñar dicho proyecto y tras una cantidad de reuniones establecidas desde este momento se puso en marcha en agosto de 1996 a la cabeza de un primer equipo de trabajo, en el marco de una política estatal constante de ejecución de crímenes de lesa humanidad. Como parte de los antecedentes para la conformación del pcnm se encuentra el Seminario Internacional sobre Comisiones de Verdad que se realizó el 8 y 9 de junio de 1994 en Bogotá. Allí se presentó una evaluación de los procesos adelantados en países como Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, El Salvador y Guatemala sobre las luchas en contra de la impunidad de crímenes de lesa humanidad, que mostró la imposibilidad para evitar la imposición de políticas de perdón y olvido a nivel oficial. Así mismo, se puso en evidencia la dificultad que conllevaba registrar, documentar y sistematizar la información sobre estos crímenes, sobre todo porque el caso colombiano desbordaba lo sucedido en estos otros países. El pcnm aparece en Colombia de manera diferente en comparación con los demás proyectos Nunca Más creados en América Latina, pues el devenir del conflicto armado en Colombia no puede ubicarse en un período postdictatorial o de transición a un régimen constitucional, o de una especie de postguerra civil. Por el contrario, el contexto del país se consideró peculiar, debido a que allí se presentaba la ejecución de políticas de terrorismo de Estado, –cuyo término no era imaginable–; ejecución manifestada en la violación masiva y sistemática de los derechos más elementales de los seres humanos dentro de los parámetros de una democracia formal.

18 Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia asfaddes, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos cspp, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos cpdh, Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación, Corporación Sembrar, Comité Regional de Derechos Humanos de Santander credhos, Fundación Reiniciar, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad codehsel, Corporación Jurídica Libertad, Comunidades Eclesiales de Base y Grupos Cristianos de Colombia cebs, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Fundación Manuel Cepeda, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción anuc-ur, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria andas y la Comunidad de los Misioneros Claretianos de Colombia. 85

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Luego de su creación, este Proyecto ha debido enfrentar múltiples problemáticas como la eliminación, el exilio o la inmovilización de personas y organizaciones que podrían hacer grandes aportes a este. La persecución a los mismos centros de almacenamiento de datos, como el allanamiento a la sede de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, donde funcionaba el Proyecto, el 13 de mayo de 1998, agresión perpetrada por la acción conjunta de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas; las dificultades de acceso a muchas regiones dominadas por el terror; el miedo y la parálisis de muchos testigos potenciales” (pcnm, s.f, p. 1).

Los anteriores son algunos de los obstáculos que se le han presentado a este proyecto19. Dentro de los principales objetivos de Colombia Nunca Más se encuentran: 1. Dar consistencia y confiabilidad a la información sobre los crímenes de lesa humanidad con que cuentan las organizaciones sociales, familiares de víctimas y las organizaciones de derechos humanos, en especial aquellas que la pongan a disposición del pcnm. 2. Contribuir al análisis global sobre la realización de crímenes de lesa humanidad en Colombia, mediante la documentación de contextos, procesos jurídicos y vivencias de las mismas víctimas y organizaciones victimizadas. 3. Estimular a las organizaciones sociales, víctimas, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos de Colombia a la creación de un movimiento social de lucha en contra y por la superación de la impunidad en que se encuentran los crímenes de lesa humanidad en el país (pcnm, 2008, p. 3). En este sentido, las tareas de Colombia Nunca Más no se limitan a la documentación de los crímenes20, lo cual es considerado como un aporte importantísimo en la 19 De la misma manera, han debido enfrentar varias dificultades en el terreno metodológico, debido a la magnitud de denuncias, la recolección y evaluación de la información y al tratamiento de cada caso o víctima de crímenes de lesa humanidad, quienes reclaman acción, denuncia, acompañamiento y reparación para afrontar las consecuencias psicológicas de estos hechos. 20 Actualmente, el proyecto cuenta con un proceso de documentación de más de 41.000 víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en las distintas regiones de Colombia, en una base de datos diseñada para registrar y analizar los crímenes de lesa humanidad. 86

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lucha contra la impunidad y la puesta de ello en el debate público, sino que además brindan elementos de análisis que permiten la comprensión de los contextos particulares de tiempo y lugar, las causas económicas y políticas de estos crímenes, los actores implicados, los hechos, los mecanismos empleados para cometer actos criminales y asegurar su impunidad y los efectos provocados en las poblaciones y organizaciones. El trabajo emprendido se sustenta en el hecho de que el sentido de los procesos de recuperación de memoria histórica consiste en potenciar, impulsar y favorecer expresiones e iniciativas sociales organizadas de lucha contra la impunidad, desde las víctimas, comunidades y organizaciones afectadas; igualmente, en que la solución a la violación de derechos humanos y el vencimiento de la impunidad pasa por la condena y rechazo de estas prácticas por parte de la sociedad colombiana. En contraste, la cmh asume estos procesos de memoria como parte de la reconciliación nacional, mientras que el pcnm lo hace para combatir la impunidad, lo cual se constituye en una de las críticas que esta Comisión realiza a las organizaciones acompañantes en Trujillo. Justamente, dentro de este horizonte de lucha contra la impunidad, el proyecto ha optado por cuatro opciones estratégicas que definen su perspectiva de trabajo: 1) salvaguarda de la memoria; 2) esclarecimiento de los hechos; 3) sanción a los responsables, y 4) reparación de lo destruido. Estas estrategias se fundan en disparidad con las propuestas que sugieren que el olvido y la evasión de justicia son necesarios para la construcción de un futuro distinto, que debe haber una aceptación somera o totalizadora de los errores del pasado y que la construcción de responsabilidades con el futuro debe establecerse desde la irresponsabilidad frente al pasado. En el marco de la primera estrategia, que se halla en permanente vínculo con las demás, la memoria es entendida como memoria viva que integra la narratividad histórica como elemento central y que es construida a partir de un trabajo colectivo; por tanto, proteger la memoria implica reconocer: […] que la derrota de las víctimas no es definitiva; que la injusticia es reversible, y que el pasado es redimible. Por eso se propende por incidir en las instancias decisivas de la transmisión cultural, como archivos, museos, patrimonios culturales, sistema educativo, mass media, memoriales y monumentos, para que en todos ellos se asuma el registro de los crímenes de lesa humanidad, como detonante de memoria que redima el pasado y rescate la fecundidad histórica de las víctimas (pcnm, s.f., p. 22).

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La salvaguarda de la memoria se ha concretado a través de la consolidación del archivo, que contiene denuncias, revistas, recortes de prensa, boletines, testimonios en audio, expedientes judiciales y la producción de informes que se convierten en uno de los principales productos del proceso impulsado por el pcnm, donde se documentan los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país durante el periodo de 1966 a 1998. Entre los informes, que son realizados por zonas de acuerdo con las brigadas de trabajo establecidas por esta organización, se encuentran La zona 3ª desde el 2006, cuyo proceso se materializó bajo la colección de Memorias de la Represión, con seis volúmenes: 1) “Persecución al Movimiento Estudiantil en el Departamento de Nariño”; 2) “Estado, Crímenes de Lesa Humanidad en el Resguardo de Túquerres”; 3) “Lucha por la Tierra y Crímenes de Lesa Humanidad en el Departamento del Cauca”; 4) “Estado y Narcotráfico en el Centro del Valle”; 5) “Crímenes de Lesa Humanidad contra ‘A luchar’ en el Valle del Cauca”; 6) “Crímenes de Estado y configuración del Territorio en la Región del Sumapaz y Tequendama”. El informe de La zona 5ª 1966-1998, donde se emplea la jurisdicción militar para definir la zona estudiada, abarcando los departamentos y regiones dentro de los cuales tenía jurisdicción la V Brigada del Ejército: Santander, Norte de Santander y las regiones del sur de Bolívar y sur del Cesar. El informe de La zona 7ª, que cubre los departamentos del Meta, Guaviare, parte de Boyacá y Cundinamarca, y el de la zona 14ª, que abarca el sector sur del Magdalena Medio y parte del nordeste Antioqueño. Así mismo, se encuentra una serie de cartillas pedagógicas como “La estrategia de la memoria”, que se constituye en un documento metodológico que busca proporcionar herramientas prácticas para recuperar la memoria de crímenes de lesa humanidad a las comunidades; están también las cartillas tituladas “¿Cuál verdad, cuál justicia, cuál reparación?”, “Verdad, memoria y lucha contra la impunidad 1966-1998”, “Decreto 1290 del 2008 sobre la Reparación Integral por vía administrativa a las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley”, y las revistas “Verdad, justicia y reparación” y “La impunidad”. El análisis realizado en Trujillo, Riofrío y Bolívar en el Valle del Cauca, que hace parte de la colección Memoria de la Represión y se titula “Estado y Narcotráfico en el centro del Valle”, contó con el apoyo de la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -cajar-, la Asociación Social Comunidad y Vida, Sembrar, la Corporación Jurídica Humanidad Vigente y la Unión Europea. Este trabajo se constituye en un “ejercicio de recuperación de memoria histórica de crímenes de lesa humanidad llevado a cabo en el departamento del 88

La memoria: una estrategia política desde las organizaciones sociales

Valle del Cauca” (pcnm, 2007, p. 6), donde se establece el periodo entre 1966 y 1993 como un momento de múltiples ataques que sufrieron los habitantes de estas regiones y los procesos sociales que habían impulsado. Metodológicamente, para este ejercicio se acudió a los testimonios de los perseguidos, de sus familias y compañeros, con el fin de rescatar sus voces que sirvieran para el establecimiento de la verdad, pero sobre todo para restituir sus sueños y proyectos. Así mismo, se tomaron los archivos de varias organizaciones sociales, los registros de prensa y algunas fuentes secundarias ‒libros y revistas‒. Este trabajo hizo posible la sistematización de los recuerdos que se exponen en el documento y fortaleció los lazos de unidad entre las organizaciones sociales que participaron en el proceso de reconstrucción de memoria histórica sobre Trujillo; aspecto que permitió que las memorias personales se integraran a las luchas de todo un pueblo que se generan en medio de los conflictos sociales y políticos que vive el país. Parte de este trabajo se orienta por el “Cuaderno de referencia metodológica” (pcnm, s.f.) elaborado por el Proyecto pcnm, el cual define la manera de compilar, analizar, catalogar y procesar la información de las fuentes documentales, testimoniales y judiciales para la elaboración de informes regionales y la consolidación de la base de datos sobre crímenes de lesa humanidad. En este documento se identifican varios criterios para la recolección de la información, tales como: la identificación de la víctima en lo personal y en relación con su pertenencia a organizaciones sindicales, políticas, comunitarias, culturales, campesinas, indígenas, de derechos humanos; el crimen y el contexto en que fue cometido, donde se referencian los hechos y los contextos; la actuación de la justicia, es decir, se indaga sobre la presentación de denuncias y las autoridades judiciales responsables, y si se evidencian resultados de las investigaciones o si el caso ha quedado en la impunidad; los efectos o impactos del crimen a nivel personal y familiar, organizativo y comunitario de la víctima y, por último, acerca de las expectativas y propuestas, en relación con el accionar de la justicia y la reparación integral.

Procesamiento de la documentación El procesamiento de la información en este documento metodológico contiene seis capítulos: la información general sobre el hecho, los datos de las víctimas, la información de los responsables, datos sobre las fuentes y evaluación, y clasificación final del hecho; dichos capítulos están acompañados de diversos ejemplos que el proyecto ubica como referencia para el tratamiento de la información recopilada.

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Información general sobre el hecho El primer capítulo del documento metodológico se configura mediante una codificación numérica que manifiesta un significado particular. Cada código referencia la zona, el equipo de pcnm, el investigador y el número consecutivo interno del hecho (que es precisado por cada investigador). De esta información general se requiere determinar lo siguiente: 1. La ubicación temporal, anotando la fecha en que se cometió el crimen o el inicio de este, día, mes, año y la hora o el intervalo de tiempo en el sistema de 24 horas, acompañadas de una clasificación de las agresiones. 2. La ubicación espacial, mediante el reconocimiento de la zona correspondiente con la división geográfica del país, que se halla codificada en 25. El departamento de acuerdo con la división político administrativa vigente. El municipio, que debe tener en cuenta la actualización del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y del DANE, en caso de varias agresiones en distintas partes se debe escribir el municipio de inicio de la primera agresión. El área rural (corregimientos, inspecciones de policía, veredas) o urbana. La sección, que contiene el corregimiento, inspección y/o vereda (en las zonas rurales), la comuna, zona o sector (en zonas urbanas). El sitio, entendido como el lugar específico donde ocurrió el hecho o donde hayan sido abandonados los cuerpos de las víctimas. 3. La descripción del hecho, donde se consigna de forma sintética la historia del crimen, supeditándose a lo aportado por las fuentes, lo cual implica no hacer deducciones o interpretaciones por parte del investigador. En el caso en que se presenten varias versiones acerca de un mismo hecho se debe priorizar las que se consideren más confiables y confrontar los datos adicionales que produzcan otras fuentes. Para la redacción de la historia del crimen se deben tener en cuenta los aspectos relacionados con el ¿cuándo?, ¿quién(es) son las víctima(s)?, ¿qué les pasó?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por quién(es)?, ¿por qué? y los datos complementarios, en este orden específico. 4. La descripción del contexto, que inicia con una hipótesis de partida que sugiere que estos crímenes reseñados tienen el carácter de lesa humanidad y por tanto expresan una sistematicidad y carácter masivo. Luego, las pautas metodológicas en las cuales se debe ubicar el hecho, determinar el tipo de conflicto que dio como resultado el crimen, precisar los intereses en juego, aclarar la relación de la víctima con los intereses identificados,

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reconocer a los victimarios, estructuras de represión, su presencia en la zona y los mecanismos empleados en esa época y en esa zona, siempre y cuando la información brinde estos elementos. De igual forma, se pretende determinar la confirmación de algunas de las siguientes hipótesis: • En zonas de conflicto armado, la población y en especial los miembros de cualquier organización de base se convierten en víctimas de crímenes de lesa humanidad. • En zonas con grandes intereses económicos, la población y en especial los miembros de organizaciones sociales se convierten en víctimas de crímenes de lesa humanidad. Cuando en estas zonas hay presencia de la insurgencia armada, estas organizaciones son consideradas vinculadas a la guerrilla, y a los pobladores se les considera simpatizantes o auxiliadores de ésta. • En zonas donde existen sectores organizados por intereses de participación y lucha por derechos socioeconómicos, étnicos o de género estos se convierten en víctimas de crímenes de lesa humanidad. • En los sitios, tanto urbanos como rurales, donde convergen y/o conviven intereses económicos y políticos, con grupos sociales considerados como “problemáticos” o “anormales” como son pobladores de la calle (adultos y niños), drogadictos, prostitutas, homosexuales, bandas juveniles, recicladores, entre otros. Estas personas se convierten en víctimas de crímenes de lesa humanidad, bajo la modalidad de la llamada “limpieza social”. • Los miembros de instituciones u organizaciones y/o personas, dedicadas a la investigación y denuncia de crímenes de lesa humanidad y al trabajo de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, se convierten en blanco de represión y víctimas de crímenes de lesa humanidad. • Las personas de sectores de oposición política o agrupaciones sociales que enfrentan políticas estatales se convierten en víctimas de crímenes de lesa humanidad, estén donde estén (pcnm, s.f., pp. 14, 15). En caso que el hecho no se relacione con ninguna de las hipótesis, se describirá en detalle el contexto en el cual se llevó a cabo el crimen. 5. La descripción de los efectos colectivos de los crímenes en las comunidades y/o las organizaciones afectadas, en lo posible tratando de determinar si fue temporal o permanente y partiendo de la hipótesis que los crímenes 91

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de lesa humanidad persiguen unos resultados concretos en lo político, en lo militar y/o en lo económico. También se debe trabajar sobre las pautas metodológicas procurando identificar en cuál de las hipótesis siguientes se podrían localizar los efectos: • Desplazamiento y/o repoblamiento: se obliga a los pobladores a dejar sus bienes y a abandonar la región de donde son originarios o a donde han llegado, como consecuencia de anteriores procesos de desplazamiento o de migraciones por razones económicas. En algunos hechos, el desplazamiento busca repoblar las mismas tierras bajo el auspicio de integrantes de grupos paramilitares y sus familias, o con otras personas afines a las prácticas e ideología de los victimarios. • Consolidación de modelos de propiedad y concentración de la tierra (latifundios): se busca apoyar a terratenientes –de ganadería y de agroindustria–, para que puedan lograr cada vez mayor concentración y explotación de la tierra productiva. En otros hechos, lo que se pretende es despejar zonas donde grandes empresas van a explotar recursos naturales. • Desmovilización de sectores organizados: la pretensión es desarticular las organizaciones que propenden por alternativas por fuera de las perspectivas oficiales. • Radicalización: se busca que las comunidades apoyen activamente o hagan parte del grupo armado que cometió el crimen. • Predominio de intereses económicos y políticos: busca la consolidación de los intereses existentes evitando cualquier alteración del “orden público” y las reivindicaciones sociales que no estén contempladas dentro del modelo económico y político imperante (pcnm, s.f., p. 16). 6. El seguimiento al papel de los medios de comunicación, que registra la información sobre cómo fue expuesto el hecho por los medios de comunicación cuando no haya correspondencia con la verdad, es decir, verificar el cumplimiento de las hipótesis acerca de silenciar y ocultar la verdad, desviar la atención, tergiversar, avalar, exaltar y/o absolver a los responsables. 7. El seguimiento judicial del hecho, basado en la hipótesis de que la impunidad de los crímenes de lesa humanidad se relaciona con una política de Estado que enlaza mecanismos, tanto de derecho como de hecho, para lograr su éxito, y procura así beneficiar, complacer u ocultar las estructu92

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ras y autores (inmediatos y mediatos) de estos crímenes, a fin de asegurar su libre presencia, funcionamiento y defensa. En este campo se pretende determinar: • La actuación de las diferentes jurisdicciones, cuya información debe hacerse en dos niveles: para caracterizar las actuaciones y para determinar en qué estado se encuentra el proceso. Para esto debe fijarse hasta dónde se llegó en las investigaciones. Dicha acción de las diferentes jurisdicciones se divide en cinco criterios: penal ordinaria, penal militar, disciplinaria, administrativa y sistema internacional. En cada una de estas se debe precisar el alcance de la actuación (la cual está codificada) y la pauta metodológica para la descripción de la actuación que contiene un resumen cronológico de las circunstancias importantes del proceso, tales como: el comienzo de la investigación, las pruebas y pronunciamientos fundamentales en su desarrollo, en las diferentes instancias que participen en él y en el caso del sistema internacional, en relación con la actuación del Estado. • Los mecanismos de impunidad que contienen un análisis detallado de los hechos, una codificación de grupos de estos mecanismos y una descripción de estos, que se dividen en dos grandes conjuntos: mecanismos de impunidad de derecho referidos a los mecanismos legales e institucionales que han tolerado, consentido o asegurado la impunidad, y mecanismos de impunidad de hecho que están subdivididos en los mecanismos propios de la preparación y ejecución de los crímenes, que se hallan vinculados a su realización y el uso y/o abuso de atribuciones legales, mecanismos de impunidad propios de la investigación (quienes intervienen en el proceso, el papel de quienes dirigen las investigaciones, la actuación de la procuraduría, el penal y el contencioso administrativo); por último, los mecanismos de impunidad desde el poder ejecutivo. • Los derechos de petición, cuyo seguimiento debe comprender las variables de: fecha de envío, número de oficio, jurisdicción, ciudad a donde fue enviado, si hubo respuesta o no, fecha de envío de la respuesta, despacho que envía la respuesta, ciudad de envío de la respuesta y tipo de respuesta. Datos de las víctimas En este segundo capítulo, que hace parte del procesamiento de la documentación, se debe registrar el tipo de agresión del cual fue víctima cada persona inscrita. Dentro de estos se encuentran: asesinato (o asesinato con sevicia), 93

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desaparición forzada e involuntaria, tortura y/o tratos crueles e inhumanos, allanamiento, amenaza, atentados, detención, heridas-lesiones personales. También se debe consignar el nombre, apellidos, seudónimo, sexo, edad y/o rango, sector social, profesión, oficio, sectores sociales víctimas de “limpieza social”, organización social, actividades reivindicativas que ejerzan las víctimas, posibles vínculos con el Estado que contiene las ramas ejecutiva, legislativa, judicial, Ministerio Publico y otros vínculos con este ente, militancia política, organización guerrillera, antecedentes de la víctima21, perfil humano (campo de datos específicos de la víctima) y efectos individuales y/o familiares, que se subdividen en: económicos, sociales, psicológicos y físicos. Información sobre los responsables En el tercer capítulo debe registrarse: 1) los datos genéricos sobre las estructuras, esto es, si pertenecen al campo estatal, si son agentes directos, paramilitares, sicarios, personas jurídicas no estatales, autor estatal extranjero o un actor no identificado; 2) la descripción de dichas estructuras referida a la organización a la que corresponden los victimarios y/o estructuras responsables, las cuales son: división, brigada o comando operativo, batallón, fuerza de despliegue rápido fudra, fuerza de tarea, comando conjunto, unidad táctica, grupo especial o élite, compañía, pelotón, unidad especial (para los militares); comando, estación, grupo, unidad (para la Policía) y nombre del grupo paramilitar. En caso de no poder precisarse la estructura como tal, se deben incluir los datos genéricos de los que se tenga conocimiento. En este ámbito se encuentra un listado extenso y detallado sobre la estructura militar, la sede, otras estructuras relacionadas y sus sedes; 3) los datos de los responsables individualizados, apellidos, nombre, seudónimo(s), documento(s) de identidad, rango, jerarquía del Ejército, jerarquía de la Armada, jerarquía de la Fuerza Aérea, jerarquía de la Policía, sin dato del rango, cargo, estructura a la que pertenece, ocupación, tipo de responsabilidad de acuerdo con una codificación establecida por el proyecto que está por niveles (sin que ello implique la exclusión entre estos), descripción de lo que pasó con los responsables después del crimen (en relación con investigaciones y con otras situaciones) e itinerario.

21 Es importante señalar que desde el criterio de sexo cada uno está codificado por el proyecto; allí solo debe indicarse a cuál ítem pertenece la víctima. Este criterio de antecedentes hace referencia a anteriores agresiones que haya sufrido la persona, estén relacionados o no con la denuncia actual. 94

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Datos sobre las fuentes En los datos sobre las fuentes (penúltimo capítulo) deben aparecer los datos generales de todas las fuentes, los cuales comprenden la clase de fuente, el tipo (fuentes jurídicas o documentales), los archivos donde se pueden ubicar, la fecha de la fuente, la localización de la fuente jurídica donde se indica el radico, el oficio, el despacho y el departamento y municipio, y otros datos referidos a la clave que se le asigna a las fuentes testimoniales y la referencia, en el caso de las fuentes documentales. Evaluación y clasificación final del hecho Finalmente, aparecen los capítulos de evaluación y clasificación final del hecho en los que se pretende realizar un tratamiento de la información de manera global, a través de: 1) la evaluación de la información que contienen los niveles de información acerca del hecho, del esclarecimiento de la responsabilidad, de la confiabilidad de las fuentes y de impunidad. Para el proyecto, este último apartado sobre el tratamiento de la información “facilitará el proceso de toma de decisiones en la evaluación de los hechos, según niveles de información, esclarecimiento de la responsabilidad, confiabilidad de las fuentes e impunidad” (pcnm, s.f., p. 64); 2) la clasificación final del hecho de violación de derechos humanos o violencia político-social perpetrada por autores no identificados, para lo cual “se tendrá en cuenta toda la información que se obtenga de los hechos y la valoración que de ella se realice, según los indicadores enunciados en la evaluación del hecho y su jerarquía, cuando la haya” (pcnm, s.f., p. 73). Por medio de este diseño metodológico sobre la recolección y el procesamiento de la información, el proyecto pcnm realizó el trabajo investigativo en el departamento del Valle del Cauca. Como parte de los resultados de este proceso se encontró que Trujillo se ha caracterizado por la presencia de prácticas criminales de terror que invierten el significado de libertad, de verdad histórica, de dignidad de los seres humanos y de justicia, y de esta manera desintegran los procesos comunitarios desarrollados en la región y desarticulan los tejidos sociales de esta población, por medio de los cuales se erigían propuestas de cambio y transformación de la vida social. Esta perspectiva es coincidente con la postura de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz22, la cual ha realizado un acompañamiento a los procesos 22 En el siguiente apartado de este capítulo se expondrá el trabajo realizado alrededor de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y los procesos que esta institución adelantó alrededor de la reconstrucción de memoria en Trujillo. 95

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judiciales y de reconstrucción de memoria a las víctimas de Trujillo, pues considera que la acción sistemática y continuada por parte de agentes de la fuerza pública, narcotraficantes de la región y el “sicariato” fue desintegrado el tejido social y comunitario de esta región, a través de formas de aniquilación de estas comunidades. Así mismo, reconocen que los acontecimientos de Trujillo expresan prácticas de terror acompañadas de una masacre moral por la ausencia de justica y de acción de las instancias responsables del Estado frente a lo ocurrido.

Los crímenes de lesa humanidad: un mandato ético y jurídico El Proyecto Colombia Nunca Más asume la categoría de crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el marco ético-político que lo orienta, para precisar los objetivos y las metodologías congruentes con la investigación desarrollada. Su definición se establece desde el fundamento teórico contextual del concepto básico de los derechos humanos que implica la consideración de la exigibilidad operativa23 que procede de una estructura responsable con el cumplimiento de esta, y se sitúa así en el campo de relaciones ciudadanos/Estado. A partir de esta premisa, se otorga al Estado el derecho de implantar códigos penales, sistemas policial, penitenciario y judicial, a fin de intervenir, impedir y enmendar las agresiones de unos ciudadanos contra otros, en el marco jurídico de los derechos ciudadanos. No obstante, frente a las agresiones por parte del Estado sobre sus ciudadanos, que denota su absoluta desprotección, la tradición jurídica universal reconoció desde tiempo atrás el ámbito de derechos superiores al Estado, entendiendo a los ciudadanos como seres humanos cuyos derechos deben ser garantizados por este organismo, para legitimarse ante estos y ante la comunidad internacional. Colombia Nunca Más, tomando como base la conceptualización más clásica24 de los crímenes de lesa humanidad, los define como aquellos: […] actos inhumanos cometidos contra la población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales. Se trata de críme23 Distinta a la exigibilidad ética que debe ser respetada y cumplida por todos los seres humanos, situándose en el campo de relaciones: ciudadano/ciudadano. 24 Colombia Nunca Más establece una ruptura radical con las elaboraciones que sobre esta categoría se han venido desarrollando en el plano internacional, marco por el cual se rige Colombia, de manera particular frente al Proyecto de Código de 1996 (formulado por la Comisión de Derecho Internacional) y al Estatuto Tribunal Penal Internacional (aprobado en Roma en 1998), en donde se expresa una ampliación del sujeto activo del Crimen de Lesa Humanidad, afirmándose que éste puede ser cometido, fuera de los gobiernos, “por una organización política o grupo”, llevando este derecho al terreno de las relaciones ciudadano/ciudadano y desconociendo la posibilidad de agresión por parte de un Estado. Por tanto, señala cómo estos incisos rompen la base conceptual (filosófico-jurídico-histórico-político-operativa) de los derechos humanos y del crimen de lesa humanidad. 96

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nes de especial gravedad, puesto que atentan contra la especie humana (El término “Lesa” viene del latín “laesae”, que corresponde al participio presente, en voz pasiva, del verbo “Laedo”, que significa: herir, injuriar, causar daño. De allí las expresiones latinas: “laesae maiestatis” (de lesa majestad), “laesae humanitatis” (de lesa humanidad) que literalmente se traducen: (crimen) de majestad injuriada, o de humanidad injuriada (o herida o lesionada)) (pcnm, 2008, p. 33).

En la definición mencionada anteriormente se subraya la gravedad del crimen, pues la afrenta se manifiesta no solo contra un individuo, sino contra la especie humana en sí. Por tanto, el proyecto posiciona los acontecimientos de violencia ocurridos en Trujillo como crímenes de lesa humanidad, al señalar que las víctimas han padecido el despliegue de estrategias de destrucción sistemática y la aplicación de políticas de terrorismo e impunidad –con el auspicio del poder del Estado– las cuales buscaban afectar el tejido social y la vida subjetiva de los habitantes y comunidades, integrar nuevos mecanismos de control social y rechazar y condenar formas de convivencia existentes, y así enviar un mensaje a la sociedad en general. De igual manera, los procesos sociales atacados por los crímenes de lesa humanidad en Trujillo (Riofrío y Bolívar) pretendían la instauración de un orden social y económico a través de los asesinatos selectivos y las masacres cometidas: […] se puede afirmar que las acciones criminales como parte integral de una estrategia de terror tienen objetivos que pasan por la idea de sociedad, de bienestar y de seres humanos; es decir, que apuntan a la consolidación y creación de un tipo de generación, de imponer y perpetuar formas de vida basadas en sometimiento arbitrario del poder, a la conservación de su estructura y del status quo (pcnm, 2007, p. 10).

Estos actos al ser generalizados, sistemáticos, perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúan por instigación de estas o con su complacencia, amparo o cooperación y por estar enfocados contra la población civil por razones políticas, sociales, económicas, religiosas, raciales o culturales se consideran crímenes de lesa humanidad, en distinción con cualquier otro crimen. Esta perspectiva fundamenta el carácter de lesa humanidad desde el cual el pcnm asume lo sucedido en Trujillo en el periodo antes mencionado, al realizar el ejercicio de reconstrucción de memoria. Lo que se espera con este proceso es, por un lado, apoyar la consolidación de las organizaciones sociales que resisten constantemente a la imposición de un modelo hegemónico en el país, basado en el desarraigo de las poblaciones y la fundación de la muerte como mecanismo de control; por el otro, avalar la supe97

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ración de la impunidad, contribuir a la reconstrucción de la verdad, favorecer el cumplimiento de la justicia e impulsar la reparación integral de las víctimas del terrorismo de Estado. Cabe anotar que el reconocimiento de estos hechos como acciones sistemáticas y permanentes desatadas sobre la población civil en esta región es realizado de la misma forma por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, lo cual genera un nivel discursivo de afinidad, aún cuando esta Comisión no los enuncie como crímenes de lesa humanidad. Otro de los resultados que el proceso adelantado por el pcnm evidenció es que esta región se ha caracterizado por una gran variedad de procesos organizativos, que muestran una multiplicidad de formas de expresión y resistencia campesina en los campos económico, social, cultural y político. Dichos procesos, que manifiestan la existencia de imaginarios e identidades compartidas y proyectos de vida comunes, fueron configurando el tejido social que orientaba su accionar en la defensa de la dignidad de los seres humanos y la transformación de las condiciones de vida que enfrentaban; además, son procesos que propugnan por el bienestar de la comunidad. En Trujillo, Riofrío y Bolívar (áreas urbanas y rurales) “se venía gestando y consolidando un proceso organizativo fuerte sobre todo a nivel campesino. Por ejemplo, desde el trabajo pastoral y su proyección organizativa se impulsó la creación de asociaciones de productores y de tiendas comunitarias que apuntaban al mejoramiento de la calidad de vida del campesinado”(pcnm, 2007, p. 20), que generalmente era influido por un agente dinamizador como el Estado, la Iglesia, el sindicalismo obrero, entre otros, o contaba con el apoyo de instituciones académicas o comunitarias, tal y como el Instituto Mayor Campesino IMCA de Buga, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, La Universidad Gran Colombia y la Organización Política A Luchar, por medio de capacitaciones y asesorías en la parte organizacional. Según el pcnm, con el nombramiento como párroco de Trujillo del Padre Tiberio25 se consolidaron dichos procesos apoyados en diversas actividades que buscaban reivindicaciones como créditos agrarios, titulación de tierras, educación, salud, vivienda, transporte y servicios públicos, pues bajo su orientación se impulsó una gran cantidad de propuestas organizativas, creando aproximadamente 45 empresas comunitarias, comités de cuadra, grupos de la tercera edad y empresas familiares, en las que se destacan las ebanisterías y panaderías que surgieron o se fortalecieron, y que se planteaban la necesidad de generar articulaciones con experiencias de otras poblaciones.

25 El padre Tiberio de Jesús Fernández Maf la fue nombrado párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Trujillo, en septiembre de 1985, siendo líder campesino en su juventud y estando interesado en el cooperativismo debido a sus experiencias académicas y comunitarias. 98

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El ejercicio de reconstrucción de estos procesos, desde el cual se expresa la estrategia de salvaguarda de la memoria mencionada anteriormente, cobra importancia para el proyecto pcnm en la medida en que la identificación de la existencia de este tejido social y de la vida comunitaria se considera fundamental para indagar sobre los efectos generados en estas poblaciones a raíz de las prácticas sistemáticas y extendidas que amenazan los puntos de apoyo y censuran sus proyectos de vida, por ir en dirección contraria a los intereses económicos hegemónicos de esta región, como los del narcotráfico. En el trabajo realizado por el pcnm también se visibilizó el vínculo existente entre las fuerzas del Estado, los paramilitares y grupos de narcotraficantes del Valle, que substituía el poder gamonal que anteriormente constituía a estas poblaciones, lo cual lo fortalecía como un nuevo tipo de mediador que poco a poco iba introduciendo un sistema normativo propio que permea la vida cultural, económica, social y política de la región. Dentro de los intereses comunes entre estos actores se encuentran: la tenencia de la tierra debido a su ubicación geopolítica, la lucha contrainsurgente y la confrontación al comunismo, la “limpieza social”, los propósitos económicos ligados a la industria del narcotráfico; aspectos que dan paso a lo que se conoció como “narcoparamilitarismo”, que es la suma de estas estrategias político-militares de la contra insurgencia del Estado y los intereses económicos de la mafia. Los crímenes ejecutados en Trujillo (Riofrío y Bolívar) se hallan relacionados con la dinámica que el narcotráfico adquiere allí, por lo que al extender su poder se encargan de eliminar a todos los que interferían en sus deseos (organizaciones campesinas, pobladores, grupos guerrilleros, sindicatos), y se ejerce de esta manera un dominio económico, político y militar que muestra cómo: […] para finales de los ochenta se pasa de los cuerpos de seguridad de cada narcotraficante a la creación de una estructura armada más fuerte y consolidada y con una mayor capacidad logística que les permitía moverse por estas zonas, estructuras que se encontraban a cargo de narcotraficantes como Henry Loayza ‘El Alacrán’, Diego Montoya, y un jefe militar apodado el ‘Tío’, en coordinación permanente con la fuerza pública asentada en la región: estaciones de policía municipales, el Batallón de Artillería No. 3 ‘Batallón de Palacé’ con sede en Buga y el Departamento Administrativo de Seguridad de la zona (pcnm, 2007, p. 31).

El proyecto señala que a este despliegue de acciones violentas se añade el tratamiento de la información que en muchos casos expresa la alteración de la verdad de los hechos o su fragmentación. Los medios de comunicación frecuentemente se adhieren a las versiones oficiales que generan señalamiento 99

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de las poblaciones afectadas, aumenta el miedo y, en cierta forma, justifica lo sucedido y produce aceptación sobre esto, lo cual menoscaba la dignidad de las víctimas y afecta la comprensión de lo ocurrido. Además del papel de los medios masivos de comunicación, sobre dicha condición, se adiciona la ausencia de justicia frente a estos acontecimientos, que se manifiesta no solo en la falta de acción del Estado en el momento en que estaban sucediendo los crímenes, sino además en la puesta en juego de montajes judiciales cuando se iniciaron las investigaciones, aspecto que desarrolla una maquinaria de la impunidad que caracterizaría los procesos adelantados en Trujillo. Las protestas, las denuncias o la participación en eventos de rechazo y resistencia se convirtieron en un delito que sería fuertemente castigado, la población tuvo que aceptar y reconocer que en la vida práctica no se manifestaba la existencia de un Estado de derecho. Un ejemplo de esto fue el manejo que le dieron las instancias judiciales al testimonio de Daniel Arcila, testigo presencial, pues fue aislado y no se confrontó su declaración con los demás testimonios; luego fue declarada su ineptitud psíquica y moral, lo cual destruyó moral y judicialmente su declaración y puso en evidencia la conjunción de ofrecimientos monetarios con amenazas de muerte a quienes se encargaban de los procesos: “solo de manera excepcional, las investigaciones judiciales sobre crímenes de Estado cuentan con algún testigo presencial que escapa a los calculados controles de los victimarios […] por eso buscan constancias legales en libros oficiales” (pcnm, 2007, p. 66) y se prioriza la identificación de los victimarios, hecho que desconoce las amenazas y los mecanismos utilizados para su ocultamiento, culpabilizando a los testigos por falta de informaciones especificas y útiles. Estas situaciones, que se fueron convirtiendo en prácticas generalizadas dentro de los procesos de Trujillo, muestran los efectos de impunidad que consisten en adelantar investigaciones bajo el imaginario de que los hechos fueron efectuados en la legalidad y dentro de circunstancias sociales normales. De este modo, el trabajo de memoria realizado por el grupo consiste en esclarecer los hechos y recuperar la verdad sobre lo que sucedió, permitir el reconocimiento de estos hechos en las poblaciones y sus efectos, generar un nivel de comprensión en la sociedad y deslegitimar el tratamiento que se le ha dado desde las instancias del Estado y los medios de comunicación a lo ocurrido. Estos procesos adelantados en Trujillo (Bolívar y Riofrío) por el Proyecto Colombia Nunca Más se convierten en políticas de la memoria del conflicto armado que disputan un lugar por establecer regímenes de verdad sobre los

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acontecimientos que marcaron a esta región. Así mismo, generan una fuerte contradicción por las fechas que marcan dichos sucesos con otras instituciones como la cnrr que también agencian políticas de la memoria. Enunciar que desde 1966 hasta 1993 los habitantes de las zonas rurales y urbanas de Trujillo, Bolívar y Riofrío vivieron una práctica sistemática y masiva de violación a los derechos humanos –por lo cual se reconoce el carácter de crímenes de lesa humanidad– produce grandes rupturas con lo manifestado por la cnrr y genera posturas antagónicas en el campo e implicaciones distintas en el campo político, judicial y social. Podría afirmarse que el pcnm se vale de la tipificación de crímenes de lesa humanidad como una estrategia de visibilización internacional de los acontecimientos sucedidos en Trujillo, que marca distancia con lo determinado en el informe de la cnrr como expresión de la política oficial. También, dentro de lo expuesto se evidencia la nominación de estas prácticas como parte de las políticas de terrorismo e impunidad amparadas por el Estado colombiano, que pretendían desintegrar el tejido social y la vida subjetiva de estas poblaciones, además de constituirse en formas generalizadas que enviaban un mensaje a toda la sociedad, en oposición a la relación que se hace con prácticas regionales y aisladas. Tejido social que estaba compuesto por los lazos que produjeron los procesos organizativos realizados en este territorio, que a su vez configuraban proyectos de vida compartidos e identidades comunes. A través de este proceso, el Proyecto Colombia Nunca Más se encargó de documentar los crímenes ocurridos en Trujillo, sobre la base de la constante lucha contra la impunidad que se ha convertido en uno de los bastiones de su accionar político. Por tanto, no se trata solo de establecer la verdad sobre lo acontecido, en relación con los tiempos, lugares, las motivaciones políticas y económicas, los actores y los mecanismos utilizados, sino de entender las repercusiones ocasionadas que aún se siguen reproduciendo, tanto en estas regiones y sus organizaciones comunitarias, como en la sociedad. De igual forma, el proyecto hace especial énfasis en el tratamiento de los medios de comunicación, los cuales ocuparon un lugar importante en el manejo de la información sobre lo sucedido en Trujillo y las demás regiones afectadas por esta masacre. Al igual que en Argentina, por ejemplo, los medios de comunicación han tenido una fuerte influencia en la consolidación de diversas memorias del pasado reciente. Así lo advierten Daniel Lvovich y Jaquelina Bisquert, pues con el Golpe de Estado en este país el 24 de marzo de 1976 y la instauración del gobierno de las Fuerzas Armadas que se convirtió en una dictadura que duró hasta 1983, dichos medios sirvieron para difundir el Proceso de Reorganización

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Nacional26 y, por tanto, para fortalecer lo que los autores citados llaman “memoria de la guerra”. Esta función pasó de la vindicación de la guerra interna o sucia contra la subversión a la puesta en juego del “show del horror”, lo que significó un beneficio mediático de las pruebas y los testimonios de las víctimas, y los torturadores sobre lo ocurrido en este periodo, que cobró fuerza con el advenimiento de las elecciones presidenciales que condujeron a la transición en 1983. Posterior a esto, los medios de comunicación asumieron la propagación de la “memoria de la represión”, colocando en el centro de su trabajo la temática de las violaciones a los derechos humanos y mostrando con ello un cambio de orientación al asumir como suyo […] el hacerse cargo del “deber de memoria”, es decir, comprometerse con la difusión del recuerdo de lo sucedido, a fin de evitar su olvido, considerando esta labor una obligación moral que excede a las víctimas y a los afectados. Se trata de un proceso a través del cual los medios de comunicación dejaron de contar lo que sucedía a su alrededor para construir ellos mismos los acontecimientos (Lvovich & Bisquert, 2008, p. 64).

En comparación, la influencia y el papel de los medios en el caso de Trujillo según el pcnm expresa que “en casos de violación a Derechos Humanos generalmente desinforman a la opinión pública sobre los acontecimientos alterando la verdad de los hechos o fragmentando la información. Es frecuente que los medios tiendan a polarizarse y seguir los prejuicios y estereotipos dominantes” (pcnm, 2007, p. 46) que recaen en grupos o poblaciones que son utilizados generalmente como chivos expiatorios. Esto muestra que en el uso y conducción de la información en situaciones de violencia existe una fuerte responsabilidad de los medios de comunicación, los cuales deben permitir el conocimiento de los hechos. En algunos casos, estos se encargan de establecer y consolidar ciertas versiones dominantes o de mayor alcance en el escenario social, que usualmente son las oficiales, volviendo una visión privada en algo que parecería ser público y compartido por los miembros de la sociedad; en otros, se arrogan a sí mismos el compromiso de reconstruir los acontecimientos violentos como parte de su mandato ético y de su función social.

26 Proceso que sería la bandera de gobierno de la Junta Militar que se instaló en el poder tras el Golpe, encabezado por Jorge Rafael Videla. 102

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La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz cijp La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz es una institución compuesta por creyentes de distintas órdenes religiosas cristianas que orientan su fe a la protección de los derechos humanos y la defensa de la vida, cuyas acciones se rigen por el marco que brinda el Derecho Internacional de los derechos humanos y por los principios evangélicos de la dignidad humana. De igual manera, en ella converge un diálogo entre creyentes y no creyentes que expresa el sentido de su eclesialidad desde hace 18 años. Sus integrantes son pastores de la iglesia presbiteriana, religiosos de la iglesia católica, laicos y profesionales de distintas aéreas de conocimiento, como las ciencias humanas y sociales, el derecho, la comunicación, la filosofía y la pedagogía, con un grupo base de 47 personas (cijp, 2010). Adicionalmente, la Comisión recibe el apoyo de un grupo de miembros honorarios que coinciden con su razón de ser como organismo de derechos humanos y comparte sus principios fundamentales. Tanto Justicia y Paz como las comunidades que acompañan mantienen un vínculo permanente con personalidades eclesiales, la academia y algunos grupos sociales, que manifiestan el respaldo y la solidaridad que se les brindan a sus iniciativas por encontrar y generar la verdad, la justicia, la reparación y la paz. Como parte de las funciones determinadas por la Comisión se encuentran: 1) apoyo a procesos encaminados a la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y soluciones negociadas al conflicto armado interno; 2) acompañamiento de manera integral a experiencias comunitarias en agrupaciones o comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas ubicadas en zonas de conflicto armado que ratifican sus derechos prescindiendo del uso de la violencia. Dicho acompañamiento comprende las dimensiones humanitaria, jurídica, pedagógica, psicológica y comunicativa en la afirmación integral de los derechos de víctimas de violaciones de derechos humanos.

Razones de ser de la Comisión La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha establecido nueve orientaciones básicas que se constituyen en la razón de esta organización (cijp, 2010). Estas son las siguientes: 1. Comprenden la defensa de los derechos de los humanos a partir de la ratificación de los derechos de los pueblos y de la relación Estado–ciudadanos, aludiendo a la imperante necesidad de que los Estados asuman las responsabilidades que les son propias frente a los ciudadanos, que exista un reconocimiento de sus derechos y que sean garantizados, para 103

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evitar así su trasgresión o violación por parte de dicho ente; todo esto formulado sobre la base de la definición del estado de derecho consignada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. También perciben la integralidad e indivisibilidad de los derechos en relación con lo que las comunidades afirman como derechos de los pueblos, que hacen parte de las apuestas de sociedad y sujetos colectivos que determinan las relaciones con los otros y con el medio ambiente. Esta Comisión, al igual que el pcnm, asume como uno de los principios básicos que conforman su razón de ser la defensa de los derechos humanos desde la relación Estado-ciudadanos, que como se anotó previamente se inscribe en la base de la exigibilidad operativa. El Estado, a partir de esta relación, se concibe como el garante de los derechos de los ciudadanos y se le confiere el derecho, en el marco jurídico de los derechos ciudadanos, de instaurar códigos punitivos, sistemas carcelario, policial y judicial, y de esta manera procura controlar, contener y subsanar las agresiones de unos ciudadanos contra otros. No obstante, la Comisión no hace énfasis en la categoría de crímenes de lesa humanidad, lo cual es fundamental para el trabajo del Proyecto Colombia Nunca Más en este plano. 2. Comprenden dentro de los procesos de recuperación de memoria frente al olvido, de prevención de la repetición del terror, de sanción del manejo mediático y de distorsión, de afirmación ante el silencio y de promoción de la democracia participativa, la necesidad de incorporar la verdad de las víctimas del Estado y develar los medios, las estructuras y los mecanismos con que funciona su terror por medio de una multiplicidad de estrategias. En contraste con lo establecido desde la política oficial, la cijp reconoce la incorporación de la verdad de las víctimas como una necesidad dentro de los procesos de memoria y de prevención de repetición del terror, así como la necesidad de sancionar el manejo distorsionado de la información en los medios de comunicación, que también expresa una relación de semejanza con el pcnm, pues esta organización realiza un análisis alrededor de la conducción de dichos medios de los acontecimientos de Trujillo, Riofrío y Bolívar en el informe “Estado y Narcotráfico en el centro del Valle”. 3. Comprenden la justicia como un elemento fundamental en las sociedades que desean transformarse o reconstruirse, desde sus dimensiones jurídicas, políticas y socioculturales; es también comprendida como un dere104

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cho irrenunciable de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familiares, testigos o afectados con el que pueden contar para el castigo de los culpables. La dimensión jurídica y política implica el reconocimiento de los victimarios y de sus responsabilidades, la puesta en marcha de mecanismos de reparación integral y la sanción penal. Como parte de este principio, la Comisión alude a las víctimas de crímenes de Estado desde su dignidad, cuyas violaciones no son condenadas ni judicial ni socialmente, y advierte que la continuidad de la impunidad fortalece las estructuras criminales estatales, los mecanismos de represión y de control se legitiman y se oculta la viabilidad y existencia de proyectos e historias de vidas alternativas. 4. El derecho a la reparación moral, social y política es comprendido como un compromiso ético y político para la construcción de una sociedad que asiente sus bases en la democracia, la justicia y la participación. Por tanto, mencionan la importancia de respetar las diferencias de pensamiento, de orientación política, de formas de organización comunitaria que partan del reconocimiento social y estatal. Manifestaciones como la pintura, la música, el teatro y la escultura son formas de dignificación de la condición propia de “los pueblos, las víctimas, las familias, los núcleos de memoria que exhuman la razón de ser de los torturados, de los desaparecidos forzados, de los detenidos arbitrariamente, de los asesinados selectivamente, de los masacrados colectivamente, de los judicializados ‘ilegalmente’, de los bombardeados, de los perseguidos y de los exterminados, de los desplazados y de los refugiados” (cijp, 2010), quienes a través de estas manifestaciones ejercen su derecho a la esperanza, la memoria y la visibilización de proyectos de vida comunes que hacen frente a los proyectos de muerte de los criminales. 5. Comprenden que en el marco de propuestas éticas y políticas de transformación de la sociedad colombiana atravesada por la injusticia, la exclusión y la expresión de formas antidemocráticas, nacen las manifestaciones de rebelión armada por medio de las guerrillas presentes en el país, que denotan el ejercicio del derecho a la guerra y a la rebelión armada, contemplado en el dih, en los derechos de los pueblos y en distintos tratados de humanistas y religiosos y que han sido modificados por los distintos grupos de acuerdo con sus criterios de organización, que podrían ser parte de una discusión en parámetros de equidad entre los actores sociales y políticos implicados en el conflicto armado interno y en la solución negociada de este. Igualmente, reconocen que el conflicto político militar y social en Colombia expresa las fracturas sociales y el empobrecimiento de la población que viene en aumento. 105

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6. Comprenden la distinción y entendimiento de dos modelos de guerra: a) la guerra del Estado que utiliza distintas estrategias y medios de control y represión abiertos, así como el apoyo de los medios de información y comunicación, que sienta las bases en la doctrina de la seguridad nacional (defensa de la democracia, de la civilización cristiana y del capitalismo, contra el comunismo internacional, el narcotráfico y el terrorismo); b) la guerra de guerrillas que hace uso de medios de financiación ilegal, de estrategias de enfrentamientos constantes, de publicidad y comunicación clandestinas, particularmente electrónica, cuya filosofía se constituyó sobre la base de la pobreza, la marginalidad, la exclusión y la transformación social. La comprensión de estos dos modelos es un paso a la humanización del conflicto y la reducción de su intensidad. 7. Múltiples procesos de comunidades y organizaciones afrodescendientes, mestizas y mulatas en Colombia son comprendidos como partícipes en la afirmación integral de sus derechos frente a la guerra como pueblo. Esta situación comporta dos dimensiones: una socio política, en la cual los procesos organizativos reflejan la desobediencia y la objeción a la globalización del mercado, al modelo de sociedad presente y a la exclusión que los caracteriza, lo cual implica la afirmación de sus derechos, rechazando el uso de las armas. Mediante estos procesos también se ejercen respuestas que constituyen alternativas democráticas desde lo popular en los ámbitos económico, político, cultural, comunicativo, artístico, ambiental, jurídico, de defensa y reiteración de sus derechos. La otra es la dimensión militar de la guerra en la que estas experiencias organizativas generan bases normativas que no estaban contempladas en los tratados del Derecho Internacional Humanitario, pero que otorgan elementos particulares y propios conforme al contexto de dichas reglamentaciones. La Comisión contribuye al reconocimiento de estos procesos comunitarios enmarcados por las dos dimensiones mencionadas, para generar proyectos humanitarios y de construcción de la paz, en la consolidación de medidas adoptadas en la humanización del conflicto armado en Colombia o de la disminución de este en sus vertientes social, política y militar. 8. Comprenden como un anhelo y utopía constante la búsqueda de la paz, la cual demanda la posibilidad y aceptación para transformar los modelos imperantes de nación, sociedad, Estado y su relación con otros, que estén basados en principios de inequidad, exclusión y dominación. Así mismo, promueven una salida política del conflicto armado interno desde la negociación de lo social, armado y político para establecer los 106

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cimientos de la justicia integral. Por lo tanto, resulta imperioso en un escenario de negociación política acordar los medios y los mecanismos que busquen, además de la participación de los sectores empobrecidos, excluidos, discriminados y de sectores de mujeres, de jóvenes y de niños, así como de las víctimas de violaciones de los derechos humanos o de sus familias, la búsqueda de alternativas concretas para la transformación de las causas de la violencia política (cijp, 2010).

Para que esto se logre es necesario acordar mecanismos efectivos en relación con la garantía de las necesidades básicas de las poblaciones –salud, vivienda digna, educación, empleo, tierra, soberanía alimentaria, libertad de expresión, respeto a la diversidad cultural– y de participación generalizada de la población excluida en los medios masivos de información, electrónicos y ciberespaciales, y de contradicción política. Del mismo modo, debe definirse un modelo económico y político que permita la vida digna de los colombianos y sus relaciones con los habitantes de otros lugares. Dentro de este principio básico establecido por la Comisión de Justicia y Paz se contemplan todas aquellas iniciativas en proceso de ejecución o desarrolladas por las comunidades como forma de reclamo y búsqueda de derechos, como se muestra […] en el ejercicio del derecho a la memoria y la afirmación de la verdad de la guerra a través de monumentos, de medios audiovisuales y diversos lenguajes, resignificación de los nombres de las calles y de las avenidas de ciudades, de plazas del campo; de la justicia penal, de la reparación y restauración integral, [se pretende] la transformación del aparato de justicia, de sus medios de investigación y de impunidad; la transformación de las estructuras militares, de su ideología y de sus privilegios económicos (cijp, 2010).

Esto sugiere que mientras la guerra continúe, así como los medios que se expresan en ella, es necesaria la humanización del conflicto armado interno o la disminución de este en sus distintas vertientes, por medio de mecanismos y de proyectos que adviertan las causas integrales de la guerra y los estándares que la rigen. Frente a la concreción de la reconstrucción de la memoria mediante los monumentos, las plazas, las calles, la justicia, entre otros, Pierre Nora (1999) propone la categoría de Les lieux de Mémoire o “lugares de memoria”, referidos al cúmulo de espacios que hacen parte del imaginario colectivo y que favorecen la formación de la identidad de las comunida107

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des. Para la cijp el ejercicio de derecho a la memoria y a saber la verdad en el contexto de la guerra, a través de estos lugares, exige y propicia una serie de transformaciones en el campo militar y de la justicia, pretendiendo luchar contra la impunidad. Respecto a la discusión del culto a la memoria, donde se plantea la relación entre los procesos judiciales y los de memoria, Todorov afirma que “hay otros lugares donde la memoria se preserva: en las conmemoraciones oficiales, la enseñanza escolar, los mass media, los libros de historia [...] ¿Habría sido necesario que hubiese, además, un proceso judicial para que nos acordemos mejor?” (2002, p. 25). Propone entonces que estos últimos no necesariamente sirven a la memoria. 9. Comprenden como aspiraciones universales el reclamo de garantías para la vida digna de todos y todas, la creación de instrumentos de verdad, justicia y reparación, la ratificación de los derechos de los pueblos, que radican en principios de solidaridad que buscan modificar este escenario y desde las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. A partir de la afirmación de los derechos frente a las acciones y mecanismos de dominación y exclusión, quienes componen la Comisión ‒basados en la fe al estilo de Jesús‒ afirman y reconocen una espiritualidad de la resistencia en, con y al lado de los empobrecidos, de los excluidos, que mediante esta afirmación expresan un sentido de esperanza. La razón de ser de dicha resistencia radica en la constitución de formas que posibilitan a corto, mediano y largo plazo una sociedad donde la vida digna de todos sea viable, partiendo de las diferencias entre creyentes y no creyentes; de esta manera, “la búsqueda de la consolidación de la dignidad humana de los hombres y mujeres excluidos en una nueva humanidad y de una nueva sociedad supera los límites inter-religiosos y llevan a explorar las dimensiones macro ecuménicas” (cijp, 2010). Estos procesos generan posibilidades de diálogo y relaciones entre creyentes y no creyentes, las víctimas que afirman sus derechos y las iglesias.

Procesos de documentación y seguimiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz Como parte de las estrategias de recuperación y salvaguarda de memoria, acompañamiento a las comunidades, asesoría y análisis a los casos jurídicos, la Comisión cuenta con un extenso archivo compuesto por libros, revistas, boletines, carpetas con expedientes judiciales y demás material bibliográfico alrededor de proyectos de memoria, seguimiento a procesos judiciales sobre las 108

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violaciones de derechos humanos ocurridas en zonas afectadas por el conflicto y propuestas surgidas en otras latitudes para superar sucesos conflictivos. Este archivo se encuentra en la sede de esta institución, así como una amplia documentación en la página web: http// justiciaypazcolombia.com, organizada en diez áreas. Constancias Esta área cuenta con aproximadamente 230 constancias y 320 informes desde 1998 hasta el presente que documentan procesos de retornos, amenazas, operaciones militares y empresariales que afectan a los pobladores, abusos de autoridad policial, militar y administrativa, persecuciones paramilitares, asesinatos a líderes comunitarios, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzosos, desapariciones y demás violaciones a los derechos humanos ocurridas en distintas poblaciones víctimas del conflicto armado interno colombiano. Acompañamiento Este se encuentra constituido por dos propuestas: 1. Familias Exiliadas del Cacarica ‒cavida‒, con la cartilla “Seguimos soñando”, que reúne las memorias de las vidas de niños y las niñas que retornaron al Cacarica. 2. Zonas humanitarias Cacarica ‒ Humanos del Mundo, con el artículo “Nuestra alma y nuestro territorio no están en negocios”, el cual recoge una reflexión acerca de los procesos organizativos realizados en las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de Cacarica y la denuncia y reclamo por el hostigamiento frecuente que padecen los pobladores de estas regiones del Chocó. Dever (sic) Está compuesto por 620 memorias, actas de reuniones y encuentros, cartas públicas de reclamo y tutelas (2003-2010), como parte de los registros materiales de las iniciativas, las denuncias y los procesos contra la impunidad, llevadas a cabo por las comunidades con el acompañamiento de la Comisión.

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Memoria Área conformada por cuatro espacios: 1. Ha pasado a la historia: con 17 historias de vida junto con registros fotográficos de personajes influyentes en el terreno de la investigación y la historia, como religiosos, líderes campesinos y comunitarios, defensores y promulgadores de los derechos humanos que asesinaron. 2. Por lo menos la verdad: con seis artículos que narran las medidas dispuestas en los procesos judiciales y algunas versiones libres que rindieron paramilitares desmovilizados, como prueba de la ausencia de la verdad en tales procesos, en las cuales reclaman el derecho a saber contemplado, entre otras instancias, en los Principios Joinet de la onu, donde se plantean las directrices sobre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. 3. Por lo menos sus nombres: contiene 33 artículos en los que se recurre a la visibilización de los perpetradores de crímenes y de sus víctimas, como lo muestra el caso del artículo 31, escrito el 12 de abril de 2006, que demanda la incursión en el caserío Mello del municipio de Necocli (Antioquia) de “civiles” armados y de camuflado, que contó con el amparo de la Brigada 17. Dice el artículo: “el nuevo artificio teatral se realizó […] en presencia de su comandante ALFREDO BERRIO; allí llegaron los ejecutores de planes criminales de asesinatos, de persecución, de aniquilación de afrocolombianos, indígenas, mestizos en Truandó, Domingodó, Salaqui, Murindó, Bellavista, Curvaradó y Jiguamiandó” (cijp, 2010), en medio de la primera entrega de armas ‒que se realizaba ese mismo día‒ de 309 integrantes de la estrategia militar oculta que opera con el nombre de estructuras “Bloque Élmer Cárdenas” y que actúa en el bajo y medio Atrato y en el norte de Chocó y Antioquia, límites con el Golfo de Urabá. Por tanto, para la Comisión de Justicia y Paz este es un espacio que se constituye […] como lugar de la memoria, del culto a la vida en medio de tanta indignidad, en medio de tanta prepotencia, en medio del poder del capital y de la fuerza, del ganado que sepulta a los seres humanos, de la tierra adobada con casa haciendas en los que se embellece la tortura, y la sangre causada con golpes, con balas. POR LO MENOS AHORA, mientras es posible la Verdad y la Justicia, SUS NOMBRES, algunos NOMBRES, de sueños, de vidas, evocando la verdad, deshilvanando la mentira, llamando a la MEMORIA (cijp, 2010).

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4. Sin olvido: desde el 2003 se encuentran documentados más de 190 casos de desaparición forzada, asesinatos, masacres y operaciones militares; como la muerte de Jaime Pardo Leal, Manuel Cepeda Vargas o José Eduardo Umaña Mendoza, las muertes del Palacio de Justicia, la danza de la muerte paramilitar en el Salado, la Masacre de Riofrío, entre muchos otros. Este proceso se establece como una forma de generar memoria frente a estos hechos y reclamar justica sobre lo ocurrido, a la vez que se erige como un acto de conmemoración que vindica la dignidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos. En esta área específica, la cijp expresa la ausencia del tratamiento al contexto político. No obstante, como se mostrará más adelante, la Comisión dentro de sus trabajos realiza un acercamiento a este, aunque no sea enfatizado como parte del área que aparece en su página web. También se evidencia un acercamiento al pcnm frente al reconocimiento de los proyectos de vida de las víctimas, de sus sueños y su visibilización como parte de los procesos de memoria. Comisión Ética y Red de Alternativas La primera cuenta con aproximadamente 30 informes de las visitas y pronunciamientos de la Comisión Ética Internacional por la Verdad en Colombia sobre el Acuerdo Humanitario, las amenazas constantes que sufren los miembros de Justicia y Paz, la difamación de algunos miembros de la Comisión Ética, las imputaciones sobre la senadora Piedad Córdoba, las gestiones humanitarias realizadas por Colombianas y Colombianos por la Paz y la propuesta realizada en el 2002 por Justicia y Paz para la creación de esta Comisión Ética. Por su parte, la Red de Alternativas es una propuesta que consiste en dar respaldo a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a través de cartas en las que se demanda verdad, justicia y garantías de no repetición, dirigidas especialmente al Estado colombiano y/o los grupos armados. Así mismo, realizan pronunciamientos frente al modelo económico imperante, las políticas de mercantilización de los territorios, entre otros. Fe y política Documenta (en 50 folios) una serie de asesinatos y abusos cometidos contra religiosos dedicados al trabajo comunitario; así mismo, muestra una serie de documentos y movimientos encabezados por sacerdotes o seguidores de la fe cristiana y comunicados que expresan su accionar político constante.

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De derecho • Acciones jurídicas: compuesta por 18 artículos relacionados con medidas cautelares, sentencias y fallos de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana sobre asesinatos, desapariciones y procesos de explotación minera, aurífera y carbonífera en distintas zonas del país que afectan a sus poblaciones. • Desde la injusta prisión: consta de 30 entrevistas y pronunciamientos sobre detenciones arbitrarias e injustas a líderes, académicos o pobladores de zonas en conflicto. • Desde las víctimas: contiene un artículo elaborado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en rechazo al proyecto de Ley de Víctimas que fue aprobado en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes (noviembre del 2008), por encontrar dicha ley como un insulto y una burla más a las víctimas y a sus reclamos legítimos en relación con la protección de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. • Informes de derecho: cuenta con 17 informes sobre la situación de derechos humanos de las minorías étnicas y sexuales, sobre los derechos humanos en Colombia y del dih realizado por la alta Comisionada de las Naciones Unidas, sobre la Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (Madrid) y otros temas relacionados con el conflicto de tierras, la integralidad de los derechos y las condiciones en materia de derechos de los indígenas. • Reflexiones: comprende dos artículos: uno es la versión final del documento “Graves ataques a la labor de las y los defensores de derechos humanos en Colombia” presentado a la relatora sobre defensores y defensoras; el otro artículo es un análisis acerca del interés por las riquezas naturales que está detrás de los procesos de desplazamiento forzado, y se señalan las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad como espacios de dignidad para la población desplazada en Colombia. Bioterritorios y psicología social Bioterritorios cuenta con 11 artículos que contienen enlaces de páginas web que están relacionados con problemáticas medioambientales, de seguridad alimentaria, de biodiversidad y políticas neoliberales optadas para superar la crisis alimentaria, económica y ambiental. En dichos artículos se realizan reflexiones, 112

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propuestas o alternativas y se interpela a la sociedad en general para que haga parte de las soluciones a estas crisis. El de psicología social está constituido por siente documentos que registran los procesos emprendidos por los promotores psicosociales en poblaciones afectadas por la violencia y el conflicto armado, las respuestas de familiares a las exhumaciones de víctimas y también de la sociedad en general, la resistencia y reclamo frente a sucesos traumáticos y la dignificación de las poblaciones de cara a la impunidad presente en los procesos judiciales y de reparación.

Acompañamiento y construcción de memoria en Trujillo Fotografía 1: Municipio de Trujillo

Fuente: elaboración propia.

Partiendo del reconocimiento del extenso material tanto físico como virtual producido por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, se abordó el texto “Parque por la vida, la justicia y la paz. Monumento a las víctimas de los hechos violentos de Trujillo, 1987-1994”, el cual fue elaborado en conjunto con afavit, ya que en este se trata de forma específica la Masacre de Trujillo (Riofrío y Bolívar) desde un trabajo de memoria. El proceso realizado en la región por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, inició con el trabajo de acompañamiento en los procesos jurídicos, educativos, psicosociales, productivos y de construcción de memoria, abanderados por el sacerdote Jesuita Javier Giraldo, defensor de derechos humanos y considerado como el interlocutor en las instancias internacionales sobre el caso de Trujillo. A partir de su trabajo y estímulo surgió afavit, que con el apoyo de la hermana Maritze Trigos continúan la labor en la región, pues el padre tuvo que salir exiliado del país. Como parte del trabajo posterior a esto, se sumaron las exhumaciones de cadáveres debido a la inoperancia de las instancias oficiales encargadas. La hermana Ma113

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ritze ha tenido que realizar aproximadamente 66 exhumaciones, solamente en compañía de los propios familiares de las personas asesinadas. La publicación muestra los objetivos, el diseño, la justificación y los sentidos que previeron para el proyecto de construcción del Parque Monumento, como un homenaje a las víctimas de los hechos violentos, sobre la base de evitar su olvido por medio de la reivindicación del derecho a la vida y la dignidad de los seres humanos. Con ello, dicen, no se pretende ponderar los errores que pudieron cometer muchas de estas personas afectadas, ni glorificar sus vidas y acciones, sino […] rescatar su dignidad humana que fue desconocida, afirmarla y reivindicarla como algo que NUNCA MÁS debe ser destruido de esa manera. Esas víctimas fueron seres humanos con rostro y una historia, arraigados en un linaje, en una profesión u oficio, en un tejido social comunitario, en un caminar a través de senderos, luchas y sufrimientos humanos, y muchos también identificados en sueños y utopías humanas. Rescatar su memoria es reivindicar la posibilidad de ser humanos y de conjurar las fuerzas que amenazan con destruir lo elementalmente humano (cijp, 1998, p. 5).

Dentro del proceso, Justicia y Paz y afavit asumen la nominación de “Masacre de Trujillo” ocurrida entre 1986 a 1994, que presentó su punto más alto de violencia en marzo y abril de 1990 al dejar un conjunto de 342 vidas humanas. Además afirman que los acontecimientos soportados se deben a la puesta en juego de intereses económicos y políticos en esta zona, mostrando la conexidad de los casos, que además se vieron cubiertos por un manto de impunidad debido a las condenas absolutorias, la desestimación del testimonio de uno de los principales testigos y la inoperancia de la justicia y las medidas de reparación. Por esta razón, se vieron obligados a llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la oea, para buscar esclarecer la responsabilidad que recaía sobre el Estado. El caso fue el 11.007 y en él se pidió la conformación de una comisión extrajudicial27 para adelantar las investigaciones pertinentes. De

27 La Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo se creó en 1994 por pedido de la cidh para realizar las investigaciones sobre lo sucedido en esta región, con una duración de cuatro meses y la participación de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Ministerios de Gobierno y Relaciones Exteriores, Comisión de Derechos Humanos del Senado y la Cámara, Defensa Nacional, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Departamento de Seguridad Nacional, Fuerzas Militares y Policía Nacional, como instituciones oficiales, y la Conferencia Episcopal Colombiana, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (hoy Intereclesial), Cruz Roja, Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Andina de Juristas y Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, como instituciones no gubernamentales y de 114

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los 342 casos referenciados por la población, la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo cisvt esclareció 32 y dejó en estudio los restantes, por falta de elementos determinantes para su confirmación. El informe elaborado por la cisvt reveló 12 conclusiones y propuso 9 recomendaciones al Estado. A partir de este informe también se pudieron identificar los patrones de agresión que se manifestaban contra la integridad y la misma vida de una gran cantidad de pobladores, lo que posibilitó las denuncias colectivas (más de 300 reunidas). Esto esclareció que en dicha región se había ejercido una práctica sistemática y continuada de aniquilación de vidas humanas, que contó con la participación de agentes e instituciones del Estado, estructuras del narcotráfico y el “sicariato”. En este sentido, Justicia y Paz y afavit señalan que el horror sufrido por el país por enfrentar las injusticias, lograr su identidad, luchar contra la impunidad y el olvido (aspectos que obstruyen la construcción de una sociedad acorde con sus sueños) son una muestra de lo ocurrido en Trujillo. La Organización de Estados Americanos oea recomendó al Estado reparar a los familiares de las víctimas a través de medidas económicas y morales por el daño ocasionado. En 1995 el Gobierno Nacional aceptó la responsabilidad, por acción u omisión, de los hechos y acató las sugerencias sobre la reparación de los 32 casos, dando indemnizaciones a algunos familiares y beneficiándolos parcialmente con planes de inversiones que cuentan en la actualidad con su supervisión28. Dentro de las medidas morales, la oea pidió castigar a los culpables e iniciar la construcción del Parque Monumento en memoria de las víctimas. El Parque se constituye en un proyecto que se “ha originado como parte de un proceso de reconstrucción y reparación del tejido social que la violencia destruyó en las comunidades de Trujillo, Riofrío y Bolívar” (cijp, 1998, p. 35). La edificación de dicho parque se inició en 1998, por el Arquitecto Santiago Alberto Camargo, a partir de los diseños arquitectónicos que la población aportaba desde sus expectativas. El diseño tuvo el apoyo financiero (12 millones de pesos) de la Red de Solidaridad Social y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos; el estudio de suelos se realizó por parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana y el levantamiento topográfico, por parte de Cartón de Colombia. El Gobierno Nacional adquirió entre 1996 y 1997 el terreno de seis hectáreas a Rubén Silverio Loaiza, en el municipio de Trujillo (por un valor de 38 millones de pesos). la sociedad civil, las cuales elaboraron un informe final presentado en enero de 1995. 28 En la visita realizada a Trujillo, se pudo constatar que uno de los mayores reclamos por parte de las víctimas, en relación con las medidas de reparación, son el incumplimiento de los planes de vivienda, de los cuales se vieron beneficiados muy pocas familias, mientras que la mayoría de ellas deben seguir esperando los recursos. En los casos en que sí fueron beneficiadas, denuncian que las construcciones no son aptas para habitarlas. 115

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Parque Monumento a las víctimas como expresión de formas organizativas y construcción del tejido social Fotografía 2: Parque Monumento

Fuente: elaboración propia.

Para la construcción del Parque Monumento Justicia y Paz, en el marco de los procesos educativos y psicosociales, la cijp realizó diversos talleres y actividades que permitieron identificar las perspectivas y planteamientos en torno a este espacio. Frente a la pérdida dolorosa y traumática de seres queridos, que produce la ruptura de lazos afectivos y tejidos sociales, se procuraba la elaboración del duelo, que fue acompañado por el grupo de cijp mediante la identificación de comportamientos usuales ante una tragedia, la identificación personal de cómo se responde a la muerte del ser querido, la búsqueda de apoyo en otras personas y la recuperación de la autoconfianza y la autoimagen (cijp, 1998). En este proceso de duelo se caracterizan cuatro senderos o caminos: 1) Aceptar la realidad de la pérdida por medio de la asistencia al entierro, el conocimiento de las circunstancias de la muerte, el diálogo de lo sucedido y el despojo de las pertenencias de la persona fallecida; 2) experimentar el dolor de la pérdida, expresada en sentimientos de dolor, angustia y también de miedo debido a la naturaleza de lo sucedido. En este sendero “se trata entonces de construir espacios donde se permita a la persona hablar sobre la pérdida del ser querido; de levantar un altar digno en su propia psique en el cual colocar lo que le ha sido arrebatado” (cijp, 1998, p. 44), y privilegiar así el espacio familiar para rehacer la confianza y el diálogo, confluyendo paulatinamente en la esfera social; 3) adaptarse a un ambiente en 116

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el cual falta la persona fallecida que permita, a través del apoyo grupal que comparte la misma experiencia, invertir el sistema de valores que se legitima socialmente, donde la culpa es lo que orienta la mirada a las víctimas, y generar espacios de confianza para reconstruir el tejido social deshecho; 4) Retirar la energía emocional y reinvertirla en nuevas relaciones sociales, lo cual se considera un reto en la conciencia de cada persona. En este camino se pretende propagar la identidad individual en nuevos proyectos de vida en los distintos ámbitos (personal, grupal y social), y permitir de esta manera que el recuerdo adquiera un valor distinto que impulse las fuerzas de la vida y de sentido nuevo a la vida. Indica la cijp que el proceso de duelo expresa formas distintas si se trata de una desaparición forzada o ejecución extrajudicial, pues en estos casos se enfrenta el miedo, el terror, el silencio, el peso de impunidad y la incertidumbre de lo ocurrido a su ser querido, lo cual hace más difícil este proceso. En casos como éste el duelo implica resignificar los espacios, los tiempos y los ritos: reconstruir y resaltar la dignidad de las víctimas que fue aniquilada, con un homenaje extraordinario a sus despojos, a sus oficios, a su memoria y a sus sueños; darles lugar físico de reafirmación social; ubicarlos en un contexto de lectura social de los hechos que estigmatice frente al futuro lo que destruyó esos lazos y tejidos (cijp, 1998, p. 45, 46).

De manera que, el Parque Monumento es percibido como un apoyo a la elaboración del duelo de las secuelas dejadas por las prácticas sistemáticas de destrucción y violencia en estos municipios, cuyos espacios y principios arquitectónicos fueron ordenados a partir de este proceso de duelo. El parque se pretendió organizar de la siguiente manera. Un espacio para los hechos, estimulando la memoria y dando un aspecto sacro al camino o “peregrinación”, el cual se concibe compuesto por tres muros: uno de datos básicos, otro geográfico y otro de los hechos, un mural del silencio y un anfiteatro (media torta). El sentido de este parque se orienta hacia el fortalecimiento de la pertenencia y la identidad regional y hacia la aceptación de la pérdida, la comprensión del contexto y las condiciones que produjeron los crímenes, el establecimiento de la dignidad de las víctimas, así como a brindar un lugar de contemplación para aceptar lo ocurrido y proyectarse hacia el futuro. Un espacio para el entierro, que permite la comunicación de los espíritus, el recuerdo y el respeto hacia los muertos. Este espacio comprende 245 osarios que contienen los restos de 66 víctimas y los objetos personales de los otros, 117

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ya que no fueron encontrados. En la elaboración de las lápidas de los osarios participaron los familiares, en un proceso de dignificación de los oficios de las víctimas, mediante la talla de las figuras de cada ser querido conforme al recuerdo que iban reconstruyendo. Además, se encuentran unas fuentes con las que se desea destacar el agua como un elemento que simboliza la purificación y rendición del sufrimiento. Fotografía 3: Osarios

Fuente: elaboración propia.

Así mismo, se busca tener un espacio para el recuerdo, en el que se pretende disponer la Ermita del Abrazo, el Mausoleo, la Terraza, el Espacio Iconográfico, el Templete, la Plaza Ceremonial y el Campanario. El sentido se constituye a partir de la experimentación del dolor, la construcción de nuevos planes de vida, la generación de un espacio para el rito y los actos de aniversario, la dignificación del padre Tiberio, la meditación, el recuerdo visual de las víctimas, el fortalecimiento de las relaciones de apoyo entre los familiares y la invitación a los peregrinos o visitantes a los cultos ceremoniales. Dicho sentido se busca expresar en un muro de arcilla cocida con los nichos de amor; en la presencia de dos árboles de guamo que se entrecruzan y forjan un solo follaje; en el mausoleo que contiene los restos del padre Tiberio y algunas pinturas y objetos que recuerdan su vida, servicio y trabajo religioso y social en la región; en la terraza desde donde se divisa el casco urbano del municipio; en la galería de memoria, donde reposan las imágenes y elementos de varias víctimas; en el Templete, la Plaza y el Campanario. Este espacio es visto como “un lugar para reflexionar, compartir, orar, retroalimentar la Memoria. Esta 118

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Memoria que se camina en la majestuosa colina no deja al peregrino tranquilo, lo impacta, lo impregna, lo desafía […] ”29.

Un espacio para la siembra, o el sentido de la memoria (el mito), en el que se proyecta disponer la identidad territorial y la siembra benéfica, cuyo sentido se aproxima a brindar un lugar para la siembra familiar, restablecer los lazos de vecindad y reconstruir el tejido social. Algunas de las especies de bosque nativo para plantar son la Palma de Coroso, Balso, Vainillo, Yarumo, Siete Cueros, Rojo-Rojo, Comino, Guarumo, Cascarillo y Totofondo; especies de árboles frutales como Limón Pajarito, Limón Injertado, Palo de Limón, Palo de Toronja, Guayaba Colorada, Granada, Mamoncillo y especies sobre rondas de las acequias como Nacero, Bambú y Nacedero. Fotografía 4: Siembra

Fuente: elaboración propia.

Un último espacio es el de la historia y la utopía (siglo xx y xxi), compuesto por: el Puente, la Tarabita, el Reloj del siglo xx, el Jardín de Esculturas, la Torre

29 Hermana Maritze Trigos, acompañante en Trujillo. En: Encuentro-Diálogos con las víctimas en clave Psicosocial, organizado por el Ministerio de Protección Social, la Conferencia Episcopal de Colombia y el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. Cali-Valle, noviembre 22 del 2010. 119

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Mirador, Utopías al Siglo xxi, la Plaza Nunca Más, la Plataforma de la Promesa y el Camino de las Flautas. El sentido se dirige a propiciar el esfuerzo de conocimiento e interrelación entre los fenómenos locales con los de la nación y del pueblo entero, reconocer la fuerza de la muerte por los crímenes de lesa humanidad y la fuerza de la vida en las posibilidades de salvaguardar la vida humana, pasando del drama individual y local al nacional e internacional, y reinvirtiendo la energía emocional en nuevas relaciones sociales y proyectos de vida; así como a considerar el valor de la justicia, redefinir los motivos que dan orientación a la vida, encarar el siglo xxi desde el respeto a la vida humana, asumir este espacio para hacer del dolor y sacrificio de millones de víctimas de esta era una transformación en aquellos comportamientos que provoquen la denigración de otro ser humano, tales como: […] símbolo de la memoria y el recuerdo; la esperanza de un nuevo acontecer… [y en la despedida de la peregrinación] realizar una promesa antes de partir: que mi mente nunca piense en aniquilar la vida humana; que mi boca nunca ordene la eliminación de uno de mis semejantes; que mis ojos no permitan que se amplíe la impunidad; que mis oídos no sean sordos ante el clamor de la justicia; que mi mano jamás se levante para destruir la vida humana (cijp, 1998, p. 63).

Todos estos espacios se establecen de acuerdo con los senderos de la elaboración del duelo, señalados anteriormente, y se desea con esto originar un lugar sagrado a manera de santuario. A partir de un estudio que elaboraron la cijp y afavit sobre el significado de la muerte y su exposición arquitectónica en diferentes religiones y culturas, se señalan cuatro criterios que ellos consideran importantes para diseñar el Parque Monumento: Círculo y cuadrado, un matrimonio indisoluble. Los seis ejes de fundamentales de la religión. Una tragedia: la Masacre de Trujillo. La triada da la pauta para diseñar el espacio sagrado: un lugar para las tumbas, un lugar para el recuerdo y el recogimiento, un lugar para la esperanza y una promesa: que mi mano, nunca se tome el derecho de quitar la vida de mi otro yo: mi semejante (cijp, 1998, p. 49),

Lo anterior con la intención de rendir un homenaje a la existencia de los seres queridos, a su labor y oficio. En el Parque Monumento se contempla la construcción de la sede de afavit, un museo regional, un salón múltiple, un hospedaje, cafeterías, una vivienda para quienes se encarguen del cuidado y mantenimiento del parque y un parqueadero con capacidad para seis buses y 15 vehículos. También hay áreas 120

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productivas para la actividad cafetera y el cultivo de árboles frutales y flores, y de acciones ecológicas. En la visita realizada al municipio de Trujillo en noviembre del 2010 se constató que de lo proyectado, en la actualidad, existe el área del entierro con los 245 osarios, jardines que los adornan y las fuentes que brotan agua en medio de estos; el área del recuerdo, llamada ahora el Área de la Memoria, con el Muro Internacional del Amor elaborado por el artista Kurdo Hoshyar Saeed Rasheed30, que contenía en un principio siete nichos (objetos donados por distintas organizaciones y comunidades de todo el mundo), pero debido a varios intentos de destruirlo tuvieron que ubicar unas placas con la memoria de casos que ellos conciben como emblemáticos en Colombia. Allí también se encuentra la colina con los arboles de guamo, en compañía de la Ermita del Abrazo, el Mausoleo en honor al padre Tiberio Fernández –párroco de Trujillo asesinado– la Terraza, el Espacio Iconográfico y el Templete; falta por adecuar la Plaza Ceremonial y el Campanario, y una parte del área del Sentido de la Memoria, que a lo largo del Parque evidencia la siembra de varias especies de árboles y flores, con un trabajo de varios familiares de las víctimas. Sin embargo, tal y como estaba pensado, el espacio está aún por ajustarse. Fotografía 5: Muro internacional

Fuente: elaboración propia.

30 El Muro hace parte de un proyecto del artista, nominado “la Sombra del Amor”, en el que aspira construir 7 muros de amor alrededor del mundo que formarían un círculo imaginario, iniciando en Trujillo. 121

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En la parte baja se localiza el Oratorio, dedicado al Padre Tiberio, el cual es una especie de pequeño museo con los ornamentos sagrados, pertenencias, fotografías y el libro con su biografía que fue elaborado a mano por los pobladores de Trujillo y el Auditorio Múltiple llamado “Memorias y Palabras de Dignidad” que a principios de este año se readecuó, por la demanda que afavit hizo a la Comisión de Memoria Histórica. En este salón se reúne todo el material compilado y sistematizado durante once años en varios álbumes, sobre la Masacre y el proceso jurídico. Con este recinto se espera hacer visible las fotografías, los testimonios, las expresiones artísticas, los archivos de prensa, así como compartir lo vivido; por cuanto se entiende como un espacio físico y simbólico para que se exprese la memoria. De los equipamientos, se encuentran la vivienda donde habita una familia que cuida el Parque y guía las visitas, el cuarto de mantenimiento, el parqueadero y la entrada que se han ido arreglando paulatinamente. Fotografía 6: Auditorio

Fuente: elaboración propia.

Está pendiente por construir el área de los hechos, aunque el lugar está dispuesto, pero no se ha podido intervenir por falta de dinero; el Área de la Historia y la Utopía, que se propone acomodar en la parte del terreno dividido por una carretera interveredal, al cual no hay acceso todavía (en las visitas). Además de la sede de afavit, falta también el museo regional, el hospedaje, las cafeterías y ampliar el parqueadero. Esto se debe, según miembros de afavit y la hermana 122

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Maritze, a la ausencia de recursos económicos por parte del Estado y al incumplimiento de sus compromisos, que volvió la mirada a este proyecto luego del informe realizado por la cmh, por el reclamo que le realizaron y la condición de permitir publicar el informe siempre y cuando aportaran otros recursos para su respectiva ampliación. El Parque Monumento puede considerarse como una memoria territorializada, en la medida en que este es la expresión de procesos políticos relacionados, en parte, con la marcación de espacios para significar los crímenes cometidos sobre la población de Trujillo, como una forma de hacer memoria y brindar un homenaje a las víctimas. Las memorias territorializadas han sido objeto de luchas políticas por los sentidos de un pasado, generalmente conflictivo, que se materializan en marcas territoriales, espacios físicos y lugares públicos. El territorio históricamente ha sido el centro de guerras para delimitar fronteras y un núcleo de reconocimiento y reclamo en los combates de comunidades tradicionales (Jelin & Langland, 2003). Algunos de los proyectos que se emprenden, en ocasiones, ocurren en un espacio ya construido –con una carga histórica– al que se adjudica un significado y se integran nuevos rituales y valores. Otros, plantean el surgimiento de un espacio que se calcula con una intencionalidad sobre el sentido del pasado, podría decirse consensuado, que se desea conmemorar. No obstante, así hubiese sido definido el significado, un proyecto de conmemoración del pasado puede ser redefinido por una generación que planee otras expectativas sobre este. En Trujillo se evidencia, como se ha insistido, la edificación del parque como medida de reparación simbólica, proveniente desde arriba31, que fue cargada de expectativas por parte de las víctimas y organizaciones acompañantes. En el Parque Monumento se produjeron las luchas, primero en el plano jurídico, a través de la denuncia ante la cidh, que recomendó al Estado colombiano su construcción; luego, en la resistencia (a pesar de los atentados recibidos en el parque) y el reclamo constante de afavit por los recursos que permitan desarrollar lo proyectado. En este parque se han depositado las esperanzas de muchas familias, que ven en él un lugar para la dignificación de la vida y el reconocimiento de lo sucedido por el mundo entero. En este orden, afirman Jelin y Langland que la emotividad y apropiación de ámbitos precisa la incidencia de “procesos que llevan a que un ‘espacio’ se 31 Lo mismo sucedió con la planificación del monumento Allende inaugurado en el 2000 en la Plaza Chile, como lo muestra Katherine Hite, en Jelin, E. & Langland,V. (2003). Monumentos, memoriales y marcas territoriales. España: Siglo Veintiuno editores. 123

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convierta en un ‘lugar’. Construir monumentos, marcar espacios, respetar y conservar ruinas, son procesos que se desarrollan en el tiempo, que implican luchas sociales, y que producen (o fracasan en producir) esta semantización de los espacios materiales” (2003, pp. 3, 4). Lo anterior muestra que el terreno físico adquiere unos sentidos, que se reafirman con la carga afectiva y emocional que colocan los sujetos que vivieron los acontecimientos violentos32, que más allá del carácter personal que se pueda evidenciar, la significación se expresa de manera colectiva; así, el Parque posee un valor simbólico y a la vez político. La marca territorial, manifestada en él, puede concebirse como un vehículo de la memoria, un sustento para la función subjetiva de afavit y su acción simbólica, política y colectiva en el ámbito particular (Jelin & Langland, 2003). Es la marca de un espacio con la memoria de lo ocurrido en Trujillo. De esta manera, haciendo un análisis a la construcción del Parque Monumento se encuentran tres formas constitutivas en relación con la memoria. La primera de ellas es la manera de representar los crímenes o hechos violentos, a través de los cuestionamientos: ¿cómo simbolizar lo incontable? ¿Quiénes decidirán las maneras de hacerlo? ¿Bajo qué criterios? En diferentes experiencias sobre la construcción de monumentos o espacios territorializados, se han desarrollado luchas políticas por determinar la manera de representar y comunicar los acontecimientos, es decir, definir la estética que los configurará, generalmente producidas entre víctimas y/o organizaciones, expertos (curadores, arquitectos) e instituciones del Estado. El Parque Monumento, al ser una propuesta asumida como propia por afavit, donde se posibilitó la puesta en juego de las expectativas de las víctimas, manifiesta estas luchas con un carácter más interno; de esta forma, los talleres y reuniones realizadas con la población por la cijp permitieron la concreción de los diseños, que iban siendo adecuados acorde con la intencionalidad del arquitecto y de los acompañantes en la región (cijp, con el padre Javier Giraldo, ahora con la hermana Maritze). La segunda es la presencia simbólica de los acontecimientos. Algunos de los espacios del parque descubren objetivos y señales explícitas, que facilitan una estética realista, evidente o literal; por ejemplo, el auditorio “Memorias y Palabras de Dignidad”, donde se encuentran fotografías, muestras artísticas propias y donadas por museos de otras regiones, los álbumes del proceso jurídico y de reconstrucción de memoria, inclusive el oratorio y el mausoleo. Pero también existen otros espacios que están formulados de manera más ambigua, abierta a la interpretación del espectador o el visitante, como los osarios –especialmente por las lápidas talladas– al área del recuerdo con los árboles de Guamo, el Muro In32 Aquí no se hace referencia solamente a torturas o persecuciones, sino a experimentar el dolor de pérdida de sus seres queridos o la zozobra de cuando le iba a tocar a ellos esto. 124

La memoria: una estrategia política desde las organizaciones sociales

ternacional del Amor, la galería de memoria y el mismo recorrido por el parque, que generan la configuración de nuevos sentidos que se reelaboran por la aparición de otros actores, el paso del tiempo y la carga afectiva depositada en ellos. Fotografía 7: Árboles de Guamo

Fuente: elaboración propia.

La tercera es el camino como construcción de sentidos. El Parque Monumento se concibe como un camino, una peregrinación, un viacrucis, cuyo recorrido se percibe como un “caminar la memoria” y en ese trasegar el parque va adquiriendo un alcance político, de resistencia y transformación, configurando lo que Cecilia Mombello denomina la “memoria peregrina” que “es un proceso denso a partir del cual los colectivos se piensan a sí mismos, se relacionan con los otros, y se proyectan hacia el futuro. Es una apelación a dar cuenta de la memoria en tanto intervención política en el campo de la cultura, producto de la articulación entre identidad, memoria y poder” (2003, p. 160). Todo esto hace evidente el sentido religioso desde el cual se ha construido el parque, debido a la influencia de la carga religiosa en la población, el peso que alcanzó el padre Tiberio en Trujillo y el acompañamiento de la cijp y de la hermana Maritze con sus propias perspectivas. Un ejemplo de esto son las peregrinaciones, como una práctica tradicional católica, que se “convierte en la manifestación, siempre renovada, de una doble memoria: la de los acontecimientos que se quieren recordar, y la de la marcha y el recorrido mismo, con su 125

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carga práctica anclada y de acción colectiva recreadora de la comunidad y de identidad colectiva” (Jelin & Langland, 2003, p. 14). Finalmente, cabe anotar que las marcas territoriales están localizadas en un espacio definido; no obstante, los sentidos son distintos. Así mismo, se resalta que el Parque Monumento, a diferencia de otros proyectos similares que pretenden proyectar la posibilidad de la redención y la reconciliación, se erige como un homenaje a las víctimas de Trujillo, en el deseo y reclamo de conseguir la verdad, justicia y reparación, visibilizando el reconocimiento de las prácticas religiosas articuladas a su sentido político. La memoria: eje central del proceso El trabajo primero de la cijp, luego de afavit con el apoyo de la hermana Maritze, se enmarca en un clima de confianza y solidaridad, cuya meta se establece en la elaboración del duelo, fortalecer a las víctimas como sujetos de derecho y propiciar procesos organizativos en la región. El objetivo central consiste en reconstruir el tejido personal y social, lograr el respeto a la dignidad de las personas y familias afectadas y buscar que se cumplan efectivamente los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Desde este objetivo asumen la elaboración de memoria desde las víctimas, pues sostienen que esta “las convierte en sujetos históricos, son agentes activos de su propio cambio, son la memoria, la fuente, la conciencia de la humanidad, quienes luchan por sus derechos, por la Verdad, la Justicia y una Reparación Integral”33, que comporta un carácter psicológico, ético, religioso y político. El eje puesto en la reconstrucción del tejido social en las víctimas como sujetos de derecho propende por la dignificación de estas víctimas y la exigencia de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y se constituye en una de las principales banderas de acción que son comunes a todas las organizaciones, tratando de impulsar desde sus directrices y propósitos específicos la apropiación de las mismas víctimas –que en el caso del movice son ellas quienes conforman este organismo– de los acontecimientos vividos y, por tanto, de los proyectos que se emprendan en relación con estos. El proceso de memoria conformado por talleres, reuniones, conversatorios, participación en eventos y diálogos personales empezó por generar en los fa-

33 Hermana Maritze Trigos, acompañante en Trujillo, en Encuentro-Diálogos con las víctimas en clave Psicosocial, organizado por el Ministerio de Protección Social, la Conferencia Episcopal de Colombia y el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. Cali-Valle, noviembre 22 del 2010. 126

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miliares de las víctimas y en población que quisiera hacer parte una conciencia y expresión de lo sucedido, tratando de reaccionar y clarificar los hechos con cuestionamientos como ¿qué pasó?, ¿por qué pasó?, ¿quiénes fueron los victimarios?, ¿qué estrategias usaron?, ¿qué contexto se vivía en Colombia? y ¿cuáles son las consecuencias de estas masacres? Seguido a ello, se favoreció la recuperación de memoria, en un proceso personal y comunitario mediante la escritura de biografías y dibujos de las víctimas34, como también la recuperación de los rostros a partir de fotografías de las víctimas donadas por sus familiares. Posteriormente, gran parte de los esfuerzos se concentraron en el diseño y la construcción del Parque Monumento en 1998, que inicia como una especie de viacrucis con el análisis del contexto para comprender las causas de los hechos violentos y propender para que nunca más se repitan. Luego se trabajó en la ubicación de los osarios y las labores alrededor de las esculturas que después fueron puestas en las lápidas, la recopilación de testimonios orales y los primeros escritos sobre las expectativas que los habitantes tenían con el Parque. A diferencia de los talleres realizados por la Comisión de Memoria Histórica, en referencia a los ejes de interpelación para la reconstrucción de la memoria que propusieron en estos, el trabajo de la cijp y afavit –aparte de la indagación de la reconstrucción del pasado– (llamado así por la cmh) aborda el contexto sociopolítico que caracterizaba a Colombia en esa época y genera articulaciones con otras masacres y crímenes sucedidos en distintas regiones del país. Este acento particular establece relaciones de afinidad con el pcnm y con el movice, para quienes ese aspecto se considera fundamental en el campo de la memoria. Parte de las estrategias de visibilización a las que recurren afavit y la cijp es la exposición de las fotografías de las vidas humanas afectadas, que se encuentra en los archivos fotográficos y en el mismo texto abordado en este capítulo; así mismo, los rituales simbólicos, ecuménicos, las peregrinaciones y la eucaristía, para recrear los sueños, conservar la esperanza, manifestar sentimientos y generar articulación con otras comunidades. Para la hermana Maritze y los miembros de afavit “El proceso de Memoria, unido al acompañamiento vivido en afavit Trujillo, se ha constituido en un camino colectivo de búsqueda de sueños, de encuentros y desencuentros, de 34 Cuenta la hermana Maritze que una abuela iba narrando la historia de su hija, mientras su nieto la escribía. Al terminar Maritze solicitó al niño que colocara como autora el nombre de su abuela y el niño replicó que él había colaborado así que firmaría como el escribiente, lo cual muestra la participación conjunta de los familiares en este proceso. En Encuentro-Diálogos con las víctimas en clave Psicosocial, organizado por el Ministerio de Protección Social, la Conferencia Episcopal de Colombia y el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. Cali-Valle, noviembre 22 del 2010. 127

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dificultades y de logros. Proceso que lleva 15 años en construcción de Memoria y exigencia de justicia desde 1995, con el reconocimiento de culpabilidad del Estado colombiano”35. Además de lo mencionado, el proceso ha convocado a jóvenes, y de manera especial, a niños con padres o familiares víctimas de la masacre, y de esta manera se ha permitido la conformación del Grupo Infantil Jimmy García Peña, perteneciente a afavit (nombre escogido en memoria a un niño asesinado), en el cual se desarrollan actividades lúdicas, recreativas, deportivas, artísticas y de reconstrucción de memoria, que fortalecen el trabajo desarrollado por afavit y permiten su proyección generacional. En este aspecto, falta por hacer un ejercicio analítico e investigativo sobre el trabajo de memoria intergeneracional. Fotografía 8: Grupo Infantil Jimmy García Peña

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, la hermana Martize Trigos, en un proceso de elaboración teórica y analítica reconoce unas funciones de la memoria que se enmarcan en el proceso adelantado: la función histórica, que comporta la dimensión espaciotemporal y que se configura con los relatos de los hechos; la función política, como forma y elemento de denuncia, organización y resistencia; la función cultural, como herencia o patrimonio de los pueblos, de preservación de valores y tradiciones; la función moral y religiosa, como manifestación de la conciencia ética y de fe que se propaga; la función terapéutica como forma de sanación y transformación, y la función social, como expresión de la articulación y generación de lazos comunitarios. 35 Hermana Maritze Trigos, acompañante en Trujillo, en Jornada de Cine y Derechos Humanos en memoria de las víctimas de Trujillo, organizado por La Unidad Central del Valle del Cauca. Institución Universitaria Pública de Educación Superior. Tulúa-Valle, noviembre 24 del 2010. 128

La memoria: una estrategia política desde las organizaciones sociales

En este orden, señalan unos sentidos de la memoria que se traducen en la conversión de: una nueva sabiduría, que brinda criterios para interpretar la realidad del conflicto armado presente, a manera de una lectura sociopolítica; una energía que posibilita almacenar fuerzas y volverlas hacia otras formas económicas, sociales, políticas y eclesiales, de resistencia y esperanza; una norma ética para defender los derechos humanos y ver de manera crítica la realidad, desde un principio solidario. Se trata de “la memoria en el recinto de las ideas y el pensamiento […] en el recinto del acuerdo, de la fe y el compromiso organizativo […] en el recinto de la conciencia, donde se salvaguardan los valores, la dignidad humana, la mirada al futuro”36. En relación con los sentidos de la memoria, se alude a una serie de silencios que caracterizan los acontecimientos violentos. El silencio del ausente que vive dándole la espalda a la historia, el del desinteresado, el del egoísta que está centrado en sus propios horizontes de vida, el del oprimido que es acallado en la narración de su sufrimiento, su historia y su lucha, y el del atento que se halla expectante a lo ocurrido, con una mirada crítica y sistemática, vuelve los acontecimientos memoria histórica, para compartirlos a la sociedad con dignidad. De manera que la memoria des-instala, des-concierta, des-centra, desestabiliza, des-vela37. De otra parte, las funciones, sentidos y silencios se presentan como un aporte que realiza la cijp y afavit en cabeza de la hermana Maritze, para la conceptualización de la memoria del conflicto armado, que permite una aproximación desde las características propias del contexto colombiano para la elaboración de memoria, más aún cuando existe una gran producción académica e investigativa en otros escenarios que han servido de marco analítico para reflexionar sobre los procesos de memoria generados en el país, pero muchos de ellos resultan insuficientes para abordarlos de manera compleja y amplia, debido a la particularidad del conflicto, a las luchas políticas que se dan en medio de este, a los grados de negociación en ellas y a las iniciativas que se producen desde distintas organizaciones e instituciones interesadas en la memoria.

36 Hermana Maritze Trigos, acompañante en Trujillo, en Jornada de Cine y Derechos Humanos en memoria de las víctimas de Trujillo, organizado por la Unidad central del Valle del Cauca. Institución Universitaria Pública de Educación Superior. Tulúa-Valle, noviembre 24 del 2010. 37 Hermana Maritze Trigos, acompañante en Trujillo, en Encuentro-Diálogos con las víctimas en clave Psicosocial, organizado por el Ministerio de Protección Social, la Conferencia Episcopal de Colombia y el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. Cali-Valle, noviembre 22 del 2010. 129

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Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado movice El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado movice es un movimiento conformado por organizaciones y sobrevivientes de crímenes de Estado en Colombia. En junio del 2005, en Bogotá, en el marco del II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, Violaciones graves a los Derechos Humanos y Genocidio, se decidió crear el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado “como una expresión de afirmación del derecho a la auténtica verdad, justicia y reparación integral” (movice, 2010), enunciando que el movimiento surgió en un contexto de paramilitarización y militarización territorial y cotidiana de Colombia como dinámica signada por la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, y la política de seguridad democrática. De igual forma, dicho movimiento surgió en un contexto no transicional determinado por la reiteración de crímenes de Estado. El movice expone como objetivo fundamental reivindicar a las víctimas de crímenes cometidos por el Estado, sea por su acción u omisión en acciones perpetradas por miembros de la fuerza pública o fuerzas paraestatales o paramilitares que actuaron bajo el auspicio, respaldo y connivencia del Estado colombiano en diversas zonas del país (movice, 2010). Desde allí, este movimiento fundamenta sus acciones en la exigencia del restablecimiento de los derechos a la verdad, justicia, reparación integral, garantía de no repetición y a la memoria de centenares de miles de hombres y mujeres que le apostaron a construir una Colombia en paz y con justicia social.

Propósitos fundamentales Los propósitos principales del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado son los siguientes: • Actuar por una transformación social e histórica planteando y construyendo alternativas contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad, el genocidio y las violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado a través de sus estructuras militares y paramilitares, de sus modelos represivos, de sus leyes arbitrarias y, en general, de todas las expresiones del terrorismo estatal. En este propósito se evidencia una relación con la propuesta del Proyecto Colombia Nunca Más, al llamar a los acontecimientos violentos producidos bajo el marco del conflicto armado como “crímenes de lesa humanidad”, lo

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La memoria: una estrategia política desde las organizaciones sociales

cual muestra, como se afirmó anteriormente, una estrategia de visibilización internacional de estos y una ruptura con las políticas oficiales. • Trabajar porque los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación se respeten y realicen plenamente como condición de una paz duradera y de una autentica democracia. • Buscar que las víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado sean reconocidas como sujetos de derecho, testigos históricos y sectores participantes en la vida política del país, preservando y reconstruyendo desde la memoria histórica iniciativas que posibiliten que en Colombia nunca más se repitan crímenes contra la humanidad. Asumir a las víctimas como sujetos de derecho. • Abogar porque los movimientos y partidos políticos ejerzan con plenas garantías la oposición política como condición básica de una democracia real. • Develar las estrategias, mecanismos, métodos y técnicas desarrolladas por el Estado que pretenden la perpetuación de la impunidad política, jurídica y social con leyes, políticas públicas que legalizan el paramilitarismo, la expropiación de tierras y territorios, y el lavado de recursos del tráfico de drogas. • Exigir el desmonte de todas las estructuras de la guerra y buscar la solución política negociada al conflicto social y armado del país, y la suscripción de acuerdos humanitarios que disminuya el impacto del conflicto armado contra la población (movice, 2010). En este sentido, la identidad del movimiento hace referencia a las personas que lo conforman, en tanto individuos y colectivos organizados alrededor de un punto de referencia común: las vivencias del impacto de la violencia. […] el impacto de la violencia generada por el Estado colombiano, a través de violaciones masivas y sistemáticas de sus derechos fundamentales individuales y colectivos, políticos, económicos, sociales, culturales, la destrucción de proyectos de vida, de entornos comunitarios, destrucción ambiental y apropiación de los territorios, perpetradas por estructuras armadas estatales en su estrategia regular e irregular a través de la estrategia paramilitar (movice, 2010).

Así, el movice reúne a víctimas y organizaciones por medio de tres definiciones de acuerdo con las prácticas que el Estado ejerce sobre éstas, sin negar la 131

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existencia de otras víctimas con derecho a organizarse. Dichas definiciones son: 1) víctimas de crímenes de lesa humanidad, sobre las que se despliegan “prácticas sistemáticas, generalizadas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, masacres, violaciones, expulsiones y traslados forzosos, detenciones arbitrarias, encarcelamientos por motivos políticos y de opinión, persecuciones políticas, extradiciones, exilio, destierro perpetrados por el Estado o estructuras armadas amparadas por este y que hieren la conciencia de la humanidad” (movice, 2010); 2) víctimas de crímenes de guerra cometidos por el Estado. Entre estos, se destacan: las prácticas de persecución, torturas, desaparición forzada, asesinatos, bombardeos, desplazamientos ilegítimos de una población civil, tratamientos inhumanos y degradantes relacionados con prisionero de guerra y destrucción de los bienes civiles; 3) víctimas de genocidio de orden político y étnico a causa de la práctica de persecución sistemática y planificada, cuyo fin es el exterminio de un grupo humano por razones étnicas o políticas. En contraste con la víctima determinada en la Ley 975/05, para el movice estas se constituyen por unas acciones continuas de violación a los derechos humanos por distintas causas (políticas, étnicas, sociales), que muestran los procesos de revictimización a los que son sometidas las personas o las comunidades. En este sentido, el movice está compuesto por dos clases. Por un lado, las organizaciones de sobrevivientes de los crímenes de Estado, o bien de familiares de víctimas de estos ‒son sujetos de derechos y sujetos activos‒; por otro lado, las organizaciones de acompañantes de víctimas de violaciones de derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales. Allí es posible ubicar organizaciones de corte social, político y jurídico que han sido victimizadas y afirman su derecho al esclarecimiento a la memoria, la verdad, la justicia y la reparación en escenarios dentro y fuera del país. La postura política de este movimiento tiene su referente inmediato en concebir que una gran parte de los crímenes cometidos contra el movimiento social y popular en nuestro país tenga como responsable al Estado colombiano y sus agentes, como se mencionaba con anterioridad, por acción, omisión o permisividad ‒en el caso de ser implementados por grupos paramilitares con intereses particulares‒. Esta postura difiere radicalmente con lo contemplado en la Ley de Justicia y Paz, en la cual dichos agentes estatales son considerados víctimas del conflicto armado y gozarán de las medidas dispuestas en ella, sobre lo referente a la justicia y la reparación, aún cuando los efectos del conflicto sobre las Fuerzas Militares hagan parte de los compromisos adquiridos en su labor; resulta entonces paradójico que sean equiparadas con la sociedad civil, cuando 132

La memoria: una estrategia política desde las organizaciones sociales

éstas muchas veces producen la victimización en las poblaciones del país, según lo sostenido por el movice. Desde esta concepción, se señala que los crímenes cometidos responden a intenciones sociales, políticas, económicas e ideológicas promovidas por el Estado colombiano, y que por ello es este organismo el que tiene la obligación, en cumplimiento de sus compromisos constitucionales y de los estándares internacionales a los derechos de las víctimas, de responder ante las víctimas, sus familiares, las organizaciones a las que pertenecen y al conjunto de la sociedad colombiana en general; de igual forma, debe garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la red de reparación integral y la garantía de no repetición (movice, 2010). Responsabilizar al Estado implica su objeción ética y política, a la vez que se acompaña dicha objeción con propuestas políticas que se resistan al olvido y que se nieguen a conciliar y concertar los derechos de las víctimas con un Estado que ha obrado en favorecimiento de los victimarios impunemente. Resulta novedoso el énfasis que el movice hace en el reconocimiento de las organizaciones cuando de asumir responsabilidades se trata, pues como se ha podido ver en el caso de Trujillo el desarrollo organizativo era muy fuerte y debido a la masacre se desarticularon los proyectos que se estaban consolidando en esta región. Cuando se trata de reparación y de justicia, no es notorio ni en las demás organizaciones trabajadas ni por parte del lugar oficial, que se destaque el papel central que éstas juegan dentro de estos procesos. En el documento “Nuestra identidad” (2010) se afirma que entre las acciones que orientan el quehacer del movice se encuentran el fortalecimiento de los procesos organizativos, la promoción de la formación política, la movilización popular callejera y la elaboración de propuestas políticas que ayuden a deslegitimar y a profundizar la crisis del gobierno, y que contribuyan al empoderamiento de las víctimas y sus derechos. De esta manera, se proponen las siguientes tareas específicas: • La construcción de los capítulos regionales. • La vinculación a las jornadas promovidas por el comando unitario de paro. • El impulso a la movilización a favor de los acuerdos humanitarios. • El desarrollo de cada una de las ocho estrategias aprobadas por la tercera asamblea de víctimas realizada en julio del 2006. 133

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• El seguimiento a las audiencias públicas de juzgamiento de los jefes paramilitares. • La preparación y realización de la cuarta asamblea nacional de víctimas de crímenes de Estado que se realizará a fines del 2010 (movice, 2010). El movice cuenta con nueve estrategias configuradas de trabajo, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, tras la creación del movimiento. Además de ello, existe una estrategia pedagógica que conserva relación con las estrategias básicas. 1. Jurídica: la estrategia jurídica, a través de diferentes instancias y procedimientos jurídicos nacionales e internacionales y recurriendo al acumulado del proyecto Colombia Nunca Más, busca, la realización de normas que dispongan de las garantías necesarias para reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral, y la no repetición de los crímenes, toda vez que asuman la existencia de víctimas del Estado y reconozcan la responsabilidad de este último. Concretamente, esta estrategia es desarrollada desde las siguientes acciones: seguimiento a las normas y disposiciones relacionadas con los derechos de las víctimas, el desarrollo de mecanismos de protección jurídica a las víctimas y la observación puntual de la aplicación de las Leyes 975 del 2005, 782 del 2002, y de los Decretos 128 del 2003 y 4760 del 2005. 2. Verdad y memoria histórica: la difusión social y la utilización jurídica de la información se configuran como una tarea estratégica para las víctimas del Estado, donde la verdad y la memoria históricas son parte de un proceso de democratización de la sociedad y una oportunidad para que las fuerzas sociales que han sido excluidas, perseguidas y estigmatizadas puedan participar de la vida pública. Allí, la verdad (histórica y de derecho) es definida por este movimiento a modo de un fundamento insoslayable para la superación de la impunidad de los crímenes contra la humanidad y para la plena realización de los derechos a la justicia y la reparación integral, lo cual contribuye al esclarecimiento histórico y a la significación del nombre y la vida de las víctimas. En cuanto a sus fuentes –testimonios, pruebas forenses que sustentan los datos estadísticos, documentos con valor probatorio, archivos oficiales– el movice considera que se deben fortalecer en cuanto a su recolección y sistematización. 3. Acompañamiento solidario con las víctimas, la Comisión Ética: esta Comisión surge como iniciativa del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ante la ausencia de un aparato de justicia que abor134

La memoria: una estrategia política desde las organizaciones sociales

de de modo preciso el genocidio y los crímenes contra la humanidad, el desconocimiento de los derechos de las víctimas y la banalización de los contenidos de la verdad, la justicia y la reparación en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 975 del 2005 para salvaguardar la memoria colectiva de las víctimas de crímenes de Estado. Esta comisión ha venido desarrollando visitas en diversas regiones de Colombia, recopilando testimonios, cotejando pruebas, visitando lugares a los que la Fiscalía se ha negado a ir. A través de su experiencia en diálogos con víctimas y testigos, han analizado con atención las sentencias y fallos de la Corte Suprema de Justicia, en relación con los derechos de las víctimas frente a las extradiciones de los paramilitares. 4. No repetición: la prohibición legal del paramilitarismo, cuyo origen histórico y existencia responsabilizan al Estado colombiano. El Movimiento de víctimas busca concretar esta estrategia, en un proyecto de ley con carácter de reforma constitucional que prohíba cualquier modalidad de paramilitarismo. 5. Reparación: el catastro alternativo. Estrategia relacionada con la reparación, la cual deben ejecutar los causantes del daño y los actuales detentadores de la riqueza que ha sido usurpada a las comunidades y grupos agredidos. Allí, la reparación es un proceso de justicia con quienes han sufrido la violencia y con la propia sociedad, que además guarda correspondencia con el Mandato Agrario que impulsa el movice. 6. Lucha contra la desaparición forzada: la exhumación de las fosas comunes y el derecho a enterrar; que permita la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente y la afirmación del derecho a exhumar. Esta estrategia se plantea con el conocimiento de la existencia –no efectiva– de un marco jurídico en Colombia que reconoce el delito de desaparición forzada, y de unas instituciones creadas para apoyar este marco, como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y a pesar de lo cual continúan las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, la impunidad casi total de estos crímenes. 7. Lucha contra el genocidio político: verdad, justicia y reparación para las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica. 8. Organización: el fortalecimiento del Movimiento de Víctimas. 9. Este movimiento cuenta con estrategias pedagógicas que están relacionadas con las anteriores. En estas se cuentan las siguientes herramientas 135

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y acciones: una cartilla de protección, la elaboración de las galerías de la memoria, la consolidación de un archivo de seguridad para la verdad histórica, el fortalecimiento de la campaña “Colombia Nunca Más Impunidad, ¡Verdad, Justicia y Reparación ya!”, el impulso, creación y puesta en marcha de la Comisión Ética Internacional (configurada como estrategia específica para el acompañamiento solidario con las víctimas mencionada con antelación), talleres, acompañamiento regional para incentivar la organización y acción de las víctimas, y construcción de propuestas que lleven a terminar con la impunidad (movice, 2010). El Movimiento ha venido trabajando alrededor del proyecto para una futura Comisión de la Verdad en Colombia que se ha visto enriquecida con la propuesta de la Comisión Ética. Esta última toma las referencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos respecto a la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad como una necesidad de la sociedad de ubicar su presente, en medio de la continuidad de las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario. No obstante, esta propuesta se encuentra a la espera del debate de integrantes de la Comisión Ética y de retomar sus consideraciones con los delegados y delegadas del movice en su reunión en julio del 2011. Profundizando en las galerías de la memoria como parte de los mecanismos emprendidos por este movimiento, las cuales comenzaron su desarrollo en Colombia en 1995 desde una iniciativa de la Fundación Manuel Cepeda Vargas, dice el movice que se caracterizan por ser una instalación de carácter colectiva, pública e itinerante, elaborada por familiares, amigos y colegas de las víctimas de la violencia social y política en Colombia, quienes llevan a la instalación objetos del recuerdo, acompañados de relatos. Actualmente, son definidas como un dispositivo cultural, un mecanismo que facilita los procesos organizativos en torno al trabajo de rememoración y una herramienta para la participación política, utilizando la metodología de la investigación-acción participativa. La memoria en las galerías es definida como parte de los objetos del recuerdo, los objetos conmemorativos, y se muestra de esta manera al público presente quiénes eran las personas victimizadas y cuáles eran sus proyectos de vida con el objetivo de reconstruir la memoria de cada caso particular para inscribirla en el contexto general de la violencia y revivir los hechos que dan cuenta del contexto de la victimización. Por tanto, los objetivos de la Galería de la Memoria son: • Propiciar el debate nacional. • Dignificar la memoria de las víctimas en el espacio público.

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La memoria: una estrategia política desde las organizaciones sociales

• El empoderamiento de las personas y grupos afectados por la violencia y la constitución de sujetos históricos y de derecho en el marco de acciones concertadas en torno a una dinámica de activación y transformación del dolor en acciones civiles y jurídicas. • Aportar a la construcción de la verdad histórica, a través del intercambio de saberes y experiencias, la documentación de casos y la retroalimentación de información contextualizada. Las galerías de memoria son un mecanismo que ha venido siendo utilizado por diferentes organizaciones de derechos humanos, dentro de sus procesos de recuperación y construcción de memoria. Éstas permiten la visibilización de las víctimas, el reconocimiento de otras historias que pueden ser comunes en el marco del conflicto armado, y la articulación con otras organizaciones y proyectos propiciados en otras partes. Por último, así como la cijp, se concibe la dignificación del recuerdo de las víctimas, no desde la glorificación de sus vidas, sino desde la aceptación de su humanidad.

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Memoria, luchas políticas y políticas de la memoria

Como se ha podido constatar a lo largo del libro, la categoría de memoria sobre el conflicto armado en Colombia ha cobrado gran importancia en el país, lo cual se manifiesta a través del agenciamiento y producción de iniciativas suscritas a unas condiciones de emergencia política y de época, de distintas instituciones oficiales y organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, que evidencian la conformación de un campo de luchas políticas por la memoria. En este capítulo final se recogen las distintas concepciones sobre la memoria que aparecieron en las superficies de emergencia utilizadas en el proceso analítico, mediante un ejercicio relacional entre estas. Seguido a ello, se retoma la categoría de luchas políticas por la memoria (trabajada en el primer capítulo), para mostrar cuál es la expresión de estas luchas en el caso de la Masacre de Trujillo. Por último, se presenta el análisis realizado alrededor de la configuración de las políticas de la memoria sobre el conflicto armado en el país.

La memoria: categoría en disputa La categoría de memoria que se asume en el lugar oficial es la de memoria histórica. Dentro de la Ley 975/05 aparece ligada a la reparación desde el ámbito judicial; “se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica” (Ley 975, 2005, p. 5). De tal suerte que la reparación (Artículo 8) se establece, ya sea por la violación a un derecho, connotando un sentido compensatorio o en aras de transformar o restituir este derecho violado, o como una medida de preservación de la memoria, que contribuya a la no repetición de hechos violentos. En este orden, se encuentra la referencia al deber de memoria (Artículo 56), que implica “el conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos 139

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armados al margen de la ley […] [que debe ser] mantenido mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la memoria histórica que corresponde al Estado” (Ley 975, 2005, p. 30). En contraste, se observa cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha procedido, en algunos casos38, a posicionar el concepto de memoria histórica como un derecho autónomo (como pasó con el derecho a la verdad y a la reparación). Lo mismo se aprecia en España con la Ley 52 de 2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, más conocida como Ley de Memoria Histórica. Esta ley comporta la definición de su contenido y alcance jurídico para desligarla de medidas de reparación y otorgarle un lugar autónomo en el plano de la justicia. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación entiende la memoria histórica como un instrumento primordial de la justicia transicional en Colombia, como un derecho fundamental que debe orientarse con una perspectiva de futuro que garantice la no repetición y sirva como partida a una nueva ética en la sociedad. La memoria histórica para la cmh se percibe como un espacio propicio para el diálogo, los acuerdos y la aceptación de las diferencias; como una forma de justicia, debido a la visibilización y responsabilidad que se le adjudica a los victimarios y al reconocimiento de la impunidad. “[…] cuando flaquea la verdad judicial, se eleva el papel de la memoria: esta se convierte en el nuevo juez” (cmh, 2008, p. 2); también como una forma de reparación que complementa los deberes del Estado en este aspecto, pues compone los reclamos y denuncias de las víctimas. La Comisión afirma que la memoria permite su empoderamiento, ya que promueve la movilización y organización de estas. Por último, entiende la memoria como un derecho inalienable, al igual que el reconocimiento de la verdad, que supone “como contrapartida un deber de memoria para el Estado; esto es, el deber del Estado de preservar la memoria colectiva, obedeciendo al principio de que la historia de la violencia de un pueblo es parte de su patrimonio y, por tanto, debe ser preservado y protegido del olvido” (cmh, 2008, p. 3). Los efectos políticos que se pueden avizorar al agenciar este tipo de memoria –ubicándola como sustituta de la justicia en caso de que esta no se logre, al igual que sucede con la reparación– es que se superpone el espacio ético y 38 Algunos de los casos al respecto son: Caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia del 6 de febrero del 2006; caso la Cantuta vs. Perú, Sentencia del 29 de noviembre del 2006. 140

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moral al jurídico, aun cuando se entienda no como derecho sustituto de las obligaciones del Estado, sino como complementario. Así mismo, el hecho de pensarse desde el plano de justicia transicional oculta el contexto social y político presente, pues de acuerdo con la situación actual de los procesos judiciales y de las acciones de reparación que han sido efectuadas el escenario colombiano está lejos de este tipo de justicia; más aún, lo que se confirma es la presencia de prácticas masivas y sistemáticas de violación a los derechos humanos de una gran cantidad de la población del país. En el informe de Trujillo no se evidencia la alusión que hace la cmh a la memoria como un derecho, lo que aparece es la referencia a la memoria social, colectiva y mediada, sin un análisis de las implicaciones que conlleva posicionarla de esta manera en el plano ético y jurídico. Indistintamente, recurren a estas tres nociones, sin hacer una conceptualización de la memoria histórica que se supone es la bandera que orienta el quehacer de esta Comisión. Lo que se percibe desde este tipo de agencias es que el lugar oficial recurre a la memoria como un pretexto para situar la reconciliación en el centro de las discusiones sobre el conflicto armado: mientras exista memoria, habrá justicia, un poco de reparación y en cierta medida se logrará la reconciliación nacional. Por su parte, en el lugar de las organizaciones de la sociedad civil también se recurre a la memoria histórica, pero desde énfasis distintos. Para la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz esta se constituye en un espacio desde el cual se puede sobrevivir ante la violencia sociopolítica, ante los mecanismos de terror, represión y control, ante el conflicto social y armado. cijp afirma que la memoria estima volver al verdadero sentido de la palabra, un sentido vindicativo de las víctimas, de reconstrucción de sus sueños, de sus proyectos de vida. Es una estrategia que permite purificar, liberar y emancipar las verdades ocultas, reconocer las estructuras de impunidad, recrear la dignidad, traer la esperanza, pensar que es posible que nunca más sucedan hechos violentos y recuperar el sujeto político en las víctimas y sus acompañantes39. De este modo, la memoria comporta distintos sentidos: 1) el de las víctimas, que sugiere comprender lo sucedido, realizar procesos de duelo, dejar esa memoria a los hijos y continuar adelante para construir un mundo mejor; 2) histórico-social, que se funda en contar la verdad desde las víctimas, hacer historia desde ellas y promover la apropiación de su historia; 3) social, basado en el apoyo a las víctimas, mostrando al conjunto del país los acontecimientos del pasado, para generar así la condena, el rechazo social y otra visión de estos y restituyendo los valores en la sociedad. 39 Conversatorio con Katherine Vasco y Cristina Vaisa, integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Octubre 7 del 2010. 141

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Por su parte, el Proyecto Colombia Nunca Más alude a “las potencialidades humanizantes de la salvaguarda de la memoria histórica […] y a las potencialidades deshumanizantes del olvido, alteración u ocultamiento del pasado” (pcnm). El Proyecto señala que esta conservación de la memoria hace parte de los deberes del Estado, por cuanto entienden la memoria como un derecho que se halla consignado en el Principio No. 2 del conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de la onu. En tanto, la memoria histórica se transforma “en eje de sentido, en fuerza constructiva de su presente y de su futuro, y en fundamento de todas sus instituciones” (pcnm, s.f., p. 17). Se trata de una memoria viva que integra como fundamento la narratividad histórica, debido a su carácter colectivo. Para el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado la memoria se considera un mecanismo de reconstrucción de los acontecimientos violentos en los crímenes de lesa humanidad, un hilo conductor del proceso de lucha por la verdad, la justicia y la reparación, cuyo objetivo es conocer los hechos históricos registrados en relación con la violencia sociopolítica, para divulgarla y oficializarla de manera colectiva. En este sentido, la memoria es concebida como un proceso comunicativo que se incorpora en prácticas sociales e interactúa en archivos y repertorios. La perspectiva del movice es recuperar la memoria histórica y propiciar una construcción social de la verdad de los crímenes40. Los efectos políticos que se observan desde la agencia de la memoria histórica en estas organizaciones sociales se orientan en la generación de formas de superación de la impunidad, que en todas ellas es el requerimiento fundamental que orienta su accionar; posicionar a las víctimas; demandar verdad, justicia y reparación integral y garantías de no repetición; reconstruir los hechos del pasado a partir de la experiencia directa e indirecta, en que éstos fueron registrados y apropiados a nivel individual y propender por una reconstrucción colectiva, es decir, darle una significación y resignificación a dichos hechos violentos. Al ubicarse en el marco de la violencia sociopolítica, se generan rupturas con el lugar oficial, que no asume como central dicho marco para el campo de la memoria del conflicto, más bien se concibe la Masacre de Trujillo como un suceso regional y aislado, que en todo caso es muestra de la “guerra de masacres” que ha vivido Colombia en las últimas décadas y da cuenta de su pasado nacional (cmh, 2008).

40 Conversatorio sobre Memoria Histórica. Cátedra Ciro Angarita Baron. Defensoría del Pueblo. Bogotá, 28 de septiembre de 2010. 142

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Uno de los énfasis comunes en todas las organizaciones es la apuesta por evitar el olvido, muchas veces desconociendo la importancia que este puede llegar a tener en la recuperación y construcción de memorias, y la realización del duelo; por ejemplo, desde la función terapéutica que se le adjudique (Ricoeur, 1999), tal y como lo muestran las experiencias de los países del Cono Sur, España, Alemania, entre otros, y las conceptualizaciones que se han establecido al respecto. El olvido también se ha considerado, en ciertas ocasiones, como un derecho necesario en cualquier sociedad, que puede clasificarse en: un olvido necesario, un olvido por voluntad política, un olvido evasivo y un olvido liberador; claro está que el olvido como un derecho entendido fuera del plano judicial (Jelin, 2002). En Colombia no se ha generado el debate en torno a qué haría parte de lo que se debe olvidar del conflicto. El olvido por voluntad política y el evasivo puede situarse en la política oficial; sin embargo, el olvido liberador no ha sido objeto de reflexión. En último término, la memoria para el lugar de las organizaciones, es tomado como una estrategia que dirige parte de sus procesos, en la búsqueda de la verdad, justicia, reparación y superación de la impunidad, objetando que no es posible un espacio para la reconciliación nacional, mientras no se hayan cumplido estos derechos que reclaman, contrario a lo propuesto por el lugar oficial en este sentido.

Las luchas políticas por la memoria: su expresión en Trujillo La categoría de luchas políticas por la memoria, como se anotó en el primer capítulo, se emplea para analizar las tensiones, controversias y disputas que se dan por los sentidos de un pasado (generalmente traumático), desde los postulados de Elizabeth Jelin. La autora en mención percibe la configuración de estas luchas en un contexto propiciado por las aperturas políticas, a través de un escenario político de cambio institucional en el Estado y en la relación sociedadEstado, que permite la visibilización y expresión de diversas versiones, actores, reparaciones y demandas sobre dicho pasado; tal como se dio en los periodos postdictatoriales, de transición a un régimen constitucional o de una postguerra civil, desde la segunda mitad del siglo xx en Alemania, España o los países del Cono Sur. El caso colombiano manifiesta una particularidad frente a estas luchas políticas, pues si bien no podría hablarse de un ámbito de apertura política en el país, esto no desconoce la existencia de una multiplicidad de luchas políticas por la memoria del conflicto armado. Las producciones y elaboraciones de memoria sobre la Masacre de Trujillo muestran la presencia de estas luchas que se expresan en distintos horizontes. Uno de ellos se establece alrededor del acontecimiento conflictivo en sí mismo, es decir, su interpretación y la manera como es presentado. Para la Comisión de Memoria Histórica, los hechos violentos 143

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ocurridos en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar son “una secuencia de desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, detenciones arbitrarias y masacres, de carácter generalizado y sistemático”(cmh, 2008, p. 39), correspondientes al acuerdo regional y temporal entre las estructuras criminales del narcotráfico y las fuerzas de seguridad del Estado-Policía y Ejército, cuyo móvil central fue la persecución política con aparentes propósitos contrainsurgentes, presentado por la Comisión con el 74,5% de los casos especificados (que alcanza el 95,5% en 1990). Otros de los móviles referenciados son la eliminación de testigos (18,3%) y “la limpieza social” (7,3%). Cabe anotar que la Comisión indica que se desconocen los móviles de un gran porcentaje de las víctimas, que no han podido ser identificados. Colombia Nunca Más alude a una cadena de crímenes realizados de manera sistemática en los tres municipios mencionados, que descubren las prácticas criminales de terror que se inscriben dentro del contexto económico, social y político que las cerca y precisa la perpetración de estos crímenes. Lo que se pretendía, afirma pcnm, era “instaurar un orden social y económico por medio de las masacres y los asesinatos selectivos […] que parten del contexto de represión política y del Terrorismo de Estado, inscritos en la violencia parainstitucional, que a la vez tiene como una de sus derivaciones el narcoparamilitarismo (pcnm, 2007, pp. 7, 73). También señalan el objetivo contrainsurgente, que se suma a la lógica del enemigo interno y la desarticulación de los procesos organizativos presentes en la región. La Comisión de Justicia y Paz y afavit se remite a la Masacre de Trujillo como una estrategia o prácticas de destrucción sistemática y continuada de seres humanos y de formas de convivencia humana, delineada para deshacer el tejido social (cijp, 1998), por medio de procedimientos de “limpieza social” y de persecución política, expresados en formas repulsivas de exterminio. Los móviles que distinguen, los cuales se hallan relacionados en parte con lo establecido por la Comisión Técnica de Evaluación de Casos, son: la vinculación de la población con la guerrilla del eln que hacía presencia en la zona, la apropiación de tierras que eran propiedad de los habitantes campesinos de estos sectores y la desarticulación de los procesos organizativos en la zona, influenciados por el padre Tiberio Fernández. Para Jelin, de la interpretación de los acontecimientos conflictivos se formula la cuestión de cómo encarar ese pasado, que se constituye en eje de disputas de estrategias políticas distintas, tal como se acaba demostrar. Otro de los horizontes donde se expresan las luchas políticas es la nominación de los acontecimientos, la periodización y el número de víctimas determinado. La cmh asume la categoría de masacre como forma de reivindicar la propuesta ética de las 144

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víctimas; así mismo, afirma que reconoce la conformación de crímenes de lesa humanidad en la masificación y sistematización de las acciones de violencia y sus impactos en las víctimas y en la sociedad en general. No obstante, recurre la mayor parte del informe a la noción de “hechos violentos ocurridos entre 1986 y 1994”, que afectó a un total de 235 personas, narrando detalladamente solo lo sucedido entre 1989 y 1990. La cijp y afavit se refieren a estos como la Masacre de Trujillo, sucedida desde 1986 hasta 1994 la cual se confirma como una masacre física de vidas humanas y una moral, debido a la ausencia de justicia y presencia constante de impunidad; además, muestran los rostros de las víctimas desde ese periodo, que se aproximan a los 342. El Proyecto Colombia Nunca Más los señala como crímenes de lesa humanidad, cuya justificación se determina por los efectos devastadores que provocaron no solo en la región, sino en el conjunto de la sociedad, que sucedieron en el periodo de 1966 a 1992, y dejaron un total de 300 familias víctimas. Sin embargo, priorizan en la descripción de los procesos de represión, los años de 1988, 1989 y 1990, y hacen algunas alusiones a crímenes cometidos en 1994 y otros registrados en 1999. También se percibe una controversia en la definición de los actores responsables. En el informe de la Comisión de mh se revela la presencia y responsabilidad de lo ocurrido a las estructuras criminales del narcotráfico, dirigidas por Henry Loaiza (alias el Alacrán) y Diego Montoya (alias Don Diego) y agentes del Estado que establecieron alianzas con estos debido a la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional –eln– en la zona, y se afirma que no “suscribe la hipótesis de que la Masacre de Trujillo sea producto de una política de Estado, pues hacerlo sería ignorar la precariedad histórica de la formación estatal en Colombia, observando en cambio que lo que sucedió en el caso Trujillo se aproxima más a una “cooptación” regional y local del Estado” (cmh, 2008, p. 160). Por su parte, el Proyecto pcnm resalta como actores fundamentales en los procesos de persecución y victimización de las organizaciones, líderes comunitarios y habitantes a la insurgencia armada del eln y m-19 con presencia en la región, a la asociación entre el Estado y los paramilitares, al poder gamonal y las estructuras del narcotráfico, insistiendo vehemente en que: […] No se puede ver al Estado (o sus representaciones en la región), al paramilitarismo y a los narcotraficantes de manera desligada, pues si bien la naturaleza de cada uno es disímil, los intereses que cada uno persigue en la práctica y sus formas, los cohesionan como una misma expresión que instauró una manera particular de ejercer el poder, de afrontar el conflicto social y armado y por tanto de configuración de identidades (pcnm, 2007, p. 32). 145

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De allí que sostengan, tal y como lo hace el movice, que se trata de la manifestación del terrorismo de Estado, como forma de instaurar un tipo de violencia parainstitucional que no se limita a lo sucedido en esta región, sino que esto se halla inserto en el ámbito más extenso de las dinámicas nacionales. Justicia y Paz y afavit destacan la participación de primer orden de agentes directos e indirectos del Estado, que se apoyaban en la complicidad institucional del sector oficial, el narcotráfico y el “sicariato”; los cuales son responsables de uno de los episodios más sangrientos de la historia del país. Otros de los horizontes que orientan las luchas políticas por la memoria son la promoción de acciones judiciales y espacios simbólicos, la nominación de las personas y poblaciones afectadas (sujetos-víctimas, sujetos de derecho), la presencia de distintos actores políticos, que buscan un reconocimiento social y la legitimación de su versión o narrativa del pasado, el sentido y el contenido dominante de los acontecimientos, la búsqueda de reivindicaciones y reparaciones y alrededor del papel de la memoria en estos procesos; aspectos que han sido ampliados a lo largo del presente documento. Finalmente, vale decir que las luchas políticas podrían apuntar a la configuración de una(s) política(s) de la memoria del conflicto armado conforme con el nivel de negociación que se logre en el terreno de la memoria colectiva. Algunos de los consensos colectivos que se evidencian están relacionados con la descripción de los acontecimientos violentos, que en parte se podría explicar debido a la investigación que adelantó la cisvt y que permitió identificar y reconstruir los hechos, los mecanismos utilizados en estos, parte de los móviles y la referencia a los efectos que produjeron en la población, tales como la fractura del tejido social, la supresión de proyectos vitales, desplazamiento o desarraigo forzoso (cmh).

Perspectivas sobre las políticas de la memoria del conflicto armado Las políticas de la memoria, para Paloma Aguilar, son aquellas acciones e iniciativas públicas (oficiales o no oficiales) que pretenden fortalecer una interpretación de ciertos sucesos del pasado importantes para un país o para algunos grupos sociales o políticos (Aguilar, 2008). Su búsqueda puede realizarse en los discursos, los monumentos, la legislación y en otras iniciativas que materializan la formulación de las políticas de memoria de acuerdo con la puesta en juego de un sentido sobre los acontecimientos conflictivos o la negociación de este por parte de los actores políticos, referidos por Aguilar, como emisores de memoria.

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En el proceso analítico se pudieron establecer tres perspectivas alrededor de las políticas de la memoria, que permiten una aproximación desde dicha categoría a las condiciones presentes en el país, y que manifestaron una distinción con experiencias de otras latitudes debido a la particularidad del contexto colombiano. La primera de estas perspectivas es el reconocimiento de la existencia de políticas de la memoria del conflicto armado, en relación con la Masacre de Trujillo. Podría asumirse la existencia de una política oficial, impulsada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y la Comisión de Memoria Histórica, que toman como marco la Ley 975 de 2005. Dicha política se configura gracias a las iniciativas que han venido impulsando de manera reciente estas instituciones y por el nivel de difusión en el ámbito público alcanzado, por medio de los eventos académicos liderados anualmente (semana por la memoria), los informes elaborados sobre los casos emblemáticos que son de acceso abierto, los videos, el apoyo a proyectos artísticos y demás manifestaciones. Se considera, además, una política hegemónica, pero no dominante, si se recurre a la distinción conceptual que propone Henry Rousso y que ha sido explícita en el capítulo primero. También se observa una política desde el lugar de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente con el Proyecto Colombia Nunca Más, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado41, debido a la constante implementación de propuestas concernientes a la memoria del conflicto armado y, como se anotó anteriormente, a que asumen el trabajo de la memoria como una estrategia para posicionar sus versiones sobre el pasado y realizar demandas frente a la violación de derechos en medio del contexto sociopolítico actual. Parte de estas propuestas son las galerías de la memoria, las movilizaciones, que se acompañan de escritos, documentación de crímenes, publicaciones, encuentros, comunicados, proyectos, peregrinaciones, entre otros. Otra perspectiva es la ausencia de políticas consolidadas, pues si bien existe una multiplicidad de iniciativas desde los lugares antes mencionados, las interpretaciones, los sentidos del pasado y las reivindicaciones no se han convertido en la plataforma desde donde se enuncia lo constitutivo del conflicto armado. Si bien desde el lugar oficial se cuenta con mayor acceso a los medios de difusión (medios de comunicación, programas escolares) para transmitir una política de la memoria, no se ha establecido una versión única desde este lugar que recoja todos los aspectos que componen el conflicto (condiciones sociopolíticas, 41 El reconocimiento de estas organizaciones no implica la exclusión de otras en la promoción de políticas de la memoria del conflicto armado; se señalan estas debido al trabajo realizado sobre las iniciativas que producen, especialmente en el caso de Trujillo. 147

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móviles, temporalidades, responsabilidades, hechos, etc.). En menor medida, se da con el acceso que pueden llegar a tener las organizaciones civiles para su difusión. La sociedad en general desconoce las particularidades del conflicto, más aún sobre lo ocurrido en Trujillo, o en la mayoría de los casos ni siquiera estos acontecimientos son públicos para el conjunto del país42. Para citar un ejemplo que se diferencia de lo mencionado anteriormente, cabe anotar lo sucedido luego del Apartheid en Sudáfrica, pues con los alcances generados por la Comisión por la Verdad y la Reconciliación –trc– se fortaleció una versión compuesta por los testimonios de las víctimas y también de los autores de las violaciones a los derechos humanos, que fue trasmitida por canales de televisión y conocida por el mundo entero como “un crimen para la humanidad”43, y de esta manera se pudo reconocer como una política de la memoria impulsada desde la oficialidad. Claro está que la condición de esta Comisión es la apertura a la transición. La última perspectiva es considerar la configuración de políticas de la memoria del conflicto armado en Colombia, conforme al proceso de negociación que se alcance entre los actores políticos que configuran el campo de luchas políticas por la memoria. Dentro de estas negociaciones se percibe la puesta en común del rechazo a los acontecimientos violentos que suceden en el país, el reclamo ‒teniendo en cuenta los énfasis particulares‒ de verdad, justicia y reparación, la denuncia a las alianzas que establece el Estado para cometer estos crímenes y su consecuente responsabilidad, el impacto que producen en las poblaciones afectadas y en la sociedad entera, la interpelación a esta última para que los conozca y haga parte de las resistencias y censura a estos; de allí la necesidad de hacer públicas estas memorias. La configuración de políticas de la memoria también pasa por el reconocimiento de la pluralidad de memorias sobre el pasado que actualmente se vienen agenciando y promoviendo, y la referencia a la constitución de las memorias

42 Para citar un ejemplo de ello, las víctimas de Trujillo que pertenecen a afavit, pero no hacen parte de su núcleo organizativo, reconocen lo sucedido en este municipio, pero en menor medida tienen un acercamiento a masacres o crímenes de lesa humanidad cometidos sobre otras poblaciones del país. El nivel de relación entre estas se ha convertido en un proceso que se pretende generar, pero que se encuentra aún en una etapa incipiente. 43 El profesor Alejando Castillejo (Ph.D. en Antropología), dentro de sus trabajos de antropología de la memoria y su experiencia de trabajo con las Comisiones de la Verdad en Dubái, Sudáfrica y algunos países de América Latina, se refiere a la versión oficial consolidada en Sudáfrica como una política del pasado, gracias al reconocimiento de lo sucedido allí, entre otras cosas, como un crimen atroz para la humanidad, que es rechazado en todo el mundo. En Cátedra Ciro Angarita, realizada por la Defensoría del Pueblo, 21 de septiembre del 2010. 148

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en medio de luchas constantes por hacer un sentido unívoco. En comparación con Argentina, por ejemplo, las políticas de la memoria sobre la dictadura militar (1976-1983) se fueron conformando a través de las diversas representaciones preponderantes sobre esta, que fueron transformándose conforme a los contextos sociopolíticos, la incidencia de actores políticos ‒discursos estatales y del movimiento de derechos humanos‒ y los acuerdos establecidos (lvovich, 2008). Finalmente, es pertinente resaltar que una de las problemáticas que se sigue presentando para su configuración es que, tanto en el terreno simbólico como en el jurídico, hay una ausencia de verdad, justicia y reparación. De acuerdo con los análisis realizados en este proceso investigativo, se estima que, una vez se logren cumplir de manera efectiva estos derechos, es probable que se hable de políticas de la memoria del conflicto armado colombiano.

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Epílogo Este epílogo se presenta en dos sentidos: uno, de acuerdo con la orientación metodológica de la investigación que dio origen a este libro; otro, conforme al proceso analítico, resultado de la articulación entre la metodología, los referentes teóricos y las fuentes de trabajo de dicha investigación, expresados en los capítulos que preceden este apartado. Para la consecución del trabajo se optó por el enfoque genealógico-arqueológico desde el cual se diseñó una estrategia metodológica que permitiera abordar el problema a partir de los aportes teóricos y metodológicos de dicho enfoque desde la emergencia de las categorías de sujeto, instituciones y discursos en relación con la memoria del conflicto armado. De esta manera, las diferentes técnicas de recolección y procesamiento de la información (expuestas en el primer capítulo) como los mapas conceptuales, las caracterizaciones y el análisis documental se plantearon siguiendo este modelo relacional. El diseño de la estrategia sugiere una manera de abordar analíticamente la categoría de memoria desde el enfoque señalado, y promover de esta manera un aporte para la consolidación, tanto de este como del campo de la memoria del conflicto armado colombiano. Mediante el despliegue de la estrategia metodológica se pudo determinar la existencia de cuatro lugares políticos desde los cuales se agencian y generan una serie de iniciativas de memoria sobre el conflicto armado colombiano. De igual forma, desde esta agencia se producen unos efectos políticos específicos y unas luchas políticas que van configurando la formulación y ejecución de políticas de memoria sobre el conflicto, mostrando la multiplicación de significados acerca del pasado reciente del país. En referencia al segundo sentido, se evidencia que en la Ley 975/05 y en lo producido por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y la Comisión de Memoria Histórica, en especial sobre la Masacre de Trujillo, se asume la memoria como parte de los derechos a la justicia y a la reparación, privilegiando 151

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el ámbito ético sobre el jurídico y desestimando la memoria como un derecho autónomo, aun cuando se diga que se reconoce este carácter. Así mismo, se recurre a la memoria histórica sin apuntar a una conceptualización desde el lugar oficial, que permita una aproximación a las condiciones particulares del conflicto colombiano desde la mirada de este. El lugar oficial plantea la categoría de víctimas del conflicto armado desde la constitución del sujeto-víctima y del sujeto de derechos. El sujeto-víctima hace referencia a personas o colectivos que hayan sufrido daños por parte de los grupos armados al margen de la ley, ubicando en la misma línea a los agentes de la fuerza pública que resulten afectados en el conflicto. Mientras que los sujetos de derechos son aquellos que han sido escindidos, en el plano discursivo y en las prácticas judiciales ordinarias, de los demás. Son sujetos de derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia porque le son contraprestados debido a la vulneración y a la falta de garantías de los derechos de todo colombiano consignados en la Constitución Política. El trabajo metodológico, propiamente referido a los talleres realizados por la cmh, no resulta suficiente para dar respuesta al interrogante que se planteó esta Comisión al inicio de su proceso investigativo. El abordaje de casos emblemáticos, teniendo en cuenta la magnitud de masacres y violaciones a los derechos humanos cometidos en el país, dificulta la articulación entre los acontecimientos violentos ocurridos en distintas regiones, que darían cuenta del contexto de violencia sociopolítica presente en Colombia. De todo ello se entiende que el lugar oficial se ubica en el campo de la memoria, y se percibe como un motivo para ponderar la reconciliación en el centro de las discusiones sobre el conflicto armado. Por otra parte, se observa en el lugar de las organizaciones sociales trabajadas (Proyecto Colombia Nunca Más, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo y Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado) un sin número de propuestas de memoria sobre el conflicto armado colombiano y algunas producciones sobre la Masacre de Trujillo, que tienen como propósito común plantear la lucha contra la impunidad, la búsqueda de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición de crímenes o sucesos violentos, aunque en cada una de ellas se visibilice un énfasis particular. El trabajo metodológico propuesto para abordar la Masacre de Trujillo comporta el despliegue de un amplio conjunto de estrategias, que en el caso de Nunca Más apuntaban a documentar los crímenes de lesa humanidad desde los contextos, procesos jurídicos, la ubicación espacial y temporal, los hechos, 152

Epílogo

los efectos producidos y las características y vivencias de las víctimas, organizaciones victimizadas y los responsables de estos, para así generar su articulación con los Crímenes cometidos en Colombia desde 1966 a 1998. Por su parte, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz brindó acompañamiento en Trujillo poco tiempo después del inicio de la masacre, a través de la orientación en acciones jurídicas, psicosociales, educativas, productivas y de reconstrucción de memoria en este municipio, y promovió así la creación de la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo, que asumió el trabajo luego de la salida del padre Javier Giraldo y otros acompañantes; por esta razón, su proceso no se restringió a implementar unas técnicas investigativas por un tiempo ‒lo cual explica que la hermana Maritze continúe impulsando proyectos allí‒, sino que se constituyó como un trabajo de largo aliento. Finalmente, se evidencia que el lugar de las organizaciones asume la memoria como una estrategia o dispositivo que orienta un aspecto fundamental de sus procesos; por tanto, rechazan la perspectiva de la reconciliación nacional, pues afirman que en Colombia no hay un cumplimiento efectivo de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, como lo muestran las medidas de reparación inconclusas en Trujillo o las acciones judiciales que hasta el momento solo han determinado la condena del Mayor Alirio Urueña y del narcotraficante Henry Loaiza. No obstante, de la gran cantidad de propuestas y acciones que propician, no precisan necesariamente un grado de articulación efectivo para consolidar una política de la memoria desde este lugar específico.

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Este libro se terminó de imprimir en noviembre de 2013 en los talleres de impresión de la Editorial UD Bogotá, Colombia