Lucha de clases y Consejos de Salarios. Uruguay 2005 – 2014

Lucha de clases y Consejos de Salarios. Uruguay 2005 – 2014
Jorge Notaro, marzo de 2015

Pregunta: ¿Usted puede detectar a una persona de una
familia patricia sin saber cómo se llama?
Respuesta: Hay dialectos distintos: las chicas de Carrasco
hablan distinto que las chicas del Cerro. Eso es cierto y
es detectable." [1]

"¿Cómo podría aceptar un credo que prefiere el lodo al pez, que exalta el
zafio proletariado y lo prefiere al burgués y al intelectual, que
cualesquiera sean sus faltas, son la calidad de la vida y con seguridad,
llevan en sí la simiente del progreso humano?" Keynes Am I a Liberal?
1925.


1. Introducción

El objetivo principal del documento es analizar la lucha de clases en un
período que presenta como particularidades dos quinquenios de gobierno del
Frente Amplio y la convocatoria de los Consejos de Salarios, suspendida en
1992. Está implícito que en la instrumentación, se pondrán en discusión las
categorías clases sociales y lucha de clases, excluidas de la casi
totalidad de la producción académica en ciencias sociales. Se espera que el
resultado de este trabajo sea un insumo en la construcción del camino al
socialismo, que tiene como uno de sus requisitos la identificación de los
sujetos que impulsaran este proceso.

La elección de los barrios que se comparan para explicitar la existencia de
varios lenguajes en la ciudad de Montevideo no responde a un determinismo
geográfico: todos saben que el segundo es un barrio obrero y el primero es
un barrio de familias de altos ingresos. Carrasco es un barrio de patrones,
de dueños de la tierra, de directores de sociedades anónimas, de abogados y
contadores socios de las consultoras que asesoran a los inversionistas
nacionales y extranjeros, en síntesis, un barrio de burgueses y
terratenientes, un barrio de las clases dominantes. Las "chicas" de uno y
otro barrio van a diferentes escuelas y liceos, van a bailar o a practicar
deportes en diferentes instituciones.

El diálogo entre la periodista y el genealogista reconoce la existencia de
grupos de personas que se concentran en distintas zonas de la ciudad. No
analiza que es el resultado de distintos niveles de ingresos y estos, a su
vez, de las distintas formas de participar en la actividad económica: los
obreros del Cerro venden y los patrones de Carrasco compran la capacidad de
trabajar de los primeros. En este documento se asume que estos grupos
constituyen clases sociales, con diferencias que trascienden la actividad
económica y se manifiestan en diferentes culturas, aunque como es habitual,
las clases dominantes no reconoce su condición y utilizan eufemismos, en
este caso los barrios. En el discurso de los dueños de la tierra es
habitual referirse a la "familia rural" en la cual los hijos de los
patrones juegan con los hijos de los peones y esa situación se rompe cuando
se "predica" la lucha de clases; el discurso es estático y no analiza a
donde van a parar cuando crecen unos y otros niños.

La segunda cita muestra que Keynes tenía una idea muy clara de las clases
sociales y sin inhibiciones, manifiesta su desprecio por la clase
trabajadora y adjudica al burgués y al intelectual (como es obvio,
coincidiendo o al servicio del anterior) la capacidad de impulsar el
"progreso humano", en el cual está implícito que no participaría el
proletariado. En el mismo artículo asume las existencia de lucha de clases
y manifiesta que no tiene dudas de tomar partido del lado de la burguesía.

En lo que sigue se presentan brevemente algunas categorías que admiten
múltiples contenidos empíricos (en 2), indicadores para una aproximación a
la estructura social del Uruguay (en 3), una revisión de la literatura
sobre nuestro país que muestra un importante cambio desde la dictadura (en
4), el origen y la evolución de los Consejos de Salarios que son uno de los
escenarios en que se manifiesta la lucha de clases actualmente en el
Uruguay (en 5) y las luchas con una dimensión económica por el reparto
entre salarios y plusvalía así como con una dimensión política por el
reparto del poder (en 6).

Esta es una segunda versión, corregida y aumentada, del artículo publicado
con el título "El papel de los Consejos de Salarios" en Prohibido Pensar.
Revista de ensayo. Lucha de clases, Año 1 No. 1, marzo – abril de 2014,
páginas 35 a 50.


2. Las categorías básicas

Existe consenso en considerar que las clases sociales son grupos de
personas, pero los criterios para diferenciarlos son numerosos y polémicos.
Se destacan dos que parten de la economía como condicionante de la
diferenciación: los grupos de personas que se relacionan de la misma forma
para participar de la actividad económica o que tienen niveles de ingresos
comprendidos dentro de un mismo entorno.

Los primeros, que se denominan "relacionales", pueden tener en cuenta la
forma como se vinculan las personas para producir (Marx 1857, 1867) o la
situación en el mercado (Weber 1922). En ambos casos las clases tienen
contradicciones, en Weber por la competencia en los mercados y en Marx por
qué una minoría de explotadores compra la capacidad de trabajar y se
apropia de parte del resultado del trabajo de una mayoría explotada. En
ambos casos las clases existen como tales en la sociedad, el conflicto y la
lucha son normales como resultado de los intereses distintos y excluyentes:
si una clase gana la otra pierde.

Los segundos tienen en cuenta los niveles de ingresos de las familias o
las personas y diferencian clases alta, media y baja; también pueden
agregar dos estratos intermedios, una clase media alta y otra media baja.
La estratificación se integra con los demás elementos de la sociedad en
un sistema abierto y motiva a buscar caminos para el ascenso social
(Davis y Moore 1945). Se observan barreras que limitan el ascenso como
los modales y las costumbres, la afiliación a clubes sociales o
deportivos, el lenguaje y el estilo de vida.


Esta definición descriptiva forma grupos en los que se incluye personas
que tienen funciones e intereses muy diferentes dentro de la sociedad y
qué, por lo tanto, existen exclusivamente en el mundo de las ideas. Por
ejemplo, en la clase alta se incluye al terrateniente, al jugador de
futbol de nivel internacional, a un genio de la informática y al gerente
de un banco transnacional. En la clase media se incluye a los obreros
calificados, a los productores agropecuarios familiares y a los dueños de
pequeñas y medianas empresas. Los intereses de las clases no son
excluyentes ya que todas pueden mejorar su situación simultáneamente y es
más o menos fácil la movilidad social definida como la posibilidad de
personas o familias de cambiar de grupo por aumento de sus ingresos. Esta
categoría excluye la posibilidad de la lucha de clases y puede ser muy
útil para las investigaciones de mercado que necesitan conocer la
capacidad de compra de los diversos grupos.


A partir de los criterios surgidos de la actividad económica, los
diversos enfoques agregan otros incluyendo o no una dimensión subjetiva
como la conciencia, la ideología, los valores (Marx), la cultura (Weber
1922, Parsons 1951) o los estilos de vida (Bourdieu 2001, 2007). Con la
dominación o el lugar en la escala, además de recompensas materiales se
logra prestigio social o poder. Pueden ser estáticos o con movimiento,
con la posibilidad de considerar como condición necesaria para
identificar una clase la capacidad de percibir la identidad de intereses
y la diferencia con "los otros" así como la existencia de organizaciones
que expresan sus reivindicaciones y sus luchas. En Marx la clase
dominante proyecta su condición en el plano político, en el control del
Estado y en la producción de ideas. Para Weber el poder económico de las
clases sociales, el poder político ligado a los partidos y los estamentos
(que se basan en la evaluación de los otros que otorgan prestigio), son
autónomos.

Según la caracterización que se realice de las clases, los conflictos o
luchas pueden manifestarse en el plano económico por la distribución de los
ingresos, en el político por el control del aparato de Estado o en el plano
de las ideas que sustentan o cuestionan la dominación.

La identificación de clases sociales como grupos de individuos que ocupaban
un mismo lugar en la actividad económica y como consecuencia percibían una
misma forma de ingresos se encuentra ya en Quesnay (1758) que consideraba
tres clases, la productiva integrada por granjeros y obreros agrícolas,
la "estéril" integrada por capitalistas y trabajadores, de la industria y
del comercio, y la de los propietarios de la tierra incluyendo al rey.

En los principales economista clásicos (Adam Smith, David Ricardo y Karl
Marx) se encuentran también tres clases sociales, cada una de las cuales
percibe un ingreso por su forma de participar en el proceso. Definidas por
Smith (1789) como "ranks of the people" or "orders of people", como
"classes of the community" por Ricardo (1821) y como "classes" por Marx
(1858). Importantes en el contexto histórico definido por Smith como "every
civilized society" y por Marx como "modern society based upon the
capitalist mode of production".

Marx incorporó dos características trascendentes a la clase obrera, su
condición de explotada y por ello, su carácter de sujeto transformador del
capitalismo para construir una sociedad sin explotados ni explotadores.
Hobsbawm señaló que Marx utilizó la palabra "clases" en dos sentidos,
"aquellos grandes números de gente que pueden clasificarse con un criterio
objetivo – por estar en relación semejante respecto de los medios de
producción – y de un modo más especial las agrupaciones de explotadores y
explotados" y también introdujo un elemento subjetivo, la conciencia de
clase. "La clase, en su sentido cabal, sólo empieza a existir en el momento
histórico en que empiezan a adquirir conciencia de que los son"
desarrollado principalmente en el dieciocho Brumario de Luis Bonaparte
(1973: 12). Y agregó "Ni Marx ni Engels desdeñaron las complejidades
sociales, estratificaciones y demás, de las clases en sus escritos
directamente históricos, ni en sus análisis de la política contemporánea."
(1973: 15). Mészáros subrayó que los individuos quedan incluidos en una
clase, y que en estas se pueden diferenciar grupos parciales (subgrupos,
subclases, estamentos, estratos, etc.) que mantiene unido privilegios
limitados y definidos (1973 149:151). La concentración de trabajadores
cooperando que generó la industria fue condición necesaria para la
construcción de la clase obrera y la toma de conciencia; los campesinos de
la época, dispersos en el territorio y sin vínculos entre si, no podían
auto identificarse como clase.

Wallerstein considera que para analizar la naturaleza y la articulación de
las clases sociales hay que empezar por el contexto, "especificar como
funciona este sistema – mundo en el que se sitúan." En una economía –
mundo capitalista hay tres elementos básicos: mercado único en el que se
realizan los cálculos de rentabilidad, Estados que distorsionan el
funcionamiento de los mercados para aumentar la rentabilidad y la
participación de tres actores en el proceso de explotación con un estrato
intermedio que participa con el más alto, de la explotación del estrato
más bajo (2004 292:293). Hobsbawm señala que "Sigue habiendo clases, y
siguen teniendo conciencia. Es la expresión práctica de esa conciencia lo
que hoy se debate, dados los cambios del contexto histórico." (1973:32)
aunque en la actualidad la conciencia es nacional, las clases reales son
nacionales, los lazos de solidaridad son débiles." (1973 17:20)


Marx define el interés de clase que resulta de la inserción en la
actividad económica y el componente subjetivo como condición necesaria para
la constitución de la clase obrera "La dominación del capital creó para
esa gente una situación común e intereses comunes. Ese grupo es ya por
ello una clase contra el capital, pero no lo es todavía para sí misma. En
la lucha, de la que solo hemos anotado unas cuantas fases, esta masa se une
y se constituye en una clase para sí misma. Los intereses que defiende se
convierten en intereses de clase. Más la lucha de clase contra clase es una
lucha política" (Misère de la philosophie 1847, Paris y Bruselas, citado
por Mészáros 1973:145).


En el movimiento que se apoya en el punto de vista de Marx se debatió sobre
el proceso de formación de la conciencia de la clase obrera, el papel de la
lucha sindical por reivindicaciones económicas y de corto plazo, y de la
lucha política por la toma del poder, así como sobre la necesidad de
organizaciones. Entre los participantes más destacados del debate
desarrollado a principios del siglo XX cabe mencionar a Lenin, Kautsky,
Trotsky. Luxemburgo, Stalin, Labriola, Hilferding, Lukács; en el segundo
cuarto del siglo se sumó Gramsci con una reinterpretación del materialismo
histórico ( Hobsbawm 1973,26:30; Mészáros 1973: 138; Wallerstein 2004,
295:297 ).


Se puede concluir que en la corriente de pensamiento de la que Marx es el
punto de partida, una interpretación del materialismo histórico implica
tener en cuenta la interacción entre las condiciones materiales, la
constitución de los grupos sociales y el desarrollo de la conciencia en la
formación de las clases sociales, que se organizan para la lucha económica
para mejorar las condiciones materiales de v ida y la lucha política para
la toma del poder.


Lucien Goldmann tuvo rigor analítico y el coraje intelectual para afirmar
que dos pronósticos de Marx no se cumplieron, la pauperización de la clase
obrera y la proletarización de todos los trabajadores, estimando que en el
transcurso de un siglo la clase obrera en los países capitalistas avanzados
logró importantes mejoras en sus condiciones materiales de vida (1973:106)
y la estructura social se volvió más compleja. Mészáros señaló como uno de
los componentes de la explicación que "Tampoco puede negarse que el
diagnóstico de Marx acerca de las contradicciones del capitalismo
contribuyó a la formación de `contramovimientos ´y reformas que ayudaron a
retrasar la maduración de algunas contradicciones que él descubriera."
(1973: 117). Compartiendo la anotación de Mészáros se podría decir que los
intelectuales de las clases dominantes leyeron bien a Marx y buscaron
vacunas para evitar la muerte del capitalismo. El más lúcido fue Keynes,
que se dio cuenta que las guerras y las crisis estimulaban las luchas del
proletariado organizado y aumentaban las probabilidades de éxito de las
revoluciones socialistas, dejó de lado el pensamiento económico
predominante en su época y propuso medidas que más que heterodoxas, se
podrían caracterizar como heréticas, implementadas con éxito.

Se señalan diversos aspectos de la complejidad de la estructura de la
sociedad capitalista contemporánea, con énfasis en la pérdida de
importancia relativa del proletariado industrial en el conjunto de los
trabajadores, la heterogeneidad de los trabajadores asalariados y la
presencia de nuevas clases o grupos. Incluso se considera que la burguesía
del siglo XXI no se parece al comerciante medieval ni al industrial
capitalista del siglo XIX. Los campesino y los artesanos europeos de
mediados del siglo XIX desaparecieron, como lo pronosticó Marx, algunos se
convirtieron en proletarios y otros en burgueses; pero surgieron nuevos
estratos medios de trabajadores independientes con ingresos iguales o
mayores, de especialistas dependientes que algunos llaman nueva clase
trabajadora y se concentración de los poderes de decisión "en un grupo aún
más restringido de tecnócratas que controlan no sólo la producción, sino
además todas las otras zonas de la vida social" de modo que se encuentran
tecnócratas en la educación, la cultura, la política (Goldmann1973:106).

Como resultado de la disociación entre la propiedad del capital y el
control, surge una nueva clase media de gerentes y asesores, profesionales
universitarios asalariados que ocupaban posiciones directivas. En el
Tercer Mundo con la independencia de las colonias surge otra clase media de
administradores del Estado 306. En los países capitalistas occidentales los
"White collars" estudiados por Wright Mills y la llamada "aristocracia
obrera" (Wallerstein 2004: 305).

Como consecuencia "Es ciertamente imposible para un pensador marxista serio
seguir atenido exclusivamente al concepto de sociedad capitalista tal y
como lo elaboró Marx. Lo que se necesita no es criticar el pensamiento de
Marx, sino tratar de prolongarlo. Aunque haya puntos donde el análisis de
Marx parece necesitar modificación, El Capital sigue siendo la piedra
angular para todo análisis de la sociedad liberal capitalista. Pero Marx
murió en 1883, y desde entonces la historia de la sociedad capitalista ha
continuado e introducido importantes cambios, que deben naturalmente ser
integrados en el análisis" (Goldmann1973103-104)

Los cambios en la estructura social y en el funcionamiento del capitalismo
obligan a repensar el proceso de construcción de los sujetos sociales y
políticos que impulsarán la lucha por su superación. En la tradición
marxista se aprecian distintas formas de determinar los sujetos sociales y
políticos.

Para Lukács las clases sociales son el único sujeto histórico, no hay
experiencias individuales, "constituyen el único sujeto transindividual
cuya conciencia y acción están dirigidas hacia la organización de la suma
de relaciones entre humanos y entre hombre y naturaleza…", son el sujeto
por excelencia de la acción histórica y en el nivel de la conciencia, el
sujeto de la creación de los mundos conceptuales e imaginativos, o sea de
las obras filosóficas y literarias." (Goldmann1973)

Para Mészáros la conciencia de clase necesaria es la que genera una
alternativa al orden establecido de relaciones de producción, implica "la
elaboración de programas de acción estratégicamente viables que abarquen
múltiples grupos sociales específicos en cualquier tipo de forma
organizacional que sea necesario". Lo que consolida la unión de diversos
grupos sociales es una situación histórica, los programas que nacen de la
realidad empírica de la subordinación estructural común de los grupos de
que se trate al poder del capital. "… la verdadera conciencia social esta
constituida - en ineludible respuesta al desafío sociohistórico – como una
necesidad interna: unidad dialéctica de determinaciones subjetivas y
objetivas, internas y externas." (1973 165:166)

Según Laclau y Mouffe como punto de partida se puede considerar que los
sujetos son las clases sociales que se constituyen por intereses
determinados por sus posiciones en las relaciones de producción (2002:160).
Un nuevo problema es responder teórica y políticamente "… a la
diversificación y dispersión de las posiciones de sujeto de los agentes
clasistas respecto de las que hubieran debido ser las formas paradigmáticas
de unidad." (2002:190) y como consecuencia "La categoría de sujeto está
penetrada por el mismo carácter polisémico, ambiguo e incompleto que la
sobredeterminación acuerda a toda identidad discursiva" (2002 163-164). En
las revoluciones en el mundo periférico (China, Vietnam, Cuba), la
identidad popular de masas es más amplia que la de clase. (2002:95). Los
sujetos políticos no son clases sino voluntades colectivas complejas, los
elementos ideológicos no tienen una pertenencia de clase
(2002:102)

La subordinación del trabajo al capital genera la necesidad formulada por
Gramsci como "transformar el grupo subordinado en gobernante" y no, según
Marx, en lograr un salario mejor para el esclavo (Mészáros 1973: 131). Si
se considera que el interés del obrero en el socialismo se limita a
recuperar la plusvalía, se le estaría considerando un homo economicus como
el capitalista o que espontáneamente está dispuesto a distribuir el
producto de su trabajo (Laclau y Mouffe 2002:123).


3. Indicadores de la estructura social del Uruguay

Con la información que releva el Instituto Nacional de Estadística (INE) en
la Encuesta Continua de Hogares (ECH) sobre los ocupados es posible
aproximarse a la estructura de clases del país, combinando la información
por categoría ocupacional, tipo de ocupación y actividad económica.
Permiten identificar grupos de trabajadores con características similares
de acuerdo a los criterios utilizados, lo que constituye la dimensión
económica o bases social potencial de una parte de las clases sociales. Los
grupos identificados se podrán considerar clases en la medida en que tomen
conciencia de su condición, de lo que tienen en común y los diferencia de
los otros, adquieran capacidad para organizarse y se constituyan como
sujetos colectivos, aspectos de la investigación sobre la estructura de
clases en el Uruguay que no forman parte de este trabajo.

La información analizada caracteriza la estructura ocupacional, es decir,
la composición del total de ocupados desagregada de acuerdo a determinados
criterios y es sólo una aproximación a la estructura social, definida como
los grupos que integran la sociedad identificados de acuerdo a determinados
criterios. En la estructura ocupacional además de los criterios utilizados
se podría tener en cuenta el tamaño de las empresas para los patrones y los
asalariados de la actividad privada o la condición de registrados o no en
la seguridad social, los primeros con calificaciones crecientes y buenos
niveles de remuneraciones; los segundos con bajos ingresos y menor
calificación. Como consecuencia se considera que la información utilizada
proporciona una idea de la estructura ocupacional, condición necesaria pero
no suficiente para caracterizar la estructura de clases.

Las categorías ocupacionales son un indicador del lugar que ocupan los
trabajadores en las relaciones de producción así como de una parte de la
propiedad de medios de producción. Los Tipos de Ocupación (TO) incorporan
información sobre el poder de decisión (personal de dirección en el Tipo
1), la calificación (universitaria en 2, media en 3, técnicos calificados
en 7 y 8, sin calificación en 9) y las tareas que realizan (empleados y
vendedores en el Tipo 5, agropecuaria y pesca en el Tipo 6)[2].

En el Cuadro 1 el nombre de las columnas son Categorías Ocupacionales:
Asal. Privado son trabajadores en relación de dependencia, es decir,
vendedores de su capacidad de trabajar, del sector privado, es decir, a
propietarios de medios de producción; Asal. Público son trabajadores en
relación de dependencia, es decir, vendedores de su capacidad de trabajar,
al sector público, es decir, a instituciones y empresas de propiedad del
Estado. Cta. propia sin local o sin inversión y Cta. propia con local y
con inversión son trabajadores que no compran capacidad de trabajar ni
venden la suya, utilizando su capacidad de trabajar con sus medios de
producción para vender el resultado de su trabajo; puede ser una modista o
un sastre, un trabajador de la construcción que hace changas o el que hace
tortas fritas. El nombre de las filas son Tipos de Ocupación. Se
diferencian: 0. Fuerzas Armadas; 1. Personal directivo; 2.Profesionales
universitarios; 3.Técnicos y profesionales de nivel medio; 4. Empleados de
oficina; 5. Trabajadores de Servicios y de Comercio; 6. Agricultores y
pescadores calificados ; 7. y 8. Oficiales, operarios y artesanos de artes
mecánicas y de otros oficios y Operadores y montadores de instalaciones y
máquinas; 9. Trabajadores no calificados[3].

Un primer comentario es que en 2013 trabajaron algo más de un millón
seiscientas mil personas, de las cuales algo más de 933 mil son asalariados
privados y 236.800 son asalariados públicos. Es decir que casi el 72.5% de
los trabajadores venden su capacidad de trabajar, por lo que se puede
afirmar que nuestro país es una sociedad capitalista. La situación de los
asalariados públicos presentan dos diferencias principales con los
privados, su empleo no depende de las fluctuaciones económicas como quedó
evidenciado en la última recesión (1999 – 2002) y sus ingresos están
condicionados por las políticas de los gobiernos y en particular, por la
meta de inflación a la que los enfoques fondomonetaristas subordinan el
gasto público y por lo tanto los niveles de salarios. A su vez una primer
heterogeneidad entre los asalariados públicos es consecuencia de sus
diferentes patrones, que pueden ser el Poder Ejecutivo y el Legislativo
para la administración central, los directores de empresas públicas, los
intendentes y las juntas departamentales, los jerarcas del Poder Judicial o
de las instituciones de la enseñanza pública.

También tienen importantes particularidades los asalariados del TO 0
Fuerzas Armadas, que justifican su consideración como grupo que requiere un
análisis más profundo; en el Cuadro 1, contrastando la información con
otras fuentes como la Oficina Nacional de Servicio Civil que registra
28.054 personas ocupadas en el Ministerio de Defensa Nacional (ver página
web), se aprecia que el número de integrantes está subestimado.

Cuadro 1
Ocupados por categoría y tipo de ocupación. Miles de personas, 2013

Notas: Otros incluye los Ocupados en Programas de Empleo y Familiares no
Remunerados. Los Miembros de Cooperativas de Producción (2200) se incluyen
con Asalariados Privados. Fuente: elaboración propia con microdatos de la
ECH y la proyección de población revisión 2004 del INE.

En el TO 1 y la categoría Asalariado Privado se ubican los directivos y
gerentes de grandes empresas predominantemente sociedades anónimas, que en
muchos casos son también los dueños del capital, sus familiares o sus
amigos y en todos los casos, servidores leales del capital; son los
tecnócratas que destacaba Goldmann. En el mismo TO 1 y la categoría
Asalariado Público se encuentran los jerarcas de la administración pública,
como el presidente, los legisladores, los directivos y gerentes de empresas
públicas, los jerarcas del Poder Judicial y de la educación; aquí
encontramos el grupo que Wallerstein identificaba como administradores
del Estado.

Continuando con la columna de Asalariados Privados se encuentran
diferencias por el nivel educativo y las calificaciones en los TO 2 y 3
(13.4 %del total de asalariados privados) así como un numeroso grupo de
empleados y vendedores en los TO 4 y 5 (34.9 % del total de asalariados
privados). Los obreros calificados se encuentran en los TO 7 y 8 (22.3 %
del total de asalariados privados) y sin calificación en el TO 9 (25.9% del
total de asalariados privados) .

La columna de patrones registra 78.3 miles de personas y la mayor parte son
dueños de pequeñas y medianas empresas que el capitalismo va asfixiando
progresivamente y podrían participar de un proyecto de cambio que les
asegure la supervivencia. El 22.1% se define como directivo , lo que es
obvio, 12.3% tienen alto nivel educativo, 19.4% están al frente de empresas
agropecuarias y 25.8% son obreros calificados. Esta columna no incluye a
los dueños del gran capital que tienen empresas que son sociedades anónimas
y por lo tanto sus dueños son los accionistas, que por esta condición no
están ocupados; en segundo lugar, los dueños de las empresa transnacionales
no viven en el Uruguay, por lo tanto la encuesta de hogares no los puede
registrar; contratan funcionarios de confianza que les gestiones los
negocios.

El TO 2 Profesionales universitarios son un grupo heterogéneo, un poco más
numerosos los asalariados públicos que los privados y entre ambos, el 73.3
del total del TO 2. En el TO Técnicos, el 56% se inserta como asalariado en
el sector privado. Finalmente, los trabajadores por cuenta propia se
definen como aquellos que no tienen patrón y no contratan asalariados, son
lo que la literatura considera clases medias. Los 304.0 miles con local e
inversión, el 18.8% del total de ocupados, es un grupo heterogéneo que
incluye modistas, peluqueros, electricistas y profesionales universitarios,
para citar sólo algunos ejemplos.

En el Cuadro 2 la clasificación por Tipo de Ocupación se combina con las
actividades económicas en las que se insertan los trabajadores, de acuerdo
la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) adaptada al
Uruguay por el INE[4]

Cuadro 2
Ocupados por Tipo de Ocupación y Rama de Actividad. Miles de personas, 2013


Fuente: elaboración propia con microdatos de la ECH y la proyección de
población revisión 2004 del INE.

Se aprecia que las actividades que generan más empleo son, en orden de
importancia, el comercio (18.0% del total de ocupados), la industria
manufacturera (11.9%), la actividad agropecuaria (9.3%) y la construcción
(8.0%). Para aproximarnos a una medida del proletariado definido por Marx
como trabajador manual de la industria moderna, con un criterio amplio, se
podría incluir los trabajadores de la industria manufacturera y de la
construcción, de los TO 7, 8 y 9. Son 254.400 personas, es decir, el 15.8%
del total de ocupados; este total incluye patrones y cuenta propia, que con
la información disponible no podemos excluir.

Cabe subrayar como conclusión que se observa la diversidad y la
heterogeneidad de los numerosos grupos que se constituyen en el proceso
económico, con problemas e intereses diversos. Las particularidades de la
estructura ocupacional del Uruguay relativiza el papel del proletariado
como sujeto y alimenta las hipótesis de Laclau y Mouffe sobre la necesidad
de la articulación como tarea política consciente y de Mészáros sobre la
importancia del programa en este proceso.

La estructura ocupacional se aproxima a la estructura social, agregando
la información sobre otros dos grupos sociales, los propietarios de medios
de producción y los pasivos.

De los propietarios de los medios de producción sólo una parte trabaja y
aparecen en la ECH como patrones o como asalariados privados del Tipo de
Ocupación 1 como los directores y gerentes de sociedades anónimas, que en
gran medida son también accionistas y por lo tanto dueños de capital. En
segundo lugar, La ECH no registra los propietarios de capital que no
residen en el país, es decir, los propietarios de la inversión extranjera
directa o en cartera. Por último, la ECH no informa sobre la magnitud de su
riqueza, del trabajo asalariado que compran, del valor de lo que producen o
de las interrelaciones.

Los pasivos son muy numerosos, en los últimos años eran casi medio millón
de personas y constituyen un sujeto colectivo por qué están organizados,
tienen reivindicaciones y se movilizan para lograr conquistas. Un indicador
de su poder es la modificación de la Constitución de la República para
incorporar un artículo que establece que el 1º de enero de cada años las
jubilaciones y pensiones aumentarán, como mínimo, en el mismo porcentaje
que el Índice Medio de Salarios del año anterior. Se logró por un
plebiscito, consulta popular realizada el 26 de noviembre de 1989 con
las elecciones generales, que se aprobó con un 72,5% de apoyo.


4. La proscripción de las clases en el Uruguay contemporáneo

Hasta la dictadura iniciada en 1973 la producción académica y política
sobre las clases sociales en el Uruguay era importante, así como la
utilización de la categoría en investigaciones sobre el proceso histórico o
alguna de sus dimensiones como la política o la económica. Con el retorno a
la democracia estos enfoques no se retomaron, con diversos fundamentos se
excluyeron de la docencia y la investigación en los ámbitos académicos y
también, fueron desapareciendo del discurso de la mayor parte de las
organizaciones políticas autodefinidas de izquierda que forman parte del
Frente Amplio.

Decir "clases sociales" o "lucha de clases" en una de esas reuniones que
aparecen en los informativos de televisión o en la revista Galería con
diplomáticos, empresarios y funcionarios, genera un profundo silencio.
Molestan a los explotadores, incomodan a los que las borraron de su
diccionario, recuerdan un pasado del que se avergüenzan a los militantes de
izquierda que perdieron sus raíces, llaman la atención sobre la agenda de
problemas pendientes. Son palabras que acusan.

También hay excepciones que confirman la regla, por ejemplo el Presidente
de la República José Mujica hizo referencia a las clases sociales en
algunos de sus discursos o declaraciones a los medios. Al recibir el premio
Monseñor Leonidas Proaño de la Asociación Latinoamericana para los Derechos
Humanos el cinco de marzo de 2014 por su apoyo al matrimonio igualitario,
a la despenalización del aborto y a la regulación de la producción y venta
de marihuana. Comentó el Presidente "La agenda de fondo es la dolorosa
diferencia de clase, y que no me vengan a cambiar la literatura, porque hay
que darle a cada cosa su lugar, el problema de fondo no es que un hombre se
acueste con otro hombre, el problema de fondo son las clases sociales, y me
siento sometido y esclavo de la lucha por esa diferencia" y agregó
comentarios sobre su lucha en un mundo dividido en clases así como sobre
las enormes deudas en derechos humanos por las grandes diferencias entre
ricos y pobres ( La Diaria, 06/03/14). Parecería que la diferencia está en
los niveles de ingresos y por lo tanto la lucha (¿del gobierno?, ¿contra
quienes?) sería por reducir esa diferencia. Reiteró la referencia a las
clases sociales al decir "Yo no tengo empacho en decir lo que pienso. Me
puse un fierro a la cintura, le doy importancia a los fierros y quiero
tener muchos fierros de mi lado, todos los que pueda. Algunas blancas
palomitas se horrorizan. Que 'el Ejército tiene que cumplir su labor
institucional...'. Sí, sí, pero las clases sociales existen, querido, y los
militares están para un lado o están para el otro" (La Diaria, 05/02/15).

En el Uruguay de principios del siglo XXI la lucha de clases trasciende los
aspectos económicos y se proyecta en las demandas de medidas del gobierno
en los más diversos campos entre los que se puede destacar los instrumentos
de opresión de las clases dominantes o de lucha por su emancipación de las
clases dominadas y explotadas. Los intereses de clase y los puntos de vista
que los expresan se pronuncian sobre qué estudiar y cómo, la regulación de
los medios de comunicación o el código penal. La lucha de clases se
exacerbó en el parlamento en el debate sobre la el proyecto de ley de
responsabilidad penal empresarial que el Sindicato Único de la Construcción
y Afines (SUNCA) promovió con el fin de sancionar con cárcel los crímenes
del capital y enfrentó a los portavoces del capital que se oponían;
aprobada la ley la lucha continúa hasta hoy y no va a cesar, las
organizaciones de los patrones, diarios como El País y El Observador,
catedráticos de la Universidad de Montevideo entrevistados por los canales
de televisión, ya la declararon inconstitucional y de esa forma presionan a
la Suprema Corte de Justicia. También se manifiesta groseramente en las
políticas de ajuste que para lograr el objetivo de estabilizar los precios
o de pagar la deuda externa, proponen contener o rebajar en términos
reales, los salarios y el gasto público, transfiriendo las pérdidas del
capital a los sectores populares.

Las primeras investigaciones sobre las clases sociales en el Uruguay fueron
de Aldo Solari (1956, 1961); de UNESCO implementado entre 1960 y 1962 sobre
estratificación y movilidad social en Santiago de Chile, Buenos Aires, Río
de Janeiro y Montevideo, este último fue realizado por Aldo Solari y Germán
Rama (Sautu 2011:27); y de Isaac Ganón (1966) y Aldo Solari (1967).

También trabajaron el tema Alfredo Errandonea (1969) y Alfredo Errandonea
(hijo)
(1986, 1989); Antonio María Grompone (1963) sobre la clase media; Carlos
Rama (1960); Carlos Real de Azúa sobre la clase dirigente (1969) y el
patriciado (1981) y Juan Pablo Terra (1987). Vivian Trías puso el énfasis
en el entrelazamiento de los dueños de la tierra con la industria, la banca
y el comercio exterior (1960, 1988) y Luis Stolovich et al (1990)
compartieron la preocupación, redefinieron categorías y diseñaron una
metodología para analizar el poder económico.

Los trabajos más recientes se insertan en las dos vertientes teóricas
señaladas anteriormente, con el enfoque "relacional" Augusto Longhi
adaptó la metodología de Erik Ohlin Wright (1982, 1984, 2002, 2003, 2004,
2005, 2008) y Regueira investigó los impactos de la crisis 2000-2003 sobre
la estructura de clases del año 2000 buscando evaluar si esta última tiene
un rol mediador en los efectos de los ciclos económicos (2011).

Con un enfoque centrado en la estratificación Marcelo Boado (1998,2003,
2004, 2013) analizó la movilidad social así como, con Tabaré Fernández,
los impactos de la última crisis (2006a y 2006b); con el mismo enfoque
Llambí y Piñeiro (2013) y Alberto Riella (2006, 2011) investigaron el
medio rural.

La categoría clase social fue utilizada en las investigaciones de José
Pedro Barrán y Benjamín Nahum que publicaron entre 1967 y 1978 una
Historia Rural del Uruguay Moderno en siete tomos, una profunda
investigación sobre la estructura económica y social desde fines de la
Guerra Grande en 1851 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914.
El mismo enfoque se utilizó en los seis tomos publicados sobre Batlle,
los estancieros y el Imperio Británico entre 1979 y1985. Analizaron las
relaciones de la estructura económica y las clases sociales, con los
procesos políticos y militares. Señalaron por ejemplo que sobre los
aspectos políticos y militares de fines del siglo diecinueve y principios
del veinte grandes historiadores han brindado un completo estudio y agregan
que "En cambio, el enfoque social puede constituir – en la medida en que el
logro sea real – un aporte que el presente del Uruguay reclama con
urgencia". Más adelante adoptan la definición marxista de revolución
diciendo "Las contiendas del novecientos no fueron revoluciones porque no
combatieron clases sociales por el poder, sino guerras civiles porque
lucharon partidos políticos por el control del Gobierno" (1985:7).
Analizaron la relación entre la magnitud de propiedad de la tierra y las
clase sociales diferenciando una clase alta rural heterogénea, una clase
media vinculada a la producción ovina, la peonada y el pobrerío (Tomo VI
1977 267:385)

También identificaron las clases sociales y analizaron su papel en los
procesos económicos y políticos Lucía Sala, Nelson de la Torre y Julio
Rodríguez (1967, 1968, 1969, 1972, 1978), retomado por la primera con Rosa
Alonso en 1991. En la investigación de la economía las referencias a clases
sociales aparecen en el enfoque de economía política de Luis Faroppa (1965)
y en los trabajos del Instituto de Economía (IECON) de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la
República, en particular en la obra colectiva "El proceso económico del
Uruguay (1969) y en la investigación sobre la industria manufacturera de
Julio Millot, Carlos Silva y Lindor Silva (1973).

Con una perspectiva latinoamericana que incluye el caso uruguayo se pueden
mencionar los trabajos de Filgueira (2001), Portes y Hoffman (2003), Franco
et al (2010) y el reciente del Banco Mundial (2013).

La constitución de la clase obrera fue el objeto de investigación de
Rodolfo Porrini (2003, 2005) y Yamandú González Sierra investigó el papel
de la ideología en ese proceso (1990), profundizando el análisis de las
organizaciones y las luchas de los trabajadores asalariados rurales (1994).
Jorge Balbis (1989) en un artículo de aproximación a la historiografía
sindical uruguaya incluye una bibliografía que define como "sumaria" con
doce títulos, entre ellos, los tres primeros tomos de la historia del
movimiento sindical uruguayo producida en sociedad con Carlos Zubillaga (el
cuarto se publicó en 1992). También se encuentran referencias en las
historias sindicales de Francisco Pintos (1960), Héctor Rodríguez (1966,
1990), Germán D'Elía (1969), Wladimir Turiansky (1973), Enrique Rodríguez
(1980, 1988), Germán D'Elía y Armando Miraldi (1984), Jorge Landinelli y
Lucía Sala de Tourón (1984), José Bottaro (1985), Hugo Cores (1989) o
Ricardo Mantero (2003).




5. Origen y evolución de los Consejos de Salarios

La creación de los Consejos de Salarios fue el resultado de un proceso que
comenzó a fines del siglo XIX y se institucionalizó con la ley 10.449 del
12 de noviembre de 1943. Se integran con representantes de los trabajadores
y de los patrones elegidos por voto secreto de los registrados en la
seguridad social y representantes del Poder Ejecutivo, con el objetivo
principal de fijar salarios mínimos por categoría en grupos de actividad
económica. La ley estableció un marco para promover la negociación
colectiva, logró la respuesta de los actores sociales y canalizó los
conflictos en torno a los niveles de salarios. (Notaro et al. 2011a). Se
limitó a los trabajadores urbanos de la actividad privada, excluyendo a los
funcionarios públicos, a los trabajadores rurales y al servicio doméstico.

De acuerdo a dicha ley cada Consejo "hará la clasificación por profesiones
y categorías de los trabajadores que integran el grupo respectivo, la que
será tomada como base para la fijación de los salarios mínimos" (artículo
9º) y "fijarán el salario mínimo aplicable a cada categoría" (artículo
15º). El Poder Ejecutivo se reservó la facultad, actuando en Consejo de
Ministros, de "[…] observar un salario acordado, cuando a su juicio no
llene las exigencias de un mínimo racional por demasiado bajo. En tal caso,
si el Consejo observado no rectifica convenientemente su resolución, el
Poder Ejecutivo podrá establecer el mínimo" (artículo 15º).

En 1944 comenzaron a convocarse las elecciones de representantes de
empresarios y trabajadores, se inició el funcionamiento de los veinte
Consejos creados y se resolvieron los primeros laudos. En las primeras
elecciones votaron algo más de 42.000 trabajadores de un total de casi
97.000 habilitados en trece grupos y un subgrupo sobre los que se dispone
de información. Se aprecian altos porcentajes de votantes de los obreros
con relación al número de habilitados, que van desde mínimos de 57% en la
Química y 63% en la Metalurgia hasta máximos de 79% en Gráficos y 76% en el
Transporte. El Comercio constituye una excepción con un 8%. No se dispone
de información acerca de la participación de patronos en esta elección,
salvo que en el mismo grupo Comercio participaron 89 votantes patronales.
(Abdala, 1946).

Los Consejos de Salarios son un elemento, como "escenario", del Sistema de
Relaciones Laborales (SRRLL). La categoría SRRLL se define como el
conjunto articulado de relaciones surgidas del trabajo, individuales o
colectivas, entre trabajadores, empleadores y gobierno o sus
representantes. El SRRLL es un "sistema complejo" definido por García
(2006) como un conjunto organizado de elementos o subsistemas en continua
interacción entre sí y con el contexto. El SRRLL constituyen un subsistema
que interactúa con otras dimensiones del proceso histórico y cuando se
analiza aislado se convierte en un sistema complejo.

En el análisis de un SRRLL como sistema complejo es necesario tener en
cuenta:
i) Los elementos diferenciables que interactúan son los actores, los
escenarios y el carácter de las relaciones entre los actores. Se considera
"actores" a las organizaciones que representan a los trabajadores o a los
empresarios, y al Estado; se analiza su evolución, estructura interna y
funciones. Se considera "escenarios" a la delimitación de quienes, cómo y
qué negocian; comprende las instituciones (ámbitos u organismos), los
procedimientos (o formas) de relación de los actores, las normas legales
que definen sus funciones y competencias, y los temas que se discuten
(contenidos). Entre las formas de relación se considera la negociación
colectiva, la participación de las organizaciones en instituciones del
Estado y la participación de los trabajadores en organismos en la empresa.
Entre los contenidos, en primer lugar la fijación de salarios, las
condiciones de trabajo y los procedimientos de prevención y resolución de
conflictos. Las relaciones entre los actores se caracterizan con dos
criterios, el primero es el grado en que se combinan
cooperación/participación y confrontación/conflicto y el segundo son las
relaciones de poder en la empresa; ii) las interrelaciones entre el SRRLL
con las diversas dimensiones o subsistemas del proceso histórico, que se
abordan desde dos ángulos complementarios, el carácter de condicionante de
cada una que contribuye a explicar las decisiones que se adoptan y de
condicionadas por los resultados o impactos que reciben del SRRLL. Como
parte del contexto histórico y principales condicionantes del perfil y de
sus cambios se tiene en cuenta la situación económica, la estructura
social, el sistema político y la cultura. Se incluyen como condicionantes y
como resultados, aspectos que trascienden al SRRLL como la política
económica y la participación de los actores sociales en el sistema
político; iii) el proceso de cambio como resultado de las interacciones con
el contexto que ponen en marcha interacciones entre sus elementos (Notaro,
2010 y 2015)

Entre 1968 y 1984 los Consejos no funcionaron, suspendidos por una
resolución de congelación de precios y salarios primero y la prohibición de
la actividad sindical por la dictadura militar después. En el proceso de
transición a la democracia la convocatoria a los Consejos formó parte de
los acuerdos de la Concertación Nacional Programática (Notaro 1989 6:8) de
modo que en cumplimiento de este compromiso el Presidente Sanguinetti a
través del Ministro de Trabajo Fernández Faingold se convocaron nuevamente
en 1985. A partir de ese momento los representantes de trabajadores y
empresarios fueron designados por el Poder Ejecutivo y no surgieron de
elecciones como establecía la ley de 1943. Los laudos no tenían carácter
obligatorio hasta que se aprobaban por un decreto, ya que la congelación de
precios y salarios durante la presidencia de Pacheco Areco y posteriormente
un Decreto – Ley de la dictadura facultaron al Poder Ejecutivo a fijar los
salarios y los precios.[5]

A fines de 1992 el gobierno del Partido Nacional presidido por el Dr.
Lacalle suspendió la convocatoria de los Consejos, en un contexto de alta
inflación que alcanzó a 112.5% en 1990 y 102.0% en 1991, dejando la
negociación salarial librada a los actores. Como consecuencia se redujeron
las negociaciones colectivas hasta acercarse a la desaparición a nivel de
los Grupos de actividad económica de los Consejos de Salarios; aumentaron
el bipartismo y los convenios a nivel de empresa; aumentó el poder de los
empresarios sobre los trabajadores lo que se reflejó en modificaciones de
las condiciones de trabajo, deterioro de la calidad del empleo y caída del
salario real. El Estado continuó fijando el salario mínimo nacional, el de
los trabajadores rurales y el del servicio doméstico. Funcionaron Consejos
tripartitos en las actividades que tenían precios controlados como la salud
y el transporte de pasajeros de Montevideo y suburbano, así como en la
construcción, actividad en la que el Estado era el cliente más importante
por las obras públicas y los créditos para vivienda de un banco estatal, el
Banco Hipotecario del Uruguay. Estas actividades, así como los bancos,
llegaron al final de período sin discontinuidades en la negociación, con
convenios colectivos que establecían salarios mínimos por categorías que
comprendían a 90.000 asalariados de la actividad privada. (Notaro 2005, p.
21- 24).

Los cambios en la estructura económica contribuyeron a modificar la
composición y a debilitar al movimiento sindical por el cierre de las
grandes empresas industriales donde la organización sindical era importante
y a la expansión del empleo asalariado en los servicios, en los que no se
logró instalar.

A partir de 2005 la convocatoria del nuevo gobierno a los actores sociales
a la participación para la regulación, puso en marcha un proceso que dio
origen a fines de 2009 a un nuevo Sistema que presenta cambios en los tres
componentes que definen su perfil: los actores, los escenarios y el
carácter de las relaciones entre los actores. La respuesta de las
organizaciones empresariales y sindicales a la convocatoria del gobierno a
participar para la regulación generó un Sistema de Relaciones Laborales
Regulado y Participativo. (Notaro 2009, p. 48 - 49) que comenzó a funcionar
plenamente en marzo de 2010.

Se consolidaron escenarios tripartitos, se fortalecieron los actores
sociales y se redujo la desigualdad en las relaciones de poder. Se
recuperaron los escenarios por grupo de actividad económica y se
incorporaron a los Consejos de Salarios a los trabajadores del sector
público, de las actividades rurales y del servicio doméstico. El gobierno
fue el principal protagonista: con sus propuestas y su estilo negociador
creó condiciones para el desarrollo de la actividad sindical, logró una
mayor cooperación y aseguró una alta rentabilidad al capital. La lucha de
clases tuvo características nuevas, el gobierno fue el punto de referencia
de conflictos con el movimiento sindical por los aumentos de salarios y con
el sector empresarial por leyes que implicaban cambios en las relaciones
de poder. El gobierno tuvo intentó compatibilizar los intereses de ambos
actores para superar sus contradicciones de clase, mejorando la situación
de los trabajadores en las relaciones de poder y al mismo tiempo, regulando
los aumentos de salarios para asegurar una alta rentabilidad al capital.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) implementó un
procedimiento de participación para promover los cambios jurídico –
institucionales que se repitió durante todo el período. Convocó a las
organizaciones sindicales y empresariales a considerar cada uno de sus
proyectos relevantes; recibió propuestas de cambios y las incorporó
parcialmente. Los acuerdos se institucionalizaron mediante decretos del
Poder Ejecutivo y se pusieron en práctica; las experiencias se recogieron
en proyectos de ley que se pusieron nuevamente a consideración de los
actores sociales; finalmente, se enviaron al parlamento, que los aprobó con
algunas modificaciones.[6] Como señala Quiñones "El concepto de diálogo
social se encuentra en el centro de la política del gobierno de izquierda,
y convocado explícitamente por medio de leyes" (2011:80). Sólo en los
criterios para los aumentos de salarios se abandonó este procedimiento con
pautas definidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e
implementadas por el MTSS, que minimizaron el margen de negociación.

La incorporación de los trabajadores del sector público a los Consejos de
Salarios se realizó con el mismo procedimiento participativo que culminó
en una nueva regulación. En marzo de 2005 se convocó a las organizaciones
representativas de los funcionarios públicos a una mesa de negociación
bipartita en la que se firmó un Acuerdo Marco consensuado que incluyó la
creación de un Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público
(CSNCSP) como ámbito para definir las reglas de juego de las negociaciones
y supervisar su cumplimiento; se elaboró un proyecto de ley que recogió la
experiencia realizada y que fue aprobado.

La incorporación de las actividades rurales a los Consejos de Salarios
también se realizó con este procedimiento. Los actores sociales propusieron
sus representantes para el Consejo Superior Rural (COSURU) que definió por
consenso los Consejos por grupo de actividad económica y los lineamientos
para convocarlos. Continuó analizando pautas de libertades sindicales y
buen relacionamiento, que se aprobaron con los votos de las
representaciones del Poder Ejecutivo y de los trabajadores; la limitación
de la jornada laboral tampoco logró consenso y el debate continuó en el
Parlamento hasta la aprobación de la Ley.

Como requisito para participar de estos nuevos escenarios las
organizaciones empresariales tuvieron que ponerse de acuerdo para elegir su
representación y como resultado surgió un actor empresarial que expresa
los intereses comunes y generales. Al comienzo del nuevo período de
gobierno se destacaba que "La heterogeneidad y fragmentación de la
estructura de representación de los intereses empresariales, consolidados
históricamente, persisten, coexistiendo diferentes segmentos con
orientaciones divergentes. Asimismo, no se observa el surgimiento de un
liderazgo empresarial alternativo capaz de ejercer de portavoz del sector,
con condiciones para expresar un nuevo consenso en torno a las alternativas
de desarrollo deseada por los mismos" (Zurbriggen 2004 129:133). Cabe
mencionar un frustrado intento de formar un Consejo Superior Empresarial
que funcionó durante un corto período en la década de los años noventa.

Los representantes en los consejos Tripartito y Rural, seis titulares y
seis suplentes, fueron designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las
organizaciones empresariales, que después de complejas negociaciones
lograron consenso. Las organizaciones empresariales son numerosas y algunas
de trayectoria mayor a un siglo como la Cámara de Industrias del Uruguay,
fundada en 1898 (www.ciu.com.uy) y la Cámara Nacional de Comercio y
Servicios del Uruguay que sitúa su origen en la Junta de Comerciantes
creada en 1795 (www.cncs.com.uy). No están representadas las instituciones
financieras, ya que la Asociación de Bancos se disolvió y la nueva gremial
creada a fines de 2005 excluye los temas laborales de su campo de acción.
Para algunos empresarios fue la primera oportunidad de relacionarse con un
sindicato, admitir su existencia, conocer sus reivindicaciones y negociar.
Para otros, la primera oportunidad de participar de una cámara, condición
necesaria para tener representación en el Consejo de Salarios.

Los diferentes puntos de vista de trabajadores y patrones que expresaban
sus intereses de clase se manifestaron en sus demandas al gobierno, a
solicitud de las organizaciones sindicales se puso en debate un proyecto
sobre el fuero sindical y a solicitud de los empresarios un proyecto de
prevención y solución de conflictos así como la regulación de las
ocupaciones de lugares de trabajo. El MTSS tuvo en cuenta diversas
propuestas de modificación que hicieron los actores sociales pero las
resoluciones no lograron consenso.

El MTSS considera que la ocupación del lugar de trabajo es una extensión
del derecho de huelga y estableció un procedimiento por el cual los
empresarios pueden solicitar al Poder Judicial la desocupación. Los
empresarios consideran que se no se respeta el derecho de propiedad y los
sindicatos que es una forma de reglamentación de la huelga.

Con el pasar del tiempo los resultados contribuyeron a que ambas normas
fueran aceptadas. Desde 2006 a 2008 se realizaron 17 demandas de
reposición de trabajadores por decisiones antisindicales, de las cuales
sólo 8 se resolvieron a favor de los trabajadores. Las solicitudes de las
empresas a la justicia de desocupación de lugares de trabajo fueron
aceptadas y marcaron un cambio importante, en la medida que la empresa
solicitaba la desocupación a la justicia, en la mayor parte de los casos
los trabajadores se retiraban sin esperar el fallo.

El proceso generó resoluciones aceptables para las partes hasta que en
octubre de 2007, cuando el MTSS puso en discusión un proyecto de ley sobre
la responsabilidad de las empresas cuando tercerizaban actividades, la
representación empresarial consideró que sus puntos de vista no eran
contemplados y se retiró de todos los escenarios excepto de los Consejos de
Salarios, aunque continuó negociando por vías informales.

Rosenbaum[7] (2009, p. 57) considera que los hechos principales que
"desembocaron en un alejamiento de las veinticuatro cámaras empresariales,
al menos de la discusión de la reglamentación legal de la negociación
colectiva para regir en el sector privado" fueron el conflicto exacerbado
que propició varias ocupaciones de los lugares de trabajo, el Decreto
165/006 que legitimó dichas medidas de fuerza así como la ley sobre
responsabilidad del empleador en la subcontratación, intermediación y
suministro de mano de obra.

En la estrategia de las organizaciones empresariales se pueden diferenciar
dos planos, en la política laboral los empleadores manifestaron sus
discrepancias pero en la política económica traducen el acuerdo en el
permanente aumento de la inversión, el empleo y el nivel de actividad
(Notaro 2009, p. 46-47).

En la estrategia de las organizaciones sindicales, una importante
particularidad a tener en cuenta en este período es la coincidencia
política de las corrientes predominantes con el gobierno, lo que es un
elemento relevante para explicar la baja conflictividad y la aceptación de
pautas para aumentos de salarios moderados. La unificación del movimiento
sindical en la convención Nacional de Trabajadores (CNT), la alianza con
otras organizaciones populares y de capas medias en el Congreso del Pueblo
y los programas elaborados, fueron previos a la formación del FA en 1971 y
contribuyeron en forma importante a su constitución y fortalecimiento.

El programa del FA en 2004 incluyó numerosas reivindicaciones de la central
sindical, como la convocatoria a los Consejos de Salarios, la incorporación
del servicio doméstico y la recuperación del salario real perdido durante
la crisis, que el nuevo gobierno implementó.

Durante los primeros años del nuevo gobierno el PIT – CNT priorizó la
negociación de los cambios institucionales, graduando las medidas de lucha
y focalizando las críticas en la política económica. La estrategia sindical
predominante fue de diálogo y negociación con el gobierno, con pocas
medidas de lucha durante 2005, que aumentaron hasta 2008 y descendieron en
2009, año electoral "Instituto de Relaciones Laborales (2011)". Desde 2006
se realizaron nueve paros generales parciales (de cuatro a cinco horas de
duración, predominantemente en Montevideo) y uno nacional de veinticuatro
horas, reivindicando cambios en la política económica. Las plataformas
proponían una política económica al servicio del pueblo y del país, una
mejor distribución de la riqueza, una profundización de los cambios o
mayores aumentos de salarios. En algunos paros se reivindicó también un
aumento del salario mínimo nacional a $8.500 (370 dólares en ese momento),
la asignación del 4.5% del PBI a la educación o la oposición a un Tratado
de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Fue una particularidad del período el aumento de las ocupaciones de los
lugares de trabajo y en menor medida, de tierras. En algunos casos fue una
medida utilizada por sindicatos débiles o en formación para interrumpir la
actividad de la empresa y en otros fue una forma de lucha para fortalecer
el sindicato, como para la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas
Afines (UNTMRA), que en 2008 ocupó más de 100 empresas metalúrgicas
simultáneamente durante unas horas y en 2009 repitió en la medida en 7
empresas de la industria del plástico.

La reconstrucción de los escenarios fue un estímulo muy importante para el
desarrollo de las organizaciones sindicales y según estimaciones de la
central, "En 2004, el PIT-CNT registraba 130 mil trabajadores agremiados.
Al momento actual cuenta con 320 mil afiliados. El crecimiento se produjo
por el ingreso de trabajadores a los gremios ya existentes y por la
creación de 630 nuevos sindicatos" (Instituto Cuesta Duarte (ICD) 2010). La
ley que protege a los militantes sindicales del despido por causa de su
actividad dio un nuevo impulso al surgimiento de organizaciones y al
aumento del número de afiliados. La Constitución reconoce el derecho de
agremiación pero era necesaria una ley que definiera la persecución de la
actividad sindical y estableciera un procedimiento reparatorio. El adoptado
se realiza ante la justicia y le reconoce a la organización sindical un
nuevo rol ya que "la legitimación activa para la promoción de los procesos
creados por la ley 17.940 radica en dos sujetos: el trabajador objeto de
los presuntos actos discriminatorios y la organización sindical a que
pertenece" (Loustaunau 2006: 56). El movimiento sindical logró formar
nuevas organizaciones de trabajadores como en empresas de limpieza,
empresas de seguridad, redes de pago y actividades portuarias.

El cambio en los escenarios se institucionalizó a fin de 2009 dando un
marco legal a las experiencias de participación para la regulación,
incorporando además las negociaciones bipartitas a nivel de empresa para el
sector privado en una Ley sobre el Sistema de Negociación Colectiva (No.
18.566 de 11/09/09) y una ley de negociación colectiva en el marco de las
relaciones laborales para los trabajadores del sector público (No. 18.508
de 16/07/09).

La ley del sector privado delegó en el Consejo Superior Tripartito
facultades que hasta ese momento correspondían al Poder Ejecutivo, como la
integración de los grupos de los Consejos de Salarios, la creación de
nuevos subgrupos, la reclasificación de empresas y la fijación del salario
mínimo. Como nuevas facultades a los Consejos corresponderá regular la
licencia sindical y las condiciones de trabajo. El Poder Ejecutivo perdió
la facultad para fijar los salarios y desde 2010 pasó de definir pautas
obligatorias a lineamientos que anuncian cual será el punto de vista de los
representantes del gobierno en los Consejos.

La ley creó condiciones para aumentar la cooperación y reducir la
confrontación. El artículo 5 institucionaliza la colaboración y las
consultas con el objetivo del "fomento de la comprensión mutua y de las
buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, así como entre las propias organizaciones".
Se asigna la función de mediación y conciliación al MTSS (artículo 18), se
faculta a los actores sociales a acordar mecanismos de prevención y
solución de conflictos así como la posibilidad de recurrir al MTSS o al
Consejo de Salarios (artículo 20) y que "Durante la vigencia de los
convenios que se celebren, las partes se obligan a no promover acciones que
contradigan lo pactado ni aplicar medidas de fuerza de ningún tipo por este
motivo" (artículo 21).

La ley para el Sector Público incluyó el derecho a la negociación colectiva
(artículo 3), definió los contenidos de las negociaciones (artículo 4) y
el ámbito de aplicación (artículo 8), estableciendo los mecanismos de
prevención y solución de conflictos (artículo 15). Institucionalizó dos
situaciones como resultado de las normas constitucionales que inciden
directa o indirectamente sobre los procedimientos de fijación de salarios.
Por una parte el Poder Ejecutivo y las empresas públicas tendrán tres
niveles de negociación, global en un Consejo Superior con ocho
representantes del Poder Ejecutivo y ocho de las organizaciones sindicales
(artículo 11), sectorial y por organismo o inciso presupuestal. Por otra,
los organismos con mayor autonomía como el Poder Legislativo, el Poder
Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de
Cuentas, la Corte Electoral, los gobiernos departamentales y los entes de
enseñanza, en los que "se constituirán mesas de negociación, atendiendo a
las particularidades reconocidas por la constitución de la República"
(artículo14).

En el transcurso de los diez años de gobierno del FA los resultados
económicos permitieron mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los
asalariados, y al mismo tiempo, mantener una alta tasa de ganancias. De
acuerdo a los datos del INE (ver www.ine-gub.uy o Notaro 2014) el número
de personas ocupadas tuvo un aumento sin precedentes, el Índice Medio de
Salarios superó el nivel previo a la crisis, el aumento de las pasividades
está indexado a los salarios y por lo tanto aumentó en la misma medida, fue
importante la transferencia de ingresos hacia el 20% más pobre de la
población, se creó un Sistema Nacional Integrado de Salud que por su
cobertura y su financiación tuvo un impacto redistributivo positivo y se
redujo el número de personas pobres del 30% al 11.5%. El empleo sin
restricciones o de buena calidad aumentó del 55% del total de ocupados en
2004, al 73% en 2014, de modo que sólo el 27% de los trabajadores no tienen
cobertura de la seguridad social o están subempleados en la medida que
trabajan menos horas que las que quisieran (ver www.ine.gub.uy).

Estos resultados excepcionales se apoyaron en el "shock" externo más
favorable de los últimos cincuenta años, por el aumento de la demanda y los
precios de las exportaciones así como por una oferta de fondos abundante y
a bajas tasas. Se lograron con tipo de cambio real alto o en descenso, así
como con inflación en descenso o ascendente. No fueron anulados por los
impactos de la crisis internacional que provocó un descenso de las
exportaciones a fines de 2008, pero sin que la economía tuviera dos
trimestres sucesivos de caída del PBI.

Aumentó aceleradamente el nivel de actividad económica, la inversión
privada y el precio de la tierra, que son indicadores de buenos niveles de
rentabilidad; si los niveles de rentabilidad fueran bajos, no aumentaría la
inversión privada ni el precio de los arrendamientos de tierras. El
gobierno del FA contribuyó a la supervivencia de numerosas empresas a las
que la crisis de 1999 – 2003 había dejado en una situación de incapacidad
de pago de sus deudas, mediante diversas fórmulas de refinanciación. La
transmisión directa de los aumentos de precios externos a la cadena
agroindustrial exportadora fue mayor que la caída del tipo de cambio real y
al mismo tiempo, bajó los precios relativos de las importaciones
promoviendo el aumento del nivel de actividad comercial.


6. La lucha de clases en los consejos de salarios

El que quiera verificar que existen clases sociales en lucha puede asistir
a una reunión de algún subgrupo de los consejos de salarios y observar, en
vivo y en directo, la apasionada confrontación de puntos de vista sobre los
aumentos de salarios y las condiciones de trabajo, que es una forma de
discutir cómo se va a repartir la riqueza generada entre los trabajadores y
sus patrones. La lucha en los consejos incluye además una dimensión
política: las relaciones de poder dentro de la empresa y en el sistema
político, en aspectos como la facultad o la imposibilidad de los patrones
de despedir a militantes sindicales o la exigencia al gobierno de
decisiones de política económica. La confrontación de puntos de vista es
una primera manifestación de la lucha de clases, que continúa con la
adopción de medidas. Los patrones amenazan con despidos por pérdida de
competitividad y pueden cerrar las empresas transitoriamente, mientras que
los trabajadores interrumpen la actividad y pueden ocupar los lugares de
trabajo

Se puede suponer que la ley que creó los Consejos en 1943 resultó del
análisis y la discusión, racional y erudita de los legisladores. Si se
tiene en cuenta que el primer proyecto se presentó en 1912, que tuvo largos
períodos en los que su convocatoria fue suspendida por parte del Poder
Ejecutivo y si se analizan las relaciones con el contexto histórico, se
descarta esa hipótesis inicial y se concluye que la creación y el
funcionamiento son resultados de las fluctuaciones en las relaciones de
poder entre trabajadores y patrones, así como con el Estado, es decir,
resultado de la lucha de clases.

La aprobación de la ley implicó la legitimación de la lucha de clases al
reconocer la existencia de trabajadores asalariados y de patrones con
puntos de vista e intereses contradictorios, y al mismo tiempo, convocó a
la superación del conflicto con la participación del Estado sin cuestionar
el marco de la relación capital-trabajo y el sistema republicano
representativo, desalentando los proyectos revolucionarios.

Los Consejos surgieron como un componente de una transición en múltiples
aspectos del proceso histórico. En el plano político, desde el golpe de
Estado de 1933 hacia la democracia consolidada en 1946. En la dimensión
económica, desde la estrategia agro exportadora que comenzó a agotarse
durante la crisis de 1929, hacia la de sustitución de importaciones para el
mercado interno. En el plano social, por la importancia creciente de los
empresarios y el proletariado industrial (Notaro y Fernández Caetano,
2012).

En la óptica gubernamental el nuevo escenario facilitaría el entendimiento,
promovía la pacificación y la armonía social, junto con un objetivo de
justicia social, ya que permitiría mejorar los salarios de los trabajadores
sin organización sindical. Sanguinetti consideró que con la ley "[…] el
país instituyó un método de fijación de salarios y por cuyo conducto el
legislador quiso asociar al Estado, al Capital y al Trabajo en una obra de
pacificación social, en un noble empeño por alcanzar el entendimiento
–camino único hacia soluciones duraderas – como fruto de un trabajo
perseverante ejecutado en común en planos de comprensión y armonía exentos
de agresividades no sólo estériles sino nocivas." (En Abdala, 1956,11-12).

Para Frega, Maronna y Trochón (1985a:28), "el gobierno a partir de los años
40 buscará instrumentar mecanismos de conciliación entre los distintos
sectores sociales, tratando de evitar radicalizaciones peligrosas para la
paz y el orden social. El aval de los EE.UU. en el proceso de
«redemocratizar» al país, debió jugar como factor estimulante". Destacan la
influencia de las ideas keynesianas sobre la necesidad de intervención del
Estado para lograr equilibrios sociales y resultados económicos en el
control de la inflación, la redistribución del ingreso y el nivel de
empleo.

A partir de 2005, con el gobierno del Frente Amplio a lucha de clases en
las relaciones capital – trabajo, tanto en el plano económico como en el
político, se volvió más compleja por el protagonismo del gobierno que
implicó que al conflicto básico entre los sujetos colectivos se agregaran
otros dos que oponían al gobierno con los sindicatos y con las cámaras
empresariales.

En las relaciones de los sindicatos con los empresarios, en un balance
realizado en noviembre de 2010 el PIT – CNT consideró que "la estrategia
empresarial ha hecho algo de mella intentando empantanar la búsqueda de
acuerdos en la negociación colectiva" lo que llevaría a resolver por
mayoría (PIT - CNT 2010b).

El Poder Ejecutivo mantuvo la condición de referente en conflictos con el
movimiento sindical por la redistribución del ingreso y con el sector
empresarial por las normas que limitan el poder de los empresarios. Los
conflictos tuvieron como referentes distintos ministerios, las
organizaciones empresariales tuvieron como principal antagonista al MTSS,
en el cual tienen una presencia importante funcionarios que fueron
dirigentes sindicales. Las negociaciones sobre los posibles cambios a la
ley marco de las negociaciones colectivas en el sector privado se
estancaron pero la actividad económica continuó funcionando fluidamente.

Las organizaciones sindicales tuvieron como principal antagonista al
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que desde el comienzo del gobierno
del FA fue ejercido por integrantes de la corriente socialdemócrata y
tiene como principales preocupaciones la estabilización de precios y la
promoción de la inversión extranjera directa. Desde 2010 los lineamientos
proponen como criterio para el aumento de salarios por los Consejos, la
inflación proyectada de acuerdo al centro de la banda establecida por el
Banco Central del Uruguay (BCU), lo que impidió que los aumentos fueran
mayores ya que durante todo el período la inflación fue entre 2% y 3%
superior al centro de la banda. La visión sobre las relaciones entre
salarios, empleo, inflación y competitividad condicionó los aumentos de
salarios al logro de metas macroeconómicas, las que a su vez están
condicionadas por los organismos multilaterales de crédito y las
valoraciones de las empresas calificadoras de riesgo. Cook señala que la
política económica fue moderada, no implicó una ruptura radical con el
pasado y que tanto el FMI como el Banco Mundial trabajaron muy próximos al
gobierno (2011:68).

El 30 de junio de 2010 la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT
resolvió, entre otros puntos, "Destacar que analiza con profunda
preocupación las pautas emanadas del Poder Ejecutivo para la nueva
instancia de Consejos de Salarios del sector privado así como la no
instalación de los ámbitos correspondientes de la negociación colectiva de
públicos y los elementos aparecidos públicamente sobre el nuevo Presupuesto
Quinquenal".

Se agregaron reivindicaciones específicas de diversos gremios. En la
educación los sindicatos consideraron necesario la asignación del 6% del
PBI; las autoridades, como el Consejo Directivo Central (CODICEN) de la
Administración Nacional de la Enseñanza Pública (ANEP) solicitaron un
presupuesto equivalente al 6.5% del PBI al que se agrega la solicitud de la
Universidad de la República por otro 1%. La Confederación de Organizaciones
de Funcionarios del Estado (COFE) reivindicó un salario de $14.427
mensuales por 30 horas semanales así como la instalación del Consejo del
Sector Público para discutir condiciones de trabajo.

Las organizaciones sindicales pasaron de priorizar los cambios de
escenarios a la redistribución del ingreso y acentuaron las medidas de
lucha contra la política económica. Durante los primeros quince meses del
primer gobierno del Frente Amplio el movimiento sindical no realizó ningún
paro general mientras que en igual período del segundo gobierno se
realizaron cinco parciales y uno de 24 horas. Se acompañaron con
movilizaciones callejeras por la plataforma reivindicativa que tiene
diferencias con los lineamientos del gobierno para los aumentos de
salarios.

En una síntesis del carácter de sus relaciones con el gobierno el
movimiento sindical consideró que "En el tiempo que lleva el actual
gobierno en su ejercicio, constatamos avances y también contradicciones con
las propuestas de país que impulsa nuestro PIT – CNT…" (PIT – CNT 2011b).
Como principales diferencias se señalaron la política de redistribución de
la riqueza y la anulación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva
del Estado. Concluyendo que "En definitiva lo que está en disputa es la
continuidad y la profundización del actual proceso de cambios frente al
bloque de poder que integran las clases dominantes."

Las organizaciones patronales transitaron desde una actitud más abierta a
la búsqueda de consensos hacia una mayor confrontación en algunos aspectos
de la legislación. El conflicto continuó centrado en las discrepancias con
algunos artículos de la Ley 18.566 de Sistema de Negociación Colectiva para
el Sector Privado, que llevó a dos gremiales empresariales, la Cámara de
Industrias del Uruguay y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del
Uruguay a presentar una queja contra el gobierno de Uruguay ante el Comité
de Libertad Sindical de la OIT el 10 de febrero de 2009 y un complemento el
16 de octubre del mismo año. El Gobierno envió sus réplicas el 29 de
diciembre de 2010 y el 11 de enero de 2011.

En este tema el Secretariado Ejecutivo del PIT – CNT presentó un documento
(2011 a) en el que manifiesta su disposición a negociar pero "Lo que no
está en posición de aceptar es una modificación de la ley para incluir
temas que no fueron objeto de regulación por esta, ni que propicien cambios
que impliquen un retroceso o modificación de aspectos que la tornen
inaplicable o inocua" Se refiere a que no acepta la inclusión en la ley de
la regulación de las ocupaciones de los lugares de trabajo ni del derecho
de huelga, como tampoco cambios que transformen a la negociación de
obligatoria y sectorial a voluntaria y por empresa.

En febrero de 2011 el gobierno convocó a la primera reunión para discutir
las propuestas de modificación a la Ley marco de las negociaciones
colectivas del sector privado propuestas por el Comité de Libertad Sindical
de la OIT. En octubre del mismo año la OIT envió una misión a Montevideo
que mantuvo entrevistas con las partes sin lograr resultados. La ley ya
cumplió cinco años sin que se observen impactos negativos en ningún aspecto
del contexto del SRRLL y en particular, no cambiaron las decisiones
empresariales de inversión y aumento del nivel de actividad.

Algunos aspectos de la política laboral del Poder Ejecutivo contribuyeron a
reorientar la confrontación de las organizaciones sindicales con las
patronales, por el reparto entre salarios y plusvalía, hacia el gobierno.
Con la aprobación de la ley marco de las negociaciones colectivas para el
sector privado debería haber retomado su papel de mediador entre el capital
y el trabajo en los consejos, pero optó por definir "lineamientos" que
incorporaron un tercer punto de vista a la negociación, operó como un techo
a las reivindicaciones sindicales y como consecuencia aumentó la
rentabilidad del capital. El objetivo de mantener constante el salario
real del sector público tuvo como respuesta múltiples medidas de lucha.

El equipo económico cometió dos errores que complicaron las negociaciones
en los Consejos de Salarios:

i) las proyecciones de Producto Bruto Interno (PBI) y de inflación que
propuso el MEF como contexto para discutir los aumentos de salarios y del
gasto público fueron equivocadas, subestimando ambos incrementos. Como
consecuencia los aumentos de salarios reales fueron menores a los previstos
y el gasto público perdió importancia relativa.
ii) con la aprobación de la ley marco de las negociaciones colectivas para
el sector público a fines de 2009 el gobierno se comprometió a negociar las
condiciones de trabajo y no lo cumplió incorporando estos aspectos en el
presupuesto sin negociaciones previas. Un error similar, el incumplimiento
del convenio colectivo por el gobierno del FA de la Intendencia Municipal
de Montevideo con el sindicato, creó las condiciones para la pérdida de
credibilidad del FA entre los trabajadores municipales y dio lugar a un
largo período de confrontación.

Las organizaciones de trabajadores tuvieron una mayor propensión a la
adopción de medidas de lucha como paros, movilizaciones y excepcionalmente,
ocupación de los lugares de trabajo. Con un enfoque clasista, se espera que
las nuevas organizaciones y los nuevos afiliados formen su conciencia de
clase en la lucha.

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Weber, Max (1922) Economía y Sociedad. Tomo I (Capítulo II) y II. 1964.
México: FCE.
Zubillaga, Carlos y Jorge Balbis (1985 - 1992) Historia del movimiento
sindical uruguayo. Montevideo, EBO 4 tomos, el I en 1985 y el IV en 1992.
Zurbriggen, Cristina (2004) "Empresarios y políticos: un contexto
institucional precario para la búsqueda de consensos" en Informe de
Coyuntura No. 5,129:133 ICP.




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[1] Entrevista de Adela Dubra al genealogista Ricardo Goldaracena. Revista
Galería del semanario Búsqueda, 12 de julio de 2001, p.8.


[2]Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO – 88) adaptada
al Uruguay (CNUO- 95) por el INE; esta clasificación fue modificada
recientemente. Ver www.ine.gub.uy.
[3] La información detallada de los tipos de ocupación y categorías se
puede encontrar en la página web del Instituto Nacional de Estadística,
www.ine.gub.uy, en Metodología de la Encuesta Continua de Hogares
[4] El manual detallado de la clasificación se encuentra en la página web
del INE www.ine.gub.uy
[5] Un versión detallada del SRRLL desde 1968 hasta 2009 se encuentra en
Notaro et al 2011b
[6] Las leyes y decretos se pueden consultar en www.presidencia.gub.uy
Legislación
[7] El Dr. Jorge Rosenbaum es catedrático de Derecho Laboral en la
Universidad de la República e integra la representación empresarial como
asesor.