Los silencios de la memoria chilena. La construcción de una memoria post-violencia política en Chile, 1990 – 2005.

V Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea. Mesa 17: “La historia tras las olas. Las transiciones a la democracia desde la II Guerra Mundial”.

Los silencios de la memoria chilena. La construcción de una memoria post-violencia política en Chile, 1990 – 2005.

Jaime Álvarez G. | Diego Caro R. | Francisca Valenzuela V.

Resumen: El presente trabajo busca explorar la construcción de la memoria post-violencia política en el Chile de la transición a la democracia entre los años 1990 y 2005. Para ello, identifica la presencia de algunos silencios en el poder ejecutivo, el poder judicial y las políticas de educación nacional, como también agentes del olvido que han contribuido a ellos. Al mismo tiempo, se cuestiona la permanencia de estos silencios hasta nuestros días, en un país que aparentemente superó la transición y tiene un régimen político democrático estable.

Astract: This paper explore the construction of memory in transitional Chile, between 1990 and 2005, after the dictatorship of Augusto Pinochet. To achieve that objective, is necessary to identificate the presence of some “silences” on government and congress, justice and national education policies, identifying as well oblivion agents, who had contributed with the position of those silences in the chilean society. At the same time, this study dispute the persistance of those silences till our days, in a country that apparently ended the transition and have now a democratic regime with institutional stability.

Palabras clave: Memoria, verdad, justicia, Chile, transición, democracia.

El proceso transicional iniciado en 19901 en Chile, trajo consigo el surgimiento de memorias que el historiador Steve J. Stern ha considerado “emblemáticas”2, desde el punto de vista que disputan el marco de rememoración colectiva en torno a la dictadura. Pero junto con ello, algunos han querido traer también silencios y olvidos. De este manera, la siguiente investigación tiene como objetivo develar cómo se han producido e instalado dichos silencios en la sociedad chilena, teniendo especial énfasis en sus agentes: agentes que buscan el silencio y con ello el olvido. Nos enfocaremos principalmente en tres ámbitos que consideramos claves para la sociedad chilena, y para entender la memoria que se ha construido post-violencia política en Chile. Estos son fundamentalmente: la administración pública, separada primero en el poder judicial, además de los proyectos de verdad y justicia que se disputan durante el período 1990-2005; segundo, en el poder ejecutivo y legislativo, como agentes fundamentales para la construcción de una memoria u olvido desde el discurso oficial; y finalmente, la educación, concibiéndola como un enclave fundamental en la transmisión transgeneracional de la historia y la memoria, y desde la cual se devela también el discurso oficial del Estado al definirse qué es lo que debe o no ser enseñado. El siguiente trabajo, entonces, propone identificar en las tres áreas recién señaladas actores del silencio, que a la vez se han visto enfrentados con sectores de la sociedad que resisten al olvido. El período elegido se justifica en la medida en que 1998 es un año de cambios tras la detención de Augusto Pinochet Ugarte en Londres, que cambió la forma de hacer justicia, el discurso desde la administración pública, y que permite cuestionar una                                                                                                                 1  En 1990 asume la Concertación de Partidos Por la Democracia, tras el plebiscito de 1988 que tuvo como resultado poner fin a la dictadura, y el inicio de un proceso de elecciones democráticas. Asumió en marzo de 1990 el presidente Patricio Aylwin, del partido Demócrata Cristiano. Este nuevo ciclo político ha sido denominado “Transición chilena”, ampliamente estudiado por la forma en que dio fin a la dictadura, y por la relación que se tuvo con  quienes estuvieron implicados en ésta. 2  El historiador estadounidense Steve Stern, utilizó el concepto de “memoria emblemática”2 para referirse a las diversas “memorias” existentes sobre el régimen pinochetista. Dentro de la explicación sobre la memoria emblemática, Stern ha señalado que algunas memorias se superponen a otras y ganan mayor legitimidad en la construcción colectiva de la memoria. El autor reconoce cuatro memorias sobre Pinochet y la dictadura: la memoria como salvación, que postula que el golpe de Estado y la dictadura habrían salvado a Chile de un régimen marxista. La memoria como ruptura irresuelta, que poseen aquellos que experimentaron la violencia de Estado personalmente, en un miembro de la familia o con un amigo; la memoria como persecución y despertar de quienes consideran a la dictadura como un período de represión pero también de despertar social e individual y, finalmente, la memoria como caja cerrada, que desea olvidar los diversos hechos acontecidos para una posible reconciliación social. Véase en: Stern, Steve. Recordando el Chile de Pinochet en vísperas de Londres 1998. Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, 2009  

 

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reforma educacional al currículum escolar llevada a cabo durante este período, que no incluye a lo sucedido en dictadura como contenido mínimo obligatorio a enseñar, aunque sí a los derechos humanos como eje transversal en la educación. Al mismo tiempo, esta es una investigación aún en curso, por lo que en esta ocasión nos abocaremos específicamente a historizar lo sucedido en nuestra primera periodificación que se encuentre entre los años 1990 y 1998, dando algunas pistas sobre la continuación de esta construcción de memoria que tiene otro punto culmine entre los años 2003 y 2005, cuando el gobierno del entonces Presidente Ricardo Lagos anuncia una nueva comisión para conocer casos de tortura cometidos bajo la dictadura. Hablar sobre los silencios de la memoria en el Chile post violencia política implica abordar cómo se producen los silencios en un poder fundamental de cualquier democracia donde los tres poderes se encuentran separados. En ese sentido, el objetivo inicial de este trabajo es entender dónde se producen los silencios del Poder Judicial previo a la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998, y las consecuencias que han tenido para la sociedad chilena. Desde ese punto de vista, este análisis se ha realizado a partir de la revisión de prensa escrita y bibliografía secundaria, lo que ha permitido aproximarse a los conflictos respecto al Poder Judicial a inicios de los años ’90, cruzados por la búsqueda de una reforma a éste3, a la vez que los discursos de políticos de la época respecto a la necesidad o no de hacer justicia, en qué medida,  y cómo se debía llegar a ella. Las razones de esta periodificación es que a partir de 1998 con la detención de Pinochet en Londres, se inicia un proceso contra el dictador, pero también se abren nuevos juicios hacia otros mandos del ejército por violación de los derechos humanos durante la dictadura. De este modo, si bien siguió rigiendo la ley de amnistía4, la noción de impunidad que había respecto a quienes participaron en la violación de derechos humanos desde el ejército y otros organismos del Estado – DINA y CNI – cambió, al poder abrirse el caso5.                                                                                                                 3

Sobre el desarrollo de estas reformas, véase en Jorge CORREA: “Cenicienta se queda en la fiesta. El poder judicial chileno en la década de los 90”, en Paul DRAKE & Iván JAKSIC (comp.), El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa, Santiago, LOM Ediciones, 1999, pp. 298-310, 4 La Ley de Amnistía promulgada en 1978 por la Junta Militar, tenía como fin dejar como impunes a quienes habían cometido crímenes entre los años 1973 y 1978, por la proclamación de un Estado de Guerra. A partir de esta ley, entonces, no podían realizarse procesos a victimarios que hubiesen participado en actos criminales de esa época, y se consideraba improcedente el esclarecimiento de la verdad y posterior “absolución” por la protección que hacía esta ley. 5 Al respecto, Elizabeth Lira establece que los efectos del caso Pinochet fueron: “En primer lugar, reafirma el principio que en una sociedad democrática nadie esta por sobre la ley. Segundo, y muy importante, reafirma

 

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En consecuencia, hablaremos de silencios en la medida de los intentos que se hicieron, desde dentro y desde fuera del poder judicial, para entorpecer la realización de procesos de judicialización que resolvieran los casos de violación de derechos humanos, tanto a nivel de detenidos desaparecidos, como de torturados y detenidos políticos. De este modo, veremos que si bien por un lado hay agentes que buscan la verdad y la justicia, hay otros que buscan sobre todo la verdad como “esclarecimiento” y vía de reconciliación, pero sin un proceso de justicia. En su artículo “Cenicienta se queda en la fiesta. El poder judicial chileno en la década de los 90”, Jorge Correa señala que el poder judicial desde el inicio de la transición estuvo sometido a diversas críticas, sobre todo por su supuesta neutralidad e inacción ante los casos de violación a los derechos humanos6. Señala así el proceso de reforma que vivió el poder del Estado, en la medida que lo que buscaba fundamentalmente la Concertación era un aseguramiento de debido proceso para quienes fueron víctimas de la dictadura, a la vez que la apertura de juicios en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo régimen militar. Sin embargo, el autor identifica un profundo apego a la ley de amnistía de 1978 por parte de los jueces, a la vez que diagnostica que dicho apego a la ley está dado por una tradición del poder judicial, el que había sido “separado” de los aconteceres nacionales, relegándosele a un papel más bien secundario7. Por otro lado, Cath Collins establece que, si bien existía esta inactividad por parte del Poder Judicial para abrir casos de derechos humanos, la sociedad chilena tenía una “cultura profundamente impregnada de legalismo”8, que hacía que la ciudadanía chilena –de izquierda o derecha- siguiera legitimando a los tribunales de justicia como un poder válido al cual acudir en casos de derechos humanos. Así, podemos ver que en este momento hay un volcamiento por parte de la sociedad chilena y el mundo político de la época que espera el actuar de los tribunales una vez comenzada la transición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 que durante la dictadura se cometieron violaciones serias y masivas de los derechos humanos en nombre del ‘interés nacional’; y [tercero] que la paz social no se logra a través de la impunidad sino que haciendo justicia”. En Sebastián BRETT y Cath COLLINS (editores), “El efecto Pinochet”, Informe de conferencia realizada en la Universidad Diego Portales, Santiago, 8-10 octubre de 2008, p. 12 6 Jorge CORREA:, “Cenicienta se queda…”, Op cit, pp. 283-286   7 Ibíd 8 Cath COLLINS, “La política de la justicia: Chile más allá del caso Pinochet”, p. 93, en Cath COLLINS, Katherine HITE & Alfredo JOIGNANT, Las políticas de la memoria en Chile: Desde Pinochet a Bachelet, Santiago, Ediciones UDP, 2013

 

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Sin embargo, podemos desde ya establecer ciertas barreras. El poder judicial, desde el golpe militar, se declaró como un poder neutral que no se entrometería ante la situación política, y que esperaba que el ejecutivo no transgrediera su autonomía. Pero al mismo tiempo, podemos ver que dentro de los jueces que compondrán la Corte Suprema en este período, hubo algunos que estuvieron cercanamente relacionados con la Junta Militar y Augusto Pinochet9. De este modo, el gobierno de Aylwin comenzará una campaña de “justicia en la medida de lo posible”, respondiendo a la coyuntura política de tensión que existía, pero también comprendiendo que el poder Ejecutivo no podía suplantar al judicial. La estrategia que se ocupó entonces, fue la conformación de una Comisión de Derechos Humanos: la Comisión Verdad y Reconciliación o “Comisión Rettig” 10 , que tuvo como fin el esclarecimiento de los casos de detenidos desaparecidos durante la Dictadura, como un mecanismo de acercarse a la verdad de lo que sucedió en la época. Pero al mismo tiempo, vemos en ésta época diferentes actitudes respecto a la verdad, y sobre todo, a la justicia: por un lado, hay un amplio consenso en los diferentes sectores políticos de que la verdad es necesaria para esclarecer los hechos sucedidos en los 17 años de dictadura. Asimismo, tanto la derecha como el gobierno, enuncian un discurso en pos de la reconciliación, al que se podía llegar mediante la verdad. En este sentido, la oposición establecía que si bien la verdad podía llevar a la reconciliación, se consideraba que la Comisión Rettig no debía atender al período 1973-1990, pues invisibilizada la acción de quienes “contribuyeron a crear un clima de violencia política”, refiriéndose al período de la Unidad Popular11. Surge así también la suspicacia respecto al respeto de la ley de Amnistía. Sin embargo, el gobierno consideraba importante esa periodificación, en la medida que podría permitir conocer el paradero de los detenidos desaparecidos, y tener un                                                                                                                 9

Específicamente, los jueces Servando Jordán, Roberto Dávila, Osvaldo Faúndez y Hernán Álvarez. Al respecto: Jorge CORREA, “Cenicienta se queda…”, Op Cit, p. 281 10 Se le llamó Comisión Rettig por su presidente, el jurista Raúl Rettig. Estuvo conformada por personas de distintos sectores, entre ellos el historiador Gonzalo Vial –cercano al régimen militar, inventor del Libro Blanco- que fue la manera que tuvo el gobierno para darle legitimidad y no hacerlo ver como una comisión parcial. Al mismo tiempo, la Comisión desde un principio se propuso identificar responsabilidades de por qué se había llegado a tales violaciones de derechos humanos, pero sin una intención acusadora, al considerarse que eso era trabajo del poder judicial., “Creada Comisión Investigadora Sobre DD.HH”, El Mercurio (Santiago), 25 de Abril de 1990 “Inició Su Tarea Comisión ‘Verdad y Reconciliación’”, El Mercurio (Santiago), 26 de Abril de 1990. 11 En palabras del entonces Secretario general de RN, Andrés Allamand: “Competencia de Comisión No Puede Circunscribirse Al Periodo de 1973-1990”, El Mercurio (Santiago) 26 de Abril de 1990.

 

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panorama de lo sucedido en la dictadura. Otro nodo problemático surge cuando las declaraciones recopiladas por la comisión son establecidas como secretas o privadas. Esa decisión fue cuestionada por parte de organizaciones de derechos humanos, como un entorpecimiento a la labor de la justicia12. Luego, en 1994, cuando comienza a esclarecerse el caso Pasaportes13, y en 1995 son condenados Manuel Contreras y Pedro Espinoza, éste último apela a la injusticia de la labor de los tribunales, apelando a que haya un proceso desde los tribunales militares por estarse faltando “(…) el respeto al Ejército, a los valores militares, a la dignidad y honor militar(…)”14. Así, podemos ver que si bien hay quienes impulsan la justicia, como los gobiernos regentes (Patricio Aylwin y Eduardo Frei R.), así como la coalición gobernante, también hay agentes que propician el silencio. Así lo hizo el silencio cómplice de los tribunales de Justicia15 en el comienzo de la transición, y también los bloqueos de la Alianza Por Chile a abrir procesos judiciales, apelando de manera constante a la Ley de Amnistía, y a la moción de la reconciliación nacional, antes que el enfrentamiento al juicio de los responsables y culpables de los atropellos a los derechos humanos, única manera de establecer una verdad sobre los hechos acontecidos. Dicha actitud de silencio reconocible en el poder judicial, impacta seriamente en la investigación sobre los silencios y la construcción de la memoria en contextos post dictatoriales. Pero dicho impacto estaría incompleto sin hacer referencia a la administración pública y fundamentalmente a cómo el poder ejecutivo aborda los temas transicionales. De acuerdo a lo recogido por Xabier Etxeberria, la administración del estado tiene un rol preponderante en la preservación de la memoria histórica, fundamentalmente en aquellos lugares donde hay víctimas de violencia16. Dicha afirmación, compartida ampliamente en los estudios relacionados sobre memoria y violencia, se confirma con los diversos actos que                                                                                                                 12

“Exigen dar nombres en Informe Rettig”, El Mercurio (Santiago) 24 de Febrero de 1991. El Caso Pasaportes hace mención al asesinato por un carro bomba al canciller Orlando Letelier y su esposa en Estados Unidos en 1975 14 “Brigadier Espinoza pide un tribunal de honor”, La Tercera, 14 de junio de 1995. 15 Al respecto, en 2013 una vez cumplidos los 40 años del golpe, el presidente de la Corte Suprema Rubén Ballesteros, hizo un reconocimiento público de que los tribunales no habían hecho lo suficiente durante la dictadura, y luego tampoco. “Corte Suprema reconoce "graves acciones y omisiones en que se incurrió" tras el Golpe de Estado”, La Tercera, 06 de septiembre de 2013. Revisado en: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/09/680-541408-9-corte-suprema-reconoce-graves-accionesy-omisiones-en-que-se-incurrio-tras-el.shtml 16 Xabier ETXEBERRÍA, La construcción de la memoria social: el lugar de las víctimas, Santiago, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 2013, p. 46. 13

 

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la administración pública chilena realizó con el fin de iniciar un proceso de reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos acaecidas en Chile bajo la dictadura militar de Pinochet: a inicios de los ’90 impulsó la Comisión Rettig para conocer los delitos de lesa humanidad cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990; el año de la detención de Pinochet en Londres, álgidas discusiones tuvieron lugar en los hemiciclos de la Cámara de Diputados y el Senado; y en 2003, una nueva comisión revisó los casos de tortura acaecidos en dictadura y estableció reparaciones para los afectados. El análisis de algunos de estos hechos podría ayudar a comprender el actuar de la administración pública, y principalmente del poder ejecutivo, en la construcción de la memoria y los silencios nacionales en el Chile transicional. En ese sentido, se hace necesario analizar iniciativas que la administración del Estado impulsó y que tuvieron directo efecto en la construcción de la memoria chilena en los años ’90. Buscaremos constatar si de acuerdo a lo señalado por algunos autores17 el Estado mantuvo una política de amnistía, explícita o implícita, que tuviera como efectos el olvido o el silencio sobre los acontecimientos que habían ocurrido en algún período ajetreado de la historia de Chile. Por medio de ciertas iniciativas, cuestionaremos el rol del poder ejecutivo y de ciertos sectores del Congreso de la Nación en Chile, fundamentalmente en términos de búsqueda de verdad y justicia en casos de violaciones a los derechos humanos y detenidos desaparecidos. Para lo anterior, recopilaremos fuentes de prensa de la época que permitan contrastar los silencios de memoria iniciales de la transición (principios de años ’90) con los más actuales (2003 – 2005). También será necesario consultar fuentes bibliográficas secundarias, que permitan dar cuenta de las interpretaciones históricas que se han dado a esta política de memoria. El presente trabajo sostiene que pese a la existencia de una política de memoria importante por parte del poder ejecutivo, la construcción de ésta ha recorrido un largo y sinuoso camino, donde a ratos pareciera que el olvido y el silencio sólo terminan cuando las víctimas y familiares de ellas se oponen a algunas de estas políticas. En efecto, algunas de las políticas más trascendentales que ayudaron a establecer una verdad sobre delitos de lesa humanidad fueron impulsadas por el poder ejecutivo. Entre                                                                                                                 17

Brian LOVEMAN y Elizabeth LIRA, Las ardientes cenizas del olvido: vía chilena de reconciliación política 1932 – 1994, Santiago, LOM Ediciones, 2000, p. 538.

 

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otras, pueden nombrarse Comisión Rettig, ampliamente discutida entre mundo civil y castrense tras los efectos que tuvo, y debido a la cual el Presidente Patricio Aylwin pidió perdón al país por los actos del Estado durante la dictadura; diversos memoriales que fueron impulsados por los gobiernos de turno en la década de los ’90; la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, conocida como Comisión Valech, que permitió conocer la realidad de la tortura; la fundación de un Instituto de Derechos Humanos en 2005 para promover y proteger los DD.HH.; además de algunos proyectos que surgieron bajo el alero del Congreso de la Nación, como la creación y funcionamiento de una comisión que abordaría el tema de los derechos humanos y una propuesta para el cierre voluntario de casos, presentada por la Unión Demócrata Independiente (UDI) 18, que desató airadas reacciones de diversos sectores y una importante discusión entre partidos políticos19. El punto culmine llegó el año 2010 cuando, al iniciarse el año del Bicentenario de la Independencia Nacional, la presidenta Michelle Bachelet inauguró un importante edificio bautizado como “Museo de la memoria y los derechos humanos”, donde se exponen los graves abusos que sufrieron chilenos y chilenas en manos de agentes del Estado. Lo anterior permite señalar que la administración publica no estuvo del todo apartada de la discusión sobre violaciones a los derechos humanos y detenidos desaparecidos. Puede constatarse la participación del poder ejecutivo y del congreso en una serie de iniciativas que han ayudado a memorializar lo acontecido en el Chile dictatorial. Pese a ello, tampoco es posible afirmar que la administración pública impulsó en forma decidida una política nacional sobre memoria, verdad y justicia. Por el contrario, un hecho poco advertido en la literatura nacional sobre el tema, puede dejar en evidencia que el tema no había sido abordado en forma profunda por la sociedad chilena o – al menos – por la coalición gobernante en Chile entre 1990 y 2010, la Concertación de Partidos por la Democracia. En agosto de 2003, la UDI propuso una salida para los juicios de violaciones a los derechos humanos y detenidos desaparecidos. Los familiares que se habían acercado al senador de ese partido, Jaime Orpis, señalaban que lo que querían era sólo conocer la verdad. Declaraban abiertamente que no les importaba la justicia, porque después de 30                                                                                                                 18

Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de derecha fundado por Jaime Guzmán en 1983. Muchos de sus miembros emblemáticos fueron importantes colaboradores civiles de la dictadura militar de Augusto Pinochet. 19 “Longueira precisa que iniciativa no es punto final”, El Mercurio (Santiago), 21 de mayo de 2003.

 

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años del golpe de estado, nadie estaba preocupado por su tema20. Señalaban que en la mesa de diálogo para esclarecer estos hechos se habían proferido mentiras sobre detenidos desaparecidos, falsas esperanzas sobre la solución de los casos y que lo mejor era que cada cual decidiera qué hacer con sus muertos21. En otros momentos de la historia de Chile en los años ’90, algunos autores han planteado que el desinterés por los derechos humanos y temas asociados a la búsqueda de verdad y justicia en contextos de post violencia política, fue reemplazado por una obsecuente intención de llevar a Chile al desarrollo económico que superara las heridas del pasado22. En esos momentos, fueron las agrupaciones de detenidos desaparecidos y derechos humanos las que llevaron a la administración pública a actuar, sacando al poder ejecutivo o al congreso de los silencios que perpetuaban antiguas formas de reconciliación nacional. Una de las áreas donde el silencio ha permanecido impávido es en la reforma educacional aprobada bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle 23 , que no ha mencionado las implicancias que la violación a los derechos humanos tiene para la historia nacional. Para ello se analizarán los contenidos mínimos obligatorios planteados por la reforma para la educación media24, debido a que la reforma plantea que ésta “debe ser relevante tanto para la formación de la persona y del ciudadano”25. Junto a esto, se realizará una descripción del proceso de creación del proyecto de ley, para finalizar problematizando las consecuencias que estos silencios traen para la sociedad chilena. En 1997 se presenta un nuevo marco curricular, que buscó reestructurar la educación media en Chile. En su primera página planteaba que uno de los factores que hacían necesaria una reestructuración del sistema educacional, eran “las necesidades de actualización, reorientación y enriquecimiento curriculares que se derivan de cambios acelerados en el conocimiento y en la sociedad”26. En otras palabras, la reforma señalaba                                                                                                                 20

“Por qué las familias de fusilados terminaron con la UDI”, El Mercurio (Santiago), 22 de mayo de 2003. Ibid. 22 Peter WINN (editor) et al.: No hay mañana sin ayer. Batallas por la memoria histórica en el Cono Sur, Santiago, LOM Ediciones, p. 224. 23 Presidente entre 1994-2000. Es el segundo gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia luego de la dictadura. 24 Período entre el 9no y el 12mo años de escolaridad. Corresponde al nivel conocido comúnmente como educación secundaria. 25 Ministerio de EDUCACIÓN: Currículum de la educación Media: Objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios, Santiago, 1998. p. 4. 26 Ibid, p. 1. 21

 

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que, debido a los cambios en la sociedad chilena en los últimos años, se hizo necesario un cambio en el currículum nacional. Es por esta razón que dentro de los objetivos fundamentales transversales de la educación media existió un marcado énfasis en la formación de ciudadanos para que éstos sean partícipes del sistema democrático. Un apartado fundamental e innovador dentro de la reforma es el que señala que ésta está construida bajo principios valóricos y éticos. Dentro de ellos se erigió como un aspecto primordial la valoración y respeto por los derechos humanos. Pero si por un lado hay conciencia de que la sociedad chilena había cambiado profundamente, haciendo necesario establecer una declaración de principios que sustente la reforma en base a los derechos humanos y la democracia, por otro lado hay un profundo silencio sobre el contexto político previo, la dictadura, a estos cambios, lo que impedía comprender qué es lo que había cambiado y que debía ser incorporado en el currículum. Este profundo silencio sobre la estructura política existente previamente en el país es evidente en los contenidos de las distintas asignaturas, particularmente en Historia y Ciencias Sociales, donde centraremos el análisis, particularmente en el primer y segundo año de Enseñanza Media, ya que en ellos están presentes los contenidos de estructura política del país y la historia de Chile, entre otros. En primer año medio, existía una unidad denominada institucionalidad política, la única dentro de los cuatro años de enseñanza media que aborda esta temática a nivel estructural. En ella, lo único que se especificaba a nivel de contenidos sobre derechos es que debía enseñarse “[la] organización política del Estado: poderes públicos, derechos y deberes ciudadanos”27. Es decir, no existe un tratamiento particular sobre la noción de derechos humanos y las distintas dimensiones de la vida que estos involucran. Lo que existe es una reducción del concepto de derechos solamente en lo relativo a los derechos ciudadanos, excluyendo los distintos elementos que constituyen los derechos humanos. Cabe señalar además, que esta unidad está desligada de la historia nacional, por lo que queda la impresión de que la estructura política del país en 1997 no tiene historicidad, sino que simplemente es una realidad dada, y por tanto, silencia que la búsqueda por valorar los derechos ciudadanos en la actualidad es parte de una lucha en contra de su violación                                                                                                                 27

Ministerio de EDUCACIÓN: Historia y Ciencias Sociales, programa de estudio, primer año medio, Santiago, 1998, p.137.

 

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sistemática durante la dictadura, y que, si se incluyen como un contenido relevante dentro de la reforma, es porque en el pasado no fueron respetados. En cuanto a los contenidos de segundo medio, año focalizado en la historia de Chile, el único contenido relacionado a los años de dictadura en el país expresa que deben enseñarse “[los] cambios políticos, sociales, económicos y culturales de Chile desde los años 70 a la actualidad”28. Llama la atención la falta de definición en torno a qué elementos del período deben ser abordados con mayor relevancia. No se señalan cuáles han sido los profundos cambios en el país, motivo que, como se señaló anteriormente, es un elemento fundamental para la realización de la reforma curricular. Por último, existe un profundo silencio sobre la existencia de la dictadura y los delitos de lesa humanidad, dejando a decisión del docente plantear cuáles fueron los cambios políticos, económicos y sociales relevantes en Chile desde los ‘70. Es, por tanto, posible constatar una contradicción entre los factores que se reconocen como fundantes para realizar la reforma educacional, y el profundo silencio en los contenidos en torno a la dictadura, violación de los derechos humanos y recuperación de la democracia, con lo que cabe preguntarse cómo fue construida esta reforma. Es una reforma que busca valorar elementos democráticos, pero que silencia que esta valoración se debe a su ausencia en el pasado. Ante este silencio, cabe preguntarse por el origen de esta reforma. El 10 de Marzo de 1990, el último día de la dictadura, la junta de gobierno publica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). En ella, se plantean dos transformaciones fundamentales a la educación chilena. Por una parte, los colegios ya no estarían obligados a seguir los planes y programas de educación que emanaban desde el gobierno, sino que el ministerio debía remitirse a presentar contenidos mínimos obligatorios para todo el sistema escolar. En segundo lugar, creaba el Consejo Nacional de Educación, organismo autónomo y con presencia militar, que debía aprobar dichos contenidos mínimos. Ante este escenario en 1990 el gobierno de Aylwin presenta al Consejo una propuesta de contenidos mínimos, la cual es rechazada, ya que se argumenta que es un error que posea una determinada línea valórica, particularmente en lo concerniente a los derechos humanos29. Este hecho provocó                                                                                                                 28 Ministerio de EDUCACIÓN: Historia y Ciencias Sociales, programa de estudio, segundo año medio, Santiago, 1999, p. 70. 29 Cf. Cristián COX: “Construcción política de reformas curriculares: El caso de Chile en los noventa”, Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 10, (2006), pp. 12.

 

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un profundo debate en el país, en el cual la oposición cuestionó duramente al gobierno por provocar un clima de debate político similar al existente previo al golpe de Estado. Esta tensión entre el ministerio y el Consejo, rodeada por el conflicto entre los partidos, sólo pudo ser resuelta en 1996, con la creación de una comisión para la educación media, en la que están involucrados amplios sectores de la sociedad, incluyendo a dirigentes de la oposición30. Al evidenciar la existencia de este silencio y contradicción dentro de la reforma educacional chilena de 1997, y analizar el ambiente político bajo el cual fue concebida, una pregunta aparece como fundamental. ¿es posible sostener un modelo educativo que busque que las nuevas generaciones, que no vivieron en dictadura, puedan valorar y promover los derechos humanos, y comprender el Chile del presente, si esta enseñanza se basa en el silencio con respecto a la tortura y la desaparición forzosa en el pasado reciente de nuestro país, silenciando también que en el presente aún existen profundas heridas y luchas sobre ese pasado para una gran parte de la población chilena?. Hablar de la transición a la democracia en Chile desde una perspectiva de verdad, memoria y justicia implica incorporar en la disciplina histórica nuevas perspectivas, que se nutren de los estudiados cambios estructurales de la transición para cuestionar otros lugares abandonados por la historiografía. En efecto, como hemos comprobado a lo largo de este escrito, el silencio respecto a ciertos temas lleva al olvido, y con ello, las esperanzas de verdad y justicia van haciéndose cada vez más pequeñas. Dicho de otra forma, el cuidado estructural de la democracia como régimen político descuidó ciertos aspectos en la construcción de la memoria nacional post terrorismo de Estado. En ese sentido, puede afirmarse que si bien la comisión Rettig hace posible la instalación de una verdad, esta verdad parece no querer transmitirse a las futuras generaciones. Prueba de ello es la ausencia de una discusión profunda sobre el Chile de la dictadura en el currículum de educación nacional. El silencio en este aspecto es evidente, pero más preocupante resulta el silencio que se le transmite a las futuras generaciones en el aula de clases, puesto que la reflexión sobre las violaciones a los derechos humanos y los detenidos desaparecidos en el contexto chileno, no ha sido obligatoria en la educación nacional. Ha habido reformas posteriores, donde la presencia militar se encontraba                                                                                                                 30

 

Ibidem.

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fuertemente disminuida y distaba mucho del poder fáctico que mantenía en los años ’90. ¿Por qué nunca se incluyeron estos temas en las reformas curriculares posteriores, cuando el peligro de un retroceso en el avance de la democracia y la vuelta a un régimen totalitario, ya se había desvanecido? Lo anterior permite afirmar que hay decisiones estructurales pero no se busca especificar ni individualizar las responsabilidades de lo ocurrido, permitiendo con ello un manto de impunidad, secreto y silencio, que impide conocer realmente la verdad sobre lo ocurrido. La administración pública mantiene las responsabilidades en “la dictadura”, abstrayendo de los victimarios hechos que deben ser condenados y que fueron cometidos por personas concretas. En ello ha influido fuertemente el ocultamiento, concertado o no, de los agentes del olvido que hemos abordado a lo largo del trabajo. En determinados casos, la inacción del Estado, por medio del poder judicial o ejecutivo, y en síntesis, por medio de la administración pública, ha llevado a un riesgo de olvido, convirtiendo a estos agentes en portadores del silencio. De manera voluntaria o involuntaria, las instituciones mencionadas se han convertido en agentes del olvido, cuando han abandonado la búsqueda de verdad y justicia en casos de derechos humanos y detenidos desaparecidos. El olvido sólo ha sido detenido por memorias contra oficiales, que de vez en cuando rompen la inacción e impiden que se instale de manera permanente un manto que termine reconciliando al país por causa de aquello que fue olvidado. En esa misma línea, pueden plantearse   inquietantes cuestiones en relación a la teoría existente sobre memoria y olvido, y verdad y justicia. ¿Es posible plantear el alcance de la verdad sin la justicia? ¿De qué manera afectó esto a la memoria nacional sobre la dictadura? ¿En qué momentos los silencios se hicieron presentes, impidiendo la conformación de una memoria nacional sobre el tema?   La memoria y el olvido dialogan, e incluso algunos han propuesto que son parte de un solo fenómeno. En este caso, el diálogo de ambas ha permitido que la memoria obstinada de quienes aún buscan conocer los hechos tal como acontecieron, rompa un silencio sobre lo sucedido en el país, impidiendo que se instale el olvido bajo la sombra de lo que no ha sido dicho.

 

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