Los retos de la Legislatura 2016

Los retos de la Legislatura 2016-2020
Definir una agenda legislativa y rescatar la negociación política
La Legislatura 2012-2016 será recordada como una de las más nefastas de la historia del país. Prácticas como la subordinación a Casa Presidencial, el bloqueo de la agenda mediante las interpelaciones, el abuso de legislar por "urgencia nacional", o las modificaciones de última hora vía "enmiendas de curul" estuvieron a la orden del día. El transfuguismo, los pactos bajo la mesa, el manoseo del presupuesto o del listado de obras, se convirtieron en los motores del aparato legislativo. Y todo ello sin hablar de las acciones extra-laborales de algunos diputados, como la venta de plazas fantasma, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, etc.
Con ese historial, no extraña que el Congreso se ubique como la institución peor evaluada por los guatemaltecos, con menos de 10 por ciento de aprobación. Ni la diarrea legislativa de los últimos meses, en los cuales el Congreso ha aprobado reformas a la Ley Electoral, a la de Compras y Contrataciones, una Ley de Tarjetas de Crédito, una Ley Anti-Coyotaje y una reforma a la edad del matrimonio, servirá para salvar la imagen de la Legislatura saliente.
Por estas razones, a la Legislatura 2016-2020 le tocará la ardua tarea de lavar la imagen del órgano de representación popular, al tiempo que se enfoca en conducir una agenda de reencauce institucional, y fiscalizar el trabajo de las diferentes instituciones del Estado.
De entrada, las condiciones del siguiente Congreso se vislumbran un tanto particulares. Por un lado, los resultados del pasado 6 de septiembre arrojan un balance de fuerzas mucho más horizontal que las últimas dos legislaturas. Dos bancadas mayoritarias, pero pequeñas históricamente hablando: Líder con 45 diputados y la UNE con 33. Luego, tres bancadas de tamaño intermedio como el Patriota con 18 diputados, TODOS con 17 y FCN-Nación con 11. Y un conglomerado de ocho bancadas que suman 34 diputados.
A ello sumemos otra variable inédita: dos de los tres partidos mayoritarios (PP y Líder) quedaron huérfanos a raíz de los eventos de los últimos acontecimientos, por lo que desde ya se vislumbra una desbandada en masa de diputados, que –al parecer- integrarán un nuevo bloque legislativo de unos 20 o 24 legislaturas.
Todo lo anterior implica que por primera vez en diez años, la construcción de mayorías se tornará más dinámica: no hay un partido (ni alianza) que parezca encaminado a dominar la legislatura. Por otro lado, el partido oficial no contará con una bancada de peso, lo que evitará la consolidación de las nefastas dictaduras de partido, dirigidas desde Casa Presidencial.
Esta condición implica que la aprobación de legislación requerirá de la convergencia de varios partidos políticos. Y esto, a su vez, implica dos cosas. Primero, desarrollar una agenda legislativa de nación, en la que se identifiquen los temas necesarios para el reencauce institucional. Y segundo, implica rescatar la práctica de la negociación. Hasta el momento, la negociación en el país venía asociada a coimas, plazas o prebendas para partidos y financistas, lo que desvirtuó todo tipo de acción política. A la siguiente Legislatura le tocará la ardua función de rescatar la práctica de la negociación política, rescatándola de las prácticas viciadas.