LOS RETOS DE LA GOBERNANZA, FINANCIACIÓN Y VALOR DE LAS RADIOTELEVISIONES PÚBLICAS

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(Editores)

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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS DE PROXIMIDAD EN EUROPA

Los medios de comunicación públicos viven tiempos de un profundo cuestionamiento de sus funciones sociales y dinámicas profesionales. La crisis económica ha obligado a reducir los presupuestos de las radiotelevisiones públicas, lo que está repercutiendo en la calidad de su servicio. Además, factores como la instrumentalización política o la corrupción en su gestión económica, han generado fuertes críticas hacia el papel de estos medios de titularidad pública en nuestra sociedad. En concreto, en el contexto europeo encontramos un intenso debate sobre los problemas y sobre todo, el futuro de Servicio Público de Comunicación (SPC o Public Service Media —PSM—) que este libro pretende abordar de forma detallada y panorámica. Desde una óptica novedosa, centrada en los medios de proximidad, el presente trabajo aborda tres grandes cuestiones: un repaso a la necesidad actual de los SPC en el contexto europeo; la urgente redefinición de los medios públicos en la era digital en torno a conceptos como gobernanza, calidad informativa e innovación; y finalmente, se profundiza en el intenso debate generado por el cierre de Radiotelevisió Valenciana (RTVV). En este sentido, esta obra colectiva, con reconocidos autores del ámbito académico y profesional, pretende aportar conocimiento y argumentos de futuro para comprender la importancia de lo público en el complejo entorno mediático en el que vivimos y contextualizar la necesaria recuperación del servicio público de radio y televisión en la Comunidad Valenciana.

Javier Marzal Felici Pablo López Rabadán Jéssica Izquierdo Castillo

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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS DE PROXIMIDAD EN EUROPA RTVV Y LA CRISIS DE LAS TELEVISIONES PÚBLICAS Javier Marzal Felici Pablo López Rabadán Jéssica Izquierdo Castillo (Editores)

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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS DE PROXIMIDAD EN EUROPA RTVV Y LA CRISIS DE LAS TELEVISIONES PÚBLICAS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES

Manuel Asensi Pérez

Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València

Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Mª Teresa Echenique Elizondo Catedrática de Lengua Española Universitat de València

Juan Manuel Fernández Soria

Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València

Pablo Oñate Rubalcaba

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València

Joan Romero

Catedrático de Geografía Humana Universitat de València

Juan José Tamayo

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS DE PROXIMIDAD EN EUROPA RTVV Y LA CRISIS DE LAS TELEVISIONES PÚBLICAS

Javier Marzal Felici Pablo López Rabadán Jéssica Izquierdo Castillo (Eds.)

tirant humanidades Valencia, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© Javier Marzal Felici Pablo López Rabadán Jéssica Izquierdo Castillo

© TIRANT HUMANIDADES EDITA: TIRANT HUMANIDADES C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:[email protected] www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es DEPÓSITO LEGAL: V-3213-2016 ISBN: 978-84-16786-10-7 IMPRIME Y MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: [email protected]. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro Procedimiento de quejas.

Índice Introducción...................................................................................... 13 Javier Marzal Felici, Pablo López Rabadán y Jéssica Izquierdo Castillo (eds.) 1. LA CRISIS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS: UN PROBLEMA DE ALCANCE INTERNACIONAL............................................................ 13 2. EL CASO DE RTVV EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS DE LA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA........................................................................................ 18 3. ESTRUCTURA DE LA OBRA COLECTIVA................................................ 20 4. AGRADECIMIENTOS Y CRÉDITOS......................................................... 22

Parte I LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO EN EL CONTEXTO EUROPEO SERVICIO PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN EN EL SIGLO XXI. LA RECUPERACIÓN DE LA INICIATIVA Jeannette Steemers 1. INTRODUCCIÓN................................................................................ 27 2. LOS PUBLIC SERVICE MEDIA (PSM): DESAFÍOS, CRISIS Y CRÍTICAS.......... 28 3. ELEMENTOS DE LA CRISIS EN EL PUBLIC SERVICE BROADCASTING (PSB) EUROPEO........................................................................................ 29 4. RESPUESTAS A LA CRISIS EN EUROPA DE LOS PSB................................ 29 5. PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA RADIODIFUSIÓN.................... 31 6. EL PSB Y SUS RELACIONES DE TRANSFORMACIÓN................................. 34 7. LA CAMBIANTE RELACIÓN DEL PSB CON EL ESTADO.............................. 34 8. LA RELACIÓN DEL PSB CON LAS GENERACIONES FUTURAS..................... 38 9. OBSERVACIONES FINALES.................................................................. 40 EL PUBLIC SERVICE MEDIA EN LA EUROPA DE LA CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA Katharine Sarikakis 1. INTRODUCCIÓN................................................................................ 43 2. LA RELEVANCIA SOCIAL DEL PUBLIC SERVICE MEDIA: ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?................................................................................ 43 3. LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD EN TIEMPOS DE CRISIS............................. 45 4. ¿CÓMO SERÍA UN MUNDO SIN PUBLIC SERVICE MEDIA?......................... 49 5. EL PUBLIC SERVICE MEDIA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN..................... 52 6. PERSPECTIVAS DE FUTURO................................................................ 54

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EL ESPACIO EUROPEO DE RADIODIFUSIÓN PÚBLICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y RETOS DE FUTURO Carmina Crusafón 1. INTRODUCCIÓN................................................................................ 57 2. EL CONCEPTO DE ESPACIO EUROPEO DE RADIODIFUSIÓN PÚBLICA: ¿CÓMO LO DEFINIMOS EN EL CONTEXTO ACTUAL?........................................... 58 3. EL SECTOR DE LA RADIODIFUSIÓN PÚBLICA EN EUROPA: SU DIMENSIÓN DE MERCADO Y SUS MODELOS DE FINANCIACIÓN...................................... 61 4. LA POLÍTICA AUDIOVISUAL EUROPEA: LAS ACCIONES DEL CONSEJO DE EUROPA Y DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO DE LA RADIODIFUSIÓN PÚBLICA........................................................................................ 64 5. LOS RETOS DEL ESPACIO EUROPEO DE RADIODIFUSIÓN PÚBLICA: TRES PERSPECTIVAS................................................................................. 67 6. CONCLUSIÓN................................................................................... 69

EL RETROCESO DEMOCRÁTICO EN EL SERVICIO PÚBLICO: EL CASO DE RTVE Alicia Gómez Montano 1. 2. 3. 4.

UN CAMBIO POR REAL DECRETO......................................................... 71 2006: NACE LA NUEVA RTVE. ACEPTACIÓN DEL CAMBIO DE MODELO........ 72 UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DESMANTELADO.............................. 74 CONSEJO DE INFORMATIVOS: EL FIN DE UNA LARGA ESPERA.................. 76 4.1. El rechazo a los efectos de la reforma.......................................... 77 4.2. Malas prácticas, quejas profesionales, dictámenes y amparos.......... 78 4.3. El caso de Informe Semanal........................................................ 79 4.4. Dictamen sobre la formación política Podemos............................. 81 4.5. Tensiones entre el Consejo de Informativos y la actual dirección.... 82 5. OFICINA DEL DEFENSOR DEL TELESPECTADOR: EL TERMÓMETRO CIUDADANO.................................................................................... 82 5.1. Una Oficina del Defensor y dos etapas......................................... 85 5.2. Respuesta en tiempo y forma..................................................... 87 5.3 Descenso en el número de quejas................................................ 88 6. EL CAMBIO DE MODELO Y SU REFLEJO EN LOS DEBATES DE LA COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO................................................. 90 6.1. Sintonía entre el partido del gobierno y el Presidente de la Corporación............................................................................. 91 6.2. La «redacción paralela». Los fantasmas de Canal Nou y Telemadrid. 93 6.3. Una etapa bajo sospecha. Advertencia del Consejo de Europa......... 95 7. A MODO DE CONCLUSIÓN.................................................................. 100

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Parte II HACIA UNA REDEFINICIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO: GOBERNANZA, CALIDAD INFORMATIVA E INNOVACIÓN LOS RETOS DE LA GOBERNANZA, FINANCIACIÓN Y VALOR DE LAS RADIOTELEVISIONES PÚBLICAS Francisco Campos-Freire y Andrea Valencia-Bermúdez 1. INTRODUCCIÓN................................................................................ 105 2. EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN EUROPEA........................................... 109 3. EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL VALOR PÚBLICO............................. 110 4. EL RETO DE LA INNOVACIÓN.............................................................. 112 5. ESTADO DE LA FINANCIACIÓN............................................................ 113 6. PROMESAS ELECTORALES GENERALES................................................. 115 7. PROGRAMAS AUTONÓMICOS.............................................................. 117 8. LA GOBERNANZA ESTATAL Y AUTONÓMICA.......................................... 124 9. BALANCE Y CONCLUSIONES............................................................... 135 9.1. Necesidad de una nueva legislación general transversal y convergente para el servicio público audiovisual de la era de Internet.............. 135 9.2. Concreción del modelo de encomienda del servicio público audiovisual español................................................................. 136 9.3. Fijar objetivamente la financiación sostenible del servicio público audiovisual............................................................................. 136 9.4. La teoría y la práctica de la regulación de la gobernanza.............. 137 9.5. Integración y reestructuración de la prestación del servicio público audiovisual............................................................................. 138 9.6. Gestión y dirección de mérito, capacidad y concurrencia.............. 138 9.7. Las posibilidades de la autorregulación...................................... 139 9.8. Rendición de cuentas y de la contribución social del servicio público.................................................................................. 139 9.9. Control del pluralismo, de la gestión económica y de la contribución social..................................................................................... 140 9.10. Transparencia, participación y comunicación.......................................... 140 LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA INFORMATIVA DE SERVICIO PÚBLICO. LA GESTIÓN DE TWITTER EN LAS TELEVISIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS EN PERIODO ELECTORAL Jéssica Izquierdo Castillo y Pablo López Rabadán 1. EL SERVICIO PÚBLICO EN LA ERA DIGITAL........................................... 143 2. USOS DE LAS REDES SOCIALES EN EL SERVICIO PÚBLICO: TWITTER COMO HERRAMIENTA INFORMATIVA............................................................ 146 3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS.............................................................. 147 4. LA GESTIÓN DE TWITTER EN PERIODO ELECTORAL EN LOS PSM............... 148

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4.1. Actividad de los servicios informativos de las cadenas públicas en Twitter. 148 4.2. Las funciones de Twitter en campaña electoral............................. 149 4.3. La información electoral en Twitter............................................ 156 5. CONCLUSIONES................................................................................ 162 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LAS RADIOTELEVISIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA: PRIMEROS PASOS HACIA UN NUEVO MODELO DE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA Ana María López Cepeda 1. INTRODUCCIÓN................................................................................ 165 2. METODOLOGÍA. INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA RSC................. 166 3. EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL APLICADO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TITULARIDAD PÚBLICA.......................................... 169 3.1. Evolución de la RSC en los medios de comunicación...................... 170 3.2. La Responsabilidad Social en los Medios de Comunicación Públicos (RSCMP).................................................................................. 172 4. MEDICIÓN DE LA RSCMP EN ESPAÑA................................................... 174 5. CONCLUSIONES................................................................................ 177 ESTRATEGIAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL ESCENARIO CROSSMEDIA Rosa Franquet i Calvet 1. INTRODUCCIÓN................................................................................ 179 2. VINDICAR LA FUNCIÓN SOCIAL DE LOS MEDIOS PÚBLICOS..................... 180 3. INSTITUIR UN SERVICIO PÚBLICO DE MEDIOS AUDIOVISUALES A LA ALTURA DE LOS DESAFÍOS................................................................ 183 3.1. Estrategias de producción crossmedia.......................................... 185 3.2. Relación con las audiencias: empatía y participación.................... 187 4. EL SERVICIO PÚBLICO AUSTRALIANO: UN CASO DE ESTUDIO.................. 189 4.1. Estructura y cultura organizativa al servicio de la innovación........ 190 4.2. Contenidos de calidad y responsabilidad social............................. 192

Parte III EL DEBATE SOBRE SERVICIO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA TRAS EL CIERRE DE RTVV HACIA UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE LA BBC Lola Bañón Castellón 1. INTRODUCCIÓN................................................................................ 197 2. DECRETA LA REINA, ELIGE EL GOBIERNO............................................. 200

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3. LOS PERFILES DE QUIENES MANDAN EN LA BBC................................... 202 4. EL PODER, MÁS QUE RELATIVO, DE LOS PERIODISTAS............................ 204 5. EFECTOS DEL CANON EN LOS TELESPECTADORES BRITÁNICOS: LA VISIBILIZACIÓN DEL PAGO COMO ESTIMULACIÓN DE LA QUEJA............... 206 6. LOS INCIPIENTES SISTEMAS DE CONTROL INDEPENDIENTE EN ESPAÑA..... 207 7. UNA APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MODELO BBC A UNA HIPOTÉTICA NUEVA TELEVISIÓN AUTONÓMICA PÚBLICA VALENCIANA................................. 208 8. TELEVISIÓN PÚBLICA Y DEMOCRACIA................................................. 211 LAS HERRAMIENTAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) Y GOBERNANZA EN EL CASO DE RTVV Carlos López-Olano 1. 2. 3. 4.

INTRODUCCIÓN. LA RSC EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN................... 215 RTVV: 24 AÑOS DE DESPROPÓSITO..................................................... 217 LA RSC EN LA ÚLTIMA ETAPA DE RTVV............................................... 220 PERSPECTIVAS DE FUTURO................................................................ 225 LA CONSTRUCCIÓN INTERACTIVA DE LA AUDIENCIA EN EL PROCESO DE CIERRE DE RTVV José Antonio Palao Errando, Rafael Molés Vilar y Ainhoa Alberola Lorente

1. 2. 3. 4. 5.

INTRODUCCIÓN: EL ACONTECIMIENTO Y SU ABORDAJE.......................... 229 EL CONTEXTO SINCRÓNICO: LAS SINERGIAS GLOBALES.......................... 231 EL CONTEXTO DIACRÓNICO: EL CASO VALENCIANO................................ 233 LA LÓGICA POLÍTICA: EL GIRO HEGEMÓNICO........................................ 235 EL CIERRE DE CANAL NOU: NARRATIVA AUDIOVISUAL AMPLIADA........... 237 5.1. 5 de noviembre de 2013............................................................ 238 5.2. 6-9 de noviembre de 2013......................................................... 240 5.3. «Trending Topic»...................................................................... 241 5.4. 28-29 de noviembre de 2013: La épica de la culminación............... 244 6. CONCLUSIÓN: SIGNIFICANTES VACÍOS Y LÓGICA EQUIVALENCIAL............. 249 LA TELEVISIÓN PÚBLICA COMO DINAMIZADOR DEL SECTOR AUDIOVISUAL. LÍMITES, DISFUNCIONES Y CLAVES DE FUTURO A PARTIR DEL CASO RTVV Raúl Carbonell Górriz 1. INTRODUCCIÓN. LA PRODUCCIÓN EXTERNA EN LAS TV PÚBLICAS AUTONÓMICAS................................................................................ 251 2. METODOLOGÍA................................................................................ 253 3. PRIMERAS INICIATIVAS FALLIDAS DE EXTERNALIZACIÓN (1989-1996)..... 254 4. DE LA DINAMIZACIÓN AL CLIENTELISMO (1997-2010)........................... 257 5. CRISIS Y EXTERNALIZACIÓN POR LOTES (2010-2013)............................ 264 6. CONCLUSIONES. HACIA UNA NUEVA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA VALENCIANA................................................................................... 267

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EL IMPACTO DEL CIERRE DE RTVV EN LA PRENSA ESPAÑOLA Y VALENCIANA. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA INMADUREZ DEL SISTEMA COMUNICATIVO VALENCIANO Javier Marzal Felici y María Soler Campillo 1. INTRODUCCIÓN................................................................................ 273 2. ALCANCE E IMPACTO DEL CIERRE DE RTVV EN LA ECONOMÍA, LA CULTURA Y LA SOCIEDAD VALENCIANA............................................................ 274 3. ALGUNAS PRECISIONES METODOLÓGICAS............................................ 278 4. SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE RTVV EN LA PRENSA IMPRESA Y DIGITAL.. 279 4.1. Posiciones favorables al cierre de RTVV........................................ 279 4.2. Posiciones críticas con el cierre de RTVV...................................... 288 5. SEGUIMIENTO DEL IMPACTO INTERNACIONAL DEL CIERRE DE RTVV......... 298 6. REFLEXIONES FINALES..................................................................... 299 Referencias bibliográficas y documentales............................................ 305 Curriculum vitae de autores y autoras................................................. 325

PARTE II. HACIA UNA REDEFINICIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO: GOBERNANZA, CALIDAD INFORMATIVA E INNOVACIÓN

LOS RETOS DE LA GOBERNANZA, FINANCIACIÓN Y VALOR DE LAS RADIOTELEVISIONES PÚBLICAS1 Francisco Campos-Freire

Universidad de Santiago de Compostela

Andrea Valencia-Bermúdez

Universidad de Santiago de Compostela

1. INTRODUCCIÓN; 2. EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN EUROPEA; 3. EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL VALOR PÚBLICO; 4. EL RETO DE LA INNOVACIÓN; 5. ESTADO DE LA FINANCIACIÓN; 6. PROMESAS ELECTORALES GENERALES; 7. PROGRAMAS AUTONÓMICOS; 8. LA GOBERNANZA ESTATAL Y AUTONÓMICA; 9. BALANCE Y CONCLUSIONES.

1. INTRODUCCIÓN Los procesos electorales de cambio político en España de 2015 reabrieron el debate de las radiotelevisiones públicas y las propuestas de reforma del Servicio Audiovisual Público (SAP), aunque sin grandes novedades ni avances con respecto a lo que existía anteriormente. Se esbozaron retoques del sistema de gobernanza de la radiotelevisión estatal y las autonómicas, invocando el espíritu pluralista de la reforma de la ley 17/2006 de RTVE y la restauración de las decisiones provocadas por el cierre de los canales autonómicos de Valencia y Murcia, adoptadas en virtud de la ley 6/2012 de modificación de la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual. Tras

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Los resultados de este trabajo forman parte del proyecto de investigación de I+D CSO2015-66543-P del Programa estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, subprograma estatal de Generación de Conocimiento del Ministerio de Economía y Competitividad de España sobre «Indicadores de gobernanza, financiación, rendición de cuentas, innovación, calidad y servicio público de las RTV europeas aplicables a España en el contexto digital» y del Programa Prometeo de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) de Ecuador, desarrollado en las Universidades Técnica Particular de Loja (UTPL) y Pontificia Universidad Católica de Ibarra (PUCESI). Los investigadores que firman este trabajo forman parte también de la Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación.

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los controvertidos cambios de la legislatura 2011-2015 del PP, los nuevos gobiernos del horizonte 2020 se iniciaron con promesas y medios pasos adelante, pero sin profundizar en los problemas y dilemas de fondo sobre el futuro del servicio audiovisual público español. Este capítulo aborda el reto de la gobernanza, financiación y valor de las radiotelevisiones públicas frente al escenario de cambios legales, económicos, tecnológicos y sociales que se vislumbran en el presente en la Europa de 2015-25. No es posible estudiar y entender la evolución del servicio audiovisual local, regional y estatal sin observar lo que está sucediendo o se está proyectando en nuestro entorno internacional más inmediato. Porque no sólo el marco competencial y jurídico es necesariamente compartido por los ámbitos europeo y estatal-autonómico sino porque también las dinámicas económicas, tecnológicas y sociales son inevitablemente tanto locales como globales. La investigación que abordamos aquí consiste en examinar las propuestas y decisiones de reforma del sistema audiovisual público español planteadas en los últimos meses, junto a la evolución general de la gestión de las radiotelevisiones estatales y autonómicas. Examinamos los programas electorales genéricos y específicos de los partidos políticos, tanto de las autonómicas como de las generales de 2015, así como las reformas y decisiones sobre las respectivas radiotelevisiones públicas que adoptaron los nuevos gobiernos regionales que tomaron posesión a mediados de dicho año. La hipótesis que avanzamos es que las propuestas electorales, por inconcretas y demasiado coyunturales, de poco servirán para resolver los problemas estructurales del servicio público audiovisual. Ciertamente no se pueden entender bien esas primeras decisiones y los pequeños cambios planteados en el sistema de gobernanza de las radiotelevisiones autonómicas sin darse cuenta de que forman parte de la nueva geometría variable de los consensos políticos necesarios para la formación de los correspondientes gobiernos. De nuevo no hallamos el servicio público audiovisual entre las prioridades de los programas de los pactos de gobierno efectivos de las nuevas coaliciones. Se registran algunos cambios y recambios, pero el marco legal y de gobernanza de los Consejos de Administración sigue prácticamente inalterable, bajo el dominio del perfil de los políticos profesionales y los comunicadores que asesoran en la sombra a los partidos. Sobre los dilemas de la reestructuración o reconversión, de la sostenibilidad de modelos o alternativas de financiación, del encaje de los marcos autonómicos y estatal, de la innovación, de los nuevos competidores convergentes, del futuro del audiovisual así como de la evaluación, rendición de

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cuentas, transparencia y comunicación del impacto social del valor público, que centran el debate en los países del resto de nuestro entorno europeo, apenas se ha hablado aquí ni se vislumbran tales luces en las propuestas conocidas de los partidos o en los programas electorales publicados. Por eso pensamos que es pertinente recurrir a algunos de esos análisis, publicaciones y planes que se están conociendo sobre los operadores del servicio audiovisual público de otros países europeos. Sin olvidarnos tampoco de las decisiones y políticas estratégicas —sean más blandas o contundentes— que se están produciendo también a nivel europeo. Al final de este año intermedio (2015) de la segunda década del siglo XXI quedaron sobre el alero la retrasada revisión de la Directiva de Servicios Audiovisuales de 2010, el errático avance de la Agenda Digital Europea, el despegue del nuevo Programa de Europa Creativa sustitutivo del Plan Media y la incertidumbre de la renovación de la Comunicación de 2009 sobre la regulación de las ayudas estatales a las radiotelevisiones públicas, derivada del Protocolo de Ámsterdam de 1997. En los últimos años, la investigación académica y el debate en la opinión pública sobre la radiotelevisión, y, más recientemente, sobre el SAP en Europa, se ha situado entre los temas de más peso en la esfera académica. Entre 2008 y 2015, se publicaron alrededor de 2000 artículos científicos en las revistas nacionales e internacionales de mayor impacto que trataban algún aspecto relacionado con los servicios públicos de radiodifusión. A ellos se suman cientos de recomendaciones, informes, y memorias que reflejan las prácticas o indicaciones futuras para el buen funcionamiento de estos servicios. No obstante, la profusión de material institucional, profesional y académico no evidencia, en absoluto, que el tema se haya agotado. Los retos de la gobernanza, financiación, rendición de cuentas, innovación, calidad y evaluación de la contribución del valor público siguen muy vivos en la agenda social y científica actual. La heurística de la teoría del valor del SAP (Moore, 1995; Martin y Lowe, 2013), que la BBC ya propuso en 2005 para su Carta Real de 2007-2016, se fundamenta en legitimar la equidad y efectividad de la gestión de la misión del servicio público y de la financiación adecuada para generar el mayor valor posible para el público y para la esfera pública (Benington y Moore, 2011). Porque el valor público y su contribución no sólo es utilidad comercial o económica (popularidad, audiencia y eficacia) sino también obligación y aportación a la mejora de la calidad social. Por eso no es fácil medir su impacto pero no por ello se debe renunciar a evaluar, explicar y comunicar su contribución a la sociedad.

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Las pruebas de valor público, también denominadas de evaluación previa (ex ante test), se enmarcan dentro de una nueva forma de afrontar la gobernanza y gestión de los medios de comunicación públicos (Semova, 2011; Donders y Raats, 2012). Se trata del procedimiento de evaluación de las propuestas de nuevos servicios, atendiendo tanto a su valor público como a su posible impacto en el mercado y en la competencia. Su implantación se deriva de las exigencias de control sobre las ayudas estatales a la financiación del servicio público audiovisual, a partir del protocolo del Tratado de Ámsterdam de 1997 y las comunicaciones europeas C320/5 de 15-11-2001 y C257/01 de 27-10-2009. Pese a que esas pruebas de evaluación nacen de una exigencia regulatoria de Bruselas, que algunos ven como un freno a la innovación del servicio público (Humphreys, 2011) dentro del marco del equilibrio del sistema dual, poco a poco han ganado terreno también como legitimación de la buena gobernanza, administración y rendición de cuentas para la justificación de la financiación, bien sea ésta directamente aportada por los ciudadanos mediante un canon o procedente de la subvención pública transferida a través de los estados. La gobernanza es un sistema multinivel que tiene por objeto hacer la gestión más participativa, democrática y transparente, ante entornos fragmentados, complejos, sistémicos y caracterizados por la incertidumbre (Moore, 1995; Prats, 2003; 2005; Gales, 2007; Olsen, 2008; Freedman, 2008: 14). La sociedad quiere saber cómo se administran los recursos públicos y para ello los sistemas de gobierno están obligados a rendir cuentas. La rendición de cuentas, que algunos autores (Bovens, 2010; Day y Klein, 1987) consideran como el sello distintivo de la gobernanza democrática moderna, es un mecanismo de medición de la gestión (Miguel de Bustos, 2013), transparencia, eficiencia e integridad frente a los ciudadanos, las partes interesadas y la sociedad en general (Pritchard, 2000; Mulgan, 2000; Dubnick, 2005). Junto a la gobernanza y valor público del SAP, el fondo y el ancla del debate actual de las políticas audiovisuales gira en torno a dos grandes cuestiones: a) ¿es bueno o malo que las competencias sobre la materia sean compartidas por los estados (principio del país de origen) y por la Comisión Europea o que sean asumidas de forma más amplia por esta última?; y b) ¿toda la regulación es protección o lastre para el sector, tanto público como privado, sobre todo frente a los operadores de telecomunicaciones y nuevos competidores globales (redes digitales e infomediarios)? Al mismo tiempo, en algunos países —como es el caso en el Reino Unido de la renovación de la Royal Charter de BBC para 2017-27— se están produciendo revisiones y cambios de sus políticas audiovisuales angulares.

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2. EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN EUROPEA Europa es consciente del cambio. Un cambio que viene de la mano de una consolidación e internacionalización de mercados, el consecuente declive del conglomerado empresarial europeo, la innovación tecnológica, y la fragmentación y nuevas formas de consumo mediático. No obstante, el ritmo legislativo tiende a caminar más lento que el del mercado. En consecuencia, los radiodifusores —tanto públicos como privados— ven cómo no solo la regulación les impide abordar a tiempo algunas cuestiones fundamentales, sino también cómo se convierte en un obstáculo para su propio desarrollo y gestión (UER, 2015). Prueba evidente es la Directiva 2010/13/ EU de Servicios Audiovisuales que, casi seis años después de su publicación, parece estar ya obsoleta (Nordicom, 2015). Sí son reflejo del cambio los planes de acción a corto plazo de buena parte de las corporaciones públicas estatales y la intención, a través de una consulta pública y numerosos debates, de revisar la Directiva, que encuentra en el principio de país de origen su piedra angular. Académicos y organismos internacionales defienden que este acuerdo facilita la circulación de ofertas audiovisuales transfronterizas, y favorece la difusión de productos europeos y la reducción de costes para las corporaciones públicas y privadas. La consulta pública de la DSMA, que recibió propuestas y visiones de organismos públicos y privados, miembros de la academia, medios públicos, operadoras de telecomunicaciones, plataformas representativas y organismos internacionales, está siendo revisada por el programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación de la Unión Europea (REFIT). La evaluación se realiza conforme a criterios de relevancia, valor añadido para el mercado común europeo, efectividad, eficiencia, coherencia, complementariedad, implementación duradera —causas, consecuencias, y lecciones—. Por otro lado, la estrategia a largo plazo de la Agenda Digital para Europa no avanza como estaba previsto —tampoco el programa Europa Creativa 2014-2020—, y la revisión de la Comunicación de la Comisión de 2009 sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión continúa en proceso de revisión. Con todo, el audiovisual público europeo debe prepararse para la llegada de un escenario más desprotegido y que podría dejar de ser cobijo de sus intereses. Aunque se cuestionan con tesón los argumentos a favor de la financiación de medios a través de fondos públicos en un contexto multi-canal (Steemers, 2003), parece que todavía existe consenso al afirmar que los servicios audiovisuales públicos son indispensables en las sociedades demo-

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cráticas (Consejo de Europa, 2003). En la práctica, el conflicto se percibe en la actuación de los medios públicos en el escenario digital, desarrollando nuevos productos y servicios, y caminando así hacia una concepción más amplia de la radiotelevisión pública como medio de servicio público. Así, mientras en Europa se debaten cuestiones en materia de competencia y regulación, las corporaciones públicas sustituyen o ponen en marcha nuevos planes estratégicos, incluyendo definiciones más específicas de sus cometidos y competencias, sistemas de control de independencia y ex ante test, y formas de financiación (Donders y Moe, 2011; Leurdijk, 2007; Betzel, 2003). Es el caso de la RTÉ irlandesa, que puso en marcha en 2015 su plan de acción a cuatro años vista, o la RTP portuguesa, que comienza este año con renovados objetivos. A su vez, Reino Unido debatía hasta finales de 2015 los temas más polémicos de su Carta Real entre sus stakeholders, a un año de la renovación de su compromiso de servicio público y en un momento en que el modelo de financiación más estable —la tasa o licencia— está en tela de juicio.

3. EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL VALOR PÚBLICO La evaluación y comunicación del impacto social y económico es uno de los temas emergentes de la esfera mediática. Se acentúa en el caso del audiovisual público, que debe entender que, si quiere continuar siendo relevante, debe proporcionar valor, tangible y real, a sus públicos. Y el valor en este caso puede entenderse como un conjunto de variables (Thompson, 2006; Bennington y Moore, 2011; Freedman, 2008) de características económicas (capacidad de generar actividad); sociales, culturales y comunitarias (cohesión social e identidad cultural en un contexto de diversidad); educativas (generar conocimiento, cualidades, y capacidad para actuar como ciudadanos informados); políticas (proporcionar información imparcial estimulando el diálogo democrático y la participación del público); y ecológicas (promover el desarrollo sostenible y reducir el comportamiento público negativo). De este modo, para crear valor público, las empresas mediáticas deben pensar más allá de la oferta y la demanda, y considerar metas sociales más amplias (Collins, 2007; Thompson, 2006), estableciendo un conjunto de estándares o criterios que permitan medirlo y evaluarlo de forma precisa. Un camino hacia un «pacto social» (Bustamante, 2015a) con objetivos centrales de apertura a la sociedad civil, independencia, estabilidad y responsabilidad.

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Aunque son numerosas las propuestas y medidas de indicadores parciales llevadas a cabo por instituciones internacionales, muchas fruto de las recomendaciones de la Comunicación de 2009 —PSM Contribution to Society de la UER; Media Sustainability Index (MSI); estrategias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC); Indicadores de Calidad de las Emisoras Públicas (UNESCO); modelo GIM de medición de impacto social; o el método DAMIAN de convergencia—, no existe consenso sobre qué medir ni de qué manera. Las pruebas de valor público (o ex ante test), enmarcadas en esta filosofía, ya se han puesto en marcha en más de la mitad las corporaciones —entre ellas, la BBC, ZDF, RTÉ, y NRK—, aunque siguiendo distintos procedimientos y con diversas concepciones del valor. La legislación de la MTVA húngara, por su parte, ya contempla un capítulo de «plan estratégico anual de los medios de servicio público y la evaluación del valor». En la Unión Europea de Radiodifusión se siguió un proceso que duró más de dos años. Comenzaba en 2012 con la publicación de una herramienta de evaluación de intangibles —calidad, transparencia, rendición de cuentas, innovación, universalidad e independencia—, como parte de uno de los objetivos a corto-medio de Vision 2020. Este documento, sumado a dos sesiones de discusión entre miembros de corporaciones públicas y privadas y académicos, propició el informe de contribución a la sociedad de los medios de servicio público (UER, 2015), una evaluación del impacto generado en cinco fases —y derivado de la creciente popularidad de las estrategias de RSC—: desde los inputs (recursos invertidos), pasando por los outputs (contenidos y servicios ofrecidos); alcance (uso de los outputs y su distribución); resultados (efecto mensurable causado por los outputs); y finalmente el impacto (el beneficio proporcionado, evaluando los cambios a medio y largo plazo). Por otro lado, la ORF de Austria cuenta con el Public-Value-Kompetenzzentrum, un centro de valor que emite memorias anuales con narrativas en defensa del audiovisual público. La BBC inglesa y RTÉ irlandesa publican informes externos de Price Waterhouse Cooper (PcW) sobre el impacto socio-económico de sus corporaciones. En todo caso, a la hora de evaluar y comunicar el impacto, los medios de servicio público siempre deben tener en cuenta a tres actores principales: el Gobierno o Parlamento (legisladores, autoridades públicas, reguladores y consejos); el mercado (competidores en el escenario mediático); y la sociedad en general (público, élites, profesionales, y organizaciones de la sociedad civil). Sin embargo, parece que han descuidado al principal grupo de interés, el público (Van del Bulck, 2015), para centrarse principalmente en el sector político. Las propuestas y evaluaciones que se están llevando a cabo de forma aislada por toda Europa muestran una tímida intención de mantener

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el servicio audiovisual público y trabajar, para ello, en la configuración de nuevas narrativas y argumentaciones en favor de estos medios, si bien todavía no han encontrado una fórmula exitosa.

4. EL RETO DE LA INNOVACIÓN La mayoría de sistemas de evaluación en Europa tiene en cuenta el grado de innovación de los medios audiovisuales, que puede definirse como el producto o servicio con nuevas prestaciones y menores márgenes iniciales que puede abrir nuevos mercados y arrebatar el liderazgo al actor dominante (Grece, Lange, Schneeberger y Valais, 2015). Este elemento transformador, en el caso de los medios públicos, debe estar estrechamente ligado a la salvaguarda de los valores de la democracia, libertad, independencia editorial, atención a las minorías y formación de la opinión pública. Si bien es cierto que la puesta en marcha y evaluación de nuevos servicios variará de un estado miembro a otro, existen una serie de principios comunes: neutralidad de plataformas, equidad, transparencia, independencia y proporcionalidad. La misión de servicio público sigue siendo la misma que la establecida en el Protocolo de Ámsterdam, pero la entrada en escena de Internet y el desarrollo de la sociedad de la información (Castells, 2006), han modificado el patrón de uso de los medios y las necesidades de la sociedad. Los operadores audiovisuales públicos han respondido con nuevos servicios, aplicación de mejoras digitales, o laboratorios de experimentación, si bien existen todavía barreras institucionales, reguladoras, y de competencia que les restan espacio en este nuevo contexto. Innovación también se refiere a un mayor grado de alfabetización mediática (Consejo de Europa, 2008), ya que el nuevo entorno tecnológico no sólo exige nuevas habilidades técnicas y desarrollo de nuevos formatos, sino que supone una auténtica transformación del ambiente sociocultural. Los servicios públicos audiovisuales han de convertirse en la fuerza motora (UER, 2014) de la creatividad y la innovación. Los cambios culturales, sociales y tecnológicos que desembocaron en nuevas plataformas de distribución y nuevos protagonistas mediáticos han modificado la naturaleza de la comunicación, que ahora es más diversa, fragmentada e interactiva. El creciente papel de las plataformas digitales, que favorece la aparición de contenidos generados por los usuarios, así como la conversación pública a través de redes sociales, ha subrayado la necesidad de una reevaluación a gran escala de las funciones de liderazgo de los medios de servicio público en las empresas mediáticas contemporáneas (Glowacki y Jackson, 2015).

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La oferta innovadora en Europa es numerosa y diversa. En cuanto a contenidos, las tendencias muestran, en líneas generales, cuatro tipos de servicios: (1) emisiones radiofónicas con imagen; (2) laboratorio de ideas y centro multimedia; (3) herramientas para probar productos, involucrando a la audiencia en el proceso de evaluación; y (4) proyectos de colaboración entre países o con la propia Unión Europea. Con respecto a la distribución de productos y servicios, se pueden señalar también cuatro líneas de trabajo: (1) televisión inteligente (HbbTV), que permite consumir productos mediante un dispositivo audiovisual, con el valor añadido de la oferta de datos e información complementaria al mismo tiempo; (2) botón rojo, para mejorar la experiencia del usuario en tiempo real; (3) segunda pantalla, que permite conectar una televisión y otro dispositivo; y (4) consolas, gafas y relojes inteligentes (Lombao, Valencia y Campos, 2016). A nivel normativo, tanto los tratados como la ley secundaria del Consejo de Europa y la Unión Europa reconocen la importancia de Internet y los servicios que de él emanan para la configuración de un espacio mediático que empodere a la audiencia. No obstante, los tribunales europeos, aunque subrayan el papel relevante de internet en la mejora del acceso público a la información, todavía no han decidido hasta qué punto algunas actividades online exceden o podrían exceder el cometido de los medios de servicio público. Sin embargo, atendiendo a las decisiones de la Comisión Europea, cuya conclusión se basa en el «compromiso de ayudas públicas», lo que sirve como guía para la implementación de test para evitar distorsiones del mercado al permitirle a los SAP desempeñar un papel activo en el escenario mediático digital (OBS, 2015).

5. ESTADO DE LA FINANCIACIÓN La estabilidad, independencia, justificación y transparencia de las fuentes de financiación de los medios de servicio público es objeto de escrutinio en toda Europa. Es una afirmación en boca de las principales instituciones internacionales y de representación de los servicios públicos de radiodifusión —UER, OBS, CE—, que entienden que el audiovisual público es el motor de cambio y de mejora de los sistemas democráticos y de la eficiencia económica. La subvención pública de estos medios es la consecuencia lógica por su naturaleza de bien común, ya que son los que deben y pueden asegurar un acceso libre e igualitario y una programación por y para todos (UER, 2014).

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Sin embargo, la irrupción de un nuevo contexto digital —y los consecuentes cambios socio-económicos—, junto con los problemas de financiación y gestión agravados desde 2009 ponen en evidencia estas argumentaciones. En este sentido, estos medios tienen por delante la búsqueda de una fórmula viable y sostenible para financiarse y para desarrollar su actividad en el contexto digital. Así, los retos para los servicios audiovisuales públicos se multiplican en la era digital (UER, 2015): continuar desempeñando un papel imprescindible dentro de una crisis económica global, donde los fondos para estos servicios se congelan y reducen de forma drástica; ofrecer valor como contraprestación, ya que la audiencia paga este servicio directa o indirectamente; buscar nuevos mecanismos para el escenario digital; y luchar contra la evasión fiscal y el desprestigio. La YLE de Finlandia y la ARD y ZDF de Alemania han sido las primeras en entender que los mecanismos de financiación de estos servicios, basados en la posesión de un aparato televisivo o una radio, estaban obsoletos y alejados de la realidad social, económica y digital. Así, la YLE introdujo en 2013 una nueva tasa individual (no por hogar), basada en una escala móvil en función de los recursos económicos de cada ciudadano. También en 2013, Alemania aplicó una nueva tasa por hogar con excepciones sociales concretas, justificando su existencia al alegar que cualquier hogar tiene acceso, esté donde esté, a algún dispositivo que reciba servicios ofrecidos por un medio público. La ARD y la ZDF alemanas se financian a través de la Rundfunkbeitrag o contribución al audiovisual, cuya cuantía asciende a 17,98 euros al mes por todos los dispositivos electrónicos, con exenciones y reducciones para becarios, beneficiarios de asistencia social o personas con alguna discapacidad. El modelo de financiación de España es convergente y mixto. A nivel estatal el modelo introducido en 2010 es similar al francés pero sin canon por hogar o ciudadano, mediante la transferencia por el Estado de la tasa que cobra por el uso del espacio radioeléctrico, subvención pública, disponibilidad de explotación comercial del patrocinio así como un impuesto que pagan las televisiones comerciales (a cambio de la cesión de la publicidad) y los operadores de telecomunicaciones sobre sus beneficios de explotación. Es un modelo de financiación asimétrico y desequilibrado porque está sujeto a la discrepancia e imprevisibilidad del impuesto sobre los operadores comerciales así como a la discrecionalidad de la subvención pública que disponga la capacidad presupuestaria anual de cada gobierno. El modelo autonómico se nutre de la subvención pública del gobierno de cada Comunidad y los ingresos comerciales, cada vez más menguantes por las pérdidas de audiencia y la migración de la publicidad a los nuevos operadores e Internet.

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En ambos casos el modelo de financiación no sólo adolece de los recursos necesarios suficientes sino también de la previsibilidad estratégica e independencia frente a los gobiernos de turno para poder establecer planes trienales, como prevén sus contratos programa, y mucho menos para cumplir el conjunto de los objetivos de los mandatos marco de seis o nueve años que establecen sus leyes reguladoras. Por lo tanto, no sólo se trata del modelo —procedencia de los recursos— sino también del sistema —como se planifican y aportan los fondos— de financiación del servicio audiovisual público en España. El sistema de previsión y disposición de los recursos de financiación del SAP debería ser estimado por órganos o comisiones de expertos independientes como pauta de los contratos programa para las radiotelevisiones, los gobiernos y los parlamentos.

6. PROMESAS ELECTORALES GENERALES Los comicios generales y autonómicos celebrados en 2015 en España ofrecieron la posibilidad de que los partidos políticos y sus respectivas candidaturas retrataran sus ideas en los correspondientes programas electorales. El tema del audiovisual, en general, y del de servicio público, en particular, ocupa algún espacio en los programas marco de Izquierda Unida-Unidad Popular, Podemos, PSOE y Ciudadanos, pero está prácticamente ausente en el del Partido Popular. En todos ellos las referencias al audiovisual, más o menos elaboradas, forman parte de los capítulos en los que se presentan las propuestas sobre cultura, comunicación, sociedad de la información, medios digitales, IVA cultural y ley del mecenazgo. En los distintos programas, salvo en el del PP, se propone una reforma del sistema de gobernanza de las radiotelevisiones públicas, particularmente del nombramiento del presidente y Consejo de RTVE por mayoría parlamentaria reforzada de dos tercios y mejora del sistema de financiación, pero sin concretar ni su modelo ni la estructura de gestión. La filosofía de los cuatro partidos que se pronuncian sobre el tema en sus programas (IU, Podemos, PSOE y Ciudadanos) es recuperar el espíritu de la gobernanza de la ley 17/2006 de RTVE y la restauración del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), suprimido por la Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que integró las competencias de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, la convergencia con el audiovisual y otras áreas de regulación. El programa de Ciudadanos, dentro del capítulo de la cultura como «columna vertebral de un país» (págs. 243-253), propone un audiovisual espa-

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ñol competitivo, centrado en los contenidos, de producción independiente, con especial atención a la animación y los efectos especiales así como los videojuegos, que fomente la internacionalización, el cine como hábito, las desgravaciones fiscales, protección de la propiedad intelectual y España como plató de Europa. El partido que lidera Albert Rivera quiere que RTVE sea el referente del servicio público y líder español de la producción de contenidos, partiendo de una auditoría general independiente previa y una nueva ley de financiación, transformando su cultura empresarial en un modelo corporativo ejemplar reestructurado y dinámico, coordinándose con las radiotelevisiones autonómicas e impulsando la industria audiovisual en el mundo iberoamericano. Plantean la elección del presidente a partir de un concurso público de candidatos y propuestas concretas de gestión, evaluadas por una comisión de expertos, que seleccionaría una terna sobre la que el Parlamento elegiría por mayoría de dos tercios. Potencian la figura del defensor del espectador y la elección —también por dos tercios de los parlamentarios— del consejo de administración, formado por representantes de los ciudadanos y expertos. Las propuestas de Podemos, que se enmarcan dentro de la creación de un Ministerio de Cultura y Comunicación (págs. 132-154), parten de la reforma de la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual en cuatro aspectos: a) desgubernamentalizar los medios de comunicación estatales públicos (RTVE y EFE) mediante la participación plural en los consejos de administración e informativos, defensor del espectador y presidencia de RTVE elegida a través de concurso público de candidatos con proyecto evaluado de gestión; b) revisión de los criterios de reparto de la gestión del espectro radioeléctrico entre los sectores público, privado y asociativo sin fin de lucro; c) reconocer y proteger los medios sociales y comunitarios promoviendo un open channel de TDT; y d) creación de un consejo audiovisual independiente integrado en la EPRA (European Platform of Regulatory Authorities). Pese a la prolija relación de las materias incluidas en las memorias económica y jurídica del programa de Podemos, el detalle de los cambios en la financiación y regulación audiovisual no aparece reflejado en las mismas. El programa electoral socialista se acerca al tema audiovisual (págs. 8689) presentándose como «una visión progresista de la sociedad de la comunicación», aunque sus propuestas giran en torno a ideas también compartidas por Ciudadanos y Podemos. El programa del PSOE es el único que recoge una mención explícita a las redes sociales, al tiempo que critica al gobierno popular por «el ataque al modelo de radio y televisión independiente y plural de la Ley 17/2006» y admite la debilidad del sistema de financiación establecido por dicha norma, que fue promovida por los socialistas. En tal

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sentido los socialistas proponen la recuperación del sistema de nombramiento del presidente de RTVE por mayoría de dos tercios, como los órganos constitucionales y entidades reguladoras; mejorar el sistema de financiación de la radiotelevisión estatal; puesta en funcionamiento del CEMA; elaboración del estatuto de servicio público de EFE; y fusionar en una única ley a toda la legislación producida sobre RTVE entre 2006 y 2015. Las propuestas electorales de Unidad Popular (págs. 74-84), la marca estatal con la que se presentó a los comicios generales Izquierda Unida, se parecen más a las de Podemos que a las del PSOE, invocando la redistribución del espacio radioeléctrico, la revocación de los cambios de la gobernanza adoptados por el PP, nombramiento de los consejos de administración y social por el Parlamento, elección del presidente o director general por concurso público de méritos, creación de consejos de informativos y programas así como del consejo audiovisual estatal, órgano este último para establecer y controlar los indicadores de rentabilidad social, independencia y pluralismo de los medios de comunicación públicos. Exigen la transparencia de cuentas y concurrencia general en todas las contrataciones de productoras, participación e interactividad con la ciudadanía y mecanismos de acción ciudadana directa para que los responsables de los medios comparezcan públicamente a dar explicaciones de su gestión.

7. PROGRAMAS AUTONÓMICOS El ciclo electoral de 2015 se inició el 22 de marzo en Andalucía y concluyó el 20 de diciembre con los comicios generales en toda España, cuyas propuestas para el servicio público audiovisual acabamos de comentar. Entre medias, se celebraron también los comicios municipales y autonómicos en la mayor parte de las comunidades, aunque estos últimos en tres tandas distintas: el 22 de marzo en Andalucía, el 24 de mayo (locales y regionales en varias autonomías) y 27 de septiembre en Cataluña. Las dos comunidades que no tuvieron comicios autonómicos en 2015, Galicia y País Vasco, los celebran en 2016. En general, la extensión y profundidad de las propuestas electorales sobre comunicación audiovisual es directamente proporcional a la ausencia de responsabilidades de gobierno de los partidos políticos. En los programas de los primeros comicios de 2015, en Andalucía, los partidos apenas se detienen en la necesidad de reforma de la gobernanza de la radiotelevisión pública andaluza. La ausencia de referencia explícita a la comunicación audiovisual y RTVA es lo que corresponde al programa de gobierno del PSOE de Andalucía de 2015, que no va más allá de las promesas

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de impulsar las leyes del cine y audiovisual así como los rodajes en suelo andaluz. Ausencia general de mención explícita al tema en el programa de Ciudadanos, que no menciona al audiovisual en su capítulo de educación y cultura. El Partido Popular, desde la oposición andaluza tradicional, se centra en la reforma de la ley de publicidad institucional de la Junta «para que no sea instrumento de propaganda del gobierno», desarrollo del audiovisual andaluz, potenciación de la labor de comunicación de las radios y televisiones locales así como apoyo a la RTVA «como servicio público eficiente e independiente, aprovechando al máximo los recursos económicos, materiales y personales de esta Agencia» para una programación de calidad, aprendizaje de nuevas tecnologías e «instrumento que fomente el bilingüismo». Las propuestas de Podemos Andalucía apelan a democratizar y abrir a la participación y a los trabajadores el consejo de administración de RTVA, desarrollar su contrato programa, regular el derecho de acceso tal como establece la Ley General Audiovisual y establecer la corregulación general, tanto en los medios públicos como de los privados, sobre la base del Código Europeo de la Profesión Periodística, mediante aprobación del Consejo Audiovisual de Comunicación. Reclaman espacio radioeléctrico para un servicio de comunicación comunitaria de las asociaciones sin ánimo de lucro y acceso transparente a un registro telemático actualizado de todos los prestadores de comunicación. En sentido parecido, Izquierda Unida proponía la creación de una plataforma de servicio público de radiotelevisión, una red de coproducción andaluza de las televisiones locales, comunitarias y culturales que incentive y desarrolle el sector con Canal Sur como locomotora, central de compras y principal empresa de exportación y coproducciones. Creación de un Observatorio Público de Audiencias que modifique y proteja los criterios de rentabilidad social así como la reestructuración de la Fundación Audiovisual y la Comisión Fílmica. Garantía de una RTVA 100% pública, de gestión directa y dotada de una financiación estable, elevando la producción propia y la garantía de cohesión territorial y social en todos sus medios. Cambios significativos en el sistema de representación del Consejo de Administración y Dirección de RTVA, garantizando el derecho de acceso y mayor participación de los trabajadores en las decisiones corporativas. Frenar los ajustes de los últimos años, «revertir el desmantelamiento encubierto de Canal Sur», actualizando la carta de servicio y las bases para un nuevo contrato programa, incluyendo a RTVA como proveedor y emisor de publicidad institucional de las administraciones públicas andaluzas.

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En los programas de las elecciones locales y autonómicas de 24 mayo entran, entre otras cuestiones, la reivindicación de la reducción del IVA cultural (subido al 21% en septiembre de 2012), la ley de mecenazgo, la elección de los consejos de administración por mayoría de dos tercios, al igual que el director general o presidente, previamente seleccionados mediante concurso público de méritos. Los socialistas y populares asturianos son bien escuetos en sus programas con referencia a la RTPA. Los primeros la conciben «como elemento dinamizador de la producción, promoción y exhibición de las producciones autóctonas, tanto mediante la producción propia —de acuerdo con lo establecido en la Ley Audiovisual— como a través de adquisiciones e, incluso, de su implicación en la búsqueda de financiación adicional y coproducciones para proyectos asturianos con vocación internacional». Los populares solo concretan que apoyarán «las industrias culturales estratégicas, incluidas las audiovisuales, de los principales municipios, dentro de una política cultural autonómica». Foro Asturias defiende la RTPA como herramienta para enriquecer el pluralismo informativo, contrapesar el «sucursalismo audiovisual de RTVE», conservación y promoción del acervo cultural asturiano, pronunciándose a favor de su gestión indirecta o prestación a través de instrumentos de colaboración público-privada, con la excepción de los servicios informativos. Las propuestas asturianas de Podemos son coincidentes, en términos generales, con las defendidas por esta organización a nivel estatal y en otras comunidades, focalizándose en la apertura del espacio radioeléctrico a las entidades sin fin de lucro, la gestión independiente de los medios públicos y la creación de una autoridad reguladora audiovisual. UPyD proponía modificar el sistema de selección de los órganos de gobernanza del servicio público audiovisual para erradicar la predeterminación partidista del presidente y los miembros del consejo de administración, manteniendo la designación por mayoría cualificada; así como la introducción de mayores criterios de austeridad, eficiencia, objetividad, calidad, promoción cultural y de la lengua inglesa a través de los servicios de gestión de la RTPA. En Aragón, Partido Popular y Ciudadanos son también los más parcos en propuestas electorales para el audiovisual. El PP, cuya campaña capitaliza la imagen de la expresidenta Rudi, únicamente hace alusión en su programa a la banda ancha y al open data. Ciudadanos proponía que todas las televisiones autonómicas se pudieran ver en el conjunto del territorio español y «garantizar la pluralidad e independencia de los medios de titularidad au-

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tonómica, necesarios para vertebrar el territorio e incrementar la capacidad creativa». UPyD planteaba establecer un nuevo modelo de funcionamiento de la Corporación Aragonesa de Televisión (CARTV) suprimiendo la externalización y apoyando el funcionamiento de una red comarcal de radios y televisiones locales. Y el PSOE únicamente apunta a la creación de la Film Commision («Aragón tierra de cine»), creación de un archivo videográfico y promocionar las filmaciones regionales en los festivales internacionales. La Chunta requería una «visión netamente aragonesa» para la CARTV y el centro regional de RTVE, cambio en la representación del consejo de administración y constitución del consejo de informativos, elaboración de los mapas meteorológicos con criterios comarcales y revisión del libro de estilo de los medios de comunicación públicos. Podemos planteó la creación de una mesa sectorial audiovisual, consejo audiovisual aragonés, gestión independiente de la CARTV así como potenciación de sus medios interactivos, celebración periódica de debates sobre su estado y gestión, incrementar la producción propia, prohibir la externalización de la producción y edición de informativos, destinar el 6% de su presupuesto a contenidos de ficción y apoyo a la comunicación comunitaria sin fin de lucro. Izquierda Unida, por su parte, plantea una ley de comunicación audiovisual para Aragón, una autoridad independiente de supervisión y regulación de los medios autonómicos de titularidad pública, defensor del espectador dependiente del consejo de administración de la CARTV, consejo asesor, consejo de informativos y comité de redacción, recuperación de la producción propia pública y supresión de la externalización así como puesta en marcha el proyecto de Aragón Netv para la comunicación audiovisual a través de Internet. En la campaña de las autonómicas de Baleares sólo hallamos referencias al audiovisual en los programas del PSOE y Podemos. Los socialistas no van más allá de proponer a Baleares como otro nuevo plató de cine, apoyo a los festivales y al clúster del audiovisual así como demanda de más transparencia en las contrataciones de IB3 con las productoras privadas. Podemos reclama cumplimiento de la ley de normalización lingüística en el ámbito de la comunicación, recuperación de la recepción de los canales catalanes de televisión, reforzamiento de los medios públicos, declaración del audiovisual como sector estratégico, creación de un consejo profesional de control de contenidos así como reforma integral de la comunicación institucional y de la ley 5/2013 audiovisual de Baleares. Tampoco son muy explícitas ni profundas las ideas sobre el audiovisual recogidas en los programas electorales de las autonómicas de Canarias.

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Nueva Canarias, de Román Rodríguez, critica la reforma de la ley 13/2014 y la composición del nuevo consejo rector de la RTVC, reclama profesionalización y pluralidad, así como su utilidad para la cohesión entre las islas y el apoyo para la potenciación del audiovisual como sector estratégico. Para Coalición Canaria, la RTVC también debe ser un instrumento para la difusión cultural, la cohesión social y la unidad territorial. PSOE y Ciudadanos coinciden en que la RTVC debe servir para promocionar la cultura canaria. Los programas del PSOE y Podemos son los que recogen alternativas culturales y cambios para la Radiotelevisión de Castilla La Mancha (RTVCM), frente a la ausencia de referencias en el del PP, partido gobernante de esa comunidad hasta mayo de 2015. Las propuestas socialistas son genéricas y referidas a grandes eventos e infraestructuras tecnológicas (Agenda Digital y TIC). Podemos propone fortalecer el sistema multimedia y multinivel de los medios públicos, gestionados de forma independiente y transparente, participativa y austera, cooperando entre sí para gestionar mejor los derechos de información y acceso de la ciudadanía; auditoría sobre la situación financiera y económica de la RTVCM, desgubernamentalizar el nombramiento del consejo de administración reduciendo la cuota de los partidos políticos, elección digital abierta del director general entre candidatos previamente evaluados por expertos, prohibición de puertas giratorias y limitación de mandatos de sus representantes, consejo asesor con más competencias, defensoría de las audiencias, creación del consejo de informativos, código deontológico, mesa sectorial, consejo audiovisual regional y cooperación con el tercer sector. Los programas madrileños del PP y PSOE no entran en el tema del audiovisual y Telemadrid. Ciudadanos defiende una televisión pública sostenible, reestructurada, despolitizada y que no sea una «herramienta propagandística del gobierno de turno». Podemos plantea una mesa sectorial, una ley madrileña de comunicación audiovisual, desgubernamentalizar la elección de los órganos de gobernanza de Telemadrid, regular el derecho de acceso y un plan urgente de recuperación de audiencia y capacidad productiva, ofreciendo soluciones de reincorporación a los trabajadores afectados por el ERE, en función de su viabilidad. La candidatura de IU-CM reclamaba la recuperación del consejo de medios audiovisuales de la Comunidad de Madrid y reafirmaba la defensa de la televisión pública, al tiempo que rechazaba cualquier propuesta que permitiese al gobierno cerrar o privatizar los canales autonómicos.

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Partido Popular y Podemos son las organizaciones murcianas que conservan accesibles sus programas electorales y, en concreto, sus referencias explícitas al audiovisual. El PP defiende, en términos generales, el impulso del audiovisual a través de la creación de la Film Commision y una plataforma de recursos que funcione como promotora que gestione, optimice y direccione los recursos ya existentes. Podemos demanda la creación de una mesa sectorial y una plataforma tecnológica multimedia, estímulo de la producción de contenidos a través de los distintos medios y canales de difusión, alfabetización digital, constitución de un consejo del audiovisual independiente, ley de declaración del audiovisual murciano como estratégico, reforma de la ley de RTRM y elección de su director, para un período de siete años, por referéndum de segunda vuelta, revocable una vez transcurrido un tercio de su mandato. Las promesas de reapertura de la radiotelevisión valenciana y las propuestas de un nuevo modelo de funcionamiento fueron uno de los ejes importantes de la campaña de las elecciones autonómicas en esa Comunidad. No lo han sido así ni para Ciudadanos ni para el PP, en cuyos programas el tema del audiovisual no está presente. Para los populares el tema es de difícil encaje y explicación porque su último gobierno fue el responsable del cierre de dichos canales autonómicos el 29 de noviembre de 2013. Los dos programas que se explayan en la recuperación y alternativas para un nuevo modelo de RTVV son los de los socialistas y Compromís; sobre todo este último. Los socialistas plantean la recuperación del servicio público, como motor de la industria audiovisual valenciana, reordenación del espectro radioeléctrico, redefinición de un nuevo modelo de RTVV y puesta en marcha del Consell Audiovisual previsto en la ley 1/2006. La propuesta de Compromís es más amplia que la de los socialistas pero similar a la de Podemos en otras Comunidades. Plantea el refuerzo del espacio público de acceso a los servicios de información y comunicación, mediante alfabetización y gratuidad de Internet, constitución del consejo audiovisual valenciano, preservación del archivo de imágenes de la extinta RTVV, reordenación del mapa de radios y televisiones digitales locales, así como acuerdo cívico para un nuevo modelo de radiotelevisión autonómica, ni gubernamental ni partidista, respetando los derechos de los trabajadores, creación de un comité de informativos, financiación definida a través de contratos programa, prohibición explícita de endeudamiento y elección de un consejo de administración por mayoría de dos tercios por seis años, al igual que su director general, previamente seleccionado por concurso público de méritos.

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El programa electoral constituyente presentado por Junts pel Si para las elecciones catalanas de 27 de septiembre señala que «l´espai català de comunicació audiovisual es pot qualificar d´únic en el món per la seva riquesa, la seva diversitat i la seva pluralitat», opinión que no comparten los otros partidos contrincantes en dichos comicios, como sostienen, por la izquierda y derecha, Catalunya Si que es Pot y Ciudadanos. Junts pel Si considera a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) como una «verdadera estructura de Estado que el nuevo país ha de convertir en más potente, referente y líder», manteniendo su carácter de servicio público vertebrador de la cohesión social, territorial y lingüística. Además de apoyarla para superar los ajustes, reestructuración y efectos de la crisis económica de los últimos años, Junts pel Si dice que quieren reforzar la independencia gubernamental de la CCMA mediante la profesionalización de su gobernanza, garantía de gestión presupuestaria a través de contratos programa de cuatro años, estabilización de su sistema de financiación mixta y adscripción de su dependencia y control directamente al control parlamentario. Catalunya Si que es Pot le presenta la réplica directa al programa de Junts pel Si proponiendo cambiar las leyes de regulación de la CCMA y el Consejo Audiovisual Catalán (CAC) para reintroducir las mayorías reforzadas en el sistema de elección de sus órganos de gobernanza, modificados con el apoyo de CIU y PP. Critican la falta de transparencia en la contratación de campañas institucionales y demandan nuevos criterios para las ayudas a los medios privados así como para el establecimiento de redes comunitarias de comunicación. Reclaman presencia de todas las sensibilidades del pluralismo político y social catalán en los distintos órganos de la CCMA y el CAC, reforzando el potencial educador de los medios audiovisuales en sus dimensiones informativas, culturales y simbólicas así como la perspectiva de género tanto en la gestión como en los contenidos. Ciudadanos expresa su crítica y oposición a cualquier tipo de órgano de control e intervencionismo político que se establezca sobre el sistema cultural, en general, y los medios de comunicación, en particular. Y en tal sentido, propone la supresión del CAC por entender que sirve más para «sancionar y expulsar del espacio catalán a quienes no comulgan con la ideología nacionalista» que para garantizar el pluralismo y la libertad de expresión. Reclama medios de comunicación públicos plurales, objetivos e independientes; modificación del libro de estilo de la CCMA permitiendo el bilingüismo, suprimiendo las referencias al pancatalanismo y posibilitando la emisión dual para que los ciudadanos puedan seguir las emisiones en catalán o español.

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8. LA GOBERNANZA ESTATAL Y AUTONÓMICA El marco legal de la gobernanza y gestión del servicio público audiovisual en España está regulado por la ley básica 7/2010 General de Comunicación Audiovisual (LGA), que ha registrado 20 modificaciones en los últimos cinco años. Las tres normas que introdujeron las modificaciones más sustanciales en la LGA 7/2010 son la Ley 6/2012, de 1 de agosto, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos; el Real Decreto-Ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE; y la ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La primera de ellas abrió la puerta a las medidas de reestructuración económica de las radiotelevisiones autonómicas (ERES y cierres de canales), la segunda cambió el marco de gobernanza de RTVE y la tercera sustituyó el CEMA por la CNMC. Las otras modificaciones de la LGA 7/2010 fueron producidas por la Ley orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible; el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y comunicaciones electrónicas, con respecto a la derogación de la creación de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones; la ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones; y el Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. El sistema de elección de los órganos de gobernanza de las radiotelevisiones públicas por mayoría de dos tercios, que se había introducido a través de las leyes 17/2006 de la radiotelevisión de titularidad estatal (RTVE) y 11/2007 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), se modifica simultáneamente en Cataluña y Madrid en 2012, a través de un pacto de CIU y PP. El cambio lleva aparejada la reducción de miembros del consejo de administración, de doce a seis y nueve, respectivamente, en CCMA y RTVE. La primera modificación se produce en Cataluña a través de la ley 2/2012, de 22 de febrero, que no sólo cambia la mayoría reforzada de dos tercios del Parlamento para la elección del órgano de gobierno de la radiotelevisión pública sino también del Consejo Audiovisual, donde también se reducen a seis sus consejeros. Los miembros de dichos órganos y sus respectivos presidentes pasan a ser designados por mayoría absoluta en segunda vuelta si no se consigue su elección por dos tercios en la primera votación parlamentaria.

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El Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, consuma el cambio del sistema de elección del presidente y consejos de RTVE, que se reducen de 12 a 9 y decae la cuota de dos consejeros elegidos a propuesta de los sindicatos. Según esa modificación, la elección de los 9 consejeros de RTVE, incluido su presidente, se mantiene en la cuota de dos tercios en la primera votación pero se abre a la mayoría absoluta en la segunda vuelta, manteniendo su mandato por seis años, aunque se presupone que la cuota de cese puede ser similar a la de nombramiento. La argumentación legal para el cambio se justifica en dicho Decreto-ley en base a la «situación de parálisis en el funcionamiento de la Corporación RTVE que tiene lugar desde el mes de julio de 2011, unida a la necesidad inaplazable de adoptar determinadas decisiones fundamentales para la Corporación, como son la aprobación de sus cuentas, determinan que se lleve a cabo una reforma de la Ley 17/2006 mediante el presente Real Decreto-Ley con el fin de que la gestión de la Corporación RTVE se ajuste a los criterios de eficacia y austeridad que deben imperar en el sector público. En caso contrario, existe un grave riesgo de incumplimiento de la función de servicio público atribuida a la Corporación RTVE». La Corporación de RTVE, que se rige por la ley 17/2006 y sus modificaciones de 2009 y 2012, sobre financiación y gobernanza, respectivamente, procede de la reestructuración que entra en vigor en 2007 mediante la cual absorbe al ente público y sus dos sociedades mercantiles. La actividad de la corporación se organiza en cinco grandes áreas de televisión, radio, servicios interactivos, Instituto y Orquesta de RTVE. El consejo de administración está formado por 9 miembros, incluido el presidente director general, elegidos por mayoría absoluta mediante la modificación de la ley efectuada en 2012. El consejo asesor está integrado por 16 miembros y los tres consejos de informativos por 13 representantes de TVE, 9 de RNE y 3 de medios interactivos. El mandato marco de RTVE, publicado en el BOE el 18 de diciembre de 2007, con una vigencia de 9 años, le corresponde renovarlo a partir de 2017. El contrato programa establecido en la ley es de tres años pero el período 2008-2010 no ha sido realizado, hasta el punto de que el Tribunal de Cuentas instó en 2014 en su informe de fiscalización del bienio 2010-11 a RTVE y al gobierno para que se cumpla con ese mandato legal. En el ámbito de la corregulación y autorregulación el portal de transparencia de RTVE facilita información corporativa e institucional, de comparecencias parlamentarias, informe de servicio público y responsabilidad corporativa, de presupuestos y cuentas así como de la fiscalización y de los códigos adoptados.

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Las leyes 17/2006 de RTVE y 7/2010 General del Audiovisual suponen un avance en los cambios regulatorios autonómicos pero las modificaciones introducidas en 2012 en ambas normas son una vuelta atrás sobre la reputación pluralista del sistema de gobernanza. La elección de los presidentes o directores generales y de los consejos de administración por mayorías reforzadas se introduce prácticamente en casi todas las leyes audiovisuales que se renuevan a partir del año 2006, pero poco a poco se van modificando para dar paso a la designación del responsable de la gestión por tres quintas partes de parlamentarios o mayorías absolutas. También se establece la regulación parlamentaria del mandato marco, carta de servicio o plan estratégico, de entre seis y nueve años, y los contratos programas, para cada trienio, pero en muy pocas radiotelevisiones se mantienen vigentes y actualizados. El modelo y papel de los consejos asesores, de extracción sectorial y composición de entre 15 y 17 miembros, sigue siendo más protocolario y rutinario que de conexión real del servicio audiovisual con la sociedad. En unos casos esos consejos asesores son elegidos por el Parlamento y en otros designados por los gobiernos de turno, sin reglamentos ni agendas definidas de funcionamiento. Y algo parecido ocurre con otros órganos de autorregulación, como el llamado defensor de los audiencias, que es elegido por los presidentes o directores generales. Los consejos del audiovisual de Cataluña y Andalucía, de seis y once miembros, elegidos por mayoría absoluta y tres quintos, respectivamente, reflejan las mayorías de poder partidista o gubernamental de sus respectivos Parlamentos y rara vez se enfrentan con fuerza e independencia a la verdadera misión de control de los respectivos servicios públicos. La autodefensa de los profesionales ha logrado imponer en la mayoría de las regulaciones el reconocimiento de los consejos de redacción o informativos, de entre cinco y nueve representantes, como órganos de autorregulación y contrapeso editorial frente a las presiones políticas. Otro cambio que va calando en la gobernanza del sistema público audiovisual es el de la reestructuración de sus entidades de gestión, a través de la integración en una única empresa o corporación de los servicios de radio y televisión, como corresponde a la lógica de la convergencia multimedia actual. Avanzan en la integración corporativa en el ámbito jurídico e institucional —bien sea a través de un único ente o corporación empresarial pública— pero no en el operativo porque sus estructuras y procesos de gestión siguen duplicadas o triplicadas. También se registran avances en la accesibilidad a la información corporativa, impulsados por el obligado cumplimiento de la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

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El ente de gestión del servicio de radiotelevisión pública de Cataluña se crea mediante la ley 10/1983 y se transforma en Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals por la ley vigente actual 11/2007, aunque ésta también ha sido modificada posteriormente. Mediante la ley 2/2012 se abre la puerta a la elección por mayoría absoluta de los órganos de gobernanza de la CCMA y del CAC, los decretos 136/2008 y 325/2011 adaptan su dependencia a los cambios en la reestructuración de los departamentos de Cultura por Presidencia de la Generalitat y el acuerdo de gobierno 92/2013 autoriza su integración societaria. El mandato marco de la CCMA, para 9 años, fue aprobado en febrero de 2010 y el último contrato programa trienal fue el de 2006-2009. En base a esa modificación de la ley 2/2012 el presidente y los cinco miembros del consejo de gobierno de la CCMA pueden ser elegidos, previo informe de idoneidad del CAC, por mayoría absoluta en segunda vuelta, si no se alcanzan los dos tercios favorables de representantes de al menos dos grupos de la Comisión Parlamentaria de Control en la primera votación. Su mandato es de seis años, no renovable, con la consideración de altos cargos y un estatuto de incompatibilidades profesionales y políticas. El presidente lo es a la vez del consejo de gobierno y de la dirección ejecutiva de la CCMA. Los 17 miembros del consejo asesor, de representación sectorial, son también elegidos por el Parlamento por dos tercios en primera votación y mayoría absoluta en segunda vuelta. El presidente de este último órgano asesor es elegido por mayoría absoluta de sus miembros. Sus órganos de autorregulación son el defensor de la audiencia, nombrado por el consejo de gobierno a propuesta de su presidente y que gestiona el servicio del mismo nombre, cuyo último estatuto fue aprobado en 2015, y el consejo profesional, que funciona según su correspondiente estatuto. El consejo profesional de la radiodifusión está formado cinco por miembros y el de televisión por nueve, elegidos por los profesionales para un período de tres años. La CCMA, con su Fundació de la Marató de TV3, se adhiere a los principios de Responsabilidad Social Corporativa en base a los principios de su marco regulador de servicio público. La ley 5/1982, de 20 de mayo, de creación del ente público de la Radio Televisión Vasca (EITB), registró dos modificaciones sustanciales por las normas 4/1996 y 8/1998, relacionadas fundamentalmente con la sus órganos de gobernanza, nombramiento del director general y consejo de administración, respectivamente. A mediados de 2015 se formó una comisión parlamentaria, presidida por el socialista Rodolfo Ares, para estudiar la reforma de la EITB y se encargó a la Universidad del País Vasco la elaboración de la

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metodología para su realización. La citada comisión fue impugnada por el PNV y EH Bildu, por disconformidad con la ponderación del voto que le dio la presidencia al representante socialista. Según la ley 4/1996 el director general de la EITB es elegido o cesado por el Parlamento, a propuesta del gobierno, con el voto favorable de al menos la mitad más uno de los parlamentarios. El consejo de administración podrá proponer al gobierno también el cese, por mayoría de dos tercios, por incompatibilidad, incompetencia o condena por delito doloso. Según la ley 8/1998, de 20 de mayo, el consejo de administración compuesto de 19 miembros es elegido también por mayoría de dos tercios del Parlamento; quince de ellos de extracción parlamentaria y 4 en representación de la Real Academia de la Lengua Vasca, Sociedad de Estudios Vascos, Real Sociedad de Amigos del País, sindicatos más representativos del País Vasco y de federaciones de asociaciones de consumidores. La presidencia del consejo será rotatoria, cada tres meses. El servicio público audiovisual del País Vasco se desarrolla a través del plan estratégico de EITB de 2013-2016 y el mandato marco, también de tres años. La metodología del plan estratégico, bajo la dirección de la EITB, es la metodología que proponía el PNV frente a la comisión parlamentaria promovida por el PSE-EE mediante una proposición no de ley que prosperó en junio de 2015, a pesar del voto en contra de los citados nacionalistas y también de EH Bildu, que inicialmente era favorable a la comisión pero que posteriormente se negó a aceptar el control de la composición de la misma por parte del PSE, PP y UPyD. En el ámbito de la autorregulación, la EITB desarrolla memorias de Responsabilidad Social Corporativa, planes de igualdad, normas de emisión de publicidad, declaración sobre periodismo sin preguntas, sistema de clasificación de contenidos de televisión, decálogo para el uso de las redes sociales, manual de buenas prácticas de uso de las redes sociales, normas de transparencia y estatuto de redacción. Sus consejos de redacción están integrados, para períodos de dos años, por cinco representantes en EITB y tres en las áreas de radio e Internet. El nuevo marco de gobernanza de la ley 9/2011, de 9 de noviembre, de los medios audiovisuales públicos de Galicia, que modificó la ley 9/1984 de creación de la CRTVG, no se materializó hasta el 1 de enero de 2016. De hecho, su primer mandato marco, de nueve años de vigencia, no se publicó en el Diario Oficial de Galicia hasta el 16 de diciembre de 2015. La encomienda de gestión del servicio público de radio y televisión de Galicia se adjudica a la Corporación Radio y Televisión de Galicia S.A. (Corporación de RTVG), que integra a las dos sociedades mercantiles anteriores de radio y televisión.

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El consejo de administración de RTVG, elegido por dos tercios en primera votación y por tres quintos en segunda vuelta, está formado por seis miembros, además del director general, para un mandato de cinco años renovable por una vez. La presidencia del consejo es rotatoria cada tres meses. Y el mismo mecanismo de elección se prevé para su director general que, a falta del consenso suficiente para su ratificación, es elegido a través de la ley de acompañamiento presupuestario por mayoría absoluta. El modelo de consejo asesor deberá ser regulado por la autoridad audiovisual independiente de Galicia, institución equivalente al consejo del audiovisual de otras comunidades, aún no desarrollada pero prevista, encargada de velar por el cumplimiento y control de los fines de servicio público. La ley de la RTVG establece un estatuto profesional, como instrumento de autorregulación destinado a fortalecer la calidad, profesionalidad e independencia de los contenidos informativos ofrecidos por los distintos canales de radio, televisión e Internet respondiendo a los principios generales que inspiran la ley. El estatuto profesional contempla la creación de un consejo de informativos, como órgano interno de participación de los profesionales de la información, a fin de velar por la independencia, veracidad y objetividad de los contenidos informativos difundidos por todos sus canales. Las normas de organización y funcionamiento del consejo de informativos serán aprobadas por el consejo de administración, tras escuchar a las organizaciones sindicales representativas. La ley 8/1987 de creación de la empresa pública de radiotelevisión de Andalucía rigió esta entidad hasta el 15 de enero de 2008, fecha en la que entró en vigor la actual norma vigente 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de RTVA. Cambia por tanto, la naturaleza de la figura jurídica de la entidad, de empresa pública a agencia empresarial, que se regirá por una carta de servicios —en vez de mandato marco— de seis años de vigencia y contrato programa de tres años. La carta de servicio de la RTVA, aprobada por el Parlamento el 16 de septiembre de 2010 y publicada el 15 de octubre siguiente, le correspondería ser renovada en 2016. Y el último contrato programa de tres años, aprobado por el gobierno andaluz, tenía vigencia de 2013-2015. El consejo de administración está formado por 15 miembros (presidente y dos vicepresidentes entre ellos), elegidos por el Parlamento por tres quintos en primera votación o en mayoría absoluta en segunda vuelta, para un período de seis años no renovable. El director general, que asiste al consejo con voz y voto, también lo elige el Parlamento para seis años —renovable una vez por igual período— por mayoría de dos tercios en primera votación

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y tres quintos en segunda, aunque la disposición transitoria segunda de la ley estableció que en la primera designación posterior a la nueva ley de 2007 dicho máximo cargo ejecutivo podía ser nombrado por mayoría absoluta. Tras la dimisión en 2013 del director general de RTVA, Pablo Carrasco, asume el cargo ejecutivo sin elección, como subdirector general, el titular de la dirección de Canal Sur Televisión, Joaquín Durán. El consejo asesor está compuesto por 17 miembros, designados por su representación sectorial, para un período de seis años. El defensor del oyente y espectador es elegido, para un período también de seis años no renovable en la misma persona, por el consejo de administración por mayoría de dos tercios en primera votación y por mayoría absoluta en segunda vuelta. El estatuto profesional desarrolla la regulación de los ámbitos de autorregulación, cláusula de conciencia, secreto profesional, derechos de autor, derecho de rectificación y actividad de los profesionales, estableciendo tres órganos de representación de los mismos, renovables cada dos años: consejo profesional de Canal Sur Radio, formado por 7 representantes; consejo profesional de Canal Sur TV, 7 miembros; y comisión permanente, con 4 integrantes, dos por cada uno de los anteriores medios. La agencia pública de RTVA está sometida al control de la correspondiente comisión parlamentaria, consejo andaluz del audiovisual (11 miembros elegidos por tres quintos de la representación parlamentaria) y fiscalización de la cámara de cuentas. Dispone de código propio de autorregulación, asume la participación de otros de carácter general y participa también de la Fundación del Audiovisual Andaluz. Los miembros del consejo audiovisual tienen dedicación exclusiva y la del consejo de administración la fija la mayoría de dicho órgano, a propuesta de su presidencia. La nueva ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión de Madrid, es el último cambio regulatorio con el que se cierra dicho año y, en consecuencia, incorpora algunas de las propuestas debatidas y recogidas por los partidos políticos en sus recientes programas electorales. De hecho, Ciudadanos exigió la reforma de esta ley como condición para el pacto de gobierno con el PP. Esta nueva norma reemplaza a la anterior ley 13/1984 que había puesto en marcha al ente público de Telemadrid, que ahora se transforma en empresa pública de Radio Televisión Madrid, absorbiendo a las dos sociedades mercantiles de actividades radiofónica y televisiva. Como en el caso de Andalucía, en vez de un mandato marco, la encomienda del servicio público audiovisual se desarrolla a través una carta básica revisable cada nueve años y su concreción económica en un mandato marco de tres años.

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La gobernanza se articula a través de un consejo de administración de 9 miembros (incluida su presidencia), para un período de seis años no renovable, elegidos por mayoría de dos tercios, cuatro de ellos propuestos por el Parlamento y cinco por organizaciones profesionales o sectoriales; teniendo en cuenta que aquellos candidatos que no requieran la mayoría de elección exigida deberán ser retirados por sus proponentes y sustituidos por otros que alcancen esa prerrogativa. Su régimen de dedicación no será exclusiva, con retribución mediante dieta de asistencia, aunque estarán sometidos a incompatibilidades profesionales y empresariales relacionadas con la actividad. El director general será seleccionado mediante concurso público y elegido por dos tercios de parlamentarios, para un período no renovable de seis años. El consejo asesor estará formado por 17 miembros de representación sectorial de los ámbitos sociales de dicha comunidad autónoma, estableciendo la ley que será la Asamblea de Madrid la que determine el modo de elección de los mismos. También se crea la Oficina de Participación del Espectador y Radioyente, cuyo responsable será elegido por el director general, y el Estatuto Profesional que establece un Consejo de Redacción formado por cinco miembros, elegidos aleatoriamente de forma rotatoria cada seis meses entre los profesionales de plantilla por el Consejo de Administración. La ley 9/1984 es la primera norma de creación de Radiodifusión y Televisión de la Comunidad Autónoma de Canarias, aunque la cadena no inició sus emisiones hasta el 21 de agosto de 1999. Esa primera norma fue modificada posteriormente por la ley 4/1990 y otras posteriores, entre ellas la vigente ley 13/2014 de la Radio Televisión de Canarias. Esta ley establece un ente público con dos sociedades mercantiles y como órganos de gobernanza, control y autorregulación a un consejo rector de seis miembros, incluido el presidente; un consejo asesor y otro de informativos. La ley establece también un mandato marco de seis años y planes plurianuales de tres años. La elección para seis años de los cinco miembros del consejo rector, cuyas decisiones se toman por mayoría y voto ponderado del presidente, puede llegar a realizarse hasta por cuatro votaciones del Parlamento, a partir de una candidatura conjunta. En la primera y segunda votación, con un intervalo de no más de un mes de plazo, se requiere mayoría de dos tercios; en la tercera ronda ya llegaría con tres quintos; y en la cuarta, por dos tercios, ya sería necesario cambiar al menos la mitad de los candidatos presentados. La elección del presidente, para períodos de tres años, sólo requiere la mayoría de los tres quintos en la primera votación. Esta elección de la presidencia la prevé la ley en simultáneo con la obligada renovación

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de la mitad del consejo rector cada tres años. Lo que da a entender esta arquitectura legislativa canaria es la posibilidad de la alternancia presidencial según los pactos parlamentarios. A finales de agosto de 2015, tras el cambio del gobierno autonómico que ostenta el PSOE apoyado por Podemos, se produjo el cese del director general de la Radio Televisión de Castilla La Mancha, el nombramiento de su sustituta y la elección del nuevo consejo de administración en virtud de lo establecido por la ley 3/2000 de creación del ente público de RTVCM, modificada por la norma 6/2015. Esta última modificación, que entró en vigor el día 1 de agosto de 2015, se refiere exclusivamente al nombramiento del consejo de administración, que se fija en 13 miembros, elegidos por dos tercios en primera votación y mayoría absoluta en segunda vuelta, para un período de cuatro años, coincidente con la legislatura. El perfil de los consejeros elegidos —salvo por Podemos— es predomina la procedencia política profesional: portavoces de partido, exdelegados gubernativos y alcaldes o exalcaldes. La directora general fue nombrada por el gobierno, en virtud de lo establecido en la ley de creación 3/2000. El ente no tiene mandato marco ni contrato programa aunque sí portal de transparencia. El ente público de la radiotelevisión de Baleares fue creado por la ley 7/1985 aunque no se constituye como tal hasta 2004. Las primeras emisiones de su cadena de autonómica de radio se producen el 1 de marzo de 2005 y su televisión regulariza su programación entre el 1 de mayo y el 4 de septiembre de ese mismo año. Mediante la ley 3/2009 las respectivas sociedades mercantiles de radio y televisión integran sus activos en el Ente Público de Radio Televisión de las Islas Baleares (EPRTVIB) aunque su materialización efectiva no se produce hasta el 1 de enero de 2015. Aunque el marco normativo general del servicio público audiovisual balear es la ley 15/2010, cuya última modificación se produce a través de la nueva norma 9/2015. En 2014 fue aprobado su mandato marco, para un período de seis años y la obligación de suscribir el contrato programa para tres años. La ley 9/2015, impulsada por el nuevo gobierno socialista de coalición, cambia el sistema de elección del consejo de dirección, formado por diez miembros, incluido el director general y a la vez presidente del mismo. Modifica el procedimiento de elección de dichos miembros reduciendo de dos tercios a tres quintos, en primera votación, y a la mayoría absoluta al cabo de un mes si no se logra el acuerdo en la primera ronda. El período de mandato del consejo de dirección es de seis años. El consejo asesor, formado por quince miembros, será nombrado por el Parlamento por dos tercios en

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primera votación y mayoría absoluta en segunda vuelta para un período de cuatro años. La Comunidad balear dispone también de Consejo Audiovisual, creado mediante la ley 2/2010 y formado por nueve miembros para un período de seis años, elegidos por mayoría parlamentaria de tres quintos. Sus miembros solo pueden ser reelegidos por una sola vez y su presidente tiene dedicación exclusiva, al igual como ocurre con el director y presidente del consejo de dirección de la radiotelevisión. La actividad del consejo audiovisual fue desarrollada por la ley 5/2013 del audiovisual de Baleares. La ley 8/1987 rige la creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), que nace como un ente y dos sociedades mercantiles, pero posteriormente acuerda su integración en una única estructura corporativa empresarial. El nuevo gobierno socialista registró el 11 de noviembre de 2015 en el Parlamento el proyecto de modificación de la ley 8/1987 para reducir de 19 a 15 los miembros del consejo de administración, elegidos para cada legislatura por tres quintos en primera votación y, a las 24 horas, en segunda vuelta por mayoría absoluta. Y al director general plantean elegirlo por mayoría absoluta de las Cortes de Aragón, a propuesta del consejo de administración. El consejo asesor está formado por quince representantes sectoriales y se mantiene en la nueva ley la obligación de elaborar un contrato programa de tres años a partir de la conclusión en 2016 del existente. Sin embargo no disponen de mandato marco ni de otros órganos de autorregulación. El servicio público audiovisual autonómico de Asturias se articula a partir de la ley 2/2003 de medios de comunicación social, que posteriormente se reforma mediante las leyes 2/2006 y 8/2014. Esta última es la que rige la Radio Televisión Pública de Asturias (RTPA), con un consejo de administración de nueve miembros, incluido el director general, para un mandato de seis años, renovable por una sola vez. El director general no tiene limitación en cuanto a la renovación de mandatos. El sistema de elección es por dos tercios en primera votación y mayoría absoluta en segunda vuelta. En vez de consejo asesor, el gobierno del Principado nombra un consejo de comunicación, de 11 miembros para seis años, representantes de distintas entidades. Existe consejo de informativos, de cinco miembros, regulado por el consejo de administración, así como también está previsto mandato marco y contrato programa. La Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) fue creada por la ley 9/2004. Esta norma fue modificada por las leyes 10/2012 y 15/2015. Esta última ley es la que rige el actual sistema de gobernanza del ente público

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que absorbió en 2013 las dos entidades mercantiles de radio y televisión. Desde el 1 de abril de 2015 este modelo de televisión regional reanudó su gestión indirecta, que había sido interrumpido en 2012 por discrepancias con su anterior concesionaria, a cargo de la empresa Central Broadcaster Media (grupo Secuoya). El consejo de administración de la RTRM está formado por nueve miembros, de perfil político, en proporción a la representación parlamentaria de cada legislatura y para ese mismo período. El director general, que anteriormente era nombrado por el gobierno, según la nueva ley 15/2005 pasa a ser elegido por la asamblea regional por dos tercios en primera votación y mayoría absoluta en la segunda vuelta. La ley establece dos meses de plazo, a partir de noviembre de 2015, para la elección dicho cargo por el nuevo procedimiento. Dispone de mandato marco para nueve años, a partir de marzo de 2013 y contrato programa del período 2014-2016. El consejo asesor está compuesto por 15 representantes sectoriales designados por el gobierno. La Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA), que es la única radiotelevisión pública no integrada en FORTA, se crea mediante la ley 4/2000, seguidamente modificada por la norma 4/2004 y posteriormente por la ley 3/2008. Sus emisiones se iniciaron a finales de 2005 y en 2011 las dos mercantiles de radio y televisión se integraron en una única corporación pública audiovisual. El consejo de administración se compone de nueve miembros, elegidos por los dos tercios de los diputados en cada legislatura, con representación para cada grupo parlamentario de al menos un miembro; y si no alcanzasen acuerdo, en quince días se repetiría la votación, requiriendo solo la mayoría absoluta. El consejo asesor está compuesto por 17 representantes de distintas entidades, nombrados por el gobierno. La elección del director o directora general de la radiotelevisión extremeña, para un período de cinco años, es por tres quintos de los parlamentarios en primera vuelta y por mayoría absoluta en segunda vuelta, según la disposición adicional quinta de la ley 2/2008. Pero en el nuevo gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara introdujo el primer procedimiento de selección de candidatos por concurso público de méritos, al que se presentaron 50 aspirantes. Lo que se requería para optar a la dirección general de la CEXMA era presentar un currículum detallando la formación académica (titulación de doctor, licenciado, graduado, ingeniero o arquitecto) y la experiencia profesional en la gestión así como una propuesta, de no más de cinco folios,

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sobre la estrategia a desarrollar en los próximos años a la luz de la ley 3/2008. Las propuestas fueron valoradas y seleccionadas directamente por el gobierno, quien eligió a Carmen Santos Garaicoechea como directora general para suceder a Beatriz Maeso, con la que la Junta extremeña pactó el cese antes de cumplir sus cinco años de mandato estatutario.

9. BALANCE Y CONCLUSIONES Las campañas y procesos electorales de 2015 pusieron, efectivamente, el tema de la gobernanza y gestión de la radiotelevisión pública sobre la mesa de los debates programáticos y parlamentarios. Pero sin grandes novedades, prioridades ni avances a pesar de que el tema está en primera línea de revisión en otros países europeos (BBC Charter de 2017-27), es objeto de análisis intensos de académicos y expertos (Teledetodos, Grupo Turín), de congresos y grupos de investigación universitarios (UCM, UJI, UPV, UN, UC3, UMA, UAB, USC) así como de asociaciones y colectivos profesionales (manifiesto de RTVE, sindicatos, asociaciones de periodistas y plataformas de Valencia o Murcia). Del debate general europeo sobre el SAP así como del contraste de los programas electorales con las decisiones aplicadas a las nuevas reformas legislativas y renovación de los órganos de gobernanza de las radiotelevisiones españolas sacamos el siguiente decálogo de conclusiones y reflexiones.

9.1. Necesidad de una nueva legislación general transversal y convergente para el servicio público audiovisual de la era de Internet La revisión de la directiva europea de servicios de comunicación audiovisual (2010/13/UE) requiere un enfoque estratégico más decidido para el sostenimiento del SAP en un escenario multisoporte y multipantalla que ha superado el modelo dual tradicional (operadores privados y públicos) por la entrada de nuevos competidores convergentes globales del ámbito de las telecomunicaciones y las redes de Internet. Y clarificación estratégica sobre los modelos y sistemas de difusión simultáneos a la TDT, pese a la garantía temporal hasta 2023 del uso del espectro radioeléctrico por debajo de 700 Mhz, acordada en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de Ginebra en noviembre de 2015.

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En el ámbito español es necesaria la actualización y adecuación de la Ley 7/2010 General del Audiovisual, tanto en relación con la normativa europea como a las transformaciones tecnológicas, las nuevas formas de consumo y acceso así como con respecto a la correlación de las diversidades territoriales del Estado.

9.2. Concreción del modelo de encomienda del servicio público audiovisual español El reglamento de desarrollo de la encomienda de prestación del servicio público audiovisual se establece en la legislación española a través de los mandatos marco y las cartas básicas o de servicio, renovables cada 9 o 6 años, previo debate y aprobación por el correspondiente Parlamento. En algunas Comunidades la legislación no exige mandato marco o, aunque esté previsto, no se ha desarrollado. El modelo vasco no tiene mandato marco pero sí plan estratégico, aunque de iniciativa exclusiva de la dirección. Conceptualmente no es lo mismo el mandato marco y la carta básica, ya que la segunda infiere una cierta semejanza con el modelo británico (BBC Charter) y la tradición de su estatuto de independencia. La regulación y concreción del desarrollo de la encomienda de prestación del servicio público es importante porque permite definir los objetivos generales y posteriormente evaluar el cumplimiento de los mismos. La realidad en España es que los mandatos marco se logran aprobar, pero sirven poco posteriormente porque no se controlan ni se revisan.

9.3. Fijar objetivamente la financiación sostenible del servicio público audiovisual Casi todas las leyes del servicio público audiovisual prevén la elaboración y aprobación del contrato programa en el que se enuncian algunos compromisos derivados de los objetivos generales establecidos por el mandato marco. Pero en muy pocos casos se objetiviza la relación de los compromisos con los recursos. Los contratos programas se elaboran entre las direcciones de las radiotelevisiones y los gobiernos, informando o no —según los casos— a los respectivos parlamentos. Los criterios de conformación de los contratos programa, de tres años de vigencia, están generalmente condicionados por las circunstancias económicas estructurales o coyunturales de los respectivos gobiernos, hasta el punto de que muchos de ellos no se tienen en cuenta ni se actualizan.

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El sostenimiento del servicio público audiovisual, según los distintos modelos de financiación, requiere de un marco externo —una comisión de expertos o un órgano regulador— para la objetivización de las necesidades económicas realistas a plasmar en los respectivos contratos programa. Los gobiernos y los parlamentos deberían solicitar de ámbitos expertos externos dictámenes y evaluaciones ajustadas para dictar la financiación de los contratos programas, como ocurre en Alemania; y para evitar serias llamadas de atención como la de 2014 del Tribunal de Cuentas a RTVE.

9.4. La teoría y la práctica de la regulación de la gobernanza El eje de las propuestas de los nuevos partidos que concurrieron en las pasadas elecciones era impulsar la independencia en la gestión y recuperar el sistema de consensos reforzados de dos tercios para la elección de los órganos de gobernanza, pero todas las reformas que se aprobaron en los últimos meses de 2015 mantuvieron o introdujeron ex novo las segundas o terceras vueltas de mayoría absoluta. También continúa el perfil político —alcaldes, exconcejales, asesores de comunicación de partidos— de algunos consejeros elegidos para períodos coincidentes con la legislatura. No se aborda ni profundiza en las exigencias de los mandatos marco, contratos programa, modelos de financiación sostenible, papel menos protocolario o rutinario de los consejos asesores e innovación de estrategias del servicio audiovisual público para la sociedad de Internet. La arquitectura de la gobernanza tampoco resulta homogénea y, en algunos casos, coherente. Conviven modelos de consejo de administración, consejo rector, consejo de gobierno y consejo de dirección con cargos unipersonales de dirección general y, a la vez o no, presidencia de los anteriores órganos. Si los papeles son distintos, las funciones y responsabilidades no pueden ser las mismas. No es igual participar o regir el gobierno que tener la responsabilidad de debatir la estrategia, el control y la in-vigilancia. También hay diversidades en el período de mandato (legislatura o cinco y seis años) y número de componentes de esos órganos, que oscilan entre seis y 19 consejeros así como en su sistema de retribución, con dedicación exclusiva y retribución fijada por el propio consejo, en algún caso, o mediante compensación de dietas por asistencia a las reuniones. El sistema de elección, período de mandato, renovación, número de miembros, determinación de su independencia, retribución y competencias de los consejos de administración del SAP merecería un código de buen

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gobierno como tienen las sociedades cotizadas en Bolsa a nivel nacional e internacional. El sistema parlamentario de mayorías impulsa consensos pero propicia cuotas partidistas. El reparto entre elección parlamentaria e institucional o profesional (nueva ley de Telemadrid) apuesta por más equilibrio pero corre el riesgo de rutinizarse como la representación de los consejos asesores. Los largos períodos de mandato e, incluso, la perpetuación en esos cargos envician la independencia. Debería ser automática la alternancia cada tres años y obligatoria la facilidad de su renovación. La elección, representación y funcionamiento de los consejos asesores debe ser repensada para evitar su rutinización institucional. Si se trata de un órgano de representación social y articulación de la participación, hay que buscar otras fórmulas más amplias, abiertas y dinámicas para que funcionen como tal. Lo que significa que tengan más vida y participación interna, mucho más allá de organizar una reunión cada tres meses.

9.5. Integración y reestructuración de la prestación del servicio público audiovisual La tendencia de ajuste económico de los últimos años, que motivó la reducción de consejeros en algunos modelos, también impulsó la integración en un único ente, empresa pública o corporación a distintas sociedades mercantiles diferenciadas que se habían encargado anteriormente de los servicios de radio y televisión. La convergencia tecnológica avala también esta lógica de reestructuración corporativa. Pero los nuevos entes o corporaciones apenas han avanzado todavía en la integración de procesos productivos, manteniendo estructuras duplicadas o triplicadas. El siguiente paso debería ser la reorganización de la producción audiovisual convergente, convirtiendo los departamentos y secciones en redes de proyectos creativos de un nuevo ecosistema organizativo interconectado. Esto conlleva la necesaria flexibilidad de puestos y competencias profesionales que tendrían que afrontar con realismo e inteligencia los respectivos agentes de la negociación colectiva. Y una intensa política, en el mismo sentido, de formación e innovación para la gestión de los talentos internos y externos a la organización.

9.6. Gestión y dirección de mérito, capacidad y concurrencia De igual manera, la estructura de dirección y gestión tiene que responder a una triple lógica de competencia, independencia y concurrencia transparente. La elección de los directores generales o presidentes ejecutivos ya

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se realiza mayoritariamente a través de los parlamentos, aunque habiendo abierto o relegado el sistema de consensos reforzados a la mayoría absoluta de los gobiernos de turno. No es fácil hallar una solución porque la alternativa es el bloqueo institucional o la dificultad para alcanzar acuerdos en medio de culturas tan poco acostumbradas a los consensos o pactos como son las de los partidos españoles. Es importante proteger los mandatos más allá de los períodos de legislatura pero no es bueno forzar los plazos de blindaje con compensaciones económicas a cambio de dimisiones anticipadas. Por eso no es malo que su competencia y proyecto fuese previamente evaluado por una comisión externa independiente de expertos —pero no sólo por la parte contratante, sea gobierno o parlamento— que examine las candidaturas.

9.7. Las posibilidades de la autorregulación La preponderancia de la gobernanza y control regulado de la gestión del servicio público audiovisual relegó la atención al desarrollo de las posibilidades de la autorregulación. Esta percepción cambió en los últimos años porque los operadores audiovisuales públicos se dieron cuenta que este aspecto era tan importante como el primero para recuperar la reputación. Algunos sistemas de autorregulación, como la figura de los defensores de las audiencias, son más antiguos aunque empiezan a ser generalizados y reformulados. Las tres grandes líneas de la autorregulación del SAP son a través de la relación con las audiencias (defensores de los espectadores), con los partes internas profesionales (estatutos de informativos) y mediante la Responsabilidad Social Corporativa. La mayorías de las radiotelevisiones tienen órganos institucionalizados de relación con las audiencias (nombrados por el director general o el consejo de administración para períodos similares a sus respectivos mandatos), consejos profesionales (de entre cinco y nueve miembros) y declaraciones de Responsabilidad Social Corporativa (en menos casos compromisos o memorias estandarizadas según protocolos del Pacto Global o Global Reporting Initiative).

9.8. Rendición de cuentas y de la contribución social del servicio público La responsabilidad institucional, social y corporativa impone la exigencia de la rendición de cuentas por parte de la gobernanza del SAP, no sólo de la

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gestión económica sino también de la contribución social. En el ámbito económico el modelo está pautado por el sistema legal de auditorías contables pero con respecto a la contribución social es necesario establecer modelos de indicadores sintéticos que permitan estandarizar y objetivar esta obligación. La Unión Europea de Radiodifusión y las grandes radiotelevisiones públicas están trabajando en la sistematización de modelos reconocidos para cumplir lo mejor posible su misión de servicio público, que es lo que justifica su existencia, financiación y función como institución social, cultural y democrática. Los operadores públicos también deberían aprovechar —como hacen otras empresas privadas— los modelos estandarizados de responsabilidad social (Pacto Global, GRI, ISO 26000) para sistematizar, dar a conocer, auditar y comunicar su contribución en ese aspecto. Pero esta rendición de cuentas no es la contribución social, aunque forma parte de la misma.

9.9. Control del pluralismo, de la gestión económica y de la contribución social El control del SAP se divide en órganos internos (consejos de administración y consejos asesores) y externos (consejos audiovisuales, comisiones parlamentarias y tribunales de cuentas). El control del pluralismo lo ejercen, principalmente, los consejos de administración y las comisiones parlamentarias. El control económico, además de las auditorías internas de los propios gobiernos, corresponde a las cámaras o tribunales de cuentas, como cualquier otra institución pública. El control de la contribución social, que compete a los consejos audiovisuales y también a las comisiones parlamentarias, encuentra muchas más dificultades por la falta metodologías de indicadores adecuados y de costumbre en el ejercicio de este tipo de rendición de cuentas. Pero es una línea abierta de futuro que no podrá eludir el servicio público audiovisual.

9.10. Transparencia, participación y comunicación Las radiotelevisiones públicas cumplen parcialmente —unas mejor que otras— con la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Publican la información básica sobre la institución corporativa, función, normativa, estructura, organigrama, acuerdo marco, contrato programa, presupuestos, cuentas anuales, periodo medio de pago, contrataciones, fiscalización, convenios colectivos y retribuciones. No todas tienen portal de transparencia, a pesar de la ley, ni publican las retribuciones directivas y del personal de forma transparente. Casi ninguna publica de

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forma detallada las retribuciones de los órganos de gobernanza, sobre todo de los consejos de administración, incluyendo dietas y gastos de representación. Junto a la transparencia, es importante la articulación institucional de la participación, mediante la regulación del acceso a los medios públicos y la relación operativa activa con las audiencias. No se trata sólo de la participación en los programas y en la atención a las audiencias, bien a través de los medios tradicionales de radio o televisión o de los nuevos medios sociales, sino también de facilitar, permitir e incentivar otras fórmulas de interacción. Es una obligación que forma parte de la misión de servicio público pero también de la filosofía de una buena estrategia de comunicación. El balance final no puede ser definitivo porque, al inicio de 2016, la legislatura del horizonte de 2020 aún está empezando a rodar. No obstante se puede concluir sin ironía que, en términos de gobernanza y gestión, la teoría es menos compleja que la práctica. Todas las leyes audiovisuales estatales y autonómicas que en la última década reforzaron los sistemas de elección de la gobernanza, acabaron por ser desbloqueadas a través de mayorías absolutas, tanto por partidos de derecha como de izquierda. Está por ver si las propuestas y promesas electorales esbozadas en 2015 llega a materializarse en esta nueva legislatura, no sólo en términos de gobernanza sino también de restauración de servicios, sostenibilidad de la financiación, innovación, mejora de la calidad y cambio para la gestión plural de sus informativos.

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Curriculum vitae de autores y autoras Ainhoa Alberola Lorente. Graduada en Periodismo y en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat Jaume I, actualmente cursa el Máster Interuniversitario en Ética y Democracia de la Universitat Jaume I y la Universitat de València. Es colaboradora habitual del periódico quincenal La Directa —medio independiente dedicado a la transformación social— tanto en el área de redacción como en la de fotoperiodismo. Ha trabajado en el ámbito de la comunicación política digital en las elecciones locales y en las elecciones generales de 2015. Asimismo, imparte cursos y seminarios sobre el uso de redes sociales para la acción política y social. También tiene experiencia en el ámbito de la comunicación corporativa, donde ha trabajado gracias a becas del Ministerio de Educación, la Diputación de Valencia o la Universitat Jaume I. Es miembro fundador del colectivo de comunicación alternativa CoopCom y también participa en el sindicato estudiantil Acontracorrent y en la agrupación Front d’Estudiants per la Universitat Pública, de la que ha sido claustral durante cuatro años y representante en el Consell de Govern y Consell Social de la Universitat Jaume I. [email protected] Lola Bañón Castelló. Doctora en Periodismo por la Universitat de València (2016). Actualmente, es Profesora Asociada del Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universitat de València, donde imparte clase en el Grado en Periodismo. Respecto a su actividad profesional, ha trabajado como periodista durante 25 años (1989-2013) en Radiotelevisió Valenciana (RTVV). Durante su trayectoria en televisión, especialmente en informativos y en la sección de internacional, ha dirigido y presentado todo tipo de programas de reportajes, entrevistas y debates. Es autora de diversas publicaciones, entre ellas, el libro Palestinos (2002, Ed. Planeta). [email protected] Francisco Campos-Freire. Periodista y profesor de Gestión de la Empresa Informativa y Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela. Es coordinador de la Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación (proyecto R2014/026 XESCOM participado por grupos de diez universidades de España, Portugal, Brasil, México, Perú y Ecuador) e investigador Prometeo (2014-16) de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) de Ecuador en las Universidades Técnica Particular de Loja (UTPL) y Pontificia Católica de Ibarra (PUCESI).

En el ámbito periodístico empezó su carrera profesional como delegado del rotativo regional La Voz de Galicia en Lugo (1979-1985), subdirector y director del diario La Región de Orense (1985-1990), director-gerente de Agencia Gallega de Noticias (AGN) en 1990-94, director general de la Compañía de Radio Televisión de Galicia desde 1994 a 2005 y presidente de la Federación de Organismos de

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Radio y Televisión Autonómica de España (FORTA) en los años 1994, 1997, 2001 y 2004.

Como académico ha dirigido tesis doctorales, y publicado numerosos artículos y libros, entre ellos los siguientes en los últimos años: Gestión de nuevas empresas periodísticas (2008), El cambio mediático (2009), El nuevo escenario mediático (2010), Gobernanza y comunicación en Europa (2011), La gestión e investigación de las redes sociales digitales (2013) y Las redes sociales digitales en el ecosistema mediático (2015).



Sus líneas de investigación se centran en la gestión de la empresa informativa y los metamedios sociales, la gobernanza y financiación de las radiotelevisiones públicas europeas, políticas y sistemas de regulación, autorregulación y corregulación de la comunicación, redes sociales digitales e innovación en las organizaciones mediáticas.

[email protected] Raúl Carbonell Górriz. Es Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universitat de València y en la actualidad imparte docencia como Profesor Técnico de Formación Profesional en la Especialidad de Imagen y Sonido en el IES Henri Matisse de Paterna (Valencia), centro del que ha sido Vicedirector y Secretario. Ha sido profesor asociado en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I de Castelló.

En el ámbito profesional fue director de la revista Enfoque Audiovisual de la Comunidad Valenciana, y ha trabajado en medios de comunicación como Radiotelevisión Valenciana y Radiodifusión del Alto Palancia, en las productoras audiovisuales Trivisión y World Films, además de publicar en los periódicos El Mundo y Las Provincias. Colaboró con la empresa Corporación Multimedia y GPR Consultores en la redacción del Libro Blanco del Audiovisual Valenciano editado por la Generalitat Valenciana y elaboró para Empresas Audiovisuales Valencianas Federadas el informe técnico Propuesta de remodelación de Televisión Valenciana. En 2014 presentó en la Universitat Jaume I el Trabajo Fin de Máster titulado «Inversión pública y desarrollo del sector audiovisual: el caso valenciano», y en la actualidad elabora su Tesis Doctoral sobre los procesos de externalización de la producción en las televisiones públicas autonómicas.

[email protected] Carmina Crusafón Baqués. Es Profesora Agregada interina del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación (Universitat Autònoma de Barcelona). Es Subdirectora del Observatorio Iberoamericano de la Comunicación. Doctora en Ciencias de la Información (UAB), DEA en Estudios Europeos (París 8), Posgrado en Relaciones Internacionales (CEI-UB) y Licenciada en Ciencias de la Información (UAB). Investigadora especializada en Estructura de los sistemas mediáticos y Políticas de comunicación. Investigadora visitante en la University of Leeds (Gran Bretaña), University of California-Los Ángeles (UCLA, EEUU) y en el SMIT-IBBT de la Vrjie Universiteit Brussel (Bélgica). Ha sido profesora invi-

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tada en diversas universidades españolas y extranjeras (Europa, América Latina y Singapur). Dispone de experiencia profesional en el sector audiovisual y en consultoría en comunicación estratégica y corporativa. [email protected] Rosa Franquet i Calvet. Catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Industrias culturales, contenidos crossmedia y participación. Ha publicado numerosos artículos y libros. Tiene cinco tramos de investigación reconocidos. Ha sido investigadora principal de diferentes proyectos de investigación competitiva y ha dirigido numerosas tesis doctorales. Directora de proyectos del Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS) de la UAB. Coordinadora Académica de los Estudios de Doctorado del CAP. Presidenta de la SCC, de l’Institut d’Estudis Catalans (2008-2014). Miembro Comité Científico de la Asociación Española de Investigadores de la Comunicación (AE-IC). Pertenece a diferentes comités editoriales y científicos de revistas del ámbito de las ciencias sociales: Telos, Sphera Pública, adComunica, o Comunicació. Ha formado parte del equipo evaluador del Sixth y del Seventh Research Framework Programme de la Union Europea. Ha pertenecido a diferentes comisiones de evaluación de la investigación (CNEAI, ANECA, ANEP, AGAUR, AQU, EU). Premio de investigación CAC (2004). Ha sido investigadora y profesora invitada en diversas universidades nacionales e internacionales como la Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) y la University of Melburne (Australia); la University of the South Pacific (Fiji); University of California (Berkeley); University of California (Davis) (EE.UU); University of London (Goldsmiths) (UK); Universidade de São Paulo (Brasil); Iberiomericana (México) o Adolfo Ibáñez (Chile). [email protected] Alicia Gómez Montano. Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. En los últimos años, ha sido profesora de Periodismo Televisivo y Directora del Grado de Periodismo en la Universidad Camilo José Cela. Ha sido docente de posgrado en diferentes universidades como, entre otras, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Rey Juan Carlos o la Universidad Carlos III. Como investigadora su principal línea de trabajo es el estudio de la información en televisión y el sistema público de radiotelevisión en España. Sobre este tema es autora de varios capítulos de libros y de artículos publicados en revistas científicas como Estudios del Mensaje Periodístico o la Revista Opción de América Latina y ha participado en diferentes congresos internacionales. Al margen de la actividad académica, como periodista ha realizado numerosos reportajes y documentales para diferentes programas de TVE como La Noche Temática, En Portada o Informe Semanal, programa del que además, fue directora durante ocho años (2004-2012). Entre otros reconocimientos es medalla de plata del Festival de Nueva York por el reportaje «La vuelta de los voluntarios de la libertad» y obtuvo el premio a la mejor dirección de programas informativos de la Academia de Radio y Televisión. [email protected]

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Curriculum vitae de autores y autoras

Jessica Izquierdo Castillo. Profesora Contratada Doctora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I de Castellón. Es licenciada en Comunicación audiovisual por la Universitat de València y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat Jaume I y doctora por esta misma universidad. Ha sido profesora invitada en las universidades París 8 (Francia), Stendhal, Grenoble 3 (Francia), Degli Studi di Firenze (Italia), University of Vienna (Austria) y the City University of New York (EEUU). Es investigadora en diferentes proyectos I+D, financiados en convocatoria competitivas por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y la Universitat Jaume I. Es autora del libro El cine digital. La distribución y exhibición españolas ante el reto tecnológico (Madrid: Ediciones de las Ciencias Sociales, 2010), así como de varios capítulos de libro y de numerosos artículos sobre la estructura del sistema comunicativo, los modelos de negocio de las empresas audiovisuales y periodísticas en el contexto digital y las transformaciones por efecto de la convergencia sobre la distribución de contenidos. Ha publicado en revistas como Journal of Media Business Studies, El Profesional de la Información, Journalism Practice o Revista Latina de Comunicación Social. [email protected] Ana María López Cepeda. Profesora de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Es Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Doctora en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Ha disfrutado de varias estancias en el extranjero en varias universidades y centros de investigación de prestigio como la Universita degli Studi di Torino (Italia), Bournemouth University (Reino Unido) y Centro de Estudos de Comunicaçao e Sociedade de Universidade de O Minho (Portugal). Es autora del libro Nuevos y viejos paradigmas de la televisión pública: alternativas a su gobierno y (des) control (Comunicación Social, 2015), así como de varios capítulos de libro y artículos sobre las políticas públicas de comunicación en la Unión Europea y España, la estructura del sistema comunicativo, la transparencia y la Responsabilidad Social Corporativa y sobre nuevas formas de gobernanza. Ha publicado en revistas como Comunicación y Sociedad, Trípodos y Derecom. [email protected] Carlos López-Olano. Es doctor en Comunicación, y licenciado en Comunicación Audiovisual y en Filología Hispánica por la Universitat de València. Profesor Asociado del Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universitat de València. También ha impartido docencia y ha colaborado en diferentes masters relacionados con el audiovisual en la Universitat de València, la Jaume I de Castellón (UJI) y la Cardenal Herrera (CEU).

Ha sido investigador y profesor visitante en la University of Roehampton (Reino Unido). Es autor de varios libros sobre cine, tecnología de la comunicación y

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de las emisiones. Ha publicado también diversos artículos en su actual área de investigación, que se centra en la viabilidad de la televisión pública en el entorno europeo. Respecto a su trayectoria profesional, ha ejercido de periodista, realizador, editor y presentador de informativos durante 25 años en diferentes medios audiovisuales, como Antena 3 Televisión o Radiotelevisió Valenciana (RTVV). En esta última cadena trabajó hasta su cierre en 2013. [email protected] Pablo López Rabadán. Profesor Ayudante Doctor del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universidad Jaume I de Castellón. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona (2003) y doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos (2009). Sus líneas de investigación se centran actualmente en la influencia actual de las redes sociales en la comunicación política y el periodismo político, y el estudio de nuevas tendencias en periodismo especializado. Sobre estas temáticas, ha participado desde 2005 en diferentes proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y la Universitat Jaume I. Es autor de artículos en revistas científicas de referencia como Zer. Revista de Estudios en Comunicación, Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Revista Latina de Comunicación Social, Textual & Visual Media, Historia y Comunicación Social o American Behavioral Scientist. Ha publicado también diversos capítulos de libro en editoriales de prestigio como Tecnos y la colección Aldea Global, entre otras. Y ha realizado diferentes estancias de investigación postdoctorales, como investigador visitante, en universidades europeas como Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies (Reino Unido), University of Westminster (Reino Unido), Università degli Studi di Firenze (Italia), y americanas como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) el Emerson College de Boston (EEUU). [email protected] Javier Marzal Felici. Doctor y Licenciado en Comunicación Audiovisual, Licenciado en Filología Hispánica y Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universitat de València, Máster en Comunicación y Educación por la Universitat Autònoma de Barcelona, es Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universitat Jaume I, donde es actualmente Coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias de la Comunicación y Subdirector del LabCom UJI. Ha desarrollado una larga actividad investigadora, entre cuyas publicaciones destacan David Wark Griffith (Madrid: Cátedra, 1998); La mirada cautiva. Formas de ver en el cine contemporáneo (Valencia: Generalitat Valenciana, 1999), con Juan Miguel Company; Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada (Madrid: Cátedra, 2007); Periodismo en televisión: nuevos horizontes, nuevas tendencias (Zamora y Sevilla: Comunicación Social. Ediciones y Publicaciones, 2011), con Andreu Casero; Diccionario de conceptos y términos audiovisuales. Herramientas para el análisis fílmico (Madrid: Cátedra, 2015), con Francisco Javier Gómez Tarín; la obra colectiva La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV

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y los retos de una nueva gobernanza (Barcelona, Bellaterra, Castellón y Valencia: Aldea Global, 2015), con Jessica Izquierdo y Andreu Casero; y el libro colectivo Las televisiones públicas autonómicas del siglo XXI. Nuevos escenarios tras el cierre de RTVV (Barcelona, Bellaterra, Castellón y Valencia: Aldea Global, 2015), como editor.. Es co-director de la Colección de libros «Guías para ver y analizar cine» (56 títulos), editada por Nau Llibres y Octaedro, y co-director de adComunica. Revista sobre Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación que edita la Asociación adComunica. Es Director del Grupo de Investigación «Investigaciones en Tecnologías Aplicadas a la Comunicación Audiovisual» (ITACA-UJI), cuyos intereses se centran en el estudio de la cultura visual, las relaciones entre tecnología y visualidad, la teoría de la imagen, la economía política de la comunicación y el análisis de textos audiovisuales. [email protected] Rafael Molés Vilar. Profesor Asociado en el Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I de Castelló. Licenciado en Ciencias de la Información-Periodismo por la Universitat CEU-San Pablo. Ha sido profesor de posgrado en el Màster Oficial en Comunicació i Indústries Creatives de la Universitat d’Alacant, y el Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en la Comunicació de la Universitat Jaume I de Castelló, así como profesor invitado en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. En el terreno profesional es, actualmente, director y productor de cine documental a la productora SUICAfilms, campo en el que destaca el largometraje documental Five days to dance (2014). Anteriormente ha trabajado como a periodista y guionista en Radiotelevisió Valenciana (RTVV) donde ha dirigido el programa de reportaje social “Societat Anònima”. Miembro fundador del equipo de investigación de los servicios informativos de RTVV (Canal 9), donde ha dirigido y guionizado diferentes reportajes y documentales. Previamente, ha ejercido, también en RTVV, como periodista de informativos especializado en terrorismo islamista y la banda terrorista ETA. José Antonio Palao Errando. Profesor Contratado Doctor en el Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I de Castelló impartiendo entre otras la asignaturas Teoría de la Imagen en los grados de Publicidad y RR.PP y Periodismo. Es docente en el Programa Oficial de Postgrado Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación de la Universitat Jaume I de Castellón, donde imparte la asignatura Análisis de Textos Audiovisuales. Ha publicado, entre otros los libros La profecía de la Imagen-Mundo: para una genealogía del Paradigma Informativo (2004, IVAC) y Cuando la televisión lo podía todo: Quien Sabe Donde en la cumbre del Modelo Difusión (2009, Biblioteca Nueva), así como artículos sobre cine, televisión e imagen en las para múltiples revistas y libros colectivos. Es miembro de la Asociación Española de Historiadores del Cine, de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación,

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y de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. Ha sido investigador invitado en el Digital Cultures Research Centre en la ciudad de Bristol (Reino Unido). Es autor del blog La suficiencia de lo obvio y mantiene una columna periódica en VLCNoticias con el título genérico Comunicando. [email protected] Katharine Sarikakis. Catedrática de la University of Vienna, donde es vicedirectora del Programa de doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales. Anteriormente, fue profesora en la University of Leeds (Reino Unido). Entre sus líneas de investigación destaca la especialización en los procesos y dimensiones económico-políticos de los medios de comunicación, así como el fenómeno de la gobernanza comunicativa, tanto a nivel nacional e internacional. Parte de su investigación se centra en las formas de (des) empoderamiento de los ciudadanos, vinculadas directamente con las políticas públicas de comunicación. Su trabajo se centra en las instituciones como espacios centrales donde se produce la construcción de ideas, la legitimidad y el ejercicio del control. Su trabajo actual explora estas dimensiones a través de las tensiones de diferentes formas y grados de intervención estatal sobre individuos e industrias mediáticas y comunicativas. También destaca su trabajo para el desarrollo de las políticas representativas supranacionales. Actualmente está trabajando en una monografía, Communication and Control (Palgrave Macmillan) de investigación que explora temas como el control sobre la ciudadanía a través de la vigilancia comercial y política, la comunicación y las políticas culturales de los derechos de autor, el trabajo y la propiedad. Es co-editora de International Journal of Media and Cultural Politics con el profesor Neil Blain (Stirling University, Reino Unido). Respecto a su presencia en comités científicos internacionales, durante 6 años ha sido Chair de la Communication Law and Policy Section de ECREA, y miembro de la Executive Board de la misma asociación y del International Council de IAMCR. Por otra parte, ha sido consultora sobre la política de los medios de comunicación y cuestiones de derechos para diferentes organizaciones internacionales. [email protected] María Soler Campillo. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, Máster en Asesoría Fiscal por el Instituto de Estudios Superiores del CEU-San Pablo de Valencia, Doctora en Comunicación Empresarial e Institucional por la Universitat Jaume I, es Profesora Contratada Doctora de Empresas de comunicación y Empresa audiovisual en la Universitat Jaume I. Ha publicado el libro Las empresas de fotografía ante la era digital. El caso de la Comunidad Valenciana (Madrid: Ediciones de las Ciencias Sociales, 2007), y participado con comunicaciones en congresos y jornadas especializadas, y artículos en revistas científicas, sobre temas de economía y empresa audiovisual. Es autora de capítulos en los libros colectivos Eines per a la producció de vídeo documental (Benicarló: Onada, 2008), Teoría y técnica de la producción audiovisual (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2008), La comunicación de nuevos productos financieros socialmente responsables (Madrid: Ediciones de las Ciencias Sociales,

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2009), Periodismo en televisión: nuevos horizontes, nuevas tendencias (Zamora y Sevilla: Comunicación Social. Ediciones y Publicaciones, 2011) y La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza (Barcelona, Bellaterra, Castellón y Valencia: Aldea Global, 2015). Es miembro del Grupo de Investigación «Investigaciones en Tecnologías Aplicadas a la Comunicación Audiovisual« (ITACA-UJI) de la Universitat Jaume I. Entre los años 1995 y 2005, ha sido profesora en las Familias Profesionales de Administración y Comercio y Marketing en la Escuela Profesional La Salle de Paterna (Valencia). [email protected] Jeanette Steemers. Catedrática de Medios de Comunicación y co-directora del Communications and Media Research Institute (CAMRI) en la University of Westminster en Londres. Sus líneas de investigación incluyen la circulación internacional de contenido televisivo, las políticas comunicativas y especialmente los media en Europa. Entre sus principales publicaciones destacan los libros Selling Television: British Television in the Global Marketplace (2004), European Television Industries (2005, con P. Iosifidis and M. Wheeler), Media in Europe Today (2010, ed.), o Regaining the Initiative for Public Service Media (2012). O sus trabajos publicados en revistas internacionales como, entre otras, Television and New Media, Convergence, International Journal of Media and Cultural Politics, Popular Communication o Javnost-The Public. Por otra parte, es Editora Asociada para Europa de la prestigiosa revista Convergence, miembro del comité de la publicación Media Industries Journal, y del European Research Group. Y colabora con diferentes organismos de ámbito nacional e internacional, como el servicio de defensa audiovisual británico The Voice of the Listener and Viewer y es Miembro Ejecutivo del Comité del Media Communication and Cultural Studies Association (MECCSA). También forma parte del grupo de investigación europeo Euromedia, así como del grupo de planificación de la Conferencia Re-Visionary Interpretations of the Public Enterprise. [email protected] Andrea Valencia-Bermúdez. Miembro de la Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación (XESCOM) de la Universidad de Santiago de Compostela e investigadora de la contribución social del servicio audiovisual público en Europa. Es graduada en Periodismo con un máster en Comunicación e Industrias Creativas, ambos por la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente también termina sus estudios en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas por la Universidad de Vic. Sus trabajos —artículos y comunicaciones— se centran en diversos aspectos relacionados con el servicio público audiovisual, desde la innovación, regulación y autorregulación en medios sociales, RSC, o indicadores de calidad y valor. Su tesis doctoral encuentra su raison d´être en el valor público de estos servicios, analizando cómo se mide y comunica en las corporaciones públicas estatales de Europa. [email protected]