Los orígenes coloniales de la desigualdad económica en México

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Ibid., p. 211 et passim.
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Ibid., p. 92 et passim.
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León-Portilla, op. cit., p. 32.
1 vara = 84 cm. Castro Gutiérrez, art. cit., p. 91.
Florescano, op. cit., pp. 281-283.
Ibid., pp. 270-272.
Véase Viviane Brachet-Márquez, "Contienda y dominación: una propuesta para teorizar la desigualdad", Estudios Sociológicos, 300, 2012, pp. 111-156.

Los orígenes coloniales de la desigualdad económica en México


Santiago Álvarez Campero

La América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta; lleva siglos con muy altos niveles de desigualdad, por lo que estamos muy habituados, naturalizados, a ella. Según Jeffrey Williamson, la excepcionalidad de la desigualdad económica latinoamericana no radica en que siempre haya sido más alta que en el resto del mundo, sino que en el siglo XX en todas partes la desigualdad se redujo, menos en la América Latina. No obstante, la desigualdad económica no se reconstruye cada cien años, sino que hay que remontarse a sus orígenes para entender sus trayectorias, sus aumentos y descensos a través de los siglos. Como muestra del origen colonial de la desigualdad actual, se calcula que 40.9% de la población indígena y afrodescendiente vive con menos de un dólar al día, mientras que entre la población eurodescendiente esta tasa es tan sólo de 12.3%. El objetivo de este trabajo es rastrear los orígenes coloniales de la desigualdad económica mexicana en las instituciones políticas y sobre todo económicas de la Nueva España. Instituciones como la encomienda, las Repúblicas de Indios, la hacienda, marcaron con hierro la historia económica de la desigualdad en nuestro país. Si bien la génesis fue colonial, la desigualdad económica se combina con muchos otros procesos económicos, políticos, demográficos, culturales. Esta investigación va en el camino paras aprehender sus cambios y sus continuidades.
El renovado interés académico y público por la desigualdad económica se derivó del ciclo de protesta mundial de 2009 (el 99%) y por el célebre libro, que es invitación, de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI. Aunque el tipo de datos que utiliza Piketty no son públicos en México, es completamente posible aceptar su invitación a estudiar la desigualdad económica desde una perspectiva histórica, con variedad de fuentes, con frescura y sin prejuicios, si bien la guía teórica y la metodología aquí utilizada es muy diferente a la del francés.
El artículo se propone analizar la historia económica de la desigualdad en México, con especial énfasis en su origen durante el periodo colonial, es decir, del siglo XVI hasta principios del XIX. Para esto, seguiré de cerca las nociones teóricas de diferentes autores del nuevo institucionalismo de la ciencia política y de la historia económica, lo cual acompañaré con descripciones historiográficas de las instituciones económicas que se implantaron en la Nueva España y que tendrían un efecto duradero, histórico, en la economía y en la política nacional. El argumento teórico de esta investigación es que las instituciones políticas anteceden a las económicas; las primeras dan forma a las segundas, de modo que la distribución económica a los actores sociales de la producción se decide según criterios políticos. Así, el conflicto político, la dominación, la contienda, las relaciones de poder son las madres de todas las desigualdades. El intercambio es doble: por una parte, el Estado establece, negocia derechos de propiedad: influye en la asignación autorizada de recursos económicos; por otra, los recursos económicos se convierten en recursos políticos en manos de los ganadores de la distribución, por lo que se defiende exitosamente el statu quo.
Antes de empezar, hagamos un recuento mínimo de la desigualdad económica latinoamericana en el largo plazo. Williamson afirma que la conquista ibérica aumentó la desigualdad en 50%, aunque durante el siglo XVI se mantuvo constante por el desastre demográfico; posteriormente, se incrementó hasta encontrar su pico en 1790. Luego se redujo en las décadas posteriores a la independencia, marcadas por el estancamiento económico, para aumentar desde 1870 durante la era de las exportaciones. Esta trayectoria general, basada en estimaciones complicadas, puede observarse en la gráfica 1.
Gráfica 1
La evolución de largo plazo de la desigualdad económica
en la América Latina, España y Gran Bretaña

Fuente: Scott, 2010, que a su vez se basa en buena medida en Williamson, art. cit.


Las orígenes institucionales de la desigualdad
Las instituciones políticas coloniales, como las Repúblicas de indios y los tribunales especiales, y las instituciones económicas, como la encomienda, la Hacienda, el trabajo forzado, dieron pie a un incremento muy pronunciado de la desigualdad económica. La conquista fue completa, aunque la dominación estuvo imbricada en élites locales y autoridades metropolitanas, en medio de abusos y de leyes protectoras. Tengamos en cuenta que "en el caso de México, la tensión entre conquistadores y conquistados se sumó a la usual entre gobernantes y gobernados, o entre propietarios y desposeídos, y produjo un espectro muy variado de contradicciones étnicas, sociales, económicas, políticas y culturales". Más adelante, volveremos con mayor detalle a las instituciones políticas y económicas coloniales.
En términos teóricos, acaso los mejores expositores del argumento institucional con perspectiva comparada sobre los orígenes coloniales de la desigualdad económica son Stanley Engerman y Keneth Sokoloff, quienes afirman que la dotación de factores iniciales en los territorios conquistados supuso diversos grados de desigualdad, que dieron pie a distintos tipos de instituciones que se reprodujeron para mantener la desigualdad inicial. En Hispanoamérica, si bien la referencia es principalmente a Perú y a México, había una gran proporción de habitantes nativos con respecto a la cual la élite europea tenía grandes ventajas en capital humano. Esta desigualdad inicial se reforzó con la práctica española de premiar a las élites con tierras, trabajo nativo y recursos minerales. En Estados Unidos y Canadá, en contraste, los europeos llegaron a territorios despoblados con clima templado, por lo que hubo mayor igualdad y la actividad económica se basó en pequeños propietarios. Así, para estos autores, la mayor igualdad o homogeneidad inicial entre la población dio pie a instituciones democráticas que, por una parte, hicieron mayores inversiones en bienes públicos y en infraestructura y, por otra, crearon instituciones que ofrecían un amplio acceso a derechos de propiedad y a oportunidades económicas. En contraste, la desigualdad extrema Hispanoamérica, Brasil y el Caribe se siguió con instituciones poco democráticas, niveles de inversión en bienes públicos e infraestructura mucho más limitada, e instituciones que dieron acceso inequitativo –a favor de las élites– a derechos de propiedad y oportunidades económicas.
Estos trabajos fueron pioneros en la historiografía económica, pues aplican directamente y sin vacilaciones las aportaciones de la nueva economía institucional, aunque quizá descuiden la basta historiografía existente. También generaron mucha polémica. John Coatsworth en una crítica implacable escribió que la tesis de Engerman y Sokoloff, aunque plausible, está ciertamente equivocada. Por una parte, las élites coloniales no monopolizaron la tierra y los pueblos indígenas ocuparon la mayor parte de las tierras arables. La tierra y la riqueza no estaban más concentradas en la América Latina que en las 13 colonias inglesas o que en Gran Bretaña en proceso de industrialización. Por otra parte, las élites coloniales estaban constreñidas por la Corona: la población indígena no dependía de los criollos para tener acceso a la tierra y estaba protegida de usurpación por cortes reales. Tampoco podían dominar al amplio gobierno colonial, rechazar impuestos o regulación en el comercio, abolir monopolios de la Corona o declarar la guerra o la paz. Según Coatsworth, la concentración de la riqueza y el poder institucional de la élite ocurrió mucho después, a finales del siglo XIX y principios del XX, es decir, en los años de la primera globalización y el liberalismo triunfante.
Paralelos a esta esta teoría de dotación de factores y creación institucional, están los enérgicos trabajos de Daron Acemoglu, James Robinson y otros colaboradores sobre las causas del desarrollo económico a largo plazo. Estos autores consideran que la colonización ofrece un "experimento" natural para observar los efectos diferenciados de instituciones diversas. Por una parte se encuentran las instituciones protectoras de derechos de propiedad para la mayoría de los habitantes, implantadas en territorios poco poblados que, por tanto, recibieron habitantes de la metrópoli, quienes demandaron derechos políticos pues se verían afectados ellos mismos por estas instituciones. En contraste, se encuentran las instituciones extractivas, bajo las que la mayoría de la población enfrenta alto riesgo de expropiación por parte del gobierno, las élites u otros agentes. Este tipo de instituciones se establecieron en las colonias densamente pobladas, donde no se garantizaban derechos civiles y económicos para grandes sectores de la población.
Ambas literaturas explican la variación de ingreso a partir de diferencias institucionales, pero mientras que Engerman y Sokoloff argumentan que la desigualdad resultante fueron los determinantes del desarrollo institucional, Acemoglu y Robinson lo atribuyen a desigualdad en el estatus legal y en derechos políticos, fijados no por la dotación de factores, sino por la estructura del orden colonial. Por lo demás, si bien Engerman y Sokoloff son los que tratan directamente el asunto de la desigualdad de la riqueza, la tipología institucional de Acemoglu y Robinson es más fructífera para analizar las instituciones desigualitarias de la Nueva España.
Finalmente, la desigualdad en el status legal parece responder a una desigualdad categórica basada en la condición europea o nativa. Tilly sostiene que las categorías mediante las que se organiza una sociedad siempre producen diferencia, pero no necesariamente desigualdad. La desigualdad sucede cuando las transacciones entre categorías dan regularmente ventajas a una de las partes y reproducen la barrera. Así, estas "desigualdades categóricas" distinguen a los grupos sociales en función de si son blancos o negros, hombre o mujer, europeo o indio, que, al combinarse con jerarquías y relaciones de poder asimétricas, conllevan a una distribución inequitativa de recursos para los miembros de cada grupo. En el caso de los orígenes coloniales, claramente estamos frente al mecanismo de explotación –los tenedores de poder extraen recursos al coordinar esfuerzos de los excluidos– y de acaparamiento de oportunidades –los miembros de una red monopolizan el acceso a un recurso–, basados en las categorías de europeos o indios.

Las instituciones y la desigualdad novohispana
Según Kuntz, en la colonia se sentaron las bases institucionales que determinaron una desigual distribución de la propiedad y de la riqueza, así como de los derechos y oportunidades. Entre las instituciones coloniales que tuvieron un impacto duradero en la economía mexicana se encuentran el pueblo, la hacienda y el trabajo forzado. El pueblo era el espacio en que sucedían las actividades económicas de los indios. La hacienda consistía en amplias posesiones de tierra en las que se cultivaba sobre todo para la subsistencia. El binomio hacienda-pueblo se reforzaba mutuamente; dio pie a patrones de concentración e inmovilidad con consecuencias negativas para el desarrollo productivo, la incorporación de tecnología y la producción para el mercado. Por su parte, el trabajo forzado era un arreglo mediante el que se retenía a trabajadores por medio de deudas, lo cual en sí mismo impedía el mejoramiento en las condiciones de vida y frenaba la movilidad social, además que detenía la formación de un mercado laboral con salarios basados en la escasez relativa o en la productividad. Se trataba de instituciones formales e informales, pues involucraban leyes y derechos de propiedad, así como costumbres arraigadas, códigos morales y de comportamiento y tradiciones.

La encomienda
Además de la esclavitud indígena, la encomienda y el señorío fueron de las primeras instituciones de origen y carácter feudal que articularon la relación de subordinación entre conquistadores y conquistados. En síntesis, "la encomienda era una concesión realizada por la Corona en beneficio de una persona [española], por la cual se le concedía el tributo y el servicio personal de determinados pueblos indios, que comúnmente eran utilizados para distintos fines productivos". Los encomenderos se beneficiaban del trabajo o tributos indígenas –muchas veces con carácter de maltrato y explotación–, pero tenían la obligación de brindar instrucción eclesiástica a los nativos, de ser guardadores políticos y militares del reino al servicio de la Corona.
Como muestra del conflicto entre la Corona y las élites locales, está la cuestión de la herencia de la encomienda. "La encomienda brindaba una gran independencia a los encomenderos respecto del monarca. Así, para sujetarlos, el rey debía restarles el control de la población indígena, otorgado en las encomiendas". Las Leyes Nuevas, expedidas en 1542, negaban conceder nuevas provisiones de encomiendas, mandaban suprimir aquellas cuyos titulares fueran encontrados culpables de trato injusto y cancelaban la herencia por dos vidas. Sin embargo, mientras que en Perú se desató una rebelión que terminó con el asesinato del virrey, en México el virrey Antonio de Mendoza procedió con cautela y promulgó las leyes sin aplicarlas. Años más tarde, se logró que Carlos V derogara estas disposiciones y prometiera el repartimiento general de los indios, aunque finalmente esto sucedió parcialmente y se inició un lento proceso de restitución a la Corona de las encomiendas que iban vacando. Cabe agregar que esto significó el fin de la encomienda como institución de trabajo, pero en adelante los tributos consistirían en pago en dinero o especies naturales o industriales.



Trabajo forzoso
Si bien la esclavitud y la encomienda predominaron en la primera mitad del siglo XVI, en el siglo siguiente se introdujo una relación laboral más voluntaria entre españoles e indígenas, los cuales ahora recibirían un jornal como salario y la carga de trabajo sería más moderada. No obstante, esta era una libertad relativa, pues si los nativos no accedían a trabajar, se les consideraba "ociosos y vagos", por lo que eran coaccionados por el Estado. Posteriormente, habría libertad de alquilarse con quien los indígenas quisieran, pero necesariamente debían hacerlo con alguien. Sin embargo, desde 1632 y hasta entrado el siglo XVIII, "cuando el Estado abandona la compulsión oficial del trabajador fundada en el interés público, no obtiene con ello la libertad general de los trabajadores agrícolas, sino que abre paso al fortalecimiento de otro método de compulsión que se basa en el contrato individual acompañado de las deudas". La "adscripción por deudas" consistía en ofrecer tierra para que el trabajador la cultivara como terrazguero del dueño y/o anticipar su sueldo para así se retenerlo en la hacienda. Se establecieron leyes para respetar la voluntad del trabajador si quería pasarse a otra finca; usualmente, el traslado iba acompañado de denuncias de abusos y por la transferencia de la deuda de un patrón a otro.

La tierra y la contienda indígena
Tras la conquista, la propiedad territorial indígena experimentó grandes cambios. En el siglo XIV hubo graves epidemias (viruela, sarampión, tifo, cocoliztli) que redujeron dramáticamente la cantidad de indígenas; así, en el centro de México, la población indígena pasó de 25.2 millones en 1518 a 1.37 millones en 1605. Por consiguiente, se mandató una reorganización y reubicación (forzosa) de los pueblos indígenas para congregarlos en "asentamientos urbanos al estilo europeo", lo cual sirvió como "táctica perfecta para desposeer a los señores naturales tanto de las tierras como de sus macehuales terrazgueros [trabajadores indígenas que antes les daban servicio]", además de obligar a los nativos a reconstruir su actividad económica en lugares desconocidos.
Una consecuencia del programa de congregación de pueblos fue que los indígenas quedaron separados del conjunto social por obstáculos formidables. En primer lugar, por una barrera triple: territorial, étnica y lingüística, pues los nuevos pueblos se concibieron como residencia propia de los indios, con exclusión de blancos, negros y castas. Jurídica, en segundo lugar, porque la Corona discurrió la expedición de leyes, jueces y tribunales especiales, dirigidos a proteger los derechos de los pueblos en forma privativa y paternalista. Y económica, por último, porque la reducción de los indios en los pueblos determinó su participación como fuerza de trabajo subordinada a las necesidades de la economía española (por esta vía los indígenas se vincularon a las actividades económicas españolas, pero sin dejar de residir en sus pueblos).
Esta reorganización de los pueblos indígenas –basados en el municipio español, con derechos comunales a la tierra, gobierno propio y obligación de pagar tributo y proporcionar trabajadores a los conquistadores y pobladores españoles– dio pie a las "repúblicas de indios". Con ellas desaparecieron las antiguas y complicadas jerarquías y linajes indígenas, para dar paso a la simple división entre macehuales y autoridades de república (quienes disfrutaron de una posición y privilegios exclusivos), lo cual contribuyó a la creciente fuerza de trabajo barato indígena. En la segunda mitad del siglo XVI, los nobles enajenaron rápidamente su propiedad en favor de los colonos españoles y casi en precios irrisorios, pues había una inclinación hacia el modo de vida "hidalgo", mayor desapego personal a las tierras patrimoniales como consecuencia del proceso de mestizaje y cierta racionalidad económica, ya que la concesión de tierras de cultivo provocó que no hubiera trabajadores para cultivarlas. El objetivo de la Corona era aprovechar la vida comunitaria indígena para asegurar una dominación pacífica; sin embargo, las elecciones anuales por el cargo oficial de república fueron motivo de disputas ríspidas. A pesar de repetidas órdenes y mandamientos de la Corona para mantener a los españoles al margen del orden indígena, muchas veces hubo injerencia de encomenderos para deponer a oficiales que no convenían a sus intereses; en otras ocasiones, como en Oaxaca, los caciques y principales lograron permanecer en sus puestos, pero a cambio tuvieron que acordar con españoles la cesión de tierras y la imposición de tributos y servicios.
La promulgación de las leyes que crearon las Repúblicas de indios, con su dotación paralela de tierras y la declaratoria del Fundo legal que demarcaba la propiedad territorial de cada pueblo, llevada a cabo por Carlos V y Felipe II, equivalió a una "especie de reforma agraria". Si bien la disputa por la tierra se atenuó por la disminución demográfica de los indígenas, su creciente recuperación en años siguientes trajo consigo el apremio por la obtención y restitución de tierras para poder subsistir. Un importante recurso legal para los indios fue la figura de "tierras por razón de pueblo". En 1567, el virrey dispuso que ninguna labor agrícola española pudiera establecerse a menos de 500 varas (420 metros) de un pueblo de indios; en 1687, la Corona mandó ampliar la brecha a 600 varas (504 metros) aunque fuese en perjuicio de propietarios españoles. Con todo, la energía social de los pueblos indígenas se concentró en defender las tierras comunales antiguamente poseídas o nuevamente adjudicadas, de las cuales dependía su sustento y existencia. Por una parte, surgió lo que se ha denominado el "pleitismo indígena". En 1592 se fundó el Juzgado General de Indios, el cual ventiló los pleitos de indios entre sí y los de españoles contra indios hasta 1820. La mayoría de las quejas eran asuntos concernientes a derechos de tierra y propiedad; así, "los pueblos indígenas lucharon sin tregua por la posesión de sus tierras y por la demarcación de sus límites (…) durante décadas o aun siglos, frecuentemente gastando en el proceso mucho más de lo que valía la tierra en disputa".
Por otra parte, la Real Ordenanza de Intendentes de 1786, en el marco de las reformas borbónicas, engendró la expropiación más cuantiosa de bienes territoriales y comunitarios indígenas. De este modo, los bienes o cajas de comunidad, es decir, el banco de ahorro del pueblo, pasaron a ser manejadas por los intendentes y sus subdelegados. Además, la Real Ordenanza también mandató arrendar todas las tierras y bienes que no se ocuparan en siembras de la comunidad, lo que en muchas ocasiones terminó en la venta de sus antiguas propiedades al mejor postor sin que ese ingreso llegara a manos indígenas, sino que se quedara en poder del intendente. Estas medidas violentas fueron correspondidas con rebeliones campesinas y levantamientos indígenas; para los planes subversivos de 1808 y la revolución de independencia, el apoyo indígena no se hizo esperar.

Conclusiones
A partir de la narrativa histórica presentada pueden identificarse ciertas pautas de qué instituciones económicas y bajo qué condiciones aumentó más la desigualdad económica. En síntesis, la encomienda, el trabajo forzado, y la expropiación de tierras estuvieron estrechamente vinculados y representaron un complicado entramado institucional que, al fin de cuentas, sí puede caracterizarse como "extractivo". Sin embargo, contrario a la noción de Acemoglu et al., la metrópoli hizo importantes esfuerzos por respetar los derechos indígenas (incluido el de propiedad territorial) y castigar los abusos por parte de españoles, aunque esto lo hizo a través de la exclusión física, política, cultural y económica de los grupos nativos. Por consiguiente, puede decirse que la colonización española conllevó el establecimiento de instituciones extractivas dinámicas no siempre derivadas de la metrópoli, del conquistador, sino insertadas en el seno de la sociedad colonial.
Es posible afirmar que existe una evolución pendular de la relación y el reparto económico entre españoles e indígenas. Estuvieron los periodos donde se buscaba integrar a la fuerza a los indios a la economía española, afectando sus intereses y bienestar –las primeras décadas tras la caída de Tenochtitlan en 1521, las reformas borbónicas–, en los que aumentó la desigualdad económica. Hubo también una época de respeto excluyente al modo de vida indígena y a su propiedad comunal –las repúblicas de indios– en los que la desigualdad se mantuvo estable, aunque esto se debió más al dramático desastre demográfico del siglo XVI (si mueren millones de pobres, de subordinados, lógicamente disminuye el coeficiente de GINI, pero esto no significa que se trató de una sociedad más igualitaria).
Hemos visto cómo las instituciones económicas, establecidas por el Estado, por la política, distribuyen los beneficios económicos de manera profundamente desigual. El perdedor no es cualquiera, sino el indio, por ser indio. La Nueva España fue el régimen que siguió al aplastante triunfo militar de un poder sobre otro, de una población sobre otra. Instituciones coloniales como la encomienda, el trabajo forzado, la hacienda distribuyeron recursos económicos hasta el siglo XX. Durante la época colonial se forjaron instituciones desigualitarias, un pacto de dominación en el que los españoles eran dueños del juego. No obstante, vale subrayar la movilización política de los pueblos indígenas, que recurrían a los cauces institucionales para defender sus derechos. Si bien la desigualdad económica se cristaliza y consolida en instituciones políticas y económicas, el conflicto distributivo entre los actores políticos –indígenas, encomenderos, la Corona…– nunca se detiene. Con todo, estudiar la desigualdad económica en México desde tiempos coloniales, con una perspectiva comparada y de largo plazo, parece ser un campo fértil para la historia económica.
























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