Los nuevos caminos de los movimientos sociales en latinoamérica
Descripción
LOS NUEVOS CAMINOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LATINOAMÉRICA Mario Alberto Velázquez García Helene Balslev Clausen Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen Coordinadores Universidad de Aalborg / Universidad de Copenhague / El Colegio del Estado de Hidalgo Primera edición: 2015
© D.R. por el texto: los autores. © D.R. Universidad de Aalborg / Universidad de Copenhague / El Colegio del Estado de Hidalgo Reforma 1905 ote., Col. Modelo, C.P. 64580 Monterrey, Nuevo León, México www.tildeeditores.com Coordinación editorial: Cuitláhuac Quiroga Costilla. Diseño: Jesús Lozano / Tilde Editores. Edición y producción: Tilde Editores. Portada: Dibujo a lápiz de Carlos Rodríguez "Moha" Reservados todos los derechos, queda prohibida la reproducción total o parcial delos textos y/o fotografías de la presente edición sin la autorización expresa por escrito.
ISBN: 978-607-9418-02-1 IMPRESO EN MONTERREY, MÉXICO.
Universidad de Aalborg / Universidad de Copenhague / El Colegio del Estado de Hidalgo
Introducción DIGNA RABIA LATINOAMERICANA Mario Alberto Velázquez García1 Helene Balslev Clausen2 Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen3 “hemos entrado a una era en la que no existen puntos de recolecta de la ira con perspectiva mundial. Ni en el cielo ni en la tierra se sabe hacer nada con la ‘justa ira del pueblo”. Peter Sloterdijk Ira y tiempo
Los movimientos sociales son formas de acción colectiva, relaciones
entre grupos políticos y de la sociedad civil, procesos de creación cultural y mecanismos de organización social que resultan fundamentales para entender las sociedades latinoamericanas modernas. En Los nuevos caminos de los movimientos sociales en Latinoamérica buscamos dar un marco general que nos permita entender y explicar el funcionamiento de estas formas de organización y relación social en una región específica del mundo. Los movimientos sociales resultan de complejos procesos sociales donde existe una relación conflictiva entre al menos dos grupos sociales por el uso o control de un bien o recurso. La conexión entre los miembros de un movimiento social funciona a partir de redes, es decir: supone la existencia de distintos grupos y actores que se integran en la búsqueda de un objetivo común. Estos actores generan un sentido de pertenencia al movimiento, logrando identificar un nosotros distinto al de su oponente (Della Porta, 2006). Otra característica que resulta fundamental en el funcionamiento de un movimiento social es el uso durante sus actos públicos de acciones disruptivas, es decir, medios de protesta que están cerca de la
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ilegalidad o abiertamente se colocan en ella, por lo que al delinear estos como los elementos conceptuales que caracterizan a un movimiento social, buscamos delimitar qué tipo de acciones colectivas serán analizadas en los distintos capítulos. Los trabajos contenidos en este libro son resultado de un intenso proceso de reflexión individual pero también colectiva. Cada ensayo fue discutido en seminarios de trabajo realizados en Dinamarca. Aunque resulta imposible analizar todos los movimientos sociales de la región, este libro buscó incluir algunos de los movimientos sociales más significativos de Latinoamérica en los últimos años. Los movimientos sociales discutidos y analizados no representan organizaciones revolucionarias de nivel macro, sino más bien movimientos que han mostrado tener la capacidad de influir en las agendas políticas locales y a veces nacionales, con puntos de vista y experiencias de vida experimentadas en los márgenes de las sociedades, por ello contribuyen también con la creación de significados, con puntos importantes de orientación y a veces con victorias.
Los procesos sociales que analizamos en estos ensayos no son las primeras acciones colectivas de este tipo que se presentan en la región, sino todo lo contrario, pues han sido precedidas por una larga historia de protestas y movilizaciones. Para entender mejor estos procesos presentaremos en este apartado un breve recorrido de algunos de los eventos relacionados a las protestas o movimientos sociales que nos permitirán contextualizar las protestas que analizamos en este libro. En la historia de Latinoamérica los grupos indígenas y campesinos han desempeñado un papel central en los levantamientos sociales (Berthell, 1996), por ejemplo en México, el Ejército Libertador del Sur que participó dentro de la Revolución mexicana surgió dentro de un consejo indígena que buscaba detener hacendados que trataban de adquirir más tierras. En el Valle de la Convención, Perú, tuvo lugar un movimiento social cuando los dueños de las tierras quisieron adquirir terrenos cafetaleros adicionales e intentaron aplicar nuevas obligaciones tributarias a los campesinos. En Ucureña, Bolivia, se constituyó una unión sindical cuando un grupo de latifundistas pretendieron falsificar papeles sobre la posesión de tierras. Las amenazas a la propiedad era uno de los principales motivos de rebelión, no obstante, los movimientos campesinos o indígenas también tendían a desarrollarse por las consecuencias sociales, económicas y culturales que tenía el
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contacto e intercambio de sus comunidades con la nueva sociedad (Singelmann, 1974). El triunfo de la Revolución cubana en 1959 convirtió a la isla en uno de los referentes mundiales para aquellos grupos que buscaban generar una transformación radical de sus sociedades. Los movimientos guerrilleros tenían en la acción del grupo encabezado por Fidel Castro, un ejemplo para generar un cambio aún en situaciones tan adversas como las de dicha isla caribeña. Una segunda victoria fundamental para la izquierda en el continente fue la de Salvador Allende en Chile en el año 1970. El triunfo de la Coalición Unidad Popular, que parecía significar la posibilidad real de un cambio no violento, fue abruptamente opacado con el golpe militar en 1973. No todos los grupos sociales nacionales chilenos (militares, industriales, Iglesia) veían con agrado la expansión de la izquierda como ideología que dirigiera el país (Dabéne, 1999). La inestabilidad en el funcionamiento de las democracias, provocadas por golpes de Estado, se convertiría en una constante en la mayoría de los países Latinoamericanos durante la segunda parte del siglo XX. En este sentido los golpes de Estado pueden ser entendidos como una herramienta para evitar el arribo o continuación de tendencias ideológicas generalmente de izquierda, en el control del poder estatal. Este tipo de formas extremas para lograr el control de un Estado no sería posible sin dos elementos: un conjunto de grupos internos con recursos (económicos, ideológicos, militares), y el respaldo de gobiernos extranjeros, por lo que un apoyo fundamental era sin duda el de Estados Unidos, país que ocupó frecuentemente un papel importante de colaboración con los grupos internos en la planeación, ejecución y sostenimiento de las dictaduras (Brasil, Chile, Argentina, Perú, Haití, Panamá, Salvador, Honduras, Nicaragua (Nieto, 2006; Velázquez, 2012). Durante el siglo XX otro grupo de movilizaciones sociales significativas en Latinoamérica estuvo ligado a los trabajadores, el llamado movimiento obrero. Una de sus principales formas organizativas, los sindicatos, constituyeron una herramienta fundamental para lograr dos objetivos: la mejora de las condiciones de trabajo (medios para el desempeño de la labor, salario y seguridad social) y establecer una vía de acceso y/o negociación de los sectores obreros con el Estado. Las organizaciones del movimiento obrero se caracterizaron, en términos generales, por contar con aparatos burocráticos, con una dirección centralizada que tuviera la capacidad de controlar las decisiones principales de acción sindical, los tiempos y los modos de protesta. La construcción de la identidad por medio de la afiliación a un conjunto de principios ideológicos ocupaba una parte importante de 11
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las discusiones internas y era un motivo de encuentro o disputa entre fracciones internas o inter-sindicatos (Angell, 1998). A pesar de componer una parte proporcionalmente pequeña de la población latinoamericana, la influencia del movimiento obrero fue fundamental aunque a veces contradictoria: este grupo contribuyó tanto a la conformación y funcionamiento de gobiernos (Juan Domingo Perón y Lázaro Cárdenas), el sostenimiento de algunas dictaduras (Argentina, Brasil y Perú), pero también en las transformaciones democráticas de la región (Dabéne, 1999). Cada uno de los movimientos obreros mantenía posturas distintas respecto a la utilización de medios de participación legal, partidos políticos, elecciones u optar por métodos disruptivos, la generación de movimientos sociales, o francamente radicales (las guerrillas). Las elecciones de formas de acción eran un motivo de conflicto entre los distintos grupos; la consolidación y mantenimiento de la unión sindical ha sido un problema recurrente en la región aunque no exclusiva de ella (Angell, 1998), por su parte los gobiernos latinoamericanos fueron desarrollando una serie de mecanismos, legales e ilegales, encaminados a negociar, controlar o reprimir estas formas de organización obrera. En la primera parte del siglo XX la represión violenta fue uno de los medios fundamentales de control –Cananea en México, la “semana roja” de Santiago en Chile o la “semana trágica” de Argentina– (Dabéne, 1999), posteriormente fueron desarrollándose otros como la aplicación de legislaciones que limitaban o controlaban los derechos de manifestación laboral, la creación de sindicatos bajo el control estatal y un “pacto de dominación” donde el Estado concedía una serie de beneficios sociales a cambio de que los líderes mantuvieran un control interno de la vida sindical acorde a los intereses políticos y económicos del Estado (Brachet, 1996), por otro lado, estas formas de mecanismos estatales no significaron necesariamente la desaparición de los sindicatos independientes sino todo lo contrario, ya que continúan desempeñando un papel fundamental en la actualidad. Uno de los ejemplos más claros es el sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva que con el Partido de los Trabajadores llegó al gobierno de Brasil en 2003-2010, la economía más grande de Latinoamérica. A pesar de lo anterior, los sindicatos en la región han sufrido una sistemática pérdida de miembros y de capacidad de representación, en parte, por las transformaciones económicas de la zona. En Latinoamérica, los actores sociales y políticos relevantes durante una buena parte del siglo XX fueron los sindicatos, el ejército, el gobierno, los partidos políticos, las organizaciones campesinas y la Iglesia, la sociedad civil era un actor presente, marginalmente, en algunas zonas del continente, y no es que en esta parte del continente no existiera la sociedad civil, sino que su influencia estaba 12
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restringida principalmente a actividades como la asistencia social, la cultura, la educación y la religión. En la década de los años ochenta, la región experimenta una expansión de los grupos civiles. El crecimiento de estos grupos se ve acompañado de una nueva ola de movilizaciones sociales que presentan no sólo una diversificación en sus objetivos, sino en sus formas de acción y posturas frente a otros grupos y al gobierno. Los problemas de discriminación por género, preferencias sexuales, contaminación del ambiente, derechos humanos antes marginales dentro del debate público, comenzaron a ocupar un lugar central, en gran parte se debió a la acción de estos nuevos agentes sociales. Los nuevos temas de protesta, como la conservación de una zona natural, permitían la coincidencia de individuos fuera de estas estructuras sociales de organización. Lo concreto de la causa (defender un bosque), hacía teóricamente inoperantes los viejos mecanismos de definición de la membresía, pues no era necesario pertenecer a una determinada clase social o creencia ideológica, e incluso, la coherencia en las prácticas se limitaba al aspecto concreto de la protesta: lo que se hacía o no por salvar el bosque, permitiendo el inicio de formas de organización en pequeños grupos, con estructuras sumamente flexibles y baratas. Los métodos de acción de los movimientos sociales tradicionales mostraron ser más costosos e ineficientes frente a nuevos modelos de organización y de protesta, los sindicatos también resultaron lentos y burocráticos en sus formas de decidir frente a grupos pequeños y moldeables que encabezaron luchas por el medio ambiente o los derechos de las mujeres. Esta flexibilización en las formas de protesta era acorde con la informalidad laboral y los cuestionamientos a las ideologías de izquierda después de la desaparición de la Unión Soviética (Zapata, 1993). Las nuevas organizaciones proporcionaron nuevas formas de identidad a los individuos, la identidad de clase estaba siendo puesta en duda tanto por los problemas o fracasos de las experiencias reales, la Unión soviética, los países de Europa oriental y Cuba, como por los retrocesos en las experiencias de cada país de la región, así como por la creciente informalidad de grupos sociales. La pertenencia a un sector dentro del proceso productivo comenzaba a ser un borroso referente en el que cada vez menos individuos se sentían plenamente representados. Las nuevas formas de identidad comienzan a relacionarse con las actividades o intereses cotidianos de las personas, en vez de ideologías que buscaban transformar o desaparecer al Estado capitalista; ahora por ejemplo, las personas se reúnen alrededor del rescate de un río contaminado, por lo que la identidad de los 13
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movimientos sociales pasó de ser predominantemente definida en términos económicos o políticos a serlo en acciones del ámbito cultural o de la vida personal (Touraine, 1998). La década de los noventa en Latinoamérica iniciaba con un periodo de consolidación de un proyecto político y económico de centro-derecha, lo que suponía el funcionamiento de democracias electorales, es decir, la construcción de un conjunto de instituciones y organizaciones políticas y gubernamentales que aseguraran la celebración regular de procesos electorales para los cargos de representación popular en escenarios donde los contendientes tuvieran oportunidades razonablemente iguales. La realidad latinoamericana, sin embargo, caracterizada por fuertes mecanismos de exclusión económica, social y cultural, siempre ha influido en las prácticas políticas y ha limitado la participación de muchos grupos sociales. Por otra parte, las distintas agencias internacionales y las propias élites intelectuales, económicas y políticas de los distintos estados latinoamericanos favorecieron un modelo económico y gubernamental denominado comúnmente como neoliberal, que suponía el adelgazamiento de los aparatos estatales por la venta de empresas paraestatales, la reducción de puestos burocráticos y la disminución de los recursos destinados a los grupos desfavorecidos, la exportación como principal foco de interés productivo y el equilibrio en la balanza de pagos como algunos de los nuevos referentes principales para la construcción de políticas públicas y estructuración de las economías latinoamericanas. Una consecuencia significativa de estas políticas neoliberales fue el debilitamiento de las organizaciones sociales del antiguo modelo económico tales como: el movimiento gremial de los sindicatos, los movimientos campesinos y los movimientos de estudiantes. Chile se convirtió en un modelo sobre las “ventajas y beneficios” que producía en la economía y las finanzas públicas la aplicación integral de este nuevo modelo económico y gubernamental. La pobreza en Latinoamérica disminuyó, de 204 millones de personas (48.4% de la población) en 1990, para llegar al año 2012 con 167 millones, es decir 28.8 % de la población, pero a pesar de este avance significativo, una encuesta realizada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en el año 2011, mostró que seis de cada diez latinoamericanos confiaban poco o nada en las instituciones políticas y el Estado. La desconfianza hacia las instituciones democráticas (partidos, poder judicial, ejecutivo y legislativo), parece ser una característica permanente de las sociedades latinoamericanas. Esta percepción se incrementa en aquellos países donde existe una menor disminución de la desigualdad y la pobreza (CEPAL, 2012). 14
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La continua duda de la población latinoamericana hacia las instituciones políticas, sin dejar de mencionar que todavía era un número significativo los que continuaban viviendo en condiciones de pobreza, es un elemento que nos ayuda a entender por qué se presentó un nuevo ciclo de protestas desde los inicios de la última década del siglo pasado y la primera década del siglo XXI. Los grupos que tradicionalmente encabezaron las grandes movilizaciones sociales en el siglo pasado, muy debilitados por los cambios neo-liberales, mostraron tener crecientes problemas internos de organización y de representación, tanto frente a los grupos que buscaban encarnar como hacia el resto de la población. Las protestas tuvieron éxitos moderados o muy focalizados en ciertos grupos o sectores para detener la operación del nuevo modelo gubernamental y económico, haciendo cada vez más visible la presencia de nuevos actores sociales, principalmente las organizaciones de la sociedad civil que plantearon modelos alternativos de participación social fuera del ámbito de los partidos. Como dijimos, estos grupos no sólo presentaron nuevas opciones de acción pública, sino que hicieron visibles nuevos grupos y nuevos tipos de demandas: los grupos indígenas, feministas, los grupos ambientalistas, las comunidades gay, ‘ollas comunes’, ‘vaso de leche’, organizaciones barriales, entre otras tomaron un nuevo protagonismo y llenaron parte de ese hueco que habían dejado las organizaciones antiguas de carácter clasista. Es en este contexto donde se produce en 1994 el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, México, este nuevo grupo constituyó una renovación de los discursos y las prácticas de los movimientos revolucionarios y guerrilleros del continente y del mundo; en primer lugar, porque el banco de recolección de la ira general (Sloterdijk, 2010), pasó de concentrarse en un modelo marxista —anclado principalmente en principios económicos, de conciencia de clase y de una opción, el socialismo— como resolución a las contradicciones del modelo económico y político, es decir, hacia un modelo que daba prioridad a nuevos actores no económicos (los indígenas y otros grupos marginados), el reconocimiento de la existencia de diferencias entre las distintas aspiraciones como principio y fundamentalmente, la idea de que diversos mundos son posibles. Este nuevo modelo de cambio sería resumido por el EZLN en voz del subcomandante Marcos con la “digna rabia”, es decir, la existencia de una “proporcionalidad” entre los distintos grupos que buscaban transformar sus sociedades, donde cada uno de ellos tenía sus propios proyectos, objetivos, historias y recursos. Esto significaba que no era posible plantear un modelo único de revolución y transformación, sino que cada uno tiene características acorde a sus 15
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propios ámbitos e historias, en otras palabras, siguiendo la metáfora de Sloterdijk, el gran banco de recolección de la ira general del marxismo se transformaba en cajas de ahorro locales, regionales o nacionales con distintas metas aunque con la posibilidad de unirse en la búsqueda de objetivos como la democracia, la justicia o la libertad. En 1998, Hugo Rafael Chávez Frías gana las elecciones presidenciales en Venezuela. Desde su arribo al poder busca tener un protagonismo continental y mundial, primero a través de sus constantes y atronadores críticas a los Estados Unidos, las democracias latinoamericanas que no estaban resolviendo los problemas de pobreza de su población y a España por sus intentos de conservar un papel dominante en la región, por lo que Chávez comenzó a representar una voz para sectores de la región que tenían estos mismos cuestionamientos pero que no contaban con un foro internacional para manifestarlos; segundo, Venezuela tomó un nuevo protagonismo al intervenir activamente en la delineación de las políticas internacionales sobre el petróleo, producto sobre el cual este país tiene enormes reservas (Velázquez, 2012). La popularidad de este personaje pronto rebaso el ámbito nacional para convertirlo en uno de los políticos más influyentes y a la vez más controversial de Latinoamérica hasta su muerte en el 2013. Además del carisma de Hugo Chávez, el creciente apoyo popular que logró este ex militar descansó en sus planteamientos políticos que representaron una vía para construir un gobierno de izquierda, pensamiento que Chávez tomó de Heinz Dieterich Steffan y Michael Lebowitz quienes habían postulado la necesidad de construir el socialismo del siglo XXI (Dieterich, 2002; Lebowitz, 2006). El creciente acercamiento de Venezuela a Cuba comenzó a redelinear el viejo sueño de la izquierda latinoamericana de contar con un bloque geopolítico independiente en la región. Esto fue posible, en parte, por el elevado precio del petróleo que le permite a Venezuela sufragar programas y apoyos financieros a países hasta entonces castigados por las políticas internacionales y económicas de Estados Unidos como Bolivia, Cuba y Nicaragua. Pero Venezuela no fue el único país que construyó un nuevo modelo de izquierda, algunos de los países más grandes de la región, Argentina, Brasil y Chile también atestiguaron el arribo al poder de partidos políticos de izquierda, a pesar de que algunos grupos de la derecha más dura de Estados Unidos y de la misma Latinoamérica comenzaron a construir un discurso de miedo alrededor de los posibles peligros de este tipo de gobiernos, que podrían tomar decisiones “anticapitalistas”, pronto el temor fue disipado por la moderación económica de las políticas públicas de estos países. 16
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La aparición de gobiernos de izquierda en Latinoamérica, junto al crecimiento económico de Brasil, Chile y México y la importancia que comenzó a tomar Venezuela, dados sus significativos recursos petroleros transformaron la geopolítica regional. Brasil se convirtió en una de las economías más grandes del mundo y como tal, comenzó a demandar un mayor equilibro en el trato económico, político y militar.
Para los estudios académicos, los cambios sociales arriba mencionados han significado un reto: ¿Cómo analizar estas identidades y formas de hacer política? ¿Con qué conceptos y con qué marcos teóricos? Los cambios han llevado a algunos en pensar que ‘antiguas’ categorías como clase social y condiciones estructurales, ya no podían capturar esas nuevas expresiones de movilizar a grupos sociales, que había que buscar nuevas formas de análisis. Últimamente, sin embargo, muchos han llegado a la conclusión de que no se trata de cambiar totalmente un sistema por otro, sino der ver las nuevas manifestaciones sociales como expresiones de continuidad, también cómo las ‘nuevas’ organizaciones son conformadas, muchas veces, por viejos actores que transmiten sus experiencias organizacionales, por lo que los estudios deben enfocarse en continuidades, en redes y en transformaciones más que en rupturas (Escobar y Álvarez, 1992; Stahler, Vanden y Kuecker, 2008). Los movimientos sociales en América Latina por lo tanto han contribuido a las ciencias sociales y humanísticas con formas novedosas de creación de identidades, formas de acción e imaginación política antes no concebidas. Un elemento de corte analítico que nos permite contextualizar los procesos sociales analizados en el presente libro, es enumerar el conjunto de roles que estas acciones colectivas han desempeñado en el sub continente latinoamericano: 1) Los movimientos sociales como creadores de actores sociales. La conformación de grupos que protestan permitió que colectivos, identidades u organizaciones que hasta entonces no habían sido considerados como significativos o importantes en la política latinoamericana comenzaran a tomar un papel protagónico. Los movimientos indígenas, ambientales o feministas comenzaron a generar nuevas identidades sociales basadas, como el resto de los nuevos movimientos sociales (Melucci, 1996), en prácticas del ámbito cotidiano o íntimo y experiencias de exclusión;
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2) Los movimientos sociales dieron visibilidad a nuevos temas en la agenda pública. Estos nuevos actores no sólo generaron nuevas identidades colectivas sino que atrajeron la atención hacia problemas colectivos que hasta ese momento habían sido considerados como marginales o simplemente eran invisibles, como las desigualdades de género, la contaminación ambiental, prácticas raciales, entre otras. El crecimiento de estos grupos y la acumulación de recursos (redes, seguidores, presupuesto, apoyo internacional, conocimiento experto, leyes internacionales, etcétera), además de discursos internacionales y globales sobre derechos humanos, obligaron a gobiernos, partidos políticos y organizaciones sociales a tomar en cuenta sus demandas y en algunos casos, incluirlas en planes y políticas concretas. Pero más importante que la participación con el sector gubernamental, es que los nuevos grupos e intereses ayudaron a la reconfiguración de la sociedad civil, su crecimiento y diversificación (Álvarez y Escobar, 1998). Este probablemente sea uno de los cambios más significativos dentro de la reconfiguración de la sociedad política y cultural en la región latinoamericana dentro de las últimas dos décadas; 3) Los movimientos sociales y las elecciones. La ola de democratización de Latinoamérica en los noventa fue posible, en gran parte, por la presencia de grupos de personas que protestaron por las condiciones políticas de sus países. La apertura de los sistemas políticos no fue fácil, diversos grupos enfrentaron formas violentas de represión pública y clandestina, pero la presión en las calles fue fundamental en muchos casos para poder terminar con regímenes militares o represivos y que los procesos electorales se convirtieran en una normalidad para que surgieran sistemas de partidos; 4) Los movimientos sociales como conformadores de cultura política. Estas formas de acción social utilizan medios para su organización, símbolos, discursos, prácticas de protesta y expresan discursos. Todos estos elementos han colaborado a la transformación de la cultura política de sus sociedades, desde el potente mensaje silencioso que durante décadas han enviado las Madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, hasta las multitudinarias manifestaciones indígenas de Bolivia, y la presencia en Internet de los zapatistas, las protestas colectivas han contribuido a reconstruir las prácticas culturales de los distintos países; 5) Los Movimientos sociales como creadores de nuevas alianzas y redes internacionales y globales. Los movimientos sociales latinoamericanos han creado redes de contacto a nivel regional, como por ejemplo, las organizaciones indígenas de la Amazonía, así como también a nivel internacional y global. Un ejemplo a lo anterior es Vía Campesina, una organización de movimientos de 18
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pequeños productores de alimentos que tratan de fomentar seguridad alimentaria y coordinar una producción agrícola no dominada por las grandes empresas transnacionales de alimentos y de semillas, fertilizantes e insecticidas. Otra organización es Foro Social Mundial, que con sus conferencias internacionales se ha constituido en una creadora de fuertes imágenes y discursos alternativos. Lo importante e impresionante de estas organizaciones es que son el resultado de actividades que han surgido de grupos sociales marginales y sin muchos recursos, fuera de los ámbitos de los partidos políticos y los estados; 6) Los movimientos sociales como desafíos para las democracias latinoamericanas. Como hemos dicho, una de las características de los movimientos sociales es que se conforman de redes, de grupos o personas que se reúnen para un objetivo común. Al no tratarse de organizaciones institucionalizadas, sino de agrupaciones temporales, sus objetivos, formas de participación y la toma de decisiones varían y se transforman con el tiempo, por lo que esta flexibilidad organizativa les representa una ventaja frente al funcionamiento más lento de las instituciones democráticas. Por otra parte, el impacto que se logra generar con una gran movilización de personas, como ya dijimos, puede tener un efecto significativo en la toma de decisiones de política pública y programas de gobierno. Estas características del funcionamiento de los movimientos sociales los pueden convertir en medios de control para líderes sociales o políticos que busquen influir para lograr objetivos propios, no necesariamente relacionados al bienestar colectivo. Las frágiles democracias latinoamericanas son especialmente sensibles a estas formas de presión dada la desconfianza generalizada con la que operan en la región (CEPAL, 2012).
La globalización o mundialización es un proceso que funciona a partir de la implantación —cuándo inició a instaurarse es discutible— y profundización de un conjunto de sistemas (económico, cultural, político y de comunicación) que interconecta e intensifica la velocidad y el ritmo de las relaciones e intercambios de todas las regiones del planeta, pero no significa la construcción de relaciones más igualitarias entre los países, sino todo lo contrario, pues la concentración de la riqueza que había disminuido en algunos casos después del fin de la segunda guerra mundial ha vuelto a los niveles de principios del siglo pasado (Piketty, 2014). 19
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El modelo de integración de la globalización, basado en gran parte en temas económicos ha sido sujeto de diversas críticas, las manifestaciones que grupos antimundialización realizan en las sedes donde se desarrollaron reuniones internacionales de organismos de cooperación económica a partir de Seattle en 1999, son algunas de las más significativas (Coburn, 2009). Estas manifestaciones han dado origen a un nuevo grupo de movimientos sociales a partir de la capacidad de estos grupos para plantearse nuevos objetivos de transformación dentro y fuera de los procesos de globalización (Wieviorka, 2009). En Latinoamérica, la primera década del nuevo siglo se desarrolla dentro de condiciones políticas, económicas y sociales muy distintas a las que tenía la región a inicios del siglo XX, no obstante, los países latinoamericanos continúan presentado problemas estructurales que ponen en riesgo la continuidad y legitimidad de las democracias. El principal obstáculo lo constituye sin duda la desigualdad de clases y los escasos mecanismos de movilidad social y aunque existe una sostenida disminución de la población en situación de pobreza en el continente, una importante proporción de la población continúa padeciendo enfermedades y problemas relacionados a la miseria, es decir, en el continente se presentan fuertes contrastes. Por un lado, existen personas y lugares donde se presentan niveles de consumo y bienestar iguales a los que tienen los grupos más privilegiados de las economías consolidadas, pero persisten grupos, poblaciones y regiones donde la escasez de recursos es comparable a las zonas más pobres de cualquier parte del mundo, por lo que la persistencia de estas desigualdades ha comenzado a generar dudas en algunos grupos poblacionales sobre la utilidad de vivir bajo regímenes democráticos que no acaban por cumplir con las promesas de igualdad y desarrollo con las que fueron impulsadas, y esto explica en parte la persistencia de gobiernos de corte neo-populista (Cansino, 2010). Por otra parte, la violencia asociada a agrupaciones ligadas a actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas y el secuestro, constituye una amenaza para el control gubernamental en distintas zonas del continente, pues los grupos que controlan la siembra, procesamiento, distribución y venta de drogas y otras mercancías ilícitas (la piratería o distribución ilegal de productos), se han convertido en un poder emergente dentro de Latinoamérica apoyado en sus amplios recursos económicos, armado y auspiciado en gran parte por la corrupción de autoridades. Aunque estos grupos han estado presentes en Latinoamérica desde comienzos del siglo pasado, es en la actualidad, donde los mecanismos de la globalización permiten la circulación de todo tipo de bienes y personas, cuando han extendido sus redes y formas de operación hasta convertirse en una 20
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amenaza significativa incluso para la continuidad de los estados. Esto constituye un reto para algunos movimientos sociales de la región, sobre todo aquellos interesados en la protección de los derechos humanos, ambientales y en temas campesinos pues en estas zonas los intereses de los narcotraficantes han generado amenazas, exilios y muertes a miembros de grupos de protesta. Como dijimos antes, en Latinoamérica los partidos políticos, los senadores, diputados y personas que ocupan un cargo de representación popular, generalmente se ubican dentro de los grupos peor percibidos por la población de los distintos países de la región (CEPAL, 2012). Como resultado, una creciente parte de la población no se siente representada, y uno de los resultados ha sido el surgimiento de nuevos actores políticos provenientes de protestas o de movimientos sociales. Estas acciones colectivas constituyen la base de nuevos tipos de partidos políticos y gobiernos (como el boliviano, el ecuatoriano y el venezolano) y también constituyen el fundamento de otros casos menos radicales como el argentino, el brasileño y el uruguayo (Cansino, 2010). Otro conjunto de problemas que está generando una gran cantidad de movimientos sociales en Latinoamérica está relacionado la explotación de los recursos naturales como el agua, la tierra, el gas y el petróleo, la construcción de presas, la explotación de minas o la protección de una zona verde, todos ellos causas de protesta social en esta región y se reflejan en algunos de los capítulos del presente libro, tal es el caso expuesto por Mattias Borg Rasmussen El agua y la vida. El levantamiento de Encash en defensa de la laguna Conococha. Uno de los problemas persistentes relacionados a la explotación de los recursos es cuando son proyectos gubernamentales y/o privados que generalmente no toman en cuenta a las poblaciones que viven en la zona donde se encuentran tales recursos, como lo muestra el autor, la existencia de un río, minerales o un bosque, es decir, la riqueza de algún producto natural más que constituir una ventaja para las comunidades se convierte en un foco de conflictos y de pobreza. Otro grupo de movilizaciones sociales latinoamericanas, como dijimos, están conectadas a una inercia de la pobreza, es decir, el sector social que continúa siendo la parte más abandonada de Latinoamérica: los indígenas. De ello dan cuenta los capítulos de Mario Alberto Velázquez García y Helene Balslev Clausen, El zapatismo veinte años después. Análisis del contexto social y político; y Anders Burman, El ayllu y el indianismo. Autenticidad, representatividad y territorio en el quehacer político del CONAMAQ, Bolivia. Estos trabajos muestran las distintas formas en que los grupos indígenas han buscado transformar su posición subordinada para 21
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generar prácticas de organización política, económica y cultural que les permitan salir de una condición de miseria, por lo que en los textos mencionados, la cultura y la etnicidad juegan un rol fundamental como recurso fundamental para la construcción de una identidad y como herramienta para la lucha política. En esa lucha, redes de contactos internacionales y discursos globales sobre derechos indígenas juegan un papel fundamental. Las poblaciones indígenas no sólo se ven confrontadas en tanto miembros de un grupo con características culturales particulares, sino también como parte de la población pobre de las sociedades latinoamericanas, como lo muestra el capítulo de Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen, Identidades entrecruzadas: el movimiento de ‘Las Bartolinas’ en Santa Cruz, Bolivia. Esta doble condición les ha permitido a las mujeres campesinas en Bolivia que sus luchas no sólo tengan una importancia dentro de las propias comunidades indígenas sino como focos generadores de grupos políticos que pueden generar una transformación de las sociedades a las que pertenecen. En el mismo sentido, el trabajo de Tatiana Pérez Ramírez, Acción colectiva en Bolivia, 2000-2005. Nuevos actores sociales y transformación política, muestra la importancia que tienen los movimientos sociales tanto en las organizaciones que dan origen a partidos políticos, que representan a una parte de la sociedad hasta ese momento marginada, como en la medida en que son protagonistas centrales en los procesos políticos de sus países. En el continente latinoamericano actores sociales que ocuparon un papel fundamental para la movilización social en décadas anteriores están resurgiendo, tal es el caso de los jóvenes. Los capítulos de Mario Alberto Velázquez García Las marchas virtuales frente al mundo real. Las movilizaciones juveniles en México; Elizabeth Benedict Christensen Entrar y salir: el movimiento social dirigido por jóvenes en Estados Unidos de América, y Cristina Sánchez Parra Cuando los pingüinos se tomaron las calles en Chile. Análisis de la estructura de oportunidad política del movimiento estudiantil secundario, nos permiten tener una visión global de las protestas ligadas a los sectores jóvenes de las sociedades latinoamericanas. Como podemos ver en estos trabajos aunque parece existir una diferencia sustancial entre las demandas y formas de protesta de los jóvenes de Chile, Estados Unidos o México, existen denominadores comunes: el enfrentar la exclusión parece ser un elemento común tanto en la forma de oportunidades laborales como educativas, en sus derechos civiles o políticos. Otro elemento compartido es la distancia y desconfianza que los jóvenes demuestran hacia las organizaciones políticas ya establecidas como los partidos políticos o las distintas agencias de gobierno. Como movimientos sociales, estos grupos muestran contar con 22
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recursos para presentar sus demandas o generar nuevas formas de protesta que rebasan las viejas prácticas, y con ello, las formas de control estatal de sus actos, generando retos tanto para la sociedad latinoamericana que necesita integrar a estos jóvenes dentro de los distintos ámbitos sociales, pero también frente a los estados que buscan mantener un rostro de democracia y apertura. Será interesante ver cómo estos jóvenes puedan utilizar sus experiencias de movilización y de organización en el futuro. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Fundación Kirsten Schottlænder quienes apoyan el trabajo de investigadores y permiten que libros como este sean posibles. También queremos expresar nuestra gratitud hacia nuestras instituciones: Universdad de Aalborg, Universidad de Copenhague y el ITESCA, sin su apoyo este proyecto no hubiera sido posible.
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EL ZAPATISMO VEINTE AÑOS DESPUÉS ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO Mario Alberto Velázquez García Instituto Tecnológico Superior de Cajeme Helene Balslev Clausen Universidad de Aalborg
Introducción
A finales del año 2012
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), realizó una movilización masiva de sus cuadros de apoyo y miembros activos, buscando aprovechar la atención mundial hacia el sur de México debido al fin de un ciclo largo dentro del calendario maya, lo que muchos anunciaron como “el fin del mundo”. La dirigencia del EZLN y la figura más visible de este movimiento, el subcomandante Marcos, hicieron públicos una serie de comunicados que prometían el regreso de esta agrupación a la actividad política nacional. La prensa mexicana y mundial tomaron con interés las palabras del subcomandante, pues se trataba de los primeros escritos de este personaje después de cuatro años de no firmar ningún comunicado y los persistentes rumores sobre su muerte o grave enfermedad. El objetivo de este capítulo es analizar las Oportunidades Políticas (OP), que tiene el EZLN a partir del contexto social, económico, político y cultural de México, así como las redes de apoyo internacional de este grupo guerrillero. Nuestra hipótesis principal es que se ha producido una transformación sustantiva en el marco de las OP, que permitieron el crecimiento y apoyo nacional e internacional del EZLN. El Estado mexicano sufrió cambios en su funcionamiento, reglamentos y prácticas de control, dándose también un cambio en las condiciones político sociales que rodean al EZLN, como la sociedad civil, los partidos políticos, así como las problemáticas socialmente construidas que explicaron en su momento el surgimiento del EZLN. Sostenemos que en la actualidad, este grupo armado enfrentaría un escenario desfavorable de no generarse un cambio significativo en su discurso, objetivos y formas de acción, al respecto, el EZLN ha mostrado una
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notoria capacidad de construir e implementar recursos emergentes que le pueden permitir adaptarse a las nuevas circunstancias. Para explicar lo anterior, utilizaremos la teoría de oportunidades políticas para el estudio de los movimientos sociales (McAdam, 1999; Tarrow, 1997; Tilly, 1993). Este marco analítico nos permitirá mostrar la importancia que tienen las condiciones sociales y otros grupos sociales en las posibilidades de crecimiento y desarrollo de un movimiento social, en este caso, el intento del EZLN por ocupar de nuevo un lugar central en la política mexicana y de movilización social internacional. No es el objetivo cuestionar el resurgimiento de este grupo armado, pues nadie en su sano juicio podría criticar la presencia de un grupo que le recuerda constantemente a la sociedad mexicana y mundial, la necesidad de permitir que se desarrollen modelos de crecimiento y de convivencia distintos a los que ahora predominan. Nuestro propósito es simplemente señalar que las sociedades no son estáticas y que las acciones colectivas que buscan influir en ellas, necesitan adaptarse a las transformaciones que se presentan. En términos de análisis, las teorías de movimientos sociales significan que determinados medios de protesta tienen un impacto diferente, dependiendo de las circunstancias políticas, económicas y culturales del país donde se producen, pero también del medio político internacional que rodea a una demostración de protesta. La capacidad de algunos movimientos sociales por crear formas de movilización distintas a las actualmente en uso, significa no sólo una posible ventaja para estas agrupaciones sino una transformación en las formas de acción colectiva de protesta, por lo que el EZLN ha implementado nuevas formas de organización que resultan un desafío dentro de la era de las comunicaciones por Internet. La primera guerrilla virtual, según la expresión de Manuel Castells, regresa al encuentro de pequeños grupos como una nueva forma de organización. La teoría de las OP (Peter Eisinger, 1973), fue la primera en incluir el término de “estructura de oportunidades políticas” en un estudio donde se analizaban el número y la frecuencia con que se producían las protestas dentro de las ciudades norteamericanas. En dicho trabajo se definía este término como “el grado de probabilidades que los grupos tienen de acceder al poder e influir sobre el sistema político”. Por su parte, Tarrow las definió como “…señales continuas, aunque no necesariamente permanentes, formales o a nivel nacional, percibidas por los agentes sociales o políticos que les animan o desaniman a utilizar los recursos con los que cuentan para crear movimientos sociales…” (Tarrow, 1999: 89). Para Tarrow existen cuatro elementos estructurales que pueden constituir una oportunidad: el 26
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acceso político (la apertura parcial o total de los sistemas), transformaciones en las alienaciones políticas de los distintos grupos, contar, o no con aliados influyentes, y por último: divisiones entre las élites (Tarrow, 1999). Las OP no pueden ser entendidas como condicionantes directas, en el sentido de que su presencia produzca siempre una protesta o movimiento social, las oportunidades políticas son claves externas a los participantes que pueden explicar el inicio de acciones colectivas, es decir, son cambios, coyunturas y acciones de un agente externo que necesitan ser interpretadas, por lo que el enfoque de las OP, busca analizar cómo influyen las condiciones externas en el desarrollo de los movimientos sociales. La teoría de las OP supone que la acción de un grupo, agencia del gobierno, movimiento social, organización civil privada o gobierno extranjero, puede tener las siguientes consecuencias: demostrar a otros que hay ocasión de actuar, descubrir las debilidades del oponente, generalmente, el gobierno, conocer a los aliados que permanecían ocultos o pasivos, y por último, que dichas acciones pueden derribar barreras institucionales que obstaculicen la recepción pública de las nuevas demandas (Tarrow 1997 y 1995). McAdam (1999), subrayó la importancia que tiene la apertura/cerrazón del sistema político para las acciones colectivas traduciéndose en una serie de oportunidades políticas en relación al funcionamiento del Estado, sus políticas públicas y la relación del movimiento con otros grupos (Favela, 2006), por ejemplo, la represión, la participación en el sistema de partidos u organizaciones políticas, los cambios en leyes y reglamentos, la participación de la sociedad civil en la implementación de políticas, los aliados influyentes (Tarrow, 1999), y por último: el contexto internacional. Como podemos ver, se trata de elementos estructurales pero dinámicos, es decir, transformaciones en las reglas, y en el funcionamiento y relaciones entre los grupos (McAdam, 1999), que a continuación se explican: 1) Represión. McAdam, Goldstone y Tilly y Della Porta y Diani (1999), consideraron que la represión es un factor muy influyente para una movilización social, el que las autoridades utilicen la violencia “legítima” resulta determinante, así sea ejercida por medios legales o ilegales. El uso de la violencia no sólo comprende el despliegue de grupos armados compuestos por militares, policiales o guardias “blancas” (contraguerrillas), sino también la existencia de un discurso político y disposiciones legales que justifican el uso estatal de la fuerza permitendo ocultar sus excesos o prácticas ilegales; 2) Participación en el sistema de partidos u organizaciones políticas. La existencia de un sistema de partidos que compiten de manera regular y bajo míni27
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mas condiciones de igualdad, así como la regulación institucional que permita la existencia de organizaciones políticas, es considerada como otra fuente de oportunidades. Los partidos y las asociaciones políticas podrán proveer de recursos, cobertura mediática e incluso representatividad legal a expresiones de protesta social ante medidas u omisiones gubernamentales, es decir, la participación en el sistema de partidos u organizaciones políticas es uno de los mecanismos legales fundamentales para que las demandas de una protesta sean resueltas por los canales institucionalizados de las democracias; 3) Cambios en leyes y reglamentos. Los marcos legales son uno de los puntos fundamentales de apertura o cierre de un sistema político y legal para las protestas y los movimientos sociales (McAdam, 1999). Con los marcos legales no sólo se hace referencia a las leyes escritas, sino al funcionamiento de los tribunales, las agencias de seguridad y todas las instituciones involucradas en el sistema judicial. La existencia de un sistema judicial, subsumido a los intereses y decisiones de otro poder, puede constituir una fuente de constante represión y violación de garantías individuales para las personas que participan en una protesta, como lo muestra el trabajo de Jaime Jiménez y Reinares (1998), el régimen de Franco en España generó no sólo una fuerza militarizada encargada de reprimir cualquier forma de manifestación, sino también un conjunto de disposiciones jurídicas y tribunales que criminalizaban cualquier forma de protesta o reunión pública no autorizada. Entonces, no sólo las reglas directamente relacionadas a la represión o libertad de manifestación influyen en los movimientos sociales, sino un conjunto de materias económicas, políticas y culturales sobre las que el Estado buscan legislar y que puede funcionar como detonante para que se produzca una manifestación o acción colectiva de otro tipo; 4) Participación de la sociedad civil en la implementación de políticas. La participación de distintos grupos de la sociedad civil en el diseño, implementación o evaluación de las políticas públicas es una medida de la apertura gubernamental al resto de la sociedad, pues la posibilidad de que grupos externos al gobierno intervengan en el funcionamiento de programas o políticas, permite que se obtengan objetivos, metodologías y resultados distintos. La participación civil en las políticas públicas constituye un segundo canal institucional que permite alcanzar metas de una organización o movimiento social, sin embargo, en regímenes con tendencias corporativistas, la participación puede convertirse en formas institucionalizadas de cooptación o control de grupos considerados peligrosos para el régimen; 5) Aliados influyentes. La presencia de grupos que apoyen a un movimiento social dentro del sistema político, legal, económico o cultural será fundamental para 28
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que este logre desarrollarse y buscar alcanzar sus metas los aliados, pueden evitar o retrasar la aplicación de formas de represión que detengan una protesta (Tarrow, 1996), así como resultar en fuentes de recursos económicos, redes de organización, legitimada política o visibilidad mediática que permita a un movimiento dar a conocer sus posturas; 6) Contexto internacional. El contexto internacional puede proporcionar un apoyo importante para el crecimiento de un movimiento social, el cual puede inhibir la represión estatal por los costos políticos que podría sufrir su imagen. Para el caso que analizamos, el contexto internacional ha jugado un papel fundamental en el crecimiento del EZLN.
Las Oportunidades y Objetivos No es el propósito de estas líneas escribir una historia del zapatismo; al respecto existe una importante cantidad de trabajos. El propósito de este apartado es describir y analizar los medios y objetivos que este grupo ha desplegado, considerando que la manera en que un grupo lee las claves que proporcionan las oportunidades políticas depende en gran medida de sus objetivos. El zapatismo ha mostrado tener dos grandes objetivos en estos casi veinte años desde su aparición pública, uno de largo plazo y el segundo más inmediato y urgente, debido a sus circunstancias de confrontación con el gobierno mexicano. El primero es convertirse en un actor nacional e internacional, de oposición contra el orden económico, político y cultural global (Castells, 2009); el segundo es construir una alternativa de organización de gobierno autónoma para las comunidades indígenas de su zona de influencia. El EZLN tiene el objetivo de convertirse en un actor dentro de la política mexicana e internacional mediante su explicita oposición al nuevo orden global (Castells, 2009). Ningún analista político, incluidos los grupos de inteligencia y de seguridad del gobierno mexicano, consideraban como posible el surgimiento de un grupo armado que representara una amenaza seria para el gobierno, Por ejemplo, un año antes de la aparición del EZLN, el ejército mexicano había tenido al menos un enfrentamiento contra esta “guerrilla” en uno de sus campos de entrenamiento, pero no se ordenó ninguna acción armada sistemática para su control y eliminación, pues no se les tomó como una amenaza de consideración (Vodovnik, 2004; Volpi, 2004). Aunque en su primer comunicado, el EZLN anunció su intención de marchar
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hacia la ciudad de México para tomar la capital del país y derrotar al gobierno federal (Comandancia General del EZLN, 1994), su discurso cambió con el paso de los años centrándose en realizar críticas o comentarios a la situación política nacional y local (Pleyers, 2009). Sin embargo, la parte que ha resultado más llamativa de los comunicados zapatistas para el resto del mundo es su oposición a las lógicas actuales dentro de áreas como la economía (la exclusión de grandes grupos humanos e incluso países), la política contemporánea (la democracia liberal y el capitalismo como formas de organización inevitables), y la convivencia misma de la sociedad humana con su entorno natural (Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 1996; Subcomandante Marcos 2013; Castells, 2009). El surgimiento del EZLN en Chiapas no es casual, sino que es el resultado de una red compleja de elementos estructurales, la acción de organizaciones políticas, religiosas, la misma actuación u omisión de los distintos niveles de gobierno y una serie de coyunturas. En el momento de su aparición, Chiapas concentraba las peores condiciones de marginación y pobreza, especialmente entre los grupos indígenas, para 1995 el Censo Nacional de Población y Vivienda registraba un total para el estado de Chiapas de 3,065,100 habitantes. De este total, 13.66% de la población (418,799 personas), de 15 años o más no sabían leer y escribir; un total de 143,085 personas (4.66% del total), hablaban una lengua indígena pero no hablaban español, idioma que en ese momento era la única lengua reconocida para los trámites oficiales como juicios, venta de tierras y certificados de nacimiento. En las viviendas de la entidad, el 14.91% no contaba con energía eléctrica, 32.24% no tenía agua entubada y 37.85% no tenía drenaje (Inegi, 1995). El Consejo Nacional de Población adjudicaba a Chiapas un índice de marginación muy alto (2.36),1 el más alto del país, 34.93% de la población de quince años o más no tenía primaria completa, 62.95% vivían en localidades con menos de 5 mil habitantes y 81.99% de la población económicamente activa ganaba menos de dos salarios mínimos (Conapo, 1995). Esta base estructural resulta fundamental no sólo para entender el surgimiento del EZLN, sino para entender el cambio en las oportunidades políticas de este grupo pues las distintas administraciones federales comenzaron a dedicar una gran cantidad de recursos y esfuerzos para “eliminar” esta base de marginación que daba sustento a este movimiento social. 1 El índice de marginación “describe la intensidad del fenómeno de la marginación a partir del porcentaje de población que no participa del acceso a bienes y los servicios esenciales” (Conapo, 1995).
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Como dijimos, el surgimiento del EZLN responde a elementos estructurales y coyunturales, pero también es posible entender su aparición, como una respuesta colectiva para proteger elementos culturales o materiales que se consideraban clave para la subsistencia del grupo social, es decir: el EZLN es un movimiento por “amenazas”, una respuesta de un grupo social que consideraba que la acción del gobierno o de otro actor social constituía una amenaza grave para la continuidad de su reproducción o forma de vida (Goldstone y Tilly, 2001). Dos amenazas presentes para los indígenas de la región eran: primero, los cambios al artículo 27 de la constitución realizados durante el gobierno de Salinas de Gortari, lo que permitía por primera vez desde el fin de la Revolución mexicana la comercialización de las tierras ejidales (28 de enero de 1992); segundo, el inicio del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Canadá y México, por lo que estos eventos fueron considerados como actos que ponían en peligro real la subsistencia de las comunidades indígenas. Por otro lado, a diferencia de movimientos agrarios como el mismo zapatismo de la Revolución mexicana (guerilla de la cual este grupo tomó su nombre), el EZLN no estaba iniciando una revolución para que todo siguiera igual, sino que este grupo buscaba generar un espacio de autonomía y de alteridad que desafiara al orden político mexicano y algunas concepciones generales del modelo capitalista y democrático. Como diversos trabajos han documentado, el EZLN inició como uno más de los diversos grupos de izquierda en Latinoamérica que intentaron generar un foco de insurrección armada (Tello, 1995), la novedad del EZLN no está en su equipo o estrategia militar, pues varios de los miembros que participaron en la toma de ciudades, el primero de enero de 1994, sólo contaban con un rifle de madera; tampoco era novedad el apoyo político que logró el grupo dentro de una zona de Chiapas (Vodovnik, 2004) , recurso fundamental para la sobrevivencia de un grupo armado de estas características, ni lo era tampoco el apoyo nacional e internacional hacia el EZLN (las guerrillas requieren de este tipo de apoyo para poder sostener su lucha y obtener tanto recursos y nuevos miembros) (Hobsbawm, 2010). La mayor novedad de este grupo fue la manera en que supo generar sus propias oportunidades políticas a partir de los nuevos medios de comunicación, principalmente Internet, tanto así, que Castells la caracterizó como la primera guerrilla informacional (Castells, 2009). Aunque no fue Internet por sí sólo lo que logró atraer el interés mundial hacia esta guerrilla, sino la capacidad del líder más notorio de este grupo, el subcomandante Marcos, para construir un mensaje que resultó atractivo para diferentes grupos en el mundo (Volpi, 2004), por 31
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lo que la particularidad del EZLN, fue su capacidad para conjuntar elementos ideológicos de la izquierda, símbolos, prácticas y creencias de las comunidades indígenas chiapanecas y las comunidades cristianas de base presentes en la zona (Vodovnik, 2004). El EZLN tiene el objetivo de construir y conservar la autonomía de las comunidades indígenas. La “sorpresiva” toma de las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Ocosingo y Las Margaritas fue rápidamente terminada por la acción del ejército y las policías estatales, quienes en menos de un mes y medio retomaron el control total de dichas localidades. En los enfrentamientos y durante el repliegue militar, el EZLN mostró que no tenía los recursos humanos (número de combatientes), ni el armamento (armas, municiones, etcétera), para presentar un combate prolongado y de gran escala con el ejército mexicano, el cual, rodeó a los zapatistas a las pocas horas de iniciada la movilización, por lo que el ejercito zapatista buscó defender y consolidar militarmente el territorio donde se encontraba parapetado. El gobierno mexicano había utilizado la represión por medios legales e ilegales como herramientas efectivas para terminar o limitar la acción de los grupos guerrilleros que surgieron en México desde mediados del siglo XX. La existencia de una mayor libertad de prensa, competencia política y la existencia de organizaciones civiles dedicadas a la defensa de derechos humanos, entre otros, fueron factores que limitaron la aplicación masiva de medidas represivas, en este sentido, la represión, o más bien las limitaciones para poder ejercerla de forma más amplia por parte del Estado mexicano, constituyeron una oportunidad política para el EZLN en sus primeros meses de existencia. Sin embargo, el gobierno generó una política sistemática y continua para aplicar acciones militares y extra judiciales con el objetivo de eliminar a los milicianos pertenecientes al EZLN y romper su vínculo con sus bases de apoyo (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2004). Este contexto de enfrentamiento militar, pero sobre todo de oposición, le permitió al EZLN encontrar dos oportunidades políticas fundamentales: aliados influyentes como agrupaciones políticas, sociedad civil, agrupaciones religiosas (“—Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco, Espacio Civil por la Paz, Chihuahua para Todos, Caravana de Caravanas, Coordinadora de ONG por la Paz, Movimiento Civil Zapatista, la Convención Nacional Democrática, la Convención Nacional de Mujeres, el Foro Nacional Indígena—” (Leyva, 1999: 5), así como redes internacionales de apoyo en distintas ciudades de Europa y los Estados Unidos, y representantes de organizaciones sociales como Amnistía 32
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Internacional, la Comisión de Obispos Latinoamericanos y representantes de la Comisión del Parlamento Europeo para América Latina (Leyva, 1999). La segunda oportunidad fue el contexto internacional, la reciente firma de un TLC con Estados Unidos y Canadá, así como el interés mostrado por la Unión Europea y en particular por países como España e Italia por el EZLN, podrían hacer muy costoso para México un intento por resolver militarmente este conflicto, como muestra Olsen (1994), la solidaridad internacional, que en el caso del zapatismo se construyó mediante redes y organizaciones, también significó la presencia de observadores internacionales en la zona del conflicto, generando una presión internacional significativa en cuanto a las posibles formas de respuesta del gobierno ante esta guerrilla. La creciente red de apoyo e interés en el tema, generó un cambio en la estrategia del zapatismo para centrarse en la conformación de un frente nacional. Esto fue acompañado de un paulatino cambio en su discurso, donde los problemas indígenas fueron ganando centralidad, principalmente en la Quinta y Sexta Declaración de la Selva Lacandona (Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 1998, 2005). Mientras que en lo regional, su principal estrategia fue la construcción y consolidación de una zona autónoma. Para conseguir este segundo objetivo, los derechos indígenas comenzaron a tomar fuerza como una de las principales causas del zapatismo. Esta estrategia del EZLN se producía dentro de un contexto político determinado. Después de setenta años de control político de la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) logró ocupar este cargo en el año 2000. La presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) desplegó una estrategia de cerco y contención frente al zapatismo, por lo que el diálogo fue suspendido en los hechos mientras el gobierno realizaba acciones militares de baja visibilidad y detenciones selectivas de miembros de este grupo. El candidato a la presidencia Vicente Fox Quezada había anunciado su intención de resolver el conflicto zapatista. El EZLN utilizó esta oferta del nuevo gobierno y decidió concentrar su movimiento en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, impulsando la aprobación de la ley de los Derechos Indígenas. Lo anterior, no significaba un cambio radical, sino que buscaba dar continuidad a los acuerdos firmados entre el grupo armado, el gobierno y el congreso federal: los Acuerdos de San Andrés Larráinzar el 16 de febrero de 1996 (Sámano, Durand y Gómez, 2000). Con este fin en el 2001 se organizó la Marcha de 33
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la Dignidad Indígena hacia la ciudad de México, en la cual, el EZLN buscaba presentar ante el Congreso de la Unión su postura sobre dicha ley (2009). Una de las estrategias más llamativas del EZLN fue la organización de reuniones multitudinarias, a las que acudían personas de distintos países, el 6 de agosto de 1994, el EZLN organizó en San Cristóbal de las Casas, la Convención Nacional Democrática, al año siguiente, se crearon diversas comunas2 que serían sedes para encuentros y discusión llamadas Aguascalientes.3 Incluso se crearon cedes zapatistas (Aguascalientes), fuera de Chiapas. En julio de 1996 el EZLN organizó una reunión titulada: Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo (Intergaláctico 1), a la que acudieron más de 4 mil personas de diversos países, participando: Eduardo Galeano, Alain Touraine, Yvon Le Bot, Adolfo Gilly, Gisele Halimi, Tessa Brisac, James Petras, Pablo González Casanova y Luis Villoro entre otros. En enero del 2009 tuvo lugar en San Cristóbal el Festival La Digna Rabia. Aunque la marcha zapatista y la presentación de la iniciativa se produjo en medio de una masiva participación política y un consenso de otros grupos con el proyecto legal, la ley finalmente aprobada, se alejaba mucho de los intereses del EZLN y sus aliados generando que el zapatismo se viera en la necesidad de replantear sus estrategias y decidiera concentrar esfuerzos en la construcción de facto de aquellas formas de autonomía que el gobierno federal les había negado por la vía legal (Diez, 2009). Para la realización de los objetivos a nivel regional el EZLN creó en el 2003 los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), 4 y los Caracoles5 dentro 2 En 1996 el EZLN creó los Aguascalientes I (La Realidad), Aguascalientes II (Oventic), Aguascalientes III (La Garrucha), Aguascalientes IV (Morelia) y Aguascalientes V (Roberto Barrios). 3 Este nombre fue dado rememorando el lugar (Aguascalientes, capital del estado con el mismo nombre), donde se reunieron en 1914 los ejércitos revolucionarios villistas, zapatistas y magonistas. 4 Los MAREZ son: General Emiliano Zapata, San Pedro de Michoacán, Libertad de los Pueblos Mayas, Tierra y Libertad, 17 de Noviembre, Primero de Enero, Ernesto Che Guevara, Olga Isabel, Lucio Cabañas, Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, Francisco Gómez, San Manuel, Francisco Villa, Ricardo Flores Magón, Vicente Guerrero, Del trabajo, La Montaña, San José en Rebeldía, La Paz, Benito Juárez, Francisco Villa, San Andrés Sacaman’chen de los Pobres, San Juan de la Libertad, San Pedro Polhó, Santa Catarina, Magdalena de la Paz, 16 de Febrero, San Juan Apóstol Cancuc. 5 Los caracoles son: Madre de los Caracoles del mar de nuestros sueños (La realidad), Torbellino de nuestras palabras (Morelia), Resistencia hacia un nuevo amanecer
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del territorio bajo su control (Martínez, 2006). Estas formas de organización y coordinación entre las comunidades zapatistas y la sociedad civil, nacional e internacional, buscaban superar algunos problemas de coordinación que se estaban presentando, así como crear una separación entre la estructura militar y las tareas de gobierno de la zona de influencia zapatista. En el 2005 la Sexta Declaración de la Selva Lacandona manifestó el interés del zapatismo por no sólo proponer ideas generales sobre un mundo posible, sino concretarlo en sus comunidades, según Martínez (2006), estas formas de organización territorial zapatista tienen cuatro objetivos principales: la práctica de su autonomía, la satisfacción de sus condiciones mínimas de subsistencia, la aplicación de principios democráticos propios en sus procesos de gobierno, y la resistencia frente a las condiciones de hostigamiento a las que están expuestas.
Las oportunidades políticas en el contexto político de México 2012-2013 En el 2010, las condiciones estructurales de pobreza permanecían semejantes a las de 1994 en Chiapas, para este año el Censo Nacional de Población y vivienda registraba una población total para el Estado de Chiapas de 4,796,580, de este total, el 17.91 % de la población de 15 años o más era analfabeta, un total de 1,141, 499 personas hablan una lengua indígena, es decir 27 % de la población total. El Consejo Nacional de Población colocaba a Chiapas con un índice de marginación muy alto (2.31), por lo que la entidad pasó de ser la más marginada a la segunda más marginada, sólo por debajo de Guerrero. En las viviendas de la entidad se registró una ligera mejora en la infraestructura, el 22.27 % no disponían de agua, el 18.35% no disponían de drenaje y 3.80% no tenían energía eléctrica. Adicionalmente, el 57.86 % de la población vivía en localidades con menos de 5 mil habitantes y 69.85 % de la población económicamente activa ganaba menos de dos salarios mínimos, dándose una mejora considerable respecto a las cifras de 1995 (Conapo, 2010). Como podemos ver, el EZLN se encontraba en el 2010 en un contexto estatal de condiciones de pobreza y marginación muy semejantes a los de 1994, sin (La Garrucha), Que habla para todos (Roberto Barrios) y Resistencia y rebeldía para la humanidad (Oventic).
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embargo existe un cambio en las oportunidades políticas, por lo que sostenemos que el actual contexto modifica las posibilidades de este grupo para cumplir uno de sus dos objetivos principales: consolidarse como un actor político nacional e internacional, por lo que necesita concentrarse en el segundo: construir y conservar la autonomía de las comunidades indígenas: 1) La represión. Como dijimos antes, el gobierno mexicano ha aplicado una estrategia de represión continua contra el EZLN, utilizando distintos actores y mecanismos: primero, el ejército mexicano. Desde 1994, esta institución es la encargada de generar un cerco gubernamental alrededor de la zona de influencia del EZLN por medio de una creciente cantidad de bases militares fijas y movibles. Dicha actuación del ejército no se ha limitado a la vigilancia y contención del EZLN, sino también a participar o permitir prácticas de intimidación, acoso, ataques, desapariciones e incluso, tortura y asesinatos de personas pertenecientes al EZLN o a sus comunidades simpatizantes y de apoyo6 (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2004). El segundo mecanismo son los grupos paramilitares. Desde 1995 se ha documentado la presencia de este tipo de organizaciones en las zonas colindantes o de influencia del EZLN, Paz y Justicia es uno de los grupos más grandes, por el número de miembros y también por las acciones donde se ha visto involucrado. Los grupos paramilitares en conflicto con este grupo militar, desplazan a personas y comunidades de sus localidades, realizan asesinatos selectivos, destruyen cosechas, desaparecen7 y torturan a personas, realizan 6 “En el entronque al ejido Tziscao, municipio de La Trinitaria, se instaló un retén militar en el que revisan minuciosamente las pertenencias de los pasajeros que transitan en transporte público y privado. En la misma comunidad, los militares entraban de dos en dos para catear casa por casa sin mostrar orden alguna o dar explicación a las familias, revisando pertenencias, destapando cajas, descubriendo objetos, los militares se concretaban a decir que estaban siguiendo órdenes, exigían la entrega de cualquier arma y presionaban a que se les informara sobre la localización de los sembradíos de droga [...] Durante las incursiones militares en las comunidades y ejidos de Tziscao, Santa Martha, Cuauhtémoc, La Gloria y Amparo Aguatinta, los militares efectuaron cateos ilegales para decomisar las armas de fuego que los habitantes utilizan normalmente para cazar. Según relataron, los militares les advirtieron que volverían y extenderían el operativo a territorios autónomos y en resistencia civil. En distintos puntos de la geografía chiapaneca como entradas a municipios, poblados y carreteras estatales, se han instalado retenes militares en coordinación con la Policía Estatal Preventiva donde revisan los vehículos e interrogan a sus ocupantes. Incluso en comunidades en resistencia como Nuevo Jerusalén, municipio de Ocosingo, apostaron un retén militar permanente donde interrogan de forma intimidatoria a quienes entran y salen del poblado” (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2010: 74). 7 El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado: “
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acciones de espionaje, vigilancia y robo de documentos de organizaciones sociales, particularmente de aquellas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.8 Los grupos paramilitares son señalados como los responsables de la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997, donde perdieron la vida 45 personas. Este tipo de grupos armados operan fuera de la ley y aunque la fuente de su financiamiento no es clara, existen diversas denuncias y testimonios que los ligan con el ejército, autoridades estatales y municipales, grandes ganaderos y agricultores de la zona (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2004). El tercer mecanismo de represión hacia el EZLN son las policías estatales y municipales. Las fuerzas de seguridad en el conflicto zapatista se han visto involucradas en actos de apoyo a los ya mencionados, grupos paramilitares. También se han realizado detenciones selectivas de indígenas y bases de apoyo zapatista.9 El cuarto mecanismo 123 casos de desapariciones y ejecuciones en el periodo comprendido entre 1995 y 2001, de los cuales 3,827 corresponden a desapariciones forzadas (32 hombres y 5 mujeres) y 86 como ejecuciones (79 hombres y 7 mujeres). 28 Estas acciones perpetradas por el grupo Paz y Justicia en connivencia con el Estado mexicano (EM) son crímenes que en su conjunto representan violaciones continuas de los derechos humanos en contra de la población civil en la zona Norte de Chiapas y, por tanto, crímenes de lesa humanidad. De los casos documentados, se retomaron 9 para señalar la responsabilidad internacional del Estado mexicano ante la CIDH29: 6 de privación arbitraria de la vida (Rogelio Jiménez López, Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López, Nicolás Mayo Gutiérrez, Miguel Gutiérrez Peñate y Héctor Pérez Torres) y 3 de desaparición forzada de personas (Minerva Guadalupe Pérez Torres, Mateo Arcos Guzmán y Antonio González Méndez)” (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2010: 102). 8 “En el año 2009 observamos patrones repetidos que configuran las estrategias de la contrainsurgencia: uso desproporcionado de la fuerza pública en operativos policíacos; detención arbitraria de líderes para desactivar el movimiento social; actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; impunidad ante ataques de grupos civiles armados como la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC); cateos y allanamientos durante operativos militares; sometimiento al arraigo; división de organizaciones mediante mecanismos de cooptación (ofrecimiento de proyectos, tierra y dinero en efectivo); creación de expedientes y documentos de “inteligencia” para asociar a defensores con delincuentes; estigmatización y desprestigio utilizando los medios de comunicación masiva; y obstrucción y negación de justicia por acción u omisión de autoridades de distintos niveles” (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2010: 68). 9 “El 5 de junio de 2009, integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente –Coordinadora Nacional Plan de Ayala– Movimiento Nacional (MOCRICNPA-MN) que participaban en la caravana que se dirigía a la Ciudad de México para exigir un alto a la represión y la liberación de 14 presos en Chiapas, fueron agredidos con armas de fuego por elementos policíacos, quienes se encontraban a bordo de dos vehículos
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es el sistema judicial. Desde 1994 el sistema judicial ha desempeñado un rol dentro de la represión ejercida sobre el zapatismo ordenando y validando detenciones sin que existan elementos condenatorios.10 La tortura y las desapariciones siguen siendo prácticas sistemáticas dentro de los sistemas judiciales estatales, uno de los casos más significativos es el de Chiapas11 (Human Rights Watch, 2013; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2010). Las autoridades han solapado y liberado a miembros del gobierno, ejército, policía y de grupos paramilitares que fueron detenidos, incluso hay casos donde estos individuos fueron sorprendidos en flagrancia (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2004). El quinto y último mecanismo son las autoridades estatales y municipales. Desde el inicio del levantamiento armado, el gobierno de Chiapas y distintos municipios han utilizado los recursos públicos para reprimir al EZLN, incluyendo la ya mencionada participación de las fuerzas de seguridad; oficiales de la Policía Municipal de Tuxtepec, Oaxaca, y dos vehículos civiles. Tres personas resultaron heridas” (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2010: 39). 10 “Según información proporcionada por integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza (OCEZ–RC) el día 30 de septiembre, aproximadamente a las 11:00 hrs, fue detenido José Manuel Hernández Martínez, Chema, en la comunidad 28 de Junio del municipio de Venustiano Carranza, en un operativo conjunto de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la PGJE. Los elementos ingresaron a la comunidad en una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vestidos con uniforme de esa institución, y no presentaron ningún documento en el momento de la detención. Así también, el 24 de octubre elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), la Policía Ministerial (PM) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron de manera arbitraria en la cabecera municipal del municipio de Venustiano Carranza a Roselio de la Cruz González y a José Manuel de la Torre Hernández, y de manera simultánea allanaron los domicilios de sus familiares ” (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2010: 39-40). 11 “el 25 de febrero, aproximadamente a las 13:30 hrs., en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, la señora Margarita Martínez se dirigía a recoger a su hijo menor a la escuela primaria. En el trayecto fue privada arbitrariamente de su libertad por personas no identificadas, quienes le colocaron una bolsa de plástico en el rostro y la hicieron abordar por la fuerza a un vehículo. Dentro del vehículo, Margarita escuchó voces. Una de ellas procedía de la persona que la sujetaba, quien la golpeó en diversas partes de su rostro con un objeto sólido produciéndole sufrimientos físicos y lesiones, como excoriaciones en los labios e inflamaciones en la frente, labios y cuello. También le infringieron tortura psicológica a través de punzadas en los costados de su cuerpo con un objeto indeterminado que podría tratarse de un arma punzo cortante o de fuego. Así también le pasaban en sus manos un objeto frío y le decían “ya no vas a poder trabajar”, insistiendo en que desistiera de la denuncia penal que meses anteriores había interpuesto junto con su compañero Adolfo Guzmán en contra de funcionarios del gobierno de Chiapas ” (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2010: 41).
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2) Cambios en leyes y reglamentos. Desde 1994 diversas materias jurídicas han sufrido una transformación en México, los cambios en el sistema judicial y legal, especialmente los cambios relacionados a la persecución de delitos relacionados al tráfico de drogas, lejos de limitar las prácticas represivas han generado una creciente tendencia a la criminalización de la protesta social: el arraigo. Las transformaciones en junio de 2008 incorporaron el arraigo como figura constitucional (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2010), este mecanismo se creó para detener por un plazo determinado a posibles responsables de delitos federales relacionados al tráfico de estupefacientes. Sin embargo, se ha documentado el uso del arraigo para detener arbitrariamente y torturar a bases de apoyo del EZLN.12 La segunda práctica represiva es el delito de “delincuencia organizada”. Las modificaciones a los artículos 14, 16 y 21 tenían como objetivo reforzar los mecanismos jurídicos y los alcances del combate federal y estatal al narcotráfico, pero en la práctica han sido utilizados también para perseguir, enjuiciar y encarcelar a defensores de derechos humanos, miembros de protestas campesinas, ambientales y bases de apoyo zapatista13 (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2010); 12 “Miguel Vázquez Moreno, indígena tzetzal y BAEZLN, refiere cómo el 18 de abril a las 21:00 hrs., cuando iba conduciendo su vehículo a la altura del crucero de Agua Azul en dirección a su domicilio, fue detenido de manera arbitraria por elementos de la PEP. Lo trasladaron a las oficinas de la FECDO de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez donde no le permitieron vestirse (vestía únicamente un pantalón corto, iba escalzo y sin camisa). Le vendaron sus ojos y le dijeron ‘no quieres decir nada a la buena pero ahorita vas a soltar toda la sopa que traes dentro, hijo de tu pinche madre’. Fue aventado al suelo y le pusieron una cobija encima hasta que llegó un hombre que dijo “déjenlo, desátenlo”. Dos días después fue trasladado a la casa de arraigo, en Chiapa de Corzo, conocida como Quinta Pitiquitos” (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2010:46) 13 “El 29 de diciembre, el señor Crescencio Ruiz de las Rosas refiere que cuando viajaba hacia el estado de Veracruz a bordo de una camioneta pick-up, en el tramo Tuxtla Gutiérrez-Las Choapas, a la altura del Puente Chiapas, municipio de Ocozocoautla de Espinoza, fue interceptado por una patrulla de la PEP. Le detuvieron con el pretexto de que la camioneta estaba reportada como robada y que tenían que confirmar la información. Tras un tiempo de espera, a Crescencio lo subieron a una camioneta de la PEP y fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez. Durante el trayecto le vendaron los ojos, le golpearon en los brazos y le acusaron de ser integrante del grupo armado del Cartel del Golfo los “Zetas” y responsable de secuestros [...] Finalmente fue conducido a un edificio que después identificó como la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO). Ahí permaneció detenido aproximadamente tres días, tiempo durante el cual le sometieron a diversos tipos de tortura: incomunicación, golpes, descargas eléctricas en los testículos (picana) y en diversas ocasiones le sumergieron la cabeza
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3) Aliados influyentes. Como dijimos, las Oportunidades Políticas son, entre otras cosas, relaciones sociales dinámicas entre distintos grupos. Los grupos sociales que constituyen el entorno y los rivales del movimiento zapatista han sufrido una transformación considerable de 1994 al año 2014. Las distintas declaraciones del EZLN en las que delineaban sus estrategias y propuestas de acción: Segunda Declaración de la Selva Lacandona (junio de 1994), la Tercera (enero de 1995), Cuarta (enero de 1996), Quinta (julio de 1998), generaron una movilización social sin precedentes en la historia contemporánea de México, pues ninguna otra organización civil o causa no partidista y política lo había hecho después de la Revolución mexicana. Este amplio poder de convocatoria se explica mediante múltiples factores, uno que queremos resaltar es el marco general de los objetivos planteados por los zapatistas (derechos y cultura indígenas, transición democrática, la tolerancia y la inclusión, entre otros), lo que permitió que distintos grupos se sintieran identificados con las mismas causas. Esto fue reforzado por la insistencia zapatista de que su movimiento no busca generar una metodología o causa de vanguardia central sino que cada grupo debería desarrollar sus propias estrategias bajos sus propios intereses (Rodríguez, 2013). La Sexta declaración de la Selva Lacandona (Comité Clandestino Revolucionario Indígena, 2005), y los acuerdos tomados en una reunión celebrada en septiembre de 2005 entre el EZLN, generaron una doble vía de separación entre una parte de la sociedad civil mexicana y el ejército zapatista. La primer vía deriva de la decisión de realizar la Otra Campaña. Alrededor del proceso electoral que se realizaría el año siguiente (2006), el EZLN, por medio del subcomandante Marcos, realizó severas críticas a los tres principales partidos políticos de México: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD). Las opiniones del EZLN al PRD y a su candidato, Andrés Manuel López Obrador, generaron descontento en diversas organizaciones políticas y sociales que apoyaban al candidato de este partido de izquierda. La distancia de algunas organizaciones sociales frente al EZLN creció cuando el resultado de la elección presidencial mostró que la derrota de la izquierda fue por una distancia menor a un punto porcentual. Para estos grupos la posición del EZLN contribuyó a terminar con una oportunidad histórica de la izquierda por llegar a la presidencia de México. en un tambo de agua (submarino mojado) donde, además del ahogamiento provocado, recibía descargas eléctricas. Al mismo tiempo le golpeaban repetidamente en las costillas y recibía constantes amenazas de muerte ” (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2010: 44).
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La segunda vía de separación se dio a partir de los acuerdos firmados en la Sexta declaración de la Selva Lacandona que derivaron en un conjunto de principios y objetivos comunes. El EZLN comenzó a realizar una criba respecto a qué organizaciones tenían los requisitos necesarios para ser considerados “adherentes” a los acuerdos de la Sexta declaración, dejando fuera a muchos grupos. Como explica Marco Estrada (2014), para diversas agrupaciones fue difícil mantener relaciones con el EZLN por las exigencias de fidelidad que pedía a sus aliados y a la sociedad civil internacional. Como dijimos, la sociedad civil internacional fue uno de los principales apoyos para el desarrollo y sostenimiento material como político del EZLN, sobre todo por la presión que ejercían sobre distintos gobiernos, pero durante los largos periodos donde el EZLN dejó de publicar comunicados y mantuvo una escasa o nula comunicación con las distintas organizaciones, todo ello fue generando un distanciamiento (Estrada, 2014), sumado a esto, los cambios en el contexto nacional de cada una de las organizaciones que apoyaban al zapatismo, terminaron provocando que estos grupos fueran absorbidos por nuevas problemáticas; 4) Contexto internacional. En el contexto internacional en los últimos tres años se ha venido produciendo una crisis económica que ha impactado a varias economías occidentales, entre ellas a miembros de la Unión Europea y los norteamericanos. En España, uno de los grupos que más ha padecido los efectos son los jóvenes, quienes han visto reducidas dramáticamente sus oportunidades de trabajo y de vivienda, dando origen a una serie de movilizaciones sociales y al surgimiento de un movimiento social conocido como Los Indignados. Por su parte, en Estados Unidos donde la crisis afectó a jóvenes que estudiaban en universidades y también los que buscaban su primer empleo, surgió el movimiento de “Ocupas”. En Italia e Inglaterra también se han producido manifestaciones importantes por las condiciones de estudio y de trabajo, por lo que estos nuevos temas fueron ganando el interés de los jóvenes y de las organizaciones civiles Europeas.
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El regreso del EZLN y el subcomandante Marcos la estrategia se endurece El 21 de diciembre de 2012, las bases de apoyo del EZLN realizaron una movilización de más de 40 mil personas, en la cabecera municipal de Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Altamirano y las Margaritas esta marcha es considerada una de las más numerosas llevadas a cabo por esta organización desde su aparición en enero de 1994 (Bellinghausen, 2012). A diferencia de lo que sucedió hace 19 años, los manifestantes no portaban ningún tipo de armas, sino que marcharon de manera ordenada y silenciosa, después de concentrarse en las plazas centrales por unos instantes, se retiraron. Ese mismo día, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (CCRI-CG del EZLN), hizo público un breve comunicado donde se hacía referencia a la marcha silenciosa: “¿Escucharon?...es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día, era noche. Y noche será el día que será día ” (CCRICG del EZLN, 2012ª). La aparición del EZLN, como ya explicamos antes, se produjo en el momento que iniciaba un nuevo periodo presidencial del PRI. La ausencia de armas, la toma simbólica y temporal de territorios y la ausencia de discursos daban algunas pistas sobre cuál podría ser la nueva estrategia zapatista. Un nuevo comunicado con fecha del 30 de diciembre anunciaba sus nuevos recursos para la movilización: el grupo renunciaba definitivamente a encabezar acciones armadas, el EZLN anuncia una línea más crítica, lo que incluía mostrar sus diferencias con grupos de izquierda, particularmente con aquellos ligados al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, la comunicación y acción comenzarían a ser selectivas, particularmente hacia aquellas organizaciones o movimientos sociales invitados expresamente por los zapatistas (CCRI-CG del EZLN, 2013c), y por último, las comunidades zapatistas continuaban siendo el principal punto de referencia como forma de organización, pero también como ejemplo de acción y programa de lucha (CCRI-CG del EZLN, 2012b). Estas formas de actuación son coherentes con lo hecho por el EZLN desde la Sexta declaración de la Selva Lacandona, donde comenzó esta depuración de organizaciones con las que el EZLN mantendría contacto comenzando a hacer pública una crítica severa a las organizaciones políticas de todo el espectro. Los nuevos comunicados comenzaron a ser altamente críticos, ya no sólo hacia al gobierno, sino hacia otros actores sociales como Luis H. Álvarez (miembro 42
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del PAN), o Andrés Manuel López Obrador (miembro del PRD), ambos figuras importantes dentro de la política nacional (CCRI-CG del EZLN, 2012c; CCRICG del EZLN, 2012d; CCRI-CG del EZLN, 2013a). El subcomandante Marcos comenzó a delimitar quiénes podían ser considerados “zapatistas”, lo que dejaba fuera a los miembros de organizaciones políticas ya institucionalizadas. El zapatismo se deslindaba ya de forma clara de cualquier aspiración por aliarse con organizaciones políticas, para concentrarse en la sociedad civil (CCRI-CG del EZLN, 2012c; CCRI-CG del EZLN, 2013b), incluso una buena parte de investigadores, periodistas y otras “figuras” públicas fueron criticadas. Para el zapatismo todos estos grupos sólo estuvieron cerca de su movimiento para poder obtener atención mediática o aprovecharse de este movimiento (CCRI-CG del EZLN, 2013c). Como parte de este cambio de estrategia hacia la invitación selectiva, el EZLN abandonó su estrategia de organizar grandes reuniones donde estaban invitados a participar todos los que así lo deseaban. Los días de organizar recorridos para personalidades por las zonas zapatistas (los llamados zapatours), habían quedado atrás. Los próximos encuentros entre zapatistas y sus simpatizantes serían bajo invitación expresa y en pequeños grupos (CCRI-CG del EZLN, 2013c). Uno de los puntos centrales de la nueva estrategia zapatista era lo que en tiempos de la vieja izquierda se llamaba “la formación de cuadros”, esta vez mediante la apertura de una “escuelita”14: “Queremos que nos entiendan, para nosotros no es tiempo de caravanas, ni proyectos, ni entrevistas o intercambio de experiencia y otras cosas. Para nosotros las zapatistas, es tiempo de prepararnos para la escuelita. No vamos a tener tiempo para otras cositas, a menos que sea el mal gobierno quien nos quiera hacer una gran chingadera, ahí sí cambia la cosa. (CCRI-CG del EZLN, 2013d).
El primer grupo iniciaría en agosto del 2013. Las personas que acudieran a la escuela zapatista tomarían los siguientes cursos: Gobierno Autónomo I, Gobierno Autónomo II, Participación de las Mujeres en el Gobierno Autónomo, y Resistencia (CCRI-CG del EZLN, 2013d). El EZLN anunció que las personas que tomarían este primer curso serían 1,500, provenientes de diferentes países como: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Eslovenia, Estado Español, Francia, Grecia, Honduras, 14 El uso del diminutivo en "escuelita" implica cierta humildad de quienes aprenden. [N. del E.]
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Holanda, Italia, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, País Vasco, Reino Unido, Suecia, Suiza, Corea del Sur, India, Irán, Sri Lanka, Nueva Zelanda, Sudáfrica y las Islas Canarias (CCRI-CG del EZLN, 2013e).
Conclusiones Los movimientos sociales son actos colectivos que buscan generar cambios, dos elementos que resultan determinantes en los alcances que tendrá esta acción colectiva en sus objetivos son: los recursos que utilice y las oportunidades políticas que existan en cierto periodo de tiempo. Los recursos están relacionados con decisiones conscientes o inconscientes que toman las protestas al utilizar formas de organización, de manifestación, de generar símbolos y de entablar relaciones con otros grupos. Estos elementos por sí solos no garantizan el éxito o el fracaso de un grupo, ya que su impacto y efectividad están determinados por la forma en que el oponente va a reaccionar, la posible solidaridad y participación de nuevos actores, las circunstancias económicas y políticas específicas, etcétera. El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional es un movimiento social/guerrilla/ organización política/ atípica, no sólo por los primeros recursos de movilización que utilizó, los cuales resultaron altamente innovadores y efectivos en su momento, sino por su capacidad de sobrevivencia y de reinventar formas de acción. La creación de nuevas formas para protestar, organizarse o entrar en contacto con otros grupos son algunos de los procesos más costosos para un movimiento social, sobre todo si consideramos que deben ser construidos en un contexto, generalmente hostil, es por ello, que la mayoría de los grupos opta por copiar recursos de movilización usados por otros. El zapatismo fue sin duda la primera guerrilla virtual, aunque el mismo subcomandante Marcos se burlaría de esto en uno de sus últimos comunicados, que gozó de éxitos, pero también padeció sus consecuencias. El difundir sus poderosas imágenes y comunicados mediante las redes virtuales les permitió tener una penetración y poder de convocatoria virtual sin precedentes en la historia de los movimientos sociales del mundo. Miles de personas leían o remandaban cada una de las palabras y actos del EZLN resultando en un boyante turismo revolucionario a Chiapas. Sin embargo, Internet es una red donde reina la banalidad y la futilidad ya que la mayoría de esos lectores virtuales comenzaron a desaparecer con el paso del tiempo, debido al surgimiento de nuevos problemas “mundiales” o la simple apatía. 44
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La masiva presencia de visitantes a las zonas zapatistas comenzó a ser un problema, incluso aquellos que venían con la mejor voluntad de ayudar, pero sobre todo, toda esta fama, toda esta convocatoria, no había generado el cambio mundial, regional, nacional o estatal que el EZLN pensó que podría lograr por lo que el zapatismo decidió concentrarse en su recurso más exitoso desde el 2003: las comunidades zapatistas. La invitación de personas específicas y tener una interacción (aprendizaje), en estas formas de convivencia, creadas dentro de las zonas de influencia zapatista son una forma de salir de la banalidad y futilidad de los masivos contactos de los movimientos sociales de la era digital. El zapatismo decidió abandonar su propia fama y su propio éxito para generar un cambio desde abajo, desde unos cuantos. Este nuevo giro en los recursos de movilización del zapatismo podría transformar el funcionamiento de las protestas contemporáneas.
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IDENTIDADES ENTRECRUZADAS: EL MOVIMIENTO DE LAS BARTOLINAS EN SANTA CRUZ, BOLIVIA Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen Universidad de Copenhague
Introducción
Con el nombramiento de Silvia Lazarte como presidenta de la Asam-
blea Constituyente en 2006, el presidente Evo Morales Ayma marcó un cambio simbólico fundamental y muy decisivo en la vida política del país. Silvia Lazarte no sólo representa a esa mayoría de los bolivianos anteriormente excluida, es decir a los indígenas y a los pobres; con el nombramiento, el presidente de Bolivia reconoció la fuerte presencia de las mujeres campesinas e indígenas en los movimientos sociales del país y en los acontecimientos que le habían favorecido para que llegara al poder. El movimiento social que representa Silvia Lazarte se titula La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa1, las llamadas ‘Bartolinas’. Las Bartolinas es una organización de mujeres campesinas, indígenas en su mayoría, como la población de Bolivia en general. Junto con otros movimientos sociales afiliados a la Central Obrera Boliviana tales como: el movimiento campesino, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), los Cocaleros, los ‘Interculturales’ (antes llamados Colonizadores), y otros como las Juntas Vecinales de El Alto, Las Bartolinas apoyan al gobierno y participan en la construcción de un país diferente. ¿Pero, significa lo anterior que las mujeres campesinas e indígenas han roto con la esfera doméstica, y que los roles de género finalmente están cambiando, 1 Bartolina Sisa era la esposa de Túpac Catari, un indígena aymara que lideró una rebelión en contra de los españoles en el Alto Perú en 1780.
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como predijo Helen Safa en su famoso ensayo sobre movimientos sociales de mujeres en Latinoamérica en 1990? Para contestar esta pregunta hay que conocer la historia de los movimientos sociales de Bolivia y la participación femenina, pero también habría que preguntarse lo siguiente: ¿por qué existe esta organización de mujeres campesinas aparte? ¿Cuáles son sus reclamos y por qué necesitan una organización propia para sus luchas? Mi argumento, que discutiré a lo largo de este capitulo, es que a pesar de la indiscutible contribución de las mujeres en las luchas sociales en Bolivia, todavía existe un machismo en las organizaciones sociales del país y en la sociedad en general, que significa que las demandas de las mujeres todavía se perciben como algo de segundo plano por los varones, y que las mujeres por lo tanto necesitan su propia plataforma para expresar sus vivencias y pronunciar sus necesidades. Al mismo tiempo hay que reconocer que también estamos viviendo un proceso de cambio en Bolivia, que también influye en la situación de la mujer, un proceso que muchas mujeres saben aprovechar y fortalecer, un buen ejemplo de ello son las mujeres en el agro. Las Bartolinas están presentes en el departamento de La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz, pero las áreas de movilización y de presencia más importantes son dos regiones marcadas por la migración: el Chapare en Cochabamba y el Norte de Santa Cruz, surgiendo otras preguntas como: ¿por qué en las zonas de migración? ¿Cómo influye la situación de la mujer migrante en la estructura y el funcionamiento de la organización? y ¿cómo, y con qué planteamientos se crea el sentido de pertenencia en la organización, si las afiliadas provienen de muchos lugares diferentes con tradiciones, lenguas y costumbres diferentes? ¿Qué significa para la organización en Santa Cruz que el ambiente político en general sea de oposición y hostilidad al gobierno? El nombre de la organización revela una identidad que intersecciona género con etnicidad y clase social, ¿hay tensiones o contradicciones entre estos tres componentes? Esta pregunta forma parte de las reflexiones finales que analizan la identidad de la organización. En general se ha escrito poco sobre Las Bartolinas y casi nada sobre la organización local en el departamento de Santa Cruz, por lo tanto el material empírico para este texto está basado en trabajo de campo en Santa Cruz2 y además se basa 2 En Santa Cruz he entrevistado a Silvia Lazarte, expresidenta de laAsamblea Constituyente y exdirigente de Las Bartolinas en Santa Cruz en 2011 y 2012, y además a representantes de la
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también en documentos de la organización, literatura importante sobre el movimiento campesino de Bolivia y sobre todo en algunas publicaciones recientes sobre movimientos sociales y mujeres en Bolivia. En una sociedad tan dividida como la boliviana no puede sorprender que históricamente haya existido una separación entre diferentes tipos de organizaciones de mujeres, factores como la clase social y las diferencias étnicas han influenciado en cómo las mujeres bolivianas se han organizado y en las dificultades que han existido para colaborar entre ellas. Por un lado, las mujeres de clase baja, como las famosas Amas de Casa, mujeres esposas de mineros, y otras mujeres en organizaciones gremiales y barriales de todo tipo, tienen una larga historia de protagonismo en las luchas sociales y la democracia. La historia de Domitila de Chungara es sólo un ejemplo (Moema Viezzer, 1977). Por otro lado, mujeres de clase media han creado organizaciones de orientación feminista de diferentes tipos, algunas de ellas con mucha influencia en políticas de gobierno a partir de la década de los 90 (Paulson & Calla, 2000; Monasterios, 2007; Rousseau, 2011). Las relaciones entre las diferentes organizaciones han sido muchas veces difíciles, con un marcado resentimiento por parte de las organizaciones de mujeres campesinas y trabajadoras. Sin embargo, mujeres de clase media han trabajado activamente en muchas de las ONGs con cursos de capacitación para mujeres pobres del campo o de las ciudades. Algunas de esas ONGs también han colaborado en la creación de organizaciones de base como los Clubes de Madres que han fomentado la organización de las mujeres del campo. La organización de Las Bartolinas es sin duda la organización de mujeres más grande de Bolivia y como subraya Karin Monasterios, ha ganado en influencia política con la presidencia de Evo Morales y en los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) (Monasterios, 2007). Para abordar las preguntas planteadas con anterioridad, daremos primero una breve introducción a la historia de Bolivia y los movimientos sociales más importantes del país para luego enfocarnos en el movimiento campesino y Las Bartolinas, de las cuales, discutiremos su identidad en la región de Santa Cruz.
actual dirección de las Bartolinas, entre ellas, a Hilda Villalba Pérez, secretaria de Hacienda, Ana Trujillo, secretaria de Relaciones. Estoy muy agradecida por su apoyo y su forma generosa de compartir conmigo sus experiencias, inquietudes y victorias.
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El movimiento social se comprende en el contexto social e histórico Bolivia es uno de los pocos países latinoamericanos que ha experimentado una revolución violenta basada en un descontento social general. La revolución Boliviana de 1952 cambió la estructura de la sociedad al promulgar el voto universal3 y al llevar a cabo una reforma agraria que abolió prácticamente la hacienda en el Altiplano4, no obstante, el Estado boliviano después de la Revolución, siguió siendo débil, sobre todo en el área rural (Klein, 1992; Ejdesgaard Jeppesen, 2002). Una de las metas políticas y sociales de la Revolución era terminar con la discriminación racial hacia la población indígena, en su gran mayoría campesina, analfabeta y pobre. El término ‘indio’, en general peyorativo y racista, fue sustituido por la palabra ‘campesino’, que más bien connota una ocupación y una clase social, y no una categorización basada en una ideología de raza. Se quería incluir al campesino en la sociedad postrevolucionaria como ciudadano, es decir: un individuo con derechos, que puede votar, y que no debe tener obligaciones específicas las cuales sólo pertenezcan a una raza determinada por la herencia colonial. Las metas políticas de inclusión se mostraron difíciles de lograr, ya que algunas prácticas excluyentes siguieron perdurando hasta finales del siglo. El trabajo político fue liderado por el partido de la Revolución y por el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), fuertemente apoyado por el movimiento obrero, sobre todo por los mineros y los campesinos. Líderes del movimiento sindical de los mineros llegaron a ocupar puestos importantes en gobiernos del MNR, pero el movimiento obrero se mantuvo independiente del Estado en muchos aspectos. El movimiento “pactó” con los gobiernos militares de los años 60 y 70, colaborando con ellos y en muchas ocasiones en contra de los mineros, hasta que en 1979 el movimiento campesino se independiza y se crea La Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. El movimiento sindical, liderado por la Central Obrera Boliviana (COB) y durante décadas por los mineros, fue severamente debilitado por las políticas neoliberales, introducidas en 1985 como una “nueva política económica” por otro gobierno del MNR. Como en otros países latinoamericanos, la política neoliberal implicó una reducción y privatización del Estado, así como también una Después de la Revolución la mujer gana el derecho a votar. En Bolivia se distingue entre el Altiplano, las áreas Andinas, y las Tierras Bajas del oriente del país. Las distinciones son geográficas pero también culturales. 3 4
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‘flexibilización’ del mercado laboral, es decir, que se restringió la influencia de los sindicatos. El movimiento obrero había sido importante en las luchas por la democracia y en contra de las dictaduras militares,5 pero al igual que en otros países de América de Sur, su posterior influencia en la democracia fue muy limitada. Económica y socialmente las consecuencias de la nueva política económica resultaron en un crecimiento en el nivel de pobreza general, pero también en el nivel de pobreza aguda y un crecimiento enorme en el sector informal. Al mismo tiempo las políticas neoliberales implicaron una reestructuración del paisaje de los movimientos sociales del país. La descentralización política del Estado, la ley de participación popular y el surgimiento de nuevos movimientos sociales, como por ejemplo organizaciones con identidades étnicas, fuertemente apoyadas por ONGs internacionales también contribuyeron al debilitamiento general del movimiento sindical. Sin embargo, en la misma época el campesinado y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) habían ganado mucho más influencia. El movimiento campesino La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), es quizá el movimiento social más importante del país en este momento. Funcionaba como un soporte político para el gobierno, con presencia en todos los departamentos y tiene alrededor de 3 millones de afiliados. El movimiento sindical campesino en Bolivia surge en el departamento de Cochabamba a principios del siglo XX en los años 30, es decir, casi dos décadas antes de la Revolución boliviana de 1952. Después de la revolución se generaliza la organización sindical en casi todo el territorio debido al esfuerzo voluntario de los mismos campesinos, y en algunos casos, llevada a cabo como una obligación por representantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). El sindicato de base es en realidad la comunidad campesina, es decir, una organización de familias de agricultores, en la que cada una posee su tierra de manera individual, es decir: hay una larga tradición para colaborar y tomar decisiones donde participa toda la comunidad, por lo que la tradición consiste en que las 5 En Bolivia ha habido gobiernos militares en varias ocasiones. El último fue el gobierno del general Hugo Banzer de 1971 a 1978.
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decisiones se toman entre todos. El sindicato de base constituye el nivel más bajo dentro de una estructura organizativa impresionante, que incluye niveles intermedios, centrales, subcentrales, federaciones, llegando hasta al nivel nacional en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), encargada de organizar a prácticamente todo el campesinado boliviano. Además hay campesinos organizados en las Comunidades Interculturales (antes llamadas Colonizadores), que organiza sobre todo a los migrantes de las áreas Andinas que viven en las tierras bajas de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y en menor grado en Beni. En algunas áreas, sobre todo en Chuquisaca, el Norte de Potosí y en algunas partes de Oruro, los sindicatos agrarios existen como una organización paralela a la antigua organización del ayllu, la organización social y comunal de los campesinos del área Andina, que tiene sus raíces en la cultura pre colonial de los Incas y otros pueblos originarios. El ayllu se define originalmente como familia extendida, pero las reducciones forzadas de los españoles rompieron los lazos entre grupos pertenecientes a diferentes pisos ecológicos y obligó a la mayoría de los ayllus a vivir en las áreas más altas (Klein, 1992). Actualmente “ayllu” es más bien sinónimo de comunidad campesina, conservando antiguas formas de denominar a las autoridades, por lo que las tradiciones definen cómo se toman las decisiones en amplios consensos donde participa toda la comunidad. Los diferentes cargos son rotativos, en general por un año o dos, y se perciben como obligaciones para la unidad familiar, que representa la base de la organización. En general, el marido representa a la familia, pero también la esposa o un hijo pueden hacerlo.6 Este sistema existe también en los sindicatos de base a nivel local, por lo que la convivencia no ha sido difícil en todas partes. Los nombres de los cargos en el sindicato son modernos e idénticos a los que se encuentran en un partido político, como por ejemplo: el secretario general, cartera de actas, de hacienda, etcétera. En el Altiplano hay un fuerte vínculo e identificación con el espacio. Algunas comunidades adquirieron tierras después de la Reforma Agraria en 1953, cuando se distribuyó la tierra de las haciendas entre los campesinos, aunque otras comunidades viven en esas tierras desde hace siglos. Los ayllus en el departamento de Oruro y el Norte de Potosí se han organizado en una organización aparte: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyut, una organización de indígenas Aymaras, muy influenciado por el pensamiento indigenista/Katarista y apoyado por ONGs internacionales. Ver capítulo de Anders Burman para un análisis de CONAMAQ. 6
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Según la cosmovisión andina debe existir una doble representatividad en la dirección del ayllu, hombre y mujer, lo masculino y lo femenino siempre juntos. Esa complementariedad se discute mucho en la literatura, pero también entre las mujeres (ver Stéphanie Rousseau por una relación sobre el debate). Después de las reformas políticas de la década de los años noventa, cuando se inició un proceso de descentralización y de participación popular a nivel municipal, la CSUTCB ha llegado a tener cada vez más importancia política, sobre todo la organización de los campesinos productores de la hoja de coca. También integrantes de la CSUTCB, supieron aprovechar la nueva ley de Participación Popular, y a partir de 1994 empezaron a ganar las elecciones municipales con sus candidatos (Ejdesgard Jeppesen, 2002). Después del éxito de los cocaleros, muchos campesinos en otras áreas empezaron a copiar sus métodos, por lo que el Movimiento al Socialismo (MAS), partido del actual gobierno, llegó a tener cada vez más influencia. Pero no sólo el partido ganó influencia, también el campesinado como tal ha llegado a jugar un papel político en Bolivia nunca antes visto. Como casi todos los campesinos en Bolivia se identifican como indígenas, la idea del indigenismo y las identidades de los pueblos originarios también ha llegado a tener mucho significado político en el país.7 Esa influencia se refleja en el gobierno actual de Evo Morales y en la Nueva Constitución Política del Estado, siendo el resultado de un esfuerzo político y organizativo que empezó muchos años atrás, integrando a varios sectores de la sociedad y del campesinado, incluyendo a las mujeres.
La participación femenina y Las Bartolinas La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) abarca a todos los campesinos, hombres y mujeres, aunque como hemos mencionado antes, las mujeres campesinas tienen su propia organización a nivel nacional en la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, CNMIOB “BS”, las llamadas “Bartolinas”. La organización está directamente afiliada a la dirección nacional de la CSUTCB, pero como una organización independiente. 7 El 62% de la población se identifica como indígena, perteneciendo a una de las 32 naciones originarias del país según el Censo de 2001.
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El primer esfuerzo consistió en la formación de una Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, “Bartolina Sisa”,8 que se fundó el 10 de enero de 1980. Lucila Mejía asumió el cargo de secretaria ejecutiva (García Linera et al, 2004: 504), pero antes, en 1978 ya se había realizado el primer Encuentro Departamental de Mujeres Campesinas de la Paz (Alanes Bravo, 1997). Como podemos ver, se trata de una iniciativa que se tomó a nivel nacional, contrario a las organizaciones campesinas que surgieron como organizaciones de base desde las comunidades. La estructura de la organización de mujeres es parecida a la de la organización campesina, ya que se basa en la comunidad o en el sindicato de base. Ese nivel se organiza en subcentrales, mandando a sus representantes a la central a nivel provincial, desde donde salen representantes a la Confederación. Sin embargo la presencia de Las Bartolinas no se da en todos los departamentos ya que en muchas comunidades o sindicatos de base las mujeres no tienen su propia organización. Según García Forés la estructura de la organización de las Bartolinas es piramidal, las bases eligen a sus representantes, que asisten al congreso orgánico donde se elige la dirección cada dos años. Según la autora, los mecanismos de participación de las bases en la toma de decisiones de la organización son casi inexistentes. La dirección puede hablar y tomar decisiones en nombre de las bases sin haber consultado previamente con ellas (García Forés, 2011, 32). Lo anterior se debe en parte a la falta de recursos económicos, pero también las distancias juegan un papel importante, como por ejemplo la falta de medios de transporte en el departamento de Santa Cruz. El evento de 1980 es el resultado de un proceso largo y tiene muchos antecedentes. A partir de la década de los setenta, muchas veces por iniciativa de diferentes tipos de ONGs y la Iglesia, se crearon ‘Clubs de Madres’ o ‘Centros de Mujeres’ en las comunidades rurales. Estas organizaciones recibían ayuda de alimentos que se distribuían directamente a las madres. (Alanes Bravo, 1997). El fenómeno ha tenido una serie de efectos negativos, según García Forés (2011) y Rivera Cusicanquí (2004), sin embargo, ha tenido también como resultado la creación de espacios de encuentro exclusivamente para madres y para mujeres, espacios donde las mujeres no necesitaban callarse por la presencia de los varones. Algunas dirigentes de las Bartolinas cuentan cómo sus primeras experiencias organizacionales fueron los clubes de madres, mientras que otras se han 8 Las palabras ’indígenas originarias’ fueron añadidas al nombre después del congreso orgánico de la organización en 2006 (Rousseau, 2011, 16)
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integrado directamente a los sindicatos de base, que son organizaciones mixtas, y donde han tenido una trayectoria antes de integrarse a la organización femenina, aunque raras veces las mujeres han podido asumir cargos importantes en la organización mixta. Otro antecedente es el famoso ejemplo de las mujeres mineras organizadas como Amas de Casa en los Centros Mineros, organizaciones femeninas que eran mucho más políticas de lo que el nombre revela, ya que Amas de Casa inició la huelga de hambre en contra del dictador militar Hugo Banzer en 1978, iniciando con esto la derrota de la última dictadura militar. 9 Bolivia por lo tanto tiene una larga historia de mujeres valientes y participativas, pero también tiene una larga historia de machismo y discriminación en contra de las mujeres y su participación en las organizaciones. Según Gloria Ardaya, en Bolivia “persiste y sigue vigente una cultura política patriarcal que relega a las mujeres a actividades típicamente femeninas en las que excluye su acceso a “lo público.” (Ardaya, 2012, 268). Como se ha mencionado, Las Bartolinas es una organización independiente pero al mismo tiempo afiliada a la CSUTCB. En los primeros documentos se formula como uno de los objetivos desarrollar la acción conjuntamente entre la CSUTCB y la Central Obrera Bolviana (COB)10 (García Linera et al, 2004: 505). Así que desde el principio existe una tensión entre un deseo de autonomía y una necesidad de participar en la lucha de los sindicatos mixtos dominados por los varones, un deseo que además tiene que ver con el hecho de que las mujeres sean también productoras y formen parte de ese núcleo familiar que constituye la base de la organización sindical. Una de las explicaciones de por qué las mujeres instauraron su propia organización tiene que ver con el machismo de los hombres en todos los niveles. Silvia Lazarte comenta que es necesaria la organización de las mujeres porque si hay tanto hombres como mujeres en una reunión, las mujeres siempre se quedan calladas. Pero parece que ni siquiera una organización propia es suficiente para ganar el respeto de los hombres. Lucila Mejía de Morales, dirigente de Las Bartolinas explica: El libro sobre Domitila de Chungara de Moema Viezer es el testimonio más famoso. Curiosamente parece que el conocimiento de esas organizaciones de mujeres está desapareciendo del imaginario boliviano. 10 COB, organización al nivel nacional fundada en 1952 que integra a todo el movimiento sindical boliviano, incluidas las organizaciones de campesinos. 9
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[En el] Segundo Congreso de Unidad Campesina de la CSUTCB, donde, según revelan algunas líderes de la Federación (de las Bartolinas, AMEJ), las mujeres campesinas constataron su subordinación no sólo al haber sido declaradas responsables de la alimentación de todos los asistentes, sino también porque se les negó el derecho a participar efectivamente en el Comité Ejecutivo de la organización matriz en el que apenas llegaron a ocupar la cartera de “Vinculación Femenina” (Cit. En García Linera et al, 2004: 507).
Las mujeres, pues, cocinan y se ocupan de asuntos femeninos. Zulema Alanes Bravo en su publicación de 1997, habla de una relación dual entre el sindicato y las mujeres refiriéndose a todo el movimiento obrero y campesino en Bolivia. Esa relación dual según ella es de inclusión/exclusió: “de inclusión, pues las reconoce como objetos de sus políticas globales y como actores fundamentales de la lucha cotidiana; de exclusión, en tanto les niega su condición de sujetos de poder con capacidad para asumir niveles de representación y para articular sus reivindicaciones específicas” (Alanes Bravo, 1997: 6). Ese análisis es confirmado por Virginia Mamani Condorena, dirigente cocalera. Según ella: “Hay ese machismo en las Federaciones (de los cocaleros, AMEJ). Cuando hacíamos esos bloqueos nos buscaban, pero cuando venían los ministros y viceministros a acordar con ellos, nosotras estábamos desaparecidas y no nos convocaban. Y eso no es justo” (Rousseau, 2011: 16). La dominación masculina tiene varias explicaciones tanto de carácter estructural como cultural, según García Forés, se debe en parte a la división tradicional del trabajo en el agro, y “se asienta sobre la división del espacio privado, el hogar, destinado a las mujeres, y el espacio público, reservado a los hombres” (García Forés, 2012). Este punto de vista es confirmado por García Linera et al, al afirmar que “los espacios de manifestación y representación de las decisiones familiares son mayormente considerados públicos” (García Linera et al, 2004: 506), es decir, el foro donde se representa a toda la familia en la comunidad, el sindicato, forma parte del mundo público y el mundo político, y es un espacio tradicionalmente reservado para los hombres. Muchas mujeres han vivido esto pues los esposos no quieren que tengan actividades políticas o que asuman cargos que impliquen viajar o participar en reuniones con otros hombres. Silvia Lazarte, fundadora de la organización de mujeres en Chapare, cuenta cómo al principio en esa región, los hombres no querían aceptar la participación femenina aunque las mujeres también fueran golpeadas por el ejército y la policía.
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Uno de los resultados de esa división del espacio y de la participación femenina es la falta de experiencia y de formación política de muchas mujeres. El sindicato mismo asegura la formación de los participantes a través de un proceso de aprendizaje que significa que se empieza con la cartera o el cargo de menor responsabilidad y se sube lentamente en la jerarquía. Ese sistema de aprendizaje implica que las personas lleguen a conocer un lenguaje político y que puedan manejar el análisis político de los problemas tanto a nivel local como a nivel nacional e in ternacional, también se aprende cómo se deben redactar los documentos políticos, los informes, las actas de las reuniones, cómo se hacen las cuentas y los cálculos económicos, es decir, se trata de un sistema de educación informal pero en muchos sentidos muy eficaz. Para muchos sindicalistas esa formación informal es la única que se recibe en el transcurso de una vida, por lo que la democracia boliviana actual se ha beneficiado enormemente de ese proceso de formación ciudadana. El actual presidente, quien también se ha formado dentro de las estructuras de los sindicatos agrarios, es quizá el primer presidente que conoce el sistema desde dentro y que ha reconocido ese aporte. Silvia Lazarte, quien ha cursado pocos años en el colegio, reflexiona sobre esto cuando dice que para ella la organización sindical ha sido la mejor escuela, pero que defendió su ‘tesis política’ en la cárcel donde fue golpeada terriblemente por haber participado en una manifestación. Esa experiencia la comparte con miles de bolivianos, participantes en movimientos sociales. Las represiones de los gobiernos anteriores crearon una imagen del Estado como enemigo de los campesinos (Ejdesgaard Jeppesen, 2002), pero también la certeza de que era necesario organizarse para defender sus derechos. Para las mujeres el sistema interno de formación puede crear un círculo vicioso, como en las reuniones de la comunidad se quedan calladas, muchas veces quedan sentadas atrás (recordemos que es un espacio considerado ‘público’), tampoco se califican y con más dificultad pueden aspirar a ser elegidas para un cargo. El esfuerzo que implica romper este círculo vicioso es muy considerable, pero algunas logran hacerlo. En 1983 Lidia Floras fue elegida secretaria ejecutiva de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinas de Santa Cruz, primera mujer en encabezar una organización campesina y en 1992 Elsa Guevara, representante de la Central Regional de la Provincia Sur Cinti de Chuquisaca, fue elegida presidenta del V Congreso de la CSUTCB (Alanes Bravo, 1997: 45). Silvia Lazarte, expresidenta de la Asamblea Constituyente, fundó La Federación de Mujeres del Trópico de 61
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Cochabamba y fue secretaria ejecutiva de la Federación y más tarde también de la Federación Nacional. Otro de los factores estructurales que también inhiben la participación de las mujeres está en el nivel formal de escolarización de las mujeres y bartolinas en general (García Forés, 2011: 73). Muchas veces las mujeres no saben leer ni escribir y su castellano tampoco es muy bueno o muy correcto. Todavía en Bolivia el analfabetismo existe en el campo, y aunque ahora esa situación se está cambiando por una política consciente por parte del gobierno de Evo Morales. Muchas mujeres anteriormente no tenían la posibilidad de ir al colegio, como en el caso de Silvia Lazarte, los padres decidían que si no podían mandar a todos los hijos al colegio, era más importante que los varones supieran leer y escribir. Silvia Lazarte de niña cursó pocos años en el colegio ya que la familia la necesitaba como mano de obra, desde pequeña sacaba las ovejas de los vecinos a pastar, ganando un poco de dinero para algo de comer para ella y su familia Los dos padres eran analfabetas y el padre solo aprendió el castellano cuando hacía su servicio militar, la madre ahora está aprendiendo a leer con el programa ‘Evo cumple’. Según Stromquist, tradicionalmente muchos padres en el campo consideraban que dejando a las chicas asistir al colegio significaría sacarlas de áreas esenciales para la sobrevivencia de la familia, es decir, el trabajo en la casa (Stromquist, 2001: 45). Las razones son tanto de carácter económico como de tradición. Según la ocupación de los padres, su educación, el lugar de residencia, como también la región de procedencia y el capital social y cultural, influyen en la desigualdad y la discriminación (del Campo, 2012: 13). La dirigente Julia Yana, que ha formado parte del comité ejecutivo nacional de Las Bartolinas lo cuenta así: Desde niñez que he sido una niña aymara, que no sabía castellano; netamente aymara. Y así entré a la escuela muy tarde, con nueve años al kínder, luego he terminado escuela en mi comunidad Villa Puni mismo hasta sexto básico [...]. Como antes no había escuela para las mujeres mucho y mi papá me decía: ‘no puedes seguir, porque tú ya estás por demás en la escuela, has seguido hasta sexto, ya es, más mayor curso no puedes entrar’. Eso me decía mi papá porque no me quería poner a la escuela. Yo ¡cuánto quisiera terminar la escuela! [...] Mi papá sabía también poco leer, pero mi mamá tampoco no sabía leer nada (García Forés, 2012)
Entre las más jóvenes la situación está mejorando, ya que según cifras del Banco Mundial, casi no existe el analfabetismo entre los jóvenes de 15 a 24 años, y 62
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en las nuevas políticas del gobierno de Evo Morales se pone mucho énfasis en la escolarización de los niños, mujeres y varones (Lastarria-Cornhiel, 2011: 31). Otro problema es que el cuidado de los hijos es exclusivamente responsabilidad de la mujer, es decir, que si la mujer quiere participar en el trabajo político de la organización tiene que dejar a sus hijos con otra persona o simplemente abandonar el hogar por un periodo de tiempo, creándoles un fuerte sentimiento de culpabilidad junto con una actitud negativa por parte de su pareja, poniendo un freno a su deseo de participar (García Forés, 2012: 74). Cuenta Bertha Blanco, oficial mayor de Desarrollo Social de la Ciudad de El Alto, anteriormente dirigente bartolina de Cochabamba: A veces como que dejamos el hogar, los hijos, los quehaceres de la casa, es otra dificultad. Porque una vez te lo puede cocinar, apoyarte, pero todos los días, no. Y nuestro cargo te exige eso y como tienes un juramento que cumplir, no puedes ni dormir porque estás luchando con tus quehaceres de tu familia y luchando también con las responsabilidades como dirigente. (Bertha Blanco, cit en García Forés, 2012: 76).
Es evidente que todavía piensa que el hogar es una responsabilidad exclusiva de ella. El hombre quizás ayuda, pero no todos los días. Sin embargo sigue: […] mi esposo me ayudaba, siempre me ha empujado, yo también siempre he empujado, cuando a él le toca hacer cosas, lo dejo todo, voy a ayudarle para que él también se sienta bien. Porque él también tiene derecho a su liderazgo y a realizarse en su trabajo, ¿no? (ibíd).
Varias dirigentes cuentan cómo al principio sus maridos no querían que participaran, pero que se han acostumbrado y que ahora las apoyan (García Forés, 2012: 77; Silvia Lazarte, octubre, 2011). Es el caso también de Catalina Soto, actualmente alcaldesa de su municipio natal en Oruro, después de haber sido dirigente bartolina y miembro del Comité Ejecutivo Central de la organización. Catalina cuenta: Cuando ya me eligieron (como secretaria de Derechos Humanos) para la confederación, yo ya estaba casada unos dos años o tres años, y tenía temor de que se opusiera mi esposo. Y se opuso siempre, no quería, no quería, quería separarse […]“No importa”, le dije, “si me voy, me tendré que ir”. También aceptó ¿no?
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Hasta ahora sigo con él, me apoya ahora. [….] Llegaba pocas veces a mi casa, he abandonado mi hogar, casi. Pero a pesar de eso mi esposo me ha apoyado (ibíd).
Sin embargo Las Bartolinas apoyan a las organizaciones mixtas y forman parte de la base del gobierno, pero no sólo ellas apoyan al gobierno; el Movimiento al Socialismo (MAS) es el partido que más mujeres promovió en sus listas (Ardaya, 2012: 295), por lo que actualmente la cantidad de mujeres electas para el senado es la mayor en toda la historia del senado boliviano (ibídem: 277). También se notan diferencias regionales en la participación política de las mujeres. Según Ardaya hay un nivel más alto de participación de las mujeres en los departamentos que son de Tierras Bajas, como Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, que son también departamentos donde supuestamente se registra un menor grado de acoso y violencia política hacia las mujeres (ibídem: 278), surgiendo la cuestión de si eso es correcto y si se puede confirmar por los datos que tenemos a nuestra disposición. A continuación abordaremos la historia del departamento de Santa Cruz para luego poder enfocarnos en la historia de Las Bartolinas en dicho departamento.
Santa Cruz El departamento de Santa Cruz, ubicado en el Oriente de Bolivia, tiene una historia particular, sin mucha atención por parte del Estado boliviano hasta la Revolución de 1952. Ese mismo año se construye la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz conectando el departamento con el occidente del país. Económicamente Santa Cruz es la parte de país que desde la época de la goma (1880-1915), se ha vinculado con un mercado externo e internacional de los EEUU y Europa a través de Argentina y Brasil, y no tanto con el occidente del país (Molina, 2008: 5). La Reforma Agraria que se llevaba a cabo en Bolivia a partir de 1953, como uno de los resultados más importantes de la Revolución, significó para Santa Cruz que el Estado a través del Instituto Nacional de Colonización buscara generar un desarrollo capitalista basado en empresas agrarias y producción en grandes escalas. Esta política implicaba una colonización dirigida como espontánea hacia la región, incluyendo dotación de tierras, construcción de infraestructura caminera, dotación de créditos para capital y adquisición de maquinaria moderna (Soruco; Plata & Medeiros, 2008: 41).
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Se promovió la migración de pequeños propietarios desde el oeste, las áreas Andinas y la Sierra, áreas que eran y siguen siendo densamente poblada, y hacia el Oriente donde había áreas desocupadas. A las familias campesinas se les otorgaba terrenos relativamente moderados en tamaño, pero a familias con buenos contactos políticos se les otorgó grandes extensiones (Lastarria-Cornhiel, 2011: 24). Como lo formula X. Soruco: “la pequeña producción dominaba el panorama agrario en Santa Cruz antes de 1952”, es decir, las unidades pequeñas cultivaban el 41% de la superficie cultivable, cifra mucho más alta que en otros departamentos. Esa situación ha cambiado mucho (Soruco; Plata & Medeiros, 2008: 57). Santa Cruz antes de la Reforma Agraria no tenía una estructura de haciendas importante, pero la política agraria a partir de 1953 ha “intensificado y consolidado la gran propiedad en este departamento” (ibídem). El proceso de dotación de tierras en Santa Cruz no significó la anulación de las haciendas, como en el Altiplano, sino su consolidación, Por lo que esta política significó que en 1987 el 9% de los propietarios en Santa Cruz eran dueños del 82% de la superficie (ibídem: 74). El gobierno militar de Hugo Banzer y los posteriores gobiernos democráticos de Banzer y de Jaime Paz han cambiado la estructura agraria del departamento a favor de las grandes propiedades, que desde 1950 a 2002 han crecido en número con un porcentaje de 348% de 907 unidades a 4 066. El gobierno militar de Hugo Banzer (1971-1978), fue el que más tierras entregó a grandes haciendas en la región, creando lo que es hoy la élite agraria y política en el departamento. En la misma época los grandes y medianos propietarios de Santa Cruz recibían el 37% de toda la inversión pública para el sector agrícola boliviano (ibídem: 69). En Santa Cruz es donde se ha encontrado la oposición más fuerte hacia el gobierno de Evo Morales, pero ya antes de las elecciones de 2005, cuando fue electo por primera vez, sectores de Santa Cruz querían independizarse de Bolivia. Ese deseo se basa en la economía de exportación, tanto de productos agrícolas como soya y carne, pero también en los yacimientos de petróleo. Hay un fuerte discurso separatista y autonómico en el departamento, expresado por El Comité Cívico y los políticos de la oposición al gobierno, que se basa en una narrativa de la exclusividad de la zona, una identidad especial como Nación Camba, y una actitud casi racista hacia los departamentos andinos y sus pueblos (ver Ximena Soruco et al para un análisis del departamento). Sin embargo, la fuerte inmigración de otros departamentos, sobre todo de las áreas andinas, está cambiando también el panorama político del mismo. En el 65
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referendo revocatorio de 2008 Evo Morales obtuvo un 67% de los votos a nivel nacional y en el departamento de Santa Cruz un 40%. De los 52 municipios del departamento, actualmente 30 son del Movimiento al Socialismo (MAS),11 y con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009, la élite cruceña se vio en una situación de derrota, lo que no quiere decir que no tiene influencia. El gobierno de Evo Morales quiere transformar la estructura de tenencia de la tierra del departamento en un modelo "conformado por muchos pequeños y medianos actores que produzcan diversos alimentos, en primer lugar para el mercado interno y luego para exportar" (Urioste, 2009: 126). Ese proyecto no solo tiene que ver con seguridad alimentaria, tema muy importante en Bolivia, sino también con el proyecto político. El MAS todavía no tiene la mayoría en el parlamento departamental, y en general existe un clima de desprecio hacia los inmigrantes y sus hijos (ver Padilla Vargas), el cual también sienten las mujeres campesinas.
Las Bartolinas en Santa Cruz Como hemos mencionado anteriormente, Santa Cruz es el departamento donde la oposición al gobierno de Evo Morales es más fuerte, sobre todo por los dirigentes políticos que tienen contactos estrechos con el grupo de hacendados, representados también en el Comité Cívico. Como dice Hilda Villalba de Pérez, del comité ejecutivo de Las Bartolinas: “Aquí en Santa Cruz hay mucho capitalismo”. La población migrante de las áreas andinas llega al departamento en busca de trabajo y de tierra, los pequeños productores son casi todos inmigrantes de los departamentos occidentales como Chuquisaca, Potosí y Oruro, pero hay también inmigrantes de Cochabamba, como por ejemplo Silvia Lazarte que llegó a Santa Cruz desde ese departamento, y se compró un pequeño terreno junto con su marido en el norte del mismo. Hay un ambiente de hostilidad en contra de los migrantes, muchas veces expresado en forma de prejuicios como también de racismo abierto, esa hostilidad se expresa de muchas maneras, pero más sobre las mujeres de las tierras 11 Entrevista con José Sánchez, presidente de AMDECRUZ, Asociación de Municipios de Santa Cruz, noviembre de 2012.
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altas, que se distinguen por su acento y por su forma de vestir.12 Cuenta una de las fundadoras Segundina Flores: Como chuquisaqueña me llevo mi ropa vestida en Santa Cruz: ¿qué puede hacer esta paisana en Santa Cruz? Porque en Santa Cruz pareciera que vivirían no más la gente camba o la gente oriental pero nosotros estábamos en nuestra razón para poder organizar en nuestro país que es, Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija13 ¿No? Entonces ¡nos daba coraje eso! Cuando nos decían: “pucha esos paisanos ¿Qué saben?” Pero eso nos dio valor (cit. En García Forés, 2011: 29). La dotación de tierras o la venta de terrenos para los pequeños productores se hace en forma de parcelas con un promedio de 30 a 40 hectáreas, es decir, mucho más grandes que en el Altiplano, donde las parcelas por la división de la tierra entre los hijos significa que estas muchas veces son de una a dos hectáreas. Desde el principio, los campesinos colonizadores se organizaban en sindicatos agrarios con una organización y estructuras idénticas a las que se encuentran en otras partes del país, pero en comparación con las comunidades del Altiplano, aquí las distancias son grandes y la gente proviene de distintas áreas, hablan diferentes idiomas y no tienen familiares cercanos, por lo que se construyen identidades conectadas con el espacio y la organización sindical. La primera organización de Bartolinas en Santa Cruz se fundó en 1983 como una federación departamental. Fue también la segunda federación de Bartolinas en Bolivia, lo cual puede sorprender si se toma en cuenta la situación en el departamento, ya que las mujeres se organizaban por su propia cuenta y con un esfuerzo tremendo. La dirigente, Segundina Flores cuenta: Yo me acuerdo que caminaba a pie del centro de la ciudad a otro punto para hacer conocer qué es nuestra organización de las mujeres campesinas [...] entonces posiblemente no teníamos apoyo, de ningún lado, por eso nos ha costado nuestra conciencia, nuestro valor para organizar [a] las mujeres en Santa Cruz. Entonces posiblemente he recibido mucha En las tierras altas las mujeres indígenas (y cholas de las ciudades) se visten con polleras y sombrero. La pollera es una falda de varias capas de enaguas, probablemente impuesta por los españoles a las indígenas como una obligación a finales del siglo XVIII. 13 Departamentos de tierras bajas, los llamados "Media Luna", y de la oposición. 12
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discriminación[...]después de eso[...] bueno, seguimos trabajando, ya se hizo hartas mujeres, organización Bartolina sisa en Santa Cruz (cit. en García Forés, 2011: 29) Hilda Villalba de Pérez, actual dirigente de Las Bartolinas cuenta cómo tiene que caminar kilómetros para llegar a una reunión y lo difícil que es reunirse, confirmando la vivencia de Segundina Flores y dice: “aquí en Santa Cruz no nos valoran”. Sin embargo, piensa que es muy importante organizarse, por lo que Las Bartolinas en Santa Cruz se ven como parte de un proceso amplio. Si observamos el Estatuto Orgánico de la Federación de Santa Cruz, se aprecia claramente cómo se expresa en cuanto a los fines de la organización: “Luchar por espacios de decisión y poder para las mujeres campesinas e indígenas originarias del departamento de Santa Cruz, en base a la unidad, reciprocidad y solidaridad, con las organizaciones sociales del país.” (Estatuto Orgánico y Reglamento Interno, 2010: 8, c.), es decir, que las Bartolinas forman parte de un proceso más amplio donde todos los movimientos sociales tienen un rol que cumplir. Este fin corresponde con otro que es: “Luchar por una democracia participativa, comunitaria, verdadera, solidaria y liberadora con justicia social, desterrando toda forma de explotación, opresión y discriminación, confiriendo igualdad de oportunidades para todas las mujeres y hombres (Estatuto Orgánico y Reglamento Interno, 2010: 8, d.). Es decir, que hay una correspondencia en el vocabulario con la Nueva Constitución Política del Estado Boliviano (NCPE) donde la democracia participativa y comunitaria es la base de todos los principios políticos del estado boliviano. Contestando la pregunta “¿por qué apoyan al gobierno de Evo Morales?”, mencionan los programas de apoyo como por ejemplo el Bono Juancito Pinto, para los niños que van al colegio, el bono Juana Azurduy para que las madres vayan a realizarse controles prenatales, disminuyendo la tasa de mortandad y mejorando la salud de los niños, la Renta Dignidad para los ancianos y los programas en contra del analfabetismo de mayores. Como dice Silvia Lazarte: “Nos han hecho creer que Bolivia es un país pobre, pero ahora tenemos a alguien adentro (del gobierno, AMEJ) que reclama para nosotros”. Para las Bartolinas, un motivo para organizarse es el futuro de los hijos: “Queremos que estudien”, “si nosotras las mujeres no nos organizamos nuestros hijos van a ser pongos14 como antes”. Las mujeres quieren que sus hijos salgan agrónomos, Indígena que trabajaba en una hacienda, obligado a servirle al propietario, a
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veterinarios o quizás médicos, profesiones que les hacen falta en la vida diaria y en la producción. Otro punto interesante es el punto (j) que dice: “defender los derechos de las mujeres campesinas indígenas originarias a la titulación de la tierra a nombre de las mujeres” (Estatuto orgánico...). En Bolivia el título de la tierra de la familia generalmente está a nombre del hombre, de hecho, a partir de la Revolución de 1952, se ha reconocido en la legislación la función social de la tierra, es decir, que la tierra no es sólo una mercancía, una propiedad que se puede vender y utilizar, sino que la tierra es fundamental para la sobrevivencia de gran parte de la población boliviana. El gobierno actual ha iniciado un proceso de titulación de tierras, pero según la Fundación Tierra, todavía no están contempladas las mujeres. Sin embargo la nueva Constitución Política del Estado incluye marcos legales sobre los derechos de las mujeres y se trata de una constitución que tiene un carácter muy progresivo desde el punto de vista de género y etnicidad (Rousseau, 2011: 6), y a pesar de esos esfuerzos, Silvia Lazarte dice: “Tenemos que pedir otra reforma agraria” para expresar las necesidades de los pequeños productores y de las mujeres. También los programas de crédito para los pequeños productores, lo que significa que se paga después de la cosecha, se perciben como un logro importante para los campesinos en general. Otros fines son dirigidos específicamente hacia la situación de la mujer, reconociendo en ello algunos de los problemas de las mujeres bolivianas, como el analfabetismo y el machismo, es decir, el fin es “Combatir el analfabetismo en el campo, exigiendo la educación fiscal, alternativa y gratuita para nosotras y nuestras familias”. Este punto continúa con exigencias que revelan una nueva Bolivia plurinacional que actualmente se está desarrollando, pues debe realizarse “en coordinación con madres y padres de la familia y autoridades educativas en base de la intraculturalidad e interculturalidad y plurinacionalidad.” (ibídem). También se toca el tema del machismo en el punto (de): “Luchar contra todo tipo de violencia física y sicológica que se genere en contra las mujeres campesinas indígenas originarias.” (Ibíd). Este punto es más importante de lo que esta simple frase y de poco dramatismo revela, ya que según datos recientes, cada dos días se asesina a una mujer en Bolivia, solo por el hecho de ser mujer. cambio del permiso que le daba para sembrar una parcela pequeña de su tierra. El término se usa como descripción de la situación más humillante de los indígenas.
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El presidente Evo Morales promulgó el 27 de febrero una nueva legislación: ley 346, de 169 artículos, la cual intenta condenar esa violencia, convirtiendo los abusos contra las mujeres en delitos de acción pública con condenas de hasta 30 años de cárcel por feminicidio sin derecho a indulto (El País, 5 de marzo de 2013; La Prensa.com. ni; 9 de marzo, 2013; El Diario, 10 de marzo, 2013; La Razón Digital, 6 de mayo, 2013).
Identidad El Estatuto Orgánico de la Federación expresa las necesidades de las mujeres y su identidad como parte integral de un proceso de cambio, y a la vez como productoras, campesinas, mujeres e indígenas. Entre los fines principales está el de “Luchar por la equidad e igualdad de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de las mujeres campesinas indígenas originarias del Departamento de Santa Cruz” (Estatuto Orgánico y Reglamento Interno, 2010:8, a). Más adelante analizaremos el término compuesto “mujeres campesinas indígenas originarias”, pero primero discutiremos el entrecruzamiento de clase social y etnicidad en el término: “campesino indígena originario”. El término aparece también en la Nueva Constitución Política del Estado, y es una expresión de la fuerte influencia de los movimientos sociales dentro de la misma Constitución, aunque también hay mucha intertextualidad con el Estatuto Orgánico de la CSUTCB. El movimiento campesino ha luchado desde hace décadas por el reconocimiento de su identidad doble, como indígena y campesino, por ejemplo, un dirigente campesino lo expresó de la siguiente manera: “Debemos caminar con los dos pies, el del clase social y el de etnicidad”. El entrecruzamiento de clase y etnicidad está presente en los documentos de la CSUTCB desde el comienzo. En los documentos y resoluciones del V Congreso de la CSUTCB en 1992, el secretario ejecutivo, Paulino Guarachi, dice en la presentación: En esta oportunidad nos permitimos presentar las conclusiones y resoluciones de tan importante evento del movimiento campesino boliviano-Kollasuyo15 15 Kollasuyo (o Collasuyo) es el nombre del lugar que habitaban los aymaras del occidente durante el imperio Inca. En Bolivia se habla de los collas, del Altiplano y de los
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donde los pueblos y naciones originarios somos los actores fundamentales de la construcción de nuestra historia y nuestro futuro (Documentos y Resoluciones, 1993: 3).
En 1994 el dirigente Félix Santos dijo: “Frente a ello, a las naciones originarios nos toca, ahora sí, con gran compromiso en memoria de nuestros mártires Tomás [...]y Bartolina Sisa, luchar por construir un Estado plurinacional” (Documentos y Resoluciones, 1994: 3). En 1996 cuando la CSUTCB convoca al VII Congreso Ordinario, lo hace en el nombre de las comunidades originarias del país (Documentos y Resoluciones, 1996: 7), pero es sólo a partir del gobierno actual de Evo Morales que la Bolivia oficial ha llegado a pensar en una unidad de esas identidades, y aparentemente pasa lo mismo con el entrecruzamiento de los conceptos de género y etnicidad. Susan Paulson y Pamela Calla analizan cómo las instituciones del Estado en Bolivia en su organización, han separado históricamente género de etnicidad, es decir, ha existido una subsecretaría de género y otra de etnicidad, cada una con su área de trabajo: familia, salud reproductiva y violencia doméstica en el caso de la de género, y territorialidad en el caso de la de etnicidad (Paulson & Calla, 2000: 118). En el mundo político los dos términos a veces representaban una polarización, si no es que un antagonismo, en el trabajo académico de la época, por lo que según las autoras, los conceptos siempre se han combinado, aunque hay trabajos importantes que contradicen esa conclusión. Por ejemplo, en el análisis de García Linera sobre las Bartolinas de 2004 se dice que en la identidad de las Bartolinas se pueden identificar dos componentes, uno fuerte que es la condición campesina, es decir la clase social, y otro débil que es la condición de género (García Linera et al, 2004: 531). Este análisis se basa en una entrevista con la secretaria ejecutiva de la Federación, Nemesia Achacollo donde expresa claramente sus ideas sobre la organización y su identidad: Tenemos hermanas indígenas que están identificadas como movimiento, que son campesinas […] Pero luego la mayoría de mujeres que tenemos son compañeras campesinas originarias; ellas dicen que si bien somos campesinas llamadas, pero en realidad nosotros, por nuestra identidad, somos indígenas originarias ¿no? (Cit en García et al, 2004: 530).
gambas de las tierras bajas, del Oriente.
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Curiosamente los investigadores mantienen un silencio absoluto sobre el componente étnico en la entrevista con la dirigente, es decir, que se niega parte importante de la auto-identificación de la persona y de la organización. Parece que también en los estudios académicos de la época anterior al gobierno de Evo Morales era difícil comprender la complejidad de las identidades bolivianas. Analizando el término “mujeres campesinas indígenas originarias” podemos ver cómo se establece una identidad y una auto-identificación basadas en categorías que muchas veces en la literatura académica se consideran categorías sociales diferentes. Los estudios sobre interseccionalidad, tratan de prevenir esa separación entre diferentes enfoques, para estudiar la situación completa de la persona y de la organización. Según Stéphanie Rousseau el término interseccionalidad se basa en una crítica de estudios sobre identidad y categorías sociales que esencializan y marginalizan las experiencias de muchos grupos de mujeres, trabajadores, etc., y hace también una crítica a estudios que proponen un modelo de adición de identidades y complejidades según los cuales se puede analizar por separado a cada categoría y finalmente añadir una encima de la otra y poder hablar de una triple opresión. Contrario a lo anterior, Rousseau define (citando a Denis, 2008) la perspectiva de interseccionalidad como “el análisis concurrente de múltiples fuentes de subordinación y opresión que se entrecruzan y que se basa en la premisa según la cual el impacto de una fuente particular de subordinación puede variar según las combinaciones con otras fuentes de subordinación potenciales” (Denis, citado en Rousseau, 2011, 7, traducido del inglés por la autora). Con el término se quiere decir que los conceptos de género, etnicidad, clase y otros no actúan de forma independiente, al contrario se interrelacionan o se entrecruzan creando un sistema de opresión que refleja la ”intersección” de múltiples formas de exclusión y discriminación. Es decir que el particular entrecruzamiento de las categorías sociales en contextos históricos específicos produce posiciones sociales e identidades que son idiosincráticas (ibíd), lo que puede explicar por qué en algunas circunstancias la identidad étnica sobresale ante la identidad de la clase social, y también por qué en otro momento la identidad étnica desaparece del debate y de las construcciones de identidades. Según la autora todavía faltan estudios sobre movimientos sociales que consideren como categorías interseccionales: género, raza y etnicidad, las cuales son representadas en el campo de los movimientos sociales Según Esther del Campo, es importante preguntarse cómo las diversas formas de desigualdades operan conjuntamente, ya que éstas son más que la suma de 72
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las categorías (del Campo, 2012, 13), pero también hay que estudiar qué tipos de discursos sobresalen en un momento histórico específico. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por varios gobiernos latinoamericanos y también por Bolivia, ha asegurado los derechos en el país de los pueblos indígenas originarios llegando a constituir un discurso internacional con mucha influencia. Pero se puede decir, como lo hace Esther del Campo, que en realidad el Convenio “separa los derechos culturales de los económicos de los pueblos indígenas; ofrece mecanismos para resolver formal y parcialmente los primeros pero niega los segundos” (del Campo, 2012, 24), lo anterior va acompañado de una política neoliberal que ha debilitado muchísimo los movimientos sociales basados en identidades de clase, como por ejemplo el movimiento obrero, debilitando también toda discusión sobre injusticias sociales basadas en las estructuras económicas. Pero no sólo eso, parece que el entrecruzamiento de etnicidad con clase social en este momento histórico es inconveniente para muchas organizaciones internacionales. Es muy poco el apoyo que ha recibido el movimiento campesino de ONGs internacionales en comparación con el apoyo brindado a las organizaciones movilizadas en torno a una identidad étnica. Las Bartolinas insisten en la identidad, a la vez como campesinas y también como representantes de pueblos originarios, género, clase social y etnicidad combinados. Con esa identidad pueden integrar en las zonas de migración a mujeres de lugares muy diferentes y con experiencias también muy diversas. Gloria Ardaya muestra en su investigación cómo la participación política de las mujeres en los departamentos de las tierras bajas es mayor que en las áreas Andinas. También el nivel de “acoso y violencia política” en contra de las mujeres es menor en estos departamentos, pues según Ardaya, se ha demostrado que "pobreza y participación política de las mujeres tienen una relación positiva" (Ardaya, 2012, 272). Esto quiere decir que en los territorios donde hay más pobreza, como por ejemplo los departamentos de las tierras altas de Bolivia (La Paz, Potosí, Oruro y Chuquisaca), en general hay menor participación política de mujeres en el espacio público y también en estas hay un nivel más alto de acoso y violencia política en contra de las mujeres. Fue, por ejemplo, en el departamento de Chuquisaca, donde Silvia Lazarte fue agredida físicamente cuando realizaba su trabajo como presidenta de la Asamblea Constituyente. En los departamentos de las tierras bajas como Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz hay menos niveles de inequidad social que en el resto del país, lo cual según Ardaya, hace menos costosa la participación política de las mujeres. Quizás por eso vemos que las bartolinas se organizan mejor en Santa Cruz, a pesar de 73
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las dificultades reales que existen, que en otros lugares. En Chapare, otra zona de migración y de mucha participación de mujeres bartolinas, existe otra situación, donde en épocas anteriores las mujeres a veces tenían que sustituir a sus esposos en las luchas contra la policía y el ejército, pues el nivel de represión era tan alto que involucraba a todos. Como decía Silvia Lazarte “la lucha es de la familia”.
A manera de conclusión La participación política de las mujeres bolivianas está creciendo bajo el gobierno de Evo Morales: hay más mujeres en el parlamento y en las instituciones; hay más influencia directa en el gobierno por parte de las organizaciones sociales, como por ejemplo la organización de mujeres campesinas, Las Bartolinas, es decir, que las mujeres son mucho más visibles en la vida política que antes. Pero eso no quiere decir que se hayan solucionado los problemas de la desigualdad entre hombres y mujeres ya que todavía el machismo juega un papel importante en las vida de la mujer boliviana. Como dice Silvia Lazarte: campesina, madre, esposa, quechua parlante, inmigrante, luchadora, dirigente sindical, ex presidenta de la Asamblea Constituyente y representante de las múltiples posiciones sociales e identidades que se interseccionan en Bolivia: “¿Hasta cuándo la mujer tiene que ser marginada?”
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EL AGUA Y LA VIDA: EL LEVANTAMIENTO DE ÁNCASH EN DEFENSA DE LA LAGUNA CONOCOCHA Mattias Borg Rasmussen
Protestas sociales en los andes peruanos
Durante los últimos años en los Andes peruanos se ha notado un in-
cremento en la cantidad de los llamados conflictos sociales. Así, la sierra peruana que tradicionalmente se ha visto como un área con un nivel de organización social débil (Yashar, 2005), se está movilizando cada día más. Desde la protesta extendida que se está desarrollando a través de Conga en el norte del país, hasta las protestas en contra del megaproyecto Majes-Siguas II en el sur, la gente del campo se opone a los modelos de explotación de los recursos naturales y de la población dirigidos desde Lima y por los gobiernos regionales. Siguiendo estas tendencias a nivel nacional, en diciembre del año 2010, en la región del centro-norte llamado Áncash, comunidades campesinas, grupos estudiantiles y otros se levantaron en contra de una propuesta de exploración minera en la cercanía de la laguna Conococha. Una semana de protesta abierta llevó a un muerto, varios heridos, daños a la infraestructura y finalmente, el retiro de la mina. Este capítulo trata específicamente el conflicto que se desarrolló alrededor de las aguas de la laguna Conococha en la cabecera del Río Santa. Como bien lo explica Lynch (2012), siendo un río que corre a lo largo de la Cordillera Blanca, el Santa reúne e interesa a una gran variedad de actores: desde campesinos de las alturas, a las compañías mineras, los habitantes de las grandes ciudades de Huaraz y Chimbote y de poblaciones más pequeñas como Recuay, Yungay y Carhuaz, hasta los megaproyectos de irrigación en el litoral del Pacífico. Este trabajo busca entender por qué los pobladores de un pequeño pueblo se vieron involucrados en los enfrentamientos violentos en defensa de un lago localizado a casi ochenta kilómetros de distancia de sus hogares. Se trata entonces de entender cómo se produjo una convergencia específica de intereses y preocupaciones que se relacionan a la
el agua y la vida: el levantamiento de áncash en defensa de la laguna conococha
disponibilidad y cualidad del agua que va más allá del lugar del conflicto. Así, el trabajo se basa en la observación básica de Orlove y Caton (2009, 2010), respecto a que el agua es compartida entre gente y localidades, no sólo como un bien sino como un elemento cultural. El análisis que planteamos buscará generar pautas para entender el incremento de la movilización social, usando el argumento de Ferguson (2005), analizando la lógica de gobernanza de las grandes compañías petroleras transnacionales en África y la manera en que se desarrollan localmente las comunidades siguiendo otra lógica. Esto crea enclaves importantes en los sitios de extracción (Gil 2009), resultando en una lógica de gobernanza muy distinta a la que tradicionalmente han utilizado los gobiernos estatales donde lo que se buscaba era la integración del territorio. Tal como lo sostiene Arrellano-Yanguas, el “canon minero” está dirigido a mantener un porcentaje de los ingresos en las áreas locales, sin embargo, generalmente esto termina en una decepción, agravando conflictos locales y regionales en vez de aliviar los problemas económicos y sociales de la población (2011). Las observaciones nos llevan a considerar los conflictos sociales en los Andes peruanos dentro de su contexto socioeconómico, partiendo de suponer que las protestas ambientales están conectadas con temas políticos y sociales. Metodológicamente, proponemos centrarnos en los conflictos relacionados al agua y buscar entender bajo qué circunstancias se moviliza a la gente. Como tal, el capítulo forma parte de una corriente reciente de estudios que buscan entender las nuevas formas de protesta social post-Sendero y post-Fujimori en la sierra peruana. Como lo demuestra Colloredo-Mansfeld (2009), en su análisis de una protesta social en Ecuador, el bloqueo de carreteras es un eje central dentro del repertorio de los movimientos sociales de la región andina, pues cada protesta tiene sus particularidades de acuerdo al contexto local, pero a la vez está conectado a culturas políticas regionales. Además, como sostiene Perreault (2012), el agua tiene propiedades particulares no solamente como objeto de privatización sino también por su materialidad y consecuentemente, su capacidad de contener y transportar la contaminación minera. Así, El Agua y La Vida pretende entender la protesta por las aguas de la laguna Conococha a través de dos maniobras analíticas. Primeramente, haremos una investigación de las trayectorias del conflicto, localizándolo en su contexto histórico y geográfico, luego siguiendo los hechos durante la semana de protesta abierta. Segundo, preocupándonos por las conectividades, es decir, la manera en que temas y actores se conectaban en la defensa 78
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de la laguna. Enfocándonos empíricamente en la participación de los pobladores del pueblo donde se realizó trabajo de campo entre 2010 y 2011, las preguntas que busco responder son las siguientes: ¿Cómo se desenvolvió el conflicto por las aguas de Conococha? ¿Qué motivó la participación de diversos actores? ¿Y cuál fue la importancia del agua como materia ética, política y económica en el éxito de la protesta? Una frase muy sonada en las reuniones comunales fue “agua es vida” y su significado fue movilizado y actualizado durante la protesta, por lo que demostraremos que la frase va más allá de una observación biológica y forma parte de un mundo cultural, pues los cuerpos de agua resultan fundamentales para el sostenimiento de una vida culturalmente coherente. Entonces, el enfoque del análisis en las propiedades del agua como materia que fluye y materia fundamental para la vida biológica, social y cultural escudriña cómo surge una ética del agua que es necesario considerar en el análisis de la ecología política de los conflictos ambientales al igual que este. De esta manera sostenemos que las propiedades materiales del agua son fundamentales para entender cómo surge como materia política, relacionándose con las políticas locales y narrativas acerca de temas como la contaminación y el desarrollo.
Primera parte: trayectorias minería, agua y conflictos sociales El incremento en la minería se ha dado en muchos países latinoamericanos desde mediados de los años noventa, provocando respuestas diversas por parte de la población local. En Guatemala, por ejemplo, la lucha contra la minería sigue siendo de escalas múltiples con dimensiones locales, nacionales e internacionales y ha tenido como eje central la lucha por la definición y defensa de las comunidades locales. Desde el enfoque de enfrentar pautas de dominación (Urkidi, 2011), sin embargo, la capacidad de los actores locales para articular sus demandas resulta de suma importancia, como en el caso peruano, donde Bury (2005), sostiene que la minería afecta de manera negativa el capital social de las comunidades afectadas directamente. Dicho país, enfoque del presente capítulo, ha vivido un crecimiento minero y conflictos socioambientales desde hace más de 15 años. En gran medida, las concesiones mineras son otorgadas en territorios que son de propiedad o uso de pueblos originarios o campesinos. Como lo subrayan Humphreys Bebbington y Bury (2010: 314), no tiene sentido la separación jurisdiccional 79
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del agua y territorio, ya que el mismo concepto de territorio necesariamente tiene como componente central el agua; la gobernanza del territorio y la gobernanza del agua es una sola. El caso colombiano también demuestra cómo la gobernanza de recursos y territorios están ligadas al control de la población, excluyendo en este caso poblaciones afro-colombianas a acceder a recursos naturales dentro de su ámbito y a la vez dejando espacios abiertos a actores privados (Véles Torres, 2013). Así, las políticas extractivas afectan de manera negativa no solamente al medio ambiente, sino también al ambiente democrático, dejándoles a las poblaciones afectadas únicamente ciertos espacios de negociación, y como veremos en adelante, buscarán abrir otros. Sin embargo, como lo sostiene Himley (2013: 396), en el caso de la mina Pierina en la sierra Áncash, es importante entender cómo las movilizaciones sociales contemporáneas no existen fuera de las relaciones de poder que supuestamente oponen, en otras palabras, el extractivismo neoliberal influye las posibilidades de protesta social. La minería, por cierto, es un tema ambivalente ya que al mismo tiempo es una fuente de ingreso, de sobrevivencia, de empleo, pero simultáneamente erosiona los elementos fundacionales de la vida andina. En Bolivia se ha demostrado cómo los campesinos del altiplano experimentan desposesiones por culpa de tres tipos de acumulación: sedimentos tóxicos en las chacras, la transferencia de derechos de agua a las empresas mineras, y el control de territorios por dichas empresas (Perreault, 2012). En el Perú la bonanza económica está ligada a la extracción de recursos, pero como lo demuestran las protestas en Cajamarca y otros sitios, también se ignoran las necesidades de la poblaciones que viven a su alrededor. A pesar de la existencia del canon minero y por lo tanto del incremento sustancial de los ingresos de las municipalidades locales, el Estado no ha logrado implementar programas sociales y la estrategia basada en el desarrollo rural en la explotación de minerales en gran medida ha fracasado (Hinojosa, 2011). Como señalan números estudios, con la minería vienen también los conflictos sociales (Bebbington 2001a, 2001b, 2009a, 2009b, Bebbington y Bury 2009, Bebbington y Williams 2008, Bebbington et al, 2008, Bebbington (ed.) 2007, Bury 2002, Gil 2009). Bebbington et al, (2008), sostiene que el desarrollo local se produce por la acción de los movimientos sociales, la minería y otros actores, pero que los términos y resultados de tal desarrollo varían de acuerdo al contexto local. Estos estudios de los movimientos sociales provocados por la presencia de la minería subrayan la importancia de entender cómo diferentes tipos de organizaciones, 80
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alianzas y problemáticas se están movilizando. En algunos casos, los conflictos son mayormente de carácter local, mientras que en otros las protagonistas logran articular sus preocupaciones, quejas y demandas a nivel nacional y hasta internacional. El presente trabajo busca entender estas dinámicas de articulación de protesta. Áncash está entre las regiones con la concentración más alta de actividades mineras, según Bebbington y Bury (2009: 17298), 41% de la actividad minera que se desarrolla en la cuenca del Río Santa está sujeta a reclamos por las concesiones, colocándola entre las tres áreas con actividad minera más intensa a nivel nacional. Investigadores interesados en analizar las consecuencias sociales de la extracción minera hablan de la “maldición de los recursos” [resource curse] (Bebbington et al, 2008; Arellano-Yanguasm, 2011). Con esta expresión quieren mostrar la paradoja que se presenta en aquellas zonas donde existen grandes riquezas naturales: mientras que estos recursos resultan de gran utilidad para la economía nacional, y antes para la economía colonial, raramente son una bendición para las poblaciones que viven en su cercanía. La jerarquía económica mundial sigue su orden, y las poblaciones andinas siguen siendo, y se ven a sí mismas de esta forma, en la parte inferior de esta jerarquía. En otras palabras, la minería raramente está dirigida a su desarrollo.
El conflicto por el agua de Conococha El 6 de Diciembre de 2010, una ola de protestas se extendió por el callejón de Huaylas como respuesta de la exploración minera propuesta a realizarse en las orillas de la laguna Conococha, cabecera de Río Santa. El puente de Velasco está en un pueblito llamado Huancapampa que se convirtió en uno de los sitios de lucha más importantes. Las fuerzas de la policía fueron llamadas desde la zona de la costa para responder a las agresiones de los huancapampinos y con la llegada de las fuerzas del orden únicamente se aumentaron las tensiones. Las mujeres estaban en primera fila en las protestas y los choques con la autoridad. Viendo que los policías actuaban con violencia en contra de los pobladores, enfureció aún más a la gente. El alcalde del pueblo recibió un duro golpe en la nariz por parte de un camionero frustrado, y la presencia de la policía no hizo más que agudizar la situación. El paro preventivo y los bloqueos de la carretera en defensa de la laguna de Conococha empezaron oficialmente a la media noche, es decir, los primeros minutos del día 6 de diciembre. Esta acción fue organizada por el Frente de Defensa de la 81
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Laguna de Conococha, campesinos de las comunidades campesinas de Cátac y San Miguel de Utcuyacu. La obstrucción a la circulación se ubicó en el puente Parco en Cátac, donde se cerró el tránsito desde y hacia Huaraz. Lo que inicialmente fue planeado como un “paro preventivo” de 24 horas con el objetivo de llamar la atención a las autoridades sobre las obras que estaban comenzado a producirse a los alrededores de la laguna, acabó en el enfrentamiento que se produjo entre los campesinos y policías desplazados a esta zona terminando con la muerte del joven Muñante Cadillo Vergara. “Aquí en Huancapampa nos levantamos”, me explicó don Ernesto. Él es residente de un pueblo vecino y por su cercanía hay múltiples lazos de parentesco, afinidad y responsabilidades sociales entre los pueblos. Don Ernesto tiene sus chacras y animales en el pueblo de las alturas, pero a menudo se encuentra en su casa en Recuay, y siendo del complejo de pueblos del lado oriental del río Santa, se movilizó en defensa del puente Velasco que conecta a dichos pueblos al centro urbano en Recuay. Al bloquear el puente llegaron los policías, y el día siguiente el mismo gobernador, quien como representante del gobierno central avisó que el paro solamente se había autorizado por 24 horas, la resistencia al levantar el bloqueo del puente agravó el carácter del encuentro. Sigue don Ernesto: “Nos removían con gases lacrimógenos, nos dispersaron del puente. Como población no teníamos con qué defendernos, ni la honda, solamente con piedras de allí y allá”. El puente pertenece a la gente de Huancapampa, y por asuntos de interés local el puente era parte de su bienestar, esto explica en parte el alto involucramiento de la gente en “conservarlo”. En muchas ocasiones la infraestructura rural como el puente, es resultado de luchas prolongadas que buscan lograr que el gobierno local reconozca y atienda las necesidades de los pobladores, en este sentido, el puente, más que un regalo del Estado al pueblo, surge como resultado de una serie de luchas y negociaciones, es decir, una lucha local. Así, aunque lleva el nombre de Velasco, (presidente revolucionario de los años setenta) también lleva la huella de líderes locales. En las entrevistas realizadas durante las protestas es notable cómo cambió la actitud de las autoridades estatales en el segundo día cuando el alcalde de Recuay apareció en el puente y los pobladores de Huancapampa tenían que defenderse. En palabras de don Ernesto fue una lucha desigual, gases lacrimógenos contra piedras, que sin embargo terminó en la victoria de los huancapampinos. La gente de Huancapampa bloqueó el puente, lo que impidió el tránsito por el valle permitiendo sostener y consolidar el paro laboral convocado por la Liga Agraria de Recuay y los comuneros de las comunidades campesinas, Cátac y San 82
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Miguel de Utcuyacu. Los conductores desesperados por sus pasajeros impacientes, y la urgencia de transportar mercancías perecederas, buscaron evitar el bloqueo iniciado en Cátac, tomando rutas alternativas; pasando por Huancapampa y su puente, mismo que ya había sido estratégicamente cerrado. Aunque inicialmente este cierre de accesos carreteros transcurrió de forma pacífica, con el paso de las horas la situación se fue poniendo tensa hasta que se produjo un choque violento entre los campesinos y policías en Cátac. En la trifulca un disparo mató a un joven y otros más resultaron heridos por las balas. Según los campesinos los disparos fueron realizados por policías, según las autoridades, los uniformados portaban solamente balas de goma, y por lo tanto la muerte y los heridos serían causados por los campesinos mismos. La procedencia de los disparos sigue siendo punto de debate, lo que sí es seguro es que la muerte lamentable del joven Muñante, un comunero y universitario de San Miguel del Utcuyacu, cambió el carácter del paro. Este acto de protesta fue declarado como una acción permanente y gracias a su difusión radiofónica y a las redes sociales, las protestas se expandieron y provocaron bloqueos similares en puentes estratégicos como los de Velasco, Parco y Bedoya. En el quinto día de protestas y enfrentamientos este disgusto ya había alcanzado Huaraz, la capital regional de Áncash. El conflicto que estalló por la confrontación entre campesinos y policías se extendió a lo largo del territorio de Áncash. Este lugar fue donde nació el plan propuesto para explorar los depósitos subterráneos alrededor de la Laguna Conococha, cabecera de los ríos Santa, Pativilca y Fortaleza. En resumen, la semana de protestas se desenvolvió de la siguiente manera: comenzó en la madruga del día lunes 6 como un paro legalmente anunciado, pero por razones poco claras los enfrentamientos violentos entre campesinos y policías derivaron en un muerto y varios heridos, agravando el conflicto. Al día siguiente, martes, el puente Velasco en Huancapampa, cerca de Recuay, se convirtió en un nuevo lugar de enfrentamientos entre los policías y los pobladores. El mismo día inició un bloqueo en el cruce de Recuay, impidiendo el tránsito desde Huarmey por la zona de la costa. El miércoles y jueves también se produjeron enfrentamientos violentos más abajo del valle, otras comunidades campesinas se empezaron a movilizar y se bloqueó el puente Bedoya por Olleros. Adicionalmente, comunidades tan lejanas como las de Caraz, al fondo del valle, también comenzaron las movilizaciones; lo mismo sucedió en Casma (la costa), donde inició un bloqueo a la carretera Panamericana, como consecuencia, no solamente Huaraz sino todo el norte estaban desconectados de Lima. 83
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El viernes, las protestas entraron a Huaraz donde se produjo el enfrentamiento más violento entre campesinos, estudiantes y otros, incluyendo grupos oportunistas de las barriadas de la ciudad, con la policía en la zona central de la ciudad. Grandes cantidades de gas lacrimógeno fueron utilizados por la autoridad y se produjo múltiples actos de destrucción de mobiliario urbano y negocios. Estos choques violentos, aunque en menor escala, se repitieron el día sábado. Mientras estos enfrentamientos tenían lugar, los campesinos que inicialmente habían orquestado la protesta, demandaban que representantes del Ministerio de Energía y Minas, preferiblemente el mismo ministro acudieran al pueblo de Cátac para iniciar negociaciones. El conflicto se acercó a un punto de solución cuando el mismo día sábado, la empresa minera, Chancadora Centauro S.A.C., declaró que se retiraría del sitio de exploración; el día domingo, el Ministerio de Energía y Minas derogó el decreto de ley que autorizaba la exploración; el lunes 13 fue levantado el paro para que las negociaciones pudieran realizarse. El paro empezó a gestarse un año antes de las protestas, en septiembre 2009 cuando la Liga Agraria Tupac Amaru II (LATA-II), en Recuay descubría que Chancadora Centauro S.A.C. contaba con un permiso para realizar perforaciones subterráneas con el fin de poder operar una mina cerca de Conococha. La primera reacción de este organismo fue buscar información oficial del proceso, para ello se mandaron diversos escritos a la organización campesina, la empresa minera y los ministerios relevantes para que les informaran sobre el proyecto minero y sobre los permisos obtenidos. Sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta completa durante un año. Después de la celebración de una reunión fundacional en Chimbote, y una siguiente en el pueblo de Conococha, los campesinos crearon el Frente de Defensa de Conococha. Legalmente formó parte de la Federación Agraria del Departamento de Áncash (FADA) de la cual la LATA-II también forma parte. Otra reunión se realizó en Cajacay, y ahí, el día 3 de diciembre, se anunció un paro de 24 horas empezando la madrugada del día 6 del mismo mes. Como un recurso para planificar el paro, se fundaron varios comités de lucha a nivel local, incluyendo uno en Recuay, con el fin de coordinar las iniciativas, proveer provisiones de comida y distribuir gente y materiales por los territorios designados. Un detonante de la acción de protesta fue el momento en que se observó que Chancadora Centauro S.A.C. comenzó a llevar maquinarias pesadas a las orillas de Conococha. Uno de los puntos de discusión era el posible impacto ambiental, calculado por la empresa minera de manera muy distinta a lo que habían diagnosticado investigadores contratados por la FADA, y quizás más importante, entre los 84
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campesinos circulaban rumores que la mina iba a vaciar el lago, dejando al valle prácticamente sin agua. En esos tiempos también se hablaba sobre las posibles consecuencias del cambio climático, por lo que las amenazas de cortar el agua eran tomadas como un hecho muy preocupante, por lo que los actos de las autoridades fueron vinculados entonces con el cambio climático, actividades extractivas dañinas (véase Rasmussen, 2009), y el neoliberalismo; todos estos elementos conectados de manera compleja en las narrativas de protesta. Formalmente, la empresa minera tenía permiso para empezar las exploraciones. Existía un decreto de ley que a través de negociaciones con la comunidad campesina inmediatamente afectada, la de Huambo, concedían los derechos necesarios para que iniciaran las exploraciones relacionadas a la operación de la mina. Pero las radios locales y las entrevistas de campo mostraron que dichas negociaciones entre las empresas y los campesinos fueron realizadas de formas muy cuestionables. Existían continuos comentarios de que las autoridades de la comunidad habían recibido beneficios personales que incluían camionetas y otras mercancías que estaban destinadas a ser repartidas entre los miembros de la comunidad, aparte de la posibilidad de conseguir empleos que contaban con salarios más altos que el promedio de la zona. Otros aseguraban que las autoridades habían falsificado las firmas de sus compañeros con el fin de obtener los dos tercios de aprobación que se requerían para aprobar un proyecto como este. No había manera de verificar o desmentir los rumores, lo que queremos resaltar son las distintas teorías de conspiración que circulaban en el valle acerca de los antagonismos internos entre la sociedad campesina, los políticos regionales y nacionales (calificados como corruptos), la empresa, el capital transnacional y los efectos del cambio climático. Cada uno de estos componentes de las narrativas surge relacionado con otros, pero siempre con un énfasis distinto y siempre afirmando los límites entre los reclamantes, que mantenían una causa justa, y los otros, con las manos sucias. Como dijimos antes, la muerte del joven Muñante cambió el curso de la protesta, permitiendo, entre otras cosas, que aparecieran nuevos liderazgos a partir del cambio de los objetivos y el nuevo ritmo de acción del movimiento. El presidente de la LATA-II, quien había sido protagonista durante la primera parte del proceso de paro, recibió acusaciones por parte de otras fracciones de la organización. En la entrevista que concedió, caracterizó a los nuevos participantes de laprotesta como figureticos,1* es decir, personas que buscaban aparecer y tener un papel Esta es la palabra que usan.
1 *
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protagónico una vez que una protesta había conseguido la atención del gobierno o los medios de comunicación. Esta postura central de protagonismo comenzó a ser disputada por grupos distintos, desde la FADA, la LATA-II y hasta los comuneros. Más tarde las organizaciones estudiantiles en Huaraz, reclamaban el rol clave y la autoría de la protesta. Lo que se puede observar es que los dirigentes del paro posteriormente entraron en litigio con la fiscalía, acusados por disturbios públicos y la destrucción de propiedad pública. Entonces para las autoridades del Estado peruano, la protesta tenía a un grupo de personas fácilmente identificables que eran las que habían llevado a las masas hacia la destrucción de Huaraz. Viéndose de repente en un lugar estratégico, el puente Velasco era de interés para aquellos que habían orquestado el paro desde Cátac. El lunes recibieron en Huancapampa una delegación proveniente de Cátac para urgirles a que promovieran el bloqueo del puente Velasco. Localmente, el comité de lucha coordinó las acciones, incluyendo los ya señalados puentes de Velasco y Bedoya más al norte. Al parecer fue un encuentro complejo en el puente, con una cantidad de actores en confrontación caótica: pobladores, policía, alcalde, empleados de la municipalidad, camioneros, choferes y pasajeros. La situación en el puente Velasco se solucionó de manera no esperada cuando el alcalde de Recuay decidió apoyar a los manifestantes, usando las maquinarias pesadas de la municipalidad para transportar rocas grandes, permitiendo crear un obstáculo imposible de traspasar. Aquí, se vuelve claro que la protesta no se puede entender únicamente como un acto contra el Estado peruano y sus ciudadanos, sino también es un conflicto entre distintos entidades del Estado, entre gobiernos regionales y el nacional, y entre grupos de ciudadanos. En los días que siguieron, desde Huancapampa, fue claro que el alcalde de Recuay asumió el liderazgo, obligando a todos a que participaran. Don Luciano antes vivía en el territorio de Huancapampa, pero tiene ahora su negocio como zapatero en Recuay, por lo tanto, radicaba el en el cruce de Recuay, por lo que se había involucrado en la lucha con la gente de ese sitio. A lo que menciona: Nos obligaban a salir a la calle. Duraba más que una semana, y nos decían que ni una puerta debería estar abierta. Nos pusimos de acuerdo que ningún alcalde ni nadie deberían quedarse atrás, que todos salgan a la calle para protestar. Como era un paro pusimos tronco por todos lados. Troncos con rocas para que nadie pasara. Estuve ahí, tenía que ir para apoyar a los demás. En el cruce estuvimos, íbamos al puente Velasco y hasta Huancapampa.
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Como lo señala este extracto, la gente de Recuay no se veía obligada a salir a la calle para protestar, la obligación venía desde el alcalde y fue reforzada por las masas. Una dinámica similar se observó en Huancapampa, pues en ambos lados, una persona solía quedarse en la casa para cuidarla y evitar que los ladrones buscaran aprovecharse de la situación, sin embargo, a nivel regional no fue claro por un hecho: el involucramiento del alcalde de Recuay, tal como se describe en las entrevistas mencionadas. La gente de poblaciones como Cátac dudaba que el alcalde se hubiera vuelto defensor del pueblo y sostenía que era un oportunista más que un ideólogo, pero para la gente de Huancapampa, es un hecho que el alcalde apareció como la persona que los rescató en una situación complicada en el puente Velasco. Desde el punto de vista de los huancapampinos, este conflicto se generó por una variedad de razones: la disponibilidad y calidad del agua, la violencia policial, la experiencia histórica de la minería, preocupaciones por la infraestructura local, y dinámicas políticas locales en que gobiernos locales se encuentran en oposición al gobierno nacional. Estos temas son dispersos, pero se conectaban en la lucha por el agua. En la segunda parte investigaremos con más profundidad esta conectividad con el agua.
Segunda parte: conectividades “agua es vida”: éticas del agua “Agua es vida”, se decía en todas las reuniones de los comités de autoridades, en reuniones comunales y de los pueblos. Con el fin de entender cómo se desarrollaron los acontecimientos que habían sacudido a la región un mes antes, una persona mayor que formaba parte del comité central del primer paro intentaba explicar por qué la protesta se volvió violenta: “Conococha es como el corazón de Áncash”, mencionó. Me dijo esperando que con esa expresión yo entendiera las razones detrás de la ira de la gente por la instalación de la mina. El pensar las conexiones simbólicas entre el agua y la vida añade nuevas dimensiones a su metáfora. Desde la laguna nacen los ríos de Pativilca, Fortaleza y Santa, dando vida a las poblaciones a lo largo de su recorrido por la sierra hacia la costa. Usando la metáfora del corazón, se vuelve evidente que matar a la laguna sería matar a la gente, sin la laguna, sin su corazón, En Áncash no habría vida.
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El paro se desarrolló simultáneamente a distintas escalas; el núcleo del conflicto era el agua, y sin embargo se trataba de todo menos el agua. Una serie de frustraciones y angustias se activaban cuando la gente de Huancapampa veía las consecuencias en términos de muerte, heridos y el potencial daño que se podía causar a la infraestructura regional, no obstante, el agua continuaba siendo el eje trasversal de las protestas y el centro de las negociaciones que siguió al retiro de la mina. El agua es un elemento compartido entre distintos grupos y por lo tanto estrechamente ligada a las configuraciones del poder (Gelles, 2000). Las propiedades del agua como materia política le otorgan un rol especial en el conflicto en cuanto a lo que podría llamarse una ética del agua. Las acciones colectivas fueron notables por la velocidad con la que se extendieron más allá del sitio original donde se inició la protesta, por radio y a través de teléfonos celulares, las autoridades tradicionales y comunales, asentadas en la cuenca alta, lograron comunicar a los diferentes comités de lucha las acciones requeridas. Es necesario notar que este incremento de las movilizaciones y de los enfrentamientos se salió del control de los grupos que lo iniciaron. Por ejemplo, la destrucción del centro de Huaraz. Los ataques dirigidos a todas las instituciones públicas y financieras de la ciudad, no fue parte de ningún acto previamente acordado, sino que surgió como resultado de la interacción de un conjunto de actores, y quizás como una respuesta a la violencia policial a la que se vieron enfrentados. Aunque muchos de los participantes tenían antecedentes comunes de marginalidad, discriminación y represión fueron movilizados por el tema del agua; un asunto que pude haber sido percibido fundamental para la sobrevivencia cotidiana y cultural de sus comunidades. Así, sostenemos que el agua conecta a la gente y a las localidades tal como lo subraya Orlove y Caton (2010), y lo hace al permitir un interrelación entre temas políticos y sociales. Rosa, de Huancapampa, nos proporciona elementos para pensar más acerca de esta capacidad de “conectividad” del agua: De ahí como ya se unió todo Huaraz, incluso ya lo cerraron todo eso y ay, ya no hubo nada de esos. Tanto de pertenecer a Cátac, que nos afectaba un montón, y de pronto eso de la laguna de Conococha que nos afecta el río Santa; si a río Santa lo van a contaminar, a río Santa pues ya, ya no tenemos nada pues prácticamente, ¿no? Y a partir de eso, hasta el agua creo que lo querían secar; y entonces, este, en el río Santa ya no iba a haber prácticamente nada, ni sapos, ni trucha, nada de sus seres vivos, nada porque iba a estar contaminado, entonces
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a nadie le hace bien pues, porque de repente un día te puedes ir al río Santa y lavar tu frazada, tu ropa, cuando no hay gua en el cao, ¿no? Pero si no hay agua, hay agua contaminada, ya no sirve nada pues, y aparte de eso, por la zona del callejón, este, yo creo que riegan con lo que es río Santa; entonces si no iba a haber nada del río Santa, ¿con qué iba a regar?, y a parte, ya no iba a haber productos que entren a Huaraz, claro pues, también consumimos diariamente nosotros, entonces nos afectaba bastante, ¿no? Y no estábamos de acuerdo con la entrada de esa minería.
El señalamiento de Rosa es importante desde un punto de vista etnográfico, pues hay que notar el nivel de articulación de la vida huancapampina con el resto del valle. Este corre a lo largo del río Santa. Respecto al agua, sus propiedades físicas le permiten cruzar los límites sociales y políticos, lo que representa un medio o conducto adecuado para repensar las dinámicas locales, nacionales y globales. Como argumentan Orlove y Caton (2010), el agua es una materia peculiar ya que se comparte entre gente y localidades, por eso es importante entender cómo el agua se interconecta en las relaciones de poder del área. Mientras que Perú, como muchos otros países, tiene un plan de acción para el manejo integral de las cuencas, el presente caso demuestra que esto resulta altamente complejo. Las poblaciones a lo largo del río Santa saben muy bien que lo ocurrido en Conococha no se quedará allí. Por respeto al agua como un recurso compartido entre la gente y las localidades, vale la pena considerar lo que Trawick ha llamado una economía moral del agua (Trawick 2001, 2003: 292), subrayando que el agua no solamente es una mercancía (cf. Thompson 1971), contrastando con la versión sostenida por los burócratas que desde el neoliberalismo reducen al agua a una materia prima que puede ser comercializada y por lo tanto, que pueden ser compensados los damnificados, mostrando una versión particular del líquido. Por otra parte, la comercialización limitada del agua, en la postura de los campesinos. Sostiene que este líquido implica una ética de vida para la región de los Andes, Por lo que entendemos que la distribución equitativa del agua es un componente fundamental para ser miembro de la sociedad. Negarle a alguien el agua equivale a excluir del derecho de ser tomado en cuenta, prohibir el acceso al agua es una negación al derecho a vivir, contaminar agua es matar gente.
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Agua y muerte “Agua es vida”, se dice comúnmente. La muerte de la laguna de la que nos habló el señor de Cátac conecta la falta del agua con la muerte. Vemos aquí que la violencia que conecta el agua con la muerte se da de manera simbólica y directa, tanto a través de disparos y golpes policiales, como en la contaminación del medio ambiente. Un hecho crítico, sin embargo, fue la muerte de Muñante, en Huancapampa, la noticia del asesinato del joven llegó por la radio inmediatamente después del hecho. Como en otros aspectos de la vida política y organizativa, la radio tomó un rol central en la protesta. Fue a través de este medio de comunicación que se organizó parte del paro y se comunicaron los avances y direcciones del mismo. En términos de interés de la prensa nacional, al inicio se prestaba poca atención a los hechos, mientras que la muerte de Muñante no generó mayor preocupación con la prensa localizada en Lima, los eventos violentos en Huaraz sí llegaron a las carátulas de la prensa limeña. Legalmente, el Estado peruano es dueño de todos los recursos subterráneos y del agua, por lo que en los últimos años y con la promulgación de una nueva ley de agua en el año 2009, el Estado ha adquirido mayores prerrogativas sobre el dominio de este recurso hídrico. Esto tiene implicaciones en las prácticas sobre el manejo del agua a nivel local. De la misma forma el Estado en su carácter de dueño de los recursos subterráneos de minerales e hidrocarburos tiene el derecho a otorgar permisos para hacer exploraciones. Por eso es importante subrayar las discrepancias entre las políticas de concesiones en las cuales el Ministerio de Energía y Minas actúa como propietario legal del subsuelo y la territorialidad de las poblaciones rurales. Los depósitos minerales no están ubicados en un vacío social, ni tampoco las actividades extractivas. Don Ernesto nos explica: Ahora, estas empresas mineras se instalan dentro de nuestra jurisdicción. Entonces, ¿qué nos dejan de regalías? Nos dejan la contaminación. De largo o corto plazo, esta contaminación necesariamente va a afectar a la población, porque desde aquellos tiempos la población ha vivido de su agricultura, de sus animales. En Ticapampa, en Cátac, estamos recontra contaminados por los relaves que han dejado. Regalías. En la agricultura, las chacras se están volviendo improductivas, terrenos estériles. Ahora no tenemos las cosechas como antes teníamos. Ahora, con esta situación la contaminación va en contra de los glaciares. Todas esas consecuencias nos solamente se quedan aquí pero
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siempre van a las partes altas. Pero no solamente es la minería, la gran contaminación es al nivel global. Las grandes potencias, sea Francia, Estados Unidos o Japón, están contaminado países. […] Esta es la contaminación. Entonces, el medio ambiente, el hombre mismo es el enemigo por su naturaleza que sigue contaminando.
El hombre es el enemigo del medio ambiente, hablando de la contaminación a distintas escalas, don Ernesto muestra que en su mente existe una conexión clara entre los hechos locales, las políticas nacionales y la comunidad internacional. Evaluando los efectos de la contaminación que está localizada en las orillas del río Santa, don Ernesto subraya que hay maneras de actuar que son menos adecuadas. Contaminar el agua afecta a la población local y a la vez esto se extiende a nivel global. La ética sobre el agua subraya que todos tienen el derecho a vivir y esto parte de una misma valoración sobre la vida humana, y en la mente de los huancapampinos no tiene sentido la separación entre la gente y su entorno, tal como lo hace el Estado a través de sus políticas extractivas es decir, el gobierno de la población y de los recursos no son separables para los huancapampinos. Usualmente, la minería es intensiva en el uso del recurso hídrico, es decir, que adicionalmente a los huecos que la explotación minera deja en las montañas también genera contaminación grave en los cuerpos de agua. No lejos de Conococha, a medio camino hacia Huaraz y al costado de Recuay, está Ticapampa, un pueblo minero antiguo, hogar del llamado Relave de Ticapampa. Un relave consiste de una mixtura tóxica de minerales, tierra, agua y roca. A menudo contiene concentraciones de químicos que son potencialmente dañinos para la salud humana y hasta mortales para el medio ambiente. En Recuay y en Huancapampa la gente mayor recuerda cómo fueron desapareciendo los peces después de que se instalara una mina a mediados del siglo XX. Ahora, la gente de Recuay teme el viento del sur, ya que trae consigo partículas minúsculas de Ticapampa. El relave está como un monumento monstruoso a la contaminación, derivado de los problemas ambientales y sociales que trae consigo la mina, por eso, la gente de la zona de Recuay teme otra mina por las orillas del río Santa. Ahora en su misma fuente, otra vez trayendo la muerte al río, causando pena y destrucción para la gente del campo. La existencia de dos éticas del agua distintas, que se enfrentaron durante las protestas nos permite contrastar posturas, la del mercado, basada en permitir las concesiones mineras en la sierra peruana y la de los campesinos y pobladores locales, fundadas en el uso compartido y equitativo del agua, demostrando que en
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estas éticas del líquido vital la cuestión de los usos y la distribución del mismo son el fondo del problema. Es importante subrayar dos aspectos adicionales antes de reconsiderar la capacidad conectiva del agua. Primeramente, las movilizaciones sociales en defensa de la laguna de Conococha formaban parte de una estrategia de negociación del Frente de Defensa, para estas estrategias, los protagonistas utilizan herramientas tanto institucionales como no institucionales (cf. Bland y Chirinos 2014), es decir que el bloqueo de carreteras, eje fundamental de protestas campesinas en la zona andina, va de la mano con estrategias institucionalizadas como el reconocimiento legal del mismo Frente de Defensa, el intercambio oficial de cartas y la base institucional en las mismas comunidades campesinas y sus gremios. El segundo punto es la capacidad de convocatoria de las comunidades campesinas. Tal como se ha observado en el caso de las rondas campesinas en el norte de Perú (Taylor, 2011), la base organizativa, sus herramientas políticas y su enraizamiento en las poblaciones locales fueron fundamentales para el éxito del paro. En el caso de Áncash, se debió a la fuerza organizativa de las comunidades campesinas. Con lo anterior sostenemos que fue a través de la materialidad y conectividad del agua que la organización logró articularse más allá de preocupaciones localizada. Examinando dos conflictos relacionados con minas de oro en Argentina y Chile, respectivamente, con Urkidi y Water (2011), subrayaremos lo contextual y multiescalar de conflictos de justicia ambiental. Dicen los autores que esta se compone por dimensiones de distribución, reconocimiento y participación. A estas observaciones y sus dinámicas sociales y políticas en las protestas sociales añadimos un enfoque a las éticas de agua, subrayando que las luchas ambientales no solamente son por intereses sino por valores (cf. Martinez-Alier, 2002). Este punto es central cuando hablamos de la ética del agua por lo que en este sentido, la gente de Recuay, Cátac y el resto del callejón de Huaylas se movían más allá de las aguas de Conococha y del río Santa. Simultáneamente, los huancapampinos defendían la base de su existencia, el agua, y cuestionaban el modelo de desarrollo que aplica el gobierno a través de sus políticas neoliberales de extracción. En las conversaciones en Huancapampa y en las vertientes de Recuay, a menudo dirían que no se oponen al desarrollo, al contrario, pero añadieron que se sintieron obligados a protestar contra un tipo de crecimiento que sería de poco beneficio y mucho daño para su manera de vivir. En este sentido, es un argumento en favor de lo que ellos llamarían desarrollo con conciencia. El movimiento dentro del cual la gente de Huancapampa formaba parte cuestionaba el valor que el gobierno nacional había puesto sobre sus vidas a través de una visión de desarrollo del país. 92
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Volviendo al lema: “agua es vida”; aquí, el agua es más trascendente que una cualidad biofísica para pasar a ser una cualidad vital y ética. Una metáfora de una ética particular que captura en esencia que la lucha por el agua es la lucha por la vida, permitiéndonos concluir que durante las protestas por el líquido, este recurso fue reedificado en otros asuntos; la historia del agua es la historia de la explotación del medio ambiente por forasteros, enraizada en un legado de contaminación provocado por la minería y las relaciones asimétricas de poder y control sobre los recursos naturales. Entonces, el agua sirvió como catalizador y vehículo para la protesta, conectando personas a lo largo de la cuenca con temas como la gobernabilidad de la gente y los recursos, es decir, convirtiendo un problema de acceso a un recurso, en una protesta más amplia. Para los campesinos el Estado estaba tomando medidas y otorgando concesiones con poca o nula consideración a su situación local, es decir, la protesta contra la mina fue, en este sentido, una lucha por la autodeterminación.
El nuevo panorama de protestas sociales en los andes peruanos El agua y la contaminación están estrechamente conectados ya que esta materia líquida fácilmente disuelve y transporta los desechos tóxicos cruzando límites políticos. A diferencia del aire, el agua está sujeta a políticas públicas que cotidianamente y a todos los niveles institucionales; desde los hogares hasta el gobierno nacional y los entes internacionales. Una ecología política y de protesta del agua enfatiza la respuesta que un grupo social proporciona sobre el acceso a un recurso natural, definiendo su uso y abuso según una ética del agua. Así, lo cultural va más allá de una “cosmovisión andina” y ubica lo referente al agua en una red de obligaciones morales. A través del uso del líquido y de los imaginarios que rodean sus prácticas, surge una ética del agua que confiere un sentido a las expresiones sociales que evalúan la vida misma como un elemento dentro del dominio de lo político. La minería busca ser un discurso sobre el desarrollo pero como lo muestran las protestas por la laguna de Conococha, sigue en juego la pregunta sobre qué tipo de desarrollo quiere cada grupo. La protesta no era en sí contra el desarrollo sino contra un modelo específico de crecimiento que amenaza con erosionar las bases de la vida rural. Así, aunque el agua y los actores aparecen como elementos 93
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pertenecientes a escalas distintas vemos cómo en Huancapampa la gente persiguió agendas muy distintas. Dependiendo del momento de su narrativa, el bienestar de un puente, de un niño, de un río, de un glaciar, de una población, y de un mundo entero tomaron prevalencia. Vemos claramente que el agua y quizás todo aspecto de la vida humana, no tiene sentido separarlo de lo local y lo global. El agua fluye e influye, moviendo sustancias y moviendo relaciones de poder. Viendo las trayectorias y conectividades del paro nos permite observar el punto que tanto Gil (2009) en su análisis de Antamina, como Ferguson (2005). en términos más generales, acerca de la lógica gubernamental de empresas extractivas trasnacionales. Estableciéndose como neo-enclaves, el análisis de las minas establece pautas de gobernanza estrechamente ligada al gobierno del territorio, agua y población. Pero el agua se escapa de esta lógica de la misma manera que el agua se escapa de la laguna. Estas tensiones entre intenciones de gobernanza y la habilidad de penetración del agua crean nuevas situaciones de movilización social. Como hemos señalado los movimientos sociales en defensa de la laguna de Conococha pueden ser vistos como parte de una ola más grande de protestas sociales en contra de las industrias extractivas a lo largo del territorio andino. En varios sitios, la gente se movilizó en contra del modelo de desarrollo propuesto por el gobierno nacional. Es notable cómo estas luchas se centran en temas muy similares. En los años posteriores será interesante analizar la forma en que los movimientos regionales lograrán articularse en demandas comunes. Todavía siguen siendo grandes preguntas sin respuesta el lugar de las poblaciones andinas campesinas —sean mestizos, quechua o aymara— en el imaginario nacional del desarrollo y progreso.
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EL AYLLU Y EL INDIANISMO. AUTENTICIDAD, REPRESENTATIVIDAD Y TERRITORIO EN EL QUEHACER POLÍTICO DEL CONAMAQ, BOLIVIA Anders Burman Universidad de Lund1
Introducción
Durante casi 20 años, comenzando en la década de 1960 cuando la
euforia colectiva de la Revolución Nacional boliviana de 1952 se había mitigado, la política nacional de este país se forjaba desde los cuarteles y las asambleas obreras y campesinas. Las élites defendieron sus privilegios mediante los oficiales del ejército, mientras los sectores populares reclamaban y ejercían su ciudadanía mediante los sindicatos obreros y campesinos. Como indica Álvaro García Linera (2010: 11): “Dictadura militar y ciudadanía sindical eran los polos ordenadores del campo político desde 1964 hasta 1982”. En la década de 1990, sin embargo, otros sujetos políticos entraron al escenario rechazando en cierta medida la lucha sindical de base funcional y articulando una lucha autóctona de base territorial y cultural, dejando una huella imborrable, si bien ambigua, en la vida política a nivel nacional. Uno de estos sujetos políticos fue el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). Como resultado del proceso de reconstitución de los ayllus (núcleos territoriales y políticos de parentesco), se forma en el mes de marzo del 1997 en el pueblo altiplánico de Challapata el CONAMAQ, una organización aymara y quechua, de carácter político y territorial, liderada por mallkus (autoridades masculinas), y Agradezco a los mallkus y mama t’allas del CONAMAQ y al personal de lo que fue CADA por permitir que forme parte de diferentes maneras de sus actividades durante los años, y a la gente del ayllu Chambi Grande por abrirme sus puertas. Agradezco además a Constantino Lima, Carlos Yujra, Freddy Acarapi, René Acarapi y Abraham Delgado por introducirme al ambiente del movimiento indianista-katarista; y también a Érika Ticona por revisar el manuscrito de este capítulo. 1
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mama t’allas (autoridades femeninas). El CONAMAQ se articula como una organización indígena-originaria “auténtica” y por ende como una alternativa “propia” al sindicalismo campesino “mestizo” propagado por el movimiento sindical e instrumentalizado por los diferentes regímenes políticos bolivianos desde la Revolución Nacional de 1952. No obstante, el CONAMAQ ha sido criticado por faltar en consecuencia política, así que para darnos una primera idea de cómo ha surgido tal crítica cabe mencionar tres sucesos en la historia de esta organización. Abril del 2000: mientras la mayoría de las comunidades aymaras del altiplano boliviano se levantan, al mando del entonces secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Felipe Quispe “El Mallku”, y mientras la policía y las fuerzas armadas reprimen brutalmente a los sublevados, los mallkus de CONAMAQ saludan al ex-dictador militar y entonces presidente derechista Hugo Banzer Suárez y aparecen en la prensa otorgándole un bastón de mando y un poncho, símbolos indígenas de autoridad. Mayo del 2006: mientras una gran parte del pueblo boliviano prosigue la euforia colectiva que caracterizó el primer año del gobierno del primer presidente indígena, Evo Morales Ayma, el CONAMAQ declara a éste “enemigo del movimiento indígena originario” y “enemigo de los originarios del Qullasuyu”. Agosto del 2011: mientras la CSUTCB cierra filas en torno al presidente Evo Morales y en medio de ataques oportunistas de la oposición derechista contra el gobierno, el CONAMAQ toma parte en la marcha de protesta, contra los planes del gobierno de construir una carretera por medio del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y un líder del CONAMAQ acusa al presidente de etnocidio. ¿Cómo debemos entender estos sucesos? A primera vista, y de acuerdo con muchos críticos pertenecientes a la izquierda boliviana y el movimiento sindical, parecería que CONAMAQ carece del potencial descolonizador necesario para la transformación radical de la sociedad y del Estado boliviano, teniendo que ser entendida como una organización de carácter reaccionario y clientelista. Sin descartar por completo este tipo de críticas, sugerimos en este trabajo hacer otra lectura de la trayectoria institucional y la visión política del CONAMAQ: una visión que se proyecta más allá del Estado boliviano y que recoge muchos elementos del movimiento indianista, y una trayectoria que se debe entender en el contexto de una lucha sobre autenticidad, legitimidad, representatividad, indigenidad, territorio y libre determinación. Para entender este proyecto exploraremos en la primera parte de este capítulo el fundamento simbólico y territorial del CONAMAQ: el ayllu; en la segunda 100
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sección rastrearemos las corrientes políticas que constituyen el fundamento ideológico del CONAMAQ: el indianismo y, hasta cierto punto, el katarismo.2 Para entender el ambiente político y cultural en el cual nació el CONAMAQ examinaremos en la tercera sección el multiculturalismo de la década de 1990. Finalmente, para concluir el capítulo retomaremos los sucesos narrados arriba para hacer una lectura más informada de dichos acontecimientos y así entender la trayectoria institucional y el quehacer político del CONAMAQ dentro del contexto de una lucha sobre autenticidad, representatividad y territorio; y todo esto hoy en el ambiente político y cultural de un Estado supuestamente descolonizador y posneoliberal. El capítulo se basa en varios años de trabajo etnográfico en los Andes bolivianos y es el fruto de más de una década de continuo aprendizaje dentro del ambiente indianista-katarista.
El ayllu La llamada “ley de Exvinculación” de 1874 ha sido descrita como un “ataque del Estado” (Choque 1996: 20), contra la comunidad indígena andina para “terminar o liquidar con la existencia de ella” (ibid: 21), ya que dicha ley individualizó la tenencia de la tierra y ordenó que: “Ningún individuo o reunión de individuos podrán tomar el nombre de comunidad o ayllu” (citado en Choque 1996: 20). El ayllu parece haber sido visto por las autoridades republicanas de aquel tiempo como un obstáculo a la racionalización de la producción agrícola y del proceso de concentración de tierras en pocas manos, constituyendo más bien un fundamento de la vigencia y fuerza comunitarias de los indígenas —una amenaza al orden establecido y colonial de las cosas— tal como es reivindicado hasta el día de hoy. Pero si queremos entender porqué el ayllu ha cobrado importancia como referente político de lucha indígena y movilización social debemos primero tratar de entender qué es el ayllu. Veremos cómo se ha caracterizado el ayllu desde una perspectiva académica (lingüística, etnohistórica, etnográfica, sociológica). En su valioso trabajo de 1612 Vocabulario de la Lengua Aymara (2011: 320), el jesuita y lingüista Ludovico Bertonio nos indica que ayllu significa “parcialidad El indianismo y el katarismo representan dos corrientes ideológicas y organizativas que surgen en los Andes bolivianos desde el fin de la década de 1960. Ambas corrientes enfatizan la dimensión étnica/racial/cultural de la dominación y la explotación y por ende establecen como fundamento de lucha “lo indio”, “lo aymara/quechua”. 2
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de indios”. Mientras que el lingüista aymara Félix Layme, señala que ayllu se debe entender como “casta, linaje, unión familiar, que con el tiempo ha llegado a formar la actual comunidad indígena” (2004: 42). Subrayando su importancia dentro de la estructura social y económica del Estado incaico, el etnohistoriador John Murra, caracterizó el ayllu como una “unidad de parentesco” (1975: 25), mientras el historiador aymara, Roberto Choque enfatiza el ayllu como una entidad territorial y lo describe como “comunidad andina” (entre comillas) (1996: 21), por ende, el ayllu es esto: una unidad territorial compuesta por un cierto número de comunidades rurales cuya población es articulada mediante lazos de parentesco. No obstante, el ayllu es más que eso y cualquier definición sucinta del ayllu corre el riesgo de ser simplista y reduccionista. Sin embargo, para el lector que no está familiarizado con el contexto y el idioma aymara y la terminología castellana cuasi-esotérica que algunos estudiosos usan para referirse al ayllu, las definiciones más extensas no ayudan necesariamente a su comprensión, lo cual es notorio en los fascinantes textos del sociólogo, activista y político aymara Simón Yampara: El Ayllu es un sistema organizativo multisectorial y multifacético, una institución andina, la casa cosmológica andina, que interacciona/emula una doble fuerza y energía de la Pacha en la vida de los Pueblos, fundamentalmente tetraléctico, que siendo un espacio territorial unitario, se desdobla en dos parcialidades de: “Araja-Aynacha” (dualidad), en el encuentro y la unidad de ambos se expresa un tercer elemento como “Taypi” (trilogía doble), accionado principalmente por las ritualidades de “Sata, Anata, Puqura, Achuqa, Kíllpha, Tapa, Kuntur Mamani”, la espaciación “araja-aynacha”, en su sistema de asignación territorial: familiar y comunitario están expresado en “Sayaña-Saraqa” (espacios de producción agrícola y pecuaria), estos a su vez según su uso o descanso en “Puruma - Qallpa”. Este sistema está regido por una autoridad política pareada (pareja) de Tata-Mama Jilaqata, coadyuvado por los “Yapu-Uywa Qamana” (autoridades de la producción) y los “Yatiri/Chamakani” (autoridades de la cosmovisión andina). Por eso la autoridad originaria del Ayllu no se entiende sin su territorialidad, ni la territorialidad sin su autoridad, una de las principales diferencias con el sindicalismo. (Yampara, 2001: 69)
En las décadas de 1980 y 1990, el ayllu surge como un punto de referencia central en el discurso político del movimiento indianista-katarista. Intelectuales aymaras como Simón Yampara y Fernando Untoja, que van más allá de 102
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la conceptualización del ayllu como “la comunidad andina”, situándole en el contexto de marka y suyu. Un número de ayllus conforman una marka y un número de markas conforman suyus de diferentes tamaños y jerarquías hasta llegar a formar Qullasuyu, y finalmente Tawantinsuyu. La reestructuración y revitalización del ayllu, El retorno al ayllu (Untoja, 1986), se entiende entonces como parte de un proyecto político y una visión político-territorial que va más allá del Estado boliviano y “la patria mestiza”. La reconceptualización del ayllu implica también una noción de éste como algo más que un conglomerado de comunidades articuladas por lazos de parentesco. Yampara (2000: 62), indicando que el ayllu debe ser entendido según cuatro ordenamientos: ordenamiento territorial, de la producción y la economía, ordenamiento cultural-ritual, y ordenamiento sociopolítico, cada área y nivel con su respectiva autoridad, como son kamani, tamani, jilaqata, t’alla, mallku y yatiri. Hasta aquí hemos tratado el ayllu como una estructura política/territorial de parentesco dentro del contexto aymara. Sin embargo, el ayllu está presente también en el contexto quechua, tanto en Bolivia como en Perú, más aún, el uso del concepto “ayllu”, en lo que hoy día son los Andes bolivianos, es el resultado de la expansión del Estado incaico en los siglos XV y XVI, en donde el ayllu “funcionaba dentro de la estructura de poder económico y social del Estado” (Cunow, en Murra 1975: 26). El concepto de ayllu, en otras palabras, es de origen quechua/incaico y, como lo indica Bertonio ([1612] 2011: 320), la palabra aymara para referirse más propiamente a una “parcialidad de indios” es jatha que significa semilla; “semilla de las plantas, los hombres y todos los animales” (ibíd: 359); es la semilla desde la cual nace la comunidad. Aún hoy, se usa la palabra para referirse a la estructura política/territorial de las comunidades aymaras. Pero, en el modelo yampara mencionado arriba, la jatha se sitúa a un nivel más íntimo, por encima, por así decirlo, de la uta, la casa, el hogar, pero por debajo del ayllu. En otras palabras, mientras el ayllu aparece como una entidad articulada por lazos de parentesco no siempre bien definidos, la jatha aparece como el nudo del parentesco más íntimo y definido, el conglomerado de un cierto número de hogares específicos. De este modo, un cierto número de jathanaka forman un ayllu. El espacio territorial del ayllu suele ser organizado en dos parcialidades llamadas aransaya y urinsaya, o alasaya y majasaya, donde aransaya/alasaya es la parcialidad de arriba, simbólicamente asociada con lo masculino y urinsaya /majasaya es la parcialidad de abajo, simbólicamente asociada con lo femenino. Asimismo, los espacios territoriales más extensos, como son las markas y los suyus, están organizados según el mismo criterio hasta llegar al nivel de las dos grandes 103
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parcialidades del Qullasuyu: Umasuyu, que es el espacio húmedo de abajo asociado con lo femenino, y Urqusuyu, que es el paisaje árido del altiplano y las tierras altas asociadas con lo masculino. Tenemos aquí un espacio territorial estructurado según ciertos criterios de género con un sobresaliente énfasis en la complementariedad dinámica, y a veces conflictiva, entre las dos parcialidades que forman la unidad del ayllu. Vale notar que los mismos criterios sistematizan los respectivos roles y tareas del hombre y de la mujer en el hogar y en la comunidad. La pareja casada es gente jaqi porque se ha unido como chacha (varón) y warmi (mujer) y es, por ende, “completa”. Como “chachawarmi” forman la unidad social más fundamental de la sociedad, una unidad que supuestamente debe ser caracterizada por la complementariedad productiva y reproductiva entre varón y mujer. Desde el hogar se proyecta la noción de chachawarmi hacia el campo de los oficios de autoridad política, productiva, espiritual, y territorial del ayllu. También el liderazgo político, el cargo de autoridad del ayllu se debe ejecutar en pareja, como chachawarmi. La discrepancia entre este ideal de complementariedad de género y la cruda realidad de dominación masculina tanto en los movimientos políticos aymaras como en los ayllus y comunidades rurales ha sido tratada en otros trabajos (ver por ej. Burman 2011a). Entonces, revitalizar y reconstituir el ayllu, como lo hace CONAMAQ, es una intervención que va más allá de una mera demanda social dentro de los marcos establecidos de la democracia liberal del estado-nación, es decir, una acción que pone en cuestión la legitimidad y la viabilidad del proyecto de la modernidad hegemónica y su legado colonial. En este capítulo mantenemos que la manera específica en la cual este cuestionamiento es articulado por CONAMAQ se debe en gran medida a las ideologías y las movilizaciones del indianismo, y hasta cierto punto del katarismo. Entonces, ahora veremos como surgieron estas corrientes ideológicas aymaras-quechuas y como llegaron a jugar un papel importante en la vida política del país.
Indianismo y katarismo Como mencionamos arriba, en 1874, la ley de Ex vinculación declaró extintos los ayllus (Rivera 2004: 4), y el sistema de las haciendas fue consolidado a través de la concentración de grandes propiedades rurales en manos de los criollos, y la reafirmación de la relación patrón-siervo (ver: Rivera 2003: 70-1).
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Aunque el sistema de haciendas fue eliminado por la Revolución Nacional de 1952 en la región andina de Bolivia y la tierra de las antiguas haciendas fue distribuida entre los campesinos aymaras y quechuas de manera individualizada, la élite criolla mantuvo su control sobre el poder político. La relación patrón-siervo rápidamente se transfirió a la arena política donde la población indígena, que ya había recibido el derecho a sufragar, se encontró votando por sus antiguos patrones (ibíd). Además, con la Revolución Nacional de 1952 y la reforma agraria del 1953, no solo se transformaron las haciendas en sindicatos agrarios, sino que también la gran mayoría de los ayllus que no habían sido convertidos en haciendas fueron transformados en sindicatos agrarios. La palabra ayllu desapareció del debate político, en su lugar apareció “la comunidad”, “el sindicato”, “la central agraria” y “la subcentral agraria”. El espacio territorial del altiplano aymara fue modulado en base a estructuras sindicales. De la misma manera, los términos indio e indígena desaparecen del discurso de la “nueva nación mestiza”. En su lugar apareció “el campesino”, que muchas veces fue usado como un mero eufemismo de “indio” (Canessa 2007: 200). Otra consecuencia de la Revolución Nacional y las políticas de asimilación que siguieron, fue la creciente urbanización de la población aymara, la consiguiente indigenización de la ciudad de La Paz (50 % de la población paceña se identificó como aymara en el censo de 2001), y a la formación y rápida expansión de la ciudad de El Alto (en el censo de 2001, el 74 % de su población se consideraba aymara). Pero la presencia de los aymaras en las ciudades no es un fenómeno reciente; La Paz ha tenido una población aymara significativa desde la época colonial y, como Silvia Rivera (2003: 98-9; ver también Gotkowitz, 2007) indica, la conexión entre los aymaras urbanos y las provincias ha sido crucial en la formación de los movimientos políticos aymaras (de lo cual la formación del CONAMAQ es un ejemplo). Lo que es nuevo es la velocidad de ese proceso de urbanización. Durante la guerra del Chaco con Paraguay (1932-35), los campesinos aymaras y los mineros radicalizados se encontraron en las trincheras. Varios autores (Rosengren, 2002: 15; Rivera, 2003: 93-4),3 atribuyen en parte el surgimiento de este movimiento sindicalista campesino aymara-quechua al encuentro de estos dos Rivera presenta una versión aún más interesante mencionando un contacto prolongado entre soldados indígenas y reclutas mestizo-criollos que despertó la conciencia indigenista en la clase media, y proporcionó a los excombatientes indígenas argumentos para reclamar su “ciudadanía” y sus derechos civiles. 3
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grupos durante el conflicto. Cuando la servidumbre en el área rural fue eliminada por la Revolución Nacional de 1952, el movimiento campesino aymara-quechua sindicalista se había difundido por Bolivia y estaba muy relacionado con el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), el nuevo partido en el gobierno. Durante la década de 1960 la legitimidad del régimen movimientista comandado por criollos y mestizos de ideología nacionalista y el apoyo que habían recibido de los campesinos comenzó a debilitarse. Hasta cierto punto, estuvo presente en este cambio la inspiración que produjo en Bolivia las luchas anticolonialistas en África y Asia, las luchas de protesta de gente de color en EEUU, el movimiento de la negritud, y la aparición en el mundo de “políticas de indigenidad”, no obstante, la aparición del movimiento indianista-katarista en Bolivia es atribuible principalmente a la experiencia aymara-quechua postrevolucionaria, resultado de la persistente marginalización, su condición de ciudadanos de segunda clase, la discriminación y el racismo que continuaron después de la Revolución Nacional, la memoria colectiva de servidumbre campesina y la historia de las rebeliones indígenas (cf. Rivera, 2003). Incluso, se podría plantear que la revolución de 1952 causó la aparición del movimiento indianista-katarista (ver Ticona 2003), haciendo posible que en las décadas de 1970 y 1980 hombres y mujeres aymaras y quechuas ingresaran a la universidad y formaran organizaciones estudiantiles en células indianista-kataristas, donde la memoria de mártires y héroes indígenas como Tupaj Katari y Bartolina Sisa fue rescatada de la amnesia colectiva de “la gran narrativa de la patria” (Burman 2011b: 103), hasta convertirse en poderosos símbolos de protesta y emancipación. Pero la Revolución nacional no destruyó los mecanismos coloniales de marginación y exclusión, a través de los cuales la élite mestizo-criolla mantenía sus posiciones de privilegio en la sociedad boliviana. Como consecuencia, jóvenes aymaras con formación académica y preparación ideológica continuaban siendo discriminados por los mecanismos de exclusión coloniales. Algunos de estos estudiantes radicalizados jugarían un papel importante en la formación de los fundamentos ideológicos y políticos del CONAMAQ, lo que yo llamaría “el indianismo del ayllu”. El primer, y hasta hoy el más influyente, escritor indianista fue Fausto Reinaga, ya que su ideología radical y su retórica poética aparecen reflejadas en el acta de fundación del primer partido político indianista: el Partido de Indios Aymaras y Keswas (PIAK), más conocido por el nombre que tomaría más tarde: Partido Indio de Bolivia (PIB), que firmaron Reinaga y otros activistas de la primera vanguardia de indianistas en 1962: 106
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Con la bendición del Inti y la Pachamama, nuestros dioses eternos, con el alma en oración, los ojos nublados en llanto y el corazón gritando: justicia y al pie de nuestros nevados el Illampu, Illimani, Sajama, Huayna Potosí, bajo la mirada tutelar del espíritu de nuestra raza; ante los manes de los constructores de Tiwanaku; ante las lágrimas y el dolor sangrante del martirologio y genocidio de millones de nuestros antepasados; y ante el bárbaro descuartizamiento por cuatro caballos del mártir de nuestra libertad: Tupak Katari, de rodillas y con nuestra propia sangre firmamos y rubricamos el Acta de Fundación del PIAK, que es la piedra angular de la reconquista de nuestra libertad y de nuestra patria; la patria del indio y para el indio (AMEN) (Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, citado en Pacheco 1992: 34).
Vemos aquí el uso de la palabra “indio”, que desde la época colonial y como parte de la racialización de la población indígena ha sido usada de manera peyorativa (Canessa, 2012); el indianismo retomó la palabra, puso un sentimiento de orgullo en “ser indio” y dijo que “como indios nos oprimieron, como indios nos liberaremos” (ibíd: 9). Estas ideas encontraron eco en círculos más amplios y se fusionaron con la ideología de la lucha de clases. El Manifiesto de Tiwanaku, escrito en 1973, logró combinar el indianismo radical de ciertos partidos políticos pequeños con la crítica marxista de la explotación económica de la clase campesina. Este Manifiesto fue posteriormente utilizado por varios indianistas radicales e introdujo conceptos como “cultura” e “identidad” dentro de la ideología sindicalista del movimiento campesino. Pero no fue hasta que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) hizo del katarismo su principio ideológico, que la postura radical con ribetes indígenas llegó a ocupar un lugar importante en la política nacional. En 1983, la CSUTCB lanzó su tesis política (publicada en Rivera 2003: 193ss), que proponía la creación de un estado plurinacional y la implementación de una educación intercultural y bilingüe. Estas propuestas son actualmente parte del “proceso de cambio” promovido por el gobierno de Evo Morales. Aunque hasta aquí he presentado un movimiento indianista-katarista, existen importantes diferencias entre indianismo y katarismo (Burman; Hurtado 1986: 262; Yashar, 2005: 168-9). El indianismo surge principalmente en áreas urbanas periféricas como un proyecto político radical promovido por una vanguardia intelectual e ideológica aymara-quechua cuyo discurso rechazaba tanto la izquierda como la derecha nacionales.
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“Clase social” y “ciudadano boliviano” son conceptos que no se encuentran en el discurso indianista. Aunque el movimiento, organizado tanto en partidos políticos como en grupos más informales, no ha logrado ganar un espacio importante en la política parlamentaria nacional, la importancia simbólica e ideológica del movimiento indianista no debería subestimarse. Siguiendo la influencia ideológica que adquirió dentro de la CSUTCB, el katarismo ganó importancia en las áreas rurales, combinando un discurso indio/ étnico con una posición de clase social y un nacionalismo popular. A través de bloqueos de caminos, manifestaciones y marchas de protesta, el katarismo ha sido una fuerza extraparlamentaria importante en la política nacional. El comienzo de la década de 1990 vio nacer la campaña de los “500 años de resistencia”. Algunos partidos políticos kataristas como el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTK) y el Movimiento Katarista Nacional (MKN), entraron a la escena de la política parlamentaria boliviana, pero acabaron apoyando a regímenes neoliberales, lo cual afectó negativamente la imagen del movimiento, por lo que ciertos grupos buscaron distanciarse usando la designación “tupajkatarismo” para designar una posición con mayor influencia indianista. Desde la posesión de Felipe Quispe Huanca, “El Mallku”, como Secretario General de la CSUTCB en 1998, la distinción entre indianismo y katarismo ha tendido a ser menos articulada. A través de la “indianización” de su estructura interna, su discurso y su postura política, la postura campesinista que había caracterizado a la CSUTCB hasta entonces, quedó más que todo en el nombre de la organización. En la actualidad, las ideologías indianistas-kataristas, en sus versiones más o menos radicales, están en plena vigencia en la región andina de Bolivia. El “orgullo étnico” (Albó, 2007:9) que, combinado con la situación social y política de racismo, marginalización y explotación económica, ha sido el catalizador del actual panorama en Bolivia, el cual habría sido imposible sin el activismo indianista-katarista de los últimos cuarenta años, y hasta la ascensión al poder de Evo Morales habría sido improbable. El movimiento indianista-katarista abrió el camino al presente proceso y logró que el “lenguaje de la política de protesta” fuera indianizado (Canessa, 2007: 205). Sin el activismo cuestionador de Felipe Quispe y otros, difícilmente Evo Morales habría llegado a ser presidente. Uno de mis interlocutores lo expresó de esta manera: “Felipe sabía cómo sembrar pero no sabía cómo cosechar; lo que Felipe sembró, Evo sabía cosechar”. Sin embargo, el movimiento cocalero de donde emergió el Movimiento al Socialismo (MAS) que llevó al poder a Evo Morales, 108
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aunque estuvo influido por algunas ideas kataristas —lo que yo llamaría el “katarismo de izquierda”—, siguió un camino político e ideológico diferente enfatizando la lucha de clases, el antiimperialismo y las demandas sindicales, dejando poco espacio para asuntos de “indigeneidad”, “cultura” e “identidad”. Significativamente, mientras Felipe Quispe indianizaba la CSUTCB durante los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, otras organizaciones comenzaron a oponerse a la organización supuestamente ajena y colonial del sindicalismo campesino. Apoyados por ONGs indianistas-kataristas, organizaciones como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y el Consejo Nacional de Suyus Aymaras y Quechuas del Qullasuyu (CONSAQ), buscaron la revitalización de la estructura sociopolítica del ayllu, considerándose como “originarios” en oposición tanto a la concepción campesina en vigencia, como a la denominación de “indígenas”, que en Bolivia se ha usado para referirse fundamentalmente a los de tierras bajas (aunque esto está cambiando y el CONAMAQ ya está usando el concepto “indígena” como auto-denominación, ver Burman en prensa). Para entender por queéel CONAMAQ surgió en este entonces, veremos el contexto político y cultural de la década de 1990; veremos el multiculturalismo neoliberal.
El multiculturalismo neoliberal y el ayllu Se ha nombrado “multiculturalismo neoliberal” (Grey Postero, 2007; Hale, 2004; ver también Kaltmeier, Raab y Thies, 2012), al fenómeno político-cultural de combinar el reconocimiento oficial de la diversidad cultural/étnica con políticas de liberalización y desregularización de la economía y la privatización de la industria nacional. En Bolivia, como en varios otros países latinoamericanos, el neoliberalismo multicultural surgió en los primeros años de la década de 1990, y tomó cuerpo político en la alianza gubernamental de 1993, entre el empresario Gonzalo Sánchez de Lozada como presidente y el intelectual aymara Víctor Hugo Cárdenas como el primer vicepresidente indígena en la historia del país. Se modificó la constitución política y Bolivia se definió como libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural (República de Bolivia, 2002, art. 1). La diversidad cultural no fue solamente reconocida, entonces, sino celebrada. Pero esta celebración se aplicó más que todo a expresiones como la música, la
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danza, el idioma, la artesanía y no así a asuntos críticos en el campo de la política y la economía. Por lo tanto, voces críticas (por ej. Burman, 2011a; Grey Postero, 2007; Viaña, 2009), han argumentado que el multiculturalismo ocultó un asalto neoliberal a la población ya marginalizada y demostró ser funcional al proyecto hegemónico moderno-capitalista-colonial. Sin embargo, como proponemos en otro trabajo (Burman en prensa; ver también Gustafson 2009; Grey Postero, 2007), debido a su reconocimiento de la cultura indígena, el multiculturalismo neoliberal viabilizó la apertura de espacios en los cuales asuntos de “identidad”, “cultura” y “etnicidad” podrían ser ventilados, y subsecuentemente, ser llevados más allá de las barreras del multiculturalismo oficial. En otras palabras, el multiculturalismo neoliberal habría sido diseñado para servir al orden establecido, pero abrió simultáneamente espacios para fuerzas que buscaban transformaciones profundas en la sociedad boliviana. Por consiguiente, junto con cierta atención internacional a asuntos indígenas en la década de 1990 (por ej. el Convenio 169 de la OIT y el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas de la ONU), el multiculturalismo neoliberal puso una vaga noción de “indigenidad” en la agenda y así emergieron nuevos sujetos políticos que usaron esta idea de indigenidad para delinear otra cartografía del poder, para proyectar visiones políticas, sociales, y territoriales del futuro, y para formar alianzas entre sujetos políticos de diferentes procedencias regionales, culturales, étnicas y nacionales. Como tal, indigenidad fue, y sigue siendo, una plataforma estratégica importante para articular demandas y críticas al Estado. CONAMAQ nació en este contexto de multiculturalismo neoliberal. La trayectoria institucional del CONAMAQ ha sido examinada por varios autores (Andolina, 2003; Burman en prensa; Choque y Mamani, 2001; García, Chávez y Costas, 2010; Lucero, 2006, 2008), por lo tanto, la repasaremos solamente a grandes rasgos para poder así concentrar nuestra atención en los aspectos que quizá se han tratado con menos consideración en dichos trabajos. Después de la Revolución Nacional, como mencionamos antes, los Andes bolivianos fueron organizados según una estructura sindical; tanto haciendas como ayllus se transformaron en sindicatos, en centrales y subcentrales agrarias. No obstante, hubo lugares, principalmente en el norte de Potosí y en el sur de Oruro, donde esta transformación no se llevó a cabo en su totalidad, lugares donde en la década de 1980 la vida social, económica, espiritual, y política seguía organizada dentro de la estructura del ayllu (Choque y Mamani, 2001: 218; Lucero, 2006: 38). En los primeros años de la década de 1980 la economía del país estaba al borde del colapso y una severa sequía golpeó el campo, por lo que varias ONGs y otras 110
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agencias de cooperación internacional lanzaron proyectos de desarrollo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población rural. La gran mayoría de las instituciones trabajaron directamente con el sindicato agrario, pero hubo unas pocas agencias que identificaron otros actores; cabe mencionar a la Comunidad Económica Europea que financiaba el Proyecto de Autodesarrollo Campesino (PAC) que trabajaba directamente con los ayllus (Andolina, Radcliffe, y Laurie, 2005: 146; Lucero, 2006: 44). De pronto, el ayllu surgió como un canal viable para la cooperación internacional, y así se fundaron federaciones regionales de ayllus, como la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte Potosí (FAOINP), en Potosí, y la Federación de Ayllus del Sur de Oruro (FASOR), en Oruro, (Choque y Mamani, 2001: 219). Asimismo, activistas e intelectuales de grupos como el Taller de Historia Oral Andina (THOA), identificaron la necesidad de conformar una confederación de estas federaciones regionales, y así, en 1997, nació CONAMAQ. THOA (ver Choque y Mamani, 2001; Stephenson, 2002), es un equipo de investigación constituido por intelectuales y activistas de pensamiento indianista/ katarista como Silvia Rivera, Carlos Mamani, María Eugenia Choque entre otros; así, desde el comienzo hubo una fuerte influencia indianista/katarista en el discurso y el quehacer político del CONAMAQ. Otro actor influyente en este proceso ha sido el Centro Andino de Desarrollo Agropecuario (CADA) (ver Stephenson, 2000:4), una ONG de tendencia indianista/katarista fundada y dirigida por intelectuales aymaras como Simón Yampara y Roberto Choque. CADA fue también la institución en la cual tuvimos la oportunidad de trabajar durante dos años (2000-2002). CADA asistía a comunidades rurales en el proceso de reconstituirse y fortalecerse como ayllus, y una de las principales actividades de CADA era la de organizar cursillos y seminarios en las áreas rurales de los departamentos de La Paz y Oruro. Dentro del equipo de CADA todos tenían sus propias especialidades: el físico estaba dedicado a la matemática y cosmología aymaras; el sociólogo tocaba temas referentes al ayllu, su historia, su estructura y funciones, sus autoridades y sus proyecciones políticas; los agrónomos trataban temas como la crianza de llamas, el cultivo de la quinua, el riego y la reforestación del altiplano con especies nativas. Nuestro aporte consistía en dar charlas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Un asunto recurrente en todas las charlas fue el ayllu. El ayllu fue lanzado como la manera precolonial, y por ende auténtica, de organizar la sociedad aymara y fue contrastado con las estructuras organizativas supuestamente europeas o coloniales del sindicato campesino. Ser un aymara legítimo —así fue el argumento— significa 111
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vivir en el ayllu y organizar los asuntos políticos, sociales y económicos según las estructuras y oficios del ayllu. La percibida autenticidad del ayllu, en otras palabras, fue usada para cuestionar la estructura organizativa del sindicato campesino, mientras la lucha del sindicato campesino por muchos años ha sido una lucha por tierra, es decir, el derecho a parcelas individuales de tierra cultivable, el proceso de reconstitución del ayllu ha llegado a ser una lucha por territorio, es decir, el derecho a extensas áreas de manejo colectivo, incluyendo la administración de los recursos naturales y la libre determinación política, social y económica. No participaban solamente organizaciones como THOA y CADA en el proceso de fundación de CONAMAQ y la reconstitución de los ayllus; también la cooperación de instituciones internacionales como IBIS y Oxfam América fue fundamental (Andolina, Radcliffe y Laurie, 2005:145; Choque y Mamani 2001: 216; Lucero, 2006: 16,46), sostienen que el rol que jugaron THOA y Oxfam América en la formación, financiamiento y asesoramiento del CONAMAQ es “emblemática de la naturaleza transnacional” del proceso de la reconstitución de los ayllus, mientras Stefanoni (2011), sugiere que debemos entender el surgimiento del CONAMAQ en el contexto del “giro etnicista” de la cooperación europea. Lucero (2006: 44), habla además de la importancia en este sentido de los “nuevos órdenes legales del multiculturalismo oficial”, que cambiaron las condiciones judiciales de las comunidades rurales. Cabe mencionar la ley de Participación Popular (1994) que concedió personería jurídica a las comunidades indígenas y campesinas e hizo posible que un ayllu sea reconocido como una Organización Territorial de Base (OTB). Además, la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (1996), cambió las leyes de la reforma agraria e hizo posible que los pueblos indígenas formaran Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) (Andolina, Radcliffe y Laurie, 2005: 149; Benton 1999; Bottazzi y Rist 2012: 537; Lucero, 2006: 46). Estos nuevos espacios discursivos, económicos y jurídicos que fueron abiertos para los ayllus hicieron que en la última década del siglo XX, y la primera década del siglo XXI, muchas comunidades, que desde 1953 habían sido parte de la estructura sindical campesina y se habían identificado como “comunidades campesinas”, decidieran nombrarse “ayllus” (Lucero, 2006: 46), organizar su quehacer político en oficios como mallkus, jilaqatas y mama t’allas, alejarse de la CSUTCB e incorporarse al cuerpo organizativo del CONAMAQ. Este proceso conllevó, en un primer instante, al conflicto y tensión con la CSUTCB y cierta ambivalencia de parte de CONAMAQ en posicionarse en el campo político, pero fue también una prueba de creatividad, invención y reactualización 112
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de “lo auténtico”, “lo indígena/originario” y “lo tradicional”, que con el tiempo iba a llegar a causar conflicto y tensión también con los sectores dominantes de la sociedad boliviana, ya que puso en relieve la colonialidad del Estado boliviano y cuestionó su legitimidad. Uno de los lugares donde CADA trabajó más intensamente en la reconstitución del ayllu fue la provincia Gualberto Villarroel en el altiplano del departamento de La Paz, y el núcleo de sus actividades fue el ayllu Chambi Grande (Jach’a Chambi) (ver Yampara 2001), y el pueblito de Mollebamba donde CADA dirigía un instituto de educación superior (Instituto Tecnológico y de Investigación Andino – INTI Andino).
Autenticidad, representatividad y territorio Abril del 2000: mientras la mayoría de las comunidades aymaras del altiplano boliviano se levantan bajo el mando del entonces secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe “El Mallku” y mientras la policía y las fuerzas armadas reprimen brutalmente a los sublevados, los mallkus de CONAMAQ saludan al ex-dictador militar y entonces presidente derechista Hugo Banzer Suárez y aparecen en la prensa otorgándole un bastón de mando y un poncho (Stefanoni, 2011), símbolos indígenas de autoridad. Los mallkus indican que los ayllus no son como los sindicatos: “rebeldes y peleadores”; que los ayllus no son para la protesta (Lucero, 2006: 50). ¿Cómo debemos entender esto?, ¿cómo entender que una organización aymara/quechua, de claros ribetes indianistas-kataristas, que se posiciona explícitamente en oposición al Estado colonial, cierra filas detrás del presidente derechista que reprime brutalmente a las comunidades aymaras pertenecientes al sindicato agrario que reclama justicia social? Una primera lectura nos podría llevar hacia una interpretación de este suceso como una estrategia institucional del CONAMAQ (ver Lucero, 2006: 50; Stefanoni, 2011), si CONAMAQ se distancia de “los campesinos tirapiedras” y muestra una manera más moderada de articular sus reclamos al Estado, ¿con quiénes se sentarán las autoridades gubernamentales a dialogar y negociar sobre “asuntos indígenas y campesinos” cuando los gases lacrimógenos se hayan dispersado por el viento y las comunidades hayan enterrado sus muertos? No será 113
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con los sindicalistas tirapiedras, sino con los mallkus, autoridades supuestamente más moderadas que parecen saber cómo acercarse a un presidente. No descartamos esta lectura de los sucesos, sin embargo planteamos que hay más en juego aquí, por lo que debemos tomar en cuenta otra dimensión para entender este acontecimiento en profundidad. Se trata de algo así como una lucha interna sobre autenticidad, y consecuentemente, sobre legitimidad. CONAMAQ surge en 1997 y se articula como una institución “auténtica” indígena-originaria, basada territorial y simbólicamente en “la institución milenaria del ayllu”. Entonces, CONAMAQ es en sí un cuestionamiento de la autenticidad y la legitimidad del sindicato agrario (CSUTCB), y sus estructuras supuestamente foráneas y coloniales. El máximo líder de la CSUTCB de ese entonces, Felipe Quispe Huanca, se hace nombrar “El Mallku”, uno de los títulos de autoridad que las autoridades de CONAMAQ han reivindicado para diferenciarse como “autoridades originarias” de la variedad de “secretarios” del sindicato. Uno de los mallkus de CONAMAQ explicó en 2001: “Felipe no es mallku de verdad, es un simple líder campesino. No representa a la nación aymara.” Por su lado, el sindicato agrario cuestiona la dependencia de la cooperación internacional y las ONGs que CONAMAQ demuestra, y por ende cuestiona su consecuencia política y su representatividad. El levantamiento de abril del 2000 liderado por la CSUTCB llega a ser uno de los principales escenarios de este conflicto entre “originarios” y “campesinos”, ambos actores con el aymara o el quechua como idiomas maternos, ambos con una lectura del pasado que enfatiza las injusticias históricas y ambos con visiones políticas de profundos cambios sociales en el país. Sin embargo, son actores pertenecientes a distintos cuerpos organizativos, ambos con ciertas afirmaciones de autenticidad y legitimidad política; consecuentemente son antagonistas y, además, sus acciones políticas resultan ser contrarias. Mientras la CSUTCB bloquea caminos y se enfrenta con la policía y las fuerzas armadas, el CONAMAQ saluda al presidente Banzer, probablemente no por ver en él una promesa política de cambio, sino para deslegitimar a la CSUTCB y su “Mallku” por un lado, y para no reconocerse como subalternos sublevados por el otro. Los mallkus de CONAMAQ se consideran autoridades de las naciones originarias y como tales no les corresponde ni a ellos mismos ni a sus “bases”, tirar piedras a la policía, sino más bien, encontrarse cara a cara con el presidente de la república. Esta estrategia política depende, entonces, de que el CONAMAQ sea visto como un representante legítimo de los pueblos indígenas-originarios, pero en 2000, CONAMAQ estaba lejos de ser visto como tal. Además, el hecho de que los mallkus 114
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saludaron al presidente Banzer mientras que comunarios aymaras murieron por órdenes de éste, iba a manchar la imagen del CONAMAQ por muchos años. Sin embargo, mediante una serie de acciones, como la marcha que el CONAMAQ organizó en 2002 junto con la organización indígena de tierras bajas, la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia), por una Asamblea Constituyente, el CONAMAQ iba recuperando su honor y cuando Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) llegó al poder en enero del 2006, el CONAMAQ apareció en los palcos oficiales como un fiel aliado al proceso de cambio liderado por el presidente indígena, y hasta 2011 el CONAMAQ fue parte del llamado “pacto de unidad”, una alianza de cinco grandes organizaciones sociales que apoyaron al gobierno. No obstante, la relación entre el CONAMAQ y el gobierno del MAS ha sido todo menos armónica y estable y las cosas empezaron a quebrantarse a penas cuatro meses después de la llegada al poder de Evo Morales. Si los sucesos del 2000, entonces, se pueden entender dentro del marco de una lucha sobre autenticidad y legitimidad entre el CONAMAQ y la CSUTCB, los acontecimientos que ahora trataremos se pueden comprender dentro del marco de una pugna sobre representatividad. Mayo del 2006: mientras una gran parte del pueblo boliviano sigue en medio de la euforia colectiva que caracterizó el primer año de gobierno del “presidente indígena” Evo Morales, el CONAMAQ declara a éste “enemigo del movimiento indígena originario” y “enemigo de los originarios del Qullasuyu”: El CONAMAQ declara ante la opinión pública nacional e internacional que está claro que el gobierno de Evo Morales es el enemigo del movimiento indígena originario. Denunciamos ante los hermanos del mundo que el “presidente indígena” es enemigo de los originarios del Qullasuyu (CONAMAQ, 2006).
¿Cómo podemos entender esto? En 2006, después de una década de lucha por ser escuchado y poder influir en la política nacional desde los ayllus y markas, el CONAMAQ cuenta con el reconocimiento del gobierno y con un gran (desproporcional dirían algunos, ver Stefanoni, 2011), interés mediático. En ese momento deciden declarar enemigo al primer presidente de origen indígena en la historia de Bolivia. La hostilidad en el pronunciamiento se debe al hecho que el CONAMAQ se veía marginalizado del proceso de postular a la Asamblea Constituyente que el gobierno del MAS veía como el fundamento para la refundación y la descolonización de Bolivia. El CONAMAQ se articula entonces como el representante de “los pue115
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blos indígenas originarios de tierras altas”, y como tal, dice, debe estar presente en la Asamblea Constituyente: Nosotros los pueblos indígenas originarios de tierras altas representados por el CONAMAQ, hemos sido los que hemos construido el camino a la Asamblea Constituyente, y la hemos defendido siempre. Nos encontramos con un gobierno autodenominado indígena que nos excluye de la participación en la Asamblea Constituyente. Nos preguntamos: ¿Quién va a hablar de los derechos devengados de los pueblos indígenas originarios sino van a estar indígenas originarios dentro de este magno acontecimiento? Solo un indígena originario puede hablar de los indígenas originarios (CONAMAQ 2006: párrafos 3 y 4).
De nuevo, el CONAMAQ se articula, no como un sector social (digamos campesinos, estudiantes, fabriles, cocaleros), sino como representante de pueblos y/o naciones y teme que el indígena originario no esté presente en la Asamblea Constituyente. Pero, en las listas electorales del MAS hay un número de candidatos de diferentes pueblos indígenas de las tierras bajas y, por supuesto, hay un gran número de candidatos de origen aymara y quechua provenientes de los diferentes sindicatos obreros y campesinos, entre los cuales se encuentra la CSUTCB. En el discurso del CONAMAQ, sin embargo, el verdadero “indígena originario” es el que vive en el ayllu. El CONAMAQ se articula entonces como el cuerpo organizativo de las naciones indígenas originarias de las tierras altas, como el representante de los pueblos aymaras y quechuas, y esto crea conflictos, no tanto de autenticidad y legitimidad como en el anterior caso, pero sí conflictos de representatividad. De nuevo vemos el choque entre el “indianismo del ayllu” del CONAMAQ y el “katarismo de izquierda” de la CSUTCB y del gobierno: la CSUTCB tiene una fuerza política social de movilización muchas veces más grande que la del CONAMAQ y ha mostrado su consecuencia política durante décadas de lucha social, mientras que el CONAMAQ aparece en los medios de comunicación como representantes de pueblos y naciones enteras. Parece haber, como indica Stefanoni (2011: primer párrafo), “una sobre-representación del Conamaq [sic] en el terreno mediático”, especialmente cuando el CONAMAQ y el gobierno del MAS se encuentran en conflicto, porque “un indígena criticando al Evo siempre vende” (ibíd: segundo párrafo). Los pronunciamientos críticos del CONAMAQ en mayo del 2006 fueron una indicación del conflicto que estaba todavía madurando bajo la superficie. 116
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Mientras los conflictos que hemos mencionado hasta ahora han tratado asuntos de autenticidad, legitimidad y representación, el conflicto que brotó en 2011 iba a tratar temas más palpables: territorio, recursos naturales y libre determinación. Además, en 2011 Bolivia ya se había dado a conocer como un Estado postneoliberal, lo cual complica las actividades de cualquier sujeto político que mira con ojos descontentos al orden establecido de las cosas. Agosto del 2011: mientras la CSUTCB cierra filas detrás del presidente Evo Morales y en medio de ataques oportunistas de la oposición derechista contra el gobierno, el CONAMAQ toma parte en la marcha de protesta contra los planes del gobierno de construir una carretera por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en las tierras bajas y un líder de CONAMAQ acusa al presidente de etnocidio: […] un etnocidio no solamente de nuestros pueblos hermanos que viven en el corazón del TIPNIS, sino de todos los que vivimos en Santuarios de la Naturaleza, Parques Nacionales, Áreas Protegidas, Tierras Comunitarias de Origen y en centros poblados de Bolivia, que nos encontramos sometidos a una muerte lenta por la agresión y los efectos de las industrias extractivas (Servindi 2012).
El conflicto del TIPNIS ha sido estudiado en otros trabajos (ver Achtenberg, 2011; Burman en prensa; Calla, 2012; Laing, 2012; McNeish, 2013), así que lo repasaremos aquí solamente a grandes rasgos para poder entender el significado de la actuación de CONAMAQ dentro de él. Tenemos por un lado el gobierno del MAS que en 2011, apoyado por las comunidades cocaleras, los llamados “colonizadores” (en tiempos de “descolonización” rebautizados como “comunidades interculturales”, es decir en su mayoría gente que ha migrado desde las tierras altas en búsqueda de tierras cultivables en las tierras bajas), y ciertas comunidades indígenas de tierras bajas, y en el nombre del “desarrollo” y la “integración nacional” toma la decisión de iniciar la construcción de una carretera que conectará el departamento de Cochabamba con el de Beni, cruzando por territorio indígena y un parque nacional. Por otro lado, tenemos varias comunidades indígenas del TIPNIS, la CIDOB que aglutina la mayoría de los pueblos indígenas de tierras bajas, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), y también los mallkus y mama t’allas del CONAMAQ, todos oponiéndose a la construcción de la carretera y reclamando los derechos de los pueblos indígenas al territorio, a la libre determinación y a la administración propia de los recursos naturales que se encuentran en territorio indígena, o por 117
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lo menos la consulta “previa, libre e informada” en cualquier proceso de decisión que afecta a los pueblos indígenas. Además, articulan un discurso sobre la Pachamama/Madre Tierra: El motivo de nuestra presencia es que apoyamos a los hermanos del TIPNIS en decir no a la carretera […], pero más allá es en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, en defensa del territorio, en defensa de la Madre Tierra. Mallku del CONAMAQ
En agosto del 2011 hubo marcha desde la ciudad de Trinidad; marchaban los mallkus y mama t’allas de CONAMAQ, y en entrevistas y conversaciones salieron a la luz las diferencias entre el indianismo del ayllu del CONAMAQ y el katarismo de izquierda: mientras que el gobierno del MAS ve un Estado fuerte y postneoliberal como la garantía de un proceso de descolonización de la vida económica, social, cultural y política del país además del control estatal de los recursos naturales como la única manera de hacer frente a las empresas transnacionales, el CONAMAQ ve un Estado extractivista fortalecido y el proyecto hegemónico de construcción de una nueva nación boliviana (Burman en prensa), como una amenaza seria a la libre determinación y los derechos territoriales indígenas, en otras palabras, una amenaza a la libre determinación de los ayllus y markas: Estamos aquí, uniéndose de tierras bajas y tierras altas para hacer una marcha por defender nuestra tierra y territorio y nuestros derechos. La naturaleza no es solamente en las tierras bajas, también hay en tierras altas ¿no ve? […] En todos los departamentos hay riquezas. […] Por eso estamos marchando ¿no? Para toda Bolivia, para que haya respeto a los territorios ancestrales. Evo Morales ha entrado como gobierno, como gobierno central, como gobierno indígena, pero ahorita ya no es como gobierno indígena sino ya se ha dado la vuelta al otro lado. Al pueblo indígena ya le ha dado la espalda. (Mallku de CONAMAQ)
Mientras que el CONAMAQ, desde su noción del ayllu, proyecta visiones territoriales y políticas que van más allá del Estado plurinacional, como hoy se entiende, recibe también fuertes críticas (ver Stefanoni 2011), por querer fortalecer la autonomía local indígena a cambio de la preservación de un Estado débil y un orden neoliberal. Obviamente, por no manejar el concepto de “clase” en su análisis, el CONA118
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MAQ se abre a este tipo de críticas de la izquierda boliviana, incluso de ciertos sectores del katarismo de izquierda. Sin embargo, justamente por manejar otros conceptos (cf. Escobar, 2003), en su lectura de la realidad y por tener una considerable influencia indianista, el CONAMAQ tiene la potencialidad de trazar otra cartografía del poder y, por ende, otro proyecto político —el indianismo del ayllu— para el futuro, pero para ello, el CONAMAQ tendría que mostrar en los hechos que su proyecto tenga un alcance más allá del multiculturalismo neoliberal en el cual nació. Entonces, para entender el quehacer político del CONAMAQ desde 1997 sugiero que no nos limitemos a lecturas superficiales que invitarían a conclusiones simplistas de la falta de consecuencia y radicalidad política, sino que entendamos su trayectoria institucional y su quehacer político dentro de un contexto de lucha sobre autenticidad, legitimidad, representatividad, territorio y libre determinación, y todo esto hoy en un contexto de un Estado supuestamente postneoliberal. Acontecimientos recientes indican que esta lucha seguirá e incluso se intensificará, ya que en diciembre de 2013 el conflicto entre el gobierno y el CONAMAQ se incrementó, viéndose este último dividido en dos liderazgos paralelos y antagónicos: un liderazgo progubernamental instaurado y reconocido por el gobierno; y un liderazgo crítico que encabezó el CONAMAQ en el conflicto del TIPNIS, y que ahora se ve a sí mismo como víctima de un asalto patrocinado por el gobierno.
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LAS MARCHAS VIRTUALES FRENTE AL MUNDO REAL. EL MOVIMIENTO #YOSOY132 EN MÉXICO Mario Alberto Velázquez García Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Introducción
La juventud es un actor
fundamental en las movilizaciones sociales de Latinoamérica. Sin embargo, es necesario analizar, entre otros temas, cuál es el tipo de protestas que este sector de la sociedad impulsa, cuáles son sus medios para hacerlo, qué tipo de transformaciones buscan generar en la sociedad y cuáles son los resultados de este tipo de acciones colectivas. En este capítulo buscamos estudiar específicamente la última cuestión, es decir, cuáles son los resultados de un movimiento social, más específicamente, las posibilidades que puede tener para generar cambios en la agenda pública y en los procesos electorales de una democracia (Birkland, 2007). Analizaremos el movimiento social mexicano autodenominado #YoSoy132. Los movimientos sociales y las protestas son formas de acción y relación social colectiva constantes en las sociedades latinoamericanas contemporáneas, particularmente, en aquellas donde se han consolidado regímenes democráticos. Los jóvenes, en tanto uno de los sectores demográficos más grandes en esta región, pero también como un grupo con necesidades y demandas particulares (educación, trabajo, participación política, diversidad cultural, vivienda, etc.), contribuyen de manera activa y numerosa en las protestas. La importancia que tiene la activa participación de los jóvenes no sólo proviene de su papel central en el futuro funcionamiento de las sociedades, sino en la contribución que tienen en la transformación de la cultura actual y su acción política en las sociedades latinoamericanas actuales. Los movimientos sociales además de ser una práctica normalizada en Latinoamérica, han diversificado considerablemente sus objetivos y sus prácticas en las últimas décadas del siglo pasado; adicional a los movimientos obreros y campesinos
las marchas virtuales frente al mundo real. el movimiento #yosoy132 en méxico
aparecieron grupos ambientalistas, feministas e indigenistas entre otros. Posterior a las protestas de Seattle en 1999 surgió un nuevo sector de movimientos: anti-globalización, anti-mundialistas o alter mundialistas. Estos grupos han comenzado a tener su propia expresión en Latinoamérica. El caso que analizamos, #YoSoy132, es una expresión de este descontento respecto a las actuales formas de funcionamiento de la economía, la cultura y la sociedad contemporánea. Esta expansión de grupos se ha acompañado de un crecimiento en el tipo de recursos utilizados por los mismos: desde las huelgas, las marchas y los mítines hasta los boicots, la presentación de iniciativas, el uso de internet y los teléfonos celulares. A pesar del crecimiento en el número de grupos y temas de participación de los movimientos sociales en Latinoamérica existe un limitado interés por analizar sistemáticamente los resultados de este tipo de acciones colectivas. En los estudios que existen, el interés por analizar cuáles son los diferentes medios desplegados por una movilización, han generado una especie de sobre determinación acerca de la importancia que tiene la “creatividad” o el uso de diversos recursos, hasta el punto de generar una premisa implícita no siempre correcta: a mayor diversidad de recursos mayor posibilidad de resultados positivos, éxito del movimiento. Como lo mostraron los planteamientos originales de Tarrow y Tilly, las formas de protesta han permanecido relativamente constantes desde la aparición de los movimientos sociales “clásicos” como las protestas obreras posteriores a la revolución industrial y la consolidación de los estados nacionales. Esta persistencia no se explica únicamente por el resultado obtenido por los movimientos sociales sino porque la aplicación de dichos modos de protesta se convierte en prácticas institucionalizadas que contienen significados, símbolos y conductas predecibles en las interacciones del grupo que protesta, sus oponentes y posibles aliados. Este capítulo propone considerar una paradoja en el tema de los recursos y los resultados: cuando un movimiento social decide utilizar un conjunto de medios para la movilización, estos pueden tener resultados diferenciados en los objetivos de corto y largo plazo del grupo. En el caso del #YoSoy132 el uso de un conjunto de recursos organizativos y de movilización, basados principalmente en los medios virtuales de comunicación, no logró generar los resultados buscados por el movimiento en el corto plazo (resultado electoral), pero estos mismos medios lograron generar una transformación en la agenda de política pública de un gobierno federal mexicano entrante (cambios en el sector de comunicaciones). Para poder analizar los resultados de un movimiento social en la esfera pública, utilizaremos la propuesta de Schumaker (1975), sobre la existencia de cinco áreas en el proceso de elaboración de una política pública donde una protesta 124
los nuevos caminos de los movimientos sociales de latinoamérica
social podría injerir: el acceso del movimiento al sistema político como actor legítimo; la inclusión de la demanda principal del movimiento dentro de la agenda política pública de política; la construcción de políticas concretas acordes a la demanda del grupos; aplicación de la política acorde a los objetivos del movimiento; y por último, la existencia de resultados visibles relacionados a la ejecución de la política en la medida de los recursos del sistema para poder satisfacer las demandas del movimiento (Schumaker, 1975). Para el análisis utilizaremos la teoría de movilización de recursos, enfocándonos en las transformaciones contemporáneas que han sufrido los medios utilizados por los movimientos sociales para lograr sus objetivos. El material de estudio fue resultado de una consulta de diversas publicaciones hechas respecto al movimiento #YoSoy132, al respecto, es necesario mencionar que existen publicaciones que se han ocupado de reunir entrevistas o testimonios de los jóvenes que participaron en este movimiento. Un ejemplo notable a este respecto es el trabajo de Muñoz (2012), quien reunió el testimonio de participantes de este movimiento social, por lo que al citar dicha obra, en realidad se está haciendo referencia a distintos testimonios de miembros del movimiento, permitiéndonos tener acceso a una amplia gama de voces desde el interior del movimiento para poder analizarlo.
Aunque el interés central de este capítulo está en las formas de movilización utilizadas por el #YoSoy132, es importante definir qué tipo de acción colectiva es y contra qué protestaban. Si consideramos las características propuestas por Della Porta (2006) para definir un movimiento social podemos incluir al #YoSoy132 dentro de este grupo. Primero, en tanto forma de acción colectiva, generó una relación de disputa con un(os) grupo(s) o actor(es) opuesto(s) respecto al uso o control de un bien o recurso (las televisoras mexicanas, el gobierno mexicano, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional y la libertad de expresión). Segundo, la relación entre los miembros del movimiento funcionaba a partir de redes de interconexión (estas funcionaban principalmente por medio de los teléfonos celulares, las computadoras, los chats, Facebook y demás programas para enviar mensajes o videos). El #YoSoy132 fue una forma de acción colectiva donde individuos y grupos entraron en relaciones temporales por una causa común. Tercero, las personas y grupos que participaron en el #YoSoy132 generaron una sentido de pertenencia al grupo, logrando identificarse dentro de un “nosotros” distinto al oponente. 125
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Una cuarta característica mencionada por Della Porta (2006), aunque no la considera como fundamental para la constitución de un movimiento social, pero la reconoce como importante para su funcionamiento, son las acciones disruptivas. Es decir, aquellas formas de protesta que están cerca de la ilegalidad o abiertamente se colocan en ella. Nosotros consideraremos a estos medios de protesta no sólo primordiales sino como una de las características que resultan atrayentes a grupos sociales, como los jóvenes, a participar en estas acciones colectivas; la rebelión contra las convenciones y reglas sociales, es una característica que se ha ligado a los jóvenes y los movimientos sociales durante el siglo xx en Occidente, por ello consideramos que el uso de formas disruptivas de protesta es otro elemento que permite determinar que el #YoSoy132 fue un movimiento social. Si el #YoSoy132 es un movimiento social, la segunda pregunta a responder es: ¿De qué tipo? Para Guimoar Rovira, este grupo ha sido colocado dentro de los “novísimos movimientos sociales” que se caracterizan por: “[…] renovar las prácticas, los discursos, las formas de organización y acción en un uso híbrido de tecnologías de la información y movilización en las calles” (Rovira, 2014: 55). Concordando con lo dicho por nosotros anteriormente, el autor señala que este tipo de definiciones, aunque resaltan elementos fundamentales del funcionamiento de los movimientos sociales actuales, sobreestima la importancia de la novedad en las formas de movilización como factor determinante de estos grupos. Adicionalmente esta novedad muchas veces resulta aparente ya que dichas formas de acción ya estaban presentes; la variación está en todo caso en la combinación de los medios utilizados. Por otra parte, si consideramos el trabajo de Wieviorka (2009) el movimiento #YoSoy132 se coloca por sus objetivos, formas de funcionamiento y desarrollo dentro de los antimundialización o altermundialistas. Estos movimientos no se caracterizan, esencialmente, por tener una base de participación internacional sino por sostener metas o propuestas utópicas que cuestionan o buscan transformar las tres formas de “dominio ordinario” que sostienen a la globalización. 1) Exclusión: existen grupos sociales, países, regiones y por supuesto personas determinadas que están fuera de los distintos sistemas que controlan el desarrollo de cada país dentro de la globalización (económico, político, cultural y de conocimiento). 2) Alineación: los individuos ya no son dueños de su destino y no poseen tampoco las categorías para poder pensar su experiencia personal (Wieviorka, 2009:40). Las personas se convierten en aquello que el sistema les pide ser o hacer. La interiorización de estas categorías socialmente asignadas es un elemento fundamental para el funcionamiento del sistema. Y 3) Individualismo desdichado: el crecimiento 126
los nuevos caminos de los movimientos sociales de latinoamérica
de un individualismo, fragmentado y separado de la lógica del grupo ha producido una percepción sobre cada una de las personas como la única responsable de sus éxitos y fracasos, fuera del sistema del grupo. El movimiento #YoSoy132 buscó cuestionar las formas de exclusión que la sociedad nacional mexicana, pero también la local y mundial, genera sobre el acceso de todo ciudadano a los medios de comunicación modernos. Como explica Wieviorka (2009) los movimientos anti-mundialización combinan los niveles local, regional, nacional e internacional constantemente. Como veremos su forma de funcionamiento se caracteriza por su fragilidad en el tipo de alianzas que establece entre sus redes; estas relaciones son de tipo estratégico y no necesariamente continuas o permanentes (Wieviorka 2009).
El estudio de los movimientos sociales a partir de la teoría de la movilización de recursos (TMR), parte de una concepción de “agencia” de los sujetos y los grupos; aquellos que participan en una protesta o un movimiento social no lo hacen irreflexivamente sino como parte de un cálculo (a partir de su entorno social y necesidades individuales), sobre las consecuencias que tendrá su actuación para su vida presente, futura y la de su familia, esto no implica que tal decisión sea necesariamente la correcta, dado que en muchas ocasiones los actores no cuentan con todos los elementos esenciales para decidir de forma documentada. Sin embargo, esta teoría enfatiza que la participación en las protestas obedece a un ejercicio de reflexión (Della Porta y Diani, 1999). Para la teoría de la movilización de recursos (TMR), un movimiento social requiere contar con un grado mínimo de organización y de planeación, es decir, la acción colectiva implica la existencia de un grupo de individuos, por pocos que éstos sean, y que tengan una noción aunque sea muy vaga o resulte errónea, sobre los objetivos que buscan lograr con sus actos. Estos requisitos mínimos de organización fundamentan la TMR. En otras palabras, esta teoría destaca la idea de que todo movimiento social es impensable sin medios que le permitan lograr sus fines (Laraña, Johnston y Gusfield 1994). En lo que respecta a las formas concretas de protesta, todos los movimientos sociales tienen que elegir dentro de una primera disyuntiva: crear métodos nuevos de protesta y organización o reproducir los ya utilizados por otros. Una de las 127
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contribuciones de esta teoría al estudio de las acciones colectivas fue demostrar que la primera opción resulta poco real para la mayoría de los grupos, esto se debe, entre otras cosas, a que las circunstancias en que se desarrolla una protesta hacen necesario que la organización tome decisiones rápidas y efectivas por ello, el riesgo que significa experimentar con tácticas nunca antes probadas, las cuales pueden fracasar, resulta muy alto (Tilly, 1973). Por ello las agrupaciones tienden a recurrir a la segunda opción, es decir, el empleo de aquellas prácticas que en ocasiones anteriores demostraron ser efectivas. Como podemos ver, el tiempo es un factor fundamental en la elección de formas de movilización en más de un sentido. Primero como un recurso organizacional escaso que apremia al movimiento social a tomar decisiones. Segundo, como un factor externo que transforma el significado (la coyuntura), que tendrá el uso de determinados medios para acción, dependiendo de las circunstancias y los actos del oponente. La movilización de recursos para la acción significa tanto la elección de formas de protesta, como un conjunto de decisiones de organización de la acción y del mismo grupo: cómo y cuándo se utilizarán los recursos materiales, simbólicos y humanos con los que cuenta el grupo, quién y cómo se tomarán las decisiones y cuáles serán las posturas frente al oponente (negociación, confrontación o lucha). Estas decisiones resultan fundamentales si consideramos que una de las problemáticas presentes en todo movimiento social es conciliar las posturas reformistas o negociadoras con aquellas radicales que buscan la confrontación y la ruptura del grupo frente al oponente. El predominio de una de estas posturas, en gran parte determinará si el movimiento social se encuentra en una etapa de “identidad positiva”, es decir creativa y transformadora o, por el contrario, se encuentra en una etapa de “desestructuración”, es decir, se ha producido una disociación entre los grupos negociadores y los radicales y el movimiento es incapaz de contener las dos lógicas unidas (Wieviorka, 2009). El uso analítico de la idea de recurso ha sido ampliado, pasando de ocuparse únicamente de aspectos materiales como mantas, cacerolas, instrumentos musicales, marchas, reuniones y dinero; hasta abarcar cuestiones simbólicas como los dibujos y las reglas generales de comportamiento. Los investigadores que utilizaban esta propuesta demostraron que en cualquier grupo organizado las prácticas que se institucionalizan pueden tener un significado que las convierte en importantes, aun a pesar de que su realización resulte ser irracional para el grupo en términos de los recursos con los que cuenta para llevarlas a cabo. Es decir, no todas las formas de acción son seleccionadas pensando en su eficiencia, sino en la 128
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serie de sentidos con los que socialmente se juzga su uso (Zald y McCarthy 1987; McCarthy, 1987). El conjunto de prácticas para la movilización, con el paso del tiempo, se institucionaliza hasta transformarse en elementos de la estructura organizacional y cultural de una región o país, es decir, se convierte en las formas de hacer que la gente conoce, como las esperadas o naturales en caso de que se presente cierto tipo de conflictos (Zald y McCarthy, 1987; Clemens, 1993). Como podemos ver las decisiones sobre los métodos de protesta no obedecen únicamente a un criterio de eficiencia, sino al uso de formas institucionalizadas de relación entre grupos, no obstante no deja de ser un factor fundamental para cada movimiento buscar medios de protesta que le permitan atraer nuevos miembros y generar simpatizantes entre la población. Los distintos medios que se utilicen durante la protesta (violentos o pacíficos, especializados, artísticos, virtuales, etc.) determinará los grupos o personas que se interesarán en el movimiento. A continuación comenzaremos por analizar el movimiento #YoSoy132 a la luz de estos elementos analíticos.
El movimiento #YoSoy132 inició con la visita de Enrique Peña Nieto (EPN), como candidato del PRI/Verde a la presidencia de la república a la Universidad Iberoamericana (UI), el día viernes 11 de mayo de 2012. Para este momento de la campaña, EPN ocupaba el primer lugar en todas las encuestas electorales. Este acto público parecía ser un evento rutinario dentro de una gira de proselitismo electoral, pues nunca se había registrado un disturbio o una crítica significativa a ningún candidato dentro de una de las universidades privadas más prestigiosas y ligada a una agrupación religiosa, sin embargo, para el acto de ese día algunos estudiantes de esta escuela habían decidido realizar una protesta hacia EPN, portando cartulinas o camisetas con leyendas alusivas a los actos represivos llevados a cabo en San Salvador Atenco,1 cuando EPN fue gobernador del Enrique Peña Nieto había sido gobernador del Estado de México y en ese cargo encabezó una polémica acción policial contra la población de San Salvador, Atenco, en el año 2006. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó actos como abuso de autoridad, golpes a personas sometidas o esposadas, violaciones tumultuarias a mujeres detenidas, torturas y simulaciones de ejecuciones entre otras. 1
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Estado de México (Domínguez, 2012). En este punto, los pocos estudiantes que participaban en esta acción colectiva claramente no constituían un movimiento social sino una “campaña” (Wieviorka, 2009), contra un acontecimiento preciso, la presencia de EPN, y utilizaron medios institucionalizados para su protesta que tenía, en este punto, un objetivo muy limitado. Previo al evento en la UI, se produjo un altercado entre estos estudiantes que buscaban protestar y miembros de los equipos campaña de EPN. Las personas relacionadas al evento partidista intentaron quitarle a los estudiantes toda muestra de protesta ofreciéndoles dinero (250 pesos), para que no hicieran preguntas, les entregaran sus cartulinas y no se sentaran en las primeras filas del auditorio, a fin de que fueran los mismos miembros de la campaña quienes ocuparan estos asientos y esta imagen —no las protestas— apareciera en las fotos o tomas de televisión (Muñoz, 2012). Al terminar el discurso de EPN estaba programado que este contestara preguntas del público. Durante este intercambio verbal un cuestionamiento que para una buena parte del público no fue bien respondida generó burlas de los asistentes y enojo del candidato.2 Pero el momento que desató el conflicto posterior fue la defensa que hizo EPN respecto a la manera en que su administración respondió a las protestas sociales en San Salvador Atenco. El candidato presidencial justificó la actuación de los policías ante el público de la UI como necesarias sin reconocer errores o abusos (Rovira, 2014), lo que provocó inmediatos gritos de desaprobación. Cuando EPN y su equipo notaron que el evento se salía de control decidieron salir del lugar sin mayores explicaciones. Los gritos y las protestas esperaban a EPN en las afueras del auditorio, obligando a la comitiva de la campaña a refugiarse en un baño hasta que lograron encontrar una ruta para salir de la universidad. La imagen de EPN, angustiado y refugiado en la espalda de sus guardaespaldas, mientras se escuchaban los gritos de protesta fue ampliamente difundida en uno de los spots del candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador (AMLO); este último había asistido en días previos al mismo recinto y recibido una atronadora ovación como despedida (Patán, 2012). Este altercado en la Universidad Iberoamericana comenzó a ser difundido ampliamente por los medios de comunicación. Esta fue la primera protesta pública, espontánea y significativa de rechazo contra el candidato del PRI. Este acto, 2 Un estudiante le preguntó: “Qué va a hacer usted con las anomias?”, a lo que EPN respondió: “bueno en el Estado de México invertimos tanto en carreteras”. Los estudiantes comenzaron a abuchear al candidato por su respuesta (Muñoz, 2012: 41).
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hasta este punto aislado, podría ser importante en una campaña política donde existía poca variación en la mayoría de votantes que se decían dispuestos a apoyar a EPN en las próximas votaciones; este podría ser un punto de inflexión en las preferencias electorales. En un intento por restarle importancia a lo sucedido distintos miembros del PRI comenzaron a cuestionar cuál era el origen y la motivación de los jóvenes que habían protestado (Rovira, 2014). Esta opinión de cuestionamiento hacia la protesta fue retomada por las principales cadenas de televisión mexicana, grupo Televisa y TV Azteca, y medios impresos (Organización Editorial Mexicana), quienes comenzaron a referirse a los jóvenes que protestaron como posibles “acarreados” y “porros” asegurando que la visita e EPN a la UI había transcurrido con normalidad, incluso como un acto “positivo” (Estrello y Modonesi, 2012). El rechazo hacia estos cuestionamientos, respecto al origen y motivación de los jóvenes que protestaron en la Universidad Iberoamericana, transformaron la acción original de protesta en un tema de interés colectivo, primero, de la población estudiantil, ya que varios jóvenes que estuvieron presentes en el evento comenzaron a subir videos a Youtube de lo que había ocurrido durante el encuentro. Un grupo de ellos (conformado por 131 alumnos de la UI), se reunieron para realizar una grabación donde cada uno aparecía en forma individual, credencial en mano, diciendo su nombre y número de adscripción a la UI, lo que mostraba que no se trataba de gente externa a esta escuela superior (Rovira, 2013, 2014). La primera identidad colectiva fue esta acción de estudiantes de la UI, y el primer oponente no fue realmente EPN sino los medios de comunicación y miembros del PRI que descalificaron la protesta. A partir de ese momento y por medio de las redes sociales, la popularidad de estos 131 jóvenes creció al grado de que en Twitter se creó una etiqueta (hashtag “#” como se les acostumbra llamar a las marcas en esta red social), llamada #YoSoy132. El periodista Mauleón (2012), rastreó el origen y expansión de la frase que da nombre a este movimiento en un twitt de Dennise Dresser, aunque él mismo aclara que esta expresión ya había sido usada por un tuitero de Guadalajara @ aochoad (Mauleón, 2012). En una semana la frase “yo soy 132”ya era tan popular que se convirtió en Trending Topic (TT)3 y duró en ese puesto seis días seguidos; algo poco frecuente en las redes sociales donde los temas suelen tener una popularidad más efímera (Rovira, 2014).
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Es decir el tema recurrentemente buscado.
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El video y el grupo de jóvenes de #YoSoy132 comenzó a despertar diversas muestras de respaldo en la prensa nacional y especialmente dentro de las redes sociales. La solidaridad particularmente fuerte y creciente entre otros estudiantes de universidades (en un primer momento estudiantes de universidades privadas), comenzó a generar un sentido de pertenencia y de compartir los cuestionamientos originales de este naciente movimiento social: la parcialidad de los medios de comunicación, su tendencia a distorsionar las noticias (Patán, 2012) y una postura de rechazo frente al PRI. Las primeras réplicas al #YoSoy132 se producen en Saltillo y Córdoba durante otra presentación de EPN, en esta ocasión, los manifestantes fueron reprimidos (Estrello y Modonesi, 2012). Desde este primer video colectivo subido a Internet, los medios electrónicos se convertirían en uno de los principales recursos de organización, difusión y confrontación del movimiento #YoSoy132 contra los medios de comunicación (Rovira, 2014); Twitter sería particularmente importante para este movimiento.4 El movimiento tiene lugar en el contexto donde las campañas políticas a la presidencia en el 2012 utilizaron Twitter como una plataforma para informar de sus actividades en tiempo real, así como un elemento más para medir su popularidad. El número de seguidores que cada candidato tenía en esta red comenzó a ser mencionado en la prensa, radio y televisión como un referente para medir el interés que la gente tenía hacia cada campaña, esto a pesar de que era ampliamente conocido que cada partido contrataba compañías que “compraban seguidores” a fin de simular una mayor cantidad de atención, una forma de acarreo5 virtual. No obstante, las campañas políticas del 2012 no parecían despertar mayor interés entre los ciudadanos promedio tanto en los medios masivos “tradicionales” como Para enero del 2012, Twitter contaba con diez millones de usuarios en México (Eleconomista.mx, 2012), sin embargo su uso era más bien comercial o de propaganda, por ejemplo, de aquellas personas interesadas en difundir su imagen (actores, políticos, empresarios, periodistas, etc.). En esta primera y ampliamente difundida forma de utilización del Twitter los usuarios eran pasivos “seguidores” de una “personalidad” que hacía comentarios respecto a los cuales las personas escribían breves mensajes a favor o en contra. La parte más “creativa” o “activa” de participación masiva en el Twitter eran las burlas o ataques verbales hacia alguna persona por un acto, declaración o error. Esto último le confería un carácter frívolo a esta red. 5 El “acarreo” es una vieja práctica en la política mexicana, muy utilizada en las campañas: cuando va a realizarse un acto público, el partido o gobierno llena el lugar donde se realizará el encuentro con personas (no importa si son niños, mujeres, ancianos o personas que no tienen la menor idea del fin del evento) que recibirán algún tipo de pago inmediato por su presencia (dinero, comida, despensas o algún otro bien) así como promesas de apoyo si asisten. 4
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en las redes del Internet o teléfono; en Twitter las burlas, acusaciones o insultos, es decir lo trivial, eran las expresiones más sobresalientes en estas campañas (Rovira, 2013). El poco interés de la gente en el proceso electoral en marcha se reflejaba y era utilizado por las principales cadenas de televisión; el primero de los dos debates programados por la autoridad electoral entre los candidatos a la presidencia, que las televisoras están obligadas a transmitirla por ley, fue emitido por Televisa en su canal cinco, no en su canal principal que es el 2, mientras TV Azteca decidió transmitirlo por su canal 40, mientras que en su canal referente se transmitiría el partido de fútbol entre los equipos de Monarcas Morelia y Tigres de la UANL. En este sentido, este movimiento social se convertiría en un movimiento histórico, es decir una acción colectiva que generó cuestionamientos o cambios sustanciales en una práctica social, en este caso relacionada al uso de un foro virtual el #YoSoy132 transformó por un periodo de tiempo el Twitter en un foro ciudadano para protestar e influir en la política mexicana (Wieviorka 2009).
Como hemos visto, los grupos e individuos que comenzaban a conformar el movimiento #YoSoy132 definieron, posterior a la presencia de EPN en la Universidad Iberoamericana, su oponente: los medios de comunicación, principalmente Televisa. Este grupo también desarrolló rápidamente un sentido de pertenencia (estudiante universitario y posteriormente jóvenes en general), así como un recurso de movilización y de comunicación interna importante, las redes sociales (Rovira, 2014). Como dijimos antes, este movimiento social puede situarse, desde su inicio, como parte de las protestas anti-mundialización, aunque podríamos considerar en un primer análisis que el dominio ordinario contra el que protestaba el #YoSoy132 era la exclusión en los medios de comunicación y en los partidos políticos, el origen social de los primeros miembros de este movimiento, principalmente estudiantes de las universidades privadas más reconocidas y caras de México, y la misma elección de recursos para la conformación del movimiento (medios digitales de comunicación, pueden indicar que era otro tipo de dominio ordinario contra el que protestaban. El origen económico de este primer grupo no estaba marcado por la exclusión, todo lo contrario, al terminar sus estudios pasarían muy
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seguramente a formar parte del sistema económico. La protesta y el movimiento social podrían colocarse contra el dominio ordinario de la alineación; es decir, los jóvenes que iniciaron el #YoSoy132 estaban siendo educados en escuelas privadas para ocupar un rol y un estatus previamente conformado. Cuando su reclamo, limitado en un primer momento, fue rechazado, comenzaron a cuestionar las reglas del sistema político y cultural que hasta ese momento habían considerado como “funcional natural.” Estos jóvenes comenzaron a ser conscientes de que la crítica era uno de los elementos de la conformación de su identidad que les había sido arrebatada y querían cambiar esto. En este sentido, uno de los primeros recursos proviene del estrato económico de origen de sus primeros participantes; grupos sociales con medianos o altos recursos económicos que raramente participaban en este tipo de actos colectivos. Eran estudiantes de las escuelas privadas caracterizadas por tener precios privativos para la mayoría de la población como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Anáhuac, El Centro de Investigación y Docencia Económica y El Tecnológico de Monterrey. Estos jóvenes contaban con recursos (computadoras, teléfonos, redes de comunicación de última generación), y una serie de capitales culturales (uso de redes sociales, tecnología etcétera), y sociales (relación o parentesco con políticos o miembros de los principales medios de comunicación nacional). La forma y rapidez con que el movimiento #YoSoy132 dominó las redes sociales en México tenía que ver con el hecho de que sus participantes era algunos de los principales usuarios de las mismas, por lo que conocían su lenguaje y uso (Rovira, 2014). Las autoridades de la UI reaccionaron un día después de que fue hecho público el video donde aparecen los 131 estudiantes. El 15 de mayo el rector hizo pública una carta donde lamentaba los incidentes pero consideraba que era una afrenta a la institución sugerir que los estudiantes habían sido manipulados (Adnpolítico, 2012), abriendo una oportunidad política y constituyendo un recurso simbólico importante para el movimiento, pues ahora contaban con el respaldo tácito de la universidad, por lo que fue fundamental para que otros estudiantes de la misma institución participaran, dado que el apoyo de la autoridad terminó con el temor de ser expulsados o castigados. Al mismo tiempo que se producía este crecimiento del movimiento, algunos de los participantes más activos comenzaron a recibir amenazas de personas que nunca fueron identificadas (Muñoz, 2011). La movilización #YoSoy132 fue comparada inmediatamente con la llamada “primavera árabe” y las movilizaciones sociales en países del Medio Oriente y África, que en algunos casos terminaron con regímenes autoritarios como el de 134
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Egipto; también el #YoSoy132 fue comparado con los indignados de España; que ocuparon por varias semanas algunas de las plazas más significativas de Madrid y Barcelona; la misma comparación se dio con los “ocupas” de Estados Unidos, que protagonizaron enfrentamientos y manifestaciones que cuestionaron el sistema económico de aquel país; por último el movimiento en México fue comparado con las protestas estudiantiles en Chile; que mantienen hasta la fecha una protesta por lograr la gratuidad de la educación superior en dicho país y son analizadas en otros capítulos de este libro (Patán, 2012). Al igual que estas movilizaciones el #YoSoy132 surgió sin que nadie pudiera preverlo, y sin que ningún analista pudiera dar una explicación convincente sobre el por qué, el cómo y el quién (Rovira, 2014). Las distintas explicaciones buscaban en vano llenar las viejas casillas de clase, estudiantil y juvenil para abarcar una protesta protagonizada por todos estos grupos, pero no únicamente por ellos. Las diferencias entre esta protesta y los movimientos sociales clásicos o nuevos, presentaba desafíos para todos aquellos que buscaban clasificar o predecir las acciones de este grupo. Como dijimos antes, los movimientos anti- mundialización se caracterizan por la fragilidad con la que funcionan las redes que constituyen el movimiento (Wieviorka, 2009). El #YoSoy132 no buscó generar una organización centralizada y directiva sino expandir lo más posible sus contactos y la circulación de la información disponible (Rovira, 2014), permitiéndole tener un crecimiento acelerado así como una práctica efectiva para tratar de evitar los distintos tipos de cooptación que partidos políticos y grupos diversos ya establecidos buscaron hacer sobre este movimiento social. La primera manifestación pública del movimiento fue organizada por estudiantes de las siguientes escuelas: UI, ITAM, ITESM y Anáhuac, esta tuvo lugar el 18 de mayo frente a las instalaciones de Televisa y tenía como objetivo protestar contra la poca objetividad de los medios (Estrello y Modonesi, 2012). El 23 del mismo mes se convocó a una nueva reunión en el monumento denominado Estela de luz (Rovira, 2014). Este sitio se convertiría en un símbolo del movimiento, la obra había sido recientemente objeto de severas críticas dada la poca transparencia con la que fue licitada la construcción, sus altos costos y los retrasos en la entrega, a pesar de todo ello, no hubo acción penal contra los responsables generales del proyecto. La participación de estudiantes de las universidades públicas inició desde esta concentración, con la presencia de jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), (Muñoz, 2011). La protesta no sólo 135
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se produjo en la ciudad de México sino que fue replicada en diversas ciudades, incluso se comenzó a registrar la formación del grupo #YoSoy132 en otras partes del mundo (Rovira, 2014; Estrello y Modonesi, 2012). En la reunión del 23 de mayo se discutió y aprobó la Declaratoria y pliego petitorio, misma que fue hecha pública en la revista electrónica (Animal Político, 2012a), el paso de foros virtuales a encuentros cara a cara con estudiantes de diversas universidades constituyó sin duda una experiencia importante para los miembros del #YoSoy132. Los esquemas de participación y organización de los medios virtuales no podían ser fácilmente repetidos en la “realidad” (Muñoz, 2011). Los estudiantes de la UI, pero también de las otras universidades públicas que fueron los primeros en participar no buscaron asumir un rol de liderazgo, más bien crearon sus propios colectivos que se sumaban al naciente movimiento (Estrello y Modonesi, 2012). A pesar de estas dificultades, como resultado de esta reunión el movimiento #YoSoy132 se asumió ajeno a cualquier postura partidista; en defensa de democratización de los medios; en búsqueda de la gratuidad del Internet; y por la transmisión en cadena nacional de los debates a la presidencia, es decir, el movimiento tenía ahora objetivos de largo y corto plazo. El 31 de mayo se convocó a la Primera Asamblea Universitaria, misma que se realizó en la explanada que se encuentra frente a los edificios de rectoría de la UNAM y la biblioteca central, un amplio espacio conocido como “las islas”. Como se puede leer en las entrevistas realizadas a miembros del #YoSoy132 en el trabajo de Gloria Muñoz y el de Guiomar Rovira, el movimiento funcionó desde su inicio con un importante grado de desorganización (Muñoz, 2011; y Rovira, 2014). A este encuentro acudieron más de seis mil personas. Para esta reunión no existía una idea clara sobre la hora de inicio o temas a tratar. Esta forma “suelta” de convocar y organizar la reunión no era sólo producto de la falta de experiencia que tenían la mayoría de los jóvenes de las universidades privadas en participar en movimientos sociales, también era un acto intencional, ya que buscaban generar el mayor nivel de convocatoria y evitar la creación de liderazgos. La instancia creada para mantener el enlace entre los distintos grupos era la Coordinadora Interuniversitaria (Estrello y Modonesi, 2012). Las carencias organizativas para el funcionamiento de las asambleas hizo necesario que el movimiento adoptara los procedimientos utilizados por grupos con experiencia, como el Consejo General de Huelga de la UNAM, eso provocó suspicacias respecto a la posible “toma” del movimiento por los grupos más radicales de esta universidad pública (Muñoz, 2012). Una primera decisión que buscaba generar la mayor inclusión posible fue formar tantas mesas de trabajo 136
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como temas trajeran las personas. Esto provocó dispersión en las discusiones y temas tratados (Rovira, 2013), y tuvo como resultado que la Declaratoria y pliego petitorio, apenas aprobada siete días antes, pasara a segundo término, pues los grandes objetivos comunes resultaban difíciles de conciliar en planes específicos de acción (Muñoz, 2012). En las distintas manifestaciones que desarrollo el #YoSoy132 en la ciudad de México, y en las distintas ciudades del país, los jóvenes hicieron un despliegue de distintas formas de expresar su protesta tales como jóvenes con disfraces de políticos, performance, proyección de videos en la pared de edificios, murales colectivos movibles y la actuación de grupos musicales (Rovira, 2013, 2014; Muñoz, 2011), esto era posible en parte, porque cada grupo tenía libertad para decidir y organizar su forma de expresión (Estrello y Modonesi, 2012). Algunos adoptaron tácticas ya utilizadas en el movimiento estudiantil del 1968 como las brigadas informativas que se desplegaban por mercados y plazas públicas explicando a la gente las razones de su protesta y la problemática que buscaban combatir. En el caso del #YoSoy132 el tiempo tenía un doble apremio, por una parte organizar actos inmediatos a fin de aprovechar el creciente número de participantes y la recepción positiva que este grupo despertaba en una buena parte de la población, por otro lado, decidir cuál sería la temporalidad del objetivo central: generar un cambio sustantivo en el funcionamiento de los medios; lo que representaba un proceso cultural, organizativo y de políticas públicas (largo plazo), o utilizar la notoriedad del movimiento para influir en el proceso electoral en marcha (corto plazo).
En el caso del movimiento #YoSoy132 existían dos grupos externos que fueron importantes en las decisiones de movilización de este grupo: los partidos políticos y los medios de comunicación. Respecto a los primeros (principalmente las agrupaciones políticas que estaban debajo en las encuestas sobre preferencias electorales), intentaron mejorar su imagen a partir de la presencia de este nuevo actor. Primero el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien, como mencionamos antes, gravó un anuncio publicitario a los pocos días de que se produjo la vistita de EPN a la UI. Posteriormente, el mismo día en que #YoSoy132 convocó a su primera manifestación pública,
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se realizó una marcha anti Peña Nieto que intentó ser atribuida al naciente movimiento social, aunque se documentó que miembros del Partido Acción Nacional (PAN) y su candidata Josefina Vázquez Mota estuvieron detrás de este evento (Mauleón, 2012). En la primera concentración en la Estela de Luz, el escritor Paco Ignacio Taibo II intentó convencer a los estudiantes que apoyaran la campaña de AMLO lo que provocó descontento entre los asistentes (Muñoz, 2012). Por otra parte la aparente cercanía del #YoSoy132 a algunas de las posiciones de AMLO fue utilizada por el PRI y algunos medios de comunicación como Televisa para tratar de desprestigiar el movimiento (Patán, 2012), incluso mediante grabaciones ilegales se buscó demostrar que existía un acuerdo entre miembros del PRD con activistas dentro de la protesta. Por su parte los medios de comunicación mostraron desconcierto y ambigüedad frente a la aparición de este movimiento social. Como dijimos, en un primer momento, las grandes cadenas de televisión mexicana, Televisa y TV Azteca, reprodujeron la versión difundida por los miembros de la campaña de EPN respecto a la procedencia de las personas que protestaron contra este candidato. Esta cobertura parcial6 del inicio del #YoSoy132, parecía confirmar una especulación presente durante toda la campaña presidencial respecto a que Televisa apoyaba abiertamente la llegada de EPN a la presidencia (Estrello y Modonesi, 2012). La unanimidad original con la que los medios atacaron a este movimiento social explica en parte el crecimiento del grupo. En las semanas posteriores las televisoras y estaciones de radio buscaron cambiar su actuación invitando a todos sus espacios noticiosos a miembros del movimiento (Rovira, 2014), sin embargo fue tarde, los jóvenes del #YoSoy132 ya habían fijado su idea sobre los grandes medios de comunicación. La coyuntura electoral generó, en gran parte, el interés con que los medios masivos de comunicación cubrieron las protestas del #YoSoy132. Esto tuvo dos tipos de efectos en la conformación del movimiento, por un lado, esta cobertura mediática fue fundamental para su rápido crecimiento y la atención general que despertaron sus acciones.
Las televisoras no buscaron averiguar si era cierto o no que se trataba de infiltrados o estudiantes, y una vez que estos se visualizaron las oportunidades que los jóvenes tuvieron para opinar frente a las cámaras fueron más bien aprovechadas por los comunicadores para interrogados y cuestionados constantemente. 6
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La prensa utilizó este movimiento social para atraer audiencia hacia campañas políticas de poco interés, en gran parte, por la cantidad de personas convencidas de que la victoria de EPN era inevitable (Estrello y Modonesi, 2012). El segundo efecto de la campaña para el #YoSoy132 fue negativo, ya que la cercanía de la votación respecto al inicio del movimiento, 11 de mayo y 1 de julio de 2012, acortaron los tiempos de discusión, organización y conformación de un plan de acción. El movimiento de forma parcialmente obligada, pero también porque así era el interés de algunos de los sectores a su interior, decidió centrar gran parte de sus esfuerzos organizativos y de acción en actos contra la llegada de EPN a la presidencia (Patán, 2012); este movimiento nació vestido anti Peña y no pudo quitarse ese disfraz durante la función electoral. Como explicábamos anteriormente, la elección de recursos de movilización significa un cálculo sobre cuáles podrían ser los alcances de la acción. Cuando un movimiento social se encuentra en una fase “positiva”, es decir, de crecimiento y generación de protestas, es posible plantearse objetivos de largo plazo pero también metas cortas que permitan mantener el interés en el movimiento. Como explica Rovira (2013), uno de las decisiones que le generó al #YoSoy132 singularidad y atractivo, fue su resolución de participar activamente en el proceso electoral, distanciándolo de otros movimientos como el zapatismo y el movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Estos dos últimos estaban o por la anulación del voto o habían descalificado a todos los candidatos. En el caso del #YoSoy132 la decisión de utilizar sus recursos de movilización para buscar influir en una campaña política en marcha significaba, entre otras cosas, colocar el peso simbólico del movimiento en un objetivo que de conseguirse le generaría una ganancia política importante, pero de no alcanzarse, podría diluir esta acción colectiva que terminaría subsumida al proceso electoral. El objetivo de largo plazo, permanecía como la guía general latente de las acciones presentes pensando en el futuro.
Los movimientos sociales no surgen en el vacío, su aparición se produce dentro de un contexto político, económico y cultural que los impulsa o los limita. Como hemos visto, en el caso del #YoSoy132 su desarrollo se produce en la coyuntura política que vivía el país, es decir, la campaña electoral para la presidencia de México. 139
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La alternancia presidencial en México —el predominio del Partido de la Revolución Mexicana, que en el año 1946 cambiara su nombre a Partido Revolucionario Institucional (PRI), por más de setenta años y la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia en el año 2000—, no había arrojado los resultados esperados por la mayoría de la población. Los dos sexenios del PAN (20002006; 2006-2012), al frente del ejecutivo federal habían generado una situación de incertidumbre: el crecimiento económico no era significativo; la corrupción gubernamental no fue abatida en los doce años de alternancia, por el contrario, aparecieron nuevos desfalcos al erario público; el funcionamiento del sistema político mostraba estancamiento en la toma de decisiones dentro del congreso nacional; y por último, se había producido una escalada de violencia ligada al narcotráfico, sin precedentes en la historia del México postrevolucionario. En este escenario una parte de la población comenzó a ver el regreso del PRI a la presidencia como una solución ante la falta de resultados de los gobiernos panistas, sin embargo, esta misma posibilidad, era percibida por otro sector de la población como una puerta de entrada para los peores rasgos del sistema político mexicano que Mario Vargas Llosa definió como la “dictadura perfecta”. El apoyo que el movimiento #YoSoy132 recibió en sectores medios, grupos académicos y de medios de comunicación se explica, en parte, por compartir esta percepción de riesgo alrededor de la posible victoria de EPN, por lo que en términos generales podemos decir que el movimiento fue una de las manifestaciones más evidentes sobre la baja percepción que la sociedad mexicana tiene hacia sus políticos, y las pocas expectativas que perciben sobre el futuro del país de seguir las cosas por el mismo camino (Rovira, 2014). Otro elemento, este ya no de orden coyuntural sino relativo a la identidad general de los protagonistas de este movimiento social, estaba relacionado al rol de la juventud en la sociedad mexicana, la imagen de este grupo social había sufrido una transformación radical desde la década de los sesenta y setenta cuando se presentaron movimientos sociales encabezados por miembros de este corte generacional. A partir de la década de los ochenta se había acentuado una diferenciación en las expectativas de comportamiento por grupos (jóvenes de clases medias, altas y bajas), y por la adscripción en nivel académico (estudios universitarios públicos y privados). La participación política de los jóvenes de las universidades públicas comenzó a ser socialmente criticada, asociada a conductas desviadas o a la anomia; mostrar poco interés por involucrarse en las decisiones sobre el futuro, mientras que los jóvenes de las universidades privadas y pertenecientes a las clases ricas o medias comenzaron a definirse y ser definidos por su consumo. 140
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En resumen, la juventud mexicana había sido constituida socialmente como un grupo peligroso, apático o compuesto de consumidores compulsivos, preocupados más por las metas personales que por los problemas generales de su sociedad. El dominio ordinario de la alineación había predeterminado la imagen, actitudes, pero también las posibilidades laborales y de acción política de estos grupos. En este escenario un grupo de estudiantes de la UI protestando durante un acto político parecía algo totalmente improbable. Las reacciones de la dirigencia del PRI y los medios de comunicación cuestionando el origen de estos grupos, en parte, responde a esta idea social: los jóvenes de las universidades privadas son apolíticos y sólo se interesan por su propio bienestar, por lo tanto, si hubo protestas, esto no podía ser producto de este grupo, sino de infiltrados. La reconfiguración de la identidad de un grupo de jóvenes pertenecientes a una universidad privada como interesados en problemas públicos generó un rompimiento con las anteriores premisas sociales que construían la imagen de los jóvenes. La diferenciación que dividía ricos y pobres, universidades privadas, universidades públicas, se resquebrajó; la alineación fue rota momentáneamente por el #YoSoy132.
Uno de los primeros efectos visibles de la movilización del #YoSoy132 se produjo durante el segundo debate a la presidencia que se realizó el 10 de junio de 2012. Aunque una de las demandas del movimiento juvenil era lograr que el IFE ordenara su transmisión en cadena nacional, cosa que no se logró, las principales cadenas de televisión decidieron modificar su plan de programación frente a este evento; Televisa lo transmitió por el canal 2 (su canal principal), y lo mismo hizo TV Azteca en su canal 13 (Rovira, 2013). El cambio fue motivado por el #YoSoy132 de manera directa e indirecta. Lo primero como efecto de sus movilizaciones y la presión social que ocasionaron por los cuestionamientos que se produjeron hacia las televisoras (Rovira, 2013), lo segundo como una decisión de mercado: la aparición del #YoSoy132 relanzó el interés ciudadano por presenciar este evento, pues alrededor de quince millones de personas miraron la transmisión, convirtiéndolo en el debate más visto en la historia de México (Animal Político, 2012b).
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Posteriormente, el martes 19 de junio el movimiento #YoSoy132 organizó un debate entre los candidatos para la presidencia de la república, se utilizaron las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Al evento, aunque estaban invitados todos los candidatos, EPN decidió no asistir argumentando que el movimiento había manifestado abiertamente tener una postura en su contra, por lo que no existirían condiciones de equidad (El Universal, 2012). Los otros tres contendientes a la presidencia asistieron: Josefina Vásquez Mota (PAN), Andrés Manuel López Obrador (PRD) y Gabriel Quadri (Panal). El evento fue transmitido en vivo por los canales Once TV México (IPN), 22 (Conaculta) y algunas estaciones de radio (Estrello y Modonesi, 2012). A pesar de que el #YoSoy132 había despertado un considerable interés social, el número de personas que vieron el debate que este movimiento social organizó fue de únicamente 112 mil personas (Meneses, 2013), lo que significa una marcada diferencia con los quince millones del segundo debate oficial organizado por la autoridad electoral. El 1 de julio del 2012 se realizaron las elecciones presidenciales, resultando ganador Enrique Peña Nieto con 38.21 % de los votos (19, 226,784); en segundo lugar Andrés Manuel López Obrador con 31.59 % (15, 896,999); en tercer lugar Josefina Vásquez Mota con 25.41 % (12, 786,647) y Gabriel Quadri de la Torre con 2.29 % (1, 150,662) (IFE, 2012). Aunque el movimiento #YoSoy132 había realizado diversas iniciativas para tener observadores en el mayor número posible de casillas electorales así como sitios virtuales para reunir información sobre el resultado de la votación y los posibles hechos documentados de fraude (Rovira, 2013),7 no había realizado un plan común de acción frente a los distintos escenarios electorales. La victoria de EPN generó desconcierto entre los miembros del grupo (Muñoz, 2012). Al día siguiente se presentó un video donde fijaban su postura, señalando que existieron irregularidades que hacían dudar sobre la legalidad de la elección, además de que se organizó una marcha que tuvo como punto de salida la Estela de luz, no obstante, debido a que no existió una planeación previa la trayectoria “La Acampada Revolución 132 con su plan ‘6 días para salvar a México’ se erigió en centro de monitoreo para el día de las elecciones. El 1 de julio, miles de activistas del #YoSoy132 participaron como observadores electorales. Miembros del #YoSoy132 lanzaron la iniciativa Vigilancia Ciudadana con la intención de subir a la red las fotos de los resultados de las elecciones en cada casilla, para poder cotejarlas con el conteo oficial, además de recopilar denuncias y evidencias gráficas de posibles delitos. La página prepciudadano.mx se dio a la labor de juntar todas las fotografías de resultados para hacer una nueva contabilidad de votos” (Rovira, 2013: 436). 7
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y el destino de la manifestación, así como una torrencial lluvia, diluyó a los pocos manifestantes que asistieron (Rovira, 2013). El movimiento #YoSoy132 no logró su objetivo de evitar que EPN llegara a la presidencia, pero tal y como argumenta Rovira (2014), este movimiento fue un factor fundamental para explicar el cierre entre la distancia de preferencias electorales entre el primer y segundo lugar de la votación, es decir, la acción de este movimiento social tuvo un efecto significativo en el desarrollo de las elecciones presidenciales aunque no definitivo en el resultado.
El #YoSoy132 fue un movimiento social antimundialización tanto por sus objetivos como por sus recursos para la movilización. La búsqueda de este grupo por transformar uno de los “dominios ordinarios” atrajo el interés de un importante sector de los jóvenes universitarios, por lo que esta acción colectiva logró tener una significativa repercusión en la esfera pública en lo que respecta a los medios de comunicación. Primero, porque provocó un cambio en la cobertura de la campaña política, forzando a las grandes televisoras de México a otorgarle importancia a la transmisión del debate político. En este sentido, el #YoSoy132 constituyó un movimiento histórico; pocas organizaciones sociales o partidos políticos habían logrado provocar un cambio de esta naturaleza en las decisiones de programación de uno de los poderes fácticos más significativos en la sociedad mexicana actual: la televisión. Esta protesta fue un reto para la imagen de los medios electrónicos, quienes en los eventos que dieron inicio a este movimiento social mostraron una gran parcialidad, poco profesionalismo en la forma de carencia total de trabajo de investigación (por ejemplo del origen de los que protestaron contra EPN el 11 de mayo), y un prejuicio hacia toda forma de manifestación pública no organizada desde los grupos políticos institucionalizados. En el primer mensaje dirigido a la Nación en diciembre del 2012, el nuevo presidente de México Enrique Peña Nieto anunció que dentro de las primeras decisiones presidenciales se incluía una serie de reformas en el sector de telecomunicaciones,
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las marchas virtuales frente al mundo real. el movimiento #yosoy132 en méxico
lo que incluía la licitación de dos nuevas cadenas de televisión (Presidencia, 2013). Para el día 22 de mayo del 2013 (como parte de una serie de acuerdos entre los partidos conocidos como Pacto por México), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional las reformas presentadas en materia de telecomunicaciones. El 10 de junio fueron promulgadas por el presidente EPN mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El 10 de septiembre del mismo año se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por primera vez, existía un organismo separado de la estructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que regularía esta materia. En noviembre se presentó la llamada Estrategia Digital Nacional que buscaba establecer guías de política pública para que la mayoría de la población tuviera acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Finalmente el pleno del IFT determinó el 6 de marzo del 2014 la existencia de agentes económicos preponderantes en la radiodifusión y las telecomunicaciones, lo que suponía la imposición de medidas para que no se afectara la libre competencia. En las telecomunicaciones se declaró a Telmex, Telnor, Telcel, América Móvil, Grupo Carso y Grupo Inbursa agentes económicos preponderantes (IFT, 2014). En el sector de radiodifusión fue declarada en la misma situación Grupo Televisa (IFT, 2014). Para el estudio de los recursos para la movilización el caso del #YoSoy132 resulta significativo pues muestra que puede ser diferenciado el resultado de los mismos recursos para la movilización si pensamos en los objetivos de corto y de largo plazo. En este caso, los recursos que le permitieron al movimiento #YoSoy132 colocarse en la esfera pública de manera coyuntural, lo obligaron en cierta medida a plantearse como objetivos de corto plazo enfocarse a ser un factor en el proceso electoral y buscar que EPN no ocupara la presidencia, y como hemos visto el movimiento fracasó en esta tarea. Sin embargo, el movimiento #YoSoy132 tenía un objetivo de largo plazo: la democratización de los medios, que mediante los mismos recursos logró colocarse como un factor dentro de la agenda pública de la política. Es claro que no podemos atribuir exclusivamente a la acción de este movimiento la decisión del nuevo gobierno federal mexicano de incluir un conjunto de medidas destinadas a transformar radicalmente las telecomunicaciones en México. En la construcción de los temas de agenda pública intervienen grupos de interés económico, político y social nacionales e internacionales, particularmente en una materia donde existen tantos intereses en juego. Sin embargo, la acción del movimiento #YoSoy132 sin lugar a dudas fue un elemento a considerar para 144
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la constitución de prioridades de temas a tratar para la nueva administración, es decir, los recursos utilizados lograron el objetivo general pero no el coyuntural, significando una paradoja interesante para el estudio de los movimientos sociales.
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ENTRAR Y SALIR: EL MOVIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO POR JÓVENES EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Elizabeth Benedict Christensen1 Copenhagen Business School “Fue constatar que no estás sólo...”
Los movimientos sociales son ampliamente reconocidos como vehí-
culos a través de los cuales se puede crear conciencia, producir cambios y rectificar los diversos grados y formas de desigualdad social, política y económica, aun cuando su formación, resistencia y estructura no sea universal, ni universalmente reconocida por los académicos. Un movimiento social “se trata de una experiencia compleja, histórica y espacialmente fundamentada, que es negociada y promulgada en todos los sitios y regiones del mundo, planteando grandes desafíos a la teoría y la política por igual” (Escobar, 2008:1). Los movimientos son procesos dinámicos “esencialmente cambiantes” (Johnston y Klandermans, 1995:3), y en el corazón de estos procesos se encuentran las personas quienes creen en el cambio y por lo tanto luchan por él. Los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos de América tienen muchos cambios por los cuales luchar basados en las injusticias que ven, perciben y experimentan en sus 1 Dedico este capítulo a las personas que he conocido durante mi viaje de investigación doctoral: a los aliados y especialmente a los jóvenes indocumentados. Me siento muy privilegiada y profundamente agradecida por los que me han dado la bienvenida a sus organizaciones, reuniones y vidas con el fin de obtener una comprensión más profunda de los retos de cada día, la cultura, y los sueños de los jóvenes indocumentados. A estas personas increíbles: gracias. Espero empezar a hacerle justicia a sus varias historias y proporcionar una nueva visión y conciencia de su movimiento, sus luchas y esperanzas. ¡Sigue luchando por lo que crees!
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comunidades, y no menos importante es cambiar el estereotipo, la negatividad y la etiqueta de marginalización de individuos “ilegales”, que concomitantemente se los asocia con “criminales”. El movimiento liderado por jóvenes indocumentados es tanto para crear conciencia sobre los 11.1 millones de personas indocumentadas y cambiar las preconcepciones erróneas, así como para cambiar la legislación, mediante la incorporación parcial a través de los esquemas de impuestos y la educación K-122 hasta la plena inclusión y el reconocimiento económico, social, educativo y político. El movimiento de indocumentados involucra experiencias individuales como colectivas, historias, luchas, derechos y sueños, todos de los cuales requieren de personas, voces y un cierto grado de agencia. Aunque las numerosas organizaciones que operan bajo el paraguas de un movimiento social de indocumentados, cada una con sus propias estrategias, objetivos y modus operandi, merecen por sí mismas un artículo, en este texto nos centraremos en el proceso de “salir del clóset” en relación a la participación dentro de un movimiento. Por ejemplo, ¿debe uno haber salido del clóset sobre su estatus migratorio para poder participar? ¿Qué razones se utilizan como motivaciones para salir del clóset o participar, o abstenerse de ambas sea por las oportunidades o los riesgos percibidos? ¿Cuáles y cómo están relacionadas las emociones a estas acciones? En la siguiente discusión examinaremos el salir del clóset sobre el estatus migratorio y la participación en un movimiento social, y demostraremos que el involucrarse es tanto un medio para el cambio, y un fin en sí mismo. Al encontrar a otros como ellos, los jóvenes ya no se sienten solos en el mundo y logran una identidad positiva mientras luchan por un cambio legislativo. Aunque explícitamente no nos centraremos en la agencia, este capítulo plantea preguntas con respecto a la vulnerabilidad de los indocumentados y “el estereotipo unidimensional de los inmigrantes ilegales como simples víctimas o criminales usurpadores” (Gomberg-Muñoz 2010:296). Por otra parte, yuxtaponiendo la literatura LGBT sobre salir del clóset contra la literatura de los movimientos sociales, lo que haremos es analizar los actos emotivos, dinámicos, complejos y fluidos. Los más recientes estudios por académicos de LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero), argumentan que el salir del clóset y exponer la identidad gay requiere una negociación continua; al igual que también el salir del El término se aplica generalmente a la educación básica, la educación primaria y secundaria o bien a todo el sistema comprendido entre kindergarten y el último curso de la educación secundaria. 2
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clóset no es ni completo ni absoluto, tal y como no lo es la participación en un movimiento social. Los datos, obtenidos a través de entrevistas semi-estructuradas, observación participante y una encuesta por Internet, demuestran no sólo por qué los jóvenes deciden o no participar, también muestran que los jóvenes entran y salen del movimiento como parte de una negociación compleja de oportunidades, riesgos, tiempo, necesidades, recursos e interés. Los encuestados en este estudio llegaron a Estados Unidos a la edad de doce años o incluso más jóvenes. Todos han participado en el sistema educativo desde el inicio de sus vidas en los Estados Unidos, han sido incorporados en las normas educativas, sociales y culturales. Algunos se consideran a sí mismos ”americanos” en todo menos su situación legal; otros se continúan identificando con sus países tanto de su origen y de acogida, orgullosamente se hacen llamar mexicanos y estadounidenses o brasileño-americanos; otros más se identifican más fuertemente con sus países de origen, especialmente debido a sus experiencias de reconocimiento legal o social incompletos. Algunos encuestados incluyen a los líderes fundadores de las organizaciones de base local, dentro del campus universitario u organizaciones de ámbito estatal; miembros que participan o están afiliados en las organizaciones de ámbito nacional; y las personas que aún tienen que participar en una marcha, protesta, o una organización dedicada a la reforma migratoria. Al igual que con cualquier movimiento social, las tácticas y las estructuras de movilización varían considerablemente para permitir que se exprese la variedad de intereses, recursos, objetivos y personalidades. Mientras que algunas organizaciones presionan por una reforma migratoria integral, que ofrezca alivio a los inmigrantes indocumentados jóvenes y viejos, otros tratan de impulsar la ley D.R.E.A.M,3 como un primer paso dentro de un largo proceso de reformas. Algunas organizaciones se centran en los cambios a nivel local y de sensibilización, buscando generar el menor riesgo posible para los participantes, por ejemplo, viajar a las escuelas secundarias para difundir información sobre acceso a la universidad; petición de firma en los campus universitarios para detener el uso de la palabra ”ilegal” como sinónimo de indocumentados; o llamando a los políticos locales y nacionales para presionar por la reforma migratoria amplia a nivel nacional. Otros prefieren medidas más activas o drásticas, como la divulgación pública de los documentos sobre el estatus migratorio frente a cientos de personas, a veces 3 Development, Relief and Education for Alien Minors (ley de Fomento para el Progreso, Alivio y Educación para Menores Extranjeros).
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con el Departamento de Seguridad Nacional presente; participar en huelgas de hambre; demostraciones frente a las oficinas gubernamentales o en otros espacios públicos; o correr el riesgo de detención a través de otros métodos que buscan sensibilizar a la población. Algunos jóvenes incluidos en este estudio han sido detenidos por sus acciones que, en teoría, los pone en riesgo de deportación, sin embargo, a pesar de ello, todos han sido liberados. Utilizaremos estas diferencias para examinar el discurso en torno a la decisión de participar y salir del clóset, incluyendo las diversas metáforas tomadas del movimiento LGBT y los factores de empuje y atracción que conducen a este tipo de decisiones. Es importante destacar que todavía hay personas que permanecen temerosas al juicio y rechazo, o la identificación, incluso sólo por asociarse con otros individuos indocumentados, a pesar de ambientes positivos y de inclusión, y de recientes cambios legislativos. Es así como la teoría de los movimientos sociales muestra que la participación en un movimiento es un cálculo complejo de oportunidades, como la esperanza, fe en un cambio, y la evaluación de la probabilidad de éxito contra las amenazas, “un factor independiente cuya dinámica influye en gran medida la popularidad de los grupos y las leyes del Estado”, y que va más allá de los costos y los riesgos (Goldstone y Tilly, 2001:181). Lo que más llamó la atención durante el análisis de los datos, es la diferencia del discurso emocional en las narrativas de los individuos antes y después de salir del clóset o de unirse a un movimiento, incluyendo las diferencias entre los activistas y los no participantes. Los participantes actuales que salieron del clóset citan su vida antes de la entrada el movimiento como llena de miedo, soledad, desesperación y depresión, a una vida después de haberse unido a un movimiento, como llena de un increíble sentido de alivio, empoderamiento y de recuperación de su dignidad. Los participantes utilizan un lenguaje más emotivo para hablar sobre sentimientos personales e injusticias sociales al contrario de las personas que no participan. La literatura tradicional sobre movimientos sociales se centra en la movilización de recursos, los procesos de encuadre y la estructura de oportunidades, todas las cuales son importantes para la comprensión de cómo las influencias externas promueven y anulan la participación en los movimientos sociales. Sin embargo, estos focos presuponen que las oportunidades para la participación existen y antropomorfizan los movimientos sociales hasta el descuido de las personas, la agencia y emoción (Benford, 1997). “La agencia, la emoción e interacción han pasado demasiado tiempo en silencio dentro de la teoría de los movimientos sociales” y “ya que ningún académico sensible estudioso de los movimientos sociales 152
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excluiría a la emoción del repertorio de factores que inducen a la gente común a salir a las calles, exponerse al peligro o al arresto”, una investigación en este contexto representa un tema interesante y poco estudiado a ser digno de un análisis más detallado (Tarrow, 2001:4,8).
Los datos recogidos para este capítulo forman parte de una investigación etnográfica más grande sobre cómo los jóvenes de entre 16 y 25 años navegan en su vida cotidiana en los Estados Unidos de América. Las entrevistas semi-estructuradas, van desde una hora y media a tres horas, a treinta y ocho personas en Connecticut, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania y Texas; todas las entrevistas han sido transcritas y codificadas. Adicionalmente, realizamos observación participante en diversas reuniones de organizaciones y he creado y distribuido una encuesta anónima por Internet en conjunto con una de estas organizaciones con el fin de complementar el material etnográfico. McAdam, un académico de movimientos sociales, escribe que los investigadores deben centrarse en “métodos diseñados para identificar y tener una mejor comprensión de las dinámicas interactivas” y “complementar los tradicionales elementos macro y micro del análisis de movimientos [...] con una inversión más seria en la etnografía” (2003:284). Aunque no estaba planeado originalmente investigar los movimientos sociales, los métodos de reclutamiento para los encuestados y las estadísticas, así como las diferencias en las narrativas entre los que participan y no participan dieron paso a este estudio. La investigación es deliberadamente abierta, permite la teoría fundamentada, y no comenzó con una hipótesis particular para ser probada; al contrario, el objetivo era obtener datos interesantes sobre las experiencias vividas por los jóvenes. Mientras treinta y ocho encuestados no representan la totalidad de los aproximadamente 2.4 millones de jóvenes indocumentados, sus historias son importantes para un mejor entendimiento de la vida cotidiana de estos individuos, por lo que consideramos que estas historias harán eco a temas familiares de esperanza, sueños y luchas, sin embargo, los detalles específicos varían de persona a persona. Con el fin de tener acceso a los entrevistados, nos apoyaremos en las organizaciones que trabajan con y para personas indocumentadas, la cobertura de los medios de comunicación a ciertos activistas, y por último, un reclutamiento
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intencional por efecto bola de nieve. Como los métodos de reclutamiento requieren la conexión con una organización o el saber que alguien ha salido del clóset, preocupaba que los entrevistados sólo representaran a las personas más abiertas, empoderadas y activas, sin embargo, el apego a una organización no es sinónimo de participación ni de haber salido del clóset sobre el estatus migratorio. Cuando se le preguntó a uno de los entrevistados si participaba y cómo participaba en la organización, respondió: “sólo recibo sus correos electrónicos [...] nadie de ahí es indocumentado”. La encuesta anónima por Internet, distribuida en conjunto con una organización de jóvenes indocumentados, reveló que mientras los individuos pueden estar “conectados” a través de una lista de distribución, no todos participan y admiten que es el miedo la principal razón para no hacerlo. Por lo tanto, la encuesta por Internet da un valioso acceso a “miembros” pasivos, así como sus justificaciones para no participar. Aunque las personas se encuentren en una lista de correos de una organización dedicada expresamente a los derechos de los inmigrantes indocumentados, el miedo a participar continúa siendo importante para entender al movimiento social, las percepciones de las amenazas y oportunidades que conlleva el participar y el proceso de salir del clóset. Mientras que algunas investigaciones sobre LGBT (por ejemplo, Connell, 2012), muestran que las personas tienen más probabilidad de declarar su identidad gay en entornos políticos positivos, la investigación indica que puede no ser necesariamente cierto cuando se está en condición de ser indocumentado. Los entrevistados que fueron reclutados por medio de redes personales con frecuencia no participan en ninguna organización; proporcionan perspectivas adicionales y relevantes de por qué no participan, y de qué pudiera impulsarlos a la acción. Se llevaron a cabo entrevistas con los estudiantes de preparatoria en las ciudades de Nueva York y Dallas, todos se encontraban en un ambiente educativo plural, abierto e inclusivo. Un adolescente de Dallas dijo: “todos nos conocemos. Todo el mundo básicamente sabe todo”. Lo mismo mencionaron en la ciudad de Nueva York cuando se les preguntó cómo se compartía el estatus migratorio. Aunque todos los estudiantes habían salido del clóset, los jóvenes en ambos entornos tendían a no participar en lo absoluto en el movimiento, y si lo hacían se limitaban a una sola acción, como participar en una marcha. La investigación no fue diseñada para comparar los contextos geográficos y de recepción, o el marco institucional, sin embargo, las diferencias plantean preguntas sobre cómo los contextos demográficos de recibimiento, por ejemplo, las poblaciones homogéneas frente a 154
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poblaciones diversas, así cómo las estructuras institucionales específicas pueden influir en las necesidades, las amenazas y las oportunidades para la participación. Puede ser que los entornos altamente incluyentes y abiertos cumplan las necesidades emocionales, sociales y psicológicas de los estudiantes, al menos en la actualidad, mitigando los sentimientos de soledad y desesperación debido a su estatus y reduciendo considerablemente la participación. Mientras este capítulo no responde a estas preguntas, sin duda son cuestiones dignas de una investigación posterior. Futuros estudios podrían examinar cómo las organizaciones educativas, religiosas y cívicas afectan la participación en los movimientos, y también si la gente altamente emocional se ve más atraída a la participación en movimientos sociales, o si la participación en los movimientos sociales incrementa el uso de un lenguaje altamente emotivo.
¿Qué constituye un movimiento social? Mario Diani, teórico de movimientos sociales, de manera importante afirma que un acuerdo implícito y ‘empírico’ sobre el uso del término se encuentra ausente creando ambigüedad con la investigación de movimientos (1992:2). Aunque hace falta una definición universal, muchos académicos aceptan un marco básico que requiere actores sociales colectivos con una identidad similar o compartida, una percepción de injusticia y la voluntad de corregir un determinado mal (Diani 1992; McAdam et al, 1996; Tilly, 1998). De una manera crítica, McAdam et al (1996), escriben que “a lo mínimo las personas necesitan sentirse tanto agraviadas sobre algunos aspectos de su vida como optimistas de que actuando colectivamente podrán corregir el problema”. En ausencia de ambos, una injusticia percibida y una oportunidad para el cambio, es muy poco probable que la oportunidad se traduzca en la acción movilizada (véase, por ejemplo Tilly, 1998). Históricamente, la atención se ha centrado en el desarrollo exógeno de los movimientos, colocando el énfasis en los factores externos, tales como las oportunidades políticas, estructuras de movilización y los procesos de encuadre (véase, por ejemplo McAdam et al, 1996), en lugar de los individuos, la agencia y las emociones. Esta falta de atención ha llevado a un “descontento entre los académicos estudiosos de los movimientos sobre la poca importancia que los
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proponentes de la perspectiva de movilización de recursos dan a las ideas y a los sentimientos” (ibíd:5). Mientras que “es necesaria una movilización con una fuerte emoción”, no es suficiente para un “episodio de desacuerdo”, lo que demuestra las complejas variables necesarias para la formación de los movimientos sociales y la participación (Aminzade y McAdam, 2001:15). Diani reconoce las múltiples definiciones y las dificultades que surgen de la investigación de movimientos sociales: Es difícil comprender la naturaleza de los movimientos sociales. No se les puede reducir a insurrecciones o revueltas específicas, sino que más bien se asemejan a cadenas de eventos más o menos conectados, esparcidos a través del tiempo y el espacio; tampoco se les puede identificar con ninguna organización específica, más bien, consisten en grupos y organizaciones con diferentes niveles de formalización, vinculados en patrones de interacción que van desde lo más centralizado a lo totalmente descentralizado, de la cooperación a lo explícitamente hostil (2003:1).
Lo que complica aún más la investigación de los movimientos sociales es la naturaleza fluida de la participación; unirse a un movimiento no es un acto totalmente completo, estático o irreversible. Tal y como demuestran los datos empíricos, los jóvenes pueden optar por salir, dependiendo de las circunstancias, a veces prefiriendo llevar lo que una mujer llamó una vida “normal” en lugar de una vida militante. El intento de la juventud para manejar estratégicamente su identidad, podría relegar su condición de indocumentado y, por tanto, su identidad a un lugar que es inferior a otras identidades, roles y prioridades. En este caso, la literatura LGBT sobre salir del clóset le suma una compresión más fluida y dinámica a la participación en movimientos sociales, permitiendo a las personas entrar y salir, divulgar y ocultar, dado que tanto el salir del clóset y la participación en los movimientos sociales requieren de una evaluación de riesgos y oportunidades, una persona podrá optar por uno de los riesgos en lugar de ambos, dependiendo de las circunstancias. McAdam (2003), afirma que: “abrumadoramente los estudios sobre el reclutamiento en un movimiento comienzan sondeando a los activistas después de su entrada al movimiento. Pero al mostrar que estos activistas estaban relacionados al movimiento por algún vínculo social previo no se demuestra la causal potencia de ese vínculo”.
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Por otra parte, al abordar la participación en un movimiento como un único acto de entrada redefine la participación, ya que puede haber múltiples entradas y salidas. Los datos nos permitirán comparar las respuestas de las personas que participan y las que no lo hacen, lo que resulta en una comparación más completa de razones, por lo que el objetivo no es ni demostrar la causalidad, ni sugerir que las motivaciones discutidas son exhaustivas. Además, es importante tener en cuenta que hay más jóvenes que no participan debido a la dispersión geográfica, la percepción de estar solo y un persistente miedo; a pesar del aparente y colectivo “nosotros” sólo una pequeña fracción de los jóvenes participa. En el año 2012 se llevó a cabo el congreso nacional titulado United We Dream4 en Kansas City, Missouri, el cual ha sido “la reunión con mayor concentración de jóvenes indocumentados” jamás realizada, con un total de 600 participantes (United We Dream). Sin embargo, al igual que el miedo puede presentar barreras para salir del clóset o participar, “un miedo intenso puede motivar a la acción, incluso en la presencia de riesgos extremos” (Aminzade y McAdam, 2001:17). En la siguiente discusión, examinaremos las razones dadas por los jóvenes, sus palabras, ideas y sentimientos, que han formado motivaciones complejas, diversas e interrelacionadas para unirse o no a un movimiento liderado por jóvenes indocumentados. La literatura LGBT sobre salir del clóset tiene una especial atención en las emociones, tales como sentimientos de duda, confusión, exclusión, miedo, vergüenza, empoderamiento, etcétera (cf. Connell, 2012; McLean, 2007; Rasmussen, 2004; Rhoads, 1995). La aplicación del marco teórico sobre salir del clóset puede ayudar a exponer la importancia de las emociones relacionadas con el salir del mismo y la participación en un movimiento, de hecho, en un contexto con una mezcla de “patología personal y desorganización social” (McAdam, 2003:281), y el análisis riesgo-beneficio formulan una colección compleja de factores que pueden impulsar a una persona a la acción colectiva. Muchos de los encuestados como era de esperarse se sintieron agraviados por una serie de injusticias experimentadas en el pasado o presente. Debido a la legislación, explicada en la siguiente sección, muchos se están sintiendo menos temerosos y más activos. Muchos hacen referencia a sus padres que también luchan y se enfrentan a injusticias, sin embargo, no participan debido a la falta de protección legal.
Unidos Soñamos.
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Los encuestados han señalado la ira, el miedo, la vergüenza, la frustración, la desesperación, la soledad, etcétera., antes de unirse a un movimiento, para pasar a sentimientos de empoderamiento, orgullo y solidaridad después de unirse al miksmo, una transición digna de análisis.
Para entender el movimiento social liderado por jóvenes indocumentados, tenemos que comenzar con los propios jóvenes. Si bien la inmigración indocumentada en Estados Unidos de América está haciéndose notar en el campo de la investigación, todavía existe una falta de información y comprensión acerca de la vida cotidiana y las experiencias de estos individuos. Los 11.1 millones de inmigrantes indocumentados (Passel, 2013), han llegado por medio de diversos medios, orígenes y objetivos, algunas personas son “colonos” que vienen con la intención de quedarse, mientras que otros son residentes temporales con la idea de regresar a sus países, sólo para terminar quedándose años o décadas. Los encuestados provienen de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití, México, Perú y Tailandia. Los jóvenes explicaron que sus padres vinieron por muchas razones: buscando trabajo y oportunidades económicas, escapando de la pobreza, y lo más importante, buscando una mejor vida, educación y oportunidades para sus hijos. Las personas que pueden haber entrado sin revisión o control alguno, cruzaron la frontera México-Estados Unidos solos, o pagando a un coyote, (un traficante de personas para cruzar la frontera). Otros han entrado al país con visas temporales para negocios, trabajo, estudio o con visa de turista; requiriendo el estatus de refugiado o buscando asilo, o al serles concedido el estatus de protección temporal. Sin embargo, al quedarse después de que su visa haya vencido, es cuando comienza su vida como inmigrante indocumentado. Los 11.1 millones de personas vienen de lugares de todo el mundo: 81 % de América Latina (de los cuales 58 % provienen de México), el 11 % de Asia, 4 % de Europa o Canadá, y 4 % de otras regiones y países (Wasem, 2012:6). Aproximadamente 2.4 millones de ese total son menores de veinticuatro años de edad y han pasado la mayor parte de sus vidas en los Estados Unidos de América, creciendo como americanos (Pérez, 2009), muchos de ellos no tuvieron ningún rol en la decisión de migrar, o tal vez eran demasiado chicos para entender el concepto de migración como tal (Madera, et al, 2008). 158
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La juventud puede definirse como el 1.5 de generación estadounidense, ya que nacieron en el extranjero, emigraron a temprana edad y han pasado la mayor parte de sus vidas en los Estados Unidos (González, 2007). Muchos creen que las personas indocumentadas, especialmente los jóvenes, representan un grupo particularmente vulnerable de la población (por ejemplo, Abrego y Gonzáles, 2010; Bhabha, 2011; Gonzáles 2007, 2010; Olivas 2009; Pérez, 2009). Los jóvenes han sido incluidos, en cierta medida, en la sociedad de los Estados Unidos de América, debido al decisivo Caso del Tribunal Supremo en 1982, Plyler contra Doe, que dictaminó que todos los niños tienen derecho a una educación básica en los Estados Unidos. El estatus migratorio no puede ser revisado para fines de inscripción educativa, el estatus no se puede utilizar como un medio para prohibir a los individuos de la educación K-12 (ver Olivas 2004, 2005, 2009). Se argumentó en contra de la creación de una subclase permanente de individuos sin educación, mientras que los jóvenes que llegan a una temprana edad y asisten a la escuela son de alguna manera protegidos de las duras realidades que su estatus les traerá más adelante en la vida, “una vez que se gradúan de la preparatoria, las limitaciones de no contar con un estatus legal se agudizan y multiplican las barreras” (Abrego y Gonzales 2010:149). Cada año, alrededor de 80 mil jóvenes indocumentados que han residido por lo menos cinco años en los Estados Unidos llegan a la mayoría de edad, y aproximadamente 65 mil se gradúan de la preparatoria (Passel, 2003). Algunos pueden haber dejado la escuela antes de terminar, ya sea porque así lo decidieron o porque fueron obligados a trabajar para poder mantener a sus familias, mientras que a otros se les pudo haber dicho que la universidad no era una opción, y por lo tanto, vieron como un proceso inútil el continuar con su educación. Incluso aquellos que logran terminar la preparatoria constituyen una población vulnerable, dada la ausencia de todos los derechos legales, no tienen acceso a mecanismos de desarrollo, educación superior, empleo y programas sociales, que han permitido a otros inmigrantes movilidad social en el pasado (Abrego, 2006). En la actualidad, se enfrentan continuamente a dificultades para acceder a la educación superior y a un empleo, lo que lleva a la marginación, la frustración y pobreza continua (Abrego y González, 2010). La considerable población de jóvenes que ha pasado la mayor parte de su vida en los Estados Unidos creciendo junto a sus pares estadounidenses como compañeros de clase, miembros de la Iglesia, voluntarios, empleados, vecinos y amigos son “de hecho pero no de derecho” miembros de la sociedad estadounidense (Suárez-Orozco, 2009:3).
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La ley para el Desarrollo, Alivio y Educación de Menores Extranjeros, propone rectificar el estatus migratorio de millones de personas indocumentadas, donde los miembros de facto de la sociedad serían oficial y legalmente reconocidos a nivel nacional. Sin embargo, desde que se introdujo en 2001 como una propuesta bipartidista en el Senado de los Estados Unidos de América por los senadores Dick Durbin (Illinois, demócrata), y Orrin Hatch (Utah, republicano), no ha podido pasar, lo que en consecuencia abre el camino para que los estados implementen sus propias respuestas a los asuntos sobre los indocumentados, que van desde inclusivas hasta draconianas y restriccionistas. Desde entonces, se han introducido varias versiones del proyecto de ley, aunque es importante notar que en ninguna de sus versiones ha podido ser aprobada. Aceptada la ley DREAM, proporcionaría un camino, aunque no garantizado, a la ciudadanía para personas físicas y continuamente presentes en los Estados Unidos durante los últimos cinco años; que hayan cumplido los quince años o menos, con un buen carácter moral, un vínculo a la educación superior o que hayan terminado la preparatoria, y que tengan treinta y dos años o menos (portal de la ley DREAM). El Presidente Obama introdujo el programa llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia5 (DACA), en junio de 2012, que permite a los jóvenes que cumplan con los mismos criterios que la ley DREAM, solicitar una residencia legal de dos años, permiso de trabajo y licencia de conducir. A diferencia de la ley DREAM, no existen disposiciones para acceso financiero a universidades o de un camino a la residencia permanente o a la ciudadanía. Mientras que muchos de los encuestados tienen un suspiro de alivio tras la aprobación, e incluso pueden sentirse legales por “dacamentación”, con cautela y prudencia hacen notar las limitaciones del DACA. Mientras que los inmigrantes indocumentados están altamente circunscritos en sus decisiones y actividades, también son personas que participan de manera activa y creativa (Gomberg-Muñoz, 2010:297:303). Si bien su participación en los movimientos sociales puede exponerlos a riesgos y amenazas potenciales, también indica que no son víctimas completamente sin agencia (véase también Gonzáles, 2008). Durante la primavera de 2006, cientos de miles de manifestantes pacíficos salieron a las calles en más de cincuenta ciudades del país, incluyendo Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles, Nueva York y Washington D.C., para demostrar que los inmigrantes son parte integral y miembros contribuyentes de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).
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la sociedad, así como también para mostrar su apoyo a una reforma migratoria (Hamilton, 2006). Muchos de estos lugares son puertas de entrada de inmigrantes con poblaciones diversas, incluyendo Dallas y Nueva York. Dependiendo de la ubicación, los individuos, legales e indocumentados, pueden crecer junto con otros jóvenes indocumentados y sentirse más inclinados a compartir y discutir su situación migratoria. En los estados donde se realizó el trabajo de campo, la población indocumentada como porcentaje de la población total del estado es la siguiente: Connecticut 120 000 (3.4 %), Massachusetts 160 000 (2.4 %), Nueva Jersey 550 000 (6.2 %), Nueva York 625 000 (3.2 %), Pennsylvania 160 000 (1.3 %), y Texas 1 650 000 (6.7 %). California ocupa el primer lugar en la nación para residentes indocumentados, seguido por Texas, Florida, Nueva York y Nueva Jersey respectivamente (Passel y Cohn, 2011). La mayoría, pero no todos los encuestados de la ciudad de Nueva York y Dallas crecieron compartiendo su estatus y conociendo a otras personas en la misma situación. Sin embargo, dos de las participantes más activas, una de la ciudad de Nueva York y otra a sólo treinta minutos, en Nueva Jersey, no crecieron conociendo otras personas indocumentadas o compartiendo su estatus. Otra mujer activa de Long Island, Nueva York declaró que “creció blanca”, explicando que ella vivía en una comunidad próspera, principalmente de blancos y que no tenía ningún amigo indocumentado, ni tampoco muchos amigos inmigrantes. Un hombre originario de Los Ángeles que se mudó a Massachusetts para asistir a la universidad también declaró que mientras creció no conocía otra persona indocumentada fuera de su familia. El no conocer a otros mientras crecían fue típico de las personas en las zonas urbanas y suburbanas de las áreas de Connecticut y Massachusetts, aunque no siempre fue el caso. Al crecer en una gran ciudad urbana, incluso una puerta de entrada, no necesariamente significa que uno comparte su estatus, o que necesariamente conoce a otros en la misma situación, en estos casos, todos los individuos comparten historias de sentirse aislados, solos, como si fueran la única persona indocumentada en los alrededores, hasta que fueron expuestos al movimiento social.
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Debido a la inclusión en el sistema educativo, muchos jóvenes no conocen acerca de su estatus mientras crecen; algunos sólo se enteran cuando ven a sus compañeros en la adolescencia ir por los “rituales de paso” típicos de la sociedad norteamericana, como aplicar para la licencia de manejo, trabajos, o para ir la universidad. Cuando los jóvenes «toman conciencia y llegan a entender su estatus bajo la ley, es cuando empiezan a notar la diferencia legal y sus efectos» (González, 2011:603). Jessica,6 una joven indocumentada de Nueva York recuerda el intento de buscar trabajo, ilustrando este fenómeno: Cualquier joven puede aplicar y obtener un trabajo de verano, yo también quería [...] llené la solicitud pero necesitaba un número de seguridad social [...] No sabía lo que era eso. [...] Yo no estaba consciente de ello, así que le pregunté a mi maestro [...] Él me dijo que estaba seguro de que todo el mundo tenía uno. Volví a casa y le pregunté a mi mamá si podía conseguir un simple número para terminar con la solicitud.
Esta experiencia marca la transición de Jessica, de una falta de conocimiento, a un estado de conciencia sobre su estatus, pero no necesariamente una completa comprensión; los jóvenes deben aprender a “ser ilegales”, lo que requiere experimentar de primera mano las implicaciones que su estatus conlleva (González, 2011). Aquí radica una diferencia importante entre el salir del clóset sobre el estatus migratorio versus la orientación sexual. Mientras que el segundo requiere una negociación personal de decisiones para revelarlo a los padres, el primero puede implicar que los padres retengan información a los hijos. Tal y como explicó Jessica, el estatus migratorio “no es algo de lo que hablamos en la mesa o que mi madre alguna vez mencione [...] lo evita”, lo cual significa que hasta hace poco, ella ha escondido completamente su estatus a sus compañeros. Mientras que algunos activistas prefieren firmar peticiones, hacer campaña y llamar a los políticos, otros marchan, hacen huelgas de hambre, bloquean espacios Los nombres han sido cambiados para proteger el anonimato.
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públicos, toman las oficinas de políticos, cruzan la frontera de los Estados Unidos con México y corren el riesgo de ser arrestados con el fin de crear conciencia. Cristina es del último tipo, una mujer increíblemente activa, abierta y audaz que ha protestado con frecuencia, cometido actos de desobediencia civil7 y que ha sido detenida a consecuencia de ello. Mientras orgullosamente porta una camiseta con las palabras “sin papeles, sin miedo, sin disculpas” para nuestra entrevista, reflexiona sobre cuando su estatus era un secreto: Cristina: Yo sabía desde antes que había algo diferente en mí. No estaba muy segura de cómo se fue definiendo [...] me trataban completamente diferente. Ahora me doy cuenta de que yo era completamente diferente, que no debía estar aquí, y de que la gente va a tratarme de manera diferente a causa de ello, así fue cuando caí en cuenta sobre mi estatus. Definitivamente me golpeó con toda fuerza.
¿Fuiste abierta y sincera sobre tu estatus en la preparatoria, una vez que te enteraste de porqué eras diferente? No, no en lo absoluto. Todavía era muy temido. Estuvo arraigado en mí desde el principio [...] Era sólo el miedo de que de alguna manera, alguien vendría a tocar mi puerta y a decirme: lo siento, no perteneces aquí. Te tienes que ir de regreso a tu país [...] Sólo estaba preocupada de que si decía algo mis padres serían enviados de vuelta y todo sería mi culpa. Por lo tanto, yo no quería decirle a nadie.
La reflexión de Cristina ejemplifica el miedo como una emoción predominante, la aquiescencia del estatus y el papel que juegan las relaciones en la acción popular. Tal y como escribe McLean (2007), sobre el salir del clóset, “el desarrollo 7 La desobediencia civil puede ser utilizada, pero no es necesariamente una característica dentro de los movimientos sociales. Sólo una pequeña fracción de los jóvenes activistas indocumentados participan en tales actos, por ejemplo protestando, públicamente por el doble propósito de sensibilización y el de ser arrestado. Según Rawls, la desobediencia civil es “un acto público, no violento y de consciencia pero político, contrario a la ley, que generalmente se hace con el objetivo de lograr un cambio en la ley o las políticas del gobierno” (en Corlett, 1997:242). Corlett, citando a Rawls, explica también que los actos son públicos, nunca encubiertos, planificados; “el arresto y el castigo se aceptan sin incidentes o resistencia” y “esencialmente, la desobediencia civil es un intento de influir en las opiniones y las prácticas de la mayoría gobernante apelando a su sentido de justicia” (Corlett, 1997: 242, 244).
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de la identidad, en primera instancia, puede ser un poco más complejo que simplemente darse cuenta de que uno es ‘diferente’ y luego el de revelar este hecho a los demás”, por lo tanto, el estar consciente frente a la comprensión de las implicaciones derivadas de la condición propia del estatus, pueden compararse con los procesos de salir del clóset sobre la orientación sexual, en ambos pueden entrañar confusión y desarrollo de la identidad, conciencia, conocimiento y aceptación. En la historia de Cristina destaca que los activistas no toman decisiones simplemente como individuos aislados, sino más bien por sus relaciones con otras personas, la garantía de que otros en sus redes los apoyarán en sus acciones y expectativas acerca de que otros grupos harán todo lo posible para entrar en las percepciones de que si una protesta tendrá éxito, y cuáles serán los costos esperados (Goldstone y Tilly, 2001:184). La participación como activista puede potencialmente tener repercusiones en los otros miembros indocumentados de la familia, por lo tanto, la familia juega un papel importante al inculcar miedo por el deseo de proteger, así como el representar vulnerabilidad y un riesgo colateral. Durante la preparatoria, Cristina comenzó una trayectoria de transición cuando empezó a darse cuenta cómo su estatus la afectaría: Mis compañeros estaban obteniendo sus licencias de conducir, trabajos de medio tiempo, y era un poco raro. Ellos esperaban que yo estuviera haciendo estas cosas porque yo era de las mejores estudiantes, ellos sabían que yo era inteligente, se me catalogaba como líder [...] ellos pensaron “ok, esta gran líder en el campus, ¿por qué no consigue un trabajo?, ¿por qué no maneja?” Era algo que esperaban de mí. Muchas veces que me preguntaban sobre mi licencia de conducir. Es una cosa de adolescentes [...] ellos obviamente me decían: “¿cuándo vas a obtener tu licencia de conducir?” Obviamente yo inventaba mentiras [...] literalmente les decía cualquier cosa y por lo general, culpaba a mis padres de ser sobreprotectores, porque era lo único que se me ocurría.
La historia de Cristina resalta la falta de conexión entre las acciones y las expectativas, así como la creación de narrativas alternas como forma de navegar por la vida diaria, y evitar la divulgación de las verdaderas razones de por qué no participar en ciertos rituales de paso. Muchos jóvenes discutieron de manera amplia la necesidad constantemente incómoda de crear narrativas alternas como mecanismo de defensa y una manera de evitar el temor a ser juzgado por sus amigos. El estatus de inmigrante indocumentado, al igual que la homosexualidad, siguen siendo identidades estigmatizadas, dependiendo de las situaciones y 164
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circunstancias, lo que significa que muchos jóvenes prefieren no salir del clóset, mientras que “el salir del clóset pudiera ser increíblemente fácil de describir si se tratara de un acontecimiento singular acerca de reconocer el interés sexual para uno mismo y su público” (Coleman, 1982:469), es de hecho una compleja negociación de percepciones, miedos, riesgos y oportunidades. En ambas situaciones cuando se sale del clóset, hay que sopesar los beneficios, riesgos, necesidades e intereses con cada persona nueva que se conoce al decidir divulgar lo que mantienen oculto, pero que es una parte importante de su identidad. A diferencia de Jessica y Cristina, María sabía que ella era indocumentada y no lo ocultaba de sus compañeros: Siempre supe. Mi madre siempre me decía: “usted no tiene papeles, así que va a tener que trabajar lo doble de duro”. Pero nunca creí realmente que tendría el mismo impacto en mí, porque fui criada aquí. Aprendí a hablar inglés, iba a la escuela. Siempre pensé que era un ambiente diferente, pero de todos modos tuvo un impacto similar.
La historia de María es similar a la de otros jóvenes indocumentados que creen que debido a su incorporación al sistema educativo de los Estados Unidos, su estatus no los afectará de la misma manera como lo ha hecho con sus padres. La forma de la madre de María de abordar abiertamente el estatus fue muy diferente a la de los padres de Cristina o de Jessica, el crecer sabiendo y siendo abierto sobre el estatus no es suficiente para impulsar a una persona al activismo. Para las personas que crecieron sin experimentar, o sin darse cuenta, de las barreras y la discriminación que el estatus representa, la condición de indocumentado puede no jugar un papel importante en su identidad. Luiza, una activa indocumentada brasileño-americana y líder dentro de su comunidad, explica por qué cree que algunas personas no salen del clóset sobre su estatus: “Depende de la familia de la persona. A algunos padres les asusta y dicen que no puedes decirle a nadie. Mis padres realmente nunca hicieron eso, así que en realidad nunca estuve asustada”. La apertura o la secrecía de los padres juegan un factor, tanto para salir del clóset como en la participación en movimientos sociales, pero no necesariamente para siempre, como es evidente en las historias de Jessica y Cristina. Puede muy bien ser que los jóvenes con familias que prefieren ocultar, en lugar de revelar, ni salen del clóset, ni participan, debido al temor arraigado en ellos, la falta de apoyo por parte de los padres en el asunto, y los riesgos percibidos para la unidad familiar, no sólo la del participante en lo individual. Los padres que fomentan la 165
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secrecía y un activismo menos arriesgado, o ninguno en absoluto, lo hacen por el deseo de protegerlos de las críticas, la discriminación, o la deportación. Mientras que los jóvenes dentro del DACA tienen significativamente una mayor protección y el derecho a permanecer en los Estados Unidos durante dos años, poco se sabe acerca de la extensión de protección que esta situación les brinda. Los jóvenes pueden creer que la deportación no es un riesgo, pero esta puede no ser la realidad. El activismo de la juventud, aunque ahora más protegido que antes, puede tener consecuencias negativas para los miembros de la familia sin protección, lo cual es un riesgo adicional que deben evaluar, la oportunidad está siempre en la interacción con las amenazas actuales y represivas (Goldstone y McAdam, 2001:193).
Dentro del movimiento liderado por jóvenes indocumentados existe una variedad de discursos que han sido tomados y adaptados del movimiento por los derechos LGBT. El término “aliado” se utiliza para referirse a las personas que apoyan el movimiento, pero que son residentes legales y/o permanentes o ciudadanos estadounidenses. Salir del clóset también se utiliza con frecuencia como: un proceso de descubrimiento en el que el individuo se despoja de una identidad heterosexual falsa y trata de identificarse correctamente y etiquetar su propia esencia verdadera, que es ser homosexual (Rust, 1993:53). Del mismo modo, salir del clóset en el sentido de indocumentado es un proceso multidimensional que involucra el descubrimiento acerca de su estatus y de uno mismo, negociando con una identidad estigmatizada y compartiendo el estatus con otros. Mientras que el salir del clóset significa tomar conciencia y revelar la orientación e identidad a los demás, a la inversa, el estar en el clóset significa vivir sin revelar la orientación o la identidad (Rasmussen, 2004:144). En el movimiento de indocumentados, el término correlación es “vivir en las sombras”, mientras que “estar en el clóset” es un término ampliamente utilizado, algunos investigadores argumentan en contra de la metáfora, ya que creen que esto presenta una identidad basada en binarios problemáticos y esencialismos (véase, por ejemplo Phelan, 1993; Seidman, 2004). Los primeros modelos describen el salir del clóset como un acto único (véase, por ejemplo Dank, 1971; Hooker, 1967), y pronto fueron seguidos por un proceso lineal aunque de múltiples pasos (por ejemplo, Cass, 1979; Coleman,
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1981). Recientemente, los teóricos indican que el salir del clóset es un proceso multidimensional con una constante negociación de identidad; el proceso podrá no proceder de forma lineal y podrá incluir regresos al clóset en varias ocasiones dependiendo de las situaciones y el contexto (véase, por ejemplo McLean, 2007; Morris 1997; Mosher, 2001). Algunos investigadores estudiosos sobre “el salir del clóset”, creen firmemente que la divulgación es importante para un desarrollo positivo de identidad y fundamental para vivir una vida plena, de forma abierta y honesta (véase, por ejemplo Coleman 1981; Vargo 1989). Para los que siguen “en el clóset”, el no salir puede tener consecuencias negativas para el desarrollo personal y la identidad, puede sacrificar la integridad, y tener efectos dañinos hacia uno mismo (véase, por ejemplo Mosher, 2001; Vargo, 1989). Permaneciendo en el clóset puede consecuentemente llevar a la confusión continua, la disonancia, la vergüenza o la culpa; la historia de Leonardo ejemplifica estas consecuencias: Mis padres en realidad nunca me dijeron que era indocumentado, pero siempre me dijeron que iba a ser muy difícil [...] comencé a estar avergonzado de ser un inmigrante. Es algo así como una crisis de identidad. Comienzas a sentirte como si tuvieras una doble vida. Empiezas a esconderte. Sientes que no puedes ser tú mismo, porque están todas estas cosas legales detrás de ti. Fue duro. A lo largo de la preparatoria, en realidad nadie sabía de mi estatus.
Los sentimientos de Leonardo demuestran las tensiones internas, la vergüenza y el estado de confusión al ocultar una parte importante de su identidad, tanto a sí mismo y como a los demás, no obstante, cuando Leonardo entró a la universidad, se unió a un club que se centraba en los derechos humanos y la justicia social, ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar: Yo siempre digo que ir a este club me hizo convertirme en este activista [...] sabía que había algo que sucedía en el Congreso sobre los estudiantes indocumentados, pero nunca me tomé el tiempo para investigarlo. En esta organización estudiantil tuvieron un evento sobre inmigración. En ese momento todavía no había salido del clóset […] pero fue ahí cuando me di cuenta de que tenía que estar involucrado. Recuerdo cuando estaban planeando el evento que decían “oh, tenemos que conseguir a un estudiante indocumentado. Le daría una perspectiva tan personal y poderosa, especialmente a estudiantes que no entienden el problema”. Empecé a pensar que tal vez si yo salía del clóset a estudiantes indocumentados, a la gente, tal vez esa es mi misión. Abrir los ojos a las persona. 167
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Mientras que Leonardo fue presentado directa y positivamente para compartir su historia, no fue suficiente para que saliera del clóset, ni para unirse a otros en el movimiento. Estuvo activo, pero no tanto como para ser un activista: Empecé a llamar a senadores [...] Yo conocía a muchos estudiantes indocumentados, pero eran los mismos estudiantes indocumentados que no querían hacer nada, en términos de activismo [...] la mayoría de los estudiantes indocumentados alcanzan un determinado punto en el que saben que no van a ser capaces de seguir adelante [...] no van a ser capaces de realizar sus sueños. Muchos estudiantes piensan “¿Cuál es el punto? Ni siquiera tengo una voz para votar. ¿Con quién voy a hablar acerca de este tema?” Muchos de los estudiantes no hacen nada al respecto.
A pesar de que comparte un estatus migratorio con sus compañeros, su pasión personal, combinada con la esperanza de un cambio, lo diferenció y lo empujó a la acción, en la ausencia de una red existente a través de la cual organizarse. Por lo tanto, al examinar los movimientos, tenemos que desafiar “los hallazgos más reconocidos en la investigación del movimiento social”, es decir, “la idea de que las relaciones sociales anteriores funcionan como base para reclutar, y que las situaciones sociales establecidas son el lugar de emergencia del movimiento” (Diani, 2003:7) Por otra parte, mientras que las emociones negativas como la ira, la desesperación y el miedo son factores de empuje para la participación en los movimientos sociales, “en y por sí mismo, no es probable que la ira produzca una acción colectiva organizada [...] es sólo cuando la ira se une con la esperanza, que las formas de acción que normalmente asociamos con los movimientos sociales y las revoluciones son propensas a tener que llevarse a cabo” (Aminzade y McAdam, 2001:32). Si bien las relaciones sociales anteriores, las redes y el reclutamiento son importantes factores de atracción (ver Diani, 2003; Gould, 2003), el caso de Leonardo ilustra la esperanza de un cambio como un factor de atracción adicional y necesario, junto con estructuras de oportunidades externas. Ana, una aliada activa y directora de un club universitario dedicado a la reforma migratoria en Massachusetts, acordó enviar la/nuestra solicitud de entrevistas a los miembros del grupo, así como de reunirse para discutir su participación en el club. Se le preguntó si sabía quiénes eran los estudiantes indocumentados como una manera de entender mejor la cultura de club, y la apertura sobre el estatus. Anna explicó: “Sé de algunos de ellos que lo son [...] ahí está la parte complicada 168
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de la situación [...] Algunos son más abiertos acerca de su estatus, de algunos no tengo ni idea si son dreamers 8 o no. Y mientras no vengan a pedirme ayuda, no es relevante [...] nunca se nos da una lista de nombres ni nada”. Cuando se trata con identidades estigmatizadas tales como la orientación sexual o el estatus de inmigrante indocumentado, la secrecía sigue siendo frecuente ya que los individuos deben sopesar los riesgos y los beneficios relacionados con la auto revelación. Ambas identidades representan a una “minoría oculta”, pues la orientación sexual, al igual que el estatus de migratorio, no son necesariamente una característica visible (Morris, 1997:2). Aunque Connell (2012), encontró que los entornos de política organizacional positivos son factores importantes para empoderar a salir del clóset a maestros LGBT, a los jóvenes en las organizaciones, tanto de Ana en Massachusetts y la de Leonardo en Connecticut. Los entornos positivos que luchan por los derechos de los inmigrantes indocumentados, están necesariamente obligados a compartir su estatus. El club de Ana no obliga a salir del clóset públicamente, debido al incierto y cambiante entorno jurídico y político existente, en contraste con otras organizaciones que promueven la divulgación completa y la desobediencia civil. Al contrario, Ana ha afirmado que la organización se centra en la creación de un ambiente donde la gente puede participar sin el imperativo de tener que salir del clóset: Nunca especifico si soy un dreamer o no, y no es porque quiera que sea un misterio, como ‘tal vez ella lo es, o tal vez no lo es’. Creo que eso obligaría, sería como sentar una especie de precedente sobre que las personas que son aliados a decir que son aliados, y quienes no hayan dicho nada automáticamente serían dreamers.
Aquí radica una complejidad adicional a salir del clóset y la participación en un movimiento de indocumentados. Existe una idealización respecto a salir del clóset que posiciona tal acción como buena, ya que permite el desarrollo saludable de la identidad sexual, y posiciona el no revelar la información como algo malo (McLean, 2001:154). Algunos investigadores del movimiento LGBT creen que las personas que (no cumplen con su deber de salir del clóset pueden ser marcados como ausentes, 8 “Dreamers” (soñadores) es otro término positivo para los jóvenes indocumentados, inspirado de la propuesta de ley DREAM, lo que daría una vía condicionada a la ciudadanía a jóvenes indocumentados elegibles.
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mientras que aquellos que sí salen del clóset puedan ser celebrados como modelos a seguir que promueven la tolerancia y la inclusividad, empoderándose a sí mismos y a otros” (Rasmussen, 2004:145). De manera importante continúa Rasmussen, este es uno de los problemas asociados con muchos de los discursos relacionados con el salir del clóset. En esta organización (LGBT) en particular, el no compartir el estatus es el precedente, ya que se tiene mucho cuidado por parte de los líderes de ser lo más inclusivos posible, en lugar de perpetuar la falta de deshonestidad, la vergüenza, o la represión. Los estudiantes pueden sentirse motivados a participar ya que no sienten este imperativo que mitiga los riesgos de participación. Y mientras que Eduardo, uno de sus miembros, compartió su estatus con el club, citando el entorno único, no consideró esta salida del clóset: Este es un ambiente diferente, porque me siento como la mayoría de estos niños que también son indocumentados, y los que no lo son están realmente conectados a alguien que está dentro, o son verdaderamente discretos al respecto. No siento como que eso sea “el salir del clóset”. Siento como que “salir del clóset” es hacerlo con alguien que no tiene idea.
Según Rasmussen (2004), el problema de salir del clóset no se encuentra en el deseo de un individuo para identificarse como lesbiana o gay, sino más bien en el sentido de que los discursos dominantes en relación a la política de gays y lesbianas tiende a no ofrecer ninguna alternativa moral excepto el salir del clóset. Mientras que una organización como esta puede ser criticada por otras organizaciones, en donde las salidas públicas son la norma, esta organización en particular está llenando un vacío importante y creando una alternativa, reconociendo que el salir del clóset no es necesariamente una opción o un objetivo deseado por todas las personas. Este enfoque, sin embargo, no está exento de dificultades imprevistas y adicionales; en un esfuerzo para dar la bienvenida a todos. Los posibles participantes podrían dejar de tomar parte, perdiendo una oportunidad para la acción. Cuando se le preguntó si había participado en la organización de Ana, Carlos dijo: “el año pasado lo hice, pero ninguno de ellos allí es indocumentado [...] parecía que nadie lo era. No he ido este año”. Además de estar muy ocupado, los intereses y las percepciones de Carlos no coincidieron con la imagen pública de ese grupo. La identidad individual y la identificación con el grupo son importantes: “la presencia de la solidaridad, la construcción de identidades compartidas, 170
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el sentimiento de injusticia, la creación de organizaciones sustentables” son “intrínsecas a los movimientos sociales” (Tilly, 1998:469). Es “la sensación palpable del nosotros que define los momentos cumbres de la acción colectiva” (Aminzade y McAdam, 2001:43). La historia de Carlos indica su percibida falta de un nosotros, de esperanza y orgullo colectivo, que proporcionan “una importante fuente de energía para los activistas en todas las fases de un movimiento social” (ibíd:47). Si bien los esfuerzos de inclusión son necesarios para su incorporación, tienen también consecuencias negativas y no intencionales que pueden desalentar la participación.
Los dos actos, tanto el de salir del clóset como el de participar en un movimiento, independiente o colectivo, ocurren después de evaluar las oportunidades reales o las percibidas, las amenazas, el miedo y el apoyo, junto con las experiencias personales, los pensamientos y los sentimientos (véase, por ejemplo Rasmussen, 2004; Goldstone y Tilly, 2001). Adriana explicó de manera convincente la historia de cuando salió del clóset con relación a participar en un movimiento: “Estoy convencida, porque yo misma estoy trabajando en él. Nunca es un acontecimiento aislado. Puede haber un único evento que detona o te lleva a ese último empujón. Pero hay una serie de cosas que se acumulan [...] pequeñas cosas que comienzan a suceder”. Escobar (2008) escribe: “la decisión de un activista de unirse a un movimiento a menudo resulta de una combinación de consideraciones intuitivas, emocionales y racionales, pero sucede más por un ‘cambio’ hacia situaciones atractivas o agentes, más que por un totalmente explícito conjunto de decisiones”. Si bien puede ser posible identificar un punto de ruptura, es casi imposible, reducir la motivación y la causalidad a una acción en particular, la experiencia o la temporalidad. En efecto, tal y como escribe Escobar, las “atracciones” a un movimiento “serían imposibles de explicar como resultado de una sola fuerza motora” (ibíd). Las emociones, la oportunidad percibida, la injusticia experimentada, las futuras amenazas de opresión o pérdida del estatus, y la complicada relación entre los desafiadores y los desafiados (véase Goldstone y Tilly, 2001), resultan todos en complejos y dinámicos factores de empuje y atracción para que una persona participe o salga del clóset. Adriana relató cronológicamente la serie de acontecimientos que la condujeron a salir del clóset, haciendo referencia a su interés por la política, 171
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la campaña presidencial en 2008 de Obama y su participación en un curso de ciencia política en la universidad. El curso tenía una excursión planeada a Washington D.C., para asistir a la toma de posesión de Obama, para lo cual era necesario llenar una solicitud con información personal, incluyendo el estatus de ciudadanía. Adriana declaró “esa fue la primera vez que sentí que no estaba segura. Esa fue la primera vez que era ‘real’ y yo estaba aterrorizada”. Pero mientras Adriana aprendió más acerca de ser indocumentada, incluyendo los mitos frente a realidades relacionadas con la vida cotidiana, el viajar, el empleo y la educación, el temor disminuyó sólo para ser reemplazado por la frustración. El siguiente semestre se inscribió en un seminario de la universidad, que involucraba un viaje a Nicaragua: Todos los de la clase fueron. Tuve un amigo muy cercano en esa clase y me sentí muy presionada [...] Había un constante “¿por qué no vas?, ¿es una cuestión de dinero? Todos podemos ayudarte a recaudar dinero” Y yo decía: “no, es que simplemente no puedo ir…” Ahí es cuando se convierte en molesto. Tienes que inventar historias. No estás siendo fiel a ti mismo o a las personas que te rodean, es como una manera de protegerse. Pero es que realmente estás asustado, avergonzado y también existe un estigma. Así que ese semestre le conté a mi profesor, y de alguna manera fue el principio de salir del clóset, pero aún seguía estando mucho en las sombras.
Aunque todavía en las primeras etapas de salir del clóset y de participación en los movimientos, la molestia constante, la vergüenza, y la construcción de falsas narrativas habían pasado factura en Adriana, al igual que afectan negativamente a otros con estatus LGBT o estatus de inmigrante indocumentado. Los estudiosos de los grupos LGBT creen que el salir del clóset consiste en “etapas dinámicas, que se mueven entre descubrimientos internos y luchas, de la autorevelación a la eventual integración de una relación dinámica y fluida” (Mosher, 2001:165). Antes de salir del clóset, las personas con frecuencia experimentan confusión, desconcierto, vergüenza y estigmatización, lo que eventualmente puede dar lugar a la formación de una identidad positiva tras la salida del clóset (véase, por ejemplo Carrión y Lock, 1997; Mosher, 2001). Adriana siguió recordando la relación entre el salir del clóset y la participación en el movimiento, demostrando la naturaleza multidimensional y procesual de ambos. El verano siguiente fue contratada como becaria de investigación, pero debido a su estatus migratorio, no fue remunerada por su trabajo: Sentí como que ese fue el punto de quiebre para mí. Al principio del siguiente semestre, se nos dieron los certificados del programa. La distinción fue muy cla-
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ra para mí ese día porque éramos once. Yo estaba parada allí y había recibido mi certificado, pero no podía recibir el pago de esa beca universitaria [...] esa era la primera vez que me sentí como si estuviera viendo a todas esas personas que habían hecho el mismo tipo de trabajo, aunque creo que yo hasta trabajé más duro, y todos estaban siendo remunerados y yo no. Y había una clara distinción en mi cabeza. Era una sensación muy fuerte. Y a partir de ahí, hice mucho.
Es importante destacar que para Adriana, el salir del clóset y participar en un movimiento estaban muy relacionados entre sí e implicaban emociones intensas, injusticias percibidas y experiencias de primera mano, de las barreras que la falta de un estatus legal impone. El salir del clóset, así como el tener conciencia sobre el estatus, a menudo implica emociones tales como confusión, frustración y vergüenza (véase, por ejemplo Connell 2012; McLean, 2007; Mosher, 2011). Por otra parte, las emociones son “factores clave” en el activismo político, y “los sentimientos que llevan a la gente a las calles, que los hace enfrentarse a fuerzas superiores, y los vincula a personas que apenas conocen y que tal vez nunca vuelvan a ver son varios, difíciles de conseguir y a menudo de empoderamiento” (Tarrow, 2001:4,8). El salir del clóset, buscar oportunidades de participación o ambas, supone el cálculo de riesgos, incluido el sopesar los sentimientos de frustración, soledad y desesperación frente a los beneficios potenciales de salir del mismo. Mientras que la injusticia puede no ser lo que impulsa a una persona a salir del clóset, sí juega un papel importante en el activismo social y político ya que: “los movimientos sociales permiten a los grupos oprimidos, que experimentan emociones no convencionales [...] buscar a aquellos que comparten su situación y a apuntar colectivamente su ira y orgullo hacia las instituciones públicas” (Aminzade y McAdam, 2001:25). Adriana fue motivada a salir del clóset por su profesor debido a las emociones negativas causadas por su estatus, sin embargo, cuando el estatus migratorio pasó de ser un obstáculo de oportunidades a un medio para distinguir, discriminar, y bloquear la remuneración por un trabajo, la injusticia la empujó a la acción dentro de un movimiento social. En el núcleo de los movimientos sociales se encuentra el deseo colectivo de corregir un error (véase, por ejemplo Diani, 1992; McAdam et al, 1996; Tilly, 1998). La experiencia de primera mano es poderosa para despertar a los individuos hacia la injusticia y la desigualdad que les rodea, también el “conocimiento experimental ayuda a conectar el conocimiento abstracto de injusticia con la emoción de indignación moral” (Gamson, 1995:104). Los encuestados que dijeron que no se habían enfrentado a injusticias estaban entre aquellos que normalmente no
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participan, aunque de manera importante, muchas de las historias compartidas están llenas de discriminación. Esto pone en tela de juicio a la relación entre la participación en el movimiento y la conciencia de la injusticia, así como el uso de un determinado vocabulario para describir experiencias injustas. Por último, al enterarse que la propuesta de ley DREAM y otros proyectos de reforma migratoria habían sido rechazados en 2010, Adriana contactó a un colega en una organización local: “Dije: “hasta aquí, no quiero vivir más así, ¿puedes conectarme con alguien?, porque quiero compartir mi historia”. Eso es todo lo que dije [...] nunca he pensado realmente acerca de lo importante que fue ese momento [...] suficientes cosas habían sucedido en mi vida, así que pensé: bueno, este es el momento. Éste es mi momento”. Aunque los detalles de la entrada inicial de Jessica en el movimiento son un poco diferentes, al igual que Adriana, ella compartió intensas emociones sobre el mismo fracaso político en ese año: Estaba ansiosa porque me sentía como la única afectada por esto, la única que sabía lo que estaba pasando [...] Yo no fui lo suficientemente abierta como para compartirlo con nadie más, así que estaba muy ansiosa [...] a sabiendas que esto realmente podría ser o no un avance significativo en mi vida. Hubo una gran cantidad de ansiedad y no sabía y ni tenía a nadie con quien hablar. Yo estaba pasando por un momento caótico [...] Después de que la propuesta de ley DREAM no pasó [...] pensé en renunciar a todo [...] todo se terminó. En ese momento, estaba tan frustrada y no sabía qué hacer. Me puse en contacto con la organización dirigida por jóvenes.
Para Jessica, estar sola, ansiosa y desesperada fueron sentimientos centrales, ambas historias demuestran un sentido compartido de injusticia debido al fracaso político, así como miedo de seguir viviendo una vida en las sombras donde las desigualdades se harían más evidentes y opresivas. La investigación de los movimientos sociales ha encontrado que “el incremento de la represión conduce a un aumento en la movilización de protesta y la acción” (Goldstone y Tilly, 2001:181), tal vez factores decisivos para ambas mujeres, sin embargo, tanto las emociones positivas y negativas juegan un papel clave: “la ira en el caso de la injusticia percibida y la esperanza con respecto a las perspectivas de cambio” (Aminzade y McAdam, 2001:31). Mientras que ambas tomaron riesgos, probablemente lo hicieron no debido a la falta de conciencia, sino porque “los costos de no actuar parecían demasiado 174
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grandes” (Goldstone y Tilly, 2001:181). La vida con un estatus de inmigrante indocumentado, estatus quo, pone de manifiesto que “no a toda movilización [...] le sigue un aumento de oportunidades” (ibíd:183), sino más bien podrían seguirle continuos fracasos.
Ambas mujeres describen emociones negativas en el pasado, revelando las relaciones entre las emociones y el salir del clóset, las emociones y la participación en el movimiento. En estos ejemplos, como en otros, la reflexión psicológica social, el sentido de la injusticia, la esperanza de un cambio y las oportunidades externas crean una compleja combinación de factores de empuje y atracción. Tradicionalmente, los investigadores de los movimientos sociales han estado excesivamente preocupados por el estudio de las estructuras ambientales externas en detrimento de los procesos psicológicos sociales y personales (véase, por ejemplo Aminzade y McAdam, 2001; McAdam y Paulsen, 1993; Tarrow, 2001). McAdam escribe: “sin especificar los mecanismos que dan cuenta del efecto, los investigadores de los movimientos son culpables de probar una explicación estructural determinista [...] el potencial para la autonomía individual y la elección es negada en gran medida, sustituido por una concepción del individuo, como actuar en consecuencia de, en lugar de sólo actuar” (2003:287), esto además pone en cuestión la agencia de una persona, en especial cuando se identifica normalmente como vulnerable. Los sentimientos negativos del pasado se sustituyeron por “un fuerte sentido de liberación” cuando Adriana salió del clóset por primera vez en una conferencia política local. Este ejemplo ilustra además la temporalidad de las emociones en los movimientos sociales, en el que los sentimientos negativos se conectan con el pasado y los positivos con el presente o el futuro (ver Aminzade y McAdam, 2001). Estos ejemplos, junto con la investigación existente, ilustran que las emociones juegan un papel predominante en las narrativas sobre salir del clóset y de cómo influencian la entrada inicial hacia un movimiento social, lo que indica el valor de las emociones en la investigación de los movimientos sociales. Según un encuestado en el estudio de Rhoads (1995), sobre hombres homosexuales, el salir del clóset significa rechazar las connotaciones negativas asociadas a la identidad “y el sólo decirte a ti mismo que nada de eso importa tanto como tú”, es decir, “dejar fuera todo el odio internalizado, el miedo, la desconfianza en 175
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sí mismo, y falta de valor propio [...] es el punto de ruptura. O se sale del clóset o de alguna manera se muere”. Este punto de ruptura, implica un sentido extremo de desesperación, indicado por Jessica cuando comenta: “todo se terminó” y por Adriana con: “hasta aquí”, es predominante en los relatos de otros jóvenes. La literatura de los movimientos sociales indica que los riesgos que a menudo toman los activistas no son necesariamente porque los involucrados no tenían conocimiento de los mismos, sino por la valoración positiva de los beneficios y del éxito (Goldstone y Tilly, 2001). El salir del clóset y la participación implican riesgos, los beneficios de despojarse de una identidad marginada, encontrar el sentido propio de sí mismo y de otros como uno, y de convertirse en un agente activo, son todos premios potenciales. En efecto, en estos ejemplos, existe riesgo asociado a la inacción, resultando en quedar en el “oscuro” status quo, avergonzado, miedoso, y solo. La transición de la soledad, vergüenza y desesperación a la solidaridad es compartida por Angela de Nueva Jersey: Fue increíble. Fue constatar que no estás sólo, porque [...] te sientes verdaderamente solo, especialmente cuando estás en una comunidad donde realmente no se habla [del estatus de inmigrante indocumentado] te sientes como si fueras el único”. La historia de Leonardo revela un similar sentido de alivio cuando decide asistir a un evento y salir del clóset: Ese día fue muy emotivo. Había muchos estudiantes indocumentados allí y también muchos aliados. La gente hablaba de diferentes temas. Yo pensé: ‘oh Dios mío, están pasando por las mismas cosas que yo’ [...] encontré un grupo al cual pertenecer. Esa fue la primera vez que me puse de pie y compartí mi historia y les dije (he estado llamando a senadores durante los últimos meses, por mi cuenta. gracias a Dios los encontré chicos). Fue realmente empoderador.
El “salir del clóset con los demás crea una nueva conciencia de identidad” (Mosher, 2001:168), la participación en los movimientos sociales de forma similar permite a los individuos “reevaluar sus identidades mediante la sustitución de la vergüenza con el orgullo” (Aminzade y McAdam, 2001:21). Tal y como Jessica recuerda: “sientes orgullo, te sientes realmente orgullosa [...] sabíamos que no teníamos que ocultarlo”. Jessica, Angela y Leonardo viven en estados diferentes y participan en diferentes organizaciones, pero la prevalencia de emociones, incluyendo las sensaciones negativas del pasado y el sentido actual de solidaridad son similares. Por lo tanto, unirse al movimiento social es un medio y un fin; los movimientos sociales 176
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“trabajan hacia la solución de problemas” de naturaleza externa y estructural, pero “en el proceso de fijar un objetivo de estos problemas, también trabajan en sí mismos” (Silver, 1997:498). Al encontrar a otros que atraviesan dificultades y confusiones similares, las personas pueden beneficiarse del “nosotros” que resulta del reclamo de su identidad, el orgullo y el sentido de sí mismo sin dejar de luchar por un cambio legislativo. Sheila, una activa y atrevida activista de Nueva York hace eco a esta idea: Eres capaz de reclamar tu dignidad, recuperar tu historia. Hago hincapié en la recuperación. Crecimos con nuestra sociedad llamándonos ilegales, extranjeros. No hay tiempo para respirar y reconocer que somos humanos [...] ahora los jóvenes indocumentados están cometiendo suicidio a una tasa más elevada [...] eso también me obliga a salir del clóset porque sé que hay otros jóvenes que están pasando por lo que yo pasé. Si alguien no hubiera compartido su historia conmigo, yo tampoco estaría aquí.
Aunque no se indican explícitamente las palabras, la historia de Sheila puede leerse a través de una lente de orgullo y vergüenza, las “emociones dominantes” que pueden ser utilizadas para movilizar a otros participantes o promover la participación (Aminzade y McAdam, 2001:22, 24). Existe un sentido inequívoco de orgullo, solidaridad y pertenencia a la comunidad indocumentada, tal vez una rareza para los jóvenes que de otra manera cuestionarían su papel en la sociedad, incluyendo sí y a dónde pertenecen. Si bien estos elementos son fundamentales, Sheila añade la ventaja adicional de salir del clóset: la supervivencia cotidiana. “Es una táctica, ¿no? Si algo fuese a suceder, habría un revuelo dentro de nuestras comunidades. Ellos saben que es mejor no hacer algo [...] Confía en mí, tratamos de hacer lo mejor”. La perspectiva que tiene el grupo de Sheila puede parecer irónica: mientras más gente te conozca y sepa de tu estatus, estarás más seguro, por lo que el salir del clóset es imperativo en la estrategia de su movilidad, pero no para todas las organizaciones; el salir del clóset se utiliza no sólo para crear conciencia pública, sino también como una estrategia de supervivencia cotidiana. El fundamento es que si alguien estuviese en un procedimiento de detención o deportación, la red de indocumentados se movilizaría hasta ejercer una gran presión sobre las autoridades lo que supuestamente detendría el proceso. En tales situaciones, la estrategia es centrarse en la meritoriedad, la inocencia, y las contribuciones de los jóvenes a la sociedad, junto con las dificultades asociadas con el ser deportado a un país que no se conoce. Algunos jóvenes detenidos han sido capaces 177
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de buscar apoyo, asesoría y acción legal a través de las organizaciones existentes, de manera importante, esta estrategia no es infalible, ya que no siempre se ha tenido éxito en detener las deportaciones (véase, por ejemplo Educación no deportación).9 El DACA ha dado a los jóvenes un sentido renovado de liberación; siempre y cuando se les conceda los dos años de estancia legal, y puedan sentir mitigado el riesgo de deportación asociado con la acción política, si no es que completamente eliminado. Como dijo un joven de Long Island: “una vez que tenga el respaldo del DACA, entonces voy a ser capaz de salir más del clóset, posiblemente participar en campañas, ayudar a otras personas”. Debido a lo reciente del DACA, y al constante cambio en la legislación, no se puede estar seguro sobre las repercusiones a corto y largo plazo, asociadas con la participación, así como el proporcionar amplia información personal a las autoridades; el DACA puede hacer a los jóvenes menos invisibles, pero no es invencible.
Con las historias antes mencionadas, puede ser difícil de creer que sólo unos pocos miles de un total de 2.4 millones de jóvenes indocumentados participen en movimientos liderados por otros jóvenes indocumentados; algunos todavía prefieren ocultar su estatus, o continuan siendo escépticos sobre el DACA. Tal y como Connell (2012) escribe, “el imperativo casi omnipresente para salir del clóset elude el cruzar identidades y circunstancias de vida”, donde una variedad de factores personales, familiares, temporales, geográficos y sociales influyen en las oportunidades y riesgos asociados con el salir del clóset. Adicionalmente, Ana, una alidada, resume: “no estoy segura de qué tan informados están los estudiantes antes de salir del clóset. Incluso si es que lo están […] cuando todo lo que tienes son voces a tu alrededor diciéndote las cosas buenas que van a resultar de ello, no estoy segura de cuántos de ellos están totalmente preparados para el otro lado”. En sus palabras, Adriana expresa que lo que más limita al activismo es el miedo, los datos empíricos revelan que este es sin duda una influencia significativa. En la encuesta anónima distribuida en Connecticut, los jóvenes clasificaron al miedo como un factor importante, el temor a las críticas, la vergüenza, el rechazo, la reducción de la seguridad, el ser considerado como un criminal, o ser deportado, incluso después del DACA. Además, las cuestiones de falta de tiempo, recursos y Education Not Deportation.
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transportación siguen desempeñando un factor atenuante de la participación en un movimiento. Cuando se le preguntó por qué no participaba una mujer en Massachusetts declaró: “no hay muchas cosas por aquí y como yo no manejo, es difícil para mí llegar a otros lugares”. También, cuando a una mujer en Dallas le preguntaron qué la cambiaría de una activista pasiva a por ejemplo, participar en marchas, tomar más riesgos y ser más activa, ella respondió: “tal vez si yo no pudiera soportarlo más, que realmente lo dudo [...] creo que llegara al punto de abuso físico, haría algo más agresivo y no necesariamente físicamente agresivo”. Si bien lo anterior es una pregunta hipotética, es incierta en cuanto a la complicada mezcla de circunstancias, la emoción, la temporalidad, las oportunidades, los riesgos y la injusticia, que podrían llevar a este individuo a convertirse en un activista. Finalmente, la literatura LGBT sobre salir del clóset puede revelar aspectos adicionales de la participación en un movimiento social. Tanto la identidad sexual y el salir del clóset son procesos fluidos, dinámicos, multifacéticos y complejos (véase, por ejemplo McLean, 2007; Morris, 1997; Mosher, 2001; Rasmussen, 2004), salir del clóset nunca es un acto completo, sino más bien un acto que se debe optar por hacer, o no, cada vez que se conozcan nuevas personas, lugares y situaciones. Salir del clóset es parte del manejo de la identidad (ver Goffman, 1988), lo que implica el control de quién sabe y qué se sabe acerca de la propia identidad. Tanto la homosexualidad y el estatus de inmigrante indocumentado son aspectos de la propia identidad posibles de ocultar, los individuos pueden optar por no revelarlo en una situación determinada, aunque pueden salir del clóset en otro momento, lugar o comunidad. Cuando a Jessica se le preguntó sobre su participación actual en el movimiento, ella respondió: Es realmente difícil. El verano fue difícil porque, obviamente al trabajar con el movimiento, estaba pensando en el tema a cada minuto, todos los días, porque yo estaba trabajando en él [...] no puedo hacer mucho aquí en la universidad. Me afecta. Me estresa mucho cuando tengo que pensar en ser indocumentada. Estoy tratando de ser una estudiante normal aquí. Te afecta tanto... hay días que necesito un descanso.
Los sentimientos de Jessica apuntan a la naturaleza que tiene el salir del clóset, el salir y regresar al clóset, característica que comparte la participación en movimientos. Esta “variación emocional” señala la “mezcla de emociones características de la ubicación temporal y social de la organización” (Aminzade y McAdam, 2001:28), mientras que los nuevos reclutas pueden estar “emocionalmente 179
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frescos”, otros pueden estar emocionalmente cansados, y salir del movimiento de forma temporal o permanente (ibíd). Jessica participó abierta y activamente en el movimiento durante su verano en la ciudad de Nueva York, ella sólo ha salido del clóset con pocas personas en su campus universitario, en cambio, intenta buscar una vida “normal”, con lo que minimiza el papel y la presencia que el estatus migratorio juega en su vida diaria. Es importante destacar que el haber salido del clóset dentro de un contexto puede llenar a un individuo con orgullo, tal y como ha mencionado anteriormente Jessica, pero en otros contextos, simplemente pensar en el estatus puede ser una fuente de estrés. Como Connell (2012) indica, salir del clóset es un proceso dinámico y específico de un contexto que “puede implicar el regresar al clóset en muchos puntos del proceso”. Los individuos pueden estratégicamente haber salido del clóset y participar; pueden percibir amenazas de ser activos y abiertos, o simplemente desean administrar estratégicamente su identidad, lo que permite que otras características salgan a un primer plano. Por lo tanto, una vida “tanto dentro como fuera del clóset” (Mosher, 2001:169) es posible, dependiendo de las circunstancias, sin embargo, mientras que los jóvenes pueden en ciertas ocasiones ser capaces de relegar su estatus a un segundo plano, tal y como lo enfatiza una mujer una vez indocumentada y ahora residente legal al decir que la experiencia “nunca te abandona”.
Una compleja ecuación de emociones, evaluación de riesgo, oportunidad, y otros factores externos y personales influyen en dos acciones importantes tratadas aquí: el salir del clóset como indocumentado, y el participar en movimientos liderados por jóvenes indocumentados. La literatura LGBT sobre salir del clóset ha sido fundamental para demostrar el fluido, dinámico, multidimensional y complejo proceso emocional en ambas acciones. Si bien los jóvenes pueden citar un punto crucial de inflexión, de manera importante, ninguna causalidad particular puede ser nombrada en los procesos de toma de decisiones. Al centrarse en la naturaleza emocional de ambos procesos, podemos “reanimar la a veces robótica imagen de los seres humanos que las ciencias sociales han aportado y que nos ha permitido presentar una visión más completa de lo que está
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en juego para la gente en la vida cotidiana” (Lutz y Blanco, 1986 en Aminzade y McAdam, 2001:24). Los riesgos y beneficios contextuales, situacionales y temporales son evaluados por los individuos que deciden salir, permanecer en el clóset, convertirse en activistas, o salir de un movimiento social como parte de un manejo estratégico de identidad. Debido a la naturaleza sensible y estigmatizada de la inmigración indocumentada, puede no sorprender que sólo una pequeña parte de la población participe, al decidir evaluar el riesgo personal y familiar. Así como la decisión de salir del clóset no es un acto final, tampoco lo es la participación en un movimiento social; los individuos pueden entrar y salir del movimiento de la misma manera que pueden decidir dejar su identidad de indocumentados en la sombra, para bien o para mal. Los jóvenes indocumentados tienen menos opciones que sus compañeros ciudadanos, no son individuos completamente sin agencia y las diversas formas en las que participan en el movimiento social ilustran este factor. Sin embargo, la participación en un movimiento es una paradoja ya que es empoderadora y liberadora, y en última instancia puede volver a una persona vulnerable debido a la exposición, especialmente porque la protección del DACA es desconocida. Como muestran los datos, algunas personas buscan oportunidades y participación en vez esperar a ser reclutados, lo que habla de la naturaleza, la personalidad y las características de los individuos más que de estructuras de oportunidades. Tal y como Escobar (2008), afirma “las teorías de los movimientos sociales contemporáneas no son suficientes para explicar la complejidad de las actuales formas de acción colectiva”. Aminzade y McAdam (2001) indican un particular “silencio” en lo que respecta al papel de las emociones en la investigación de los movimientos sociales, así como el hecho de que el método de “historias de vida” ampliamente utilizado en otras disciplinas, “aún no han ocupado un lugar destacado en la investigación científica social sobre los movimientos”. Mediante la incorporación de la investigación etnográfica y examinando las razones de la juventud para salir o permanecer en el clóset, para unirse a un movimiento o no, podemos aprender mucho sobre la complicada mezcla de factores de empuje y atracción. Al ocupar el discurso emotivo un lugar destacado en estas narrativas, el foco en las emociones es a la vez muy importante e interesante, por lo que una investigación futura podría ser importante no sólo en la comprensión del papel de las emociones en los movimientos sociales, sino también cómo la participación despierta y alumbra a los individuos sobre la injusticia a su alrededor, dándoles un vocabulario especial para verbalizar experiencias, desigualdades y derechos. 181
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Si bien el futuro actual es incierto para los jóvenes indocumentados, existen importantes estructuras e instituciones que permiten a los jóvenes sentir los efectos positivos de la participación en los movimientos sociales: la solidaridad, la formación de identidad y el sentido de pertenencia, en ocasiones por primera vez en sus vidas. El determinar si el paso siguiente lo tomará el Estado o los desafiadores aún está por verse. Bibliografía Abrego, Leisy J. (2006). “I can’t go to college because I don’t have papers”: incorporation patterns of Latino undocumented youth.” Latino Studies 4(3), pp. 212-231. Abrego, Leisy J. and Roberto G. Gonzales. (2010). Blocked paths, uncertain futures: the postsecondary education and labor market prospects of undocumented Latino youth. Journal of Education for Students placed at Risk (JESPAR) 15(1): 144-157. Aminzade, Ron and Doug McAdam. (2001). Emotions and contentious politics. In Silence and voice in the study of contentious politics. Aminzade et al, eds, pp. 14-50 New York: Cambridge University Press, 2001. Benford, Robert. (1997). An insider’s critique of the social movement framing perspective. Sociological Inquiry 67(4), pp. 409-430. Bhabha, Jacqueline. (2011). From citizen to migrant: the scope of child statelessness in the twenty-first century. In Children without a state: a global human rights challenge. J. Bhabha, ed. Pp. 1-39. Cambridge: MIT Press. Carrion, Victor y James Lock. (1997). The coming out process: developmental stages for sexual minority youth. Clinical Child Psychology and Psychiatry 2, pp. 369-377. Cass, Vivienne. (1979). “Homosexual identity formation: a theoretical model”. Journal of Homosexuality 4, pp. 219-235. Coleman, Eli. (1981). “Developmental stages of the coming out process”. Journal of Homosexuality, pp. 31-43. Connell, Catherine. (2012). Dangerous disclosures. Sexuality Research and Social Policy 9: pp.168–177. Corlett, Angelo. (2010). What is civil disobedience? Philosophical Papers 26(3): 241-259. Dank, Barry M. (1971). Coming out in the gay world. Psychiatry 3: pp. 180-97. Diani, Mario. (1992). The concept of social movement. The Sociological Review 40(1): 1-25.
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Cristina Sánchez Parra Estudiante Doctorado en Historia El Colegio de México Se merecen nuestras más sentidas disculpas, les hemos quitado su derecho de venir a clases, de educarse, de convivir con sus amigos, de jugar, de aprender, quizá de soñar, pero todo esto no es más que por ustedes y aunque sea por poco tiempo, nos tocó soñar a nosotros, y obligar a soñar a esa gente grande que creen [sic] que las cosas no pueden cambiar [...] Los queremos, sus compañeros ‘grandes’ de la educación media actual.1
Salir a la calle, abandonar el ámbito privado para manifestar pública-
mente expectativas no cumplidas de los gobernantes, ha sido un tema llamativo para sociólogos e historiadores. Esta curiosidad llevó a Charles Tilly y Sidney Tarrow, sociólogos y representantes de la teoría de la oportunidad política, a hacerse una interrogante aparentemente muy simple: ¿qué hace que la gente abandone sus actividades cotidianas para participar en una manifestación pública? Este fue su punto de partida para esbozar un modelo teórico que permitiera comprender las acciones colectivas. Ahora bien, para el presente caso, el cuestionamiento inicial que nos planteamos al escuchar hablar de la llamada Revolución pingüina,2 así bautizada por el uniforme utilizado por los estudiantes chilenos, fue: ¿qué hizo que estudiantes secundarios, menores de edad, dejaran la cotidianidad de sus clases escolares para volcarse masivamente a las calles a protestar? Esta cuestión fue la motivación inicial para abordar este tema. La Revolución de los Pingüinos2 conmocionó por dos meses a Chile, sobre todo a su capital, Santiago, cuyos pobladores fueron testigos de la capacidad Carta dirigida a los estudiantes de educación básica firmada por los estudiantes en paro del Liceo Manuel de Salas. 1
De aquí en adelante nos referiremos a este movimiento estudiantil como Los Pingüinos, por ser el término adoptado por la prensa; además de ser el símbolo que adoptaron los estudiantes secundarios durante las jornadas de protesta. 2
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organizativa de los escolares. El desarrollo de los acontecimientos evidenció la construcción de un pensamiento político en las generaciones postdictadura, ya que los jóvenes lograron captar la atención tanto de los ciudadanos del común, que se unieron a las reivindicaciones del movimiento estudiantil, como de los representantes políticos, que se vieron obligados a dialogar y a negociar los puntos requeridos por los estudiantes. Teniendo en cuenta que el espectro de análisis es variopinto y que la literatura escrita sobre el acontecimiento en su mayoría se ha dedicado a hacer un recuento de los diferentes actos proferidos por los estudiantes durante los meses de mayo y junio de 2006, proponemos un acercamiento a esta acción colectiva a partir de los aportes de la corriente sociológica de la movilización de recursos, en particular del modelo trazado por quienes integraron la lógica racional de costo–beneficio con otros elementos de tipo político, social y cultural para darle forma a ese tema complejo de los movimientos sociales (cf. Tarrow , Sydney, 1994, Mc Adam, Dough, McCarthy, John, Zald, Mayer, 1999 y Melucci, Alberto, 1999).
En sus diferentes momentos históricos, la sociología ha planteado explicaciones al fenómeno social conocido como acción colectiva, de esta manera, encontramos desde las explicaciones clásicas que la catalogan como una anomalía del sistema político hasta las teorías más recientes que reconocen en los sujetos su capacidad para pensar y crear su propia historicidad (Zapata, 2005). En particular, el presente capítulo retoma los aportes realizados por la teoría de la estructura de la oportunidad política. De esta manera, el objetivo será analizar, desde este filtro teórico, la movilización estudiantil de los estudiantes de secundaria chilenos, que tuvo lugar en el primer semestre del año 2006. El modelo del proceso político puede resultar útil en el análisis de la acción colectiva de los estudiantes chilenos debido a que tiene en cuenta, además de las causas objetivas que pudieron generar las manifestaciones, los elementos subjetivos de las organizaciones sociales, las razones y los sentidos que tiene la gente para participar o no en un movimiento que se enfrenta al poder establecido, en este caso al gobierno chileno. Sin embargo, debe entenderse que no se trata de una trasposición de términos o conceptos a una realidad específica, más bien debe leerse como un ejercicio empírico en el cual se utilizan ciertas claves de lectura 188
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para analizar una situación determinada, con el ánimo de aportar nuevas perspectivas al estudio de los movimientos sociales en Latinoamérica. Entrando en materia, el modelo del proceso político conocido también como modelo de oportunidad política, fue abocado por la sociología norteamericana a través de los trabajos de Charles Tilly y Sidney Tarrow, quienes comenzaron una nueva tradición sociológica. Según los postulados de estos sociólogos "aunque el análisis de la organización y el liderazgo son esenciales, no son suficientes, para entender la movilización hace falta también un análisis de la estructura de oportunidades políticas y de la conciencia insurgente" (López Maya, La estructura de oportunidad política, alude a la relación estrecha que se establece entre el surgimiento y el éxito de los movimientos sociales y las oportunidades al alcance de los "contestatarios, generadas por cambios en la estructura institucional y de la disposición ideológica de los grupos de poder" (McAdam, et al, 1999, p.50). En consecuencia, Tarrow define los movimientos sociales como: "desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades" (Tarrow, 1994, p.21). Por la misma línea, Dough McAdam propone tres factores para analizar los movimientos sociales, se trata de: las oportunidades políticas, las estructuras de movilización y los procesos enmarcadores. A grandes rasgos, la oportunidad política hace hincapié en el contexto político que genera la insatisfacción que conduce a las personas a organizarse en torno a sus demandas. Aunque el fenómeno sea transitorio, requiere no solamente de la movilización de recursos económicos sino que se necesita de motivaciones subjetivas que convenzan a los participantes de que su causa es justa y que por ende es necesario enfrentar el poder establecido para obtener los beneficios. Estas insatisfacciones se deben exponer al resto de la sociedad. Para ello se utilizan estructuras de movilización que evidencian repertorios de protesta, los cuales, además de servir para exponer sus ideas públicamente, sirven para generar adhesión o rechazo al movimiento. Por último, están los procesos enmarcadores que se refieren al asunto valorativo y subjetivo de los miembros de la movilización. Cada uno de estos conceptos será retomado durante el análisis del movimiento pingüino por lo que no me extiendo en su explicación.
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Teniendo clara la base teórica que apoyará el presente estudio de caso, es importante crear un marco analítico que nos facilitará la exposición de los sucesos protagonizados por los estudiantes chilenos, sin que los mismos perdieran la complejidad propia de la movilización social. Para no sacrificar la riqueza de la información obtenida pero tampoco caer en una narración cronológica de los acontecimientos, nos permitimos construir una estructura analítica que denominamos “tensiones constitutivas de la acción colectiva”.3 La ventaja que nos da este esquema es que nos permite cruzar los elementos teóricos de la teoría de la oportunidad política, y relacionarlos con la dinámica propia que asumió el movimiento estudiantil secundario durante los meses de mayo y junio de 2006. El esquema tensional aquí propuesto intenta superar la lógica binaria en que usualmente se plantean los conflictos sociales. Además el aspecto de plano cartesiano que se adopta, es útil en tanto permite encontrar relaciones más amplias en el proceso de la acción colectiva. De la misma manera, es necesario aclarar que esta propuesta no se plantea como un tipo de modelo ideal de los movimientos sociales; al contrario, el esquema surgió luego del análisis de los acontecimientos, es decir, no es un a priori sino una síntesis de lo sucedido. Superado este punto, que de seguro será más fácil de digerir cuando se vea puesto en práctica, veamos los elementos que lo componen (ver: Esquema 1).
3 La idea de las “tensiones constitutivas” la retomo del trabajo realizado por Oscar Saldarriaga, quien planteó analizar la historia de la educación colombiana a través de la identificación de unas categorías que aunque permanentes en la historia pedagógica han sufrido cambios en el tiempo. Al respecto puede consultarse por ejemplo su texto: Oficio del maestro, saber pedagógico y prácticas culturales en Colombia, 1870-2002. Igualmente, Saldarriaga aclara que este modelo lo retomó del “análisis estructural de contenidos y modelos culturales”, inspirado en la semántica estructural de A.-J. Greimas y aplicado a la sociología de la cultura por J. P. Hiernaux. Cfr. A.J. GREIMAS. Du Sens. Essais sémiotiques. Paris : Éds. du Seuil, 1970, y Greimas, A. J et al. Introduction a l’analyse du discours en Sciences Sociales. Paris : Hachette, 1979.
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Esquema 1: Estructura analítica tensional
Tensión
Tensión
Tensión
Eje de la estructura de Oportunidad Política
Eje de las condiciones sociales
Tensión
El esquema de las tensiones constitutivas está compuesto por dos ejes que se entrecruzan. Por un lado, se encuentra el eje de las condiciones sociales, que señala la dinámica particular adoptada por los diferentes actores inmersos en la movilización social, desde el Estado hasta la sociedad civil. Este eje se entrecruza con el eje de la estructura de oportunidad política, en el cual se incluyen los conceptos básicos de la teoría sociológica, vistos desde el caso particular de los estudiantes secundarios. Las tensiones se ubican en los cuadrantes que resultan del entrecruzamiento. Se entiende por “tensión” el resultado de la dinámica particular generada por la relación entre un elemento de la teoría sociológica con una situación suscitada por el movimiento social. La estructura así propuesta, permitirá evidenciar el proceso y las tendencias asumidas por el movimiento estudiantil en sus diferentes etapas de la acción colectiva.
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El año 2006 arrancó en Chile con expectativas ampliamente generalizadas debido al cambio gubernamental representado en el traspaso del poder de Ricardo Lagos a manos de Michelle Bachelet. En su momento este triunfo hizo parte de lo que algunos politólogos denominaron el “giro a la izquierda” de los países sudamericanos. Pese a este panorama los chilenos comenzaron el año con las acostumbradas alzas en los servicios básicos y con el sentimiento de deudas pendientes por parte del gobierno saliente. Aunque podría parecer un escenario similar al de otros países latinoamericanos, donde el poder adquisitivo se reduce al tiempo que la desilusión aumenta ante las promesas incumplidas de los gobernantes; Chile tiene la particularidad de estar en una cierta “transición permanente” (Zapta, 2008) que no es otra cosa que el reflejo de una coexistencia entre "instituciones autoritarias establecidas por la Constitución de 1980, promulgada bajo la dictadura militar, con procesos políticos propios de la democracia representativa" (ibíd). Esta situación demarca el escenario en el que los estudiantes secundarios van a aparecer para sacudir a la cultura política chilena, supuestamente dormida. Durante el segundo trimestre del año las calles fueron invadidas por estudiantes de secundaria quienes hacían una serie de requerimientos de tipo educativo al nuevo gobierno. Como lo ha identificado Tarrow, la acción colectiva prolifera cuando hay acceso a los recursos, sean de tipo material o simbólico. Para el caso que nos interesa, el recurso más claro que poseían los estudiantes era su capacidad analítica de la situación económica y social de los colegios públicos del país. Un antecedente del uso de este recurso intelectual en manos de los estudiantes, el cual les permitió acceder a una oportunidad política posteriormente, fue el documento que los estudiantes de la región metropolitana enviaron al presidente Ricardo Lagos, en el cual además de hacer un balance de la situación educativa chilena, proponían cambios específicos que, según los estudiantes, corregirían algunas falencias del sistema educativo.4 Esto revela que la primera marcha de Los Ver: Estudiantes secundarios de la Región Metropolitana Chile. Propuesta de trabajo para el Ministerio de Educación de Chile. 30 de noviembre de 2005. En: Boletín Referencias No. 19. Foro Latinoamericano de Políticas Educativas, FLAPE. Aunque la propuesta plantea elementos muy específicos de las escuelas de la región, cabe resaltar dos 4
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Pingüinos, el 27 de abril del 2006, no fue una acción espontánea y sin fundamento, sino que al contrario fue el reflejo de un proceso que se había iniciado antes y que por coyunturas políticas se había aplazado. Esta primera manifestación tuvo como principal objetivo recordar “a los grandes” que la educación tenía unas falencias que no habían sido solucionadas por el gobierno anterior a pesar de la voluntad mostrada por los escolares. En coherencia con esta postura los estudiantes salieron a las calles exigiendo la derogación de la jornada escolar completa (JEC), y de la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), y la gratuidad en la tarifa escolar en el transporte colectivo a nivel nacional y de la prueba de selección universitaria (PSU). Estas exigencias, como se verá más adelante, persistieron en el pliego de peticiones de los estudiantes. Sin embargo, fue la manera en que el gobierno reaccionó frente a estos hechos lo que marcó la transformación en la intensidad del discurso de los estudiantes (ver: Esquema 2). Esquema 2: Dinámica de la oportunidad política del movimiento de Los Pingüinos
RÉGIMEN POLÍTICO Ilegitimidad de las demandas
Negociación de las demandas
REPRESIÓN
FACILITACIÓN Exigencias coyunturales
Exigencias estructurales
SECTOR ESTUDIANTIL Eje de la estructura de oportunidad política
de las propuestas de los estudiantes: i) La realización de una Asamblea Constituyente para reestructurar la LOCE (la negrilla es de la autora) y, ii) Repensar la conveniencia de la Jornada Escolar Completa.
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Régimen Político: cultura política generada por el ascenso de Michelle Bachelet. Sector Estudiantil: Hace referencia a las demandas que hacen Los Pingüinos para fundamentar su movilización. Eje de las condiciones sociales Represión: despliegue del uso de la fuerza pública para contener las movilizaciones. Facilitación: voluntad de diálogo por parte del gobierno de Bachelet.
Este primer esquema tensional, leído de izquierda a derecha, muestra que la primera reacción estatal que percibieron los secundarios fue la de la represión ejercida por parte de las fuerzas de orden público, las cuales se encargaron de dispersar a los estudiantes en aras de controlar el tránsito normal de las vías que habían sido bloqueadas por ellos. Este tipo de control, a manos de hombres “legalmente” armados, mostraba a unos jóvenes desaforados que destruían la ciudad y que ocasionaban desórdenes que atentaban contra la tranquilidad de los ciudadanos. El uso de la violencia estatal, para el caso del movimiento Pingüino fue convertido en un recurso de oportunidad política, debido a que encontraron aliados que sin conocer de fondo las razones de sus demandas, manifestaron solidaridad con los estudiantes (los chiquillos), que fueron golpeados por los policías. De esta manera se muestra que la represión puede convertirse en una oportunidad para el movimiento cuando produce una radicalización de la acción colectiva y una organización más eficaz de sus miembros. A pesar de ello debe insistirse en que el primer discurso promulgado oficialmente fue el de la ilegitimidad del movimiento estudiantil. El gobierno atenuó la importancia de las manifestaciones estudiantiles augurando una vuelta a la normalidad en corto tiempo. Con respecto a las peticiones, el ministro de educación Martín Zilic, quien actuó en nombre del gobierno, consideró “extremadamente alta la petición de los escolares” y centró su discurso sobre todo en asuntos de orden presupuestal como la imposibilidad de designar el pase gratuito universal. Este tipo de respuestas intentaban focalizar las demandas de los estudiantes en asuntos de orden económico desconociendo la discusión de fondo que ellos pretendían abrir. Sin embargo, frente a la respuesta del ministro, los estudiantes reaccionaron prestando atención a asuntos de orden coyuntural, como el maltrato perpetrado por la fuerza pública en contra de sus compañeros o la falta de carácter del ministro. De cierta manera, en este primer momento la relación de fuerzas tendía a mostrar a unos estudiantes alborotadores, desorganizados, que no tenían claro qué 194
los nuevos caminos de los movimientos sociales de latinoamérica
querían y a un gobierno fuerte que controlaba el orden público, y a su vez intentaba negociar proponiendo soluciones inmediatas. En suma, este primer balance muestra un estrechamiento en las oportunidades políticas a nivel institucional. Este tipo de valoración sobre el movimiento estudiantil secundario sufrió transformaciones a medida que los estudiantes persistieron en sus manifestaciones públicas, así puede evidenciarse en la convocatoria a la segunda marcha estudiantil. En ésta puede advertirse una reorganización de su discurso, lo que despertó una mayor atención o apertura de los medios de comunicación, las demandas estudiantiles dejaron de ser meramente gremiales para ser planteadas como importantes para todos los chilenos. Este es el argumento que sustentó su demanda más retadora: la derogación de la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, conocida como LOCE. En muchas de las pancartas llevadas por los estudiantes se podía leer claramente esta exigencia, incluso los estudiantes hacían gala de su creatividad con frases como: “Bachelet ve a lavar la LOCE” o “la LOCE es loser”. Más allá de generar sonrisas, este tipo de carteles muestra dos aspectos importantes de la acción colectiva: primero; la unificación del discurso por parte del movimiento estudiantil y segundo; la capacidad organizativa del movimiento, pues tanto los slogan como las declaraciones públicas realizadas por los estudiantes eran coherentes y homogéneas en los distintos colegios en paro, lo que evidencia comunicación entre los miembros participantes. Las manifestaciones así vistas “se convierten en la principal expresión no electoral de la política civil moderna” (Tarrow, 1994). Esta segunda salida al ruedo público por parte de los estudiantes sirvió para poner en evidencia las oportunidades políticas que había generado la primera protesta estudiantil. De pronto los estudiantes se encontraron con un gobierno que recriminaba el uso de la fuerza por parte de los carabineros y con una postura más conciliadora, más presta al diálogo, es decir, se pasó de un esquema de respuesta gubernamental de represión a uno de apertura parcial. Con esta nueva posición, los estudiantes tuvieron la capacidad de insistir en la solución de problemas de tipo estructural. Como se muestra en el Esquema 2, hubo un viraje del movimiento estudiantil hacia la exigencia de cambios estructurales en la educación chilena. Sin que perdieran prioridad las demandas más inmediatas como la gratuidad del pasaje escolar y de la PSU, ahora la atención se centraba en la revisión de la jornada escolar y en la derogación de la LOCE. Esto último tenía un peso simbólico fuerte en la cultura política chilena toda vez que había sido uno de los últimos actos legislativos firmados por Augusto Pinochet. 195
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La LOCE además dejaba al descubierto las aflicciones del sistema educativo. Uno de los puntos más criticados por los estudiantes era el que señalaba la libertad de enseñanza. Es importante señalar que esta libertad lejos de tener que ver con ámbitos pedagógicos se refería a la financiación de los centros educativos y a la “autonomía” que tenían los padres para matricular a sus hijos en el colegio de su elección. Detrás de este discurso, aparentemente amplio, se engendraban vicios que conducían a los chilenos a fundamentar un darwinismo educativo, en el cual la educación no era un derecho sino un servicio al que se accedía con dinero y en contra de criterios de calidad: “Corresponde, preferentemente, a los padres de familia el derecho y el deber de educar a sus hijos. Al Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”. 5 Esta problemática desembocaba en la municipalización de la educación, la cual generaba fenómenos de inequidad presupuestal, pues algunos municipios pudientes ofrecían mejores condiciones a los estudiantes de su región. La municipalización, la libertad de enseñanza y el papel de los particulares que abrían un colegio y eran subvencionados por el Estado, aunque no tuvieran las condiciones mínimas para albergar a un centenar de estudiantes, convertían a la educación escolar chilena en un negocio. Esa era la bandera de los escolares en sus protestas: “educación un derecho no un privilegio, lucharemos por una mejor educación”, rezaba el texto de muchas pancartas que alzaban los estudiantes con vehemencia.
Los pingüinos se hacen famosos “El petitorio estudiantil ha inflamado una crisis transversal de dimensiones nacionales no previstas”.6
Las diferentes apariciones públicas de Los Pingüinos los puso en los primeros lugares en las noticias promulgadas por los diferentes medios de comunicación chilenos, la magnitud del fenómeno secundario permeó en la cotidianidad del país. ¿Cuál fue el papel de los medios de comunicación, en particular de la prensa, sobre la acción colectiva de los estudiantes?, es una cuestión que debe ocupar una merecida atención en este análisis, dado que la prensa fue un factor decisivo para 5 Ley Orgánica Constitucional de Educación. Título preliminar. Normas generales y conceptos. Artículo 2. 7 Titular de El Mercurio 31 de mayo de 2006.
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cambiar las oportunidades políticas de este movimiento al generar un viraje de la opinión pública acerca de las demandas publicitadas. De esta manera, las noticias contribuyeron en la construcción de los marcos culturales de los estudiantes ya que “los medios acentúan las tendencias militantes presentes en toda la agrupación de activistas” (Tarrow, p.224) (ver: Esquema 3). Más de una vez se nos han quedado en la retina escenas de manifestaciones públicas en donde la imagen repetida una y otra vez es la de un grupo de personas destruyendo lugares públicos o atacando sin miramientos, con esas “armas letales”, conocidas como piedras, a unos “indefensos policías” que apenas pueden utilizar sus cananas o el gas pimienta para defenderse. Lo absurdo de estas imágenes descontextualizadas es que logran un efecto segregante frente a los manifestantes. Siguiendo a Tarrow “un estudiante tirándole piedras a la policía es mejor noticia que cualquier número de manifestantes marchando pacíficamente por la ciudad” (Tarrow, 1994 p.224). Los medios de comunicación pues, tienen la capacidad de transformar las oportunidades políticas al crear una cierta imagen pública de un movimiento. Además, son éstos los directamente responsables de generar una opinión pública sobre los acontecimientos, por lo que “los medios de comunicación de masas son los proveedores básicos de imágenes e información. Aunque las injusticias puedan ser experimentadas directamente en un contexto local, el público en general y las élites de referencia se enteran de su existencia, básicamente a través de los medios de comunicación”.7 Para el caso de Los Pingüinos, la actitud de los medios de comunicación en un primer momento fue de minimización del fenómeno, y por ende emitieron mensajes que deslegitimaron las marchas. Como se sugiere en el Esquema 3, en la etapa inicial de la movilización, las noticias hacían énfasis en los destrozos ocasionados por los participantes de la marcha, casi como un modo de justificar la violencia que los carabineros ejercieron en contra de los menores de edad. A nivel discursivo, hubo una simplificación y reducción de las principales demandas de los estudiantes. Por ejemplo, después de la primera protesta, el Diario El Sur señalaba: "Los estudiantes exigen la gratuidad del transporte en la locomoción colectiva y de la prueba de selección Universitaria, además de una revisión de la
McCARTHY, John et al. El acceso a la agenda pública y a la agenda del gobierno; medios de comunicación y sistema electoral. En: Mc.ADAM, Dough et al (eds). Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Madrid: Istmo, 1999. p.417. 7
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jornada escolar completa".8 Esta manera de presentar la noticia omite la petición sobre el cambio estructural, obviando la petición de derogación de la LOCE. Lo mismo sucede respecto de la JEC, pues el diario expone que los estudiantes pretenden una revisión cuando el objetivo es la derogación. En contraste con esta retórica antimovimiento, los jóvenes escolares protagonizaron una exacerbación en masa de su identidad como ciudadanos chilenos que salían a las calles a protestar pacíficamente por un derecho que era de todos: el derecho a la educación. Algunas de las consignas estudiantiles fueron: “El cobre por el cielo y la educación por el suelo”, “Adelante con la lucha estudiantil, contra la educación de mercado”, “La educación es un derecho, para el gobierno un privilegio” y cantando sonoramente peticiones como: “Vamos compañeros, hay que poner un poco más de empeño, estamos en paro nuevamente, la educación chilena no se vende”. Estas frases configuraron un primer repertorio de movilización utilizado por los estudiantes quienes hacían uso de las protestas y las marchas como forma de acción colectiva. Otra característica de esta construcción colectiva de símbolos identitarios fue la adopción del pingüino como mascota oficial, era usual ver a los manifestantes cargando tiernos muñecos con la figura de estas aves. La relación con estos animales se debe al uniforme escolar que exige el uso de corbata y cuyos colores son blanco, azul marino y gris. Además, el uso de los pingüinos generaba un sentimiento de simpatía por la actitud indefensa de estas aves, misma característica que se trasladaba a los estudiantes, chiquillos que salían a defender valientemente sus derechos. La imagen de este animalito trascendió de manera tal, que actualmente la movilización de los estudiantes secundarios es conocida como la Revolución pingüina.
Esquema 3: Papel de los medios de comunicación en el movimiento estudiantil 8
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Diario El Sur. 5 de mayo de 2006.
los nuevos caminos de los movimientos sociales de latinoamérica
REPERTORIOS DE PROTESTA Estigmatización del Mov. estudiantil
RETÓRICO ANTIMOVIMIENTO
Exacerbación colectiva estudiantil
Apología del Mov. Estudianil
Representación del Mov. a través de líderes carismáticos
RETÓRICO PROMOVIMIENTO
MARCOS CULTURALES
Eje de la estructura de oportunidad política
Repertorios de protesta: conjunto de prácticas que utilizan Los Pingüinos para ejecutar su acción colectiva en la calle. Marcos culturales: significados construidos desde la interacción social por los miembros del movimiento. Eje de las condiciones sociales Retórica antimovimiento: discurso propagado por los medios de comunicación para deslegitimar al movimiento estudiantil. Retórica pro-movimiento: discurso propagado por los medios de comunicación para legitimar al movimiento estudiantil.
Con el paso del tiempo, la persistencia de las movilizaciones estudiantiles hicieron mella en los medios de comunicación que las comenzaron a tratar como noticia importante, de esta manera abrieron nuevos espacios de conocimiento de la situación de la educación chilena a la vez que permitieron una nueva oportunidad política para el movimiento social. Esta situación, permitió a los estudiantes incorporar dos elementos más en su accionar, el primero tuvo que ver con su repertorio de protesta: los estudiantes decidieron tomarse los colegios más emblemáticos de Santiago, como el Liceo de Aplicación o el Instituto Nacional.9 Estas tomas consistieron en permanecer por tiempo indefinido en las instituciones, evitando el acceso de las autoridades y haciendo uso de las mismas como campamentos temporales que les permitían mantenerse en pie de lucha e intercambiar continuamente inforPara conocer "un seguimiento" cercano del proceso de las tomas de los colegios y la organización interna del movimiento estudiantil puede consultarse el documental dirigido por Jaime Díaz, titulado “La Revolución de los Pingüinos”, 2006. 9
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mación. Esta estrategia, persistió hasta el final del conflicto, logrando además que otros colegios a lo largo y ancho del país se unieran.10 Este mecanismo de presión, por lo innovador que resultaba en un entorno tan propenso al uso de la fuerza, generó una expectativa amplia acerca del desenlace de los acontecimientos, por lo que, este sentimiento fortaleció la tendencia de los medios de comunicación a respaldar a los estudiantes. El segundo elemento se relaciona con los marcos culturales de los estudiantes, ya que el campo de la opinión pública generado por los mass media, se vio constantemente ocupado por miembros de Los Pingüinos que se convirtieron en los portavoces de sus compañeros. Este despliegue, si bien convenía a la publicidad del movimiento, generó que algunas veces el discurso proferido por ellos fuera manipulado por los medios y esto a su vez retumbó en la organización interna de los estudiantes ya que: Los movimientos contemporáneos dependen más de la formación del consenso a través de los medios que los medios de ellos. Para lograr una base amplia, comunicarse con ella, a nivel nacional e impresionar con su fuerza a quienes ostentan el poder y a terceras partes, los movimientos enmarcan las cuestiones de modo que sean transmitidas por los medios. Sin embargo, los medios de comunicación, que tienden a pasar rápidamente de una noticia a otra, no dependen de las actividades de los movimientos para obtener noticias(Tarrow, 1994, p,225). Además, la dilatación del conflicto sirvió para que las estrategias organizativas del movimiento se fortalecieran. Su principal forma de comunicación interna eran las asambleas, mismas que se organizaban en cada colegio para estudiar y discutir la LOCE, proponer alternativas de cambio y evaluar los repertorios de protesta que más les convenía. Es interesante ver que incluso en la fase final de este periodo de movilización, cada colegio tenía la autonomía de decidir si salía a protestar a las calles o se quedaba dentro de los colegios realizando jornadas de reflexión. De una u otra manera, el objetivo era el mismo, generar canales de comunicación con el gobierno para que la educación tuviera un cambio estructural. Por eso, el 21 de mayo en la noche, la presidenta Bachelet no hizo mención a sus demandas y tan sólo hizo alusión a los desmanes ocurridos durante las protestas e insistió que “con la capucha puesta no se negocia”; la respuesta de los estudiantes prestos
10 A finales de mayo el balance en la capital y en otras seis ciudades era de 70 colegios en paro, 37 locales ocupados, 17 en huelga.
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a la disrupción11 fue radicalizar las jornadas de protesta. La prensa lo documentó de esta manera: ‘Dejaron las capuchas en sus casas’. Así podría resumirse el actual movimiento de paros y tomas en siete liceos emblemáticos de la comuna de Santiago, sin actos de violencia e incluso con el apoyo de padres y profesores, los estudiantes están capitalizando un malestar de los que muchos se están haciendo eco. Ya no es sólo patear piedras, sino poner en la mesa el debate sobre los pilares del actual sistema educativo: la ley Orgánica Constitucional de Educación, la jornada escolar completa y la municipalización.12 Más allá de las consignas o el uniforme utilizado por los escolares, la estrategia de continuar con las protestas y las tomas dieron a los estudiantes la atención necesaria para que pudieran ganarse un espacio político en la agenda pública. Mientras tanto, la prensa siguió paso a paso las acciones del estudiantado. En su discurso escrito, puede advertirse un viraje hacia una retórica promovimiento el cual entre otras cosas señalaba: “nacidos y educados en democracia, los estudiantes secundarios se han convertido en el referente de una nueva forma de movilización social acorde con el siglo XXI”.13 Atrás quedó la satanización de los estudiantes, ahora eran tratados como héroes nacionales o para ser más osados, eran tratados como estrellas de televisión. Hasta aquí vemos un recorrido positivo del movimiento, que lo llevó, de la apatía, a un amplio apoyo social y de una retórica de los medios de comunicación, tendiente a la satanización del movimiento, a un discurso que los ensalzaba como ciudadanos ilustres, por lo que las consecuencias de este viraje no se hicieron esperar.
11 Dentro de la estructura de la oportunidad política, se considera que la disrupción fuera de significar actos violentos, está más orientada a entender que “el diseño de tácticas innovadoras y disruptoras, que temporalmente llevan a un punto muerto las relaciones de negociación, detienen el curso de los acontecimientos y les da tiempo de reorganización a los movimientos”. En: Mc.ADAM, Dough, et al (eds). Op.cit. p. 37. 12 La Nación, 24 de mayo de 2006. 13 La Tercera. 31 de mayo de 2006.
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Como en todo espectáculo público, siempre existen protagonistas. Pronto los nombres de María Jesús Sanhueza, César Valenzuela, Juan Carlos Herrera, María Huerta y Karina Delfino14 comenzaron a llenar las páginas de los tabloides. Al principio por la falta de experiencia concedieron entrevistas a diestra y siniestra y esto les valió algunos errores que redundaron en el movimiento, a futuro sería la lección que le transmitirían a sus continuadores: “No mostrar la casa ni tu pieza. Que no se sepa con quién pololeas. Poco importa si la mamá de algún dirigente está con depresión, no se lo cuentes a ningún medio que puede usarlo como portada”.15Las voces de estos estudiantes sonaban en los medios de comunicación chilenos. Ellos eran los encargados de transmitir las decisiones tomadas por los estudiantes en cada colegio y a través de las asambleas organizadas previamente. Aprendieron rápidamente a armar ruedas de prensa improvisadas al frente de los colegios tomados, sacando un par de pupitres y portando casi siempre el uniforme que los identificaba como escolares de la educación media. Sus declaraciones eran por lo general cortas, fue también otra lección que aprendieron “se dice solamente lo necesario para no ser malinterpretado”. ¿Quiénes eran Los Pingüinos que lideraban a los demás? Lejos de hacer apologías a la personalidad de los líderes, lo que pretendemos es mostrar cómo ellos fundamentaron la convicción necesaria para ganar más adeptos a la causa: “los símbolos de la acción colectiva no pueden leerse como un texto independientemente de las estrategias y las relaciones conflictivas de los movimientos que lo difunden en el tiempo y en el espacio" (Tarrow, 1994, p,125) A nivel organizacional, los movimientos sociales requieren de unos representantes que muestren públicamente un discurso estructurado para que puedan comunicar y transmitir las decisiones del grupo. Igualmente las personas encargadas de comunicar las disposiciones del grupo deben generar solidaridad y convicción para por un lado, ampliar el escenario de confrontación y por otro, ganar más simpatizantes al movimiento. Sin embargo, así como el movimiento secundario era heterogéneo, asimismo la baraja de sus líderes era disímil. En la dirigencia convivían estudiantes que militaban en el partido comunista y estudiantes no 14 Hago mención de estos nombres porque son los más señalados en los medios de comunicación, sin desconocer la importancia de otros dirigentes estudiantiles. 15 El Mercurio, 15 de octubre de 2006.
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asociados a ninguna organización e incluso más de “centro derecha”, como ellos mismos se identificaban. En el ala radical podemos ubicar a María Jesús Sanhueza, conocida entre sus compañeros como “la Joshu”. Fue de las primeras estudiantes que se manifestó públicamente ante los medios de comunicación y también fue de las últimas que continuó en la dirigencia, incluso cuando la coyuntura de mayo-junio ya había terminado. Desde el 2005 había organizado un grupo de estudio, en el Liceo Carmela Carvajal, de Providencia, denominado Colectivo Revolucionario de Alumnas Conscientes (CRAC). Su participación en este grupo le valió la vocería por su colegio durante la “movilización pingüina”. Al tiempo que pertenecía al grupo estudiantil, ingresó a las filas del Partido Comunista. Las lecturas realizadas en el marco de su militancia marcaron su visión de la problemática que protagonizaba: "no es necesario salir a la calle para darse cuenta de que en un lugar viven las personas sin plata y en otro las que tienen dinero; que los que no tienen plata deben tomar la micro, y los otros pueden andar en auto. Es una cuestión cotidiana que sobrepasa la ideología" (Domedel et al, 2008, p,85). Sus declaraciones públicas se caracterizaban por ser contundentes, se le escuchaban expresiones tajantes como: "que la educación la administre cada comunidad" o "no es posible reformar en serio la educación, mientras exista el capitalismo". Su arrojo le valió la estigmatización como “estudiante revoltosa”. Esta fama le costó una expulsión en el año 2007, mientras estudiaba en el Liceo Anexo Benjamín Vicuña, debido a un intento de toma de la institución. Con los ánimos escindidos ya, sin una oportunidad política clara, la comunidad educativa no apoyó la toma. Como represalia el alcalde Zalaquett dijo: "ella piensa que no ha hecho nada malo, cree que el mundo gira en torno a ella, se cree una pequeña reina, pero alguien le tiene que poner los puntos sobre las íes".16 Por su parte, María Huerta, radical aunque sin militancia política, al menos no mientras se desempeñó como dirigente de los pingüinos,17 se caracterizó por su discurso vehemente y retador, siempre estuvo al frente de las manifestaciones, dando declaraciones públicas, algunos la tildaron de intransigente, pero ella se defendía diciendo que era importante ser fuerte para lograr los objetivos. Así definía La Nación. 6 de junio de 2007. Pasado el conflicto pingüino, María Huerta comenzó a militar con el Partido Demócrata Cristiano, donde fue acogida por sus principales líderes. Parece que luego de la acción colectiva estudiantil se generaron nuevas oportunidades políticas, esta vez para los miembros del gobierno oficial, los cuales reclutaron a muchos estudiantes hacia sus filas partidistas. 16
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su función como dirigente estudiantil: "[...]nuestra estructura nació de la necesidad de garantizar que todos participaran. El dirigente existe, habla y se hace escuchar según las opiniones generadas en las bases, se somete a lo que digan las bases y a lo que las bases quieran que diga. El dirigente es sólo quien habla por todos y nada más que por la obligación de tener una estructura".18 Junto a las Marías está Juan Carlos Herrera conocido como el “comandante Conejo”, sobra la explicación de este sobrenombre si pensamos en la característica prominente de este animalito. Siempre aparecía serio ante las cámaras, impasible, fumando o con papeles en sus manos. Asegura que siempre fue escéptico a participar en algún grupo político hasta que conoció al CREAR (Cordón Rebelde de Estudiantes Autónomos Revolucionarios), al que define como “un espacio de discusión y acuerdos políticos” (Domedel et al, 2008, p,81). Este mismo escepticismo lo orientó a hacer el balance de la movilización que lideró así: "Nunca tuve esperanzas en que las movilizaciones del 2006 trajeran grandes transformaciones en la educación, pero sí en la experiencia organizativa que le quedaría a las futuras generaciones, sobretodo, la de ‘aprender a tomarse los colegios" (Domedel et al, 2008). César Valenzuela y Karina Delfino representaron el ala moderada del movimiento estudiantil, según la prensa, también protagonizaron una historia de amor, esto fue en la época en que los chiquillos eran tratados como estrellas de televisión e intentaban buscar detalles de su vida privada. Ambos aparecen como admiradores de Allende y simpatizantes del partido de la Concertación, por eso su discurso se aleja de incentivar el desorden y la violencia de sus compañeros. En coherencia con esto, César asegura: "No soy de esas personas que se denominan marxistas o capitalistas, yo tengo una idea y si se parece a otra, perfecto, pero no es que yo me tenga que adaptar a una idea que no es mía" (Domedal et al, 2008, p, 68). Por su parte, Karina acepta las dificultades que tuvo con los otros dirigentes por su postura “blanda”, en sus propias palabras el conflicto reflejaba "un contexto donde tú tienes a algunos que queríamos irnos a trabajar duramente, pero ya no en toma, y otros que quieren seguir en la lucha [...] ahí tienes el drama" (Domedal et al, 2008, p. 96). Después de estos breves perfiles de algunos dirigentes, quedan claros dos elementos: el primero tiene que ver con las estrategias utilizadas por los estudiantes para extender sus reivindicaciones a otros sectores de la sociedad con miras a encontrar aliados al movimiento. El segundo elemento hace alusión a la importancia 18
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Ver: http://www.fortinmapocho.com/detalle.asp?iPro=875&iType=16
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de los medios de comunicación en la configuración de los recursos y marcos culturales de la acción colectiva. En este sentido, la revisión de prensa realizada para el desarrollo de este escrito19 muestra una tendencia mayoritaria a cubrir los asuntos relacionados con lo que hemos denominado oportunidad política, sobre todo lo que tiene que ver con el conflicto develado entre el gobierno y los estudiantes. Le siguen en orden de importancia las noticias relacionadas con los resultados y reacciones obtenidas por Los Pingüinos en el transcurso de las negociaciones y en último lugar se presta atención a los repertorios de protesta y marcos culturales construidos por el movimiento. Por supuesto, es claro que la función de los medios de comunicación no es exaltar al movimiento, por lo que resulta lógica la tendencia encontrada en este análisis.
Cuando la presidenta Michelle Bachelet asumió el poder en Chile de seguro no imaginó que su primera piedra en el zapato iba a provenir del sector estudiantil secundario. A pocos días para su alocución presidencial, discurso esperado por el pueblo chileno porque daba a conocer las directrices de su plan de gobierno, los secundarios salieron a las calles a exigirle que se manifestara con respecto a una reforma profunda del sistema educativo. Como acto de presión, un día antes de la alocución, los estudiantes decidieron tomarse algunos colegios, con esto esperaban una manifestación contundente por parte del gobierno, sin embargo, en su discurso del 21 de mayo, Bachelet no mencionó las exigencias de los estudiantes salvo para decir que: Quiero ciudadanos críticos, conscientes, que planteen sus ideas y reivindicaciones. Pero esta crítica debe hacerse con un espíritu constructivo, con propuestas sobre la mesa y, lo más importante, a cara descubierta y sin violencia. Quiero ser muy clara: lo que hemos visto en semanas recientes es inaceptable. No toleraré el vandalismo, ni los destrozos, ni la intimidación a las personas, aplicaré todo el rigor de la ley. La democracia la ganamos con la cara descubierta y debemos continuar con la cara descubierta.20 19 Sea esta la oportunidad de agradecer al profesor Francisco Zapata por haberme facilitado su colección personal de prensa relacionada con el movimiento Pingüino. 20 Palabras de la presidenta Michelle Bachelet durante la alocución presidencial
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Esta actuación por parte del gobierno permitió a los estudiantes justificar su acción colectiva, ahora más multitudinaria que al principio. Lo que continuó fue una tensión discursiva manifestada en diferentes prácticas de uno y otro bando, estaba claro que los estudiantes no iban a bajar las banderas tan rápido, pero también se sabía que el gobierno no iba a ceder fácilmente a todas las exigencias que se le hacían. De esta manera, se delinean unas tensiones entre un discurso oficial que se oponía al discurso estudiantil. Éste último se representaba como un discurso “ciudadano” que debía ser escuchado por el total de la población chilena. De la relación entre estas dos arengas surgieron las propuestas que dieron término a las movilizaciones pingüinas (ver: Esquema 5). Esquema 5: Oportunidad política generada a partir del discurso utilizado
RÉGIMEN POLÍTICO Propuestas globales sobre la educación
DISCURSO INSTITUCIONAL
Conformación del Consejo Asesor Presidencial
Reformas educativas específicas
Radicalización de la demanda por la derogación de la LOCE
DISCURSO CIUDADANO
SECTOR ESTUDIANTIL Eje de la estructura de oportunidad política Régimen Político: cultura política generada por el ascenso de Michelle Bachelet. Sector estudiantil: tipo de requerimientos que hacen Los Pingüinos para fundamentar su movilización. Eje de las condiciones sociales Discurso institucional: lenguaje/comunicación político/a utilizado por el gobierno de Bachelet. Discurso ciudadano: lenguaje utilizado por los estudiantes autorreferenciados como ciudadanos.
Las palabras de la presidenta mostraron una preocupación por la educación pero en un sentido global: televisada el día 21 de mayo de 2006.
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Más recursos para los niños de familias con menores ingresos; si, pero también más rendimiento de las escuelas donde esos niños asisten. Por eso pido a este congreso que apruebe prontamente la ley de Subvención Preferencial. En la educación pública redoblaremos el trabajo con nuestros alcaldes, para que los municipios gestionen con eficiencia y eficacia a sus escuelas. Apoyaremos a 100 escuelas prioritarias, en las zonas con mayor población y a 50 liceos prioritarios en todo Chile. De lo que se trata es que reciban el apoyo experto de universidades e instituciones prestigiosas para tener escuelas y liceos de excelencia a lo largo del país.21
Pero los estudiantes hacían alusión a reformas concretas. Le exigían al gobierno que les respondiera por cuestiones específicas como la Jornada Escolar Completa, la cual surgió para mejorar la calidad de la educación en un sentido integral. Se suponía que la ampliación de la jornada serviría a los estudiantes para que utilizaran su tiempo aprendiendo otro tipo de conocimientos diferentes a las materias duras que debían estar en los currículos. Serían espacios para el arte, la literatura, el deporte, etcétera. Pero según testimonios de los secundarios, esas horas extra se utilizaban para seguir viendo las materias establecidas y aparte, luego de la jornada, debían seguir haciendo labores escolares. La lucha de los escolares era más difícil aún, además de tener que buscar canales para hacerse visibles, tenían que encontrar un discurso que legitimara sus luchas, su voz era escuchada como la de estudiantes sin experiencia que peleaban por algo, pero ellos querían ser vistos como ciudadanos activos de la política chilena y este alegato lo echaban como lanza en ristre contra el discurso oficial cuya bandera política era “el gobierno de los ciudadanos”. La estrategia utilizada por los estudiantes, exitosa hasta cierto punto, fue la de sentarse en la mesa de negociación pero manteniendo las protestas y las tomas. Los adultos, seguros y expertos en esos asuntos de la acción colectiva, criticaban la actitud de los secundarios argumentando que no era posible una negociación mientras se siguiera saliendo a las calles: "Uno cuando está negociando no anda pegando patadas por debajo de la mesa. Uno negocia y el día en que la negociación es un fracaso, ahí pasa a otro tipo de medidas [...] En este caso se ha dado una cosa muy curiosa: mientras se está negociando se quiere a la vez estar presionando".22 Lo que no analizaban los expertos era que esta forma “errada” de accionar les permitía a los estudiantes tener fuerza y visibilidad ante la opinión pública. La negociación Ibídem. La Nación. 23 de mayo de 2006.
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no se hacía a puerta cerrada, la negociación la debían conocer todos los chilenos. Además de la tensión que se presentaba entre las dos partes implicadas, lo que esta situación confirma es que los estudiantes habían abierto un espacio de negociación inimaginable meses atrás. La utilización de diversos recursos por parte del movimiento social, comenzando por la tramitación de documentos formales dirigidos al gobierno, pasando por las protestas y las tomas de los colegios hasta llegar a sentarse en una mesa de negociación, confirma el logro de los estudiantes de conquistar una oportunidad política que los llevaba hasta ese momento, a sentarse cara a cara con los funcionarios del Estado e incluso lanzar improperios a algunos de ellos como el ministro de educación Martín Zilic, quien en un comienzo se mantuvo al margen de la negociación y luego, por petición de la presidenta se puso al frente de la situación como representante del gobierno. Más allá del efecto inmediato que pudo haber causado esta negociación, es importante señalar el impacto que debió tener para la cultura política chilena en general, acostumbrada a una relación jerárquica y con una fuerte sentido de la autoridad, ver a estudiantes de secundaria hablar frente a frente con los miembros del gobierno y expresar abiertamente sus divergencias sin temor a las represalias. Luego de esta reunión surgió una primera propuesta concreta por parte del gobierno; si bien esta no satisfizo a los secundarios, sí evidenció un viraje entre una propuesta global a la educación a reformas concretas del sistema educativo, lo que muestra una posición más cercana al discurso ciudadano, de acuerdo con el Esquema 5. La propuesta avalada por el Ministerio de Hacienda consistía en: [...] un aumento de raciones alimenticias en educación media, gratuidad para el 60 por ciento de los estudiantes, los más pobres, que rindan la prueba de selección universitaria, así como eventualmente la gratuidad en la tarifa escolar para el sector más necesitado de los jóvenes, un tema que aún está por definirse y cuantificarse. También se incluirá la liberación de la tarjeta de pase escolar que actualmente se utiliza para el transporte colectivo de la región Metropolitana. 23
Otra de las materias que también encontró acogida en el gobierno fue el pago de las prácticas que efectúan los jóvenes egresados de la enseñanza técnico-profesional. Como con esta primera propuesta el gobierno no logró desarticular al movimiento y regresar a la normalidad de las clases escolares, los diálogos persistieron. La Nación, 30 de mayo de 2006.
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Esta situación fue aprovechada por los estudiantes quienes convocaron a un paro nacional para el día 30 de mayo. Ya se había completado un mes de movilización y el panorama de las negociaciones con el gobierno era incierto con respecto a una solución viable. Los escolares parecían fuertes en su decisión de no ceder ante las propuestas del gobierno, al tiempo que este también hacía uso de sus propios recursos simbólicos para ganar el respaldo de la población afín al gobierno de la concertación. Por esta razón mientras el ministro citaba a una reunión ampliada a todos los estudiantes que quisieran dialogar (error garrafal), los mismos salían a las calles otra vez, El primer balance del paro nacional realizado por los estudiantes secundarios señala que ya existen 250 establecimientos educacionales plegados a la movilización. La información fue entregada por la vocera de la comisión política de la asamblea de estudiantes Secundarios, María Huerta, quien dividió la cifra en 100 liceos municipales, 50 técnicos-profesionales, 50 particulares y 50 particulares subvencionados24 La convocatoria del ministro no tuvo el efecto esperado, pues el día indicado comenzaron a llegar centenares de estudiantes que fueron agrupándose al frente de la Biblioteca Nacional. El recinto resultó pequeño para la cantidad de escolares que querían ingresar a debatir la propuesta y finalmente tuvo que cancelarse la reunión. La razón central de los estudiantes fue la ausencia del ministro quien delegó a su subsecretaria Pilar Romaguera para que liderara los diálogos. La razón del gobierno fue de tipo organizativo, en el lugar no cabían todos los escolares. Pese a que no se negoció, el evento sirvió una vez más para medir el tamaño y alcances de este movimiento social y la respuesta de su oponente. De esta manera, la acción estudiantil se veía fortalecida con el apoyo de los muchos estudiantes que asistieron desde diferentes partes del país; mientras que el gobierno parecía improvisar soluciones para atajar la hecatombe. Allí no terminó la situación: Luego de este quiebre, los voceros de la asamblea estudiantil secundaria marcharon hacia el Liceo de Aplicación donde los esperaban cerca de 200 mil jóvenes. En su interior, los 200 dirigentes decidieron aceptar el llamado de la subsecretaria, quien les pidió que eligieran a menos representantes para dialogar. Los estudiantes crearon seis zonas: Santiago Centro, poniente, oriente, norte y sur, además de regiones25 El Mercurio, 30 de mayo de 2006. La Nación, 30 de mayo de 2006.
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Entonces, mientras el gobierno seguía preparando el lugar para el encuentro, los estudiantes comenzaron la tarea de elegir a sus representantes. El siguiente esquema26 puede ayudar a visualizar su capacidad organizativa, claro sin desconocer que internamente ya comenzaban a emerger conflictos que los dividían: algunos, quienes habían estado en las tomas desde el principio ya comenzaban a sentir el agotamiento físico y deseaban un acuerdo rápido con el gobierno, mientras que otros tantos mantenían la línea dura de no ceder una línea en las exigencias planteadas del movimiento estudiantil y que tienen que ver con las organizaciones a las que algunos estudiantes pertenecían: Al mismo tiempo, el Esquema permite evidenciar las influencias políticas que existían dentro. Es claro que el esquema horizontal que se presenta, basado en una participación masiva e igualitaria de los miembros, así como las estrategias comunicativas planteadas, responden a una influencia ideológica de la izquierda. La comunicación horizontal, según estos supuestos, permite evadir el autoritarismo a la vez que abre canales de participación a todos los integrantes de la organización. Además de ser la manera más eficaz de debatir y comunicar las decisiones tomadas por los representantes. Los estudiantes hicieron uso de este esquema luego de aprender que dar declaraciones “sueltas” a los medios de comunicación les resultaba contraproducente en la conquista de sus objetivos. La recta final de esta movilización comenzaba con una aparente ventaja para los estudiantes, pues el 1.° de junio, la presidenta Bachelet publicó una nueva propuesta, ésta pretendió responder a cada uno de los puntos planteados por los secundarios, en resumen, la propuesta rezaba así: 1. Mejoras en la infraestructura 2. Aumento de raciones alimenticias. 3. Cambios en la LOCE. 4. Creación de una superintendencia de Educación. 5. El pase escolar se entregará sin costo, podrá ser usado todos los días y se incrementará el subsidio a las familias más pobres para ayudar en el transporte de los pequeños. 6. Formación de un Consejo Asesor Presidencial de Educación, que forje una visión consensuada acerca de temas como la LOCE, la Jornada Escolar Completa, de la municipalización, de las prácticas pedagógicas, formación docente, de sistemas de evaluación, los parámetros de calidad, la relación entre educación media, la educación superior y el mercado laboral, cómo la educación técnica se vincula al mundo del trabajo, las medidas de mejoramiento de la equidad y la integración social.27 Los datos fueron tomados de La Tercera. 7 de junio de 2006. Propuesta de la presidenta Michelle Bachelet ante los estudiantes. Lo resaltado en
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El Consejo Asesor Presidencial de Educación no era una idea nueva del gobierno, un mes antes ya había sido planteado por la presidenta en el marco de las primeras negociaciones. Para ese entonces, los estudiantes no aceptaron la propuesta por considerar que se habían desconocido varios puntos de sus exigencias. Ahora, con el paso del tiempo y dado el tipo de propuesta concreta que emergía oficialmente, los estudiantes comenzaron a negociar el porcentaje de participación en dicho Consejo, vale aclarar que esta aceptación por parte del movimiento secundario no fue inmediata. Luego de que se hiciera oficial la misma, transcurrió una semana de movilizaciones fuertes a las cuales se integraron otros sectores relacionados con la educación, como los maestros y los universitarios. La integración de otros sectores sociales marcaría el curso definitivo de la movilización. El objetivo de este Consejo Asesor era discutir las principales problemáticas del sistema educativo chileno y avanzar en soluciones claras que condujeran a una reestructuración profunda de la política educativa. Esto, según el discurso del gobierno, debía centrarse especialmente en la solución de cinco puntos especialmente: la ley Orgánica de Enseñanza, la aplicación de la Jornada Escolar Completa, la gestión de los municipios, la formación de los profesores y cómo elevar la calidad de la enseñanza. Por el número de miembros convocados a integrar el consejo, la idea es que hubiera una división por grupos de trabajo, los cuales se encargarían de debatir específicamente una cuestión educativa. Al final, en un plazo de seis meses, debía surgir un informe el cual se tendría en cuenta a la hora de realizar los cambios en el sistema educativo del país. Simultáneamente, la presidenta Michelle Bachelet radicó ante la Cámara de Diputados el proyecto de reforma constitucional que establece como deber del Estado velar por la calidad de la educación.28 Así pues, la dinámica del movimiento secundario pasó de una posición fuerte, en la que marcaba el ritmo de las negociaciones, a simplemente hablar del número de representantes que integrarían el consejo asesor. Este cambio representó para los estudiantes un triunfo paradójico, pues si bien lograron hacer escuchar sus demandas ante los estamentos gubernamentales encargados, de esta manera desplazaron el poder de convocatoria que tenían como grupo organizado a las reglas impuestas por el gobierno, en este sentido, la acción social fue absorbida por negrita es de la autora. 28 Mensaje de s.e. la presidenta de la República con el que inicia un proyecto de reforma constitucional que establece como deber del Estado velar por la calidad de la educación. Santiago, 6 de junio de 2006. Este proyecto modificaría específicamente los artículos 19 No.10, 11 y artículo 20 de la carta fundamental.
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la oficialidad que hizo suyo el discurso y lo introdujo dentro del aparato político. Desde la perspectiva sociológica aquí abordada, podría decirse que el movimiento logró su objetivo: integrar sus reivindicaciones a la estructura política. Sin embargo, falta por analizar qué tanto del discurso de sus demandas fueron transformadas por el aparato burocrático, por lo que estamos ante una paradoja: los estudiantes lograron ser escuchados por “todos” los sectores sociales incluyéndose así en el ámbito de las decisiones políticas, pero al ser escuchados perdieron relevancia porque la problemática ya no les pertenecía sólo a ellos, en otras palabras, con la universalización de su discurso fueron acallados. No obstante, si observamos estos resultados desde la categoría de los marcos culturales, podemos concluir que la movilización de los estudiantes no se detuvo en la obtención de unas curules para el debate educativo, sino que a nivel de producción simbólica e identitaria, los estudiantes abrieron nuevos espacios de intercambio cultural donde no sólo integraron a la sociedad chilena en general, en torno a una causa común como lo era la defensa de la educación, sino que orillaron a los representantes del poder político a hablar públicamente sobre las falencias sociales y a comprometerse con su solución. Entonces, aunque con la apertura de los espacios de negociación con el gobierno los estudiantes perdieron protagonismo, en cambio construyeron significados, nuevas formas de relación con el poder y sedimentaron el espacio simbólico y cultural de la sociedad chilena. Esta conclusión marca una cercanía con la reflexión de Alberto Melucci: La existencia de canales de representación y de actores institucionales capaces de traducir a ‘decisiones’ el mensaje de la acción colectiva, es la única condición que preservaría a los movimientos de la atomización o de la violencia marginal. La apertura del sistema político, y su capacidad de respuesta, despejan el camino y posibilitan la existencia de la acción colectiva. Pero los movimientos no se agotan en la representación; la acción colectiva sobrevive por encima de la mediación institucional; reaparece en nuevas áreas del sistema social y alimenta nuevos conflictos.29 (Melucci, 1999).
Melucci, Alberto. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. México: El Colegio de México, 2010, p. 105. 29
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Finalmente, el día 9 de junio de 2006, los estudiantes anunciaron públicamente la vuelta a la normalidad en sus actividades escolares, hicieron un llamado a sus compañeros para que asistieran a las clases en cada una de las instituciones educativas. Los medios de comunicación informaron sobre el fin de una “lucha histórica” por la educación, estas noticias además develaron lo efímero de la retórica de los medios de comunicación: de un día para otro la lucha de los secundarios se convirtió en pasado, destacaron sus lecciones, sí, pero pronto la lucha secundaria pasó de moda: El tiro de gracia lo dispararon los propios estudiantes y decidieron quitarse de encima un muerto que aplasta todas sus esperanzas. La educación pública en Chile es un cadáver y su descomposición apesta. En eso todo gobierno, oposición, alumnos, profesores, ciudadanos en general, están de acuerdo. Pero hasta hace un par de semanas, nadie pensaba que era el más importante asunto de Estado, hasta que el eslabón más débil —los estudiantes— decidió romper la cadena de despropósitos desafiando a toda la sociedad a dar una respuesta definitiva.30 El aire triunfalista que los medios de comunicación le dieron al movimiento, tuvo como efecto la desactivación de los repertorios de protesta. La opinión pública ya no podía entender por qué los estudiantes insistían con el paro si el gobierno ya había respondido. Por esta razón, los jóvenes decidieron desistir de las tomas y las marchas y recluirse de nuevo en sus colegios donde prometieron estar al tanto del desarrollo de los debates en el Consejo. Aunque inicialmente la exigencia de los estudiantes era tener el 50 % de la representación en dicha instancia, fue el gobierno quien asumió la convocatoria de quienes participarían y redujo el cupo de los secundarios a seis por ciento (ver: Esquema 6).
La Nación, 4 de junio de 2006.
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Esquema 6: Porcentaje de la composición del Consejo Asesor Presidencial para la Educación
19 16
3
3
Iglesia
Políticos
7
Mundo social
7
Esp. en educación
8
Docentes
8
Sostenedores
Economistas
Estudiantes
9,5
Municipios
16 16
Universidades
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
% de participación
Fuente: La Tercera, 8 de junio de 2006.
Por su parte, el proyecto de reforma radicado ante la Cámara de Diputados planteaba la modificación de algunos artículos de la constitución, la justificación señalada por la presidenta fue la movilización de los estudiantes secundarios. Dice el texto: "Ellos plantearon demandas que el gobierno calificó como justas y legítimas por una educación de mayor calidad". A nivel político estas declaraciones le ofrecen a la acción colectiva estudiantil un triunfo simbólico, mismo que será retomado posteriormente por las demandas estudiantiles de los universitarios durante el 2011. Veamos con detenimiento de que se trataba la reforma: 214
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Constitución 1980
Proyecto de Reforma 2006
Art. 19, No. 10 Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.
Art. 19, No. 10 Corresponderá al Estado, asimismo, resguardar el derecho a la educación, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; velar por la calidad de ésta; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.
Art. 19, No. 11 La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir,organizar y mantener establecimientos educacionales.
Art. 19, No. 11 La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, en conformidad a la ley. Se agrega el siguiente inciso final: la ley determinará los mecanismos básicos para asegurar la calidad de la educación.
Art. 20 Procederá, también, el recurso de protección en el caso del No. 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.
Art. 20 Procederá, también, el recurso de protección en el caso del No. 8 y del número 10 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o el derecho a la educación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.
Como puede observarse, esta propuesta no encara la problemática de la libertad de enseñanza, tampoco establece claramente cuáles van a ser los mecanismos para permitir o no la apertura de un nuevo establecimiento educativo. Tampoco se menciona en qué consistirá la mejora de la calidad de la educación ni la manera en que va a evitarse la segregación de los jóvenes con menos recursos económicos. Entonces, la reforma da la impresión de plasmar en el papel conceptos clave debatidos por los secundarios pero sin realizar una reflexión de fondo de las implicaciones prácticas de estas modificaciones. Esta situación, bajo la perspectiva de Tarrow es predecible ya que “el resultado es que las políticas de reforma rara vez coinciden con los planteamientos iniciales de los grupos de protesta. De hecho las reformas que ellos ponen en marcha, a menudo, benefician a otros grupos más que a ellos mismos” (Mc.Adam, Dough, et al, 1999), 215
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Nuestra resolución es que detenemos momentáneamente lo que son las tomas, lo que son los paros. No nos estamos desmovilizando. Esto es sólo una muestra de otra forma de movilización.31 El costo político de una movilización que se detiene no es predecible, puede ser un primer paso a su desaparición total o la apertura de nuevos espacios de oportunidad política para otros que vienen detrás. El análisis de la acción colectiva requiere entonces de una perspectiva procesual que trascienda el momento coyuntural donde por lo general los movimientos dan golpes publicitarios y atraen la atención de la población en general. Desde la perspectiva teórica aquí planteada: La aparición de oportunidades políticas genera recursos externos para la gente que carece de recursos internos, aberturas donde antes sólo había un muro, alianzas anteriormente inviables y realineamientos que parecen capaces de aupar a nuevos grupos de poder (…) la estructura de las oportunidades es una voluble amiga de los movimientos, particularmente de aquellos que se basan en grupos pobres en recursos (Tarrow, 1994, p,177) Para el caso de Los Pingüinos, la apertura de espacios les significó también la negociación con quienes ocupaban los mismos, y por esta razón la acción colectiva de los escolares encontró aliados (estudiantes universitarios, padres de familia, docentes, sectores políticos de izquierda, etc.), que indefectiblemente influyeron en la valoración social de su lucha y en el desenlace de la movilización del 2006. Ahora bien, desde la perspectiva procesual arriba mencionada, la adherencia de los aliados al movimiento fue paulatina a medida que el escenario político iba moldeándose con el curso de los acontecimientos. Estas alianzas, directas o indirectas, el paso del tiempo y la respuesta gubernamental fueron clave para desmovilizar a Los Pingüinos. Entender la confluencia de estos elementos permitirá una comprensión más amplia de la acción colectiva de los secundarios y ampliará las cuestiones relacionadas con el éxito o fracaso de una movilización social (ver: Esquema 7).
Palabras del dirigente Juan Carlos Herrera. El Mercurio, 9 de junio de 2006.
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Esquema 7: Capacidad del movimiento estudiantil para abrir espacios de acción
REPERTORIOS DE PROTESTA Propuestas globales sobre la educación
Reformas educativas específicas
INCERTIDUMBRE
NORMALIZACIÓN Conformación del Consejo Asesor Presidencial
Radicalización de la demanda por la derogación de la LOCE
RESPUESTA GUBERNAMENTAL
Eje de la estructura de oportunidad política Repertorios de protesta: conjunto de prácticas que utilizan Los Pingüinos para ejecutar su acción colectiva en la calle. Respuesta gubernamental: medidas legislativas tomadas por el gobierno de Bachelet. Eje de las condiciones sociales Incertidumbre: capacidad del movimiento estudiantil para generar expectativas en la sociedad civil. Normalización: naturalización de la protesta. Pérdida de interés por parte de la sociedad civil.
A lo largo de nuestro recorrido hemos visto cómo la posición del gobierno frente a las movilizaciones estudiantiles cambió de una represión violenta por parte de los carabineros y una deslegitimación de sus reivindicaciones, a una apertura de espacios de negociación donde se reconoció a los jóvenes como interlocutores válidos en el ámbito político. El contraste de las dos imágenes arroja gratos resultados a los secundarios. Uno de ellos, el más importante, es que lograron poner de relieve la problemática educativa a lo largo y ancho del país de manera tal que la educación fue tema de debate en sectores sociales disímiles. En pocas palabras, Los Pingüinos lograron poner dentro del interés público el asunto de la reforma educativa. 217
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Ahora bien, estos espacios conquistados fueron institucionalizados por el gobierno, lo que produjo una reducción de la incertidumbre por parte de los ciudadanos. Asimismo, cuando la solución planteada por el sector oficial fue aceptada por los estudiantes, la gente asumió que el conflicto había terminado y dieron vuelta hacia la normalización. Un ejemplo de esta aseveración la encontramos meses después, en octubre, cuando los secundarios intentaron iniciar nuevamente un paro debido a la insatisfacción generada por la dinámica que había asumido el Consejo Asesor, la respuesta fue la siguiente: Poco queda de la gran movilización de mayo. Divisiones internas en la asamblea de secundarios, desinterés de la opinión pública y los plazos de la comisión son algunas de las razones del fracaso de estas protestas de octubre [...] además la gente dice que son inoportunos, lo dicen por la fecha cuando quedan semanas para que termine el año escolar y los exámenes finales se amontonaron en el calendario y especialmente para los que están a punto de colgar definitivamente el jumper y la corbata.32
Pero la legitimación por parte del Estado no es lo único que debe mencionarse. Detenernos en el tipo de aliados que encontraron “Los Pingüinos” para el desarrollo de su travesía también es un elemento que ayuda a entender las razones del agotamiento de la acción social en el 2006. El primer aliado visible y “madrugador” del conflicto emprendido por los secundarios fue el sector de los maestros pues varios fueron los comunicados emitidos por el Colegio de Profesores, precedido por el señor Jorge Pavez, en los que apoyaban el paro estudiantil por sentirse identificados con las problemáticas mencionadas en el pliego de lucha de los chiquillos, en uno de sus comunicados se puede notar el respaldo total a los secundarios: "una agenda de debate público, seria y plural, de amplia participación ciudadana, que incluya como temas la derogación de la LOCE, la evaluación del proceso de municipalización de la educación y la Jornada Escolar Completa".33 Siguiendo la idea mencionada en líneas anteriores, la oportunidad política que se despliega por la acción colectiva de un grupo en particular puede abrir espacios a otros grupos organizados. Este es el caso de los maestros, quienes al entrar en el conflicto y participar del debate educativo planteado ganaron a su favor reformas que los benefició particularmente: "Luego de tres meses de peleas y movilizaciones, La Nación, 22 de octubre de 2006. La Nación, 28 de mayo de 2006.
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el magisterio logró beneficios para jubilados y bonos de término de conflicto. El magisterio consiguió un importante regalo para conmemorar hoy el día del Maestro: recuperar la asignación de título perdido desde 1978 algo que ni siquiera los propios profesores pensaron obtener".34 Otro aliado madrugador fue el sector conformado por los padres de familia, por supuesto, es un sector no organizado cuya identidad común era ser los familiares de los escolares que estaban en la lucha. Este elemento cohesionador sirvió para que desde las primeras movilizaciones prestaran férreo respaldo a sus hijos. Al principio salieron a las calles indignados por el maltrato proferido por parte de los carabineros a los menores de edad. Posteriormente comprendieron que las reformas exigidas por sus hijos equivalían a bienestar para ellos mismos. Por esta razón dejaron el miedo heredado de la dictadura y salieron a marchar a las calles. La cultura política chilena recuperó para sí, la participación de personas anónimas del sistema y de eso eran conscientes ellos mismos: "Les agradezco a todos los jóvenes de Chile que están paralizados, y nos hicieron despertar. Quizás el liceo nuestro no tiene grandes problemas, pero a nivel país sí los hay".35 Dentro de esta baraja de asociados no podía faltar el sector estudiantil universitario. La característica central del movimiento fue la aparente posición al margen que manejaron. En varios comunicados emitidos, sugirieron un apoyo irrestricto a los estudiantes secundarios a la vez que aseguraron no querer influir en la organización interna del movimiento. Eso sí, las distintas federaciones estudiantiles salieron a las calles y gritaron con los secundarios las mismas reivindicaciones acerca de la derogación de la LOCE principalmente: Nosotros estábamos dispuestos a dar todo el apoyo posible, pero respetando su autonomía porque el pase escolar y la PSU eran temas que debían enfrentar ellos. Ahora, han emergido los temas de la municipalización, la ley LOCE, la jornada escolar completa, donde nosotros entendemos que son temas estructurales y su solución pasa por aunar sectores más amplios. Estos temas también son nuestros.36
La Nación, 16 de octubre de 2006. El Mostrador, 25 de mayo de 2006. Palabras de Arturo Guerrero. Presidente
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del Centro de Padres del Liceo 1 de Santiago. 36 El Mercurio. 28 de mayo de 2006.
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Una de las alianzas más criticadas por el sector oficial fue la de La Surda, colectivo estudiantil fundado en los años noventa de expresión socialista. La razón de su existencia, según ellos mismos consistía en: “ser una izquierda que rescata la historia latinoamericana en lugar de imitar los modelos revolucionarios de Europa, es decir, una izquierda del sur”.37 La aparente influencia que este colectivo ejerció sobre los estudiantes secundarios sirvió para alimentar los discursos que deslegitimaban la lucha de éstos. Algunos medios decían que entre Los Pingüinos no había “ni autonomía ni independencia” aludiendo a que la lucha secundaria había sido influida ideológicamente por este movimiento de izquierda. Lo interesante es que esta acusación apareció apenas dos días después de que los jóvenes escolares decidieron desmovilizarse, lo que da al traste con el agotamiento general de la organización, influyendo en la opinión pública que seguía construyendo su valoración con respecto a la lucha secundaria. Para completar el cuadro, también hacia el final de las movilizaciones, aparecieron nuevos aliados los cuales al contrario de ensanchar el espacio público de los jóvenes redujo su posibilidad de negociación. Se trata del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) el cual se conformó en los años ochenta como brazo armado del Partido Comunista en el contexto de la dictadura de Augusto Pinochet, posteriormente, durante la década de los noventa se produjo una escisión del partido y decidieron conformar un movimiento popular. Las críticas por parte del gobierno no se hicieron esperar, de nuevo el ataque tuvo consecuencias para la organización secundaria que fue tildada de “instrumento” de este sector de izquierda. Por esta misma línea ideológica, pero con representación “legítima” dentro de la cultura política chilena, está el Partido Comunista (PC). En un apartado anterior mencionamos la vinculación de algunos líderes del movimiento a esta agrupación política. El respaldo mostrado por el PC también ocasionó críticas de los otros sectores insinuando así una manipulación hacia “Los Chiquillos”. No obstante el presidente del partido, Guillermo Teillier aseguró que lo único que sentía hacia los jóvenes era admiración y agregó algo que en este caso llamaremos una opción de oportunidad política para su organización: "si los jóvenes logran con sus demandas introducir cambios a la constitución para modificar la LOCE, se puede dar una de nuestras principales aspiraciones que es reformar la carta fundamental".38 El Mercurio. 11 de junio de 2006. El Mercurio. 5 de junio de 2006.
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Un último aliado en mencionar, también hace parte del sector tradicional de la política chilena, y en este caso tiene nombre propio, se trata del senador demócrata cristiano Mariano Ruiz-Esquide, quien en representación del gobierno (posteriormente se hizo pública una discusión entre un sector del gobierno que aseguraba que el senador había actuado sin autorización), se acercó a los dirigentes estudiantiles para proponerles ser el interlocutor con el gobierno toda vez que el cargo que ocupaba lo facultaba para ello, este era el de presidente de la Comisión de Educación. Curiosamente a los pocos días de estos acercamientos, Bachelet hizo pública la propuesta a la cual los estudiantes se acogieron. El Esquema 7 evidencia la ruta transitada por el movimiento estudiantil en relación con las alianzas logradas con otros sectores sociales, como puede notarse, estos acercamientos tuvieron efecto en la dinámica particular del movimiento y en la percepción de la opinión pública, de esta manera, las jornadas de mayo y junio de 2006 emprendidas por los estudiantes de secundaria, lograron cambiar el imaginario político de los chilenos, las marchas sacudieron los cimientos del aparato político y mostraron que era posible ser escuchado. Los resultados reales pueden no haber cambiado radicalmente la cotidianidad educativa de los jóvenes pero sirvió para despertar la conciencia política de los chilenos. Entonces: El movimiento secundario fue capaz de cambiar completamente la agenda política chilena y consiguió avances que van más allá del ámbito educativo, y que parecían imposibles en el Chile post-dictadura. Logró cuestionar la ideología de la ‘igualdad de oportunidades’, uno de los pilares estructurales del sistema chileno, generó formas de organización innovadoras y masivas, concitó un altísimo nivel de apoyo en la ciudadanía y mostró, en la práctica, que el sujeto social colectivo exige espacios reales de participación.39
El proceso de la acción colectiva de los pingüinos nos develó muchos virajes: en sus comienzos fue subestimado por los medios de comunicación y deslegitimado Boletín Referencias No. 19. Foro Latinoamericano de Políticas Educativas. Estamos dando clases: significados y perspectivas de la movilización nacional de estudiantes en Chile. Juan González, Rodrigo Cornejo y Rodrigo Sánchez. s.f. p. 6. 39
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por el gobierno, después lograron posicionarse como interlocutores válidos en la escena política y se convirtieron en héroes de los ciudadanos, esto ocasionó la adhesión de distintos sectores. Finalmente, sus demandas fueron escuchadas aunque absorbidas por el sistema político. Lograron lo que nadie esperaba, poner como prioridad en la política chilena el asunto de la educación y generar nuevos espacios simbólicos de movilización, lo que inflamó el sentimiento de concertación y acercó a la gente a una democracia más real. Hasta aquí una aclaración, nos referimos a deudas absorbidas por el sistema, porque cuando se conformó el Consejo Asesor, los secundarios fueron perdiendo su voz y en cambio fue reemplazada por la de los adultos que trasladaron la problemática a asuntos legislativos y teóricos. El espacio político ganado por los secundarios ya no era de ellos. Sin embargo, no se dieron por vencidos, siguieron exigiendo al gobierno respuestas efectivas aunque como ya se vio, la convocatoria a las nuevas movilizaciones no fue exitosa: Cansados del escaso avance del Consejo Asesor (entidad que no es resolutiva) los secundarios pretenden que se instale una mesa paralela en el congreso que trabaje en el fin de la ley orgánica LOCE. Su propuesta es que dicha instancia cuente con participación de parlamentarios, gobierno y los representantes de educación. Algo que sea realmente resolutivo, donde el 50 por ciento esté compuesto por representantes de la comisión de Educación del Parlamento y gente del Gobierno y el 50 por ciento restante por profesores y estudiantes.40
El balance realizado desde la lente de la oportunidad política permitió detenernos en características particulares de la acción colectiva. Además de identificar el ambiente social y político en que emergió la acción, la perspectiva teórica aunada con las tensiones constitutivas planteadas, facilitaron un análisis procesual, que intentó superar un relato cronológico, y de esta manera fue más fácil mostrar la complejidad de la dinámica de un movimiento social. El entrecruzamiento de los elementos facilitó la comprensión de los cambios en los repertorios de protesta de los estudiantes de secundaria así como la dinámica de la construcción de sus marcos culturales. De esta manera, la perspectiva sociológica de la oportunidad política fue una base teórica útil al brindar herramientas valiosas para el análisis de la acción colectiva, ya que además de tener en cuenta el contexto político, se aboca por el rescate La Nación, 16 de octubre de 2006.
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de la propia voz de los manifestantes teniendo en cuenta las consignas utilizadas, las estrategias de movilización y los símbolos construidos por los protagonistas de la acción colectiva. Entonces, más allá de un análisis de costo-beneficio, la estructura de oportunidad política rescata la humanidad que entraña el hecho de que un grupo de personas se organicen para salir a la calle a exponer una situación que no les satisface. Ahora bien, una de las principales críticas realizadas a este enfoque radica en el hecho de que este tipo de análisis reduce la movilización a asuntos de elección racional lo que daría cuenta del cómo de la movilización social desplazando el porqué de la misma. Siguiendo esta argumentación: Las explicaciones dadas por la teoría de la movilización de los recursos no pueden generalizarse, dado que sus autores difieren en el núcleo explicativo del surgimiento, evolución y desarrollo de los movimientos sociales. Algunos proponen explicar el surgimiento de los movimientos sociales a partir de la disponibilidad de oportunidades al alcance de los contestatarios; otros, a partir de la existencia de organizaciones que actúan como portadoras de los esfuerzos de cambio social, y otros más hacen referencia a los procesos colectivos de interpretación, atribución y construcción social que median entre la oportunidad y la acción. Pero, [...] no han roto con la teoría de la elección racional (Berrio, 2006, p,228). Al respecto, consideramos que es una lectura reducida, toda vez que al poner en práctica los elementos centrales de la teoría, el análisis va develando que detrás de las decisiones tomadas por los grupos ante la oportunidad política, también se encuentran pasiones, identidades, sentimientos de insatisfacción y demás características que no sólo dan cuenta de un aspecto racional de los líderes del conflicto sino que develan un panorama subjetivo, que seguramente, con ayuda de otros elementos de tipo cultural, podrían desarrollarse con mayor profundidad. Para terminar, esta realidad particular expuesta en estas páginas puede mostrarnos matices de la teoría de la oportunidad política, que como se insistió varias veces aquí, no se tomó como un recetario de la acción colectiva sino como una guía analítica que permitió organizar la argumentación y las explicaciones entorno al impacto de este movimiento estudiantil en el contexto social y político chileno. Por supuesto, falta mucho por analizar pero sea esta la oportunidad para alentar futuras investigaciones sobre nuevos movimientos sociales en Latinoamérica, en particular sobre el movimiento estudiantil, que como lo evidencian las noticias actuales, ha adquirido dimensiones nuevas y rediseñadas correspondientemente con el contexto actual de nuestros países. El reto esta pues al alcance de los estudiosos de la acción colectiva. 223
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Bibliografía Archila, Mauricio (2003). Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958–1990. Bogotá, ICANH / CINEP, p. 508. Berrio, Ayder (2006). La perspectiva de los nuevos movimientos sociales en las obras de Sidney Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci. Revista Estudios Políticos. Medellín, No. 29 Julio-Diciembre, pp. 219-236. Domedel, Andrea y Peña y Lillo, Macarena (2008). El mayo de los pingüinos. Santiago, Ediciones Radio Universidad de Chile, p.216. Favela, Diana Margarita (2002). La estructura de oportunidades políticas de los movimientos sociales en sistemas políticos cerrados: examen del caso mexicano. Estudios Sociológicos, El Colegio de México, año/vol. XX, No. 001, enero-abril, 91-121. Laraña, Enrique (1999). La construcción de los movimientos sociales. Madrid, Alianza, p, 498. López Maya, Margarita (2002), Protesta y cultura en Venezuela: Los marcos de acción colectiva en 1999, Buenos Aires, CLACSO, p. 176. Zapata, Francisco (2005). Cuestiones de teoría sociológica. El Colegio de México, p.261. —.(2008). Chile a 20 años del plebiscito del 5 de octubre de 1988. Boletín Editorial. El Colegio de México, No. 133, mayo-junio, pp. 17-24 Documentos Boletín Referencias No. 19. Foro Latinoamericano de Políticas Educativas. “Estamos dando clases: significados y perspectivas de la movilización nacional de estudiantes en Chile”. Juan González, Rodrigo Cornejo y Rodrigo Sánchez. s.f. —. (2005). Propuesta de trabajo para el Ministerio de Educación de Chile. Estudiantes Secundarios de la Región Metropolitana. Santiago, 30 de noviembre de 2005. —. (2006). La movilización estudiantil en Chile. Cuando los pingüinos se salieron de la vitrina. Miguel De Castilla Urbina.2006. —. (2006). ¿Por qué hay que cambiar la LOCE y revisar la municipalización? Observatorio Chileno de Políticas Públicas. Santiago, 1 de julio de 2006 —. (1990). Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Ley No. 18 962, del Ministerio de Educación. 10 de marzo de 1990. Mensaje No. 137-354. Mensaje S.E. la presidenta de la República con el que inicia un proyecto de Reforma Constitucional que establece como deber del Estado velar por la calidad de la educación. Michelle Bachelet. Santiago, junio de 2006.
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Audiovisual La revolución de Los Pingüinos. Dir. Jaime Díaz Lavanchy. (2006) Guión. Jaime Díaz Lavanchy. McAdam, Dough, McCarthy, John y Zald, Mayer (eds.) (1999) Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Madrid: Istmo, p. 528. Melucci, Alberto, (1999). Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. México: El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, 1999, p260. Tarrow, Sydney. (1994). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Alianza Editorial. Madrid, 1994, p. 369 Internet http://www.elciudadano.cl/2011/09/07/40472/alberto-mayol-sociologo-%E2%80%9Cestaabierta-la-puerta-para-que-la-ciudadania-tome-mas-poder%E2%80%9D/ http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/20/como-se-fraguo-la-traicion-a-lospinguinos-en-el-gobierno-de-bachelet/http://www.archivochile.cl/entrada.html http://www.fortinmapocho.com/detalle.asp?iPro=875&iType=126
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Tatiana Pérez Ramírez El Colegio de México
En el umbral del siglo XXI, Bolivia vivió una intensa crisis política y
movilización social que propició la conformación de un nuevo gobierno. Como un hecho insólito en la vida republicana boliviana, el 18 de diciembre de 2005, el líder sindical e indígena, Evo Morales Ayma, ganó las elecciones presidenciales con una votación del 53.72 %. El triunfo del dirigente cocalero obedece a diversos factores económicos, políticos, sociales, históricos que responden a un contexto de transformación estructural con nuevas formas de acumulación de capital, de relaciones laborales, de dominación política y de identidades sociales. En la conformación de un nuevo modelo económico de desarrollo, de fines del siglo XX, cobraron relevancia distintos actores sociales y espacios geográficos. Campesinos, mineros, indígenas, obreros, alteños, regantes —hombres y mujeres— y variados sectores de la población mostraron públicamente su descontento hacia la élite que había gobernado este país andino en el periodo democrático y de apertura económica iniciado en los años ochenta del siglo XX. De Occidente a Oriente, crisis políticas, económicas y sociales confluyeron y permearon el contexto del declive de los gobiernos de Hugo Banzer Suárez (2000), Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa Gisbert (2005). En el presente capítulo se realiza un primer acercamiento analítico al proceso económico, político y social que generó las condiciones para el arribo de nuevas fuerzas políticas de vertiente indígena popular. Los años del 2000 al 2005 fueron de definición política trascendental para este país que se caracteriza por la movilización social y la alianza estratégica de diversos actores políticos, por ello, en el texto se evoca el tiempo de la lucha articulada donde surgieron grupos sociales, dirigentes y espacios geográficos emblemáticos de Bolivia.
acción colectiva en bolivia, 2000-2005. nuevos actores sociales y transformación ...
El periodo del 2000 al 2005 forma parte de los momentos constitutivos de este país que sigue en constante transformación. La pertinencia del estudio de este ciclo de insurrecciones, revueltas y rebeliones nos ayuda a comprender quiénes son todos aquellos participantes que en el presente debaten y forman parte de la compleja trama boliviana. De forma simultánea, el análisis de este periodo ayuda a vislumbrar que el triunfo electoral de Evo Morales no se dio de forma automática ni directa, ya que fue producto de una acumulación histórica de demandas y conflictos sociales. Ante una coyuntura intrincada, el respaldo popular se dirigió hacia el líder cocalero, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) en la contienda electoral. El desenlace por la vía institucional democrática se suscitó en medio de diversos escenarios de rumores de intervenciones y de golpes de Estado. En consecuencia, una de las inquietudes que subyacen en este texto es tratar de comprender cuáles fueron los motivos que permitieron el triunfo electoral de Morales en el 2005; así como ubicar a los actores sociales que impulsaron a este dirigente y a un proyecto político particular. El corte temporal de este trabajo abarca el primer lustro del siglo XXI, el periodo inicia con la guerra del Agua del 2000 y cierra con las jornadas por la nacionalización de los hidrocarburos de mayo y junio de 2005. Se considera este lapso porque después del proceso electoral y el triunfo de Evo Morales hubo una rearticulación de fuerzas y un ejercicio de la política diferente. En ese sentido, se intenta mostrar una radiografía general de los actores y la organización política y social del 2000-2005, entendiéndose que no se quiere presentar una sucesión de hechos que decantaron en la presidencia de Morales sino la articulación política, siempre contingente, de diversos actores sociales que lucharon en un contexto específico. En suma, la acción colectiva no termina con el triunfo del dirigente cocalero ni su gobierno fue el momento cúspide de la cristalización de las demandas populares. Este proceso no termina con el ejercicio gubernamental. El gobierno de Morales abre otros ciclos de vicisitudes políticas caracterizadas por el conflicto con los departamentos del Oriente, denominados “Media Luna”, dirigidos por la oligarquía del departamento de Santa Cruz, con su proyecto de autonomía departamental. Los antagonismos entre grupos se hicieron públicos y evidentes en el marco de la instalación de la Asamblea Constituyente cuando en la ciudad de Sucre se suscitaron agresiones y vejaciones contra la población indígena. Con la sanción de la Nueva Constitución Política de Bolivia, en enero de 2009, se dio un estatus de Estado Plurinacional y se atendieron algunas demandas populares. No obstante, el conflictivo escenario sociopolítico boliviano sigue 228
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reconstituyendo y se ha diversificado. Por un lado, el antagonismo con los grupos del Oriente se hizo patente en las movilizaciones del 2009, cuando de forma inusitada las poblaciones indígenas de Oriente respondieron con un cerco a la ciudad de Santa Cruz. Por otra parte, algunos de los movimientos sociales que impulsaron el denominado “proceso del cambio”, mantuvieron el respaldo hacia el MAS, pero otros grupos permanecieron críticos. Las decisiones del gobierno en cuanto a las nacionalizaciones fueron cuestionadas y discutidas. En especial, se han criticado y rechazado las medidas de incremento al precio de los hidrocarburos en diciembre de 2010 y la iniciativa de construcción de un puente que afectaba al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiburo-Secure (TIPNIS). De nuevo, las estrategias de movilización utilizadas desde el inicio de siglo y la acción colectiva de distintos sectores sociales saltaron a la palestra del escenario nacional. En años recientes, se ha observado que estos grupos se reconfiguran en nuevas alianzas en donde trabajadores, campesinos, sectores populares mantienen márgenes de negociación y frenos al gobierno, por lo que esta dinámica incesante está lejos de terminar. Por ello, en este trabajo indagamos en esos actores, estrategias y formas de la acción colectiva boliviana, desde que se hicieron visibles en los albores del siglo XXI. Para realizar el estudio nos basamos en una perspectiva sociopolítica e histórica que nos permite ubicar momentos coyunturales de conflictividad, demandas sociales y configuraciones espaciales. En el caso de la introspección de los movimientos sociales retomamos la teoría de la acción colectiva con el objetivo de ubicar los repertorios de confrontación, estructuras de movilización, actores, identidades y demandas, poniendo énfasis en que la acción colectiva que hoy en día sigue en las calles—articuladas de distinta manera—es la que se forjó en el periodo del 20002005, es decir, la acción colectiva que se desplegó en la guerra del Agua, la guerra del Gas y la rebelión por la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente, que reúne experiencias de distintos tiempos históricos, es la que hoy en día sigue vigente y renovándose. Los estudios sociológicos y politológicos sobre este periodo son abundantes. Hay una extensa bibliografía sobre cada revuelta, el ciclo completo y las transformaciones socioculturales.1 A diferencia de lo ya escrito, el presente texto intenta Sin mostrar una búsqueda exhaustiva de la historiografía del tema, cito algunos de los trabajos publicados más sobresalientes. Pablo Mamani, Geopolíticas indígenas, CADES, La Paz, 2005. Marxa Chávez, et al., Sujetos y formas de la transformación política en Bolivia, Editorial Tercera Piel, La Paz, 2006. Félix Patzi, Insurgencia y sumisión. Movimientos 1
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mostrar un panorama general en donde se hace un balance considerando tres momentos constitutivos: 2000, 2003 y 2005. Si bien, para el análisis del 2000 y el 2003 se retoman los trabajos de otros especialistas, se muestra de forma novedosa lo ocurrido en el 2005 antes del proceso electoral. En el análisis global se destacan las jornadas por la nacionalización de los hidrocarburos de mayo y junio, denominada como la rebelión de 2005. Este último periodo ha sido poco explorado puesto que la contienda electoral y el histórico triunfo del dirigente cocalero en diciembre de 2005 eclipsaron los acontecimientos previos. Se incorpora información sistematizada que resultó de las entrevistas y conversaciones con distintos dirigentes y participantes de este periodo. Al tener estos datos de la rebelión de mayo y junio de 2005, contamos con mayores elementos para ver en retrospectiva los años 2000 y 2003, y así examinar los tres momentos del ciclo rebelde.2 Este bosquejo general sirve para ubicar el complejo y contradictorio escenario político boliviano, se destacan las continuidades, cambios e innovaciones. No obstante, se advierte que ante el enfoque amplio se pierde en profundidad analítica y descriptiva de cada año y cada movilización. Este es un texto que aproxima al lector y que invita a consultar la amplia literatura sobre cada problemática. En el primer apartado se hace una revisión del cambio de modelo económico de fines del siglo XX en Bolivia, con especial atención en el arribo de los gobiernos democráticos desde 1982. A partir de este escenario se escudriña la constitución de geografías políticas con rasgos distintivos en el Occidente y Oriente bolivianos en donde se recrearon nuevas identidades y actores sociales ante estas transformaciones. Se presenta una caracterización de la acción colectiva de los distintos movimientos sociales que emergieron a principios del siglo XXI con la guerra del Agua en el 2000, la guerra del Gas en el 2003 y la rebelión de 2005.
sociales e indígenas 1983-2007, Ediciones Yachaywasi, La Paz, 2007. Maristella Svampa y Pablo Stefanoni (compiladores), Bolivia. Memoria, insurgencia y movimientos sociales, Editorial El Colectivo, CLACSO, OSAL, Buenos Aires, 2007. Thomson Sinclair y Forrest Hylton, Revolutionary horizons. Past and Present in Bolivian Politics, Verso Books, Estados Unidos, 2007. Raquel Gutiérrez Aguilar, Los ritmos del Pachakuti, Ediciones Yachaywasi/ Textos Rebeldes, La Paz, 2008. 2 Este trabajo recupera parte de las tesis centrales de una investigación previa que realicé en el 2009-2010 durante mi estancia de investigación en Bolivia. Ver: Tatiana Pérez Ramírez, Rebelión indígena y popular en Bolivia: mayo y junio de 2005, Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos, UNAM, 2011.
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A fines del siglo XX, en América Latina se modificaron las esferas política, económica y social, este cambio de modelo de acumulación se caracterizó principalmente por la apertura del mercado internacional, los incentivos a la inversión privada y el capital extranjero, la transformación de la estructura ocupacional, la privatización del sector público y la ofensiva de la organización sindical. Esto provocó, a su vez, la eliminación de políticas sociales destinadas al gasto público. Las antiguas relaciones cercanas entre el Estado y el movimiento obrero, que dieron sustento al populismo se disolvieron (Zapata, Francisco, 1996). El caso boliviano, con sus matices y singularidades, ilustra ese proceso de transición sociopolítica y económica. Después de un periodo de los regímenes autoritarios —entre una variada gama de dictaduras militares y presidentes de facto— en los años setenta y principios de los ochenta del siglo XX, los gobiernos se conformaron a partir de la alianza de tres partidos políticos: el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y la Alianza Democrática Nacional (ADN). El primer presidente electo democráticamente fue Hernán Siles Suazo (1982-1985). En el periodo de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), se realizó la liquidación de las empresas estatales y la apertura comercial al capital extranjero. Una de las principales reformas que impulsó este gobierno fue el Decreto Supremo 21060 que estableció: la devaluación del peso boliviano, una política cambiaria flexible, la apertura a la inversión extrajera directa, la eliminación de las reglamentaciones estatales, la reducción del gasto público, el congelamiento de sueldos, el desmantelamiento del sector productivo estatal agrícola e industrial y el cierre de las minas. Si bien las medidas económicas de Paz Estenssoro lograron controlar la hiper-inflación, se afectó el poder adquisitivo del salario y el nivel de consumo de la población. De forma paralela y con la colaboración de Estados Unidos, se expidió la ley 1008 en el año 1988, que criminalizó el cultivo de la hoja de coca y propició la persecución de los cultivadores de esta planta. A partir de los años ochenta, con el cierre de las minas, los trabajadores mineros se trasladaron hacia el campo, a los cultivos de hoja de coca y a las zonas urbanas marginales. Se crearon así nuevas geografías políticas, económicas, sociales y culturales en esta intrincada región andina en donde se hizo más evidente la diferencia entre dos regiones: el Occidente y el Oriente.
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El Occidente se caracteriza por una geografía abrupta dominada por la cordillera de los Andes, con una altitud de 2, 600 a 4, 000 msnm, poblada por numerosos grupos de indígenas, en su mayoría aymaras. Esta región, conocida en el pasado como el Alto Perú, fue rica por la plata en la Colonia y por el estaño en el siglo XIX. En el Oriente, donde se ubican los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni, conocidos como “Media Luna”, cuentan con yacimientos de gas y petróleo. La ciudad de Santa Cruz se conformó como el centro político y empresarial de la región, que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX y se favoreció por la apertura del mercado en la década de los años ochenta. Estos antagonismos regionales son una característica peculiar de este país. En el Mapa 1 se ubican las regiones.
Mapa 1 El Oriente y el Occidente. Ubicación de la “Media Luna”
MEDIA LUNA
Pando PERÚ
BRASIL
Beni
BOLIVIA
Santa Cruz
Occidente
Oriente
Tarija
PARAGUAY
ARGENTINA Fuente: Google Earth. Elaboración propia.
En la década de los años noventa, durante los gobiernos de Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y Hugo Banzer Suárez (1997-2000) continuaron las reformas estructurales. Con la política de 232
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relocalización de los mineros y el desplazamiento de grupos indígenas empobrecidos por la crisis económica, en los departamentos de La Paz y Cochabamba se formaron asentamientos humanos irregulares y marginales. Uno de los espacios urbanos emblemáticos de este proceso fue la ciudad de El Alto. Esta urbe, conformada en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, se caracterizó por ser caótica, pobre y beligerante. El Alto se convirtió en una gran ciudad habitada por migrantes temporales y definitivos, que tenían una relación estrecha con sus comunidades. Ante la ausencia de la intervención del gobierno, estos indígenas —provenientes del altiplano aymara— junto con mineros relocalizados, crearon barrios y construyeron sus casas, escuelas y servicios públicos (Sandoval, Sostres, 1989), (Gutiérrez, 2008). A partir de esta organización surgió un nuevo actor social: el vecino alteño.
Imagen 1
La ciudad de El Alto
Marcha cívica realizada en el Distrito 5 Fotografía: Tatiana Pérez Ramírez en julio de 2009
Además del espacio urbano, otros grupos de mineros se trasladaron hacia zonas rurales tropicales del Chapare, ubicado en el valle de Cochabamba, resultado de la migración, en esta región se mezclaron indígenas aymaras y quechuas con 233
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obreros mineros y fabriles. La política de asedio a estos cultivadores, denominada coca cero, afianzó la organización sindical que a la postre dio forma a la Federación del Trópico de Cochabamba (García Linera et al, 2005, p.79). En oposición, en el Oriente se asentó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Esta urbe se caracteriza porque se pobló por “élites” agrarias y numerosos grupos de extranjeros, que no se mezclaron con los grupos indígenas. Se conformó así un grupo político-económico de ascendencia europea, que se conoce como la “oligarquía cruceña”. Para diferenciarse de los indígenas del altiplano, que de forma despectiva nombran collas, en Santa Cruz comenzaron a denominarse cambas. Este fue el símbolo de una población “moderna y burguesa” que es “blanca y rica”. En el primer decenio del siglo XXI, estos grupos sociales impulsaron una propuesta de “autonomía departamental” para separarse de la región occidental (Gutiérrez, 2008, pp. 281-283). La unión de Santa Cruz con otros departamentos generó el bloque regional denominado Media Luna (Mapa 1). Una parte rural del Oriente, el Chaco y la Amazonía de Bolivia, conocida también como Tierras Bajas, está habitada por pueblos indígenas guaraníes, chiquitanos, ayoreos, entre otros, que tuvieron un desarrollo histórico muy diferente a los grupos andinos. En los años ochenta del siglo XX, estos grupos tuvieron el respaldo de organizaciones internacionales y no gubernamentales: Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Chávez, 2008.3 En 1982 se creó la principal organización de los pueblos de oriente Guaraní-izoceños, Chiquitanos, Ayoreos y Guarayos con la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB). En las siguientes décadas, estas organizaciones lograron tener mayor respuesta y atención de la sociedad y las autoridades. Surgieron más organizaciones de este tipo como el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyo (CONAMAQ).4 3 Marxa Chávez, “Sobre autonomías ‘Autonomías indígenas’y ‘Estado Plurinacional’”, en Revista OSAL, Año 9, No. 24, Octubre de 2008, CLACSO, Buenos Aires. p. 53. 4 CONAMAQ se fundó el 22 de marzo de 1997 en Ch’allapata. Apela a la organización andina originaria y rechaza el sindicalismo campesino. Tiene apoyo de varios intelectuales y profesionales aymaras. Xavier Albó, Pueblos indios en la política, La Paz, Plural Editores/CIPCA, 2002, p. 186. Una lectura interesante en donde se rastrean los orígenes de esta organización se encuentra en el capítulo 4 de este libro: Anders Burman, “El ayllu y el indianismo. Autenticidad, representatividad y territorio en el quehacer político del CONAMAQ, Bolivia”, pp. 107- 137.
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Este escenario social que da cuenta de una “sociedad abigarrada”, dividida en grupos étnicos empobrecidos, campesinos desplazados, mineros desempleados, cocaleros perseguidos, sectores sociales mestizos medios profesionales sin oportunidades, grupos “blancos” de ascendencia europea privilegiados, fueron parte de la composición social que para fines del siglo XX generó una intensa conflictividad y movilización social. Estos nuevos actores sociales se manifestaron en defensa de sus recursos naturales con la guerra del Agua del 2000. En el 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada nuevamente ganó las elecciones y continuó con las iniciativas privatizadoras, en especial sobre el gas. Los movimientos sociales se movilizaron contra esta medida en la guerra del Gas en el 2003, que al final terminó con la renuncia de Sánchez de Lozada. El vicepresidente Carlos Mesa Gisbert quedó como sucesor pero ante una nueva rebelión dimitió en junio de 2005 (Thomson y Hylton, 2007).
A inicios del siglo XXI, nuevos actores sociales se hicieron visibles en Bolivia: los vecinos alteños, los cocaleros del Chapare, los regantes de Cochabamba5 y los indígenas de tierras bajas emergieron en oposición al desarrollo de la oligarquía del Oriente y el desarrollo de las políticas económicas de libre mercado. Con el cambio de modelo económico, el movimiento obrero sindical boliviano que había predominado en el periodo de 1952 a 1985, y que había sido el pilar fundamental de los derechos ciudadanos, libertades políticas, mediación estatal y métodos de lucha se resquebrajó. Se dio paso a una época donde surgieron diversos movimientos sociales con características regionales, demandas locales y principios de identificación étnicos. Se gestaron formas de articulación social que constituyeron una “nueva conformación híbrida y porosa de las clases e identidades sociales en Bolivia”.6 Los regantes eran hombres y mujeres que participaron en la defensa y gestión del agua de riego en el departamento de Cochabamba desde 1992 y que en 1997 formaron la Federación de Regantes de Cochabamba (FEDECOR). Esta organización fue importante en la guerra del Agua (Gutiérrez, 2008). Tomando en cuenta las diferencias espaciales y políticas, un proceso similar en defensa del agua se gestó en los andes peruanos. Eso se trabaja en el capítulo 3 de este libro. En: Mattias Borg Rasmussen, “El agua y la vida: el levantamiento de Áncash en defensa de la laguna Conococha protestas sociales en los andes peruanos”, pp. 79-106. 6 (García Linera, et al 2005, pp. 15-21). A partir de análisis de García Linera, en este 5
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De acuerdo con Álvaro García Linera, a diferencia de la constitución del movimiento social anterior a los años ochenta, a fines del siglo XX se conformaron movimientos sociales con una gran capacidad de reconstituir su tejido social y la autonomía frente al Estado. El núcleo organizativo dejó de ser la fábrica y se erigió en la comunidad indígena campesina (García, et al, 2005, p.23) A principios del siglo XXI, ante un escenario de políticas privatizadoras de los recursos naturales básicos para la población y la inconformidad de las formas democráticas autoritarias y excluyentes, diversos actores sociales se sublevaron y tomaron parte en la guerra del Agua del 2000, la guerra del Gas en el 2003 y la rebelión por los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente de 2005.7 En el Cuadro 1 se presenta la cronología general de estas movilizaciones. La guerra del Agua fue la movilización popular e indígena contra la privatización del agua. Los grupos de regantes y habitantes de la ciudad de Cochabamba se movilizaron en oposición a las concesiones que había dado el gobierno de Banzer Suárez a la empresa Bechtel sobre el agua y contra la ley de Agua Potable y Alcantarillado 2920. En los meses de abril y septiembre se dieron acciones de intensa violencia entre los grupos aymaras del altiplano con el ejército en los alrededores de la ciudad de La Paz y en el Chapare se enfrentaron al ejército, policía y cocaleros. Los principales espacios de confrontación fueron los valles centrales de Cochabamba, el altiplano norte y la ciudad de El Alto. El gobierno continúo otorgando permisos a empresas extranjeras en los siguientes meses, la revuelta se extendió y se mantuvo en las ciudades de La Paz y Cochabamba, de septiembre trabajo se retoma la definición de movimientos sociales como un tipo de acción colectiva que lleva a cabo manifestaciones públicas, basadas en una organización previa. Los movimientos sociales tienen el objetivo de expresar su inconformidad hacia determinadas medidas, cumplir metas y reivindicaciones, demandar alguna petición, defender algún interés material o simbólico. De acuerdo con este autor, los componentes principales de los movimientos sociales son: las estructuras de movilización, la identidad colectiva y los repertorios de movilización. Para el análisis de distintas vertientes teóricas de la acción colectiva ver: María Luisa Tarrés, “Perspectivas de análisis de la sociología de la acción colectiva y los movimientos sociales”, en Estudios Sociológicos, vol. X, número 30, septiembre-diciembre de 1992, pp. 735-757. 7 La historiografía sobre cada una de estas insurrecciones es muy extensa. En la bibliografía se citan algunas de las publicaciones más divulgadas sobre este tema. Sobre el año 2005, aún no hay un trabajo que lo estudie a profundidad, como se han analizado el 2000 y 2003. La denominación de rebelión de mayo-junio de 2005 la desarrollé en un trabajo anterior. Tatiana Pérez Ramírez, Rebelión indígena y popular en Bolivia: mayo y junio de 2005, Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos. México, UNAM, 2012.
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Guerra del Agua (2000)
Cuadro elaborado a partir de: Raquel Gutiérrez, Los ritmos del Pachakuti. Álvaro García Linera, et al., Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Tatiana Pérez Ramírez, Rebelión indígena y popular.
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a octubre de 2000, con sus secuelas de junio-julio de 2001 (Gutiérrez, 2008, pp. 53-154). En la guerra del Gas de 2003, la demanda principal fue la derogación del decreto privatizador No. 24806, emitido por Gonzalo Sánchez de Lozada, que permitía la explotación y comercialización del gas natural. En estas movilizaciones confluyeron muchas problemáticas y movimientos sociales. Desde febrero se realizaron protestas en contra de un nuevo impuesto al salario que desencadenó saqueos y quemas de oficinas en la ciudad de La Paz. En la ciudad de El Alto hubo un conflicto por la promulgación de un impuesto a la propiedad, la demanda de libertad del comunero Edwin Huampu y la denuncia de la represión en la comunidad indígena de Warisata. Se agregó el malestar por la llamada ley de Seguridad y Protección Ciudadana que penalizaba los bloqueos carreteros. Ante este escenario, las acciones de protesta se hicieron principalmente desde la urbe alteña y la región del altiplano andino. Los bloqueos a la ciudad de La Paz generaron un desabasto tan agudo que el presidente mandó al ejército a la ciudad de El Alto para sacar pipas de gas. La incursión militar, efectuada el día 12 de octubre en esa zona, provocó un enfrentamiento que costó la vida a más de sesenta personas y cientos de heridos. Este periodo se conoce como “Octubre Negro”, por la emergencia nacional, Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a la presidencia y huyó del país (Gómez, 2006). La rebelión de mayo y junio de 2005 se suscitó por la demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Después de la renuncia de Sánchez de Lozada, el vicepresidente Carlos Mesa quedó al mando del país. En un inicio este presidente intentó conciliar a los distintos actores sociales inconformes con el gobierno saliente y a los grupos afectados por la inestabilidad en Santa Cruz. Sus reformas constitucionales sobre los hidrocarburos fueron rechazadas por ambos grupos. En la ciudad de El Alto, las movilizaciones comenzaron por la concesión de suministro del agua potable, ya que el gobierno había dado permiso para explotar este líquido a una empresa extranjera. En el Oriente, el alza de precios de los carburantes provocó problemas en la ciudad de Santa Cruz. La “oligarquía cruceña” aprovechó esta situación para presentar una agenda política donde el punto central fue la autonomía departamental. En mayo de 2005, en el Congreso Nacional se aprobó una ley de hidrocarburos que otorgaba altas regalías y concesiones al capital extranjero. Los indígenas del altiplano norte se movilizaron en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos. Los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, encabezados 238
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por Evo Morales y el MAS, se acercaron marchando, desde Oruro, en demanda de la Asamblea Constituyente, que había sido impulsada desde el 2000. En oposición a la privatización del agua y a favor de la nacionalización de los hidrocarburos, los pobladores de El Alto nuevamente rodearon la ciudad, los indígenas del altiplano norte llegaron a bloquear y los indígenas de tierras bajas junto con los cocaleros hicieron un plantón en la capital. Ante el acoso de los movimientos sociales, la sesión del Congreso Nacional se trasladó a la ciudad de Sucre, los contingentes indígenas y mineros fueron a Sucre y la cercaron, los congresistas aceptaron la renuncia de Carlos Mesa. Después de una breve discusión sobre la sucesión, donde dimitieron los dos siguientes sucesores por orden constitucional: el presidente de la Cámara de Senadores Hormando Vaca Díez y el presidente de la Cámara de Diputados Mario Cossío. Finalmente, después de negociaciones y bajo protesta de convocar a elecciones anticipadas, quedó el presidente de la Suprema Corte de Justica, Eduardo Rodríguez Veltzé, como presidente interino.
Este ciclo de movilizaciones e insurrecciones del 2000 al 2005 se dio principalmente en dos departamentos: La Paz y Cochabamba. La región altiplánica de la Paz se dividió en dos zonas. Una era el área rural de la provincia de Omasuyos y la otra era la parte urbana de la ciudad de El Alto. En Cochabamba, fueron relevantes la ciudad y el Chapare. Estas regiones fueron las más afectadas en el cambio de modelo de desarrollo a fines del siglo XX mientras que en el Oriente se fueron articulando los grupos denominados como la “oligarquía cruceña”. Con el objetivo de mostrar la organización de estos movimientos sociales y las características de la acción colectiva en este periodo se presenta el Cuadro 2 dividido en tres bloques que corresponden a los periodos 2000, 2003 y 2005, fragmentados en seis columnas: espacios de movilización, actores y organizaciones sociales, actores y dirigentes, estructuras de movilización, identidad colectiva y demandas. De acuerdo a lo que se presenta en el Cuadro 2, los principales escenarios de movilización fueron la ciudad de Cochabamba, el Chapare, el altiplano andino, la ciudad de La Paz, la ciudad de El Alto y la ciudad de Sucre. En el 2000, los principales participantes, organizados y movilizados fueron los regantes, los cocaleros y los indígenas andinos. Los regantes formaron la Coordinación del Agua 239
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y su principal dirigente fue, el trabajador fabril Oscar Olivera. Los cocaleros del Chapare estaban organizados en las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba con el dirigente Evo Morales. Los indígenas de la provincia de Omasuyos se organizaron en torno a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)8 y su líder fue Felipe Quispe “El Mallku”. En el 2003, las movilizaciones se concentraron en la región del altiplano norte, sin dejar de mantenerse activos, los regantes y cocaleros tuvieron un papel menos protagónico. En este periodo se dio el “regreso de los mineros”, los mineros y cooperativistas de Huanuni llegaron a la ciudad de La Paz con dinamita. Aunque no era un contingente numeroso, el arribo de estos actores fue un aliciente moral por el recuerdo de los obreros aguerridos de épocas pasadas y las milicias mineras que participaron en la revolución de 1952 (Cajías de la Vega, 2006, pp. 35-41). Ante la represión en la ciudad de El Alto en octubre de 2003, los pobladores de La Paz se solidarizaron con los alteños. Los barrios de las laderas dieron víveres e incluso participaron en acciones de resguardo. Otros sectores sociales como las clases medias e intelectuales se movilizaron para exigir el cese de la violencia. Algunos personajes académicos, universitarios y artistas marcharon con pañuelos blancos por el respeto a los derechos humanos; otros más comenzaron a hacer huelgas de hambre. La centralidad de vecinos alteños, estudiantes, gremialistas e indígenas del altiplano se mantuvo en el 2005. En ese año hubo una mayor articulación organizativa y discusión política. En El Alto, además de las juntas vecinales con el dirigente Abel Mamani, tuvo un papel importante la Central Obrera Regional (COR) bajo el liderazgo de Edgar Patana. En las comunidades del altiplano indígena, la dirigencia de Quispe fue perdiendo apoyo y surgieron otros dirigentes con menor importancia como Gualberto Choque; por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB) estuvo representada por Jaime Solares. Desde el Chapare, Evo Morales marchó con los contingentes de cocaleros y los indígenas de tierras bajas, que llegaron a la ciudad de La Paz a demandar la convocatoria a Asamblea Constituyente. Los mineros La CSUTCB se fundó el 26 de junio de 1979 en el marco del Congreso de Unidad Campesina de la COB. La formación de la CSUTCB constituyó el quiebre del pacto militarcampesino y el inicio de la alianza obrera -campesina que se vio en los bloqueos de caminos de noviembre de 1979. Genaro Flores fue el primer secretario ejecutivo y reconocido dirigente aymara que logró incorporar demandas del movimiento que reivindicaba la figura y legado de Tupac Katari (kataristas). Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos, Luchas del campesinado aymara y qhechwa 1900-1980, La Paz, Aruwiyiri-Editorial del Taller de Historia Oral, 2003, pp. 172-174. 8
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nuevamente participaron en la capital del país y luego se trasladaron a la ciudad de Sucre. Es importante señalar que las relaciones entre dirigentes fueron tensas y conflictivas. En el transcurso de estos años hubo un “vaivén entre el conflicto y la alianza” entre organizaciones. Desde la guerra del Agua, al interior de las organizaciones del altiplano se gestaron diferencias y rivalidades; había discusiones entre Felipe Quispe y Evo Morales, de igual forma, hubo pugna en el marco de las movilizaciones cocaleras y de los regantes, en especial entre Evo Morales y Oscar Olivera (Albó, 2002, pp, 81-83 y 93). En el 2003, los antagonismos entre dirigentes se atenuaron ante la violencia y la represión. Para el 2005, las organizaciones estaban más fragmentadas y había más líderes, sólo el grupo integrado por el MAS, los cocaleros y los indígenas de tierras bajas tenían una dirigencia que no se debatía: Evo Morales.
Una de las características principales de las estructuras de movilización de los actores sociales fue que, en su mayoría, se articularon con base en la organización sindical, comunal y vecinal en sus diversas variantes. En la cuarta columna del Cuadro 2 se pone la estructura formal que se activó en este periodo de acción colectiva. La experiencia sindical fue uno de los referentes principales. En el lado del altiplano, los indígenas de las provincias se congregaron, principalmente en la CSUTCB, con la dirigencia de “El Mallku”. Esta forma sindicato-comunal recupera dos tradiciones: una es el sindicalismo derivado de la revolución del 52, que se nutrió del katarismo de los años setenta; la otra es la estructura organizativa comunitaria del ayllu andino, forma de reproducción de la vida previa a la conquista española, que se ha ido adaptando a través de los siglos. Tanto cocaleros como indígenas del altiplano estuvieron activos, aunque los cocaleros se movilizaron menos en el 2003, las movilizaciones más violentas y aguerridas se dieron por parte de los indígenas aymaras. Una de las estructuras novedosas fue la Coordinación del Agua que se fundó el 12 de noviembre de 1999. Esta organización unió a la Federación de Regantes de Cochabamba (FEDECOR), los trabajadores fabriles, los comités de defensa del medio ambiente y los colegios profesionales. Su composición también incluyó a
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Cuadro 2
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clases medias, ambientalistas y profesionistas que se involucraron, desde fines de la década de los noventa, en las discusiones por la privatización del agua (Gutiérrez, 2008, p. 61). Esta idea se reeditó en el 2003 con la Coordinación del Gas. Los alteños se organizaron a partir de dos estructuras: la primera, con mayor trayectoria e influencia, es la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), que reunió a los representantes de cada barrio para tratar los problemas de servicios básicos hasta problemas políticos de cada distrito. La estructura vecinal, sin ser rígida, tuvo una definida distribución de actividades y de defensa del territorio a partir de los barrios de cada uno de los distritos de esta ciudad. Es notable que en estas instancias organizativas se conjuntaran una gama variada de formas comunales y militares que funcionaron de forma efectiva en el 2003 y en el 2005. Esta compleja dinámica ha sido denominada como “microgobierno barrial" (Mamani, 2005b) La otra instancia de regulación, de corte más clásico y derivado de la COB, fue la Central Obrera Regional (COR), cada una de éstas tenía su estructura interna, lineamientos y reuniones planificadas. Los cocaleros, sin ser trabajadores de fábrica ni de minas, se organizaron en pequeños sindicatos y federaciones. El sindicalismo cocalero del Chapare heredó ejes organizativos del corporativismo de las comunidades indígenas y la estructura sindical de los obreros mineros. Estas dos tradiciones se unieron y bajo las normas y reglas políticas liberales constituyeron un partido político: el Movimiento al Socialismo (MAS). A diferencia de los demás movimientos sociales, los cocaleros fueron actores opositores al gobierno en dos espacios: en las movilizaciones de protesta y en las elecciones de representantes políticos. Esta diferencia no fue menor, puesto que, al final fue el único movimiento social que supo aprovechar todos los espacios: las calles y el Congreso. En el periodo que va de 1988 al 2000, el movimiento cocalero fue casi “el único movimiento organizado que se enfrentó a las reformas neoliberales” ya que los obreros habían sido desarticulados debido al cierre de las minas y el movimiento indígena había sido cooptado, con las políticas multiculturales, o reprimido (García, 2005). La experiencia de los cocaleros y grupos afines al MAS se puso en práctica en la coyuntura del 2005, sobre todo en el proceso electoral.
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Los repertorios de movilización se basaron en formas antiguas y modernas, que se realizaron en espacios urbanos y rurales. Dentro de éstos se destaca el avance hacia los espacios simbólicos y físicos del gobierno y las clases dirigentes9 mediante marchas a las sedes de gobierno, a las oficinas gubernamentales y a los espacios residenciales. En el 2000, los cocaleros se dirigieron del Chapare a Cochabamba. En el 2003, las comunidades aymaras marcharon del norte a la ciudad de La Paz, en el 2005, los indígenas y cocaleros fueron de Caracollo (Oruro), a La Paz, en especial, la capital paceña, donde se ubican las sedes del poder ejecutivo y legislativo, fue el centro de recepción de constantes movilizaciones y ataques. Las acciones defensivas y ofensivas fueron constantes en este periodo, ya que desde el 2000 se quemaron y saquearon oficinas de gobierno y sucursales de empresas nacionales y extranjeras. Esto se observó desde los tumultos del 2000 y febrero de 2003 en El Alto, pues hubo un persistente enfrentamiento contra la policía y el ejército. El punto más álgido de las confrontaciones fue en octubre de 2003. De igual forma, se hicieron vigilias, se improvisaron armamentos y medios de transporte (bicicletas y carretillas). Los bloqueos carreteros y la obstrucción de los caminos fueron también parte de estas estrategias, un método de lucha ancestral que se siguió repitiendo en este periodo fue bloquear los accesos a la ciudad de La Paz, la idea de “cercar” la capital forma parte de un imaginario popular que rememora el cerco histórico de Tupac Katari en 1781, que duró 184 días. En el 2003, durante la guerra del Gas, la imagen del cerco se hizo más concreta puesto que el bloqueo y desabasto a La Paz fue tan efectivo que tuvieron que lanzar alimentos vía aérea. Como reminiscencia, en el 2005 se volvió a recrear el imaginario del cerco a La Paz y después a la ciudad de Sucre.10 9 Pablo Mamani enfatiza que los indígenas “se han convertido en poblaciones estratégicas”, “en actores principales de la territorialización del conflicto en distintas regiones, comunidades y ayllus, e incluso en los centros urbanos” (Mamani, 2004). El rugir de las multitudes. Las fuerza de los levantamientos indígenas en Bolivia/Qullasuyo, La Paz, Ediciones Yachaywasi, 2004, p. 7. También ver: Pablo Mamani, Geopolíticas indígenas, La Paz, CADES, 2005. 10 Algunos textos que analizan el cerco histórico de Tupac Katari y la importancia de la memoria histórica en las movilizaciones contemporáneas en Bolivia: Sinclair Thomson, et al., Ya es otro tiempo el presente, La Paz, Ediciones La Muela del Diablo, 2003, p. 4. Sobre la historia de Tupac Katari y el cerco de 1781 en: Sinclair Thomson, Cuando sólo reinasen
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Dentro del repertorio de confrontación se hicieron las movilizaciones en las plazas principales de las ciudades mencionadas; así como los plantones y las marchas internas. En el año 2005, de forma inédita, los contingentes indígenas y populares llegaron hasta las zonas residenciales del sur de la ciudad de La Paz a amedrentar a los habitantes de estos “barrios ricos”, a quienes les cortaron las corbatas (Pérez, 2012). Los grupos del Oriente y del Occidente utilizaron símbolos, imágenes y costumbres indígenas en las marchas, los movimientos sociales llevaban como estandarte la whipala, bandera de la nación india, y dirigían sus ataques al compás del sonido de los pututus (instrumento de viento en forma de cuerno), y los jallallas (gritos de guerra). Los hombres y las mujeres que hicieron vigilias y bloqueos se nutrieron de hoja de coca. En este periodo fue recurrente que los indígenas realizaran sus bloqueos carreteros y obstrucción de calles, así mismo realizaban sus tradicionales “acaullicos” (masticación de coca), y compartían la comida (papa y chuño), en los aphtapis. En los enfrentamientos, los indígenas utilizaron ondas y qurawas (látigos andinos), para las movilizaciones pusieron en práctica estrategias de guerra, de ataque y de ocultamiento, conocidos el plan “taraxchi” y el plan “pulga”. En especial, en la región de Omasuyos había una clara identificación de formas de lucha indígena que se remontaban a un pasado milenario. Desde el 2000 se mencionó la formación de un ejército indígena que se constituyó en la montaña de Qalachaka, en la región de Achacachi. Estas estrategias se utilizaron tanto en el altiplano como en la ciudad de La Paz en la guerra del Gas. En el 2005, se realizaron estrategias “cuasi militares” para las incursiones a los barrios residenciales donde se puso una guardia indígena con todos los elementos andinos.11 Los cambios generados en estos años fueron resultado de la activa participación indígena y popular que desarrolló mecanismos de acción basados en estructuras organizativas comunales, sindicales y vecinales, recurriendo a maniobras de movilización basadas en experiencias y memorias de épocas antiguas y tiempos contemporáneos.
los indios. La política aymara en la era de insurgencia, Muela del diablo/Aruwiyiri, La Paz, 2006. 11 El estudio de estas formas indígenas de movilización las analiza el sociólogo aymara Pablo Mamani (2004).
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Si bien después de la revolución boliviana de 1952 se impulsaron demandas salariales de los obreros y la demanda del reparto agrario de los campesinos, en el siglo XXI, los nuevos actores sociales se movilizaron por la defensa de la naturaleza y sus territorios, la apropiación de los recursos naturales, las reivindicaciones étnicas y los derechos políticos. La diferencia con el pasado fue que no había una identificación de clases social sino que emergieron identidades híbridas, construidas en espacios urbanos y rurales, que estaban resistiendo y adaptándose a las formas de rearticulación del periodo de la transnacionalización del mercado. Aquellos que se reconocían como obreros y campesinos pusieron énfasis en que eran indígenas y defendieron su identidad, en especial, en el altiplano aymara del departamento de La Paz. Con sus matices, ese proceso se dio en el Chapare y en la región del Oriente, incluso, los habitantes de la ciudad de El Alto también se reconocieron como indios urbanos. A partir de esta identificación socio-cultural se exigió el respeto a los usos y costumbres, se defendieron los territorios (comunidades y ciudades), se pidió el cuidado de la naturaleza y se exigió el reconocimiento de derechos políticos en la constitución del Estado.
Las guerras del siglo XXI se dieron en defensa del agua, del gas y de los hidrocarburos. Estas nuevas demandas se articularon en torno a la idea del cuidado de la naturaleza y la conservación de los recursos naturales, por una parte, los grupos indígenas movilizados manifestaron respeto por deidades indígenas como fue la Pachamama (Madre Tierra). Uno de los reclamos en estas movilizaciones fue que se estaba alterando el orden natural por privatizar el agua y el gas. En oposición a la lógica capitalista, los nuevos actores sociales exigieron el cese al lucro de los recursos naturales ya que no eran mercancía. En la región del Chapare se demandó respeto al uso y comercialización de la hoja de coca, considerada un recurso milenario. Los cocaleros denunciaban que defendían el cultivo de la hoja de coca
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porque era parte importante del sistema social, ritual y reproductivo de las comunidades indígenas aymaras (Zurita, 2005, p. 85). Estos campesinos sindicalistas pedían el cese del hostigamiento por parte de la policía estatal y el gobierno estadounidense ya que no eran criminales sino que cultivaban una planta medicinal de uso ancestral. Sin idealizar a los indios bolivianos, no hay que dejar de lado que estos indígenas y sectores populares, del campo y de la ciudad, hacían público el respeto a la Pachamama pero también estaban interesados en el uso y el usufructo de los recursos naturales. Estos grupos originarios del país exigían su derecho de participar en la gestión del agua, del gas y de los hidrocarburos. A partir de una revisión histórica y ante una coyuntura de apertura del mercado, se denunció que no se permitiría que las empresas extranjeras saquearan la riqueza natural de Bolivia, así como lo hicieron con la plata en el periodo colonial, con el estaño en el siglo XIX y con el petróleo en el siglo XX. En el año 2000, ante el decreto de privatización del agua, los regantes, los trabajadores fabriles, los cocaleros y los indígenas del altiplano se rebelaron contra los proyectos de modernización del gobierno de Hugo Banzer y pidieron el “manejo, gestión y cuidado del agua" (Gutiérrez, 2008). Al final, después de intensas confrontaciones se derogó el decreto y este líquido se mantuvo como bien público. Este tipo de demanda fue parte de una reflexión en torno a las necesidades vitales de la población que había sido discutida en asambleas y reuniones de estos actores sociales junto con diversos grupos sociales. Esta petición tuvo tanto eco que logró vincular a las comunidades aymaras del altiplano y a los cocaleros. La disputa por este líquido se volvió a presentar en el año 2005 en la ciudad de El Alto, en donde, de igual forma, la empresa privada Aguas del Illimani había firmado concesiones con el gobierno de Carlos Mesa para privatizar el servicio de agua potable, con el apoyo de la Coordinadora de Cochabamba, los alteños se opusieron a esta medida. El caso de este recurso generó que desde el año 2000 uno de los ejes principales de los movimientos sociales fuera la demanda de la construcción de sistemas independientes del agua potable. Una propuesta aún más radical fue la recuperación de los todos bienes comunes, que cobró fuerza en el 2005 con la nacionalización de los hidrocarburos. Los conflictos por el gas en el 2003 y los hidrocarburos en el 2005 fueron parte de un reclamo que se articuló en la coyuntura pero que tuvo como referente la memoria histórica de las luchas por los recursos energéticos en ese país. Siguiendo el ímpetu de la guerra del Agua, en el 2003 se exigió que no se privatizara el gas y que no se vendiera a otros países. Se reclamó al gobierno que este recurso 247
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energético tenía un costo elevado para la población, había mala distribución y, en algunos momentos, era escaso. No se debía exportar ni privatizar un bien público de primera necesidad que no llegaba a los sectores medios y pobres de Bolivia. A diferencia del agua, el conflicto por el gas tuvo el marco simbólico de la memoria de querellas pasadas, una de ellas era la guerra del Chaco de 1932, cuando los bolivianos defendieron el petróleo de la nación ante Paraguay y ante la injerencia de empresas extranjeras. Esta memoria nacional se reactivó cuando se anunció la venta del gas por puertos chilenos (Parada, 2004). El referente histórico de la defensa del petróleo se recuperó en las jornadas de octubre de 2003. Aunque esta remembranza de las luchas pasadas fue un factor importante, no hay que olvidar la constante organización política sobre los recursos naturales que se dio a fines de los años noventa, previo a la guerra del Agua, y en los años 2000-2002, que se afianzó después de la guerra del Gas. Los movimientos sociales, en especial aquellos que se encontraban en la ciudad de El Alto, se mantuvieron discutiendo el tema de los recursos naturales. Los alteños e indígenas aymaras, con las instancias de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), realizaron foros y reuniones con expertos en el tema. Estos vecinos se involucraron de forma directa y profunda en estos debates ya que, desde que se fundó esa ciudad, habían conseguido por cuenta propia los servicios básicos de luz, agua, drenaje y el asfaltado de calles. Para el 2005, la población que se había movilizado en el 2003 estaba mejor informada y más politizada. Este elemento generó que el discurso de la defensa de los hidrocarburos fuera más drástico, puesto que además de rememorar a los combatientes del Chaco, también rendía homenaje a los muertos y heridos de octubre de 2003.
Como se mencionó en los repertorios de movilización, los símbolos indígenas fueron un rasgo distintivo de los grupos del altiplano aymara, del Chapare y de las tierras bajas. Estas expresiones públicas que reivindicaron objetos y prácticas de las poblaciones indias también constituyeron una demanda que era el reconocimiento de usos y costumbres ancestrales. Los participantes de estas movilizaciones que se autodenominaban campesinos, cocaleros, obreros y vecinos ubicaron que había un elemento en común: eran indígenas.
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El reconocimiento de la identidad étnica no fue totalmente novedoso en el año 2000 puesto que en los años noventa del siglo XX, dentro de la lógica multicultural impulsada por organismos internacionales, cobró auge la importancia de las organizaciones de pueblos originarios, en ese periodo, el tema indígena fue centro de atención debido a que, por primera vez, el encargado de la vicepresidencia del país era un aymara: Víctor Hugo Cárdenas. Además, en la ciudad de El Alto, la organización Conciencia de Patria (CONDEPA), dirigida por Carlos Palenque, tuvo gran aceptación por ensalzar los rasgos folclóricos de la cultura andina. En los albores del siglo XXI, esta idea de la recuperación de los valores indígenas se subvirtió y se reelaboró en forma de protesta. Los cocaleros tomaron como símbolo de reivindicación y sacralidad indígena a la hoja de la coca; se reconocían como un tipo de campesino indígena con organización sindical. Los indígenas pedían respeto a su identidad y territorios aunque sus demandas eran distintas a los indios aymaras ya que la composición étnica de estos grupos es más variada, que va desde el Oriente, el Chaco y la Amazonía, y habitan en lugares donde hay distintos recursos naturales.12 La demanda de reivindicación étnica más radical se elaboró en el altiplano andino. Los indígenas aymaras denunciaron que eran indios oprimidos y marginados; se manifestaron enérgica y violentamente contra las humillaciones y el despojo. Uno de los rasgos de la acción colectiva boliviana fue que se derivó de un reclamo que apelaba a siglos de opresión. Los manifestantes criticaron una forma de dominación que se inauguró desde la colonización española, que se reprodujo bajo el dominio “criollo mestizo” en el siglo XIX y que se continuó aún después de la revolución de 1952. En las movilizaciones del 2000-2005, los enemigos eran los gobiernos neoliberales pero también esa clase política señorial y la población blanca racista nombrada como k’aras.13 Desde el 2000, algunos gritaron “‘Mueran los k’aras y viva el movimiento indígena”(Patzi, 2003). Era una forma de expresar las asimetrías de una sociedad dividida en términos raciales, en donde se había subordinado a los indios. Estas proclamas eran contra el racismo, la crítica al Estado colonial (con sus formas de colonialismo interno), la división entre una Bolivia india y la Bolivia criollo-mestiza. El caso de los indígenas de las tierras bajas ha sido menos explorado que el del altiplano aymara. En la actualidad se están elaborando trabajos sobre esta región. Uno de los pioneros en problematizar este tema fue Xavier Albó. 13 El término de k’aras se refiere a las personas de rasgos fenotípicos occidentales y color de la piel clara. Son los blancos mestizos o simplemente blancos que además ejercen la dominación de forma arbitraria, en el sentido de que explotan a sus subordinados. 12
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Algunos de estos postulados tuvieron la influencia de la experiencia política del katarismo de los años setenta y ochenta, que fue una corriente política que reivindicaba al indio Tupac Katari.14 Otra influencia ideológica importante fue la “revolución india” que propuso Fausto Reinaga a fines de los años sesenta del siglo XX. El resultado de la confluencia de estas corrientes políticas fue el indianismo katarismo, que propugnaba los derechos de los indios. En especial, las demandas de las reivindicaciones étnicas fueron resultado de una lógica social, económica, política y cultural excluyente y discriminatoria. En el año 2000, este pensamiento permeó la organización de los habitantes de El Alto. En este periodo la “ciudad de migrantes” vio el “despertar de su verdadera identidad”(Patzi 2003). Esa ciudad, que había sido considerada en la década de los años noventa como alienada, en el momento de la insurrección se reconoció e identificó con los indígenas del altiplano, en especial, en el discurso de Felipe Quispe que hablaba de la Bolivia india marginada. Los alteños representaron esa abigarrada identidad entre lo indígena comunitario y el vecino urbano. Dentro de esta lógica se incorporaron otras demandas como fue el derecho a la educación, así, grupos de estudiantes, recuperando su identidad indígena como estandarte, también se identificaron como universitarios que utilizaron y readaptaron las radios comunitarias a los nuevos tiempos con tecnologías modernas. Algunos jóvenes alteños, activos participantes, de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), reivindicaron su derecho a la educación y se aliaron con los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
De forma paralela y simultánea a las reivindicaciones étnicas estuvieron las demandas políticas que apelaron a la ampliación de los derechos indígenas a partir de la modificación de la Constitución Política del Estado. Esta demanda se plasmó en las peticiones a la convocatoria a una Asamblea Constituyente para firmar una Nueva Constitución Política. Los grupos indígenas pedían así un Silvia Rivera Cusicanqui se refiere a la larga duración del “colonialismo interno y formas de estratificación coloniales”, en donde se diferencian dos bolivias, una la de los criollos-blancos y otra la de los indios, que se tradujo en ciudadanos de primera y segunda clase, respectivamente. (Rivera 2003). Algunas investigaciones sobre la crisis de identidad y el racismo en la ciudad de Oruro ver: (Rea Campos, 2006), y (Rea Campos, 2011). 14
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nuevo pacto político en donde sus identidades y sus derechos fueran reconocidos, esta demanda también involucró una crítica directa a la falta de gobernabilidad y credibilidad de los gobiernos del periodo democrático, es decir, se cuestionaron los principios de ciudadanía e igualdad. Los principales demandantes eran los indígenas de las tierras bajas y algunas organizaciones indígenas constituidas en los años noventa. Los momentos más importantes en que se expresó esta petición fue con la Marcha por el Territorio y la Dignidad en 1990, cuando por primera vez, los indígenas de tierras bajas llegaron a la ciudad de La Paz. La propuesta de la Asamblea Constituyente se fue afinando en la Asamblea del Pueblo Guaraní en 1995, que en años sucesivos tuvo el respaldo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). En el 2002, se realizó la Marcha por la Asamblea Constituyente, por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales. Las demandas fundamentales eran: una reforma del Estado, que contemplara una mayor representación política de los indígenas; la incorporación de mecanismos de elección según sus usos y costumbres, y el reconocimiento de formas de autogobierno (Chávez y Mokrani, 2007). Esta propuesta fue retomada por el MAS y la Coordinadora del Agua en el 2000. En el 2002 se llevó a cabo la Cuarta Marcha por la Asamblea Constituyente, por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales, las movilizaciones continuaron en algunos momentos se articularon con otros movimientos sociales e impulsaron algunas modificaciones a la constitución. Pero conforme se fue ampliando el conflicto político-social con la guerra del agua y la guerra del gas, en el año 2005 las organizaciones sociales fueron consolidando la demanda de una nueva constitución en donde los constituyentes pertenecieran a los distintos sectores movilizados. Esta demanda fue un desafío al modelo de Estado nación moderno, ya que se pedía el reconocimiento de la multiculturalidad de la población y de las formas comunitarias autónomas en la vida política nacional. La rebelión de mayo y junio de 2005 fue el periodo en donde la convocatoria a la Asamblea Constituyente fue enarbolada, sobre todo por el MAS y las organizaciones del Oriente. Esta propuesta condensó un ideario político en donde estos grupos marginados y excluidos exigían derechos, inclusión y reconocimiento oficial dentro del marco estatal. El interés por los cambio sociales estuvo aparejado a la elaboración de los espacios político institucionales, por lo que en ese sentido se encaminó la masiva participación indígena que mediante un ejercicio democrático y popular eligió a su presidente. 251
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Consideraciones finales A finales del siglo XX, los cambios del modelo de acumulación y del marco institucional generaron la redefinición de la sociedad civil, ante la desestructuración de las relaciones laborales, el embate de la tecnología y el cierre de las empresas estatales, la antigua forma de la clase social asalariada, condensada en la figura del minero, se transformó en una diversa gama de actores sociales que recuperaron experiencias pasadas y las reinventaron en espacios urbanos marginales, conformando nuevas geografías sociopolíticas de una notable diferenciación económica. Este nuevo momento histórico muestra la constitución de actores sociales que surgieron de dos corrientes diferentes: por un lado la participación obrera, sobre todo minera, con su tradición de organización sindical; y por el otro la intervención de los grupos indígenas, con una organización comunitaria derivada del ayllu andino, que se renovó en los espacios urbanos, como fueron los casos de los aymaras del altiplano, los cocaleros y los vecinos de El Alto. Si en el siglo XX la centralidad proletaria se debió al régimen de acumulación y el sindicalismo minero fue la mediación entre el Estado y la sociedad, en el siglo XXI asistimos al ascenso y protagonismo de un actor múltiple y heterogéneo. Las demandas de antaño con reivindicaciones políticas institucionales y económicas, sustentadas en la condición de clase social, se replantearon a exigencias de tipo socio culturales donde la identificación étnica fue uno de los principales estandartes de la acción social, en defensa de la naturaleza y el resguardo de las identidades. En el siglo XXI, las luchas fueron por el acceso a los servicios básicos, el reclamo de servicios públicos, la defensa de recursos naturales (agua, gas e hidrocarburos), los derechos políticos y la reivindicación étnica. Estas demandas pueden ser interpretadas en dos niveles analíticos; por una parte, están los elementos simbólicos indígenas con usos y costumbres que están más relacionadas con el mantenimiento de un orden natural donde prevalecen los ritos, los rituales y la religiosidad andina. Los grupos indígenas se opusieron a las formas de lucro y cosificación de los recursos naturales de la lógica capitalista. Por otra parte, y considerando que el conocimiento indígena se adapta a los tiempos contemporáneos, se hizo una defensa del uso y usufructo de los recursos naturales que se consideran propiedad de los grupos originarios del país. Estos grupos se reconocían como actores sociales capaces de gestionar y administrar tales recursos en beneficio de la población. En esta agenda política se advierte la ambivalencia entre la defensa cultural y sagrada, y el derecho a la explotación y
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distribución moderna realizada por los propios indígenas. En la parte política y jurídica, la propuesta a la convocatoria de representantes para la Asamblea Constituyente representa un reclamo de incorporación de estos actores sociales a la nación sin dejar la identidad sociocultural indígena. Todos estos grupos hicieron uso de una variada gama de repertorios de confrontación basados en la organización comunal, sindical y vecinal, se recurrió a estrategias de movilización sustentadas en experiencias y memorias de tiempos antiguos y contemporáneos, es decir, la acción colectiva boliviana fue resultado de tradiciones ancestrales de raíz indígena, del conocimiento adquirido en el periodo revolucionario del 52, de las acciones de resistencia a las dictaduras, que a la luz de un ambiente moderno y con nuevas tecnologías, se reinventó e innovó. Las movilizaciones del 2000 al 2005 tuvieron un efecto directo, y en algunos casos, inmediato en el marco institucional y, a corto plazo, propició un cambio en la conformación del gobierno. En términos jurídicos y legales, las movilizaciones generaron que los decretos expedidos por los gobernantes fueran abrogados. En el 2000, el presidente Hugo Banzer tuvo que dar marcha atrás a su Ley de Agua 2029 en Cochabamba; en febrero de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que anular la iniciativa de impuestos en las ciudades de La Paz y El Alto; en octubre de 2003, se derogó el Decreto Supremo 24806, que permitía la explotación y comercialización del gas natural. En el 2005, se anuló la ley sobre hidrocarburos. Estas leyes que eran claves en el paquete de reformas estructurales, no se aplicaron ante la inconformidad social y la violencia colectiva de ese periodo. Ante estas rebeliones y revueltas, renunciaron dos presidentes y se convocó a elecciones anticipadas: Gonzalo Sánchez de Lozada, después de haber ordenado la acción más sangrienta en la ciudad de El Alto, abdicó e inmediatamente escapó del país. En junio de 2005, Carlos Mesa también tuvo que dejar la presidencia. En la sesión del Congreso en Sucre dimitieron al puesto dos personas: el presidente de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, porque pertenecían al grupo de Sánchez de Lozada. Al final, se llegó al acuerdo de que Eduardo Rodríguez Veltzé quedara como presidente interino, bajo protesta de convocar a elecciones anticipadas. En el 2005, se presentó una diversificada y experimentada acción colectiva, que en algunos momentos de confrontación logró una fuerte unificación pero en otros momentos de discusión política se fraccionó. El grupo de cocaleros e indígenas de tierras bajas fue el más cohesionado que reconoció a Evo Morales, como único dirigente. Con la renuncia de Carlos Mesa, ante la rearticulación de la “oligarquía cruceña” y la radicalización de los grupos del altiplano aymara, en un 253
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escenario convulso y conflictivo, la opción política del MAS convino mejor por su trayectoria electoral, por su unidad (relativa pero mayor si se le compara con otras organizaciones), y su experiencia en distintos escenarios político sociales. El clima de inestabilidad política, la crítica a los partidos políticos aliancistas del periodo democrático, la articulación de las diversas fuerzas sociales y la estructura de partido, generó que para las elecciones de diciembre de 2005 Morales llegara como la figura más sobresaliente de las luchas sociales y con trayectoria política en el Congreso. Esas elecciones presidenciales fueron memorables por el triunfo del dirigente cocalero. Esta inédita victoria fue resultado de las movilizaciones anteriormente descritas y de la efectiva participación indígena que incursionó en los espacios políticos-institucionales de la democracia representativa. Dentro de las primeras acciones del gobierno del MAS se dio a conocer la convocatoria a representantes para la Asamblea Constituyente que culminó en la Nueva Constitución Política promulgada en 2009, en donde se establece un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que reconoce como oficiales las lenguas de las distintas etnias del país y la bandera indígena, entre otras modificaciones, además, se han realizado nacionalizaciones de sectores estratégicos como los hidrocarburos; no obstante, no se ha logrado disminuir el antagonismo regional y el racismo. Por el contrario, la confrontación entre Oriente y Occidente es mayor. Los departamentos de la Media Luna continúan con su propuesta de autonomía departamental. El gobierno de Evo Morales cerró un ciclo de movilizaciones pero no clausuró la acción colectiva. En años recientes, en el altiplano aymara, la ciudad de El Alto y la ciudad de La Paz se ha incrementado la crítica a este presidente, en especial por sus propuestas de alzas a los impuestos a fines de 2010. En el 2012, se realizaron marchas y bloqueos de los indígenas de tierras bajas en defensa de una reserva ecológica, en donde el gobierno intentó construir una carretera que comunicaría a Bolivia con Brasil. El conflicto aún no cesa y los nuevos actores sociales bolivianos continúan manifestándose. Esta problemática es tema para otra investigación, sin embargo, invita a seguir analizando y pensando en los cambios vertiginosos del intrincado escenario sociopolítico boliviano.
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Los nuevos caminos de los movimientos sociales en Latinoamérica se terminó de imprimir en enero 2015.
La impresión estuvo a cargo de Cerro de la Silla Editores S. A. de C.V. Reforma 1905 Ote., Col. Modelo, Monterrey, N.L., México, C.P. 64580. El tiraje es de 500 ejemplares. Para su composición se utilizó la familia tipográfica Minion Pro. El cuidado de la edición estuvo a cargo de Cuitláhuac Quiroga Costilla / Tilde Editores
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