Los Militares y la Política en Chile (2007)

Los Militares y la Política en Chile 1990 - 2006 Claudio Fuentes

[VERSION PRELIMINAR. FAVOR NO CITAR]

Trabajo presentado al Taller sobre Militares y Política, organizado por FLACSO-Chile y realizado en la ciudad de Quito el 26 y 27 de Octubre de 2007.

“He meditado largas horas por el futuro de Chile. Tengo temores como los tienen todos, porque aquellos que aparecen hoy como mansas ovejas, como blancas palomas, llevan el odio y la infamia. Vamos a ver qué va a suceder después. Por eso digo, tengo mis aprehensiones y por eso es que me quedo como comandante en jefe del Ejército. No para promover golpes o hacer gobiernos paralelos con el fin de molestar o no dejar gobernar... me quedo para resguardar la institucionalidad como me lo pide la Constitución”.

Ge ne ra lAug usto Pinoc he t .ElM ercurio,18 d e oc tub re,1989.

“A los críticos de este sistema bien valdría la pena recordarles que a estas instituciones armadas apolíticas y jerarquizadas, como lo quiere el constituyente, les podría corresponder la tarea de salvar la democracia si, en un futuro hipotético, se adueñaran del poder político déspotas o corruptos que haciendo tabla rasa de la legalidad, sometieran a sus caprichos a una civilidad doblegada e indefensa”. Almirante José Toribio Merino. El Mercurio, 18 de marzo, 1988.

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Los Militares y la Política en Chile 1990 - 2006 Claudio Fuentes1 La presencia de los militares en la vida política Latinoamericana ha sido una constante. Peter Smith (2005) en su análisis sobre la preeminencia de sistemas democráticos, concluye que si sumamos el total de años del siglo XX en 19 países de la región, ellos sólo vivieron bajo sistemas democráticos en un 26% del tiempo total de dicho siglo. El resto fue bajo sistemas semi-democráticos, oligárquicos o regímenes autoritarios, en muchos de los cuales las fuerzas armadas (FF.AA.) cumplieron un papel directo de control del poder o indirecto de apoyo a las elites para mantenerse en el poder. Es en este contexto que surge la pregunta sobre qué rol ocupan los militares en la actualidad: ¿están cumpliendo un rol profesional alejado de la coyuntura política? ¿mantienen un nivel de intervención en asuntos políticos contingentes luego de haber ejercido la administración de gobierno y mantener espacios de poder legal y fáctica? Si hoy la democracia electoral es más bien la regla en América Latina, resulta oportuno y necesario evaluar las características de la inserción y rol que están tenido los uniformados en la vida democrática. Lo anterior implica varios desafíos analíticos. En primer término, significa explicar el sentido de lo “político” en los militares. Al analizar a las fuerzas armadas en tanto “actores políticos” podemos reconocer varias dimensiones o grados potenciales de intervencionismo: para materializar un proyecto político en la sociedad; para apoyar a un grupo de la sociedad en miras a obtener y administrar el poder político; y para demandar sus intereses corporativos o institucionales. En estas tres dimensiones lo que está en juego es el rol de las instituciones armadas como actores. Aceptando la premisa que las instituciones armadas gozan de una “autonomía relativa” y que no son meros instrumentos de una elite o de un grupo social, lo importante de analizar son entonces sus alianzas, el tipo de vinculación política y las respuestas a decisiones políticas. El segundo desafío se refiere al proceso de acomodación luego de una dictadura militar. Entender las relaciones entre el sistema político y los militares cuando éstos últimos han ejercido el poder, implica observar las interacciones en un contexto político cambiante, que altera los incentivos de las instituciones para responder a dicho cambiante contexto de manera diversa. El momento de la transición parece central en las primeras condicionantes que definirán ciertos “patrones de dependencia” futura. Sin embargo, eventos coyunturales podrían afectar dichos procesos. De ahí la necesidad de observar la dimensión temporal de las relaciones civiles-militares. Una tercera cuestión se refiere a la dimensión societal de la relación civil-militar. El grado de legitimidad de una institución armada en la sociedad parece central para aumentar/disminuir su capacidad de negociación en el contexto político. En países donde el sistema político es altamente cuestionado y los niveles de fragmentación tienden a ser altos, convendría observar la percepción de la sociedad respecto del rol que han cumplido o que debiesen cumplir las FF.AA. En este artículo observamos el caso de Chile intentando abordar la cuestión civilmilitar desde una perspectiva política, esto es, analizando el proceso de acomodación política 1

Ph.D. en Ciencia Política. Actual Director de FLACSO-Chile.

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de los militares y argumentando que en el caso chileno observamos un proceso de alejamiento de los militares del proceso político contingente en la medida en que el General Pinochet dejó de tener presencia pública. No obstante, al no observarse un cambio significativo en los niveles de autonomía militar, la expresión política de los militares a girado de modo esperable hacia la defensa de sus intereses y privilegios corporativos. Desde un punto de vista de la percepción de la opinión pública, observamos un alto nivel de legitimidad de las fuerzas armadas en la sociedad chilena, acompañado de una aceptación mayoritaria de un involucramiento de ellas en el proceso de desarrollo. Si a ello le sumamos una aceptación de las elites de dicho modelo, concluimos que es poco probable que las FF.AA. reduzcan sus niveles de autonomía, en la medida en que no se altere dicho equilibrio social. I. Los militares y la intervención en política Al realizar un diagnóstico del estado de influencia de los militares en países en vías de desarrollo, Samuel Huntington destacaba en 1995 que la historia en tales países es la de un declive del poder de los uniformados. Pese a que se trataba de un proceso lento, se podía observar un progreso hacia instancias de relación civil-militar que se asemejaba al de los países desarrollados (Huntington 1995). Otros autores a mediados y fines de la década de los 90s se animaban a realizar un diagnóstico similar respecto de la retirada de los militares hacia los cuarteles (Hunter 1997, 1998; Pion-Berlin 1998; Millet 1997). Existen, sin embargo, algunas fuentes de pesimismo respecto del rol que cumplen y podrían cumplir los militares en un nuevo contexto. Para algunos autores (Loveman 1989, 1994 y 1999, Farcau 1996, Agüero 1998, Bustamante 1998, Deush 1998, Cruz y Diamint 1998), en muchos países los militares han mantenido importantes prerrogativas heredadas de las pasadas dictaduras. Además de la influencia formal de los militares en política a través de golpes de estado, se requiere también considerar los mecanismos informales de influencia de los mismos (Weeks 2003). Aquella influencia informal se podría evidenciar en casos como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela por citar sólo algunos ejemplos. Un elemento adicional es el nivel de apoyo de la opinión pública a las instituciones castrenses vis à vis el nivel de desconfianza ciudadana hacia las instituciones políticas. De esta forma, el rechazo a los golpes de estado sería un dato problemático cuando una gran mayoría de la población en muchos de los países de la región confía más en las instituciones armadas que en las propias instituciones políticas. Desch (1998) sostiene que mientras la comunidad internacional ha apoyado los sistemas democráticos, las restricciones económicas de los gobiernos de turno los han hecho buscar el apoyo de los militares para resolver conflictos internos. Por su parte, si bien Estados Unidos ha apoyado la democracia como principio rector de su política exterior, en la práctica ha adoptado una agresiva política respecto de la política contra las drogas, dotando a los militares a algunos países de la región de capacidades de operación que podría afectar su estabilidad. Finalmente, otros autores han indicado que incluso si hay evidencia que los militares no están interviniendo en política, uno de los problemas de los nuevos regímenes democráticos es la debilidad de las nuevas autoridades en reducir la autonomía institucional y política de los uniformados en países como Chile (Mares 1998), Perú, Brasil, Venezuela, Uruguay (Diamint 1999, Agüero 1998), Bulgaria, Rumania y Rusia (Barany 1997; 1999) entre otros países.

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La principal pregunta no resuelta por la literatura se vincula entonces con la profundidad de los cambios que han operado con la tercera ola de democratización que comenzó a comienzos de la década de los 1980s y que se extiende por más de veinte años. ¿Se trata de una pausa en el tradicional intervencionismo militar en política que se ha dado en América Latina? Más aún, ¿hasta qué punto observamos un cambio de condiciones que hacen improbable la intervención de los militares en política? Pero una vez resueltas aquellas preguntas, se plantea la interrogante sobre ¿de qué tipo de intervencionismo estamos hablando? La existencia de recurrentes golpes de Estado en América Latina llevó a los estudiosos a cuestionarse sobre los factores y condiciones favorables para dichas intervenciones. Algunos autores observaron a los militares como “instrumento” de intereses estructurales de clase y de pugnas de poder (Joxe 1970, O´Donnell 1973, Nun 1967). Otros autores buscaron una explicación en las propias instituciones armadas, cuestionando el ya clásico argumento de Huntington sobre la subordinación objetiva y subjetiva de los militares. Por ejemplo, Alfred Stepan (1971) rechazó la noción de Huntington de profesionalismo como inhibidor de la intervención de los militares en política. En su trabajo, demostró que en varios países las FF.AA. habían intervenido en política precisamente cuando desarrollaron un “nuevo profesionalismo”, esto es, una doctrina de seguridad nacional independiente de los civiles. En la década de los 1970s, los grandes debates sobre la relación civil-militar giraban en torno a interpretaciones de clase y análisis histórico-institucionalistas que abordaban la mentalidad militar (Loveman y Davies 1989) y el grado de “corporativismo” institucional (Varas 1988). La literatura luego se orientó a responder la pregunta sobre el efecto que tendría el tipo de régimen militar e institución castrense en la transición o apertura democrática. Stepan (1988) sistematizó las condiciones bajo las cuales una transición era posible indicando que a mayores prerrogativas y poder de los militares, mayores eran las restricciones que tendría una transición a la democracia. Otros autores analizaron las características de los militares antes, durante y después del momento de la transición (Rouquie 1982, Ficht 1986, Lowenthal 1974, Hunter 1997, Pion-Berlin 1997, 2001). Las transiciones a la democracia fueron analizadas de acuerdo a las condiciones y oportunidades bajo los cuales las autoridades civiles eran capaces de responder a militares que generalmente intentaban preservar sus prerrogativas formales e informales. Para algunos, dichas prerrogativas generaban restricciones para las futuras autoridades (Karl 1990). Posteriormente, otros autores estudiaron las condiciones iniciales y los posteriores cambios producidos en las esferas de influencia civil y militar (Agüero 1995, Fuentes 1996, Hunter 1997, Weeks 2003). Las preguntas centrales seguían siendo las mismas: ¿Por qué los militares intervenían en política? ¿Cómo se lograba la subordinación de los militares? ¿Bajo qué condiciones los gobiernos democráticos iniciaban su interacción con los militares? ¿Qué factores contribuían a generar control civil después de producidas las transiciones? Sin embargo, y tal como Samuel Ficht lo indicara en 1986 (ver también Pion-Berlin 2001), los estudios relativos a las FF.AA. han crecido sustancialmente en cantidad pero no necesariamente en establecer una agenda de investigación que resuelva algunas preguntas centrales en forma comparada. Las dificultades propias del trabajo de campo con instituciones militares y la pérdida de “la moda” de los estudios de seguridad y defensa en la década de los 1990s han afectado la calidad de las preguntas y las respuestas al importante tema de la subordinación. Los análisis todavía aparecen como esporádicos, centrados en un

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grupo de países destacados (Argentina, Chile, Brasil, Perú, Guatemala, Perú), y con una débil agenda comparativa. Al intentar responder a las preguntas antes indicadas, la literatura provee tres grandes respuestas no excluyentes: primero, la subordinación militar parece depender en parte de la transformación de la “mentalidad” militar, esto es, de la estructura de creencias que define “como el mundo funciona”. Dichas creencias son tanto variable independiente y dependiente por cuanto afectan las actitudes militares hacia la civilidad y por cuanto son definidas por el contexto internacional, el tipo de socialización que exista en una sociedad y otros factores institucionales. Ficht, por ejemplo, argumenta que un cambio en el control democrático de las FF.AA. requiere como condición necesaria la transformación de la mentalidad o creencias militares (Ficht 2001). En segundo lugar, las “acciones estratégicas” o el aprovechamiento de oportunidades políticas por parte de los tomadores de decisión parecen ser también un factor decisivo a la hora de entender patrones de relación civil-militar. La capacidad de negociar y visualizar “ventanas de oportunidades” muchas veces abre nuevas opciones de transformación (Hunter 1997, Fuentes 2000, ver discusión en Pion- Berlin 2001). En tercer lugar y desde una perspectiva institucional, la forma en que se definen los arreglos institucionales formales e informales (Fuentes 1997; 2000, Weeks 2003) afectan el contexto de relaciones civiles militares y los niveles de subordinación militar. Trinkunas (2001) y Agüero (2001) son dos ejemplos de estudiosos que han intentado combinar aproximaciones teóricas para responder a la pregunta de la subordinación militar. Trinkunas explica el proceso de progresiva subordinación militar en Argentina y Venezuela indicando que en primer término debe explicarse el tipo de estructura de oportunidades para la acción por parte de los actores políticos. Como los militares seguramente resistirán el control civil, entonces el éxito dependerá de una combinación virtuosa de oportunidades, estrategias y la existencia de instituciones que posibiliten el cambio. Utilizando un argumento de “patrón de dependencia” (path dependence) Felipe Agüero también combina un análisis institucional con interacciones estratégicas por parte de los actores en pugna. El contexto de la transición sienta las bases para la interacción entre actores civiles y militares que desconfían unos de otros. El resultado de mayor o menor subordinación dependerá en ese caso de una combinación de (a) las condiciones iniciales de poder por parte de los actores, (b) el aprovechamiento de oportunidades estratégicas por parte de los actores, y (c) la institucionalización de aquellas oportunidades. El resultado así no está asegurado por cuanto los actores pueden aprovechar y/o desperdiciar oportunidades para la acción. II. El rol político de los militares. Consenso de elites, legitimidad social y la temporalidad del proceso político Uno de los principales problemas de la literatura es que, por razones evidentes, la atención principal de los investigadores se ha centrado en las preguntas sobre la emergencia de regímenes autoritarios y el proceso de transición democrática y su consolidación. Como los militares en varios países pasaron a un segundo plano como actores relevantes del proceso político, el interés analítico por entender su inserción en el sistema político ha tendido a disminuir. En esta sección planteamos que existen tres dimensiones de análisis relevantes para entender el rol de los militares en un contexto democrático: la existencia de un consenso de las elites sobre el sistema democrático, la cuestión de la legitimidad social, y la temporalidad del proceso político. 5

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Una primera cuestión central es entender qué significado le estamos dando a lo “político” cuando hablamos de la influencia de los militares. Existen tres visiones no excluyentes. Una primera opción es entenderlo en la perspectiva de Koonings y Kruijt (2003) que en su volumen comparativo “ejércitos políticos” observan el rol de los militares en cuanto instituciones “que consideran su participación o control sobre la política interna y los asuntos de gobierno como parte central de sus legítimas funciones”. Ellos van más lejos al sostener que fuerzas armadas no políticas serían la excepción por cuanto sólo son un paradigma dominante en “Norteamérica, Europa Occidental, Japón y hasta cierto punto también en la antigua Unión Soviética y China y la mayor parte de los antiguos estados comunistas de Europa Central”. Aquí, entonces, el interés analítico es considerar a las FF.AA. como un actor que tiene un proyecto de sociedad y que pretende promoverlo, impulsarlo o imponerlo. Una segunda visión se relaciona con entender a las FF.AA. como actores que tienen cierto proyecto político social pero que no necesariamente lo expresan en una abierta o directa intervención política. En este caso, se trataría de una vinculación más indirecta a través de sistemas de alianzas o estructuración de consensos dentro de la elite. Aplicando el modelo de Field, Higley y Burton (1990) sobre configuraciones de las elites, podríamos entender que a partir de determinados intereses sectoriales o procesos políticos históricos se desarrollan alianzas entre las elites. El nivel de unificación de las elites sobre la legitimidad de las reglas del juego democráticas tendría un impacto no sólo en el tipo de transición política sino que también en las cosmovisiones predominantes en una sociedad respecto del rol específico que le caben a las fuerzas armadas, por ejemplo. A mayor nivel de fragmentación de la elite, mayores son las opciones para que se establezcan alianzas disruptivas que afecten al proceso político. A mayor consenso respecto de la legitimidad del sistema democrático, menores las opciones de las FF.AA. para intervenir en el proceso político. Entonces, una variable central a observar es la forma en que las elites van a percibir el rol de las FF.AA. en el juego político. Esto puede medirse tanto respecto de las normas legales que establecen los roles y misiones de las FF.AA. como en relación a las prácticas específicas de involucramiento de las FF.AA. en el proceso político. ¿Apoyan los sectores políticos una eventual insurrección militar? ¿Qué tipo de apoyos se dan? ¿Son ellos explícitos o implícitos? ¿son durables o tienden a diluirse en el tiempo? Una tercera dimensión de “lo político” se refiere al interés de las FF.AA. por promover sus intereses corporativos en el proceso político. Aquello es natural a cualquier sistema político y a cualquier organización relativamente desarrollada. En la medida en que las reglas del juego político establecen momentos institucionales para transformar las relaciones de poder (la aprobación del presupuesto, por ejemplo), es esperable que las instituciones intenten presionar por mantener sus privilegios o avanzar sus intereses. En el caso específico de los militares, este tipo de incidencia en política podría proyectarse a sus intereses específicos de presupuesto, adquisiciones, mantenimiento de privilegios legales, como también a determinadas cosmovisiones o valores que ellos están interesados en proyectar hacia la sociedad: la defensa de la patria, de la moral y las buenas costumbres, etc. Podríamos realizar una primera inferencia que se desprende de lo anterior: en la medida en que existe mayor consenso de las elites sobre la legitimidad del sistema democrático, es más probable que la agenda institucional de las FF.AA. se restringa a cuestiones corporativas más que a otros temas. Sociedades donde existe mayor fragmentación y un cuestionamiento a la legitimidad del sistema democrático abre posibilidades para que las FF.AA. expanda su agenda hacia temas de interés nacional. Por lo

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tanto, resulta fundamental observar el consenso/disenso político sobre el rol y funciones que a los militares les corresponde cumplir en una sociedad. Una segunda cuestión es la legitimidad social de las FF.AA. en cuanto actores en una sociedad democrática. Dos preguntas son relevantes aquí, ¿Hasta qué punto las FF.AA. son reconocidas como instituciones legítimas en una sociedad? y ¿qué tipo de legitimidad la sociedad reconoce para las FF.AA.? el nivel y modalidad de la legitimidad es central por cuanto le otorga a las FF.AA. un poder relevante en el contexto democrático. Instituciones armadas con baja legitimidad tienen pocas probabilidades de ejercer algún grado de presión y alcanzar apoyos políticos. Instituciones legitimadas socialmente, tienen mayores posibilidades de convertirse en factores de influencia política. La sociedad puede otorgarle a las FF.AA. diversas fuentes de legitimidad, esto es, en cuanto instituciones armadas que cumplen la función específica y principal de la defensa de la patria respecto de amenazas externas, o bien en cuanto contribuyentes al desarrollo de la nación y, por lo tanto, con un rol doméstico en sectores claves de la vida nacional como son las políticas sociales (educación, salud, etc.), infraestructura, seguridad ciudadana, protección del medio ambiente, difusión de valores nacionales, etc. Así, la legitimidad social de las FF.AA. es una construcción social que se articula a partir de varias dimensiones incluyendo funciones específicas (defensa) y amplias (desarrollo). La tercera cuestión fundamental en nuestro análisis es la dimensión temporal. El proceso político es dinámico y tiende a transformarse en el tiempo. Por lo tanto, es muy importante observar cómo las coyunturas afectan los intereses de los actores, hasta qué punto se producen mutaciones en el sistema político que transforman los paradigmas desde el cual los problemas son abordados. La temporalidad es fundamental pues reduce la rigidez de nuestros análisis. El caso chileno lo abordaremos a partir de una comprensión general de los principales “momentos” de la transición y su posterior transformación. Consenso de elites Sobre legitimidad democrática Baja

Alta

Percepción Funciones castrenses

Específica

Chile 1990

Chile 2006

Amplia El argumento que se desarrolla en este trabajo es que efectivamente se ha producido una relevante evolución en el caso de Chile producto de cambios en el contexto político que ha orientado las relaciones entre civiles y uniformados. El cambio principal es el mayor

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consenso de las elites sobre la legitimidad del sistema democrático y el rol menor que le correspondería a las FF.AA. en este marco. Lo anterior se materializó en el acuerdo constitucional para eliminar una serie de aspectos que establecían la autonomía de las FF.AA. incluyendo la función de garantes del sistema institucional y diversas acciones de los partidos de derecha que han aceptado en mayor medida la subordinación de los militares al poder político. Desde el punto de vista de la legitimidad social, las FF.AA. gozan de alta legitimidad en cuanto instituciones de la defensa y como aportadoras al desarrollo social del país. Aquello no observa un cambio relevante en el período democrático. La principal conclusión es que en el futuro lo que estará en cuestión es precisamente esta última cuestión: ¿Hasta qué punto las FF.AA. deben cumplir con funciones más allá de la defensa? La agenda de modernización institucional es el principal tema que emerge de este nuevo contexto y allí emergerán una serie de temas nuevos a las instituciones armadas relativas a las transformaciones culturales y sociales del país. III. El caso de Chile: acomodación de prácticas e instituciones Ya en otros trabajos hemos dado cuenta de una mirada temporal a las relaciones civiles-militares (Fuentes 2006). En este trabajo nos detenemos en tres elementos centrales que a nuestro juicio son centrales a la comprensión de la relación entre militares y política: la construcción de un consenso de las elites respecto del rol de las FF.AA., la legitimidad social de las FF.AA., y las coyunturas que incidieron en que aquellos cambios ocurrieran. a. La lenta construcción de un consenso de elites sobre la democracia Al iniciar la transición existía una fuerte discrepancia en las elites respecto del rol pasado, presente y futuro de las FF.AA. en un contexto democrático. Al re-inaugurarse la democracia el 11 de marzo de 1990 las FF.AA. contaban con altos niveles de autonomía, una ingerencia directa en asuntos de gobierno que venían ejerciendo por 17 años, un marco normativo que refrendaba aquella autonomía institucional pero al mismo tiempo involucramiento en política contingente a través de la designación de senadores designados y su rol en el Consejo de Seguridad Nacional, y la existencia de alta cohesión dentro de los partidos de derecha que o por razones estratégicas (Renovación Nacional) o por razones normativas (UDI), apoyaban el involucramiento de las FF.AA. en asuntos internos. Al otro lado de la balanza, el nuevo gobierno de centro-izquierda propiciaba una reducción de la autonomía militar, la reducción de los espacios de ingerencia de los militares en política y la subordinación de las instituciones armadas al poder político. La división de las elites era evidente al comenzar la transición y aquello se tradujo en una constante tensión que interpuso al Presidente de la República y sus principales asesores con la principal figura que había encabezado la dictadura militar: el General Augusto Pinochet. Desde el punto de vista institucional, hacia fines de los años 1980s la literatura caracterizó la situación de las FF.AA. en Chile como de autonomización profesionalizada , esto es, una situación con un alto nivel de corporativización junto con un débil o inexistente control de las instituciones armadas. La idea-fuerza de los militares fue garantizar amplios espacios de autonomía reduciendo la capacidad de los civiles de interferir en temas institucionales. En palabras del general Pinochet, lo que la Constitución de 1980 había hecho 8

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fue que "estructuró una modalidad organizativa funcional a la materialización de tales principios (los vigentes en dicha Constitución), basada en el reconocimiento de un alto grado de independencia relativa" . En la otra cara de la moneda, las nuevas autoridades rechazaban esta conceptualización y postulaban la necesaria subordinación de las FF.AA. a las autoridades legítimamente elegidas por la ciudadanía. Las principales características del inicio de la transición consideraban en primer lugar un alto nivel de autonomía de las autoridades políticas. Ello se expresaba en la inamovilidad de los comandantes en jefe; los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales se hacen a proposición del comandante en jefe y no del Presidente de la República como fue la tradición; se estableció un piso presupuestario mínimo del presupuesto ordinario para las FF.AA. equivalente a lo asignado en 1989, reajustable de acuerdo a la inflación anual (IPC). Aquello se aplicó también a los gastos reservados de los comandantes en jefe; otra ley determinaba que el 10% de las ventas al exterior de la Corporación Chilena del Cobre (Codelco) se les asignaría a las FF.AA. para adquisiciones de equipamiento militar, también con un piso mínimo; a partir de 1973 se realizaron reformas a la legislación sobre justicia militar, ampliando su radio de acción a causas que tradicionalmente habían sido materia de tribunales ordinarios; le corresponde a los comandantes en jefe autorizar reparaciones, transformaciones y modificaciones del material, así como aprobar la adquisición, retiro y enajenación del armamento; el sistema de previsión y de seguridad social (pensiones y retiros) del personal de planta de las FF.AA. es autónomo. Otra dimensión relevante y característica al inicio de la transición es la participación de las FF.AA. en un esquema con altos niveles de ingerencia en la actividad política. Lo anterior se traduce en que hasta las reformas de 2005 se concebía el rol de las FF.AA. como instituciones que tienen por función defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y son garantes del orden institucional; las FF.AA. y Carabineros participan a través de sus jefes máximos del Consejo de Seguridad Nacional. A dicho Consejo le correspondía, entre otros, asesorar al Presidente en temas que atentasen contra la institucionalidad, y designar 4 de los 9 senadores para el Congreso Nacional. Dicha designación debía hacerse entre ex comandantes en jefe de las tres ramas y un ex director de carabineros, garantizándose con esto una participación uniformada en el Congreso. Lo anterior graficado en el ideario que el propio general Pinochet destacaba al puntualizar que a través de la Constitución: “se garantiza una efectiva participación de las FF.AA....corrigiendo el vacío que tenía la Constitución de 1925, consistente en marginar a las instituciones castrenses del desarrollo nacional y, más aún, la capacidad de desempeñar una real función de seguridad nacional ... Ahora bien, nuestra intención no está dirigida a controlar al poder civil, como lo expresan repetidamente los políticos, sino que la idea es integrar a ambos en un solo poder, cuyo único fin es servir a Chile”2. Entonces, lo que observamos al inicio de la transición es una colisión entre un segmento de la elite en el poder que buscaba fortalecer las nociones de liderazgo civil y subordinación de las fuerzas armadas, y otro sector de la elite (de los partidos de derecha) que buscaban defender el status quo y de la concepción que había sido impuesta por la dictadura y que hacíamos referencia. En el caso de los gobiernos de la Concertación de partidos por la Democracia (Aylwin 1990-1994, Frei 1994-2000, Lagos 2000-2006, Bachelet 2006- ), las estrategias para El g e ne ra l Pinoc he te n a que lla oportunid a d e xpresó que e n su g ob ierno la s FF. AA.ha b la n re c upe ra d o su d ig nid a d .ElM ercurio,27 d e a b ril,1988. 2

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enfatizar la cuestión del liderazgo civil han cambiado sustantivamente en la medida en que el contexto y los incentivos políticos se transformaron. Por ejemplo, el principal tema que orientó la relación civil militar bajo el primer gobierno democrático fue la cuestión de la subordinación de los militares a la autoridad civil. Tempranamente surgieron temas que marcarían la agenda de relación civil-militar como el cuestionamiento que hizo el general Pinochet a que los subsecretarios del sector defensa fuesen uniformados (febrero de 1990), la polémica sobre si los comandantes en jefe dependían del ministro de defensa o del Presidente de la República (Marzo-Octubre 1990), y la polémica sobre si el presidente podría vetar el ascenso de un oficial (octubre-diciembre 1990). Aquella tensión se mantuvo durante todo el primer gobierno democrático. El presidente Aylwin intentó destacar la subordinación de los uniformados mediante una política persistente de gestos políticos emanados principalmente del Ministro de Defensa, con una política de arreglos políticos que emanaba de mecanismos informales de negociación. Durante el segundo gobierno desde una estrategia de confrontación se pasó una estrategia distinta y que puso acento en la supremacía civil sobre los militares en temas profesionales. Aquí se produce el primer cambio en el proceso de transición. Si bien el general Pinochet seguía en la comandancia en jefe y si bien el contexto institucional no había variado entre 1990 y 1994, las autoridades civiles optaron por cambiar el énfasis de la relación civil militar, enfatizando aspectos profesionales. Con todo, los temas predominantes para la coalición de gobierno siempre se han referido a cuestiones referidos al liderazgo civil y subordinación militar. En el caso de los partidos de oposición, como advertimos anteriormente, se produjo un interesante transformación. Al comienzo de la transición los principales partidos de derecha participaban y defendían los privilegios y la conceptualización presente en la Constitución. La explicación a esta afinidad entre los partidos de derecha y los militares responde a distintos factores. Podría entenderse por razones históricas, dada la participación de una importante cantidad de funcionarios civiles en el régimen militar. También podría explicarse por razones ideológicas, por cuanto entre los creadores de la Constitución estaba Jaime Guzmán, quien luego fuese el fundador del partido UDI. O bien, podría interpretarse por razones pragmáticas, dado que la designación de senadores institucionales permitía a la oposición contar con la mayoría en el Senado. Podría también tratarse de una combinación de los tres factores señalados. Entre 1990 y 2004 observamos una serie de acontecimientos donde es posible rastrear el tipo de reacción de los partidos de derecha en relación con los militares. Entres 1990 y 1995 se produjeron tres importantes insubordinaciones del Ejército conocidas como “ejercicio de Enlace” (1990), “Boinazo” (1993) y “Punta peuco”(1995). Posteriormente se produjo la detención del general Pinochet en Londres (1998), el desafuero al general Pinochet (2000) y el destape del caso Riggs en contra de la familia de Pinochet (2004) y una segunda detención al general Contreras— ex Director de la Agendia de Inteligencia (2005). Un análisis detallado de las reacciones políticas de los sectores de derecha (Fuentes 2005) a estos eventos muestra tres marcadas tendencias: 1) la defensa de los principales partidos de derecha de las reivindicaciones corporativas del Ejército y de la figura del General Pinochet hasta el año 2000, y 2) un mayor distanciamiento de la defensa del general Pinochet a partir del año 2004 y 3) la existencia de sectores de la oposición (principalmente del sector de Renovación Nacional) que siempre mantuvieron una actitud más distante en relación a las fuerzas armadas.

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A modo de ejemplo y para reforzar el argumento anterior, resulta ilustrativo comparar las reacciones de los sectores de derecha ante una primera y segunda detención del General Contreras, en 1995 y 2005. En el primer caso El ex senador Sergio Onofre Jarpa (RN) afirmó que la orientación política que se le estaba dando al caso Letelier buscaba crear un clima de enfrentamiento en el país. El dirigente añadió que no se podía señalar cuál sería la actitud que asumirá el Ejército si continúa este clima, pero dijo suponer que si los uniformados son atacados, se van a defender. "Estamos en un mal camino, indudablemente" señaló. Por su parte el senador y ex general Bruno Siebert (RN) denunció que se observaba "un aprovechamiento comunicacional y político de parte de ciertos sectores que en forma indirecta pretenden ir configurando un juicio político hacia el gobierno de las FF.AA. y de orden"3. El senador Francisco Prat (RN) denunciaba en tanto que, tras el fallo sobre el caso Letelier, se montó una operación de inteligencia política destinada a desacreditar al Gobierno de las FF.AA., creando una situación de tensiones que puede afectar nuevamente la convivencia nacional. De ello responsabiliza a algunos personeros del Gobierno y de la Concertación. Alarmado, además, por la escenografía que montó la Corte Suprema para dar a conocer la sentencia4. El diputado Alberto Espina discrepó de los planteamientos formulados por el senador Bruno Siebert sobre el caso Letelier y aseguró que todos en RN respetarían el fallo de la Corte Suprema. El dirigente señaló que las actividades de los servicios de inteligencia nunca han incluido la comisión de delitos y por lo tanto “está en un error quien crea que al haber ocupado cargos en órganos de seguridad está amparado en una especie de impunidad frente a los hechos delictuales que cometa"5. El segundo arresto al mismo general Contreras (2005) que además fue acompañado por un intento de negarse al arresto por el mencionado general, produjo reacciones distintas por cuanto por una parte defendieron al general Pinochet, pero al mismo tiempo “condenaron políticamente” al general Contreras. El candidato a la presidencia, Joaquín Lavín, se refirió de Contreras: "Hay que hacerle caso a la justicia. Todos estamos sometidos a la misma ley"6. Por su parte, el diputado UDI Iván Moreira defendió al ex comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, quien fue sindicado por Contreras como el verdadero jefe de la DINA, pues él daba las órdenes para que el organismo represor actuara: “Que acuse a otras personas el general Contreras. Es la desesperación, el grito del abogado, porque él ya ha sido procesado y obviamente, volver a la cárcel, otros 12 años, a la edad que tiene, bueno, la desesperación debe producirle tratar de responsabilizar a otros”7. El diputado Iván Moreira (UDI), uno de los más leales defensores del régimen militar, sostuvo que "uno puede esperar que un reo que tiene que cumplir una condena en la cárcel diga cualquier cosa, pero obviamente no representa ni el sentir de la sociedad ni el del Ejército de Chile... Con ese tipo de ofensas demuestra su culpabilidad", dijo el diputado8.

“Ja rpa ySieb e rta d vie rten sob re c onse c ue nc ia sd e lfa llo”,ElM ercurio,29 d e m a yo,1995. “De c la ra c ión d e lse na d or(RN ) Fra nc isc o Pra t”,Estra teg ia,5d e junio,1995. 5“ Espina re futa a Bruno Sieb e rt”,ElM ercurio,25d e m a yo,1995. 6 “Reb e l d ía d e Contrera sg e ne ró fue rte preoc upa c ión e n La M one d a y e lEjército”,La Tercera ,29 d e e ne ro,2005. 7 “La M one d a ne g ó ha b e ror d e na d o d e tenc ión d e M a nue l Contrera s”,La N a c ión,31 d e e ne ro, 2005. 8 “M or e ira c ritica a M a nue lContrera s”,La Tercera ,2 d e e ne ro,2005.

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El cambio principal se evidenció en los sectores de derecha quienes ya sea por razones de cambio en la percepción del contexto político, definiciones ideológicas o un cambio estratégico, modificaron su comportamiento en relación a temas sustantivos como los derechos humanos y la subordinación de los militares al poder político. En la medida en que se incrementaba su posibilidad de llegar al gobierno, su discurso tendió a moderarse y a manifestar un acuerdo con aspectos sustantivos del proceso democrático. Lo anterior quedó plasmado en el acuerdo constitucional entre el gobierno y la oposición y que fue aprobado en el Congreso por unanimidad en el año 2005 y que modificó aspectos sustantivos de la relación civil militar. En lo medular, se restableció la facultad del Presidente de la República de remover a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, se eliminaron los senadores designados, se reformó el Consejo de Seguridad Nacional para convertirlo sólo en un órgano asesor del Presidente, se cambió la forma de constitución del Tribunal Constitucional eliminando la opción de la ingerencia militar en dichas designaciones, se eliminó la cláusula de las FF.AA. como “garantes de la institucionalidad” y se restringieron las facultades del Consejo de Seguridad Nacional durante estados de excepción. El discurso político también se ha modificado sustantivamente como lo demuestra la postura de la derecha en asuntos de derechos humanos, donde no sólo se ha pasado desde una negación a un reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos, sino que también respecto de la aceptación que la Justicia actúe con independencia de los otros poderes del Estado. Al respecto, tuvo un impacto significativo lo que realizaron los organismos de derechos humanos en su persistencia porque el tema no pasara al olvido y las declaraciones de las propias fuerzas armadas, y en particular el general Cheyre, al reconocer dichas violaciones y adoptar una política institucional distinta a lo que había sido la política del General Pinochet de defensa corporativa de sus integrantes (Agüero 2006). Lo anterior se traduce en un consenso amplio de la elite política sobre el rol que están cumpliendo los militares en la sociedad. La encuesta a las elites parlamentarias efectuada en el año 2002 a 88 diputados nacionales (73% del total) confirma esta tendencia en todas las preguntas relativas a FF.AA. En primer lugar se observa que para una sustantiva mayoría (93,3%) las FF.AA. no constituyen una amenaza para la democracia en la actualidad, que su principal papel debiera ser la protección frente a agresiones externas (80,7%), y existe una relativa alta confianza en la actuación de las FF.AA. en la vida pública (69,4%). En todas las respuestas la elite chilena manifiesta niveles de confianza superiores al promedio de América Latina.9

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Se realizaron encuestas en el periodo 2000 – 2005 para un total de 17 países de América Latina.

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Percepciones de las Elites Políticas chilenas en relación a las FF.AA. 2002 Pregunta Chile Promedio América Latina Relaciones entre FFAA y % Poco-Nada 93,3 80,2 gobierno como amenaza a la democracia Confianza en actuación de % Mucha-bastante 69,4 52,1 FFAA en la vida pública Papel principal que debieran % Defensa del 80,7 60,7 tener las FFAA territorio contra agresiones externas Evaluación del papel de las Escala 1-10 7,2 6,4 FFAA en su país. Fuente: Universidad de Salamanca. Estudio de Elites Parlamentarias. http://iberoame.usal.es En síntesis, desde el retorno a la democracia se produjo un evidente acercamiento entre las elites en relación al rol de las FF.AA. en el proceso democrático. La tendencia principal observada es que las elites acordaron restringir significativamente las atribuciones de las FF.AA. bajo el supuesto que el anterior periodo era excepcional. La normalización se tradujo en cambios legales pero también actitudinales por parte de los dirigentes de derecha, al aceptar que las instituciones armadas deben ser parte y atenerse al debido proceso. La afirmación del general Pinochet que las FF.AA. debían tener un rol en democracia por sobre el sistema político, dejó de tener relevancia 17 años después de verificado el proceso de retorno democrático. b. Legitimidad social de las FF.AA. Además del consenso existente en las elites sobre la legitimidad del sistema democrático— y por ende, el rol que le compete a las FF.AA. en dicho orden constitucional, una segunda dimensión se refiere a la legitimidad social de las FF.AA. entendemos por legitimidad, la existencia de una percepción ciudadana en relación a las misiones y funciones que deben desempeñar las instituciones castrenses. Ello va desde el tema de la existencia misma de las FF.AA. hasta las funciones que les correspondería desempeñar a ellas en un contexto democrático. La importancia de esta dimensión es que en la medida en que las instituciones armadas están legitimadas frente a la sociedad, ellas tienen mayores opciones de defender sus planteamientos frente a las autoridades políticas. Instituciones deslegitimadas tienen menores opciones de avanzar en su agenda institucional. Al respecto, existen pocos estudios comparados que nos permitan ilustrar el caso chileno desde una perspectiva amplia. Los escasos análisis de encuestas de opinión nos permiten aventurar algunas hipótesis sobre la materia. Los índices comparados de confianza en las instituciones del World Value Survey nos advierten que la sociedad chilena ha aumentado comparativamente su confianza en las instituciones armadas. Resulta interesante constatar que a seis años de producida la transición a la democracia el porcentaje de personas que confiaba bastante o mucho en las instituciones armadas superaba la barrera del 50%. Sin embargo, dicho porcentaje se redujo, aunque no llegando a los niveles observados en el año 1990, hacia el año 2000. Es muy probable que el caso del encarcelamiento de Pinochet en

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Londres haya tenido un efecto negativo en la percepción de la población respecto de las instituciones armadas. Confianza en las Instituciones: Fuerzas Armadas 1990 1996 Bastante/Mucho 40,5 54,9 Poco/Nada 59,5 43,6 No sabe/no responde 0,0 1,4 Fuente: The World Value Survey. http://www.worldvaluesurvey.org

2000 46,9 51,2 1,9

En relación a la posibilidad que el país sea gobernado por un régimen militar, el porcentaje de personas que considera que aquello es negativo aumentó en la última parte de la década. Desafortunadamente no contamos con encuestas comparativas que evalúen esta pregunta para comienzos de la década de los 1990s. Se observa que existiría un porcentaje que se acerca al 20% de personas que no les incomodaría un régimen militar. Preferencia respecto a que el país sea gobernado por un régimen militar 1996 2000 Bueno o muy bueno 27,6 21,6 Malo o muy malo 62,0 67,6 No sabe 10,4 10,8 Fuente: The World Value Survey. http://www.worldvaluesurvey.org Un análisis más detallado lo encontramos en dos encuestas de FLACSO-Chile aplicadas en los años 1991 y 2007 con una muestra similar (de carácter urbano en la Región metropolitana de Santiago), presencial y con una muestra de aproximadamente 800 casos en cada caso y con un nivel de confianza del 95%. La primera constatación es que tanto en el año 1991 como en el 2007 existe una alta legitimidad respecto de la existencia de las FF.AA. en ambos cerca del 90% de la población considera que las FF.AA. deben existir. Una segunda constatación es que la ciudadanía percibe que el compromiso democrático de las instituciones de la defensa es bajo. Este compromiso se mide a partir de una combinación de preguntas sobre el sometimiento a las autoridades y el respeto a las reglas del juego democráticas. La ciudadanía, en efecto, percibe que las FF.AA. no se identifican con la democracia. Finalmente, la sociedad le asigna un rol a las FFAA como protectoras de la seguridad nacional, de las fronteras, e incluso de mantenimiento del orden del país. Los cambios más significativos en el período de estudio se refieren a una reducción significativa del porcentaje de encuestados que ve como probable un golpe de estado por parte de las FF.AA. (de 46,1 a 25,8%) y un aumento relativamente importante en las respuestas referidas a que debiese aplicarse justicia y castigo a los responsables incluso si aquello generase conflictos con las FF.AA. (de 30,8 a 44%) y una reducción en el porcentaje de aquellos que consideran que las FF.AA. han limitado el desenvolvimiento de la democracia (de 47,4 a 37,9%). Lo anterior nos permite concluir que, por una parte, la ciudadanía chilena le asigna gran legitimidad a la existencia de instituciones armadas. Se observa asimismo que la población ha tendido mayoritariamente a preferir el sistema democrático a uno de tipo

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militar. La ciudadanía observa con escepticismo el compromiso democrático de las FF.AA. quizás debido al impacto por el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. En cuanto al rol asignado a las FF.AA. pese a que se critica su anterior involucramiento en asuntos internos, un porcentaje no despreciable de los encuestados participa de la idea que ellas debiesen involucrarse en temas relacionados con cuestiones internas (orden, seguridad nacional, emergencias). Percepciones y opiniones sobre las FF.AA. 1991 2007 Existencia de FFAA % si 88,4 87,0 Compromiso % muy bajo-bajo 74,5 72,8 democrático FFAA % muy alto-alto 25,5 26,2 Mucho 20,0 15,7 Identificación FFAA Poco 44,9 60,6 con la democracia Nada 27,9 19,7 FFAA han limitado Limitado 47,4 37,9 o gracias a ellas Gracias a ellas 29,6 23,6 tenemos democracia Ninguna de ambas 15,6 26,6 Si 46,1 25,8 Posibilidad de golpe No 40,9 55,3 de Estado Imposible 3,1 14,8 Seguridad nacional 20,2 26,8 Función que Mantener orden país 26,3 23,9 deberían cumplir Defensa fronteras 37,2 16,9 Emergencias 11,4 12,3 Operaciones de paz NA 19,4 Amnistía 6,0 3,9 Resolución de dd.hh. Juicio y perdón 14,4 12,0 Juicio y castigo sin 27,7 37,7 conflicto con FFAA Juicio y castigo 30,8 44,0 aunque implique conflicto con FFAA Fuente: Encuestas FLACSO-Chile 1991 y 2007*. Los datos para la encuesta de 2007 son preliminares y deberán ser ajustados luego de la publicación del informe final. c. Los factores determinantes del cambio La explicación de los factores que han contribuido a transformar la relación política militar considera eventos circunstanciales (el arresto de Pinochet en Londres), como también factores de tipo político-electoral que han generado cambios estratégicos en los actores políticos. Finalmente, existen estrategias políticas definidas por determinadas autoridades que han contribuido a generar un espacio de consenso de las elites en torno al tema. A continuación abordaremos brevemente estos elementos.

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i.

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El cambio político-electoral

La primera razón que explica un cambio en la elite— particularmente de derecha— en relación a las FF.AA. se refiere a la opción concreta de llegar al gobierno. En dos oportunidades (1999 y 2005), la coalición de derecha se aproximó con serias posibilidades al Palacio de La Moneda (ver Tabla XX). Al respecto, existe bastante evidencia de la literatura de estudios electorales (CITAR) que los partidos de derecha han intentado moderar su discurso intentando alcanzar el centro político. Este incentivo llevó a que en temas cruciales para los militares como lo relativo a violaciones a los derechos humanos o lo relacionado con escándalos de dineros del General Pinochet, la oposición haya progresivamente adoptado una marcada distancia de los militares. Lo anterior se vio reflejado con particular énfasis en la primera candidatura de Joaquín Lavin en el año 1999, y los posteriores juicios políticos de la UDI en relación a los derechos humanos. La cercanía de la opción presidencial sin duda ha llevado a moderar el discurso de la derecha generándose un progresivo distanciamiento de lo que significó el régimen militar. No es casualidad que este distanciamiento haya generado molestia de los sectores más cercanos al general Pinochet. El 6 de abril de 2005, el general en retiro Rafael Villarroel, representante de una organización de ex militares denominada “Chile, mi patria”, sostuvo una reunión privada con el candidato presidencial de derecha Joaquín Lavín. En la ocasión, el uniformado le planteó la situación de “abandono en que— consideran— se encuentra la familia militar por parte de la derecha”. Las demandas de los uniformados hacia el candidato se resumían en tres: nivelar las pensiones a un piso de 75 a 80 por ciento del sueldo que percibían como funcionarios activos, terminar con los descuentos por fondos de retiro, y que se respete la ley de amnistía poniendo fin a la figura del secuestro permanente, lo que beneficiaría a cerca de 300 uniformados sujetos a proceso10. Confirmando lo señalado, el candidato a la presidencia de la derecha recibió al oficial aunque no hizo ningún pronunciamiento sobre los dichos del ex general. Resultados electorales Presidenciales en Chile 1989-2006 1989 1993 1999 2000 2005 1ra Segunda 1ra Vuelta vuelta vuelta Derecha 44,8* 30,6** 47,5 48,7 48,6# Concertación 55,1 58,0 47,9 51,3 45,9 Otros 11,4 4,6 -5,4 *Sumatoria de candidaturas de Hernán Buche y Francisco Javier Errázuriz **Sumatoria de candidaturas de José Piñera y Arturo Alessandri #Sumatoria de candidaturas de Sebastián Piñera y Joaquín Lavín. Fuente: Servicio Electoral. http://www.servel.cl ii.

2006 Segunda Vuelta 46,5 53,5 --

El juego estratégico en un contexto variable

Un segundo factor que ha facilitado el generar un consenso de elites respecto de la legitimidad del sistema democrático— y por ende la reducción del rol de las FF.AA. como 10

“La ví n b usc a rec upe ra re lvoto m ilitar”,ElM ercurio,10d e Ab ril,2005.

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árbitros de la política— se refiere a la estrategia de las autoridades políticas para hacer frente a la cuestión militar y generar una política de Estado sobre el tema. Aunque parte de una misma coalición, la Concertación ha enfrentado el tema bado diferentes estrategias. Agüero clasifica en tres, las etapas de vinculación político-militar: de confrontación, apaciguamiento (o acomodo), y de catarsis (Agüero 2006). En efecto, el primer gobierno de transición (1990-1994) centró sus esfuerzos en reafirmar la subordinación de las FF.AA. generando un alto nivel de confrontación pública con el entonces comandante en jefe del Ejército. Desde el punto de vista de una política de defensa con liderazgo civil, es poco lo que se desarrolló en este período, salvo lo referido a la reinserción de las FF.AA. en el ámbito profesional. Los niveles de desconfianza entre las autoridades del sector de Defensa del gobierno del presidente Aylwin y las autoridades militares impidieron un acercamiento en este ámbito. En los cuatro años de gobierno, la administración Aylwin no mostró cambios institucionales significativos respecto del funcionamiento del ministerio de defensa o bien en temas de interoperatividad. Dichos esfuerzos, a su juicio, ya podían ser vislumbrados en la coordinación con el ministerio de relaciones exteriores respecto a la política con los países vecinos y que significaría actividades protocolares conjuntas entre Chile y Argentina. Especial énfasis puso en esa oportunidad sobre la necesidad de desarrollar esfuerzos conjuntos con las distintas ramas de las FF.AA. en la planificación y ejecución de tipo estratégico y operacional, lo que era una tendencia mundial que requería ser analizada en particular. Desde el punto de vista político se generó una constante tensión con la comandancia en jefe del Ejército por cuestiones referidas a investigaciones sobre transferencia de armas y su impacto en el círculo familiar del general Pinochet (los denominados Pino-cheques), el tema de los derechos humanos y la política del gobierno de establecer una Comisión de Verdad y Reconciliación, y asuntos relacionados con la jerarquía de los uniformados en relación a la autoridad política (Fuentes 1996, Fuentes 1999, Agüero 2006). El gobierno del presidente Frei dio un giro estratégico en la relación civil militar. En primer término, se preocupó de los asuntos profesionales, marcando una diferencia significativa con su predecesor. Durante el segundo gobierno de la Concertación, Eduardo Frei continuó con el proceso de modernización de las diversas áreas de la administración del Estado y se le dio importancia central en la administración al crearse en 1994 el Comité interministerial para la modernización de la gestión pública. Modernizar el Estado implicaba plasmar en acciones concretas los nuevos contenidos que inspiran el retorno de la democracia: equidad e igualdad de oportunidades. Ese mismo año el gobierno anunció su decisión de hacer "explícita una política de defensa", es decir determinar los criterios básicos de la defensa a través de un proceso público e informado a fin de garantizar compromisos permanentes con políticas estatales de largo plazo. Se plantearon los objetivos de consolidar la idea de la defensa nacional como un compromiso de toda la ciudadanía; estructurar, coordinar y darle coherencia, racionalidad y conducción a la función estatal de la defensa; promover medidas y acciones que garanticen la paz y estabilidad en la región; y armonizar la política de defensa con una política militar acorde a la dinámica de los intereses nacionales y del nuevo contexto mundial emergente. Dentro de ello, primordialmente les correspondería a las FF.AA. cautelar la integridad territorial y la independencia de la nación11. 11

PérezYom a ,Ed m und o.1994.

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En 1998 el gobierno acreditó a las escuelas de FF.AA. como entidades de educación superior, permitiendo la incorporación como entidades de educación superior reconocidas por el Estado a los establecimientos de las Escuelas Matrices de Oficiales de las FF.AA., la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la Escuela de Investigaciones Policiales, el Instituto Superior de la Policía de Investigaciones y la Escuela de Suboficiales de Carabineros. También faculta a las Escuelas Militar, Naval, de Aviación, de Carabineros y de Investigaciones y a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos para otorgar título profesionales de aquellos que no requieren licenciatura previa. En el ámbito de la política exterior, en 1996 se promulgó el Decreto Supremo número 94 que estableció la “Política Nacional para la participación del Estado Chileno en operaciones de Mantenimiento de la Paz”, la cual definió los términos de apoyo que brindarían las FF.AA. y policiales en el desarrollo de las operaciones; los criterios que se tomarían en cuenta para la participación y determinó las responsabilidades que le competían al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Posteriormente, en 1999, se publicó un nuevo instructivo presidencial (DS. 69 /99) que explicitó aún más los lineamientos de la “nueva política nacional para la participación del Estado de Chile en operaciones de paz”. El cual señala que “el mantenimiento y la promoción de la paz mundial constituyen objetivos permanentes de la política exterior chilena”. Adicionalmente, se desarrolló una intensa agenda de medidas para el fortalecimiento de la confianza mutua. Uno de los elementos más significativos fue el salto cualitativo que se dio en las medidas de confianza mutua con Argentina. En este caso se avanzó a través de una serie de canales gubernamentales y no gubernamentales que estimularon la confianza mutua entre ambos países. Por una parte, las autoridades establecieron un comité permanente de seguridad (Compersec) que oficializó una instancia de diálogo y generó una agenda de diálogo y cooperación bilateral. En forma paralela, se generaron una serie de reuniones informales académicas en la que participaron diversos centros en ambos países, y que tendieron a establecer diálogos más informales y prospectivos sobre el estado de las relaciones bilaterales y posibilidades de avance. En el plano político, el gobierno de Frei resolvió en 1995 y luego de un conflicto con las autoridades uniformadas solicitar a las autoridades del Consejo de Defensa de Estado que por razones de “estado” se abstuvieran de seguir analizando el caso de los “Pinocheques” y que involucraría transferencias desde la institución del Ejército a sus familiares. Adicionalmente, y luego del arresto del general Pinochet en Londres, el gobierno decidió establecer una mesa de Diálogo, que observaría los casos de violaciones a los derechos humanos y que tenía por fin generar recomendaciones para que las instituciones armadas contribuyeran al esclarecimiento del paradero de los detenidos desaparecidos. La tercera etapa se vivió a partir del regreso del general Pinochet a Chile en el año 2000. Desde el punto de vista político, el gobierno del Presidente Lagos (2000-2006) desarrolló una serie de políticas importante en el campo de los derechos humanos como la Creación de una comisión para ver casos de Tortura— cuestión que no había sido considerada en la anterior comisión de Verdad y reconciliación— se nombraron jueces especiales para observar los casos por violaciones a los derechos humanos, y una serie de acciones políticas reivindicativas en este tema incluyendo beneficios para familiares y la promoción de la aprobación de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Desde el punto del desarrollo profesional, el gobierno de Lagos fue de gran continuidad en el proceso de modernización institucional, actualización de la política de Defensa, y modernizaciones en el servicio de conscripción obligatoria (Fuentes 2006).

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Se observa así una estrategia de los sucesivos gobiernos de la Concertación de respuestas políticas a las presiones por justicia de parte del movimiento de derechos humanos, de una gran consistencia en las políticas relativas a la profesionalización de las FF.AA. y consistencia en cuanto a la política de liderazgo civil en temas militares. Por su parte, las instituciones armadas, y en particular el Ejército también fue un actor relevante en transformar el contexto político que hizo posible la apertura a una nueva configuración de intereses. Lo anterior se manifestó con particular notoriedad después del arresto del general Pinochet en Londres en Octubre de 1998. Hasta el año 1998 se observaba que bajo el mando del general Pinochet, las respuestas del Ejército fueron defensivas (Fuentes 1996). Una sistematización de las declaraciones públicas de los dos comandantes en jefe que le sucedieron muestra un giro en el tipo de declaraciones de tal institución. El general Ricardo Izurieta, comandante en jefe entre 1998 y 2002, mantuvo una postura de defensa del Ejército. El contexto político estuvo marcado como indicábamos por el arresto del general Pinochet en Londres en octubre de 1998, el cambio de gobierno en el año 2000 y el posterior desafuero de Pinochet. El recuento de declaraciones muestra una tendencia clara de defensa del Ejército y del general Pinochet hasta el año 2000 y, luego, un énfasis discursivo que destacaba la defensa del personal del Ejército (la preocupación por los procesamientos) y el respeto a la independencia de los poderes del Estado. FECHA

Declaraciones General Izurieta Defensa MIXTO del ejército ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

10/11/99. la tercera 12/11/99. la tercera 13/05/00 la tercera 26/05/00. emol 14/06/00. emol 08/08/00. emol 03/05/01. emol 10/05/01. emol 09/12/01. la tercera Fuente: Base de datos, prensa, FLACSO-Chile

Colaboración De instituciones

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Una vez que se verificó el cambio de mando del Ejército, el general Juan Emilio Cheyre mostró una tendencia distinta, con un mayor énfasis en la disposición pública de dicha institución a colaborar con las instituciones del Estado. El reconocimiento de responsabilidades inclinó la balanza del discurso público a mostrar mayores niveles de colaboración. Sin embargo, en momentos específicos, manifestó siempre una preocupación por terminar con los juicios a los soldados y evitar el desfile de militares en los tribunales.

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FECHA

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Declaraciones general Cheyre Defensa del MIXTO ejército

26/03/02. emol 6/04/02. la tercera 11/05/02. emol ?? 08/09/02. emol ?? 01/10/02. emol 31/10/02. emol 05/01/03. la tercera 06/06/03. emol 13/06/03. la tercera 14/07/03. emol ?? 19/08/03. emol ?? 23/02/04. emol 03/04/04. emol 10/07/04. la nación 14/07/04. la nación 19/09/04. emol ?? 23/10/04. emol 1/11/04. la tercera 2/11/04. la nación 16/11/04. emol/ tercera 08/12/04. emol Fuente: Base de datos, Prensa. FLACSO Chile.

Colaboración de instituciones ??

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Conviene detenerse en las opiniones del general Cheyre por cuanto muestran un avance en el reconocimiento institucional de responsabilidades pero, al mismo tiempo, plantea la necesidad de terminar con los juicios contra los militares. Poco después de asumir el mando del Ejército, Cheyre, comprometió el apoyo de su institución para el esclarecimiento de los casos de derechos humanos aún pendientes. Sostuvo que "somos los principales interesados en cooperar con la justicia por los canales establecidos".12 Pocos días después, el general se manifestó preocupado por la situación del personal de su institución afectado por investigaciones judiciales relacionadas con temas pendientes en materia de derechos humanos. "Quienes están siendo demandados frecuentemente, se sienten víctimas de un proceso traumático", advirtió el general. Cheyre dijo, además, que los continuos requerimientos de la justicia "exigen una carga de trabajo muy grande y también hay personal que transitoriamente es detenido o declarado reo que posteriormente es puesto en libertad, y otros que son condenados". 13 En relación al tema de la amnistía, indicó que "la amnistía contribuiría a la reconciliación", y sostuvo que esperaba que "la judicialización no sea eternización", aunque

12 13

“Che yre re c a lc a c ola b ora c ión d e lEjército”,ElM ercurio,26d e m a rzo,2002. “DD. HH. :Che yre m a nifie sta pre oc upa c ión porproc e so a m ilitare s”,La Tercera ,6d e a b ril,2002.

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aclaró que los crímenes de un agente del Estado "debe llevar a la institución a la cual pertenece a una profunda reflexión".14 En enero de 2003, sostenía que los atropellos a los derechos humanos "no tienen justificación", y resaltaba que el compromiso de su institución "es continuar contribuyendo a la reconciliación", sin embargo, aclaró que "al atacar a hombres de armas de ayer, en el contexto del Ejército de hoy, se inflige un daño al Ejército de Chile como institución".15 En relación a la figura del secuestro permanente indicaba que "Lo que encuentro interesante para Chile y su convivencia armónica, es que la sociedad asuma que no puede seguir con un duelo pendiente que afecta a muchos. En primer lugar, a las víctimas de los detenidos desaparecidos, con figuras que son tremendamente preocupantes, como que un familiar crea que (su pariente) está secuestrado permanentemente o que alguien sea juzgado por tener secuestrada a una persona que se sabe que no está secuestrada. ¡Cómo va a estar secuestrada 30 años!", indicó el máximo jefe del Ejército.16 A partir del año 2004, el general Cheyre inició una serie de actos de reparación en el tema de los derechos humanos. En un acto oficial de Juramento a la Bandera, el general Cheyre, anunció reparaciones para militares en retiro que se sientan víctimas de cualquier segregación, perjuicio profesional y daño moral por parte de la institución, tras el 11 de septiembre de 1973. "Hemos querido hacer nuestro propio acto de reconciliación, sin recriminaciones ni deudas pendientes. Así sucedió, por ejemplo, después de la guerra civil de 1891"17, enfatizó. En presencia del Presidente Ricardo Lagos y la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, el alto oficial hizo una autocrítica a la actuación del Ejército en materia de derechos humanos; y llamó a los militares en servicio activo y en retiro para que, pudiendo tener "información útil y conducente" a establecer el paradero de detenidos desaparecidos, la entreguen a los tribunales. Un nuevo mea culpa se hizo en julio de 2004. Refiriéndose al persistente debate por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, Cheyre se preguntó: "¿cuántas veces en la historia remota y más reciente de Chile, civiles y militares hemos sido poco fieles al compromiso de mantener la unidad nacional y la cohesión social? Creo que todos hemos errado y los errores han sido tan amplios y profundos que es posible que no haya autoridad moral suficientemente poderosa liberada de responsabilidades para señalar a los chilenos quienes de nosotros faltaron más y es probable también que esta tarea inquisidora esté más allá de nuestros límites, porque existen asuntos tan complejos que sólo Dios y la bandera, es decir nuestras más íntimas creencias espirituales y el honor jurado, podrían demandarnos solucionar". Luego destacó que hoy "en todas las academias y escuelas del ejército se imparte, en forma transversal y durante toda la carrera un conjunto de conocimiento que se orienta al respeto de la dignidad de la persona humana y al pleno conocimiento de las normas que rigen el derecho nacional e internacional humanitario en sus diferentes situaciones. Esta es la mejor contribución de la institución para apoyar la estabilidad del país"18.

“La a m nistía c ontrib uiría a la re c onc ilia c ión”,ElM ercurio,8 d e se ptiem b re,2002. “2003:U n d e sa fío d e futuro”,La Tercera ,5d e e ne ro,2003. 16“ "Ca m b ióm ipe rce pc ión d e la m a g nitud d e lprob le m a "”,ElM ercurio,6d e junio,2003. 17 “Repa r a c ión a m ilitare se xone ra d os.”,ElM ercurio,10d e julio,2004. 18 “N ue vo m e a c ulpa d e Che yr e ”,La N a c ión,10d e julio,2004. 14 15

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Al referirse a lo que llamó "excesos cometidos por camaradas de armas"19, Cheyre planteó tres criterios sostenidos por su mando: plena contribución a la justicia y fiel respeto a su independencia y decisiones; apoyo -"en todo lo debido y en nada de lo indebido"- a los miembros de la institución involucrados en procesos judiciales; y educación de todos los integrantes del Ejército en DD.HH. Llamó incluso a quienes tengan información útil sobre los detenidos desaparecidos a que la entreguen a los tribunales. "Nuestra posición es la verdad por delante, asumir el pasado, pero con una esperanza de futuro. Éste es nuestro eje central y no hacer propaganda de lo que hacemos, porque no somos actores públicos"20. En octubre de 2004 y antes de que se diera a conocer el informe de la Comisión sobre la tortura, el general Cheyre sostenía que: "comprendamos los errores del pasado para no volverlos a repetir. Entendamos también que esos errores fueron cometidos hace 30 años, en ese contexto histórico; por lo tanto, hoy debemos asumir las responsabilidades para corregir esos errores"21. La principal manifestación de responsabilidad institucional la expresó a comienzos de noviembre. Con ocasión del cierre del Batallón de Inteligencia del Ejército sostuvo que si bien existía un contexto global de tensión y conflicto en 1973, las violaciones a los derechos humanos son inexcusables: “¿Excusa el escenario de conflicto global ya descrito las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie, pueden tener justificación ética. Por ello mis palabras no deben entenderse como una morigeración de lo ocurrido, sino como un esfuerzo más en la búsqueda de la verdad pues, ya lo he dicho antes, la verdad libera y trae paz a los espíritus”. Agregó que: “El Ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado. Además, ha reconocido en reiteradas oportunidades las faltas y delitos cometidos por personal de su directa dependencia; las ha censurado, criticado públicamente y ha cooperado permanentemente con los tribunales de justicia para, en la medida de lo posible, contribuir a la verdad y a la reconciliación”.22 Sus declaraciones generaron polémica en tanto se trataba de un reconocimiento de responsabilidad institucional. Respondiendo a esa inquietud, el general Cheyre recalcó que las responsabilidades son "individuales", ya que el Ejército no "puede reemplazar ni en la culpa ni en la penalización de ella a quienes, apartándose de su doctrina y reglamentos, cometieron delitos". Lo que la institución asumió, sostuvo, es que se empleó patrimonio institucional; que hubo compromiso o inacción de los mandos; que estas prácticas no fueron detectadas o rechazadas y que se destinó personal a organismos como la DINA y CNI. "Es por ello que el Ejército no puede sino asumir la responsabilidad de sus decisiones institucionales de 1973 y años posteriores"23, dijo. Posteriormente agregaría que una vez que asumió la comandancia en jefe se dio cuenta que si bien no hubo una doctrina de exterminio de su institución en el año 1973, “sí “La Tra nsición M ilitar”,La N a c ión,12 d e julio,2004. “De re c hoshum a nos:Che yre no e spe ra "re trib uc ione s"”,ElM ercurio.La N a c ión.La Tercera . ,14 d e julio,2004. 21 “Pol iN otas”,ElM ercurio,23 d e oc tub re,2004. 22 “H i stóric o m e a c ulpa d e Che yre ”.La N a c ión,5d e noviem b re ,2004. 23 “Che yr e nie g a re sponsa b ilid a d instituc iona le n DD. HH. ”,ElM ercurio,8 d e d iciem b re,2004. 19

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me voy encontrando con algunas constantes. Por ejemplo, no es casualidad que un camión que está destinado a llevar cuerpos vaya a un lugar y justo lo esté esperando un helicóptero. Ahí hay una responsabilidad institucional. Y cuando me doy cuenta de ello, cerca del 3 de julio de 2003, hablo con los vicecomandantes en jefe de ese tiempo. Casi todos, salvo uno, sacaron una declaración en que condenaron los hechos”24. De esta forma, observamos que en materia discursiva, el Ejército en particular asumió una postura muy distinta a la que dominó hasta el año 2002. El general Cheyre reconoció un cambio en la política institucional en relación a los tribunales de justicia, indicando que su institución había colaborado con ella. Pero al mismo tiempo, sostuvo que también había que “desmitificar de que teníamos la información guardada en una caja fuerte. No es así. Y también tenemos que reconocer que los informes nuestros adolecían de defectos”25. Asimismo, el propio general Cheyre reconoció que adoptar una actitud distinta en relación al tema de los derechos humanos ha implicado un cambio en la institución: “El ´nunca más´ no es una frase marquetera (… ). Tuve que generar un consenso antes de decirlo. Tener al menos el 60% ó 70% de las voluntades del Ejército. Y no hacerlo sólo por imposición, sino por convicción”26. Indicó que en ese proceso, tuvo que enfrentar a ex generales que lo criticaron al comienzo de su gestión: “La primera reunión que tuvimos (con los generales en retiro) fue terrible. Se cantó el himno nacional con la última estrofa y nosotros nos quedamos callados. Hoy vengo de la última reunión y hubo una asistencia histórica”27. Sin embargo, el avance no significaba necesariamente un cambio en la visión institucional sobre los procesos judiciales. De hecho, el general Cheyre ha manifestado reiteradamente su preocupación por la extensión de los juicios. Adicionalmente, abogados vinculados a las causas por violaciones a los derechos humanos han sostenido que si bien existe un discurso público de colaboración, aquello no se ha traducido en acciones concretas en los tribunales. Fue el caso del caso sobre la muerte del ex ministro Jaime Tohá donde se negó la existencia del expediente de la Segunda Fiscalía Militar, que instruyó el fiscal Melo. De acuerdo al juez, en tal expediente estarían algunas piezas claves del rompecabezas para acercarse a los posibles autores de un homicidio.28 iii.

Los impoderables: El arresto de Pinochet y el caso Riggs.

El contexto electoral y las estrategias de los actores no terminan de explicar completamente el cuadro de mayor consenso sobre la reducción del rol de los militares en el diseño institucional. Existieron dos imponderables muy significativos que no dependían de los actores nacionales y que afectaron de manera clara y decidida el curso de los acontecimientos. 24

“Yo ya hice mi parte y ahora a cada poder del Estado le corresponde hacer la suya”. Entrevista al comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, La Tercera, 18 de septiembre, 2005. 25 “Yo ya hice… ”. Entrevista al comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, La Tercera, 18 de septiembre, 2005. 26 “Yo ya hice… ”. Entrevista al comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, La Tercera, 18 de septiembre, 2005. 27 “Yo ya hice… ”. Entrevista al comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, La Tercera, 18 de septiembre, 2005. 28 “Te s tim oniosjud icia le sre ve la n… ”,La N a c ión,23 d e a b ril2005.

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El primer imponderable fue la decisión del General Pinochet de viajar a Londres en Octubre de 1998 para realizarse un tratamiento médico. A comienzos de marzo de ese año, el general Pinochet había abandonado la comandancia en jefe del Ejército y asumido el cargo de senador vitalicio por ser ex presidente de Chile. El 16 de Octubre, el general Pinochet fue detenido preventivamente en Londres por la INTERPOL en vista de una solicitud hecha por la justicia española en casos de derechos humanos cometidos durante su gobierno. La incorrecta evaluación de los asesores del general Pinochet posibilitaron que se materializara dicha detención. El gobierno de Chile protestó por su detención porque se estaba violando su inmunidad diplomática. A partir de allí y hasta el 3 de marzo de 2000, el general Pinochet permaneció detenido esperando una decisión del gobierno Inglés. El impacto de aquel imponderable fue mayúsculo. El escenario político nacional cambió drásticamente. El arresto del general Pinochet abrió nuevos cursos políticos. Por una parte, el gobierno se comprometió a buscar la repatriación del general Pinochet indicando que en Chile existían las condiciones para juzgarlo, que no correspondía a jueces de otras naciones juzgar a nacionales por crímenes cometidos en suelo nacional y que se estaban violando principios diplomáticos básicos. Asimismo, se abrió una oportunidad política para discutir el tema de los derechos humanos. El gobierno inició un proceso de diálogo político en la que se incorporaron las FF.AA., autoridades religiosas, organizaciones de derechos humanos y abogados de las víctimas en lo que se denominó la “Mesa de Diálogo” y que concluiría en el año 2001 con recomendaciones específicas que tuvieron un resultado mixto. El segundo imponderable ocurrió a mediados de julio de 2004 cuando se adviertió precisamente el giro más significativo de los partidos de derecha respecto del general Pinochet. En aquella época se informó, primero en Estados Unidos y luego en Chile, que el general Pinochet mantuvo cuentas bancarias secretas con montos todavía no definidos pero que sobrepasaban los varios millones de dólares. A fines de septiembre de 2004, el Servicio de Impuestos Internos se querelló contra el general Pinochet y Oscar Aitken, más todos aquellos que resulten responsables por fraude. El organismo fijó el perjuicio fiscal provocado por Pinochet en poco más de dos mil millones de pesos, pero en un rango de tiempo fijado entre 1998 al 2004. A mediados de marzo de 2005, la sección de contabilidad del Laboratorio de Criminalística de Investigaciones entregó un informe al ministro en visita Sergio Muñoz, quien instruía el proceso por las cuentas en dólares de Augusto Pinochet en el Banco Riggs (EE.UU.), en el que avaluó en más de 10 mil millones de pesos, la deuda del general con el Fisco.29 Ese mismo mes, una comisión investigadora del Senado de Estados Unidos estableció la existencia de más de 125 cuentas en bancos y casas de valores del general Pinochet. La investigación del Senado confirmó que las actividades se podían registrar desde hace por lo menos 25 años y que involucraban varios bancos y personas. La mayoría de las cuentas fueron cerradas entre 2000 y 2001, es decir después del retorno del general Pinochet a Chile.30 El tema sin duda marcó un antes y un después en la relación entre los partidos de derecha y el régimen militar. El tema de la corrupción había sido uno de los aspectos que se había evitado tratar y que hasta 1998 había ocasionado serios conflictos con el ex comandante en Jefe del Ejército. Fue en este contexto que las reacciones de la derecha 29 30

“Pinoc he te va d ió10m ilm illone sd e pe sos”,La N a c ión,15 d e m a rzo,2005. “Se na d o:Genera lPinoc he tt e nía a lm e nos125c ue nt a s”,ElM ercurio,15 d e m a rzo,2005.

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marcaron una mayor distancia respecto del general Pinochet, indicando que las instituciones debían funcionar, o bien que se requería esperar las conclusiones de las investigaciones. Confirmando la tesis que la cercanía a la Presidencia tenía a ampliar la distancia con el régimen militar, es posible observar que mientras el candidato presidencial Joaquín Lavín mostraba asumía posturas más críticas, los líderes de los partidos de derecha mantenían algún grado de lealtad con el general. En ese entonces, Joaquín Lavín dijo que Pinochet "tiene que ser tratado igual que cualquier persona" y que la justicia debe indagar el caso31. Los líderes de la UDI y RN llamaron a no emitir juicios anticipados en esta materia antes de conocer toda la información. "Hay que esperar todas las informaciones que se tengan al respecto y no formular juicios que puedan afectar la honra de las personas", dijo el timonel de RN, Sergio Diez. El máximo dirigente de la UDI, Jovino Novoa, sostuvo que "no corresponde que los partidos políticos nos involucremos en esta materia. Creo que es algo que va a manejar el general Pinochet con su círculo de asesores y abogados si fuera necesario".32 Los tiempos de una férrea unidad en torno a la figura del general Pinochet habían culminado. Conclusiones El caso de Chile es una buena ilustración sobre una acomodación militar a un nuevo contexto político. De ser instituciones fuertemente involucradas en el proceso político al comienzo de la década de los 1990s, los militares han reducido su influencia medido esto en términos objetivos (reducción de atribuciones legales) y subjetivas (impacto en el proceso político). La explicación que entregamos en este artículo no se encuentra tanto en las propias instituciones armadas, sino más bien en el proceso político mismo. Observamos que por razones de cálculo electoral, de cambio en las estrategias de los actores de gobierno y del Ejército, e imponderables que escapaban al manejo de los actores nacionales como el arresto de Pinochet en Londres y el destape del caso Riggs, se generó un contexto que ayudó a la elite política de gobierno y oposición a construir un consenso respecto de la democracia y, específicamente, del rol que le tocaba cumplir a los uniformados en el proceso político. En la medida en que pierde fuerza el “proyecto político Pinochetista” se consolida un consenso de las elites sobre el lugar que deben ocupar las FF.AA. en un sistema democrático normalizado. La materialización de aquel consenso lo encontramos en las reformas Constitucionales de 2005. De ahí que sea muy importante observar no la relación “civil-militar” propiamente tal, sino que más bien las visiones y posturas de las elites políticas sobre las FF.AA. en un sistema democrático. Como mencionábamos anteriormente, en la medida en que las reglas del juego político clarifican el rol de los militares, las instituciones armadas van a tener menos espacio para incidir en cuestiones atingentes al modelo político propiamente tal. Se produce, entonces, un esperable giro o cambio de orientación hacia los temas de interés más

“Ind a g a c ión sorprend e a g ob ie rno ya fa m ilia d e g e ne ra l(R)”,La Tercera ,16d e julio,2004. “U DIa c usa d e d ob le e stánd a ra l oficia lism o. ”,El M ercurio,17 d e julio,2004.Elc a so M O P se re fe ría a una inve stig a c ión que involuc ra b a e lsupue sto tra spa so d e d ine rosd e sd e e lM inisterio d e O b ra sPúb lic a sa c a m pa ña spolítica sfa vora b le sa lg ob ierno. 31 32

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corporativo: servicio militar, operaciones de paz, participación en el desarrollo, adquisiciones, privilegios corporativos, etc. El caso de Chile también permite observa una segunda tendencia. Se trata de un caso donde las FF.AA. gozan de un moderado alto prestigio, donde no se cuestiona su existencia, y donde se valoran ciertos aspectos como su contribución a la defensa del país y colaboración con el desarrollo. Esta legitimidad social ha permitido que las FF.AA. puedan avanzar sus demandas corporativas y proyectarlas hacia el sistema político. Finalmente, nuestro análisis considera un supuesto central y que se refiere al estudio del proceso políticos y sus imponderables que hacen posible la apertura de “ventanas de oportunidad” para el cambio en las prioridades políticas. Los factores que determinaron el cambio de orientación y de preferencias de los actores está dado por elementos presentes en la arena política: la posibilidad de llegar a ser gobierno por parte de la oposición, las decisiones estratégicas de los gobiernos de la Concertación, el cambio de orientación en el Ejército con la salida del general Pinochet y “accidentes” de la historia que abrieron nuevos escenarios. La historia al comienzo de la transición parecía “atada, muy atada”. Sin embargo, el devenir de la historia parece no responder a diseños pre-definidos.

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