Los medios y las políticas de seguridad y prevención de la criminalidad en Argentina

Ni la "justicia" ni la "policía". Los medios y las políticas de seguridad y prevención de la criminalidad en Argentina

Norma Alejandra –Marcia- MalufFLACSO. Ecuador

Versión revisada del Documento "Prepared for delivery at the 2015 Congress of the Latin American Studies Association, San Juan, Puerto Rico, May 27 - 30, 2015."

ÁREA TEMÁTICA: Defense, Violence and (In)security.

31 de marzo de 2015 1

Introducción Esta ponencia está articulada sobre la base de la preocupación y el interés por responder a un conjunto de preguntas acerca de las representaciones sobre la inseguridad y el crimen, partiendo de las estrategias y mensajes mediáticos, en su articulación con los problemas y las tendencias que están presentes en los debates sobre las políticas contra la inseguridad y la criminalidad en Argentina, muchas de las cuales resultan comunes al contexto de América Latina. Analizar el rol de los medios de comunicación como uno de los sujetos principales en la construcción y reproducción de sentidos sobre el delito y la inseguridad, partía del supuesto de que en dicha construcción, se estaba produciendo una suerte de condensación de representaciones, problemas y dilemas, que expresaba las tensiones presentes en la sociedad con respecto al control del delito y la violencia, las cuales no estaban siendo del todo consideradas por los analistas, y que por razones de su complejidad, no pueden aún ser comprendidas en su totalidad e incorporadas en las políticas públicas. Como se afirma en la ponencia, los medios han tendido históricamente a representar el delito, pero la frecuencia, el formato y el contenido de dichas representaciones no son las siempre las mismas. Tampoco su relación con el campo de las políticas. Dice Garland (2004:24) que si se analiza el campo del control social en su totalidad, “las fuerzas sociales en juego son múltiples”, y sus relaciones, complejas y contradictorias. Afirma también que en los últimos treinta o cuarenta años se habría producido “una repentina y sorprendente reversión” del patrón histórico preestablecido. Se trata del proceso de modernización, y con él, de los ideales de la modernidad, que conducían a prever “tendencias de largo plazo hacia la racionalización y la civilización” (2004: 34). Se estaría produciendo una reaparición de sentimientos punitivos y de gestos de una justicia expresiva que, aunque en el contexto anglosajón que el autor analiza son parte de una ideología predominante que en América Latina ha cobrado forma en lo que se denomina populismo punitivo. La misma criminaliza a los sectores populares y forma parte de un 2

debate intenso, presente en los medios y en las redes sociales, en un contexto en el que a través políticas y programas sociales, varios países de América Latina han buscado integrar a los sectores más vulnerables de la sociedad durante la última década. Unos pocos ejemplos bastarán para ilustrar lo que tanto las representaciones mediáticas como la de los lectores “dicen” acerca del sentido de la seguridad y la justicia, de la punición y del castigo, del lugar de los ciudadanos, y el de los supuestos, potenciales o reales delincuentes. Como he mencionado, dichas representaciones no son ajenas a una incertidumbre generalizada acerca del valor de políticas y conceptos subyacentes que durante muchos años habían sido aceptados, y que consistían en el carácter restaurador de la justicia, la resocialización del delincuente, los castigos comunitarios, entre otros. En este contexto, podemos hipotetizar que tanto los medios, con sus particularidades y abusos, pero también los ciudadanos y el Estado, producen, a través de interpretaciones y de actos, ciertos modos de construcción o reconstrucción de un orden social, ante la emergencia de formas de delincuencia y de criminalidad cuyo origen se desconoce, y que por lo tanto producen zozobra. A propósito, Garland nos invita a centrarnos en los aspectos informales o no oficiales de la respuesta social frente al delito. Todo esto en un marco que desconoce dimensiones de las políticas de seguridad que no forman parte del sistema de control penal, sino que se constituirían como políticas sociales y de inclusión, y que forman parte de las políticas de control del delito en una sociedad (2004). Por tanto, iniciaré el trabajo con la presentación de un caso de linchamiento, que ilustra las representaciones que se están poniendo en juego en la actualidad.

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La representación mediática de un caso de linchamiento

A poco tiempo de iniciar el 2014, una serie de acontecimientos ocurrieron, sorpresivamente, en la escena nacional y mediática en Argentina. Vecinos de diversas localidades del país, como Rosario, Río Negro, Junín y la ciudad de Buenos Aires habían comenzado a atacar a personas que estuvieron bajo sospecha de haber cometido un robo. El diario La Nación registra el caso más trágico que terminó en una muerte: Tal vez en el barrio Azcuénaga de Rosario, donde hace unos días una turba enardecida asesinó a David Daniel Moreira -18 años, supuesto ladrón de una cartera-, hoy haya algunos vecinos acongojados (La Nación, 1º de abril de 2014). Un único párrafo condensa varias dimensiones del problema. En primer lugar, se trata de un joven de 18 años que fue asesinado en un barrio de un importante centro urbano del país. En segundo lugar, se trata de un “supuesto ladrón”. En tercer lugar, el diario afirma que “tal vez” este acontecimiento produzca en “algunos” una congoja. El periódico presenta una situación que supone la asunción de una posición moral por parte de las personas que cometieron un delito, pero no la reafirma ni la combate. Afirma que fue “una turba enardecida” la que habría dado muerte al joven. El cuadro de la escena tras la muerte del muchacho “tirado en medio de la calle, la cabeza herida ladeada hacia un costado, la sangre”, se describe como algo que “estremece”, como estremece la expresión “casi indiferente” de las personas que miran. También se hace notar el hecho de que no hubiera “otros vecinos que llevaran cordura” y que frenaran la “paliza fatal”. Parte de un “deterioro social” por el que el mismo diario representa distintas escenas de la calle en la vida cotidiana como similares, como parte de lo mismo: …un colectivo que pasa, el verdulero, chicos que salen a pedir o a trabajar, otros que van a la escuela, muchachos sin rumbo a la buena de dios, un transa, la señora con el changuito, un robo, vecinos descontrolados, un muerto tirado en mitad de la calle… (La Nación, 1º de abril de 2014). El “muerto tirado” en la calle es un dato más de la realidad, casi un elemento más en la serie que representan generalmente los medios cuando se refieren a los hechos de 4

violencia. En las representaciones mediáticas, las escenas de suicidios, de asesinatos o muertes por el terrorismo o la guerra, conviven con el dato, trivial en este contexto, de un estreno de cine o de un nuevo video que ha hecho furor en las redes. La realidad misma se describe de tal manera que casi adquiere los rasgos de una imagen televisiva; televisión y periódico integrados en una sola imagen, en una sola posibilidad simbólica. Es casi una forma de decir que asistimos a un momento en que la realidad adquiere la forma de la ficción, o que realidad y ficción se confunden. La nota se continúa con la frase desconsolada de la madre del muchacho asesinado. Si creyeron que robó, lo tendrían que haber llevado a la comisaría, dice la madre desconsolada, con la sensatez de esas primeras lecciones escolares que siempre es bueno volver a recordar. (La Nación, Ídem) La base de los crímenes de venganza ante un supuesto delincuente sería la falta de confianza hacia la actuación policial, así lo confirmarían los estudios, según la misma nota. El tono del comentario niega el sentido de la frase con el que la nota se inicia: “tal vez hoy haya vecinos acongojados…” El lamento de la madre es seguido por su descalificación, como si se tratara de una suerte de inocencia propia de la infancia (la “sensatez de las primeras lecciones escolares” sigue diciendo la nota), es decir, como si no hubiera, en este contexto, legalidad posible o válida. La nota no solamente nombra la indiferencia con la que las personas reaccionan ante el asesinato del joven, sino que al descalificar el necesario y comprensible dolor de la madre, también la hace suya, apropiándosela el periódico como sujeto de enunciación. Es la falta de ley y la desconfianza a la policía las que explican la indiferencia que acusan. El artículo sigue diciendo que los casos de linchamiento se multiplican en el país, y que incluso habría habido una tentativa en un barrio de clase media alta en la Capital: “en Palermo, los vecinos del barrio casi linchan ayer a un motochorro pescado in fragantti”. En el mismo texto en que se relatan estas escenas sobre la muerte de Moreira, el diario describe a continuación cómo un preso que debía ser trasladado en el contexto de una 5

“narco investigación” requirió ser trasladado por un grupo de elite penitenciario, a cara cubierta y con armas largas (como si se tratara de la miniserie sobre Pablo Escobar): se trataba de un policía involucrado en un plan para matar a un juez y a un fiscal. El diario ofrece un cuadro imaginario, violento, no explicativo, en el que hasta el mismo sistema policial y penal debe extremar sus medidas de seguridad, y en el que la misma policía está implicada, mostrando una imagen indiferenciada de los actores que trabajan por la producción de la seguridad. La complicidad y pérdida de autoridad policial es aludida como parte del contexto en que se produce el asesinato del joven mencionado, y de otros linchamientos e intentos que se produjeron en el país. La confianza hacia la autoridad policial sería el marco “para que no actuemos como hordas primitivas”, y estos episodios “podrían empezar a aparecer” ya que el avance narco dejaría sin protección a los ciudadanos, “sin protección del Estado y sin ley”, y a merced de “vecinos voluntaristas que le disputan al Estado el monopolio legítimo en el uso de la violencia”, estableciendo una semejanza con los comuneros organizados en el estado mexicano de Michoacán. Los “vecinos voluntaristas” serían un grupo de jóvenes que armaron una patrulla comunitaria en el mismo barrio donde murió Moreira, y acompañan a los vecinos cuando entran y sacan el auto, cuando vuelven de trabajar o esperan el colectivo, y portan armas. Según cuenta la nota, también tienen pensado “blanquear” sus servicios ante el Concejo Municipal. Aparentemente, “los pibes” cobran a los vecinos por los servicios de seguridad que ofrecen, y casi compiten con la Policía Comunitaria.2 Tal es la imagen construida por los medios sobre la participación comunitaria. Aunque la queja social radica en la falta de confianza en la Policía, la nota alude al uso de su ausencia para dejar en libertad los sentimientos de la población: “Tras la paliza, los exponentes violentos del barrio encontraron otros canales donde volcar su furia”:

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http://www.rosario3.com/noticias/Cuatro-pibes-armaron-una-patrulla-comunitaria-en-barrio-Azcuenaga20140321-0029.html

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Por suerte la policía llegó tarde y le dio un buen tiempo para matarlo a patadas, vi vecinos quemándolo con cigarrillos, ojalá alguno le hubiera cortado las manos", pudo leerse (hasta que lo borraron) en el grupo de Facebook "Indignados Barrio Azcuénaga". El diario aparece como crítico respecto a la justicia por mano propia y los comentarios racializantes de los ciudadanos hacia quienes han sido víctimas de un linchamiento o de un intento del mismo. No obstante, al pie de la misma nota se pueden leer comentarios de lectores que avalan el crimen y afirman que se trata de una “legítima defensa”, y no de un “exceso: Exceso sería si los delincuentes cumplieran su condena y no salieran peor que como entraron, la justicia funcionara como corresponde y el sistema penitenciario igual. Nada de esto se da, los delincuentes lo saben y no van a parar ni a ser detenidos en su misión. Repito, es LEGITIMA DEFENSA. (La Nación, 1º de abril de 2014, Comentarios de lectores).

La lectura del diario transmite sentidos de indiferencia y desesperanza, y al mismo tiempo advierte sobre el riesgo de que los “llamados de guerra encuentren eco” en una prensa irresponsable, capaz de amplificar el consenso de matar, práctica que no está lejos de las implicaciones de los medios. La instalación de la idea de la anomia la acompaña, con acusaciones sobre la ausencia del Estado y la marginalidad de las normas.

La prensa progresista

La prensa progresista conocida como progresista reúne opiniones de políticos, dirigentes de movimientos sociales y de académicos. En sus intervenciones con respecto al tema, señala, entre otras, la contradicción que existe al justificar los asesinatos de posibles delincuentes, pero no demandar justicia en los casos de asesinato de los mismos: “Parece

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que en nuestro país las indagaciones varían según quién es la víctima”, dice Página Doce.3 La nota apoya las demandas por mayor justicia, pero el rechazo político a la democratización y a la agilización del Poder judicial que estaría realizando el gobierno, y cuestiona la idea de que los delitos desaparezcan si se implementan penas más duras. Yo pregunto: ¿para quién trabajan los motochorros que muchas veces agarran justo al que sale de un banco con importantes sumas de dinero? ¿De dónde provienen las armas que usan muchos delincuentes? ¿Quién organiza las redes de narcotráfico y trata de nuestras provincias? (Página Doce, 18 de abril de 2014). Y hace un llamado a tratar de comprender la estructura de los hechos, es decir, las organizaciones y los actores existentes tras la superficie de las noticias. La nota usa la analogía del modelo médico, y una frase de Ramón Carrillo: un pueblo sano no es un pueblo bien curado, es un pueblo que no se enferma” y lo trasladamos a la seguridad: Un pueblo seguro no es un pueblo que castiga bien a sus delincuentes, es un pueblo que no tiene delincuentes (…) La tarea, es prevenir. (Página Doce, 18 de abril de 2014) Reconoce que el desarrollo y el aumento del consumo, en una sociedad capitalista como la nuestra aumentan la frecuencia del delito, a causa de la desigualdad. Los grandes delitos en la Argentina: el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y la venta de autopartes son llevados a cabo por “sectores organizados en complicidad con las policías y sectores de la Justicia y el poder político” (Ídem). … es necesario, en definitiva, que avancemos en un acuerdo de seguridad democrática y popular que nos ponga unos metros antes del problema para construir una sociedad segura en el sentido más amplio de la palabra. (Página Doce, 18 de abril de 2014). El autor agrega que la discusión acerca del aumento de las penas o la reducción de las excarcelaciones no tiene sentido si no se trabaja sobre la depuración de las policías, de su

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Leonardo Grosso, “Antes del problema”, en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1244380-2014-04-18.html

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descorporatización, sobre la democratización de la Justicia, y sobre la reforma del sistema penitenciario, como agente de resocialización del Estado. Otra nota en el diario mencionado,5 afirma que los medios forman parte de la violencia, al justificarla, y al trabajar permanentemente por la estigmatización de los jóvenes (“pibes chorros”). Escribe sobre los ciudadanos de “buena fe” que en las redes se vanaglorien de la justicia por mano propia, como si fuera que unas vidas valen más que otras, y que algunas “valen lo mismo que una cartera”. Se reconoce la preocupación de la población por los robos, pero se entiende que … hay otras formas de violencia que hacen a la creciente desigualdad social, en la que los pibes se crían como pueden, en condiciones de vida indignas, tratando de sobrevivir a la falta de políticas inclusivas del Estado, tratando de sobrevivir en los territorios apropiados por los narcos” (Página Doce, 18 de abril de 2014). El artículo afirma que el Poder Judicial no imparte justicia, y que no constituye “una de las tantas herramientas a través de las cuales el Estado debiera impartir políticas para la equidad y la integración” (Catáneo, op. Cit.), sino que por el contrario, solo profundiza la desigualdad y la exclusión social. También que es necesario que los funcionarios repudien estos hechos de violencia, que se investigue, encuentre a los culpables y se los condene por el delito cometido. O, como dice la articulista analizada: “Que la muerte no se ponga de moda”. Las notas precedentes forman parte de los múltiples sentidos que llenan los debates sobre la violencia y el crimen, el delito y la inseguridad. Dichos sentidos, muestran una multiplicidad de posibilidades en la interpretación de los hechos. Algunos, como Sotelo (2014) lo conciben como una “dislocación” de la conflictividad social, y al mismo tiempo de una re-localización, de una re-articulación o anudamiento de conflictos sociales, en los ámbitos barriales. Carlos Vila (2005) desde México, asocia la cuestión de los linchamientos con la vulnerabilidad social de los protagonistas, por un lado, y con la

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Cattáneo, María Victoria, “No somos animales”, en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-2443802014-04-18.html

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ineficacia de las instituciones encargadas de garantizar la coacción física, por el otro. Hurtado Arroba (2006), también en México, relaciona los linchamientos con su televisación, que visibiliza una forma posible de análisis y comprensión que se apoya en la espectacularización del evento y en la pasividad de las fuerzas públicas. Para Rodríguez Guillén, los linchamientos constituyen la expresión de una crisis de autoridad y de indignación moral, de que los límites sociales se han roto, y de que “es necesario poner coto a la corrupción y a la ineptitud de las autoridades” (2012: 2). Agrega este autor que “los linchamientos tienen cierta connotación de acción colectiva capaz de generar simpatía entre grupos de la sociedad” (2012: 10). Para el caso de Ecuador se trataría de una confluencia del crecimiento de la delincuencia común y el desborde del aparato policial, así como las disputas y tensiones que conllevó el reconocimiento de la Justicia indígena en 1998 (Castillo Claudett, 2006). En el campo de investigación científica en Argentina, es la mirada sobre el Estado la que ha prevalecido (casos de la muerte de personas jóvenes, como consecuencia del abuso policial, de “gatillo fácil”): el sentimiento de injusticia parece ser el determinante en la economía moral de las multitudes (Caravacas, 2014: 35). Para Moreira (2010), se trataría de un reclamo de justicia, y de la apropiación de formas extremas de pedir sanciones, buscar reparaciones inmediatas, o repetir la acción con mayor violencia, de una nueva conciencia legal en la que el pueblo reasume momentáneamente el poder y recupera un espacio monopolizado por el Estado. Caravacas (2014) llama la atención sobre la posibilidad de no poner demasiado énfasis en los factores institucionales y estatales, y, por el contrario, para el caso argentino, reconocer la yuxtaposición de sentidos en que se entrecruzan la inseguridad, las percepciones, la construcción de lo peligroso y el miedo. Reconstruir la densidad teórica y de sentidos de la violencia, atender a la disputa de sentidos, y la constitución del sujeto-linchado como mediático-social. Se trata, para esta autora, de la forma exacerbada de representación de un “nosotros” frente a un “ellos”, “una práctica social que materializa un discurso sobre otro”, que pone en la escena la dualidad social en la que el “ellos” está del lado de los peligrosos, los 10

“linchables”, y el “nosotros”, del de los buenos vecinos. La propuesta teórica recuerda a Van Dijk (2001) cuando se refiere al discurso racista, en que se afirma a un “ellos” frente a un “nosotros”. Resulta muy interesante que, aunque los medios no aluden necesariamente a particularidades raciales de quienes llevan a cabo actos de delincuencia, a menudo son sus lectores quienes lo hacen. De manera que se podría decir que el discurso de los medios sobre la violencia y la delincuencia promueve la construcción de subjetividades antagónicas, en las que los pares, “delincuentes-ciudadanos”, “peligrosos-buenos vecinos”, corresponden a oposiciones que ponen en juego la legitimidad de la violencia de unos sobre otros, y las demandas de justicia para unos y no para otros.8 El linchamiento aparece también como una negación del derecho y de la ausencia del Estado; para Croxatto, se trata de “gente que odia que los delincuentes tengan garantías básicas, 9 como si de lo que se tratara es de reemplazar una legalidad por otra; la de un sistema que ofrece garantías y derechos para todos, incluso para quienes son imputados, y aquella que niega todo derecho para quienes son considerados delincuentes. De manera que en la agenda mediática pueden leerse abanicos de sentidos, que, como dice Caravaca (2014), incluyen en un extremo, una máxima consideración por los perpetradores, y por el otro, una condena progresista y una preocupación ética. Pero en ambos extremos, se observa la demanda de un Estado que intervenga, prevenga, controle o penalice. No importa si es con más policía, aunque no se crea en ella, o con la formalización de grupos comunitarios. La referencia a quienes han llevado a cabo los linchamientos como “turba enardecida”, “hordas primitivas”, o “los monstruos que llevamos dentro”, parecen un anuncio, una amenaza de deshumanización y del avance de actores sociales cegados por la irracionalidad que le arrebatan al Estado el monopolio de la violencia. Bajo la idea de que

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Las negritas son nuestras. Croxatto, Guido, “Civilización o barbarie”, en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-244380-201404-18.html 9

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el Estado no aporta a la civilidad, el medio de comunicación infiere la “normalidad” de la reacción social ante el aumento del delito, y se ofrece como un escenario que da lugar a las opiniones que aportan a la construcción de un “acuerdo social” que él mismo anticipa como peligroso y como beligerante. El lenguaje del medio construye una ficción de un mundo “sin ley”, en el que no hay diagnósticos, ni instituciones con reformas en proceso, ni planes de seguridad, más o menos válidos. Un mundo en que no hay “ciudadanos” que reclaman seguridad o justicia, sino “hordas” y “turbas” que tienen miedo. El género de la noticia y el género de la ficción asumen una misma forma, acercando, podría decirse la función mediática a la literatura. Para esta criminología mediática hay unos sujetos delincuentes casi considerados como infrahumanos, sin derechos, e individuos desubjetivizados, desciudadanizados , que hacen justicia por mano propia, animalizados por la irracionalidad del miedo y la falta de seguridad. Una noticia avala la hipótesis de esta legalidad paralela a la que aludo más arriba. Cuando seis meses después, el mismo diario anunciaba la detención de dos de los sospechosos por el linchamiento del joven rosarino, no faltaron lectores que protestaron: Ni la "justicia" ni la "policía" nos defiende de los criminales, y si nos defendemos nosotros vamos presos. Uno se pregunta de qué lado están las "autoridades". 10

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“Dos detenidos por un linchamiento en Rosario”, 24 de septiembre de 2014, en http://www.lanacion.com.ar/1729841-dos-arrestados-por-un-linchamiento-en-rosario

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Los medios de comunicación y el delito. Un estado de la cuestión

Dice Garland que existen “condiciones sociales y culturales que estructuran las decisiones políticas, y hacen que ciertos esquemas sociales parezcan posibles y deseables” (2004:28). Estos esquemas, tal como son moldeados por la economía, los medios de comunicación, el sistema institucional, y las relaciones entre los grupos, determinan nuestras percepciones del peligro y del castigo. El análisis del papel de los medios en el estudio de las representaciones sobre el delito, el crimen y el castigo adquiere dimensiones relevantes en una sociedad del espectáculo, en la que los medios constituyen actores esenciales en la construcción de los hechos sociales, y en la expresión de intereses políticos. Siguiendo a Gramsci, hay que reconocerlos como productores de hegemonía y protagonistas en los procesos de inscripción de valores en la cultura y en el sentido común. Los medios forman parte de una lucha por hegemonizar el espacio de constitución y reproducción de los saberes que van a resultar dominantes en una sociedad. Para Isla y San Martín (2009), los mismos forman opinión, y transmiten y orientan el devenir de la sociedad.

Ello ocurre en un contexto en que la aceleración de la circulación de información sobre los acontecimientos que importan a la sociedad se profundiza, y se acrecienta la superficialidad en su tratamiento. En el proceso de producción de las noticias, al mismo tiempo que aumenta la velocidad en la necesidad de generar y reproducir información, disminuye la posibilidad de presentar una información crítica y veraz. El problema con este hecho es que, además de influir en los procesos culturales de formación de sentido común y de reproducción ideológica, los medios suelen tomar parte en el debate acerca de los modelos de las políticas contra la inseguridad y el crimen.

Las políticas criminales, al igual que las de seguridad pública, se configuran a partir de los intereses en juego de diversos grupos: los actores políticos, la opinión pública y los medios de comunicación, los cuales en la mayoría de

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los casos se desatan a partir de crisis ante la necesidad de obtener resultados prontamente. (Bassombrío y Dammert, 2013: 8) En Argentina, varios analistas coinciden en destacar el “caso Blumberg” como paradigmático de la capacidad de los medios para la generación de representaciones, emociones e identificaciones sobre el delito, la criminalidad y el castigo. La figura de Juan Carlos Blumberg –padre de un joven asesinado luego de un secuestro extorsivo- emerge en la escena social y se vuelve un referente político cuando el mismo convoca a una marcha por la seguridad que tiene una amplia repercusión social. El movimiento lleva, a través de diversas construcciones discursivas y mediáticas que enfatizan el papel de la familia como víctima, entre otros aspectos, a cuestionar la legislación vigente y las políticas de seguridad, y propone el endurecimiento de las penas, la posibilidad de la sumatoria de años por delitos cometidos, y el aseguramiento de la cadena perpetua. Demanda además la disminución de la edad en que los menores sean imputables, y el trabajo en las cárceles. Las peticiones incluían la agilización y el fortalecimiento del sistema de justicia, así como reformas políticas del poder ejecutivo y una ley de financiamiento de los partidos (Calzado, 2005), extendiendo demandas de seguridad al sistema político. En su análisis sobre la prensa gráfica, Stella Martini (2007) aborda el problema de la calidad periodística, y de cómo los medios utilizan una retórica y un diseño que lleva a instalar una noticia breve y segmentada como representación de la realidad que se constituye como global y “completa”. Según la autora, en los últimos veinte años, la prensa nacional en Argentina, representada por los diarios Clarín y La Nación,11 han dado a las noticias sobre el crimen un énfasis inusual y le han otorgado un nuevo lugar en su agenda; los diarios hacen del sensacionalismo, un recurso privilegiado para la argumentación, y agrego, para la argumentación política. También es cierto que el aumento de las noticias sobre los delitos ha sido correlativo de un desarrollo de la criminalidad durante el mismo periodo.

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Fundados en 1870 y 1945, respectivamente.

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Ambos medios se constituyen en instaladores de noticias y formadores de la opinión pública en el ámbito nacional, así como en las principales fuentes de primicias y declaraciones de funcionarios y actores políticos, y ocupan un lugar importante en el mapa económico y en el del poder. Esto es importante para estudiar su incidencia en la opinión pública en un campo como el del delito, la formación de representaciones sobre la realidad, e incluso sobre la identidad individual y colectiva. Según la autora, los medios establecerían un pacto o contrato de lectura con sus seguidores que garantizaría la fidelidad del consumo. Por lo mismo, cada diario intenta responder a las necesidades y expectativas, de acuerdo al target de sus lectores. Dice también Martini que en la construcción de la información cotidiana de estos diarios se observa un énfasis en la alteración del “orden público”, especialmente en la noticia policial. La autora hace referencia al lugar que las noticias sobre el delito ocupan en el proceso de producción periodística: como las mismas no constituyen un dato “duro” como las del campo económico y político, los periodistas de aquel campo tienen menos prestigio que el de estos últimos. Esto nos permite plantear la hipótesis de que la aprobación social e institucional de la información sobre el delito implica ajustar la presentación de hechos delictivos a criterios de noticiabilidad, que los mismos se estructuren según valores altamente apreciados en una sociedad (Islas y San Martín, 2009), por un lado, y por el otro, a que la retórica de la noticia se extienda al campo de las políticas de seguridad, criminalidad y justicia. Es decir, los medios empujan la transformación de un hecho policial, en un hecho político, en un proceso selectivo de estrategias retóricas y simbólicas para ganar un espacio en este campo.

Lógicas de la noticia policial

La construcción de la noticia sobre el delito encuentra problemas que están relacionados con el pensamiento y los problemas criminológicos, como veremos más adelante, pero también los trasciende. Uno de estos problemas, radica en que, si bien una fuente de 15

legitimidad del trabajo periodístico son los actores policiales y judiciales, los mismos no siempre cuentan con la información completa e integrada para dar cuenta de un caso, y por el otro, dichos actores están sujetos al secreto de sumario, razón que obtura el acceso de información a los medios. Este hecho se agrega a los problemas de credibilidad en la justicia, y contribuye al hecho de que parte de la información se construye a partir de fuentes no oficiales. En este punto podemos subrayar dos estrategias que son parte de esta forma de construir información. La primera es que los medios acuden al testimonio de familiares y víctimas, basándose en el principio de estar “en el lugar de los hechos”, a la manera del trabajo antropológico; validan así la capacidad de investigación periodística frente al lector (Martini, 2007: 9). La segunda y más importante por sus posibles efectos es que ese estar “en el lugar de los hechos” implica una proximidad reconocible entre el delito cometido y los lugares cotidianos del lector, que activa una capacidad de “producir empatía” ya que un hecho parecido “me podría pasar a mí” (Islas y San Martín, 2009, 23). Esto agrega la posibilidad de “reconocimiento y la identificación del otro-víctima a través de identidades y hábitos cotidianos imaginariamente compartidos” (Martini, 2007). La victimización convierte a un sujeto común y anónimo en víctima, debido al azar, lo que aumenta la sensación de peligrosidad. El abordaje del caso individual avivaría también el interés del lector, al poner el énfasis en el padecimiento subjetivo de víctimas inocentes, por un lado, y de delincuentes irracionales, por el otro. Esta forma de abordar los hechos contribuye a humanizar la imagen del medio, al ofrecer información sobre la vida privada de las víctimas y en ocasiones, de los delincuentes. Según Martini, la sola investigación de un caso le otorga legitimidad a la noticia periodística, aunque ésta sea ambigua. Frente a la investigación policial y judicial “dura” los medios ofrecen una verdad subjetivada de los hechos, apelando al reconocimiento identitario y emocional. La noticia apela a la emoción y a la conmoción ciudadana, y no remite a algo más allá del control, ya que la conmoción que genera dificulta al lector pensar, y se podría decir, 16

analizar, reflexionar. Se produce una imagen de compasión para quien ha sido victimizado, y queda al descubierto la necesidad de mayor control ante la amenaza. La peligrosidad del delito se asocia a la de ciertos grupos sociales, generalmente habitantes de los barrios pobres de la ciudad o de las afueras. El ámbito de la pobreza es representado como el ámbito del delito. Hechos violentos que se producen en zonas pauperizadas se presentan en las tapas de los diarios con recursos sensacionalistas; la dramaticidad de la misma interpela las emociones, y el miedo se internaliza. Los diarios “serios” apelan a una representación mucho más racional del delito, a través de estadísticas y mapas del delito entregados en informes policiales o judiciales, que funcionan como énfasis de los textos. Dicha representación del delito en cifras genera la idea de una mayor precisión científica, habilita generalizaciones, y sirve para justificar las notas policiales (Islas y San Martín, 2009). Los medios reproducen la segregación, al representar a los pobres, como los victimarios por excelencia. Y esto, según Pereyra (2005), no se observa solamente en los periódicos amarillistas, sino que se extiende en toda la prensa, por lo mismo, constituye un factor importante en la sensación de amenaza que la pobreza y marginalidad genera en vastos sectores sociales. Delitos de entidad similar que suceden en un periodo de tiempo relativamente breve son representados como “olas”, lo que contribuye a una sobrerrepresentación del delito y a un acrecentamiento del temor al delito en la sociedad. En el mismo discurso noticioso hay estereotipos, es decir, la utilización de recursos lingüísticos que construyen imaginarios, y con el que se nombran a determinados grupos sociales para construir identidades e identificaciones. Dichas identificaciones han sido mencionadas como uno de los principales factores que ocasionan el sentimiento subjetivo de inseguridad, al ser la experiencia personal imaginariamente cercana a la experiencia de la víctima (Kessler, 2008: 129). Los medios masivos reafirman también imaginarios xenófobos, en los que los excluidos del sistema económico, pero también quienes tienen rasgos considerados indígenas o 17

mestizos, personifican amenazas y generan miedo, y se los considera como portadores del desorden social (Ver Margulis, 1999). Aún ante acontecimientos extraordinarios, que sobrepasan el delito común, como el de la muerte del fiscal Alberto Nisman, en enero de 2015 - un caso altamente politizado, en que la hipótesis del asesinato fue sostenida por actores de diversas filiaciones políticas (pero en el que la hipótesis del asesinato permitía la inculpación del gobierno como el sospechoso favorito de la oposición) y cualquier signo podía ser usado en la noticia de manera ambigua, reafirmando la posibilidad de un crimen, o inmediatamente su negación- la participación de los medios conlleva estrategias e implicaciones similares, a las que se observan cuando se trata de un delito común. Es más, podría decirse que, tratándose de la sospecha de un crimen con implicancias políticas, jurídicas y policiales múltiples como el que rodea a este caso, las intervenciones de los medios se potencian, potenciando también los recursos y las retóricas que suelen desarrollar ante el crimen común. Por ejemplo, después de las primeras semanas que sucedieron a la muerte del fiscal, fue frecuente escuchar en la televisión, como en las conversaciones cotidianas la expresión: “Si le pasó a él, que tenía todas las protecciones necesarias, ¿por qué no me va a pasar a mí?”. Un rasgo que caracteriza la cobertura mediática del caso, es el uso y abuso de la ambigüedad de la información que constantemente se iba produciendo en periodos de tiempo muy cortos; dependiendo de los actores e instituciones participantes, los mismos signos podían ser interpretados de maneras muy diversas, y lo que para unos era indicativo de un probable suicidio, para otros era información no concluyente, o lo era de un asesinato evidente. Nuevos actores y nuevas intervenciones solamente contribuyeron a deformar y a relativizar de manera casi indefinida hechos e interpretaciones que en ciertos momentos de la investigación posibilitaron algún grado de certeza. La densidad semiótica del caso es tal que, es posible que la dificultad de encontrar “la verdad” radique en el modo en que el caso no haya podido ser construido sin la

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participación constante y altamente productora de significaciones como ha sido la de los medios. Islas y Martini afirman que los medios tienden a destacar ideas, por ejemplo, en sus títulos, que en el curso de los artículos contradicen o niegan, pero que sin embargo dejan ambigüedades y dudas. También pueden hacer uso de un término y negarlo más adelante, con el solo propósito de dejar establecido su sentido. Esto puede observarse en una noticia sobre el mencionado caso Nisman: “Los peritajes acotan la idea del homicidio en la muerte de Nisman”, dice La Nación el 28 de febrero de 201512 en una nota en que desarrolla el argumento de los peritos oficiales, de que el hecho de que no encontraran restos de pólvora en las manos del fiscal muerto no implicaba que no se hubiera suicidado. A través del uso de términos ambiguos, como el de “acotar la idea”, el diario se concede la oportunidad de volver a usar la idea de homicidio (aunque sea para negarla) e ilustrar los avances –de por sí tortuosos- de la investigación, de modo a posibilitar la continuidad del suspenso y a la vez confundir a sus lectores con hipótesis contrapuestas. Los autores mencionados señalan que cuando un caso se ha instalado en la agenda mediática, y se producen pocas novedades importantes sobre lo investigado, se aprovechan los llamados “giros inesperados” de los acontecimientos, y se hace uso de hechos menores que podrían aportar a las pruebas, sin que tengan validez jurídica alguna, y por la sola ventaja de aportar nuevos elementos al caso. Así, en el caso Nisman, la declaración de una testigo ante un importante diario -que luego relativizó ante una fiscal- no solamente contribuyó a generar dudas sobre la seriedad de la investigación entre los sectores sociales que el medio representa, sino que mantuvo e

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http://www.lanacion.com.ar/1772195-los-peritajes-acotan-la-hipotesis-del-homicidio-en-la-muerte-denisman

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intensificó la atención pública sobre el mismo, y al menos momentáneamente, y ubicó al diario como protagonista en la gestión de las pruebas.

Periodismo y criminología

El periodismo que se ocupa del tema delictivo extrae, según varios autores (Martini, 2007, Binder, 2014), sus fundamentos filosóficos y fuentes de producción de las fuerzas de seguridad y de justicia, y tiene una relación más o menos estrecha con el pensamiento criminológico. No obstante, es ya aceptada la afirmación de que la prensa responde en general al pensamiento hegemónico de los sectores medios y altos, los cuales promueven el control del orden público, y en este sentido, la criminalidad no deja de ser un tema estrictamente político e ideológico La relación entre delito y política ha estado presente históricamente, en la constitución del Estado argentino. La criminología se origina en esa etapa, crece de manera paralela al proyecto de país y ubica al mismo entre los primeros del mundo en la investigación del delito. El delito, producto de la “barbarie”, es enemigo del orden social. Dicho esto en un país en que coexisten diversas culturas y con un Estado en construcción, la definición del delito adquiere dimensiones políticas: es así que ante las primeras formas de sindicalismo, se establece mediante una ley, que la huelga es un delito de muchedumbres. José Ingenieros, quien sistematizó el pensamiento criminológico de inicios del siglo XX, afirmó el valor de la experiencia de una ciencia jurídica “positiva”, que fuera parte de las ciencias sociales, y análoga a la sociología, a la que consideraba como “ciencia natural” (Ingenieros, 1913: 14). La historia del Derecho y del Derecho penal es correlativa a la evolución de una sociología considerada como una ciencia biológica, y las instituciones jurídicas como organismos vivos en constante evolución. El autor realiza una afirmación que será clave en el entendimiento de las concepciones sobre el delito, así como sobre la medición de los fenómenos que abarca: “Toda rama del Derecho estudia fenómenos

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variables y contingentes. La calificación del acto delictuoso y su represión penal cambian de una a otra época y difieren en la misma época si se las observa en sociedades distintas” (Ingenieros, 1913: 14). A pesar del reconocimiento de la variabilidad del hecho delictuoso en el espacio y en el tiempo, Ingenieros creía que era posible determinar los rasgos esenciales de estos fenómenos, apelando a los criterios y métodos propios de las ciencias naturales. Según Martini (2007), la prensa alentó el discurso positivista criminológico de inicios de siglo XX, y lo retomó en los últimos años, criminalizando la pobreza, la marginalidad y la protesta social. El lugar otorgado al delito por los medios varió de acuerdo a los procesos políticos. En los años sesenta, los denominados diarios “serios”, daban cuenta muy brevemente de los delitos, y ponían énfasis en la efectividad policial frente al crimen. En los setenta, durante la dictadura, el delito común se puso en relación de equivalencia con la llamada “delincuencia subversiva”y el terrorismo. Por eso dice la autora que “la noticia policial ha sido siempre (…) una noticia política construida desde acontecimientos diversos” (2007: 5). A partir del advenimiento de la democracia, la noticia sobre seguridad va adquiriendo una mayor relevancia, y su formato se va acercando al actual; la misma empieza a ocupar las tapas, a centrarse en información detallada del hecho delictivo, y a distanciarse de la información judicial. Desde 1999 la noticia policial se constituye en “capital en juego” explícito, y pasa a formar parte de una agenda relevante y espectacular sobre el delito, en coincidencia con temas de la campaña electoral de la oposición del momento (Alianza). El incremento de la noticia policial da cuenta del modo en que se espectacularizó la noticia sobre el crimen, como estrategia productiva de los diarios. Durante las últimas décadas: pasó de ser noticia en tapa por 1 día sobre 30 en 1963, a 17 días en 1999, y a 26 en el 2003. (Martini, 2007) 13

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En un estudio realizado en 14 países en América Latina, Rincón (2008) ha encontrado, sin embargo, que la información mediática no se desarrolla en una medida similar a la del delito. Es decir, existen países en los

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El tema quedó instalado desde entonces como variable de acción política, más intensamente en épocas de campaña electoral. Los medios afianzan la publicidad de modalidades delictivas que implican un alto grado de violencia como el homicidio por robo, los secuestros extorsivos, el robo de vehículos a mano armada, y sobresalen las noticias en que las víctimas son personas de clase media, profesionales, comerciantes, e incluso policías. Enfatizan las exigencias de protección ciudadanas, critican la capacidad institucional de la policía y del sistema de justicia en el país, y el crimen comienza a presionar sobre las capacidades de gobierno. A partir de estos procesos mediáticos, la violencia se constituye en una de las agendas más urgentes, el delito aparece como la causa de una comunidad insegura, y el Estado/gobierno aparece como inoperante por error, omisión, incapacidad o corrupción. Otros graves problemas sociales son desplazados de la agenda pública.

Notas sobre las políticas contra la criminalidad y su relación con los medios

La relación entre la política de los medios de comunicación, las políticas en torno de la seguridad, y los cambios sociales y culturales que subyacen a éstas, no se encuentra aún suficientemente explorada. Existen aspectos y dimensiones de la (in) seguridad que pueden contribuir a explicar algunos aspectos del comportamiento mediático, aunque no puede afirmarse que la una se reduzca a la otra. Intentaré a continuación identificar dimensiones y aspectos que nos podrían acercar en lo posible a entender la relación. Una primera dimensión, puesta en evidencia por distintas disciplinas, pero que llama la atención cuando la desarrollan juristas y especialistas en seguridad, es la debilidad de la ley. Esta debilidad es atribuida a una diversidad de condiciones que afectan a

que la información mediática sobre inseguridad es muy elevada (como El Salvador, Argentina y Perú), sin que esto tenga una correlación necesaria con las estadísticas del crimen (muy diversas en los tres países).

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determinados sectores sociales de nivel alto, medio y bajo, y que van desde “el incumplimiento de las normas y el desdén por mecanismos institucionales de control y regulación” (Saín, 2008), hasta quienes ocupan posiciones de autoridad política, que se habrían acostumbrado a convivir con instituciones que no se aplican. Para Binder (2014), la debilidad de la ley es la contracara de la debilidad de los jueces, aunque no es posible conocer cuál es primera y determinante de la otra. El problema radicaría en la propia formación institucional del Poder Judicial, que habría nacido subsidiario del poder político y no para una república, siendo el propio sistema judicial el que se encargó de excluir a quienes pretendieron renovar esa cultura judicial. No obstante y de manera paradojal, en el caso argentino, se observa una creciente toma de conciencia de la importancia de la justicia en la vida cotidiana de las personas, y una mayor demanda de que sea el poder judicial el que resuelva la conflictividad social (Entrevista a Alberto Binder, 2015). Una segunda dimensión corresponde a los problemas conceptuales, entre ellos, el más grave e históricamente repetido es la supervivencia de la idea de que la criminalidad es el efecto de desviaciones causadas por la pobreza, la cual es reproducida una y otra vez por los medios de comunicación, estigmatizando a los pobres. Aunque la criminología ha hecho descubrimientos interesantes al comprobar que el aumento de la delincuencia en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido correlativa con el auge del Estado de Bienestar (Young) no ha encontrado la manera de convencer a la opinión pública acerca de los efectos de la desigualdad, que se ubica como una de las grandes categorías explicativas del delito y la inseguridad. Otro problema relacionado con éste es que, como dice Garland, se ha desplazado el interés por la causalidad del delito a favor de las consecuencias del mismo. Tratar de explicarlo aparece como una justificación y esto se ha convertido en un problema que se expresa en el rechazo de la opinión pública a todo intento de comprender el fenómeno. Otro de los problemas conceptuales que tiene relevancia por su negación en los medios, es la doble dimensión de la criminalidad, es decir, el entrecruzamiento de factores culturales de conflictividad, y de políticas estatales, o procesos de criminalización. Una distinción que no es clara para los dirigentes políticos, y lo es mucho menos para la 23

sociedad y los medios, que ponen el foco en la comisión del delito y en la penalidad. Allí donde existe un delito existe un conflicto social previo que se intenta regular de alguna manera particular, pero esto no es fácil de asimilar. Ni los dirigentes políticos ni los medios parecen interesados en la identificación de dichos conflictos. Para el sentido común y mediático: “lo determinante sería la violación a la ley y no su base social”, dice Binder (2008: 118). Los medios soslayan la base social del crimen, poniendo énfasis en la transgresión de la ley y sus consecuencias. Pero al amplificar las figuras e imágenes que forman parte del hecho delictivo, contribuyen a reproducir e incluso a ampliar las conflictividades de origen. Hay un conflicto primario subyacente al delito que queda oculto por la importancia otorgada a la conflictividad secundaria, la que se genera a partir de la violación de la ley. Aunque todo delito pertenece al orden de la conflictividad social, su excesiva juridicización impide reconocer este fenómeno (Binder, 2008). Dicho conflicto de base es sumamente evidente en los delitos llamados comunes, como el robo –sea en supermercados o en el sistema financiero- pero al parecer, la conceptualización al respecto adolece de una gran pobreza en los estudios sobre delincuencia. Esta pobreza conceptual, no sería casual, sino que a ella subyacería una idea de orden – orden racional de la modernidad- equivalente a la idea de una sociedad armónica, en la que el delito aparece como una “desviación” que irrumpe en ella –generalmente desde afuera- y que es necesario hacer desaparecer. Sería interesante analizar cuál es la teoría de la sociedad que ha tenido prevalencia en los últimos años, si el modelo del conflicto o el del orden. Por lo pronto, es el segundo el que ha tendido a ser reafirmado, según el autor que analizamos, por el pensamiento conservador. Por mi parte, considero que la conflictividad social a la que alude Binder es negada en el debate público porque siendo una explicación posible del delito, cualquier explicación aparece ante el sentido común como una forma de justificación y por lo tanto, como un antecedente posible para la impunidad. Explicar el conflicto que hay detrás de un acto

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delictivo –más o menos regularizado- conlleva, para un sector de la sociedad- una justificación del delito y a la probable absolución de sus responsables. Así lo representan lectores de La Nación, al comentar la noticia sobre la agresión física sufrida por una docente en una escuela de la Provincia de Buenos Aires, por parte del padre de una alumna: 14 Y cobarde, esa es la palabra que lo define, pero como dijeron más arriba, seguro algun psicologo va a decir que el pobre muchacho tenia un mal dia y por eso golpeó a la mujer hasta dejarla casi muerta, pero hay que perdonarlo pobre tipo el no tiene la culpa pobresito. Este es la cultura que le dejamos a los niños. …estos tipos hasy que mandarlos a prision sin juicio, sin preguntas de porque lo hizo, no tiene justificacion alguna, Lindo el modelo nac. y pop. K.15 La nota citada expresa representaciones y conflictividades relacionadas con la pena y el castigo. Pero por un lado, es la crítica a una justificación posible sobre la situación que rodea a la agresión o al posible delito; por otro lado, la negación del derecho a la explicación y a la defensa del imputado. Se agrega además, la acusación al actor político gubernamental, como causa principal del problema, que habría contribuido, con políticas “blandas” –entre las principales aquellas inscritas en una lógica de derechos humanos- a la situación. La cuarta dimensión o problema señalado por Alberto Binder es el déficit de un sistema de información sobre seguridad que posibilite el diseño, la formulación y la evaluación de las políticas. Dicho problema no consiste solamente en la carencia de medios, sino en dificultades de carácter conceptual, técnico, e incluso político, tales como los procesos de coordinación interinstitucionales para estandarizar los criterios de medición de diversas agencias.

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La Nación, 5 de marzo de 2015, en http://www.lanacion.com.ar/1773543-brutal-ataque-del-padre-deuna-alumna-a-la-directora-de-su-escuela-la-agarro-a-trompadas-y-a-patadas-en-el-piso 15

Conservamos la grafía original, incluidos los errores gramaticales.

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Por un lado, la criminología operativa otorga centralidad a las personas, la cual es referencia en el control del delito. De allí que el sistema de análisis policial y judicial contabilice personas y casos, mientras que la complejidad del fenómeno criminal actual requiere de otras estrategias de análisis para no ofrecer una idea equivocada del mismo. En este sentido, el desarrollo y uso de los mapas del delito, aún resulta insuficiente y precario (Binder, 2014). Por otro lado, las estadísticas que se producen no coinciden entre sí, no se analizan y por lo tanto tampoco ingresan al circuito de toma de decisiones. Además, las formas de criminalidad de la actualidad, obedecen a una complejidad que incluye a los “grandes mercados” instalados (Binder, 2014), sobre los cuales no se conoce lo suficiente. Si, como dice Binder, no es posible el gobierno político del sistema de seguridad sin la mejora de los sistemas de información, tampoco es posible una democratización de la información mediática, sin una mejora en el sistema público de información, por parte de los actores políticos, que se imponga o establezca con aquélla alguna forma de competencia. Las modalidades que asume la descripción del caso por parte de los medios tienden a llenar el vacío de la investigación policial y judicial, por un lado, y por el otro, a aprovechar este vacío y el déficit de “datos duros” para agregar recursos retóricos que apuntan a cubrir la falta de información, pero al mismo tiempo, a cuestionar y hasta a modificar determinados patrones de gobernabilidad y de regímenes de seguridad. La quinta dimensión corresponde a las transformaciones que se vienen desarrollando en el sistema de seguridad en la última década, en especial, la reforma policial, que promueve la desautonomización y desmilitarización de una institución que había funcionado históricamente sujeta a erráticas políticas internas, de manera a que cuente con un mayor control civil, por un lado, y más acercamiento a los problemas y a la misma sociedad, por el otro. Según Binder (2014) estas transformaciones, que se están llevando a cabo no sin dificultades, provocan la sensación de desorden en la realización de esta política. 26

Una sexta dimensión, derivada de problemas conceptuales es la (des)articulación entre las políticas preventivas o disuasivas, y las reactivas. En el campo de la prevención, no existen certezas de que las políticas preventivas vinculadas con las políticas sociales que se implementan puedan intervenir sobre las causas profundas del delito, por lo tanto, su reconocimiento como tales resulta sumamente difícil , porque no redunda en logros que puedan ser visualizados de manera concreta. No existe tampoco evidencia alguna de que el sistema penal sirva como medida de prevención, como lo suponen el sentido común y mediático. El problema principal es que en momentos de crisis y ante las demandas de seguridad por parte de la sociedad, las políticas sustantivas que puedan ser efectivas en términos de integración social son dejadas de lado, y prevalecen las instrumentales. Ello redunda en una dificultad de ajustar y de implementar las acciones importantes y pertinentes sin dejar de lado las urgentes, derivando en un sentido de ineficacia estatal. Los casos de linchamiento a los que hemos hecho referencia tienen relación con una “furia social” que responde a un problema de ineficacia estatal, y allí donde se ha dado la una, según nuestro autor, es porque existe la otra. En la intensificación de la “furia social” también están implicados los medios de comunicación. Una séptima dimensión, y no la última posible, se expresa en las diferencias entre los conceptos de criminalidad e inseguridad, aunque los mismos estén estrechamente relacionados (Binder, 2014: 117). La inseguridad tiene componentes objetivos y subjetivos, pero la criminalidad tiene dimensiones objetivas, tal es la percepción sobre la posibilidad de ser víctima de algún delito. La inseguridad reúne además dimensiones objetivas propias de la vulnerabilidad social, la falta de vínculos de contención familiares, la carencia de certidumbre frente al futuro, que también genera sentimientos de fragilidad e inseguridad. Por eso la inseguridad constituye un fenómeno que excede la criminalidad, a pesar de que normalmente es reducida a ésta. No obstante, se pueden establecer conexiones importantes con respecto a las dimensiones objetiva y subjetiva de la inseguridad. Por un lado, Binder afirma que la creencia en la importancia de la dimensión subjetiva de la inseguridad conduce a la búsqueda de soluciones imaginarias, que apuntan a aumentar la confianza, a través del aumento de las penas, sin que se evalúe su 27

efectividad simbólica. Esto es lo que demandan los medios de comunicación hegemónicos y muchos de sus seguidores. Las políticas de seguridad tienen, a diferencia de la política criminal, radios de acción más amplios, porque sus componentes de prevención y disuasión no siempre abordan cuestiones calificadas como delitos. No obstante, la atención de comportamientos no delictivos también forma parte de las políticas de seguridad, pero no siempre constituyen un foco de atención por parte de los medios.

El populismo punitivo y los medios

Hemos señalado que cuando se analizan las publicaciones periodísticas y las respuestas y comentarios de sus lectores, la aparición de representaciones que cuestionan lo que se considera una justicia “blanda” -que hace que los sospechosos entren y salgan de los lugares de detención sin que aparentemente medie proceso penal alguno-, y que demandan un mayor control y penas más duras, la manipulación del derecho a matar en defensa propia, y el ajusticiamiento de los delincuentes por la propia comunidad (con la frecuente frase “habría que liquidarlos”) parece estar muy estrechamente relacionada con la visibilidad con que los medios presentan al crimen, y con la posibilidad que éstos ofrecen a los lectores de expresar opiniones y sentimientos, a modo de catarsis. Sin embargo, según Garland (2001), tanto el interés como la sensibilidad ante el crimen no pueden ser responsabilidad de los medios, sino que “sin una experiencia del delito colectiva, rutinaria y enraizada sería improbable que las noticias y dramas sobre el delito atrajeran audiencias tan numerosas o vendieran tanto espacio publicitario” (263). De manera que el trasfondo del denominado populismo punitivo, en que su máxima expresión sería el linchamiento, es la experiencia colectiva del delito y no solamente las formas que asume la representación mediática del mismo, aunque ambos promuevan un endurecimiento de las medidas contra el delito y los delincuentes.

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No hay que olvidar que el populismo penal se enmarca en un debate entre posiciones que defienden las garantías de los derechos humanos en el proceso penal, y aquellas que afirman que dichas garantías favorecen la impunidad y desprotegen a la víctima y a la sociedad en su conjunto (Basombrío y Dammert, 2013). Según estos autores, varios han sido los ejes de intervención que se han llevado a cabo en torno de las demandas de justicia de la sociedad, ampliamente utilizadas mediática y electoralmente. Uno de ellos es el de la reforma de la justicia y de los códigos sobre lo procesal-penal. En Argentina, la reforma de dicho código promete la generación de un sistema de justicia más ágil y eficaz, la división de poderes entre jueces y fiscales, y una mejor articulación entre el sistema penal y el de seguridad, entre otras ventajas.16 La versión aprobada del Código en diciembre de 2014, agiliza además el proceso penal, ya que establece, entre otras normas, un máximo de tres años para resolver sobre una causa. 17 A pesar de haber sido promovido y aprobado por prestigiosas asociaciones de juristas, el Código Procesal penal en Argentina fue altamente resistido por la oposición política y mediática, y la idea generalizada en los ciudadanos (ejemplificada en los lectores de los periódicos en estudio) es la de que se trata de “otro pasito para la impunidad”,18 tanto de quienes cometen delitos comunes como para los funcionarios de gobierno. No obstante, esta percepción sobre las reformas parece ser general en América Latina. A juicio de varios autores, el sistema penal funciona bajo condiciones de incertidumbre e ineficacia, y la posibilidad de que alguien cometa un delito está siempre presente, por lo que la probabilidad de identificar a los responsables de los delitos, es muy baja, más aún la de lograr una sentencia. Dice Pavarini (2002) que lo que en realidad se demanda con un mayor control del delito, es el aumento del valor simbólico de la represión, en una 16

http://www.inecip.org/index.php/inecipenlosmedios/558-binder-la-reforma-del-codigo-procesal-penalno-se-hizo-antes-porque-los-jueces-federales-tienen-un-poder-extorsivo 17

Página Doce. “El gobierno promulgó el Código procesal penal”, en http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-261660-2014-12-10.html 18

http://www.lanacion.com.ar/1747406-codigo-procesal-penal

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óptica de la prevención positiva. De manera que la efectividad no se da por la mejora en procesos de gestión en la policía o el poder judicial, sino por el aumento de la penalidad para incrementar el control. En este contexto, los indicadores de aplicación y ejecución de la pena importan más que la calidad de la justicia. La percepción social de que los delitos están aumentando, y que la impunidad crece conlleva a aumentar la demanda sobre el sistema de justicia penal, y a centrar la resolución de la criminalidad casi exclusivamente en éste. Las demandas de protección encuentran situaciones paradójicas. Una de ellas es que, aún cuando existe desconfianza hacia la policía, los ciudadanos demandan mayor presencia policial; y aún cuando es evidente para gran parte de la población que las cárceles son universidades del delito más que espacios de rehabilitación, la solución más frecuentemente planteada es la del encarcelamiento y la privación de la libertad. La demanda por mayor control se ha convertido en “una de las principales estrategias para gestionar la incertidumbre y el temor en las sociedades de la modernidad tardía” (Balombrío y Dammert, 2013: 5). El problema es que existe una tensión entre el castigo justo y los derechos humanos, a los que se apela constantemente en sociedades en que estos han sido históricamente amenazados. Otro problema es que los indicadores de logro han trasladado el foco de atención a la eficacia del sistema, y han descuidado la calidad de la justicia. El tercer elemento es el clientelismo o populismo punitivo, por el que se intenta incorporar los puntos de vista de la opinión pública en el sistema de justicia, con importantes consecuencias en las políticas de control del delito en los distintos países. Esto es muy posiblemente lo que ocurrió cuando en el año 2014, los medios publicaron declaraciones de un importante funcionario nacional en ese entonces, que responsabilizaba a los extranjeros del aumento de la delincuencia, causando no poca sorpresa entre seguidores y opositores de un gobierno que entre sus logros principales había promovido la vigencia de los derechos humanos, fortalecido a las instituciones que luchan contra la discriminación, y puesto en marcha una de las leyes más avanzadas de migración en América Latina. “La combinación entre ansiedad pública y oportunismo 30

político es un factor clave para explicar el énfasis en el castigo, ya que todo lo que suena a mano blanda o permisividad es inmediatamente rechazado” (Balombrío y Dammert, 2013: 6). Cuando las políticas contra el crimen se basan en el termómetro de la opinión pública, las consecuencias pueden ser diversas, y los resultados en términos de violencia y criminalidad se desconocen. Múltiples son las características que definen al populismo penal. Entre ellas, el alejamiento de la élite, es decir, de los especialistas y académicos que dirigieron en décadas anteriores las políticas contra el crimen, los cuales tendrían un menor peso en la actualidad. Su lugar ha sido ocupado por las víctimas y por quienes se sienten vulnerables, que se han dedicado, con razón, a demandar y fomentar las políticas de seguridad. Con esto, es la subjetividad la que se instala en el centro de la política pública, porque la construcción de información a partir de la experiencia de la victimización dista mucho del conocimiento racional de un fenómeno. Al estar en juego la seguridad personal, se ha generado una cultura social y mediática en la que el castigo y el retorno a los valores esenciales aparecen como solución. Las políticas de control del delito enfatizan en el intento de incapacitar a los ofensores, y los derechos humanos y la comprensión de las causas profundas del delito, pasan a un segundo plano. Las mismas causas sociales “son negadas o minimizadas” (Balombrío y Dammert, 2013: 89), e incluso a veces justificadas. La intensificación de las percepciones del delito que producen los medios, el énfasis en los aspectos más negativos y violentos, y el uso de un lenguaje emocional e identificatorio para relacionarse con el público, tienden a mostrar la importancia del agravamiento del castigo y de las penas. La expresión de la ira y de sentimientos de resentimiento son incluidos como parte de una dimensión simbólica y expresiva del castigo, que justifica también la posibilidad de la justicia por mano propia.

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Reflexiones finales

La exacerbación que los medios realizan sobre el delito y la violencia forma parte de una transformación en las formas de concebir el delito, el crimen y el castigo, que ya no descansan en los supuestos modernos de efectividad de la ley, el valor de la prevención, la función reparatoria de la justicia y la eficacia del sistema de rehabilitación, entre otros aspectos. Tampoco está separada de la escasa información sobre las estrategias, los avances logrados y la efectividad de las políticas públicas implementadas en los últimos años, aunque haya ido en aumento la inquietud por tratar y enfrentar estas problemáticas desde el Estado. Esta situación es aprovechada por los medios para generar la percepción de que el crimen se ha naturalizado, y que la alternativa que plantean las políticas es que hay que resignarse ante el mismo, como si se tratara de una condición sin retorno de la vida actual. La escasez de certezas acerca de las posibilidades de las políticas para hacer frente al crimen, así como la primacía de la concepción del delincuente como un sujeto racional que obra según una lógica de medios-fines, ha llevado a debilitar el sistema conceptual que establecía un camino para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación del sujeto, y una estrategia para el control del delito. Hoy el control, en un contexto de incertidumbre, parece manifestarse en la amenaza del retorno del castigo, en sus dimensiones más expresivas e irracionales. Está pendiente un nuevo acercamiento y legitimidad del pensamiento académico y científico en estas problemáticas, el desarrollo de investigaciones, y en este contexto, el análisis de las conflictividades que subyacen a las problemáticas relacionadas con la inseguridad y la criminalidad. Investigaciones transdisciplinarias que puedan cuestionar los modos de representación de los sujetos, la exacerbación de las ideologías y de lo emocional y dramático en los medios,

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analizar el rol de los mismos en la promoción de principios que validan la reproducción de los estigmas y la violencia social, y aún ante las incertidumbres identificadas, las posibilidades de constitución de ciudadanías mejor informadas y democráticas.

BIBLIOGRAFÍA -

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