LOS DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL EN AMÉRICA LATINA

LOS DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL EN AMÉRICA LATINA: ENTRE LA TENTACIÓN POPULISTA Y LA UTOPÍA NEOCONSTITUCIONAL

1. La consolidación de la democracia constitucional como único mecanismo legítimo de gobierno a los ojos de los latinoamericanos y la sensible reducción en los niveles de pobreza e indigencia entre 1990 y 2008. Se ha diseminado los regímenes políticos democráticos (1°, 2° y 3° ola democrática), considerando el sistema democrático como el único mecanismo aceptado para escoger autoridades. Los regímenes democráticos de A.L. dejan mucho que desear, por lo que la confianza ciudadana en las instituciones políticas ha caído y la convicción de que los gobiernos sirven a las élites más que a la mayoría. Sin embargo los casos de regresión autoritario ha sido escasos, y los que han sucedió (como el gobierno de Fujimori en Perú y Manuel Zelaya en Honduras) han encontrado gran repudio entre los gobiernos y ciudadanía de la región. Hoy es inconcebible que los gobernantes sean impuestos y se ha consolidado la idea de que deben respetarse los derechos fundamentales de las minorías. Lo que por mucho tiempo enfrentó la derecha con la izquierda, éstos menospreciaban la democracia burguesa y la incompatibilidad de la democracia con el capitalismo, además, insisten en que los límites constitucionales a los gobiernos generados democráticamente beneficiaban a los sectores conservadores. La revolución cubana tuvo un fuerte impacto en buena parte de la izquierda latinoamericana (como Chile, promulgó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, o “Ley Maldita”, donde miles de militantes comunistas fueron excluidos de las listas electorales y prohibiendo su derecho a reunión y expresión). A raíz de esto, la mayor parte de la derecha latinoamericana había tomado distancia de la democracia sustituyéndola por nacionalismos más o menos represivos. Hubo un tercer grupo que propugnaba modalidades populistas (rechazo a la pobreza y desigualdades) con el nacionalismo.

Dentro de los motivos a la conversión democrática de la izquierda se debe a la gran persecución de que fueron objeto, la caída de los “socialismos reales” de Europa del Este, cambiaron su plataforma política, siempre criticando la desigualdad que provocan las economía capitalistas y promoviendo los derechos fundamentales del individuo. En cuanto a la derecha, el lado de la economía, establecer un estado de derecho efectivo para obtener un crecimiento económico sustentable. La reducción de la pobreza y la indigencia se encuentra muy bien posicionada, los 20 años de democracia constitucional ha tenido un positivo impacto en esta materia, por lo que debería persistirse en estrategias que se han implementado. 2. Nuestros sistemas democráticos exhiben todavía severas limitaciones, como la persistencia de prácticas que sólo se pueden encontrar en regímenes dictatoriales y persistencia de niveles intolerables de inequidad y exclusión. A pesar de sus avances en reducción de pobreza e indigencia, A.L. continúa siendo una zona marcada por profundas y persistentes inequidades. La democracia debería ofrecer la garantía del derecho a no ser eliminado por la fuerza pública para aquellas personas que detentan, a nombre del pueblo, el poder coercitivo del Estado, sin embargo, se han visto casos como en Brasil y Argentina, donde la policía ejecutó a miles de personas, que fueron descritos como “enfrentamientos entre la policía y delincuentes”; lo enmarcan dentro de la llamada “guerra contra el crimen”. Las masivas ejecuciones de ciudadanos por parte de la policía representan uno de los más serios problemas de derechos humanos de la democracia latinoamericana, ya que afecta al derecho más fundamental: el derecho a la vida. 3. La tentación populista (de derecha o izquierda) y la propuesta “neoconstitucional” de modelo de estado social y democrático de derecho, que resulta utópico en sus exigencias, e incapaz de entender que en ocasiones existe un choque de objetivos igualmente valiosos que obligan a priorizar objetivos en lugar de proclamar la urgente necesidad de establecer un orden inobjetable. El neoconstitucionalismo propone un modelo de Estado caracterizado por la eficacia directa y justiciabilidad del más completo catálogo de derechos constitucionales concebible, que incluya

todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales consagrados por los instrumentos propios del derecho internacional de los derechos humanos. Este modelo pretende ser coherente con las teorías deliberativas de la democracia, donde una verdadera democracia supone que todos los ciudadanos tengan la posibilidad real de acceder al ejercicio deliberativo en igualdad de condiciones; una genuina democracia tiene como prerrequisito básico la satisfacción de todos los derechos fundamentales de las personas. A partir de esto, es utópica dado que no se conoce sociedad alguna en que todos los habitantes gocen de todos sus derechos, no existiría ni una sola democracia genuina en el planeta. Otro problema del modelo neoconstitucional es que carece de una teoría acerca de la relación que existe entre instituciones: “estado de derecho”, “constitucionalismo” y “democracia”, no diferencia entre estas tres instituciones, esta incapacidad para distinguirlas le impide articular una teoría acerca de cómo y en qué secuencia se podría avanzar hacia la consolidación de valores e instituciones. Por ejemplo, cuando la judicatura controla la conformidad de los actos administrativos del gobierno con la ley, ella está “trabajando” para el Poder Legislativo, ya que la ley a fin de cuentas es un producto generado por ella. Por otra parte, el enorme poder político que le otorga a la judicatura, el tener la última palabra en disputas acerca de la constitucionalidad de las leyes genera fuertes incentivos en los poderes Legislativo y Ejecutivo para intentar “hacerse” de la judicatura. 4. La profundización de la democracia constitucional en A.L. insiste en institucionalizar prácticas ya conocidas (como los controles recíprocos entre los poderes del Estado, la movilización de la sociedad civil y la independencia de la judicatura) que es difícil de implementar; sin embargo, es necesario priorizar los recursos políticos institucionales y económicos a objetivos urgentes que pueden servir de base hacia objetivos más ambiciosos. En el agravamiento de la corrupción, en los últimos años han proliferado leyes de transparencia, probidad y acceso a la información pública, a pesar de esto los niveles de corrupción pública y privada son demasiados, se debería avanzar en el establecimiento de mecanismos institucionales como controles, supervigilancias y otros que dificulten la consumación de actos de corrupción