LIBRO: Integración en el Continente Americano: fronteras, migraciones y desplazamiento forzado

Aurora Furlong y Zacaula Raúl Netzahualcoyotzi Luna Juan Manuel Sandoval Palacios COORDINADORES

Integración en el Continente Americano Fronteras, migraciones y desplazamientos forzados —Volumen II—

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Facultad de Economía Altres Costa-Amic Editores

Corrección académica y coordinación: Dra. Aurora Furlong y Zacaula, Dr. Raúl Netzahualcoyotzi Luna y Dr. Juan Manuel Sandoval Palacios Consejo Científico Editorial de Altres Costa-Amic Editores (Ciencias Económicas): Dr. Cuauhtémoc Calderón Villarreal, Dra. María de Lourdes Cárcamo Solís, Dra. Edit Hernández Flores y Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi. Revisión, diseño y coordinación editorial, diseño de portada: Bartomeu Costa-Amic Leonardo Corrección de estilo: Martha Dávila Márquez y Flor Daniela García Dávila Maquetación: José Isaías Velázquez García Diseño de portada: Heleniza Ávila Campos (ufrgs, Brasil) Coordinador de impresos: José Martínez Comentarios sobre la edición y contenido del libro a: [email protected] [email protected] Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de los editores, en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, y en su caso, de los tratados internacionales aplicables; la persona que infrinja esta disposición, se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes © 2015, Derechos Reservados Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Facultad de Economía, Ciudad Universitaria, Av. San Claudio y 22 Sur, s/n; Col. Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla 72570 México (www.eco.buap.mx) coedición con Altres Costa-Amic Editores, S.A. de C.V. Calle 35 Poniente núm. 302-A; Col. Chula Vista, Tel + 52 (222) 289 7927; telcel 222 200 3349 Puebla, Puebla 72240 México (altrescostaamic.wordpress.com) 1ª edición, diciembre de 2015 ISBN: 978-607-525-009-0 (obra completa buap) ISBN: 978-607-8154-83-8 (obra completa altres costa-amic editores) ISBN: 978-607-525-012-0 (volumen ii buap) ISBN: 978-607-8154-85-2 (volumen ii altres costa-amic editores) Impreso en México.

Índice Introducción / Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Parte I Integración regional, migración y seguridad fronteriza / Integração regional, migração e segurança fronteiriça 1. De «ilegal a criminal»: Deportation as a Pipeline to Incarceration on the US-Mexico Border, Macias-Rojas. Patrisia. University of Illinois at Chicago, USA. . . . . . . . . . . . 23 2. Espacio interinstitucional e integración regional en la migración de tránsito por la frontera sur de México con Centroamérica. De Jesús Desidério, Edilma. Universidad Nacional Autónoma de México. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3. La circulación de personas en los procesos de integración regional y los desafíos para las zonas fronterizas: el caso del Mercosur. Dardanelli, Mariella. Montevideo, Uruguay. 86 Parte II Regionalización, transmigración y fronteras / Regionalização, transmigração e fronteiras 4. Migraciones de China en América Latina: caso México, Netzahualcoyotzi Luna, Raúl y Furlong y Zacaula, Aurora. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. . . 117 5. Migración, exilio y arrastre cultural en los espacios eulatinos. Minerbi Vargas, Daniel. Arizona State University. . 137 6. Gestão Educacional e (I) Migração na fronteira Brasil e Uruguai. Bardesio, Geovana Gabriela y Cassanego, Paulo Jr. Universidade Federal do Pampa, Santana do Livramento, rs, Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 [5]

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Índice

Parte III Crisis económica global, migraciones forzadas y desplazamientos en América Latina / Crise econômica global, migrações forçadas e deslocamentos na América Latina 7. Los determinantes sociales, económicos y políticos de la decisión de migrar o retornar de los colombianos en el contexto de la crisis de 2008 y la globalización: los casos del Eje Cafetero, Cali, Medellín y Bogotá. Bedoya Bedoya, María Rocio. Universidad de Antioquia y Semillero de Estudios Políticos Rurales, Medellín, Colombia. . . . . 8. O tratamento reservado ao estrangeiro: entre a discriminação e a distinção. Um olhar sobre a política migratória brasileira. Maximila Corrêa, Anelize. Universidade Federal de Pelotas y Universidad Católica de Pelotas, y Corrêa Batista, Jandré. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Migración y desarticulación territorial. Cuesta Beleño, Andrés. Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. . . . 10. Violencia feminicida en el conflicto armado interno en Colombia: una lectura desde la evitabilidad de la morbi-mortalidad de mujeres desplazadas, por la exigibilidad del derecho a la salud y a la vida. Fernández Moreno, Sara Yaneth. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Índice de cuadros, figuras, gráficas y mapas / Índice de taxas, figuras e mapas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Introducción / Introdução

Los procesos de integración en el continente americano han estado marcados en las últimas décadas por intereses netamente mercantilistas apoyados tanto en mecanismos consensuales (tratados de libre comercio, alianzas y planes estratégicos, etcétera) como coercitivos (a partir de la creación de un régimen de seguridad hemisférica en el marco de la nueva doctrina de seguridad de la Unión Americana). La inserción de las fuerzas armadas de diversos países a la visión militarista estadounidense por vía de instrumentos como la Cumbre de los Ministros de Defensa de las Américas, y por medio de la instalación de bases militares estadounidenses en varias regiones estratégicas de América Latina y el Caribe —bajo el pretexto de combatir el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada— tiene un carácter de subordinación de los países débiles ante la hegemonía estadounidense. Sin embargo, los países de América del Sur, donde los movimientos sociales han logrado la elección de regímenes contrarios a esta lógica neoliberal, han venido promoviendo, en la búsqueda del fortalecimiento de las economías nacionales y su complementariedad, una integración alternativa desde abajo que recupere la soberanía y logre extenderla regionalmente, permitiendo a los estados articularse, en forma colectiva y en mejores términos, a una globalización que promueve, más bien, la fragmentación de las economías periféricas en favor del saqueo de recursos económicos y la distribución inequitativa del control geopolítico de la región. El análisis de estos procesos desde una perspectiva científica crítica y propositiva, ha sido el objetivo de un grupo creciente de científicos sociales desde hace varias décadas. El proyecto colectivo sobre integración regional, fronteras y globalización en el [9]

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continente americano se mueve en tres ejes fundamentales: los impactos (económicos, sociales, políticos y ambientales) de la integración regional, sobre todo en las fronteras; la regionalización de las políticas migratorias y el comportamiento de los flujos migratorios laborales transnacionales, y la transculturación fronteriza. La existencia de dicho proyecto ha permitido el exitoso intercambio entre diversos centros de investigación, profesores y académicos, y sus resultados se han venido presentando en un congreso internacional que toma el mismo título. La xiv versión del congreso se celebró en Porto Alegre, Brasil, donde participaron más de doscientos profesores-investigadores y estudiantes de varios países del continente. Tras una selección de los trabajos presentados, que involucró el dictamen de un grupo de comités académicos, se ha procedido a publicarlos en cinco libros (tres en Brasil y dos en México). Este es el segundo de los publicados en México. La Parte I, Integración regional, migración y seguridad fronteriza / Integração regional, migração e segurança fronteiriça, comprende tres artículos. En el primero de ellos, “The Citizen and the Criminal: Border Security and the Mandate to Track Criminal Aliens”, Patrisia Macias-Rojas, de la University of Illinois, en Chicago, analiza la creciente tasa de encarcelamiento y deportación por delitos de inmigración en Estados Unidos. Debido a que la mayoría de los arrestos ocurren en la frontera Estados Unidos-México, la autora examina el papel de la seguridad fronteriza y, específicamente, el estatuto para identificar y perseguir extranjeros delincuentes. Los hallazgos muestran que las prácticas cotidianas de la seguridad fronteriza —particularmente dada la discrecionalidad en materia de arrestos, persecución, y remoción— crean la población extranjera delincuencial que ésta toma como blanco. No sólo los agentes aplican la clasificación delincuencial en sus actividades diarias, sino que los migrantes y los residentes también la influyen a través de formas que naturalizan la división en «delincuente» y «no delincuente». El análisis de Macias-Rojas se basa en trabajo de campo etnográfico y en entrevistas con agentes federales fronterizos, migrantes y residentes legales —algunos con condenas delictivas—.

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En el segundo artículo, “Espacio interinstitucional e integración regional en la migración de tránsito por la frontera sur de México con Centroamérica”, Edilma de Jesus Desidério, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, explora las relaciones sociales producidas por los actores institucionales que participan en la política de gestión migratoria en la frontera sur de México, creada por el gobierno del estado de Chiapas. La implementación de una forma de espacio interinstitucional para el control y regulación de los movimientos migratorios ha causado conflictos y contradicciones en la localidad, así como cambios en la movilidad, desde principios del año 2000. Esto conduce a una reflexión crítica sobre la construcción del espacio de la movilidad, que está vinculado con las prácticas de organismos locales, multilaterales y regionales, cuyas metas, aun desde distintas intencionalidades, organizan estrategias, a diferentes escalas geográficas, orientadas a la integración comercial y al desarrollo del Proyecto Mesoamérica. En ese marco destaca la participación activa de organismos intergubernamentales, como la Organización Internacional para las Migraciones, y los nuevos actores representativos, como los grupos de Alto Nivel sobre Seguridad Fronteriza y los comités interinstitucionales de lucha contra la Trata de Personas, entre otros, que contribuyen a la elaboración de nuevos discursos y a la vez entran en conflicto con las presiones ejercidas por la red local, cuyos actores operan formas de resistencia. Dicha gestión política de la migración ha determinado y legitimado nuevas prácticas como, por ejemplo, la politización del concepto de «irregularidad» para los flujos en situación de tránsito, haciendo que el proceso se vuelva aún más complejo, sobre todo en los dos últimos sexenios estatales (2001-2006; 2007-2012). La discusión en este documento incluye las actividades de cooperación intergubernamental en las zonas fronterizas, así como las nuevas formas de verificación a través de las tecnologías biométricas, que alteran la configuración sujeto-movilidad de los residentes fronterizos, lo cual produce más resistencia a la política del gobierno local a escala de la vida cotidiana. El análisis empírico utiliza información cubierta en entrevistas con grupos institucionales del gobierno, grupos intergubernamentales, no guberna-

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mentales y los propios residentes de la ciudad, con el objetivo de explicar más extensamente el papel que juegan los distintos actores en el conflicto generado por la gestión de la migración de tránsito «irregular» y sus políticas de (in)movilidad en el vasto corredor regional mesoamericano que se conforma en las fronteras desde Centroamérica, por México, a los Estados Unidos. En el tercero de los artículos de esta parte, “La circulación de personas en los procesos de integración regional y los desafíos para las zonas fronterizas”, Mariella Dardanelli, consultora en Migración en Montevideo, Uruguay, plantea que los actuales procesos de integración regional deben, insoslayablemente, encarar el tema de la circulación de personas e intentar avanzar en el tratamiento de los temas fronterizos en todas sus dimensiones. Ante el planteamiento sobre cuál es el nuevo rol del espacio fronterizo en un proceso de integración, Dardanelli señala que, si bien este panorama supone una ampliación de la frontera nacional de cada país en una inserción regional, también implica una reformulación del concepto «frontera regional» que lo distinga de otras líneas divisorias en el mundo. Se desdibujan unas fronteras y se construyen otras, con las consecuentes elaboraciones simbólicas que darán lugar a nuevos procesos identitarios; de ahí que sea imprescindible formular políticas de frontera que tengan como horizonte el desarrollo de procesos integrados, que unan sus territorios y que, por sobre todas las cosas, permitan condiciones dignas para sus habitantes. Enfatiza Dardanelli que si bien en América Latina las realidades fronterizas son heterogéneas, se dan, sin embargo, homogeneidades relativas a la problemática que se enfrenta: son zonas de influencia de poblaciones que han organizado sus acciones por sistemas simbólicos que tienen la particularidad de haberse desarrollado a partir del contacto con jurisdicciones pertenecientes a dos (o más) países. Las diferencias o similitudes serán mayores o menores en función de las particularidades de la línea divisoria (natural o artificial) y de las características de las poblaciones de ambas márgenes (historia, lengua, volumen de población). Actualmente las fronteras latinoamericanas, en términos generales, han incrementado sus poblaciones y han mejorado sus indicadores

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sociolaborales, pero los desafíos siguen siendo muy grandes. Entre otras cosas, está pendiente una mejora a la gestión migratoria, así como la consagración de derechos laborales y la formalización de los mercados de trabajo. Existen avances importantes, pero es un reto, para consolidar los procesos de integración en Sudamérica (can, mercosur, unasur), la instalación de grupos de trabajo que definan políticas al respecto, contando con la participación de todos los actores involucrados y con nuevos marcos legales que deberán ser implementados correctamente e internalizados por las poblaciones involucradas para que no se conviertan en meros actos protocolares. La Parte II, Regionalización, transmigración y fronteras / Regionalização, transmigração e fronteiras, está conformada por tres artículos. En el primer artículo, “Migraciones de China en América Latina: caso México”, Raúl Netzahualcoyotzi Luna y Aurora Furlong y Zacaula, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, abordan, en primer lugar, la migración internacional como parte del ciclo del capital en las condiciones de la globalización; en segundo, la modalidad de la migración Sur-Sur que se origina en China y tiene como destino América Latina, y, por último, el caso de México. Los autores consideran relevante que la situación geopolítica, a partir de la cual México es un puente no sólo de acuerdos de integración asimétricos con el Norte (nafta, cafta-dr) sino de tránsito migratorio (ppp/pm), genere una creciente movilidad humana de otros continentes (Asia, en este caso) a este país por causas distintas de lo económico, como factores políticos o redes, que se ubican principalmente en la frontera y estados del sur y centro del país. En el segundo artículo, “Migración, exilio y arrastre cultural en los espacios eulatinos”, Daniel Minerbi Vargas, de la Arizona State University, a través de la estructura autobiográfica, que va de la novelística al ensayo, pasando por el performance-drama, la crónica y hasta el documental, examina textos escritos y visuales en torno a la migración. Basándose en documentales como Sueños binacionales/Bi-National Dreams (2006) y 2501 Migrants: A

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Journey (2009), de Yolanda Cruz; las novelas Barrioztlán (1999) y Desierto mojado: Crónicas (2012), de Saúl Cuevas; Los boys (1996), La maravillosa vida breve de Óscar Wao (2007) y Así es como la pierdes (2013), de Junto Díaz; Morir en Isla Vista (1999), Bio-Grafía americana (2009) y Memorias del segundo exilio español (1954-2010) (2011), de Víctor Fuentes (Floreal Hernández); Mambo Mouth (1993), Spicorama (1993) y Pimps, Hos, Playa Hatas, and all the rest of my Hollywood friends: My Life (2006), de John Leguizamo; Vidas en vilo: La cultura cubanoamericana (1994), El año que viene estamos en Cuba (1997), Cincuenta lecciones de exilio y desexilio (2000), de Gustavo Pérez-Firmat; Big Banana (1999); Nunca entres por Miami (2002) y La novela del milenio pasado (2004), de Roberto Quesada, y Cuando era puertorriqueña (1994), Casi una mujer (1999), El amante turco (2005) y Conquistadora (2011), de Esmeralda Santiago, se analizan los espacios creados por la migración o el exilio y el bagaje cultural de objetos arrastrados que van llevando consigo los inmigrantes del sur hacia el norte, desde un punto de vista teórico, a partir de perspectivas como las de Marios Nikolanikos, Edward W. Said, Alejandro Portes y Josh DeWind. En el último artículo, “Gestão educacional e (i)migração na fronteira Brasil e Uruguai”, Geovana Gabriela Bardesio y Paulo Cassanego Jr., de la Universidade Federal do Pampa, en la frontera de Brasil con Uruguay, abordan la situación de las escuelas localizadas en la zona fronteriza de Santana do Livramento (Brasil) y Rivera (Uruguay), las cuales se caracterizan por recibir alumnos en situación de migración fronteriza. En estos entornos, tanto la migración como las diferencias culturales han motivado eventos de prejuicios y discriminación, ocasionando problemas de desarrollo emocional y educativo para los alumnos inmigrantes. Este trabajo pretende identificar las necesidades presentadas por los alumnos (in)migrantes y las respectivas adaptaciones realizadas por la gestión de la escuela «e. e. m. Profesor Chaves» a lo largo del tiempo. Se trata de un estudio de caso cualitativo-descriptivo que abarca el periodo de 1980 a 2011 bajo cuatro parámetros de análisis:

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a) función educativa; b) conducta de los alumnos; c) participación de la escuela; y d) preparación y estatus de los profesionales de la educación. Los resultados arrojan las necesidades educativas específicas de los (in)migrantes, sobre todo durante el periodo adaptativo, donde se destacan las diferencias relacionadas con la lengua y los contenidos programáticos específicos del sistema educativo brasileño. No obstante, el contexto fronterizo funciona como elemento facilitador para la adaptación de estos alumnos, llegando a minimizar, e incluso anular, los efectos negativos derivados de la situación de (in)migración que se observan en otros contextos. Por otra parte, a lo largo del tiempo la gestión realizó intervenciones puntuales frente a las demandas presentadas por los alumnos, aun cuando esto no garantizó que todos aquellos que presentasen necesidades relacionadas con la condición de migración hubiesen sido atendidos. En este sentido, se entiende que el desarrollo de políticas públicas que aborden el tema, de hecho contribuirían en la mejora de las administraciones de las escuelas fronterizas para que, a través de la adecuada capacitación de los educadores, sea posible desarrollar la integración y explorar las potencialidades de la situación de forma constructiva, pero, especialmente, disminuir las diferencias y propiciar la generación de una enseñanza de calidad para todos en estas escuelas. La Parte III, Crisis económica global, migraciones forzadas y desplazamientos en América Latina / Crise econômica global, migrações forçadas e deslocamentos na América Latina, consta de cuatro artículos. El primer artículo de esta parte, «Los determinantes sociales, económicos y políticos de la decisión de migrar o retornar de los colombianos en el contexto de la crisis de 2008 y la globalización: los casos del Eje Cafetero, Cali, Medellín y Bogotá», de María Rocío Bedoya Bedoya, de la Universidad de Antioquía en Medellín, Colombia, presenta los hallazgos obtenidos en el estudio de cuatro casos en territorios colombianos sensibles a la problemática migratoria y de retorno, en los cuales se buscaron los

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determinantes sociales, económicos y políticos que han llevado a muchos colombianos a tomar la decisión de retornar al país de origen o a emprender la experiencia migratoria. Para lograr este objetivo, Bedoya recupera elementos de la teoría del sistema mundo, el enfoque transnacional sobre migraciones, y los factores de atracción y expulsión para analizar e interpretar la información documental y de campo —obtenida de dos grupos focales: expertos, representantes de instituciones implicadas en el tema migratorio y de retorno, migrantes y retornados—. La autora concluye que la permanencia o aumento de los flujos migratorios procedentes de los países en desarrollo es uno de los efectos de la crisis del sistema mundo capitalista, que adquiere otras connotaciones y dimensiones en el actual contexto de globalización en tanto que trata a las personas como mercancías y en cuanto genera efectos diferenciados por género y por territorio. En el segundo artículo, «O tratamento reservado ao estrangeiro: entre a discriminação e a distinção. Um olhar sobre o processo de construção da nova apolítica migratória brasileira», de Anelize Maximila Corrêa, de la Universidade Federal de Pelotas y de la Universidade Católica, en Pelotas, Brasil, y Jandré Corrêa Batista, de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, los autores plantean que el Derecho internacional reconoce la esencia natural y universal de los Derechos Humanos, los cuales tienen como fundamento los atributos del ser humano y no el de nacionalidad. Los tratados de Derechos Humanos, pues, se dirigen a los sujetos de derecho en su abstracción y generalidad. Este artículo tiene como finalidad, dicen los autores, analizar las migraciones internacionales en cuanto un derecho humano derivado de los principios de equidad y de la no discriminación. En ese tenor, los derechos garantizados por el corpus iuris del Derecho internacional de los Derechos Humanos no se limitan a los nacionales del Estado territorial, sino que se extienden a todos los individuos, independientemente de su nacionalidad. El actual Estatuto del Extranjero brasileño es una ley de 1980, anterior a la Constitución y a la inserción del Brasil en los sistemas internacionales de protección a los Derechos Humanos. Por esa razón, el Estatuto del Extranjero del Brasil no está alineado al Derecho Internacional de

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los Derechos Humanos. Así pues, el objeto de estudio de los autores es el proceso de construcción de la nueva política brasileña — antigua aspiración de las entidades de defensa de los derechos de los migrantes—, la cual se encuentra actualmente en trámite en el Congreso Nacional. Las normativas internacionales de protección de los Derechos Humanos establecen excepciones que justificarían que algunos de los principios allí consagrados no se apliquen a los extranjeros. Es imprescindible, sin embargo, que las restricciones admitidas por las normativas de protección a los derechos humanos no se consideren reglas aplicables de modo extensivo, sino que sean adoptadas en situaciones de extrema excepcionalidad, siguiendo los criterios de razonamiento, de proporcionalidad y de adecuación. La hipótesis de los autores es que la nueva política migratoria brasileña, actualmente en discusión, todavía no está en acuerdo con las interpretaciones que los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, están brindando para el corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este trabajo muestra cómo las limitaciones a los principios de equidad y de no discriminación en relación con la situación jurídica de los extranjeros, presentes en el corpus iuris del Derecho internacional de los Derechos Humanos, son interpretadas por los organismos de monitoreo y de control de los tratados, y, por lo tanto, cómo debiera condicionarse la construcción de políticas migratorias en Brasil para que resulten conducentes con dichas interpretaciones. Tales cuestiones se presentan, por ahora, de forma incongruente en la deliberación brasileña sobre la nueva política migratoria. En el tercer artículo, “Migración y desarticulación territorial”, Andrés Cuesta Beleño, director del Centro de Investigación Hábitat, Desarrollo y Paz (cihdep) de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia, presenta un avance del Programa de investigación Asentamientos humanos para la inclusión de las migraciones, la regeneración y la cohesión territorial, desarrollado en el municipio de Yopal, Casanare, Colombia, bajo los siguientes

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términos: el departamento de Casanare es el segundo productor de petróleo del país (2007-2012) y el tercer hato ganadero a nivel nacional. En un contexto de verdadera «fiebre petrolera», la ciudad de Yopal registró un crecimiento acelerado de su población en un corto tiempo. En 1993 el total de la población era de 43,674 habitantes, en 2005 pasó a 103,754 habitantes y para 2012 la población era de 134,832 habitantes (datos dane). Por tal motivo el autor reflexiona en sus dinámicas, oportunidades y problemas. No únicamente se presentan los resultados de los análisis e investigaciones del Centro de Investigación, sino que a través de ellos se pretende establecer contactos para desarrollar nuevos mecanismos de trabajo colectivo y, en lo posible, acercamientos a trabajos comparados con otros países, latinoamericanos o fronterizos con Colombia, afectados por la producción petrolera. Además, se incursiona en el tratamiento del impacto de la producción petrolera en las transformaciones y desarticulación de los asentamientos humanos, tanto urbanos como rurales, dentro de un enfoque de nueva ruralidad, en la vulnerabilidad de las poblaciones causada por los procesos migratorios, y en la emergencia de nuevos asentamientos humanos nunca antes vistos en el mundo rural de la Orinoquía. El propósito a largo plazo es la creación conjunta de un bioasentamiento humano propicio para la generación y el desarrollo de nuevas formas de habitabilidad estratégica para un desarrollo local y regional. Por último, el artículo de Sara Yaneth Fernández, de la Universidad de Antioquía, en Medellín, Colombia, “Violencia feminicida en el conflicto armado interno en Colombia: una lectura desde la evitabilidad de la morbi-mortalidad de mujeres desplazadas, por la exigibilidad del derecho a la salud y a la vida”, aborda la evitabilidad de la violencia feminicida en Colombia. La autora introduce el término morbi-mortalidad feminicida para enfatizar la idea de la muerte como resultado fatal de un proceso previo de vejaciones, maltratos y abusos sobre el cuerpo de las mujeres —en este caso, las mujeres desplazadas por el conflicto armado interno en el país—, ponderando, en primera instancia, la invisibilización de las diferentes formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y las formas en que sería posible, en los países

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latinoamericanos, que quienes constituyen hoy más de la mitad de la humanidad y tres cuartas partes de la población desplazada a nivel nacional puedan pasar de la no vida a la vida digna. La autora concede que, por supuesto, el suyo es un planteamiento feminista que se nutre de la medicina social y el pensamiento sociosanitario latinoamericano, y llama la atención sobre los puntos más sensibles para su abordaje, como la articulación efectiva e intersectorial de los sistemas de salud, educación y justicia. Reflexiones necesarias pero sin duda insuficientes en el largo camino del que cualquier persona que se precie de ser parte de la humanidad no puede sustraerse. La exigibilidad del derecho a la salud y a la vida sirve de sustrato básico para la lectura del desplazamiento forzado y orienta la discusión de la problemática. Su análisis se basa en la revisión documental, particularmente de la prensa y las bases de datos de los informes de Derechos Humanos, de la Personería de Medellín, de la Defensoría del Pueblo, del cinep y de codhes, para confrontar los hallazgos con la lectura crítica de los documentos oficiales del gobierno colombiano en materia de atención a la población desplazada. La triangulación metodológica y la referencia a casos tipo y testimonios de víctimas del desplazamiento forzado completan las fuentes consultadas y los referentes para el trabajo.

Parte I Integración regional, migración y seguridad fronteriza / Integração regional, migração e segurança fronteiriça

De “ilegal” a “criminal” deportation as a pipeline to incarceration on the U.S.—Mexico border Macias-Rojas, Patrisia1 Introduction At a migrant shelter in Nogales, Sonora, México, about 100 or so exhausted—looking women, men, and some very young boys crammed into rows of tables for a hot meal.2 The mix of new border crossers or formerly incarcerated deportees is only a subset of what is ultimately a heterogeneous migrant population. Many undocumented migrants come in “legally” with a visa. Of those who cross clandestinely, the amount of money a person pays determines whether they will enter the U.S. by plane, by car through a port of entry, or walking through the desert for several days. Most of the migrants at the shelter are at the low end of this hierarchy. The majority are Mexican or Central American men. A quarter of the population is women. Most are from new sending regions in 1 Institute for Research on Race and Public Policy, University of Illinois, Chicago, 412 South Peoria, Room 322, Chicago, Illinois 60607. 2 There are currently three migrant shelters in Nogales, Sonora (Isaacson 2012). This shelter, with its outdoor dining hall covered with a corrugated metal roof, is more an outdoor soup kitchen than a dormitory. Though it mostly operates through the tireless work of nuns and local Mexican residents, it also draws U.S. volunteers who deliver donations, document abuses, help stranded migrants reconnect with families, and organize delegations of faith communities, students, and unions to learn about the effects of border security first hand.

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1 . D e “ i l e g a l ” a “ c r i m i n a l ” d e p o rtat i o n a s a p i p e l i n e

southern Mexico like Chiapas, Oaxaca, or deportees from new gateway cities in South Carolina, Georgia, and Utah. A volunteer asks me to speak to some women sitting at the other end of the dining hall. They’re crying. Two of women wear USbrand clothing and one of them carries a cell phone. They look pale and under-slept. “Nos agarraron,” one of them says, referring to the Border agents who apprehended them. “Me metieron a la cárcel por un mes.” She had been trying to cross for two months. One of those crossings landed her in prison for a month. Her children are in the U.S. and she’s desperate to get back. She’s trying again, but has a criminal record now, which puts her at a higher risk of being criminally prosecuted for reentry if she’s caught again. The other woman was deported from Utah. Her husband and children followed her to Mexico, but the children, never having lived in Mexico, have struggled to adjust. So her husband crossed back to the U.S. with their citizen children. They’re waiting for her. The problem is, if she gets caught again she will be criminally prosecuted and imprisoned for reentry. Another woman is from Chiapas and has never been to the U.S. She was crossing for the first time when the Border Patrol apprehended her. As a first-time crosser, they issued a voluntary return, with no criminal penalty or bars to future migration. She’s exhausted, but determined to go on. Others share their stories and the similarities are startling. Some are new migrants in transit. Others were picked up by the police and put in deportation proceedings. From the shelter I with other volunteers to the local bus depot, past the cemetery, where many stranded migrants sleep. At this bus depot, migrants can get discounted tickets back to the interior. Humanitarian volunteers set up a card table outside to document abuses against migrants and help people telephone relatives and let them know they’re safe. A migrant woman from the shelter is there and shares her intention to cross the border alone (without a guide). One of the U.S. volunteers looks concerned and explains to her in broken Spanish: “Es muy difícil, muy peligroso ir sola.” ‟I know [it’s difficult and dangerous to go alone],” she says in broken English, ‟I lost for seven days.”

1 . D e “ i l e g a l ” a “ c r i m i n a l ” d e p o rtat i o n a s a p i p e l i n e

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Another volunteer, a retiree from the East Coast looks who’s visiting for the first time, looks visibly horrified and concerned for her safety. She wants us to talk her out of it somehow, not fully grasping that this woman’s home is the U.S. She learned English there. In fact the reason she’s so adamant about crossing is precisely because of the family and work obligations she left when she was forcibly expelled. The retiree hands the young woman money, but she pulls her arms away. “No, no,” she says in English. “Thank you, but no. I don’t want money.” The volunteer insists and places the money firmly in her hand. “I sorry for coming to your country.” She continues in English. ‟I don’t do drugs. I no criminal. I work,” as if to distance herself from criminal stigma by positioning herself as a worker, an economic migrant. Switching to Spanish: “Yo voy hacer algo,” she says with intense conviction. “Un día yo voy a crear trabajos. Les prometo que voy crear trabajos.”

Visibly moved by this, the retiree opens her arms as if to welcome her to the U.S. even though she’s not an immigration agent and, at this moment, we are in Mexico. In that instance the U.S. volunteer, not the migrant, is the border crosser.3 The cross-section of migrants at the shelter reflects the shifting character of migration and border security. Before Arizona became a major crossing point, most migrants entered the United States through El Paso, Texas and San Diego, California. Those who crossed the Arizona/Sonora border were mostly regional migrants and seasonal workers. Border security, as it is known today, was not yet embedded in crime control and functioned largely to regulate migrant labor for the local economy. Unlike earlier waves of migrants, many of those passing through the shelter are deportees with extensive ties to the United States. Many have lived and worked in the U.S. for most of their lives. Many have lost their legal permanent residency status and have been deported from places like Chicago, Seattle, and San Francisco. Or they were deported after being arrested by the 3

Fieldnotes, 1/8/13, Nogales, Arizona.

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1 . D e “ i l e g a l ” a “ c r i m i n a l ” d e p o rtat i o n a s a p i p e l i n e

police in new gateway cities in the South Carolina, Alabama, and Georgia. The shelters exist because of border security and were really my first exposure to what scholars have referred to as “border militarization” or the “securitization of migration” (Sandoval 2011; Dunn 1996). Before spending time in the shelters, when I thought of border militarization, I focused on the corrugated metal wall made from excess landing mats from the first war on Iraq, the barricades, the National Guard, and more recently the drones and technologies of surveillance (Nevins 2012). The more time I spent at the shelters, the more the realized that the invisible, routine practices of criminalization were really the basis for “border militarization” and “securitization.” Migrants and border crossers at the shelter are at different points in the process of becoming criminalized. They are no longer predominantly seasonal male workers. Nor are they uniformly “illegal.” They fall into two groups of undocumented migrants— those who carry the burden of a criminal record; and those who do not. Many had history in the U.S. and may have even had legal permanent residency status before it was revoked and they were deported on criminal grounds. The young woman who served a month in prison represents someone with a recent conviction, which brands her a “criminal alien” and vastly restricts future possibilities for “legal” migration. Like her, migrants with a record experienced criminal prosecution, incarceration, and deportation from detention facilities or prisons in Eloy or Florence, Arizona. The first-time border crosser from Chiapas represents those whose non-criminal status gives her slightly more maneuverability and possibilities for future legal migration. For the most part, those without a criminal mark bypass criminal prosecution, imprisonment, and the criminal justice system altogether. Not having a criminal history, they shuffle through a civil immigration system, which does not formally deport them, but grants a “voluntary return” with fewer penalties for future migration. Proponents of border security argue that measures to criminally prosecute or incarcerate immigrants or crime control approaches to immigration enforcement target high-priority criminal aliens

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for incarceration and deportation.4 This chapter shows that criminalization occurs through the very process of arrest, but especially formal deportation. It argues that deportation, as a legal mechanism to expel high-risk fugitives and criminal offenders, is actually one of the chief mechanisms that produces criminal aliens and directly contributes to the rising rates of federal sentencing for immigration violations. To illustrate, from the ground up, how border security criminalizes migrants, it is necessary to discuss how crime control intersects with rights protocols. Critics of criminalization argue that under this new blend of criminal and immigration enforcement, undocumented migrants, as non-citizens, have no rights (Kubrin et al., 2012; Kanstroom, 2012; De Genova and Puetz, 2010). Evidence from the border shows that undocumented migrants can and do claim procedural rights that can facilitate the border crossing, but accessing those rights is predicated upon claiming a non-criminal status. This creates two types of undocumented status, and two tracks within the system organized around a criminal/ non-criminal divide. 1.1 “Illegal” and “Criminal” tracks “Tell me what it was like to cross the border in Nogales in 1957?” I ask a 70-year old ex-Bracero, who first migrated under the bilateral labor contract agreement between U.S. and Mexico designed to address wartime labor shortages. “Back then the border was a fallen barbed wire fence. But you still had to be careful not to be seen by la Migra [Border Patrol].” “Did you ever have any run ins with the Border Patrol? I asked. “Sure. They caught me a few times.” “How was the treatment back then?” “Well, the way I saw it is, if I talked back, they behaved badly. But if you didn’t behave badly, they honestly treated you fine. They’d round us up. Take us to el corralón [pen or holding facili4 For discussion of the Obama Administration’s policy of prosecutorial discretion and law enforcement priorities see the Memorandum from John Morton, Assistant Secretary, U.S. Immigration and Customs Enforcement, on civil immigration enforcement (June 17, 2011).

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ty] until they had a bunch of us. Then they’d send us back. Some of us crossed again. Others went home. The decision was ours.” “Was el corralón run by immigration or the police? Was it a prison?.” “No, it was run by Migración… the police wouldn’t bother us. It was Migración who caught us and sent us back. If you committed an [criminal] act, [the police] put you in jail. You paid [posted bail] and they’d let you go. But if you didn’t do anything, [the police] wouldn’t bother you. It was Migración who came out to the fields to look for us. Someone would shout. ‘Hay viene la Migra!’ and we’d run. If they caught us, they’d send us back to Mexico.” “But you were a Bracero. You had a labor contract. Wouldn’t they let you go?.” “Yes, if you were a Bracero, you were legal. I’m talking about the times I crossed as an alambrista, [referring to those that crossed through the cerca de alambre or barbed wire fence] If you crossed the Rio Bravo, you were a mojado. If you crossed through the wire fence, you were an alambrista.”5

Another former Bracero recounted how they would desert or skip their labor contracts when working conditions were intolerable. Skipping a contract and becoming “illegal” was often the most effective way to resist the un-free labor practices for which the Bracero program became known (Calavita, 1992). The ex-Bracero’s account of crossing the Arizona-Sonora border in the postwar era captures a time when immigration and criminal enforcement used to fall within different arenas of law. For the former Immigration and Naturalization Service, now the Department of Homeland Security, the purpose of immigration enforcement was to regulate, not punish, the movement of workers across international borders (Kanstroom, 2000). Immigration enforcement functioned largely as an administrative process, in contrast to criminal law, which relies on criminal processes (Legomsky, 2007; Miller, 2003). Immigration law violations traditionally resulted in a monetary fine or expulsion rather than imprisonment. Moreover, immigration was exclusively a feder5

Author interview with ex-Bracero, 9/ 8/2013, Caravan of Ex-Braceros, Chicago, IL.

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al responsibility, whereas crime control was mainly relegated to state and local governments. Immigration and criminal law have also differed on questions of rights. The criminal justice system, in principle, presupposes 4th, 5th, 6th amendment rights regardless of legal status (Chemerinsky and Levenson, 2013: 1-12). The immigration system has been exempt, to a considerable degree, from the same kind of constitutional scrutiny because of the doctrine of plenary power that gives authority over immigration and immigration control. The immigration system recognizes some procedural protections to non-citizens evidenced in landmark Supreme Court cases, but there have also been limits on the rights and protections of “aliens” (Aleinikoff et al., 2012). The new blend of criminal and immigration enforcement blurs these traditional lines between immigration and criminal law. It creates what Teresa Miller (2003) calls a hybrid criminal immigration system. The hybrid system that’s in place now draws on criminal processes to enforce immigration law as when the Department of Homeland Security (dhs) criminally prosecutes migrants for illegal entry and reentry. It also uses aspects of the immigration system to enforce crime control. It draws, for instance, on criminal grounds for deportation and expulsion, including misdemeanors and petty offenses (Stumpf, 2013: 8). Those charged with a petty offense not only face imprisonment, but deportation as well. Those who have written about this hybrid system note an absence of rights, particularly for non-citizens, and question the constitutionality of it practices. Everyday practices of border security show that one of its distinct features is that the system does in fact dispense rights, but these rights are contingent on criminal status. In other words, migrants must comply with criminal classification in order to claim their rights. Not all undocumented migrants experience criminalization in the same way. Criminal border security alters undocumented status by sorting migrants along a criminal/non-criminal divide. It creates two distinct groups of “illegals” and “criminals” with different access to rights. In the processes of screening for criminals, those who are “illegal,” but without a criminal mark, can access

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basic procedural rights, even as non-citizens, with possibilities for future legal migration. Those branded criminal are stripped of rights, and often experience revocation of legal permanent residency status, are barred from future legal migration. Undocumented migrants crossing the border experience two distinct tracks within the system. “Undocumented aliens” or UDAs without a criminal record are those that agents have not criminally prosecuted for illegal entry and who have no prior records in criminal databases. Border agents still process non-criminal undocumented migrants through a civil system that moves from apprehension to removal, typically in the form of a voluntary return. Those classified as criminal aliens experience an altogether different track. Instead of moving from arrest to removal, migrants with a criminal mark are funneled through the criminal justice system. The process moves from arrest to prosecution in federal criminal court, to sentencing and incarceration in a federal prison, to immigrant detention, followed by a formal deportation issued in an immigration court or directly within a federal prison. 1.2 Undocumented and non-criminal Every day hundreds of people gather in the public square of Altar, Sonora, a Mexican town just south of the Sasabe, Arizona port of entry, the Tohono O’odham Indian reservation, and the West Desert. In the late 1990s, Altar became a major staging ground for human smuggling when the Border Patrol intensified policing in Nogales and Douglas, Arizona and pushed flows out to the treacherous West Desert terrain. At the time local officials estimated that 1000 people a day crossed through this tiny border town. It is still one of the busiest crossing points for smuggled migrants along the entire U.S.-Mexico border (Thompson, 2003). Throughout the day, buses pull up to the town square to drop off men, women, and children with all with their possessions. Some of them arrive with a coyote, while others congregate and wait to contract someone who will guide them across the border (Lopez Castro, 1998). Coyotes, known locally as polleros, circle around the plaza and casually approach people about getting across at

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a rate of $800-1500 per person. The contract happens discretely, and within minutes the coyote walks confidently ahead of a group of 5-10 people and escorts them away from the plaza to a casa de huespedes or guesthouse. The plaza crowds quickly. I walk around inviting people to a stand in front of the church where volunteers from the local migrant shelter serve hot chocolate and bread. I approach a man sitting on the white concrete edge of a raised bed of plants and small trees. He looks as if he’s on his way to work, wearing a crisp shirt and denim. The man standing next to him is his coyote. They both look thoughtful, but composed. We talk about the border crossing, work in the US, and the Border Patrol. “They’re not all bad. There are some who are buenas gentes. They even joke sometimes.” They laugh as one of the men recounts an exchange with an agent. “He noticed that I’d been caught before and said: ‘You should find yourself another coyote because the one you have right now isn’t very good’. Then he wished me luck on the next try [laughter].”6 As evening approaches, the plaza begins to clear. Many of the groups of migrants and their smugglers board shuttles to the Sasabe, Sonora/Arizona border crossing. It is a two-hour ride along the dirt road from Altar to Sasabe, Sonora/Arizona. Abandoned tires, motor oil bottles, and an occasional crucifix marking fatal car accidents line the edge of the desolate dirt road. From Sasabe, a guide leads groups of 10-30+ through the desert in complete darkness to a meeting point near the Tohono O’odham reservation where they will be picked up by “riteros” who transport them to Tucson or Phoenix and ultimately their final destination in the U.S.7 One former smuggler spoke honestly about the intensity of guiding hundreds through the desert. It’s completely dark…People become nervous. They get angry at the pollero and they try to do it on their own. But they don’t know the path so they get lost…or the border patrol shows up and Fieldnotes, 2/6/2003, Altar, Sonora. Riteros is a Spanglish derivative of the word “ride,” referring to those who transport human cargo to safe houses in U.S. border towns. 6 7

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the pollero has to run or he’ll get caught which is worse and this splits up the group… it’s very difficult when you don’t know the way… Sometimes you step over bodies, but you keep going. You have to. There are so many people crossing, you see so many faces, so many people. You can’t stop to mourn.8 Migrants crossing the Arizona/Sonoran border today experience an entirely different field of enforcement. Policing has intensified and avenues to legal migration have been constrained. The Bracero contract labor program ended in 1964. And the Immigration Act passed that year that abolished racial quotas and imposed admission ceilings restricted legal avenues for Mexican migration, ushering what Douglas Massey calls “the era of undocumented migration” (Massey et al. 2002). Since then the federal government has vastly increasing spending to escalate criminal border security to curb unauthorized flows (Meissner et al., 2013). In the absence of legal paths to migration and tightened border security, migrants must rely on smugglers to cross the border more than in the past (Spener, 2009; Massey et al., 2002). Migrants have a complicated relationship to their coyotes. They depend on them, for one. And a good coyote can facilitate a smooth crossing. But relations with a bad coyote can also be intensely conflict-ridden. As the risks and costs associated with crossing rise, migrants with loose ties to their coyote often face extortion, kidnapping, and death. Migrants must also manage a more contradictory relationship to the Border Patrol. In the new terrain, migrants no longer simply avoid Border Patrol agents. They also associate them with security and safety. For migrants, border agents play a dual role as “protectors” and “punishers.” The depiction of Border Patrol agents as good people, which was common sentiment among the migrants and deportees I met in the shelters, captures the complex relationship of migrants to agents. In this new field of enforcement, migrants must negotiate criminal processes. They must leverage criminal classifications in order to manage their arrest and removal. Migrants know, from knowledge passed on from their compatriots, that “good” agents, 8

Author Interview, 2/5/2003, Altar, Sonora.

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like a good coyote, can facilitate a smoother crossing. They manage relations with agents by avoiding being labeled or perceived as “criminal.” During arrest, migrants avoided a criminal label by positioning themselves as economic migrants—consciously or unconsciously distancing themselves from racial stereotypes of native born African American and Latinos who turn to criminal acts instead of hard work. They do their part to communicate to agents, verbally and through body language and expression, that they are “workers” not “criminals.” Migrants often reported being compliant, consenting to the arrest, and not resisting, which makes the process go more smoothly. “Not all agents are bad,” a local Nogales resident explained to me. “Some are good—they talk to them in a nice way. They joke with them. They tell them: ‘You picked the wrong place to cross…You know you’re always gonna get caught here [Nogales]. You should have gone further out’.”9 Deportees from the shelters explained, “If you do what they say, se portan bien/they behave well.” They share strategies to avoid negative perceptions or confrontations. “You don’t run.” “Get down on the ground immediately.” “Don’t try to stand up.” “Don’t look at them.” “Don’t speak.” Speaking to a group of four deportees at a shelter, I ask what happens when an agent apprehends someone. Deportee from Phoenix Arizona: “They catch you. They tell you they’re Migración. One already knows [the routine]. Yes because they won’t do anything to you.” Deportee from Tucson, Arizona: “Well here [at the border] they will, if you make them chase you, if you want to run.” Deportee from California: “If one behaves badly. They behave badly.” “What’s behaving badly?” I ask. Everyone at once: “Running.” “Getting angry at them.” “One isn’t supposed to get angry.” “They grab you. Put you in their truck and send you back. That’s it.” 9

Fieldnotes, 10/17/03, Nogales, Arizona.

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Deportee from Phoenix, Arizona: “It’s their job.” Deportee from California: “Yes, it’s their job.” Deportee from Phoenix: “If you put yourself in their place, you’d do the same. If I work for immigration and I see 5 people, I detain them because that’s my job. That’s what they get paid for.” Deportee from California: “Before there were many from Migración who spoke to you harshly. They’d mistreat you a little more. But they’re less aggressive now.” “So have you every been mistreated by a border patrol agent?” I ask. Everyone: “No, no. By Migración?, No.” Their description of arrest highlights distinct tracks for migrants with and without a criminal mark. The non-criminal standing of migrants mitigated the likelihood of escalated force during an arrest. Migrants without a conviction experienced surprisingly fewer violent incidents with the Border Patrol. Migrants were more likely to report victimization by smugglers or vigilantes than border patrol. A deportee from Arizona describes an encounter with local vigilantes. “I contracted a smuggler who tried to get me and 17 other people across [the border] through Naco [near Douglas, Arizona]. We had been walking for 4 hours. Just before we arrived at the place where we would be picked up in cars, some men and women came out with video cameras even. They were armed, but they weren’t Migracion. They detained us for a while. ‘Sit down’. They said ‘and don’t get up’. They called Migracion and turned us in. We asked the Border agents whether what they were doing was legal. And they said that’s what they do, but in reality it isn’t legal and if they treated us badly, we’d could file a complaint with the Mexican consulate. It was 2 or 3 in the morning and we said they hadn’t treated us badly. What we wanted was for them [Border Patrol] to send us back to Mexico [to try again]. And yes, they sent us to Naco, Sonora. I signed a voluntary departure.”10

A human rights activist and migrant from Chiapas recounts how smugglers sequestered him, while the other deportees pass 10

Fieldnotes, 12/24/03, Agua Prieta Sonora.

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my then 1-year old son around, making him laugh. I wonder if the child sees suffering in the men’s eyes, but he senses warmth. “I contracted a pollero in Altar [Sonora], crossed through Sasabe, and made it to Phoenix,” says the activist deportee from Chiapas. “I was on my way to Los Angeles, but the coyote wanted more money, so they kept us in Phoenix at gunpoint. There were 40 of us to start with. Little by little as the families wired money under the smuggler’s name, the group got smaller. I paid $800 and they wanted another $600 to get to LA. ‘I paid already’, I said. They harassed a few of us. ‘We’re human,’ we told them. ‘You aren’t human. You don’t know God. God exists. We’re human beings.’ We didn’t know what they would do to us. We tried to convince them to let us go, but they wouldn’t. A group of us got to be friends. One of us broke a window and got out. The coyotes were angry and threatened us with guns for letting him get away. They were convinced he would snitch and bring in the law. They ran out and left us there. We just stood there. “Why didn’t you leave?.” Another deportee asks in shock. “I don’t know. We thought they were hiding and would kill us. They came back that night and drove us the boss, to a nice house in Phoenix. He was so angry that we were there and told them to get rid of us. As we were leaving the house, we took off and ran as fast as we could. They never caught up to us. We ran toward a busy street to be picked up by the Border Patrol.11

Migrants often deflect the criminal mark by positioning themselves as victims of crime. For instance, migrants often reported turning themselves into the Border Patrol, particularly after a bad experience with a smuggler. When migrants turn themselves in, they position themselves in opposition to smugglers as victims of a crime rather than as criminals. In the west desert roads, it’s common to see migrants with their backpacks and empty gallon jugs walking along the shoulder of desert road to be picked up by the 11 The Border Patrol never caught up to them. They worked in Phoenix to save enough to buy a truck, and then decided to go to Colorado. The Border Patrol apprehended them at a traffic checkpoint and confiscated the truck and deported them. Fieldnotes, 2/20/03, Agua Prieta Sonora.

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Border Patrol. This enables them to be processed quickly and if resources permit, to try again. Following arrest, border agents placed non-criminal migrants directly in removal proceedings—as opposed to wringing them through the criminal justice system. Those without a criminal record may be eligible for voluntary departure. The voluntary departure system is based on the recognition that immigrants in removal proceedings have the right to a hearing. Under the voluntary departure system, a person signs a form waiving her or his right to a hearing and agrees to depart voluntarily. A border patrol agent or an immigration judge under the Executive Office of Immigration Review can grant voluntary departure as a form of relief with less severe penalties and consequences than a formal deportation, which imposes bars on future migration. (Non-criminal) Mexican nationals may sign a voluntary departure form and be returned that day. Central American migrants without a criminal record will sit in detention until they come before an immigration judge and ask for voluntary departure, with assistance from local ngos, who help navigate the complex legal system. Migrants without a criminal mark may also be eligible to be released on their own recognizance. When detention centers are full, those without a criminal record may be eligible for a supervised released from detention, a form of relief in which apprehended migrants admit to entering illegally and accept removal, after which they are paroled from detention while their hearing is pending. This enables them to attend their final removal hearing in their cities of destination, where they might have better access to family and resources. This longstanding form of relief for detained migrants made national headlines recently when Immigration and Customs Enforcement (ice) publicly announced that it would use discretion to release “non-criminal” migrants from detention due to acrossthe board federal cuts by Congress in 2012. In Arizona, ice had released 342 detainees out of 2000 people nationwide (Trevizo, 2013). This is the first time I have ever seen ice publicly make this distinction between criminal and non-criminal undocumented migrants—though they have certainly made these distinctions clear

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in the field for some years. In their response to the ice announcement, it was clear that neither politicians nor the press could handle the complexity of this distinction. Politicians railed at ice for releasing “criminals” onto the streets. And reporters covering the story couldn’t understand why, if people were non-criminal, they were being imprisoned or detained in the first place (Semple, 2013). This pressured the dhs to be clearer about what it does and forced ice to re-arrest some of the detainees. In rare cases, migrants without a criminal record may actually qualify for adjustment of status through the family preference system, or for asylum in cases where the person cannot return because of a “well-founded fear of persecution.”12 In some cases, migrants may be eligible for a U Visa, a form of relief of undocumented victims of crime who assist law enforcement with the investigation and prosecution of human smugglers, for instance (Hanson, 2010; Farb, 2007). They can make rights claims, such as when migrants file complaints with the Mexican Consulate and NGOs against the Border Patrol, or when they serve as plaintiffs in lawsuits (Pollack, 2005). Most of these “rights” or forms of relief that non-criminal undocumented migrants can claim are by no means extensive and more procedural than substantive, but they matter because they are one of the defining features of a new field of criminal border security. There’s a tendency to focus on an absence of rights for undocumented migrants within the hybrid criminal immigration system. A view from the border shows that criminalization cannot be understood without acknowledging the rights that immigrant rights advocates have fought for and that federal agencies must comply with in a post-civil rights context. What is also significant here is that accessing even the most basic procedural rights rests on criminal rather than immigration status. In order to claim these rights, migrants often must comply with crime control. Differential access to rights creates two categories of undocumented migrants based on whether or not they 12 The language derives from the Refugee Act of 1980, which brought the U.S. in line with international human rights law concerning the status of refugees.

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are marked as criminal. Criminal status determines whether migrants will access rights that facilitate the border crossing as undocumented migrants or face prison time and forced expulsion as criminal aliens. 1.3 “Illegal,” but “criminal” An Immigration and Customs Enforcement (ice) agent escorts me to a courtroom where that day’s removal hearings were held. Though the Justice Department’s Executive Office for Immigration Review (eoir) oversees the immigration courts, this one is in an immigration detention facility managed by the Office of Detention and Removal under ice. The courtroom’s silence breaks when an officer brings in a group of detainees dressed in navy blue uniforms and wearing wristbands. One by one, they fill the benches, waiting nervously for their removal hearing to begin. Undocumented migrants do not have the right to a court appointed attorney in immigration proceedings. eoir has reported that as many as 84% of detained migrants lack representation during their immigration court hearings (Suilc et al., 2008). At this particular hearing, none of the detainees have an attorney. The judge addresses the group directly: “You are citizens of another country…You entered illegally…. You are on U.S. soil without an adequate visa….” Invoking basic constitutional frameworks of “fairness,” he says “Each of you is deportable… but we still need to talk about relief,” referring to the possibility that they might qualify for relief from deportation, such as political asylum or other forms of adjustment of status. He calls the first detainee to the stand. Through a translator, the judge confirms his nationality, and the country he will be deported to. “Mexico,” says the detainee. “Do you have any fear of persecution if you go back to Mexico?.” “No.” “Do you have family legally in the U.S.?” “No.” “Do you know what a voluntary departure is?” asks the judge.

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“Sí.” “Would you like to apply?.” “Sí.” “Does the government oppose?” the judge asks the federal prosecutor, an attorney for dhs. “Yes,” the government attorney replies. The judge reschedules another hearing in a week in order to determine eligibility for voluntary departure. Confused that his response prompted another hearing that would prolong his time in detention, the detainee became visibly nervous and requested-through the translator-formal deportation instead. “I didn’t understand,” he said. “I accept deportation.” Within seconds, the judge issues an order of deportation and barred him from future entry for ten years.13 Violating of that deportation order, he warns, will result in criminal prosecution and imprisonment. The entire hearing lasts minutes. The judge calls the next detainee and then another. One by one, each detainee anxiously follows the lead of the one before and asks for deportation. “Are you a citizen of Mexico?” “Sí.” “Do you have any fear of persecution?” “No.” “Do you have legal family in the U.S.” “No.” Do you know what a voluntary departure is? “Sí.” Do you want to apply. “No.” “Are you asking for deportation? Sí.” The next defendant is also a citizen of Mexico. He has no fear of persecution, but he does have legal family in the U.S. After further question the judge declares, “They can’t sponsor you. It has to be a mother or father… Do you know what a voluntary departure is?” “No,” says the detainee. “I want deportation.” To next detainee, the judge asks, “Are you a citizen of Mexico? “Sí.” “Do you have any fear of persecution in Mexico?” “No.” “Do you have any legal family in the U.S.?” “Sí.” Have they sponsored you [to adjust your status] “No.” “If deportation causes hardship to your mother or father you could qualify for cancellation of removal.” “I want deportation,” the detainee says through a translator. “Do you want voluntary departure or deportation?” the judge asks. “Deportation,” declares the detainee. 13 Formal deportation is different from a voluntary return, in that it includes bars to future legal migration and further criminal penalties, ranging from 2 to 20 years, for those who violate the deportation order.

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Like falling dominos, every detainee asks to be deported. Their minimum security blue uniforms signaled that they all qualified for voluntary departure, which has less stringent penalties and more possibilities for future migration, yet, without a legal representation, no one seemed to understand the process enough to request it; they each asked to be deported.14 In multiple cases involving Central American detainees, the judge issued a deportation at cost to the federal government, because detainees could not afford the airfare to their home country. During another hearing, the judge calls a Guatemalan national in a blue uniform to the bench. He doesn’t have a lawyer. Through a translator, the detainee admits to crossing without a visa through Douglas, Arizona. “Are you a U.S. citizen?” “No.” Do you have a visa? “No.” Do you have any fear of persecution if you are deported to Guatemala? “No” Do you have legal family in the U.S.? “No.” “Do you have money to pay your trip back to Guatemala?” “No.” The judge issues a deportation. In another, the judge calls a citizen of El Salvador, also in blue uniform, to the bench. “Did you cross the border illegally through Douglas, az?” “Yes, I’m sorry.” “No need to apologize to me. I have the fortune of having been born here.” “Do you have the money to pay your trip to El Salvador.” “No. This makes you deportable at the government’s expense. Do you want to appeal or accept deportation? “I accept deportation.” The judge tries another detainees fro El Salvador without legal representation. He too admits to crossing without authorization through Douglas, Arizona. He does not qualify for political asylum. Nor does he have any legal family in the U.S. “Do you have money to pay your trip to El Salvador? “No. “Then there’s no relief available. You are deportable at the government’s expense.” “You have the right to appeal or accept deportation.” The detainee asks to appeal. “You don’t qualify for relief [voluntary departure], 14 I spoke with an immigration attorney after the hearings and described what I observed. “Very sad,” she said, “but very common. They don’t know the difference between a voluntary departure and deportation. So they do what everyone else is doing. ..They qualify for voluntary departure. They just don’t know what it is.” Fieldnotes, Service Processing [Detention]Center, El Paso, TX. 10/25/04.

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if you can’t pay. I see no good reason for you to be released [from detention] on bond [while he appeals his case.] The appeal could take 90 days or more. Your case is not complex. The law almost always deports you. You entered illegally. You don’t qualify for relief, and are deportable.” After each case, the judge warns detainees that should they violate the deportation order, they would most certainly be prosecuted and sentenced to prison. ice sorts detainees by color. A navy blue uniform signals non-criminal status. The detainees in the trials just described all wore blue uniforms. They entered the system through civil immigration proceedings. In navigating their own way out of detention, or in the absence of legal representation, they ended up on a criminal track due to the deportation order. An orange uniform distinguishes those detainees already marked as criminal. After one hearing, I ask an immigration judge why so many Mexican nationals are in detention and deportation proceedings. The traditional practice has been to grant voluntary departure immediately after arrest. “Criminal aliens,” he replies. “They’re brought from the county jails. Many have previous records for re-entry [violating a deportation order.] ‘Want to make sure they get formally deported so they won’t come back. But they still have a right to a hearing. Most Mexican nationals don’t belong here. It’s too expensive. We can’t afford to keep them here [in detention]. I don’t care if they have a record; they still have a right to a hearing.” 15 Many of the deportees I met in the migrant shelters bore this criminal mark. Of those deported as “criminal aliens,” many were initially arrested in the interior. Those arrested in the interior reported more physical confrontations with the police than with Border Patrol or ice agents.16 I spoke with a group of deportees at a shelter. They had all been formerly incarcerated and reported mistreatment by police and correctional officers ranging from physical abuse to solitary confinement. One of them, a deportee Fieldnotes, 10/25/04, El Paso, Texas. This is consistent with a study of the treatment of Salvadoran deportees during arrest and detention. Phillips, Hagan, and Rodriguez (2006) found that deportees “arrested by the police are more likely to be subject to force.” 15 16

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from California recounts being arrested by the country Sherriff near Sacramento. “We were riding a freight train... The train came to a halt. There were three of us—an Honduran, another from Acapulco [Mexico], and me. There was a high patrol on a bridge and he stopped the train and caught us. He has nothing to do with [immigration enforcement], because he’s highway patrol…The Honduran didn’t speak any English. They hit him in the face until it swelled up like this [gestures with his hands]. He was Black, you see, but he didn’t speak any English. They thought he was mocking them because they ordered him [in English] to spread his legs and raise his arms, but he didn’t understand any of it. They left his face like this [gestures]. They put a mask on him [referring to the swelling and bruises.]17

Many of the deportees I met in the shelter ended up in deportation proceedings because of police arrests in the interior, mostly for non-violent offenses like traffic violations or disorderly conduct (bar fights). A deportee from Seattle recounts his arrest for driving without a license. Undocumented migrants are ineligible for driver’s licenses in many states throughout the U.S. “The police stopped me,” he says. “They asked me for my license. They put me in jail for a week. Then they sent me to a prison that was much bigger for 5 days. They handcuffed our hands and stomach. They took us to Seattle. From there, they put us on a plane to San Diego. From San Diego they deported us to Tijuana.” He made it to Phoenix eventually where his own coyote repatriated him back to Mexico. “In prison, I met a man from Puebla. His brother-in-law helped us get to Phoenix [from Tijuana]. In the end they were charging me. They beat me because I couldn’t pay. They sent me back to Mexico with the riteros because I couldn’t pay the $1,350 they were charging me.”18 As we talk outside the shelter a smuggler drives by slowly in a car with tinted windows. I say hello and he ignores me. He asks about my car, which has a California license plate. I was uncomfortable so I left. 17 18

Fieldnotes, 12/30/03, Agua Prieta Sonora. Fieldnotes, 12/24/03, Agua Prieta Sonora.

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During another visit to a shelter in Nogales, the men look pretty worn out. I greet them and sit with them. Many of them were recently deported from prisons in Florence, az, a town just south of Phoenix that houses a mix of 10 private and federally operated correctional facilities and immigrant detention centers. A formerly incarcerated man from Honduras wears a rosary around his neck. “I was already working in Phoenix, but I got deported. I served time in Florence for coming back without papers. Is that a crime?” he asks, looking bewildered.19 Another is from the same town in Mexico as my family. The police arrested him in San Francisco, ca after he’d been in a fight. They transferred him to Florence, az and deported him. He has no family in the U.S. He’d been working as a day laborer for three years before his arrest. The man next to him is a formerly incarcerated deportee from Oakland, ca, the Fruitvale district. The police arrested him after a bar fight. He’d been working as a day laborer for 6 years. After serving his sentence, he was transferred to Florence, az and deported to Nogales, Sonora.20 Since criminal defendants are eligible for a court-appointed attorney, public defenders, less familiar with the immigration consequences of a criminal conviction, often counsel migrants to accept a plea bargain. The 1996 iirira law made any conviction with a sentence of a year or more an aggravated felony (Morawetz, 2000). When migrants plead guilty to misdemeanors like driving without a license or disorderly conduct, these offenses get classified as aggravated felonies. Migrants become criminal aliens through the aggravated felony classification that triggers their deportation. Others ended up in deportation proceedings because of a workplace or home raid. I met a young man from Mexico City who was deported from Chicago after a workplace raid. “I lived in Chicago for 11 years, but I never learned English,” he says sheepishly. His face tenses up when he talks about immigration agents. “I used to see them and before they wouldn’t do anything, but now they’ll 19 20

Fieldnotes, 10/4/02, Nogales, Sonora. Fieldnotes, 11/8/02, Nogales, Sonora.

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stop you. Before they [immigration enforcement] would enter a factory with permission [a warrant]. Now they just raid and round people up.”21 In more recent raids, ice agents arrest unauthorized migrants on criminal charges of identity theft. Again a court appointed attorney counsels migrants to “plead guilty to using false documents to gain employment” (Kanstroom, 2012). In many of the more high profile operations such as the Swift, New Bedford, Postville raids that rounded up thousands, the vast majority of deportees had no prior criminal record, but became criminal aliens, through charges of identity theft and the process of deportation (Camayd-Frias, 2008; Human Rights Watch, 2007; Capps et al., 2007). During home raids, agents seek out migrants with an outstanding order of deportation in their homes. Agents knock on doors looking for an identified “absconder,” and apprehend anyone in the home who cannot prove their legal status in the United States.22 As Daniel Kanstroom points out, this type of raid is a tactic used in criminal procedures, under constitutional requirements of fourth amendment rights, to obtain evidence. In deportation cases, the exclusionary rule, which suppresses evidence obtained in violation of 4th amendment rights, does not apply (Kanstroom 2012). Though many migrants are arrested and convicted in places like Chicago, Seattle, Oakland and new gateway cities across the U.S., the vast majority of arrests and criminal prosecutions do not occur in the interior but on the border. The majority of those arrests that lead to criminal prosecution—in fact 92 percent—occurred on the U.S.-Mexico border, with the federal district court in Tucson, Arizona handling the greatest number of cases (MoFieldnotes, 02/20/03. In a recent home raid, the ICE raided the home of a Phoenix-based activist and arrested the activist’s mother and brother. “They came to my house,” she recounts in tears and fear. “They knocked on my door. My brother was outside talking to a neighbor. They just came to ask for my mom…they just took her. They asked if my brother was related to me. I said, ‘yes, he’s my brother.’ And they just took him. They just took him and they wouldn’t tell me why. They just said he needed to go because he was here illegally and that they shouldn’t be here and this needs to stop. This is real…This is so real. It’s not just happening to me. It’s happening to families everywhere …We can’t let this happen.” For raw footage of this transcribed testimony see http://www.youtube.com/watch?v=zm8unJ9CzWM . 21 22

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tivans, 2012). Immigration agents from the U.S. Border Patrol and ice, rather than local law enforcement, were responsible for 98% of these arrests. When the Border Patrol apprehends a group, an agent orders everyone to drop all of their belongings and sit on the ground until backup arrives. The criminal classification, which applies to anyone flagged as a criminal alien or suspected of being a smuggler, escalates the likelihood of more aggressive or violent encounters with the Border Patrol. A local resident from Nogales explained that “A veces los pisotean o les dan patadas/Sometimes they step on them [migrants] or kick them.” “A lot of times they [migrants] sew directions to where they are going right here,” she says pointing to the button on her jeans, “or they tape them to inside of their hats. The Border Patrol already knows this. I’ve seen them take the little pieces of paper and tear them up and throw them in their [migrant’s] faces. Oh and with a lighter they will just set the paper on fire.” “How do you know this?” I ask. “Because I’m watching through my window,” she confesses. As she describes these incidents, she interjects with, “It’s ‘cause they make them [Border Patrol] mad. They won’t give their names or they won’t do what they say.”23 Migrants that step into the grey area of criminal suspects are often —to put it in the language of local residents— “treated like dogs.” If they get tired and tried to stand up, “they were hit like animals.” If they try to run, “they were dragged by the hair, kicked, or insulted.” Despite the numerous reports of human rights abuses on the border, agents don’t randomly dispense violence. There is a legal logic to it.24 A criminal mark justifies violence and a suspension of rights. The use of force during arrest creates criminal suspects. Following the arrest, agents transport migrants to the nearest Border Patrol Station to be processed. Names, fingerprints, photoFieldnotes, 10/17/03. Nogales, Arizona Border agents do not dispense violence randomly, but within a legal constitutional framework. They sort and distinguish between illegal and criminal status. Non-citizens with criminal status face a clear suspension of rights are often subject to force. Undocumented border crossers without a criminal mark can claim basic procedural protections and are less likely to experience violence by border agents. One could also argue that the Border Patrol “subcontracts” the more extra-legal forms of violence to vigilantes and smugglers. 23 24

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graphs, and personal data are registered and run through various databases such as ident, enforce, the National Crime Information Center (ccic), and the Deportable Alien Control System (dacs) for a thorough criminal and administrative background check. Agents place those with a prior deportation or a criminal record—typically for a non-violent offense—on a criminal track. Instead of following through with civil proceedings, agents subject migrants to criminal processing. In other words, instead of an apprehension followed by removal, the process moves from arrest, to criminal prosecution, sentencing, and imprisonment. The majority of prosecutions occur under a federal program called Operation Streamline. Since 2005, Operation Streamline has charged undocumented border crossers with federal crimes of illegal entry and reentry in federal district courts (Lyndgate, 2010). In 2010 when I first began observing these hearing in courts in Tucson, of the total cases referred for prosecution, 51% were for illegal entry, and 42% were for reentry cases that is, for those who had violated a prior deportation order and re-entered the country without authorization. Now all cases are for reentry.25 The plea bargain, which most migrants accept, plays a crucial role in producing a population of “criminal aliens.” When migrants plead guilty to illegal entry and re-entry, they are essentially consenting to being classified as criminals. Under Operation Streamline, illegal entry is prosecuted as a petty misdemeanor offense, which can be punishable with up to six months of jail time. Federal public defenders and other court-appointed attorneys advise migrants to accept the plea bargain in exchange for a lower sentence of time served. The re-entry or “flip-flop” cases, as they are known, are considered felonies. When migrants are prosecuted for re-entry, charges usually include both a felony for violating a prior deportation order and a petty misdemeanor for illegal entry. Here attorneys advise migrants to accept the plea bargain, which drops the felony so that migrants are only convicted of the misdemeanor.26 What they often do not realize, however, is that accepting the plea bargain ef25 26

Telephone Interview with Federal Public Defender, District of Arizona, 3/29/ 2013 Ibid.

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fectively marks them as criminals, a status that places them at greater risk the next time they attempt a border crossing.27 During one hearing I observed a migrant who rejected the guilty plea. The judge asked him, through a translator, if he pled guilty and he absolutely declined. Everything came to a halt. His attorney stepped in on his behalf to explain to the judge that he did not speak English or Spanish, but Mam, a Mayan dialect. The attorney pulled him aside and then brought him back before the judge. When asked a second time whether he accepted the guilty plea, he said, “Sí.” And his trial was over.28 This little drama highlights the importance of the guilty plea in bringing this “criminal” migrant population into being. If everyone in that courtroom were to reject the guilty plea bargain and go to trial, the legitimacy of this federal prosecution program (and the classification it upholds) would likely collapse. According to the Federal Bureau of Justice Statistics 81% of all convicted immigrants received a prison sentence in 2010. The median prison sentence was 24 months in Arizona (Motivans, 2012:2930). Many of the migrants I met in the shelters had been formally re-classified as criminal aliens through their experience of incarceration. A deportee from California explains to me how imprisonment transforms migrants from “workers” to “criminals.” Even though he himself was deported as a criminal alien, he and other formerly incarcerated deportees distanced themselves from violent offenders, those who are so excluded from labor markets that they are forced to prey on the labor of others for survival. “There were four of us crossing that time. Three guys assaulted us with guns. You could tell right away that they were people coming from prison. They were born here [Mexico], but thrown out from over the other side [U.S.] They were in prison over there.” Another deportee adds: “What is happens is that when you lock someone up for a year or more, they are locked up without doing anything—absolutely 27 In Padilla v. Kentucky the Supreme Court ruled that criminal defense lawyers must advise defendants that “deportation is an integral part—indeed, sometimes the most important part—of the penalty that may be imposed on noncitizen defendants who plead guilty to specified crimes.” 28 Fieldnotes, Arizona Federal District Court, Tucson, AZ.

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nothing. When you’re in solitary confinement they even bring food to your cell. So when you get out, you don’t want to work anymore. You rob and steal. Right now many people are being incarcerated unjustly just for crossing. Because if they deport you and you come back, they will give you up to 10 years for re-entry. So people will become more criminal.”

The deportee from California nods. “People become miscreants there,” he says. “They become delinquents because inside there are fights, race against race…the Whites, they don’t get involved, but Blacks and Mexicans are like this [gestures a clash], 200 against 200, 100 against 100. So when you get out, people go for a gun and they aren’t afraid of anything. So many fights. When they get out, they take people’s money and it’s like taking candy from a child.”29

Deportation follows incarceration. Following their prosecution and incarceration, U.S. Marshals transfer migrants with a criminal status to ice custody to be formally deported. Even though deportation is considered a civil procedure, deportations often occur, at times directly from prison, without ever coming before an immigration judge. ice uses various forms of fast track deportations that bypass a proper trial. A staff attorney at a legal advocacy ngo explained the new and multiple ways to formally deport someone, which represents a departure from traditional immigration hearings in which a judge issues a deportation order: 1) Administrative removal is a method of deportation for those with an aggravated felony conviction (which includes various types of misdemeanors) and who have no rights to come before an immigration judge. 2) Stipulated removal involves a plea bargain in which migrants sign a form declaring that they want to stipulate their deportation. The judge signs off. 3) Reinstatement of removal simply restores a prior deportation order and eliminates the need to come before a judge. 29

Fieldnotes, 12/24/03, Agua Prieta Sonora

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4) Expedited removal is a form of deportation for migrants apprehended at a port of entry or 100 miles within the border, for those who do not qualify for other forms of relief such as political asylum or voluntary return.30 Many of the fast-track methods are for those who do not qualify, because of a conviction or prior deportation order, for voluntary departure or other forms of relief. So whereas non-criminal migrants can access a traditional hearing and apply for voluntary departure, those marked as criminal are stripped of these rights. Such deportation practices were upheld in a 2006 Supreme Court case. The Supreme Court “reinforced the divide between those deportees who may still have procedural rights and those, essentially, who do not (Kanstroom, 2012:66).” Deportation is, at times, a final step in the tedious process of channeling migrants through the criminal justice system, but in many cases it is the beginning. It is the beginning of a process that, in many ways, acts as a pipeline to prison and transforms undocumented immigrants into criminal aliens. Most apprehensions, whether processed administratively (as civil offenses) or criminally, typically end in a removal or deportation, which bars migrants from admission to the U.S. for ten years and includes criminal penalties if they re-enter and are arrested again (Motomura, 2011). Because of extensive ties to the U.S., most migrants, even those barred from re-entry and threatened with imprisonment, will cross again (Cornelius, 2006). Violation of that deportation order is a felony and a direct path to prosecution, sentencing, and criminal branding. 1.4 A post-racial field? Deportation targets Mexicans, not exclusively, but disproportionately. Deportees I met in the shelter perceive that border security targets them as Latinos. National figures confirm that the majority of deportees, criminal alien deportees in partic30 Author Interview with Attorney, Florence, Arizona, July 2010. See also Kevin Johnson and Bernard Trujillo (2011) and Kanstroom (2012).

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ular, are Mexican (Glolash-Boza and Hondagneu-Sotelo, 2013; Golash-Boza, 2011). Scholars have noted an unavoidable “correlation between rising deportations and the size of the Mexican foreign-born population in the U.S. (Kanstroom, 2012:31-32).” And yet, the current practice of deportation is in contradistinction to the mass roundups of the early twentieth century. During the mass deportation campaigns of the 1930s and 1950s, the roundup of Mexicans occurred with blatant disregard for constitutional safeguards and on explicit racial grounds. The very system of deportation is rooted in the history of fugitive slave laws and race-based immigration law, particularly national origin quotas that created a racial category of deportable aliens (Kanstroom, 2007; Ngai, 2004). The hybrid criminal immigration system masks the racial roots of deportation and immigration enforcement. It institutionalizes and normalizes the disproportionate rates of deportation and incarceration for immigration offenses, by making it appear fair, race-neutral, and unbiased. A closer look at arrest and deportation practices show that border agents do not deport explicitly on racial, but criminal grounds. The imposition of a criminal mark legally justifies mandatory detention, incarceration, and a stripping of due process rights. It creates two tracks—and two types of undocumented status—based on a criminal/non-criminal divide.31 And yet arrest and deportation practices also operate within a constitutional framework. Because of sweeping civil rights legislations and the ongoing mobilization and litigation of immigrant rights activists, federal agencies like ice must adhere to constitutional requirements in carrying out arrests and deportations. It is often assumed that undocumented migrants have no rights under the hybrid criminal immigration system, but this is not entirely accurate. On the border, non-criminal undocumented migrants with31 To clarify this, I would argue that despite the tendency to conflate illegality and criminality, these have become two different social standings. Police, and the media conflate the two, but Border Patrol and ICE distinguish between non-criminal undocumented aliens and criminal aliens. I think of “illegal” status part of the process of becoming formally criminalized. This is a very different social position from those who are branded as criminal aliens through criminal prosecution, incarceration, and deportation.

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out the stigma of a criminal conviction have some leverage and maneuverability. The non-criminal mark minimizes the threat of physical violence. “Non-criminal” migrants are less likely to be wrung through the criminal justice system and more likely to tap into very basic procedural rights and forms of relief. Accessing rights often requires complying with crime control and distancing themselves from criminal status, which further reinforces the divide between criminal and non-criminal migrants. Criminalization cannot be understood without considering the post-civil rights terrain in which it operates. Criminalization operates through recognition of rights for non-criminal migrants in order to legally deny them for migrants with convictions, irrespective of race, gender, or creed. From crime control approaches to border security, a reordered field of citizenship and rights emerges on the basis of criminal status. Those assigned the status of “non-criminal” can access rights and protections. Those with criminal convictions are stripped of them. Deportation, in its metamorphosis from a largely civil to a law enforcement practice, emerges as the driving mechanism raising criminal immigration arrests. Most of those sentenced are for re-entry or violation of a deportation order. Of those criminally deported, most are re-entry cases or non-violent offenders (Mendelson et al., 2009; Motivans, 2012; Kanstroom, 2012). Anthropologist Nicholas De Genova (2002; 2004) has written about the construction of the illegal Mexican immigrant through the mechanism of deportability. In today’s hybrid system, deportation, rooted now in criminal processes, creates the criminal alien. Bibliography Aleinikoff, T. A.; Martin, D. A. and Motomura, H. (2012). Immigration and Citizenship: Process and Policy (7th ed.). St. Paul, mn : Thomson/West. Andreas, P. (2000). Border Games: Policing the U.S.-Mexico Divide. Ithaca : Cornell University Press. Calavita, K. (1992). Inside the State: the Bracero Program, Immigration, and the I.N.S. New York : Routledge.

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2. Espacio interinstitucional e integración regional en la migración de tránsito por la frontera sur de México con Centroamérica Desidério, Edilma de Jesús1 Introducción La frontera sur en Chiapas, México, decididamente ha sido el territorio de manifestación de una multiplicidad de situaciones que ponen en evidencia prácticas, pero también códigos, símbolos, monumentos, espectáculos urbanos que históricamente están relacionados con los movimientos migratorios que cruzan la línea divisoria territorial entre México y la República de Guatemala. La ciudad de Tapachula2, que en tiempos anteriores se destacaba como uno de los centros económicos más importantes de la región del Soconusco3, en el presente se vuelve centro de decisiones 1 Doctora en Geografía. Investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria. segob, «[email protected]». 2 En términos de dimensión territorial, Tapachula es uno de los municipios más extensos, con 946.87 km2. Es la cabecera de la región, y se le considera la perla del Soconusco, por su relevancia como centro económico. Su condición de ciudad fronteriza mexicana con Guatemala le otorga un papel destacado en la macrorregión, conformada por los estados del sur-sureste de México y los países de Centroamérica. Es el núcleo comercial y político de la región del Soconusco. Cuenta con una importante red de establecimientos financieros, comerciales, de comunicación y transporte, hospedaje y alimentación, que dan soporte a la actividad agropecuaria municipal y regional. 3 La Región X Soconusco, se localiza en los 15° 19’ N de longitud y los 92° 44’ W de latitud, cubriendo 4605.4 km², lo que representa 6.28% de la superficie estatal, siendo la séptima región de mayor extensión territorial en el estado. Está conformada por quince mu-

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político-administrativas para atender la problemática de la migración irregular en la frontera sur, sobre todo de 1995 en adelante. La presencia de la actividad migratoria en distintas modalidades y la emergencia de situaciones que se manifiestan al volverse simultáneas las prácticas sociales, políticas y urbanas en el espacio de Tapachula, van creando un «enredo» —superposición— que involucra el problema migratorio a través de la proyección de una ideología basada en la gestión de la migración en esta frontera, pero que también evoca al imaginario social, que, desde luego, produce sus propias respuestas y entendimiento sobre el significado del problema de la migración y la intencionalidad política sobre el tema. A consecuencia de ello, la ciudad tiende a constituirse como receptora y emisora de formas y contenidos del tejido social presente, pero también del pasado. La cuestión es, pues, que estos esquemas que más o menos se articulan en la vida cotidiana del estado de Chiapas y se reflejan en la ciudad de Tapachula como espacio receptor de la migración, a nuestro entender, no pueden ser desvinculados de las formas de manejar los asuntos de la política en lo que involucra frontera, migración y desarrollo, vinculado a proyectos de integración comercial regional. Todo este entramado pone de manifiesto contradicciones nuevas, de desigual importancia en la región, pero también una organización espacial diferenciada, conformada por agentes y órdenes mucho más diversos que los existentes desde tiempos pasados. Lo que expone dicha organización son las decisiones políticas para la migración, que han sido mucho más sistematizadas; ello ha implicado, por consiguiente, una presencia institucional más amplia, con mayor poder de intervención en la vida cotidiana del lugar. Como resultado, en la ciudad no sólo han figurado las estructuras que dan representación a la escala de gobierno federal, sino también aquellas que representan la escala regional internacional. nicipios: Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. Colinda al norte con las regiones IX Istmo Costa y XI Sierra Mariscal, al este, sur y oeste con el Océano Pacífico.

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¿Cuál es el supuesto? Lo que se incorpora a la vida cotidiana de la frontera sur como un proyecto de modelación espacial para gestionar la migración, indudablemente, evidencia un marco de organización institucional que implica cambios en materia migratoria y en la forma de conducir los flujos laborales de población migrante. Es justamente este conjunto de formas y contenidos lo que sentaría la base para la aplicación de modelos y cambios reglamentarios, así como para imponer normativas técnicas en materia de administración de los asuntos regionales, todo ello para justificar, explicar y coronar estrategias políticas cuya intención es crear protagonismo para el gobierno local. Este análisis explora la producción de un espacio interinstitucional que agrupa agentes gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales, y de la sociedad civil local, creado para impulsar una agenda migratoria estatal de coadyuvancia en el proyecto nacional en materia migratoria. Esta producción, que además coincide con la pauta de integración regional mesoamericana, ha generado espacios que se pueden interpretar como de conflictos y contradicciones que se manifiestan en la escala estatal y municipal en Chiapas, pero también mueve la propia dinámica migratoria que ha conformado, históricamente, la región fronteriza de México con Centroamérica —cambios que han sido observados más específicamente desde principios del año 2000—. Esto implica una reflexión crítica sobre la producción del espacio que vincula la problemá­ tica migratoria y el impulso a la estrategia de integración regional con el desarrollo del Proyecto Mesoamérica, para lo cual se recomienda diseñar una agenda de gestión para los movimientos migratorios no regulados, como es el caso de la migración de tránsito. En ese marco destaca la participación activa de organismos intergubernamentales como la Organización Internacional para las Migraciones, los nuevos actores representativos como Grupos de Alto Nivel sobre Seguridad Fronteriza, Comités interinstitucionales de lucha contra la Trata de Personas, entre otros, que contribuyen a la elaboración de nuevos discursos (Geiger, 2010) y a la vez entran en conflicto con las presiones ejercidas por la red local, cuyos actores de la sociedad civil elaboran formas distintas de entender y vivir los cambios en la vida cotidiana de la ciudad.

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El manejo de la agenda local, aunado a recomendaciones globales, ha resultado en un modelo local de gestión política de la migración por la frontera de Chiapas que crea y legitima nuevas prácticas como, por ejemplo, la manera en que se ha politizado el concepto de «irregularidad» frente a «ilegalidad» para los flujos en situación de tránsito (Andrijasevic y Walters, 2010; Düvell, 2005; Collyer, Düvell y Hass, 2012). Esto provoca que el proceso se vuelva aún más complejo, dado que impone sobre los sujetos formas de visibilización —o invisibilización— (Collyer y Hass, 2008) también politizadas, como «grupo vulnerable» o «víctimas del delito» —como suele tipificarse a las personas migrantes en la actualidad— (Moncrieffe y Eyben, 2007). La discusión en este documento incluye el papel de dicho agrupamiento interinstitucional, sus actividades de «cooperación» para la gestión de la migración y prácticas de intervención en la región fronteriza, sea en ámbito político, social o urbano. El análisis empírico utiliza información cubierta en entrevistas con grupos institucionales del gobierno, grupos intergubernamentales, no gubernamentales y los residentes de la ciudad. El objetivo es explicar más extensamente el papel que juegan los distintos actores en el conflicto generado por la gestión de la migración de tránsito «irregular» ante la agenda impuesta por el gobierno del estado de Chiapas en el sexenio 2006-2012, tomando como base de análisis conceptual la institucionalidad y la integración regional que se va impulsando como política de imagen, discurso y protagonismo en la frontera entre México y Centroamérica. 2.1 El juego entre lo interinstitucional y la integración regional: la planificación espacial local y el orden en materia migratoria instalado en la frontera sur La expansión de una agenda para las migraciones y su relación con la nueva ideología de la integración regional tiene que ver con el desarrollo —en marcha— de formas institucionalizadas para planificar y ordenar los flujos migratorios de personas extranjeras que ingresan en los territorios. Todo ello exige la creación de una tecnocracia, de un aparato técnico especializado en formas de con-

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trolar y regular, pero también medir y vigilar, estos flujos que circulan por determinadas regiones. Esta producción del espacio instrumentalista (Lefebvre, 1976a) para ordenar los flujos de personas migrantes es también producto de una conformación de escalas que articula alianzas regionales, actuales y pasadas, que las clases gubernamentales y capitalistas han impulsado. Esta conformación escalar, además, se sirve de una red de estructuras socioculturales para conducir tanto los flujos de capital como los flujos de personas, ya que, como señala Mittelman (2002: 167): “los fuertes vínculos de parentesco y cultura en áreas geográficamente cercanas pueden [entre otras cosas] proporcionar un grado de confianza personal que facilita los negocios regionales”. El proyecto de una planificación como política para la migración en escala local, nacional, de frontera y en el orden regional y global en materia migratoria, mantiene una relación estrecha con la noción de conducta para la masa de población migrante, creada bajo la ideología del “modelo conceptual de Gestión para la Migración”, concebido específicamente por la Organización Internacional para las Migraciones (oim), y que, sin embargo, incentiva a que los gobiernos locales apliquen una agenda política para las manifestaciones de movimientos migratorios en sus territorios. La premisa hacia una política gubernamental «estratégico-innovadora» que se aleja de la tradicional forma de gobierno, mucho más enfocada en los intereses internos de su región que en los nacionales, consiste en reconocer una forma de actuación que algunos estudios refieren como “paradiplomacia” (Rodríguez, 2004), la cual tiene que ver con la proyección estatal dentro de un contexto de “reconfiguración de las relaciones internacionales”4, tal como ocurre en el poder ejecutivo estatal de Chiapas. A la par de esta proyección, se vuelven recurrentes en los discursos y en la actuación retórica los términos «intergubernamental» e «interinstitucional», cuya base se encuentra en el fortalecimiento de la «cooperación internacional», pero enfocada hacia el ámbito estatal regional. 4 Según Rodríguez (2004), este modelo puede ser explicado, por una parte, a partir de la Paz de Westfalia (1648), que modifica las relaciones fronterizas de los Estados nacionales; y por otra, básicamente como fruto de la segunda mitad del siglo xix y del Tratado de Versalles, de 1919.

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Por otra parte, habría que entender qué significa aplicar una «agenda de cooperación» que en escala regional funciona en diálogo con otras esferas de gobiernos, reuniendo lo nacional, lo estatal y lo internacional. Lo «intergubernamental», en ese aspecto, surge en las teorías funcionalistas de la integración interinstitucional. Uno de los precursores de la teoría funcionalista y pionero de la teoría integra­dora moderna, David Mitrany, define la integración como: el desarrollo de una comunidad internacional a través de la cooperación funcional o, para ponerlo en palabras de uno de sus más autorizados intérpretes, un proceso de cambiar actitudes y crear costes de disrupción (el proceso de imbricación) que hiciera la guerra menos probable (Mitrany en Closa, 1994).

El aspecto inherente a la función de integración se encuentra en la «creación de grupos regionales». El marco es, desde luego, la funcionalidad que hay que dar a ciertos tipos de gobierno, donde el margen de actuación de la autoridad deberá estar determi­nado por requisitos técnicos, más que políticos. Esta noción de integración conlleva a otra dimensión, que es el neofuncionalismo: una teoría que tomó dimensión durante las décadas de 1950 y 1960, y que se insertó en ese ámbito con el postulado de que cualquier área política podría ser tratada más allá del Estado nacional; por ello, se acepta la intervención de una entidad supranacional, como una «comunidad económica», por ejemplo. En relación con la problemática de la migración global y local, es importante tomar en cuenta, más que nada, que en la geografía de la integración económica, el orden intergubernamental e interins­titucional reajusta los espacios para el libre mercado, pero no para la libre circulación de personas. Esta planificación cerrada es lo que daría una base para la construcción de dichas comunidades de integración de Estados, agrupadas por políticas económicas de común interés que privilegian los temas que pueden tener relación con una coyuntura o situación circunstancial. Por ello, se conciertan diálogos entre gobiernos para deliberar declaraciones conjuntas y planes de acción para avanzar hacia el establecimiento de proyectos de desarrollo económico con-

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juntos y la concreción de una forma de cooperación regional. Este fue el caso del Mecanismo de Tuxtla, en 1991, y el establecimiento del Plan Puebla Panamá (ppp), concebido como un instrumento para acelerar la integración de la región mesoamericana. El evento contó con la participación de mandatarios de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, y su agenda estuvo enmarcada en los principales temas vinculados con el desarrollo de Centroamérica y de México. El estímulo a que se constituyera «intergubernamentalmente» un marco de integración económica centroamericano, resultó también en el Protocolo de Tegucigalpa, en ese mismo año de 1991. Fue ahí donde se creó el Sistema de Integración Centroamericano (sica) a fin de dar un nuevo impulso al referido proceso para que Centroamérica fuera una “región de paz, libertad, democracia y desarrollo” (Blanco Fonseca, 2010). De acuerdo con Blanco Fonseca, hasta la fecha este sistema, específicamente para el caso de la región centroamericana, “ha avanzado muy poco en todas sus dimensiones (económica, política, jurídica y social)”.5 La institucionalización, que en ese sentido puede ser entendida como una práctica de institucionalidad6, tiene como elemento central interacciones gubernamentales o de gobiernos nacionales, pero el rol protagónico es de los actores «transnacionales», aquellos que establecen los diálogos de «alto nivel», estimulan alianzas y articulan negociaciones para la aplicación de políticas, etcétera7. 5 El autor señala que: “en el caso concreto de Centroamérica, podemos manifestar que lo antes planteado se ajusta en gran medida a la realidad del sistema institucional de su proceso de integración, pues por los fines que persigue, el sica es una organización de integración, pero por la conformación de su estructura institucional y su funcionamiento, estamos ante la presencia de una clásica organización internacional de cooperación de naturaleza intergubernamental en donde sus Estados creadores no comparten soberanía, sino que han creado dicha organización para coordinar ciertas acciones de gran relevancia para ellos, que muchas veces están relacionadas, principalmente, con aspectos coyunturales de índole política o económica” (Blanco Fonseca, 2010: 67). 6 La institucionalidad contiene “el espacio concebido por los tecnócratas, que es el espacio regulador de los organismos estatales, y el espacio caótico de los intereses capitalistas que buscan implantarse donde la plusvalía es más fácilmente realizable”. Por ello y en ello, subyace nuevas contradicciones (Lefebvre, 1976: 236). 7 Los Diálogos de Alto Nivel, llevados a cabo por la oim, sobre Migración y Desarrollo, incluyen los asuntos relacionados con la movilidad laboral internacional y regional, y sus efectos en el desarrollo, en lo que respecta al plano regional y mundial.

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La intergubernamentalidad entra en ese universo de prácticas como una estrategia política dentro de la Agenda Internacional para la Gestión de la Migración (2005)8, para identificar los principios comunes y las prácticas efectivas hacia una perspectiva planificada, equilibrada y global; por tal motivo, la gestión de la migración se da en una escala interestatal de gobiernos nacionales. En ese contexto, la agenda como instrumento internacional, creado en tanto referencia común para una estrategia integral de la política migratoria en un ámbito regional, pone en evidencia la necesidad de que los gobiernos establezcan procedimientos y técnicas para conducir el «fenómeno poblacional transnacional» de forma que se maximicen las ventajas para ellos; la agenda, por ejemplo, considera el aprovechamiento de la fuerza de trabajo que se mueve de manera irregular por las fronteras en la región y que necesita ser regulada y canalizada. El supuesto de un eventual orden espacial global para las migraciones, creado por dicha agenda precisamente para definir escenarios y situaciones locales, pone en evidencia, además, la reorganización de funciones (división social) que incluye jerarquías y privilegios, originando tanto una nueva división del trabajo como la división técnica del trabajo. La división técnica que surge con la agrupación interinstitucional para la gestión migratoria en la frontera sur, y que tiene su modelo en la Cooperación Internacional y en el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica o «Proyecto Mesoamericano» (pm), anteriormente ppp, desde luego cumple una función: como señala Sandoval Palacios (2001), «ha venido contribuyendo a crear un área completamente subordinada a la economía estadunidense». Cabe destacar que con el cambio del Plan Puebla Panamá al Proyecto Mesoamérica, la estrategia ha sido, en mayor medida, fortalecer la institucionalidad y buscar una imbricación más amplia con otros mecanismos regionales; en esa perspectiva, éstos tendrían vinculación con el Proyecto, pero también con la aplicación de medidas de ajuste estructural y con el avance en una política neoliberal. 8 gcim (2005) Las migraciones en un mundo interdependiente: nuevas orientaciones para actuar. Informe de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales. Consultado en «www.gcim.org/en/».

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Eso ha generado, sobre todo a partir de la década de 1990, ciertos cambios en términos de movilidad y migración en la región: ésta se volvió mucho más sistemática y observó mayor magnitud e importancia (Villafuerte, 2004). Este hecho ha dado pie al reforzamiento de la retórica basada en la «unión» o «hermandad» con los centroamericanos, que rebasaría, desde luego, el real significado de esta «profunda afinidad cultural» que se señala como aspecto en el proyecto. No obstante, la cultura fronteriza que nace de y en la división social del trabajo y la propia formación económica, es decir, en las relaciones de mercado, es lo que ha dinamizado los intercambios comerciales y las costumbres entre una franja y otra de la frontera sur; ello ha servido como elemento que refuerza la idiosincrasia y los discursos que adoptan esta particularidad étnica para los acomodos demagógicos de sus gobernantes. 2.2 La agenda política de atención a los migrantes en Chiapas: los apuntes vinculados al diálogo intergubernamental regional entre México y Centroamérica En la intención de consolidar el proceso de integración regional, dados los así denominados «excelentes lazos de amistad y cooperación existentes entre las naciones que conforman el Mecanismo de Tuxtla», algunos de los asuntos políticos acordados en la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla hacen referencia a la necesidad de que se aplique una agenda migratoria que abarque la problemática en escala regional. En dicho diálogo se propusieron mecanismos para la región mesoamericana basados en un enfoque de atención integral al fenómeno migratorio, reconociendo sus diversas causas y sus aportes positivos tanto para los países de origen como los de destino; así quedó manifiesto en la XIII Conferencia Regional sobre Migración (crm), realizada en Honduras, en 20089. 9 X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. Declaración de Villahermosa. (Consultado el 12 de enero de 2014 en «www.sice.oas.org/tpd/cacm_mex/.../villahermosa_decl_280608_s.doc»)

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El compromiso con la protección y el respeto a los derechos humanos de los migrantes y sus familias, independientemente de su calidad migratoria, se establece en el diálogo como principio esencial; de ahí se deriva que las políticas deben ser acordes en materia de definición y elaboración de instrumentos y normas migratorias, aplicadas en los países que participan del mecanismo, y que se basan en la «responsabilidad compartida» para ejecutar mejores polí­ ticas, programas y acciones que resulten en formas de “migración legal, ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas”. El objetivo principal para fortalecer institucionalmente la creación de una agenda migratoria de alcance regional se centra en el desarrollo de un «enfoque integral» de la migración transfronteriza que incluya una gestión ordenada de los flujos migratorios para el mutuo beneficio de los países emisores y receptores de la migración, sea como territorio de destino o de tránsito. Por ello, se evidencia como iniciativa del estado de Chiapas una organización y agrupamiento interinstitucional mucho más sistematizados que en periodos anteriores para dar cuenta de la gestión migratoria; política que incluso está mucho más vinculada con el mismo proyecto político de Desarrollo para la Frontera Sur. El hecho de incorporar a este proyecto el tema de la migración ha exigido que los gobiernos del estado de Chiapas apliquen acciones que incluyan a esta población. Empieza, pues, un modelamiento en ese espacio con la intervención de los grupos institucionales y de los individuos, que aun cuando ostentan intereses diversos, permiten visibilizar una sinergia entre los distintos niveles de órdenes; todo ello, bajo una racionalidad genuina de las escalas nacionales (gobierno federal, regional, estatal y municipal), o bien derivada de la escala internacional. Entra en escena la «cooperación», que es lo que ha vinculado la problemática de la migración con el desarrollo regional involucrando tres escalas: norteamericana, mesoamericana y centroamericana; dicha cooperación se basa en la ideología de gestión de la migración. No obstante, la política aplicada por el gobierno del estado de Chiapas se posiciona, en el sexenio 2006-2012, como un «modelo» local-regional, sostenido por mecanismos interinstitucionales e

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instrumentado como una «agenda de atención transversal», cuya estrategia ha sido generar una coordinación de trabajos con el apoyo del gobierno federal, y un diálogo intergubernamental que incluye la actuación de los distintos agentes políticos, religiosos y sociales. A diferencia del sexenio anterior (2000-2006), no hay duda de que la gubernatura sucesora demuestra pública y específicamente la intención de agrupar instancias de poderes distintas. Prueba de ello son los resultados exhibidos en los informes de gobierno, donde se destaca un orden de gobierno estatal que ostenta mayor liderazgo político, sobre todo en ámbito regional e internacional, aunque figure como una entidad de coadyuvancia en materia de política migratoria federal. El cambio, transmitido en el lema «¡Son hechos, no palabras!»10, se cuadra dentro de una retórica perteneciente al discurso del desarrollo; si bien su contenido es mucho más económico que social, presenta un proyecto político distinto, que toma como base tres ejes específicos: Cooperación Internacional (que vincula Enlace y Política Internacional con Ciudades Hermanas); Atención a Migrantes (Chiapanecos en el exterior y Protección a Migrantes), y Desarrollo Mesoamericano (vinculación Mesoamericana y Proyectos de la Frontera Sur). En ese contexto se asigna a la migración una importancia mucho mayor, como elemento que atrae atención internacional y genera una imagen distinta para la frontera; por ello, la migración y el tema de la trata y tráfico de migrantes entran como pautas relevantes en la agenda estatal, saltando a la luz como un problema «nuevo» que, desde luego, no lo es, sino que aparece como un acontecimiento distinto, como hechos que traen de nueva cuenta los movimientos internacionales de población en situación irregular que pasan por la frontera de Chiapas y requieren una «atención integral». Este señalamiento ha exigido una respuesta mucho más específica en materia de coordinación y organización, lo cual implica 10 Eslogan institucional del sexenio 2006-2012. En su contenido comunica que «las acciones del gobierno ya son hechos, esfuerzos reales y no sólo palabras o promesas», dando identidad a la forma de gobierno. Manual de identidad gráfica, Chiapas Gobierno del Estado (consultado el 5 de diciembre de 2011 en «www.fpchiapas.gob.mx/transparencia/im/ manual-de-identidad.pdf»).

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Mapa 2.1 Distribución de los sectores institucionales en Tapachula, Chiapas

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de trabajo de campo. Tapachula, Chis. 2008-2010.

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agrupar una serie de sectores para fortalecer la estructura institucional de la agenda estatal, donde las decisiones sobre la gestión integral y el tema migratorio toman como eje a la ciudad de Tapachula, emplazando en ésta una densidad de instituciones, como se aprecia en el mapa 2.1 y el cuadro 2.1 que le complementa. Cuadro 2.1 Distribución de los sectores institucionales en Tapachula, Chiapas Nombre

cp

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, A.C. Centro de Atención a Niñas, Niños y Jóvenes Migrantes-Centro Día Instituto Municipal de la Mujer Movimiento Ciudadanía Popular. A.C. Visitaduría General del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, en Tapachula Oficina cndh, en Tapachula Jurisdicción Sanitaria Región VII Soconusco Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), Oficina de Terreno del acnur en Tapachula Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (fevimtra-pgr) Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Inmigrantes Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Tapachula ife, Distrito Tapachula Unidad de Enlace Centro de Investigación y Seguridad Nacional (cisen) en Tapachula Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tapachula Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría del Trab. y Prev. Social. Oficina Tapachula Comando del Sector V de la Policía Estatal Preventiva Consulado General de El Salvador en Tapachula Consulado de Nicaragua en Tapachula Consulado de Guatemala en Tapachula Consulado de Honduras en Tapachula Consulado de Ecuador en Tapachula Oficialía del Registro Civil Instituto de la Juventud de Tapachula El Colegio de la Frontera Sur (ecosur) Universidad Autónoma de Chiapas Campus Tapachula Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida, A.C. Estación Migratoria Siglo XXI, Delegación Regional en Chiapas Delegación de Tránsito de Tapachula de Córdova y Ordóñez Centro Asistencial Xilonem A.C. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (comar), Delegación en Tapachula Organización Internacional para las Migraciones (oim), Oficina en Tapachula Subsecretaria de Cooperación Internacional y Atención a Migrantes Comisaría de la Policía Federal Preventiva. Sector VII Casa del Migrante Scalabrini, A.C. Delegación del Instituto Nacional de Migración inm en Chiapas Grupo Beta Sur Oficina de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (inm) en la ciudad de Tapachula Albergue Temporal de Menores y Madres Migrante dif Estatal Albergue Jesús El Buen Pastor del Pobre y del Migrante. A.C

30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30700 30710 30710 30726 30735 30777 30779 30779 30779 30789 30789 30796 30796 30820 30623

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de trabajo de campo. Tapachula, Chis. 2008-2010.

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La concentración institucional en esta ciudad indica una intervención que se perfila como estrategia política, sea por las prácticas que ahí se desarrollan en el ámbito institucional, sea por la participación cooperativa de los actores con dicha estrategia, cuyas acciones, aunque se relacionan con la cuestión de la migración, preponderantemente se orientan al fortalecimiento de la agenda política gubernamental estatal; no obstante, a cada uno le corresponde ocuparse de su marco rector, que tiene que ver con su orden específico y que orienta los trabajos que se realizan en la ciudad. 2.3 El fortalecimiento de la política institucional y los marcos rectores y contradictorios reflejados en las prácticas de atención a los migrantes en Tapachula En el análisis de la intervención que se genera por la concentración institucional en la ciudad, algunas prácticas de los sectores institucionales, entre las que se incluye las actividades realizadas por la red local de la sociedad civil, muestran distintas acciones de proyección, con base en sus marcos rectores. Entre ellas se encuentran las que se imponen a través de la cooperación regional y del apoyo a la gestión de la migración, a partir de una logística cuyo modo operativo no hace sino reforzar la política gubernamental estatal, bastante representativa —y, por consiguiente, compagina con la propuesta de la política para la frontera sur, direccionada a la escala de gobierno federal. Aparte de las acciones gubernamentales e intergubernamentales, otras proyecciones son las que se derivan de las acciones fundadas en los derechos humanos, y en la asistencia voluntaria y ciudadana a los migrantes, como actividades que van creando otra forma de organización espacial por la presencia local de la red de asociaciones civiles, que muchas veces están en contra de la imagen que proyecta la política gubernamental y manifiestan sus desacuerdos hacia los múltiples propósitos de esta política estatal de atención a los migrantes. La proyección de la cooperación regional y la gestión de la migración, representada, en su mayoría, por el sector intergubernamental de las misiones consulares de Guatemala, Honduras, El Salvador, y más precisamente, por la oim, resulta de lo que se per-

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sigue como «acciones conjuntas, donde se muestra la coherencia en el marco práctico de cooperación de todos los grupos», como fue señalado por un representante consular de Honduras. En relación con las principales acciones que realizan estos sectores institucionales, la política de atención a los migrantes, de acuerdo con las formas de actuar de los actores gubernamentales y no gubernamentales, o de la sociedad civil, consiste, precisamente, en el hecho de producir alguna intervención ante la manifestación de la problemática de la migración. La situación genera mayormente una incidencia de los servicios gubernamentales concretos, como los que son prestados por las instituciones federales o estatales específicas, tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (comar). Éstas, a pesar de tener como blanco de acción los Derechos Humanos y la ayuda a los refugiados, representan en la ciudad una estructura cuya incidencia es precisamente de poder gubernamental federal; similar es el caso de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes (pjge), de la Jurisdicción Sanitaria, que brinda servicios de atención médica, o de la Subsecretaría de Atención a Migrantes, cuyos servicios son específicamente de iniciativa e incidencia del gobierno estatal. De ese modo, resulta pertinente para el presente análisis retomar algunos testimonios reflejados en las veintinueve entrevistas realizadas en la ciudad, tipificadas de la siguiente manera: Grupo 1 (en adelante G-1), que se ha subclasificado en Sector Gubernamental Federal (sg-f)11, Sector Gubernamental Estatal (sg-e)12, Sector Gubernamental Municipal (sg-m), y Sector Intergubernamental de Misión Internacional (sig-mi)13. 11 Instituto Nacional de Migración (inm) Delegación Regional Chiapas, Subdirección de Regulación Migratoria, Grupo Beta de Protección a Migrantes, cndh, comar. 12 vii Jurisdicción Sanitaria, Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra Inmigrantes, Subsecretaría de Cooperación Internacional y Atención a Migrantes, ife-Distrito Electoral Chiapas. 13 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), Consulado de Guatemala en Tapachula y en Ciudad Hidalgo; Consulado de Honduras; El Salvador.

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Grupo 2 (en adelante G-2), que abarca el sector no gubernamental, compuesto por profesionales de los Medios de Comunicación (mc)14, de Asociación Civil de Derechos Humanos y de Derechos Sexuales (ac-dh; ac-ds)15, de Organización Política, Social y Sindical (opss)16, y Acción Solidaria y Humanitaria (ASyH)17. En ambos grupos se ha hecho la distinción por género (mujer/ hombre), aparte de la agrupación a la que corresponda. Acerca de los testimonios sobre las actuaciones e intervenciones de los sectores institucionales, señala el representante de la cndh que la presencia de esta institución en la frontera se derivó de lo que «se veían como ciertas circunstancias, por la vinculación con la población guatemalteca, con lo que sucedía en este tiempo, por ahí de 1997-1998, con lo que sucedía en las estaciones migratorias también, y con el trato que se daba a los migrantes»; estos hechos exigían del gobierno federal una respuesta efectiva en materia de la atención a los derechos humanos de esta población, y añade: Hombre 1(SG-F). En relación con nuestra actuación, no nos enfocamos en la parte histórica o social del lugar que tenemos que trabajar, sino tomamos en cuenta el panorama local y, principalmente, el cumplimiento de ciertos derechos en la frontera sur. Por esa razón llegamos para actuar bajo un planteamiento global, desde el marco de los derechos humanos, que implica un reconocimiento de cuáles son los derechos que tiene una persona y qué derechos son respetados; y más que nada, la situación de la gente que no les da un debido proceso. Por ello, aplicamos como marco práctico el trabajo en el campo, con visitas constantes en los lugares, aparte de ser oficina; por esa razón, hay un planteamiento diferenciado para la región (G-1, Tapachula, 25 de enero de 2010).

En esa perspectiva, se actúa de forma diferenciada, aplicando los distintos «tratamientos» que requiera el caso que se esté presentando en la frontera sur; dependiendo de su situación, como Cronista, periodista, comunicador de radio local, librero (oficio). Dirigentes del movimiento ciudadano popular, dirigente de movimiento político local, dirigentes de asociaciones civiles de Derechos Humanos, A. C., y de Salud sexual. 16 Dirigentes comunitarios. 17 Profesionistas dedicados al trabajo social dedicados a la ayuda humanitaria. 14 15

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informan algunos entrevistados, las acciones se destinan a “atender la demanda que se da en cada uno de los lugares”, o bien a “defender y promover que las cosas suceden en materia de derechos humanos”; pero, sobre todo, a dar “fortalecimiento institucional en materia de capacitación de derecho internacional”. Por esta razón manejan sus prácticas bajo su marco temático, por área, o por lo que llaman «zona geográfica», delimitadas por la necesidad de acción. Una peculiaridad es lo que reafirman los sectores de Organismos intergubernamentales internacionales en materia de Cooperación, pues al expresar sus opiniones dejan claro el necesario alejamiento respecto de la complejidad local, en función de sus acciones y por el estricto cumplimiento de sus prácticas. Algunas de las instituciones que llegaron a la frontera con una misión puntual desde el segundo lustro de los noventa, actúan solamente en un determinado tema; tal es el caso de la acnur y la comar, que atienden, precisamente, la situación de los refugiados. Estas instituciones (internacional y nacional, respectivamente) adoptan la postura de distanciarse de los problemas de dimensión estatal, dejado claro en su discurso que sus prácticas deben estar alejadas de otras complejidades que se presenten en el ámbito local, dado que «en función de sus acciones» y por el «estricto cumplimiento de sus objetivos», su institución «no se involucra en cuestiones de la política interna, porque no es asunto de nosotros». En ese contexto, explica otra entrevistada, representante de la misión para los refugiados: Mujer 1(SIG-MI). Nosotros aquí en la frontera sur tenemos un mandato muy en particular que es la protección internacional a las personas que están en necesidad de ayuda humanitaria y […]. No tenemos mucho que ver con las políticas migratorias en sí, porque prácticamente nuestro trabajo es muy, muy exclusivo, muy específico con solicitantes de la condición de refugio; es decir, llegamos donde nos necesitan, ¿no? O sea, si hay una operación grande de refugiados en x lugar pues ahí la institución llega o establece nuestras oficinas (G-1, Tapachula, 25 de enero de 2010).

Las actividades de las instancias que tienen como principal marco de acción la prestación de servicios directamente vinculados con

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la política del gobierno federal, como el Instituto Nacional de Migración (inm) y el Grupo Beta Sur de protección a los migrantes, son direccionadas al tema migratorio, sea en el ámbito de la regulación y del control migratorio, sea en acciones de rescate, salvamento y canalización de aquellos migrantes que sufren algún tipo de violencia en el camino. La organización interinstitucional, en ese sentido, además de concentrar sus prácticas en los servicios ofrecidos por el gobierno de Chiapas, se ha fortalecido en la retórica de la publicidad ideológica. Ejemplo de ello es la sustitución, en el año 2010, de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas por el Consejo Estatal de los Derechos Humanos18, que, según los nuevos propósitos, fue refundada para dar otra funcionalidad a la acción de vigilar el respeto a los Derechos Humanos en el estado. El Consejo, que cuenta con distintas comisiones, entre ellas la «Comisión de Atención a los Derechos Humanos de Migrantes», ha modificado estructuras y funciones en su organismo, ampliado atribuciones y fortalecido el desarrollo de sus facultades, como se expresa en el Artículo 6 de la Ley Estatal: [El organismo] tendrá como función principal la protección a los derechos de los migrantes, suministrando la asistencia inmediata a las víctimas; así como atendiendo las causas y efectos del fenómeno migratorio a través de la fórmula de proyectos, propuestas, negociaciones y acciones en beneficio de este grupo.

En ese marco, la Comisión reúne importantes cooperantes que, puesto que guardan algún tipo de relación con la migración en el estado, le brindan apoyo en el desempeño de las funciones. Éstos son: el Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas, la Organización Internacional para las Migraciones (oim), la Agencia de la onu para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y la Organización Internacional del Trabajo. 18 Atendiendo a lo dispuesto en el Decreto No. 382 con fecha 27 de octubre de 2010. Portal cedh, «www.cedh-chiapas.org/portal/», consultado en diciembre de 2011.

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El propósito es, entonces, actuar más allá de una mera coadyuvancia política, fortaleciendo, incluso, la imagen «solidaria y humana» del gobierno. Para ello transforma palabras en hechos concretos, en monumentos que simbolizan el poder de influencia, como la edificación de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional (spdfs), construida el año 200919. Acerca de ello, explica el entrevistado representante del sector correspondiente: Hombre 3(SG-E). Precisamente por la importancia que tiene el haber elevado al rango constitucional los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y en esa lógica de respeto a los derechos humanos y principalmente de atención y difusión a los grupos más vulnerados, es que el gobierno del estado crea la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur, que tiene dos Subsecretarías: una de Atención al Migrante y la otra del tema Mesoamericano. Esta Subsecretaría que maneja dos temas importantes, ahora tres, que es el tema de atención a migrantes chiapanecos en el exterior, tiene como instrucción del señor gobernador Sabines, atender el tema de los migrantes como un tema transversal, así como otros temas de equidad, medio ambiente y el gran problema de la dispersión de los grupos poblacionales que ante ello se crea el Instituto de Ciudades Rurales (G-1, Tapachula, 3 de febrero de 2010).

La creación de una secretaría para la frontera sur, señala el representante, se justifica por estar el tema internacional obligado en la región y, por consiguiente, el tema migratorio, dada la ubicación geográfica del estado, que tiene a Guatemala como país vecino. Por otro lado, explica que: Hombre 4(SG-E). Sobre todo, por los lazos sanguíneos, de amistad y de cooperación que tenemos con el pueblo de Guatemala, y con todo Centroamérica. Esta red sanguínea y de amistad que tenemos con estos pueblos hermanos es, entonces, una muestra legítima de las buenas intenciones del gobierno del estado creando la 19 De la Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales se transfieren las atribuciones a la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur que en materia de relaciones internacionales le correspondían. Periódico Oficial del Estado, 30 de diciembre de 2009 (consultado el 16 de noviembre de 2011 en «www.spdfs.chiapas.gob.mx/doctos/decreto_045.pdf»).

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Secretaría, que incluye en sus políticas públicas las problemáticas de la frontera sur como es la migración que, para nosotros, está inmerso en los temas de desarrollo contemplado perfectamente en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 (G-1, Tapachula, 3 de febrero de 2010).

Otro hecho de dimensión simbólica se da con la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes (2008), “instancia única en el país”, como publicitaba el diario local El Orbe, el 29 de agosto de 201020, un signo más de poder gubernamental y de avance en materia de estrategia política para generar una imagen de un gobierno defensor de los derechos de los grupos de migrantes en tránsito, comprometido con la po­ lítica migratoria nacional. Teniendo como foco de acción el brindar servicio específico gubernamental, la labor de la Fiscalía es, básicamente, ofrecer a las mujeres y hombres «inmigrantes en situación de peligro las garantías para acceder a la justicia y el derecho condicionado para el debido proceso legal»21, como explica el representante del sector encargado de dichas actividades: Hombre 5(SG-E). En lo que respecta a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de los Inmigrantes, se crea en junio de 2008, como parte de las políticas públicas del señor gobernador, cuando inicia funciones en Tapachula. ¿Por qué en Tapachula? Porque aquí se daba la presencia de los Consulados Centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, entonces el órgano nace en sí por la petición de ellos, debido al factor de vulnerabilidad que existía en los migrantes (G-1, Tapachula, 2 de febrero de 2010). 20 El Orbe. Fiscalía de Inmigrantes en Chiapas, instancia única en su tipo a nivel nacional (2010). Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29 de agosto (consultado el 6 de noviembre de 2011 en «elorbe.com/rojas/07/29/fiscalia-de-inmigrantes-en-chiapas-instancia-unica-en-su-tipo-a-nivel-nacional.html». 21 Aunque el acceso a la justicia y el derecho al debido proceso que tengan los «migrantes que transitan por territorio nacional», de acuerdo con la nueva Ley de Migración (Título Quinto, Capítulo Único, Artículos 66-69, Fracciones I-VI; Artículos 70-76) o cuando, considerados como «personas en situación de vulnerabilidad» (Título Sexto del Procedimiento Administrativo, Capítulo VII, Artículo 113; o lo que se expresa en el Artículo 109, Fracción V), no se establecen en ella los mecanismos ni las garantías para que este derecho se haga efectivo, sea a nivel federal o estatal.

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Dicha institución, iniciativa del gobierno estatal, toma como base la dinámica particular que se genera en lo urbano de la frontera y en los municipios fronterizos, “donde normalmente se dan los pasos informales, que son más de cuarenta y cuatro, y solamente son como cinco pasos formales”. En torno a ello, la ciudad cuenta con toda la infraestructura en materia de servicios que se pueden proporcionar al migrante: “como es el albergue, hospitalización, alimentación y vestido además de que aquí está lo que es inm y otras instancias que apoyan al migrante”. Llama la atención el representante añadiendo que “en sí, la Fiscalía se dedica a la investigación y persecución del delito”, y sólo puede actuar “siempre y cuando haya una denuncia que perseguir”. Las labores de la Fiscalía, además, están en estricta coordinación con los Consulados, y, según informa el entrevistado, “a los migrantes se les invita a que vengan a denunciar, se les acobija como víctimas del delito en su momento, después de que la investigación se haya realizado a cabo, y haya dado resultados positivos” (G-1, Tapachula, 2 de febrero de 2010); es decir, son ellos la parte operativa que brinda la justicia a la población en actividad migratoria. La vida real y la práctica demuestran contradicciones en una forma de gobierno cuya finalidad es limitar no únicamente los deseos y libertades de la masa poblacional —pues se interviene en el derecho de vivir su proceso en la ciudad bajo el discurso de la «atención al migrante»—, sino también dominar las prácticas institucionales, sometiéndolas al poder político-administrativo de la entidad. No se trataría de una injerencia en las prácticas de dichas instituciones, pero sí de una intención y acción estratégica y ambivalente de algunos de los agentes de poder gubernamental, como se puede apreciar con la promoción, por parte del poder ejecutivo estatal, de hacer valer un trato con modos más «humanos y solidarios» hacia los migrantes, captado incluso a través de las entrevistas. La retórica que se reproduce en los discursos de los agentes de diferentes sectores, cuyas expresiones van tomando fuerza como lenguaje adoptado por los cooperantes de la política de gestión migratoria, exige, desde luego, un constante y cercano diálogo con las distintas escalas sociales, incluyendo la administración interinstitucional y su relación con la escala municipal.

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Respecto de ello, señala un entrevistado del sector gubernamental federal que habría «buena aceptación para trabajar con los grupos interinstitucionales», aunque en su opinión sea “poco lo que se materializa en los trabajos conjuntos”. En relación con el acercamiento entre lo gubernamental, lo intergubernamental, lo no gubernamental, y la sociedad civil, es este sector de regulación migratoria el que demuestra una mayor cercanía, tanto con las demás instituciones —sobre todo con la representación de las misiones internacionales— como con lo que dice respecto de la problemática de la ciudad y de la región. En materia de coordinación y convergencia, comenta una entrevistada que existe una debilidad en este ámbito, porque “los consulados, que están para representar a sus connacionales y apoyarlos en todas sus necesidades, aquí en la ciudad no dan ese tipo de ayuda completa que el extranjero requiere”. Añade que en materia de prácticas de las ong locales de Derechos Humanos, por ejemplo, y su relación con el Instituto, el diálogo es “de difícil conciliación”, ya que los del Instituto que se vuelven “blanco de críticas y ataques constantes” por parte de estas asociaciones por el tema del control o del trato que les dan a los migrantes, cuando están asegurados en la Estación Migratoria. En general, empero, opina que “las relaciones son buenas”, tanto con el sector gubernamental como con la sociedad civil. La política de atención a los migrantes llevada a cabo por el gobierno de Chiapas y fortalecida por la agrupación interinstitucional, mueve una multiplicidad de prácticas y acciones, pero también complejidades y contradicciones. Lo que se expresa en los discursos de la red consular, a través de las entrevistas con sus representantes, es que ha habido un ambiente bastante privilegiado para el trabajo coordinado en la frontera sur, que hace que las actividades fluyan en conjunto y acordes a sus líneas de acción propia, según la demanda de cada uno. Todo este arreglo, desde luego, fortalece y beneficia la política de desarrollo regional impulsada por el Estado. Dicha relación institucional de cercanía, según lo que comenta el representante consular de El Salvador, no se da únicamente por el respeto a los derechos humanos de los migrantes, aparejada en la

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idea de considerar los lazos históricos con la región, sino también porque existen otros intereses en juego, como la “relación con los países centroamericanos como los principales socios de Chiapas”, hecho que marca la necesidad de un trabajo conjunto entre la entidad y la región centroamericana. 2.4 La agenda migratoria y otros problemas en la frontera sur: lo interinstitucional en la ingobernabilidad de los asuntos locales En el ámbito de la coordinación entre la política del estado y los municipios no siempre se alcanza una buena relación, dado que es ésta la escala que más sintetiza los problemas, pero que también los adecua según sus reglas internas, sus lógicas del habitar y sus costumbres comunes, sin que eso signifique que se encuentre bajo la imposición de la política estatal. El municipio, dentro de una producción de escalas, es el territorio de la realización o de la imposibilidad de materialización de una estrategia de poder, sobre todo si hay maniobras políticas para adecuar asuntos internacionales con problemáticas bastante locales. Eso implica una articulación distinta entre la escala estatal y los municipios que, a menudo, no es de sencilla interacción; por ello, es un factor que puede generar conflictividad en el espacio creado por los hechos y que toca temas y problemas de la vida cotidiana. Precisamente sobre este punto, explica un entrevistado representante del G-222, que forma parte del sector Organizaciones Políticas, Sociales y Sindicales (opss), que son muchos los conflictos y las contradicciones expuestas en la política impuesta por el gobierno estatal a escala municipal. La presencia de un flujo que proviene de la vecindad con Guatemala, refleja en lo urbano de la frontera sur problemas traídos por esta población, como la mendicidad y la exposición de los migrantes a trabajos infrahumanos, como llama la atención el siguiente entrevistado: 22 Con el cambio del Grupo para G-2 se reinicia la numeración correspondiente al género del entrevistado, de acuerdo con el sector que está representando.

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Hombre 6(MC). Vemos y te das cuenta que el 90% de la mendicidad es de gente de Guatemala sobre todo, la gran mayoría es de Guatemala. Son niños que están en la calle, son niños que están pidiendo limosna, o niños que andan limpiando parabrisas, son niños que están prostituyéndose, son niños que trabajan en los basureros, o niños parte de una estructura, es ¡éste!, como lo dijo Gabriel García Márquez en su momento “es parte de la hojarasca”, parte de todo lo que viene, ¡¿no?! (G-2, Tapachula, 26 de enero de 2010).

Las asociaciones civiles locales son vistas como la contraparte de la política interinstitucional y, según opina una entrevistada, la razón es que: Lamentablemente en el espacio gubernamental lo que siempre hemos percibido es una respuesta demasiado política más que nada, cuando nosotros hacemos denuncias de la situación que viven las personas centroamericanas.

Además, añade una crítica a la actuación del gobierno del estado, expresando que: Mujer 3(AC-DH). Llámese grupos interinstitucionales, redes, comités, este u otro nombre, creo que hemos caído en una fase, cómo podría llamarlo, una “fase de imagen” más que de prácticas, más que de acciones concretas que vayan encaminadas hacia la verdadera acción. Son las acciones que permitan cambios estructurales en la población que, en este caso, es la población migrante. Por ello sí es muy preocupante la existencia de todos estos espacios que terminan siendo solamente una imagen, que viene a fomentar la imagen que el gobierno estatal ha ido creando con la presencia de todas estas instituciones, que son únicamente espacios políticos y no espacios de diálogo abierto, de cambios y de buscar cambios estructurales, que nos permitan a la sociedad civil, a las instancias gubernamentales, a los organismos internacionales, buscar y coadyuvar mejoras ¡¿no?! (G-2, Tapachula, 3 de febrero de 2010).

Esta relación entre discurso político y realidad social a menudo resulta en posturas que no están muy de acuerdo unas con las otras. Es decir, ante el entresijo de instituciones que se instalan en la ciudad, los residentes por ejemplo, entienden el hecho como una deficiencia existente en las propias instituciones del estado, que no

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funcionan, razón por la que tuvieron que venir otras foráneas para hacer frente a la situación; según sus opiniones, no se trataría del problema mayor de la sociedad chiapaneca, dado que habría otros mucho más urgentes para ser resueltos. Sin embargo, el temperamento particular de la localidad, la idiosincrasia —elemento evidente en el lenguaje de la ciudad—, emite otra lectura más precisa que, por una parte, deja entrever que “sí, ha habido cooperación”, pero, por otra, “no deja de subsistir la muerte y la estafa, el robo y el saqueo de esas pobres gentes que van en busca de un destino mejor, eso sí es cierto y no hay vuelta de hoja” (Hombre 11(OPSS), G-2, Tapachula, 25 de enero de 2010). En muchas entrevistas se insiste en la idiosincrasia del lugar como uno de los más significativos rasgos tanto en el reconocimiento mutuo del migrante con la otredad, como en el sentido de unidad —el «nosotros»— entre los habitantes del lugar cosmopolita. Eso se revierte en un comportamiento de benevolencia, de tolerancia hasta cierto punto, que se expresa en ayudas, como señala un entrevistado: Cuando viene una persona que me encuentro por ahí y me dice: hermano, soy hondureño, no he comido; inmediatamente, le tiendo una ayuda y le digo toma. O si tocan en la puerta de mi casa les apoyo, porque tienen derecho, como el propio gobierno de Chiapas lo ha dicho (G-2, Tapachula, 23 de enero de 2010).

La cuestión está en que «nadie sabe qué hacer», porque como a menudo la política se aleja de la vida cotidiana de los habi­tantes, ellos tienden a responder de acuerdo con la costumbre, pues, como resalta un residente, finalmente «no sabemos a qué estamos comprometidos». La forma de receptividad por parte de los residentes hacia los migrantes, según informan los entrevistados, es atenderlos como “nosotros residentes de la ciudad”, tratándolos en acuerdo con el sentido “cosmopolita” del lugar, que ha sido creado históricamente en el imaginario social; por esta razón, explica un entrevistado, no le pueden decir a esta gente migrante, sobre todo a quienes piden apoyo a la ciudadanía, “¡Oigan, lárguense de aquí!”, ya que, según su testimonio:

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Hombre 11(OPSS). Seguimos siendo cosmopolitas, eso significa tratarlos bien, ocuparnos de ellos, acercarnos y preguntar: ¿Oye tienes para beber agua? La reacción de uno es, mire, bueno pues le doy una jarra de agua y así sucesivamente, ¡¿no?! La percepción nuestra es seguir siendo cosmopolitas, nosotros los habitantes; mientras que las autoridades no actúan así, no sé por qué. Cosmopolitamente hablando no se da así, al menos por parte de ellos, con la autoridad municipal tal vez un poquito, pero, eso ya lo dijimos. Porque sí, efectivamente, los que actúan mal son los estatales y federales (G-2, Tapachula, 25 de enero de 2010)

2.5 Conclusiones A través de nuestro trabajo puede apreciarse la celebración de la cooperación interinstitucional que significa una proyección de intereses diversos, de acuerdo con los marcos rectores que con­ducen las prácticas de cada uno de ellos. Dicha proyección puede observarse en la forma como se crean o fortalecen las retóricas, con pala­ bras, con imágenes o volviendo cosas y objetos del dominio de las representaciones e ideologías. Asimismo, al tratarse de una producción de relaciones estratégicas que articulan distintas escalas, se mostró que a menudo son las buenas relaciones interinstitucionales las que prevalecen. Estos hechos —con muchas palabras de por medio— suscitan indagaciones sobre para qué, o a servicio de quién, están laborando finalmente estas instituciones en Chiapas, dado que, al parecer, hay políticas, dentro de la racionalidad, que buscan imponer la política gubernamental estatal de atención a los migrantes y una gestión que integra medios y fines; al hacerlo, sin embargo, se enfrentan con la realidad social existente en la propia región fronteriza y en la vida cotidiana de la ciudad, que someramente concuerdan con dichas estrategias. Por otra parte, el discurso de la cooperación interins­ titucional, alzado a la idea de la integración regional con base en la afinidad cultural y la unión con Centroamérica, queda alejado completamente de la vida cotidiana del lugar; esto se ve reflejado, precisamente, en los relatos de los residentes. El histórico intercambio que ha conformado las sociedades fronterizas y las relaciones entre mexicanos y centroamericanos involu-

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cra temas que no se han contemplado en la agenda del Diálogo de Alto Nivel regional: cuestiones relativas a la prostitución, el aprovechamiento de la mano de obra inserto en la ideología de la trata de personas —y que es materia para las actividades llamadas «de giro rojo»—, la mendicidad, la explotación de trabajo infantil, la estigmatización del cuerpo del sujeto migrante… todo ello invisible en los acuerdos para el desarrollo económico entre los socios del ámbito regional. ¿Qué más se encuentra en esta producción del espacio en la frontera regional entre México y Centroamérica? Se encuentra tanto confluencia de ideas como disyuntivas, que contradicen o corroboran con actitudes, sean de aceptación o de rechazo hacia la población foránea, incluso a la llegada de instituciones nacionales e internacionales para fortalecer la ideología del gobierno estatal, principalmente en lo que tiene que ver con la retórica de solidaridad gubernamental y de hermandad entre la frontera sur en Chiapas y la región centroamericana. Todo ese entramado, que resulta de las distintas prácticas y de una producción y articulación de espacios de representación y escalas de órdenes de decisión para conducir a la masa de población migrante —y que está sometido a la ideología de la gestión integral—, además de imponer más barreras y fronteras de intervención en su modo de existencia, por las relaciones sociales que se expresan en el lugar, los van relegando cada vez más como sujeto social y político. Por consiguiente, vemos que no ocurre el estricto respeto a los derechos humanos de los migrantes ni tampoco el derecho manifiesto de libertad de circulación por las fronteras y al paso por la ciudad en su proceso de tránsito. Bibliografía Andrijasevic, Rutvica and Walters, William (2010). “The International Organization for Migration and the international government of borders”, Environment and Planning D, Society and Space, 28(6): 977-999. Casillas Ramírez, Rodolfo (1992). Los procesos migratorios centroamericanos y sus efectos regionales. México : Flacso.

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Cárdenas, Fredy Salvador. Consulado de Guatemala. Entrevista realizada en Tapachula el 27 de enero de 2010. Cuellar Hernández, Nelson. Consulado de El Salvador. Entrevista realizada en Tapachula el 5 de febrero de 2010. Fabre Platas, Carlos. Subsecretaría de Cooperación Internacional y Atención al Migrante. Entrevista realizada en Tapachula el 3 de febrero de 2010. García Davish, Juan de Dios. Periodista y Fotógrafo. Entrevista en Tapachula el 26 de enero de 2010. Garza Dávila, Guillermo Eugenio. Asociación Frente Único Pro Soberanía de Soconusco, A. C. Entrevista realizada en Tapachula el 23 de enero de 2010. Galdámez Rivera, José. Universidad Autónoma de Chiapas. Entrevista realizada en Tapachula el 22 de enero de 2010. Lutman Balderas, Jorge. Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra Inmigrantes en Chiapas. Entrevista realizada en Tapachula el 2 de febrero de 2010. Mijangos Solís, Artemio. Sistema Chiapaneco de Radio y TV. Entrevista realizada en Tapachula el 26 de enero de 2010. Pérez García, Héctor. Consejo Nacional de Derechos Humanos. Entrevista realizada en Tapachula el 25 de enero de 2010. Pérez Reyes, Antonio Enrique. Movimiento Ciudadano Popular A.C. Entrevista realizada en Tapachula el 5 de febrero de 2010. Pineda Pineda, José Armando. Consulado de Honduras. Entrevista realizada en Tapachula el 5 de febrero de 2010. Rodríguez Velazco, Fermina. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Entrevista realizada en Tapachula el 3 de febrero de 2010. Santiago Guerrero, Marcela de. Jurisdicción Sanitaria N° VII, Secretaría de Salud de Chiapas. Entrevista realizada el 27 de enero de 2010. Santos Mondragón, Salomón. Administración de la Casa del Migrante Albergue Belén. Entrevista realizada en Tapachula el 1 de febrero de 2010. Velasco Ochoa, Carlos. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Entrevista realizada en Tapachula el 29 de enero de 2010.

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Vázquez Oropeza, Jorge Alberto. Delegación Regional Grupo Beta de Protección a Migrantes. Entrevista realizada en Tapachula el 4 de febrero de 2010. Vélez Leal, Victoria Eugenia. Jurisdicción Sanitaria N° VII, Secretaría de Salud de Chiapas. Entrevista realizada el 4 de febrero de 2010. Yzar Domínguez, Jorge Humberto. Delegación Regional del inm en Chiapas. Entrevista realizada en Tapachula el 29 de enero de 2010.

3. La circulación de personas en los procesos de integración regional y los desafíos para las zonas fronterizas: el caso del mercosur Dardanelli, Mariela1 Introducción Los actuales procesos de integración regional deben, insoslayablemente, encarar el tema de la circulación de personas y avanzar en el tratamiento de los temas fronterizos en todas sus dimensiones. ¿Cuál es el nuevo rol del espacio fronterizo en un proceso de integración? Este panorama supone una ampliación de la frontera nacional de cada país en una inserción regional, pero también una reformulación de una frontera regional separadora de otras líneas divisorias de otras regiones del mundo. Se desdibujan unas fronteras y se construyen otras, con las consecuentes construcciones simbólicas que darán lugar a nuevos procesos identitarios. En América Latina las realidades fronterizas son heterogéneas pero hay homogeneidades en la problemática que enfrentan las comunidades allí asentadas. Son zonas de influencia de poblaciones que han organizado sus acciones por sistemas simbólicos en la particularidad de desarrollar su vida cotidiana en contacto con dos jurisdicciones pertenecientes a dos o más países.

1 Investigadora y asesora en temas migratorios. Montevideo, Uruguay, «mdd_uy@ yahoo.com».

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Las diferencias y las similitudes serán mayores o menores dependiendo de las particularidades de la línea divisoria, ya sea natural o artificial —río, montaña, laguna, cerro, calle, parque…— y, fundamentalmente, de la características históricas, lingüísticas y sociodemográficas de las poblaciones de ambos márgenes. Actualmente las fronteras sudamericanas, en términos generales, han incrementado su población y muestran una incipiente mejora de sus indicadores sociolaborales en algunos casos, aunque los desafíos son muy grandes. En la mayoría de ellas, está pendiente una mayor presencia de instituciones estatales, una mejora de la gestión migratoria, la formalización de los mercados de trabajo, el acceso a los servicios y prestaciones sociales y la garantía de los derechos laborales de los pobladores. En estas líneas, entre tantos enfoques posibles para abordar el tema fronterizo, nos centraremos en lo concerniente al tratamiento institucional de los procesos de integración sudamericanos, especialmente el caso del mercosur. En primer lugar se debe considerar la historia de los países que en la actualidad integran el proceso de integración regional, fundamentalmente los conosureños; en segundo lugar, se debe conocer la actual movilidad de las poblaciones fronterizas atendiendo las causas estructurales, coyunturales, desigualdades salariales, ausencia o presencia de políticas de protección social, redes, transnacionalismo y asimetrías institucionales en ambos lados de la frontera, además de la especial dinámica de familiares binacionales para poder planificar políticas publicas. 3.1 La reconfiguración de las fronteras ¿Qué supone un proceso de integración regional y cómo incide en el tema migratorio? Un proceso de integración siempre debe contemplar la movilidad de los nacionales de los países que lo integran y de sus familiares, lo que supone ir perfilando lineamientos generales para la gobernabilidad migratoria regional. Es aquí donde se observa una reconfiguración de las fronteras en el sentido de que las fronteras nacionales, con la soberanía que

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mantiene cada país, pasan a estar insertas en una frontera regional, con pautas y mecanismos acordados regionalmente que, a su vez, se insertan en el contexto internacional. Se abre un nuevo panorama internacional entre flujos intrarregionales y extrarregionales que deben atender los países que forman parte de estos procesos de integración. En términos generales, la migración entre países limítrofes del cono sur tuvo principalmente a Argentina como país de destino desde hace décadas. En los últimos años se ha observado una mayor movilidad entre países no limítrofes y un aumento sostenido de la movilidad intrarregional entre los diferentes países. Un punto de inflexión importante fue la crisis que atravesaron algunos países como Argentina y Uruguay a comienzos de este siglo. En ese momento, además de un aumento significativo de la migración, en Uruguay se observó un desplazamiento interno de población hacia las zonas de frontera. Las zonas fronterizas han aumentado sus población local, convirtiéndose, en muchos casos, en zonas de un gran dinamismo económico. Particularmente, en la última década se observa que los países sudamericanos van perfilándose como países de origen y destino de las migraciones. La crisis por la que se atravesó a inicios del año 2000 incrementó los porcentajes históricos de emigración de nacionales de nuestros países hacia Estados Unidos y, principalmente, hacia Europa, particularmente a España. En los últimos tiempos, debido a la crisis desatada en estos países y a las políticas represivas hacia los inmigrantes se produjo el retorno de nacionales que ha sido más reducido de lo que podía esperarse, a la vez que se observó una disminución de la emigración hacia aquellos países y una tendencia constante de mayor movilidad entre los países sudamericanos. Todo esto solamente plantea parte de la complejidad del tema y pone de manifiesto la necesidad de generar instancias interinstitucionales capaces de atender la multiplicidad de movimientos y convivir con ambos patrones, de inmigración y emigración, a los que se suman los flujos de retorno. La circularidad de los proyectos migratorios implica el reto en materia de gestión migratoria de crear un modelo de integración re-

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gional que brinde a los ciudadanos de los países las garantías para su movilidad en los diferentes Estados. También hay que tener en cuenta que los flujos migratorios no son homogéneos en su composición. En los últimos años se ha observado el creciente fenómeno de la feminización de las migraciones, pero también se observa que los flujos están compuestos por una gran heterogeneidad de situaciones: trabajadores con baja calificación, con alta calificación, estudiantes, personas con largas historias laborales, otras sin antecedentes de trabajo o sólo de ocupación informal —lo que, en muchos casos, tiene serias consecuencias en los países donde deciden ir a residir— y últimamente también el personal de empresas regionales. Ya que el tema migratorio ha cobrado una mayor presencia en las agendas públicas en Sudamérica, el tema de la circulación de personas en los últimos años ha tenido continuidad en su tratamiento. 3.2 El mercosur En un comienzo el mercosur surgió como un proceso de integración regional relacionado solamente con cuestiones comerciales y aduaneras, pero como el objetivo de la libre circulación de bienes y servicios no puede ser ajeno a la libre circulación de personas, el proceso de integración regional excedió los límites comerciales y se amplió a toda la temática que concierne a la institucionalidad estatal de los países. La libre circulación de personas es un objetivo del proceso de integración regional ya que es una condición necesaria para lograr el proyecto de integración social y cultural llamado mercosur, cuyo objetivo es la construcción de una comunidad en un espacio ampliado en la región. Existe a nivel regional un importante consenso que marca los lineamientos para la conducción de una política que atienda la movilidad de personas en la región. La gobernabilidad migratoria es un tema transversal en las políticas públicas por lo que se debe trabajar en la articulación interinstitucional, aspecto que ha sido más lento de lo previsto. Veremos más adelante que la asimetría más importante a trabajar en el planteamiento de las políticas públicas

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son las condiciones mínimas y equivalentes en prestaciones de seguridad social, por lo que se convierten en tema central. El mercosur ha sido el proceso que, más allá de las dificultades que se observan, ha avanzado más en el tema de la libre circulación de personas, el cual cobra especial relevancia con los actuales redimensionamientos de los procesos de integración y el surgimiento de la Unión de Naciones Suramericanas (unasur). En la actualidad, los Miembros Partes del mercosur son Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Paraguay; encontrándose en trámite la adhesión de Bolivia —que en estos momentos es un Estado Asociado— como Miembro Parte. El mercosur tiene como Estados Asociados a Chile, Colombia, Perú y Ecuador; en 2013 se firmó un acuerdo en la Reunión del Consejo de Mercado Común (cmc) que permitió el ingreso de Guyana y Surinam en tal condición. La unasur, está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. El Artículo 3o, inciso k de su Tratado constitutivo establece la cooperación en materia migratoria, con un enfoque integral, bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regulación y la armonización de políticas.

Como se observa, todos los países de Sudamérica —ya sea como Estados Partes o Asociados— integran el mercosur. Hay redefinición de integraciones, Venezuela ha dejado de pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones (can) y Bolivia lo hará al pasar a ser Estado Parte del mercosur. 3.3 El avance regional respecto del tema migratorio Es destacable el alto número de ratificaciones de los Instrumentos Internacionales y Regionales en materia migratoria por parte de la mayoría de países de América del Sur, como la promulgación de leyes nacionales modernas, inspiradas en los Instrumentos Internacionales —Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los trabajadores migrantes y sus familiares, la

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Convención sobre Delitos de Tráfico y Trata de Personas, Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (oit)— y en los avances de Acuerdos ratificados en el mercosur. Esto a nivel de mercosur se ha dado en Argentina (Ley 25781) y Uruguay (Ley 18250), Brasil tiene en estudio parlamentario un proyecto de ley migratoria. En el actual contexto internacional es inviable que los países puedan determinar y enfrentar en forma aislada el tema migratorio, lo que cobra trascendencia cuando pasan a integrar un bloque donde deben contemplar políticas comunes con la interna de la región, aspecto que comienza a perfilarse también a futuro con un posicionamiento regional en el panorama internacional. Es así que los acuerdos binacionales, regionales y multilaterales han cobrado una gran trascendencia. Hoy en día, el tratamiento de los temas migratorios ha ido perfilándose hacia los principios rectores de los lineamientos de los Instrumentos Internacionales de respeto de los Derechos Humanos de las personas migrantes. 3.4 El diseño de políticas migratorias en el nuevo panorama regional e internacional El diseño de las políticas migratorias a nivel regional está pautado en gran parte por los compromisos asumidos por los países en la ratificación de los Instrumentos Internacionales y Regionales en la materia y por el objetivo de construir un proyecto de integración entre los países para el bienestar de todos los Estados involucrados, lo que supone necesariamente la movilidad de las personas en esa región. Es así que las decisiones en materia migratoria comunes deben ajustarse de acuerdo con las normativas internas. Las reglamentaciones internas, en consonancia con la legislación, deben diseñarse de acuerdo con los principios consagrados en los Instrumentos Regionales, porque suelen requerir ajustes importantes para garantizar la transparencia de los actos administrativos. Por lo tanto, como ya se ha debatido en muchos foros, América Latina deberá diseñar políticas migratorias que respeten los Instrumentos Internacionales y Regionales e incluyan:

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•El tratamiento de la intensificación de los flujos migratorios intrarregionales; •la emigración de nacionales; •la recepción de históricos y nuevos flujos de inmigrantes extrarregionales; •la heterogeneidad de los flujos en sí mismos; y •la realidad de la movilidad fronteriza. En el caso específico del tratamiento de las migraciones la­ borales, se debe observar la adecuación de la normativa laboral con relación al ejercicio de actividad laboral por parte de trabajadores extranjeros en el país en una visión amplia que involucre temas de trabajo, empleo y seguridad social y, por lo tanto, acceso a prestaciones sociales. No debemos olvidar que en los procesos de integración regional se impone la noción de mercado de trabajo regional, donde el tema de políticas de empleo cobra mayor importancia. esa noción de mercado de trabajo ampliado a nivel regional, que trasciende lo nacional, debe ir generándose paulatinamente en la medida en que los países van avanzando en sus gestiones internas en cuanto a los temas de empleo, trabajo —inspecciones, derechos, garantías para el trabajador y empleador—, trabajo infantil, políticas de género y formación profesional. 3.5 Homogeneización de los derechos consagrados en los países: el acceso al mercado laboral La circulación de personas demanda una homogeneización de los derechos de las personas en los Estados Partes, lo que constituye un desafío para las políticas públicas de los países. Avanzar en el objetivo de la integración regional implica avanzar en la libre circulación de trabajadoras y trabajadores, así como garantizar los derechos laborales de los nacionales de los países miembro que van a residir en otro Estado Parte del mercosur. Y al mismo tiempo es impostergable avanzar en la normativa sobre la movilidad de trabajadores en zonas fronterizas como parte de ese escenario. Esto es muy importante y es condición previa al de-

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sarrollo en otros aspectos, por ejemplo en materia de políticas de desarrollo productivo e inversión; y en planes de desarrollo fronterizo binacionales. La formalización de los mercados de trabajo en general, particularmente en zonas fronterizas, debe ser una meta compartida, por lo que existen medidas interesantes en este sentido. 3.6 Principales acuerdos El paso más trascendente es el reconocimiento de los derechos de las personas por ser nacionales de los Estados Partes y asociados del mercosur. Respecto de la movilidad de personas, hay algunos Acuerdos que cobran especial trascendencia, como los siguientes: 3.6.1 Declaración Sociolaboral del mercosur (1998) La Declaración Sociolaboral del Mercosur es importante porque plasma la dimensión sociolaboral en la región al incorporar un artículo sobre los derechos de los trabajadores migrantes. Su artículo primero establece: Todo trabajador tiene garantizada la igualdad efectiva de derechos, tratamiento y oportunidad en el empleo y ocupación, sin distinción o exclusión por motivo de raza, origen nacional, color, sexo u orientación sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideológica, posición económica o cualquier otra condición social o familiar, en conformidad con la disposiciones legales vigentes. Los Estados Partes se comprometen a garantizar la vigencia de este principio de no discriminación. En particular, se comprometen a realizar acciones destinadas a eliminar la discriminación en lo que refiere a los grupos en situación desventajosa en el mercado de trabajo.

Y el artículo cuarto: Todos los trabajadores migrantes, independientemente de su nacionalidad, tienen derecho a ayuda, información, protección e igualdad de derechos y condiciones de trabajo reconocidos a los nacionales del país en que estuvieran ejerciendo sus actividades. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas tendientes

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al establecimiento de normas y procedimientos comunes relativos a la circulación de los trabajadores en las zonas de frontera y a llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar las oportunidades de empleo y las condiciones de trabajo y de vida de estos trabajadores.

3.6.2 Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes y Asociados (firmado en 2002 y vigente desde 2008) Consagra derechos a los ciudadanos de los Estados Partes y Asociados que lo hayan ratificado, y otorga los beneficios para otorgar la residencia temporaria, que garantiza los siguientes derechos: a) A ejercer el trabajo en cualquier actividad por cuenta propia o como dependiente Así lo establecen los artículos: 1. Las personas que hayan obtenido su residencia conforme lo dispuesto en el artículo 4º y 5º del presente Acuerdo tienen derecho a entrar, salir, circular y permanecer libremente en territorio del país de recepción, previo al cumplimiento de las formalidades previstas por éste y sin perjuicio de restricciones excepcionales impuestas por razones de orden público y seguridad pública. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, en las mismas condiciones que los nacionales de los países de recepción, de acuerdo con las normas legales de cada país.

b) Igualdad de derechos civiles Los nacionales de las Partes y sus familias que hubieren obtenido residencia en los términos del presente Acuerdo gozarán de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas de los nacionales del país de recepción, en particular el derecho a trabajar; y ejercer toda actividad lícita en las condiciones que disponen las leyes; peticionar a las autoridades; entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de las Partes; asociarse con fines lícitos y profesar libremente su culto, de conformidad a las leyes que reglamenten su ejercicio.

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c) Reunificación familiar A los miembros de la familia que no ostenten la nacionalidad de uno de los Estados Partes, se les expedirá una residencia de idéntica vigencia que de la persona de la cual dependan, siempre y cuando presenten la documentación que se establece en el artículo 3º, y no posean impedimentos. Si por su nacionalidad los miembros de la familia necesitan visación para ingresar al país, deberán tramitar la residencia ante la autoridad consular, salvo que de conformidad con la normativa interna del país de recepción este último requisito no fuere necesario.

d) Trato igualitario con nacionales Los inmigrantes gozarán en el territorio de las Partes, de un trato no menos favorable que el que reciben los nacionales del país de recepción, en lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral, especialmente en materia de remuneraciones, condiciones de trabajo y seguros sociales.

e) Compromiso en materia previsional Las Partes analizarán la factibilidad de suscribir convenios de reciprocidad en materia previsional. f) Derecho transferir remesas Los inmigrantes de las Partes, tendrán derecho a transferir libremente a su país de origen, sus ingresos y ahorros personales, en particular los fondos necesarios para el sustento de sus familiares, de conformidad con la normativa y la legislación interna en cada una de las Partes.

g) Derecho de los hijos de los inmigrantes Los hijos de los inmigrantes que hubieran nacido en el territorio de una de las Partes tendrán derecho a tener un nombre, al registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad, de conformidad con las respectivas legislaciones internas.

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Los hijos de los inmigrantes gozarán en el territorio de las Partes, del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad con los nacionales del país de recepción. El acceso a las instituciones de enseñanza preescolar o a las escuelas públicas no podrá denegarse o limitarse a causa de la circunstancial situación irregular de la permanencia de los padres.

h) Promoción de medidas relativas a condiciones legales de migración y empleo en las Partes: Las Partes establecerán mecanismos de cooperación permanente tendientes a impedir el empleo ilegal de los inmigrantes en el territorio de la otra, a cuyo efecto adoptarán entre otras, las siguientes medidas: i) Mecanismos de cooperación entre los organismos de inspección migratoria y laboral, destinados a la detección y sanción del empleo ilegal de inmigrantes; ii) Sanciones efectivas a las personas físicas o jurídicas que empleen nacionales de las Partes en condiciones ilegales. Dichas medidas no afectarán los derechos que pudieran corresponder a los trabajadores inmigrantes, como consecuencia de los trabajos realizados en estas condiciones; iii) Mecanismos para la detección y penalización de personas individuales u organizaciones que lucren con los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores inmigrantes, cuyo objetivo sea el ingreso, la permanencia o el trabajo en condiciones abusivas de estas personas o de sus familiares; iv) Las Partes intensificarán las campañas de difusión e información pública, a fin de que los potenciales migrantes conozcan sus derechos. v) Aplicación de la norma más benéfica: El presente Acuerdo será aplicado sin perjuicio de normas o disposiciones internas de cada Estado Parte que sean más favorables a los inmigrantes.

3.6.3 Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del mercosur (aprobado en 1997, vigente desde 2005). El acceso a la Seguridad Social en temas de movilidad de personas cobra especial trascendencia.

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Este Acuerdo establece en sus principales artículos: Los derechos de Seguridad Social se reconocerán a los trabajadores que presten o hayan prestado servicios en cualquiera de los Estados Partes reconociéndoles, así como a sus familiares y asimilados, los mismos derechos y estando sujetos a las mismas obligaciones que los nacionales de dichos Estados Partes con respecto a los específicamente mencionados en el presente Acuerdo […] El presente Acuerdo también será aplicado a los trabajadores de cualquier otra nacionalidad residentes en el territorio de uno de los Estados Partes siempre que presten o hayan prestado servicios en dichos Estados Partes.

3.7 La circulación de trabajadores a nivel nacional de los Estados Partes y en zonas fronterizas La circulación de personas tiene dos niveles de abordaje: a) A nivel nacional Donde cada Estado Miembro y Asociado garantiza el derecho a la movilidad intrarregional y los demás derechos consagrados. Esto implica un reconocimiento de derechos a los nacionales de los otros Estados Partes en igualdad de condiciones que sus nacionales, lo que da lugar a un consenso regional en concesión de derechos compartidos regionalmente y a un tratamiento diferencial para los migrantes regionales y extrarregionales. Un aspecto central es la consideración al derecho de la resi­ dencia temporaria sin necesidad de justificar actividad laboral y medios de vida para la realización de dicho trámite. La consideración de los requisitos de residencia para los migrantes extrarregionales depende de la decisión soberana de cada país, no existiendo hasta el presente debates relativos al tema. b) A nivel fronterizo No se cuenta aún con un estatuto de ciudadano fronterizo a nivel del mercosur; incluso no se ha dado cumplimiento al Acuer-

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do para el otorgamiento de la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo en la mayoría de las localidades contempladas en el mismo, que en la realidad solamente facilita el tránsito entre las líneas divisorias por lapso de horas, no concediéndoles derecho fronterizo alguno. En 2002 se creó el Grupo Ad Hoc sobre Integración Fronteriza y en 2007, el Grupo de Trabajo sobre Integración Fronteriza; ambos cuentan con logros muy limitados. Sin embargo, a nivel binacional, hay importantes avances, como los de las fronteras Uruguay-Brasil y Argentina-Brasil, países que firmaron en 2002 y 2005, respectivamente, el Acuerdo de Localidades Fronterizas Vinculadas. En la actualidad se estudia una propuesta basada en los acuerdos bilaterales vigentes para lograr un Acuerdo Fronterizo del mercosur. 3.8 La frontera Uruguay-Brasil En 2002 tiene lugar la «Nueva Agenda de Cooperación y Desarrollo Fronterizo Brasil-Uruguay». En ese marco se crearon cuatro grupos de trabajo: •Salud; •educación y formación profesional; •cooperación policial y judicial; y •medio ambiente y saneamiento. En ese mismo año se aprobó el Acuerdo Permiso de Residencia, Estudio y Trabajo para los Nacionales Fronterizos Uruguayos y Brasileños, entre el gobierno de la República Oriental del Uruguay y el gobierno de la República Federativa del Brasil. Este Acuerdo, concederá a los habitantes de una lista de las localidades vecinas fronterizas acordadas, en un radio de veinte kilómetros a ambos lados de la línea divisoria, el permiso para: a) Residir en alguna localidad vecina del territorio de la otra parte; b) ejercicio del trabajo, oficio o profesión con las consiguientes obligaciones y derechos a la Previsión Social; c) asistencia a establecimientos de enseñanza pública o privada.

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Los derechos se extienden a pensionistas y jubilados. La calidad de fronterizo se concederá por cinco años, se podrá renovar por igual período y después será por tiempo indeterminado. A través de este Acuerdo se concede un Documento Especial Fronterizo que tiene como requisito la presentación del documento de identidad de país de origen, comprobante de residencia, probatorio de carencia de antecedentes penales y el pago de la tasa contributiva. Existe un Acuerdo complementario para prestación de servicios de salud y también existe avances en complemen­tación de acuerdos en materia judicial, prevención de delitos y educación y formación profesional. Recientemente, en la Reunión de Alto Nivel (ran) y el Grupo de Alto Nivel (gan) entre Brasil y Uruguay se determinaron objetivos importantes en común para la concesión de la residencia permanente entre los países —lo que constituiría una superación del Acuerdo de Residencia del Mercosur— y para la facilitación del otorgamiento del Documento Especial Fronterizo, asimismo en varios aspectos para la mejora de la gestión binacional fronteriza. 3.8.1 ¿Cómo generar políticas fronterizas en el marco de un proceso de integración regional? Se debe atender la especificidad de la situación de la población que habita en las zonas fronterizas y desarrolla su vida cotidiana a ambos márgenes de la frontera internacional para acceder al trabajo, la recreación, los servicios de salud y de educación. En el entendido de que la integración en las áreas de frontera supone la complementación binacional o trinacional de los países para el desarrollo de las regiones, es necesario avanzar en las asimetrías estructurales. Aunque el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (focem) constituye un logro importante por su carácter redistributivo para tratar las inequidades, las asimetrías más preocupantes son las institucionales, las cuales generan diferencias importantes para lograr adelantos en las gestiones públicas. Por eso, la escasa presencia estatal de algunos países en algunas fronteras del mercosur hace que las diferentes realidades fronterizas tengan como

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requisito la solución de estos aspectos para poder plasmar proyectos de desarrollo productivo comunes. Los Acuerdos fronterizos, como los de Uruguay-Brasil y Argentina-Brasil, contemplan la realidad de las personas que viven de un lado de la frontera, pueden trabajar de uno, otro o ambos lados en dos trabajos simultáneos y acceder a la educación, salud y prestaciones sociales; además las personas pueden residir en uno de los lados, trabajar en otro y sus hijos estudiar en diferentes países cada uno. El Acuerdo de Residencia facilita el trámite a los trabajadores que van de un lado a otro de la frontera sin establecer distinciones, ya que es muy importante la residencia en el país donde el trabajador va a desarrollar una actividad laboral, para gozar de las mismas condiciones que el trabajador nacional. Aunque existe el Acuerdo, la realidad de frontera es otra cosa, en ésta la vida se desarrolla simultáneamente entre dos países; quienes van a otro país al menos tienen un documento de viaje que los habilitó a llegar, en las fronteras todavía hay gente que carece de documentos, de ahí la necesidad de posibilitarles un documento fronterizo que deberá ser reconocido por las instituciones públicas de los países involucrados. En algunas fronteras, como la de Uruguay-Brasil, se demanda la ampliación de la franja de veinte kilómetros establecida en el Acuerdo Binacional para las Localidades Amparadas, que ha ido aumentando lo que es positivo como reflejo del grado de integración, pero esto a nivel regional, en Sudamérica ni en otras fronteras del mercosur, se propondría fácilmente, por lo que es importante aunar esfuerzos para avanzar en estos temas consensuadamente. 3.9 Los desafíos actuales Por un lado, es necesario avanzar en la implementación de los Acuerdos y superar los ya existentes, y que su efectivo cumplimiento sean difundidos y garantizados mediante reglamentaciones con requisitos accesibles para los nacionales de los países. Por otro lado, queda clara la exigencia de avanzar en el tratamiento de lo relativo a las zonas fronterizas e instrumentar acuerdos específicos de localidades fronterizas a nivel binacional y regional

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para lograr un estatuto fronterizo lo más amplio posible pero que determine los derechos esenciales de las personas. Como se expresó anteriormente, los lineamientos generales para instrumentar medidas para garantizar la circulación de personas están delimitados, pero hay importantes dificultades en el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Residencia en algunos casos, solamente Uruguay-Brasil y Brasil-Argentina otorgan un documento fronterizo, no se ha podido instrumentar la Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo en la mayoría de las localidades implicadas en el Acuerdo, por lo que se debe avanzar en temas de seguridad social en áreas fronterizas. También es muy importante tener en cuenta que el mercosur ha logrado, en comparación con otros procesos de integración, avanzar en cuanto a la circulación de personas en forma más notoria, lo que se traduce en la inclusión de la temática de acceso al empleo y de los cuentapropistas, lo que no sucede en otras realidades. Tanto el Acuerdo de Residencia como el Documento Especial Fronterizo, otorgado bajo el amparo del Acuerdo Bilateral Fronterizo entre Uruguay-Brasil y Brasil-Argentina lo contemplan. De lo anterior se desprende el tema central: aunar esfuerzos binacionales en materia de política de empleo y, a su vez, continuar con el trabajo conjunto de Inspecciones de trabajo coordinadas a nivel binacional en zonas de frontera, además de ampliar esta práctica para garantizar los derechos de los trabajadores en función de la gran vulnerabilidad en la que muchos se encuentran, en forma especial en algunos sectores de actividad en las zonas fronterizas. A veces es posible disponer de datos que permitan caracterizar socioeconómicamente la frontera, pero se tienen en menor grado de la capacidad de gestión y del grado de articulación para poder llevar a cabo los planes diseñados a partir de esos diagnósticos, lo que vuelve ambos diagnósticos necesarios y complementarios. 3.10 La construcción de ciudadanía y la movilidad de personas en la región A nivel regional, en 2010, la X Conferencia Sudamericana de Migraciones aprobó el Plan Sudamericano de Desarrollo Humano para las Migraciones, cuyas directrices contemplan:

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•El respeto de los derechos humanos de las personas migrantes; •la globalidad e integralidad del fenómeno migratorio; •el derecho a no migrar; •la reunificación familiar; •el derecho de retornar al país de origen; y •el acceso a los derechos ciudadanos y servicios sociales en los países de destino. En diciembre de 2010, a su vez, el Consejo del Mercado Común (cmc) del mercosur decidió establecer un «Plan de Acción para la Conformación Progresiva de un Estatuto de la Ciudadanía del mercosur», integrado por un conjunto de derechos fundamentales y beneficios para los nacionales de los Estados Partes del mercosur y conformado con base, principalmente, en los siguientes objetivos: a) Implementar una política de libre circulación de personas en la región; b) otorgar igualdad de derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas para los nacionales de los Estados Partes del mercosur; y c) establecer igualdad de condiciones de acceso al trabajo, la salud y la educación. Para alcanzar estos objetivos se señala expresamente incluir los temas de circulación de personas: la facilitación del tránsito y la circulación en el espacio mercosur; la simplificación de los trámites, la agilización de los procedimientos de control migratorio; y la armonización gradual de los documentos aduaneros y migratorios. El Plan de Acción deberá estar implementado íntegramente para el trigésimo aniversario del mercosur. El Estatuto de la Ciudadanía del mercosur podrá ser instrumentado mediante la firma de un protocolo internacional que incorpore el concepto de «Ciudadano del mercosur» y forme parte del Tratado de Asunción. A su vez, recientemente el Grupo Mercado Común (gmc) aprobó el Plan para Facilitar la Circulación de Trabajadores en el Mercosur. Este Plan tiene como objetivo general desarrollar acciones, de aplicación progresiva, tendientes a facilitar la circulación de trabajadores del mercosur con vista a su inserción

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formal en las estructuras laborales de los Estados Partes, como una estrategia para mejorar la calidad del empleo en el merco­sur, incluyendo sus zonas de frontera, de conformidad con lo establecido especialmente en la Declaración Sociolaboral y en el Acuerdo de Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del mercosur y en los demás instrumentos regionales que tienen relación con el tema. A tales fines, el plan se desarrolla sobre dos ejes temáticos: la Libre Circulación de Trabajadores del mercosur y la Libre Circulación de Trabajadores del mercosur en zonas de fronteras. (mercosur/gmc/res. nº 11/13)

En 2012 unasur decidió iniciar el proceso de construcción de la ciudadanía Suramericana, dando prioridad a la dimensión migratoria (unasur/cjeg/decisión nº 8/201) y a la creación de un Foro de Participación Ciudadana de unasur (unasur/cjeg/decisión/nº7 /2012). Es necesario mencionar la creación del Instituto Social del mercosur y del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del mercosur que han propiciado actividades sobre los derechos humanos de los migrantes. 3.11 La necesidad de una mayor articulación interinstitucional Como se ha expresado, el tema de la movilidad de las personas en nuestros países, basada en la garantía y el efectivo cumplimiento de los derechos humanos consagrados y de igualdad de trato respecto de los nacionales de los países de acogida, demuestra claramente que la gestión de estos temas no recae solamente en los organismos de control migratorio, los cuales tienen el cometido de gestionar la tramitación de la documentación de las personas migrantes. El Foro Especializado Migratorio del mercosur y los Estados Asociados, integrado por delegados de los Ministerios del Interior, tiene por cometido el estudio del tema migratorio para desarrollar normas y proyectos regionales referidos al tema. En el futuro deberá tener instancias de articulación con los demás grupos de trabajo que también tienen vinculación con el tema migratorio.

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Es insoslayable la inclusión de los Ministerios de Trabajo en las instancias de discusión de las migraciones laborales y que no se continúe con la primacía exclusiva de las autoridades migratorias. Como se observa, en la actualidad, la complejidad de la gestión migratoria no recae sobre una sola institución estatal y es de fundamental importancia articular y coordinar interinstitucionalmente el acceso de la población migrante al mercado formal de trabajo. La regularización y la documentación de los trabajadores y las trabajadoras migrantes debe ir acompañada de la posibilidad de acceso al trabajo, debiendo propenderse a la formalización del mercado de trabajo en general para beneficio de todos los trabajadores, tanto nacionales como extranjeros. Es necesaria la articulación interinstitucional para abordar el tema y poder avanzar en la reglamentación de las normativas y los compromisos contraídos por los países. Un tema de fundamental importancia es que los Códigos Laborales estén en sintonía con los Acuerdos logrados regionalmente y con los Instrumentos Internacionales y Regionales ratificados por el país, referentes a las personas migrantes —como la Convención internacional para la protección de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares; las Convenciones y protocolos sobre el delito transnacional; los Convenios de la oit específicos sobre trabajadores migrantes; y, en general, todos aquellos temas que tienen directa vinculación con el tema—. La vulnerabilidad de trabajadores y trabajadoras migrantes es muy grande. La indocumentación, la irregularidad administrativa y la informalidad los hacen especialmente vulnerables en cuanto al respeto de sus derechos humanos y el ser víctimas de delitos de tráfico y trata de personas. Los procedimientos administrativos para acceder a la documentación deben ser accesibles en cuanto a los requisitos y el costo, garantizando la transparencia del procedimiento para evitar casos de corrupción y garantizar el debido proceso. Por otro lado, es necesaria la formalización de los mercados laborales para garantizar los derechos laborales de los trabajadores para que puedan ejercerlos y acceder a las prestaciones sociales contributivas y no contributivas de Seguridad Social.

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De nada sirve avanzar en Acuerdos de Seguridad Social si no se formaliza el mercado de trabajo para permitir el acceso a los beneficios de los Acuerdos en la materia, como el de Seguridad Social del Mercosur y el Iberoamericano. 3.12 Reflexiones finales Como se observa, el proceso de integración ha ido avanzando por lo que es necesario emprender nuevos desafíos. Los países vienen de historias diferentes y cuentan con procesos institucionales internos diferentes; de ahí el desafío de los compromisos cuando pasan a ser parte de un proceso de integración regional que, en todos los casos, en la actualidad contempla el respeto de los derechos humanos y el desarrollo de los países. Construir una ciudadanía del mercosur supone la libre circulación de personas en un espacio común donde se garantice el derecho al trabajo, el acceso a políticas públicas de empleo, la seguridad social, la formación profesional, la salud, la educación y la vivienda en todos los ámbitos nacionales y con especial adecuación en las poblaciones de las zonas fronterizas. Los avances en el ámbito de mercosur deben ser internalizados por las poblaciones involucradas y no ser percibidas como instancias protocolares ajenas a su vida cotidiana. En cuanto al concepto de ciudadanía de mercosur, compartimos con quienes afirman que supone la idea de garantizar los derechos individuales y la creación de un vínculo con una comunidad, lo que significa construir una identidad con vínculo de pertenencia a una comunidad. El logro de tal objetivo necesita de poblaciones informadas acerca de sus derechos y responsabilidades para que puedan ejercerlos; por lo tanto, el compromiso y la participación de la sociedad civil será fundamental. Existen importantes avances binacionales en zonas fronterizas, el caso más avanzado quizás sea la frontera Uruguay-Brasil. Se debe propender a la formalización de los mercados de trabajo en general, particularmente los fronterizos dada la alta vulnerabilidad de quienes habitan estas zonas. Estas nuevas realidades nos llevan a redefinir nuevas fronteras. Las fronteras nacionales están

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insertas en las fronteras regionales que, a su vez, van ampliándose, lo que también supone una nueva frontera internacional. 3.12.1 ¿Cómo construir estas fronteras? ¿Cómo crear instancias para generar ciudadanías regionales para los habitantes de los países involucrados? El mercosur ha avanzado en algunos Instrumentos Regionales y en muchas reglamentaciones gracias a la labor de los múltiples grupos de trabajo de la diversidad de temas que son abordados en cada agenda de una presidencia pro témpore, pero la información es escasa y no se difunde. Con excepción de las declaraciones presidenciales y los temas comerciales, los demás aspectos son poco tratados públicamente. Los trámites parlamentarios y las realidades propias de algunos países hacen más lenta o más rápida la internalización en cada Estado de aquellos Acuerdos y Reglamentaciones consensuadas. Es así que el Acuerdo de Residencia Mercosur luego de ser aprobado, mientras estaba en trámite parlamentario en los Estados, se comenzó a aplicar bilateralmente en algunos países que lo aprobaron rápidamente hasta llegar a la aplicación regional. Hoy este Acuerdo ha sido ratificado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en calidad de Estados Partes, y, como Estados Asociados, por Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. La aplicación de estos Acuerdos a veces es lenta y requiere de legislaciones y reglamentaciones internas de los diferentes países. De ahí el reto que se tiene delante. Otro aspecto a tener en cuenta es que las legislaciones migratorias y en materia laboral entre los países son diferentes, aunque existen grandes similitudes en el tratamiento de estos temas por parte de los países conosureños. También es bueno recordar que no existe homogeneidad de criterios en los diferentes países para el tratamiento de ciudadanos extranjeros en sus territorios; esto se ha ido modificando lentamente en función de los compromisos regionales. Por ejemplo, dentro de las políticas públicas las condiciones mínimas y equivalentes en prestaciones de Seguridad Social son un tema central para abordar

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las asimetrías regionales. El mayor reto es instaurar la participación de la sociedad civil de los países previendo instancias formales de participación en las deliberaciones de temas de tanto interés. Los nuevos marcos legales deberán ser debatidos e implementados correctamente para que puedan ser internalizados por las poblaciones involucradas para que no se conviertan en meros actos protocolares. Las reglamentaciones e instructivos administrativos deberán ser transparentes, se asegurará el derecho al debido proceso y los costos de los trámites no deberán ser un impedimento para que las personas accedan a la documentación necesaria para poder ejercer sus derechos al trabajo, la salud y la educación; asimismo, para que la sociedad civil pueda participar plenamente deberá poder acceder a la información de las resoluciones de todos los ámbitos de trabajo del mercosur. El Foro Social del Mercosur es una instancia muy importante, pero se debe convertir en un proceso de superación. A diferencia de otros procesos regionales, en mercosur se destaca la participación social de trabajadores y empresarios en los Órganos Sociolaborales. La participación ciudadana cobra mayor relevancia en un proceso de integración regional porque en gran parte se sustenta en las experiencias que en este sentido se hayan generado a lo largo de la historia de los Estados. Cuando los migrantes optan por un país de residencia, las historias de vulnerabilidad de derechos se ponen de manifiesto en múltiples aspectos y las desigualdades internas se extienden regionalmente. Para poner un solo ejemplo, al observar las referencias que existen acerca del delito de trata de personas, se aprecia que hay más bibliografía vinculada con la movilidad internacional que con éste, razón por la que surgen varias interrogantes: •¿Qué pasa con la trata de personas a nivel nacional en los diferentes países? •¿Cómo deberían ser construidos los procesos de creación de ciudadanías regionales para que puedan ser efectivos y tener incidencia directa en las poblaciones?

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•¿Cuáles serían los mecanismos de participación ciudadana regional? •¿Se podrá pensar en una participación que vaya más allá de las elecciones parlamentarias para elegir representantes en el parlasur, el cual es un organismo que ha tenido muchas dificultades para su funcionamiento y que ha postergado el plazo de elección directa de sus parlamentarios para 2020? En la visión más optimista, viendo los resultados alcanzados, se podría pensar que como aconteció con los Acuerdos Regionales —que han comprometido a los países a avanzar en el tratamiento de temas de documentación migratoria, acceso a trabajo, educación, salud, etcétera— en cuanto al tema de la participación ciudadana, los compromisos regionales harán posible, en un futuro, una mayor participación de la ciudadanía para el bien común de la región, y que el proceso de integración tendrá continuidad más allá de coyunturas políticas y económicas. Al revisar las fechas de aprobación de los acuerdos y las resoluciones importantes, incluidos los aspectos fronterizos entre Uruguay y Brasil, se puede observar que han sido alcanzados en períodos gubernamentales de diferente corte político y en diferentes coyunturas económicas, no siempre favorables. Es necesario que la ampliación del número de países en el mercosur sea acompañada por el avance de los países en la aplicación de las normas comunitarias. Por otro lado, un objetivo a debatir es si el ingreso de nuevos países requiera de la ratificación de los Instrumentos Regionales vigentes. Por ejemplo, observando la importancia de los Acuerdos de Seguridad Social del mercosur y de Residencia, Venezuela, que ha pasado a ser miembro pleno, no ha ratificado ninguno de ellos, ¿esto no ameritaría una análisis?, ¿al incorporarse los países, no deberían tener la ratificación de los Acuerdos logrados con anterioridad? De no ser así, se podría incursionar en un proceso de estancamiento del trabajo comunitario en la implementación de logros importantes, o en un retroceso en el lento avance de temas ya acordados, como el objetivo de la libre circulación de personas.

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Los desafíos son muchos y la construcción de un proceso de integración regional demandará del compromiso y la participación de todos para poder alcanzar el bienestar de los pueblos. De ahí nuestra felicitación a la organización de este Congreso, que sin duda, se ha convertido en una referencia de los temas fronterizos en los procesos de integración de América Latina y será un ámbito propicio para debatir sobre los desafíos actuales y futuros de nuestra región. Bibliografía Ceriani, Pablo (2011). “Luces y sombras de la legislación migratoria latinoamericana”, Revista Nueva Sociedad, No. 233, mayo-junio, 2011. Chiarello, Leonor (dir) (2013). Las políticas públicas sobre migraciones y la sociedad civil en América latina. Los casos de Bolivia, Chile, Paraguay y Perú. New York : Sacalabrini Internacional Migration Network. ciess, oim, oit (2010). Migración y Seguridad Social en América. México : Centro Internacional de Estudios de Seguridad Social. Gallinatti, Carla (2009). “Ciudadano e inmigrante: la permeabilidad de las fronteras clasificatorias en la construcción de un sujeto entre fronteras”, ponencia en el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Río de Janeiro, junio 2009. Giustiniani, Rubén (2004). Migración: un derecho humano. Comentarios a la Ley Nº 25.871. Buenos Aires : Prometeo. Marguid, Alicia y Salinas, Viviana (2010). “Inserción laboral y acceso a mecanismos de seguridad social de los migrantes en Iberoamérica”. En : Migración Internacional: Serie Población y Desarrollo, Santiago de Chile : cepal. Mármora, Lelio (1997). Las políticas de migraciones internacionales. Buenos Aires Madrid : oim-Alianza Editorial–. Mármora, Lelio (2010). “Modelos de gobernabilidad migratoria, la perspectiva política de América del Sur”, Rev Inter Mob Brasilia xviii(35): 71-92, julio-diciembre. Martínez Pizarro, Jorge (2011). Migración internacional en América Latina y el Caribe: Nuevas tendencias, nuevos enfoques. Santiago de Chile : celade.

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— Convenio 143. Sobre trabajadores migrantes (disposiciones complementarias) (consultado en «www.ilo.org/dyn/normlex/ es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312288:NO»). — Convenio 157. Sobre conservación de derechos de Seguridad Social (consultado en «www.ilo.org/dyn/normlex/es/ f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C157»). — Convenio 189. Sobre las y los trabajadores domésticos (consultado en «www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO»). Instrumentos Sistema Interamericano de Derechos Humanos Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica. 1069 (consultado en «www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_ Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm»). Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (consultado en «www.oas.org/juridico/spanish/ tratados/a-52.html»). Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión consultiva sobre migrantes. OC/ 18/03 del 17 de septiembre de 2003 (consultado en «http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.doc»). Instrumentos, Decisiones y Documentos del mercosur 1991. Tratado constitutivo de un Mercado Común entre la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República Oriental del Uruguay y la República de Paraguay (consultado en «www.mercosur.int/innovaportal/file/719/1/CMC_1991_TRATADO_ES_Asuncion.pdf»). 1994. Tratado Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del mercosur. Protocolo de Ouro Preto (consultado en «www.mercosur.int/innovaportal/file/721/1/cmc_1994_ protocolo_ouro_preto_es.pdf»). 1997. Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur (consultado en «www.mercosur.int/t_ligaenmarco. jsp?contentid=4823&site=1&channel=secretaria»).

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Parte II

Regionalización, transmigración y fronteras / Regionalização, transmigração e fronteiras.



4. Migraciones de China en América Latina: caso México Netzahualcoyotzi Luna, Raúl1 Furlong y Zacaula, Aurora2

Introducción Consideramos la migración internacional como parte del ciclo del capital en la globalización. Este proceso está vinculado con la construcción del sistema-mundo o el sistema de los quinientos años, donde los flujos migratorios, el capital y el comercio están imbricados en un proceso paulatino de incorporación de las regiones al sistema capitalista, un proceso no lineal ni exento de contradicciones. Los cambios ocurridos el siglo pasado han marcado a la humanidad como nunca en su historia. A mediados de 2005, la po­blación mundial fue de seis mil cuatrocientos sesenta y cinco millones de personas, el 81% ubicado en zonas menos desarrolladas, donde China e India representan el 37% del total mundial. El ritmo de crecimiento anual de la población es de setenta y seis millones de personas al año, correspondiendo a India (22%), China (11%), y Bangladesh, Indonesia, Nigeria, Pakistán y Estados Unidos con el 4%, aproximadamente (unfpa, 2006). 1 Profesor-Investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap), «raul.­netza­@correo.buap.mx». 2 Profesora-Investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap), «zfurauro­@yahoo.com.mx».

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4 . M i g r a c i o n e s d e C h i n a e n A m é r i c a L at i n a : c a s o M é x i c o

Un elemento que distingue esta nueva realidad es que la población urbana se concentra, principalmente, en los países del norte, muestra de ello es el declive y caída del sector de la población mundial dedicado a tareas agrícolas, con mayor relevancia en el mundo desarrollado. Hoy, la agricultura da empleo al 4% de la población ocupada en los países de la ocde, y al 2% en Estados Unidos. En México, la población ocupada en labores agrícolas representa todavía el 25%. Otro rasgo contemporáneo de México es que hemos dejado de ser una población eminentemente rural, algunos analistas vieron este cambio desde el último tercio del siglo pasado. En los análisis comparativos se señala que esta posibilidad ya es más factible con las transformaciones que se han dado desde principios del siglo veinte, cuando a nivel global solamente el 16% de la población mundial vivía en las ciudades. Para la mitad del siglo pasado, y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, esta cifra estaba ligeramente por debajo del 26%; a inicios de la década de 1980 se sitúa en torno al 48%. Solamente diez de las cincuenta mayores ciudades del planeta, y únicamente dos de las dieciocho que cuentan con más de diez millones de habitantes, se localizan en Europa o en Norteamérica (Bairoch, 1988). Un nuevo rasgo, en lo que se denomina la periferia, es que crece a un ritmo mayor desde 1990, pero sin la capacidad de satisfacer con infraestructura y servicios propios a los nuevos «ciudadanos», además de los problemas paralelos que se generan por la creciente demanda en salud y educación. En el caso Latinoamericano es peculiar observar las macro-ciudades como México y Brasil, donde no existe una frontera entre las capitales y las zonas suburbanas. Estos cambios significativos, señala Hobsbawm, se deben a que todo esto ocurre en una época de globalización vertiginosa en una época en la que se han acentuado las disparidades regionales en el planeta. Por naturaleza, la globalización da lugar a un crecimiento asimétrico y dispar, y subraya la contradicción entre los ámbitos de la vida contemporánea sujetos a la globalización y las presiones de la uniformización global —como la ciencia, la tecnología, la economía, diferentes infraestructuras técnicas y, en menor medida, las instituciones culturales— y los que no lo están, como el Estado y la vida política.

4 . M i g r a c i o n e s d e C h i n a e n A m é r i c a L at i n a : c a s o M é x i c o

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La globalización trae consigo un aumento del flujo de mano de obra que emigra de las regiones más pobres a las más ricas. Este movimiento provoca un cierto grado de tensión social y política en los diferentes estados afectados, —especialmente en los países ricos del viejo Atlántico norte— aunque en términos globales es un movimiento sin importancia ya que actualmente sólo el 3% de la población mundial vive fuera de su país de nacimiento. Caso opuesto sucede con el movimiento de capitales y de productos así como de las comunicaciones, los estados y la política que han tratado de obstaculizar sin éxito estas migraciones laborales (Hobsbawm, 2007). Esta migración internacional es dinámica no sólo por el movimiento geográfico de individuos que supone, sino porque constantemente cambian las fuerzas sociales, económicas, culturales y políticas que impulsan y conllevan a tomar decisiones en la población que migra. También se sabe que el volumen, la intensidad, las motivaciones, la composición y los lugares de origen y destino de los flujos migratorios de hoy día están cambiando (Santibáñez, et ál., 2004). Esta distribución paradójica de la nueva migración en este siglo no llega a ser muy representativa del total de la Población Mundial (véase cuadro 4.1) porque sólo alcanza el 3%. Hay que anotar que los cambios en el mundo no concluyeron con la migración de los habitantes de las zonas rurales a las ciudades de los países de Asia, África y América Latina en el último tercio del siglo pasado. 4.1 Nuevas migraciones y nuevos destinos Estos desplazamientos están imbricados con el agotamiento de los modelos de «crecimiento económico» en los países en vías de desarrollo y modifican el origen y el destino de las nuevas migraciones y sus implicaciones en los aspectos social, político y económico. Hay que reconocer que esta nueva migración incluye diversos destinos, como el caso de migraciones laborales o en tránsito de Asia —India, Bangladesh, Sudeste y China— a Medio Oriente y en menor medida de Asia a otras regiones como África3 o América Latina. 3 Claude-Alphonse N’Silou, ministro congoleño de Construcción, Urbanismo, Vivienda y Reforma Territorial, señala «Son fantásticos. Nos han construido el estadio Alphonse Massadena, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la sede de la televisión. Ahora trabajan en

6,464,70 1,211,265 5,253,848 759,389 728,389 3,905,415 330,608 298,213 32,268 107,029 147,029 5,467 561,346 1,315,844 1,103,371 83,054 143,202 5,703 905,936

190,634 115,397 75,237 10,480 64,116 53,291 44,493 38,355 6,106 844 1,359 28 6,631 596 5700 374 12,080 2,225 17,089

Número (miles) 2005

3.0 9.5 1.4 1.4 8.8 1.4 13.5 12.9 18.9 0.6 0.9 0.5 1.2 0.0 0.5 0.5 8.4 39.0 1.9

% de población

Número

13,4459 2,701 10,788 2,405 2,088 7,704 582 421 141 4 18 0 36 299 153 0 2 1,778 3,023

Migración Neta de refugiados (miles) 2004

0 2,822 -2,622 209 1,083 -1,297 1,370 1,160 210 -400 -475 -20 36 -390 -280 -180 80 .20 -455

Número (miles) 2000-2005

0.0 2.2 -0.5 0.3 1.5 -0.3 4.2 4.0 6.7 -3.9 -3.4 -3.8 -1.5 -0.3 -0.3 -2.3 0.6 3.7 -0.5

225,810 80.803 145,007 72,958 85,854 3,038 18,143 519 40,770 21,283 21,727 11,634 2,688 2,287 19,156

Total (millones de dólares) 2004

Remesas Tasa 1,000 habitantes

0.6 0.2 1.7 0.5 0.8 0.0 2.7 11.8 1.9 1.3 3.2 13.5 0.5 21.1 2.4

% del PIB

Fuente: Fondo de la Población de las Naciones Unidas (unfpa) (2006) “Estado de la Población Mundial. Informe. Resumen de países” en Márquez Ayala, David. La Jornada 9 octubre 2006. p.30; África, incluye: del este, norte, sur y occidental; Asia: del este, sur-central, sureste y occidental (incluye China, India, Filipinas, Jordania); Europa, incluye el este (Rusia), norte, sur, occidental; América Latina incluye México y Centroamérica.

Mundo: Región más desarrollada Región menos desarrollada Países menos desarrollados Europa Asia: Norteamérica: EU Canadá México Centroamérica: Nicaragua América Latina y el Caribe: China India Filipinas Fed.Rusa Jordania África:

Población migrante total (miles) 2005

Cuadro 4.1 Migración Internacional 2005

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En este siglo, es necesario observar las implicaciones que tienen las migraciones que, para el caso de los países emergentes, son los efectos de la crisis global en los centros capitalistas —Estados Unidos y Europa— y las limitaciones para la migración del sur-norte debidas a los ordenamientos «jurídicos» —como la Directiva de Retorno en Europa— para su ingreso «legal» en un supuesto sistema abierto —de libre competencia— pero con preferencia por tratados comerciales que logran aumentar los flujos de capital y mercancías, pero no de fuerza de trabajo. Por el destino de estas migraciones, se pueden inferir que, principalmente, son de tipo transitorio y con carácter laboral —sin descartar otras facetas del mismo— en las que los migrantes se desplazan para obtener un ingreso mayor, comparado con el que tienen en su país de origen. En éstas, parte de los salarios de este trabajo se transforman en ahorro que se transfiere en remesas —alrededor de ciento cuarenta y cinco mil millones de dólares en 2005— que en la mayoría de los casos son utilizadas para cubrir las necesidades básicas de consumo y educación de las familias de los migrantes. Particularmente, hay países de Asia y África que sufren desplazamientos, en mayor medida, por el estatus de refugiados y exiliados en el propio continente y, en menor medida, de migración trasnacional, pero que van adquiriendo en los procesos de transnacionalización nuevas dimensiones en el trabajo de destino. 4.1.1 ¿Cómo se puede conceptualizar esta movilidad humana de grandes dimensiones hacia algunos países? En una interpretación no funcionalista, Peña analiza y explica que la movilidad humana tiene sus fundamentos en los cambios ocurridos en el capitalismo; la emigración de la fuerza de trabajo se encuentra directamente ligada con la dinámica de la acumulación la presa de Imboulou y la red de abastecimiento de agua de Brazzaville. Están haciendo la terminal del aeropuerto. Nos van a construir la autopista Pointe-Noire-Brazzaville. Construyen viviendas. Van a hacer un parque de atracciones a la orilla del río. En Oyo, la ciudad natal del presidente, están construyendo un hospital general, carreteras y viviendas. Todo eso está decidido. Todo eso es ganador-ganador. Lo siento por los franceses, pero los chinos son fantásticos», Serge Beuret, Michel (2009), China en África. Pekín a la Conquista del Continente Africano. p. 90.

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de capital. El capital necesita desarrollar las fuerzas productivas para mantener el proceso de valorización mediante la producción de plusvalor relativo lo cual genera una constante expulsión de trabajadores y, por ende, una sobrepoblación relativa (Peña, 2012: 32-34). Este autor sistematiza las funciones de las migraciones internacionales en el proceso de producción capitalista: 1) La migración de mano de obra satisface la demanda de trabajadores en diversas ramas de la producción, desde la vanguardia tecnológica que requiere de trabajadores calificados hasta las ramas más atrasadas que aún no incorporan las nuevas tecnologías, sea por dificultades técnicas o porque resulta más lucrativo contratar mano de obra barata. a) En una situación de auge económico se encuentra disponible una reserva ampliada de fuerza de trabajo, tanto calificada como no calificada, según lo requiera el proceso de trabajo del país de inmigración. b) En una situación de crisis económica los primeros en ser desempleados —e incluso expulsados del país— son los inmigrantes. Esto permite disminuir el desempleo en los países de inmigración y así neutralizar las contradicciones sociales agravadas por la crisis. 2) La migración disminuye costos, puesto que emplea trabajadores que a los países de inmigración no les ha costado producir ni reproducir —en términos de salud, vivienda educación, capacitación laboral, etcétera—. Además, en los casos de inmigración temporal e indocumentada, el país de inmigración ni siquiera debe hacerse cargo de la reproducción completa de los obreros por lo que estos trabajadores deben regresar a su país de origen y emplearse allí, para completar su salario anual y así garantizar su reproducción. 3) Otro factor que disminuye los costos mediante el empleo de la fuerza de trabajo migrante es el mecanismo del seudo sobresalario, es decir, el salario que se le ofrece al trabajador migrante en la zona de inmigración es superior al

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que percibía en su país de origen, pero más bajo que el pagado a los nacionales por la misma ocupación. 4) La migración recompone el Ejercito Obrero Activo (eoa), tanto el de los países de inmigración como en los de emigración; en los primeros, mediante la fuerza laboral más calificada, más barata, más dócil y más susceptible de ser explotada que la nacional; y en los segundos, mediante la desestructuración del mercado laboral, particularmente el de la fuerza de trabajo calificada. 5) La migración reestructura el Ejercito Industrial de Reserva (eir), tanto en los países de inmigración como en los de emigración, pues en los primeros permite el uso de un país más amplio, barato y flexible, y en los segundos disminuye temporalmente el tamaño del mismo y también le modifica o amplia sectores —por ejemplo, a través del crecimiento de la miseria y la sobrepoblación estancada, mientras que la población que tiende a emigrar es la población fluctuante y latente—. 6) La migración ayuda en la conformación de un eoa y un eir regionales y mundiales porque posibilita la conexión de los mercados laborales nacionales y permite su aprovechamiento a escala regional y planetaria —el otro mecanismo que conecta a esos mercados laborales es el de la migración de capitales (Peña, 1995b)—, apuntalando y promoviendo la súper explotación de la fuerza de trabajo migrante. 7) La migración puede servir para dividir la clase trabajadora que labora en las regiones de inmigración pues enfrenta a los trabajadores nacionales con los extranjeros o a éstos entre sí dado su diverso origen étnico o de clase. Se produce así una polarización étnica de los trabajadores que refuerza el enfrentamiento laboral entre los que tienen empleo (eoa) y los que carecen de él o son subempleados (eir) (Peña, 1995). 4.2 Migración internacional por regiones Hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, Europa fue un continente de emigrantes. Decenas de millones de europeos partieron

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hacia América para colonizar, escapar de las hambrunas, las crisis financieras, las guerras o de los totalitarismos europeos y de la persecución de las minorías étnicas. Hoy se está llevando a cabo la llamada «directiva de retorno» […] A los países de América Latina y Norteamérica llegaron los europeos, masivamente sin visas, ni condiciones impuestas por las autoridades […] Hoy, la Unión Europea es el principal destino de los migrantes en el mundo, lo cual es consecuencia de su positiva imagen de espacio de prosperidad y de libertades públicas […] La «directiva de retorno» prevé la posibilidad de un encarcelamiento de los migrantes indocumentados hasta dieciocho meses antes de su expulsión (o «alejamiento», según el término de la directiva).

¡Dieciocho meses! ¡Sin juicio ni Justicia!, señaló Evo Morales4 en la carta abierta a la Unión Europea ante la aprobación de la «directiva de retorno» el 18 de junio de 2008 en el Parlamento Europeo. Con esta iniciativa, los estados europeos —Italia es el que mayor sanciones impone— pretenden marginar los próximos años a grandes grupos de latinos, bolivianos, del Magreb y de varias regiones del mundo a través de legislaciones más severas que los llevarán a la repatriación forzada. En el caso europeo, estos desplazamientos puede decirse que tienen un carácter multifacético. En la década de 1960 las migraciones del sur —África y Asia— tenían un motivo central, se gestaron como la primavera árabe5 por la independencia de sus excolonias —Vietnam en Indochina o Argelia de Francia—, o como los años setenta del siglo pasado por el exilio y la solidaridad ante dictaduras de América Latina —Uruguay, Argentina, Chile—, o en algún momento es por contrato en obras de reconstrucción de la misma Europa y en otros aspectos con un carácter «invisible», el de los migrantes clandestinos (sans papiers) que han impulsado un nuevo trato en sociedades desiguales, pero democráticas, y cuya situación, después de 2008, se tornó más vulnerable por la crisis financiera. 4 Morales, Evo. “El papel real de los migrantes”, en Di Marco, Luis Eugenio y Furlong, Aurora (2008). El Humanismo Económico: desde México hasta la Argentina, p. 604 5 “Protestas populares en África del norte y el Medio Oriente”, 25 y 26 de agosto de 2011, ceaa-Colegio de México, Luis Mesa del Monte (Coordinador), México.

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En cuanto a la migración internacional, podemos señalar que en los primeros cinco años de este siglo, el mayor destino, más de la mitad de los ciento noventa millones de migrantes (2005), fueron las zonas de mayor desarrollo en: 1) Europa, en primer lugar, con sesenta y cuatro millones de migrantes; 2) Asia, en segundo lugar con cincuenta y tres millones de personas; y 3) América del Norte (Estados Unidos y Canadá) en menor volumen, con el desplazamiento de cerca de cuarenta y cinco millones de personas, particularmente de latinos, y de ellos, mayoritariamente de México —once millones de mexicanos indocumentados. En la última década del siglo pasado, al igual que la migración de los países centroamericanos y de México a Estados Unidos, la emigración hacia Europa se multiplicó desde más áreas del mundo: en las costas, el norte de África —la parte occidental y mediterránea— con refugiados y desplazados de las guerras en el desierto —el caso más dramático es la situación de impasse de más de treinta años de la declaración de independencia de la república Saharaui— y del norte de África, en la región del Magreb, buscando la puerta de entrada a Europa desde España. Los grandes desplazamientos se observan en la década de 1990, en particular del sureste europeo, en la región conocida como los Balcanes, debido a los problemas políticos, la guerra y la desintegración de la Federación Yugoslava y la presencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan). Otro elemento de esta migración laboral se dio en los países del bloque socialista de Europa central y de los países que integraban la ex Unión Soviética, se desplazaron gran cantidad de personas por los problemas de su desintegración política y la desindustrialización del conjunto de las economías socialistas del este. Otra región, desde América Latina y el Caribe —Ecuador, Perú, Venezuela, Santo Domingo y Cuba, por mencionar algunos países— hoy busca como destino a Europa, lo que se encuentra limitado por leyes que obstaculizan los traslados que cada vez más se efectúan

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como desplazamientos clandestinos o indocumentados. Por último, en Asia —comprende las migraciones desde Medio Oriente, India, China, sureste asiático— se dan grandes desplazamientos hacia sus antiguas metrópolis. Esta migración tiene una fuerza centrífuga a partir de los procesos globalizadores, que si bien inició con los desposeídos, principalmente de zonas agrícolas, actualmente continúa con la incorporación de grupos nuevos, de jóvenes, profesionistas y mujeres, en una nueva forma de inserción ante el estancamiento de sus economías o involución política en sus regiones o países situados por lo general en regiones marginales y de alta pobreza como África o Asia y, actualmente, de México y Centroamérica. En este nuevo panorama, tomando como base el año 2005, puede decirse que los nuevos desplazamientos —3%— no sólo se incrementaron, sino que dieron una nueva cara a la geografía humana del planeta en este balance por regiones. También se observa un cambio significativo si lo comparamos con la década de 1960, donde el total de migrantes llegó a ser de setenta y cinco millones de personas, lo que representó el 2.5% de la población en esa década. Actualmente en las zonas de mayor desarrollo, de cada cien habitantes, 9.5 son migrantes —ciento dieciséis millones de personas—, pero con una migración positiva neta (2.2); contrario a las zonas de menor desarrollo, donde se encuentran una tasa de 1.4% —setenta y cinco millones— pero con una migración neta negativa (-0.5). Geográficamente, las tres cuartas partes de la migración internacional se concentran en veintiocho países y uno de cada cinco migrantes vive en Estados Unidos. Las tasas netas de migración en América Latina y el Caribe son negativas considerando el cuadro de migración internacional y se sitúan en menos de 1.5 migrantes por cada mil habitantes, por cada año durante el periodo; en el caso de Norteamérica la tasa es positiva —Estados Unidos y Canadá— con 4.2 migrantes por cada mil habitantes, jóvenes de quince a treinta y cinco años, edad más productiva. Para el caso de México, la tasa migratoria neta es negativa, -3.9 por cada mil habitantes. Existen casos en el estado de Puebla, donde es el doble de la media, como por ejemplo el municipio de Piaxtla, con larga tradición migratoria, su tasa negativa llego a -6 (inegi, 2005).

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4.3 migración y geopolítica Las migraciones laborales se insertan en la era de la globalización. Los nuevos destinos ya no solamente son del sur hacia los centros urbanos capitalistas, se está configurando una relación donde va implícita la construcción de una migración sur-sur, lo que para China no sólo implica una definición sino un redefinición como actor internacional en un mundo unipolar donde la hegemonía norteamericana está presente en Latinoamérica y, regionalmente, por la disputa del área del Pacifico. En la construcción de un mundo multipolar, China tiene una creciente presencia en Asia, África y América Latina, en lo que se ha denominado el sur-global, sin compromisos ideológicos ni sistema bipolar, un nuevo estatus que significa un contrapeso a Europa y Estados Unidos en el sistema internacional. Hoy nos encontramos con las mismas instituciones internacionales —políticas y económicas— pero nuevos escenarios, alianzas y crecientes desafíos en este nuevo periodo de posguerra fría, con una gran recesión que afecta el proceso de integración gradual de Europa, que busca salidas frente a la problemática en la periferia de esta región. En las nuevas condiciones para China y Estados Unidos, el área del Pacífico es una zona estratégica; para la economía norteamericana ésta se considera un espacio vital para la creación del Traspacific Partnership Projet (tpp)6, en el que no se considera la participación de China7 porque la primera potencia no compartiría su hegemonía y su dinamismo económico en esta región. Por un lado, Estados Unidos mantiene su asociación con Japón y Corea del Sur, y a partir de ahí con India, valioso aliado para su estrategia de equilibrio suave frente a China, por lo tanto el Asia-Pacifico tiene prioridad para Estados Unidos, más que la región latinoamericana, después de la disolución de la urss y la incorporación de los países de Europa Central8 a la Unión Europea. Décimo séptima reunión en Lima, Perú, 17 de mayo de 2013. Pacto entre once países de la ribera del Pacifico: Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Chile, Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Charasse, Pierre. 1 de junio de 2013. 8 Fue particularmente importante el proceso de reunificación en la unión económica, monetaria y social de Alemania democrática con la República Federal en julio de 1990, que 6 7

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Por otro lado, Estados Unidos, antiguo aliado de Europa en el periodo de la Guerra Fría, se convierte en 2015 en un socio estratégico con la creación del Gran Mercado Tras-Atlántico (gmt)9. Para China esto representa un reto y una segunda dimensión geopolítica. China, India y los países del sudeste en Asia representan cerca de un tercio de la población mundial, cuya población económicamente activa es cercana a los ochocientos millones de personas por lo que entre los aspectos a considerar para este futuro de Asia está la demografía. Los dos gigantes de Asia, China e India, en este tema son muy diferentes. La República Popular China se acerca más al patrón de los países del noreste de Asia, particularmente Japón. Su fuerza de trabajo sigue creciendo, aunque más lentamente que antes y probablemente llegue a su punto máximo de crecimiento poblacional en los próximos ocho años, en 2020. Es una realidad que las migraciones laborales están determinadas por la creciente disparidad en las condiciones de desarrollo económico, social y demográfico entre el sur y el norte. Una vez establecidos los circuitos migratorios, éstos tienden a continuar más allá de las causas que los originaron, así, la actual crisis mundial impacta de manera drástica en una caída de la demanda de mano de obra en los países desarrollados, llegando a niveles de desempleo de casi 10% en Estados Unidos y 20% en algunos países europeos; pero la contracción brutal del mercado de trabajo no significa necesariamente el retorno de los migrantes, sino un grave deterioro de sus condiciones de vida en los países de destino. En otros términos, lo que presenciamos actualmente es la formación y el ahondamiento de bolsas de pobreza en las grandes ciudades globales y la tercermundialización de ciertas áreas de los países desarrollados10. Entre las migraciones con un peso cultural y religioso se encuentra la migración de China11 en el sudeste de Asia, la cual puele permitió a Estados Unidos acrecentar la posición militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan) en el antiguo bloque socialista.  9 En Charasse, Pierre. 1 de junio de 2013 10 En Introducción a Migraciones Laborales, nuevos flujos, rutas e identidades, p. 9. 11 […] la etiqueta de chino tiene un origen adscriptivo. Ésta se produce generalmente por haber nacido de padre chino o de padre considerado tal, y no es una categoría que pueda adquirirse a través de un aprendizaje cultural o de una conversión religiosa, lo que hace de ésta una categoría exclusivista trasmitida de manera patrilineal y que parte de una línea

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de rastrearse ya desde el siglo xi; sin embargo, señala Cornejo, el movimiento de población en forma de migración o de trabajadores por contrato de fines del siglo xix y principios del xx fue lo que dio origen a las comunidades que hoy en día son identificadas étnicamente como de origen chino. Esta población provino fundamentalmente de las provincias de Guandong y Fujian en China y a su vez estaba dividida en diversos grupos lingüísticos: teochew, hakka, hokkien y cantonés. La mayoría de los autores coinciden en señalar que en la región existen entre dieciséis y dieciocho millones de personas que pueden ser identificadas como de origen chino. Destaca el caso de Malasia, donde un tercio de la población total es de origen chino (véase cuadro 4.2), de manera que su peso en la sociedad global es considerablemente mayor que en otros casos La participación mayoritaria de los chinos en la economía es notoria. Todos reconocen que parece haber un consenso de acuerdo con el cual el dominio económico se deja a los chinos y el político a los malayos12.

Cuadro 4.2 Población de origen Chino. Indonesia, Malasia y Tailandia13 Año

Indonesia Malasia Tailandia

1982 1980 1980

Población total (millones)

154.03 10.89 46.46

Chinos

6 150 000 3 630 542 4 800 000

Fuente: Consideraciones sobre el estudio de las minorías chinas en Indonesia, Malasia y Tailandia. p. 300. ancestral original, en la que la sinidad proviene de una vinculación espacial con el área del mundo considerada como China […]. Cornejo, Romer, Consideraciones sobre el estudio de las minorías chinas en Indonesia, Malasia y Tailandia. p. 298. 12 Cornejo. p. 308. 13 Dudley L. Poston, Jr., y Yu Mei-Yu, “The distribution of the Overseas Chinese in the Contemporary World”. International Migration Review. vol. xxiv. núm. 3. 1990. pp. 486487. Datos con algunas diferencias pero igualmente válidos pueden encontrarse en Suryadinata, Leo (com.). The Ethnic Chinese in the asean States. p. 1, fuente del cuadro en Cornejo, ídem, p. 300.

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Por el lado de las migraciones de China hacia América, éstas se inscriben en la construcción del sistema mundo y se fundamentan en la acumulación originaria del capital, donde la fuerza de trabajo es barata y abundante, disfrazada bajo las condiciones de servidumbre —sujeta a contratos— o esclavitud14, llegando directamente a la construcción del ferrocarril en Estados Unidos o en México, las plantaciones y las áreas extractivas como la minería en diversas regiones y subregiones del Continente Americano. En la primera etapa, las migraciones forzadas estaban vinculadas con las rutas de navegación de España y Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra sin tener como destino las metrópolis, por poner un ejemplo, Inglaterra desplazó a trabajadores de India a la posesión británica de Isla Mauricio en la costa este de África. La migración china hacia América —coolies o cargadores— está vinculada con la apertura forzada en la década de los cuarenta del siglo xix de Inglaterra para establecer tratados desiguales bajo guerras al imperio Qin —dinastía que sucumbe finalmente en 1911— y con la segunda fase del mercado internacional de trabajadores, por su carácter «libre» y no esclavo ni «forzado», caracterizada por desplazamientos masivos como fue el caso de los inmigrantes europeos hacia América y a otras regiones del mundo. La migración «libre» posterior a la ii Guerra Mundial está inscrita en los desplazamientos del sur al norte, de los tres continentes, con un sistema de cuotas o de trabajo «temporal», de retorno —circular— y transitorio. Con el ocaso de la urss, hay un nuevo reordenamiento de esta migración por la aparición de nuevos mercados internos o internacionales, que para los países europeos de Europa Central —parte del bloque socialista— se desplaza hacia la parte occidental del subcontinente europeo. Por el lado de la diáspora china —llamada de ultramar— la migración tiene un carácter transnacional, alrededor de sesenta y cuatro millones de chinos (pnud, 2009), en su mayoría concentrados 14 La referencia está ligada históricamente con la esclavitud africana en Latinoamérica. las plantaciones en Brasil y las Guyanas, y de azúcar en el Caribe. Vinson iii, Klein Ben (2013). Historia mínima de la esclavitud en América latina y el Caribe. El Colegio de México.

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en Asia-Pacífico (64%), el 23.3% en Estados Unidos, el 7.2% en Europa y sólo el 0.9% en América Latina y el Caribe15. 4.4 Migraciones chinas: caso México Para Xu Shicheng16, la historia de China y México tuvo su primer encuentro en el siglo xvi por las rutas marítimas de los galeones de Manila —8 de octubre de 1565—, llamados también Naos de China, los cuales navegaban en el océano Pacífico y unían oriente con occidente. Tanto México como Filipinas, a mediados del siglo xvi, eran colonias de España, la zona de comercio abarcaba las Costas de Fujian y Cantón (China). Los datos históricos de México registran que ya habían surgido barrios chinos en algunas ciudades17, médicos, sastres, tejedores, orfebres, herreros, carpinteros y comerciantes chinos se establecieron allí trabajando de generación en generación18. La ruta de la seda duro doscientos cincuenta años19, terminando en 1815 debido a la Guerra de Independencia. Los primeros migrantes (culíes o coolies) registrados en México están inscritos en 1875 y llegaron a 3442 en la primera década de 190020. En realidad era mucho mayor el número de chinos que llegaron a México desde Estados Unidos porque muchos de ellos entraron al país en forma ilegal sin registro. Señala Gómez Izquierdo: Después de que los Estados Unidos habían cancelado virtualmente la inmigración de chinos, con la expedición del Acta de Exclusión de 1882, es probable que algunos de ellos vieran a México como una alternativa para fijar su residencia. La zona fronteriza 15 Bogado Bordazar, Laura Lucia. Centro de Estudios Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de la Plata, Argentina. 16 Xu Shicheng, Los chinos a lo largo de la historia de México. p. 2. 17 C. H. Haring. The Spanish Empire in America, New York. 1979, p. 197. Citado en Xu Shicheng, ídem. 18 S. Steiner, Fusan. The Chinese who buit America. New York. 1979. p. 81. Citado en Xu Shicheng. p. 3. 19 W. L. Schurz, The Manila Galleon. 1959. New York. p. 287. Citado en Xu Shicheng. p. 2. 20 Ana Arenzana (coordinadora), El poblamiento de México. Tomo iii. pp. 188-195. Consejo Nacional de Población. 1993. Citado en Xu Shicheng, p. 3.

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del norte mexicano resultaba sumamente atractiva para inmigrantes como los chinos, allí podían encontrar buenas condiciones para hacer una vida digna, era una región que se desarrollaba dinámicamente, debido a la inversión de capitales extranjeros en la minería, los ferrocarriles y en la existencia de una agricultura nacional con alto rendimiento. De cualquier forma el peso específico de los chinos como grupo, en la economía de Sonora era aún modesto, aunque en la década de 1980, un industrial chino de Guaymas, Luis Chong Si, inauguraba en Sonora el cultivo de arroz en Pótam (Gómez, 1988: 148).

Entre las características de esta migración del continente asiático —que incluye trabajadores migrantes de Japón y Corea— se encuentra su inserción en los parámetros de una economía enclave, propia de fines del siglo xix y principios del siglo xx. El hombre chino, señala Gómez Izquierdo, es un representante de una nación derrotada y humillada por las potencias industriales a partir de la guerra del opio de 1848, la propaganda interesada de esas potencias había creado una imagen estereotipada de él, que lo presentaba como ser perverso, amoral, portador de terribles enfermedades y refractario a los valores de «progreso» y «modernidad», sustentada en las teorías positivistas decimonónicas dominantes en ese momento Sin embargo, la demanda de trabajadores por parte de los henequeneros yucatecos, y para la construcción del ferrocarril de Tehuantepec, aunados a la «buena» fama que los chinos, habían creado en otras partes de América, como trabajadores dóciles y baratos, les abrieron las puertas de México en los años de 1880 (Gómez, 1988: 147).

La migración china constaba principalmente de varones (97%) y sólo el 2.1% de mujeres; la mayor parte ingresó por Manzanillo y Salina Cruz y fueron comerciantes, restauranteros, lavanderos, obreros y empleados; ellos manifestaron tener la religión —filosofía— confuciana, y ser librepensadores o budistas. Se asentaron en el norte del país, particularmente en Baja California, desde donde establecían relación con los chinos que habían emigrado a Estados Unidos (Mishimo, 1998: 625).

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Con el establecimiento de las relaciones bilaterales entre China —dinastía Qing— y México, en 1899 aumentó notablemente la cantidad de emigrantes chinos. En 1904, el número ascendió a 8000 —3400 según otra fuente— y en 1910, a 30 000. El establecimiento de las relaciones diplomáticas mejoró en cierto sentido las condiciones de vida de los obreros chinos e inmigrantes y redundó a favor su estatus legal21. En los cien años de migración china a México, hay un vínculo directo con la expansión de capital en los estados fronterizos —como California— donde reside gran parte de la migración china del siglo xix. En un balance de cien años, desde los primeros desplazamientos con registro, esta migración transnacional se ubica principalmente en los estados fronterizos del norte —Sonora, Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila—, del Pacífico —Sinaloa—, Puertos —Veracruz—, del sur —Chiapas y Yucatán— y el centro de México (véase cuadro 4.3). En este balance se observa un descenso de la migración, resultado de los cambios políticos y de las guerras internas del país entre 1911 y 1930. En el proceso de asimilación los emigrantes se enfrentaron con la sociedad clasista y excluyente del norte y frontera de México. La ola contra los emigrantes chinos se calmó con la toma de posesión del presidente Lázaro Cárdenas en 1936, por lo que el número de chinos en México aumentó paulatinamente, llegando aproximadamente a 12500 chinos en 1943. Después de la II Guerra Mundial, la política de los gobiernos mexicanos hacia la emigración china fue cambiante, entre restringida y flexible. En 1969, había unos 16000 chinos, de los que la tercera parte eran sus descendientes. En 1971 con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China —y el desconocimiento de la República de Taiwan— y México, se inicia un cambio sustancial en las relaciones bilaterales en términos de cooperación. Actualmente ya no hay migraciones como las ocurridas en el último tercio del siglo xix, pero existe aún un intercambio desigual que mantiene una brecha comercial con este país asiático. 21

Xu Shicheng, Los chinos a lo largo de la historia de México. p. 7.

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Cuadro 4.3 Migración china en México 1895-1910 Entidad

1895

1900

Aguascalientes Baja California

80

BCS

138

1910

1920

1930

21

20

22

851

2873

3089

6

1950

1960

9

4

618 1206

910

1970

4

Total

86

362 10127

175

139

36

28

15

6

6

5

70

64

83

25

33

27

10

323

63

202

759

506

564

256

317

264

65

2996

5

80

32

20

19

24

30

11

221

Chiapas

14

16

478

606

715

311

372

386

128

3026

Chihuahua

70

330

1325

504

884

520

526

373

100

4632

DF

43

116 1482

664

772

623 1014

853

447

6014

Durango

26

148

242

46

189

83

90

49

13

886

2

11

102

17

32

10

26

20

5

225

3

27

3

14

8

27

20

4

106

38

46

46

45

48

49

8

280

20

70

55

91

60

92

80

50

518

15

58

25

24

11

18

23

27

204

26

5

19

13

19

14

4

100

5

18

3

3

2

12

7

6

56

1

29

173

160

130

52

37

37

20

639

Nuevo León

39

90

221

89

165

66

54

72

20

816

Oaxaca

14

81

262

160

77

38

37

76

7

752

Puebla

7

11

31

17

30

12

46

55

11

220

1

5

1

2

1

1

3

3

5

5

5

3

1

25

Campeche Coahuila

50

1940

Colima

Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México

3

Michoacán Morelos Nayarit

Querétaro Quintana Roo SLP

449

11

11

32

109

105

271

92

113

82

24

839

Sinaloa

190

234

667

1034

1628

165

229

157

94

4398

Sonora

41 13263

332

859

4486

3718

3167

92

133

435

Tabasco

4

2

36

48

29

10

9

18

2

158

Tamaulipas

8

38

213

2005

1798

723

799

497

199

6280

1

3

Veracruz

13

116

434

922

1018

537

486

384

134

4044

Yucatán

19

153

875

827

848

355

293

87

30

3487

4

19

41

17

102

62

73

58

13

389

Tlaxcala

Zacatecas Total

2

949 2729 13203 14750 15976 4856 6178 5085 1847 65573

Fuente: Acosta Cázares, Jorge Antonio y Zizumbo Ramírez, Haydee (2011). “Breve análisis de la migración china a México”, Revista Exploratoris, en Apéndice, Volumen 2. p. 5.

4 . M i g r a c i o n e s d e C h i n a e n A m é r i c a L at i n a : c a s o M é x i c o

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5. Migración, exilio y desplazamiento de objetos culturales en los espacios eulatinos Minerbi Vargas, Daniel1 Introducción Un cuantioso y complejo discurso autobiográfico, que va de la novela, al ensayo, al performance-drama, a la crónica y hasta al documental, como los documentales Sueños binacionales/Bi-National Dreams (2006) y 2501 Migrants: A Journey (2009) de Yolanda Cruz; la novela Barrioztlán (1999) y el ensayo Desierto Mojado: Crónicas (inédito) de Saúl Cuevas; las novelas Morir en Isla Vista (1999) (bajo el seudónimo de Floreal Hernández), Bio-Grafía Americana (2009) y Memorias del segundo exilio español (18542010) (2011) de Víctor Fuentes; el drama Mambo Mouth (1993), la novela Freak: A Semi-Demi-Quasi-Pseudo Authobiography (1997) y el ensayo Pimps, Hos, Playa Hatas, and All the Rest of My Hollywood Friends: My Life (2006) de John Leguizamo; el ensayo Vidas en vilo: La cultura cubanoamericana (1994), la novela El año que viene estamos en Cuba (1997) y el ensayo poético Cincuenta lecciones de exilio y desexilio (2000) de Gustavo Pérez-Firmat; las novelas Los barcos (1988), Big Banana (2000), Nunca entres por Miami (2002) y La novela del milenio pasado (2004) de Ro1 Doctorando, Mexican-American Studies in Spanish (mass), School of International Letters and Cultures, Universidad Estatal de Arizona

[137]

138

5. Migración, exilio y desplazamiento

berto Quesada; y las novelas Cuando era puertorriqueña (1994), Casi una mujer (1999), El amante turco (2005) y Conquistadora (2011) de Esmeralda Santiago, revelan tanto los espacios creados por la migración o el exilio, como el bagaje cultural de objetos que los migrantes llevan consigo del sur hacia el norte para perfilar dichos espacios. 5.1 Los niveles histórico y sociológico 5.1.1 El identitario eulatino Algunos términos identitarios de los textos analizados en este estudio provienen de una Latinoamérica con una gran variedad cultural cuyos migrantes al cruzar la frontera geográfica, se mantienen, se distorsionan y, gradualmente, se transforman. Los términos mexicanidad, oaxaqueñidad, cubanidad, puertorriqeuñidad/boricuidad, hondureñidad, colombianidad, españolidad, y más particularmente las identidades zacatecanoduranguense (Cuevas), chatina (Cruz), habanera (Pérez-Firmat), sanjuaneña (Santiago), olanchitense (Quesada), bogotana (Leguizamo) y madrileña (Fuentes), respectivamente, arrastran su carga cultural hasta llegar a cada destino. Estas identidades, según Juan Acha, surgen de un sitio no idéntico y resultan como algo concreto, diferenciándose de todos los esfuerzos por tratar de definir lo idéntico, algo que se aleja de la realidad (Acha, 10). Las variantes que conforman esa identidad única se fragmentan en múltiples culturas que agrupan distintas sociedades compuestas por indígenas, europeos, africanos, asiáticos y como resultado, después de interactuar todas éstas, se crea una hibridez mestiza. De acuerdo con Earl Shorris, las posibilidades raciales de los eulatinos resultan en una combinación de 46656 permutaciones genéticas. Y eso contextualiza la diversidad étnica que equivocadamente se trata de clasificar en un homogéneo (151). a) Concepto de mexicanidad (Saúl Cuevas) De acuerdo con Solomon Lipp, la interpretación de Leopoldo Zea respecto de los atributos de la esencia mexicana resulta en una

5. Migración, exilio y desplazamiento

139

constelación de características asumidas que se pueden conjuntar en un término como mestizaje, teniendo éste una carga sociopolítica que, expresada en una serie de bosquejos literarios, resulta en referirse a una retrospectiva histórica que tiene que ver, tanto interior como exteriormente, con todos los factores que conforman la mexicanidad (xi). En el caso de Saúl Cuevas, esa constelación se refleja en su obra: aborda distintos asuntos que componen la mexicanidad pero ahora ubicada en otro territorio, abarcando las regiones estadounidenses y expandiéndose transnacionalmente a Paraguay, España y Sudáfrica. b) Concepto de cubanidad (Gustavo Pérez-Firmat) Los términos cubanidad, cubanía y cubaneo son recontextualizados por el mismo Gustavo Pérez-Firmat en A Willingness of the Heart: cubanidad, cubanía y cubaneo (1997), experimentándolos para incluir cubiche, cubachón, cubanazo, cubanita y cubanito. En inglés todos estos conceptos se traducen en inglés a Cubanness (2). Estos términos implican tanto una nacionalidad como otros documentos identitarios propios del cubano. Sin embargo, uno puede separarse de Cubanness por cuestiones políticas y exiliarse física o ideológicamente fuera de su contexto. La frase «no tiene regreso» implica un cubano fuera de su patria que aún así conserva sus tradiciones y se considera cubano. Simplemente su cubanidad no puede negársele a nivel político (4). c) Concepto de hondureñidad (Roberto Quesada) De acuerdo con Marvin Barahona, la identidad hondureña es reciente, se considera a partir de la crisis políticoeconómica de la década de 1980. Abarca interrogantes del pasado, el presente y el futuro, las cuales adquieren una conciencia nacional generada que surge del cuestionamiento intelectual (23). En esta década surgió Quesada como intelectual, funcionario del gobierno hondureño y como escritor (www.tiempo.hn). En su novela No entres por Miami (2002), Quesada trata la identidad eulatina desde la perspecti-

140

5. Migración, exilio y desplazamiento

va del inmigrante de primera generación que lleva el mapa de su país en la piel (112). c) Concepto de puertorriqueñidad (Esmeralda Santiago) La identidad taína ha sido enriquecida con un flujo multicultural. A partir de la llegada de los españoles, la migración masiva de esclavos africanos, pequeñas migraciones corsas, francesas, catalanas e inglesas del siglo xix y la intervención estadounidense de fines de siglo, así como la creación de la cultura nuyorriqueña (Sancholuz 1), han producido una cultura transnacional que, como puente, influye la ideología puertorriqueña desde la isla caribeña hasta la otra isla, de Manhattan. Para Esmeralda Santiago, esta identidad aparece en la película biográfica Almost a Woman (2003), en la que la niña Esmeralda visita una biblioteca donde tiene a su alcance todo tipo de libros, inclusive una versión de Don Quijote en inglés. En su sitio cultural, Esmeralda, la niña, conoce a su primera amiga, una puertorriqueña, que ya se ha asimilado, quien le explica en español a aquélla el término Hispanic, con lo que Esmeralda se da cuenta de que ya no es puertorriqueña, sino eulatina —una nueva identidad trasnacional forjada en la década de 1990. d) Concepto de oaxaqueñidad/chatinidad (Yolanda Crúz) De acuerdo con Guillermo Marín, «los que hablan con palabras elaboradas», identifica por primera vez a los chatinos a principio del siglo iv a.C. (cit en Aparicio 158). Su cultura ha sido amalgamada con la zapoteca y la mixteca, su sociedad se compone de nobles y comunes con alternativas líneas genealógicas patriarcales y matriarcales, posee un sistema agrario que dominaba con una distribución por terrazas (Joyce 22). Durante la Conquista y la Colonia española, este pueblo fue afectado enormemente por las enfermedades de influenza y sarampión que trajeron los conquistadores. Se reagruparon en los valles de Oaxaca, venidos de las montañas, donde fueron «civilizados» y algunos se asimilaron y adoptaron nombres españoles (281). Durante la segunda mitad del siglo xix, el nuevo gobierno mexicano de Porfirio Díaz prohibió el uso de

5. Migración, exilio y desplazamiento

141

indumentaria tradicional y algunos chatinos se rebelaron en 1896 (Barabas 192). Una dependencia agrícola se ha transformado en un problema económico que en el siglo xx trajo la migración desde la década de 1950 hacia el norte, donde comenzaron a trabajar en las ladrilleras de Tijuana para después cruzar la frontera y buscar trabajo en los campos de California y Oregon (Stephen 119), posteriormente, en Carolina del Norte. e) Concepto de latinoamericanidad (John Leguizamo) «I was born in Latin America, ‘cause my moms was there» (Freak 2) abre Freak: A Semi-Demi-Quasi-Pseudo Authobiography (1997) de Leguizamo, con un narrador que se identifica primero como latinoamericano y después como eulatino. El concepto de latinoamericanidad ha sido abordado múltiples veces desde Simón Bolívar hasta Eduardo Galeano. Este último afirma que América Latina está siempre en busca de su identidad, creo, porque es una patria grande en formación, un área por hacer: no conoce todavía su verdadero rostro (cit. en Campra 156).

Este concepto ha sido personificado por Leguizamo en sus modalidades de performista, escritor y actor de cine. Ese ir y venir entre lo latinoamericano y lo latino es el cuestionamiento que se aborda en este estudio. f) Concepto de hispanidad (Víctor Fuentes) Miguel de Unamuno define la españolidad con un término mas completo: hispanidad. Lo usa para incluir todas las geografías, los linajes y las razas espirituales, que según Unamuno forjaron el alma terrosa y celeste de Hispania para luego conectarlo con otro, americanidad, por medio del habla que recupera la identidad (cit en Chaguaceda 249). Este grupo de culturas se puede ver desde dos costas, como lo hace Víctor Fuentes, desde Madrid hasta Santa Bruta ( Bio-Grafía 156), separadas por su Bio-Grafía americana (2008) la vida y la escritura en su piel, con un sentimiento por una España como la patria, nunca abandonada, que permane-

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5. Migración, exilio y desplazamiento

ce con vida en la lengua en que escribe. El otro, Estados Unidos, es el país que le acoge y lo deja desarrollarse como intelectual por más de cincuenta años (7). Todas estas identidades muestran conjuntamente varias culturas que aportan elementos a un mundo en el cual la división entre lo iberoamericano y lo eulatino forma distintos espacios. A través de objetos arrastrados, crean una infinidad de espacios explorados, en donde no hay brújula y el sur y el norte se confunden y se mezclan. 5.1.2 Perspectiva histórica eulatina Una obra más contemporánea, Strangers Among Us: Latino Lives in a Changing America (1999) de Robert Suro aborda varios grupos migratorios en diferentes ciudades y barrios de Los Ángeles, Houston, Nueva York y hasta Miami, cubriendo varios grupos nacionales, tales como mexicanos, puertorriqueños, cubanos, dominicanos y más específicos como guatemaltecos mayas. Un estudio más particular, aborda la historia que abarcan los siglos xix y xx de la inmigración iberoamericana en Hispanic New York: A Sourcebook (2010) de Claudio Iván Remeseira, el cual contiene una serie de ensayos periodísticos sobre cada grupo hispánico que reside en la gran urbe y su zona metropolitana, incluyendo temas como la historia, la demografía, los estudios raciales y los étnicos, la música, el arte, la literatura, la lingüística y la religión. Se toman otras obras como Latinos: A Biography of People (2001) de Earl Shorris, la cual aborda históricamente, a nivel nacional estadounidense, tanto los distintos grupos hispanos como los mexicanoamericanos, cubanoamericanos, nuyorriqueños y otros latinoamericanos, en un análisis social y cultural de sus entornos. Otro texto interesante es Translation Nation: Defining a New American Identity in the Spanish-Speaking United States (2006) de Héctor Tobar; la obra aborda la cultura inmigrante que está cambiando los espacios estadounidenses en áreas metropolitanas y rurales. Esta nueva realidad se logra, de acuerdo con su autor, en el espacio californiano por ejemplo, en donde once millones de descendientes latinoamericanos conviven y confluyen

5. Migración, exilio y desplazamiento

143

en una colectividad narrativa cruzafronteriza, aportando los nombres de aldeas como la guatemalteca Huehuetenango y la boliviana Rincón del Tigre en el caso propio del mismo Tobar (19). Este espacio se ha extendido a varios estados no sólo California, la latinización de ciudades y pueblos americanos como Boise Idaho, Salt Lake City ha transformado la cultura estadounidense, según Tobar, en un cuadro que, si Norman Rockwell siguiera pintando, incluiría ahora caras mexicanas (182) y eulatinas. Para entender los fenómenos culturales populares es preciso referirse a Encyclopedia of Latino Popular Culture en sus dos volúmenes (2004), cuyos editores son Cordelia Chávez Candelaria, Peter J. García y Arturo J. Aldama, la obra plasma —con una perspectiva que va más allá de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776, o más allá de Plymouth Rock en 1620 (xxii)— la gran influencia de las culturas chicana, boricua, nuyorriqueña, cubanoestadounidense y la de otros latinos. Incluye todas las formas de arte, desde la alta cultura y la popular como la música, el teatro, la literatura, el lenguaje, la moda, la comida, el performance y la religión (xxv). Además, desde una perspectiva poscolonial y decolonizadora, se examinan los ensayos contenidos en Latin@s in the World-System: Decolonization Struggles in the 21st Century U.S. Empire (2005) editado por Ramón Grosfoguel, Nelson Maldonado-Torres y José David Saldívar, bajo el cuestionamiento de las identidades hispanas, latinas y el mestizaje que acarrea esa serie de identidades entre las cuales aparecen la indígena, la negra y la judía. 5.1.3 Perspectiva histórica méxicoestadounidense Desarrollada por investigadores en Public Broadcasting System (pbs), existe una línea cronológica sobre la frontera entre Estados Unidos y México2. El periodista John Quiñones narró un documental de dos horas bajo la producción y dirección de Héctor Galán de Galán Productions en Austin, Texas, éste consta de seis partes y una de ellas se titula Unfinished Business; cubre la región 2

«www.pbs.org/kpbs/theborder/history/interactive-timeline.html».

144

5. Migración, exilio y desplazamiento

del sur de Texas en el año 1848 y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que estableció el Río Bravo o Río Grande como división entre las dos naciones. Unfinished Business ofrece entrevistas realizadas a expertos legales y genealógicos. La oficina de tierras generales de Texas, varios herederos de tierras y algunos especialistas en estudios étnicos y culturales proporcionan sus distintas perspectivas. Paul Espinosa aparece como uno de los productores de algunos segmentos como el que estelariza el grupo Culture Clash, cuyo segmento «Bordertown», dramatiza la región fronteriza entre Tijuana y San Diego. La investigación de estos documentales abarca desde 1500 hasta el año 2000. Un dato peculiar es el Tratado Adams-Onis de 1819, el cual cubre el acuerdo firmado entre Luis de Onis, en representación del Virreinato de la Nueva España, y John Quincy Adams, representante de los Estados Unidos. El tratado comprende las zonas de lo que hoy en día son los estados de Florida, Alabama, Arkansas y Luisiana, hasta el Río Sabinas. Se acude a la obra Memoria sobre las negociaciones entre España y los Estados Unidos de América (1820) por Luis de Onis. Otro texto complementario al de Onis es El México olvidado: la historia del pueblo chicano (1996) de David R. Maciel, el cual cubre diferentes periodos desde 1600 a 1970 y se extiende territorialmente desde la frontera México-Estados Unidos, hasta los barrios mexicanos de Chicago. Continuando con la perspectiva mexicana, se considera el texto Nuevas tendencias y desafíos de la migración internacional: México-Estados Unidos (2004) editado por Raúl Delgado Wise y Diana Margarita Favela Gavia, éste incorpora una serie de ensayos con la problemática rural mexicana y las sociedades y organizaciones que se han creado a partir de varios estados mexicanos como Durango, Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, dentro de los Estados Unidos. Para la perspectiva indígena se propone el texto Indigenous Mexican Migrants in the United States (2004) de Jonathan Fox y Gaspar Rivera-Salgado, el cual incluye las experiencias migratorias en California y Oregón de unos indígenas oaxaqueños; en el medio oeste de unos indígenas purépechas; mayas yucatecos y chiapanecos en San Francisco, California; y unos tzotziles en

5. Migración, exilio y desplazamiento

145

Nueva York. Esta serie de ensayos cubre aspectos transnacionales y bifronterizos en regiones rurales y examina elementos de género. Otra fuente específica es Mixtec Transnational Identity (2005) editado por Laura Velasco Ortíz, en la que, mediante una serie de ensayos, se abordan las organizaciones migrantes indígenas, el intercambio cultural, de género, industrial y tecnológico, e intelectuales que promueven una construcción sociopolítica entre dos comunidades bifronterizas. 5.1.4 Perspectiva histórica cubanoamericana Se puede concebir la comunidad cubanoamericana con la ayuda de textos como Cuban-American Literature of Exile: From Person to Persona (1998) de Isabel Álvarez Borland, cuyos ensayos incluyen estudios sobre el exilio de Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas, Pablo Medina, Gustavo Pérez Firmat, Virgil Suárez, Eliana Rivero, Ruth Behar, Roberto Fernández Achy Obejas y Cristina García, entre otros autores. Vidas en vilo: La cultura cubanoamericana (1994) de Gustavo Pérez Firmat, ensayos que abordan la influencia de la cultura cubana en los Estados Unidos, como la televisión con el actor cubano Desi Arnaz, la influencia del Mambo en la novela de Oscar Hijuelos (22), restaurantes como el Versalles en la sección Little Havana de Miami (115). Asimismo, The Portable Island: Cubans at Home in the World (2008) de Ruth Behar y Lucía M. Suarez, no sólo incorpora a los cubanos que se han ido de la isla hacia el norte, sino que también a los que emigraron a Europa o Rusia, y algunos que se quedaron en la isla y han establecido relaciones culturales con los de afuera. De igual manera, la perspectiva del exilio cubano se puede analizar a través del estudio From Welcomed Exiles to Illegal Immigrants: Cuban Migration to the U.S. 1959-1995 (1996) de Felix Masud-Piloto, el cual describe las dinámicas dentro de la comunidad que cuenta con muchos profesionistas como maestros, doctores y técnicos salidos de Cuba durante los años de 1959 a 1995, y cómo esa población migrante va cambiando a través de los años desde la Revolución cubana, las políticas estadounidenses de puerta abierta, las embarcaciones Camarioca y Mariel, y los dilemas de la in-

146

5. Migración, exilio y desplazamiento

fluencia de refugiados haitianos y centroamericanos hasta la base militar de Guantánamo. 5.1.5 Perspectiva histórica nuyorriqueña Esta zona cultural se explora bajo los textos From Bomba to Hip-Hop: Puerto Rican Culture and Latino Identity (2000) y Divided Borders: Essays on Puerto Rican Identity (1993), ambos de Juan Flores, éstos abordan las tradiciones culturales, urbanas, arquitectónicas, literarias y musicales bajo el aspecto multirracial afromestizo, así como la situación político-migratoria en la que se encuentran los puertorriqueños de la isla y los del continente. Para ampliar esta perspectiva se acude a Emotional Bridges to Puerto Rico: Migration, Return Migration, and the Struggles of Incorporation (2007) de Elizabeth M. Aranda, que aborda el tema transnacional, la marginalización etnorracial y el aislamiento cultural de los migrantes internos puertorriqueños que casi se dividen en la mitad entre la isla y tierra firme (2), cuestionándose «dónde está nuestra casa» (3) en un eterno vaivén y compartiendo su hispanidad con otros latinos. 5.1.6 Perspectiva histórica centroamericana estadounidense Para el enfoque centroamericano estadounidense, este estudio se apoya en Seeking Refuge: Central American Migration to Mexico, the United States, and Canada (2006) de María Cristina García, la cual cubre las guerras civiles centroamericanas como eje de la diáspora de Centro América y el estatus de refugiado que acompaña al inmigrante. La obra Transnational Conflicts: Central America, Social Change and Globalization (2003) de William I. Robinson observa la problemática sociopolítica y los conceptos transnacionalización y globalización desde una visión centroamericana. Asimismo, Seeking Refuge: Central American Migration to Mexico, the United States, and Canada (2006) de María Cristina García describe las redes migratorias internas centroamericanas y su fragmentación en el continente norteamericano con la

5. Migración, exilio y desplazamiento

147

incógnita identitaria de los migrantes trabajadores o refugiados, logrando desglosar las tradiciones culturales y las barreras que encuentran hombres y mujeres. 5.1.7 Perspectiva histórica española De los escritos sobre el exilio español se inicia con Pasajero en las Américas: cartas y ensayos del exilio (2007) de Pedro Salinas, con cartas y dos ensayos escritos entre 1936 y 1951. Éstos se enfocan en el grupo de la llamada Generación del 27 y su representación sobre el exilio de los casos de Alberti, Cernuda y Altolaguirre, entre otros. A continuación el texto Gringolandia, un retrato de EE.UU. y su relación con España (2004) de Ramón Vilaró expone los vínculos culturales ibéricos que han tenido un impacto entre estos dos países. Para recuperar una experiencia del exilio desde una voz alterna se incorpora el texto Contra el olvido: El exilio español en Estados Unidos (2010) de Sebastián Faber y Cristina Martínez-Carazo, en el cual se incluyen las voces de Américo Castro, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Luis Cernuda, José Rubia Barcia, Eugenio Granell y Víctor Fuentes, entre otros, quienes abordan los temas de la experiencia en el exilio y el nacionalismo español bajo una perspectiva que, según Ricardo F. Vivancos Pérez, ignora las fronteras geopolíticas y sitúa al exiliado en un terreno que no pertenece a nadie pero que puede considerarse como un doble territorio físico y nostálgico (125). 5.2 Marco teórico Los textos principales consultados son Imagined Communities (1983) de Benedict Anderson, Utopia, the Nation, and the Spatial Histories of Modernity: Imaginary Communities (2002) de Philip Werner, Displaced Objects; Migrating Collections and Recollections in Europe and the Americas (2009), Between Two Waters; Narratives of Transculturation in Latin America (1995) de Silvia Spitta. Todos estos textos analizan la carga cultural de los objetos arrastrados dentro de una comunidad imaginada, los cuales crean espacios propios y van definiéndolos.

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Los términos a definir bajo estas obras críticas son Notes Towards General Theory of Migration in Late Capitalism (1996) de Marios Nikolanikos, muestra una comunidad imaginada vista por Anderson, que se considera como un subgrupo dentro de un grupo hegemónico dentro de una frontera, sueña con quitarse esa categoría de subalterno algún día (2). Los grupos iberoeulatinos sueñan con objetos que refuerzan la memoria de su identidad. Estos grupos están formados por la otredad integrada por indígenas, exiliados, refugiados y trabajadores migrantes, a quienes su propia nación no ha podido ofrecerles lo que buscan. Su concepto de nación, nacionalidad y nacionalismo se ha convertido en el término antinación (2). La creación de artefactos culturales a través de este término es el punto de partida que señala Anderson para explicar el significado de antinación y nacionalismo analizados bajo un contexto histórico, que se transforman con el tiempo y se convierten con una legitimidad emocional muy profunda (4). Estos artefactos culturales analizados en estas obras autobiográficas llenan los espacios creados con una nueva perspectiva de poder pertenecer a dos o más entidades. Para Anderson, una nación es una comunidad política imaginada tanto limitada como soberana, en el sentido de que la única relación existente entre sus miembros se encuentra sólo en su imaginación (5). Estas comunidades iberoeulatinas formadas en los textos estudiados sí encuentran puntos comunes de convergencia, pero también aparecen puntos de divergencia que los unen, ya que no todos piensan igual, pero reconocen y entienden esas diferencias. Estas diferencias culturales son estudiadas también por Anderson y se aplican a la diferencia generacional entre padres e hijos (121) ya que en la población iberoeulatina existe una gran diferencia entre generaciones de inmigrantes, unos al arribar desde otra cultura y otros al crecer entre otras culturas. Asimismo la producción cultural nacionalista que incluye la poesía, la prosa ficción, la música y las artes plásticas es fecunda y proviene de un sistema hegemónico, pero la producción de cultura nacionalista análoga es más difícil de encontrar (146). Esta producción cultural es la que producen las obras examinadas en este estudio. La tecnología

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es un instrumento para que estas obras tengan una mayor difusión para que las voces y las palabras de las comunidades imaginarias pasen a formar parte de esa carga cultural que conforma ahora la realidad global (136). En el caso de Yolanda Cruz, este aspecto tecnológico le ayuda a difundir su cultura y hacerla transnacional; a través de internet, uno puede ver sus documentales, leer y escuchar su voz. Este tema es también abordado por Phillip Wegner en su obra Imaginary Communities: Utopia, the Nation, and the Spatial Histories of Modernity (2002), en ésta se expone la existencia de nuevas comunidades o espacios en los que se establece el impacto social descrito en el diario de Cristóbal Colón. El transporte antes marino ahora se manifiesta por el transporte vía electrónica con las nuevas tecnologías (xv), en el que se difunden las cargas culturales como sucede en el caso de Yolanda Cruz. Wegner señala lo que sucede en los Estados de la modernidad y la complejidad que se presenta cuando surgen nuevas comunidades vía un espacio electrónico que se ha creado con base en la nueva tecnología; como resultado de esa problemática, ha aparecido un lugar sin fronteras ni tiempo. En consecuencia, el Estado-nación ha inventado los imaginados términos hispanic y latino para colocar a los eulatinos en una suprarrealidad o espacio sociopolítico ficticio. Las comunidades iberoeulatinas se han creado mediante visiones, conceptos, modelos y mapas con una perspectiva alterna, otorgándole sus propios valores a su microhistoria para incorporarla a la historia oficial. Estos grupos son identificados como parte de una cultura conquistada o subordinada que ahora se ha desplazado a un espacio donde se vislumbra un futuro prometedor. Desde la perspectiva colonial, los ideales de José de San Martín y Simón Bolívar resultaron de los esfuerzos independentistas sudamericanos que surgieron desde el área urbana, los cuales excluían la idea de raza. Las voces alternas existentes, indígenas y esclavos negros no entraban en los parámetros nacionales considerados, sólo aparecían los criollos y los mestizos. Por otro lado, según Benedict Anderson, esas minorías influenciaron cuando se generaron las nuevas naciones, repúblicas e imágenes nacionales de los recién nacidos países latinoamericanos (81).

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5.2.1 Secundarios: creación un mosaico que se extiende y se contrae en una manzana Como textos secundarios se examinan Translation Nation: Defining a New American Identity in the Spanish-Speaking United States (2005) de Héctor Tobar, e Hispanic New York: A Sourcebook (2010) de Claudio Iván Remeseira. Tobar aborda un arcoíris de espacios: Los Ángeles, California; San Ysidro, California; Tijuana, Baja California; Watts, California; Ameca, Jalisco; Ashland, Alabama; Mc Allen, Texas; Piedras Negras, Coahuila; Dalton, Georgia; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Memphis, Tennessee; Rupert, Idaho; Frankenmuth, Michigan; Grand Island, Nebraska; Liberal Kansas; Cordova, Nuevo México; San Fernando, California; San Antonio, Texas; Miami, Florida; Barstow, California; Bell Gardens, Maywood, Watts and South Gate, California; La Higuera, Bolivia; Buenos Aires, Argentina; El Reno, Oklahoma; San Juan, Puerto Rico; Nueva York, Nueva York; Baghdad, Iraq, de los cuales recoge diversas historias de hombres y mujeres con una perspectiva optimista sobre sus nuevas vidas en los Estados Unidos, quienes vieron su llegada al norte como un torrente de reinvención en su alma. 5.3 Obras autobiográficas analizadas Con base en la información anterior y los puntos teóricos se ha creado una distribución de los autores tratados en este estudio acorde con la ubicación geográfica-regional de su origen y de su carga de objetos culturales. En la primera sección se han colocado Saúl Cuevas y Yolanda Cruz. En el primer caso, Cuevas aparece como un intelectual que lingüísticamente maneja varios discursos, el académico español, el calo chilango y el cambio de código chicano barrial de Van Nuys, California; pero también tiene una perspectiva global que le permite abordar el discurso de crítico de arte, tanto de bellas artes como de artes populares, desde una visión paraguaya, madrileña o sudafricana. En el segundo caso, Cruz, bajo su propia voz circular se define como oaxaqueña chatina, que se mudó de Cie-

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neguilla a la Ciudad de Oaxaca en su niñez, para después inmigrar hacia los Estados Unidos, con lo cual sus habilidades lingüísticas en inglés, español y chatino la colocan en una identidad tripartita, lo que le permite, cuando regresa a México, sentirse mexicana, al llegar a Oaxaca considerarse chatina y al viajar por Europa, inmigrante. Pero ante todo, ella se define como una directora indígena (xxx). En la sección caribeestadounidense, se agrupan los autores Gustavo-Pérez-Firmat, Esmeralda Santiago, Roberto Quesada y John Leguizamo. En este grupo se aborda el exilio, la migración, el asilo como refugiado y la inmigración. Pérez-Firmat aparece como un exiliado cubano que sí desempaca sus maletas pero éstas le cuestionan si aún es cubano, esto a través del juego del distinto significado de identidades entre el inglés y el español: no es lo mismo Cubaness, que cubanidad, cubaneo o cubanía (Cincuenta 105); tampoco es lo mismo Cuban, que cubano, cubiche, cubanazo y criollo (El año 59). Esmeralda Santiago se presenta como una boricua que se convierte en latina a través de la educación y el paso de niña a mujer, más adelante Santiago expone otras culturas como la turca para después regresar a la taína como una conquistadora poscolonial. John Leguizamo, aparece como un camaleón, alguien que se adapta a representar varios estereotipos raciales desplazando objetos, representándolos desde el escenario, la escena y la página para abarcar el drama, el cine y la novela. 5.3.1 El inmigrante mexicano e indígenas oaxaqueños: Saúl Cuevas y Yolanda Cruz a) Chicano/Cuevas (de los 1960 a los 1990) de Zacatecas a Van Nuys. Espacios creados, objetos desplazados y eulatinos globalizados en la trilogía migratoria de Saúl Cuevas A través de su ojo crítico del séptimo arte, Saúl Cuevas examina las imágenes fílmicas que crean espacios transnacionales, acarreándolas en su trayecto físico desde México, Estados Unidos, España, Paraguay, Argentina y Sudáfrica (Barrioztlán xv). Cuevas ofrece esta visión transnacional y globalizada de la industria e historia del cine de arte mundial. Desde esta perspectiva se analizan las referen-

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cias cinematográficas abordadas en “Lira3: entre tuarte i miarte mejor el séptimo arte” en Barrioztlán (1999) y “Cartelera” de Desierto Mojado (inédita) de Saúl Cuevas. Esto se logra mediante la ayuda de textos críticos como World Cinemas, Transnational Perspectives (2010) de Nataša Ďurovičová y Kathleen Newman, señalando que el transnacionalismo cinematográfico se basa en sus elementos de distribución, percepción y colaboración de proyectos, así como en el intercambio de conceptos críticos entre académicos y estudiantes, quienes elaboran un discurso transnacional de acuerdo con su ideología y aculturación (Durovičová 13). La perspectiva transnacional en el texto Global Art Cinema: New Theories and Histories (2010) de Rosalind Gail y Karl Schoonover, se expone como ejemplo en el cine mexicano con la combinación del institucionalismo del cine de arte y el uso de un marco interpretativo como un principio de inclusión, al interpretar la cultura entre cineastas y artistas europeos como Eisenstein y Buñuel; con el talento de Emilio Fernández y Gabriel Figueroa, y todo un equipo de asesores académicos mexicanos, el cine marginado se convierte en cine de arte al conjugarse con elementos transnacionales (Gail 213). Esta ideología de transnacionalismo se aplica en personajes específicos, en el caso de Barrioztlán como Arte-mío, encargado de hablar sobre el cine en la novela, quien representa un personaje picaresco que se siente desarraigado; ser real e imaginario, amante del jazz de Billy Holiday, Charlie Parker y Miles Davis, que a la vez es un homie con sus pendeltons; que en su juventud anduvo en pandillas (Barrioztlán 53); que inmigró desde la ciudad de los charritos a Plasticonia para camellar y enviarle unos centavos a sus padres, pero también fue a la Junior High (58), nacido en San Juan del Terrero (64), un lugar indefinido entre Zacatecas y Durango en México, zona donde también nació nuestro autor. Como ser transnacional, Arte-mío funciona como narrador-personaje que domina la escritura como un autor que vive entre cambios constantes de código lingüístico y cultural, apareciendo como un personaje híbrido que forma parte fundamental de una iden3 Guitarra, por sus seis cuerdas, Miarte (mi arte): cuidado lector aquí con el doble significado, mi arte y miarte (orinarte); el séptimo arte: el cine (Barrioztlán ix).

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tidad transnacional que funciona conscientemente en la voz narradora (Vertovec 73). Cuevas también identifica los terrenos de algunos cineastas como Buñuel en su natal Calanda y Bergman en su cuna en Faro. Nuestro autor identifica con su voz a Buñuel como ser transnacional señalando el viejo hispano/ franco/ chilango/ mundano; rústico artesano abriendo brecha con el machete dela imaginación; el chingón de los siete días; la conciencia discretamente hipócrita/ hipócritamente discreto copular burguesía-clero; los tantanbores de Calanda; al doblar de las campanas aparecen los homoinsectos4 (Barrioztlán 20).

Esta voz narradora maneja elementos transnacionales que aparecen intertextualizados en la perspectiva fílmica de Cuevas con sus comentarios y enfoque personal en cada filme, director, actor y de la corriente cinematográfica mencionada. Es interesante ver que el espacio donde se encuentra la butaca de Cuevas no es el de un cine tradicional. En su infancia, Cuevas recuerda soñando Andaba en una camioneta escandalizando por el barrio, me uní a los carisucias a perseguirla, al anochecer se detuvo en una esquina, clavaron una sábana sobre una pared i proyectaron imágenes de unos policías que caminaban con ritmo acelerado, se aventaban pasteles, corrían, caían i se incorporaban con ímpetus (Desierto 39).

Estos espacios donde está la butaca de Cuevas se transforman a No sé si fue en el Fox o en el Capri, en el Van Nuys de mis mocedades, cines hoy vertidos en mercadillo de inútiles chinos i en templo de gritones (44),

muestra espacios transformados que se han tomado como nuevas cunas de una cultura que ha creado zonas transnacionales suburbanas (Davis 93), apoderándose de lo que la hegemonía les deja. Estos espacios logran crear Filmex5 (Barrioztlán 19).

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tos.

Cuevas explica que Buñuel fue aficionado a la entomología, el estudio de los insec-

5 Cuevas asiste al Festival de cine en Los Ángeles en las décadas de 1970 y 1980. Entre las películas exhibidas figura El discreto encanto de la burguesía (1972), con la asistencia del propio Luis Buñuel.

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b) Indígenas mexicanos, (de 1990 a 2000) – Comunidades transnacionales chatinas a Oaxacalifornia Yolanda Cruz, cineasta chatina6 egresada del programa de estudios cinematográficos de la University of California (ucla), muestra su propia historia con una mirada a su comunidad natal en Oaxaca, al mostrar desde su propia perspectiva el movimiento trasnacional creado por la migración indígena a través de dos documentales, Fronteras binacionales (2005) y 2051 Migrants: A Voyage (2009), en los que relata la migración de grupos indígenas oaxaqueños hacia los estados de California, Carolina del norte y Nueva Jersey. En ambos casos, la directora muestra la perspectiva desde ambos lados de la frontera, documentando desde la raíz la problemática sociopolítica mexicana que empuja a estos migrantes a tomar la decisión de abandonar sus comunidades. La cineasta analiza tanto a los que se van como a los que se quedan y la relación que estas dos comunidades trasnacionales establecen a través de dos relatos. Esto crea dos espacios entre una frontera, en la que se dan procesos de aculturación para integrar la misma cultura, lengua, historia y tradición tanto de uno como de otro lado, para convertir los dos espacios en uno solo (Between 2). Estas dos historias se relacionan con la población indígena chatina y mixteca de Oaxaca, una se desarrolla en el Distrito de Juquila, Oaxaca, donde Cruz documenta el fenómeno migratorio masculino de la región y cómo las mujeres se organizan con las remesas que reciben para producir artesanías y procesar alimentos de la tierra, así como para crear una infraestructura con servicios públicos y una escuela para su comunidad. Este movimiento configura lo expuesto en Indígenas mexicanos migrantes en los Estados Unidos (2004), donde Fox y Salgado afirman la restructuración de la migración mexicana como un proceso multiétnico que requiere de un análisis binacional para explicar lo que sucede 6 Chatina/chatino – Habitante indígena de la región sudeste de Oaxaca, en poblaciones como Nopala y Yaitepec, Tataltepec y Zezontepec, cuyo significado en su propia lengua es «trabajo de las palabras» (conaculta).

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en la sociedad mexicana, la cual se ha convertido en una nación de migrantes en todas las estructuras sociales (5). El segundo relato, documenta el trabajo de Alejandro Santiago y un grupo de artesanos quienes crean esculturas representando a los habitantes de Teococuilco, Oaxaca, que han emigrado a California, Carolina del norte y Nueva Jersey en Estados Unidos. Cruz afirma: si los migrantes chatinos pueden ver el desarrollo de los mixtecos en los Estados Unidos, se sentirán inspirados para formar organizaciones comunitarias fuertes en sus pueblos y en el extranjero. Y cuando los mixtecos vean sus propias historias y la historia de los chatinos, se sentirán identificados con la misma experiencia. Se sentirán satisfechos con respecto a sus logros y seguirán trabajando para mejorar sus organizaciones (Indígenas 40).

En los ambos documentales se describen los espacios vacíos dejados por esta migración y cómo se van llenando con tecnología y objetos al tomar medidas positivas para contrarrestar esa ausencia. La globalización ha beneficiado a estas mujeres indígenas ofreciéndoles lazos de comunicación, acceso a la educación y a la información (Brady 161), para que se creen elementos que puedan ayudar a que la población indígena mexicana sea menos dependiente de un gobierno y una sociedad que los ha abandonado. Estos espacios son creados en Fronteras binacionales por un grupo de mujeres que forma una cooperativa con las remesas que envían sus coterráneos desde un nuevo núcleo que se forma denominado Oaxacalifornia. En 2051 Migrants: A Voyage, el espacio vacío se llena con esculturas de barro realizadas por el artista oaxaqueño Alejandro Santiago y un grupo de jóvenes artistas. En un movimiento, algunas de estas esculturas aparecen en el desierto de Arizona como un espíritu que persigue su propia alma. En esta región binacional aparece una frontera elástica, dividida y bifurcada. Por un lado vemos la materialización fronteriza nacional, por el otro vemos un anclaje con elementos u objetos tradicionales

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que sirven de pegamento para solidificar este proceso migratorio (Brady 55). Estos objetos desplazados parecen tener vida propia, lo que provoca que cuando se mueven se gesta un cambio tanto en su origen como en su destino (Misplaced 4). Los objetos son colocados estratégicamente durante los documentales como unión entre los espacios presentados. Antes de abordar los acontecimientos expuestos en ambos documentales, Sueños binacionales y 2051 Migrants: A Journey, es necesario analizar el contexto sociohistórico tanto de la cineasta como de la comunidad que se describe en la pantalla. 5.3.2 El inmigrante caribeestadounidense: neorriqueños, cubanoamericanos, centroamericanos y colombianos: Gustavo Pérez-Firmat, Esmeralda Santiago, Roberto Quesada y John Leguizamo a) Cubanoestadounidenses, de 1960 a 1990 – de La Habana a Miami. Desde un exilio cubanoeulatino independentista y revolucionario a un nuevo espacio imaginario poscolonial y trasnacional Cincuenta lecciones de exilio y desexilio (2000) de Gustavo Pérez-Firmat, obra que se refiere a un ser que padece de vértigo geográfico o motion-sickness debido al desplazamiento provocado por su destierro (Cincuenta 104), aquí se analizan los exilios políticos e identitarios de estos autores; ambas voces poéticas crean espacios y desplazan objetos para expresar su pérdida emocional. La carga político-cultural dentro de estos espacios imaginarios y los objetos desplazados en esta obra crean un tercer espacio donde estos seres se sienten menos incómodos y pueden disminuir su dolor de pérdida. A través de los textos teóricos Imaginary Communities: Utopia, the Nation, and the Spatial Histories of Modernity (2002) de Phillip Wegner y Misplaced Objetcs: Migrating Collections and Recollections in Europe and the Americas (2009) de Sivlia Spitta, se trazan los puntos que definen estos terceros espacios, en los cuales se puede encontrar similitudes y diferencias, contando con los objetos más preciados de cada autor que deambulan y se mezclan con sus memorias infantiles cerca del mar, y

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se desdibujan sus nuevas orillas buscando echar raíces a base de recuerdos del pasado y espacios conquistados y objetos adquiridos en el presente. Las Cincuenta lecciones de exilio y desexilio de Pérez-Firmat, refleja un carácter alegórico sentimental sobre el exilio que cada uno experimenta, creando un espacio a la otra orilla del mar desde la cual pueden ver lo que han dejado en la orilla abandonada. El recorrido de Pérez-Firmat es más corto, sólo lo separan noventa millas de su patria, pero decide no moverse fuera de los Estados Unidos, aunque no desempaca sus maletas por mucho tiempo ya que tiene la nostalgia de volver en cualquier momento que derroquen el régimen castrista (www.gustavoperezfirmat.com/). La autobiografía El año que viene estamos en Cuba (1997) de Pérez-Firmat, describe el puente que se establece entre su infancia cubana y su juventud y adultez de exiliado en Miami, Michigan y Carolina del Norte. Su cubanidad es aleatoria, «mi nacionalidad se derivaba de mi condición de exiliado, y no al revés —como si yo hubiese sido exiliado primero y cubano después» (25). El texto describe sus espacios entre la esquina habanera de Paula y San Ignacio; así como las calles de la saugüesera en la Pequeña Habana en Miami; en la biblioteca de la Universidad de Michigan; o en su aula de clases en Chapel Hill impartiendo cursos de idiomas y literatura en español rodeado de alumnas (170). Los objetos como «la palomilla con moros y tostones» (72), el dominó y la canasta (91) forman parte del bagaje cultural que Pérez-Firmat arrastra en su maleta autobiográfica de ciudad en ciudad. b) Nuyorriqueños, de 1960 a 1990 – de San Juan a Nueva York Dentro de la narrativa eulatina se distingue las novelas traducidas Cuando era puertorriqueña (19), Casi una mujer (19) y El Amante Turco (19) de Esmeralda Santiago. Esta trilogía funciona, según Jorge Duany, como una imagen de la migración trasnacional puertorriqueña a modo de una puerta giratoria, donde constantemente se cruzan las fronteras y se acostumbra la identidad de ir y venir (209).

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En el caso de Santiago, ella mantiene su identidad de jíbara trasnacional, en un cambio perpetuo. En sus vivencias juveniles, su identidad presenta un transición también constante entre el espacio rural boricua y el complejo entorno urbano nuyorriqueño, ambos espacios contienen elementos sonoros, visuales, insípidos y degustables que representan una diversificación yuxtapuesta puertorriqueña boricuanizada y neoyorquizada, donde hay una mezcla cultural con otros eulatinos, así como también con otras comunidades multiculturales anglosajonas, árabestadounidenses y asiáticoestadounidenses que van a tener un efecto identitario al obtener un panorama crítico de mayor diversidad del ambiente que la envuelve. c) Centroamericoestadounidenses, de 1980 a 1990 – de Olanchito, a Miami y Nueva York Con rápidos desplazamientos Quesada nos traslada de la Ceiba en la costa hondureña hasta South Bronx en Los barcos; nos plantea otra puerta de entrada conocida para el sudamericano en No entres por Miami. Según el propio Quesada las migraciones son movimientos naturales espontáneos y además legítimos, que no se detienen con leyes, ni con reglamentos, ni con prohibiciones o sanciones. Y no valen muros, no valen murallas, ni siquiera las de acero inoxidable. (Ramírez)

A través de sus voces narradoras, se puede observar la llegada al Aeropuerto Internacional de Miami —que se ha convertido en la Ellis Island de la entrada migratoria centroamericana— y los paseos por las calles neoyorquinas, donde los hondureños se encuentran con otros hispanohablantes acarreando sus objetos en la mente, como aguacates, gallinas y objetos de arte que no son considerados bellas artes por los oficiales de migración. Acompañado de su propia música en las calles de la gran manzana, Big Banana describe los grandes sueños y los pocos recursos con los que cuentan sus voces. d) Colombianoestadounidenses, de 1960 a 1990 – de Bogotá a Queens: un eulatino poscolonial y transnacional que va del teatro al texto y al filme

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En retrospectiva, vemos que John Leguizamo (n. 1964) es una persona que nació en algún lugar anónimo de Latinoamérica debido a ciertas circunstancias por las que su padre y su madre se encontraban allá. En su obra Freak: A Semi-Demi-Quasi-Pseudo Autobiography (1997), nos comunica que no le importa el nombre del lugar ni el de sus padres “I’ve changed my parents names to Fausto and Lala, to protect the innocent, namely me. I was born in Latin America, cause my moms was there” (Freak 1). Queda claro que, en un mundo poscolonial y trasnacional, nuestro autor experimenta la típica crisis de identidad. Según Jorge Gracia, el concepto de identidad nos lleva a tres cuestiones: una atemporal, que resuelve la pregunta de quiénes somos; una temporal, que resuelve la pregunta de quiénes somos en determinado tiempo, y una tercera que es temporal en el sentido presente y futuro y resuelve la pregunta de quiénes somos ahora y quiénes seremos al final de cierto período de tiempo (Hispanics 32). Esta relación entre la identidad y el tiempo es algo que está en constante cambio, nuestra identidad se transforma debido a lo que nos rodea. El movimiento en el tiempo cambia nuestra identidad, por eso, Leguizamo sufre un cambio de identidad en el tiempo y el espacio que lo rodea ya que nace en Latinoamérica, pasa parte de su niñez y su adolescencia en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, y vive entre irlandeses, italianos, latinoamericanos y judíos en los barrios de Jackson Heights, Sunnyside (Freak 64) y Corona (Freak 70). Además vive en Queens, un barrio neoyorquino descrito por Leguizamo como «the biggest melting pot of America» (cit. en Stavans, “The Ventriloquist” 112), donde podía pasar al lado de un hindú, un puertorriqueño, un mexicano o un italiano y tenía una novia musulmana de raza africana llamada Nubia (Freak 77). Posiblemente por tal experiencia trasnacional, Leguizamo incluye tanto Latinoamérica como Nueva York bajo su definición de una utopía: un buen lugar o ningún lugar donde existe un todo que se repite en cualquier lugar de Latinoamérica y donde uno se puede encontrar con personas de muchas nacionalidades, religiones, culturas y razas, y pasar desapercibido a pesar de la etiqueta étnica (Freak 5).

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En las tres obras autobiográficas de John Leguizamo vemos a un autor que se poscolonializa cuando sus padres salen de Colombia hacia Estados Unidos y se transnacionaliza dentro de los Estados Unidos. Como parte de su vida en Colombia, sus padres experimentaron y presenciaron en sus connacionales el sentido de independencia ya que tal país dejó de ser una colonia en el siglo xix; por su parte, John lo experimenta hasta los tres años y después regresa por varios años para terminar su educación secundaria. Ambos hechos poscolonizan al autor. Como parte de Estados Unidos, John Leguizamo vive en varias vecindades neoyorquinas cuyos residentes pertenecen a varios grupos étnicos estadounidenses o son inmigrantes procedentes de varias naciones. Esta residencia cotidiana los transnacionaliza. Con base en ambas experiencias, la colombiana y la estadounidense, Leguizamo establece puentes culturales entre la tierra natal y la adoptada, todo esto facilitado por el regreso a Colombia durante su adolescencia y, más tarde, su trabajo que lo hace viajar a Latinoamérica a razón de su profesión como actor de cine. Vía sus obras biográficas vemos que, tomando en cuenta su rica experiencia multicultural, se transforma de un estereotipo a un prototipo eulatino: Mambo Mouth (1993), Freak: A Semi-Demi-Quasi-Pseudo Autobiography (1997) y Pimps, Hos, Playa Hatas, and All the Rest of My Hollywood Friends: My Life (2006). Es decir, John Leguizamo nos conduce a una identidad eulatina que, al rechazar los estereotipos, resulta en uno de los prototipos creados con base en la yuxtaposición de las culturas latinorteamericana y anglosajona, en particular porque vivió y creció en Jackson Heights; esta fusión cultural resulta en un nuevo ser que, siendo bilingüe, domina a un nivel profesional el inglés y el español; es, además, multicultural y conoce las distintas aculturaciones tanto de los eulatinos como de los puertorriqueños, cubanos, mexicanos y colombianos. Con ese rico legado cultural asimilado, típico del prototipo7, crea un perso7 El prototipo tiene elementos tridimensionales: implica tener sentimientos y profundidad; se producen personajes nuevos y enteros (Leguizamo, Pimps 115). Estos personajes constituyen una serie de identidades complejas que, adheridas a la plenitud, permiten un lenguaje común a todos los hispanos o latinos; no se trata de una identidad común, sino que se debe tomar al individuo como un elemento único (Gracia 66).

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naje eulatino que se expresa en inglés, español y spanglish dentro de una cultura estadounidense. Aunque la gente puede ajustarse a una identidad como mexicanos, argentinos, tarahumaras, chicanos, peninsulares, portugueses o africanos, la homogeneidad es una invención del hombre (Gracia 191); por su parte, Leguizamo desea, de manera radical, tener una identidad híbrida que lo pueda colocar al alcance de un público más numeroso. 5.3.3 El inmigrante español: Víctor Fuentes a) Hispanounidenses, de 1960 a 1980 – Espacios y objetos generados en el exilio español de Floreal Hernández de Madrid a Nueva York y Santa Bruta Mediante la observación de objetos culturales flotando a su alrededor para crear o acercar espacios que van de lo imaginario a lo real, se analiza el texto Morir en Isla Vista (1999) de Víctor Fuentes (Floreal Hernández). Entre estos objetos, se examinan textos literarios y sus autores, filmes y sus directores, lugares y sus historias, tradiciones regionales y nacionales, costumbres reflejadas, así como nuevas aculturaciones adquiridas por el entorno que rodea el espacio creado a través de la crítica de Phillip E. Wegner, Utopia, the Nation, and the Spatial Histories of Modernity: Immaginary Communities (2002) y de Silvia Spitta, Displaced Objects; Migrating Collections and Recollections in Europe and the Americas (2009). En las palabras de Fuentes, estos dos espacios son como por un lado «la patria de origen nunca abandonada anímicamente» y el otro como «el país de acogida en el cual mi «ser ahí» ha pasado gran parte de su existencia» (El Mundo). El desarrollo crítico va desde la implementación de espacios que parecen estar encontrados el uno con el otro, como si uno diera vuelta a la esquina y pudiera atravesar en un instante el océano que hay en América y España. En estos espacios aparecen flotando objetos ícónicos que surgen en la memoria del narrador quien está viendo su propia realidad. Estos espacios y objetos se ubican desde un punto de partida de una España de 1954, en la que el narrador empieza su exilio voluntario pasando por Francia e Inglate-

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rra, para después ubicarse finalmente en el suroeste de los Estados Unidos, no sin antes pasar por Nueva York. Sin embargo su viaje no se detiene ahí. Como se puede ver, sus aventuras continúan por la comunidad chicana y eulatina desde Santa Bárbara, California, o en caló chicano Santa Bruta (93), hasta Nueva York para después dar un viraje hacia el sur internándose en México y hasta la Argentina, pasando por su capítulo en Bogota, “Pasajes de un diario colombiano” (101), así como sus continuos sabáticos paseando por Madrid en el colegio jesuita Areneros (102), describiendo esos fragmentos de tiempo y espacio como se describen en el pasaje “y nos pasamos mis últimos días en Cali haciendo el amor y saliendo juntos. El domingo, esta vez, fuimos al río, allí entre familias, nos parecía estar en la Jarama” (113). Estos espacios se acortan y se encuentran el uno con el otro, cuando aparece una situación utópica (115 Wegner), por medio de un río, los espacios colombianos y españoles aparecen en un mismo plano. Ese momento utópico también se refleja en los objetos encontrados por Floreal Hernández que se han personificado en españoles exiliados y aparecen a la vista del narrador en muchos lados, como en Colombia, como esta chica Marga, una castellana que aparece como la belleza macondina Remedios la Bella de García Márquez (112) o Rafael Pérez de la Dehesa, profesor madrileño que se exilia en Berkeley (116). Estos personajes se transforman en objetos que acarrean un sentimiento cultural de pertenencia a un determinado grupo nacional o regional (77, Spitta), lo cual hace, por un lado, que las distancias temporales y espaciales se acorten, y, por otro, se combinen para formar la aculturación del narrador con el mundo latinoamericano que abarca la población hispanohablante de los Estados Unidos. Estos espacios físicos y temporales se refuerzan con objetos culturales iberoamericanos y estadounidenses y flotan en la mente del seudónimo Floreal Hernández. Su lugar, Isla Vista, ubicada en algún lugar frente a la ciudad californiana de Santa Bárbara, la cual tiene enfrente al archipiélago de Islas del Canal, entre cuyas islas también hay una isla llamada Santa Bárbara y la sección de residencia estudiantil universitaria de la Universidad de California Santa Bárbara, de donde proviene parte del nombre del texto ana-

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lizado, Isla Vista, un «Macondo de plástico», como lo describe el narrador (126), en el cual se puede encontrar al lado de un académico chicano Luis Leal, una peninsular como Soledad Puértolas. Este espacio está localizado en la utopía sugerida por el personaje de Tomás Moro, Rafael Hitlodeo, en un espacio entre lo antiguo y lo moderno, entre Europa y América (Wegner 57). Bibliografía Acha, Juan (1996). Aproximaciones a la identidad latinoamericana. México : Escuela Nacional de Artes Plásticas de la unam. Anderson, Benedict (1983) Immagened Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Londres : Verso. Behar, Ruth and Suárez, Lucía M. (ed.) (2008). The Portable Island: Cubans at Home in the World. Nueva York : Palgrave McMillan. — (1995) Bridges to Cuba, puentes a Cuba. Ann Arbor, University of Michigan Press. Cohen, James (2005) “Sociopolitical Logics and Conflicting Interpretations of ‘Latininization’ in the United States”. Latin@s in the World – System: Decolonization Struggles in the 21st Century U.S. Empire. Ed. Ramón Grosfoguel et al. Boulder, Paradigm Publishers. pp. 165-82. Cruz, Yolanda (dir.) (2009). 2501 Migrants: A Journey. Canoga Park, CA, Cinema Libre. — (dir.) (2006) Sueños binacionales/Bi-national dreams. Los Ángeles : Petate Productions. Filme. Cuevas, Saúl (1999). Barrioztlán. Phoenix : Orbis Press. — Inédito (2011). Desierto Mojado: Crónicas. Phoenix. Davis, Mike (2001). Magical Urbanism: Latinos Reinventing the U.S. Big City. London : Verso. Duany, Jorge (2002). The Puerto Rican nation on the Move: Identities on the Island and in the United States. Chapel Hill, U of North Carolina P. Dussel, Enrique (1992). 1492. El encubrimiento del Otro. Madrid : Nueva Utopía. “Eulatino” (2008). John LeDoux. “Rio Arriba, New México Manito Short Story Writers Ulibarri, Sagel and Arrellano: The Bakh-

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6. Gestão educacional e (i)migração na fronteira Brasil e Uruguai Bardesio, Geovana Gabriela1 Cassanego Jr, Paulo2 Introdução Há diversas leis de âmbito nacional3, binacional4 e multinacional que determinam e tornam legítimo o direito à educação dos estrangeiros no Brasil. Corroborando com uma série de disposi5

1 Universidade Federal do Pampa, Campus Sant’Ana do Livramento, Sant’Ana do Livramento, RS, Brasil, «[email protected]». 2 Universidade Federal do Pampa, Campus Sant’Ana do Livramento, Sant’Ana do Livramento, RS, Brasil, «[email protected]». 3 (CF; Lei 6.815/80) Constituição Federal de 1988 e Estatuto Jurídico do estrangeiro no Brasil de 1980 são exemplos de Legislações brasileiras que consideram os direitos dos estrangeiros, mas não são as únicas nem as primeiras. A primeira legislação especifica para o estrangeiro no Brasil foi o Dercreto-lei nº. 406, de 4 de maio de 1938, que dispõe sobre a entrada de estrangeiros no território nacional. 4 (Decreto 5.105/2004) Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios é apenas um dos muitos acordos celebrados entre os países que abrange a questão fronteiriça e os seus habitantes. A lista completa de acordos e tratados celebrada entre os países pode ser visualizada no site: «http://www.itamaraty.gov.br». 5 .(Mercosul educacional Protocolo de integração educativa e reconhecimento de certificados, títulos e estudos de nível primário e médio não técnico (Mercosul/cmc/dec. Nº 4/94), documento firmado entre os países integrantes do mercosul, entre eles o Brasil, para tratar da integração educativa entre os países membros, tento em vista que a educação é um fator fundamental no processo de integração regional.

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ções legais de âmbito global6 que reservam aos estrangeiros o direito de freqüentar a escola, e que caracterizam a educação como um direito universal de todos. Apesar do resguardo legal, a migração e as diferenças culturais, têm sido importantes motivadores da ocorrência de preconceito e discriminação em ambientes escolares. Gerando problemas de desenvolvimento emocional e educativo em alunos imigrantes. Os quais podem apresentar características especificas e necessidades educacionais especiais (nee), relacionadas, principalmente, as diferenças de idioma, cultura e a adaptação ao novo ambiente escolar, conforme assinalado nas pesquisas desenvolvidas por Batanero (2005), Hernández, Vera e Quiroa (2005), Alegre (2008) e; Gonzáles e Martín (2009). O recebimento de alunos (i)migrantes7 em centros educacionais pode ser mais acentuado em situações que a aproximação geográfica propicia a (i)migração diária entre a população, elevando a probabilidade de que (i)migrantes procurem instituições escolares em outro país. Tal qual é o caso observado na fronteira formada pelas cidades de Sant‘Ana do Livramento, localizada no Brasil e, Rivera, situada no Uruguai. Neste contexto, situa-se a Escola Estadual de Ensino Médio Professor Chaves, localizada em Sant’Ana do Livramento. A qual se caracteriza por manter entre o seu rol de alunos, (i)migrantes fronteiriços uruguaios. Em 2011, a escola Estadual de Ensino Médio Professor Chaves tinha 802 alunos matriculados nas modalidades de ensino fundamental e médio. Dos quais, 22 são de nacionalidade uruguaia e 121 alunos mantinham outros tipos de vínculos com o país vizinho, tais como: consangüíneos (filhos de pais e/ou mães uruguaios); situação escolar anterior (alunos brasileiros e/ou uruguaios ingressados na escola brasileira advindos do sistema educacional uruguaio); e, geográfico (alunos brasileiros e/ou uruguaios que residem no Uruguai e atravessam a fronteira diariamente para estudar no Brasil (Viera, 2012). 6 Declaração Universal dos Direitos Humanos; Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; Convenção relativa a luta contra a discriminação no campo do ensino; Convenção sobre os direitos da criança; Cúpula Mundial de Educação. 7 As nomenclaturas (i)migrante e (i)migração serão adotadas para referenciar situações de alunos que podem estar relacionadas tanto a condição de migração como a de imigração, adaptando as abordagens realizadas pelos teóricos e identificando alunos do contexto estudado.

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Considerando que as escolas localizadas na zona fronteiriça de Sant’Ana do Livramento (Brasil)/Rivera (Uruguai) podem ser caracterizadas por receber alunos em situação de migração fronteiriça. E que, a migração e as diferenças culturais, podem ser fatores motivadores de problemas relacionados a discriminação em ambientes escolares este trabalho se desenvolve com o objetivo de identificar as necessidades apresentadas por alunos (i)migrantes e as respectivas adaptações realizadas pela gestão da Estadual de Ensino Médio Professor Chaves no período de 1980 a 20118. 6.1 O discente estrangeiro no sistema educativo A função educativa é de importante para a sociedade e especialmente delicada, quando se trata da formação de crianças (i) migrantes devido, sobretudo, as diferenças existentes entre os idiomas, as idéias religiosas e culturais apresentadas por esses discentes (Batanero, 2005). Ao considerar que uma das funções do sistema educativo, e por conseqüência da instituição escolar, é a socialização dos indivíduos, através do seu «aculturamento», González e Martín (2009, p.9) destacam a necessidade de identificar e eliminar os prejuízos existentes dentro das diversidades culturais —no âmbito escolar— evitando a utilização da diversidade como um pretexto para a legitimização da exclusão social que podem sofrer os (i)migrantes9. Alegre (2008) afirma que há diferenças nos resultados alcançados por alunos autóctones e imigrantes e que os alunos alheios à cultura local apresentam necessidades específicas e características próprias. Podendo-se concluir, a partir do seu trabalho, que as necessidades específicas dependem das características do aluno e, conforme for esta relação, os alunos podem ser considerados um problema ou um fator enriquecedor para o aprendizado coletivo. Para o autor, as necessidades educativas dos alunos imigrantes es8 Em 1980 foi criada a legislação vigente que determina o estatuto jurídico do estrangeiro no Brasil e por este motivo o período foi tomado como base para o recorte de tempo da pesquisa. 9 O autor refere-se a «grupos minoritários» onde estão incluídos os imigrantes.

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tão principalmente relacionadas a três variáveis básicas que definem o seu grau de especificidade. São elas: 1) a idade de chegada e inicio da escolarização; 2) o conhecimento ou não da língua do país receptor; e 3) a trajetória educativa e o nível de aprendizagem desenvolvido no país de origem. Portanto, dentro desta lógica, quanto mais cedo o aluno chega ao sistema escolar receptor mais facilmente consegue se adaptar a cultura dominante. Além disso, o fato de não ter sido alfabetizado na sua língua materna e o de conhecer o idioma do país receptor podem facilitar este processo de adaptação. Enquanto que o tempo em que este aluno estudou no seu país de origem, pode interferir no processo adaptativo, principalmente quando se considera o conhecimento acumulado. O comportamento e as atitudes da criança (i)migrante dentro do trabalho educativo têm características singulares que são mais evidentes quando comparadas com grupos escolares de crianças de comunidades estáveis, o desejo de aprender das crianças (i)migrantes está relacionado à necessidade de resolver problemas da sua vida diária na escola, pois as mudanças provocadas pelo fenômeno (i)migratório implicam no desenvolvimento de competências relacionadas à aprendizagem de coisas novas. As crianças (i) migrantes nos grupos escolares precisam interagir com os alunos autóctones apesar da diversidade de línguas, costumes e crenças existentes. Estes alunos necessitam transformar a diversidade cultural, étnica e lingüística em uma vantagem, ao invés de um obstáculo para o seu desenvolvimento (Hernández, Vera e Quiroa, 2005). Alguns fatores institucionais que podem influenciar o desempenho escolar dos educandos são: “as atitudes e disposições da escola, a sua capacidade de mediar os significados e as possibilidades das relações interculturais desenvolvidas no seu interior e, os hábitos de participação das famílias no centro educativo” (Alegre, 2008: 64). Logo, a preparação da escola para lidar com um contexto culturalmente diverso e, a sua disposição em se adaptar a nova realidade, são fundamentais para o sucesso da aprendizagem dos alunos. Para Batanero (2005: 3) “o fenômeno migratório, afeta o sistema

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educativo do país acolhedor”, sendo ele, o fenômeno migratório, considerado um problema. Pois, força o sistema educativo a prestar importantes contribuições, tanto no sentido de promover a integração social do aluno recém chegado como de incentivar a criação de uma consciência solidária entre todos os alunos. O atual estado da resposta educativa para o chamado “problema educativo da migração” apresenta-se através de duas vertentes. Sendo que a primeira diz respeito a “atividades e programas de tipo funcional desenvolvido pelos professores conforme a necessidade vivenciada na sala de aula”. Nesta situação os professores, muitas vezes, são obrigados a improvisar estas ações e/ou agregá-las ao planejamento. Já a segunda vertente, é fundamentada na idéia de problema global e complexo que supera a necessidade pontual da localidade (Hernández, Vera e Quiroa, 2005: 4,). Para esta corrente, a investigação básica e aplicada que fornece modelos de análise e atuação e, por conseguinte, ajuda instrumental à prática, constitui uma importante ferramenta para a discussão do tema. E por isso, este viés valoriza atividades como encontros, seminários, publicações, etc. Peñalonzo (2003), em seu trabalho, faz referência ao chamado problema migratório, remontando, principalmente, as questões históricas-culturais. Para o autor, as diferenças culturais estão enraizadas na formação histórica dos países e a globalização tem favorecido a convivência de culturas diversas. Ao referir-se sobre esta convivência, o autor declara que: Posiblemente, algunos nos dirán que el camino es mantener la desigualdad cultural en aras de la defensa de la propia identidad, llegando incluso a acentuar el antagonismo entre culturas, alimentando nacionalismos, localismos y acrecentando discriminaciones. Habrá también quienes piensen que la homogenización cultural que promueve la globalización es el remedio cultural al cual atenerse en aras de que, hoy por hoy, no importa el lugar donde vivamos, vivimos una “aldea global”, violentando identidades e imponiendo la cultura neoliberal a todas las culturas (Peñalonzo, 2003: 154).

Entretanto, para Alegre (2008) a presença de alunos estrangeiros em estabelecimentos de ensino não deve ser encarada como um problema, mas como uma oportunidade de aproveitar os benefícios

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da diversidade, pois “considerar os contrastes permite avançar na identificação de políticas e práticas educativas suscetíveis ao favorecimento da equidade e da igualdade de oportunidade entre os alunos de diversas origens” (Alegre, 2008: 64). Peñalonzo (2003: 154) destaca a específica contribuição do multiculturalismo e das culturas de fronteiras, ao considerá-las responsáveis por manter ainda vigente o que chama de “educação como prática de liberdade”, o que faz com que esta prática seja considerada uma “pedagogia de esperança”. Para ele, as culturas que ultrapassam as fronteiras culturais não apenas confirmam a sua identidade, mas também, criam novas formas culturais originárias que passam a ser aceitas pela cultura dominante, e constituem um elemento integrativo e não um elemento adaptativo das novas situações vivenciadas10. Outro aspecto importante a ser considerado é a formação dos profissionais da educação e a sua preparação para lidar com as especificidades destes alunos. O atendimento das exigências deste fenômeno (i)migratório conforme Batanero (2005: 9) demanda a criação de um projeto sociopisicopedagógico que responda as características, necessidades, aspirações e valores culturais dos povos. Peñalonzo (2003: 154) afirma que “os novos contextos começam a exigir que a escola não apenas faça uma revisão curricular do espaço educativo, mas também a criação de novos caminhos educativos”. Neste sentido, alguns países são considerados referência por se preocuparem em desenvolver políticas e programas específicos ao acolhimento de alunos (i)migrantes ao seu sistema educativo. É o caso da Espanha, país que deixou de ser caracterizado como emigrante e passou a ser considerado país imigrante, principalmente após a década de 199011. Batanero (2005) em seu trabalho apresenta algumas das adaptações deste sistema, entre as quais, destacam-se: 10 Com base nesta afirmação é possível realizar uma analogia comparativa do contexto em que se desenvolve este trabalho. Pois, a partir da observação direta deste cenário, é possível dizer que a cultura brasileira (gaucha) presente em Sant’Ana do Livramento respeita e convive pacificamente com a cultura uruguaia (gaúcha) de Rivera, ao mesmo tempo em que se fundem na cultura fronteiriça, representada, principalmente, pelo portunhol, sendo este um dos elementos culturais que simbolizam a integração cultural existente neste ambiente. 11 Nos anos 1960 e 1970 iniciou-se o movimento migratório no país, no entanto, este foi intensificado após a aprovação de uma legislação específica que regularizava a situação dos já imigrantes até então ilegais (inicio da década de 90). Atualmente o país, tem mais

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•Elaboração de normativa especial de atenção ao aluno imigrante dentro da nee •Elaboração e atuação de censo escolar atualizado – identificação e acompanhamento da distribuição dos alunos imigrantes •Incentivo a parcerias entre instituições escolares e ONGs com vistas a: -acompanhamento e apoio escolar em colaboração com centros educativos

-formação de professores

-colaboração nos processos de escolarização dos alunos -ações direcionadas a evitar o absenteísmo escolar •Criação de planos de compensação escolar e Plano de acolhimento •Atenção a família: especialmente sobre o funcionamento do sistema escolar •Criação e publicação de materiais e guias informativos •Apoio ao desenvolvimento da língua materna Além disso, o Ministério da Educação da Espanha mantém disponibilizado em sua página na internet, uma série de publicações que abordam a temática «Imigração no sistema educativo», com o intuito de promover a troca de informações entre os agentes educacionais e propiciar a discussão entre eles, gerando a valorização cultural, a divulgação e o incentivo da realização de práticas integrativas. Com o objetivo de reconhecer e valorizar as boas ações realizadas em prol da boa convivência desenvolvidas nos centros educativos, o Ministério da Educação espanhol criou o programa “Convivencia – Premios a las buenas prácticas”. Estas ações buscam incentivar o sentimento de igualdade de oportunidades, reconhecendo a diversidade e utilizando-a como ferramenta de integração entre os indivíduos e não como alimento ao desenvolvimento de preconceitos e estereótipos, evidenciando o papel do professor e do sistema educativo como agentes condutores desta vertente. de 5 milhões de residentes estrangeiros, o que significa mais de 12% da sua população. Os imigrantes residentes na Espanha são provenientes de diversos lugares do mundo (ine, 2011).

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6.2 Metodologia Tendo como objeto de pesquisa a escola Estadual de Ensino Médio Professor Chaves, localizada na cidade fronteiriça de Sant’Ana do Livramento, RS, Brasil, desenvolveu-se um estudo de caso qualitativo-descritivo (Yin, 2010), onde foram utilizadas entrevistas como forma de coleta de dados. O roteiro foi formulada após a observação de contribuições realizadas pelos estudos de Batanero (2005), Hernández, Vera e Quiroa (2005), Alegre (2008) e Gonzáles e Martín (2009). Tais trabalhos foram selecionados para servir de base para a montagem da entrevista deste estudo por abordarem a temática da presença de estudantes culturalmente diversos em ambientes escolares no contexto ibero-americano. Por isso, as questões criadas adaptaram as contribuições dos autores ao contexto fronteiriço. Os diferentes aspectos educativos abordados pelos autores em seus trabalhos, foram classificados e agrupados, em quatro grupos de contribuições, sendo elas denominadas de: a) Função educativa; b) Conduta dos alunos; c) Participação da escola e d) Profissionais da educação e a sua preparação. Entende-se que, a partir delas é possível montar um panorama geral a respeito das necessidades especificas dos alunos em situação de (i)migração fronteiriça e as ações e adaptações promovidas (ou não) pela gestão da Escola Estadual. Ensino. Médio Professor Chaves no período de 1980 a 2011. O grupo de respondentes desta pesquisa é formado pelos professores que foram diretores do Escola Estadual de Ensino Médio Professor Chaves desde o ano de 1980, ano de criação da lei 6.815 que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil até a presente data12. Foram entrevistados sete professores no período de 1 a 8 de dezembro de 2011, as entrevistas tiveram duração média de 50 minutos, foram gravadas com o aparelho eletrônico e posteriormente transcritas. O 12 Não foi possível entrevistar a diretora do período compreendido entre o inicio de 1991 ao inicio de 1992, pois a professora que foi diretora nesta época já faleceu. Apesar disso, a diretora subseqüente era a vice-diretora deste período.

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período correspondente a cada gestor da instituição e seu período total de docência no educandário pode ser visualizado no quadro 6.1. Quadro 6.1 Grupo de respondentes Respondente

Entrevistada 1 Entrevistado 2 Entrevistada 3 Entrevistada 4 Entrevistada 5 Entrevistada 6 Entrevistado 7

Período de Gestão

1980 – 1986 1986 – 1989 1999 – 1991 / 1997 – 2001 1992 – 1994 1995 – 1997 2001 – 2003 2004 – 2012

Tempo total de docência na escola

  8 anos 15 anos 22 anos 15 anos 19 anos 30 anos 12 anos

Fonte: pesquisa.

Observa-se que todos os gestores da escola mantêm e/ou mantiveram vínculos de longo prazo com a instituição. Tal fato sugere que estes gestores conhecem a escola e suas necessidades, e por isso foram selecionados para compor o grupo de respondentes desta pesquisa. Pois, pelos motivos mencionados são considerados aptos a responder a entrevista elaborada e assim propiciar que os objetivos deste estudo sejam alcançados O tratamento dos dados obtidos deu-se por meio da análise de conteúdo (Danton, 2002). 6.3 Resultados Esta sessão apresenta os resultados obtidos a partir da análise das entrevistas, conforme os parâmetros adotados : a) função educativa; b) conduta dos alunos; c) participação da escola; e d) profissionais da educação e a sua preparação. a) Função educativa Considerando que diferenças relativas a idioma, cultura e/ou religião são elementos que tornam a função educativa extremamente delicada ao considerar a formação de crianças (i)migrantes (Batane-

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ro, 2005), verificou-se dividida a opinião dos entrevistados quanto a este quesito. As diferenças relacionadas ao idioma, especialmente a expressão escrita da língua portuguesa, foram apontadas pelos entrevistados como o elemento que maior interferência pode causar ao desenvolvimento educativo dos alunos (i)migrantes. Entre os entrevistados que não consideram tais elementos interventores do desenvolvimento educativo dos referidos alunos, se destaca o papel exercido pela fronteira, onde o posicionamento geográfico e, principalmente a aproximação cultural provocada por ela, são considerados fatores importantes para minimizar os tais impactos. A fronteira é percebida ao considerar o aspecto comunicacional, pois ao considerar o desenvolvimento e a eficácia da comunicação dos alunos (i)migrantes no cotidiano escolar se constatou que esta se desenvolve, e sempre se desenvolveu, de forma relativamente tranqüila e eficaz. Os gestores salientaram a dificuldade enfrentada pelos alunos (i)migrantes em se expressar de forma escrita na língua portuguesa. Ainda considerando o aspecto da linguagem e da comunicação, especificamente os desenvolvidos pela escola para exercer a sua função educativa, tanto no sentido de incentivar e desenvolver a língua materna (idioma espanhol) dos alunos (i)migrantes atendidos pela instituição, como em reconhecer nee nesses alunos e desenvolver ações institucionais que forneçam suporte para o suprimento dessas carências educativas quando apresentadas por eles. Desde 1980 até 2011, incentivar e apoiar o desenvolvimento da língua materna13 dos alunos (i)migrantes fronteiriços que estudavam na escola em nenhum momento fez parte do rol de ações desenvolvidas pelos diferentes gestores. Contudo, desde 2005, na escola são ministradas aulas de idioma espanhol, por imposição de uma legislação nacional que incorporou tal disciplina ao currículo escolar. O que, segundo os próprios entrevistados, não pode ser considerada uma ação que incentive e apóie diretamente o desenvolvimento da língua materna dos referidos alunos porque a metodologia de ensino aplicada às aulas não privilegia ou explora tal situação. Evidencia-se que apenas os responsáveis pelos períodos administrativos compreendidos entre 1997-2012 reconhecem que alunos 13

Idioma espanhol.

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(i)migrantes podem apresentar NEE’s derivadas da sua condição. Estes admitem jamais terem realizado, em nível institucional, nenhum tipo de ação que pudesse minimizar os impactos educacionais negativos provocados por tais necessidades. Nos casos em que se reconhecer NEE’s em alunos (i)migrantes, recomenda-se à família a contratação de professores particulares que possam auxiliar o aluno a enfrentar as dificuldades. O que se configura como transferência de responsabilidade e isenção de conseqüências. Visto que, a escola, quanto instituição, poderia desenvolver um programa de ações compensatórias com o intuito de suprir as carências educativas destes alunos, seja através de orientações específicas dadas aos alunos quanto aos conteúdos a serem compensados (estudados paralelamente pelos alunos), seja por meio do fornecimento de listas de exercício intra e extra classe direcionadas a compensação das carências, seguidas de um acompanhamento mais próximo da instituição, entre outros. A instituição através da atuação da gestão, tem autonomia, para explorar alternativas capazes de aliar ações da escola (sugestões anteriormente listadas) e família (supervisão de estudos em casa) para suprir as carências educativas dos alunos. Pois, não se pode esquecer que se trata de uma escola pública e que, portanto, nem todas as famílias que se deparam com tal problema apresentam condições de arcar com o ônus da contratação de um professor particular. Ademais, a escola, com boa vontade e um planejamento adequado, pode assumir a responsabilidade conjuntamente com a família e eliminar o problema, que como ficou claro ao longo deste estudo, costuma ser transitório, apresentando-se a partir do momento de ingresso do aluno (i)migrante a instituição até a sua adaptação plena. O que significa que, quanto mais cedo forem realizadas ações de incentivo à adaptação, menor será o tempo em que o aluno apresentará NEE’s. Uma vez que, através das suas experiências, os gestores corroboraram os resultados do estudo de Alegre (2008) afirmando que quanto mais cedo o aluno (i)migrante chega ao sistema educativo do país receptor, com maior facilidade consegue se adaptar as regras do novo ambiente e a cultura dominante naquele espaço. Ao considerar as variáveis que influenciam o grau de especificidade dos alunos (Alegre, 2008), com relação as suas necessidades

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educativas, é possível afirmar que as características apresentadas por alunos (i)migrantes do contexto fronteiriço contêm um baixo grau de especificidade, se comparada à situação de alunos imigrantes em outros contextos. A fronteira exerce papel fundamental no processo adaptativo, possibilitando que o aluno desenvolva contato com a cultura do país receptor antes e durante o seu ingresso a escola. Outra característica a ser salientada é o fato dos alunos chegarem à instituição conseguindo manter uma comunicação satisfatória com os membros da comunidade escolar, o que segundo Alegre (2008) é fundamental para que a adaptação ocorra. O que se incentiva a partir das percepções geradas com este estudo, é que em momentos pontuais, onde sejam identificadas necessidades especificas relacionadas à condição de (i)migração, sejam implementadas ações que, tão somente, cubram tais necessidades. Por exemplo, diferenças de idioma podem afetar a compreensão de palavras específicas em enunciados de avaliações escritas, e assim, prejudicar o desempenho do aluno na prova. O que se sugere é que o professor se disponha a esclarecer a dúvida relativa à interpretação da questão. E que tais medidas estejam formalmente incorporadas ao plano pedagógico da escola. Pois, pelo que pode ser constatado, este tipo de ação, acontece na escola conforme os critérios individuais de cada professor, o que não garante a sua aplicação para todos os casos onde se apresentem necessidades específicas. Com a formalização escrita de medidas deste tipo pode-se garantir que todos os professores forneçam ao aluno os esclarecimentos necessários quanto a compreensão e interpretação de enunciados durante as avaliações e de conteúdos programáticos durante as aulas, evitando que este tenha prejuízos educativos decorrentes da sua condição de (i)migrante, tal postura resguarda-se na ideia de política de equidade, onde as diferenças são compreendidas e respeitadas como tal. b) Conduta dos alunos Com relação à conduta dos alunos, o trabalho realizado por Hernández, Vera e Quiroa (2005) aponta para o fato de que o comportamento e as atitudes da criança (i)migrante dentro do traba-

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lho educativo ter características singulares. As quais, segundo os autores, se tornam mais evidentes quando comparadas com o comportamento de grupos escolares formados por crianças de comunidades estáveis. Considerando tal fato, o presente estudo procurou verificar a existência de diferenças comportamentais entre alunos autóctones e alunos (i)migrantes estudantes da Escola Estadual. Ensino. Médio. Professor Chaves, assim como diferenças motivacionais relacionadas a aspectos como interesse, dedicação e participação entre esses alunos. Somente três entrevistados (4, 5 e 7) demonstraram distinguir diferenças ligadas ao comportamento dos alunos (i)migrantes com relação ao comportamento dos alunos autóctones. As diferenças identificadas relacionam-se especificamente a questão disciplinar, de organização e socialização. Sendo esta última distinguida em suas polaridades, por meio da observância de sociabilidade acentuada ou do isolamento social. A entrevistada 5, assinala diferenças motivacionais entre os alunos relacionadas, principalmente a preocupação com os estudos e ao interesse em aprender. Como descrito pela professora: Nota-se, nota-se porque eles são mais preocupados, são mais interessados, eu não sei se é porque eles estão vindo de outro, não digo outro sistema, mas de repente, outra metodologia, ou porque eles tenham que ficar mais atentos para se adaptarem mais rápido, mas tem diferença sim (Entrevistada 5).

Segundo a respondente, as motivações dos alunos (i)migrantes podem ser derivadas das diferenças metodológicas utilizadas em cada país, devendo o aluno estar mais atento ao que é trabalhado em sala de aula, com o fim de se adaptar a nova metodologia e acompanhar o aprendizado coletivo. Para Hernández, Vera e Quiroa (2005) os alunos (i)migrantes necessitam transformar a diversidade cultural, étnica e lingüística em uma vantagem, ao invés de um obstáculo para o seu desenvolvimento. Pois é justamente o modo como o aluno lida com a sua nova situação que determinará o sucesso da sua adaptação ou o fracasso dela. Como ficou claro no depoimento do entrevistado 7, as duas situações se desenvolvem na escola, conforme pode ser observado em seu relato:

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Inclusive me atreveria a dizer, com toda consideração aos nossos alunos brasileiros, que os alunos uruguaios, os nossos, aqui, são muito queridos. São muito atenciosos. E até por ele estar em outro país, eu acho que isso é uma questão que eu ainda não tenho bem definida, porque nunca conversei ou pesquisei essa situação, mas, por eles se sentirem realmente em outro lugar, mesmo atravessando uma praça para vir a uma escola, eles estão no Brasil e isso atrai muito eles pra cá, tem uma situação, tem um, não sei se a palavra correta é essa, mas tipo de um “fetiche” em estar aqui, trabalhar aqui, estudar aqui, conseguir coisas aqui, que o Brasil proporciona muito mais que o país deles. Então, vislumbrado por isso, eles estão sempre interagindo, eles estão sempre alegres, sempre brincando, ou, no seu extremo, são tímidos, não participam, fazem aquilo que tem que fazer e ponto. Porque talvez, volto a dizer, estão em outro país, então tem que se conter algumas coisas, né. De repente se a gente estivesse lá saberia dizer como é se sentir no dia a dia em um banco de uma classe uruguaia (Entrevistado 7).

O entrevistado 7 assinala que é possível observar nos alunos (i) migrantes características comportamentais extremistas. Conforme relatado pelo professor, o aluno (i)migrante normalmente consegue se socializar com certa facilidade dentro do contexto escolar. Pois, o fato de estar em outro país pode influenciar o individuo a se comportar de modo amigável com o intuito de ser aceito pelo grande grupo. Ele também destaca fato desses alunos chegarem à escola com um forte desejo de fazer parte daquele clã e se inserirem naquele contexto, já que muitos nutrem sobre o Brasil a imagem de um lugar que pode lhes oferecer oportunidades que não teriam acesso estando no seu país. Motivo que justificaria a busca pela socialização observada no seu comportamento. Entretanto, com menor freqüência, e em seu extremo, é possível encontrar alunos (i)migrantes cujo comportamento se aproxima do isolamento social. De acordo com o entrevistado 7, são alunos que apresentam características de timidez, alunos que evitam participar e se envolver com as atividades escolares, preferindo cumprir apenas o protocolo de estudo exigido pelo plano pedagógico da escola. Caracterizando um comportamento diferenciado nos alunos (i)migrantes que estudam na Escola Estadual. Ensino. Médio Professor Chaves. Portanto, através do relato do entrevistado 7, foi possível

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distinguir dois vieses comportamentais distintos. Sendo que um deles remete a busca pela socialização e o outro se aproximar ao isolamento social. Nesse sentido, é importante que a escola consiga auxiliar o aluno que demonstra dificuldades. Promover atividades que incentivem o contato social e o respeito cultural pode ser uma das alternativas a serem utilizadas. Quanto aos aspectos motivacionais, cinco entrevistados afirmaram distinguir diferenças entre os alunos (i)migrantes e os autóctones quando se considera o interesse, a dedicação do aluno para com os estudos e a sua participação nas atividades escolares. Conforme os entrevistados, os alunos (i)migrantes demonstram interesse e dedicação aos estudos, muitas vezes, superior aos alunos autóctones. De acordo com Hernández, Vera e Quiroa (2005) o desejo de aprender das crianças (i)migrantes está relacionado à necessidade de resolver problemas da sua vida diária na escola. O que explica interesse e dedicação, por vezes, superior ao apresentado por alunos autóctones. Pois, os alunos (i)migrantes precisam estar atentos para conseguir se adaptar ao novo ambiente educativo. Também ficou constatado que a sua condição de (i)migrante pode influenciar para inibir a participação dos alunos (i)migrantes nas atividades escolares, principalmente, quando o aluno tem características individuais de timidez e dificuldades com o idioma utilizado no país receptor. Nesta situação, cabe a escola contribuir para minimizar os impactos negativos causados pela condição de (i)migrante. Nesse sentido, a criação de um programa especial voltado à adaptação do aluno (i)migrante poderia ser de grande contribuição para a minimização deste tipo de problema. c) Participação da escola A escola tem participação ativa como agente de influencia no processo de adaptação do aluno (i)migrante ao contexto educacional de inserção, assim como no seu desempenho em relação à aprendizagem. Segundo Alegre (2003) são três os fatores institucionais que podem influenciar o desempenho escolar dos estudantes: a) as atitudes e disposições da escola;

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b) a sua capacidade de mediar os significados e as possibilidades das relações interculturais desenvolvidas no seu interior; e; c) os hábitos de participação das famílias no centro educativo. Atendendo a tal referência, a pesquisa buscou compreender a participação da escola na promoção de ações de acolhida e adaptação dos alunos, onde foram analisados aspectos relacionados a planejamento e liderança, nacionalismo e identidade cultural e, comunidade. Na década de 1980 eram realizadas ações de integração entre os alunos em datas específicas, planejadas pela supervisão e orientação escolar com o apoio dos professores. Contudo, ao longo do tempo, as atividades de integração, em sala de aula, deixaram de ser executadas (década de 1990) sendo retomadas na instituição na década de 2000, sob o formato de uma dinâmica cotidiana aplicada pelos professores, cuja metodologia, promove a integração dos alunos na sala de aula através da utilização de referências do contexto fronteiriço. Sendo a sua aplicação empregada conforme os critérios de cada professor, tratando-se de uma recomendação da atual gestão ao corpo docente e não de uma postura institucional. No que se refere a planejamento e liderança, constatou-se a promoção de atividades de socialização entre os alunos pela escola, contudo não foram observados relatos de planejamento e realização de atividades de socialização específicas para o acolhimento de alunos (i)migrantes, postura que minimiza o papel da escola como agente de integração e de promoção da inserção deste aluno ao novo contexto educacional. Também não foram verificados incentivos a promoção de discussões entre os professores sobre o tema “(i)migração” e sobre a situação de acolher estudantes nesta condição na escola. Entretanto, os gestores afirmam que discussões entre professores sempre ocorrem na escola. Tal como pode ser notado no depoimento da entrevistada 6, discussão entre professores de como melhorar a prática sempre ocorre e sempre ocorria em todos os níveis de ensino, ou seja, na educação infantil que a gente tinha na época, fundamental, e começamos o médio tanto no diurno como no noturno, sempre essa discussão

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entre professores é muito saudável, precisa, precisa haver uma troca para que as coisas se renovem, as coisas que não está muito bem discutido (Entrevistada 6).

Verifica-se que as discussões citadas pela entrevistada 6, dizem respeito a discussões realizadas entre professores sobre melhorias gerais da prática pedagógica, não se referindo a discussões específicas sobre o tema (i)migração e a presença de alunos (i)migrantes na instituição. Motivo pelo qual o papel de liderança não se identifica direcionado ao incentivo e a promoção de discussões relacionadas ao tema (i)migração. Por outro lado, durante as gestões das entrevistadas 4 e 5, as ditas discussões, foram referenciadas através da realização de conversas de orientação aos professores para receber os alunos, incluindo os (i)migrantes, como pode ser notado a seguir. Não, a gente conversa, mas não assim uma discussão, a gente conversa com os professores que tem alunos uruguaios, mas não assim uma coisa especifica por ter alunos uruguaios (Entrevistada 4). Não, sempre se fazia reunião pedagógica, sempre se colocava a necessidade de adaptá-los o mais rápido possível para que eles pudessem, sem problema nenhum, acompanhar e deslanchar os conteúdos (Entrevistada 5).

Conforme pode ser observado, a entrevistada 4 relata que a presença de alunos uruguaios é tema de conversa entre os professores, mas assume não ter promovido e incentivado discussões sobre o tema com vistas a melhoria da prática pedagógica, a sua adaptação e a manutenção da qualidade sob tais condições. Por sua vez, a entrevistada 5, conta que, durante as reuniões pedagógicas oferecia orientação aos professores a respeito da necessidade de adaptar os alunos (i)migrantes o mais de pressa possível ao ambiente escolar, mas não incentivava discussões específicas sobre o tema. Ambas as entrevistadas, não utilizaram seu status de liderança para incentivar os professores a realizar discussões sobre a presença de alunos (i) migrantes no educandário para que juntos, os docentes conseguissem coordenar esforços para a melhoria da prática pedagógica e o aumento da qualidade do serviço educacional prestado. A promoção de tais discussões não é vista como necessárias para os entrevistados 1, 2, 3, e 7, como observado a seguir.

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tudo sempre foi muito natural, os alunos faziam parte da comunidade, do bairro, então não havia isso (Entrevistado 2) não havia e não há, eu acho que não há essa diferença, aluno é aluno e pronto (Entrevistada 3).

De acordo com o entrevistado 2, a fronteira facilita o contato entre os alunos (brasileiros e uruguaios) e por consequência torna a convivência no ambiente escolar algo natural, e em razão disso, não sentia necessidade de realizar discussões sobre (i)migração na escola. Já a entrevistada 3, considera que todos os alunos são iguais, e por esse motivo, todos eram tratados da mesma forma, sem que qualquer ação de distinção fosse efetuada durante a sua gestão. Tal postura desconsidera o fato de que discussões entre professores podem auxiliar, não apenas na minimização dos impactos negativos sentidos pelos alunos no processo de adaptação, mas também para o planejamento e execução de ações que potencializem os benefícios decorrentes da diversidade cultural instalada nas dependências do educandário. O fomento da instituição à criação e conservação dos sentimentos nacionalistas dos alunos vem diminuindo ao longo do tempo. O cultivo deste sentimento, nos alunos (i)migrantes é realizado pelas suas próprias famílias e, mais presente que nos alunos autóctones. As diferenças não se configuram como um problema, a escola as reconhece e as respeita. Por sua vez, a tolerância exercitada com a situação de fronteira se reflete no contexto institucional, circunstância que colabora para reafirmar a identidade cultural destes alunos. As famílias dos alunos (i)migrantes não recebem e nunca receberam, durante o período compreendido por este estudo, atenção especial por parte da instituição. Segundo a entrevistada 5 a gente sempre procurou tratar igual. Sempre se convocava para uma reunião, a participação, a convivência, era muito raro ter que chamar por problema de disciplina, mas de repente, problema de avaliação

Sendo esta a resposta que melhor representa a percepção dos entrevistados, pois todos se resguardaram na ideia de igualdade para o tratamento dos alunos e suas famílias como justificativa para a

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não realização de nenhum tipo de atenção específica voltada para este rol de alunos e suas famílias. Entende-se, porém, que se a escola fornecesse uma atenção especial e específica à família do aluno (i)migrante, esta poderia atuar de forma conjunta com a instituição auxiliando-a a propiciar uma melhor e mais rápida adaptação do aluno ao sistema educativo. Através do diálogo, a escola pode fornecer orientações específicas à família para que esta incentive as potencialidades dos estudantes e contribua de modo efetivo para minimizar as dificuldades que o aluno possa vir a enfrentar com a situação. Contudo, recebem informações específicas sobre as regras de funcionamento do sistema escolar no qual os estudantes estão se inserindo, quando tomam a iniciativa de buscar tais informações. Recomenda-se maior cuidado em brindar subsídios e orientações as famílias para que estas possam auxiliar de forma precisa e efetiva os estudantes em sua adaptação plena e conseqüente melhor aproveitamento do serviço educacional ofertado. d) Profissionais da educação e a sua formação Para compreender o papel dos profissionais da educação no gerenciamento de alunos (i)migrantes na Escola Estadual. Ensino. Médio. Professor chaves e seu preparo para lidar com dita situação, foram utilizadas quatro variáveis construídas a partir das considerações realizadas por Batanero (2005). São elas: Planejamento, Processos, Fluxo de informação, obtenção de informação e avaliação. No que diz respeito ao planejamento, buscou-se averiguar se em algum momento, dentro do período analisado, a gestão da escola se preocupou em elaborar um plano de acolhimento direcionado aos alunos (i)migrantes. O resultado obtido aponta para o fato de que as diferentes gestões em nenhum momento ponderaram sobre a realização de tal ação. indagou-se os entrevistados sobre a realização de um levantamento das necessidades dos alunos (i)migrantes e de um programa de ações compensatórias. Pois, conhecendo as necessidades dos alunos ações compensatórias e outras medidas cabíveis podem ser articuladas pela gestão.

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Com relação a realização de um levantamento das necessidades específicas dos alunos (i)migrantes na escola, apenas dois entrevistados declararam à pesquisa terem desenvolvido esta preocupação. O entrevistado 2, comenta que como gestor orientava os professores para que fosse realizado um levantamento anual de informações referentes ao perfil dos estudantes de cada sala de aula, identificando as suas necessidades e, sugestões de melhoria, conforme explicito a continuação: Sim, porque geralmente nós orientávamos os professores para que os professores fizessem uma ficha de sondagem sobre quem era da escola, quem era aluno novo, porque sempre está mudando a rotina e aí ninguém melhor do que o professor dentro da sala de aula após essa sondagem, uma coisa que também nós sempre pedíamos era uma ficha de avaliação no final do ano,o que foi bom, o que foi ruim, com quais as sugestões para o ano seguinte, tanto de pais, alunos, como de professores e a gente tinha um cpm muito bom, círculo de pais e mestres, bem atuante, que se destacava na cidade (Entrevistado 2).

A postura adotada pela gestão do entrevistado 2, demonstra o reconhecimento ao papel dos profissionais da educação (professores) para a realização do levantamento de tais informações e de suas capacidades de gerar as estratégias pedagógicas adequadas para a solução dos problemas identificados. Postura semelhante foi adotada durante a gestão da entrevistada 5, que levantava tais informações com ações da supervisão escolar durante a realização dos conselhos de classe. Sendo estes, os únicos períodos administrativos em que foram identificadas ações que demonstram preocupação dos profissionais da educação em conhecer as necessidades dos alunos com vistas à implementação de melhorias. Motivo pelo qual se recomenda a atual (e futuras) gestão(ões) à retomada de velhos hábitos já praticados na instituição. O resultado demonstra que as necessidades dos alunos foram levantadas em apenas dois períodos administrativos (1986-88 e 199597). Sendo o levantamento realizado por professores, através de fichas preenchidas pelos alunos em sala de aula e, pela supervisão escolar durante a realização dos conselhos de classe, respectivamente. Conhecer as necessidades dos alunos, durante a gestão da

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entrevistada 5 (1995-97), resultou na realização de ações compensatórias dedicadas a alunos (i)migrantes que assim o demandassem. Entende-se que conhecer as necessidades dos alunos é muito importante para fomentar as ações de uma gestão. Conhecendo as necessidades é possível planejar e articular medidas para enfrentar problemas e/ou diminuir carências. Do mesmo modo, a troca de informações e de experiências entre o corpo docente de uma instituição escolar (variável: fluxo de informações) contribui para melhorar a preparação dos profissionais que nela atuam, tornando-os mais capazes de planejar medidas de melhoria das práticas educativas desenvolvidas na instituição. Batanero (2005) apresenta a criação de planos de compensação escolar como uma alternativa que reflete a preocupação em desenvolver políticas direcionadas ao acolhimento de alunos (i)migrantes ao sistema educativo. Buscou-se identificar tal preocupação nos profissionais entrevistados perguntando-lhes se em algum momento, durante seus respectivos períodos administrativos, foi realizado um programa de ações compensatórias destinado a estes alunos. Durante as gestões dos entrevistados 1; 2; 3; e 4, que compreendem o período relativo a 1980 até 1994, não foram realizadas na instituição ações de compensação escolar para os alunos (i)migrantes. Conforme a entrevistada 4, tais ações não eram realizadas porque: no momento que eles entram aqui, a gente trata eles normalmente como os nossos alunos, com os mesmos direitos e deveres que eles tem, como alunos brasileiros (Entrevistada 4).

Isto desconsidera o fato de que as diferenças culturais e as diferenças apresentadas nos sistemas educativos, brasileiro e uruguaio, possam acarretar prejuízos ao desempenho dos alunos (i)migrantes, principalmente no caso de ingressarem ao sistema educacional brasileiro após serem transferidos da escola uruguaia, diferenças que segundo Alegre (2008) podem afetar o desempenho dos estudantes. Pensar em ações de compensação escolar pode contribuir de modo efetivo e eficaz para evitar que os alunos (i)migrantes tenham o seu desempenho escolar afetado negativamente por tal característica. Tal qual foi implementado durante a gestão da entrevistada 5, que recomendava aos professores que a elaboração de trabalhos

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extra-classe para os alunos em situação de (i)migração com o fim de compensar prejuízos escolares, conforme pode ser observado: Sempre se procurava dar um reforço pra eles, se pedia sempre pra supervisora, se conversava com o professor e pedia que desse um reforço, um trabalhinho extra-classe, ou que o professor trabalhasse com fichas para que ele pudesse, enquanto atendia a outros alunos, que desse um atendimento especifico para ver se sanava as dificuldades (Entrevistada 5).

Este foi o único momento (1995-97) em que se identificou uma postura direcionada a promoção de ações de compensação escolar destinada aos alunos (i)migrantes. Os entrevistados que representam as gestões subseqüentes, assim como, os entrevistados que representam as gestões anteriores a 1995, declararam não terem realizado nenhuma ação deste tipo na escola. Conforme a entrevistada 6, ações desta natureza não eram realizadas porque “Nunca se contou com recursos humanos para isso” (Entrevistada 6). No entanto, a realização de ações compensatórias pode ser realizada pelos próprios professores, se incentivados e orientados pela equipe diretiva, estes podem reservar um tempo fora do período de aula para satisfazer possíveis dúvidas dos alunos, elaborar trabalhos extra-classe sobre conteúdos específicos, além de recomendar aos alunos temas e materiais de estudo capazes de suprir as necessidades apresentadas. Na escola, o diálogo e a troca de experiências entre os professores estiveram presentes formal ou informalmente durante os períodos administrativos que compreendem os anos de 1989 até 2004. A partir de 2004, não há na escola situações problema que demandem a troca de informações, conforme expressado pelo gestor do período Não porque eles nunca nos deram problemas, não surgiu alguma necessidade de se fazer este tipo de trabalho (Entrevistado 7).

Apesar disso, é importante considerar que trocar informações e experiências não serve apenas para resolver problemas, mas também para que em conjunto seja possível explorar as potencialidades educativas que a diversidade cultural fornece. A escola não utiliza guias e materiais informativos que abordem a presença de estudantes culturalmente diversos em am-

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bientes escolares, o que pode ser considerado um ponto negativo apresentado pelas diferentes gestões, dentro da variável obtenção de informações. A busca de informações é muito importante para a preparação dos profissionais da educação, através deste tipo de material é possível conhecer ferramentas e mecanismos que auxiliem a melhor gerenciar as diferentes situações educativas que possam vir a se apresentar na escola. Cabe as futuras gestões incentivar a adoção dos professores de materiais e guias de informação para que os profissionais que atuarem na escola estejam melhores preparados. 6.4 Considerações finai Com este estudo foi possível identificar as necessidades apresentadas por alunos (i)migrantes fronteiriços e as adaptações realizadas ao longo do tempo pela Escola Estadual Ensino Médio Professor Chaves para gerenciar esta situação. As necessidades identificadas se desenvolvem, principalmente, durante o período adaptativo do aluno na escola. Destacam-se as diferenças relacionadas ao idioma e a conteúdos programáticos específicos do sistema educativo brasileiro. As atitudes e motivações dos alunos podem, sim, ser influenciadas pela condição de (i)migrante. Influência que nem sempre é positiva, pois as dificuldades ligadas à adaptação podem interferir direta e negativamente no comportamento dos mesmos. Com respeito às adaptações realizadas ao longo do tempo pela escola, constatou-se baixa a participação da instituição na promoção de ações de acolhida e adaptação dos alunos (i)migrantes ao sistema educativo nos aspectos observados (planejamento e liderança, nacionalismo e identidade cultural e comunidade /atenção as famílias). As diferentes gestões em nenhum momento ponderaram sobre a realização de planos específicos de acolhimento, levantamentos realizados para identificar necessidades específicas destes alunos foram realizadas pontualmente, assim como ações compensatórias direcionadas aos alunos que as demandassem. Também não se perceberam incentivos a busca de informações e a troca de experiências sobre o tema.

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A fronteira atua como elemento facilitador da adaptação dos alunos (i)migrantes fronteiriços, chegando a minimizar ou anular efeitos negativos decorrentes da situação de imigração observados em outros contextos. Mesmo assim, diante de demandas específicas apresentadas pelos alunos, a gestão da Escola Estadual Ensino Médio Professor Chaves realizou intervenções, pontuais. O que não garantiu que todos os alunos com NNE’s relacionadas à condição de migração fossem atendidos. Razão pela qual, a inclusão de tais ações no planejamento institucional é sugerida a escola. Entende-se que o desenvolvimento de políticas públicas que abordem o tema e dêem suporte às gestões de escolas públicas de zonas fronteiriças podem contribuir diretamente para melhorar a gestão destas instituições, que além de precisarem atender todas as demandas inerentes a gestão de uma escola pública, ainda necessitam gerenciar as necessidades específicas decorrentes da condição de (i)migração que um grupo de alunos apresentam. As políticas públicas podem contribuir fornecendo a estas escolas guias e materiais informativos específicos, a exemplo do que acontece na Espanha. Também podem criar um programa específico que organize cursos e palestras voltados a professores que trabalham em escolas d fronteiras das redes públicas. Ou seja, fornecer capacitação adequada aos profissionais da educação destas localidades de forma adequada, com o intuito de diminuir diferenças, desenvolver a integração, explorar as potencialidades da situação de forma construtiva e propiciar a geração de um ensino de qualidade para todos nestas escolas. Outra alternativa a ser explorada pelas autoridades em forma de políticas públicas que considerem a melhoria das gestões e da qualidade de ensino em escolas de fronteira é a realização de um acordo binacional para a educação em zonas de fronteira. Pois, assim como há alunos (i)migrantes fronteiriços que provém do Uruguai e que estudam no sistema educativo brasileiro, a conurbação binacional formada pelas cidades de Sant‟Ana do Livramento e Rivera também há a situação de ter alunos (i)migrantes fronteiriços brasileiros que estudam na cidade de Rivera no sistema educativo uruguaio. Nesse sentido, pode-se realizar um compartilhamento binacional de dados referentes aos alunos, as suas necessidades e

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realizar programas em conjunto de capacitação de profissionais e de criação de alternativas que auxiliem na minimização de impactos negativos e na potencialização de aspectos situacionais enriquecedores para o coletivo .Assim como o compartilhamento de conteúdos programáticos tais como, o ensino de conteúdos históricos relacionados a cidade de Rivera nas escolas de Sant‟Ana do Livramento e de conteúdos históricos de Sant‟Ana do Livramento nas escolas de Rivera, por exemplo, pode contribuir para a preservação da identidade cultural dos alunos (i)migrantes nestas escolas. Contudo, é importante ressaltar que este trabalho é um estudo de caso, e que os resultados obtidos neste trabalho não podem ser generalizados. Por isso, sugere-se a realização de novas e mais aprofundadas pesquisas sobre este tema, que considerem um número maior de escolas nesta situação. Por outro lado, é importante registrar que não foram encontrados estudos que abordassem aspectos de gestão em instituições de ensino em regiões de fronteira, sendo necessário adaptar as diversas abordagens teóricas consultadas, configurando-se como uma importante limitação para este estudo. Assinala-se a necessidade de desenvolver trabalhos que abordem esta temática, contribuindo para o desenvolvimento desta corrente teórica. Bibliografia Alegre, M.A.C. (2008). “Educación e inmigración. ¿Un binomio problemático?”, Revista de Educación, 345: 61-82. Enero-abril. Batanero, J.M.F. (2005). “Inmigración y educación en el contexto español: un desafío educativo”, Revista Iberoamericana de Educación. ISSN 1681-5653, Vol. 36, Nº. 11, 2005. Brasil. Constituição 1988 (2010). Constituição da República Federativa do Brasil. Texto promulgado em 05 de outubro de 1988. Senado Federal. Secretaria Especial de Editoração e Publicações. Subsecretaria de Edições técnicas. Brasília. — Decreto N° 5.105, de 14 de Jun. de 2004. Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, de

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21 de ago. de 2002. Disponível em: «www2.mre.gov.br/dai/b_ urug_255_5003.htm». Acessado em: 23 de Setembro de 2011. — Lei Nº 6.815, de 19 de Ago. de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração. Republicada pela determinação do Artigo 11 da Lei Nº 6.964, de 9 de dez. de 1981. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia de assuntos jurídicos. Disponível em: «www. planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815.htm». Acessado em: 23 de setembro de 2011. Convenção Relativa a Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino. Decreto Nº 63.223 de 06 de setembro de 1968. Ministério da Justiça. Disponível em: «http://portal.mj.gov.br/main. asp?view={39c8f036-8621-4eb9-a017-302f95159c88}». Acessado em: novembro de 2011. Convenção Sobre os Direitos da Criança. Decreto Nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. Ministério da Justiça. Disponível em: «http://portal.mj.gov.br/main.asp?view={39c8f036-8621-4eb9-a017-302f95159c88}». Acessado em: Novembro de 2011 Danton, Gian (2000/2002) Metodologia Científica. Virtual Books online M&M Editora. Disponível em: «www.4shared.com/get/8r77hiwb/gian_danton_-_metodologia_cien.html». Acessado em: Maio de 2012. Declaração de Dakar. Educação para todos – 2000. Texto adotado pela Cúpula Mundial de Educação em Dakar, Senegal, de 26 a 28 de abril de 2000. Disponível em: «www.direitoshumanos.usp.br/ index.php/unesco-organiza%c3%a7%c3%a3o-das-na%c3%a7%c3%b5es-unidas-para-a-educa%c3%a7%c3%a3o-ci%c3%aancia-e-cultura/declaracao-de-dakar-educacao-para-todos-2000. html». Acessado em: Novembro de 2011. Dias, C. M. N e Dias, C. N. (2012). “O espanhol nas escolas públicas: um estudo sobre o ensino da língua estrangeira”, Revista Projeção e Docência. V.3. Nº.1.Março. España. Ministerio de Educación. Sede electrónica del Ministerio de Educación. Publicaciones. Disponível em: «https://sede.educacion.gob.es/publiventa/buscaaction». Acessado em: maio de 2011. ine —Instituto Nacional de Estadística— (Espanha). Avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2011. Notas de prensa. Es-

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Parte III Crisis económica global, migraciones forzadas y desplazamientos en América Latina / Crise econômica global, migrações forçadas e deslocamentos na América Latina

7. Los determinantes sociales, económicos y políticos de la decisión de migrar o retornar de los colombianos en el contexto de la crisis de 2008 y la globalización: los casos del Eje Cafetero, Cali, Medellín y Bogotá1 Bedoya Bedoya, María Rocío2 Introducción La globalización económica es apenas una dimensión de un fenómeno más amplio que es la globalización, la cual se define como un conjunto de procesos multicausales y crecientes que han propiciado las condiciones para nuevas formas de migración o movilidad humana, entre las que se destaca un reciente y rápido crecimiento de las migraciones internacionales, como parte de las transformaciones contemporáneas y como resultado del cambio global. Si bien la globalización y las migraciones son fenómenos de carácter histórico y universal, ambos se caracterizan por ser proce1 Esta ponencia es resultado de la investigación Políticas públicas de migración y retorno en Colombia: tendencias, particularidades regionales y perspectiva de género, correspondiente a la línea de investigación Derechos Sociales y Asuntos Públicos del grupo de investigación Derecho y Sociedad, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia e inscrita en el sistema de investigación, iniciado en mayo 15 de 2012 mediante acta No. 04. 2 Investigadora principal, profesora asociada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. En esta investigación han participado como estudiantes en formación: Patricia Giraldo, Jhonny Tamayo y María Cristina Mesa, todos estudiantes del pregrado en Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

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sos dinámicos cuyas características y particularidades varían en el tiempo, de acuerdo al contexto de los países y de las regiones y en razón de una serie de factores internos y externos de orden local, nacional e internacional, tales como: regímenes políticos, condiciones de los mercados de trabajo, políticas públicas de migración y retorno, procedimientos políticos y sociales para encarar la protección de los trabajadores migrantes, efectos diferenciales de la crisis económica mundial, entre otros. La diáspora humana es un fenómeno de carácter histórico que ha adquirido especiales connotaciones y nuevas dimensiones en el actual contexto de la globalización. La apertura de fronteras y las conexiones que trascienden los ámbitos territoriales, hacen necesario pensar este fenómeno desde nuevas ópticas. En años recientes se ha evidenciado una rápida expansión de la migración debido a los crecientes flujos económicos. Entre 1980 y 2010, el número de migrantes internacionales aumentó aceleradamente en más de ciento diez millones, es decir, registra un incremento de más de dos veces en ese periodo, llegando a un poco más de doscientos catorce millones de personas, lo que representa el 3.1% de la población mundial (Albo y Ordaz Díaz, 2011). De acuerdo con estos autores, una de las principales motivaciones de los Estados expulsores de migración para incentivar este tipo de procesos migratorios, son las remesas, que se han convertido en un significativo impulso económico para sus países; por ejemplo, en 1990 las remesas hacia los países subdesarrollados sumaban treinta y un mil millones de dólares, alrededor de 66% de lo que actualmente reciben China y la India. Para el año 2000 habían alcanzado ochenta y un mil millones de dólares y para 2009 se había multiplicado por cuatro veces, al llegar a trescientos siete mil millones de dólares. Después de Asia del Este y Pacífico, América Latina es la región que más ingresos por remesas percibe, especialmente México. Los migrantes económicos3 eligen su país de destino movidos por distintas influencias y consideraciones, sin embargo, podría3 Aquellos cuyo objetivo es conseguir un trabajo, que les permita tener un mejor nivel de vida que aquel que tenían en su comunidad de origen.

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mos decir que el punto de partida es la percepción sobre los lugares donde existen o se ofrecen oportunidades de desarrollo laboral, de allí que en 2010 los destinos preferidos por los migrantes internacionales fueran: Estados Unidos, Federación Rusa, Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Francia, Reino Unido y España; mientras que los destinos preferidos por los migrantes colombianos fueron: Estados Unidos y España, registrándose un aumento en dichas migraciones, lo que ha despertado un creciente interés de académicos, políticos, organismos internacionales, medios de comunicación, entre otros, no sólo para conocer con mayor profundidad este interesante fenómeno social y sus determinantes socioeconómicos y políticos, sino también sus implicaciones en términos económicos y de políticas públicas. La decisión de migrar y la de retornar son hechos trascendentes para la vida de las personas y las sociedades, por ello, es importante estudiar cuáles son los factores sociales, económicos y políticos, que inciden en tales decisiones y su posible correlación con los problemas estructurales internos y del país de destino y con la actual crisis económica y financiera mundial, en el escenario de la globalización. En Colombia, los tres destinos principales de migración son: Estados Unidos (35.4%), España (23.3%) y Venezuela (18.5%) (dane, 2005). En este contexto, esta ponencia tiene como objetivo ofrecer un panorama de los principales determinantes económicos, sociales y políticos, que inciden en la decisión de migrar o retornar de los colombianos en el contexto de la crisis de 2008 y la globalización, en los casos del Eje Cafetero, Cali, Medellín y Bogotá, en el marco del proyecto Políticas públicas de migración y retorno en Colombia: tendencias, particularidades regionales y perspectiva de género. Para alcanzar este propósito, se desarrollará en primer término los elementos teóricos y metodológicos, que han servido de lentes y senderos para el desarrollo de la investigación; en segundo lugar, los determinantes sociales, económicos y políticos de la migración y el retorno de colombianos a partir de la crisis de 2008, en los casos objeto de análisis; finalmente, en tercer lugar, los efectos de esta crisis en la migración y el retorno de los colombianos.

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7.1 Sistema mundo, transnacionalismo, interseccionalidad y factores de expulsión y atracción: una propuesta teórica para el estudio de la migración y el retorno de colombianos en contextos de crisis y de globalización 7.1.1 La teoría del sistema mundo Desarrollada por Wallerstein, es un modelo teórico interpretativo que busca analizar y explicar la evolución histórica del modo de producción capitalista, a partir de relaciones globales económicas, políticas, sociales y culturales, basadas en la división inter­nacional del trabajo. De acuerdo con Wallerstein, los mercados, las empresas (firmas), los Estados-nación, las unidades domésticas, las clases sociales y los grupos identitarios, son instituciones constitutivas de este modelo, siendo el mercado la principal institución del sistema mundo en la actual fase neoliberal (Wallerstein, 2005). Existe una crisis en el sistema mundo capitalista, lo cual implica una situación en la cual un sistema histórico, a partir de su funcionamiento histórico, ha acentuado sus contradicciones hasta el punto de no poder sostenerlas. La perspectiva de análisis de los sistemas-mundo afirma que el sistema mundo capitalista ha entrado en una etapa final de su ciclo de vida, es decir, en una situación de bifurcación histórica que combina junto a la crisis terminal del capitalismo y de todas sus estructuras constitutivas, planteando la urgente necesidad de comenzar a construir las posibles alternativas para la definición del nuevo sistema-histórico que hoy se encuentra ya en estado de gestación (Aguirre Rojas, 2005). Este enfoque de los sistemas-mundo pone énfasis en: las distintas manifestaciones de la crisis económica mundial, desta­cando el exponencial crecimiento de la deuda externa de la mayoría de los países de la periferia, como un mecanismo de explotación de ésta por parte del centro; el notorio crecimiento, en todos los países, de la economía llamada «informal», «subterránea» o «paralela»; la pérdida del poder adquisitivo real de los salarios de las clases trabajadoras, así como el desempleo creciente que caracteriza cada vez más a todas las economías del mundo y que permite explicar las mayores e indetenibles migraciones masivas de trabajadores, desde la periferia hacia las naciones del centro, lo mismo que des-

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de las áreas rurales de cada nación, en particular hacia sus respectivas grandes ciudades (Aguirre Rojas, 2005). 7.1.2 El transnacionalismo internacional Lo «transnacional» hace referencia a diversos procesos, actividades y prácticas económicas, políticas y sociales, que se vinculan y se configuran por medio de la interconexión de más de un Es­tadonación, donde hay un constante cruce de fronteras y una permanencia en las prácticas, actividades y relaciones (Suárez Navaz, 2008). En este sentido, el enfoque transnacional en la investigación sobre el fenómeno migratorio y de retorno, permite observar los cambios que surgen en las actividades de los migrantes y en las formas en que éstos realizan y conservan relaciones y conexiones en el país de destino y en el país de origen, vínculos que se pueden conservar, ejercer continuamente y que les significan compromisos con las personas que desarrollan sus vidas en espacios territoriales diferentes de aquellos en los que reside el migrante y que pudiesen compartir su misma opción política, ser oriundos del mismo pueblo, pertenecer a algún grupo religioso o bien, mantener el vínculo con sus parientes (Vertovec, 2006: 157). Dichas conexiones son favorecidas por el actual desarrollo de las tecnologías en la comunicación, los transportes y los bajos costos o financiación de éstos. Sin embargo, antes de abordar las explicaciones que nos ofrece el transnacionalismo, es necesario detenernos en el debate que suscita asumir dicho enfoque, por lo cual, retomaremos someramente el papel del Estado-nación en la perspectiva teórica del nacionalismo metodológico que según Suárez Navaz, sus “prácticas transnacionales se han caracterizado por reconocer la existencia de la diáspora y la importancia del Estado en la reconfiguración de los campos sociales transnacionales” (Suárez Navaz, 2008: 57). Siguiendo a Álvaro Morcillo: la perspectiva transnacional pretende facilitar la comprensión de la interconectividad de personas y lugares en todo el planeta, en un momento en el que las tecnologías de la comunicación y el desarrollo de los medios de transporte han modificado las pautas y los tiempos de los seres humanos (Morcillo Espina, 2011: 768).

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El transnacionalismo como marco analítico se basa en cuatro premisas: 1) La migración transnacional está ligada al capitalismo global, de manera que debe ser analizada en el contexto de las relaciones globales entre capital y trabajo. 2) El transnacionalismo es el proceso por el cual los migrantes crean campos sociales, a través de fronteras nacionales. 3) El transnacionalismo no puede analizarse mediante categorías limitadas de ciencias sociales que combinan el desplazamiento físico, la cultura y la identidad. 4) El transnacionalismo contribuye a la construcción de dos o más Estados-nación. (Basch, Glick y Blanc, Szanton, 1994). Por otro lado, el concepto de «transnacionalismo», según Carballo y Echart, se define como “el proceso por el cual los migrantes forjan y mantienen relaciones sociales multitrenzadas” (Carballo y Echart, 2007: 59); por tanto, las migraciones internacionales vistas desde esta perspectiva, permiten desarrollar dos líneas definidas: «desde arriba» y «desde abajo» (Portes, 2005: 4). El transnacionalismo «desde arriba» obedece a todas las acciones llevadas a cabo fuera de las fronteras nacionales que incluyen actores sociales, políticos y económicos, como las grandes burocracias, los gobiernos y las multinacionales, entre otros; mientras que el transnacionalismo «desde abajo» se asocia a los migrantes y a las redes que éstos tejen, tanto en las sociedades de acogida como en las sociedades expulsoras. No obstante, Portes considera que para abordar el análisis de las migraciones internacionales, desde el transnacionalismo, es necesario tener presentes tres elementos: 1) La continuidad en las actividades que llevan a cabo tanto el transnacionalismo «desde abajo» como el transnacionalismo «desde arriba»; 2) Una vez que se consolida el proceso migratorio, sus efectos macro sociales se manifiestan tanto en las sociedades de acogida como en las de origen y se traducen en fuente de recursos del Estado, a través de las remesas, inversiones

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que sostiene la industria y la construcción o la expresión en las sociedades de acogida de nuevas prácticas culturales que modifican los valores socialmente construidos; y 3) La existencia del activismo transnacional, cuya principal característica radica en la defensa de los derechos económicos, políticos o sociales de los migrantes. Sin embargo, estas actividades dependerán de las condiciones en las que hayan salido los migrantes y del contexto de la sociedad receptora (Portes, 2005: 6-7). Con las anteriores precisiones y propendiendo por una mayor comprensión de la perspectiva transnacional, conviene diferenciarla de la «transnacionalización» y la «transnacionalidad». Según Morcillo, la perspectiva «transnacional» podría definirse como la ideología o la lógica que facilita el desarrollo de relaciones y de procesos y como la perspectiva teórica que analiza estos procesos desde las relaciones de identidad y pertenencia entre los migrantes; por otra parte, la «transnacionalización» incluiría el conjunto de procesos y de prácticas sociales que desarrollan los migrantes, de forma más o menos efectiva, transcendiendo estas fronteras; en último término, la «transnacionalidad» sería el producto resultante de estos procesos (Ibáñez Angulo, 2008: 9-10, citado por Morcillo Espina, 2011: 762). 7.1.3 Interseccionalidad El término «interseccionalidad» fue acuñado, en 1995, por la experta legal norteamericana Kimberlé Williams Crenshaw, inspirada por el conocimiento y los saberes emancipatorios de las feministas negras que lucharon contra la cosificación de sus cuerpos, contra el yugo del racismo, del sexismo y de la discriminación de género y de clase social desde los tiempos de la esclavitud. La autora define la «interseccionalidad» como la expresión de un “sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas” (Kimberlé Williams Crenshaw, 1989). En su marco teórico, la subordinación interseccional es, a menudo, la consecuencia de un factor de discriminación que, al interactuar con otros mecanis-

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mos de opresión ya existentes, crean en conjunto una nueva dimensión de «desempoderamiento» (Crenshaw, 1995: 359). Consideramos que este referente conceptual, por su carácter interrelacional, permite analizar las desigualdades e iniquidades generadas por el modelo económico actual, las cuales se manifiestan como la combinación de distintos factores que hacen referencia al género, la raza, la etnicidad, la sexualidad, la clase, la posición de ciudadanía, la diversidad funcional, la religión, la edad o el nivel de formación de una persona; así también, permite explicar la configuración de la «exclusión» y el «privilegio» como aspectos que están relacionados entre sí, estructuras de opresión que viven especialmente las mujeres de color y las mujeres migrantes (Romero, 2010: 15; Yuval-Davis, 2005; Purdie-Vaughns y Eibach, 2008; Hill Collins, 2000; Spelman, 1998). Esta perspectiva posibilita, además, profundizar en la cuestión de la feminización de las migraciones, como aspecto relevante en los estudios migratorios, a partir del aumento de los flujos femeninos entre 1995 y 2010, en particular, en la sociedad colombiana como sociedad expulsora y en la sociedad española como sociedad de acogida. En este sentido, podemos afirmar que la perspectiva de género supone una construcción relacional-social-histórica-inclusiva, que ayuda en la comprensión de «ser hombre» o «ser mujer» como una valoración social y cultural, que obedece a una construcción social del orden subjetivo y objetivo, de tal suerte que esta relación cambia en forma permanente, construyendo “intercambios intersubjetivos en el lenguaje, la historia, y la cultura” (Fernández, 2011: 7). Por lo tanto, el énfasis de género en el campo de las migraciones permite conocer y explicar cómo se configuran y cómo inciden éstas en las dinámicas políticas, económicas y sociales de las migraciones internacionales. En cuanto a la feminización de las migraciones, se refiere al incremento de la decisión de las mujeres a migrar hacia otros países de forma progresiva, como lo señalan Solé y Cachón, al afirmar que son más las mujeres que se desplazan de forma autónoma e independiente, no ya para reagruparse con su pareja o familia, sino para iniciar un proyecto de vida, insertándose en el mercado laboral de la sociedad de acogida e intentando cumplir con las

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expectativas de futuro que ellas mismas diseñan (Solé y Cachón, 2006: 16). Este fenómeno se ha podido visibilizar debido al incremento de los estudios que propenden por diferenciar los flujos migratorios por género y a la crisis económica mundial que ha provocado graves efectos sobre el conjunto de la población migrante, en particular, sobre mujeres y jóvenes que son los grupos más vulnerables al interior de los mercados de trabajo y cuyo fenómeno se explica desde los mayores niveles de desempleo y subempleo a los que se enfrentan en las sociedades expulsoras. Aunque existen problemas de falta de registros para cuantificar la llamada «feminización de la migración», tanto históricamente como en lo que se refiere a los flujos migratorios actuales, resulta evidente, no obstante, que los cambios económicos y políticos que se han producido a lo largo de las tres últimas décadas, han llevado a un aumento del número de mujeres que buscan trabajo más allá de las fronteras nacionales y existen algunos datos que indican que la tasa de participación de las mujeres en la migración transfronteriza ha aumentado. 7.1.4 Factores de expulsión y atracción El tercer enfoque a desarrollar son los factores de «atracción» (pull factors) y de «expulsión» (push factors) (Garay y Medina, 2007; Lee, 1966; Ravenstein, 1885), los cuales en términos generales han sido empleados para explicar el tipo de estrategias mediante las cuales los países desarrollados atraen la mano de obra migrante y cuáles son los motivos para que la expulsen de los países de origen. El enfoque de factores de «atracción» y de «expulsión» constituye una perspectiva que entiende el proceso migratorio, a partir de un conjunto de elementos que favorecen o inhiben el desplazamiento o movilidad humana a nivel internacional. De modo que, estos factores se pueden explicar porque existen —en cada territorio y de acuerdo a la situación particular de cada migrante— cuestiones materiales y subjetivas que pueden motivar la decisión de migrar. También los contextos y elementos del entorno condicionan dicha movilidad humana (Lee, 1966: 50).

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En este sentido, los factores de «atracción» y de «expulsión» pueden ser estudiados al examinar los distintos elementos que el migrante consideró para tomar la decisión de migrar. Así por ejemplo, para un migrante un factor de atracción puede ser la educación y se vuelve más importante si tiene hijos; cuestión distinta le ocurre al migrante soltero que va en busca de mejores condiciones de vida, para lo cual requiere mejores ingresos. También intervienen en esa decisión cuestiones como el desconocimiento sobre el área de destino, el estado de salud, la juventud, la capacidad de adaptación en el país de destino, entre otras (Lee, 1966: 51). Por otro lado, este mismo autor precisa que constituyen obstáculos a la migración, factores como: la distancia entre el país de origen y el país de destino, las barreras físicas (como los muros construidos entre dos naciones), las políticas restrictivas a la migración y los costos de desplazamiento. En este sentido, la migración —más que un balance económico de costo-beneficio— debe tener en cuenta todas aquellas restricciones que se presentan en el entorno a la hora de migrar. Por último, entre los factores personales que destaca este autor que intervienen en la decisión de migrar, se encuentran: la personalidad, la receptividad al cambio, la edad o el ciclo de vida en el que se encuentre el migrante y el conocimiento que se tenga del área de destino, aunado a los contactos que el migrante tenga (Lee, 1966: 51). Al respecto, otros autores han señalado que este último elemento, denominado en muchas ocasiones como «redes sociales de migrantes», constituyen un factor determinante para tomar la decisión de migrar, puesto que, además de ser un punto de llegada fijo en el lugar de destino, también forma parte de un modelo a seguir, como un efecto dominó en el que la posibilidad de trabajar es relevante, de allí la importancia de los mercados de trabajo en los países de destino de los migrantes. Podríamos decir que es esta perspectiva, la que nos permitirá aproximarnos a los determinantes sociales, económicos y políticos de los migrantes, en el entendido que los factores sociales estarán más referidos a los factores personales, que inciden en la decisión de migrar o retornar; mientras que los económicos, están relacionados con las condiciones y las demandas de los mercados

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de tra­bajo de los países de origen y destino; en tanto, los políticos, estarán referidos a los factores estructurales y coyunturales de expulsión o atracción que caracteriza a los países de origen y destino e influyen en la decisión de migrar o retornar. 7.2 Determinantes o condicionantes sociales, económicos y políticos En este apartado abordaremos los factores sociales, económicos y políticos que favorecen o inhiben el desplazamiento o movilidad humana a nivel internacional; entre ellos encontramos aspectos subjetivos, elementos coyunturales y estructurales en los países de origen y de destino, así como aspectos materiales que inciden en la decisión de migrar o retornar. 7.2.1 Determinantes o condicionantes sociales Las migraciones en sus distintos ciclos (el antes, el durante y el después) (aesco, 2008), han estado motivadas o asociadas a aspectos como vínculos familiares y de amigos (existencia de redes), ingresos, nivel educativo, posibilidad de movilidad social, búsqueda de empleo, entre otras situaciones particulares subjetivas y materiales de cada migrante, que pueden estimular la decisión de migrar en la búsqueda de mejores condiciones de vida y la de sus familia. En el caso del retorno, que es un ciclo importante dentro del proceso migratorio, también ha estado motivado en muchas ocasiones por la necesidad del migrante de reencontrarse con sus familias y recuperar la relación con los hijos, lo que cuestiona aquella afirmación recurrente de que la única causa de los retornos que se han producido con posterioridad al segundo semestre de 2008, ha sido la crisis económica mundial (Migrante retornado, 2012). Un aspecto que ha sido muy importante en la decisión de los colombianos de migrar hacia otros países en búsqueda de mejorar sus condiciones (migrantes económicos), ha sido la existencia de redes familiares y de amigos que han brindado la confianza y el apoyo necesario para tomar la decisión. Casi todos los migrantes y retornados entrevistados, afirman que sin estos apoyos quizás

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no se habrían decidido a emprender la difícil experiencia migra­ toria, que exige unos mínimos conocimientos en cuanto a trámites de visado, costos del billete de avión, ofertas de empleo, condiciones para conseguir una vivienda en el lugar de llegada, redes de amigos para insertarse e integrarse en la sociedad de acogida, entre otros aspectos relevantes para que esta experiencia migratoria no fracase en el intento. El propósito de mejorar los ingresos es otra motivación de muchos migrantes que —aun teniendo trabajo en el país de origen— deciden emprender la experiencia migratoria tras la búsqueda de mejores ingresos, lo que muchos no llegan a conseguir porque aunque en los países de llegada se ganan salarios en otras monedas como el dólar, el euro o la libra esterlina, también los costos de vida son mucho más altos y muchas veces no alcanza sino para sobrevivir en los países de llegada y pagar las deudas que se adquieren al momento de partir en país de origen (Migrante retornado, 2013). Mejorar el nivel educativo es otra causa de muchos de los migrantes que salen del país bajo condición de estudiantes y con el propósito de regresar, especialmente jóvenes, cuya experiencia de vida les cambia radicalmente cuando deciden permanecer fuera de su país, bien porque consiguieron trabajo o rehicieron su familia en el exterior y no tienen grandes oportunidades o compromisos labo­ rales en su país de origen. En muchos de estos casos, se registra el fenómeno de «fuga de cerebros», lo que significa una gran pérdida para el país de origen, sobre todo en aquellos casos en los que los migrantes han accedido para su formación educativa a la educación pública y quienes se benefician de su formación y experiencia son los países de destino, sin que exista entre los países implicados acuerdos de reciprocidad. La búsqueda de movilidad social es otro factor que puede determinar la decisión de migrar, sobre todo en migrantes procedentes de clase media, que poseen formación educativa profesional o técnica y que aspiran ascender socialmente, bajo la creencia de que irse al extranjero les garantizará esta posibilidad automáticamente. Frente a esta expectativa, los recientes y abundantes estudios migratorios han demostrado que la mayoría de los migrantes tardan un periodo mínimo de cinco años para ubicarse en los tra-

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bajas adecuados a su nivel de formación y comenzar a ascender socialmente en los países de acogida, lo que significa que antes de este periodo se ven abocados a desempeñarse en labores operativas, que en ocasiones son altamente penosas y nada tienen que ver con la experiencia y los conocimientos que poseen. La necesidad de empleo es claramente la motivación de los migrantes económicos que en su país de origen se encuentran desempleados, subempleados o en actividades de la economía informal, problemas que proliferan en Colombia y en muchos países en desarrollo, dado los profundos procesos de flexibilización, desregulación y segmentación laboral, producidos por la implementación del modelo neoliberal en contextos de globalización económica. Aquellos migrantes que salen de sus países mejor preparados —tales como médicos, ingenieros, enfermeras— tienen la esperanza de ascender socialmente en los países de destino, pero los migrantes con menor preparación se ven obligados a trabajar en lo que resulte y por el salario que les ofrezcan, que en muchas ocasiones es bastante precario, a cambio de poder permanecer en el país que los ha acogido y enviar algo de remesas a sus familias en el país de origen. En el caso de los migrantes colombianos hacia España, han sido factores de atracción las posibilidades de educación y salud gratuita para sus hijos, debido a la cobertura universal que ha existido allí, al menos hasta la crisis de 2008, y las posibilidades de mejorar la calidad de vida en un contexto que ofrecía buenas condiciones de empleo, en el marco de una expansión económica que vivía el país, condiciones que han variado debido a la crisis y a la especial afectación que han sufrido los países del sur de Europa como España, Egipto y Portugal. Otros que han decidido migrar hacia Estados Unidos, han ido tras “el sueño americano”, que consiste en la creencia de los migrantes de que con mucho trabajo y sacrificio van a conseguir la vida perfecta y la familia perfecta, sueño que los estadounidenses nos han implantado como filosofía de vida y como objetivo, en relación a lo que todos «deberíamos tener» o ir «en búsqueda de», idea que la han insertado a través de películas, libros, música, programas de televisión y ropa.

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Otros que han migrado hacia Venezuela, han querido aprovechar los oportunidades que ofrece el petróleo, la moneda del dólar y la cercanía con el país de origen, lo que en teoría representa la posibilidad de un empleo, una mejoría en los ingresos y un menor impacto psicosocial en la migración, en la medida que están más cercanos a sus familias y, por tanto, con mayores posibilidades de verse y compartir. Como bien lo ha señalado Lee, en esta decisión de migrar también intervienen elementos menos racionales, pero no por ello menos importantes, como: el desconocimiento sobre el área de destino, que puede ser una motivación para asumir «la aventura» de acceder a lo desconocido; el estado de salud, como ha ocurrido con muchos migrantes que sufren enfermedades terminales o catastróficas y prefieren migrar hacia un país que les garantice la atención y los tratamientos médicos necesarios, que no se ofrecen en Colombia debido a las grandes dificultades del sistema de salud; la juventud con todo el ímpetu y la decisión de lo nuevo; así como la capacidad de adaptación en el país de destino, entre otras. Desde la perspectiva territorial, que ha sido un elemento diferencial trabajado en la investigación, podemos decir que en las últimas oleadas de migración, los migrantes colombianos económicos, procedentes de la ciudad de Medellín, han preferido históricamente como destino los Estados Unidos y sus determinantes sociales han sido especialmente la búsqueda de empleo, la movilidad social y el propósito de mejorar los ingresos para alcanzar el «sueño americano». Por su parte, los migrantes procedentes del Eje Cafetero y el Valle, han preferido España y las motivaciones sociales han sido las mismas, aprovechando las redes sociales y familiares existentes en el país de destino. Desde la perspectiva de género, que ha sido otra variable relevante en la investigación, podemos afirmar que muchas mujeres latinas, particularmente colombianas, han emprendido la experiencia migratoria tras la búsqueda de sus propios proyectos de vida, con independencia de sus hijos y maridos, valorando la expe­riencia migratoria como posibilidad de liberarse de experiencias opresoras y de empoderarse de sus propias vidas, lo cual tiene mayor o menor grado de dificultad dependiendo de la clase social, la posición so-

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cioeconómica, la raza, la edad, la estratificación social que se tenga en función de la etnicidad y el estatus de migrante y la condición de empleada o desempleada que se tenga. 7.2.2 Determinantes o condicionantes económicos Éstos están más referidos al tipo de estrategias mediante las cuales los países desarrollados «atraen» la mano de obra migrante y cuáles son los motivos económicos para que la «expulsen» de los países de origen. Generalmente, algunos países desarrollados caracterizados por el dinamismo y la expansión de su economía, resultan verdaderamente atractivos para migrantes procedentes de países en desarrollo, donde las condiciones económicas son difíciles y, por tanto, las posibilidades de empleo escasas. Situaciones como la necesidad de mano de obra y la decisión de realizar ajustes demográficos, han llevado al gobierno y a los empresarios españoles a convertirse en un factor de atracción para muchos migrantes, a través de la política de contingentes para trabajadores extranjeros no comunitarios, que en el caso de Colombia ha sido gestionada a través de la cancillería colombiana y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, que ha sido la entidad para preseleccionar y preparar a los migrantes para desempeñarse en labores de prestación de servicios en restaurantes, supermercados y hoteles, cuidado de niños y ancianos, alquiler de coches y en la agricultura. En el caso de Estados Unidos, resulta atrayente por ser una de las economías más grandes del planeta que se ha ganado el título de «tierra de oportunidades». Por ello, se le considera el tercer mejor país del mundo para vivir, después de Noruega y Australia, por sus excelentes indicadores de calidad de vida en general, lo que también ha cambiado con la crisis económica y financiera mundial.4 Cabe recordar que países como Estados Unidos, en la década de los 1970, estaban en buenas condiciones económicas, situación que fue aprovechada por muchos migrantes colombianos que aún permanecen allí, algunos en condiciones regulares porque han po4 «www.mequieroir.com/paises/eeuu/emigrar/ventajas», consultado el 14 de noviembre de 2013.

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dido legalizar su situación y otros en condición de ilegales, lo que los obliga a trabajar en cualquier condición y sin las plenas garantías laborales. España, en cambio, fue el destino preferido por muchos colombianos desde fines de la década de 1980 y principios de los años 1990, aprovechando el buen momento económico por el que atravesaba ese país en aquel momento, situación que ha variado ostensiblemente debido a la crisis económica mundial. Venezuela, por su parte, que es el tercer destino preferido por los colombianos, es una buena oportunidad para quienes buscan asilo y, en consecuencia, mayores condiciones de seguridad. Colombia, como país expulsor de migrantes, también ha tenido difíciles situaciones económicas agravadas por la implementación del modelo neoliberal, lo cual ha generado nefastas consecuencias en materia social; por ejemplo, en el Eje Cafetero —que es una región de Colombia altamente expulsora de migrantes que agrupa los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío— dos hechos importantes fueron determinantes económicos del aumento de la migración en esa zona: uno, la crisis cafetera a consecuencia de la ruptura del Acuerdo Internacional del Café en 1989 y otro el terremoto ocurrido en la ciudad de Armenia en 1999, lo que produjo una expulsión de migrantes hacia España, procedentes especialmente del departamento de Risaralda, en búsqueda de mejores condiciones de vida. En el caso de Cali, Valle del Cauca, los determinantes económicos del aumento de la migración hacia España, en los últimos veinte años, han sido la crisis económica producida por los procesos de reestructuración y la crisis del upac. En la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, los determinantes económicos han sido similares a los de Cali. 7.2.3 Determinantes o condicionantes políticos Los factores políticos también tienen relevancia en la decisión de emigrar. Solimano, por su parte, resalta el papel del contexto político al interior de cada país, afirmando que las personas prefieren vivir en sociedades pluralistas, donde se respeten los derechos fundamentales y las libertades civiles. En este sentido, la imposición de un régimen autoritario que genere una percepción de esca-

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sa protección a los derechos civiles, puede incentivar la emigración hacia otros países, como ocurrió en Argentina y en Chile durante varias décadas del siglo xx (Solimano, 2003). De allí la importancia de los discursos y las prácticas en torno a la inmigración en el proceso de construcción de la política migratoria y sus efectos como factor político de expulsión o atracción. Desde una perspectiva geopolítica, los muros entre los hombres son el signo tangible de la permanencia de tensiones y conflictos entre países de muchas partes del mundo, entre los cuales vale la pena mencionar a Tijuana, Jerusalén, Ceuta y Melilla en España y Cachemira, entre otros. Aun después de la caída del Muro de Berlín, numerosos muros subsisten y separan a las poblaciones, en tanto que otros se construyen. Esos bloques de hormigón, alambradas y armadas en el Mediterráneo de Europa, al norte de África, reflejan la dura realidad de muchos pueblos que viven cerca de esos muros y que forman parte de aquellas cifras que dan cuenta de la experiencia migratoria internacional, otra perspectiva interesante que habrá que explorar como parte de los factores políticos que pueden ser determinantes en la decisión de migrar (Novosseloff y Neisse, 2011). Por otro lado, las políticas migratorias represivas adoptadas en los últimos años en Europa y Estados Unidos, han ido de la mano con la necesidad de estos países de pensar en el retorno de sus inmigrantes, cuando en realidad se debe a un eufemismo utilizado para hablar de su expulsión. Paralelamente, la recesión y la crisis global de los últimos años han impuesto la necesidad, tanto para los países de origen como para las agencias multilaterales, de pensar en el eventual retorno (masivo o no) de los migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad en los mercados de trabajo extranjeros y en el modo en que éste se puede preparar y llevar a cabo, garantizando una buena reinserción económica, social y familiar. En el caso colombiano, la existencia de un conflicto interno social y armado, por más de cincuenta años, ha generado profundos sentimientos y sensaciones de inseguridad en la mayoría de la población y ha provocado que muchos colombianos decidan migrar, tras la búsqueda de mejores condiciones de seguridad o para proteger sus vidas y su integridad personal, en aquellos casos que se han visto amenazados.

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Son centenares de miles de colombianos que han buscado refugio o asilo en los países vecinos o se han visto obligados al exilio lejos de su patria. Sin contar con el masivo desplazamiento interno por causa de la violencia, cuyas cifras oscilan entre los cuatro y medio o cinco millones de colombianos, que se han visto obligados a abandonar sus tierras, pertenencias y regiones de origen en búsqueda de su seguridad y la de sus familias. Este fenómeno también se refleja en el crecimiento de la migración campo-ciudad y en el aumento de la pobreza urbana. 7.2.4. Algunas particularidades y cambios de la migración y el retorno, desde la teoría del sistema mundo y el transnacionalismo internacional Dado que el marco teórico de los factores de «expulsión» y «atracción» resulta insuficiente para dar cuenta de fenómenos tan complejos como la migración y el retorno, en el marco de la crisis económica mundial que estalla en 2008 y de los procesos de globalización, nos acercaremos a algunas particularidades y cambios que se han registrado en los patrones y en los repertorios de la migración a partir de dicha crisis. Una lectura desde la teoría del sistema mundo planteada y desarrollada por Immanuel Wallerstein, nos permite afirmar que la actual crisis económica y financiera mundial está provocando grandes transformaciones en los procesos de movilidad humana, dado el escalamiento de los conflictos en muchos países, la globalización de la economía mundial y las transformaciones contemporáneas en los modelos de producción económica y financiera, los cuales han propiciado condiciones para un rápido crecimiento de las migraciones internacionales, tanto políticas (exilio) como económicas (migración laboral). En los países receptores de migración, ésta se ha transformado en un objeto de disputa política que plantea importantes retos a los gobiernos implicados, en tanto que los países expulsores hoy tienen el reto de diseñar e implementar políticas públicas migratorias y de retorno, dadas las implicaciones de estos fenómenos a nivel macro, en cuanto afecta el Producto Interno Bruto de los paí-

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ses que reciben remesas y, a nivel micro, por las posibilidades de crecimiento y desarrollo local que genera, en la medida que permite mejores condiciones de vida a las familias de los migrantes que reciben remesas y pueden gastarlas en la satisfacción de sus necesidades personales o en proyectos de desarrollo local, que impactan en los territorios donde residen. Otro aspecto relevante que ocurre como parte de los procesos de globalización y que afecta la migración, son los procesos internacionales de deslocalización productiva que han posibilitado el tránsito de personas de un país a otro y el tránsito de parte de los procesos productivos de países desarrollados hacia países en vías de desarrollo, donde la mano de obra es barata, lo que ha permitido configurar procesos de mayor explotación en contra de los trabajadores menos calificados y de los migrantes que se ven obligados a desempeñar labores operativas, independientemente de sus niveles de formación y calificación. Desde la perspectiva del transnacionalismo internacional, hemos podido estudiar en los cuatros territorios elegidos para la investigación, por su condición de altamente expulsores de migración de colombianos y colombianas, los cambios que éstos han experimentado en sus relaciones y conexiones tanto en el país de origen como en el de destino, las relaciones sociales multidimensionales que han adquirido a partir de la experiencia migratoria, las viejas y nuevas redes de familiares y amigos que mantienen, los debates acerca de la ciudadanía transfronteriza de que gozan los migrantes que han circulado y han asentado su residencia en varios países, la ciudadanía multicultural que vive el migrante que se siente «de aquí» y «de allá» y que ha incorporado en sus prácticas culturales, costumbres y cosmovisiones de las culturas con las cuales se ha relacionado e interactuado, relaciones sociales transnacionales en tanto que se tienen relaciones con personas de distintas nacionalidades e identidades «híbridas», en cuanto los migrantes han incorporado a su construcción identitaria elementos de distintas culturas. Un aspecto relevante que ha llamado la atención en relación con la diáspora colombiana, son los pocos niveles de organización y asociatividad que alcanzan en los países de acogida. Quizás existan varias razones para ello, por un lado, los colombianos son muy

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desconfiados entre ellos, por efecto de la violencia que por más de cincuenta años ha vivido el país; por el otro, por los estigmas tan fuertes que existen sobre los hombres, a quienes se les etiqueta como «narcotraficantes» y sobre las mujeres, a quienes se les etiqueta como «prostitutas», estereotipos que son resaltados a través de algunos medios de comunicación y por algunos gobiernos que en los países de acogida, no gustan de los migrantes y que se exacerban en tiempos de crisis como los que estamos viviendo hoy. 7.3 Efectos de la crisis y nuevas tendencias de la migración y el retorno en Eje Cafetero, Cali, Medellín y Bogotá Antes de entrar en materia acerca de los efectos de la crisis en cuestión migratoria y de retorno en estos cuatro territorios, donde se hizo el trabajo de campo, conviene plantear algunas características y particularidades regionales que nos permiten comprender los factores que determinaron o condicionaron la decisión de migrar, así como los factores que determinaron o condicionaron la decisión de retornar. En cuanto al Eje Cafetero, es una zona de Colombia integrada por tres departamentos: Caldas, Risaralda y Quindío, cuyas ciudades capitales son Manizales, Pereira y Armenia respectivamente y cuya economía ha estado basada en la producción de café, la cual sufrió una crisis en 1989 que se profundizó con la ruptura del Acuerdo Internacional del Café en 1999 y con el terremoto que tuvo como epicentro la ciudad de Armenia. Situaciones que fueron determinantes en la expulsión de muchos migrantes hacia España, procedentes la mayoría del departamento de Risaralda, hombres y mujeres solas, buscando mejores condiciones de vida. En relación a Cali, es la ciudad capital del Valle del Cauca que durante la década de los 1990 sufrió una profunda crisis económica debido al narcotráfico, la desaparición de multinacionales asentadas allí durante un largo tiempo y el aumento del desempleo —producto de las reestructuraciones administrativas— lo cual generó un aumento de la criminalidad organizada, pérdida de viviendas por imposibilidad del pago y por crisis del upac, todo ello condujo a una gran expulsión de migrantes a Europa, especialmente hacia España.

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Por su parte, Medellín es la ciudad capital del Departamento de Antioquia, la segunda más poblada del país y núcleo del Valle de Aburra, cuyos rasgos más característicos han sido históricamente los altos niveles de violencia y el ser escenario del narcotráfico con mayor fuerza en la época de Pablo Escobar. El cierre de empresas y la transformación de los procesos productivos en el marco de la apertura económica y de la implementación del modelo neoliberal, provocó el quiebre de muchas pequeñas y medianas empresas y una profunda afectación del agro y de la industria, lo que generó un aumento en las tasas de desempleo y, por ende, un aumento en los flujos de emigrantes calificados y de clases media y alta que prefirieron como primer destino Estados Unidos, como segundo, España, como tercero, Venezuela y como cuarto, Canadá. Por otro lado, Bogotá es la capital de Colombia y de Cundinamarca que se constituye como epicentro político, económico y administrativo y que como ciudad capital, expulsa y recibe migrantes. Tiene la más destacada infraestructura y desarrollo en todo el país, por obvias razones, los mayores motivos de movilidad de las personas que salen de esta ciudad, son la violencia y el conflicto que por largos años se ha vivido en Colombia (exiliados) y la crisis económica que ha expulsado a muchos migrantes económicos en búsqueda de mejores condiciones de vida. En los últimos años la diáspora procedente de este territorio se ha caracterizado por tratarse de jóvenes que salen hacia el sur de Colombia tras la búsqueda de una educación gratuita o menos costosa que la que ofrecen las instituciones públicas y privadas de educación superior. El contexto histórico de violencia y falta de oportunidades que se vive en Colombia, continúa siendo una motivación importante de los colombianos para tomar la decisión de migrar, sin embargo, a raíz de la crisis de 2008 se esperaba un retorno masivo debido a que la crisis fue de carácter mundial, que afectó profundamente a países receptores de migrantes como Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, entre otros. No obstante, el trabajo empírico realizado y algunas fuentes secundarias consultadas, señalan que el retorno no es la única alternativa de los colombianos frente a las nuevas situaciones generadas por la crisis; también los contextos de los países de acogida son relevantes al momento de tomar

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la decisión de migrar o retornar. España, por ejemplo, fue un país atractivo para muchos migrantes durante la década de los 1980 y 1990 por su dinamismo económico y sus facilidades para ingresar al país sin visado, sin embargo, desde la crisis de 2008 se ha convertido nuevamente en país expulsor de migrantes y ha incentivado las políticas de retorno. Esta decisión de retorno, por parte de los colombianos, suele depender del nivel de logro de las metas previstas en los proyectos migratorios, asociadas con: la antigüedad de la migración, la capacidad de hacer frente a los impactos, los niveles de adaptación, el estatus migratorio, la magnitud y tipo de redes sociales que han construido, los ahorros disponibles, los compromisos familiares y económicos; por ejemplo, algunos casos de retorno por razones de tipo familiar, están mediados por la decisión de reencontrarse con los hijos en el país de origen o cuando se quiere sustraer a los hijos nacidos en el país de destino, por otras añoranzas culturales, por no haberse adaptado al país de destino o, simplemente, por haber alcanzado el fin previsto en el proyecto, aunque después se emprenda un nuevo ciclo migratorio. Otra tendencia observada en este periodo es el fenómeno de la re-emigración dentro de un mismo país de destino, que se produce según las oportunidades de empleo ofrecidas en cada región y la migración rebote que tiene ocurrencia cuando se produce el retorno al país de origen y se decide emprender nuevamente el ciclo migratorio hacia otro país. En el caso de los colombianos entrevistados, están prefiriendo como destino algunos países de Centroamérica y Suramérica. Además, el retorno de los colombianos después de 2008 no ha sido tan masivo como se creía; por tanto, la reducción de las remesas no ha sido tan contundente como se esperaba después de la crisis. Situación que nos permite afirmar que los procesos migratorios son de ciclo abierto, lo cual significa que el retorno no es necesariamente el fin de ellos y que las motivaciones y los modos de retornar no son análogos, sino que responden a circunstancias particulares de cada migrante. Se observa también en este periodo, el endurecimiento del control a la inmigración sobre todo en Estados Unidos y en España. Éste se hace manifiesto, a través de medidas orientadas a controlar

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la irregularidad migratoria, restringir la naturalización y residencia a largo plazo, promocionar el retorno, restringir los programas de atención a inmigrantes y frenar los procesos de regularización. Además, el discurso de la seguridad es el mecanismo predominante de Estados Unidos respecto a la migración, lo cual acarrea otros problemas como abuso físico a detenidos, atención medica insuficiente, falta de acceso a un abogado, condiciones inadecuadas de detención, etcétera. Por su parte, España endureció las políticas migratorias mediante la ley orgánica 2 de 2009 y su Real Decreto 557/2011. Respecto al tema del empleo, se encuentra el efecto más drástico que ha generado la actual crisis económica y financiera mundial. En la actualidad se presenta en España una tasa del 26% de desempleo según datos del ine5, lo que ha afectado más drásticamente a los migrantes y a los españoles no calificados. Adicionalmente, en esta crisis, las más afectadas dentro de los migrantes, han sido las mujeres, ya que son las que han podido conseguir o mantener el empleo, cuidando personas mayores, algunas de las cuales se encuentran enfermas, lo que ha implicado que sean ellas las que tienen que sostener el grupo familiar, aun a costa de su propia salud, por los trabajos tan duros y extenuantes. En otros casos, se conserva el empleo pero en condiciones más precarias (Ramírez y Guevara, 2006), bien por la disminución de la jornada laboral o por el recargo en el trabajo debido al recorte de personal que ha tenido que realizarse en muchas empresas, a consecuencia de la crisis. Se registra también un aumento de la exclusión social, la xenofobia y el racismo, auspiciados por los gobiernos en turno. Ello se evidencia en el endurecimiento de las políticas de reagrupación familiar; la pérdida de viviendas hipotecas, por efecto de la burbuja inmobiliaria; el aumento de la delincuencia y el reforzamiento de los estereotipos en estas sociedades de acogida. Por ejemplo, en España la delincuencia ha aumentado debido, entre otras razones, a la falta de empleo, aunado a esto, la sociedad española suele responsabilizar a los migrantes de la crisis, con lo cual se refuerzan muchos de los estereotipos existentes en contra de los colombia5

«www.ine.es».

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nos y las colombianas, a quienes se les tilda de ser narcotraficantes y prostitutas. Desde las perspectiva de género, podemos afirmar que la presencia de las mujeres ha ido creciendo en los movimientos migratorios de población, revelándose como un indicador importante que señala una tendencia hacia un papel protagónico por su incidencia en los distintos ámbitos sociales, familiares, culturales, económicos y políticos, tanto en las sociedades de origen como en las de acogida. En este sentido, se ha considerado a la mujer migrante como «actor de vanguardia» (Sassen, 2006), que precisamente por su relevancia, supone un tratamiento especial y particular en los estudios del fenómeno migratorio, cuyos datos de las cuatro últimas décadas del siglo xx, indican que efectivamente, la tasa de participación de las mujeres en la migración transfronteriza aumentó. El propósito de esta parte del artículo es plantear la problemática de las mujeres colombianas que deciden migrar por razones económicas. Para ello, tomaremos las entrevistas realizadas a colombianas que decidieron migrar hacia España, a través de la política de contingentes, con el propósito de ingresar al mercado de trabajo de ese país. Nos interesa examinar los múltiples condicionamientos a que se encuentran sometidas, debido a factores coyunturales y estructurales en los países de origen y de destino y a su condición de género, clase social, raza, sexualidad, condición social de migrante y construcción de ciudadanía, los cuales constituyen estructuras de opresión que operan de manera múltiple y simultánea en contra de ellas. El proceso que alude a la feminización de las migraciones, es decir, el incremento paulatino de la migración de las mujeres de forma autónoma e independiente, es una realidad que se ve corroborada con el porcentaje de población emigrada hacia España y que en 1997 fue de 28.32% de hombres y de 71.68% de mujeres; mientras que en el 2006 fue de 42.54% de hombres y 57.46% de mujeres (International Research and Training Institute for the Advancement of Women y Organización Internacional de las Migraciones, 2007: 13). Al respecto, afirma Arteaga que a pesar de que la migración femenina ha disminuido en términos absolutos en el país, en algunas regiones, excepto Bogotá, predomina la mi-

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gración femenina al ser un proceso que se mantiene a lo largo del tiempo. Sin embargo, precisa que entre el 2007 y el 2008, la mayoría de los visados para mujeres tuvieron un auge con respecto a la reagrupación familiar y los estudios, motivos que no implican que las mujeres no se hubieran desplazado por razones laborales, puesto que muchas de ellas se concentran en los mercados de trabajo que se encuentran sujetos a baja regulación por parte del Estado (Arteaga, 2010: 28). Del trabajo empírico realizado en la investigación, cuyos resultados se presentan en este artículo, se infieren los principales factores que inciden en la decisión de migrar de las mujeres colombianas: 1) La existencia de políticas públicas favorables a la migración, por ejemplo, la de contingentes, que en el caso de las colombianas ha operado con un «efecto llamada», en cuanto a que los mismos empresarios españoles se han desplazado hasta Colombia para realizar el proceso de preselección, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (sena), entidad estatal que ha servido de intermediaria, no sólo en el proceso de preselección, sino también en el de preparación de los hombres y mujeres que han migrando a través de esta política de empleo con oferta de contrato laboral, a realizar labores de venta de comida en supermercados, alquiler de coches, recolección o embalaje de frutas, recolección de cosechas, trabajo en cadenas de restaurantes, entre otras. 2) La presencia de redes sociales de familiares y amigos, que se encuentran ubicados en España y que les ofrecen ayuda para obtener una oferta de empleo, ubicar una buena vivienda y contribuir en el proceso de integración en la sociedad de acogida, mientras pueden reagrupar a sus familias, realizar sus ahorros para poder regresar a Colombia o hacer una nueva vida en el país de destino, que es el sueño de muchas. 3) La decisión independiente y autónoma de migrar hacia España, sin maridos e hijos, tras la búsqueda de mejores condiciones de vida o de liberarse de relaciones afectivas insatisfactorias o de movilidad profesional y laboral ascendente.

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4) La oportunidad de reagruparse con su familia, cuando el ciclo migratorio lo ha iniciado el marido y se han cumplido los requisitos exigidos en el país de acogida para realizar dicho proceso. Cabe señalar que después de la crisis económica de 2008, dichos requisitos de reagrupación se han endurecido con las políticas migratorias españolas. Algunas de las condiciones subjetivas que han incidido en los empresarios españoles para preferir migración femenina procedente de Colombia, han sido, por un lado, las identidades culturales con la sociedad española en cuanto al idioma, la religión católica y las similitudes culturales; por otro lado, el imaginario social que se ha construido en torno a las trabajadoras colombianas, las cuales son reconocidas como altamente productivas desde el punto de vista económico, como lo son también las suecas y las ecuatorianas. Adicionalmente, por la necesidad de hacer ajustes demográficos en una sociedad con bajos índices de natalidad y acelerado envejecimiento de la población, para lo cual se ha preferido contratar mujeres jóvenes entre veinticinco y treinta años, lo cual se ha podido evidenciar con la aplicación de la política pública de contingentes de trabajadores extranjeras no comunitarias. Las variables que se relacionan con el género en contextos migratorios y que se evidencian en el estudio de caso de los contingen­ tes y las temporeras colombianas en España, son: a) la división sexual del trabajo; b) las relaciones de poder diferenciadas entre hombres y mujeres; c) las actitudes de los diferentes miembros del grupo; d) ideología respecto a la maternidad/paternidad; e) la transnacionalidad, aplicada al contexto de la sociedad de origen y de acogida y al contexto de la migración; y f) las redes migratorias, es decir, el conjunto de relaciones sociales que organizan y dirigen la circulación del trabajo, el capital, los bienes, los servicios, la información e ideologías entre las comunidades que envían migrantes y las que los reciben.

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En el caso de las colombianas en España, a través del contingente y de la mltc: a) no se evidencia tan claramente la división sexual del trabajo en ciertas labores como: el comercio, la agricultura y la prestación de servicios de hostelería; sin embargo, se observa que a las mujeres se les prefiere para el cuidado de niños y ancianos; b) las relaciones de poder se ejercen de manera similar por parte de los empresarios, salvo en aquellos casos en que la condición de género provoca tratos diferenciales ligados a la sexualidad y que se expresan en prácticas de abuso sexual de las mujeres migrantes; c) las actitudes de los diferentes miembros del grupo tienen un peso importante en la generación de estereotipos, que en el caso colombiano se etiquetan como: el hombre es «narcotraficante» y toda mujer es «prostituta», generando una fuerte violencia simbólica hacia el conjunto de las mujeres colombianas; d) la ideología respecto a la maternidad/paternidad ha provocado, en el caso de las mujeres colombianas, un fenómeno digno de ser investigado: la globalización de la maternidad, que consiste en el conjunto de madres colombianas que se ven obligadas a abandonar a sus hijos para emprender la trayectoria migratoria y que terminan cuidando a los hijos de otras madres en los países de destino; e) la transnacionalidad aplicada al contexto de la sociedad de origen y al contexto de la sociedad de llegada, a través de la cual las mujeres migrantes establecen relaciones sociales multitrenzadas en las que construyen sus nuevas identidades y se mantienen ligadas a sus países de origen, experimentando esa sensación de pertenencia a múltiples lugares; y f) las redes migratorias a las que se adscriben las migrantes colombianas y que vehiculizan la circulación de trabajo, capital, bienes y servicios entre las sociedades de origen y las sociedades de acogida (Bedoya Bedoya, 2012: 23).

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Aunque la variable de la raza no fue explorada deliberadamente en el trabajo de campo (cuarenta y seis entrevistas realizadas), sí es posible hacer algunas reflexiones a partir de la observación y la convivencia directa que tuvo la investigadora en España con dos mujeres migrantes procedentes de Colombia, a través de los contingentes, una de ellas afrocolombiana del departamento del Valle. En sus relatos cotidianos comentaba su experiencia migratoria y particularmente el rechazo del que era víctima, tanto en el lugar de trabajo como en espacios de sociabilidad, por su condición de afrocolombiana. Además de las dificultades propias que tienen todos los migrantes para integrarse a una cultura diferente a la suya, se le agrega su condición de mujer afrocolombiana pobre, lo cual genera mayores desigualdades sociales e iniquidades en cuanto a los puestos de trabajo asignados, las condiciones laborales y el trato recibido en los lugares de trabajo. La sexualidad es otro aspecto relevante para la mujer migrante, mucho más si se trata de una mujer colombiana, frente a la cual existen prejuicios y estereotipos en la sociedad española. Existe la creencia de que la mayoría de las mujeres colombianas que deciden migrar hacia ese país son trabajadoras sexuales, si bien es cierto que muchas optan por esta vía ante la falta de mejores oportunidades laborales y económicas, otras aprovechan las ofertas de trabajo realizadas por el contingente anual de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario o utilizan diferentes vías de contratación de personas extranjeras, como el régimen general. La combinación de estereotipos de base sexual y racial puede cumplir una función tanto de inclusión como de exclusión. De «inclusión», en tanto que permite a las mujeres colombianas participar del mercado erótico-sexual con ciertas «ventajas», ligadas a su capital corporal. De «exclusión» por cuanto su valoración como personas predominantemente sexuales, se convierte en un factor que las discrimina de los espacios laborales y sociales más valorados (Parella y Cavalcanti, 2010: 17). En cuanto a la construcción de ciudadanía se utilizan estrategias de negación, subordinación y limitación que han supuesto la legitimación de la exclusión como se ejemplifica a continuación. «Negación» en el caso de las trabajadoras sexuales. «Subordina-

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ción» en el caso de las empleadas del hogar. Y «limitación» en el caso de las trabajadoras temporales que se contratan a través de la política de contingentes (Mestre, 2005). Estos tipos de exclusión se evidencian claramente cuando corroboramos que al trabajo doméstico, se le da un tratamiento de actividad no incluida en el Estatuto de los trabajadores, al considerarse una relación laboral de carácter especial. Adicionalmente, hay una negación en la no legalización del ejercicio voluntario del trabajo sexual, lo cual discrimina a las primeras, en relación con el resto de los sectores laborales e impide el reconocimiento legal y social del trabajo sexual como actividad laboral e ignora la diversidad de condiciones en las que se realiza. En el caso de las trabajadoras colombianas que van a España por contingente, especialmente aquellas que van a través de la migración laboral temporal circular, ven seriamente restringida su ciudadanía en cuanto a que su proceso de integración en la sociedad de acogida es limitado, dados los cortos periodos que pueden permanecer en ella (entre tres y nueve meses al año), debiendo regresar a Colombia una vez vencido el término del contrato laboral temporal. La edad en combinación con el género, ha sido un factor relevante en la conformación de los contingentes de trabajadoras colombianas en España. Como se dijo anteriormente, los empresarios españoles prefieren mujeres jóvenes en edades entre veinticinco y treinta años, altamente productivas desde el punto de vista económico y altamente reproductivas desde el punto de vista demográfico. Estas preferencias empresariales dan cuenta de un carácter instrumental de la política de contingentes, respecto de la migración y por ende de los inmigrantes implicados en ella, lo que pone en evidencia que el gobierno y los empresarios españoles, con la política de contingentes, lo que querían era simplemente mano de obra, pero llegaron personas (Cachón Rodriguez, 2005), especialmente mujeres. La condición social del inmigrante económico sitúa el análisis de la migración en el ámbito de los mercados de trabajo, dejando de lado otros factores que hacen parte de la experiencia migratoria. Por tanto, un debate sobre la inmigración por razones económicas, debería abarcar la dimensión política y los derechos para superar la

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“herida original de las políticas de inmigración” (De Lucas, 2002). Si bien el debate puede comenzar por el estudio de la inmigración en relación con el mercado de trabajo, no puede cerrarse ahí por tratarse de un fenómeno con múltiples implicaciones. Las prácticas discriminatorias derivadas de la construcción de la figura del migrante, son el resultado de la confluencia de prejuicios y estereotipos de distinta índole. La extranjería como estatuto jurídico es generadora de menos derechos laborales, sociales y políticos, lo cual genera representaciones sociales que legitiman que estos colectivos ocupen posiciones económicas y sociales inferiores. Además, determinados sujetos son adscritos a la categoría social de «inmigrantes», mediante procesos de construcción del «inmigrante», como exponente máximo de la figura social de la alteridad (Santamaría, 2002). En suma, en el caso de los contingentes de trabajadoras colombianas en España, se evidencian desigualdades e iniquidades en materia de derechos laborales, sociales y políticos, respecto de estos mismos derechos de los connacionales (salarios más bajos, condiciones laborales precarias, condiciones sociales difíciles en salud y vivienda y ciudadanía restringida en cuanto al voto y la posibilidad de participar en las decisiones políticas del país). Encima, los puestos ofrecidos por los empresarios, a través del contingente y la Migración Laboral Temporal Circular, son puestos operativos que requieren poca cualificación, al margen de la preparación académica de las mujeres migrantes colombianas, que en su mayoría son técnicas o profesionales, además, han instalado en el imaginario de la sociedad española, representaciones sociales que refuerzan la idea de que los migrantes son los que tienen que realizar las tareas «más penosas» en actividades, especialmente dinámicas en estos años, tales como: la construcción, el comercio, la prestación de servicios, la agricultura, actividades que se desarrollan sobre todo en Madrid y en regiones como Cataluña y el sur de España. 7.4 Algunas reflexiones a manera de conclusiones Tanto en la migración como en el retorno hay tendencias y efectos diferenciales por género y por territorio, variables que aportan

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mayor riqueza a los análisis realizados sobre estas materias, en un momento en que surgen nuevos patrones y nuevos repertorios al respecto. La variable de género es relevante, en cuanto a la importancia e incidencia de las mujeres en los distintos ámbitos sociales, culturales y familiares y al impacto de su participación en los mercados de trabajo de los países de acogida y las relaciones y estructuras de discriminación y opresión que han existido sobre ellas y que se acentúan con las experiencias migratorias. Respecto a la variable de territorio, nos permite observar características que explican el aumento de los flujos migratorios en determinados lugares, de acuerdo con sus condiciones de desarrollo y sus contextos y particularidades de los migrantes y de la migración, en la preferencia de sus lugares de destino. El estudio de las migraciones laborales internacionales, se ha realizado desde diferentes enfoques teóricos y con distintos instrumentos analíticos, lo que nos permite afirmar que aún no existe un único cuerpo teórico, sino una serie de teorías fragmentadas por las distintas fronteras disciplinarias que se ocupan del tema. Ante esta situación, podemos afirmar que la teoría del sistema mundo es útil en cuanto plantea un modelo teórico interpretativo, que nos permite comprender algunos rasgos de la actual crisis econó­ mica y financiera mundial, en el marco de un modo de producción capitalista en el que predominan relaciones globales de carácter económico, político, social y cultural, basadas en la división internacional del trabajo. La perspectiva transnacional es un enfoque sociológico de alcance o nivel intermedio, que resulta útil para describir los espacios sociales creados por los migrantes entre sus países de origen y de destino, esto es, el espacio social que atraviesa las fronteras y comunidades transnacionales y que nos permite estudiar sus consecuencias más visibles. Ese campo de acción transnacional, su papel y sus potencialidades, está en buena parte ocupado por las redes sociales, familiares e institucionales que se erigen en clave fundamental para comprender muchos aspectos de la migración internacional en sus niveles macro y micro. La interseccionalidad es también un referente conceptual de carácter interrelacional que permite hacer visibles las desigualdades

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e iniquidades vividas por las mujeres migrantes y generadas en el desarrollo de los procesos migratorios internacionales, en el marco de los modelos actuales de «desarrollo» y «civilizatorio», que tanta pobreza, miseria y exclusión han traído a la humanidad. La combinación de distintos factores que hacen referencia al género, la raza, la etnicidad, la sexualidad, la clase social, la posición de ciudadanía, la diversidad funcional, la religión, la edad, la condición de migrante y el nivel de formación, puede servir de clave explicativa para comprender las opresiones múltiples y simultaneas que operan de forma interrelacionada en el acceso, promoción y permanencia de la mujer en el mercado de trabajo y que se refuerzan con la emergencia de ciertos prejuicios y estereotipos que dan forma a procesos discriminatorios y excluyentes que viven las mujeres migrantes en los países de acogida. Los factores de expulsión y atracción, constituyen perspectivas adecuadas para estudiar los fenómenos de oferta y demanda de los mercados de trabajo y para analizar los factores que determinan o condicionan la decisión de migrar o retornar. En efecto, algunas mujeres colombianas deciden migrar en búsqueda de mejores condiciones de vida o huyendo de relaciones insatisfactorias o de la violencia y el conflicto armado que se viven en el país. A su vez, en los países receptores se presentan otras condiciones económicas de dinamismo económico o de necesidades del mercado de trabajo que, en ocasiones, generan un «efecto llamada» en las migrantes, en cuanto los empresarios realizan ofertas de trabajo para el cumplimiento de funciones operativas en ciertos sectores económicos. En otras ocasiones, se requieren ajustes demográficos que motivan el diseño de políticas migratorias de empleo en las que se prefiere a las mujeres jóvenes con altos potenciales productivos y reproductivos. Desde esta última perspectiva, ha sido importante profundizar en los determinantes sociales, económicos y políticos que inciden en la decisión de migrar o retornar. En los «determinantes sociales», destacamos como los más recurrentes en la decisión de migrar, los vínculos familiares y de amigos (existencia de redes), el interés por aumentar los ingresos, la posibilidad de mejorar el nivel educativo, el deseo de movilidad social, la búsqueda de empleo y el

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interés por la reagrupación familiar; en el caso del retorno, el interés por restaurar los lazos familias con hijos y pare­jas, el regreso tempor­al mientras pasa la crisis económica o el retorno obligado por las condiciones de desempleo en los países de acogida, a causa de la crisis económica y financiera mundial. En el análisis sobre los «determinantes económicos», en los procesos migratorios y de retorno, encontramos que en este ámbito es muy condicionante la situación social, económica y política que se vive en los países de origen de los migrantes y la situación económica y demográfica de los países receptores. Los primeros juegan un rol expulsor en la medida que no ofrecen condiciones económicas y de seguridad para que sus connacionales puedan vivir en condiciones dignas. Los segundos, juegan un rol de atracción, en la medida en que gozan de buena estabilidad económica y requieren, por un lado, mano de obra para cubrir ciertos puestos de trabajo en los que hay demanda de trabajadores y, por el otro, precisan realizar ajustes demográficos que las dinámicas de la sociedad reclama, como fue el caso de España antes de la crisis de 2008. En relación con los «determinantes políticos», factores que también inciden en la decisión de migrar, es importante considerar que la existencia de regímenes autoritarios en algunos países, puede inhibir la decisión de migrar hacia ellos por el temor de los migrantes a verse violentados sus derechos civiles y políticos, que aun en condiciones democráticas ya se ven afectados. También la existencia de bloques de hormigón, alambradas y armadas en el Mediterráneo de Europa, al norte de África, reflejan la dura realidad de muchos pueblos que viven cerca de esos muros y que forman parte de aquellas cifran que dan cuenta de la experiencia migratoria internacional, en esas condiciones. Sin duda, los fenómenos migratorios y de retorno se han transformado en objetos de disputa política que plantean importantes retos a los gobiernos implicados, dado que tienen la obligación de diseñar e implementar políticas públicas migratorias y de retorno que tengan en cuenta los impactos económicos, sociales, políticos y culturales de estos fenómenos a nivel macro y micro. En las políticas públicas de retorno, por ejemplo, es preciso incluir un enfoque integral, diferencial e intercultural, que tome en cuenta aspectos

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como la salud, la educación y las diferencias de género, generacional y de grupo cultural de pertenencia. Esto sería lo más apropiado en un mundo globalizado, multicultural y profundamente diverso. En cuanto a las políticas públicas de migración, sería importante pensar en una ciudadanía universal como horizonte ético y político, que nos permita un diálogo y crecimiento humano en la diversidad y en la pluralidad. Así también, valdría la pena estudiar la relación que plantea que a mayor retorno menor migración de los países Andinos hacia España y Estados Unidos, y a la inversa, desde algunos destinos latinoamericanos y del Caribe que empiezan a adquirir importancia y a fortalecerse como alternativas migratorios en el sur, ante la crisis del norte. Así mismo, conviene demostrar en futuras investigaciones que a menor ingreso, mayor deterioro de las condiciones de vida de quienes lo sufren y mayor incremento de la pobreza. Otro campo que hay que explorar es el uso que en España se está dando a los centros de internamiento de extranjeros. Según el informe de Pueblos Unidos (2012), se están usando con una función más aflictiva que efectiva, lo que corrobora que en época de crisis aumenta la exclusión social, la xenofobia y el racismo contra los migrantes, lo que también se traduce en el endurecimiento del control a la inmigración, sobre todo en Estados Unidos y España. Control que se hace manifiesto a través de medidas orientadas a detener la irregularidad migratoria, restringir la naturalización y residencia a largo plazo, promocionar el retorno, restringir los programas de atención a inmigrantes y frenar los procesos de regularización. El discurso de la seguridad es el accionar predominante en Estados Unidos respecto a la migración, lo cual trae consigo otros problemas como: abuso físico a detenidos, atención médica insuficiente, falta de acceso a un abogado, condiciones inadecuadas de detención, etcétera. Al mismo tiempo, en España, se introdujeron cambios a la ley orgánica 4/2000 mediante la ley orgánica 2 de 2009 y su Real Decreto 557/2011, cuyas notas predominantes son las mayores restricciones a los migrantes, con lo cual ajustaron su normativa a las directivas europeas. También se necesita profundizar en el tema del empleo en contextos de crisis y sus distintas implicaciones, tales como: el des-

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empleo, ocupaciones precarias, actividades por cuenta propia, actividades bajo dependencia pero por debajo de los mínimos de contratación legales, lo que excluye el acceso al sistema de seguridad social, entre otros. En materia de empleo, el tema del trabajo doméstico ha sido una posibilidad laboral, especialmente para las migrantes bolivianas y colombianas, en un escenario de alto desempleo; convendría entonces, estudiar los efectos diferenciales de la crisis. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), Europa y Estados Unidos han sufrido efectos menos benignos que los países de Latinoamérica y el Caribe, debido principalmente al desempeño económico de los países del sur en los últimos años. En lo concerniente al tema del retorno, surgen varias interrogantes que podrían dar lugar a nuevas investigaciones, cuestiones de tipo: ¿Cómo aprovechar mejor en los países de origen los nuevos aprendizajes de los migrantes retornados? ¿Cómo preparar a los migrantes para una mejor readaptación social y familiar al momento del retorno? ¿Cuáles son los principales cambios que experimentan las mujeres con la experiencia migratoria? ¿Son éstos, cambios positivos para ellas, para su experiencia en pareja y para sus hijos? ¿Cómo es el reencuentro y el reacomodo de unos y otros? ¿Cómo incide la condición económica del retornado en la continuidad y calidad de las relaciones con el grupo familiar más amplio? ¿Cómo facilitar la readaptación educativa de los retornados, para que les reconozcan los logros obtenidos en el país de destino? ¿Cuál es la importancia del arraigo en los proyectos de retorno? En cuanto al tema de las políticas migratorias, el documento Conpes 3603 de 2009, que ya se venció, carece de un enfoque de derechos, por tanto, no se ocupa de las causas y de los efectos de la migración, sino de medidas de apoyo y coordinación de acciones para aprovechar las remesas, no hay coordinación interinstitucional, no hay presupuestos y, por si fuera poco, la ley 1465, de 2011, sobre el Sistema Nacional de Migraciones y Protección de los colombianos en el exterior y la ley 1565, de 2012, para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero, aún no se reglamentan (aesco, 2013: 12), lo que explica la percepción negativa de los migrantes retornados, frente a las políticas migratorias colombianas.

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Uno de los principales retos para los gobiernos implicados en la migración y el retorno, es diseñar e implementar políticas públicas migratorias y de retorno con enfoques diferenciales de derechos humanos y de trabajo decente, vinculados a los planes de desarrollo locales, departamentales y nacionales, tanto en los países de origen como en los de destino. Para alcanzar estos propósitos, hay que aprender de otros países como Ecuador, que viene diseñando políticas públicas migratorias y de retorno con enfoque de derechos, brindando oportunidades de reinserción a la sociedad a los ecuatorianos que deciden retornar a su país, así como mostrando una preocupación por frenar y recuperar la «fuga de cerebros». Bibliografía aesco (2008). Políticas públicas migratorias, corresponsabilidad de actores, ejes y programas marco. La visión de aesco. Madrid. Aguirre Rojas, Carlos (2005). “Immanuel Wallerstein y la perspectiva crítica del análisis de los sistemas-mundo”, Revista colombiana de sociología, 25: 227-263. Arteaga, Ana María (2010). Mujeres en la migración andina hacia países de la Unión Europea y especialmente a España: contexto, políticas y gestión migratoria. Santiago de Chile : Oxfam-Chile. Basch, Linda; Glick, Nina y Szanton Blanc, Cristina (1994). Nations Unbound: Transnational Projects, Post-colonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States. Amsterdam : Gordon and Breach Publishers-Overseas Publishers Association. Bedoya Bedoya, María Rocío (2012). “La feminización de los flujos migratorios colombianos en España”, ponencia en el 54 Congreso Mundial de Americanistas. Viena, Austria. Cachón Rodríguez, Lorenzo (2005). “Inmigración y mercado de trabajo en España: ¿suecas o ecuatorianas?”. En : Moreno, José Antonio y Linde, Enrique (eds.), Inmigración, extranjería y asilo. Madrid : Editorial Constitución y Leyes (colex). Carballo, Marta y Echart, Enara (2007). “Migraciones y desarrollo: Hacia un marco teórico común y coherente”, Revista española cooperación y desarrollo, 19: 63-68.

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8. O tratamento reservado ao estrangeiro: entre a discriminação e a distinção. Um olhar sobre a política migratória brasileira1 Anelize Maximila Corrêa2 Jandré Corrêa Batista3

Considerações introdutórias O Direito Internacional dos Direitos Humanos reconhece a essência natural e universal dos Direitos Humanos, os quais têm como fundamento os atributos do ser humano, e não a sua nacionalidade. Os tratados de Direitos Humanos, assim, dirigem-se aos sujeitos de direitos em sua abstração e generalidade (piovesan, 2002). A presente pesquisa tem como finalidade analisar as migrações internacionais enquanto um direito humano decorrente dos princípios da igualdade e da não discriminação que os caracterizam. Nesse andar, os direitos garantidos pelo corpus juris 1 XIV Congresso Internacional sobre Integração Regional, Fronteiras e Globalização no Continente Americano, realizado em Porto Alegre de 20 a 22 de novembro de 2013 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2 Doutora em Direito Internacional pela Universidad de Buenos Aires (UBA), mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e graduada em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Professora adjunta e pesquisadora de Direito Internacional e Direitos Humanos nas Universidades Federal de Pelotas (UFPel) e Católica (UCPel) de Pelotas, «[email protected]». 3 Doutorando em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); mestre em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS); bacharel em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e licenciado em Letras pela UFPel. Bolsista de doutorado CAPES/DS, «[email protected]»; «[email protected]».

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do Direito Internacional dos Direitos Humanos não se limitam aos nacionais do Estado territorial, mas se estendem a todos os indivíduos, independentemente de sua nacionalidade. Os Direitos Humanos dos migrantes sofrem impactos vindos de preconceitos das mais diferentes ordens, tais como discriminações de gênero, idade, raça, situação econômica, situação educacional, de credos, de nacionalidades, de quaisquer minorias e de muitas outras questões. Cabe ao direito assegurar que em cada país, o migrante, seja ele regular ou irregular, documentado ou indocumentado, possa viver em condições de dignidade com sua adequação aos princípios gerais dos Direitos Humanos, que, por natureza e fins, são de caráter universal. Como os Direitos Humanos constituem-se em ramo do conhecimento jurídico, cujo objeto central é a ideia da dignidade do ser humano, o estudo das migrações internacionais sob esta ótica fazse fundamental para permitir pensar na construção de uma nova politica migratória para o Brasil. A atual legislação migratória brasileira, o Estatuto do Estrangeiro, é uma lei de 1980, anterior à Constituição e à inserção do Brasil nos sistemas internacionais de proteção aos Direitos Humanos. Por essa razão, o Estatuto do Estrangeiro no Brasil não está alinhado ao Direito Internacional dos Direitos Humanos. Temos como objeto de estudo, assim, os direitos que devem nortear o processo de construção da nova política migratória brasileira – aspiração antiga das entidades de defesa dos direitos dos migrantes –, a qual se encontra, atualmente, em tramitação no Congresso Nacional. 8.1 Contexto histórico jurídico migratório brasileiro No caso do Brasil, as migrações estiveram presentes no discurso oficial de diferentes formas ao longo da construção do Estado Nacional, oscilando entre políticas de atração e de rechaço aos imigrantes. As politicas migratórias brasileiras no decorrer da história têm se baseado por critérios de conveniência, ora atraindo migrantes,

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quando a colonização do território nacional e a exploração do trabalho fizeram-se necessários, por exemplo; ora rechaçando esses migrantes, nas situações em que estes competem com a mão de obra nacional. Imagina-se que tais políticas migratórias sejam norteadas por uma formação ideológica de ordem político-econômica eminentemente à direita do espectro político. O capital, as suas demandas e interesses, parece guiar as formações discursivas do governo brasileiro em detrimento da lógica da defesa do Direito Internacional dos Direitos Humanos, o qual prevê, independentemente de questões econômicas, a defesa do direito à dignidade, ao trabalho, à vida, entre outros, como essenciais para o condicionamento das políticas de ordem migratória. No Brasil, a imigração foi impulsionada por importantes fatores, o primeiro destes pode ser identificado com a transformação do regime de trabalho na sociedade brasileira, necessidade provocada pela abolição da escravidão, produzindo a indispensável substituição da força de trabalho escrava e negra pela mão de obra livre e branca. O capitalismo encontrava resistência no sistema escravagista que subsistia no Brasil, pois, como o trabalho escravo limitava o mercado consumidor, acaba restringindo a expansão do mercado inglês, o que levou a Inglaterra a exigir de Portugal a abolição desse sistema de produção (Lando, 1996). Com a extinção do tráfico de escravos em 1850, os escravos existentes concentraram-se basicamente nas lavouras paulistas de café, o que agravou o problema de mão de obra no Brasil. A imigração proporcionou a substituição do escravo pelo trabalhador livre europeu e foi condição determinante para a abolição da escravidão. (Sodré, 1976) A imigração de europeus para o Brasil inicia-se no início do século xix, com a transferência da família real portuguesa para o Brasil e com a consequente abertura dos portos às nações amigas. Anteriormente, o território brasileiro estava sendo povoado basicamente por índios, escravos negros e portugueses, que vinham espontaneamente à região. São pouquíssimos os episódios de vindas de estrangeiros para o Brasil antes de 1808 que seguissem políticas imigratórias.

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São dicotômicos os objetivos da vinda dos europeus para o Brasil desde 1820. Por um lado, vinham como consequência do arregimentamento de braços para a lavoura cafeeira, em substituição aos escravos; por outro, buscavam proporcionar o povoamento de amplas áreas desabitadas, por meio da inclusão de um tipo humano semelhante ao camponês europeu, ou seja, que fosse policultor e trabalhasse em pequenas propriedades (Petrone, 1985). Com a República, também veio a chamada “grande naturalização”, a qual procurava atrair gente para suprir a necessidade de povoamento das fronteiras, principalmente as da Amazônia. Durante a Primeira República, mantêm-se as duas tendências de imigração para o Brasil, que estavam consolidadas desde o período imperial (força de trabalho para a lavoura e povoamento de áreas por meio de pequenas propriedades). Diante da mentalidade escravocrata que dominava os fazendeiros de café, o que tinha como consequências a falta de liberdade dos imigrantes, os países de emigração começaram a estabelecer restrições à vinda de seus nacionais para o Brasil. Como reação, já que ainda era necessário incentivar à imigração, o Brasil publicou decreto em 1911, pelo qual reconhecia aos imigrantes que se estabelecessem em qualquer parte do País e que se dedicassem à agricultura, à indústria, ao comércio, às artes ou qualquer outra ocupação útil. O exercício pleno de suas atividades passou a ser entendido como inteira liberdade de trabalho, liberdade de crença e de culto e, ainda, o gozo de todos os direitos civis, garantidos aos nacionais pela constituição e pelas leis em vigor. O referido decreto ainda concedia amplos auxílios às famílias de imigrantes que se dedicassem à agricultura, além de incentivos na formação de núcleos coloniais. Coincide o fim da Primeira República com a consolidação de novas tendências no movimento migratório, tanto no Brasil quanto no mundo. Por volta de 1930, a tendência mais que secular dos povos europeus para a emigração transoceânica diminuíra de maneira geral. Pela primeira vez na história moderna da Europa, a população de certas áreas cresce devido às migrações internas (Petrone, 1985: 97).

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Isso se verifica diante das perspectivas de guerra, que terminavam por desestimular grandes movimentos migratórios, e em razão do baixo índice de crescimento vegetativo da população europeia, o que deixava de gerar excedente demográfico, além da diminuição da capacidade de atração produzida pelos países de imigração, que decorriam da própria crise vivida pelo capitalismo (a crise de 1929 produziu a grande depressão da década de 1930, que só veio a ser superada após a Segunda Guerra Mundial). Portanto, os países estavam mergulhados numa grande recessão econômica com altas taxas de desemprego. Agravada pela expansão soviética, alguns países acabaram restringindo as imigrações, desenvolvendo um sentimento nacionalista, que terminou por gerar o fascismo (Brito, 1995: 57) . O Brasil, a exemplo dos Estados Unidos, passou a restringir as imigrações, mas em um momento em que a corrente imigratória já se encontrava em declínio.O final da Primeira República marca o encerramento de um período da história brasileira, pois, com o movimento de outubro de 1930, modificaram-se as estruturas políticas e sociais do Brasil. A política dos gabinetes, alijada das questões envolvendo a vastidão da terra e do povo, foi substituída, aparecendo duas importantes forças, que, apesar de serem por vezes conduzidas, revelavam-se perigosamente poderosas: o militarismo e o proletariado (Silva, 1975: 31). Logo após a revolução de 1930, o governo provisório editou decreto alegando que as condições financeiras em que a revolução encontrou o Brasil reclamavam medidas de emergência. O governo, então, editou regras que procuravam proteger o trabalhador nacional, preservando a este o mercado de trabalho e exigindo das empresas que tivessem pelo menos 2/3 de empregados brasileiros natos. Essa ideia ainda hoje é preservada pela política imigratória na legislação brasileira. Cabe ressaltar que, nesse momento histórico, as duas principais motivações para as imigrações ao Brasil estavam amenizadas. Não havia a necessidade de força de trabalho para a lavoura cafeeira e já existiam contingentes nacionais capazes de vir a colonizar áreas desabitadas.

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Em 1938, estabeleceram-se amplas restrições ao acesso de estrangeiros ao Brasil, sobretudo no requisito saúde. Estava clara a preocupação de que o estrangeiro não viesse para o Brasil e não se tornasse um fardo à sociedade brasileira. Se exigia, portanto, que estes provassem o exercício de profissão lícita ou a posse de bens suficientes para se manter e às pessoas que os acompanhassem. Os critérios subjetivos já aparecem quando recusa os estrangeiros de conduta manifestamente nociva à ordem pública, à segurança nacional ou à estrutura das instituições. Persistiam as regras discriminatórias, já que o Governo Federal reservava-se o direito de limitar ou suspender, por motivos econômicos ou sociais, a entrada de indivíduos de determinadas raças ou origens. Durante o Estado Novo, a situação do estrangeiro no Brasil era bastante delicada, já que no Estado nacional uno, coeso, indiviso e harmônico que se edificava durante as décadas de 30 e 40, não havia espaço para a constituição de uma sociedade, onde existissem grupos estrangeiros fortes ou autônomos (Duarte, 1999: 127).

Não há como analisar a situação do estrangeiro no Brasil durante o Estado Novo se não se tiver em vista que o grande obstáculo à concretização do pretendido Estado Nacional (o qual exigia uma coesão e unidade afastada da realidade social). Trata-se da multiplicidade cultural. Como consequência, a noção de cidadania montada pelo Estado Novo terminou estabelecendo mecanismos de gerenciamento da sociedade e produzindo a exclusão de parcelas da população (Duarte, 1999: 31). Assim, editaram-se regras, proibindo: o ensino de língua estrangeira, a publicação de periódicos em outro idioma que não fosse o português e limitando às atividades políticas dos imigrantes. Objetivava-se, portanto, a constituição do povo e da nacionalidade, por meio de um “verdadeiro processo de etnogênese”, procurando atender, ao mesmo tempo, três necessidades: a econômica (braços adestrados e disciplinados); a eugênica (doses crescentes de “sangue branco”); e a nacional (de construção de um povo nacionalmente unificado, integrado e culturalmente homogêneo) (Vainer, 1995: 44)

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Após a Segunda Guerra Mundial, quando os efeitos do conflito foram superados, houve uma expansão do capitalismo tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e Japão. Alguns países considerados periféricos, dentre estes o Brasil, assumiram uma nova forma de inserção internacional dentro do capitalismo mundial, usufruindo das possibilidades de crescimento e da liquidez de capital financeiro disponível (Brito, 1995: 58).

Como consequência, a economia brasileira cresceu bastante e passou a receber um maior fluxo de imigrantes, principalmente portugueses, que vinham de uma das regiões mais “atrasadas” da Europa naquela época. Com o final dos anos 1950, encerrou-se a vocação receptora de imigrantes europeus. Em 1969, foi editada nova regra migratória que apesar de sua origem não democrática e das circunstâncias políticas vivenciadas pelo Brasil naquela época. Tal norma ainda não considera o estrangeiro como uma afronta à segurança do País; ao contrário, procura ainda facilitar a vinda daqueles estrangeiros considerados necessários para o desenvolvimento da sociedade por meio da chamada imigração dirigida. A partir da década de 1970 começa a ganhar corpo a imigração de hispano-americanos ao Brasil, representando um outro tipo de imigração: a imigração política, que se caracterizava pela vinda para o Brasil de hispano-americanos, que para cá acudiam devido à instalação de ditaduras em seus Estados nacionais. Esses estrangeiros vinham para o Brasil, mesmo estando em regime de exceção, com o intuito de reconstruir as suas vidas no anonimato proporcionado pelas grandes cidades (Silva, 2001: 490). Tais imigrantes eram vistos, tanto pelo seu Estado de origem, quanto pelo Estado de destino, como possíveis ameaças à ordem estabelecida. Dessa forma a atitude policialesca do Estado autoritário brasileiro institucionalizou-se com a aprovação do Estatuto do Estrangeiro, de 1980, que, via de regra, considerava o estrangeiro, sobretudo os oriundos de países vizinhos, uma ameaça à segurança nacional (Silva, 2001: 490)

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A situação do estrangeiro, assim como as demais circunstâncias da vida nacional, começou após 1964 a fundamentar-se gradativamente na chamada doutrina da segurança nacional. Conforme se pode observar, o desenrolar de leis mais favoráveis ou mais restritivas aos estrangeiros sempre decorreu das contingências sócio-político-econômicas que envolviam o Estado, privilegiando, portanto, o interesse estatal. A norma imigratória vigente no Brasil, lei 6815/80 —Estatuto do Estrangeiro—, foi editada durante a ditadura militar. Seu processo de criação não contou com a participação da sociedade e seu principal enfoque está centrado na questão da segurança nacional. Estas características restam evidenciadas nos dispositivos que inauguram a atual lei imigratória brasileira. Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, sócio-econômicos e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional. Art. 3º A concessão do visto, a sua prorrogação ou transformação ficarão sempre condicionadas aos interesses nacionais. (Brasil,1980)

Sob a égide dessa lei, a preocupação deixa de ser com a povoação do País, mas com a qualificação profissional de quem imigra para o Brasil; neste sentido, passa-se a desenvolver uma imigração seletiva. O discurso oficial, então, considera que o Brasil precisa de elementos capazes de ajudar o seu desenvolvimento, e não simplesmente de indivíduos para aumentar a sua população e ocupar seu território (Fraga, 1985: 8). Atualmente, o fluxo migratório é formado, em grande parte, por imigrantes oriundos de Estados vizinhos, que, devido às dificuldades econômicas vividas pelos países de origem, buscam encontrar no Brasil condições mais favoráveis. Esses estrangeiros encontram na amplidão das fronteiras nacionais, na escassa fiscalização e nas regras amplamente restritivas, motivações para ingressarem no Brasil de forma irregular. Na clandestinidade, permanecem, portanto, alijados dos direitos sociais.

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Essa situação está atenuada no que toca aos estrangeiros oriundos de Estados partes do Acordo de Residência para Nacionais de Estados partes do Mercosul, e Estados Associados (originalmente: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, além da Bolívia e Chile; posteriormente aderiram Peru e Equador). O referido Acordo de Residência prevê trâmites simplificados para obtenção de residência originalmente provisória para os nacionais dos Estados partes, além de garantir-lhes o acesso aos direitos civis, trabalhistas e previdenciários, entre outros. No entanto, a manutenção da aplicação no Brasil do Estatuto do Estrangeiro, mesmo após o restabelecimento da democracia no Brasil, em meados da década de 1980, que teve seu auge com a edição da Constituição Federal de 1988, e com a inserção do Brasil nos tratados internacionais de Direitos Humanos, fez com que o Brasil continue em dívida com o estado democrático de direito. O referido estatuto, filho da ditadura militar, consagra normas frontalmente contrárias à nova ordem constitucional instituída, bem como aos tratados internacionais de Direitos Humanos, com os quais o Brasil passou a estar comprometido após a edição da nova Carta Constitucional. Tendo em vista a inadequação e senilidade da norma migratória vigente, incapaz de abarcar as questões migratórias enfrentadas pelo Brasil neste início de século, as resoluções adotadas pelo Conselho Nacional de Imigração ganham especial destaque. O Conselho Nacional de Imigração (CNIg) é um órgão colegiado, formado por representantes governamentais indicados por nove diferentes ministérios; representantes de cinco centrais sindicais, de cinco confederações de empregadores, um representante comunidade científica, além de doze observadores. O Conselho, que é presidido pelo representante do Ministério do Trabalho e Emprego, tem por finalidade, entre outras, formular a política de imigração; coordenar e orientar as atividades de imigração; efetuar o levantamento periódico das necessidades de mão de obra estrangeira qualificada, para admissão em caráter permanente ou temporário; estabelecer normas de seleção de imigrantes, visando proporcionar mão de obra especializada aos vários setores da economia nacional e captar recursos para setores específicos.

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Na adoção de suas resoluções, o conselho tem refletido os interesses econômicos/hegemônicos, os quais têm levado a alterações na política migratória, mantendo a imigração seletiva, mas atendendo os padrões das necessidades manifestadas pelo capital. Assim, em 2013, foram aprovadas resoluções pelo Conselho Nacional de Imigração que flexibilizaram a exigência de forte qualificação profissional, atendendo, assim, a demanda de mão de obra dirigida. 8.2 O direito internacional dos direitos humanos O conceito tradicional de soberania como um poder ilimitado do Estado sempre foi lembrado como forma de restringir o acesso dos estrangeiros aos seus território. No entanto, para Rimoldi de Ladmann (1991: 16), como consequência do processo de internacionalização dos direitos humanos decorrente do pós-guerra, essa concepção passa a enfraquecer-se de forma bastante acentuada, pois a intangibilidade da soberania não pode mais ser admitida como um princípio absoluto, pois é incompatível com as necessidades do mundo atual. Portanto, conclui-se que o fundamento clássico da soberania e a proteção internacional dos direitos humanos não têm como coexistir, já que o processo de internacionalização dos direitos humanos acabou gerando importantes impactos na comunidade mundial: como, por exemplo, colocar os indivíduos na posição central de sujeitos de direito internacional. Por outro lado, pretendeu-se afastar de vez o velho e arraigado conceito de soberania estatal absoluta, para proteger e amparar os direitos fundamentais de todos os seres humanos, tanto no plano interno como no plano internacional (Mazzuolli, 2003: 40)

Na atualidade, uma serie de regras, oriundas de tratados internacionais multilaterais ou bilaterais, limitam e canalizam a autoridade dos Estados sobre as migrações. Dentro do sistema universal, o marco da proteção aos Direitos Humanos, em geral, e ao direito dos migrantes, em particu-

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lar, surge com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, acompanhada pelas disposições do Pacto Sobre Direitos Civis e Políticos. Também há que se considerar a relevância para a matéria da Convenção Internacional para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, as específicas Declaração sobre Direitos Humanos dos Indivíduos que não são Nacionais do País em que Vivem e a Convenção sobre Direito dos Trabalhadores Migrantes e seus familiares, bem como o posicionamento defendido pelos organismos de controle criados pelas respectivas convenções internacionais. Em âmbito interamericano, são fundamentais a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, o Pacto de São José da Costa Rica e os posicionamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A interpretação que se realiza, a partir da analise conjunta do disposto no artigo VI, VII e XIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos, permite afirmar que o direito a migrar encontra amparo em suas regras. A Declaração, em seu artigo XIII, expressou formalmente o direito à migração, quando estabeleceu que toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado e de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Ao questionar-se se tal direito seria extensível aos estrangeiros, conclui-se positivamente, com amparo no artigo VI, que consagra que toda pessoa tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como tal perante a lei; e no artigo VII, que consagra o princípio da igualdade. A exegese, portanto, que se produz com base nesses dispositivos, nos quais são reconhecidos as características da igualdade, inerência e universalidade, o que possibilita concluir que os direitos elencados no artigo XIII estendem-se a todos, inclusive aos estrangeiros. As proclamações relativamente gerais estabelecidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos pretenderam ser pormenorizadas pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, também patrocinado pelas Nações Unidas.

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Enquanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece o direito a migrar em termos aparentemente absolutos, o Pacto determina, no parágrafo 3 do artigo XII, que esse direito estará sujeito a restrições, que deverão estar previstas em lei, com a finalidade de evitar a arbitrariedade ou o abuso da discricionariedade no momento de aplicá-las. Além disso, estas deverão ser necessárias para a proteção da segurança nacional, ordem pública, saúde e moral públicas e os direitos e liberdades dos outros. As restrições deverão seguir o disposto e, no entanto, ser previstas pela lei. Devem também ser consideradas necessárias a uma sociedade democrática para proteção de suas finalidades e ser compatíveis com os demais direitos reconhecidos no Pacto. Nesse sentido, é de importância a manifestação do Comitê de Direitos Humanos por meio da Recomendação Geral de nº 15 (p. 5) quando afirma que os Estados sempre devem guiar-se pelo principio de que as restrições não devem comprometer a essência do direito, não se deve inverter a relação entre direito e restrição, entre norma e exceção” (cdh, 1986).

Já o preâmbulo do Pacto de São José da Costa Rica reconhece a essência natural e universal dos direitos humanos, os quais têm como fundamento os atributos da pessoa humana, e não sua nacionalidade. Nesta mesma linha se insere, também, a manifestação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio da Opinião Consultiva 18/03, que pode ser condensada nas seguintes palavras: Os direitos humanos devem ser respeitados e garantidos por todos os Estados. É inquestionável o fato de que toda pessoa tema tributos inerentes a sua dignidade humana e invioláveis, que lhe fazem titular de direitos fundamentais que não se podem desconhecer e que, em consequência, são superiores ao poder do Estado, seja qual seja sua organização política (Corteidh, 2003)

Quando o Comitê de Direitos Humanos através da Observação Geral XV ao interpretar o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos refere-se ao destinatário dos direitos previstos naquele instrumento, tem destacado que

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o desfrute dos direitos reconhecidos pelo Pacto não é limitado aos cidadãos dos Estados Partes, mas também deve estar ao alcance de todos os indivíduos, independentemente de sua nacionalidade ou de sua condição de apátridas ou solicitantes de asilo, refugiados, trabalhadores migrantes e demais pessoas que estejam em seu território, ou sob jurisdição do Estado parte (cdh, 1986)

8.3 Considerações finais Recentemente, temos constatado a adoção de medidas bastante restritivas de acesso aos direitos dos migrantes, numa clara afronta aos princípios consagrados, tanto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto por todo o corpus iuris do Direito Internacional dos Direitos Humanos. As normativas internacionais de proteção aos Direitos Humanos estabelecem exceções que justificariam a não aplicação de alguns dos princípios ali consagrados aos estrangeiros. No entanto, é imprescindível que as restrições admitidas pelas normativas de proteção aos direitos humanos não sejam consideradas como regras aplicadas de modo extensivo; estas devem ser adotadas em situações de extrema excepcionalidade, seguindo os critérios de razoabilidade, de proporcionalidade e de adequação (Piza, 1986). A nossa hipótese é de que a nova política migratória brasileira, atualmente em discussão, ainda não está de acordo com as interpretações que os organismos internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, estão dando para o corpus juris do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Assim, as limitações aos princípios da igualdade e da não discriminação, em relação à situação jurídica dos estrangeiros, presentes no corpus juris do Direito Internacional dos Direitos Humanos, a partir da interpretação realizada pelos organismos de monitoramento e controle dos tratados, deverão condicionar a construção de politicas migratórias no Brasil condizentes com tais interpretações. Tais questões apresentam-se, por ora, de forma incongruente na deliberação brasileira sobre a nova política migratória.

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Conforme se observa pela análise do contexto migratório brasileiro, as migrações internacionais têm tido uma significativa participação na construção da história e do presente do Brasil. Percebe-se que as leis migratórias seguiram movimentos de abertura ou recrudescimento, vinculados sempre aos interesses do Estado, dentro de uma concepção de mundo “estadocêntrica”, a qual não mais se justifica face das novas conformações que a sociedade internacional passa a ter. O futuro da proteção internacional do direito dos migrantes depende, em grande parte, da adoção, do aperfeiçoamento e da implementação de medidas internas, porquanto devem o direito internacional e o direito interno, conformar um todo indivisível, estando em constante interação em benefício dos seres humanos. Assim, o ordenamento jurídico de um Estado só tem validade enquanto seja congruente com os Direitos Humanos. Para que o Brasil passe a enfrentar com propriedade a questão migratória, alinhando-se ao Direito Internacional dos Direitos Humanos e à interpretação mais evoluída que esses Pactos recebem a partir dos seus órgãos de monitoramento e controle, faz-se necessário que a construção de uma nova lei migratória esteja associada à conclusão do processo de incorporação da Convenção Sobre Direito dos Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias. Além disso, urge a alteração de dispositivos constitucionais, passando a admitir ao estrangeiro o acesso aos direitos políticos. Nesse andar, a construção de uma nova legislação migratória no Brasil terá que desvincular definitivamente o conceito de cidadania do de nacionalidade, tendo por base: a percepção iluminista de Rousseau, pela qual cidadania estava desvinculada do local de nascimento ou da condição do indivíduo; e de Kant, para quem o direito cosmopolita por princípio e fins é dotado das características de universalidade e inerência. Aqui cumpre reforçar que essa visão de Kant, que ora se procura restituir, decorre da ideia mesma de liberdade, da qual decorre o direito ao próprio corpo, e como o corpo precisa de espaço, a propriedade originária coletiva sobre o solo é consequência. Assim, em Kant ninguém terá mais direito do que outro de estar em determinado lugar da Terra, produzindo-se o direito à hospitalidade, o qual consiste num direito

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inerente ao ser humano, de ser aceito e bem tratado em qualquer comunidade, e consequentemente sendo recebido na condição de cidadão do mundo. As posturas xenófobas devem ser condenadas sob pena de nos depararmos com um enorme retrocesso, afastando-nos da visão kantiana e permitindo que politicas discriminatórias sejam consagradas. O grande desafio aqui é obter a compreensão da sociedade, pois, para estender os direitos de cidadania aos migrantes, é necessário que os próprios cidadãos transformem a forma como se dá a sua percepção do estrangeiro, deixando de percebê-los como um intruso ou ameaça. Como mudar esse entendimento e compreender o estrangeiro como alguém que pode integrar a “comum unidade”? Essas respostas passam pelo reforço dos ideais e princípios que estão presentes no corpus iuris do Direito Internacional dos Direitos Humanos. São esses princípios que devem ser internalizados, não só pelos Estados, mas, sobretudo, pelos indivíduos que os compõem. Portanto, desvinculando-se a cidadania da nacionalidade há de se perceber o estrangeiro como integrante de um mesmo projeto de uma “comum unidade”. E será o comprometimento comum com o bem comum que constitui os direitos e deveres do ser humano, que devem servir de paradigma para a construção de uma nova política migratória brasileira. Bibliografia Brito, Fausto (1995). “Os povos em movimento: as migrações internacionais no desenvolvimento do capitalismo”. In Patarra, Neide Lopes (org). Emigração e imigração internacional no Brasil contemporâneo. Campinas: Fnuap. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quarto Relatório do Progresso da Relatoria sobre Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias no Hemisfério. Comite de Derechos Humanos. Recomendação Geral de nº 18. Não discriminação, 37º período de seções, U.N. Doc. HRI/ GEN/1/Rev.7 at 168 (1989).

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— Recomendação Geral Nº 15 . A situação dos estrangeiros, 27º período de seções, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 159 (1986). — Recomendação Geral de nº 27 A liberdade de circulação, 67º período de seções, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 202 (1999) Comite para a Eliminação da Discriminação Racial. Recomendação geral Nº XI. Discriminação contra os não cidadãos 19/03/1993. CERD/C/365/Rev. 1, 5 de dezembro de 2000. — Recomendação Geral XX relativa al artículo 5 da Convenção (48º período de seções, 1996) CERD/C/365/Rev. 1, 5 de dezembro de 2000. — Recomendação geral Nº XXX. Discriminação contra os não cidadãos 01/10/2004. CERD/C/365/Rev. 1, 5 de dezembro de 2000. Corrêa, Anelize Maximila (2005). A legislação migratória como forma de acontecer dos direitos humanos no Brasil. Dissertação de Mestrado. São Leopoldo: Universidade do Vale dos Sinos. — (2009). Los derechos humanos como paradigma das migraciones en Mercosur. Por la construcion de uma cidadania mercosurina. Tese de Doutorado. Buenos Aires: Universidade de Buenos Aires. Corte Interamericana de Direitos Humanos (1985). Opinião Consultiva OC-5/85. — (1986) Opinião Consultiva OC-6/86. ­— (2003) Opinião Consultiva OC-18/03 , Duarte, Adriano Luiz (1999). Cidadania & Exclusão: Brasil 1937-1945. Editora UFSC: Florianópolis. Federación Iberoamericana de Ombudsman (2003). I Informe sobre Derechos Humanos. Migraciones. Madrid: Dykinson,S.L. Fraga, Mirtô (1985) O novo estatuto do estrangeiro comentado. Rio de Janeiro: Forense. Freitas, Carlos Eduardo Soares de (2001) “Precarização do trabalho e estrangeiros no Brasil em um contexto neoliberal”. In Castro, Mary Garcia. Migrações Internacionais: Contribuições para Políticas. Brasília: cnpd. Lando, Aldair Marli e Barros, Eliane Cruxên (1996) “Capitalismo e colonização” – In RS: Imigração & Colonização. 3ª ed. Porto Alegre: Mercado Aberto.

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9. Migración y desarticulación territorial1 Cuesta Beleño, Andrés2 Introducción En el municipio de Yopal existe la necesidad de establecer cambios tanto en las relaciones urbano-rurales como en la actual interpretación del fenómeno migratorio: actualmente, la dicotomización rural-urbano orienta una polarización en relación con el desarrollo. Es evidente, entonces, que el análisis de las interacciones en este municipio, entre lo rural y lo urbano, descansa en una concepción particular del espacio o territorio. Sin embargo, las intervenciones urbano-rurales, orientadas por los patrones tradicionales de crecimiento y desarrollo territorial, no responden de manera sostenible y sustentable a las condiciones que ofrece la región (véase figura 9.1). 1 El presente capítulo surgió del proceso de investigación que actualmente adelanta el Grupo de investigación «Marginalidad, espacialidad y desarrollo sostenible» (meds), con el título «Nuevas formas de habitabilidad estratégica para el desarrollo local y regional». Éste se desarrolla en el municipio de Yopal, Casanare, Colombia, en el marco del programa de investigación desarrollado por el Centro de Investigación en Hábitat, Desarrollo y Paz (cihdep); el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Agroalimentario (ciinda), y el Centro de Investigación en Desarrollo Sustentable y Cambio Climático (cidescac): «Asentamientos humanos para una nueva ruralidad», con el propósito de contribuir con nuevas formas de habitabilidad estratégica en los procesos de cohesión territorial. 2 Magíster en Planeación Urbana. Docente e investigador de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. Facultad Ciencias del Hábitat. Director del cihdep, «[email protected]».

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Figura 9.1 Yopal y sus accidentes geográficos: El río Cravo Sur y el pie de monte, sin definir ecotonos o espacios de transición para la integración urbano-rural

Las manifestaciones emergentes de asentamientos humanos provenientes de dinámicas migratorias externas e internas al municipio de Yopal, se constituyen en rupturas inesperadas y dinámicas inéditas en el mundo rural de este municipio, de la Orinoquía y de la Amazonía, y por ende, de Colombia, propiciando desarticulaciones territoriales significativas. Ya que este fenómeno ha modificado radicalmente el patrón de organización del territorio, se presentan algunas borrosidades o espacios de transición en las fronteras entre lo rural y lo urbano. Tal situación, junto con la crisis de crecimiento y desarrollo territorial, la pérdida de valores culturales y el creciente riesgo ambiental, desde la nueva ruralidad ha puesto sobre la mesa de discusión una nueva relación de lo rural con lo urbano, ya que las relaciones territoriales presentadas en estos momentos en la región de la Orinoquía son discriminatorias para los grupos migrantes y de sobreexplotación para los recursos naturales, creándose cinturones de miseria con problemas de pobreza e indigencia y abandono de muchas zonas rurales.

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La situación actual de habitabilidad en que se encuentran algunos asentamientos humanos en la región de Casanare, así como la vulnerabilidad de sus poblaciones, causada por los procesos migratorios y los desplazamientos forzados, han contribuido a la degradación ambiental y el desconocimiento sociocultural del territorio, lo cual se manifiesta en el desaprovechamiento de la biodiversidad, de la estructura ecológica principal y de las condiciones étnicas de la región. Dichas condiciones vuelven inoficiosa la proyección y construcción del desarrollo local y regional sobre estructuras territoriales contaminadas e inapropiadas para las exigencias de Casanare. Lo anterior se evidencia en el siguiente informe: Los llanos orientales y la selva amazónica representan el 55 por ciento de la superficie del país. En ellos vive el 4.7 por ciento de la población y se produce el 69.4 por ciento del petróleo, el 40 por ciento de la cocaína, el 25 por ciento del ganado. Sobreviven 66 comunidades indígenas —de las cuales 22 están en peligro de extinción— y han sido desplazadas en la última década 422,732 personas. (Molano, 2011: 12)

La necesidad de reconocer que las espacialidades emergentes transicionales se configuren como zonas, fronteras, territorios, áreas o regiones autónomas, conlleva a la creación de formas novedosas y complejas de lo urbano y lo rural en un mismo territorio, y al proceso de ruralización o urbanización de las ciudades bajo un papel central en las determinaciones para el ordenamiento territorial (véase mapa 9.1). Con base en lo anteriormente planteado surge una pregunta central: ¿por qué los procesos migratorios generan desarticulación territorial en detrimento de la calidad de vida de sus integrantes? Tal vez se requiere un mayor conocimiento de las causas migratorias, sus dinámicas e impactos territoriales. Frente a estas inquietudes, el Centro de Investigación Hábitat, Desarrollo y Paz (cihdep) de la Universidad de La Salle, en Bogotá, Colombia, presenta un avance del Programa de investigación «Asentamientos humanos para la inclusión de las migraciones, la regeneración y la cohesión territorial», desarrollado en el Munici-

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Mapa 9.1 Municipio de Yopal y corregimientos productores de petróleo

Fuente: Andrés Cuesta B.

pio de Yopal, Casanare, como parte del proyecto de investigación «Nuevas formas de habitabilidad estratégica para el desarrollo local y regional», teniendo en cuenta la siguiente información básica: El departamento de Casanare es el segundo productor de petróleo del país (del 2007-2012) y el tercer hato ganadero a nivel nacional. En un contexto de verdadera «fiebre petrolera», la ciudad de Yopal registró un crecimiento acelerado de su población en un corto tiempo. En 1993 el total de la población era de 43,674 habitantes, en el 2005 pasó a 103,754 habitantes y en el 2012 la población es de 134,832 habitantes (datos dane, 2005).

Por tal motivo, es nuestro propósito reflexionar en sus dinámicas, oportunidades y problemas. En este trabajo no únicamente se presentan los resultados de nuestros análisis e investigaciones, sino

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que con ellos se pretende establecer contactos para desarrollar nuevos mecanismos de trabajo colectivo y, en lo posible, acercamientos a trabajos comparados con otros países, latinoamericanos o fronterizos con Colombia, afectados por la producción petrolera. Con el trabajo investigativo se pretende acceder a nuevas formas de habitabilidad, a fin de construir un modelo articulador de ordenamiento territorial incluyente, que impacte en la dinámica de crecimiento y desarrollo local y regional, a partir de la resignificación del territorio desde la nueva ruralidad. Para alcanzar este gran propósito se establecen algunos objetivos específicos, tales como: •Establecer los fundamentos teóricos y epistemológicos que aporten en la definición de una nueva forma de hábitat estratégico para el desarrollo local y regional. •Diagnosticar las condiciones de habitabilidad del municipio de Yopal, para identificar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la organización del territorio. •Proponer estrategias de cohesión territorial, coherente con un sistema de ordenamiento territorial urbano-rural para el desarrollo local y regional desde la nueva ruralidad. •Proponer un modelo articulador de un hábitat autónomo, alternativo e incluyente, para responder a un desarrollo regional desde una nueva ruralidad. La investigación está dirigida fundamentalmente hacia asentamientos humanos afectados por los procesos migratorios, en consonancia con el programa de investigación «Asentamientos humanos para una nueva ruralidad», desarrollado con otros Centros de investigación de la Universidad La Salle, como el ciinda y el cidescac. Dado que existe una dinámica migratoria en el municipio de Yopal, Casanare, que desarticula su territorio en relación con un exterior y un interior —como se observa en el aislamiento físico del campo y la ciudad, los asentamientos informales entre sí, la periferia, la centralidad y las áreas de fronteras—, a consecuencia de la explotación petrolera desmedida —en detrimento de los valores culturales y los recursos ambientales—, es nuestra hipótesis que si se identifican nuevas formas de movilidad migratoria —ya que éstas determinan formas de habitabilidad en el municipio de

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Yopal—, especialmente en áreas de transición, como ecotonos territoriales, entonces será posible generar estrategias alternativas de organización y desarrollo local y regional (véase cuadro 9.1).

Cuadro 9.1 La nueva ruralidad y su relación con el territorio, la habitabilidad, la movilidad migratoria y el desarrollo. Conceptual

Operacional

Realidad

Territorio

Habitabilidad

Movilidad migratoria

Movimientos migratorios desde áreas externas Barrios inforal municipio de Espacios de males y cenYopal hacia su transición. tros poblados. interior, y movimientos migratorios internos al municipio.

Los sistemas territoriales en los barrios informales y centros poblados observados en su potencial.

Percepción, costumbres y expectativas relacionadas con lo ambiental, lo espacial, lo sociocultural y lo económico.

Población observada en la ciudad de Yopal, en los barrios informales, en los centros poblados.

Desarrollo

La sustentabilidad económica, social y ecológica.

Población observada en su producción económica campesina, valores socioculturales, lineamientos de políticas públicas de manejo ambiental y desarrollo sustentable.

Fuente: Andrés Cuesta B.

9.1 Aproximaciones teórico-conceptuales Hablar de «nueva ruralidad» implica necesariamente hablar de nuevas relaciones y realidades develadas sobre el campo y la ciudad, las cuales se han planteado de diferentes maneras, según los enfoques utilizados para tal aspecto. Sin embargo, es necesario acotar los conceptos para que sean plenamente funcionales en el

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establecimiento de diferencias y relaciones según el contexto específico que se aborde. Es necesario, pues, cuestionarnos en torno a las nuevas relaciones y realidades que se encuentran operando en la configuración e interacciones del campo y la ciudad. Para ello nos han servido como punto de partida los recientes enfoques recogidos por Edelmira Pérez y otros autores en el libro La nueva ruralidad en América Latina: avances teóricos y evidencias empíricas (2006). Los enfoques señalados hacen referencia a: •Las relaciones deben darse en la medida en que se realicen transformaciones económicas, sociales y políticas en la sociedad intervenida. Para ello, se tendrá muy en cuenta los procesos productivos y migratorios (véase figura 9.2). Figura 9.2 Yopal. Grandes extensiones de suelos con riquezas potenciales para la explotación tradicional de los llanos orientales de Colombia

•Las relaciones entre el campo y la ciudad deben fijarse a partir de la formulación de nuevas políticas públicas con énfasis en el medio ambiente y el desarrollo sustentable.

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•Las relaciones deben darse a partir de la percepción de una forma distinta de los espacios rurales y sus problemas contemporáneos, y no tanto a partir de la emergencia de nuevos fenómenos. En síntesis, nuestro enfoque de «nueva ruralidad» está centrado en el entendimiento, intervención y transformaciones relacionadas con los siguientes cuatro aspectos: •El territorio, como la unidad base de la dimensión social, lo cual consiste en la identificación de espacios que tienen una utilización singular, basada en la historia y proyecciones sociales sustentadas en su naturaleza o potencial económico, ecológico y sociocultural, donde los actores sociales, económicos e institucionales se constituyen en sujetos de la intervención y aprovechamiento de su potencialidad. Además, se considera que la cohesión del territorio se da en la medida en que haya sistemas territoriales articuladores de lo urbano y lo rural, que fortalezcan las relaciones bilaterales y regionales. •El tipo de desarrollo3, territorio y actividades específicas dadas en su interior (producción económica campesina, valores socioculturales, lineamientos de políticas públicas de manejo ambiental y desarrollo sustentable, etcétera), tanto de carácter urbano como rural. •Las migraciones. Este concepto es de suma importancia para el estudio, por ser el punto central de las transformaciones del territorio y de la forma de habitabilidad de la comunidad que está en movimiento. Conrado Gini (1946) define como emigrante «a quien abandona su región de origen para trasladarse a otra» y como inmigrante «al individuo que por el contrario, se traslada a una región nueva, 3 Entendemos el desarrollo desde un punto de vista alterno a la concepción actual — que involucra una dinámica económica arrolladora y afectaciones socioambientales excluyentes y de poca sostenibilidad para las generaciones futuras—. Nuestra visión es un desarrollo que surja por autopoiesis, donde los valores socioculturales y los sistemas ecológicos se constituyan en determinantes de nuevas formas de vida. Los procesos dialógicos y de cocreación tienen como escenario la borrosidad territoriorial.

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dejando atrás su lugar de origen» (Ávila, 2009: 4). La emigración produce una disminución poblacional en los asentamientos, y la inmigración, un aumento en la población del lugar receptor. Los procesos migratorios, pues, originan cambios de residencia por parte de las personas. Entre los diferentes tipos de migraciones, se destaca la migración interna, «la cual constituye uno de los elementos fundamentales en la determinación de la localización espacial de la población en un país. La migración puede afectar el crecimiento de la población de una manera más inmediata de lo que pueden hacer los componentes del crecimiento vegetativo» (Galvis, 2002: 65). •La nueva forma de habitabilidad estratégica, a partir de la percepción, costumbres y expectativas relacionadas con lo ambiental, lo espacial, lo sociocultural y lo económico. Actualmente, el concepto de «habitabilidad» va más allá del confort habitacional, y tiene mayores alcances al buscar un equilibrio entre el hombre y su entorno, incorporando otras variables como el confort ambiental, lo espacial, lo social y lo económico. El concepto de «habitabilidad» está relacionado fundamentalmente con la calidad de la vida y la sustentabilidad del territorio como consecuencia de la interrelación de los factores ambientales, espaciales, sociales y económicos. Por tanto, la nueva forma de habitabilidad se puede definir, en nuestro caso particular, como el equilibrio entre el habitante y su espacio construido y no construido. Es decir, el grado de satisfacción que la vivienda, el barrio informal, el centro poblado o lo que haga las veces de articulación territorial, provea a sus ocupantes, según sus percepciones, costumbres y expectativas de los factores relacionados con el confort ambiental, lo espacial, lo sociopolítico y lo económico. De manera puntual podemos señalar algunas variables complementarias tenidas en cuenta para el desarrollo de la investigación: •Lo ambiental, entendido como el conjunto de condiciones ecológicas (condiciones en que se encuentran los seres vivos en general y su relación con los seres humanos) y de confort ambiental que permitan a los individuos lle-

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var a cabo sus actividades cotidianas, resaltando básicamente los aspectos sobre la valoración de los ecosistemas, distribución de lo biótico y abundancias, en relación con los organismos y su ambiente; además de lo higro-térmico (temperatura, ventilación y humedad), lo acústico (aislamiento acústico), lo visual (impacto e iluminación natural) y la salubridad. •Lo espacial, que hace referencia al conjunto de aspectos del entorno que permiten a los individuos llevar a cabo sus actividades cotidianas dentro de estructuras, sistemas, ordenamiento y crecimiento físico-espacial, resaltando cualidades, pertinencia, tamaño, distribución, uso, movilidad, inclusiones, relaciones internas y externas. •Lo sociopolítico, entendido como el conjunto de condiciones socioculturales que permitan a los individuos o actores llevar a cabo sus actividades cotidianas; resaltan sobre todo los aspectos relacionados con la producción social del hábitat, el patrimonio, el paisaje cultural, la hibridación sociocultural, la privacía, la identidad, la seguridad, el hacinamiento, la inclusión, las condiciones de gobernabilidad y las políticas públicas. •Lo económico, entendido como el conjunto de condiciones económicas alternativas que permiten a los individuos llevar a cabo sus actividades cotidianas; aquí destacan los aspectos de asociación productiva, reutilización de desechos y manejo de competitividad sustentable. Con base en lo anterior, se puede decir que se están trabajando cuatro variables básicas y cuatro complementarias. 9.1.1. Variables básicas Permiten apreciar las relaciones actuales de nueva ruralidad existente en el asentamiento humano llamado Yopal, en cuanto a la valoración de las condiciones sociales, económicas y político-administrativas para la vida, en cuanto a la protección y uso de los recursos naturales, y en relación con el grado de desarrollo de di-

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cho asentamiento. Por ello, se han identificado las siguientes variables de estudio: habitabilidad, territorio, movilidad migratoria y desarrollo. 9.1.2. Variables complementarias Se hace necesario identificar información sobre percepciones, costumbres y expectativas de los valores, hábitos y técnicas en términos de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas respecto de las variables complementarias antes señaladas (véase esquema 9.1). Esquema 9.1 Relación de variables básicas y complementarias

Fuente: elaboración propia.

Se está hablando, para nuestro caso particular, de una nueva ruralidad enmarcada en un proceso dinámico, donde las relaciones y realidades emergentes entre el campo y la ciudad se establecen a partir del concepto de territorio, en el cual se reestructuran elementos de la cultura local y medioambiental a través de la incorporación de nuevos valores, hábitos y técnicas. Por tanto, el territorio se considera como la unidad base de la dimensión social, cuya singularidad espacial está basada en su historia y sus propias proyecciones de desarrollo, soportadas en su potencial, sus activi-

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dades específicas de producción económica, sociocultural, migratoria, ambiental y político-administrativa; los actores sociales y económicos, además de la institucionalidad, constituyen el sujeto de la intervención y la potencialidad para proyectar un desarrollo local y regional, con el fin de fortalecer cada vez más la cohesión territorial (véase esquema 9.2). Esquema 9.2 La nueva ruralidad en la frontera campo-ciudad

Fuente: elaboración propia

Luego entonces, nos preguntamos: ¿cuál es la realidad emergente de las relaciones campo-ciudad?, ¿qué problemas están escondidos bajo la expresión «nueva ruralidad»? Ello, a su vez, nos demanda cuestionarnos: ¿dónde buscar los problemas y potencialidades para intervenir el territorio?, ¿cuál es la nueva forma de conocer (paradigma emergente) un territorio para que sea sustentable? Lo anterior nos lleva a realizar un planteamiento más operativo relacionado con los conceptos referidos. El ecotono urbano se constituye en el microterritorio que se identifica en las fronte-

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ras como potencial y lugar de articulación territorial (véase esquema 9.3). Esquema 9.3 Ecotono territorial entre las fronteras campo-ciudad

Fuente: elaboración propia

¿Cuáles son los elementos que determinan nuevas formas de habitabilidad estratégica y contribuyen a cohesionar al territorio para lograr un desarrollo local y regional sustentable? 9.2 Metodología Para identificar nuevas formas de movilidad migratoria que determinen formas de habitabilidad en el municipio de Yopal (véase figura 9.3), especialmente en áreas de transición, hubo necesidad de realizar visitas de campo con instrumentos preestablecidos dentro de contextos teóricos conceptuales previamente organizados, así como de realizar observaciones estructuradas y recolección de información a través de instrumentos validados. Sin embargo, la interacción con las comunidades contribuyó a ajustar los elementos de análisis, ya que se pudo identificar algunas características propias del lugar que determinan la calidad de habitabilidad de las comunidades estudiadas. Se tipificó la vivienda y el barrio dentro de los sectores informales y las características socioculturales y ambientales dentro

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Figura 9.3 Yopal. Apropiación y desarticulación urbano-rural

de los centros poblados con el fin de ir configurando estrategias alternativas de articulación y desarrollo local y regional. El trabajo se abordó, desde sus inicios, a partir de algunos parámetros conceptuales inscritos en el paradigma complejo, para definir lo emergente e iniciar un proceso constructivo de lineamientos para la formulación de ecotonos urbanos. Sin embargo, la experiencia con las comunidades nos hizo replantear la metodología de trabajo, a fin de obtener, realmente, resultados expresados en espacios que incidieran en la transformación y consolidación social para un desarrollo sustentable. El proceso llevado hasta el momento se resume como sigue: •Se definieron problemas de investigación relacionados entre sí, a partir de unos propósitos generales. •Se realizaron acercamientos sobre el enfoque de nueva ruralidad, desde el proyecto de investigación y otros conceptos básicos y complementarios. •Se identificaron diferentes tipos de metodologías para abordar la investigación, reconociéndose la importancia de ge-

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nerar una meta-metodología encaminada hacia un trabajo interdisciplinario. •Se presentaron avances sobre la información recogida en el trabajo de campo o documentación archivística. •Se inició un proceso de reorganización de la investigación acorde con las dinámicas de los investigadores, los resultados obtenidos hasta el momento y a partir de los conceptos de nueva ruralidad, el paradigma emergente y otras aproximaciones conceptuales (véase esquema 9.3). 9.3 Resultados Los procesos migratorios identificados en Yopal son de seis tipos —clasificación elaborada por los centros de destino poblacional—, entre los que destacamos los siguientes: 9.3.1 Migración hacia el casco urbano Surge desde otras regiones, departamentos y municipios hacia el casco urbano de Yopal, generando procesos de asentamientos informales convertidos en barrios tuguriales en el centro de la ciudad, que fragmentan el territorio urbano, y otros ubicados en la periferia, que contribuyen a la desarticulación entre lo urbano y lo rural (véase figura 9.4). Surge desde otras regiones, departamentos y municipios hacia el casco urbano de Yopal, en áreas formales o zonas hoteleras,

Figura 9.4 Yopal. Barrio Villa Estadio. Sistema de movilidad desarticulado con la ciudad

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generando una demanda de servicios habitacionales y de otros aspectos, que congestionan el área urbana y hacen colapsar el tráfico vehicular, los servicios públicos y los servicios comunitarios. 9.3.2 Migración directa hacia los corregimientos o centros poblados donde se realiza la explotación petrolera Surge desde otras regiones, departamentos y municipios hacia el área rural o centros poblados del municipio de Yopal, con destino al campo o los barrios del centro poblado, según la dinámica de vinculación de las empresas petroleras, que de manera prioritaria se realiza con los trabajadores ubicados en el centro poblado o en su área de influencia inmediata, cerca de territorios de explotación petrolera. Esta determinación es tomada por los representantes de las compañías y compartida por los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, quienes tienen sueldos para organizar la vinculación del personal de manera periódica y rotativa. 9.3.3 Migraciones escalonadas Surge de las áreas formales hacia los centros poblados. Se caracteriza por abarcar personal especializado, a quienes por lo general la compañía les garantiza su hábitat, sistema de movilidad y oportunidades de desarrollo humano. Este grupo poblacional ya tuvo un primer movimiento migratorio con anterioridad, y su estatus contribuye a la desarticulación del territorio porque este tipo de procesos migratorios discriminan y especializan las intervenciones territoriales, causando exclusión hacia sectores poblacionales carentes de las mismas oportunidades de quienes tienen el apoyo directo de las compañías petroleras de manera específica. Surge desde los barrios informales hacia los centros poblados, ya sea en el área del asentamiento o en su área de influencia. Ocurre desde otras regiones, departamentos y municipios hacia el casco urbano de Yopal, generando procesos de asentamientos informales en los centros poblados, que fragmentan el territorio de llegada acrecentando la desarticulación urbano-rural.

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9.3.4 Migración rotativa o en espiral Se caracteriza por responder a situaciones de inestabilidad laboral, ya que su permanencia es temporal para darle cabida a otros grupos de trabajo inscritos en listados previamente elaborados. Se puede presentar de la siguiente manera: •Entre centros poblados, según la demanda de «veintiocheros» o trabajadores informales de veintiocho días o menos. Muchos de ellos terminan su recorrido migratorio en los barrios informales de Yopal en búsqueda de otro trabajo transitorio mientras esperan una señal del trabajo con las petroleras. •Entre barrios informales, según las oportunidades de trabajo y de asentamiento habitacional relacionado con la explotación petrolera que puedan encontrar en cada uno de ellos, en espera de procesos de reubicación o mejores oportunidades de vida laboral. Se reconocieron y valoraron fenómenos migratorios estudiados como un sistema. Para ello se identificó la capacidad organizativa, sociocultural y el capital humano, y se generaron parámetros de organización integral en el espacio de transición o ecotono urbano territorial entre el lugar de origen y el de destino, hasta el punto de poder identificar programas y proyectos de intervención y construcción de tejido social, con el fin de fortalecer la articulación del territorio (véase figura 9.5). En este sentido, el ecotono urbano o espacio de transición dejado en la desarticulación territorial emerge con una connotación clara de constituirse en un espacio articulador del territorio como resultado del proceso productivo existente, que engendra su propia contradicción en beneficio de tejer y cohesionar al territorio fragmentado para realizar el escenario pertinente que contribuya con el fortalecimiento de un desarrollo humano sustentable. 9.3.5 Otros de los resultados obtenidos •Parámetros teórico-conceptuales para la formulación de ecotonos territoriales con una visión de nueva ruralidad a partir de la participación de las comunidades.

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Figura 9.5 Yopal. Lo emergente del espacio público en barrios informales

•Una nueva forma de aproximación al problema urbano y a la definición de algunos conceptos básicos desde la teoría de la complejidad y la nueva ruralidad. Se espera que con estos planteamientos sea posible participar en el diálogo, la discusión y la construcción de conocimiento en torno a las migraciones y a la forma de integrar el valor patrimonial cultural de los migrantes a la articulación del territorio, desarticulado y desmembrado por procesos productivos y formas de crecimiento territorial ajenos al potencial del mismo. Para ello, consideramos prudente retomar las dinámicas migratorias y productivas dentro de una economía viable, así como la preservación de proyectos sociales sustentables; esto debe correlacionarse con los potenciales de diversidad biológica y ambiental en forma general, con el fin de replantear nuevas estrategias conducentes hacia un desarrollo local y regional que parta del municipio de Yopal, Casanare, y de evitar una dependencia que aumente la vulnerabilidad de estos territorios. 9.4 Discusión El municipio de Yopal ha sido objeto de estudios sobre los procesos migratorios, y uno de ellos, realizado por Galvis (2002), analiza las determinantes de la migración interdepartamental en

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Colombia en el período 1988-1993 por medio de un modelo gravitacional. El trabajo de Galvis arrojó que las migraciones dependen de los atributos de las regiones de origen y destino, y también muestra que en la escogencia del destino de los migrantes, además del trayecto de desplazamiento, importa la dirección de éste; al respecto, Ávila afirma que: en la mayoría de los casos la población tiene gran preferencia por el centro del país como principal destino. Esta idea es confirmada con el resultado del estudio de Sánchez (2006); para el período 1975-1998, quien encuentra que las mayores tasas de crecimiento sectorial se concentraron en la parte centro (Bogotá) y norte del país, evidenciando con Bogotá que la población para ubicarse busca los cascos urbanos con mayor población (2009: 6).

Sin embargo, por los resultados obtenidos hasta el momento en el comportamiento migratorio de Yopal, observamos que el interés no es dirigirse al centro del país, ni mucho menos hacia los centros urbanos con mayor población. Lo que se evidencia es que existen diferentes centralidades como origen y destino de las migraciones, y con movimientos migratorios escalonados. Sin embargo, estos procesos migratorios identifican claramente espacios de transición o lugares de desarticulación, desaprovechados por las dinámicas planificadoras del territorio, llamados ecotonos territoriales; suceden una serie de interacciones e interpenetraciones socioculturales hasta el punto de generar procesos de hibridación sociocultural dentro de espacios compartidos (véase figura 9.6). Según los planteamientos realizados por Cuesta A. (2012) sobre La interpenetración de los elementos urbanos o ambientales y socioculturales, que provienen de las estructuras urbanas contiguas, son sensibles a las variaciones de los suelos, a las pendientes, al clima y a otras manifestaciones del lugar a gran escala en la medida en que están próximas a los umbrales bioquímicos, térmicos e hídricos, vitales para ellas”; esto explica la gran riqueza y variedad biológica y espacial de los ecotonos (Ávila, 2009: 56).

Esta situación reafirma la importancia del espacio desarticulado para aprovecharlo como herramienta de cohesión territorial. Para ello, se requiere el uso del ecotono territorial con dinámicas sis-

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témicas interiores donde la construcción de una nueva identidad en la articulación territorial y su teleología dentro del territorio se constituyen en elementos fundamentales para tejer un nuevo territorio con aportes hacia la nueva ruralidad. Figura 9.6 Apropiación de espacios urbanos en zonas de fronteras con manifestaciones culturales rurales

Por otro lado, encontramos que en estudios como el de Medina y Posso (2009) se considera que la posibilidad de retorno en los procesos migratorios de las personas altamente calificadas es mínima y que «la probabilidad de retorno aumenta cuando el nivel de formación y el tipo de ocupación se encuentran en el segundo segmento, es decir para personas que se desempeñan en diferentes tareas pero que no requieren formación avanzada» (Organización Internacional para la Migraciones, 2010: 20). Este perfil del proceso migratorio pone de realce el tema de la pérdida de capital humano y muestra cómo un número importante de colombianos con formación calificada provenientes de fuera del municipio de Yopal ha inmigrado hacia dicho municipio y, una vez dentro, generan situaciones escalonadas en su interior. Además, las probabilidades de retorno hacia fuera de Yopal son mínimas, como lo manifiestan sus habitantes, más aún cuando se proyecta un territorio con grandes fortalezas de biodiversidad y

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futuras explotaciones de otros recursos naturales y socioculturales. Por tal razón, se dispara vertiginosamente el crecimiento poblacional, con sus consecuencias en el ordenamiento del territorio de dicho municipio. En cuanto a la población migrante no calificada, la probabilidad de su retorno no aumenta, contrario a las dinámicas nacionales e internacionales migratorias, ya que el migrante prefiere desarrollar un proceso de rotación cíclica en el mismo territorio. 9.5 Conclusiones Si bien es cierto que las causas de la migración en la región de la Orinoquía y especialmente en el Municipio de Yopal, en la actualidad, según las distintas fuentes de información, son principalmente de tipo económico (véase figura 9.7), le siguen las de tipo de familiar y, de una manera más ocasional, las de seguridad. Además, los resultados obtenidos expresan la gran dinámica migratoria generada en los territorios petroleros, que, en vez de apuntalar el crecimiento y desarrollo del lugar, lo empobrece, colocando el capital económico por encima del capital humano, cultural y biótico. Figura 9.7 Municipio de Maní, Casanare. Parque como zona de esperanza para la vinculación laboral al sector petrolero. Migración rotativa con el Municipio de Yopal y Tauramena

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Se recurre a planteamientos de desarrollo urbano dentro de esquemas tradicionales donde el territorio se fragmenta de manera forzada; inclusive, la mayoría de las intervenciones de la ciudad y el campo se realizan por separado (véaase figuras 9.8 a 9.10), sin importar los valores territoriales donde esta fusión campo-ciudad debe ser una sola en términos territoriales. Sin embargo, se acentúa cada vez más la discriminación y las contradicciones socioculturales, no sólo entre población económica y socioculturalmente marcada por sus diferencias, sino también entre poblaciones de la misma estratificación, cuya diferencia es meramente formal. Además, se puede observar que cuando se intervienen estos espacios desarticulados en sectores informales y áreas periféricas urbano-rurales, dicha intervención se hace con el supuesto argumento de consolidar una estructura formal urbana, no valorando las manifestaciones socioculturales existentes en el lugar. Figura 9.8 Barrio informal Villa Estadio desarticulado de la ciudad de Yopal

Lo más importante que revela esta investigación es la urgente necesidad de buscar una manera de aprovechar los procesos migratorios, ya que ellos deben ser vistos como una oportunidad y no como una amenaza, dada la riqueza sociocultural que llevan consigo estos movimientos.

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Figura 9.9 Proceso de transformación de la vivienda por grupos migrantes

Figura 9.10 Viviendas multifamiliares en la periferia de Yopal para resolver problemas de habitabilidad de familias campesinas

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Revisando la hipótesis planteada en el proceso investigativo realizado hasta el momento, se pudo verificar que, dadas las circunstancias de Yopal y su contexto productivo, sí se identifican nuevas formas de movilidad migratoria, que determinan, a su vez, formas de habitabilidad en el municipio de Yopal, especialmente en áreas de transición, como ecotonos territoriales. Se pudieron identificar, asimismo, estrategias alternativas de articulación y desarrollo local y regional, como la intervención de los espacios de transición, considerados ecotonos territoriales con sistemas y elementos teleológicos; como lo expresa Cuesta: «Todo sistema tiene una finalidad, que es el suprasistema del cual forman parte» (2013: 53). Este principio permite la articulación del territorio. Por tanto, la situación que generan estas variedades —caracterizadas en tipologías— de movilidad poblacional da origen a propuestas emergentes en cuanto a sistemas de habitabilidad multiculturales con apoyo en alternatividades de desarrollo humano y de producción asociativas que permitan interactuar con la producción petrolera el potencial de los usos del suelo llanero y valorar como ecotono los espacios desarticulados del territorio. Bibliografía Avila, Cristian O. (2009). “Dinámica de la acumulación de capital humano en Yopal (Casanare)”, Revista Apuntes del cenes, XXVII(46). Colombia. Cuesta, A. (2012). Ecotono Urbano: Introducción conceptual para la alternatividad al desarrollo urbano. Bogotá, Colombia : Ediciones Unisalle. — (2013) Sistemas Urbanos: entre lo contextual y lo autorreferencial. Bogotá Colombia : Ediciones Unisalle. Galvis A., Luis A. (2002). Determinantes de la migración interdepartamental en Colombia, 1988-1993. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional No. 29, Cartagena de Indias, Colombia : Banco de la República-Centro de Estudios Económicos Regionales (ceer), junio. Galvis O. (2009). “Dinámica de la acumulación de capital humano en Yopal (Casanare)”, Revista Apuntes del cenes, XXVII(46): 6.

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Gini, Conrado y Colina, María (1946). “La teoría Europea y la teoría Americana de las Migraciones Internacionales”, Revista Mexicana de Sociología, 8(2): 167-194. Medina, C. and Posso C. M. (2009). “Colombian and South American Inmigrants in the United States of America: Education levels, job qualifications, and the decision of go back home”, Borradores de Economía, 572. Colombia. oim-Colombia (2010). Perfil Migratorio de Colombia. Julio. Bogotá, Colombia : Organización Internacional para las Migraciones Pérez, E. et. ál. (2006). La nueva ruralidad en América Latina: Avances teóricos y evidencias empíricas. Bogotá, Colombia : Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Molano, A. (2011) “De llanos y selvas”, Revista Semana: La Nueva Colombia. Colombia. Sánchez, Fabio; Martínez, Mariana y Mejía, Carolina (2006). Estructura económica actual del Casanare y posibilidades futuras de crecimiento y competitividad. Tomo I y II, documento cede.

10. Violencia feminicida en el conflicto armado interno en Colombia: una lectura desde la evitabilidad de la morbi-mortalidad de mujeres colombianas, por la exigibilidad del derecho a la salud y a la vida1 Fernández Moreno, Sara Yaneth2 Introducción Este trabajo es un continuum de reflexión que se da en el marco del proyecto spechf, en el cual se ha discutido desde hace poco más de ocho años la lógica de los megaproyectos y su papel en el desplazamiento forzado y el destierro en la región mesoamericana. Si bien al inicio se trabajó esencialmente con la problemática del desplazamiento forzado —flagelo que le da a Colombia el primer lugar mundial de personas desplazadas, según fuentes alternativas a las gubernamentales, superando en 2013 los cinco millones de personas (Semana, 2013)—, posteriormente se amplió el análisis a la situación de las mujeres colombianas. Dado que 2013 es un año de inflexión para el análisis del conflicto colombiano —debido al inicio del proceso de negociación 1 A la memoria de Nataly Palacio Córdoba, egresada de trabajo social, estudiante nuestra asesinada por su novio; negra, pobre, joven, luchadora, de bella sonrisa. Hija de una mujer asesinada también por su compañero afectivo. 2 Académica y activista. Profesora Asociada Departamento de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Antioquia, «[email protected]».

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y diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc)-Ejército Popular (ep)3, al mismo tiempo que se da la discusión de la Ley de Víctimas, la restitución de tierras y el sistema de Justicia transicional que necesariamente debe pensarse una vez logrados los acuerdos con los grupos guerrilleros—, se abordará de forma genérica la situación de las mujeres en Colombia, como víctimas directas del conflicto y sobrevivientes a éste; como mujeres cabeza de hogar y como parte de más de la mitad de la población del país en situación de inequidad y vulnerabilidad sin precedentes en la región. Para la realización de este trabajo se conjuntaron aportes de la medicina social, la salud colectiva, la mirada género sensible frente a la situación sociosanitaria y demográfica de las mujeres en el país, partiendo, inevitablemente, de la revisión del desplazamiento forzado en el país y la consideración de amplios análisis estadísticos referentes a la morbi-mortalidad de las mujeres y los feminicidios presentes en los últimos años. Se podrá constatar el hecho de que, aunque se haya mejorado la reglamentación, los protocolos, las convenciones, las herramientas jurídicas y políticas para el abordaje y la prevención de la violencia contra las mujeres en Colombia, las estadísticas escalan en intensidad, modalidades y frecuencia de diferentes formas de violencia sobre ellas. Más que conclusiones, se esbozan elementos de análisis de una situación que muta permanentemente en Colombia, donde, lastimosamente, la violencia se ha naturalizado e invisibilizado en el país a un nivel sin precedentes. Es claro, sin embargo, que la confrontación y el desmontaje de las relaciones de dominación que contempla la violencia en todas sus formas comienza por plantear y visibilizar la imprescindible e impostergable discusión al interior de las relaciones sociales desiguales entre hombres y mujeres, de allí que la mirada género-sensible incluyente, relacional, dialéctica e histórica sea clave en el ejercicio. 3 El Ejército de Liberación Nacional ha iniciado contactos con el Gobierno en esta misma dirección y pretende entrar en el proceso de diálogo, como lo ha hecho saber a la opinión pública por todos los medios.

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10.1 Evitabilidad de la violencia Los dos períodos presidenciales de la política de «seguridad democrática», aupada por la ejecutoria de la guerra preventiva del Plan Colombia i, ii y iii, muestran la complejidad de la conformación de un Estado como el colombiano, afianzado en el clientelismo, la corrupción y la alianza narco-paramilitar con diferentes categorías de gobierno en todos los niveles de la política local, regional y nacional (Giraldo. 2011)4. Esta política le ha quitado estatus a la violencia sexual y, en conjunto, a las diferentes formas de violencia contra las mujeres en el marco del conflicto como crímenes de lesa humanidad; se invisibiliza la estadística en su real dimensión, la oculta dentro del drama humanitario de un fenómeno mayor e impide los abordajes del Derecho internacional humanitario y de los protocolos internacionales sobre esta materia. La existencia de la violencia sexual en el país deja dentro de las múltiples desigualdades del desplazamiento una sombra que impide abordarla interseccionalmente con efectividad, mediante una política pública género-sensible que se requiere con urgencia. De acuerdo con el proyecto Víctimas de la Revista Semana (2013: 98), el 11.5% de la población colombiana ha sufrido directamente por el conflicto armado interno en el país5. La reparación en medio del conflicto se hace complicada. En 2012, reporta el informe revisado por la revista, hubo en el país doscientas mil nuevas víctimas; se deben restituir tres billones de hectáreas despojadas o abandonadas y todavía no se puede garantizar el retorno de miles de familias a su tierra. Por eso, este panorama amerita pensar en diferentes dimensiones de un histórico drama que se resiste a desaparecer, en parte, porque tiene lugar en uno de los países más desiguales e inequitativos de la región. De acuerdo con los Informes de Desarrollo 4 Padre Javier Giraldo Moreno S. J. Algunos rasgos de la crisis ética, jurídica y política del país. Conferencia dictada en la Cátedra Héctor Abad Gómez. Universidad de Antioquia, Mayo 13 de 2011 Medellín, Antioquia. 5 De acuerdo con el proyecto, para que a una persona se le considere víctima debe haber padecido tortura, violencia sexual, homicidio, desplazamiento forzado, masacre o minas antipersona. El costo de la reparación de estas personas es incalculable. La ley de Víctimas estima un costo aproximado de cincuenta y cinco billones de pesos.

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Humano que entrega Naciones Unidas periódicamente, en cuanto a la desigualdad se encuentra que Colombia está por debajo de Haití y Angola de entre los ciento veintinueve países observados. Entre los factores que explican la desigualdad se enumera la distribución de la tierra, la concentración de capital, la brecha en educación, la política tributaria y la distribución del ingreso6. La pobreza está concentrada por regiones, por etnia y por razones de género, factor determinante cuando se analiza el comportamiento y el impacto de la violencia sobre la población. Es importante considerar la evitabilidad de la violencia por ser un producto histórico, político, social y cultural. Se toma el concepto de evitabilidad del campo sociodemográfico para relacionar de manera más amplia el proceso de salud-enfermedad-muerte con la capacidad que tiene la sociedad para transformarlo. Para valorar más este concepto piénsese en el más sencillo de los ejemplos, si la esperanza de vida de un país es de ochenta años y un joven muere a los quince, dejó de vivir sesenta y cinco Años Potenciales de Vida Perdidos, medida epidemiológica conocida como apvp. En caso que sea una joven, el número de años debe considerar los años reproductivos cuando dejó de reproducirse a sí misma y a su compañero, alterando con ello la ecuación sociodemográfica de un país como el colombiano que en el Informe Especial del Proyecto Víctimas 5.5 millones de víctimas y contando, de la Revista Semana (2013) presenta las siguientes cifras: •Se registraron 5 405 629 víctimas del conflicto armado interno entre 1985 y el 31 de marzo de 2013. De cada cinco víctimas una es menor de doce años. •En el mismo periodo, hubo 2 683 335 víctimas mujeres, 122 354 indígenas y 479 795 afrodescendientes. 1 163 218 son menores de doce años. •Entre 1983 y 2011, la Unidad cuenta 2087 masacres donde fueron asesinadas 9509 personas. 6 En Colombia, el 10% más rico de la población se queda con la mitad del pib mientras que al 10% más pobre apenas recibe el 0.6%. En la franja de los más pobres, cada persona que tienen trabajo mantiene a seis personas en promedio. Consultado en «actualicese.com/actualidad/2011/11/09/desigualdad-e-inequidad-fenomeno-mundialque-toca-a-colombia/».

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•Entre 1978 y 2012 fueron asesinados 2994 sindicalistas7. •Entre 1977 y 2013 fueron asesinados ciento treinta y siete periodistas. •Entre 1990 y 2012 hubo 17 771 víctimas de desaparición forzada. •Entre 1985 y 2013 han sido asesinados doscientos noventa y nueve defensores de los derechos humanos. •Entre 1990 y 2013, 10 272 personas han sido afectadas por minas antipersonas, de ellas 1011 son menores de edad. •Entre 1986 y 2013 más de tres mil alcaldes, concejales, candidatos y funcionarios locales han sido asesinados. No hay que olvidar la Unión Patriótica8. •Entre 1985 y 2013, 2628 indígenas han sido asesinados y más de 115 000 han sido desplazados. Treinta y cuatro de los ochenta y siete pueblos indígenas del país están en riesgo de extinción por cuenta del conflicto armado. •Entre 1984 y 2011 hubo tres mil víctimas de falsos positivos, por los que hay 2035 militares detenidos9. 7 En Colombia se estima que solamente el 4% de la población que trabaja está sindicalizada y a pesar de ello es el país que coloca el 60% de sindicalistas asesinados en todo el mundo, de acuerdo con informes de la Escuela Nacional Sindical (ens) de Antioquia (2013). 8 La Unión Patriótica (up) nació en 1984 como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las farc. Fue la fórmula para consolidar un proceso de paz y a la vez para que el movimiento guerrillero optara por una salida política al conflicto armado. No obstante, el experimento terminó con el exterminio físico y político del movimiento, unos asesinados, otros exiliados y amenazados, y dos décadas más de violencia en Colombia. La up ha sido la única oportunidad de hacer política que han tenido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc). En su momento cumbre, este partido político logró elegir dieciséis alcaldes y doscientos cincuenta y seis concejales, y eligió dieciséis representantes al Congreso de Colombia. Sin embargo, en dos décadas de ejercicio político, más de tres mil de sus militantes fueron asesinados, entre ellos dos candidatos presidenciales y trece parlamentarios. Tomado de El saldo en rojo de la Unión Patriótica. Verdad Abierta, Consultado el 18 de noviembre de 2013 en verdadabierta.com/ justicia-y-paz/157-captura-de-rentas-públicas. 9 Inicialmente presentados como «muertes en combate» de insurgentes, reportadas por la fuerza pública colombiana como resultados positivos de la acción contra grupos armados ilegales. Muchas de estas muertes se han develado como acciones por parte del ejército y de la policía contra la población civil no combatiente —mayoritariamente campesinos y personas en condición de pobreza—, incurriendo en graves violaciones contra los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Este fenómeno se ha presentado sólo durante los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez; al parecer, se produjeron debido a las fuertes presiones que el Estado Mayor ha ejercido sobre el soldado raso para

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•Entre 1985 y 2013, de acuerdo con cifras del gobierno, hubo 4751371 personas que han sufrido desplazamiento forzado; para la Comisión de Derechos Humanos codhes, éstas ascienden a 5 487 542. •En los últimos diez años ha habido 15 395 actos de terrorismo. •Entre 1996 y 2012 hubo 16 123 secuestros extorsivos en el país, 2783 son de menores de edad. No se sabe la suerte de al menos cuatrocientos cinco secuestrados, entre ellos sesenta soldados y cincuenta y ocho policías. •Desde que empezó el proceso de restitución de tierras, veinte reclamantes han sido asesinados y más de setecientos amenazados; 2 985 798 hectáreas de tierras abandonadas o despojadas han sido reclamadas y casi cuarenta mil reclamantes piden que les devuelvan tres millones de hectáreas que perdieron por el conflicto armado. •Entre 1999 y 2012, 5105 niñas y niños han sido reclutados por grupos armados que se desmovilizaron en este período; ciento nueve niñas y niños se encontraron en fosas. •Entre 2002 y 2010 hubo 3500 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, más del 80% por falsos positivos; 95% de los casos siguen sin sentencia y las investigaciones están dirigidas a militares de bajo rango. En treinta y uno de los treinta y dos departamentos de Colombia hubo falsos positivos, Antioquia y Meta encabezan la lista. La evitabilidad del panorama histórico del país en los últimos treinta y ocho años salta a la vista. De allí la pertinencia de los esfuerzos combinados para visibilizar en el conflicto las diferencias intra e intergenéricas y para redimensionar las diferentes exclusiones e inequidades en la atención de toda la población afectada directa e indirectamente. El país espera respuesta, justicia, reparación, verdad y, sobre todo, no repetición; tal vez por ello hay tanta expectativa, tanta esperanza, en los diálogos de paz de La Habana, para ver crecer al fin la posibilidad de una generación que crezca sin guerra. que presente bajas en combate y así poder obtener prebendas que por derecho ellos tienen, como lo son descansos, visitas familiares o compensaciones económicas.

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10.2 La violencia feminicida Entre 2008 y 2010, en Colombia fueron asesinadas 87 000 mujeres10, de 37 000 se ignoran sus datos; en 2010 fueron 1444, de los cuales trescientas doce eran amas de casa, ochenta y ocho, comerciantes, sesenta y tres, trabajadoras domésticas, ochenta y cuatro, trabajadoras sexuales y de trescientos noventa y seis no se tienen datos precisos. En ese mismo año se reportaron 69 713 casos de violencia intrafamiliar, 51 183 casos de maltrato de pareja; 16 936 casos de violencia sexual, lo que se traduce en una violación sexual en el país cada dos horas. Sin El feminicidio existe porque hay haber finalizado 2013 se han comeuna sociedad que lo consiente. tido quinientos trece homicidios de Llinés, 2013 mujeres entre los veinticinco y los veintinueve años. Colombia ocupa el primer lugar de feminicidios en América Latina, los principales medios son las armas de fuego y las armas blancas; asimismo el país ocupa el primer lugar en el mundo de ataques con ácido a mujeres (Llinés, 2013). El feminicidio, en su acepción más común, se traduce como el asesinato de una mujer por ser mujer; en el feminicidio se constatan condiciones de desprecio, ensañamiento contra el cuerpo de la mujer en la producción del crimen; en otras palabras es el resultado final y contundente de la violencia contra la mujer. De acuerdo con Victoria Sanford (2008), el concepto de feminicidio se basa en el término femicidio, que se refiere al asesinato de la mujer en la literatura criminológica y también se refiere a un crimen de odio en contra de las mujeres en la nueva literatura feminista que aborda este tipo de crímenes. Diana Russell clasificó el femicidio como una forma de terrorismo que funciona para establecer diferencias entre los géneros, para promulgar y reforzar la dominación masculina, y para que todas las mujeres sean crónica y profundamente inseguras (Russell, 2001: 177).

Feminicidio es un concepto más amplio que femicidio debido a que establece como responsables no sólo a los varones perpetra10

En 2009 se cometieron en Colombia 1523 homicidios de mujeres.

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dores, sino también al Estado y a la estructura Judicial que normalizan la misoginia. La impunidad, el silencio y la indiferencia, desempeñan un papel en el feminicidio (Sánchez, 2010: 22) que, indudablemente, es diferente de homicidio o del asesinato de una mujer, como bien lo muestra la siguiente nota de prensa De 45 asesinatos de mujeres que se han cometido este año, 14 tienen la marca del feminicidio: son cometidos con crueldad y en las huellas se notan signos de violencia contra sus órganos femeninos (Diario EL Colombiano, 31 de agosto de 2013).

Dice Llinés (2013) que la escena es sexualizada, con tortura, violencia sexual, el cuerpo es depositario de varios mensajes, se tortura, se vale del desvalimiento de la víctima por el hecho de ser mujer, tiene rasgos selectivos y rituales. Se parte del hecho de considerar al Estado como parte responsable del feminicidio por no investigar cada caso, por no ofrecer reparación a los familiares de la víctima, por quedar el hecho en completa impunidad. La Ley Rosa Elvira Celi11, como se le conoce al proyecto de Ley 4912, establece en el artículo 134 del Código Penal una sanción de entre cuatrocientos y seiscientos meses de condena por el crimen de feminicidio, estableciendo agravantes si el victimario es militar. A la fecha solo hay dos condenados bajo esta Ley, el agresor de Rosa Elvira y un sujeto que asesinó a su esposa a puñaladas frente a su hijo, en un centro comercial a pleno día y enfrente de todas las personas que se hallaban en el lugar. Como dice Sánchez (2003), se configura el feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres ni crea condiciones para su seguridad y su integridad personal, generando condiciones que favorecen una serie de crímenes y hechos de violencia en contra de las mujeres. Si se retoma el concepto de evitabilidad, se encontrarán razones de peso para estimar el costo en múltiples sentidos de semejante negligencia. En Colombia, el patrón de culpabilización de las víctimas «exotiza» estos crímenes y diluye su relación con 11 Rosa Elvira Celi fue violada, torturada, empalada y finalmente asesinada. Su victimario alcanzó a ser identificado por ella misma antes de morir, días después de ser cruelmente atacada, en su memoria el proyecto contra el feminicidio en el país lleva su nombre. El caso estremeció el país por la crueldad de su muerte.

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la configuración moderna de convivencia entre varones y mujeres. El feminicidio es una forma de control que discrimina, violenta y atenta contra toda la humanidad por su forma generalizada, sistemática y caracterizada que lo constituye como un grave delito tipificado en el Derecho penal internacional. El tema debe ser materia de discusión permanente porque su impunidad va escalando; para el caso, en la Universidad de Antioquia, segunda universidad del país, en menos de año y medio dos jóvenes estudiantes y una recién egresada fueron víctimas de feminicidio por parte de sus parejas sentimentales en temprano noviazgo. Si la universidad pública no se ocupa de este tema, qué se dirá de las demás instituciones que materializan el Estado dentro de su funcionamiento y existencia. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (ops) develado por el diario El Universal de Cartagena (2013) muestra que durante el año 2012, mil ciento cuarenta y seis mujeres fueron víctimas de feminicidio en el país, lo que da un promedio de cuatro asesinadas diariamente. Colombia es el cuarto país de Latinoamérica con mayor tasa de homicidios de mujeres, después de El Salvador, Guatemala, Honduras y Bolivia. No se puede perder de vista que el feminicidio es el último escalón de una larga cadena de hechos perfectamente evitables y prevenibles que devienen finalmente en la muerte de las mujeres, pero cuyo deceso se traduce en la crónica de una muerte anunciada, de allí que se concluya que el feminicidio sí es un crimen de odio. 10.3 Morbi-mortalidad feminicida La muerte por feminicidio es el resultado fatal de un proceso previo de vejaciones, maltratos y abusos sobre el cuerpo de las mujeres. Para la sociodemografía la mortalidad es parte de un proceso más general —el proceso salud-enfermedad-atención— que resume los riesgos de muerte definidos por condiciones socioeconómicas y biológicas que hacen que en algún momento de la vida de las personas se presenten daños a la salud, temporales o definitivos como la muerte, que resulta sintetizando los riesgos de muerte (García Molina, 1992).

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Según el estudio de Sánchez (2010, 84) —y de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (inmlcf)—, en el período 2002-2009 se registraron 627 610 hechos de violencia en contra de las mujeres. Diariamente, doscientas cuarenta y cinco mujeres colombianas fueron víctimas de alguna forma de violencia: •De pareja, ciento una mujeres; •lesiones personales, cien mujeres; •sexual, cuarenta mujeres; dentro de esta categoría cuatro fueron asesinadas. En síntesis, cada minuto seis mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia. En el periodo analizado, más del 40% de las mujeres asesinadas murió a manos de sus familiares en circunstancias de violencia interpersonal —venganzas, ajuste de cuentas, riñas y delitos sexuales—; asimismo se registró la muerte de ochocientas sesenta y cuatro mujeres a manos de la fuerza pública, la insurgencia y los paramilitares. A 2011 El 51.6% de las personas pobres son mujeres; es decir que 7857876 de colombianas viven por debajo de la línea de pobreza. De la totalidad de mujeres pobres, el 69.4% vive en la zona urbana y el 30.6% en la zona rural. La brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres en 2011, se ubicó en 19.6%. Esta situación es causada, entre otros factores, por los altos niveles de informalidad que afectan a las mujeres. En el año 2011, la tasa de informalidad de las mujeres fue de 67.9% y la de los hombres 63.5%. La tasa de desempleo para el mismo año fue de 14.4% para las mujeres y de 8.1% para los hombres (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012: 29-31).

El Informe Especial de Víctimas de Semana12 (2013) reveló que cerca de medio millón de mujeres, 489 687, ha sufrido violencia sexual y más del 80% nunca lo denunció. Más de mil cuatrocientas fueron violadas en los cuatrocientos siete municipios que participaron en el estudio; sin embargo, la fiscalía solo contabiliza noventa y seis casos confesados en el marco de la Ley de Justicia y Paz que acogió a los desmovilizados del paramilitarismo, 12 Primera encuesta de prevalencia sobre violencia sexual en el contexto del conflicto armado interno, hecha por la casa de la Mujer y Oxfam

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algunos reagrupados hoy por las bandas criminales mejor conocidas como Bacrim. Bien se sabe que no todo homicidio de una mujer se traduce en feminicidio, pero las formas de violencia contra las mujeres desde la sexual, el acoso, la negligencia, el maltrato, la explotación, la subordinación, la dominación y la dependencia son caras múltiples de daños potenciales ejercidos contra ellas, de ahí se concluye que sólo una sociedad indolente permite este comportamiento hacia más de la mitad de su población, constituida por mujeres de todas las edades y condiciones. Por eso, el tema requiere de un llamado de atención sobre la imperiosa necesidad de buscar no sólo la justicia, sino también la solidaridad inter-intrageneracional, e inter-intragenérica que haga viable la sobrevivencia digna, a la que se le reconozca la necesidad de reparación y reposición por los que se fueron, por los que quedan y por los que siguen. Para llegar a la consecuencia letal de la muerte hubo un proceso previo de vulneración de los derechos de las mujeres, a su integridad, a la vida sin violencia y sin temor. Por eso, no sería aventurado considerar, en este marco, que todas las formas de violencia no letales contra las mujeres y su última consecuencia forman parte de la morbi-mortalidad feminicida. El feminicidio, más que un resultado, más que un hecho aislado, es la sumatoria de una serie de procesos crónicos y sistemáticos que condujeron a las mujeres a un hecho fatal, es en esta secuencia donde claramente es posible identificar la morbi-mortalidad feminicida. Se requiere de una política preventiva del maltrato y la opresión de la mujer, consistente en una vastísima pedagogía sostenida durante varias generaciones y al servicio de la cual estén los medios de comunicación. 10.4 El sistema de salud debe humanizarse y no regirse por la lógica del capital ¿Puede hablarse de un Estado Social de Derecho en un país donde la mortalidad infantil ronda el 18% y pulula el embarazo adolescente, el aborto clandestino con deficientes condiciones sanitarias? La crisis del sistema de salud en Colombia es una vergüenza y re-

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presenta un desangre continuo de la población más pobre y, especialmente, de las mujeres13. La Agenda para la Paz, elaborada por la Ruta Pacífica de las Mujeres en 2013, muestra esa preocupación, puesto que evidencia que son casi inexistentes los servicios de atención materno-infantil para los sectores pobres de la población, además denuncia la sistemática exclusión de las mujeres —especialmente las desplazadas en su condición de cabeza de familia— de los servicios de atención oportuna, educación para la salud, prevención de las enfermedades y soporte psicosocial a las secuelas del desplazamiento. Asimismo, la inclusión de la experiencia de las mujeres debe ser el punto de partida y uno de los elementos centrales en el diseño que haga el Estado de una política integral —sostenida con recursos públicos adecuados— que garantice a las víctimas de violencia el acceso a la justicia y que estos actos se prevengan, investiguen, sancionen y reparen en forma adecuada. No se puede invisibilizar la responsabilidad del Estado tal y como ha establecido la Corte Interamericana. Es evidente la necesidad de proclamar una alerta social frente a todas las formas de violencia feminicida, tanto la mórbida como la letal. Nadie puede sentirse excluido del llamado porque la tarea de rechazo, control, reducción y eliminación de los feminicidios implica trabajo previo de las personas, organizaciones, instituciones, gobiernos y Estados en su conjunto en una decidida actitud de erradicación y eliminación de todas las formas de violencia. Los conceptos de evitabilidad, de determinación social de la salud y de violencia feminicida mórbida y letal pueden ayudar a entender las dimensiones del feminicidio ligado con un contexto social más amplio: las familias, los sobrevivientes, las redes sociales, las organizaciones e instituciones, los mismos victimarios, para desarrollar una respuesta integral que tenga impacto en la vida de las mujeres. 13 El aborto terapéutico es un procedimiento permitido legalmente que, a pesar de ser un derecho de las mujeres, muchas veces es negado con fundamento en la moral y las creencias religiosas de las autoridades hospitalarias a cargo. ¿Quién responde por la demora de años para la aprobación del protocolo de aborto impune —interrupción del embarazo cuando la salud o la vida de la mujer está en riesgo—?

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10.5 Mujeres desplazadas por el conflicto armado interno en Colombia Luego de las cifras de desplazamiento en el país y del debate entre fuentes oficiales y alternativas, se puede constatar la incompatibilidad de la guerra con la vida cotidiana; buena parte del país desconoce e ignora por completo la tragedia del desplazamiento por lo que algunas partes de la sociedad colombiana lo niega a pesar de que han sido generaciones completas creciendo en medio del conflicto y de la guerra permanente. El movimiento de víctimas ha desarrollado liderazgos que en varias generaciones han forjado líderes comunitarios, comunidades de paz y reclamantes de tierras. Del movimiento de mujeres líderes de las comunidades desplazadas emerge la denuncia frente a la concentración de las tierras producto del des- La violencia sexual, la más contundente y la pojo, del destierro y del más silenciada de las violencias, se instaura desplazamiento que Luis en medio del conflicto armado como estrategia de guerra, de marcación de territorio, con Jorge Garay, Director de pretensiones eugenésicas y de dominio de los la Comisión de la Memo- actores en disputa. ria, define como la cooptaFernández, 2010. ción del Estado al aceptar la alianza del narcotráfico, el paramilitarismo y los cuadros políticos locales y regionales para legalizar títulos de extensiones completas de tierras obtenidas por los crímenes de Estado y de lesa humanidad (Garay, et ál., 2008). Las mujeres son quienes han planteado la consigna «no más hijos para la guerra» y han exigido más estudiantes, menos soldados, derecho a objeción de conciencia y la posibilidad de criar niños y hombres distintos. En las comunidades de llegada hay toda una campaña contra la militarización forzada de los menores de edad, eso incluye las prácticas de las llamadas bandas criminales Bacrim de usar menores de edad como carritos en el tráfico de droga y en el cobro de las vacunas de los territorios en disputa. En medio de la Ley de víctimas surgen voces de reducción del presupuesto para la guerra que, de acuerdo con el diario El País (2013), la defensa y la seguridad tendrán en 2013 un presupuesto de más de 1 442 665 mi-

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llones de dólares equivalentes a veintiséis billones de pesos; buena parte de los recursos asignados al sector tiene como destino el pago de la nómina de los casi cuatrocientos cincuenta mil miembros de las fuerzas de seguridad, así como de sus pensionados, incluyendo una partida de 2.91 billones de pesos para inversión en defensa y seguridad. Por declaraciones del ministro de defensa y voceros del gobierno se espera con este rubro decomisar «aproximadamente el 60% de la producción potencial de cocaína», fumigar noventa mil hectáreas de cultivos de coca e inmovilizar ciento cincuenta aeronaves, cuatrocientas cincuenta embarcaciones y tres submarinos; asimismo, financiar la incorporación de tres mil nuevos soldados y avanzar en la desarticulación de estructuras o grupos armados ilegales, frente que incluye tanto a las farc y el eln como a las bandas criminales. El mismo diario reporta que con las inversiones se espera también vigorizar las capacidades disuasivas del país a través de la implementación de una estrategia de ciberdefensa y ciberseguridad, planes binacionales de seguridad fronteriza e implementación de estrategia de cooperación con países aliados.

Con el monto de su asignación a defensa y seguridad, Colombia es el país de Latinoamérica que destina más dinero del Producto Interno Bruto (pib) al gasto militar, que de 2009 a 2012 ha oscilado entre el 3.7% y el 3.5% según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz (sipri) de Estocolmo. La cifra contrasta severamente con el presupuesto destinado a la Educación Superior donde no se alcanza a destinar ni medio punto del pib al ascender tan solo a 2.4 billones de pesos de inversión en el mismo año. La inadecuada desmovilización paramilitar14 dio lugar a las mal llamadas Bacrim, ligadas con el narcotráfico. La etapa de transición prevista en el proceso de paz deberá dar cuenta de una mejor y adecuada reinserción de los miles de jóvenes que han estado vinculados con grupos paramilitares, y ahora con las Bacrim. Las mujeres, principalmente, han llamado la atención sobre la necesaria 14 Mediante la Ley de justicia y paz creada para los paramilitares, la cual no obliga a confesar todos los crímenes, contempla máximo ocho años de prisión y comprende capacitación para el trabajo, salario y prestaciones para la reinserción social del desmovilizado.

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desmilitarización de la vida civil de las y los colombianos y la posibilidad de ampliar la participación política de nuevas organizaciones sociales, la sociedad civil organizada y colectivos que buscan recuperar plenamente sus tierras y sus derechos. Para las mujeres de las organizaciones nacionales aglutinadas alrededor de la Ruta Pacífica de las Mujeres, la guerra es un obstáculo para el desarrollo y la ciudadanía de las mujeres, como ellas mismas lo afirman no necesitamos declararnos la guerra para estar en una […] el armamentismo y el libre comercio de armas son para nosotras un obstáculo a vencer, en pro de una sociedad verdaderamente humana15.

En el mapa 10.1 se puede constatar cómo los migrantes internos han configurado una nueva y compleja geografía humana en Colombia16; mientras que el campo está quedando deshabitado, las ciudades intermedias enfrentan la sobrepoblación17 debido a que cerca del 80% de los desplazados se establecen en tan solo ciento veinticinco municipios. Aunque las estadísticas oficiales ubican como principales receptoras las cuatro grandes ciudades —Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla—, en términos relativos es mayor el impacto de la población desplazada sobre las ciudades intermedias como por ejemplo Sincelejo, Montería, Valledupar, Ibagué, Neiva, Pasto y Villavicencio donde la población se ha duplicado al aceptar estos flujos migratorios. Esto significa una fuerte presión sobre el territorio, 15 Ruta Pacífica de las Mujeres (2013). Agenda de las mujeres de la Ruta Pacífica para la negociación política del conflicto colombiano. Si ahora no, ¿cuándo? 16 Más allá de las afirmaciones de funcionarios de gobierno, quienes asegura que «en Colombia no hay desplazados sino migrantes económicos», persiste una práctica restrictiva gubernamental que tiende a desconocer la magnitud del desplazamiento y que se refleja en un subregistro que supera el 30% en el promedio nacional. El desplazamiento forzado es la mayor manifestación de crisis humanitaria y de derechos humanos asociada con la intensificación de la guerra irregular en varias regiones del país. La restricción del Presupuesto Nacional para la inversión social y el refuerzo de la economía de la guerra muestran la orientación gubernamental frente a la problemática del desplazamiento, el conflicto y la violencia. 17 Nubia Yaneth Ruiz, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, rastreó 1 470 443 casos de desplazados entre los años 2000 y 2004. El resultado de su trabajo es una imagen nítida de la nueva y compleja geografía humana del país. Tomado de El mapa que dibujan los desplazados. Artículo Unimedios de Alberto Fernández R, sobre la investigación aquí referida. Consultado el 12 de octubre de 2013 en «unperiodico.unal.edu.co/dper/article/el-mapa-que-dibujan-los-desplazados.html».

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Mapa 10.1 Desplazamiento en Colombia 2013

Fuente: Alberto Fernández R., Unimedios, 2013.

los recursos y la infraestructura de dichos municipios (Fernández R. Alberto, 2013). Sigue Fernández (2013), con el mapa ubicando el Urabá, los Montes de María, la zona bananera, la frontera con Venezuela —a la altura de norte de Santander y César—, el Magdalena medio y una zona andina con municipios del suroriente de Antioquia, el norte de Caldas, el norte de Cundinamarca y el sur de Tolima. En la lista también figura la zona fronteriza con Ecuador que abarca la totalidad de Putumayo y Caquetá; el piedemonte llanero, correspondiente a las estribaciones de los Andes en Meta, Casanare y Arauca; el centro de la región pacífica, con territorios al sur de Antioquia y centro de Chocó; y la costa sur del Pacífico, con municipios de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

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La investigación de la Universidad Nacional dirigida por Nubia Ruiz y reseñada por Fernández R. Alberto (2013) caracteriza la población desplazada de la siguiente manera: El 46% de los casos analizados corresponden a menores de quince años. Muchos de ellos, huérfanos. El 23% de los casos de migración forzada son de mujeres entre los 15 y 49 años, una población en edad reproductiva y productiva. La mayoría son viudas. La tendencia, muestra que las mujeres salen de sus lugares de origen en compañía de los menores (4.2 en promedio por cada madre), mientras que los hombres jóvenes y adultos migran en menor proporción porque mueren o se vinculan directamente al conflicto armado. Dichas características repercuten en la estructura familiar. Es así como el 5.12% de los hogares desplazados están constituidos sólo por personas menores de quince años. Entretanto, las mujeres llevan la jefatura del 79% de las familias, donde sólo hay un adulto y varios niños (Fernández R., Alberto, 2013). Esta población en claras condiciones de vulnerabilidad y exclusión engrosan las estadísticas de la pobreza dramáticamente, huérfanos y viudas que para remontar esta condición van a tardar décadas. Para Nubia Ruiz la sociedad colombiana se ha adaptado al desplazamiento, porque posibilita la acumulación de tierras para su explotación a través de proyectos agroindustriales18 (Unimedios, 2013)

10.6 Hablar libera… verdad, justicia, reparación, no repetición El planteo de la Ruta Pacífica es muy claro en el posconflicto, las Fuerzas Armadas deberán cumplir exclusivamente el papel de defender las fronteras; así bajará el gasto militar, se reducirá el número de efectivos en sus filas y éstas se formarán en una pedagogía para la paz (Ramírez, 2013). 18 Desde 1990 ha existido una apropiación de tierras muy importante por parte de fuerzas paramilitares, guerrilleras y multinacionales, para el desarrollo de actividades de alta magnitud como los monocultivos, la ganadería de extensión o la explotación minera. los cultivos de flores por ejemplo, consumen la mano de obra barata de las mujeres desplazadas que llegan a los municipios periféricos de Bogotá como Mosquera, Funza y Soacha. La migración forzada se ha vuelto funcional al capitalismo, con claras consecuencias sobre la distribución de la población en el territorio. Extractado de Fernández R Alberto. (Unimedios. 2013).

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La ruta aspira a una demo… la situación sigue sucediendo y seguirá cracia en la cual primen la civi- sucediendo mientras en este país no lidad, la convivencia pacífica, tengamos la honestidad de decir, desde los la pedagogía, el uso correcto sectores sociales, políticos y económicos de la palabra y el ser humano, que esta situación tiene que parar. Jesús Abad Colorado, 2008 no el uso de la fuerza, la imposición, el silencio y el dinero. Hablar de conflicto es necesario, el país tiene que saber lo que pasó para que no se repita, no hay que olvidar que buena parte de la población despojada, desterrada y desplazada son mujeres, niñas, adultas mayores que insisten en el derecho a hablar de lo que pasó, porque no lo inventaron, de allí la necesidad del reconocimiento público de responsabilidad como una forma de reparación, que debe ser promovida en aras de aliviar a las víctimas que por años han vivido con el estigma y el reproche social. La sociedad colombiana ha culpabilizado a las mujeres víctimas de lo que vivieron durante años y sólo el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado en el proceso lograría paliar esta circunstancia. 10.7 De la no vida a la vida digna y el buen vivir La acción de un Estado que no distingue la violencia contra las mujeres de otras formas de violencia que afectan a sujetos específicos no avanza hacia una respuesta integral en la legislación ni en las políticas públicas que efectivamente permita a las mujeres erradicar la violencia de sus vidas. La movilización nacional del último año en todos los La desmilitarización de las conciencias y rincones del país —donde se el fomento de la convivencia: Se propone implementar una estrategia de educación destaca el paro agrario, el paro para la paz. […] Esto con el fin de […] minero, el paro cafetero, el «desmilitarizar» la manera de pensar de paro papero, el paro camionero todos los ciudadanos, incluidos quienes se reincorporen a la sociedad [...] que y, en los últimos meses, el paro se formule una política pública para el estudiantil y el paro de la safomento de las competencias ciudadanas lud— ha develado y denunciaen la resolución pacífica de los conflictos. do los acuerdos del gobierno Ramírez, 2013 con los mega proyectos trans-

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nacionales firmados por grupos de interés en ampliación de mercados sin nacionalidad, aliados con un Estado cooptado como el colombiano por el proyecto de ultraderecha cuyos dirigentes y funcionarios subalternos se mantienen aliados a través de una estrategia mafiosa con fines particulares. La parapolítica colombiana hoy investigada y procesada ha develado precisamente esas alianzas estratégicas. La invisibilización de las diferentes formas de violencia contra las mujeres y las niñas persiste y la impunidad frente a este tipo de delitos constituye otra forma de violencia. Las resoluciones y sentencias en materia de violencia sexual, pensiones domésticas y violencia intrafamiliar están plagadas de estereotipos y roles de género, dejando en la impunidad a los agresores y trasladando la responsabilidad de la agresión a las propias víctimas, quienes después de reivindicar sus derechos como ciudadanas afirman las estructuras burocratizadas Después del trecho recorrido no nos pueden despachar a nuestras casas como si nada hubiera pasado, aquí ha pasado de todo y nada va a volver a ser igual [decir de las organizaciones de mujeres y colectivos de víctimas exigiendo sus derechos].

Hoy en medio de los diálogos de La Habana, las organizaciones de mujeres agrupadas en la Ruta Pacífica plantean: •Las organizaciones de mujeres tienen experiencia y capacidad para participar en la formulación, ejecución, veeduría y evaluación de todos aquellos proyectos que contribuyen al bien común. •Las organizaciones de mujeres están llamadas a participar en el proceso de construcción de la paz desde los territorios. Consideran no olvidar lo aprendido en la guerra para no repetir, sus equipajes interiores las han fortalecido. •Ser con y ser sin, sin los hombres, con los niños, la discapacidad, la depresión, la soledad, los miedos, el hambre, la incertidumbre, la ruptura, los duelos, los silencios. Como problema social vinculado con aspectos estructurales y culturales, el personal de salud no es ajeno a las diferentes formas de violencia contra las mujeres, su opinión cuenta, su formación lo compromete y los protocolos de atención al problema lo involucra

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directamente. Incorporar al personal de salud, de justicia y del sector educativo es apremiante para presionar el cambio social y cultural que debe procurarse para mejorar la práctica profesional, el conocimiento de las rutas de atención, la reducción de la revictimización a sobrevivientes y familiares de las formas de violencia feminicida. Hay desconocimiento del personal de salud de los protocolos de atención con enfoque diferencial y género-sensible para la atención de la violencia de mujeres víctimas, entre otras razones por las limitaciones de personal y su alta rotación en los servicios. Tampoco hay claridad en las instituciones de salud, ni entre el personal, de la importancia del registro del maltrato infantil y de las incidencias que sufre la población en riesgo de violencia conyugal, sexual e intrafamiliar. Es necesaria la articulación de niveles de atención con formación género sensible y sociosanitaria en materia de derechos de las mujeres y las niñas, en difusión de valores de equidad, inclusión y respeto por la vida. Falta capacitación, formación y sensibilización para hacer conciencia de las tensiones culturales que la sociedad tradicional masculinizada y machista trae a la cotidianidad de las familias que se atienden y su eventual transformación. Hay una relación directa y clara entre los niveles de impunidad y las afectaciones a la salud emocional y psicosocial de las mujeres víctimas. Los cuerpos de las mujeres han sido sometidos y usados como espacio de dominio territorial, sus vidas controladas, sus familiares alejados de su lado y asesinados, sus bienes despojados y sus libertades totalmente cercenadas. En Medellín, Colombia, se presentan diversas formas de violencia, tales como el reclutamiento forzado, la violencia sexual, el control social, económico y territorial que son invisibles para las autoridades, pero esenciales para la supervivencia de los agentes armados, por eso a la propuesta de desmilitarización va ligada la propuesta de fortalecimiento tanto del Estado como de la sociedad civil en todo el territorio nacional: Es necesaria una mayor y cualificada institucionalidad civil en los territorios y también es necesario el fortalecimiento de las organizaciones. La concreción del Estado en esta tarea es primordial, por eso es menester que el resto de la institucionalidad pública —en sus diferentes

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niveles: municipal y departamental— haga también presencia en los territorios y contribuya a los procesos de normalización que se derivan de la efectiva y eficiente prestación de servicios sociales del Estado y de servicios públicos; para lo cual hay que romper los vínculos de las élites políticas locales y de los actores armados del conflicto. 10.8 Enfoque diferencial y la intersectorialidad Paradójicamente, en muchos países, los niveles de violencia aumentaron después de los acuerdos, siendo las principales víctimas las mujeres. La paz en el espacio público puede aumentar la violencia en el espacio privado, máxime cuando es previsible que muchos excombatientes, en su proceso de desmovilización y reinserción a la vida civil busquen sustento en actividades criminales, como los ex-paramilitares hoy involucrados en las Bacrim. En un mundo donComo mujer blanca, heterosexual, de clase media, de los mecanismos pocapacitada físicamente y no anciana, no puedo líticos e ideológicos pretender hablar por los movimientos radicales de configuran tanto la expersonas negras, latinas, indígenas, gente pobre, periencia como la idenlesbianas, gente anciana y discapacitados. Pero el compromiso político con la justicia social que tidad de las mujeres de motiva mis reflexiones filosóficas me dice que al forma diferencial, la inmismo tiempo no puedo prescindir de ellos. terseccionalidad es el Iris Marion Young (2000); q.e.p.d (2006) concepto que ayuda a entender que las formas de subordinación no operan de la misma manera para todas sólo por el hecho de ser mujeres, las desigualdades de género son racializadas y las desigualdades socio-raciales son generizadas (Viveros, 2009). El caleidoscopio de la interseccionalidad, concepto clave del feminismo chicano y del feminismo negro, ayuda a entender los grados de inequidad por etnia, raza, credo, edad y generación, entre otros. El cuestionamiento del proceso mismo de desmovilización y la misma Ley de Justicia y Paz ha llevado a las mujeres y a las diferentes organizaciones sociales que las agrupan a exigir que la verdad se sepa y a rebelarse contra la situación que no puede seguir siendo igual después de estos hechos porque ese proceso es asunto de todo el país y concierne a todas y a todos. Con todos sus matices y

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gradientes —como lo propone el concepto de interseccionalidad— hay que darle el turno a la paz y al acceso a ella como Derecho, el país tiene derecho a no seguir en guerra; para ello se propone una agenda humanitaria para terminar la guerra, una agenda social y política, útil para construir la paz, máxime si se tiene en cuenta que el 40% de las fuerzas combatientes de las farc son mujeres. La ruta afirma su carácter civilista, esto es que concibe un Estado en el que prime la palabra, la razón y la pedagogía sobre lo militar. La experiencia de la ruta apunta a los núcleos de poder de mayor relevancia en el país que a su vez captan para su beneficio buena parte de los recursos públicos. Nos estamos refiriendo especialmente al ejército y la mafia. El pacifismo y la no violencia implican una nueva concepción del ser humano, en la cual las armas no tienen cabida. 10.9 La exigibilidad del derecho a la salud y a la vida La impunidad no es solamente la ausencia de mecanismos formales para acceder a la justicia, es no tener acceso a servicios por parte del Estado para resarcir las consecuencias de un hecho violento. Esto tiene diversos efectos, entre los cuales está una profunda afectación psicosocial de las víctimas por lo que, en pleno proceso de diálogo en La Habana, se ha reconocido la importancia de pronunciarse como víctimas del conflicto armado —la sociedad civil organizada, los movimientos y colectivos de todo el país: negros, indígenas, campesinos, obreros, desplazados, marginados, usuarios de los servicios de salud, estudiantes, pacientes de alto costo— para visibilizar la pérdida, recuperar la memoria para La calidad de la información y de la no olvidar, recordar para no educación de la población desplazada repetir, duelo para sanar, pasobre derechos y servicios de salud es deficiente; la información es incompleta labra para circular, cuerpos e inoportuna, y no se tienen en cuenta el que preservar, relaciones que nivel educativo, el nivel cultural, o las construir, que recuperar. condiciones emocionales de cada situación. El país, su establecimienFalta información dirigida a las mujeres sobre las rutas de atención disponibles en to, tiene un largo aprendizaje los servicios en salud para la atención a la enfrente: reconocer los nueviolencia intrafamiliar y la violencia sexual. vos sujetos que están emerFernández, 2010 giendo en medio del conflicto

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y en medio de la crisis; ciudadanos sujetos de derecho, restableciendo ciudadanías plenas y reiterando la prevalencia del reconocimiento de la condición humana para la reivindicación social, este proceso se reclama para poder reponer, sostener, cuidar y mantener lo que queda, en justicia, en reconocimiento y en dignidad. Algunas personas no acuden a las instituciones públicas porque hay relación entre los funcionarios de turno y los agresores, lo que aumenta el riesgo de nuevas agresiones. Faltan entonces procesos organizados de seguimiento, acompañamiento, vigilancia y control por parte del Estado con veeduría internacional y ciudadana hacia las instituciones responsables de la atención intra-intersectorial e interinstitucional para el abordaje de todo tipo de violencias y las secuelas en general del conflicto armado en curso19. El desarrollo permanente de campañas de información y educación sigue siendo motivo de solicitud permanente, tanto para la población desplazada sobre sus derechos en salud, salud sexual y reproductiva y las víctimas del conflicto en general, como para el personal acerca del manejo de los protocolos y las rutas de atención definidos por las dependencias públicas; tanto como el llamado de atención para invertir los recursos públicos de manera eficiente y trasparente que debe reflejarse en objetivos económicos y ambientales, necesarios para la recuperación de la salud, la vida y la paz en cada territorio. Falta un largo aprendizaje sobre la celebración de la diferencia, no su aniquilamiento, entender que cuando una persona es víctima de violencia por razones de género, todas las personas son víctimas potenciales; incorporar la inclusión, el respeto radical de lo diferente y el valor de la vida en su real dimensión es hoy tarea inaplazable. También así construiremos la paz, en la participación por los canales cotidianos e informales para que Colombia logre alcanzarla. 10.10 Sin justicia, la ausencia de guerra no es la paz Hay que agregar la desesperanza de los pobres, el florecimiento de las mafias y la inseguridad creciente, que son otros efectos per19 Paradójico que en la mayoría de situaciones, la necesidad de atención psicológica, pese a ser necesaria y prioritaria, queda fuera del alcance de las personas, por tratarse de un segundo nivel de atención, más especializado al que casi nadie accede.

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versos asociados con la militarización y el armamentismo. Con o Es la hora de las víctimas, cuando se pierde el miedo, luego que la memoria sin guerra, el problema de la in- del país se llena de narraciones de equidad y la exclusión social nos pérdidas recurrentes, se admite la mata lentamente. Hay pendien- necesidad del registro, de la memoria te un diálogo de las necesidades histórica de lo que ha pasado, para reales de quienes padecieron el acompañar y reconocer a las víctimas de la barbarie. conflicto. Ese proceso pasa neMaría Teresa Uribe, 2008 cesariamente por cuestionar un modelo de organización social basado en la obediencia, el autoritarismo y la jerarquía y un modo de resolución de los conflictos basado en la violencia. Este modelo ha penetrado en lo más profundo de las estructuras de las instituciones políticas, económicas y sociales. Reparar a las cientos de miles de familias y personas afectadas por la violencia en Colombia requiere de una política de Estado también en función de la justicia económica y social, lo que implica garantizar un futuro mejor para las víctimas y las generaciones venideras. No puede pensarse seriamente en reparación y justicia de las víctimas sin una transformación de las condiciones de inequidad que reinan en el país, o sin que las víctimas accedan a la tierra. La impunidad, uno de los rasgos característicos del feminicidio, constituye un reto inaplazable a derrotar, entre otros, porque detrás de ella está la credibilidad y la confianza en los sistemas de justicia, en los gobiernos y en los Estados, por ello, es clave en el trabajo pendiente frente a los feminicidios, la tarea para armonizar los marcos legales nacionales e internacionales. La creación de protocolos y sistemas de monitoreo, seguimiento y vigilancia necesariamente van articulados con formas de registro, visibilización, caracterización e identificación de patrones comunes en los procesos mórbidos y letales del feminicidio, todo ello es parte de este trabajo que, entre otras cosas, debe ser intersectorial y articulado a nivel local y regional en red, pues a este esfuerzo deben asociarse las organizaciones y movimientos sociales, la sociedad civil: hombres y mujeres en su conjunto (Fernández, 2010). Para avanzar decididamente en esta dirección, es urgente una reserva presupuestal que garantice el estudio, desarrollo y articu-

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lación de estrategias intersectoriales de combate al feminicidio y todas sus formas de violencia feminicida mórbidas y letales, la formación y capacitación en la materia es clave, la estabilidad laboral y la continuidad de esfuerzos debe ser de Estado y no de gobierno; es crucial el trabajo con organizaciones sociales, grupos de familiares de las víctimas, sobrevivientes, vecinos, redes de atención públicas, privadas y comunitarias. Ninguna instancia puede sustraerse de su aporte a la causa, porque la transformación sociocultural que requiere activarse para garantizar este proceso es inmensa; reconocer, identificar, prevenir, alentar, evitar la cadena de morbi-mortalidad feminicida no tiene descanso. Bibliografía Colorado, J. A. (2008). “Notas a la exposición de la ruta del despojo y del destierro”, Memorias Semana, Memoria, Destierro y Reparación. Corporación Región, Museo de Antioquia, Instituto de Estudios Regionales, Medellín, Colombia. Fernández-Moreno, Sara Yaneth (2010). “Derecho a la salud de la población desplazada: el caso de las mujeres del Auto 092, Medellín, Antioquia”, Revista Gerencia Polit. Salud, 9(19): 22-38, Bogotá (Colombia). Garay Salamanca, Luis Jorge; Salcedo-Albarán, Eduardo; Beltrán, Isaac de León y Guerrero, Bernardo (2008). La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia. Bogotá, Colombia : Fundación Método, Fundación avina y Transparencia por Colombia-Taller Imprenet. García, Carlos (1992). La desigualdad social ante la salud y la muerte el caso de Medellín, Colombia. Una visión histórica. México : Tesis de Doctorado El Colegio de México. Giraldo Moreno, Javier S. J. (2011). “Algunos rasgos de la crisis ética, jurídica y política del país”, conferencia dictada en la Cátedra Héctor Abad Gómez. Universidad de Antioquia, mayo 13 de 2011, Medellín, Antioquia. Llinés, Emilio (2013). Ponencia en el Seminario «Recomendaciones para la investigación eficaz del crimen de feminicidio en Iberoamérica». Secretaría de las Mujeres-Consejo de Medellín-

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Índice de cuadros, figuras y mapas / Índice de taxas, figuras e mapas

Índice de cuadros, figuras, y mapas / Índice de taxas, figuras e mapas Cuadros 2.1 Distribución de los sectores institucionales en Tapachula, Chiapas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Migración Internacional 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Población de origen Chino. Indonesia, Malasia y Tailandia. 4.3 Migración china en México 1895-1910. . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 Grupo de respondentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1 La nueva ruralidad y su relación con el territorio, la habitabilidad, la movilidad migratoria y el desarrollo. . . . . . . .

67 120 129 134 174 256

Esquemas 9.1 Relación de variables básicas y complementarias. . . . . . . . 261 9.2 La nueva ruralidad en la frontera campo-ciudad. . . . . . . . . 262 9.3 Ecotono territorial entre las fronteras campo-ciudad. . . . . 263 Figuras 9.1 Yopal y sus accidentes geográficos: El río Cravo Sur y el pie de monte, sin definir ecotonos o espacios de transición para la integración urbano-rural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Yopal. Grandes extensiones de suelos con riquezas potenciales para la explotación tradicional de los llanos orientales de Colombia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Yopal. Apropiación y desarticulación urbano-rural. . . . . . . 9.4 Yopal. Barrio Villa Estadio. Sistema de movilidad desarticulado con la ciudad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [305]

252 257 264 265

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Í n d i c e d e c u a d r o s , f i g u r a s , y m a pa s

9.5 Yopal. Lo emergente del espacio público en barrios informales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 Apropiación de espacios urbanos en zonas de fronteras con manifestaciones culturales rurales. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7 Municipio de Maní, Casanare. Parque como zona de esperanza para la vinculación laboral al sector petrolero. Migración rotativa con el Municipio de Yopal y Tauramena. 9.8 Barrio informal Villa Estadio desarticulado de la ciudad de Yopal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.9 Proceso de transformación de la vivienda por grupos migrantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.10Viviendas multifamiliares en la periferia de Yopal para resolver problemas de habitabilidad de familias campesinas.

268 270 271 272 273 273

Mapas 2.1 Distribución de los sectores institucionales en Tapachula, Chiapas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 9.1 Municipio de Yopal y corregimientos productores de petróleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 10.1Desplazamiento de población en Colombia, 2013. . . . . . . 290

El libro Integración en el Continente Americano. Fronteras, migraciones y desplazamientos forzados —Volumen II—, de los doctores Aurora Furlong y Zacaula, Raúl Netzahualcoyotzi Luna y Juan Manuel Sandoval Palacios et ál., se terminó el 14 de diciembre de 2015 por Altres Costa-Amic Editores S.A. de C.V., Tel. (222) 289 7927, Telcel 222 200 3349 y 554 391 9176, «[email protected]» Calle 35 Poniente 302-A, Col. Chula Vista, Puebla, Puebla, 72420 México. La edición de 750 ejemplares, con la colaboración de Martha Soledad Dávila Márquez y Flor Daniela García Dávila en la corrección, estuvo al cuidado de los doctores Aurora Furlong y Zacaula, Raúl Netzahualcoyotzi Luna y Juan Manuel Sandoval Palacio y de Bartomeu CostaAmic Leonardo.

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