Lecciones y desafíos de la democracia constitucional chilena

LECCIONES Y DESAFIOSDE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL CHILENA José Luis Cea Egaña* Me referiré a los desafíos de nuestra Democracia, asumiendo que el despliegue de ese régimen político, según una Constitución legítima, es un requisito para lograr el desarrollo humano de todos y cada miembro de nuestra Patria. I. LECCIONES Y DESAFIOS El tema de mi exposición acentúa las Lecciones del Pasado y los Desafíos del Porvenir. Pues bien, Lecciones, queridos amigos, son acontecimientos que enseñan el modo de conducirnos; son ejemplos útiles para infundir mayor legitimidad a nuestro Gobierno; son éxitos y fracasos en la construcción de una sociedad pluralista y tolerante, pacífica y justa. Tales Lecciones, sin embargo, debemos aprenderlas y llevarlas a la práctica, lo cual no siempre sucede así. Por qué, debemos desde el comienzo preguntarnos somos a veces incapaces de entender el mensaje de las Lecciones y disponemos para aplicarlo? Desafíos, por otra parte, son dificultades o problemas de solución difícil, vencibles en la medida en que los encaramos con determinación, unidad y sacrificios o renunciamientos. Pero, sobre todo, los desafíos son oportunidades para enfrentar los obstáculos, doblegarlos y progresar en la realización, como lo denominó el Cardenal Silva Henríquez, del Sueño de Chile que todos tenemos. La vida entera es un proceso de Lecciones y Desafíos. Al finalizar un siglo, comprendemos que Chile ha recibido Lecciones y tiene Desafíos. Somos una Nación que anhela vivir en la libertad inherente * Conferencia pronunciada el 28 de octubre de 1999, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Arturo Prat (Iquique). Profesor Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad Austral de Chile. Miembro de Número Academia de Ciencias Sociales Instituto de Chile.

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a la democracia; con la seguridad, justicia y paz que otorga el imperio del Derecho; gozando de bienestar espiritual y material compartido por todos los habitantes de nuestro suelo. Cuáles son, por consiguiente, las Grandes Lecciones de nuestra trayectoria política reciente y los mayores Desafíos constitucionales para lograr la estabilidad de nuestras Instituciones Fundamentales? Antes de exponerles mi punto de vista en el asunto, permítanme decirles que creo que tenemos Desafíos que arrastran por demasiado tiempo, porque a pesar de saber cómo aliviarlos o resolverlos nos falta la voluntad política suficiente para hacerlo. Y tenemos también Desafíos nuevos, secuela de la modernización de nuestras Instituciones y Pueblo, frente a los cuales aún carecemos de juicios certeros. Les resumiré, entonces, mi posición sobre ambos extremos, deteniéndome sólo en algunos ejemplos. II. INSTITUCIONALIZAR LA CONSTITUCION Me ubico entre quienes piensan que el Código Político vigente no se entiende sin comprender antes los acontecimientos que culminaron en el quiebre de la democracia en septiembre de I973 y la instauración de un régimen militar, con propósitos fundacionales de otro sistema de convivencia. Ignorar, menospreciar o distorsionar el significado de ese hecho tiene, inevitablemente, que llevar a planteamientos deplorables y decisiones equivocadas. Pero, al mismo tiempo, estoy convencido que lo sucedido durante ese régimen con relación al respeto de la dignidad, la vida y la integridad de numerosos seres humanos nos situó, hace ya muchos años, en la encrucijada más grave para fortalecer la legitimidad del Código Político. Además, no puede ser desconocido, que los redactores de aquel texto se equivocaron, o efectuaron deducciones históricas sesgadas, pese a lo cual su determinación quedó plasmada en los principios y normas que nos rigen. Y tampoco es razonable olvidar que los participantes en la elaboración de la Ley Suprema no siempre fueron representativos de los variados y conflictivos sectores existentes en la realidad política del país. Precaver la recurrencia de esos atropellos y corregir tales yerros y la secuela de dichas omisiones es la mejor y principal justificación de algunas

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de las doce reformas ya hechas a la Constitución. Se ha procurado convertirla así en expresiva del ethos de la Nación entera. Sostenemos, entonces, que la Lección y el Desafío estriban en que la Carta Fundamental llegue a convertirse en Institución, es decir, en una organización perdurable en cuanto constantemente se renueva y adapta a los tiempos.’ Para ello se requiere arraigarla en la cultura, la conciencia y el sentimiento del Pueblo y de sus gobernantes.2 El Desafío de institucionalizar nuestro Código Político es grande y difícil, porque su historia y trayectoria, su texto y contexto se hallan marcados por las discrepancias o disensos. Pues bien, pensamos que, para una ciudadanía atenta y evaluativa, con líderes alertas, como la chilena, el paso del tiempo va dilucidando las incógnitas más complejas de nuestra convivencia, incluidos los procesos que llevan a instaurar una Carta Fundamental y modificarla. Y ese efecto del transcurso del tiempo es el que, obrando en la conciencia y en los sentimientos, pone de relieve la obsolescencia de un Código Político, o de algunos de sus principios y normas, así como, reconozcámoslo también, deja de manifiesto los aciertos que sus autores articularon en el texto. Seamos capaces, por ende, de distinguir ambos aspectos y asumir las consecuencias, positivas y negativas, de cada uno de ellos. Nunca olvidemos que todo Código Político legítimo debe ser sentido y vivido como perteneciente al Estado-Nación entero. Infundir realidad a ese postulado es parte esencial de la perdurabilidad de la Constitución. Por eso, insistimos en aprobar pronto las reformas que están ya maduras, gracias a la experiencia recogida y a la coincidencia generalizada en que corrigen omisiones y yerros o fortalecen nuestra democracia. Reiteramos, sin embargo, nuestra tesis de frente al Constitucionalismo chileno: Creemos en las reformas para adaptar las instituciones a la dinámica social. Pero no nos situamos entre quienes propugnan el cambio constitucional incesante, impuesto desde arriba, a menudo sobre bases librescas, y no rara vez con alcance ajeno a los sentimientos y conciencia predominantes en 1

Hermano Heller: Teoría del Estado (1968) p. 268.

Véase del autor “La Constitución como Institución”, Revista de Derecho de la Universidad de Concepción N° 202 (1997) pp. 57 ff. 2

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nuestra comunidad. Pensamos, por el contrario, que los chilenos debemos entender que la Constitución es y debe ser, la normalidad de la conducta de los miembros de nuestra Sociedad, normada en el texto supremo del Derecho Positivo; Lo demás es tarea del legislador, de una jurisprudencia imaginativa y flexible, en fin, del aporte de la doctrina y, en definitiva, de la actitud de gobernantes y ciudadanos, como lo hemos dicho. III. DERECHOS SOCIALES Recordemos que fue objetivo del Poder Constituyente de 1980 evitar la demagogia, reaccionando en contra de uno de los males motivantes de la crisis y el colapso de la democracia en septiembre de 1973. Pero es igualmente irrefutable que la Constitución debe propender a garantizar los derechos sociales, porque eso legítima, sustantiva y no meramente en sentido procesal, a la democracia contemporánea ante todos y cada uno de los miembros de la comunidad nacional. Es consecuencia, no es ni puede ser romanticismo aseverar que el bienestar y la democracia son conjugables mediante la aplicación de una Constitución legítima. En Chile tenemos muchísimos compatriotas sumidos en la precariedad característica de los grupos humanos infraprotegidos. Desentenderse de los derechos sociales- principalmente la remuneración digna, la salud y vivienda, la enseñanza y el trabajo, el descanso y la seguridad social- para calificar su consecución de populismo, de pretensiones quiméricas o de aspiraciones de realización indefinidamente postergada, impide, difiere o estorba que la autoridad busque y encuentre, aunque sea paso a paso, como es obvio, los medios necesarios, fiscales o privados, para cumplirlos. Pues bien, manifestamos en el punto que la Lección y el Desafío más novedoso recaen sobre la Sociedad Civil, porque a esta corresponde, al menos en igualdad con el Estado-Gobierno, asumir la responsabilidad de materializar los Derechos de la Segunda Generación, de los cuales son ejemplos los ya siete nombrados. Ese es el sentido de la Democracia Social, en su significado genuino y no colectivista, fundado en el valor de la participación y la solidaridad, de la generosidad y de la responsabilidad, del mecenazgo y de la igualdad de oportunidades para realizar un proyecto de vida con sello personal, en fin, de la convicción que concretar el bien común no es misión exclusiva del Gobierno. 3

Heller, pp. 210 y 269.

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IV. LIBERTAD E IGUALDAD Ciertamente, al formular nuestro planteamiento en torno de los derechos sociales no pretendemos retrotraer el curso histórico de Chile al Estado de Bienestar. Tampoco podemos callar que ese Estado Providencia no asentó un régimen de crecimiento, sostenido y con equidad, representativo de una tercera vía, equidistante del individualismo y el colectivismo. Pero de tal situación criticable no puede caerse en el otro extremo, igualmente reprochable, como el de la indolencia, el egoísmo y la pasividad, menos todavía en una Nación- como Chile- que ha tenido en el Estado Gobierno a uno de los principales agentes de su progreso humano. Nos hallamos, entonces, ante una doble Lección y Desafío: No reincidir en la demagogia y el derroche de los recursos fiscales, pero infundir sentido tangible de justicia social al régimen económico de mercado. Suscribimos en el punto lo que escribió Ralf Dahrendorf: En sus etapas iníciales, la economía de mercado exige sacrificios de la gente sometida a ella, de modo que se caracteriza por una gratificación diferida; pero al cabo de un plazo razonable, el bienestar debe llegar a todos o, como mínimo, ser real la oportunidad de acceder a él, pues de lo contrario el régimen va perdiendo su legitimidad. En síntesis, justificamos la intervención de la ley en punto a regular la actividad socio-económica privada, pero sin anularla ni desplazarla de su rol prioritario. Ese es el ámbito de la igualdad, cuya consecución entendemos que incumbe al Estado,. Simultáneamente, sin embargo, afirmamos que es indispensable reconocer, asegurar y estimular el despliegue de la autorregulación de los grupos intermedios en el cumplimiento de sus fines específicos, porque ese es el ámbito de la libertad, valor cuya concreción recae en la sociedad Civil o no Estado RELACIONES CIVICO-UNIFORMADAS En el articulado de la Carta Fundamental se refleja un rasgo preocupante de nuestra trayectoria republicana. Nos referimos a la difícil relación cívicomilitar. La solución a ese problema pretendió hallarla el Poder Constituyente otorgándoles autonomía amplia a las Instituciones de la Defensa Nacional en relación con las Instituciones de Gobierno o Políticas. 4

Revísese Karl Popper: Búsqueda sin Término (1995).

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Reconozcámoslo sinceramente y no eludamos las consecuencias: La desconfianza y el recelo; la crítica y el menosprecio; la descalificación, la provocación y el reproche; el aislamiento recíproco; en fin, la utilización de las Fuerzas Armadas para apuntalar a gobiernos incapaces de mantener el orden público por medios legítimos, tienen que desaparecer. En su lugar, debemos entronizar el diálogo franco y transparente, siempre respetuoso y patriótico, del cual resulte la convicción, por todos compartida, que en la democracia y el Estado de Derecho mandan el Presidente de la República y los órganos representativos, sin que sobre ellos puedan ejercer potestades quienes se le hayan subordinados. Consecuentemente, pensamos que la misión de garantizar el Orden Institucional de la República es propia de todos los órganos estatales y de plenitud de los ciudadanos. Reservar esa misión a las Instituciones Armadas nos parece, por lo mismo, peligroso más que equivocado. LA TRANSICION Nunca olvidamos destacar que las modificaciones constitucionales de 1989 fueron la secuela de un compromiso y no el resultado de la capitulación del régimen militar. Yo intervine en la redacción del proyecto que culminó en la aprobación de esas reformas. Y me consta que tuvieron el rasgo de transacción referido, aceptado por todos quienes participaron en el proceso. A raíz de ello, sabemos que muchas de las enmiendas entonces propuestas quedaron rechazadas por los gobernantes de la época. Sin embargo, ese no fue, ni podía ser, un pronunciamiento definitivo. Por idéntica circunstancia, se comprende la insistencia en aprobar ahora los cambios pendientes. Empero, en el esfuerzo por comprender a los disidentes y ser transparentes para dar respuestas sinceras, preguntémonos ¿precaven esas modificaciones pendientes la repetición del proceso que culminó en septiembre de 1973 y su secuela?, ¿o, por el contrario, se trata de enclaves autoritarios que sobrerepresentan el Poder de los sectores conservadores y minoritarios para defender sus ideas e intereses?, ¿o no son más que los restos de una concepción autocrática, elaborada sobre la base de la llamada democracia protegida o tutelada, cuya absolescencia es evidente desde la restauración del Estado de Derecho en nuestra Patria? Críticamente evaluado, opinamos que el régimen político no ha operado mal desde 1990, habiendo posibilitado la transición exitosa del autoritarismo 42

a la democracia. Si el examen más riguroso de un ordenamiento constitucional es el que rinde en los hechos, o sea, en la práctica o ante la historia, entonces pensarnos que el Sistema de Gobierno Chileno lo ha salvado, en general, con éxito. Esta conclusión merece realce, porque las Instituciones Políticas han enfrentado y resuelto encrucijadas difíciles. Una de estas, la más grave, aún en curso y sin desenlace previsible, hace que la transición chilena se haya vuelto mucho más complicada que la experimentada por otros países. Hoy, desafortunadamente, debemos reconocer que tal transición está inconclusa y que, pese a saber cómo cerrarla, no estamos todos dispuestos a efectuar las concesiones necesarias para ello. VII. SEGURIDAD Y CONFIANZA Subsisten delicados dilemas para cuya solución el régimen Político tampoco ha demostrado capacidad resolutiva suficiente. Ese es el caso de la indagación, hecha por la Judicatura ordinaria, de la violación de ciertos derechos humanos, requisito indudable de la reconciliación nacional y de la consolidación democrática. Es también lo que sucede con la distribución equitativa de la renta nacional, sin volver al estatismo absorbente ni a las simplificaciones ideológicas. Es el desafío de la Modernización del Estado-Gobierno, de la expansión y mayor autonomía de la Sociedad Civil, del reemplazo del régimen centralizado de partidos y de entes corporativos, procesos en los cuales se inserta la democracia directiva a través de mecanismos de participación ciudadana como el referendo y la iniciativa normativa por voluntad popular. ¿Cuál es la lección y el Desafío en estos casos? Pensamos que el temor al desmantelamiento del Código Político es uno de los motivos, callados pero genuinos, que sienten quienes se oponen a la supresión de los bastiones que la minoría aún detenta en nuestro régimen político. No son pocos quienes sienten y expresan, cada día más, inquietud por el futuro de Chile o que observan con preocupación la eventualidad de repetir procesos históricos traumáticos. Para ellos, en consecuencia, la mayor seguridad en que no se reincida en esos hechos se halla en la Constitución inalterada. Confiar en tal circunstancia formal es insuficiente y peligroso, sin

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duda, pero reconozcamos que sería necio desestimar esas preocupaciones, pues se fundan en causas y finalidades que pueden calificarse como legítimas. El Desafío entonces, está en comprometerse, leal y efectivamente, en el respeto de letra y espíritu de la Parte Dogmática de la Constitución, admitiendo que la certeza en la interpretación y aplicación de las normas rectoras del proceso social y económico es decisiva para el despliegue de la iniciativa empresarial privada y su contribución al progreso colectivo. VIII. CONSTITUCIONALISMO SUPRANACIONAL Los problemas que se presentan en Chile para infundir plena vigencia constitucional a los tratados sobre derechos humanos no derivan de la ambigüedad del articulado 5° de la Carta Fundamental o de confusión teórica en el tópico. No, queridos amigos. Esos problemas arrancan de asuntos políticos concretos que deben ser resueltos como tales y no a través de medios jurídicos. Pues bien, en nuestra opinión, los derechos y garantías reconocidos en aquellas convenciones internacionales tienen la misma jerarquía constitucional que los propugnados en el artículo 19° del Código Político. Merecen, por ende, idéntico respeto y promoción que los atributos esenciales asegurados en la Ley Suprema. Pero repetimos que no puede callarse que el debate, aún abierto, sobre la violación de ciertos derechos humanos en los años siguientes al 11 de septiembre de 1973, explica algunas de las dificultades para lograr un consenso perdurable en la doctrina, la legislación y los jueces respecto del reconocimiento del rango constitucional de tales derechos. Cuando tales hechos y sus autores estén, legitima y convincentemente, aclarados por nuestros magistrados ordinarios y sea en todos real la voluntad de perdonar, de olvidar y de vivir en paz, entonces tampoco habrá duda para aplicar en Chile, aunque siempre supletoriamente, el Derecho Constitucional Supranacional en punto a los derechos humanos y las garantías sin las cuales esos derechos quedan en declaración lírica. IX. PARTIDOS Y ENTES CORPORATIVOS La caída de los socialismos reales, la irrupción de los procesos de globalización y una conciancia cada vez más intensa y nítida sobre el 44

imperativo de respetar y promover los derechos humanos, incluidos los de la Segunda Generación, han culminado en la expansión de la Sociedad Civil, con aumento de su autonomía frente al Estado. En ese contexto, es evidente la necesidad de replantearse los roles de los partidos políticos y de los entes corporativos. No podemos, en tal sentido, formular aseveraciones simples ni absolutas ante fenómenos con matices y complejidades. Sin embargo, pensamos que los partidos políticos chilenos siguen siendo, sin excepción medular, organizaciones cerradas- integradas por un porcentaje ínfimo de la ciudadanía; poco renovadas en sus doctrinas y proyectos de bien común; centralizadas en el capital del Estado; y, por regla general, carentes de programas novedosos o escasamente comprometidos con la realización del valor s democráticos como la participación la solidaridad, la transparencia y el control ejercidos con a tura y rectitud, la formación cívica y el servicio público. Aunque, han disminuido la intensidad de su adhesión a postulados ideológicos, nuestros partidos demuestran, no rara vez, la persistencia de arideces Pese a esos y otros reparos, los partidos chilenos han demostrado una capacidad de dominación del régimen político que resulta incontrarrestable. Ello no es, sin embargo, un motivo de complacencia, porque la apatía e indiferencia, especialmente de la juventud frente a la Política, tiene en la critica dirigida a los partidos una de sus causas más evidentes y cuya corrección deviene cada vez más urgente para revitalizar la democracia. Nuestros partidos tienen que reformarse urgente y hondamente, asumiendo que sus roles, sin duda decisivos en la democracia, son, sin embargo, subsidiarios de la actividad social vivida con autonomía. Es decir, la prioridad de la persona y de la Sociedad Civil debemos entenderla no únicamente en relación con Estado Gobierno, sino que extensiva a los partidos y a la Política misma. Injusto es omitir de la crítica a ciertos entes corporativos y grupos de presión que, en los últimos años, han resurgido con una potencialidad política arrolladora. Esas asociaciones suscitan objeciones peores que las dirigidas a los partidos, pues, más acá o más allá del lenguaje demagógico que utilizan, buscan sólo la satisfacción egoísta de sus intereses. lo hacen desestabilizando el proceso democrático, sobre la base de amenazas, paros, invasiones, apoderamientos u otros procedimientos ilegítimos.

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X. MODERNIZACION DEL ESTADO En la consecución de este objetivo, algunos propugnan la jibarizacion del Estado, coetánea a la expansión del individuo, abogando por las privatizaciones y desregulaciones con el carácter de fines autorreferentes. Otros sustentan la modernización del aparato estatal para que sirva, más eficientemente, sus innumerables cometidos, desburocratizándolo por la supresión de órganos y la simplificación de procedimientos, pero sin aliviarlo de ninguna misión importante. No faltan los que definen propuestas de reestructuración administrativa, funcional y territorialmente concebidas, pero difusas- o más bien confusas- en las finalidades perseguidas y sin penetrar para nada en las demás funciones públicas tradicionales. Pensamos que esas y otras proposiciones son, al menos en parte, acertadas pero, planteadas ideológicamente, incurren en reduccionismos y tergiversaciones que las vuelven objetables. El descubrimiento y configuración del Estado-Gobierno anhelado en la democracia constitucional de Chile nos sitúa en una agenda de transformaciones más honda y vasta que las recién mencionadas. Por eso pensamos en la instauración del Estado Regional, entendido como instrumento para aumentar la participación social, vigorizar la democracia directiva y lograr mayor efectividad en la satisfacción de las necesidades públicas. Ello es posible mediante la gestión de proximidad, es decir, la que acerca el servicio a la comunidad que lo recibe o, más a fondo todavía, aquella que radica en tal comunidad la responsabilidad de gestionar los servicios que la sirven. Quienes así pensamos queremos, por esa tercera vía, incrementar la gobernabilidad de la Sociedad Estatal, a través de mayores y mejores instancias de información y transparencia, de efectiva y eficiente utilización de los recursos públicos, en fin, de control y responsabilidad en la utilización de ellos. MENOS REPRESENTACION Y MAS PARTICIPACION Expresamos nuestra opinión en el sentido que la democracia chilena tiene hoy exceso de representación y déficit de participación, la injerencia popular en el ejercicio de aquella representación es, además, cualitativamente modesta, más que nada a raíz de no existir controles ciudadanos institucionalizados, de ejercicio ágil y frecuente, sobre la conducta de los representantes. Estos 46

ejercen mandatos libres de modo discrecional, preocupándose de coincidir con la voluntad popular, por regla general, más que riada en víspera de las elecciones. y habiendo sido suprimidos los comicios extraordinarios, para ser reemplazados por acuerdos de partidos, menos fiscalización se reconoce a la ciudadanía en el desempeño de las autoridades elegidas. Por otra parte, estimamos fundadas las críticas al régimen binominal aplicable, a las elecciones parlamentarias y repitiendo algo ya advertido coincidimos con quienes plantean ampliar el referendo e introducir otras instituciones de la democracia semidirecta. No callamos, por último, nuestra (mi en el sentido que el Senado tiene que ser integrado sólo por parlamentarios democráticamente elegidos, quedando en un concejo de esta o representados otros sectores relevantes de nuestra República. MAS FONDO QUE FORMA DEMOCRATICA Pensamos que no hemos llegado aún a comprender y practicar la democracia como estilo de vida. es decir, no la hemos asimilado lo suficiente como para forjar una conciencia y sentimiento que trascienda la sola forma de gobierno o elenco de reglas procesales de esa estirpe, pese a la corrección con que ellas fueron y, desde 1990, son de nuevo aplicadas. En otras palabras hemos entendido la democracia en cuanto conjunto de normas para que el Pueblo elija, libremente y cada cierto tiempo, a determinadas autoridades y las controle a través de sus representantes. Pero hemos olvidado que ella es, además y principalmente, un modo y finalidad de convivencia caracterizado por la vigencia diaria y constante- de valores, tales como la participación, el respeto y la tolerancia, la solidaridad, el control y la responsabilidad. Esos valores cobran vigencia cuando la Sociedad Civil asume nuevas y múltiples actividades conducentes al bien común en términos de un desarrollo o progreso humano armónico y persistente. XIII. CARACTER CHILENO Las reflexiones que hemos expuesto se fundan en nuestra visión del carácter chileno, con sus virtudes y defectos. De ese temperamento debemos realzar seis rasgos culturales, porque correirlos es parte de las Lecciones y de los Desafíos que tenemos.

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En efecto, Lección y Desafío es vencer la corrupción, deteniendo su avance para no llegar a la situación dramática que padecen otros países, conscientes que esa patología es letal para la Democracia y el Derecho. Lección y Desafío tenemos de frente a nuestra mala memoria, pues no aprendernos las lecciones de la historia y, con obcecación, reincidimos en los errores y fracasos, aduciendo que se debieron a sucesos ilegítimos y que necesitamos otra oportunidad para ensayar nuestros proyectos. Lección y Desafío es ser transparentes, decir la verdad en donde sea, sin ocultarla ni entregarla a medias, acomodándonos en función de oportunidades y convivencias, lograr ventajas arbitrarias, alcanzar éxito sin sacrificio, en fin, recurrir a tácticas o estrategias que son eufemismos para maquillar el maquiavelismo. Relacionado con lo anterior agregamos que Lección y Desafío tenemos también para resolver diversas patologías políticas, v. gr. el odio y rencor; el instinto de venganza, aunque nunca se diga que es sentido; la envidia y el rumor. Se ha denunciado que falta confianza en nuestra convivencia. Estamos de acuerdo con esa conclusión y, coherentes con ello, decimos que tal valor exige asumir y superar las patologías aludidas. Lección y Desafío tenemos de cara a la violencia. Debemos erradicarla siempre, pero como escribe Johan Galtung, sobremanera cuando se ejerce contra la naturaleza, depredándola sin pensar que las generaciones de hoy no tenemos derecho a hipotecar el bienestar de nuestros hijos; erradicar la violencia contra la familia evidenciada en el abuso y desamparo de los niños y los ataques físicos y psicológicos, en el hogar; violencia contra la persona, patente en el atropello a su dignidad y a sus derechos inalienables, comenzando con el derecho a la vida de la persona que se halla en el seno materno; violencia contra la seguridad ciudadana, a raíz de la escalada delictiva, común o sofisticada. Debemos erradicar la violencia ejercida en contra de grupos, sean estratos sociales o etnias; tenemos que rechazar la violencia ejercida sobre nuestro Estado, cuando es atropellado en su Soberanía e independencia; la violencia, en fin, en contra de quienes tienen fe o practican la tolerancia, arrinconados por el fundamentalismo, las sectas o el relativismo ético. Es Lección y Desafío, en fin, terminar con la dualidad de interpretaciones de nuestra historia reciente, en términos radicalmente divergentes, y que lleva a plantear proyectos de País, de Sociedad y Estado, de la persona y la familia 48

profunda y recíprocamente excluyentes. Necesitamos afirmar los consensos esenciales en torno de nuestra Imagen de Chile, reconociendo el pluralismo y la tolerancia, pero dentro de parámetros conjugables con nuestra unidad e identidad nacional. Recuerdo a Ernest Renan: “Una Nación es un principio espiritual (...) constituido por los sacrificios que se han hecho y los sacrificios que se está dispuesto a hacer”. XIV. CORAJE ANTE LOS DESAFIOS Deseo ir finalizando esta exposición que ya es larga. Digo entonces que las Lecciones se aprenden y los Desafíos se vencen con análisis y reflexión; con inteligencia y templanza; con prudencia y perseverancia; pero también con Coraje o Voluntad Política, como ahora se llama. Queridos Amigos: Si entendemos las Lecciones y asumimos los Desafíos, podremos vencerlos. Seremos entonces dignos de decir que hemos superado las causas y recuerdos de las discordias, borrándolas con un olvido eterno, para avanzar en la realización del Sueño de Chile que e vivir, de manera perdurable, en Paz, con Justicia y en Democracia. ¡Gracias por venir y escucharme!

5 ¿Qué es una Nación? (Madrid, 1987) pp. 82 y 83.

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