Lecciones derivadas de cuatro estudios de casos para diseñar buenas políticas públicas.

July 4, 2017 | Autor: Juan Albán | Categoría: Colombia, Political Science, Políticas Públicas, Derecho
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Descripción

Lecciones derivadas de cuatro estudios de casos para diseñar buenas políticas públicas.
Juan Albán
En principio, la política pública es el mecanismo más eficaz y que más energía puede llegar a concentrar con el fin de cambiar la sociedad. Debido a esto, su potencialidad es directamente proporcional a la dificultad que la política pública tiene en convertir sus objetivos en beneficios reales para la población. Esto es evidente al momento de analizar el caso colombiano en sus políticas públicas de El cannabis medicinal, Familias en Acción, La política de salud en Colombia y La reforma y contrarreforma del Sistema General de Regalías; de las cuales se pueden derivar varias lecciones que permitan diseñar buenas políticas públicas. Este texto tiene el propósito de exponer los aprendizajes en común provenientes de las mencionadas políticas; de proponer la manera en que yo las usaría con el fin de diseñar buenas políticas públicas, es decir en qué orden y cuáles elementos se deben emplear; y finalmente analizarlas en sus casos reales específicos.
Para comenzar, a pesar de que los problemas de las sociedades contemporáneas son amplios y algunos sistémicos, las políticas públicas deben antes que nada, identificar los distintos niveles de problemas que pretenden resolver. Así pues, se debe comenzar por definir, tras una amplia revisión bibliográfica y comparativa, la manera en que se abordarán los conceptos que caracterizan al problema y los demás términos sustanciales que se involucran en su definición. Puesto que, esto permite establecer posteriormente el valor moral y objetivo que la sociedad, y principalmente los diseñadores de políticas públicas, le atribuyen a una realidad que visualizan con dicho problema resuelto. Además, esto fundamentará los objetivos; los análisis clave de costo-beneficio y de Impacto Normativo; las normas; el nivel y tipo de participación, deliberación y veeduría de los sectores involucrados (en especial de la ciudadanía en general); las discrecionalidades; la financiación; las herramientas de la política pública y los instrumentos formales de acción pública de las políticas públicas.
En segundo lugar, una vez entendido el tópico problemático a tratar se debe identificar las partes en que éste se puede desglosar, y convertirlas en objetivos alcanzables. Estos deben estar regidos por verbos tales como preservar, incentivar, y regular, tanto en sus formas positivas como negativas. Luego, se deben llevar a cabo análisis de costo/beneficio y de Impacto Normativo que permitan identificar la viabilidad del proyecto, el seguimiento y predicción de los impactos que puedan tener dichas acciones en la sociedad, tanto positivos (mejoramiento de la calidad de vida, nuevos derechos y libertades, mayor cobertura, entre otras.) como negativos (más trámites, reducción de otros derechos y libertades, aumento de impuestos, etc.).
Según Salamon (2002, p.21) toda herramienta tiene como características definitorias sus propios tipos de productos o actividades (bienes o servicios, prohibiciones, incentivos económicos); los vehículos a emplear (provisión directa, reglas, impuestos) y sus sistemas de distribución (gestión pública, comisiones regulatorias, reducción del Estado). Por lo que, la escogencia de distintas herramientas de la política pública puede lograr una maximización de estos beneficios y una minimización de tales costos. Pero sus implicaciones son severas, pues determinan si la ejecución y discrecionalidad del proyecto quedará en manos del Gobierno, de los jueces o del mercado, si la estrategia será integral o focalizada, su temporalidad, su alcance demográfico y territorial, su financiación, su criterio de equidad y el nivel y tipo de legitimidad.
Ahora bien, el primer caso del que provienen estas lecciones es el de El cannabis medicinal. Éste es encabezado por un proyecto de Acto Legislativo, desarrollado por el congresista Juan Manuel Galán y su Unidad de Trabajo Legislativo, quienes presentan una investigación de más de 9 fuentes bibliográficas provenientes de 6 países, para exponer el estado actual de las cosas, las definiciones y hallazgos científicos.
Del mismo modo, identifica y le dedica un sub-acápite a definir cuál es el problema macro y sistémico que afecta la sociedad, la Prohibición y Criminalización de la marihuana, al mismo tiempo que centra todo su proyecto en un solo objetivo desprendido de este asunto, la regulación del uso medicinal del cannabis. Asimismo, valora el problema fundamentándose principalmente en la Encuesta Nacional de Salud, de la que deduce que los beneficiarios potenciales directos pueden llegar hasta el 28,52% de la población (pacientes con dolor crónico de espalda), e indirectos para toda la sociedad colombiana, debido a la desarticulación de una parte del fenómeno del narcotráfico; razón por la cual, se puede afirmar que el valor que se le concede es muy alto.
Por otra parte, el segundo estudio de caso, Familias en acción (FA) reverbera la utilización de herramientas de la política pública y los instrumentos formales de acción pública. La base de ésta es la Transferencia Monetaria Condicionada, un incentivo económico de provisión directa, a manos del Estado, que hace parte de una estrategia integral de carácter temporal con alcance demográfico y territorial casi universal, fundamentado en un criterio de equidad en el que sus beneficiarios son los mismos receptores del Sisben.
Asimismo, la política pública de FA fue inaugurada a partir de un documento Conpes, el cual permite una mayor discrecionalidad administrativa, aunque no signifique del todo que no se pueda exigir sus beneficios ante un juez, pero la adscribe a una política de Gobierno y no a una de Estado. Sin embargo, posteriormente FA es circunscrito a una ley, la cual modificó, más bien poco, solo los aspectos de universalidad y territorio, pero le otorgó una mayor legitimidad al proyecto, al establecerlo en una norma emanada de la voluntad del pueblo, representada en el Congreso.
Análogamente, La política de salud en Colombia es un debate que, como en todas políticas públicas, suscita la aplicación de criterios deliberativos, representativos, morales y técnicos para ser definida. En otras palabras, en el empleo de representantes legítimos, por encima de los populares provenientes de una democracia agregativa; en la transparencia de las razones y una amplia revisión de éstas, provenientes de varios (ojalá todos) los sectores involucrados, lo cual incluye la realización de rendiciones de cuenta bajo el modelo Agente-Principal; del mismo modo, debe buscar dar respuesta a los interrogantes de qué beneficios se otorgarán, a qué usos se limitarán, en quiénes y qué se priorizarán, en qué cantidad y de qué calidad, con el fin de poder concertar un no legítimo.
Finalmente, el caso del sistema de regalías al hacer un proceso de reforma y contrarreforma, requirió de los elementos ya enunciados anteriormente, pero al ser éste un tema que pretende regular la principal fuente de ingresos de la Nación, las revisiones deben ser muy específicas. Verbigracia, es esencial reconocer la naturaleza de estos recursos, en este caso su inestabilidad, entendida como un flujo inconstante de dinero. Del mismo modo, hay que prever los costos multidimensionales económicos, ambientales, sociales y políticos que implica su regulación. En especial no hay que olvidar este último aspecto, pues no todos los criterios deben reducirse a la abstracción de lo técnico, la mala distribución de poder puede implicar en la vida real un exceso de intensivos perversos para desviar los recursos públicos a fines non sanctas o a una congelación y desuso de estos.
En conclusión, las lecciones de estos casos no son solo valiosas por sí mismas, antes bien es su correcta articulación la que garantiza que su potencial transformador se materialice en beneficios reales para los sectores involucrados y en costos bajos para toda la sociedad y el aparato estatal.










REFERENCIAS:
Salamon, L. M. (2002). The New Governance and the Tools of Public Action: An Introduction. Oxford University Press: Oxford.




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