Lecciones de la crisis europea para las políticas económicas de América Latina

September 3, 2017 | Autor: G. Farfan Mendoza | Categoría: Political Economy of Development
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Descripción

Lecciones de la crisis europea para las políticas económicas de América
Latina
Guillermo Farfán Mendoza

Abstract
El capítulo aborda algunas de las causas de la actual crisis económica que
experimenta la Unión Europea, para extraer algunas lecciones de política
económica para la región latinoamericana. Hace referencia también a
experiencias históricas previas en América Latina, que antecedieron a los
problemas económicos de la Unión Europea, para colocar en contexto los
problemas de política económica actuales. En este marco, se discute el
problema de la apreciación de los tipos de cambio, del peso de la deuda
externa sobre la reactivación económica, de las decisiones para determinar
quienes pagan el costo de una crisis financiera, de la discusión más
reciente sobre las relaciones entre política monetaria y política fiscal,
para concluir analizando las perspectivas de la integración latinoamericana
en la actualidad.

La crisis que inició en 2008, como consecuencia de una burbuja inmobiliaria
en los Estados Unidos, terminó arraigándose en gran parte de las economías
de la Unión Europea como consecuencia, en parte, de los efectos colaterales
de esta perturbación y como resultado, asimismo, de los problemas y de los
defectos intrínsecos a la unión económica y monetaria de la región; pero el
común denominador de ambos procesos es el impacto negativo que han tenido
sobre la posición fiscal, en sus balances presupuestales y en la deuda
externa, de estos países. Los fenómenos financieros que habían
caracterizado las crisis en los países emergentes, finalmente se
presentaron en los propios países más desarrollados y aún no se vislumbra
el fin de esta larga etapa recesiva. En América latina, desde hace varias
décadas, se han dejado sentir los efectos devastadores de la especulación
financiera y del oneroso tributo del endeudamiento externo. Esta
experiencia debió servir de referencia a los países europeos, pero no fue
así, y las nuevas realidades de la actual crisis europea deben revisarse
para instruir las políticas y estrategias económicas latinoamericanas de la
actualidad.
En este trabajo, intentaremos hacer un ejercicio de contrastación
entre los problemas históricos de crisis en América Latina, con énfasis en
el caso mexicano, y aquellos que resultan de la actual crisis europea, en
el interés de obtener elementos que puedan ofrecer algunas lecciones para
el desarrollo latinoamericano.

I. Consecuencias de una moneda "fuerte"

Tomemos como primera referencia la experiencia mexicana de la primera mitad
de los 1990's ¿Acaso no fue México, durante los años del gobierno de Carlos
Salinas, un ejemplo de países que atrajeron grandes cantidades de capital
extranjero, financiero y de inversión directa, en el marco de una política
de tipo de cambio sobrevaluado que así lo favorecía, pero que le restaba
enormemente capacidad competitiva en los mercados externos?
El antecedente de esta modalidad de política económica se explica
como consecuencia de las crisis devaluatorias cíclicas de la economía
mexicana que habían provocado serios problemas de tipo inflacionario, de
fuga de capitales y de restricción al acceso de crédito internacional. En
consecuencia, la política económica del gobierno de Salinas optó por una
revisión de la estrategia asumida en las últimas dos décadas, para dar
lugar a una reminiscencia de la etapa del desarrollo estabilizador que
consistía en utilizar la variable tipo de cambio como el ancla nominal de
toda la política económica. En los hechos, esto significó la estabilización
y la sobrevaluación de la moneda para lograr el control de la inflación y
para garantizar el valor de las inversiones de capital extranjero que
habrían de convertirse, a partir de este sexenio, en la base del
crecimiento de la economía mexicana.
Y, en efecto, la combinación de un tipo de cambio fuerte junto con la
inversión extranjera creciente, permitió al gobierno salinista ajustar la
política fiscal y monetaria en concordancia con sus objetivos
inflacionarios y de balance presupuestal. La inflación inicial del 20%, en
1989, se redujo al 7% en 1994; en lo fiscal, el déficit financiero de casi
el 17% del PIB, en el año de la crisis de 1982, se redujo prácticamente a
cero en los últimos años de su sexenio y hasta antes de la nueva crisis
gestada en 1994. Por su parte, la inversión extranjera directa se
multiplicó por cuatro entre 1989 y 1994 (de alrededor de 3,000 millones de
pesos, en el primer año, hasta más de 12,000 en el último), pero más aún se
incrementó la inversión extranjera de portafolio que, para 1993, había
alcanzado casi 30,000 millones de dólares. En contraste, el tipo de cambio
no dejó de revaluarse a lo largo del período en hasta veinte puntos
porcentuales, con el consecuente efecto en el sector externo: la balanza
comercial pasó de un superávit de 0.2% en 1989 a un déficit de 4.4% en
1994, y la de cuenta corriente del -2.8% en 1989 al -7.1% en 1994. Este
déficit resultante en la balanza de pagos fue el preámbulo de la gran
crisis financiera que estaba por venir. El cambio de gobierno, al final de
1994, combinó los problemas estructurales de la economía mexicana con
decisiones políticas que desembocaron en una salida masiva de capitales,
cuyo resultado final sería uno de los ataques especulativos más virulentos
que se recuerden en contra de una moneda y de un país[1].
Pero los problemas no terminaron ahí y se extendieron a toda la región
bajo la forma del llamado "efecto tequila", que bien podríamos resumir como
la decisión de los inversionistas extranjeros de retirar su respaldo a las
monedas latinoamericanas y recurrir a la certidumbre de las monedas
fuertes, como el dólar, con los terribles efectos que esto generó sobre la
deuda de los países latinoamericanos y, lo que es peor, sobre una fuerte
caída en el sector real de las economías, en los niveles de desempleo y en
los salarios.
Cabría preguntarnos hasta donde esta experiencia latinoamericana
difiere de la situación que ha llevado a la crisis de la deuda y del sector
real en las economías del sur de Europa. ¿No ha sido similar el efecto del
Euro en las transferencias de capitales al sur europeo, con los
consecuentes efectos en la pérdida de competitividad? Y después, ya en los
momentos del inicio de la crisis ¿No ha sido esta realidad la que ha
desembocado también en una de las causas que provocaron la crisis
financiera y de la deuda en estos países?
Parece que esto es así, uno de los principales desequilibrios
provocados por la adopción del euro, a partir de 1999 y más adelante luego
de su entrada en circulación, fue la conversión de economías menos fuertes
como España, Portugal, Grecia, Irlanda e Italia (los PIIGS o GIPSI), en
reservorios del capital financiero que podía tener la ilusión de invertirse
dentro de esos países como si se tratase de economías tan estables y
poderosas como Alemania, por ejemplo, gracias a la garantía de estabilidad
que proporcionaba una moneda "fuerte" dentro de toda la zona. Así, autores
como Paul Krugman[2] explican los enormes flujos de inversión financiera
que permitieron la creación de la burbuja inmobiliaria en España. Pero no
sólo eso, esa gran actividad económica impulsada por la especulación
financiera (e inmobiliaria en el caso de España) elevó los niveles
salariales relativos de los países receptores, restándoles competitividad,
y provocando, por ende, déficit en sus balanzas de cuenta corriente (desde
1999-2000), mientras países emisores como Alemania veían incrementarse su
superávit (todavía en el año de 2011 este superávit era equivalente al 6%
del PIB de ese país[3]).
Como ahora sabemos, al momento de la crisis este espejismo se ha
corregido mediante la prima de riesgo y el costo del crédito para los
capitales de los países más afectados: puesto que la moneda europea es
única, dichas tasas de interés marcan ahora la diferencia entre una
economía fuerte (Alemania) y el resto de los países, lo que no ha hecho
sino agravar aún más la situación de los países con problemas, ya sean
reales o de origen especulativo, que enfrentan el incremento de su deuda
soberana con cada elevación del diferencial entre las tasas alemanas y las
tasas nacionales de los GIPSI. Hacia 2012, el interés de la deuda soberana
española llegó a incrementarse 2.5 veces respecto a la alemana y la
irlandesa hasta 4 veces[4]; por su parte, ya hacia el inicio de 2103, una
pyme española pagaba casi el doble de interés frente a otra en Alemania[5].
Estos problemas específicos de la Unión Europea son consecuencia de la
forma como funciona la moneda única, desde luego, pero no vamos a
profundizar aquí sobre estas cuestiones. Lo que interesa destacar en este
punto, es la necesidad de reconsiderar la creencia extendida de que una
moneda sobrevaluada (en los términos de cada experiencia nacional, desde
luego) es sinónimo de una moneda fuerte y, por tanto, de una buena economía
y política económica. Muchos podremos estar de acuerdo que esto no es así,
pero en el caso mexicano este comentario cobra relevancia porque desde hace
30 años este país ha practicado una política de tipo de cambio
sobrevaluado, para controlar la inflación y atraer capitales extranjeros,
con el consecuente déficit de cuenta corriente que eso trae aparejado y con
el efecto colateral de un lento crecimiento económico.
Ahora bien, colocándonos en la dimensión más actual de este problema,
cabe destacar que, como resultado de la crisis financiera global de 2007-
2008, la Reserva Federal de los Estados Unidos y, en menor medida el BCE,
creó un fenómeno de enorme liquidez a nivel internacional mediante dos
medidas: la reducción drástica de las tasas de interés y el incremento
ingente de la masa monetaria. El resultado fue el crecimiento de grandes
flujos de capital financiero hacia los países emergentes, en lo general, y
hacia América Latina, en lo particular[6].
Los países latinoamericanos ya venían impulsando el fortalecimiento de
sus monedas como resultado del incremento de las exportaciones de bienes
primarios hacia países como China, en el caso de las economías del cono
sur, o bien como consecuencia del impulso a las exportaciones que generó la
reactivación de la economía norteamericana, como sucedió con México. Así,
hacia enero de 2011 el real brasileño llegó a cotizarse por debajo de 1.70
por dólar, mientras que el peso mexicano lo hizo en la frontera de las 12
unidades por billete verde[7]. Sin embargo, es indudable que la expansión
de la liquidez internacional contribuyó a acentuar este fenómeno y la
revalorización de las divisas latinoamericanas vino a terminar con el
efecto positivo inicial creando nuevos déficit en la cuenta corriente.
Entre 2010 y 2012 el déficit general de cuenta corriente en América Latina
fue de casi 60 a 100 mil millones de dólares, en ese período, pero si se
particularizan las economías más grandes de la región y mayores receptoras
de capital financiero observamos que Brasil ha tenido un déficit de
alrededor de los 50 mil millones de dólares y México uno creciente que va
de los 2,500 a los 11,400 millones de dólares, ambos países también en el
mismo período[8]
Hasta donde el impacto de los flujos financieros internacionales hacia
América Latina ha repetido la historia de anteriores escenarios
contraproducentes, como los que ya se han descrito, lo demuestra el hecho
de que, tan pronto la FED ha dado indicios de terminar con la etapa de
expansión monetaria y tasas de interés bajas ("dinero barato") hacia la
mitad de 2013, el capital financiero ha iniciado su retirada de los países
que originalmente había adoptado como refugio, para retornar hacia puerto
seguro en los Estados Unidos. Así, los países latinoamericanos otrora
"beneficiarios" de la inversión extranjera y de monedas "fuertes", están
experimentando la depreciación descontrolada de las mismas en un contexto
inflacionario y de bajo crecimiento[9].

II. ¿Reestructuración o quita de la deuda?

La experiencia europea nos muestra también otras facetas relevantes para
enfrentar los episodios de crisis, particularmente las decisiones sobre el
manejo de la deuda que tienen que asumir las autoridades nacionales,
supranacionales en el caso de la UE, y los organismos financieros
internacionales. El caso griego nos ha recordado que, cuando la deuda
externa adquiere dimensiones desproporcionadas, ninguna estrategia de
restructuración funciona adecuadamente, si no va acompañada de una
reducción significativa de su monto, así como de una estrategia de política
económica que permita la reactivación y el crecimiento económico.
En la evaluación que hace el FMI del programa de rescate a Grecia se
señalan una serie de divergencias entre lo que se esperaba del Programa
(SBA) y lo que estaba sucediendo al momento de preparar el informe (2012).
Las observaciones pertinentes respecto al tema que nos ocupa señalan que el
rescate iniciado en mayo de 2010 requirió una modificación importante en
2012, al incluir una quita a la deuda externa griega, pero que se inició
con retraso y se subestimó el impacto de las políticas de austeridad. En
este marco, el FMI esperaba un decremento del PIB griego de 2012 de 5.5%
con relación a 2009 y una tasa pico del 15%; en lugar de ello, el PIB cayó
17% en esos tres años y la tasa de desempleo alcanzó el 25%. Más aún, el
otro gran indicador de la crisis griega, relativo al porcentaje de la deuda
pública con relación al PIB, en 2009 alcanzaba el 130% y se proyectaba que
llegará a un máximo de 156% en 2013, sin embargo en julio de 2011 dicha
estimación se actualizó al 170%. El FMI considera otras variables como
causantes de esta debacle económica en Grecia (los sub-ingresos de la
privatización, las dificultades para llevar a cabo las llamadas reformas
estructurales), pero lo importante a destacar es el reconocimiento de este
organismo internacional de los efectos contraproducentes del ajuste
financiero y fiscal[10].
Sin embargo, no debería ser necesario recurrir a las lecciones de la
crisis griega para obtener estas enseñanzas, la crisis financiera de México
a partir de 1982 ya nos aportaba elementos para obtener las mismas
conclusiones. En 1983, se restructuró la deuda externa reprogramando los
vencimientos del principal, pero manteniendo elevado el pago de los
intereses, y se inició la época de los balances superavitarios primarios;
los resultados fueron decepcionantes: la inflación que hacia 1985 debía
alcanzar el 18% llegó al 63.7%, el déficit financiero esperado del 3.5% del
PIB se elevó al 9.6%, y el crecimiento que debía ser del 6% en ese mismo
1985 apenas se ubicó en el 2.6%. Así, en 1985 se recurrió a una nueva
reprogramación del pago del principal y más adelante nuevamente se
restructuró la deuda en el marco del Plan Baker, cuya novedad se restringió
a la reducción de los intereses de la deuda; los resultados fueron aún más
decepcionantes, en el contexto de la caída de los precios del petróleo: el
PIB registró una disminución del 3.9% en 1987, además de un incremento de
la inflación que llegó a alcanzar el 159% al final del sexenio. Sólo la
aplicación de una estrategia económica con un alto componente heterodoxo a
partir de 1987 y al convertirse en el primer país en adoptar el llamado
Plan Brady, en marzo de 1989, por medio del cual el gobierno norteamericano
aceptó reducir el monto y el servicio de la deuda externa, es que México
logró finalmente reencontrar la senda de la recuperación y el crecimiento
económico[11].
Un caso más controversial es desde luego el de Argentina, cuando en
diciembre de 2001 declaró la suspensión de pagos de su deuda externa, sin
embargo se trata de un caso polémico en cuanto a las responsabilidades
financieras de los gobiernos, pero no así en cuanto al efecto positivo que
implica el destinar los recursos financieros transferibles al exterior
hacia la reactivación y el crecimiento económico internos. En efecto, el
proceso de negociación de la deuda argentina le permitió obtener en 2005
una quita de alrededor del 74% de la deuda contraída en los mercados
privados internacionales (garantizando solamente el pago total de la deuda
contraída con el FMI, el BM y el BID), la disminución más grande obtenida
hasta entonces por otros países (Rusia, 53% en 1999; Ucrania, 36% en 1999;
Ecuador, 34% 2000; Uruguay 13% en 2005) y que le permitió reducir el peso
del deuda pública respecto al PIB de alrededor del 150%, en 2001-2002, al
70% en 2005.[12] El crecimiento de la economía argentina se mantuvo en
tasas elevadas, superiores al 6% en promedio, durante los siguientes años,
aun cuando el problema financiero no ha terminado de resolverse hasta la
fecha.
En conclusión, no pueden resolverse los problemas financieros de los
países agobiados por el problema de la deuda externa, si no se asume la
premisa de que para pagar hay que crecer y para crecer se requiere que los
países endeudados puedan disponer de una parte muy significativa de los
ingresos destinados al pago de la deuda, para sus propios proyectos de
reactivación.




III ¿Quién paga los costos de la crisis?

Esto nos lleva a señalar otro aspecto de la actual crisis europea, el
relativo a quienes deben pagar los costos de los rescates financieros.
Aquí, el caso de Islandia y de Chipre nos ofrece una perspectiva sumamente
aleccionadora: ¿De verdad, la decisión de permitir que sean los
depositantes y sobre todo los "inversionistas" los que asuman los costos de
la bancarrota bancaria, es un ataque a los principios fundamentales del
ahorro?
El primer revés a este dogma bancario ha ocurrido en Islandia. A raíz
de las protestas sociales en ese país, desde finales de 2008, los bancos
han perdonado deudas a sus deudores por un monto equivalente al 13% del
PIB. También se ha beneficiado a los deudores hipotecarios por cualquier
monto que exceda el 110% del valor de la vivienda, mientras que las deudas
indexadas a una moneda extranjera se han declarado ilegales. Estas medidas
son posibles gracias al repudio islandés de la deuda externa considerada
especulativa, en otras palabras se trata de otra variante de la experiencia
de "quita" a la deuda. En este marco, el país ha logrado retomar la senda
del crecimiento: en 2009 se contrajo el 6.7%, pero ya en 2011 y 2012 creció
2.9% y 2.4% respectivamente[13]. Cabe recordar que los 3 principales
bancos de Islandia quebraron dejando una deuda equivalente a 10 veces el
PIB de 2008. Con las decisiones financieras ya señaladas de repudiar la
deuda externa, pero también gracias al recambio de género en las riendas
del poder, este país tiene actualmente un presupuesto casi equilibrado, con
un superávit comercial, con estabilidad cambiaria (Islandia no pertenece a
la UE) y su tasa de desempleo, aunque lejos de la época anterior de pleno
empleo, está por debajo del 7%[14].
El segundo hecho a considerar es el caso de Chipre. Esta experiencia
constituye un hito en el recuento de las crisis financieras en la Unión
Europea, porque en los rescates financieros de países como Grecia, Irlanda
y Portugal los gobiernos y los organismos comunitarios que intervinieron,
ofrecieron la garantía de no afectar los depósitos de los ahorradores, aún
en el marco de las quiebras potenciales de los bancos[15].
Chipre forma parte de la Unión Europea desde 2004 y de la eurozona
desde 2008, representa apenas el 0.2% de la economía de la eurozona. La
crisis de este país se desencadenó a partir de 2011 cuando la calificación
de su deuda soberana fue degradada, al tiempo que se le excluyó de los
mercados internacionales de capital; en junio de 2012 solicitó la
intervención de la Troika (Comisión Europea, BCE y FMI). La crisis
chipriota, sin embargo, tiene un precedente que vino a cambiar las
características de su programa de rescate, detrás estaba la crisis griega y
la constatación por parte de los organismos internacionales y europeos de
que su profundización había sido consecuencia de subestimar el impacto de
las medidas de austeridad que le fueron impuestas. En Chipre se combinaron
diversos elementos para conformar una gran crisis financiera: la crisis
bancaria y de su deuda soberana, junto con el sobreendeudamiento de las
familias y de las empresas, además de un declinamiento en su
competitividad. Así, la magnitud de la deuda hizo evidente que no habría
forma de pagarla, aún si se aplicasen las máximas medidas de austeridad,
con las consecuentes quiebras internas (como de hecho sucedió con sus
bancos) e incluso el impago de sus obligaciones internacionales[16].
Así, a la luz de la magnitud de la crisis financiera y de las
experiencias europeas anteriores, se buscó una solución extrema: involucrar
a los depositantes bancarios en el pago del rescate, para reducir el
volumen de la participación del Estado en el ajuste fiscal. En su versión
final, la afectación será para aquellos ahorradores cuyas cuentas superen
los 100,000 euros a partir de 2010. La crítica hacia este tipo de medidas
se fundamenta en que el gravamen de los depósitos chipriotas no distingue
entre los ahorros bancarios tradicionales y las inversiones especulativas
de riesgo, pero es sabido que la decisión final para aplicar esta medida
también radicaba en el interés de gravar a los inversores rusos que
representaban gran parte de los depósitos de no residentes[17].
Tanto el caso de Islandia como el de Chipre representan una
infracción al principio de la garantía de los depósitos bancarios, con una
diferencia importante desde luego, Islandia transfirió el costo de la
crisis a inversionistas extranjeros, en tanto Chipre extendió la factura a
los propios ahorradores convencionales, propios y extraños; la alternativa
habría sido hacer pagar los costos de la crisis al conjunto de la sociedad
islandesa y chipriota. Parecería tratarse de una cuestión de prevalencia:
en un extremo se tiene al inversionista directo en los fondos devaluados y
en el otro a los ciudadanos en su conjunto, colocándose en medio el
ahorrador en general. Pero en realidad esto no es así, porque detrás del
inversionista financiero y del ahorrador bancario está la institución
bancaria-financiera que llevó a cabo la administración de los fondos. Lo
que muestran las experiencias señaladas es la necesidad de evitar la
"privatización de los beneficios de la especulación y la socialización las
pérdidas", aun cuando esta decisión pudiera implicar la quiebra de los
bancos y la afectación de sus clientes.
Pero esta constatación no debería ser una sorpresa en países como
México, donde ya se vivió en los años 90's la consecuencia de la
financiarización interna de su economía, en medio de las políticas de
desregulación de los mercados que se impulsaron desde los años 80's y que
terminarían por conducirnos a una crisis de impago, con alta dosis de
manejo fraudolento por parte de los bancos, para desembocar en el
costosísimo programa de rescate que viene representando el Fobaproa-IPAB,
con cargo desde luego a los recursos fiscales del Estado mexicano.
Durante los años de reformas estructurales y particularmente de
desregulación y privatización de la banca mexicana, con los gobiernos de
Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, destacó la falta de
adecuación en las funciones de los organismos reguladores como la Comisión
Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Valores. Este hecho sería
fundamental durante la crisis bancaria que se gestó a partir de 1995. Ya en
la etapa sexenal de Ernesto Zedillo, las reformas financieras precedentes
generaron una nueva entrada de capitales financieros del exterior y, junto
con ello, la explosión del consumo privado interno derivado de esta
disponibilidad de fondos. La elevación de las tasas de interés y el
sobreendeudamiento de las familias y las empresas finalmente desembocaron
en una crisis de cartera vencida que ameritó el rescate público del sistema
bancario a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
creado apenas unos años antes por Carlos Salinas como un fideicomiso
privado administrado por el Banco de México, pero cuyas funciones centrales
durante esta crisis serían las de un fondo público de garantía de los
depósitos de los ahorradores[18].
En este marco, la crisis de la deuda interna y el rescate de los
bancos provocaron que el Fobaproa absorbiera las deudas incobrables de los
bancos, con el supuesto propósito de recapitalizar la banca mexicana y
proteger el dinero de los ahorradores. El rescate bancario comprometió a
ese símil de fondo de garantía a absorber los pasivos bancarios para ser
pagados a lo largo de muchos años por delante y a final de cuentas se logró
imponer a la sociedad el objetivo más infame: convertir la deuda de los
bancos en deuda pública mediante su incorporación a un nuevo Instituto para
la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)[19].
Esta experiencia anticipatoria de las grandes crisis financieras de la
actualidad ha causado una gran controversia política en México hasta la
actualidad, por tratarse de un acto de enorme corrupción política en
beneficio de grandes empresarios y de banqueros inexpertos, beneficiados
por las políticas de liberalización de esos años; pero, para los fines de
este apartado, lo que interesa destacar es que se trató de la socialización
de una gigantesca deuda privada, en detrimento de todos los contribuyentes,
a lo largo de varias generaciones que están aún por venir.
Cada caso tiene evidentemente sus particularidades, pero podemos
afirmar que estos grandes desfalcos financieros han sido consecuencia de la
desregulación de los mercados financieros y de la confabulación de
intereses entre la banca y las empresas o entre la banca de ahorro y la
banca de inversión. A nuestra manera de ver, la lección de la crisis actual
no puede ser otra que la de invertir los objetivos o al menos la prioridad
de los objetivos de la protección de los sistemas financieros para evitar
que los compromisos de los gobiernos con los rescates financieros se
extiendan al conjunto de la sociedad y para garantizar que los sistemas
regulatorios bancarios y financieros definan, desde sus bases, la
responsabilidad adquirida por los bancos, así como por los beneficiarios
privados participantes.

IV Relaciones política monetaria – política fiscal

Hay otros temas de gran envergadura que se desprenden del análisis de la
crisis europea y que merecen la atención de los latinoamericanos: los temas
de las interrelaciones entre la política monetaria y la política fiscal o
la conveniencia de insistir en los procesos de integración económica dentro
de nuestra región; también los efectos sociales y laborales de los ajustes.
Pero hay ciertamente algunas lecciones que, sin ser totalmente novedosas,
sí sugieren la necesidad de un aprendizaje a partir de la discusión en la
UE sobre la naturaleza de la política económica y acerca del futuro de la
Unión. Particularmente, cabe revisar la posición alemana frente al resto de
la UE, así como el efecto de las medidas de austeridad sobre las economías
en situación de crisis; en otros términos, la discusión dentro del contexto
europeo en torno a la naturaleza de la política económica en una situación
de crisis.
La crisis de 2008 revivió la discusión acerca de la naturaleza de las
políticas económicas, discusión que la bonanza financiera parecía haber
superado en definitiva: ¿Cuál es la estrategia más eficaz para enfrentar
una crisis, la política monetaria o la política fiscal? ¿La trampa de
liquidez es una hipótesis teórica dentro de la obra de Keynes o realmente
existe y cobra grandes dimensiones dentro de una economía global cada vez
más financiarizada? ¿Cómo se resuelven los problemas económicos dentro de
economías que cedieron su soberanía monetaria en aras de la unificación?
Estas son cuestiones de un alcance mucho mayor que los que se pretende
señalar aquí. La evolución de la crisis global y europea han evolucionado
de tal forma que los argumentos en favor de una teoría o de otra se han
venido sucediendo alternativamente: la reacción de los bancos y de las
instituciones financieras ante la creación de liquidez por parte de los
gobiernos apunta a confirmar la teoría de la trampa de liquidez; sin
embargo, las acciones de estímulo fiscal que siguieron a esta etapa se
combinaron con la nueva crisis de la deuda soberana y los desequilibrios
presupuestales, lo que regresó la marea en favor de las tesis ortodoxas.
No obstante, la historia no termina ahí, los experimentos de política
económica continúan y mantienen vigente la discusión clásica alrededor de
la política monetaria y fiscal. Los ejemplos más sobresalientes de esta
nueva etapa podemos singularizarlos en la política económica de los Estados
Unidos y más recientemente de Japón. En primer lugar, es de notar la
utilización de la nueva política monetaria en ambos países más allá de la
gestión de las tasas de interés, para complementarla con una expansión
monetaria mucho más agresiva de lo convencional, con el propósito de vencer
la preferencia por la liquidez que se desató luego de los ingentes rescates
financieros practicados en esos países desarrollados y que no funcionaron
como instrumentos de reactivación del crédito, ni mucho menos del sector
real de las economías. En segundo lugar, destaca en esta nueva estrategia
la articulación entre la expansión monetaria y la política fiscal de
reactivación económica, es decir en vez de transferir las magnitudes
monetarias a través de la recapitalización de las instituciones
financieras, ahora se trata de incidir directamente sobre el sector real de
las economías por parte del Estado, sea a través de la compra de bonos
gubernamentales o de la compra de hipotecas para producir una disminución
de las tasa de interés, o incluso mediante el gasto público en la creación
de infraestructura. En contraste, atestiguamos la política económica
europea, donde la obstinación alemana por hacer valer su modelo de
austeridad competitiva ha generado un terrible efecto deflacionario no sólo
sobre los países en problemas financieros, sino también sobre la totalidad
de la región.
Países con problemas para reactivar sus economías (Estados Unidos,
pero sobre todo Japón) han decidido desafiar los principios monetaristas e
incluso keynesianos, sobre las funciones del dinero. En vez de procurar una
política monetaria "prudente", están siguiendo la estrategia de inundar las
economías con dinero barato para inducir el crecimiento. Esta estrategia ya
se venía utilizando para rescatar a los bancos pero ahora se trata de algo
diferente, se utilizan estos activos monetarios para apoyar a las empresas,
para apoyar a las familias deudoras con sus hipotecas o incluso para la
creación de infraestructura de todo tipo. La idea es utilizar el dinero en
aquellos sectores de la economía donde hace falta en un contexto de
recesión o estancamiento crónicos. Son tres los principios que deben regir
esta política monetaria expansiva: entre más agresiva y más focalizada esté
la estrategia, mayor es su impacto sobre las familias y las empresas, al
respecto la Fed se ha distinguido en este aspecto en contraste con la
tibieza del BCE; el dinero debe expandirse directamente donde hace falta,
en el caso de la UE esto implicaría reducir el costo del crédito en los
países del sur, donde se ha cebado la crisis, habida cuenta del enorme
diferencial del costo crediticio entre los países del sur y los del norte
de Europa; pero es necesario evitar que esta política se contrarreste con
políticas de austeridad fiscal, por eso Estados Unidos ha utilizado esta
estrategia a la par de programas de inversión pública en infraestructura,
mientras que Europa ha seguido una política de expansión monetaria y
crediticia muy tibia, junto con una gran austeridad y falta de reformas
estructurales que, evidentemente, no han funcionado eficazmente para
inducir la reactivación[20]. Por ejemplo, Estados Unidos crecerá 1.9% en
2013 y 3% en 2014, Europa (UE17) decrecerá 0.3% en 2013 y crecerá 1.1% en
2014[21].
Por su parte, en diciembre de 2012, Shinzo Abe ganó las elecciones
para Primer Ministro de Japón, para ello prometió una estrategia económica
de tres dimensiones: mayores estímulos fiscales, una política monetaria
agresiva con mayor inflación (2%), y reformas estructurales. En este marco,
el gobernador del Banco de Japón, Harukiro Kuroda, inició la expansión
monetaria que se ha identificado como la abenomics. En realidad se trata de
imitar la senda norteamericana impulsada por Ben Bernanke pero en una
escala mucho mayor: en Estados Unidos la base monetaria se incrementó en un
233% desde 2007, por un monto de 2,1 billones de euros, cifra similar a lo
que pretende Japón en un lapso de sólo dos años y con una economía tres
veces menor que la norteamericana. Con estas medidas se espera reactivar el
crecimiento económico, disminuyendo el desempleo y superando la deflación
que agobia a la economía japonesa desde hace varios años. Los resultados en
general han sido positivos aunque fluctuantes: en el primer trimestre de
2013, Japón había logrado un crecimiento de alrededor del 3.8% para todo el
2013, pero en el segundo semestre se desaceleró hasta un 2.6%, si bien se
mantiene por encima de su crecimiento potencial; la tasa de desempleo
descendió por debajo del 4%, una tasa inferior al 5.6% en 2009 y todavía
del 4.2% en 2012; pero, en cambio, no ha logrado revertir la deflación,
puesto que el nivel de precios siguió descendiendo en el primer semestre de
2013 en un 0.3%; a la vez, la deuda pública estará alcanzando alrededor del
274% del PIB, al final del año. Pero más allá de los resultados, lo que
interesa destacar son los criterios de política económica: con este
enfoque, Japón también modifica el principio dominante en la política
monetaria de las últimas décadas, según el cual las tasas de interés venían
funcionando como la variable clave de toda la estrategia anticíclica, ahora
se establece el criterio de la importancia de la cantidad de la base
monetaria en etapas de recesión y deflación; asimismo, se afirma la
creencia de los economistas menos ortodoxos de que en etapas de crisis la
inflación deja de ser una amenaza de corto y mediano plazo,
independientemente del incremento en la magnitud del circulante; se
fortalece, igualmente, la idea de que el estímulo monetario debe orientarse
directamente hacia las empresas y las unidades domésticas, y no así hacia
las instituciones financieras que deberían servir, sin hacerlo en los
hechos, como entidades intermediarias para estimular el crédito. Y, de
manera colateral, Japón introduce un criterio de economía abierta: la
expansión monetaria incide sobre la depreciación de la moneda y, de esta
forma, estimula las exportaciones. El problema del incremento de la deuda
se relativiza porque el déficit se financia con la moneda que emite su
propio banco central, al igual que sucede en los Estados Unidos[22].
En contraste, veamos cual ha sido la estrategia de política económica
de la UE. Asumiendo el liderazgo alemán dentro de la zona, las razones por
la que esta economía ha mantenido su interés en la supervivencia del Euro
nos indican que así ha buscado evitar la sobrevaluación del marco respecto
a otras monedas europeas y, por consiguiente, para preservar la
competitividad de ese país. Particularmente, el Euro permitió prosperar el
modelo de la llamada economía social de mercado, sustentado en ciertas
reformas laborales y en las exportaciones. La tragedia de la unificación
monetaria se consumó cuando el predominio alemán se replicó en el Tratado
de Maastricht y los criterios de estabilidad de precios, así como de
equilibrio presupuestal, dejando pendientes otros elementos necesarios para
la unificación económica como la política fiscal, no ya para la estabilidad
de precios, sino para el crecimiento y el empleo; adicionalmente, se
pasaron por alto los temas de la unión bancaria y el efecto de la unión
monetaria sobre la competitividad de los distintos países miembro. El
escenario que se creó por la unificación monetaria es, sintéticamente, el
siguiente: los costes laborales se convirtieron en el aspecto central de la
competitividad europea, junto con otras variables que inciden en los
precios relativos como la inflación interna y junto con el nivel de
equilibrio fiscal. Alemania siguió una estrategia de disciplina fiscal y de
reforma estructural, particularmente en el mercado de trabajo, que redujo
sus precios relativos frente a los países que optaron por un modelo
económico más flexible y dependiente de su demanda interna. El resultado
fue el enorme superávit alemán, ya mencionado, y el déficit de cuenta
corriente de los otros, también ya señalado. En otros términos, Alemania
siguió la estrategia de austeridad competitiva o de devaluación interna,
pero lo hizo en un momento de expansión en el ciclo económico, con los
beneficios que están a la vista, mientras que ahora exige de los países
europeos en problemas financieros (Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y
España, y al parecer seguirán otros como la misma Francia) seguir la misma
estrategia que le redituó, pero dentro de unaa etapa de recesión, con el
enorme daño sobre el sector real de estas economías, que también es
evidente[23].
Para ilustrar este proceso, es importante destacar algunos rasgos de
la reforma laboral alemana, subrayando nuevamente que se desarrolló en una
etapa de crecimiento económico, porque nos permite entender la naturaleza
de las reformas que se encuentran en proceso en el otro lado de las
economías europeas. Una de las medidas que permitieron fortalecer la
economía y el empleo alemanes fue la reforma laboral iniciada por Schroeder
desde 2003, que incrementó el trabajo temporal y mal pagado en los últimos
años, el resultado ha sido un aumento en la desigualdad salarial. De
acuerdo al Departamento de Trabajo alemán, los contratos con salarios bajos
crecieron tres veces más rápido que los demás entre 2005 y 2010. Se destaca
que Alemania no tiene un salario mínimo nacional, por lo que en algunas
regiones de la anterior Alemania del Este se paga por debajo de un Euro la
hora. Otro dato importante, el riesgo de incurrir en pobreza se incrementó
del 4.8% en 2005 al 7.2% en 2010, aunque este porcentaje sigue siendo más
reducido que la media de la UE-17 en donde es de 8.2%. De cualquier forma
la tasa de crecimiento de estos "trabajadores pobres" ha venido creciendo
más rápido en Alemania que el resto. La OCDE estima que los contratos con
salarios bajos representan el 20% de los trabajo a tiempo completo en
Alemania, en tanto representan el 8.0% en Italia y el 13.5% en Grecia, por
ejemplo. Es este tipo de estrategias lo que el gobierno alemán está
estimulando a seguir en los países europeos en problemas. Pero las reformas
laborales que se han desencadenado en los distintos países se están
efectuando en contextos y con efectos distintos, el crecimiento alemán se
ha traducido en una tasa de desempleo de sólo el 6.7%, mientras que España
está por encima del 25% y Grecia alrededor del 20%. Es así también que el
crecimiento alemán ha sido impulsado sobre todo por las exportaciones y no
por el consumo interno[24]. Ya habíamos notado más arriba que Alemania,
lejos de desempeñar el papel de locomotora de la reactivación europea, ha
mantenido su estrategia de potencia exportadora, afectando negativamente al
resto de la zona. Hasta 2011, Alemania tenía un superávit de cuenta
corriente del 6% de su PIB, mayor que el superávit chino, pero en etapas
anteriores llegó a alcanzar niveles superiores al 7%[25].
América Latina tiene a la vista estas estrategias alternativas, sin
embargo, en las últimas décadas ha tratado de destacarse como el campeón de
las reformas estructurales. Desde luego, el instrumento específico para
generar crecimiento en países como Estados Unidos o Japón no está a
disposición de los países latinoamericanos, puesto que sólo es aplicable a
países que poseen monedas de referencia internacional o divisa clave como
el Dólar, el Yen, la Libra Esterlina o el Euro. Pero en cambio sí es
pertinente retomar la discusión sobre los vínculos que deben existir entre
las políticas monetarias y las políticas fiscales de gasto e inversión para
incidir directamente sobre el nivel de producción y empleo, a diferencia de
las estrategias que se limitan a proporcionar fondos a las entidades
financieras con la expectativa, frecuentemente incumplida, de que puedan
transmitir los recursos a la sociedad.
Retomando el episodio del Fobaproa-IPAB en México, por ejemplo,
después del rescate bancario, las entidades financieras cerraron el grifo
del crédito para la sociedad, para beneficiarse simplemente del pago de los
intereses de los pagarés emitidos por esa entidad; aún en la actualidad se
perciben los efectos de estas medidas con una banca que cobra altos
intereses a los prestatarios, en el contexto de una muy baja colocación
crediticia. Más aún, los distintos episodios de crisis financiera que vivió
este país en 1982 y 1994 desembocaron en terribles períodos depresivos en
el sector real de la economía, lo que se tradujo, más que en una solución
al problema inicial de iliquidez, en un enorme tributo al capital
financiero a costa del crecimiento, el empleo y, desde luego, el nivel de
vida de la sociedad.
Pero no es necesario colocarnos atrás en el tiempo para hacer valer en
América Latina la discusión sobre la naturaleza y la función de la política
económica, a partir de la crisis de 2008 se abrió una ventana de
oportunidad para el desarrollo latinoamericano como región exportadora de
productos básicos y de commodities, particularmente a China. Ese entorno
favorable justificó prácticas competitivas en materia salarial o en el
terreno fiscal, similares a las que se observaron dentro de la UE, en la
economía alemana; sin embargo, en el marco de tipos de cambio flexibles, la
bonanza exportadora y la entrada de capitales extranjeros, como ya se dijo,
produjeron la sobrevaluación de las monedas, la aparición de déficit en
cuenta corriente y, finalmente, el estancamiento o la desaceleración de las
economías. Por su parte, la salida de capitales financieros de la región,
ante la expectativa de la terminación de la etapa de dinero barato en los
Estados Unidos, ha propiciado una nueva depreciación monetaria combinada
con la desaceleración económica. ¿Cuál será, en estos nuevos escenarios, la
política económica que habrán de seguir los países latinoamericanos?
En la coyuntura actual, el comercio latinoamericano y del Caribe se
encuentra estancado, su crecimiento para 2013 ha sido estimado por la CEPAL
en sólo 1.5% en términos de valor, 1% si se considera solamente la región
latinoamericana, lo cual contrasta enormemente con el incremento del 23.5%
que se observó entre 2010 y 2011, e incluso con el período 2004-2011, donde
el comercio exterior contribuyó al Ingreso Nacional Bruto (INB) de los
distintos países en un 50% para Venezuela, 47% en Chile, 35% en Ecuador,
27% en México y 22% en Brasil. El panorama de los distintos países es desde
luego diferente en función de los bienes exportables y de la evolución de
su precio; sin embargo, al margen de esta diferenciación se estima que, al
disminuir los términos del intercambio, disminuirá también el ingreso
puesto que se espera un déficit general en la balanza comercial de la zona.
Esta tendencia se explica por la desaceleración general de la economía
mundial, particularmente en países como China, India, Rusia y la Unión
Europea, países receptores de las exportaciones latinoamericanas. A
diferencia de lo que sucedió en el periodo poscrisis, la subregión más
afectada negativamente será América del Sur y el Caribe, en tanto el
panorama se muestra más favorable para México y algunos países
centroamericanos más integrados a la economía de los Estados Unidos de la
que se espera un crecimiento moderado pero más sostenido[26].
El hecho de que la mayoría de los países latinoamericanos trate de
encarar los problemas de su desarrollo predominantemente por la vía de las
exportaciones, sin el recurso al crecimiento de la demanda interna, tiene
consecuencias sobre otras acciones de política económica, las más
importantes en materia salarial. El costo del trabajo es una variable
fundamental para inferir las prácticas de países y regiones frente al reto
que plantea la competitividad orientada hacia el comercio exterior, es
decir las exportaciones. Así, haciendo comparaciones internacionales,
podemos notar que las economías desarrolladas (sobre todo Estados Unidos)
han pagado los costos de la crisis con un incremento salarial acumulado de
sólo el 5%, desde el 2000 hasta 2011, la región de América Latina y el
Caribe del 15% (con el predominio de lo sucedido en México y Brasil), pero
los países de Asia ( China como el que más pesa en el promedio) han
incrementado su salario real en casi el 95%; y los países de Europa del
Este y Asia Central (Rusia en particular)de más de 170% (aunque aquí se
debe a la recuperación desde los años de la crisis). El salario por hora de
2010 en Brasil era de 5.41 dólares, en argentina de 8.68 y en Singapur de
12.68, no hablemos ya de los salarios de países desarrollados como Estados
Unidos con un salario por hora de 23.32 dólares. En China, los salarios se
han más que triplicado entre 2000 y 2010. Estos datos de tan escasa mejora
salarial en América Latina, contrastan con el hecho de que la región (sin
tomar en cuenta a México, Centroamérica y el Caribe), durante el período de
2008-2011, tuvo un crecimiento del PIB y del empleo bastante sólido. Así,
podemos intuir que las decisiones latinoamericanas respecto a la
recuperación y la crisis de 2008 se han concentrado en la contención
salarial y las exportaciones primarias, en contraste con otros países que,
al reorientar su estrategia de crecimiento hacia el mercado interno han
dejado de ser, paulatinamente, las economías con mayor "competitividad"
laboral o de mano de obra barata, como está sucediendo con China. [27].
Asimismo, aunque se insiste frecuentemente en la necesidad de que los
países latinoamericanos remonten su situación de crisis o lento crecimiento
a través de la realización de nuevas reformas estructurales, se pasa por
alto que esta región ha realizado y profundizado las primeras reformas de
manera que los promotores de las mismas calificarían de sobresaliente[28].
En un índice de reformas estructurales favorables al mercado en las
áreas comercial, financiera, tributaria, privatizaciones y laboral, un
estudio ha estimado el avance regional del 0.39 en 1985 al 0.65 en 2009,
siendo 1 el máximo nivel alcanzable. Vale la pena destacar el proceso de
reformas que más se relaciona con el actual modelo exportador
latinoamericano, en cuanto a la apertura comercial, en 2009, ningún país
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica Guatemala, México,
Uruguay y Venezuela) tenía aranceles promedio superiores al 14% y sólo en
algunos casos (Bolivia, Colombia, El Salvador y Venezuela) se habían
elevado en no más de un punto porcentual respecto a 1999; y hacia mediados
de los 90's sólo un 6.3% de las importaciones tenía alguna restricción no
arancelaria, frente al 37.6% antes de mediados de los 80's, sólo Argentina,
Venezuela y Brasil han recurrido a medidas extraordinarias de este tipo más
recientemente. En la parte financiera, la liberalización emprendida ha
reducido el encaje legal, se han eliminado los controles a las tasas de
interés, así como las inversiones forzosas y créditos dirigidos (cajones de
crédito); también aquí hay excepciones, pero sólo Costa Rica, Ecuador y
Venezuela han recurrido recientemente a controles de tasas de interés; en
cambio, sí han surgido políticas de tributación a las transacciones
financieras en 8 países, en 2010. Sin embargo, han sido prácticas
generalizadas la privatización de bancos, la apertura a la inversión
extranjera y la constitución de la banca universal o múltiple, aunque esto
último ha sido muy desigual entre países. Justamente en la dimensión
comercial y financiera es donde se aprecia una mayor profundización de las
reformas: con excepción de México, todos los países tienen un índice
superior al 0.80 y algunos incluso superiores al 0.90 (Chile, Perú y
Guatemala); en lo financiero, todos están por encima de 0.6 y cinco de
ellos han alcanzado más de 0.95 (Brasil, Guatemala, Honduras, El Salvador y
Jamaica)[29].
Desde luego, también ha habido reformas tributarias y privatizaciones
que han implicado reducción a las tasas marginales de impuesto sobre los
ingresos de las personas y también para las empresas, así como la
restructuración de los sistemas tributarios en favor del impuesto al valor
agregado; asimismo una mayor presencia en los últimos años a la inversión
extranjera en infraestructura, con algunos procesos de reversión mediante
renacionalizaciones en Argentina, Venezuela y Bolivia. Pero donde se
observa menor avance, paradójicamente luego de ver la evolución comparada
de los salarios, es en el terreno de las reformas laborales donde sólo una
minoría las ha llevado a cabo, hasta 2009: el estudio lista a Argentina,
Colombia, Guatemala, Panamá, Perú, Venezuela, y habría que agregar más
recientemente a México. No podría dejar de mencionarse el tipo de reformas
a los sistemas de pensiones que han sustituido a sistemas de reparto por
otros basados en cuentas individuales, administradas privadamente[30].
Así pues, no se puede obviar en América Latina la discusión sobre la
naturaleza actual de las políticas económicas en un contexto de menor
crecimiento económico mundial y ante la necesidad de encontrar modelos de
desarrollo económico que ya no pueden restringirse hacia el sector externo.
Las restricciones para ejercer la política monetaria en América Latina, a
diferencia de los casos señalados, hace de las políticas de gasto público
una de las herramientas disponibles, entendiéndolas en su dimensión
verdaderamente anticíclica. Uno de los principales aspectos a revisar es la
tendencia de los países a asumir el presupuesto superavitario primario como
dogma de política económica, lo que en realidad ha significado emplearlo
con un contenido procíclico. En los últimos meses de 2013, Brasil ha
tratado de flexibilizar esta norma con acciones de inversión pública y
exención fiscal menos rígidas, Colombia lo ha hecho con mayor gasto en
energía e infraestructura, Argentina como resultado de las prestaciones de
seguridad social, Guatemala con inversión en infraestructura vial y social;
y la CEPAL espera que la inversión pública pueda aumentar también en
Bolivia, Costa Rica a partir de 2013. En 2009, se observó un gasto primario
importante en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Haití,
Paraguay y Venezuela; en cambio, en ese mismo año, Brasil, Cuba, Ecuador,
México, Nicaragua, Panamá y Venezuela actuaron de manera procíclica o
neutra; en 2010, terminó la etapa de gasto público como consecuencia de la
reactivación de las economías latinoamericanas, pero los problemas de 2103
deberían llevar a revisar esta tendencia. Al respecto, la CEPAL considera
que la situación financiera y de deuda pública en la actualidad, abriría un
margen para impulsar políticas de gasto público más expansivas[31].

V El futuro de la integración de las economías

El último punto en el que nos detendremos es el de los efectos de la crisis
europea sobre su modelo de integración y, a partir de aquí, sobre la
integración latinoamericana. En un país dominado por la integración
asimétrica a la economía norteamericana, como lo es México, el proceso de
unificación europeo se venía observando no sólo con interés sino incluso
con cierta esperanza de que pudiera ofrecer una alternativa a la asociación
por medio de acuerdos de libre comercio. Pero lo cierto es que la actual
crisis europea no solamente es un tropiezo para la propia integración de
esa región, sino también un descrédito para todo proceso de integración
económica que implique la cesión de las soberanías nacionales en aras de
fines supranacionales más amplios. En última instancia, la crisis de la UE
está cuestionando las bases y los valores que le dieron origen, al
exacerbar las grandes contradicciones entre los intereses nacionales y
europeos.
Se ha colocado la mayor atención sobre los errores y la precipitación
con que se procedió a la unificación monetaria y a la puesta en circulación
del Euro, pero los problemas para poner en práctica medidas remediales que
pudieran reencauzar la profundización de la unificación económica no han
hecho sino poner de manifiesto el choque de intereses nacionales y la falta
de liderazgo comunitario. La supuesta unificación fiscal acordada hasta
ahora, es decir la constitucionalización del equilibrio presupuestal, es el
reflejo de la imposición del modelo alemán para el conjunto de Europa, como
lo es también el rechazo a la implementación de políticas de gasto público
comunitarias, expansivas en los países con equilibrio y crecimiento
económico, para reactivar a las economías en recesión, a la postergada
unificación bancaria, a la creación de un fondo de garantía europeo y,
sobresalientemente, a la creación de alguna suerte de eurobonos. En última
instancia, se trata del choque de modelos económicos nacionales y de
ninguna manera de proyectos de unificación regional.
América Latina no atraviesa, desde luego, este tipo de problemas,
nuestro dilema es otro ¿Qué tipo de integración es la que se puede impulsar
en la región? Hasta ahora, se perfilaban con claridad dos modelos
contendientes: el esquema de tratados de libre comercio de carácter
esencialmente bilateral, encabezado por México, otros países de
Centroamérica y alguno que otro de América del Sur; y el modelo de unión
aduanera expresado en el Mercosur, bajo el liderazgo de Brasil. Este último
había generado una gran expectativa, al considerársele como el germen de un
modelo de unificación que podría emular al de la UE. La crisis europea, sin
embargo, ha erosionado las bases ideológicas y de principios en favor de
esta forma de integración latinoamericana.
La UE había sido durante mucho tiempo el segundo socio comercial de
América Latina, después de los Estados Unidos, y el primer socio comercial
del Mercosur, este panorama cambió con la crisis de 2008, convirtiendo a
China en el primer socio de varios países. Algo similar sucedía con
respecto a la inversión de capital, siendo la UE el primer inversor. En la
cumbre de países de Iberoamérica de 1999, en Río de Janeiro, se estableció
por primera vez el objetivo de marchar hacia un acuerdo de asociación entre
la UE y el Mercosur, y entre la UE y Chile. Para el encuentro de países
iberoamericanos de 2002, en Madrid, sólo estaban finalizadas las
negociaciones con este último. Entre tanto, en la Cumbre de 2006 de Viena
se iniciaron las negociaciones para la celebración de otro acuerdo de
asociación entre la UE y Centroamérica. A lo largo de todos estos años, la
oportunidad que se abría para impulsar un modelo de asociación económica
que no se restringiera al libre comercio, al incluir objetivos de cohesión
social, de disminución de la desigualdad social y hasta de convergencia, ha
venido diluyéndose, en la medida en que la etapa de crecimiento económico
de 2002 a 2007 fue sustituida por la actual situación de crisis en la UE.
En concreto, este enorme retroceso en los procesos de integración europea
hace cada vez más inviable la posibilidad de influir con su modelo en la
creación de instituciones regionales en América Latina y menos probable aún
en la mayor convergencia y simetría de sus economías.
En efecto, el Mercosur se diferencia de otras modalidades de
integración entre países latinoamericanos porque sus intereses comprenden
no sólo los intercambios comerciales, sino también los de cooperación y
complementación productiva, tecnológica y financiera, además de otros fines
de cooperación política social y cultural. Sin embargo no ha sido exitoso
en diversos frentes, el más importante en cuanto a su capacidad de
profundizar la unión aduanera para convertirse en un verdadero mercado
común de bienes, servicios y capitales, así como de escenarios de
complementación productiva o cadenas de valor regional. La realidad es
otra, el Mercosur no ha sido capaz siquiera de concretar la firma del
acuerdo de asociación estratégica con la UE; asimismo, en el Mercosur no
han prosperado las iniciativas de crear instituciones regionales
supranacionales, más allá de instancias consultivo deliberativas como
diversos foros y el Parlamento del Mercosur.
De todos modos prevalece el dilema de la integración latinoamericana,
aunque bajo condiciones distintas al pasado. En la región latinoamericana
siguen perfilándose dos bloques alternativos: el Mercosur, pero en realidad
Brasil, y la reciente Alianza del Pacífico. Es este último el que ha
logrado captar la mayor atención ante sus perspectivas de desarrollo
regional efectivo; sus contrastes con el Mercosur son muy grandes, en tanto
este ha tendido a convertirse en un espacio de discusión política más que
de integración económica, la Alianza refleja el interés más empresarial por
crear un verdadero mercado común. Por lo pronto, hacia el 30 de junio de
2013, los países firmantes, Chile, Colombia, México y Perú (y la próxima
adhesión de Costa Rica) iniciaron el levantamiento de los aranceles
aduaneros del 90% de los bienes comerciados y en un lapso de 7 años se han
comprometido a completar el proceso de liberalización comercial con el 10%
restante; asimismo, se estarán removiendo los requisitos de visado para el
tránsito de ciudadanos entre esos países. Actualmente, los integrantes del
acuerdo representan el 35% del PIB latinoamericano, el 50% de las
exportaciones y poseen una población conjunta de más de 200 millones de
personas. No obstante, hasta ahora, la creación de un mercado común
latinoamericano no ha pasado de la retórica, el comercio intrarregional
mueve solamente el 27% del comercio de América del Sur y Centroamérica, en
tanto la UE lo hace en un 63% y Asia en 52%, de sus respectivos mercados.
El Mercosur, por su parte, está desarrollando un comportamiento interno
mucho más proteccionista y, en algunos casos, incluso parece marchar hacia
acciones autárquicas como está sucediendo en Argentina y Venezuela; Brasil,
que debería convertirse en el gran impulsor del Mercosur, parece estar más
interesado en protagonizar su liderazgo regional a través de la presidencia
en la OMC, o bien en promover sus intereses económicos nacionales e
internos[32].
En un contexto mundial, la mayoría de los países de la Alianza del
Pacífico ha manifestado su interés en participar en el proceso de
negociaciones megarregionales correspondiente al Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP), en la actualidad con la participación de 12 países de
América Latina, América del Norte, Asia y Oceanía (Australia, Brunei,
Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur,
Vietnam, Canadá y México), con la pretensión de convertirse en un mega
mercado multilateral con objetivos más amplios que los de los acuerdos de
libre comercio (comercio e inversión), para incluir ahora objetivos de
construcción de redes de producción y distribución o cadenas de producción,
en las que se estaría reproduciendo el esquema de división internacional de
trabajo que comprende la interrelación de "la tecnología, la innovación y
el know-how de los países desarrollados (economías de casa matriz) con los
menores costos de mano de obra de los países en desarrollo (economías de
fábrica)"[33]. Esta tendencia integracionista de algunos países
latinoamericanos, parte de la evolución de iniciativas librecambistas que
ya se venían consolidando dentro de la región, auspiciadas por los
acuerdos, celebrados o en ciernes, de libre comercio de México, República
Dominicana y Centroamérica con los Estados Unidos, y de todos ellos con la
Unión Europea. Frente a este panorama, la supervivencia del Mercosur
dependerá en buena medida de su capacidad de competir con estas nuevas
agrupaciones, particularmente buscando concretar las negociaciones con la
UE para un acuerdo global de asociación estratégica[34]. O bien
integrándose a otro bloque de asociación multirregional, pero encabezado
por China.

Conclusiones

Si hacemos un ejercicio de comparación, en lo más sustancial,entre la
trayectoria de las contradicciones europeas y latinoamericanas podemos
encontrar similitudes. La más importante, en nuestra opinión, es que la
experiencia latinoamericana en la última década, desde 2002 hasta 2012,
parece dar la razón a la postura alemana. América Latina, en términos
generales, tuvo una etapa de estabilidad y de crecimiento económico que
supo sobreponerse, sin grandes sobresaltos, a la etapa de crisis financiera
global a partir del 2008. Lo hizo con muchos elementos de la política
económica que preconiza Alemania: con equilibrio presupuestal,
particularmente a través del superávit primario, y competitividad salarial,
pese a la escasez de reformas laborales en la región, pero con un avance
muy importante en otras reformas estructurales; lo ha hecho con economías
abiertas y dependientes de las exportaciones, pero sin la camisa de fuerza
de tipos de cambio fijos, así como con acceso a la inversión extranjera
tanto directa como financiera[35]. Claro está, tampoco puede soslayarse la
base tecnológica de las exportaciones alemanas, frente al carácter primario
de las exportaciones latinoamericanas, pero, al margen de estas
diferencias, lo común es que al igual que Alemania, estos éxitos se
suscitaron en el contexto de una etapa de prosperidad regional. Pero ¿Qué
sucederá en una etapa de desaceleración económica global, en lo general, y
regional, en lo particular? ¿Podrá seguir funcionando la estrategia de
austeridad competitiva bajo las nuevas condiciones?
La lección más importante que América Latina puede extraer de la
crisis europea es que no se puede ignorar el ciclo económico y la
naturaleza de las políticas económicas, ya sea en etapas de crecimiento o
en las fases de recesión. No cometamos el error que han señalado
economistas como Krugman cuando dice que detrás de la gran recesión "estaba
el absoluto empecinamiento de las autoridades en rechazar todo lo que
habíamos aprendido sobre política macroeconómica durante las depresiones y
guiarse en cambio por sus prejuicios"[36]. 
La difícil experiencia del Euro en la UE nos muestra el efecto de una
moneda que no se puede depreciar, sobre la competitividad y la actividad
económica de los países en problemas. Los países latinoamericanos han
sufrido los efectos de la revaluación de sus monedas como resultado del
éxito de los años que van desde el 2002, pero ahora que la especulación
sobre el futuro de la política monetaria estadounidense ha revertido el
proceso, propiciando la depreciación de las divisas, los gobiernos
nacionales deberían encarar el problema ajustando su política de tipo de
cambio a las necesidades de la reactivación económica privilegio que, como
todos sabemos, no poseen algunos Estados europeos necesitados de
reencontrarse con el crecimiento.
En el ámbito de la deuda pública y el pago de la misma, los países
latinoamericanos han sorteado las etapas de crisis reciente, en virtud de
la disciplina presupuestal y de las políticas de blindaje financiero que
han perseguido desde hace ya varios años; no se plantean por tanto el
dilema de otros tiempos acerca de cumplir o no con las obligaciones
adquiridas con sus acreedores. Aun así hay lecciones que cabe aprender, por
ejemplo, la tendencia a incrementar ilimitadamente las reservas monetarias
reviste una restricción auto impuesta sobre las políticas de expansión
económica en tiempos de crisis, en aras de salvaguardar la capacidad de
pago de las economías, no obstante que los niveles de deuda pública
respecto al PIB son favorables a la región, en términos generales.
Asimismo, una de las principales causas de la crisis financiera de 2008, la
desregulación total de los mercados financieros, debería mover a los
gobiernos de América Latina a actualizar sus propias reglas de
funcionamiento internas, introduciendo reglas que prevengan crisis de sus
sistemas de pagos en el futuro y que han llevado a deudas fiscales
gigantescas que gravarán a la sociedad en su conjunto durante muchos años,
como ha sucedido en el caso México.
Otro de los aspectos centrales de las políticas anticíclicas, el
gasto público, debe también revisarse en función de la prioridad de la
reactivación económica y en tanto la inflación dentro de la zona no se
convierta nuevamente en la preocupación prioritaria de los gobiernos. Ya se
señaló que organizaciones como la CEPAL han señalado la existencia de un
margen de maniobra en la deuda pública de la mayoría de los Estados
latinoamericanos, pero también cabe replantear el objetivo de balance
presupuestal que ha venido operando como dogma incuestionable,
particularmente el superávit primario que actúa en los hechos como una
política restrictiva permanente, independientemente de lo que suceda con el
balance en los requerimientos financieros del sector público y en el
momento del ciclo económico donde no se justifica.
Finalmente, el abandono tácito de la política de unificación europea
ante la prioridad de los objetivos nacionales, ha abierto una perspectiva
de dudoso beneficio para América Latina. La crisis de la UE ha sido también
la crisis de su modelo de integración y en la región latinoamericana se
observa el declinamiento de las opciones de integración alternativas a los
acuerdos de libre comercio. Nuestros países deberían cuestionarse si los
proyectos de asociación más recientes les abren la oportunidad de crecer,
diversificarse y elevar sus exportaciones de mayor valor agregado o si, por
el contrario, reproducen el esquema de división internacional de trabajo,
en el que seguiremos condenados a aportar el bajo costo salarial y bienes
primarios, al menos en la gran mayoría de nuestras economías.




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-----------------------
[1] Guillén Romo, Héctor, La contrarrevolución neoliberal. México, ERA,
1997, cap. V; Lustig, Nora, México. Hacia la reconstrucción de una
economía. 2nda. Edición, México, FCE-Colmex, 2002, cap. VI.
[2] Krugman, Paul, ¡Detengamos esta crisis ya!, México, Crítica, 2012,
"Eurodämerung: El crepúsculo del Euro", p. 187-188.
[3] El País, 18 de agosto de 2012, "El frenazo del consumo alemán dispara
la alarma".
[4] Ibid., p. 189
[5] Según datos del FMI, citado en El País, 16 de abril de 2013, "La crisis
ataca al corazón de la eurozona".
[6] Véase un análisis más a fondo y con todos sus matices en Contreras
Sosa, Hugo, "La política monetaria de Estados Unidos y la Unión Europea,
2007-2011. Algunas implicaciones macro para Brasil, Chile y México", en
Piñón Antillón, Rosa María (Coord.), Economía y gobernanza globales: la
Unión Europea inmersa en la crisis. México, UNAM-Fac. Ciencias políticas y
Sociales, 2012, p. 365-391.
[7] Ibid., p.367.
[8] CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe. 2013. Tres
décadas de crecimiento desigual e inestable. Cuadro A-7 América Latina y el
Caribe: balanza de pagos. Santiago de Chile, 2013, p. 189.
[9] Los datos periodísticos más recientes destacan la depreciación del real
en un 15%, aunque con una tasa de crecimiento del PIB brasileño en
recuperación, desde el 0.9% en 2012 a un posible 3.1% en 2013; México ha
tenido una depreciación más moderada del peso, pero en cambio el PIB está
retrocediendo en contra de lo esperado, al pasar del 3.8% en 2012 a un
probable 1.8% en 2013. Pero el problema es general en toda la región para
países como Argentina, Colombia, Venezuela y Perú. El País, "Se acabó la
fiesta de los emergentes", 30 de agosto de 2013.
[10] FMI, Greece: ExPost Evaluation of Exceptional Access under the 2010
Stand-By Arrangement. Washington D.C., IMF, 2013. Una síntesis se encuentra
en El País, 06 de junio de 2013, "El FMI concluye que subestimó el impacto
de la austeridad en Grecia".
[11] Lustig, Nora, Op. Cit., cap. II; Guillén Romo, Héctor, El sexenio del
crecimiento cero. México, 1982-1988. México, ERA, 1990, caps. IV y V;
Tello, Carlos, Estado y Desarrollo económico: México 1920-2006. México,
UNAM-Fac. Economía, 2007, cap. VII
[12] Bleger, Leonardo, "Deuda externa y soberanía: análisis y lecciones de
la reciente restructuración argentina", en Girón, Alicia y Girón, Eugenia
(Coord.), Del Sur hacia el Norte: economía política del orden económico
internacional emergente. Buenos Aires, CLACSO, 2007, p. 170-174.
[13] El País, 20 de febrero de 2012, "Los islandeses recogen beneficios de
su ira".
[14] El País, 11 de marzo de 2012, "Aurora boreal".
[15] López Jiménez, José María, La crisis financiera de Chipre: una ocasión
propicia para superar conflictos geopolíticos. Instituto Español de
Estudios Estratégicos, Documento Opinión 79/2013, 28 de agosto de 2013, p.
2-3. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO79-
2013_Chipre_JMLopez.pdf
[16] Zenios, Stavros A., "The Cyprus debt: perfect crisis and a way
forward". En Cyprus Economic Policy Review, Vol. 7, No. 1, 2013, p. 3-6.
[17] López Jiménez, José María, Op. Cit., p. 5-8.

[18] Moreno Pérez, Juan, Fobaproa: el costo del rescate bancario. Volumen
II. México, Grupo Parlamentario del PRD, Cámara de Diputados, Congreso de
la Unión, LX Legislatura, 2009, p.193-196; Macías Flores, Magally, Dos
casos de corrupción del gobierno mexicano: FOBAPROA y PEMEXGATE. Tesis de
Licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad de Las Américas,
Puebla, 12 de mayo 2010, cap. 2.
[19] En febrero de 1998 el pasivo se estimó en 552,300 millones de pesos,
hacia el año de 2003 el monto de los pasivos del Fobaproa-IPAB ya sería de
818,600 millones de pesos, equivalentes al 12.1% del PIB, pero cabe
destacar que este porcentaje llegó a alcanzar el 15.1% en 1999, Moreno
Pérez, Op. Cit., p. 171-172, 177, 203.

[20] The Economist, 6 de abril de 2013, "A world of cheap money".
[21] Según datos del FMI, citado en El País, 16 de abril de 2013, "La
crisis ataca al corazón de la eurozona".

[22] El País, 07 de abril 2013 "Japón Lanza su revolución monetaria"; 16 de
mayo de 2013, "El experimento japonés dispara el PIB"; 30 de julio de 2013,
"El desempleo cae por debajo del 4% por primera vez desde 2008"; 12 de
agosto de 2013, "El crecimiento anual de Japón se frena al 2.6% hasta
junio".

[23] Bibow, Jörg, ¿Será capaz Francia de plantarse?, en El País, 30 de
abril de 2013.
[24] El País, 9 de febrero de 2012, "Sueldos de un euro la hora en el
'milagro' laboral alemán".
[25] El País, 18 de agosto de 2012, "El frenazo del consumo alemán dispara
la alarma".

[26] CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el
Caribe 2013. Lenta poscrisis, meganegociaciones comerciales y cadenas de
valor: el espacio de acción regional. Documento Informativo. p. 12-13, 26,
29, 48-51. En este trabajo, la CEPAL utiliza el concepto Ingreso Nacional
Bruto para destacar el efecto del comercio exterior sobre el ingreso de las
familias, más que sobre la producción.

[27] OIT, Informe Mundial sobre salarios 2012/2013. Los salarios y el
crecimiento equitativo. Ginebra, OIT, 2013. Prefacio, p. 8-11, 21 y 27.
[28] "Como observó Dani Rodrik, varios países en América Latina adoptaron
más políticas de liberalización comercial y financiera y más
privatizaciones en un breve período que lo que los países del Este de Asia
hicieron durante tres décadas", Lora, Eduardo, Las reformas estructurales
en América Latina: qué se ha reformado y cómo medirlo. (Versión
actualizada). Banco Interamericano de Desarrollo, Documento de trabajo del
BID #IDB-WP-346, 2012, p. 20, citando a Rodrik, D., "Understanding economic
policy reform", Journal of Economic Literature. 34, 1996, pp. 9-41.
[29] Lora, E., Op. Cit., p. 3-10, 28-33 y 34.
[30] Ibid., p. 10-22.

[31] CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2013. Op.,
Cit., p. 56-57, 67-71.
[32] The Economist, "Latin American geoeconomics. A continental divide", 06
de junio de 2013.
[33] CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el
Caribe 2013. Op., Cit., p. 14.
[34] Ibid., p. 14-17.
[35] México se excedió en algunas de sus premisas, como la de utilizar el
tipo de cambio como ancla nominal de toda la política económica y en virtud
de la ausencia de diversificación de su comercio exterior, el resultado es
que, a contracorriente del resto de América Latina, la estabilidad de la
economía en la década mencionada se combinó con un muy lento crecimiento
económico.
[36] Paul Krugman, "Ignorar la teoría básica causa desastres", en El País,
20 de mayo de 2013.
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