Las transportadoras de carga internacional del estado Táchira y sus posibilidades de supervivencia en la Comunidad Andina y en la frontera colombo-venezolana

LAS FRONTERAS DE AMÉRICA LATINA: DINÁMICA, PROCESOS Y ELEMENTOS PARA SU ANÁLISIS

INDICE

INTRODUCCIÒN Raquel Álvarez de Flores FRONTERAS CULTURALES. CASO COLOMBO-VENEZOLANO

(Pág. 1)

Jaime Ruiz Restrepo MEDELLÍN: FRONTERAS DE DISCRIMINACIÓN Y ESPACIOS DE GUERRA

(Pág. 10)

Cristóbal Mendoza MOVILIDAD Y MIGRACIÓN EN LA REGIÓN FRONTERIZA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: UN ANÁLISIS BINACIONAL A PARTIR DE LOS DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN DE 2000

Pág. 63)

Marleny Bustamante LA ZONA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA TÁCHIRA – NORTE DE SANTANDER

(Pág. 87)

Alba Ivonne León de Labarca EL ARCHIPIELAGO DE LOS MONJES Y LA PROBLEMÁTICA DE LIMITES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA

(Pág. 100)

Eudis Fermín EN LA BUSQUEDA DE UNA TEÓRIZACIÓN SOBRE LAS RELACIONES TRANSFRONTERIZAS SUBESTATALES

(Pág. 105)

Francisco Javier Sánchez LAS TRANSPORTADORAS INTERNACIONALES DE CARGA DEL ESTADO TÁCHIRA Y SUS POSIBILIDADES DE SUPERVIVENCIA EN LA COMUNIDAD ANDINA Y EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA

(Pág. 122)

Lucrecia Morales de García LOS RETOS DE UN SISTEMA MIGRATORIO PARA LA COMUNIDAD ANDINA

(Pág. 128)

Carlos Roberto da Rosa Rangel CONFLITOS POLÍTICOS NA REGIÃO DE FRONTEIRA BRASIL-URUGUAI (1928-1938)

(Pág. 142)

Bertilda Schlingmann Maneiro LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA POLÍTICA EXTERIOR VENEZOLANA EN EL MARCO CONSTITUCIONAL DE 1999: FRONTERAS E INTEGRACIÓN

(Pág. 161)

Nayllivis Naím y Juan Carlos Morales Manzur ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LAS AMÉRICAS Y LA MIGRACIÓN: VACÍOS DE UNA PROPUESTA

(Pág. 193)

María A. Fernández, Miriam Rincón de Maldonado y Hudilu Rodríguez Sangroni LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA VISTA A TRAVÉS DE LOS ELEMENTOS FUERZA, PODER Y DERECHO: ALGUNAS GENERALIDADES

(Pág. 231)

CONCLUSIÓN

INTRODUCCIÓN Una frontera es un límite, una línea divisoria entre un lugar y otro, una realidad y otra, o entre una u otra concepción. Las fronteras, como invenciones humanas implementadas para ordenar estados nacionales y posiciones militares, se materializan en el mundo moderno dentro de la ordenación del territorio de un país. Sin embargo, mas allá de las líneas imaginarias trazadas por el hombre, las fronteras geográficas son espacios físicos en los que se desplazan, conviven y se encuentran personas, despobladas algunas resguardadas y concurridas otras, Las fronteras también son espacios humanos, limitados por parámetros lineales imaginarios que simbolizan la soberanía de los pueblos y múltiples valores nacionales. Sin embargo, la realidad de la convivencia en la frontera escapa a los preceptos constitucionales o legales de un país. De allí que el interés por el estudio de las fronteras, más allá de los límites de la geografía, es cada vez más frecuente. Esta publicación es un compendio académico, sobre la relevancia de los estudios de las fronteras en el continente americano, su incidencia en las economías nacionales y regionales, el impacto de los flujos migratorios y en consecuencia, la necesidad de reconocer una cultura permeable con características propias. Se abre esta mirada al mundo fronterizo, con un estudio de la profesora Raquel Álvarez de Flores, intitulado Fronteras Culturales caso colombo-venezolano, donde se realiza un recuento de la evolución de las relaciones fronterizas entre Colombia y Venezuela, unificados por un proceso histórico-antropológico que se remite a la interacción de los primeros pobladores de la región. Así mismo, intenta mostrar como los factores dinamizadores de la integración cultural inducen al intercambio económico y social característico de la fronteras colombo-venezolanas. En el ensayo titulado, Medellín: Fronteras de Discriminación y Espacios de Guerra, el autor Jaime Ruiz Restrepo, indica los factores causantes de la violencia en la ciudad de Medellín y se delimita el alcance del estado en un territorio signado por la violencia, la línea fronteriza trasciende la frontera física y se ubica en la delgada línea que separa los valores sociales y su trasgresión. El recorrido por los limites geográficos llega hasta el norte, con una investigación denominada Movilidad y Migración en la Región Fronteriza México- Estados Unidos: Un análisis Binacional a partir del Censo de Población de 2000. Donde su autor, Cristóbal Mendoza, compara los flujos migratorios, tanto de la región suroeste de los Estado Unidos, como del noroeste de México, sus orígenes y consecuencias para las economías nacionales y sus similitudes. La diferencia entre los patrones migratorios refleja un límite común entre dos sociedades distantes. Así mismo, Marleny Bustamante, en su artículo titulado La Zona de Integración Fronteriza Táchira-Norte de Santander, retrata la realidad de una frontera caracterizada por la proximidad y el contacto fronterizo. La evolución de estos límites andinos, su dinámica particular y su actividad económica. Las políticas binacionales efectivas en materia de

integración, por parte de los gobiernos de Colombia y Venezuela, surgen como alternativa al desarrollo definitivo de una región con múltiples potencialidades y con un flujo comercial y humano histórico, esencial en la historia de la integración de los estados andinos. Se sugiere igualmente, las directrices que las comisiones bilaterales dentro de la Comunidad Andina deben llevar a cabo en la culminación exitosa de este proceso de integración. En el marco de la compleja frontera entre Colombia y Venezuela, existen múltiples visiones sobre la relación binacional. Una perspectiva de ella, es presentada en el título El

Archipiélago de los Monjes y la problemática de límites entre Colombia y Venezuela.

Su autora, Alba Ivonne León de Labarca, analiza la importancia geopolítica de este territorio insular para ambos países, recorre la historia limítrofe colombo-venezolana en relación con esta disputa centenaria, en la que Venezuela se ha desmembrado a falta de políticas fronterizas coherentes. La opinión del geógrafo norteamericano Withmore Boggs, enriquece las argumentaciones y los datos que componen la historia de dos soberanías.

El complejo entramado social y cultural que se vive en las regiones fronterizas, obedece a una realidad más cercana a los gobiernos locales que al poder central. Al respecto, Eudis Fermín presenta un trabajo, titulado En la Búsqueda de una teorización sobre las relaciones transfronterizas subestatales aborda los retos que enfrentan los gobiernos subestatales transfronterizos. En él, plantea necesidad de ocuparse de los problemas locales, dentro de los procesos de globalización y regionalización que signan las relaciones internacionales, así como la necesidad de replantear los conceptos de frontera y soberanía, en la dinámica de las relaciones fronterizas, a la par de las nuevas realidades de los mercados internacionales. El comercio fronterizo entre Colombia y Venezuela, es una de las mayores fortalezas de la subregión andina, siendo el comercio terrestre el motor de esa relación comercial. Como prueba de ello, el autor Francisco Javier Sánchez, expone, en su trabajo denominado: Las

Transportadoras internacionales de carga del estado Táchira y sus posibilidades de supervivencia en la comunidad y en la Frontera colombo- venezolana, analiza las

posibilidades de subsistencia de las 60 empresas transportadoras en el estado Táchira. Igualmente, sugiere modificaciones necesarias para asegurar su competitividad, en las nuevas disposiciones legales de la Comunidad Andina de Naciones.

Igualmente, dentro de la gama de aristas de las relaciones venezolana y colombiana, se presenta el trabajo, Los Retos de un Sistema Migratorio para la Comunidad Andina. Su autora, Lucrecia Morales Garcia, expone las exigencias de un nuevo sistema migratorio, que flexibilice y controle a la vez, la intensificación del trafico migratorio intraandino, de acuerdo con las realidades económicas de un mercado común, que entraría en rigor en diciembre de 2005. Las fronteras suramericanas se hacen presentes, con el trabajo denominado Conflictos Políticos Na Gegiao de Fronteira Brasil- Uruguay. Allí, Carlos Roberto da Rosa Rangel, realiza un análisis histórico de las relaciones fronterizas en la singular frontera entre Brasil y Uruguay. Este proceso binacional que abarca, desde los afanes independentistas de la Provincia de Río Grande del Sur, el contrabando de principios de siglo, los movimientos migratorios, la intensa actividad pecuaria, hasta las actuales fronteras delineadas por el ideal nacional, de cada país.

Así mismo, dentro de los lineamientos ético-políticos que integran la constitución del estado venezolano, aprobada en 1999, se encuentra la necesidad de involucrar a la sociedad civil en la solución de los problemas nacionales, se presenta un trabajo, denominado

Participación Ciudadana y la Política Exterior Venezolana en el marco constitucional de 1999: Fronteras e Integración. Su autora Betilda Schlingman Maneiro, analiza la

implementación de instrumentos jurídicos en materia fronteriza, a los fines de determinar el alcance para el ejercicio del derecho de participación ciudadana. Se concluye, finalmente, sobre la educación, como garantía de eficacia jurídica de participación ciudadana, en el desarrollo de los ejes fronterizos de la república. Dentro de la visión integradora de las fronteras del continente americano y de las necesidades de integración como respuesta a las nuevas realidades de la economía internacinal, surge la siguiente investigación, que se titula Alternativa Bolivariana para las Américas: Vacíos de una Propuesta. En este trabajo, original de Nayllivis Nain Soto y Juan Carlos Morales Manzur, se analiza la presentación de esta propuesta del ALBA, diseñada por el presidente venezolano Hugo Chávez, como alternativa al ALCA, y a economía globalizadora del mercado en los distintos foros internacionales en los que Venezuela se presenta. Finalmente, se presenta un trabajo intitulado, La Frontera Colombo-Venezolana Vista a Través de los Elementos Fuerza Poder y Derecho. Algunas Generalidades, de

Maria Alejandra Fernández, Mirían Rincón de Maldonado y Hudilu Rodríguez Sangroni, de analiza la problemática fronteriza entre Colombia y Venezuela, como una limitante significativa para el establecimiento de las relaciones bilaterales, tomando en cuenta la relación triangular de fuerza, poder y derecho, presentes en la estructura del Estado moderno.

Esta es una ventana al infinito espacio fronterizo, un espacio que trasciende los límites físicos y que abarca modos de vida más allá de los parámetros geográficos, que lejos de ser regiones inhóspitas de enfrentamiento, son espacios oportunos para él dialogo, la paz y el progreso. Son más que el símbolo de una diferencia, un sinónimo de tolerancia.

Mgs. Hudilu Rodríguez Sangroni

FRONTERAS CULTURALES. CASO COLOMBO-VENEZOLANO RAQUEL ÁLVAREZ DE FLORES1

RESUMEN El estudio de la evolución de las relaciones Colombo-Venezolanas pasa por considerar la integración cultural construida históricamente por hombres y mujeres actuando en un mismo espacio que le sirve como marco de referencia. Replantear el sentido de esta integración, es buscar los elementos convergentes presentes en las huellas, herencias, asimilaciones, dejadas por estos primeros pobladores, los diversos grupos étnicos, quienes actuando en un ámbito territorial, originalmente idéntico conformaron una estructura básica de intercambio, a través de rutas de acceso común, facilitando el transporte de mercancías y los movimientos poblacionales, caracterizadores de la dinámica actual de esta región fronteriza. En la presente ponencia haremos referencia a estos actores y factores dinamizadores del proceso de integración cultural en razón de su importancia para el incremento de las relaciones sociales, económicas, distintivas del proceso de integración que se vive a lado y lado de la frontera Colombo-Venezolana. Palabras Clave:

Fronteras, Integración Cultural, Colombia-Venezuela, Táchira-Norte de Santander

I. LA EVOLUCION DEL CONCEPTO DE FRONTERA Anteriormente, el término frontera se asociaba a lo estrictamente militar, la frontera para formar un frente. En cuanto a su origen etimológico, frontera proviene del latín frons, frontis, la frente de la civitas, máxima de los romanos, la cual avanzaba como la visera al casco, como el espolón a la proa, anunciando el movimiento del imperium mundi, lejos estaría la idea del patio trasero, la frontera selvática, el rincón olvidado que el concepto evoca en países de origen colonial ultramarino que se hayan formado desde la costa hacia el interior. En el pasado muchas fronteras constituyeron frentes, y hoy son espacios pacíficos, aunque lo contrario ocurre también. Hoy día, el marco de significaciones del concepto de frontera se ha ido extendiendo del ámbito físico-geográfico a otras esferas, como la cultural y su estudio interesa a otras disciplinas distintas a la geografía, ciencia que tradicionalmente se ha ocupado del análisis de ésta. Así, diversas disciplinas trátese de la sociología, politología, ecología, antropología, entre otras, han manifestado un progresivo interés hacia el estudio del fenómeno fronterizo, desde lo técnico administrativo o económico-político, hasta una variedad temática que abarca los aspectos sociales y de género, ecológico – ambientales, entre otros. 1

Docente investigadora del Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI), Universidad de los Andes, Táchira, Venezuela. Magíster en Ciencia Política, mención Geopolítica y Fronteras. Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.

En este contexto, la frontera evoca espacios de encuentro, de conflicto, de paso, de representación emblemática, de la relación con la nación vecina y la identidad propia, de soberanía y seguridad nacional, de espacios estratégicos para la movilización de bienes, servicios, mercancías y personas, en una diversidad de prácticas impuestas por el proceso de globalización y regionalización, lo que conlleva a su redefinición. Diversos estudiosos de la frontera como Fredrik Barth colocan el énfasis en las relaciones sociales entre los habitantes de uno y otro lado, que aunque pertenecen a dos sistemas sociales diferentes, establecen una serie de nexos producto de los intereses de estas poblaciones y sus necesidades de organización social. (Barth, 1976 cit. por Grimson, 2000:19). En esta perspectiva se privilegia la función de la frontera como espacio interactivo, producto de las intensas relaciones determinadas en algunos casos no sólo por motivaciones históricas, sino además por las circunstancias económicas, comerciales, o culturales. Este criterio se corresponde con el sostenido por el fronterólogo, Kaldone Nweihed, cuando define a la frontera como: “Una franja potencialmente habitable por un conglomerado humano, perteneciente a dos nacionalidades distintas (a veces los idiomas pueden ser colateralmente diferentes, la cultura, las regiones, las costumbres), pero que se hayan en el espacio compartido frente a unas realidades objetivas que tienden a la creación de un subsistema común en que además de conservar cada quien las características de su identidad de origen, se agregan otras de características híbridas que son el producto inmediato y necesario de la vecindad.” (Nweihed, 1990:12)

En este mismo orden, se expresa el historiador venezolano Briceño Monzillo, al definir la frontera en los siguientes términos: “Una zona que está sometida a un régimen jurídico, social, político y económico que es objeto del tratamiento tanto del Derecho Interno como del Derecho Internacional. Generalmente, el término frontera engloba el de límites, Así la frontera puede considerarse como delimitación y fijación de límites y como vecindad.” (Briceño, 1982:4).

Concepto que es compartido por el ex-Presidente de Venezuela Dr. Ramón J. Velázquez (1992), cuando al referirse a la frontera expresa: “La frontera ideal es aquella que propicie relaciones estables entre naciones vecinas y donde la soberanía tenga como base el desarrollo social y económico.” De este modo, la revalorización de la frontera cambia el acento. De la concepción como línea de separación de territorios y del ejercicio de competencias estatales, para colocarlo en la frontera como un espacio de oportunidades para un ordenamiento, desarrollo complementario y políticas concertadas, en una visión que a futuro permita mostrar la unidad en la diversidad de las regiones fronterizas. Esta percepción de la frontera significa un reto para vencer el aislamiento tradicional que ha caracterizado a estos espacios, la resistencia de los centros de poder frente a la emergencia de liderazgos locales, la superación de los obstáculos derivados de su existencia misma. Así, las fronteras superan la forma tradicional de erigirse como barrera para transformarse en espacios donde se confunden pueblos que comparten diversas actividades de la vida pública o privada: educativas, sanitarias, culturales, recreativas y deportivas. Esto sin hablar de realidades familiares, de parentesco y de fuertes lazos históricos, que dan cuenta de la conformación de lo que se conoce como frontera cultural.

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II. LA FRONTERA COLOMBO – VENEZOLANA. UN EJEMPLO DE INTEGRACION CULTURAL La presencia del factor étnico otorga la especificidad dentro de la generalidad histórica geográfica de Colombia y Venezuela. Entendiendo a la etnia como una comunidad autónoma, autoconsciente, caracterizada por un conjunto de valores y creencias compartidas, una lengua propia, un sentido de pertenencia real o imaginario con una historia y territorio específico, puede considerarse que los grupos étnicos con presencia en al frontera colombo-venezolana en el largo plazo histórico dejaron su influencia a través de la práctica social. Esta complementariedad del pasado determinada por el elemento étnico le da significación real a la existencia de las fronteras culturales, siendo aquellas áreas de construcción idénticas que desde los tiempos más remotos funcionan como un mismo espacio permitiendo la movilización e intercambios de los distintos grupos que pueblan estas fronteras, pese a la fragmentación y a la formación de los Estados-nación. En el caso analizado, la característica histórica común reflejada por un mismo pasado y marcada posteriormente por la pertenencia a un mismo Sistema Colonial le confiere un significado determinante a las diversas formas de integración que a lo largo del tiempo se van a suceder entre Venezuela y Colombia. Observándose con mayor fuerza este fenómeno, en las regiones fronterizas originalmente parte de un mismo espacio natural, idéntico pero que por motivos políticos o estratégicos se fragmentaron. “...Étnica y geográficamente la comunidad fronteriza tiene una misma integración histórica, cultural y social y también puede decirse que económica, aun cuando por razones posteriores de sus unidades monetarias se distorsiona su actividad comercial y financiera” (Rosales cit. por Martens 1992:56). Las investigaciones arqueológicas y antropológicas referidas a estos espacios, reflejan la existencia de numerosos grupos étnicos, quienes actuando en un ámbito territorial originalmente idéntico conformaron una estructura básica de intercambio, a través de rutas de acceso común, facilitando el transporte de mercancías y los movimientos poblacionales, caracterizadores de la dinámica actual de ambos países. Estos grupos étnicos de diversas filiaciones como los Timoto-cuica, Caribes, Chibchas, Arawakos, Motilones se movilizaban de manera fluida por este gran espacio con intercambio de productos naturales y artesanales apoyados en factores como el relieve, el clima, orografía, hidrografía así como el conocimiento que estos tenían de las montañas, ríos, selvas lo que propiciaba el asentamiento y expansión de estas tribus por las alturas de la cordillera andina desde Nueva Granada hasta Venezuela explicando así, la formación de estructuras económicas y sociales de coexistencia pacífica entre estas etnias que indistintamente se desplazaban de un lugar a otro sin más limitaciones que las interpuestas por la naturaleza. Autores como Tulio Febres Cordero y Miguel Acosta Saignes afirman que algunos grupos indígenas de la región del Zulia y la Andina venezolana (Mérida, Trujillo, Táchira) tenían rasgos culturales considerablemente similares con los indígenas procedentes de Colombia como los Timoto-Cuicas, grupo indígena de avanzada cultural por sus destrezas en ciertas artes y oficios. Se les considera ligados al grupo de los Chibchas del Altiplano Cundiboyacense, creadores de una alta cultura cuya lengua se extendió por toda la actual

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Colombia con importantes ramificaciones hacia el norte por el istmo y mitad sur de Centroamérica e incluso en parte del actual territorio venezolano. Tribus como los referidos Capachos, Chitareros, Tororas, se extendieron por el Norte de Santander, Umukenas, Bocalemas, Oropomas llegaron a establecerse en esta extensa frontera que algunos clasifican como “frontera espaciosa”, la cual comprendía la parte sur y occidental del Lago de Maracaibo, la Sierra de Perijá y el pie de monte de los Andes venezolanos recibieron una importante influencia que provino tanto del Norte como del Sur así como del área del Caribe y de la región de Colombia. Esta filiación étnica común en la frontera colombo-venezolana está aún presente en grupos como los wayuú, quienes ignorando la lógica de la frontera de los Estados-nación, constituyen un ejemplo representativo de la etnicidad como factor aglutinante a través de la frontera. Las poblaciones indígenas dan cuenta de una comunicación cultural transfronteriza que se expresa en un alto sentido de solidaridad y de pertenencia a una cultura común por encima de los límites impuestos. El elemento étnico es el hilo conductor del proceso de integración entre Colombia y Venezuela en la época prehispánica, que se fortalece ya en el S. XIX y principios del S. XX, con los vínculos comerciales y socioculturales producto del intenso intercambio generado por el cultivo, comercialización y exportación del cacao y el café, en la zona que hoy conforman Cúcuta (Norte de Santander) - Rubio – San Cristóbal (Estado Táchira) y Maracaibo (Estado Zulia), lo que conllevó a la creación del Circuito Agro-exportador Colombo-Venezolano, definido por Cardozo Galué, así: “Un área con características históricas comunes, producto de la lenta gestación y fraguado de vínculos económicos, y socioculturales entre los paisajes humanos que la componen, y el predominio e influencia de una ciudad que actúa como centro jerarquizante; una región nodal, aglutinada durante un período de larga duración, que genera un espacio social con especificidad propia”. (Cardozo, 1998:87)

Desde los comienzos de la dominación hispánica y por tres siglos la población que ocupó la totalidad de este espacio se mantuvo unida y acrecentaron sus vínculos socioeconómico, más allá y por encima de las vicisitudes políticas y sucesivas divisiones administrativas. Con el cultivo del café y del cacao se produjo la inmigración de ciudadanos ingleses, alemanes, italianos, quienes se asentaron en la región del triángulo de oro: Maracaibo-Cúcuta-San Cristóbal. Muchos de estos inmigrantes contribuyeron en el desarrollo de los nuevos Estados con sus conocimientos del comercio de importación y exportación, el manejo de la técnica en cuanto a los sistemas de comunicación de la época, el trabajo de la tierra, bienes de capital, y en general con los aportes de sus diferentes culturas. El dinamismo comercial producto del intercambio cacaotero y cafetalero permitió la conexión de estas poblaciones con el mercado mundial a través de los Puertos de Hamburgo, en Alemania, Génova en Italia e Inglaterra, y como resultado de este intenso comercio se instalan las grandes casas Alemanas, Inglesas e Italianas en San Cristóbal, Cúcuta, Maracaibo, construyéndose redes de intercambio de capital y de mercancía y a la vez tejiéndose poco a poco, lazos y solidaridades mentales, por encima de la línea divisoria.

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A la par de este dinamismo agroexportador, se suscitaron diversos intercambios por motivaciones políticas a raíz de las guerras civiles en uno y otro país. Así, la guerra colombiana de los Mil Días, motivó a que muchos perseguidos políticos y opositores del partido liberal eventualmente cruzaran la frontera a Venezuela, en busca de refugio y protección, y así poder continuar con sus ideales políticos. Tanto es así que se sostiene que el liberalismo en el Táchira, estaba en permanente entendimiento con el liberalismo colombiano, manteniendo lazos tan intensos que podría argumentarse que éste era el mismo a ambos lados de la frontera, al punto de generarse alianzas político-militares que violaron incluso la neutralidad de estos territorios y cruzaron la frontera para enfrentar al Gobierno conservador de Colombia. Los sucesos más dramáticos de esta intervención tachirense en los conflictos civiles colombianos se dieron durante la guerra civil de 1895, con la participación de numerosos voluntarios que se sumaban a los liberales para luchar contra el gobierno conservador argumentando que “los principios no tienen fronteras” (Murgey 1988:175). Al igual que los liberales, los conservadores tachirenses también se unieron en varias ocasiones con los de su mismo partido al otro lado de la frontera e intervinieron en las guerras civiles colombianas. Estos sucesos van a mantenerse en la década de los 80 y 90´s del siglo XIX exhibiendo esta frontera la condición que ha tenido desde siempre: la de ser enlace más que un factor de separación así lo corrobora la siguiente afirmación: “la disposición de los tachirenses a participar activamente en los conflictos armados colombianos, indudablemente pone en evidencia el hecho de que las fronteras entre las dos naciones no separaba al Táchira y a Santander de manera significativa” (Ídem: 173). Se señala que entre 1870 y 1930 numerosos tachirenses tuvieron que refugiarse por motivos de persecución política en forma temporal o definitiva en el vecino país. “El exilio llevó a Colombia a familias enteras durante el guzmanato, en 1892 con la Revolución Legalista, con la llegada de Cipriano Castro al poder y cuando su caída, principalmente con la actuación de Eustoquio Gómez, como gobernador del Táchira entre 1913 y 1925” (COPAF, 1992:14). Queda expresado que la incidencia de los acontecimientos políticos suscitados en ambos países va a constituir un elemento dinamizador de las relaciones culturales colombovenezolanas con especial significación en la frontera Táchira-Norte de Santander, cuya permeabilidad y fluidez facilitaba el refugio temporal de los fugitivos en tiempos de revueltas, tensión y persecución política. Ya en el siglo XX durante las décadas de los años 40 y 50 debido a la inestabilidad política colombiana se observa un mayor número de inmigrantes que ingresaban al Táchira por motivos de seguridad y se establecían con sus familias e incluso con amigos, contribuyendo al poblamiento del Táchira. Hoy día, esta situación se mantiene como consecuencia de la agudización y degradación del conflicto colombiano que obliga a miles de personas a huir de sus lugares de origen y traspasar la frontera venezolana como la única forma de resguardar sus vidas. Con la aparición y explotación del petróleo en Venezuela, concretamente en la década del 70 se produjo una inmigración abierta de colombianos hacia territorio venezolano para ocupar cargos a nivel técnico, técnicos medios, profesionales y obreros con tendencia a permanecer en las zonas petroleras y petroquímicas del país. Así se observa que en las décadas más recientes como las del 60 y 70´s, debido a las grandes oportunidades generadas por el boom petrolero venezolano, una proporción considerable de mano de 5

obra colombiana tanto calificada como no calificada, ingresó al país en la búsqueda de mejores posibilidades de ingreso, estableciéndose en las principales ciudades de Venezuela, utilizando para ello, las distintas vías de penetración y comunicación. Para 1990, más del 50% de extranjeros residentes en Venezuela procedían de Colombia y el otro 50% está representado por la suma de los extranjeros procedentes del resto de los países del mundo. De lo anterior se desprende que los migrantes colombianos han contribuido de manera significativa al desarrollo fronterizo venezolano y al mismo tiempo han dinamizado las relaciones sociales y culturales entre los dos países. III. EL ÁMBITO TÁCHIRA - NORTE DE SANTANDER. LA INTEGRACIÓN CULTURAL

LABORATORIO PARA

Este espacio fronterizo constituye históricamente un área de intercambio entre las poblaciones de ambos países, incluso antes de que estos tuvieran vida independiente. De hecho, en el período de conquista y colonia los territorios del estado Táchira y la provincia del Norte de Santander formaron una sola entidad política, hasta que fueron luego separadas por el Presidente de la Audiencia de Santafé. En 1777 la provincia de San Cristóbal se incluyó como parte de la Capitanía General de Venezuela, mientras que en 1857 la provincia de Santander (Cúcuta), quedó delimitada como una entidad departamental del Estado colombiano. A pesar de esta separación política, la región fue el centro de una actividad comercial que se iniciaba en el actual departamento colombiano de Santander y que culminaba en Maracaibo, desde cuyo puerto se enviaban las mercancías colombianas a los mercados internacionales. Esto fue particularmente durante el período de auge de la producción cafetalera a fines del siglo pasado e inicios del presente, lo que se manifestó en la creación y consolidación de fuertes vínculos comerciales y lazos familiares entre los habitantes de la región fronteriza. Además, entre las poblaciones de Táchira y el Norte de Santander se ha producido un flujo histórico de inmigración, que se extiende incluso al estado venezolano de Mérida, limítrofe con el Táchira, y de la parte colombiana se origina en el Departamento de Santander. Esto ha favorecido una especie de integración social que, a pesar de las percepciones nacionales dominantes, facilitan una relación fluida entre las poblaciones fronterizas. Así pues los habitantes de la región fronteriza, los tachirenses han aprendido a convivir con sus vecinos, los nortesantandereanos, estableciendo lazos de profunda amistad, que muchas veces cristalizaron a través de uniones familiares, hasta el punto de que muchas familias tachirenses son de ascendencia colombiana, y de igual manera, muchas familias del Norte de Santander son de origen venezolano. Estas vinculaciones históricas y las similitudes culturales han sido factores que han ayudado a fortalecer la integración colombo-venezolana. No pretendemos señalar que los valores culturales hayan sido la causa de los avances en la integración entre los dos países, pero si es una de ellas. La existencia de una frontera dinámica en la que a pesar de múltiples problemas conviven poblaciones que no se perciben como extrañas o ajenas y que construyen su cotidianidad más allá de los propios límites geográficos como expresión de un espacio de convergencias permite afirmar que el sentido de la integración pasa por reconocer que más allá de los simples acuerdos, de las barreras impuestas o de las luchas de control de mercados, existe un tejido humano, que desde tiempos ancestrales ha mantenido una relación dialógica perceptible en la historia y en los 6

sentimientos de unidad, hermandad, lenguaje, costumbres, tradiciones compartidas, visiones de la vida en fin, la presencia de una cosmovisión fronteriza. De tal manera, que a la par de la integración económica, existe otra integración cuyo referente tiene que ver con los valores culturales que da cuenta de la singularidad de la propia cultura pero también de la existencia de un patrimonio común cuyas raíces se encuentra en ese legado histórico al cual hemos hecho referencia. En consecuencia, podría afirmarse que la frontera colombo-venezolana y en particular la nortesantandereana-tachirense es un ejemplo de contribución cultural, ya que su paisajes, formas de vida vegetal, animal y humana, recursos económicos, creencias, contactos, interacciones e intercambios se conjugan para ejercer poderosas influencias sobre la identidad cultural, no sólo en relación a lo nacional, sino muy especialmente, en relación a los otros. La región fronteriza mencionada constituye una zona de enlace con una inmensa posibilidad para convertirse en el motor de la integración económica, administrativa y cultural colombo-venezolana. Esto debe apoyarse con iniciativas que, pensadas a partir de culturas específicas, de particularidades regionales, de la idea de administrar en conjunto conflictos e intereses, permita el fortalecimiento de las iniciativas de integración. Ahora bien, debido al particular desarrollo nacional incluso en las regiones de fronteras existen percepciones algo sesgadas del vecino, es decir, aun no ha sido posible acabar con concepciones chauvinistas, con sus consecuencias xenófobas, que dificultan la articulación de intereses comunes. Esto puede ser reducido mediante la implementación de programas de integración educativa que permitan divulgar la herencia cultural común de los países latinoamericanos. En este sentido, es innegable el papel que viene desempeñando el Convenio Andrés Bello para el fortalecimiento de los valores integracionista en el marco de una cultura de paz. En este particular, desde el Convenio, se han puesto en marcha diversos programas como el de “La enseñanza de la historia como estrategia de la integración”; “Así se enseña la historia para la integración y la cultura de la paz”. El CAB ve en la cultura la posibilidad de construir una nueva realidad más humana, tolerante y respetuosa para que los habitantes de la región puedan mejorar su calidad de vida, crecer como personas, crear, inventar y aportar lo mejor de cada cual a la sociedad a la que pertenecen (Convenio Andrés Bello, 1999). En este sentido, la frontera a la cual nos referimos en esta ponencia da cuenta de una serie de convergencias y entrecruzamientos que constituye un verdadero modelo de integración “popular” más allá del no reconocimiento oficial. Sin duda que un programa cultural y educativo de carácter binacional bien concebido como política de Estado para esta frontera mediante el posicionamiento de la acción cultural a través de la infraestructura, la educación y acciones específicas dirigidas a las comunidades permitiría una mejora sustancial de las condiciones de vida del hombre de frontera. Todo ello en el marco de los distintos convenios, acuerdos, actas de intención, existentes en esta materia. Esta visión de integración cultural permitiría superar esa historia que hasta ahora ha triunfado desde el punto de vista del nacionalismo, la ignorancia y en muchos casos, la violencia y la desinformación y que de una u otra manera, ha limitado la comprensión de las convergencias y los problemas comunes, por la adopción de la otra historia, la de los encuentros y solidaridades, la de las mixturas culturales y las uniones familiares que enriquecen la quehacer de nuestra frontera común. 7

CONCLUSION Creemos que más allá de la dimensión económica y política de la integración, existe una dimensión cultural que puede ser fortalecida mediante estos acuerdos de cooperación educativa y cultural. Esta es una dimensión algo olvidada en la historia de la integración latinoamericana que debería ser rescatada no sólo por su valor en si misma, sino porque también puede ser un medio para crear condiciones que impulsen de manera conjunta, coordinada y compartida el desarrollo económico, social y cultural de las fronteras, y por sobre todo eleve la calidad socioeconómica y ambiental de las mismas. Al cierre de estas ideas vale la pena rescatar las palabras del poeta colombiano Juan Gustavo Cobo Borda cuando escribe: “Los países como las personas prueban su valor y significación en contacto, contraste y analogía con los demás” (Correspondencia íntima entre Colombia y Venezuela 1997-1998-1999:72). BIBLIOGRAFÍA Acosta Saignes, Miguel (1967). Historia de Venezuela. Época Prehispánica. España, Editorial Mediterráneo. Acosta Saignes, Miguel (1946). Los Caribes de las Costas Venezolanas, México, Fondo de Cultura Económica. Barrera, Cristina (1989). Crisis y Frontera. Relaciones Fronterizas Binacionales de Colombia con Venezuela y Ecuador. Bogotá, Ediciones Uniandes. Briceño Monzillo, José (1982). Nuestras Fronteras con Colombia. Mérida-Venezuela. Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes. Acción Profesoral N° 1. Cardozo Galué, Germán (1998) Historia Zuliana. Economia, Política y Vida Intelectual en el siglo XIX. Maracaibo, Venezuela, Editorial de la Universidad del Zulia. Caicedo, Ely (1992). La Poesía en el Táchira. San Cristóbal-Venezuela Editorial Toituna. CONSEJERIA PRESIDENCIAL DE FRONTERAS (1998). Construyendo las Fronteras. Colombia, Presidencia de la República de Colombia. CONVENIO ANDRES BELLO (1999). Así se enseña la Historia para la Integración y la Cultura de la Paz. Santafé de Bogotá, Convenio Andrés Bello. COPAF, Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos Colombo-Venezolanos (1992) La Frontera Occidental Venezolana. Propuesta de Política. Caracas, COPAF. EMBAJADA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA-CENTRO VENEZOLANO DE CULTURA-CONVENIO ANDRES BELLO (2000). Correspondencia Intima entre Colombia y Venezuela 1997-1998-1999. Bogotá, Ediciones Arte Dos Gráfico. González Oropeza, Hermann y Ríos Manuel (1989). Venezuela. Caracas, Cuadernos Lagoven.

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Historia de las Fronteras de

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MEDELLÍN: FRONTERAS DE DISCRIMINACIÓN Y ESPACIOS DE GUERRA JAIME RUIZ RESTREPO

INTRODUCCIÓN Medellín es un escenario turbulento y complejo de configuración y reconfiguración espacial atípica e incesante como producto, no solo de la presencia de nuevos pobladores venidos del campo en un proceso que, de un lado, bien podría asimilarse de descomposición campesina –a la manera clásica, esto es, por desarrollo de fuerzas productivas y, de otro lado, de la manera muy propia a las economías latinoamericanas, por presencia de formas terratenientes de producción- y a los procesos de expropiación violenta por la presencia de los actores armados1, sino también de la fuerte migración vivida en la última década, más como una fuga desde los escenarios de guerra y como producto de la simple sospecha, por parte de los combatientes, de “vinculación” de poblaciones enteras2 con los adversarios armados en contienda. Agregaré además la movilidad intraurbana3 como producto de condiciones económicas y de seguridad física. Los límites entre conflicto urbano y violencia cada vez, en nuestro medio, son menos claros, las líneas son más tenues y paulatinamente transitan por los campos de la muerte. Como señalaremos a lo largo de este texto, existen tres factores que actúan como motores de la crisis y conflictividad en Medellín –y que se podrían hacer extensivos a casi todo el territorio nacional: la corrupción, el narcotráfico y el abandono estatal. Ellos actúan como un círculo vicioso, que se retroalimenta incesantemente. El telón de fondo en el cual se inscribe la violencia urbana es el de un modelo económico con profundas desigualdades sociales que conducen a la exclusión de grandes segmentos de la población. Aunque no deja de preocuparme el riesgo que se corre al enfatizar en las violencias que se vive en las comunas pobres de la ciudad pues ello es, sin duda, una parcialización ideológica. En esta ciudad, la paz es un proceso contra el cual atentan la crisis económica, el incumplimiento recurrente de las promesas de los políticos, la violencia delincuencial y la existencia de escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social. Ha sido corriente en los esquemas de interpretación de la crisis por la que atraviesa esta ciudad, que se asocie la violencia –la delincuencial, la insurgente y la difusa- a las situaciones de pobreza y de creciente desempleo que se vive en Medellín. Sin embargo, no dejando de reconocer el peso que estos factores en el clima de violencia, es imprescindible dejar por sentado que en este ensayo partimos de la hipótesis del origen multicausal de la(s) violencia(s), esto es, son muchos los hechos que han interactuado y que han modificado su peso en diferentes coyunturas, de hecho, la crisis y consecuentemente la violencia, las entendemos en función de factores tales como: •

La inequitativa distribución de la riqueza y, consecuentemente, niveles elevados de pobreza. 10

• • • • • • •

Por supuesto, la crisis de la producción industrial de la ciudad, con sus secuelas de desempleo, subempleo e informalidad. La inequidad en la distribución de los ingresos. Escaso reconocimiento de las instituciones gubernamentales (pérdida de legitimidad). Los relativamente elevados índices de corrupción. Las inequidades sociales y culturales que se reflejan en el desigual acceso a la educación (por cobertura y calidad), a la salud, al espacio público. Desarticulación de la sociedad civil. La ausencia de procesos participativos.

Ante este conjunto de factores que se constituyen en verdaderas ollas a presión sobre el Estado y la Municipalidad, se han producido respuestas muy puntuales y dispersas, afectando problemas específicos, pero nunca articulando un proyecto democrático y global, cimentado en consensos entre los diversos actores sociales comprometidos, es decir, en fundamentado en un real proyecto ciudadano. Gestionar la crisis urbana no es un problema de simple “buena voluntad”. Se requiere que la sociedad se dote de herramientas jurídicas, sociales y económicas –fortalecimiento de la justicia y de todo un sistema de derechos civiles y económicos y de garantías socialesapropiadas por los ciudadanos y convertidas sus referentes sociales. Puede afirmarse que la palabra seguridad se torna vacía si no se le asocia con progreso y desarrollo, pero estos no en términos de crecimiento material y físico, sino con el bienestar individual y colectivo. De allí que exista, de manera cada vez más creciente, la inquietud por la formulación de un PACTO SOCIAL DEMOCRÁTICO, la construcción de un proyecto participativo de ciudad. Es claro entonces que, para muchos la violencia se justifica en tanto que son las reacciones normales contra condiciones intolerables de vida y de trabajo. Para otros, se justifica por el valor estratégico y táctico de poner en evidencia la incapacidad y el abandono del Estado y de la sociedad en su conjunto sobre un grueso de pobladores. Resaltemos que esta última justificación es sobredimensionada particularmente por la población más joven –entre 14 y 25 años- de los barrios marginales de la ciudad, los mismos que se adscriben a la violencia en carácter de víctimas y de victimarios. Así se mezclan, combinan, se diferencian y se integran, apropiándose y segmentando la ciudad: migrantes campesinos, desplazados, jóvenes pandilleros, subversivos y paramilitares. “La violencia tiene múltiples expresiones que no excluyen, pero si sobrepasan, la dimensión política” decía la Comisión de Estudios sobre la Violencia (Sánchez, 1987:17)4 y destacaba que la denominada violencia difusa, aquella que proviene del vecino, del ladrón, de la riña callejera, la que se origina en el alcohol, etc., es la que produce más muertes en el país, muy por encima de las estadísticas derivadas del conflicto político “... los colombianos se matan más por razones de la calidad de sus vidas y de sus relaciones sociales que por lograr el acceso al control del Estado” (Ibìdem: 27).

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Sin embargo, desde mi perspectiva el conflicto armado sí es el más importante, teniendo en cuenta sus impactos sociales, los dispositivos de poder que pone en marcha, el arraigo social que implica y su participación creciente en el problema del narcotráfico. Ahora bien, y a riesgo de ser reiterativo, diré que una sociedad no es más enferma por el hecho de poseer muchos problemas y conflictos, sino por no ser incapaz de dotarse de los mecanismos para gestionar esos problemas. En este orden de ideas, cuando la autoridad –el Estado actuando a través de la municipalidad y los organismos de control- es incapaz de mediar en los conflictos de sus pobladores y de proveer un marco adecuado de seguridad para todos, pierde la legitimidad y se encuentra con que ese espacio no solo le es disputado sino copado por otros actores. Esta es la situación que vamos a encontrar en los barrios periféricos de la ciudad con las bandas delincuenciales armadas en un comienzo y luego con las autodefensas (paramilitares) y con las milicias ligadas a los grupos subversivos. Inmerso en este trabajo se puede percibir que existe un lugar común para todos los que estudian las violencias, es un espíritu o afán por las taxonomìas. No tengo interés en ser diferente y, por el contrario, considero que ello nos lleva a un ahorro de tiempo y de explicaciones. Parto de reconocer una violencia que puede llamarse civil, o como se le ha denominado recientemente, violencia difusa y que se refiere a aquella que rebasa la simple agresividad y que se afirma, bien en la negación de la diferencia social, como la que se ejerce contra prostitutas y homosexuales por ejemplo, bien en el mantenimiento de un rígido y arcaico orden, como es el caso de la violencia intrafamiliar, o bien, en la lucha por recursos escasos y la supervivencia, como la que ejerce el ladrón. Igualmente, existe una violencia que puedo llamar mafiosa, para referirme a la ejercida por grupos organizados ubicados por fuera de la legalidad y que son funcionales al ejercicio de un para-poder, como es el caso de las bandas sicariales. Y finalmente existe una violencia referida al Estado, como garante de consumos colectivos y como aparato de poder político, tal es el caso de los grupos subversivos y milicianos y en alguna medida –solo como caso especial- el paramilitarismo. De esta manera, es evidente que la violencia ha penetrado cada poro del tejido social, dejando su impronta grabada en la memoria de cada individuo de nuestra sociedad: Considero difícil que alguno de los habitantes de Medellín no tenga una historia violenta que contar: referida a un familiar, un vecino, un amigo o simplemente un compañero de trabajo. Esto implica, de suyo, que estamos ante un panorama sumamente complejo. Es tal el nivel de angustia de nuestros ciudadanos, que la reflexión que se hace en torno a la violencia exige que se planteen opciones “milagrosas”, que paren el calvario de muertes en la ciudad. Quizás ello explica que la estrategia recurrente de quienes han participado en los llamados procesos de paz, siempre se haya orientado a desmontar los aparatos de violencia, colocando en el imaginario colectivo que ese es el contenido de la paz: la negación de la guerra. Pero la paz es algo más compleja. Se hace imprescindible establecer algunos de los lineamientos teóricos que guiarán este documento. Cuando me refiero a fronteras no me estoy refiriendo simplemente a los 12

límites, pues estos sitúan solamente territorios, es decir, son unas líneas que determinan el punto final del alcance territorial y administrativo de un sistema y, por supuesto, suponen el inicio de otro territorio. Me refiero a que, además del espacio físico, el centro de reflexión lo ubico en el entramado de valores y relaciones que se establecen en él. Quiero pensar la ciudad desde una perspectiva más general, como el escenario que es, mirando la localización espacial o adscripción territorial de los diferentes grupos sociales. Esto significa que, al igual que la reconocida Escuela de Chicago del despuntar el siglo XX en USA, pero por supuesto reconociendo las diferencias con este enfoque ya que asumo una mirada histórica, quiero establecer el contenido de las relaciones de competición y colaboración, de concentración y segregación espacial, de relaciones de conflicto, que se producen en ese escenario urbano. La identidad es un artificio -no por ello menos real- una construcción cultural en la que entran en juego elecciones y preferencias que le dan sentido a la vida cotidiana, que está determinada por vínculos históricos que, por ejemplo, aferran el sujeto a un espacio y que se define a partir de las fronteras5. Las fronteras se constituyen en un orden para ser aprehendido por el ciudadano, por el poblador, que le indica lo que debe ser mirado y cómo mirarlo. Es apenas obvio que los violentos refuerzan este sentido de frontera. El territorio, de hecho, es primero algo físico, pero también es extensión mental, es algo vivido y marcado, reconocido en su simbología –con códigos de representación colectivaPor tanto, posee umbrales a partir de los cuales el sujeto ya no se reconoce. Armando Silva (1992) lo resumen en una frase: “caminos marcados, marcan a sus usuarios”. Lo importante, en consecuencia, para este ensayo son los tipos de relaciones que se establecen en los territorios, enfatizando en los efectos de frontera, en las relaciones o comportamientos –que corrientemente son de “choque”- resultantes de la coexistencia de sistemas que se conforman en ambas márgenes del límite. Parto de los actores sociales y de los problemas que les plantea la utilización del espacio, problemas que a su vez son indicadores de los problemas sociales más generales, pero que en la apropiación del espacio, definen unas marcas territoriales6 que se inscriben en la vida cotidiana, en la vida concreta, o en lo que la Escuela de Frankfurt denominó los mundos de la vida7 y que se expresan en los usos, costumbres, valores, giros idiomáticos. Aquí los individuos definen la “realidad”, lo que vale la pena, lo que está bien, quien es el amigo y el enemigo, etc. así surge la identidad, la pertenencia y simultáneamente surge su opuesto que es el desarraigo. Se reconocen los espacios, se definen las historias, así el territorio es un espacio vivido, donde los actores anclan sus recuerdos y vivencias. La identidad es una configuración significativa, está hecha de representaciones que dotan a los individuos de una experiencia y de una guía lógica que los orienta. Los lugares existen porque son dispositivos de memoria, se puede decir alguna cosa de ellos. Las fronteras, históricamente han sido espacios de confrontación, de afirmación de poderes, de reconocimiento de lo idéntico y de lo diferente, que se reafirma en el día a día. El barrio se constituye en los lugares de memoria, que evocan la identidad. Trataré de hacer una lectura diferencial de la ciudad, atendiendo a las particularidades de los habitantes –por condiciones socioeconómicas, generacionales y contextuales- así, 13

serán las vinculaciones sociales específicas las que darán vida a las formas espaciales. De hecho, se trata de leer las fracturas producidas en la identidad que provee el conjunto urbano y el espacio barrial y que se expresan en mecanismos violentos. Aquí los entornos barriales se convierten en refuerzos de estructuras motivacionales generadoras de nuevas identidades. Se marcan, se organizan significativamente los espacios para identificar “nuestro grupo”, hay pues una voluntad explicita de producir identidad, de homogeneidad cualitativa que, finalmente, fracciona la ciudad. De allí que otro concepto fundamental lo constituya el de Red Social, entendido como el sistema mediante el cual los individuos y grupos humanos establecen relaciones directas o mediadas, adjudican jerarquías a los integrantes de la red y establecen interacciones tendientes a producir y reproducir sus condiciones de vida. Cobra especial importancia, la apreciación de Larissa Lomnitz (2002:179-190) cuando pone en primer plano la reciprocidad como fundamento de las redes formadas en las poblaciones marginales o pobres. Las redes asociativas construidas alrededor de las reivindicaciones barriales siempre han planteado el problema del Poder Local. Anudado a este aspecto veremos en este escrito, las formas como los actores armados han afectado este ejercicio y organización comunitaria. En esta perspectiva, consideramos que el anverso del ejercicio de una ciudadanía plena – entendida esta como una cierta relación entre Estado y sociedad sobre la base de la integración social y política de la sociedad- es la exclusión social y política de grandes sectores sociales, proceso que es muy corriente en una sociedad como la de Medellín. Como respuestas a estas exclusiones, en los barrios periféricos que las sufren, los pobladores elaboran estrategias organizativas, tales como grupos de autodefensa, milicias8, e incluso, bandas y combos. Si se quiere, se podría decir, que se trataría de una “identidad social por diferenciación que tiene una base territorial”, que es su barrio. Por ello, el concepto de exclusión al que hago referencia aquí significa la no incorporación de una parte de pobladores a la comunidad social y política, lo que trae como consecuencia el que se les nieguen sus derechos esenciales de ciudadanos, esto es, su igual tratamiento ante la ley, el acceso a la riqueza, el respeto por su propiedad y por su vida, el libre disfrute de los servicios públicos y sociales, etc. El territorio es temporalizado y apropiado en manera personal y colectivamente, en forma simultánea, constituyéndose en un principio de racionalización –define los límites de “su ciudad”- que agrega y fragmenta. Por otra parte, no puedo desconocer el papel de la pobreza en la determinación de los niveles de violencia aunque, como anotaré más adelante, constituye un acto de discriminación el equiparar o asumir como términos equivalentes la violencia y la pobreza. He tomado el concepto cepalino de pobreza, cuando se refiere a que es un concepto histórico y multidimensional que abarca, de un lado, un síndrome situacional asociado a circunstancias de necesidades materiales como desnutrición, infraconsumo, bajos niveles educativos, inserción inestable en la producción o dentro de sectores atrasados de la misma, condiciones habitacionales y sanitarias precarias; y de otro lado, a necesidades también básicas aunque de naturaleza no material como autorrealización personal, libertad, derechos humanos y participación, para solo mencionar algunas. (CEPAL: 1985)

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Ya la sociología, lo mismo que la conflictología9 ha indicado que, entre las condiciones capaces de predisponer a un grupo o categoría social a la violencia colectiva, se encuentran: • • •

“Las condiciones estructurales, como las condiciones de vida; conviene incluir aquí las variables socioeconómicas y demográficas: subalimentación, superpoblación, existencia en la sociedad de subgrupos con grandes diferencias de las condiciones de vida; “la tensión estructural, como (...) la frustración continua de las esperanzas y aspiraciones sociales de este grupo, la inexistencia de estructuras que permitan la expresión colectiva de las insatisfacciones; “la ausencia relativa de controles sociales y las reducidas expectativas de sanciones sociales.” (Touzard, 1981: 71-72)

Por todo lo anterior, es que afirmo que tenemos que auscultar tres claves para entender el papel de la violencia en la ciudad de Medellín: La fuerza –insumo indispensable del control territorial- el riesgo –ligado a las exclusiones ya a la pobreza- y la diversidad –para comprender y aceptar al diferente. Medellín que es el caso que nos ocupa, se constituye en un típico caso de violencia social y política, entendida como aquella cuyas motivaciones emanan de conflictos económicos, territoriales y socioculturales –y podríamos agregar, de conflictos étnicos- Los actores son múltiples, venidos desde la esfera gubernamental y de agentes particulares, aquellos, actuando a través de los organismos de control y vigilancia, haciendo “limpieza social” y estos, actuando a través de bandas y milicias, estableciendo micropoderes sobre los territorios barriales. La denominada violencia por limpieza social que será practicada en Medellín por todos los grupos armados –de derecha e izquierda- esta fundamentada en una tarea de profilaxis social barrial –limpiar las “inmundicias humanas”: prostitutas, niños de la calle, homosexuales, delincuentes comunes, drogadictos, alcohólicos, vagos y marginadosconvirtiéndose, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los crímenes más execrables dadas las condiciones de absoluta indefensión de la víctima y que realmente, no constituyen de suyo un peligro social. Pero hay que ser cauto, al hablar de la violencia política, en la medida en que la lucha por el control del poder político del Estado se presenta difusa en el accionar de los actores que por definición son políticos: las milicias y los paramilitares, como veremos, no le disputan, en términos reales, este poder al Estado, pues de hecho, este ha dejado “vacíos”, esta ausente, no se “siente” en las zonas en donde aquellos imponen su poder, más bien podríamos decir que la estrategia es la de copar los espacios que el Estado no ha llenado. La debilidad institucional del Estado, es el que permite la aparición de estos actores y la fragmentación del poder. Pero igualmente es difícil entender, en lo militar propiamente, esa disputa, pues la constante que nos muestra ese control por los nuevos actores armados no se diferencia del que establecen las bandas delincuenciales: el boleteo, la intimidación, la extorsión y el secuestro se convierten las formas propias de lograr su subsistencia y de mostrar su poder. La intimidación, el terror y la eliminación física permiten los resultados del “dominio y control territorial”, generando de paso una gran descomposición del tejido social barrial. Lo paradójico de la situación es que el miedo actúa como un fuerte elemento de integración social. Las bandas, combos, milicianos, paramilitares desarrollan sus 15

estrategias de terror e intimidación y arropan bajo su protección a quienes se encuentran dentro de sus territorios: protección brindada, fidelidad exigida. Las representaciones sociales sobre la violencia y el conflicto urbano han llevado a que se exijan medidas de distintos órdenes: privilegiando las salidas represivas o las salidas preventivas. La discusión se plantea en torno a los enfoques que guían las prácticas de control social. Si el control lo entendemos desde un enfoque político, entonces el énfasis se orienta a someter al contrario o desviado, al que se resiste a la autoridad, a través del ejercicio coercitivo y represivo (autoridad, poder, represión y Estado serán las categorías interpretativas). Este enfoque, tan común en América Latina, a conducido a la progresiva judicialización de toda protesta social. Pero si el control social es entendido desde un enfoque sociológico, en donde el presunto desviado es entendido como quien no ha internalizado las conductas y actitudes normatizadas, los valores predominantes y no se identifica con la ley, es decir, sería un sujeto anómico producto de las condiciones de pobreza, su escaso nivel educativo y presumiblemente por su origen de emigrante rural. En este caso se impone un tratamiento no simplemente represivo, sino también preventivo (Integración, adaptación social y socialización serían en este caso las categorías interpretativas). Por supuesto y para terminar con este nivel introductorio, son muchas las preguntas que todos nos hacemos cuando iniciamos una reflexión sobre una ciudad como Medellín: ¿por qué Medellín, cuál es su peculiaridad? ¿Por qué tanto desangre? ¿Por qué, si la idea de los grupos insurgentes era la de la urbanización de la guerra, por qué comenzaron por aquí, en las calles de Medellín? ¿Por qué dicen que hay muchachos armados por todos lados, Quién los armó? ¿Por qué se estigmatiza a las comunas? ¿Por qué FARC, ELN y Auc crecen y se refuerzan en este territorio urbano? ¿Qué hacen las autoridades y la administración de la Ciudad? ¿Es Medellín un laboratorio de guerra? Coincido con la apreciación, también muy general, de que no existen respuestas satisfactorias y todo lo que se diga constituye solo aproximaciones e hipótesis. Incluso, contrario a lo que muchos afirman de que el termómetro del país pasa por esta ciudad, aún está por demostrar que Medellín sea una ciudad estratégica a nivel geopolítico10. Sin embargo, una vez se identifican las causas llamadas estructurales o crónicas de la violencia, quizás lo más particular de nuestra urbanización y que sería una causa coyuntural o dinámica, es ese proceso de incubación de la violencia que se produjo con la presencia del narcotráfico.

MEDELLÍN: EL PROCESO DE CONFIGURACIÒN SOCIOESPACIAL "Medellín, una ciudad dividida por un muro, ahora más real que imaginario, que separa y excluye a los que luchan por sobrevivirle al hambre o la violencia y los que pueden darse el lujo de vivir en unidades cerradas, todos los días más herméticas en seguridad y también negadas a sentir el dolor y oír los llamados de auxilio y solidaridad de estos otros que son tan antioqueños y medellinenses como nosotros". Testimonio de un habitante de la ciudad... (Patrialibre.org, 2002)

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Medellín actual es una ciudad sitiada por el accionar de bandas de delincuencia organizada, por grupos milicianos y por estructuras paramilitares y de autodefensa. Esto significa que las grandes dimensiones del conflicto urbano sean el terrorismo, el tráfico de armas y de narcóticos, el crimen selectivo y el contrabando, todas ellas amenazando constantemente la seguridad de los habitantes y, por ende, su calidad de vida, pero también poniendo en entredicho la seguridad del Estado mismo y cuestionando su legitimidad. Por supuesto existen otras manifestaciones de conflictividad urbana que, pese a afectar la convivencia social, no ponen en jaque al Estado y la Institucionalidad, como son los casos de la violencia intrafamiliar, las violaciones al código de tránsito, la violencia de género, etc. No sobra decir que todos los procesos de conflicto, violencia y cooperación negociada tienen como escenario a una ciudad que enfrenta una profunda crisis social, económica y político institucional. Para contextualizar estos procesos considero útil una caracterización, aunque muy breve, de lo que ha sido la configuración histórica y social de Medellín, sus transformaciones físicas y sociales más relevantes y que inciden en las formas de enfrentamiento social que se viven actualmente en la Ciudad. Es fácil definir el contexto dentro del cual se genera el desarrollo urbanístico y social de Medellín: es un proceso de expansión, dentro del corredor de una larga y estrecha franja – 54 por 13 Kilómetros – denominada el Valle de Aburrá y que se encuentra bañada por un río principal, el Medellín o Porce, el mismo que recibe aproximadamente una docena de afluentes de caudal medio, presentando un panorama de excelente dotación hidráulica. La ciudad, hasta mediados del siglo XX, crecía muy lentamente y su tendencia era de oriente a occidente. Como expresión del control ideológico cultural español aparecían las Iglesias, que estructuran a su alrededor los primeros servicios Vg. sirvieron de cementerio, y se distribuyeron a escala en la incipiente ciudad, nucleando los barrios que asumirán el nombre de la respectiva parroquia. El censo del 1930 arrojó una población de 130.000 habitantes en la ciudad y en 1938 la población ascendió a 168.300 creciendo a un ritmo anual del 3.5%. A partir de 1951, la situación comienza a manifestarse explosiva, pues ya la población se duplica llegando a 358.189 y creciendo a un ritmo del 5.88% para constituir el 22.81% de la población total departamental y con la peculiaridad de ser una fuente receptora de población campesina emigrante pues sólo 1 de cada 3 habitantes son nacidos en Medellín. Esto quiere decir, que si bien el proceso de crecimiento de la ciudad se inició esencialmente en los años 30, es en la década del 50 que se hace intensiva, coincidiendo con el período que se conoce en la historia de Colombia como la Violencia. En un proceso simultáneo, igualmente, en Medellín se concentró una parte muy importante del desarrollo industrial y por ello se le llamó la “la ciudad industrial” comercial y bancaria del país, sirviendo, por tanto, de asiento para una cantidad apreciable de oficinas, talleres, y centros internacionales, los que a su vez dinamizan el crecimiento urbano y actúan como factores de atracción para otras capitales y para la población emigrante. Según el primer censo industrial, hecho en 1945, Medellín poseía un total de 789 industrias y ocupaba 23.422 personas, de allí que no puede extrañar que esta ciudad fuera el lugar donde naciera y se asentara la Asociación Nacional de Industriales –ANDIdesde 1945. 17

Está dinámica industrial produjo necesariamente el crecimiento urbano en otras direcciones. Así en la década de 1920 se cruza el río por la calle San Juan y se enfatizan Belén y la América como embriones de la ciudad occidental; también surgen en la parte Noroccidental los barrios Villa Hermosa, Manrique Central, Campo Valdés, Pérez Triana (hoy San Pedro), Belén, Palermo, y hacia fines de la década se formaron Santa Cruz, Germanía (hoy La Frontera), La Francia, Villa Guadalupe, Moscú, La Rosa, Carambolas, (hoy San José la Cima), San Antonio, Villa Tina, Betania, Sofía, Apolo, la Iguana, La Soledad, y Castilla. Ese crecimiento, duplicándose en 10 años, muestra no sólo el enganche urbano sino también la presión poblacional. Igualmente, contribuye a consolidar lo anterior el proceso de crecimiento del área construida pues entre 1908 y 1938 fue del 281.5%. Conviene señalar que en 1938, el Concejo Municipal de Medellín dictó un acuerdo que suprimió los corregimientos de Belén, la América, Guayabal, Robledo y Berlín en la franja occidental del río – hoy comuna noroccidental- y los convierte en barrios urbanos, lo cual también es indicativo del crecimiento que vivió la ciudad. Es necesario mencionar un proceso que ya asomaba: La invasión de terrenos, que de paso denotó la gran vulnerabilidad y exclusión sociales y se constituyó en un factor estructurante en la configuración de la ciudad y de sus barrios: La presión poblacional sobre la ciudad, producto de la migración campesina, se incrementó fuertemente luego de la década del 50´s. El censo de 1964, indicó una población de 772.887 habitantes, constituyéndose en el 31.19% de la población total departamental y con una tasa de crecimiento geométrico 1951/64 de 6.9% -muy superior a la del Departamento que era de 3.7%- que coloca en el centro de la problemática la migración campesina a la ciudad. Esto se manifestó en un peculiar modelo de urbanización que yo denominaría “tugurización11 de la ciudad”, para referirnos a urbanizaciones no controladas, nacidas casi siempre de invasión de terrenos, constituidas en la estrategia asumida por los sectores pauperizados al no poder acceder al mercado público y privado de la tierra urbana. Estas urbanizaciones se articularon horizontalmente –por un crecimiento ilegal y desordenado de la malla urbana- y de manera no orgánica, sino “disfuncional” como fuentes de patologías y rebeldía, con el resto de la ciudad. Las décadas de los años 50´s y 60´s en Medellín son las típicas de la migración y ocupación territorial periféricas. Se consolidan las comunas Nororiental y Centro-oriental con la aparición de barrios como San José La Cima, La Frontera, La Francia, Manrique Oriental, Santa Cruz12, Santo Domingo Sabio, Popular I y II, Moscú, La Isla, Villa Guadalupe, María Cano, Carambolas, La Avanzada, Carpinelo, Villa Lillian, Villa Turbay, Villa Tina, El Vergel, Isaac Gaviria, El Edén, Llanaditas y Versalles13. La época se encuentra marcada por dos tendencias: la invasión de terrenos de propiedad privada y pública –que es dominante en la zona Nororiental de la ciudad- y la urbanización pirata, que construye por fuera de las normas planificadoras –que es dominante en la zona Noroccidental. Se comienzan a construir los instantes claves de la segregación socioespacial: La precariedad de los asentamientos mismos, en terrenos de alto riesgo y con el manejo inadecuado de aguas, desechos y suelos, unido al hacinamiento propio del déficit 18

habitacional que aparece acompañado de factores como la desnutrición infantil y la insalubridad; son las características de los nuevos barrios. Pero también la segregación económica se perfila en estos nuevos barrios: la baja cobertura del empleo industrial urbano impide el acceso a muchos pobladores migrantes que tiene que recurrir a subsistir basados en la informalidad. Aspecto este que acompañará, como fruto del cambio de usos, la pérdida de significación y el deterioro del centro histórico Los conflictos y tensiones de semejantes procesos, interpretados como “caos, desorden y violación de la ley” condujeron al uso de la fuerza y al refuerzo de la exclusión. Se produce así, como lo señala Touzard (1981:67) en el plano de la percepción, un efecto discriminante, independientemente de todo conflicto entre los grupos. Ya para el año de 1973, la población de la ciudad había ascendido a 1.151.762 habitantes que equivalían al 39% de la población departamental y su tasa de crecimiento, aunque descendía comparada con el decenio anterior, seguía siendo elevada, llegando al 4.6% entre 1964 /1979, mientras la del Departamento era de solo el 2.5%. También en las décadas de los años 50´s y 60´s se formaron los barrios piratas de Belalcázar, San Martín, Kennedy y El Diamante en la comuna Noroccidental y en la década de los 80´s esta comuna, vio nacer los barrios de invasión de El Picacho, Picachito, El Progreso, Efe Gómez, San Nicolás y París entre otros. Sin desconocer que las carencias, la forma de utilizar el espacio y el habitar un entorno, se constituyen en un primer momento en factores de unidad solidaria, es preciso indicar que al proceder de diferentes sitios, difícilmente podría darse una verdadera integración social en estos sectores populares y, por el contrario, las relaciones de desconocimiento, de prevención y de desconfianza se tornaron, paulatinamente, en dominantes. “Informalidad, ilegalidad y pobreza unidos a una precaria gestión urbana, constituyen la urdimbre sobre la cual se van profundizando las rupturas y las fracturas del tejido social, creando situaciones favorables al uso de la fuerza y la violencia para resolver los problemas de la convivencia colectiva” (Alcaldía de Medellín, 1994:11)

El maremagno de migrantes dio lugar a la formación de una ciudad dentro de la ciudad, pero no dentro del espíritu de los planificadores –que soñaban en una construcción de ciudad funcional, a la manera de los “diseños” de Le Corbusier, en donde se reducían los recorridos y los tiempos desde los lugares del alojamiento hasta los del trabajo- sino una ciudad ilegal construida por fuera del perímetro urbano definido por la Administración y que, por tanto, además de violentar en muchos casos el fundamento jurídico de la propiedad privada, tampoco se sometía a los requerimientos institucionales de construcción definidos en las oficinas de Planeación. Para complejizar más el panorama, tenemos que insistir en que sí el control judicial es débil y corrupto, las demandas por derechos se comienzan a alejar del escenario de lo público y estatal y comienzan a transitar por la gestión desde las formas privadas.

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Adicionalmente, la articulación de los pobladores de esta nueva ciudad con la economía urbana, se hacía desde la informalidad y de lo que los sociólogos denominaban patologías sociales14. Se enfrentan y colocan una a otra, lo que algún autor denominó: la ciudad de vidrio y luz, frente a la ciudad de cartón y lata. Los espacios verdes y florecidos de las montañas circundantes –a Medellín se le conoce también como “la ciudad de las flores”y como “la ciudad de la eterna primavera”- de pronto se vieron teñidos con ladrillos, hojas de zinc y tablones de todos los colores con los que los nuevos habitantes pintaron sus remedos de ranchos campesinos. Las montañas se perdieron entre construcciones con desechos. CRECIMIENTO HISTÓRICO DE MEDELLÍN Estos pobladores tejieron redes solidarias. Primero, para la defensa y posesión de los terrenos, constituida en una tarea ya no individual sino colectiva, para lo cual se organizaron y lucharon contra casatenientes y policías. Luego, para la autoconstrucción de la vivienda, que se hizo en muchos casos con el apoyo de los vecinos llegados antes. Y finalmente, la necesidad convocó la ayuda mutua y la coordinación, a través de mingas, para proveer los servicios básicos –vías, alcantarillado, agua, luz- que la municipalidad no otorgaba a los ilegales. En este primer momento de construcción de redes sociales, de consolidación del tejido social en la periferia de Medellín, la Iglesia jugó un papel importante. Emergió con fuerza la figura de Cura Cívico15, el cura ya no ligado a lo sacro sino a lo cívico. Era él el que lideraba los convites para la construcción de las obras de servicios colectivos, el que luchaba por la consecución de apoyos con las organizaciones privadas y la Administración Municipal misma, era el que defendía el barrio, el que recaudaba los exiguos fondos, el que proveía mercados a los más necesitados, el que convocaba a las asambleas de padres y conformaba los grupos juveniles y artísticos, etc. Podría incluso pensarse que la vitalidad de esta “nueva ciudad” era mayor que la de la “ciudad tradicional y formal”. Pero los fuertes y rígidos dispositivos de discriminación y de exclusión corroyeron hasta destruir totalmente el tejido social de todo el conjunto urbano. Ya las instituciones simbólicas y socializadoras, las personas representativas, los valores, lo mismo que los espacios públicos, adquirieron significados distintos para los habitantes de estas dos ciudades que se superponen. Las condiciones de estos barrios, sobre todo en los barrios piratas, se superan en buena medida por el trabajo solidario comunitario y por los nexos clientelistas que establecen los directorios políticos tradicionales con los pobladores marginales y que obligan a la administración municipal16 a realizar allí algunas obras de infraestructura –construcción de vías de acceso, dotación de servicios públicos y de equipamiento urbano como establecimientos educativos, de salud y recreación- También aparecieron instituciones caritativas que actuaron como paliativos de esas condiciones de abandono, tales como “Caritas” –ligada a la Iglesia Católica- y “Futuro para la Niñez”. En los barrios de invasión y piratas se produjo, y se sigue produciendo, un constreñimiento de la forma espacial afectando las posibilidades de configuración del espacio público y la calidad de vida barrial, así por ejemplo, la disposición de las calles 20

son irregulares y estrechas y hay una peatonalización de los senderos barriales. Estas restricciones son el resultado de la presión del uso para vivienda. La estrechez de la calle, o su ausencia absoluta, conlleva a eventuales situaciones de conflicto interno, como tensión entre la apropiación pública para desarrollar actividades para las cuales no han sido diseñadas –deporte por ejemplo, o juegos infantiles- y un sentido de lo privado como el acceso a las viviendas. Los propietarios pueden sentir afectado su sentido de propiedad y recurre a la violencia y amenaza de la fuerza para subsanar ese “abuso”. Ahora bien, en 1980, y sirviéndonos como prefiguración de la problemática actual, se hizo una encuesta de opinión en Medellín (Centro de Estudios de Opinión) que mostraba que los principales problemas de la ciudad eran en su orden: el desempleo (25.6% de las opiniones), la inseguridad (18%), la falta de vivienda (14.5%), el transporte (13%) y por supuesto apareció el rechazó al deterioro ecológico general, la contaminación del río, la destrucción de áreas verdes, la falta de aseo en la ciudad, las deficiencias en salud, educación, vivienda y otros servicios, la congestión vial, la escasa vida cultural y la violencia. Esta situación, era padecida de manera dramática por los pobladores de las comunas nororiental y noroccidental de la ciudad, las mismas que como veremos más adelante serán caldo de cultivo para el accionar de los diferentes actores violentos. Puede afirmarse, sin temor a equívocos, que estas comunidades periféricas se consolidaron pese al abandono estatal, la represión indiscriminada, la descoordinación institucional –salud, educación, ICBF- y las promesas incumplidas por los políticos y administradores de turno. Y fue construyéndose en el plano de las percepciones de estos habitantes, un efecto discriminante: se sintieron enajenados del derecho elemental al disfrute de la ciudad por parte de los que ellos denominaron los ricos. Y, simultáneamente y en contraposición, barrios como El poblado y Laureles comenzaron a ser centros de atracción para personas adineradas, que estaban dispuestas a pagar propiedades a cualquier precio. Estos barrios se fueron llenando de bloques de viviendas acordonadas o unidades residenciales cerradas -que sirven de protección frente a los “otros”- y custodiadas por los servicios de seguridad privados. En los diseños de estas viviendas predomina lo que Armando Silva (1992:75) denominó el “sentido de castillo”, para referirse a la adopción del modelo de las fortificaciones militares. El mundo de sus moradores se redujo a no más de dos ó tres cuadras a la redonda en donde piensan que se pueden mover seguros. La aparición de estas urbanizaciones y conjuntos residenciales cerrados se constituye un fenómeno urbano que va de la mano de la presencia de aquel otro mundo marginal, de ese proceso de polarización social que vive el conjunto de la ciudad y que, cada vez, es más evidente. Estos conjuntos cerrados se proveen, no solo de vigilancia privada las 24 horas del día, sino que además adoptan una serie de dispositivos de seguridad que bloquean el paso y el libre acceso a quienes no son residentes, en una suerte de privatización de todo aquello que antaño fue espacio público. Martín Hopenhayn (2002) dice que esta situación ya se ha convertido en un fenómeno común para América Latina y la describe en los siguientes términos: “En primer lugar el fantasma de la violencia está asociado a los cambios en estilos de vida que se dan en la metrópolis por efecto de la expansión de la violencia. Así por ejemplo, el

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sentimiento difundido de inseguridad lleva a que las personas restrinjan su circulación en espacios públicos, eviten salir de noche o visitar ciertos barrios se recluyan puertas adentro y busquen el esparcimiento en espacios privados. Se reduce así la interacción con otros de diferente origen social y se desalienta la sociabilidad espontánea que surge de los encuentros en lugares públicos. Los grupos y clases sociales se aíslan de sus propios pares y se generaliza un sentimiento de sospecha hacia los demás o los distintos. ... Todo esto va también acompañado de la sensación de inseguridad frente a los pobres e indigentes, sobre todo varones jóvenes, percibidos por el resto de la sociedad y por la policía como potenciales delincuentes. “La violencia irradia así un cambio en diseño, vida cotidiana, percepción del otro y valoración de la seguridad. Por lo mismo, su presencia-ausencia circula por aquellos espacios que han debido reconstruirse asépticamente para conjurar la amenaza del otro. Condominios, malls, puertas reforzadas y segregación de la ciudad concurren en esta estética epidemiológica que privilegia la seguridad por sobre el contacto, el desborde y el placer cosmopolita de la errancia en la gran ciudad. ... “... el fantasma de la violencia opera generalizando la segregación y estigmatización social. El joven, varón y de bajos ingresos encarna la posibilidad de una agresión o un robo. Padece el contagio de un fenómeno en el que está pasivamente involucrado por coincidencias socioeconómicas, etarias y de género. .. Si transgrede las fronteras invisibles del territorio de pertenencia, podrá ser requerido por la policía, impedido de ingresar en locales comerciales, o cuando menos electrizado por miradas que lo desnudan para ver tras su facha un cuerpo al acecho de una víctima -¿pero quién es aquí la víctima?- ...

“(resaltados fuera de texto) Para los habitantes de estos barrios, los “pobres” que habitan aquellos barrios periféricos, son percibidos como factores desestabilizantes de la vida urbana, en la medida en que se les valora como amenaza, como los informales que afean la ciudad y amenaza el trabajo digno, los ladrones que atentan contra todo tránsito seguro, los criminales, o en pocas palabras la cuna de los delincuentes. El robo, el asesinato, el secuestro, la extorsión y los maltratos han llenado las páginas de la prensa de los últimos treinta años, convalidando el sentimiento de temor que todos los habitantes sienten. La violencia y el temor a ser víctima de ella conducen a una forma de paranoia, se generalizan ideas tales como que “por un par de tenis de marca o importados te pueden matar”, “no debes salir de noche”, “no debes usar esas joyas, pues te arrancan los dedos por robártelas”, “conduce tu vehículo con los vidrios completamente cerrados”, “ojo, con los que manejan motos”, etc, etc. La consecuencia irremediable es que estos pobladores de los reconocidos como barrios ricos, han vivido y viven de espaldas a aquella realidad brutal, segregadora y excluyente, aunque los atracos, los secuestros, las extorsiones y las muertes que algunas veces los golpean, les hace reflexionar un poco y demandar presencia estatal en aquellos sitios “olvidados”. Medellín así se presenta como una ciudad de grandes contrastes: con infraestructura escolar pero con niños que no pueden salir de sus viviendas para asistir a las escuelas porque los violentos los aprisionan, con un buen centro histórico que nada dice ni simbólica ni históricamente a los habitantes sin distinción de grupo económico, pero en manos de la informalidad, con excelentes servicios públicos pero cuyos precios son inaccesibles para muchos pobladores. Con entornos que no pertenece a los habitantes que se tienen que encerrar en sus viviendas y clubes, una ciudad en donde la noche no se puede disfrutar sin correr grandes riesgos, una ciudad con buenos servicios de salud pero costosos, etc. 22

La ocurrencia diaria y cotidiana de los hechos violentos, de los homicidios, de los atracos callejeros, de los secuestros, de las extorsiones, han llevado a la consideración de esta como una ciudad enferma, en donde la violencia es epidemia. De hecho, la Universidad de Antioquia a través de la Escuela Nacional de Salud Pública, tiene un grupo de investigación que desarrolla el tema de “estudios epidemiológicos de la violencia”. Y es que Medellín vive un muy particular proceso de entrecruzamiento de los problemas de orden público con los de la inseguridad ciudadana. Privatizar los espacios, pagar las vacunas, portar armas, tomar precauciones constantes y contratar seguridad privada – bajo la forma de vigilantes profesionales, milicianos- es lo corriente en esta ciudad, sitiada por el miedo. Esta es una vivencia que no es exclusiva de los sectores de los altos ingresos, sino de todos los habitantes, como se verá a lo largo de este documento. Con énfasis a partir de la década de los años 80 los asuntos del orden público se fusionan al conflicto interno y ello se expresa en la presencia cada vez más clara de actores armados ilegales –como guerrillas y paramilitares, con sus vínculos estratégicos, que reseñamos más adelante, con el crimen organizado urbano- que sobredeterminan los conflictos urbanos y el tratamiento del orden público. Desde el Estado y la administración pública y privada se construye una noción de enemigo interno identificado con la ideología marxista en cabeza de los grupos sindicales, estudiantiles y milicianos, noción que condujo a la declaratoria, solo suspendida por la Constitución del 91, de estados de excepción y al tratamiento represivo y de progresiva “judicialización” de todas las formas de protesta social. Privilegiar la represión sobre la prevención en el tratamiento de la violencia y de la delincuencia urbana, implica no cuestionarse sobre ¿Cuáles son las condiciones sociales, económicas e incluso políticas que amenazan el ejercicio pleno de la ciudadanía, entendida como construcción y disfrute democrático, vale decir, seguridad, calidad de vida y superación de las inequidades, ambiente y entorno sano, convivencia? Según información del PEVAL (Programa de Estudios de vivienda) en 1984, en la ciudad existían 50 barrios de invasión regados en 5 de las 6 comunas de entonces. La comuna 5 -El Poblado- si bien carecía de este tipo de asentamiento, también poseía otros de tipo popular, cuya tendencia era derivada de formas de construcción precapitalistas producidas en las fincas de la zona, en donde predominaban los agregados y los apareceros (CEHAP Y PEVAL, 1984: 28). El censo de 1985, arrojó una población urbana de 1.473.351 habitantes, de los cuales, el 40 % se ubicaba en las zonas periféricas. Y es a partir de 1993, que se comienza a reconocer a estos habitantes de las zonas periféricas como habitantes de la ciudad, al aprobar el Concejo Municipal el nuevo perímetro urbano. A partir de 1995, en nuestra ciudad, el fenómeno del desplazamiento empieza a ser reconocido, con el impacto negativo que él genera sobre la estructura de servicios sociales y colectivos, con la proliferación de la mendicidad y con el incremento de la informalidad. Estos desplazados engrosan el espectro de los pobres absolutos urbanos, colocándose por debajo de las líneas de pobreza, con prácticamente todas sus necesidades básicas insatisfechas. Van expandiendo los límites de la ciudad y reforzando la “otra ciudad”, la periférica.

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“Los conflictos y tensiones propios de estas transiciones no fueron percibidos como lo que eran sino que se interpretaron como desorden o como caos lo que llevó al uso de la fuerza y la exclusión para controlar justas demandas sociales y políticas provenientes ante todo de la ciudad informal y también al reforzamiento de criterios y mentalidades premodernas en la dirigencia, lo que les impidió asumir con mayor solvencia y eficacia los retos de la modernización urbana.” (Alcaldía de Medellín, 1994:10)

Lo grave es que a la interminable historia de carencias que viven estos pobladores, se le agrega la fragmentación social generada por el accionar de los grupos de violencia. “Así se conformaron las bandas y combos que se dividieron la ciudad y marcaron las fronteras invisibles e inviolables, so pena de encontrar la muerte con sólo avanzar unos metros. “El fuego cruzado combinó balas de la guerrilla, de las milicias, de los grupos de autodefensa y balas oficiales que encontraron víctimas igual en la calle que a la salida del colegio.” (Zuluaga, 2002).

Así se van construyendo, lenta pero inexorablemente, en medio de las inequidades del modelo de desarrollo, de la forma de urbanización y de la exclusión política y cultural, las fronteras de la ciudad. Y la forma que fue asumiendo, en el tiempo y en el espacio citadino, la elaboración de los conflictos aquí subyacentes, fue la de la vía violenta17. Pero la explosión urbana que vivió Medellín hasta la década del 70 –a partir de entonces el ritmo de crecimiento poblacional decae- no estuvo acompañado de un proceso expansivo industrial y muy por el contrario, esta industria entró en crisis recesiva de la cual aún no sale: La estructura productiva y empresarial de la ciudad, orientada a la producción de bienes de consumo y caracterizada por la alta intensidad en la utilización de mano de obra, se resintió, reduciéndose las tasas de ocupación y afectando los ingresos laborales familiares. Los fuertes niveles de desempleo cuyo impacto afectó con mayor fuerza a la juventud, hasta el punto que la ciudad, “... El elevado desempleo juvenil, en particular, ha sido tomado como el más grave problema de la ciudad y una de las principales causas de la descomposición del tejido social.” (Revista Coyuntura Social, 1991:17).

Y como consecuencia de la crisis industrial, se anotaba que el peso mayor de las industrias hacía que el mercado laboral fuera más vulnerable a los cambios de corto plazo de la demanda interna y externa, de tal manera que; “... ya, en 1984, presentaba la distribución más inequitativa del país urbano. Más que la pobreza, pues, sería esta inequitativa distribución de los ingresos la que estaría a la base del problema actual. ... La economía ilegal encuentra allí terreno abonado y fortalece la marginalización de proporciones importantes de jóvenes de Medellín” (Ibìdem: 8).

Muy someramente, pues espero poder desarrollar este aspecto a lo largo del texto, puedo indicar que el impacto del conflicto urbano se expresa en el sentimiento, o “fantasma” como lo llamo Hopenhayn, de la inseguridad; el desabastecimiento de víveres y otros productos en muchos barrios de la ciudad, que se presentan con restricciones de circulación impuestas por parte de los grupos armados; la desescolarización masiva de jóvenes y niños, por efecto de los enfrentamientos armados cotidianos; los problemas de salud pública generados a partir de las dificultades para la recolección municipal de basuras y el acceso a los servicios y centros médicos y de salud; y finalmente, con una

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connotación muy clara, el desplazamiento intra-urbano con las consecuencias sobre el arraigo y la sociabilidad.

LAS COMUNAS DE MEDELLÍN: CONSTRUCCIÓN DE LAS FRONTERAS INVISIBLES “Los territorios, siempre diversos, en donde se dibujan geografías del conflicto y del delito”. (Useche, Oscar: 1999)

Es claro que la distribución del territorio ha hecho referencia a un ejercicio estatal, a un producto de la acción administrativa y jurídica que organiza y segrega el espacio. No ha sido comprendido como el espacio de la recordación de los sujetos que lo habitan, y menos, el espacio de la identidad, pues estos son productos de construcciones colectivas de memoria. La descripción de los territorios en donde se localiza la acción de los actores sociales no es suficiente para comprender la dinámica violenta urbana y sus lógicas organizativas. Pero no por ello podemos soslayar dicha ubicación territorial. Como ya reseñé, Medellín ha sido el producto histórico de los procesos migratorios de las décadas del 50 y 60’s principalmente, en un modelo de urbanización que no vacilé en denominar de “tugurización de la ciudad” en la medida en que los migrantes hicieron crecer la malla urbana de manera irregular y en forma de un tejido trunco y desarticulado, hacia el nororiente y el noroccidente. Estos nuevos barrios tuguriales tuvieron, y han tenido, una larga historia de enfrentamientos con el Estado a fin de obtener los servicios y la legalización de los predios que llegaron a ocupar. Ello puede explicar los débiles lazos solidarios y de integración social con el conjunto urbano, aunque cada uno de los barrios posee su organicidad y memoria histórica18. Finalmente, las ayudas a la autoconstrucción y la generación de servicios del Estado, en alguna medida incorporaron los tugurios a la vida urbana de Medellín, aunque no se perdió ese sentimiento de ilegitimidad de y frente al Estado. Las redes solidarias se construyeron en estos barrios a partir de compartir unas mismas condiciones de exclusión y, paradójicamente, ello les permitió construir sentidos de identidad: El sentido de comunidad barrial ha tenido más prevalencia que el de Ciudad, acentuando la disgregación urbana y la estratificación social. El funcionamiento de las organizaciones comunitarias surgidas de este contexto, tales como las Juntas de Acción Comunal y las Juntas cívicas entre otras, se organizó alrededor de acciones muy puntuales, dispersas y discontinuas, lo que limitó su presencia comunal. Adicionalmente, es importante destacar que estuvieron ligadas, desde sus comienzos, a los políticos locales, desarrollando una concepción clientelista y paternalista con relación al Estado. Esto es, aquellas organizaciones se dedicaron a labores de intermediación ante instancias del poder estatal –funcionarios y concejales, como contactos privilegiados- para obtener recursos, y a su vez, los directorios políticos quienes actuaban buscando garantizar sus caudales electorales barriales. Pero tenemos que precisar que las pobrezas de Medellín, pese a la presencia de los barrios periféricos, con sus evidentes problemas, no se encuentran asociadas a la calidad de la infraestructura –que es indudablemente una de las mejores de Colombia y de 25

América Latina- y tampoco a los servicios urbanos, sino que está en relación directa con los bajos ingresos familiares. Aunque la intervención estatal en estos barrios pobres es selectiva, definitivamente provee el equipamiento urbano básico pues, a través de ello, teje consensos y logra la estabilidad institucional. De todas maneras, las relaciones de vecindad y la ayuda mutua jugaron un papel fundacional en los barrios populares. Las Juntas de Acción Comunal, canalizaron inicialmente las demandas por equipamiento físico colectivo, pero como relacionamos más adelante, ya hacia fines de los años 70, su accionar por razones diversas les hizo caer en desprestigio. Aparecieron dos sectores, interpelando a la organización comunitaria, en primer lugar, la Iglesia católica pero no en su función evangelizadora y clerical sino en función de lo cívico. Iglesias y curas fueron claves en la consolidación barrial y defensa del espacio. En segundo lugar, desde una ideología de izquierda, diversos grupos políticos trataron de comprometer a los habitantes de los barrios populares en las luchas de los movimientos sociales urbanos y, a la vez, de constituir el respaldo logístico de los grupos subversivos de orden nacional. Medellín, con una población actual cercana a 2.000.000 habitantes, se dividió, administrativamente, en área urbana y área rural y éstas conformadas por 249 barrios19 divididos en 6 zonas20 y 16 comunas21, además de 5 corregimientos con sus respectivas veredas22. El área Urbana comprendió las siguientes comunas: La zona 1 ó Nororiental, compuesta por 4 comunas: (1) Popular, (2) Santa Cruz, (3) Manrique y (4) Aranjuez. Casi en su totalidad conformada por barrios piratas –hoy ya normalizados- y de invasión. Posee un total de 26 barrios, ubicados en los estratos socioeconómicos bajo y medio-bajo, aunque por supuesto, al poseer algunos barrios de invasión, allí se asientan predominantemente la población más pauperizada de la ciudad. En la comuna 4 ó Aranjuez se ubican los pobladores más pudientes (estrato medio bajo), pero curiosamente ella ha sido el epicentro reconocido por las bandas sicariales y de traquetos. La Nororiental es la zona más densamente poblada, albergando a cerca de una cuarta parte de la población urbana total. Su población está vinculada esencialmente a la economía informal y casi cerca de la mitad de pobladores son personas menores de 30 años. La zona 2 ó Noroccidental, dividida en 3 comunas: (5) Castilla, (6) Doce de Octubre y (7) Robledo. Esta zona fue seleccionada desde los años 60´s por los migrantes campesinos, lo que llevó a que allí rápidamente se organizara la intervención estatal desarrollando programas de construcción y financiamiento de vivienda popular, a través del Instituto del Crédito Territorial (ICT). Tiene 73 barrios en los cuales predominan los empleados, obreros, pequeños comerciantes y, en menor medida, los trabajadores informales –estos últimos se ubicaron esencialmente en la comuna 6 ó Doce de Octubre. De tal manera que es dominante el estrato medio-bajo, y en menor medida, el estrato bajo. La zona 3 ó Centro-oriental, comprende 3 comunas: (8) Villa Hermosa, (9) Buenos Aires y (10) La Candelaria, que albergan 66 barrios. Es una zona de barrios muy tradicionales, aunque, luego de los años 70´s surgieron barrios de invasión y piratas. La mitad de sus pobladores se ubican en el estrato medio-bajo y una cuarta parte en el estrato bajo. También ha sido fuente de atracción, por su ubicación hacia las 26

montañas del oriente antioqueño, de flujos de desplazados y de migrantes campesinos, ocurridos desde las décadas de los años 70´s y 80´s, lo que indica que también posee pobladores del estrato bajo-bajo. Durante el último quinquenio del siglo XX, esta zona generaba cerca del 30 % de las muertes violentas de la ciudad, es decir 1 de cada 3 muertes violentas23. La zona 4 ó Centro-occidental, Contiene 3 comunas: (11) Laureles, (12) La América y (13) San Javier. Comprende 55 barrios. Allí predomina el estrato socioeconómico medio (40.2% de los pobladores según informe de Planeación Metropolitana) y en menor escala el estrato medio-alto (27%). Su ubicación más hacia al Occidente y en relación con los megaproyectos regionales como el Túnel de Occidente, hace que sus barrios se hayan constituido en asiento de la mayor masa de desplazados24 y de migrantes campesinos del departamento, generando una situación conflictiva y de demandas sociales y económicas que se desbordaron al despuntar el año 2002, sobre todo en la comuna 13. La zona 5 ó Suroriental, compuesta por 1 comuna, la (14) de El Poblado, asiento de los sectores más ricos de la ciudad, de los estratos medio-alto y alto, distribuidos en 20 barrios. Además es la zona menos poblada de la ciudad. Y la zona 6 ó Suroccidental que comprende 2 comunas: (15) Guayabal y (16) Belén. Comprende 9 barrios ubicados predominantemente en los estratos medio-bajo y medio. Y el área rural constituida por los corregimientos de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena. Comprenden un total de 5 veredas. Rápidamente el crecimiento urbano terminó por envolver y conurbar las zonas semiurbanas, las que quedaron integradas física y socialmente a la ciudad. Para el habitante corriente de la ciudad, los conceptos de “zona y de comuna” son muy difusos y si se quiere esotéricos, se constituyen en divisiones administrativas que la comunidad no maneja, en tanto que la noción de barrio se convierte en concepto duro en las zonas de pobladores de ingresos medios y bajos –en los barrios de pobladores de altos ingresos, adquiere más vigencia, más corporeidad, la idea de urbanización que la del barrio mismo. Es fácil comprender la situación explosiva en algunas zonas, pues podría afirmar que las condiciones estructurales de la ciudad, de desempleo y carencias de vivienda y servicios públicos básicos y sociales, afectan a cerca del 70 % de la población, la misma que esta ubicada en los estratos socioeconómicos más bajos. Adicionalmente, el espacio público en ellos se ve restringido pues la disposición de las calles, los senderos y las locaciones públicas se corresponden con las presiones a las del uso residencial, convirtiéndose solo en los espacios residuales barriales. Y es esa misma precariedad de espacios la que conduce a conflictos vecinales –por linderos, depósitos de basuras, muros medianeros, servidumbres, conexiones ilegales, chismes, hurtos, abusos de confianza25. A este contexto habría que agregarle, sobre todo durante la última década, el detonante del desplazamiento forzoso, producido por la presencia de actores armado en las áreas 27

rurales. En esta forma el caldo de cultivo, para que germinara la violencia armada en muchos barrios, estaba servido. PLANO N° 1: SECTORIZACION DE MEDELLÍN

Y tengo que insistir en el problema del desplazamiento, pues ello ha sido en sí mismo una estrategia de guerra de los grupos armados de toda naturaleza: de un lado, se expulsa a quienes han vivido en estas zonas de guerra, bajo la acusación de ser colaboradores del adversario –sea guerrilla, paramilitar o militar- por otro lado, se les “invita” a formar parte de los grupos en contienda, convirtiendo el espacio en corredor militar, o simplemente y en su defecto, se les ordena abandonar el territorio26. “Informalidad, ilegalidad y pobreza unidos a una precaria gestión urbana, constituyen la urdimbre sobre la cual se van profundizando las rupturas y las fracturas del tejido social, creando situaciones favorables al uso de la fuerza y la violencia para resolver los problemas de la convivencia colectiva.” (Alcaldía de Medellín, 1994:11)

Desde los años 80´s los jóvenes de las comunas Nororiental y noroccidental, organizados en “galladas o pandillas juveniles”, se enfrascaron en cruentas luchas por el control territorial. Se habló de aproximadamente 150 bandas o pandillas y que reclutaron cerca de 3.000 jóvenes. Posteriormente con el advenimiento del narcotráfico, muchos de estos jóvenes de las bandas se transformaron en los sicarios, es decir, asesinos y secuestradores profesionales al servicio de los capos del narcotráfico27.

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La violencia fundó la identidad de los grupos de pandilleros juveniles, les permitió expresar sus solidaridades y definir, en un proceso de inclusión, sus rangos, completando un cuadro de realidad y representación. El narcotráfico se constituyó en la propuesta más atractiva en el mercado social de oportunidades para los jóvenes. Los “traquetos”, nombre con el cual se ha conocido a los narcotraficantes, comenzaron a apoyarse en jóvenes decididos y aventureros de estos barrios populares para la distribución de sus mercancías o los utilizaban como “pistolocos” o sicarios para vengar afrentas, hacer cobros y ajustes de cuentas. El narcotráfico pues, incidió poderosamente en el debilitamiento de los lazos sociales comunitarios e introdujo la violencia –sobretodo la sicarial- como el mecanismo preferido de resolución de conflictos. Esta fue la ola que arrastró a los jóvenes y los convirtió en nuevos actores sociales: traquetos, sicarios, bandas y escuadrones de la muerte, encuentran en aquellos sus bases sociales. Conforme al planteamiento Durkheniano de anomia, se procedió fácilmente –y diría que de manera estigmatizadora y discriminante- a asociar la violencia urbana como una desviación o patología surgida de la distancia entre las metas sociales y las posibilidades legales de realizarlas, es decir, como el resultado cultural de la pobreza, el desempleo y, como corolario, de las drogas. Desde todas las formas de urbanización popular, se toma conciencia de su exclusión y de que solamente a partir de la adscripción a algún actor armado, que este dispuesto a preservar el orden y la ley, se puede garantizar su permanencia en el territorio. Tener acceso muy limitado a las prerrogativas y ventajas que tienen los demás habitantes de la ciudad, hace que ese bloqueo sea percibido como discriminación. Las condiciones propias de vida en estos barrios periféricos, se constituyen en vivos y constantes recuerdos de lo que sus habitantes perciben como la explotación a manos de los ricos. Esta es una nueva versión de los movimientos sociales, aunque por supuesto menos pensada de la lucha de clases. Vemos allí surgir una forma de pensamiento muy particular: ejercer la violencia sobre quienes “poseen todo” legal o ilegalmente adquirido, es absolutamente legítimo, es más es una especie de acto de justicia –tienen que pagar la deuda social contraída con los pobres- así el victimario aparece exorcizado y la víctima castigada en actos de justicia social. ¡¡Ah!! Por supuesto, no importa que el “valor” económico del objetivo del acto violento haya ido permanentemente en descenso. De todas maneras hay que actuar contra los ricos, así no se sepa quiénes realmente son los ricos. Y contiene otro ingrediente explosivo: la policía y los demás organismos estatales son vistos como fuerzas de ocupación, dedicadas más a oprimir, a perseguir que a proteger. A su vez estos organismos represivos se sienten en tierra extraña y perciben las muestras de hostilidad como mera agitación promovida por delincuentes, reforzando de tal manera la discriminación. De tal forma, asistimos a la formación de estereotipos negativos recíprocos que producen percepciones selectivas: la menor acción de alguna de las partes es percibida por la contraparte como hostil y amenazadora y cada uno considera su violencia como acciones de legítima defensa. 29

Las características generales de estas poblaciones de barrios, que denominaremos populares28, están signadas por la baja calidad de vida y se pueden sintetizar así: funciones productivas degradadas de bajo e inestable nivel de ingresos, altas tasas demográficas, subempleo, informalidad y desempleo abierto, carencia de capacidad de ahorro, bajo nivel educativo y de capacitación, así viven en medio de epidemias, plagas, diarreas y desnutrición. En tanto que sus características físicas son referidas a espacios de la precariedad: viviendas con material de desecho y estructuras poco estables, poca diferenciación de áreas funcionales, carencia de uno o más servicios públicos básicos y provisión ilegal de ellos, hacinamiento, dificultad de servicios sociales, educación, salud, seguridad, saneamiento y de servicios públicos de transporte, aseo, alcantarillado, teléfono, zonas erosionadas o inundables, mala calidad del terreno, calles antitécnicas y en mal estado, etc. La crisis económica y social de la ciudad Es el contexto ideal favorable para el conflicto. Allí la población joven –ya nacida en la ciudad y la mayoría de las veces con mayor instrucción- se muestra mucho más sensible a las discriminaciones y abandonos reales, mostrándose más proclive a rechazar salidas no violentas, como las “negociaciones” con los funcionarios administrativos municipales, e impulsan la violencia como solución más eficaz. Los jóvenes encuentran en guerrear una forma de vida, de reconocimiento y de empleo. Es decir, es en las altas tasas de desocupación juvenil, la desarticulación familiar, la falta de educación, recreación y salud, en la falta de oportunidades y de inserción en la economía urbana, especialmente para estos pobladores de los barrios populares y de los asentamientos de desplazados del campo, en donde encontramos las bases históricas de un fenómeno que ha marcado la historia de Medellín. La presencia de los grupos milicianos, de paramilitares, de delincuencia organizada, de combos y bandas juveniles barriales y de la incursión represiva del aparato estatal es solo el corolario o el detonante violento de estas fronteras invisibles. La presencia miliciana se vio favorecida por el simple desprestigio de los partidos y dirigentes políticos tradicionales que desarrollan una relación muy instrumental con los habitantes y reiterativamente incumplen las promesas empeñadas durante las campañas electorales, incrementando el sentimiento de abandono que se vive en los barrios populares. Ese desprestigio ha arrastrado también a los dirigentes comunitarios, adscritos a Juntas de Acción Comunal y otras instituciones, que les han servido de enlace clientelista a aquellos políticos. Por supuesto, también algunos líderes naturales cayeron en la corrupción. Es a finales de los años 70 que las Juntas de Acción Comunal llegan a su nivel más bajo de prestigio barrial –corrupción, prácticas clientelistas, malversación de fondos y manejos autocráticos se identificaron con estas instituciones comunitarias- y, simultáneamente se fortalecen los movimientos sociales urbanos que permitieron la emergencia de nuevos liderazgos, casi siempre ligados a jóvenes, con mayor educación y de extracción ya citadina. Proliferaron grupos juveniles, grupos culturales y artísticos (danza, música, teatro, pintura), grupos deportivos, escuelas de padres, comités de base, asambleas familiares, grupos de economía solidaria y otras. La década de los 80´s se produce un cambio importante en la ciudad. El narcotráfico irrumpe con todo vigor y arrasa principalmente con las redes solidarias que se habían 30

tejido en aquellos barrios de la periferia, presentando nuevas formas de vida, nuevos valores, nuevos canales de ascenso social, nuevas oportunidades29, nuevos hábitos y prácticas alrededor del consumo y el negocio de la droga, generando una verdadera “subcultura” (Salazar y Jaramillo, 1992). “... Posteriormente, la mafia se convirtió en modelo de referencia para la juventud, que encontró allí las formas de realizar sus deseos de status y bienestar. Las bandas juveniles, propias de cualquier gran ciudad, se relacionaron con o fueron influenciadas por los carteles y este hecho les dio una connotación especial” (Revista Coyuntura Social, 1991:141).

Los jóvenes, aunque muchos de ellos tenían ascendencia de migrantes campesino, ya son nacidos en el medio urbano. Ya no tiene el peso de la autoconstrucción de la vivienda y de la autourbanización barrial, pero si cargan el estigma de la pobreza, del desempleo, de la informalidad. Son sujetos sociales que no tienen referentes simbólicos importantes, muy pocas cosas le llegan a su mundo, ni la escuela, ni la Iglesia y menos la familia que se destruye en medio de los problemas y de la violencia interna. Para ellos, el grupo de pares (combo, pandilla) lo mismo que la música, la esquina y la calle son los espacios de socialización. Por ello fueron presa fácil del narcotráfico. Adicionalmente, la violencia les aporta a los jóvenes gratificaciones en el plano de las imágenes de sí mismos, gratificaciones que ya no obtienen por las vías tradicionales de la educación por ejemplo. Se refuerza su sentimiento de poder y prestigio en el barrio y se le ofrece la posibilidad de superar la relativa humillación nacida de la discriminación y la pobreza. También se refuerza la identidad social. Puede entenderse que se produjo un acelerado desplazamiento de los lugares, espacios e instituciones tradicionales de los procesos de socialización, como la iglesia, la familia y la escuela, hacia otros más informales como los grupos de pares –barras, pandillas o combos y agrupaciones juveniles- como los grupos alternativos e ideológicos de izquierda, los grupos religiosos no católicos –sobre todo de tipo cristiano- etc. La escuela, que antes era la institución en la cual se centraban las esperanzas de ascenso y movilidad social, en la situación de crisis económica aguda por la que pasa la ciudad, definitivamente pierde el atractivo para los jóvenes, y claro, el mundo del trabajo, en lugar de ofrecer a este segmento poblacional opciones ocupacionales, le presenta es un conjunto de barreras. Incluso, la administración municipal construyó escuelas y promovió la educación gratuita en los barrios populares de la ciudad, pero rápidamente los pobladores se desescolarizaron y desertaron. La crisis recesiva de la industria antioqueña redujo las oportunidades de empleo para los padres de familia, incrementando asì la presión sobre los jóvenes quienes deben contribuir en el mantenimiento del grupo familiar, lo que los lleva a desertar de las escuelas y colegios para ingresar a la economía del rebusque. Tampoco la familia pudo proporcionar a los jóvenes un espacio primario de socialización. Los cambios de pareja, la inestabilidad del grupo familiar, las separaciones y las pérdidas de alguno de los padres, la adquisición de nuevos roles, el madresolterismo y el abandono de los hijos, conformaron un muy débil referente de socialización para los jóvenes y futuros jefes de hogar.

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Por el contrario, la pandilla de pares proporciona al joven la valoración, la lealtad, protección y apoyo necesarios. Es su respuesta a la exclusión que padece y la forma de inclusión. Y... la guerra se convirtió en la principal fuente de empleo disponible para estos jóvenes. De esta manera, los jóvenes habitantes de estos barrios populares se han convertido en los protagonistas del nuevo escenario violento barrial. Ellos son las víctimas y los victimarios por excelencia. Estos muchachos desarrollan nuevas prácticas culturales ligadas a la imagen del macho, del valiente, del “duro” y así se gastan el dinero que les provee su servicio al narcotráfico y otros delincuentes, en la vestimenta de moda, en las motocicletas de mayor cilindraje, en las “nenas”, en la bebida y el vicio de cocaína, marihuana y bazuco. El panorama es simple: a un lado de la vida barrial están las limitaciones de la pobreza, la exclusión y la discriminación y ellas se enfrentan con la resistencia y la violencia “defensiva”, así se provee cierta identidad; al otro lado de la misma vida barrial, está la criminalidad organizada y al alcance de la mano. Pedir y delinquir, se vuelven los verbos que mejor definen la “acción” de estos sujetos. Ya los barrios populares de las décadas del 60 y 70´s van quedando atrás en su configuración y vivencia, los lazos comunitarios y solidarios comienzan a erosionarse – decrecen con la consolidación barrial- y ahora en los años 80´s y 90´s, la identidad compartida por las condiciones de pobreza cede a otros factores identitarios, nacidos alrededor de la violencia y de los grupos organizados armados: pandillaje y bandas se retroalimentan y definen nuevos tejidos sociales, en medio de las disputas territoriales de milicianos, paramilitares y organismos del Estado. Cada grupo armado coloca su impronta sobre el territorio. Las marcas, por medio de graffitis, en cuando muro y pared se encuentra en el barrio define quien tiene el poder de la zona y a quien hay que recurrir para el simple tránsito de personas y mercancías. La violencia cotidiana es la respuesta a estas condiciones estructurales de miseria. Es la estrategia de supervivencia ante la no inserción en el mercado laboral y ante las carencias de servicios públicos y sociales básicos30. De hecho, “la guerra urbana se desarrolla en un territorio repleto de callecitas, pasadizos, callejones, cañadas, escalinatas y ranchos que forman un laberinto,” producto del libre asentamiento y sin control de pobladores venidos del campo, muchos desplazados por la misma la guerra rural. Con un panorama así que se va tornando en dominante era lógico que progresivamente nuestra ciudad perdiera esos vestigios de sentido de pertenencia –tan ligados, en nuestro medio, al mundo rural- y el entorno dejara de ser reconocido como propio, que el individuo fuera perdiendo el concepto de barrio y plaza, los mismos que se tornaron en simples usos sin valor, ni significación. Por supuesto, los sitios de encuentro y vida ciudadana – con excepción de la calle que adquiere vitalidad barrial- desaparecieron y fueron reemplazados por los Centros Comerciales con su espíritu consumista y mercantil, espacios pues cargados de otra significación menos simbólica.

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Inherente a lo anterior, el concepto de comuna, como dije antes, nada connota como comunidad y, por el contrario, comienza a ser utilizado de manera estigmatizada para referirse a los pobladores “pobres y violentos” de la ciudad. En estos términos, las comunas se convierten en “territorios siempre diversos en donde se dibujan geografías del conflicto y del delito... (en donde se) avanza en el trazado de fronteras por grupos de habitantes que ven en ello la única manera de establecer referentes de identidad –estrategias de inclusión, diría Hopenhayn, aclaración fuera de texto- o de construcción de micropoderes: en fin, se generaliza la territorialización de la ciudad como oposición a la constitución de lugares para la enunciación de la vida, para la irrupción de acontecimientos de ciudadanía plena” (Useche: 6-9)

CONTEXTO ACTUAL: LA ENCRUCIJADA DE LOS VIOLENTOS31 Una preocupación recorre buena parte de la ciudad: la inseguridad. Nuestra ciudad despunta en el siglo XXI, según las estadísticas del Departamento de Investigaciones Criminológicas y Apoyo Judicial (DECYPOL), con una tasa de 150 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que la coloca en el no muy honroso lugar, de ser quizás la ciudad más peligrosa del mundo32. En el período de 1998 a 2002 se tuvo un promedio anual de 3.200 muertes violentas y el decenio, entre 1992-2002 registró 42.393 muertes violentas en la ciudad. Todo ello es el resultado del accionar de aproximadamente unas 650 bandas que existen en la ciudad. Ahora bien durante la primera mitad del año de 2003 se cometieron en total 6.259 delitos –entre homicidios comunes, lesiones personales, hurto de vehículos, hurtos bancarios, piratería terrestre, secuestros y acciones terroristas, lo que significó una tasa de 205 delitos por cada 100.000 habitantes (Comando Policía Metropolitana, 2003) que constituyeron una disminución con relación a igual período del 2002 en donde la tasa había ascendido a 295 por cada 100.000 habitantes. Llama la atención en ese informe la reducción del 34 % en los homicidios, del 64 % en los secuestros, del 87 % en la piratería y del 86 % en los actos terroristas. Como anoté anteriormente, las primeras dinámicas importantes del conflicto en Medellín estuvieron asociadas a las luchas por la tierra y el derecho a la vivienda y al equipamiento urbano –décadas del 50 al 70- así vimos florecer las movilizaciones y protestas callejeras, las pedreas, los desalojos y la represión. Todas fueron luchas definidas por el proceso de producción y organización social del espacio. Pese al riesgo que puede entrañar una concepción de la violencia urbana centrada en los actores y no en los factores que la propician33, que la generan, desde mi perspectiva, considero que es relativamente fácil establecer, los perfiles asociados a las formas de violencia urbana más destacados por décadas en los últimos treinta o cuarenta años: La década de los 70´s definía el tipo de violencia sobre la base de lo simplemente delincuencial ligado a condiciones de pobreza y marginalidad, por ello los hechos violentos recurrentes son asociados a delitos económicos en primer lugar tales como los atracos callejeros, los “raponazos” a los transeúntes y pasajeros de taxis y buses, los asaltos a entidades bancarias, joyerías y demás negocios y, en segundo lugar aparecen asociados a las riñas callejeras y las peleas vecinales e intrafamiliares. Ya los años 80´s se expresó con el surgimiento de una delincuencia organizada (bandas) y asociada 33

principalmente al narcotráfico y a la justicia ejercida por mano propia; la década de los 90´s presentó la irrupción de los grupos milicianos ligados a una ideología de izquierda; simultáneamente esta década se caracterizó también por la irrupción de los grupos de autodefensa paramilitar, organizados y ligados a una ideología de extrema derecha. Por supuesto la génesis de cada uno de estos grupos y los intereses que los ligan son sumamente diversos, aunque como veremos al despuntar el siglo XXI se presenta un entremezclamiento y una pérdida de sus relativas identidades ideológicas. A partir de la década de los 80´s encontramos una relación inversa entre los homicidios y el número de delitos denunciados: en 1981 por cada homicidio que ocurría en la ciudad se denunciaban 14.5 delitos, pero este número desciende en 1985 a 11. ¿Qué pone en evidencia este hecho? La puesta en marcha de los aparatos de justicia privada, la aplicación de justicia por mano propia y la crisis de la justicia colombiana, la deslegitimación del aparato judicial y, en últimas, que las relaciones entre los individuos y la cosa pública definitivamente entró en crisis. Son inocultables las debilidades e ineficiencias del aparato judicial colombiano y día tras día asistimos a innumerables manifestaciones de impunidad e injusticia. Ello condujo al ejercicio de la justicia privada, bien por la acción de quien se considera víctima, o bien por la utilización de un tercero –sicariato- La esencia es que se “ofrece justicia pronta generalmente más económica que recurrir a los juzgados”. De esta manera el sicariato se ha constituido en una forma de vida, ejercida esencialmente –aunque no de manera exclusiva- por jóvenes de los barrios pobres. Estos sicarios paulatinamente asumen la forma de verdaderas bandas u organizaciones delictivas, cada vez más profesionales y mejor armadas, lo que garantiza su eficiencia. Aunque el sicariato como organización se puso en marcha al servicio del crimen organizado del narcotráfico, también es cierto que responden a solicitudes privadas o individuales. Es de desatacar que el sicario mismo, al iniciar una cadena de ejecuciones termina, él mismo, en ser víctima de otro que a su vez fue contratado para “borrar” ciertas huellas sobre quién realizó el contrato inicial. Hay elementos de las expresiones de violencia urbana que Medellín comparte con otras ciudades de América Latina. Una buena parte de los crímenes son cometidos por jóvenes y, en todas partes, aparece la droga como un factor relevante. Se señalan como características comunes más sobresalientes, las siguientes: la pobreza y las desigualdades sociales, las que “generan agudas tensiones sociales”. La evidencia recogida, muestra que algunos componentes de este deterioro tienen una repercusión directa en la criminalidad, por ello, las altas tasas de desocupación juvenil se convierten en tema de preocupación urgente, lo mismo que el deterioro familiar ya que tiene consecuencias negativas, afectando su papel en la prevención del delito. Si estos factores se unen con la pobreza, encontramos que la desarticulación familiar se convierte en elemento de violencia altamente relevante, pues la violencia intrafamiliar adquiere características alarmantes. De igual forma, hay una correlación directa entre nivel educativo y criminalidad, y la explicación es sencilla: a mayor nivel educativo, menor criminalidad. Medellín, sin duda, encaja perfectamente en este perfil general. 34

En Medellín existen barrios enteros, por no decir comunas, que se encuentran sitiados por los diferentes actores armados. En donde la confrontación armada es abierta y va de la mano de la intensificación y, a la vez, degradación del conflicto. Hoy se habla de la existencia de cerca de 650 bandas en Medellín y su presencia distorsiona tanto el funcionamiento citadino, que existen barrios y sectores urbanos en donde el riesgo y la inseguridad son tan altos que las fuerzas policiales vacilan en intervenir, lo cual acentúa más la imagen discriminatoria de sectores barriales por fuera de la ley. De esta forma el conflicto urbano, tiene como particularidad que hace más visibles a todos los actores sociales, los nuevos y los viejos34, los que defienden intereses que históricamente han conculcado a las mayorías y los que pugnan por el acceso al libre disfrute de su ciudadanía, los que pugnan por el cambio de estructuras, los que viven de explotar las expectativas y desesperanzas de los pobres y los convierten en simples instrumentos, etc. Todo ello en la medida en que son más abiertos los enfrentamientos. Digamos de paso, que la existencia de grupos organizados que actúan ilegalmente, sin que puedan ser sometidos por el Estado, ha creado en el imaginario colectivo, la impresión de que éste ha perdido el monopolio del uso de la fuerza y que en consecuencia se considera lícito organizar grupos armados autónomos -¿autodefensas? ¿servicios de seguridad?- que en su accionar desarrollan sus propias concepciones sobre la vida y la justicia. De tal manera que los espacios que debería ocupar el Estado, en situaciones de crisis como la que ha vivido la ciudad desde los años 80, son copados por aparatos de violencia. Para rematar, el comportamiento equivocado de la policía y los organismos de seguridad del Estado (SIJIN, ejército, fiscalía...) persiguiendo y judicializando la protesta ciudadana, refuerza la reducción del umbral que separa a los jóvenes principalmente del recurso de la violencia. Una visión integral del conflicto urbano nos permite identificar orígenes y causas diferentes que generan tipologías conductuales distintas de los actores que se adscriben bien a la delincuencia organizada, bien a las milicias subversivas, bien a los combos barriales, o bien a las autodefensas. Una primera manifestación de la violencia urbana tiene que ver pues con la convivencia ciudadana, con la cotidianidad, con la vida diaria, con la construcción de ciudadanía. Ciudades del desarraigo, cunas de la pobreza y expresiones de la exclusión, de la desterritorialización solo podían producir violencia. Las lógicas que mueven la violencia cotidiana, las de los delitos menores, son sumamente diversas –de hecho, taxonómicamente se le ha reconocido como la violencia difusa- pues puede partir desde aquello que mueve a la violencia doméstica y familiar, pasando por lo que está implícito en la de género y lo vecinal, y llegando hasta lo que mueve el crimen corriente urbano (robos y atracos, homicidios, etc.) y que hemos de reconocer como delincuencial35. Esta violencia cotidiana esta referida a la carencia de reglas sociales y tiene como primera expresión la criminalidad común: son los que atentan contra la propiedad, la que emana 35

de las pandillas juveniles. Otra expresión se encuentra en las llamadas “limpiezas sociales”: acabar con la vida de quienes encarnan las patologías sociales: los drogadictos, prostitutas, homosexuales, gamines, mendigos, etc. Y una última expresión se ubica en el terreno de lo microsocial, en donde destacan con luz propia la violencia intrafamiliar y los conflictos vecinales. Ante el desprestigio de los organismos estatales y la natural desconfianza que ellos acarrean, los habitantes de estos barrios pobres asumen la responsabilidad de la seguridad en sus barrios, de manera que organizaron Comités de Vigilancia –son pues privados y de orden defensivo- En un principio, cuando los miembros del Comité capturaban algún delincuente, no lo entregaban a la policía sino que lo cascaban, es decir, lo golpeaban y lo echaban del barrio. Era una labor de limpieza de malhechores. En estas circunstancias, la violencia emergió como factor estructurante de las formas de socialización de las bandas juveniles, actuando en la misma forma que antes lo hicieron los enfrentamientos deportivos y las celebraciones cívicas. La violencia se constituyó en la forma por excelencia del vínculo social. Se configura así el cuadro que ya Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán (1997) cualificaron como las causas fundamentales de la violencia urbana: la presencia de desigualdades económicas, un muy débil desarrollo de la cultura ciudadana, la precariedad del sistema de justicia y la aparición de los delincuentes comunes como nuevos actores. Estas lógicas, son sumamente diferentes a las que se mueven en el crimen organizado, el mismo que se nos presenta dinamizado, y a la vez articulado, por la presencia del narcotráfico y que, en últimas, constituye la mejor expresión del desordenamiento social y el surgimiento de una justicia y de un poder sui generis. En segundo lugar, tenemos que mencionar el problema del narcotráfico, pues sus efectos en el relacionamiento social son innegables. Entre ellos, la violencia que se alimentó de las condiciones sociales de sectores desfavorecidos y que están asociados a la figura de Pablo Escobar y otros “patrones”36, tiene una repercusión tremenda en la vida de la ciudad. Haciendo una relación del impacto del narcotráfico en la presencia de la violencia homicida, se planteó la siguiente hipótesis: “... alude al narcotráfico, como principal factor asociado con ese aumento (de la violencia homicida, aclaración fuera de texto) en un triple sentido: primero, dado que el negocio de la droga es ilegal y ofrece enormes ganancias, bien puede pensarse que los conflictos generados en su interior (por incumplimientos, engaños, delaciones, extralimitaciones, etc.), sea entre grandes capos, sea entre negociantes medianos y pequeños, tenderán a solucionarse mediante el uso de la fuerza. Segundo: el narcotraficante tiende a emplear la fuerza contra las autoridades o personas que obstaculizan tozudamente su negocio. Tercero: al fomentar el consumo de droga... el narcotraficante estaría también contribuyendo a la violencia que ejercen los drogadictos ya para satisfacer sus necesidades, ya en momento de enajenación. Se seguiría, entonces, que si un conjunto grande de narcotraficantes escoge una ciudad de residencia de toda la vida, cabría esperar en ella un aumento sustancial en las tasas de violencia homicida” (Revista Coyuntura Social, 1991:50-51)

Después de doce años de violencia ininterrumpida, los rasgos culturales propios que surgen de este problema, tienen raíces y dimensiones muy profundas: La transmisión 36

generacional de la cultura de la violencia es un signo de inmensa preocupación37. El llamado Cartel de Medellín, desde 1985 puso en marcha las grandes redes sicariales y colocó bajo su égida y servicio a grupos de pobladores desposeídos, convertido en miembros de bandas barriales, y a otros jóvenes, muchos de ellos venidos de la misma insurgencia. Las pandillas juveniles se constituyen sobre la base de territorios que los jóvenes se esfuerzan por controlar. En estos territorios, los habitantes consideran a estas pandillas sus defensoras o sus víctimarios. El narcotráfico llevó el conflicto urbano, por los medios que ha utilizado, a niveles mayores de degradación y de deshumanización. Esta es una deuda histórica que tendrá que pagar38. Por ello, coincido con quienes afirman que se produce un cambio cualitativo importante entre los agentes de la violencia, hasta el punto de poder hablar hoy “ya no de bandas, sino de verdaderas organizaciones criminales” para destacar su profesionalismo y los grandes arsenales de que fueron dotados por el mismo narcotráfico. Así surgieron bandas como Los Cariñositos, los Gachas, los Mecatos, los Priscos y quizás las más reconocidas: la Ramada y la Terraza. No obstante estar el narcotráfico en todos los barrios de la ciudad, sin distinción de condición socioeconómica, si es claro que su forma de penetración varió de acuerdo al nivel cultural y los ingresos. De hecho, el narcotráfico encontró en esa población pobre y aislada de la legalidad y de las pautas culturales que sostienen el Estado, una situación favorable para su utilización, bien como correos humanos (mulas) o como integrantes de sus escuadrones de seguridad y de delincuencia (crimen organizado). El poder que llegaron a tener estas bandas en los barrios populares fue prácticamente absoluto: ellas definían quién vivía y quién moría, quién pagaba el “impuesto o vacuna” establecido por ellas, qué mujer era de su propiedad e incluso definían quién tenía que abandonar el barrio. Así se produjo otro elemento de distorsión urbana: se aceleró la movilidad intraurbana por condiciones de seguridad y factores de violencia. Siguiendo, por analogía con Romero (1976), podríamos concluir que el narcotráfico produjo una masa que no posee un sistema coherente de actitudes ni un armonioso conjunto de normas, pues la casuística se imponía y cada “patrón” imponía sus propias leyes y normas, generaba sus propios estilos de vida. Para enfrentar a las bandas, cuyo poder crecía sin coto y al amparo de una policía ineficiente y corrupta –que cobraba impuestos a las casas de expendio de vicio, y que traficaba con armas- la comunidad también decidió crear sus propias formas de autodefensa: padres de familia, comerciantes y jóvenes “a lo bien” se unieron para proteger a la comunidad, actuando anónimamente y encapuchados –por eso se les denomino “los capuchos”- Aunque tuvieron una capacidad militar muy limitada, ajusticiaron ladrones, asesinos, violadores, drogadictos y a quien ellos consideraron indeseable. No tenían pretensiones económicas ni políticas, su única meta era sobrevivir. La existencia de mini-ejércitos de guardas o vigilantes privados de un lado, y de especies de justicieros que vengan las afrentas de otro, parece que encontraran su justificación en la indignación moral surgida de la presencia de los pillos, de las pandillas juveniles y de las nuevas bandolas barriales.

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La situación de inseguridad se extendió rápidamente por el conjunto de la ciudad, hasta el punto que en los barrios residenciales de clases medias y altas, lo mismo que en los establecimientos comerciales, se tuvieron que conformar organizaciones de autodefensa y, a la vez, se indujo a la conformación de verdaderos ejércitos de vigilancia privada39. Es importante indicar que estas formas de autodefensa, con sus métodos violentos de autoprotección, al cabo de unos pocos años derivó en grupos de paramilitares, contando en muchos casos con la tolerancia de las fuerzas policiales y militares. Por otro lado, en tercer lugar y agravado por la delincuencia que surgió con el narcotráfico, aparecen las marcas del conflicto nacional, de naturaleza política e ideológica, con su expresión directa en la ciudad. Se presenta la violencia como elemento estructural de la evolución política y social del país. Como producto de la exclusión política, de la falta de participación, de la falta de coherencia de la Administración Estatal y de su ausencia absoluta en algunos sectores de la ciudad se tiene la pérdida de legitimidad del Estado y, por ende, la disputa sobre su autoridad y poder. Así tenemos como expresión urbana en Medellín –al igual que en otras ciudades del país- una lucha territorial entre las milicias de los FARC y el ELN, y las autodefensas. El M19 mostró el camino, desde 1984, cuando pactó un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional y desarrolló una estrategia de presencia urbana creando los que llamó “campamentos de paz urbanos”40. El ejemplo fue seguido por los otros grupos de insurgentes, quienes antes consideraban la militancia de la ciudad como simple apoyo logístico y de divulgación política. La estructura de tipo Milicia, busca aprovechar la mayor cohesión social barrial o vecinal, que determina relaciones primarias, “cara a cara”, bajo el supuesto que ellas nacen del hecho de compartir un territorio, una identidad de normas y valores y una historia de lucha. Por supuesto, el espacio que mejor se acomoda a esta concepción es el que ofrece cualquier barrio de invasión en las ciudades y en forma subsidiaria, los barrios piratas y de pobladores pobres. Pienso que es válido afirmar que el fenómeno miliciano es hijo natural de la combinación de dos factores: la inequidad y la impunidad. La estrategia que se había desarrollado hasta entonces, por parte de la insurgencia, era reconocer la ciudad como un centro de aglutinamiento de simpatizantes, de acopio, propaganda y retaguardia. En ese proceso se “aliaban” con los líderes naturales de la comunidad y se ligaban a las luchas estudiantiles y comunitarias en defensa de reivindicaciones de todo tipo. Pero a partir de 1985, con la presencia del narcotráfico, el peso que adquieren las bandas –también se les llamó “bandolas”- y la guerra sucia que se estableció desde los organismos de seguridad del Estado, con una política sistemática de debilitar el aparato guerrillero, asesinando los líderes comunitarios y los simpatizantes, se dio un viraje en la estrategia miliciana hacia la autodefensa. “Nosotros éramos quienes regulábamos el comercio en los barrios pobres. Regulábamos el transporte. Mediábamos en las disputas: aquéllas que surgían entre vecinos, aquéllas que tenían que ver con los inquilinos y los propietarios. Realizábamos una función que realmente competía al estado. Pero el estado nunca tuvo presencia alguna en estas zonas.

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Llegamos a ser la única fuerza con alguna legitimidad (James Urrego41, entrevista con la autora en 1995) (McDonald, 1998)

En este contexto se produjo la disidencia de muchos milicianos, que comenzaron a comportarse como sujetos desgajados: algunos, que perdieron las perspectivas, fueron cooptados por aquellas bandas al servicio del narcotráfico, asumiendo un comportamiento contrario a la lógica de la organización de la cual provenían y defendiendo un sistema social que supuestamente habían querido destruir. En este proceso su foco de atención para los ataques fueron sus antiguos compañeros, en una suerte de cacería de brujas. Llegan efectivamente a esta posición, al considerar que existió un comportamiento pusilánime por parte de sus líderes guerrilleros, al paquidermismo en la toma de decisiones, o bien que no hicieron absolutamente nada ante el crecimiento de las bandas. En este orden de ideas se vendieron al mejor postor, que les ofrecía el respeto por su vida, dinero y poder en sus barrios. Otro grupo de milicianos también desgajados y desencantados, consideró que la operatividad de la guerrilla en la ciudad era muy lenta, bien para defender a la comunidad misma, a sus líderes naturales, o bien, al compañero miliciano amenazado en su vida y que, paralelamente, el poder de las bandolas seguía en crecimiento, optó por sacar provecho de su proyecto político militar y continuar como milicias pero independientes de los grupos insurgentes, buscando defender a la comunidad, realizando acciones diseminadas por el territorio “cazando” a los enemigos del pueblo, sean bandas, drogadictos, desechables, ladrones, etc. en un comportamiento, más marcado por la emoción y el ejercicio del poder. “... muchos de los jóvenes que hacen parte de las milicias buscan protagonismo y reconocimiento social a través de la única forma que han conocido, la violencia, y adhieren a ellas no necesariamente porque compartan el ideario político de sus jefes sino por un real afán de servicio a las comunidades y como una expresión de búsqueda de identidad.” (Alcaldía de Medellín, 1994:27)

El primer grupo de milicias constituido en la ciudad fue el de las Milicias Populares del Pueblo y Para el Pueblo, que actuaron esencialmente en la zona Noroccidental y en los barrios Popular, La Isla y Santo domingo de la zona Nororiental, surgieron en 1986, como una disidencia guerrillera, reclamando su independencia de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (FARC, M19, ELN) aunque reclamándose como guerrilla urbana revolucionaria, y como respuesta a la guerra sucia desatada por el Estado y a las masacres. Desarrolló su trabajo táctico y estratégico más como proceso militar y de limpieza que de labores organizativas, lo cual históricamente produjo su mayor desgaste y que posteriormente hubieran tenido que pactar con la Administración Municipal. Criticaron toda participación política institucional –lo cual es paradójico con sus pactos de 1994rechazaron la participación electoral y no apoyaron los procesos organizativos. Como actores sociales desgajados (Salazar, 2003) sus acciones directas no son profundamente pensadas, aunque si tienen vocación de cambio, “nos mantenemos firmes en nuestra ideología revolucionaria, en la toma del poder” decían. Sus acciones oscilan entre el enfrentamiento personal y la acción colectiva. De todas maneras, ha sido preocupación de quienes estudian el fenómeno miliciano, el hecho de que entre estas milicias se perpetúe la idea de que el delincuente, común u organizado en bandas, es un desechable, es decir, un sujeto del que se puede prescindir. 39

Las preguntas que surgen son ¿En donde quedan o qué lugar ocupan los derechos humanos en esta lógica miliciana? ¿La lógica represiva es su fundamento social y su fundamento de seguridad y no la política de prevención? ¿Cuál es su proyección como Estado alterno? Por lo anotado en el párrafo anterior, se puede colegir que la intervención miliciana termina en fortalecer percepciones morales de carácter autoritario en la gestión de los conflictos sociales urbanos, en detrimento de las concepciones políticas que se supone estarían en su base de militancia izquierdista. Las limpiezas barriales para enfrentar la criminalidad urbana, corroboran pues esta apreciación. Independientemente de las respuestas a los interrogantes anteriores es obvio que se tiene que resaltar el hecho sociológico de que estas milicias se constituyen en una nueva forma de autodefensas, que se legitima y justifica por la limpieza de delincuentes en los barrios populares, ante la indiferencia estatal y que, como hecho novedosos, se reclama desde la izquierda. Luego, hacia 1990, surgieron las Milicias Populares de Valle de Aburrá, con fuerte influencia del ELN y actuando en los barrios Villa del Socorro, Santa Cruz y en la zona del basurero que dio origen al barrio Moravia, que se preocupó por el trabajo comunitario, impulsando en los barrios donde se asentaron, la conformación de las Acciones Comunales, las Asociaciones de Padres de Familia, Comités Cívico Populares, agrupaciones Juveniles (dedicadas al arte, el deporte, la música, organización de torneos) y la formación de Microempresas como economía alternativa.. Este grupo de milicia enfatizó más el proceso organizativo que el de ajusticiamiento de delincuentes y drogadictos, sobre la idea que el problema de las bandas era un problema pasajero. Su propósito se esbozó incluso en la elaboración de un plan quinquenal para un movimiento político en toda la zona metropolitana (El Colombiano, 1991:4b). De estas milicias se desprendieron luego tres grupos: Las Milicias Independientes del Valle de Aburrá, las Milicias de la Plaza Minorista y las Milicias 6 y 7 de Noviembre, estas últimas actuando en el barrio 8 de Marzo de la comuna 9 y en la vía que conduce al Oriente antioqueño. El proceso de reclutamiento de los milicianos era muy laxo, se trataba de cualquier persona con la única condición de que quisiera defender al barrio, sin importar su procedencia –podía provenir de las bandas o ser un drogadicto o delincuente regeneradocontrario a lo que ocurrió con aquellos milicianos del M19, aquí el énfasis se puso en la formación militar, relegando lo político. Quizás esta ha sido una de las principales causas de su desarticulación y su fácil “cambio de bando”. Al despuntar la década de los 90´s, empezaron a ubicarse en los diferentes barrios de las comunas nororiental y occidental, las Milicias Populares Revolucionarias del ELN42 que se ligaron a las Milicias Populares del Valle de Aburrá- y las Milicias Bolivarianas de las FARC, estas últimas actuando en el barrio de invasión La Iguaná. Estos dos grupos milicianos le apuntaron a la construcción de milicias en los frentes obrero y estudiantil. En la ciudad se consolidan estrategias de control y fragmentación. Desde entonces, se comenzó a hablar del urbanización del conflicto político armado interno en el sentido de colocar a la ciudad como el escenario ascendente y si se quiere, 40

privilegiado, de la guerra, desarrollando labores de orden estratégico como el control sobre corredores de acceso y sobre las redes viales y de flujos, así mismo, como expresiones de poder político estableciendo formas de “gobierno y administración de justicia” y controlando, de alguna manera, la distribución de bienes y servicios para la población. En este contexto, asistimos a un nuevo cambio cualitativo muy importante: Ya no se trataría de simple confrontación entre bandas sino que estaríamos ante la confrontación de ejércitos, que buscan desplazar al “enemigo” del dominio territorial, como objetivo de guerra. En este campo, las Milicias se constituyen en el primer fenómeno de escenificación urbana del conflicto armado interno. ¿Cómo funcionan estos grupos milicianos? Poseen un vínculo que podríamos denominar orgánico y, simultáneamente, despliegan actividades inorgánicas con miras a su supervivencia urbana. De acuerdo a lo anotado anteriormente, reciben órdenes o directrices de los Comandos Centrales de los grupos insurgentes para realizar acciones de sabotaje, asesinatos selectivos y sobre todo realizar labores de inteligencia en las ciudades; sin embargo, muchas de sus acciones están marcadas por la iniciativa propia, por sus propias evaluaciones tácticas. Al parecer, cada grupo miliciano urbano se descompone en pequeños grupos, entre “cinco hombres como mínimo y doce personas como máximo, formando una célula guerrillera, la cual opera en determinado barrio. La agrupación de varias células es lo que configura un frente urbano... Es práctica común por motivos de seguridad que el grupo que se encuentra en un barrio desconozca la identidad de los miembros de otras células...”(AnálisiseInteligencia.com, 2002:2)

Según cita este documento, dentro de las principales tareas que tienen que cumplir estos milicianos revolucionarios, se destacan la recolección de información para la estructura de inteligencia de las FARC por ejemplo, y que será utilizada para determinar qué personas son objetivo potencial para un secuestro. Igualmente, tienen la tarea de cobrar los impuestos de guerra denominados vacunas a comerciantes e industriales de la ciudad. También se constituyen en el primer vínculo de negociación entre los familiares de personas secuestradas para el pago del respectivo rescate. De hecho, la red urbana Jacobo Arenas y la Compañía Hermógenes Maza, vinculadas a las FARC han actuado en los barrios Santo Domingo Sabio, La Avanzada, La Esperanza y El Trébol. Las Milicias Bolivarianas, vinculadas al 34 frente extendieron su actuación a San Javier y La Loma. Por la misma época surgieron las Milicias Populares Revolucionarias, de clara influencia de la Corriente de Renovación Socialista y que se ubicaron en las partes más altas de la zona Centrooriental, específicamente en los barrios Belencito, La Independencia y 20 de Julio y en el barrio Castilla de la Noroccidental. Este acelerado crecimiento que en la década de los 90´s viven los grupos milicianos corresponde más a la necesidad de la población de resistir el embate de las viejas bandas ligadas al narcotráfico y a la necesidad de autodefensa frente a la delincuencia de todo tipo, pero no se corresponde con una lógica revolucionaria, con una línea programática, con una política al mando, por una coordinación centralizada. En un espacio así

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construido lo lógico era que aparecieran –como se dio- jefaturas individualizadas, centradas en el poder carismático del líder miliciano. Posteriormente, hacia 1996 irrumpen las Autodefensas de Carlos Castaño, a través del Bloque Metro –se ubicó en los barrios Zamora y Paris de la comuna 5- y Cacique Nutibara. También entre 1996 y 1997 aparecieron los Comandos Armados del Pueblo (CAP)43 centrando su accionar inicialmente en la zona centroccidental de la ciudad, a través de los barrios Belencito, La Independencia, 20 de Julio y Juan XXIII de la comuna 13, y se manifestaron como grupo independiente tanto de las FARC como del ELN, aunque al parecer recibe apoyo logístico y militar de este último. Las milicias hasta mediados de esta década se consolidan sobre la pretensión de procurar la provisión de derechos sociales y económicos y garantizar la seguridad colectiva. Esto les genera reconocimiento y les diferencia de los combos, a los cuales combaten. Es importante reseñar que hasta la fecha, fuera de actos aislados como acciones de terrorismo, las milicias realmente no han desarrollado acciones ofensivas contra los organismos estatales. Por tanto, no han correspondido a las estrategias propuestas de guerra urbana, pese a que organizaciones como las FARC han logrado trasladar a la ciudad a algunos combatientes. Al imponer formas disciplinarias e incluso actitudes morales, todas de corte draconiano, se cae en excesos que le restan apoyo social a las milicias. En muchas ocasiones, bajo el amparo miliciano, se utiliza la violencia y la intimidación para ocultar intereses particulares –cobran cuotas de protección, realizan atracos, asesinan y destierran a líderes naturales contrarios que difieren de su accionar- lo que, paradójicamente, acentúa los desarraigos, la estigmatización y la pobreza. De esta manera se desvirtúa su sentido público. La opinión ciudadana se expresó en términos de apoyo inicial a las milicias, pero luego se cayó en un desencanto. Muchas personas no expresaron sus desacuerdos con la forma indiscriminada de los ajusticiamientos, pues se pasó a ejecutar a personas por cualquier cosa, en un proceso creciente, Se mataba por simple sospecha, aunque luego se pudieran reconocer las “equivocaciones”. El apoyo ciudadano decayó y se incrementó la presencia paramilitar. Hoy se habla de que los paramilitares controlan el 75 % de los territorios populares de Medellín, en un proceso que se relata más adelante en este texto. Recientemente, y a raíz de la arremetida estatal contra los bastiones de milicianos44, el frente Luis Fernando Giraldo del ELN, que opera en Medellín, explicó el porqué de la presencia de ellos: ”La ciudad es la retaguardia enemiga y es allí en donde concentra su fuerza represiva, su principal accionar ideológico y su reserva estratégica. La disputa de los centros urbanos es un asunto nodal para el estado. (...) Con el aumento de la población urbana aumentó nuestra presencia, pero aumentó nuestra vulnerabilidad ante el accionar militar. (...) La guerra que se vive en el país, y tiene expresión en las ciudades, es solo causa de la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades a que son sometidos los sectores populares. (...) La guerra continuará hasta que se resuelvan las deudas sociales, económicas y políticas de la dirigencia con su pueblo...” (El Colombiano, 2003:12ª)

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El mensaje es bastante claro: No habrá paz mientras no se haya justicia social y sea derrotada la pobreza. Pero las milicias urbanas, antes que responder a una estrategia de confrontación radical con el Estado y enarbolar banderas políticas contestatarias, comenzaron a desarrollar un proceso de construcción de poder, copando los espacios que el mismo Estado dejaba abandonados. Fue así que se hicieron fuertes y ganaron adeptos en territorios pequeños y donde cumplieron labores policiales, particularmente de confrontación y exterminio con bandas delincuenciales, en una suerte de “limpieza social”45. Las tareas específicas que se propusieron fueron: vigilar los límites de las barriadas populares, protegiendo a los vecinos, e incluso a los empleados de empresas de servicios públicos, de las bandas juveniles, de los escuadrones de la muerte y de las bandas sicariales y actuar como mediadores y árbitros en los conflictos entre vecinos o en el seno de las mismas familias (Jaramillo, 1994: 27). Esta fue una forma muy peculiar también de desarrollar procesos de identidad, de inclusión: el territorio, sobre el cual el actor armado ejerce su dominio, cubre con su manto e incluye a los pobladores, al menos vinculados por una relación de contigüidad espacial, pero que también tienen ciertas características, que les diferencia de los “otros” –este es “nuestro barrio, nuestra cuadra, nuestro sector”- y se les defiende46. En estos territorios no se puede penetrar impunemente, se requiere salvoconducto. Ahora bien, en reciprocidad, el grupo armado exigió inicialmente reciprocidad y luego apoyo logístico y económico. Existe una pretensión clara de legitimidad por parte de las milicias, pues se consideran verdaderos representantes de la comunidad que padece las injusticias. Su legitimidad deviene de la defensa que hacen de la vida, la propiedad y la integridad de los pobladores y del uso de la violencia como instrumento de cambio social, como medio para imponer “el nuevo orden”. Como reacción al dominio territorial que, en buena parte de la geografía colombiana y en particular en las ciudades, venían ejerciendo los grupos subversivos, unido a la ineficiencia de los organismos armados oficiales, surgieron los paramilitares. Su crecimiento y su violencia fueron meteóricos en comparación con el de las guerrillas, quizás por el sospechado apoyo del ejército y los organismos de seguridad. Al parecer no han tenido una dirección unificada y coherente, sino jefes independientes. Así se viven procesos de resignificación del espacio urbano. En la ciudad se siguió el mismo modelo agrario de penetración paramilitar, se conformaron las llamadas “cooperativas de seguridad Convivir”, que fueron auspiciadas por el gobierno departamental desde la época del gobernador Álvaro Uribe Vélez que con la idea de la autodefensa, se insertaron como parte de una política que pretendió controlar simultáneamente la criminalidad y la insurgencia. A partir de allí se diò la proliferación de cuerpos armados (informantes, policía secreta, grupos de choque, etc.) en función de la lucha contrainsurgente. Es de resaltar el hecho que estos actores sociales y políticos, transformaron a muchas bandas delincuenciales y las colocaron a su servicio, de hecho, les brindaron entrenamiento militar, mejoraron su capacidad de combate y, en muchos casos, mejoraron su armamento. La particularidad de esta relación consiste en que se permitió que las bandas continuaran con sus modalidades delictivas –robos, asaltos bancarios y

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transportadoras de valores, homicidios, secuestros, piratería terrestre, etc.- pero se les sometía y/o contrataba sus servicios. Los “paras” se dedicaron inicialmente a someter a las pandillas, cooptaron algunas, contrataron otras y exterminaron a las que se les resistieron, igualmente su accionar se orientó prioritariamente a combatir a los grupos milicianos e insurgentes. Para estos propósitos coparon territorios, realizando actividades de patrullaje y toma simbólica a través de graffitis. El poder del paramilitarismo deviene de dos hechos: de un lado, su indudable ligazón con el narcotráfico, que les proporcionó el mejor armamento del mercado mundial y el dinero para seducir a los integrantes de milicias y bandas, de otro lado, su accionar se realizó bajo el amparo y protección de los organismos estatales de seguridad, quienes han estado interesados en “liberarse” del peso guerrillero y delincuencial presentes en los barrios. Pero acá surge una discusión que se me antoja interesante: ¿Se trata de actores sin conciencia? ¿Actúan solo mediados por el dinero?. A mi modo de ver, si bien es cierto que muchos de sus líderes y militantes han ingresado al paramilitarismo por dinero y para proteger exclusivamente el negocio del narcotráfico, también considero que es cierto que algunos de estos líderes y actores paramilitares han desarrollado un sentimiento de profundo anticomunismo y cada vez cohonestan menos con el narcotráfico. Como modelo de estas perspectivas, hasta que se demuestre lo contrario, podrían ser los enfrentamientos intestinos que llevan en esta ciudad los bloques Cacique Nutibara y Metro47. Por supuesto no quiero significar que posean una ideología propia y mucho menos, que están adscritos a un novedoso proyecto militar y político. Sin embargo conviene recordar que en los estatutos de las autodefensas, que fueron aprobados en 1996 y refrendas en Diciembre de 1997 se estableció claramente que se trata de “una organización políticoarmada y antisubversiva de carácter civil. Supuso, como en reiteradas ocasiones lo expresaron sus máximos jefes –Carlos Castaño y Salvatore Mancuso- que se mantendrán en actividad hasta que se termine la guerrilla. Si esta desaparece, es derrotada o pacta con el Estado, la razón de ser de las autodefensas, automáticamente las obliga a desmovilizarse.

Habría que incluir a otro “grupo” -que según los politólogos no se constituye en actor social, en la medida que hace parte legal del Estado y el gobierno- pero que es parte fundamental en el complejo panorama de la confrontación. Nos referimos a la Policía Metropolitana, a la IV Brigada del Ejército, a la Fuerza Aérea Colombiana, a la Fiscalía, el CTI y el DAS, quienes tienen la obligación de la necesidad de proteger los corredores estratégicos de movilidad que conducen a la ciudad y que la comunican con el departamento y el resto del país; infraestructuras viales, geográficas, diversidad e hidrología (dada su cercanía a las carreteras al Mar, puerta de acceso a la región de Urabá, a la Costa Atlántica, al Magdalena Medio y a los ríos Atrato, Cauca y Magdalena). También controlar el Oriente antioqueño que además es una zona agraria y de producción de energía eléctrica, que comunica con el eje cafetero, y otros sectores que sirven de canales para desplazarse hacia el sureste. Todos son sitios claves donde se desarrollan importantes megaproyectos económicos y que permiten la salida e ingreso del comercio.

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Sin embargo, el brutal accionar de estos organismos de seguridad estatal sobre los delincuentes y su, paradójica, participación en la comisión de delitos refuerzan la imagen de deslegitimación del Estado frente a las comunidades que dice servir. Ello retrotrae lo público e incrementa la presencia privada en la gestión de la seguridad barrial. Cientos de familias de diferentes zonas de Medellín se han encontrado en medio de la confrontación entre los organismos de seguridad del Estado, la guerrilla y las autodefensas quienes luchan por el control de aquellos barrios, cuya ubicación es considerada estratégica debido a los corredores que comunican sus “laderas con algunos municipios del Nordeste y del Oriente cercano”, en donde los frentes rurales de la insurgencia y el paramilitarismo históricamente han reclamado, y a la vez dotado, el abastecimiento, la munición y las vías de ingreso y salida a todo el Valle del Aburrá. Los enfrentamientos incrementaron la movilidad intraurbana. La evidente crisis de control social lleva a que la violencia invada todos los espacios, incluso los más resguardados y que las infracciones a los derechos humanos se multipliquen. El sistema escolar, solo para tomar un ejemplo, se ve envuelto en medio de los combates, las escuelas se convierten en trincheras y en refugio para los combatientes. Aún más, en estas instituciones se viven procesos de ajustes de cuentas entre pandilleros de todo tipo. Así se debilitan los lazos sociales tanto vecinales como institucionales. Como resultado se incrementa la movilidad intraurbana, pero no a causa de la búsqueda de mejores oportunidades, o por cambios en el lugar del trabajo u otras causas que son tan corrientes en las explicaciones de la planificación urbana, la sociología y la antropología, sino producidas por un desarraigo –territorial y familiar- obligado por un desplazamiento forzoso, en una suerte de destierro, en una huida apenas lógica de la población civil de los frentes de guerra. A manera de ejemplo traemos este recuento desgarrador: “Las 40 casas de la manzana, a lo largo de la calle 34B con carrera 111C, entre los sectores 20 de Julio y Betania, ya estaban desocupadas hacía dos meses, desde que la guerra entre las milicias y autodefensas se recrudeció y los muros de las edificaciones empezaron a sacudirse con las esquirlas de las granadas y las ráfagas de los fusiles. Los únicos que decidieron quedarse entonces fueron Luisa y su esposo, empeñados en salvar los diez millones de pesos que dos años antes pagaron por su vivienda con un préstamo del que aún deben la mitad. Por eso persistieron y mandaron a los niños a la casa de la abuela, en Guayabal. En esos días, a comienzos de febrero, el tropel de los que huían comenzó a ser tan vertiginoso que muchos dejaban camas, trastos de cocina, estufas, cuadros colgados en las paredes y mascotas, en total cinco perros, tres gatos y una coneja de orejas grises que terminó muerta de un susto después de la detonación de una papa explosiva.” (José A. Castaño, 2002)

Por supuesto, esta situación es corriente en muchos de los barrios de la ciudad, pero se consideran críticos: Santo Domingo Sabio48, Popular, Ocho de Marzo49, Veinte de Julio, Belencito, Blanquizal, Villa Laura, Betania, Trece de Noviembre, Villa Tina, La Sierra, El Pinal, Los Mangos y Efe Gómez, solo por mencionar algunos y que tienen en común ser barrios de las periferias en los que, “denuncian los habitantes, hay cuadras desoladas,

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marcadas por el abandono y los graffitis en aerosol en los que los grupos armados se retan a muerte y se culpan de la desgracias de los que se marchan” (Ibídem). Los barrios Santo Domingo I y II y Popular I y II ha sido escenario de diverso enfrentamientos y de cambios en el control zonal: algunas bandas que se han colocado al servicio de los paramilitares –recordemos que esta estrategia de sometimiento de estas formas de delincuencia por parte del paramilitarismo, fue una estrategia copiada de los mismos comienzos de presencia insurgente en la ciudad- para enfrentar grupos de “milicianos insurgentes”. Allí encontramos bandas como La 38, La Caseta, El Hueco, La 100, Los Costales, Los Patiamarillos, Los Triana, Estrella Roja y El Sanduche. Su presencia a intensificado la movilidad en estos barrios. Merece mencionarse la banda de Los Nachos, surgida hacia 1985 en el barrio Popular I. Esta banda debe su nombre a un joven llamado Ignacio, quien había recibido instrucción militar por el M19 dentro de sus “campamentos de Paz”. Esta banda siempre actuó independientemente del narcotráfico, aunque se alquiló al mejor postor. También las bandas sicariales y de delincuencia organizada han sido actores de primer orden en este proceso migratorio interno. Muchas bandas prevalidas del poder que otorga la metralleta y el dinero, procedieron a desalojar familias enteras, a violar sus mujeres, a matar a otros jóvenes por la simple sospecha de ser soplones o amigos de otros “combos”. El costado occidental de Medellín –corredor estratégico- ha sido uno de los más sacudidos por los choques armados entre ilegales. Allí tienen asiento milicias del ELN, de las FARC, los Comandos Armados del Pueblo (CAP), y es permanente la incursión de grupos de autodefensas. En los barrios Robledo, San Javier, 20 de Julio, La

Independencia, Vallejuelos, La Independencia, Belencito, Blanquizal y la parte alta de La América, Guayabal, Belén, El Rincón, 12 de Octubre y El Picachito los jóvenes milicianos que han controlado buena parte de estos barrios, integraron a los Comandos Armados del Pueblo (CAP). En Castilla, se afincaron los Comandos Obreros Populares (Milicias Populares de Liberación), surgidas como disidencia del Ejercito Popular de Liberación (EPL). En tanto que en algunos sectores de la zona centrooccidental y en particular en el barrio La Iguana –zona tugurial estratégica en la medida que dará acceso a uno de los megaproyectos de ingeniería antioqueña como es el Túnel de Occidente, y ubicada en el costado occidental inmediato del río Medellín, se ubicaron las Milicias Bolivarianas, las cuales son orgánicas de las FARC. Igualmente, en las laderas de la zona periférica oriental que da acceso a la Valle del oriente antioqueño, en donde afinca sus raíces el Bloque Carlos Alirio Buitrago del ELN, las autodefensas del Bloque Metro, que fue el primer grupo paramilitar y funcional a las ACU de Castaño y Mancuso conformado en la ciudad, intentan cerrar un cerco, entre los barrios de invasión Carambolas, Santo Domingo, La Esperanza, Carpinelo, María Cano y La Sierra, es decir entre las Comunas 3 y 8. Para esta estrategia, las autodefensas infiltraron los Núcleos Revolucionarios 6 y 7 de noviembre de las milicias del ELN, les ofrecieron dinero y muchos integrantes de la insurgencia, como se dice en el lenguaje popular, “se torcieron y comenzaron a dar dedo” a sus antiguos compañeros de lucha.

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En la parte alta de la zona oriental, en los barrios Versalles y Manrique, se siente la presencia de la Milicias Populares Revolucionarias. Muchos de sus miembros son venidos de la vieja Corriente de Renovación Socialista. Los habitantes de estos barrios populares, lógicamente, se sienten abandonados a su suerte. Toda clase de atropellos se sucede por parte de los actores armados, y la negligencia o el temor de los representantes de los organismos estatales, e incluso, de derechos humanos no les escuchan, ni investigan sus denuncias. El control que ejercen los actores armados –milicias, paramilitares, bandas juveniles, delincuencia organizada- no solo implica el control sobre la movilización de la población, pues incluso el acceso y la movilidad por los barrios tiene que ser pactada y autorizada por quien ejerce el poder en él y se hacen los respectivos retenes para investigar quién se transporta en los buses, en los colectivos y en los taxis, pero además se ejerce el control sobre los alimentos y los medios de transporte. Es el ejercicio del dominio en toda la extensión de la palabra. Se volvió corriente en todos estos barrios, que las viviendas se colocaran al “servicio de los guerreros” pues, en casos de combates, era obligatorio abrirles las puertas para que se parapetaran o se refugiaran según el caso –de no hacerlo la expulsión y pérdida de la propiedad, o de la vida- pero además, se debía financiar a los combatientes quienes comenzaron a “cobrar” por el servicio de vigilancia y “limpieza” del barrio. Todos debían aportar los “impuestos” decididos por los actores armados: los pequeños negocios de expendios de bebidas, de víveres, de servicios, los distribuidores también tenían sus cuotas para poder ingresar al barrio... “Aquí todos pagan”. Es evidente el incremento de la victimización de la población civil, no solo durante los momentos y las zonas de combate. Se produce con mayor rigor en la violación de derechos humanos y mayor vulneración de la población civil, por parte de todos los actores armados, organizados o no. Una ubicación, aunque muy general, de todos estos actores armados puede ser la siguiente:

LOS BARRIOS Y LAS BANDAS BARRIO ZONA NORORIENTAL: Manrique Oriental Manrique Transmayo Manrique- Los Balsos Versalles Santo Domingo La Frontera Popular50 Nuevo Horizonte

BANDAS Milicias populares Revolucionarias, La 30 u oficina, Los Marines, La 41, Los Píldoras, Los Tobis, Los Chiches, La Terraza51 y La Montañita La Batea y La 30 Milicias Populares Revolucionarias Los Triana52 La Torre, La 29, La Silla, El Trébol, Estrella Roja. Los Triana, Cañada Negra Los Costales, Los Nachos, Los Patillones, Cañada Negra, los Calvos. Los Joyeros

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Villa del Socorro Playón de los Comuneros San Pablo La Cruz Belloriente Carpinelo Carambolas San José- La cima Andalucía La Francia Granizal Santa Rita Zamora Moravia. Aranjuez Santa Cruz ZONA CENTROORIENTAL: Caicedo La sierra Caicedo Enciso Boston La Milagrosa Buenos Aires El Salvador San Diego ZONA NOROCCIDENTAL: Aures Robledo La Iguana Antonio Nariño El Pesebre Santander Picachito Picacho Doce de octubre Castilla Alfonso López Kennedy París

ZONA CENTROOCCIDENTAL: San Javier Vallejuelos – Blanquizal Belencito Corazón

Los Champús, los Nachos. Los Triana, Cañada Negra Los Triana Bloque Cacique Nutibara Bloque Cacique Nutibara Bloque Cacique Nutibara Bloque Cacique Nutibara. Bloque Metro La 49 La Cancha, La 38, El Plan Los Triana Bloque Metro. Los Tubos, La Terminal, La Arboleda El Hueco, La 103, La 100. Bloque Metro, El Morro, La Libertad Los Mexicanos Los Concejos, De Praga, Las Castas Marquetalia, El Alacrán, El Nacional, Pablo Escobar Los Cerros, El Mayey o Caunces, El Plan, Del gordo o David. El Salvador El Buda Los Cacaos, Depósito, El Chispero Comandos Armados del pueblo, Los Búcaros, La Oficina, Los Gómez, Matallana, El Hueco, La Cuchilla

La Iguaná Los Cuquitas Beto, Los Ranchos, La 115 Picachito, Los Rieles o Los Palomares. El Pechón o Las Vegas (Bloque Metro) Los Sotos, De Guisao, Los Caretrapos, La 30 del doce Milicias Populares, Los Machacos, Los Mondongueros53, El Carrusel, Los Lecheros, La 98 o sancochos, La 70, La Imperial Los Cola y pola. La Oficina Bloque Metro, La banda de Frank, Los Tintos fríos, Los Ranchos Los paras, Comandos Armados del pueblo (CAP). Comandos Armados del pueblo Los Cobres, Los Zaros, Los Colchoneros, El Socorro

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CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA Altavista ZONA SUROCCIDENTAL: Barrio Antioquia La Raya Las Violetas CORREGIMIENTO S. CRISTÓBAL: San Cristóbal

Los CAP Los Chivos, Autodefensas, Los Mister o Sabor Latino, Los Piñeros Los Ranchos, Los Coquitos, La 24, La Estefanía, La Cueva La Raya, El Bolo, San Rafael, Combo de Tavo Las Violetas, Los Magníficos, Las Mercedes, Belén Zafra. Bloque cacique Nutibara, San Cristóbal, De Piru, Los Ototos.

CORREGIMIENTO DE S. ANTONIO DE PRADO: San Antonio de Prado Limonar I y II Fuente: Elizabeth Yarce, 2002 y archivos de prensa.

En negrilla están los grupos ligados a las Milicias.

Un relato muy diciente lo extractamos del periódico El Colombiano, de un habitante del barrio 20 de julio, ubicado en la Comuna 13, al centro-ocidente de Medellín: "Por culpa de las milicias no volvió a subir el carro de la cerveza, ni el de las arepas, ni el de los cigarrillos, tumbaban lámparas de los postes y quedamos sin energía porque no podían subir tampoco los de Empresas Públicas. Últimamente sólo podía subir el carro con el pollo. Cinco grupos pedían vacunas y a la hora de la verdad eran los mismos. El año pasado nos pidieron $5 millones, les dijimos que no teníamos, entonces decían que hipotecáramos la casa, que vendiéramos lo que pudiéramos o sino mataban a mi mamá. Empezaron a llamar. Llamaban y llamaban y nos decían que ya habían matado a otro por no pagar. Así siguieron hasta que nos tocó endeudarnos para conseguir esa plata. Estuvimos mal del todo y ellos seguían aquí, haciendo retenes. Nos tocó tirarles la plata en una bolsa por el balcón, como si nada. Para colmo, a pesar de que ya habíamos pagado esa vacuna nos tocaba pagarles, obligados, entre $8.000 y $15.000 semanales y que si denunciábamos algo a las autoridades no volvíamos a ver a la hermana que trabajaba. Así, le tocaba a uno vivir en este barrio. Vimos matar muchos comerciantes, entre ellos al de la carnicería. Mataron también muchas jovencitas que se las llevaban, les hacían de todo y después las tiraban.” (Carlos A. Giraldo, 2002)

Se cuenta que en medio del combate por la “recuperación” ordenada por el Alcalde Municipal de la comuna 1354, en el 2002, la escuela del barrio Vallejuelos, que es una de las pocas construcciones en material del sector –el resto son ranchos de madera- fue convertida en trinchera en medio de los combates. Pero la guerra no se libraba en los espacios de los barrios populares, sino que traspasaba esas fronteras invisibles, de allí que los grupos de milicianos por ejemplo, encontraron en la industria del secuestro una verdadera veta lucrativa y cualquier muchacho de clase alta representara la posibilidad de una extorsión segura. Por eso, muchos habitantes de estos barrios como El Poblado por ejemplo, pierden su noción de ciudad y sólo conoce las transversales de este barrio, desconociendo todo fuera de esa ruta, su habilidad más allá de esas fronteras desaparece, y se llenan de pánico, el centro histórico de su ciudad no 49

les dice nada y solo lo han atravesado en sus vehículos. Es “como si cruzaran un lindero invisible hacia una dimensión desconocida, plagada de seres peligrosos, come carne y tira fuego.” Por supuesto no es temor enfermizo, es el resultado de los medios de comunicación y de las mismas estadísticas: en el Centro y los barrios periféricos se cometen diez de los doce asesinatos que hay en la ciudad al día, allí esconden el 90% de los carros hurtados en la ciudad y se enfrentan los guerrilleros y las autodefensas, igual que en la zona rural, con fusiles y con bombas. Así se acentúan las fronteras invisibles y se reconocen los espacios de guerra. Las estrategias dominantes de estos diferentes actores apuntan a la construcción de micropoderes, a lo que las FARC denominaron “cerco periférico”, a la territorialización del poder que, por supuesto, supone y es concordante con la territorialización de la violencia. Se trata de ir progresivamente copando cada uno de los espacios de la ciudad, determinando el uso del espacio e incluso, su simple tránsito. Ello va creando fronteras invisibles. Nos encontramos ante un proceso cíclico, que se retroalimenta: Se destruye tejido social, se incrementa la violencia, se fortalecen las fronteras invisibles y se enajena la ciudad como un todo para los ciudadanos. No obstante, me parece importante anotar que pese a la estrategia miliciana y subversiva de cerco sobre la ciudad, en lo que va corrido de esta centuria, el control paulatinamente ha ido pasando y consolidándose en favor de los grupos de autodefensa ligados al paramilitarismo, en particular, en beneficio del Bloque Cacique Nutibara, liderado por alias “Don Berna”.

LAS LUCHAS POR UN PACTO DEMOCRÁTICO Cuando se habla de luchas por un pacto democrático, estimo que se hace desde la perspectiva de resaltar tres condiciones indispensables: • • •

Fortalecimiento del aparato judicial. Vigencia plena de los Derechos Humanos. Participación y seguridad ciudadanas.

El cumplimiento de estas condiciones conducen necesariamente a una mayor concurrencia de la ciudadanía y de las autoridades en el trámite pacífico de los conflicto y, por supuesto, a la promoción y defensa de los derechos humanos y el énfasis en las acciones preventivas sobre las simplemente represivas, para combatir el delito. De esta manera considero que se tendrían los pilares de un verdadero “Programa de Convivencia y seguridad ciudadana” que tanto se reclama para nuestras ciudades. Las explicaciones a la presencia de actores armados y organizados tienen naturaleza muy variada: unos dicen que se trata de la "urbanización del conflicto armado"; es decir, del incremento de las acciones de los actores de la guerra interna en la ciudad. Otros indican que son apenas repercusiones de la lucha contra el crimen organizado. Otros señalan que el centro del problema "no es la lucha territorial entre guerrilla y paramilitares sino que la

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violencia tiene origen, en buena medida, en las políticas de exclusión y represión del Estado local contra las masas de pobladores pobres de las laderas de Medellín". Lo cierto del caso es que el experimento que vivió la ciudad de políticas represivas, de mano dura, siempre fracasó, entre otras razones porque se trata de aparatos de seguridad o represivos mal informados, que desconocen las zonas, con muy poco apoyo político y muy mal servidos, pues muchos de sus agentes han sido corrompidos, por ello se insistió, y se sigue insistiendo, bien, en pactar el silencio de la armas, o bien, en una política social focalizada en los más pobres. Se olvidan de la concertación como mecanismo de democratización. Por supuesto que también han quedado enseñanzas y estrategias que requieren de mayor reflexión. Los primeros pasos de las negociaciones con los grupos milicianos produjeron algunos desarrollos participativos y elevación de conciencia comunitaria. Así lo relata la investigadora de la Universidad de Bradford, Inglaterra, Geraldine McDonald (1998): “Las negociaciones de las milicias de las MPVA –Milicias Populares del Valle de Aburrágozaban de popularidad por parte de la comunidad en la cual operaban las milicias. Se estableció un grupo de trabajo y la comunidad era consultada cuando debían tomarse decisiones importantes. Los convenios logrados a partir de las negociaciones incluyeron planes para el desarrollo local, para la consolidación de las organizaciones comunitarias y para los gestores de paz, quienes eran tanto ex-milicianos como miembros de la comunidad. Con posterioridad a los convenios se estableció un centro para la resolución de conflictos en el barrio de Moravia/El Bosque, donde los líderes de la comunidad y un puñado de exmilicianos ahora dirimen sus conflictos. El centro ha sido un éxito y ha servido de modelo para otro centro similar en el barrio de Andalucía.” ... “Una formación que aliente a la gente a exponer concienzudamente sus diferencias y a tratar de entender el punto de vista de unos y otros en vez de recurrir a la violencia como una respuesta inmediata a los problemas, sería magnífico para aumentar el nivel de tolerancia y lograr un ambiente más pacífico.

Pero esta no fue nunca la perspectiva dominante, al punto que puedo afirmar que el conjunto de los asuntos problemáticos que directamente han afectado la convivencia han sido enfrentados con enfoques que han fracasado, en la medida que han sido respuestas externas, en donde la participación comunitaria ha sido excluida en lo técnico y discriminada en lo político55. Al despuntar los años 90, el gobierno del Presidente Cesar Gaviria recogió las recomendaciones elaboradas por “la comisión de violentòlogos” y planteó como política para enfrentar el problema de la violencia en Medellín la ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA y el PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÌFICA. Estas buscaban inicialmente recuperar para el Estado el monopolio del uso de la fuerza, lo cual implicaba el desarme de la sociedad civil. A renglón seguido se establecía la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la justicia para sancionar el delito y evitar la impunidad. Sin embargo, se encontraron dificultades de diferentes órdenes y fue muy poco lo que se pudo hacer. En el transcurso de los últimos años, empezando con la Consejería Presidencial para Medellín, que dirigió en primera instancia María Emma Mejía56, en la ciudad se han intentado varias aproximaciones en la búsqueda de soluciones al problema de violencia. 51

A raíz de las críticas que desde diferentes sectores de opinión ciudadana se hicieron a los pactos57 establecidos entre distintas bandas o “combos” barriales buscando la no agresión y el respeto por la vida, y que contaban con el apoyo de la Oficina Municipal de “Asesoría de Paz y Convivencia”58, surgieron voces que señalaron que una clara política y estrategia de gestión del conflicto pasaba por la idea que la paz no se compraba sino que se construía, buscando anular las desigualdades sociales. Es decir, criticaban la política de apoyos económicos que en últimas y en la práctica solo beneficiaban a los grupos de actores armados y no a la comunidad en general59. Las críticas más concretas y más delicadas que se hicieron en su momento, tuvieron que ver con la compra de armas por parte de las bandas con dinero que estaría destinado a la inversión social en barrios y con el excesivo protagonismo que tomó la Mesa de Trabajo de la Cárcel de Bellavista, que en últimas era la que establecía los términos de los pactos entre las bandas barriales. Esto significaba que se requerían tanto el acercamiento con los actores armados, pero más importante era el apoyo institucional y ciudadano y la inversión social en aquellas zonas geográficas y de pobladores con quienes se tenía “una gran deuda social”60. Definitivamente, la estrategia ha consistido en buscar por todos los medios, disminuir los enfrentamientos violentos. Así lo que en Medellín se ha llamado “procesos de paz” en la práctica solo han sido negociaciones realizadas por las jerarquías de las diferentes organizaciones armadas –bandas, combos, milicias y recientemente paramilitares- con los representantes del Estado y la Administración Local, tendientes a silenciar las armas. Sin desconocer la importancia de estos acuerdos, que reprimen la violencia y que considero son indispensables para resolver los asuntos de fondo, es claro que no ha habido hasta este momento un proceso continuo tendiente a cambiar las condiciones de exclusión y marginalidad, o si se quiere, de contexto, en las que viven la mayoría de pobladores en territorios donde los actores armados han afincado sus dominios. No ha habido modificación en las condiciones de inequidad social. Reiteradamente se han realizado prácticas de mediación, tanto por parte de la Iglesia Católica como de instituciones gubernamentales creadas para tal fin, como es el caso de Consejería Presidencial para Medellín y la Oficina de Convivencia Ciudadana, buscando restaurar los ambientes proclives para el diálogo y la negociación entre los “grupos violentos” de todo tipo y el Estado. Definitivamente han tenido una eficacia, que considero muy limitada, en la medida en que sin modificar las condiciones reales de exclusión y sin construir una nueva concepción de democracia, si han servido para desarticular un buen número de conflictos –sobre todo de enfrentamientos entre bandas- y pequeñas violencias. Sintetizando, podemos indicar que las respuestas que se han aplicado para enfrentar la presencia de actores violentos y organizados, en nuestra ciudad, se pueden dividir, en dos categorías: •

La “Vía Punitiva”, se reclaman acciones directas, “mano fuerte”, de castigo duro a cualquier tipo de infracción y, en consecuencia, se dirigen a aumentar el número de efectivos policiales, a criminalizar a los menores, y se aumenta el número de cárceles para encerrar delincuentes.

Se ha venido creando la idea de que el mismo Estado, además de los ciudadanos corrientes, son víctimas de los violentos, por ello es necesario apoyar el Estado, incluso

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tolerando una situación metajurídica, para evitar el desplome total del país y de esta ciudad, ya suficientemente estigmatizada. Por otro lado, la “vía preventiva”, que está en oposición a la anterior, y que señala que los resultados del uso de la represión y de la fuerza son pasajeros, pero no solucionan el problema. Sólo se ha logrado equivocadamente criminalizar la pobreza, y profundizar los enfrentamientos sociales, sin cambiar los contextos. Proponen entonces un enfoque preventivo, con la participación de toda la comunidad, y las iglesias, con vigorosos programas de apoyo a los jóvenes desfavorecidos. La experiencia vivida en la ciudad muestra que es notable el hecho de la falta de continuidad en las políticas para enfrentar la violencia, muchas sin dudas bien intencionadas, pero con una escasa o mínima evaluación, y que solo han traído resultados parciales. Pero sutilmente, al mismo tiempo, se ha agravado la situación: se suaviza una coyuntura difícil, pero las raíces siguen hundiéndose más hondo. Las condiciones han cambiado y cada día aparecen elementos que no fueron considerados previamente. Es importante señalar que la situación ha sido abordada fundamentalmente desde la perspectiva del gobierno municipal, con la importante participación de la Iglesia y algunas organizaciones sociales, con la mayoría de ciudadanos como espectadores no comprometidos. Sin embargo, hoy, la estrategia que se ha venido implementado desde la misma comunidad y liderada por los sacerdotes en sus respectivas parroquias, consiste en la construcción Mesas de Trabajo Barriales, de las cuales son conocidas 21, que funcionan

de forma autónoma. Buscan apoyarse para sus proyectos de reconstrucción del tejido social en la participación de maestros, madres comunitarias, directores de grupos juveniles y de la Tercera Edad, personal del sector de la salud y padres de familia. Las mesas de trabajo son mecanismos propios de participación barrial, constituidas en orden de enfrentar los conflictos violentos. Parten pues de reconocer 2 hechos: de un lado; que la seguridad ciudadana debe ser atendida por las Instituciones gubernamentales, y por otro lado, se reconoce la responsabilidad que cabe a la misma comunidad para intervenir directamente los procesos de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. Partiendo del interrogante que a mi modo de ver es lógico y cuestiona el funcionamiento y la eficacia de estas mesas, de ¿cómo enfrentar la situación de agresión que afecta a toda la comunidad, sin pertenecer a ninguno de los grupos armados en conflicto? encuentro barreras históricas, entre las cuales se reconocen: •

• •

Inexperiencia para trabajar de una manera coordinada, interinstitucional e intersectorialmente. Existen muchas organizaciones al interior de las comunidades, tales como grupos deportivos, culturales, acciones comunales, convites, grupos solidarios, iglesia, etc. Pero trabajan por separado, generando un impacto mínimo. Poca habilidad en la gestión para plantear soluciones o mecanismos de intervención sin poner en riesgo la propia integridad. Poco conocimiento de métodos de intervención social.

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Desde la perspectiva administrativa, desde el año 2002, el Alcalde Luis Pérez presentó una nueva propuesta –que fue llevada al Concejo Municipal para su aprobación- para ser aplicada tomando como base tres barrios de la ciudad que se consideran neurálgicos por su clima de violencia: Belencito (comuna 13), Santo Domingo Sabio (comuna 1) y París (comuna 5). La propuesta consistió en proponerle a los alzados en armas que se sometieran a un proceso de reeducación en una actividad productiva durante 12 meses, recibiendo a cambio un salario mensual de un millón de pesos, luego de ese tiempo, la Alcaldía abriría unos puestos de trabajo en esas actividades productivas con un salario garantizado por 10 ó 15 años. Por supuesto, se requería que dejaran las armas y que simultáneamente y para garantizar el orden en estas zonas, se incrementara el pié de fuerza, contratando 2.000 policías adicionales para la ciudad. Como se ve se trataba de un proyecto a largo plazo –así lo reconoció el entonces Secretario de Gobierno municipal, Jorge Enrique Vélez en declaraciones al periódico El Mundo (septiembre 12/2002, p. 5B)- y que no establecía claramente las metas, las estrategias de acercamiento y negociación y menos de dónde iba a salir el presupuesto requerido. Las propuestas siguen sobre la mesa, todas se auscultan, se plantean y se discuten, pero la ciudad, pese al gran despliegue que se hace sobre el incremento del pie de fuerza – mayor número de policías- regreso a los barrios periféricos con nuevas estaciones de policía e instalación de cuarteles y los tímidos proyectos de inversión, aún se encuentra muy lejos de un verdadero proyecto de paz. Se hace imprescindible un cambio paradigmático en torno a las condiciones de la seguridad de los ciudadanos y la convivencia: hay que superar el papel exclusivo del Estado y su visión represiva, para colocar en su lugar la intervención y el compromiso ciudadano. Participación democrática, presencia estatal efectiva con el fortalecimiento de los aparatos policiales y judiciales, además de los organismos planificadores y de gestión, atención a los derechos humanos y económicos: son las bases de un pacto democrático. En síntesis: considero que el conflicto social solo se puede gestionar a través de la participación democrática y que, en este orden, la estrategia impone la negociación política como método para la resolución de conflictos –tal como lo plantea la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil, en Medellín- sobre la base de construir una sociedad más equitativa e incluyente, que respete y proteja los derechos humanos. En la base de la convivencia, como indicamos al iniciar este aparte, los métodos de intervención tienen que estar centrados en la prevención y el control, pero todo ello con miras a encontrar la seguridad jurídica y el apego a las normas, la seguridad ambiental, la redistribución de las riquezas y el respeto por los derechos humanos, civiles, económicos, políticos y culturales. Ahora bien y para finalizar, es necesario destacar que en medio de este caos, generado por la violencia, existen también fortalezas: de un lado, hay una relativamente fuerte identidad de los pobladores con sus respectivos barrios y con la ciudad, y de otro lado, existe la convicción ciudadana de que la solución no es a corto plazo y que ella solo se logra con su propia participación en la búsqueda de alternativas.

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Notas: (1) Estos procesos de descomposición campesina y de expropiación violenta de las tierras urbanas, marcaron el crecimiento urbano de Medellín, al igual que el de muchas de las ciudades colombianas, hasta fines de la década de los 70´s en el siglo pasado. (2) Podría pensarse que la expresión “éxodo” sería una mejor forma de describir este proceso. (3) La movilidad intraurbana o el desplazamiento intraurbano, se produce por las amenazas de muerte y de expulsión que se crean como secuelas luego de hostilidades entre grupos armados, o por la negativa de pagar los impuestos exigidos por estos grupos. Generalmente, el desplazamiento se produce de manera individual o por grupos familiares. Es de destacar que esa movilidad produce, además de los impactos culturales y psicoafectivos lógicos del desarraigo, un desmejoramiento real de las condiciones de vida del grupo afectado: eventualmente puede pasar de ser propietario a arrendatario y se incurre en nuevos gastos (por transporte, educación, etc.). (4) Comisión de 9 académicos y un exmilitar, constituida en 1987 a solicitud del Ministro de Gobierno Fernando Cepeda Ulloa, con el fin de proponer al Gobierno central una serie de estrategias para enfrentar el fenómeno de violencia en todo el territorio nacional. (5) Las fronteras son siempre, más que una entidad físico territorial, fronteras de memoria, desde las cuales el sujeto social identifica los lugares y los no-lugares, como los definió Marc Augè. (6) Utilizo la expresión de marcas territoriales, así como la de bordes, en el sentido planteado por Kevin Lynch en su famosos texto LA IMAGEN DE LA CIUDAD, Ed. Infinito, Buenos Aires, Argentina (1959). (7) El contenido de este concepto de “mundo de la vida” es la polémica de Habermas con G. H. Mead y A. Schutz. Véanse los textos de Habermas TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA (1989) y TEXTOS Y CONTEXTOS (1996) por ejemplo. (8) Los grupos milicianos son grupos urbanos proclives a la insurgencia, tienen fuerte asiento local y estrechos vínculos con la comunidad, lo que hace que tengan un conocimiento profundo de los barrios y territorios en donde operan. La masificación de su estructura implicó que se vincularan muchos jóvenes de la ciudad, que venían de bandas y pandillas barriales, que estuvieron incluso al servicio del narcotráfico. Se les dio entrenamiento militar y se puede decir que se descuidó su formación política –esto los hizo muy vulnerables. (9) Palabra ideada por el español Eduardo Vinyamata, para referirse a la eventual construcción de una nueva ciencia que tiene que ver con el estudio de los conflictos y de los mecanismos de resolución de conflictos. (10) Para algunos, el hecho de ser una ciudad bien ubicada, relativamente desarrollada en términos industriales, comerciales y de servicios, con vías de acceso y llegada bien definidas que facilitan el acceso a los puertos y a los ríos como El Magdalena, Atrato y Cáuca, además de su geografía y climas, se constituyen en suficientes atractivos estratégicos para los actores armados. Habría un factor detonante: esta ciudad fue asiento de la más grande organización delictiva del narcotráfico, el Cartel de Medellín, comandado por Pablo Escobar. Su ubicación sería una trinchera estratégica para la circulación de armas y narcóticos. (11) Las poblaciones tuguriales de Colombia, tiene el mismo contenido social de las “Callampas” de Chile, de las “Favelas” de Brasil, de las “Villas Miserias” de Argentina y de los “Rancheríos” de Perú. (12) Estos son barrios de “Urbanización Pirata”, es decir, barrios que no son invasiones sino que su sistema de loteo no sigue las normas reguladoras de planificación determinadas por la Administración Municipal: como espacios definidos para las vías, aceras, servicios comunales y públicos, etc. (13) Estos son barrios de invasión que se ubican en esa época por fuera del perímetro urbano de la ciudad establecido por el Concejo Municipal. (14) El imaginario de los nuevos pobladores construyó la nueva ciudad y ello estaba tan acentuado que incluso cuando estos pobladores salían a realizar su economía del “rebusque” decían que “iban para Medellín”, es decir, sentían que salían de su propia ciudad para otra.

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(15) En un estudio de opinión realizado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) en 1985, los pobladores pobres de la ciudad señalaron que la figura más recordada por ellos y que mayor influencia tenía era la del Sacerdote. Colocándose por encima de deportistas, de maestros, incluso de otros vecinos. (16) Definitivamente, el Estado y la Administración Municipal siempre han tenido una relativa eficacia en el desarrollo de programas de inversión en obras públicas y servicios en las diferentes zonas de Medellín, pero han fracasado en dos frentes: de un lado, en constituirse como organismos de control legal y de administración de justicia, dados los altos niveles de corrupción e impunidad con la que actúan policía, F2, SIJIN y fiscalía –lo que les resta legitimidad como fuerzas mediadoras de conflictos- y, de otro lado, en la inversión social y el estímulo a la creación de fuentes de empleo, viviendas de buena calidad y a precios accesibles para todos, más impulso a programas lúdicos y culturales. (17) Es necesario acotar que lejos de mi exposición existe la idea de que ser pobre significa ser violento. Sin embargo, es necesario indicar que la exclusión económica y social, en nuestras sociedades si debe ser entendida como condición necesaria, aunque no suficiente, para la salida violenta. Compartimos las tesis de Hopenhayn, cuando anota que la violencia en Latinoamérica es consecuencia y respuesta de las diversas formas de exclusión social y política (Hopenhayn, 1990:38) (18) Muchas de estas memorias, que son realmente historias de lucha, han sido recogidas en 2 versiones del concurso “Historia de Mi Barrio” desarrolladas por la Administración Municipal. (19) Barrio es la menor división territorial y administrativa del área urbana, con población de similar categoría socioeconómica y en donde predomina el uso residencial. (20) Zona es una división conformada por comunidades con diferentes categorías socioeconómicas. (21) La Comuna se refiere a 2 ó más barrios económicamente similares, con servicios colectivos y que pueden tener distintos usos del suelo. (22) Los corregimientos y veredas corresponden al área rural, pero poseen poblaciones inferiores a 20.000 habitantes. (23) En el mismo período, la Comuna Nororiental producía, según DECYPOL, 1 de cada 4 muertes violentas de la ciudad y la Comuna Noroccidental, 1 de cada 5 muertes violentas. (24) Se estima que una población de 1.900.000 habitantes sufrieron el desplazamiento forzoso, hacia la ciudad de Medellín, durante el último quinquenio del siglo 20. Ello implica una serie de dificultades por su asimilación por un sistema urbano anacrónico. Medellín tiene 45 asentamientos de desplazados forzados, de los cuales el 40% está en las zonas Centrooccidental y Nororiental. (25) Es precisamente el arbitramento de estos conflictos vecinales lo que permitirá sustentar la “legitimidad” de los grupos como las milicias, de lo cual hablaré más adelante. (26) En la interpretación de los desplazados encontramos dos perspectivas: algunos los ven como víctimas del conflicto y por ello, sujetos de toda consideración y apoyo, asumiendo una actitud paternalista. Otros, los ven como parte de los actores en conflicto, es decir, que de alguna manera están comprometidos con alguno de los actores en conflicto y su develamiento les obligó a emigrar de sus tierras, por ello se les asume con temor y desconfianza. (27) Estos sicarios desarrollaron culturalmente una forma muy particular de religiosidad, que Salazar (1990) denominó popular: hacían ofrendas en las iglesias y se encomendaban a la Virgen del Carmen o a San Judas o a otro santo, antes de cometer cada uno de sus crímenes. (28) Desde la década de los 60´s se les llamo eufemísticamente “barrios subnormales”, expresión que por supuesto contiene una fuerte carga semántica.

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(29) Tal vez el valor más trascendente que es el respeto a la vida, se pierde con la presencia del narcotráfico y sobre todo con la puesta en marcha del aparato sicarial. Los jóvenes, en medio de una ciudad que no les ofrece nada, carentes de oportunidades, encuentran que al colocarse al servicio de los capos, les genera prestigio barrial y dinero. La vida de “los otros” se convierte en una mercancía y el dinero y las armas en los medios de adquirirla, no importante que en el negocio se arriesgue la vida propia. (30) Pero aclaremos que no toda violencia de este tipo, implique que su actor tiene que ser marginal o desempleado, etc. Es una “forma de procesar su exclusión” dice Hopenhayn. (31) En este aparte quiero resaltar solo algunos aspectos propios de un mapeo del conflicto urbano. Particularmente me referiré a la dinámica y estructura de las relaciones de antagonismo, a su estado actual y a los escenarios y tendencias observables. (32) El Comité Permanente Para la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia- trae datos estadísticos que también son recogidos por Daniel Pecaut (1997) que nos permiten dimensionar esta situación: Brasil viene con una tasa de homicidios de 24.6 por cada 100.000 habitantes, Panamá de 22.9, México 20.6, Venezuela 16.4, Perú de 11.5 y Estados Unidos de 8. En contraste Noruega sólo llega a 0.9 homicidios. (33) Se ha constituido como parte del ABC de la Resolución de Conflictos la idea de que los “individuos no son el problema, sino que lo encarnan”. Enfatizaría que se requiere buscar los nexos sujetos sociales y problemas. (34) Según el estimativo que aparece en un informe del Comando de la Policía Metropolitana, las estructuras armadas ilegales tienen los siguientes integrantes: FARC 310 hombres en Medellín; ELN son 170; CAP solo 50; las AUC cuenta con 640 integrantes y el FRAP con 50 miembros. Para un total de 1220 hombres. (35) Esta violencia delincuencial es circunstancial y de oportunidad y se presenta movido por condiciones –la mayoría de las veces- de exclusión económica. (36) “Alrededor del tema de la producción, distribución, circulación y protección de los narcos, llegaron propuestas de organización de grupos armados delincuenciales a los barrios populares con distintas funciones: cuidar el negocio, ajustar cuentas, cobrar venganzas. Se fortaleció entonces un aparato militar liderado por Pablo Escobar , Alfredo Vásquez "El Pana", John Jairo Velásquez "Popeye", Carlos Aguilar "Mugre", Otoniel González "Otto" y los hermanos Mosquera ("La Quica y Tyson")” (Elizabeth Yarce, 2002) (37) Según algunos autores –Jesús Martín barbero, María Teresa Uribe, Alonso Salazar, etc. – han surgido rasgos culturales o una “cultura de la violencia” –cultura de la violencia familiar y sexual, la de la violencia escolar, la violencia laboral, etc.- que se ha transmitido a lo largo de estos últimos 15 años de manera generacional. Sin pretender intervenir en la existencia o no de dicha cultura, quiero precisar qué se entiende, en este documento, como cultura de la violencia: el desconocimiento del orden jurídico, mediado por el Estado, que es reemplazado por la utilización de la fuerza con el fin de lograr objetivos particulares. Se trata, en esencia, de la quiebra de la autoridad del Estado y de las Instituciones para integrar a los asociados en un sistema de normas y valores. (38) En otro de sus textos, el reconocido como violentólogo, Álvaro Camacho (1995) resalta que el narcotráfico ha generado violencia en tres direcciones: hacia su interior (intra e-intermafias, como por ejemplo, en los ajustes de cuentas por efectos del reparto de los réditos del negocio), violencia orientada hacia las barreras que obstaculizan directamente el funcionamiento del negocio (convirtiendo en objetivo a los funcionarios del Estado, a políticos y a opositores), y violencia ejercida hacia quienes pretenden modificar el orden social sobre el cual se realiza la actividad (como son las acciones contra los sectores de la izquierda y los líderes populares y sindicales). (39) El gobierno local, al amparo de los principios constitucionales de defensa y protección de los ciudadanos, legalizó esta situación produciendo los decretos 029 y 358, por medio de los cuales se “reglamenta el funcionamiento de los grupos de autoprotección en la ciudad”. (40) En el Congreso de la Paz y la Democracia del M19, que se celebró en la localidad de Los Robles, Departamento del Cauca, en 1984 se decidió que el M19 sería “gobierno” y para ese objetivo nace el proyecto de crear las Milicias Bolivarianas que tendrían como asiento las ciudades, ellas serían núcleos de base del movimiento guerrillero, actuando bajo la dirección directa del M19 –a la manera de los sujetos insumisos- que, sin perder el norte de la toma del poder, funcionarían como representantes de la guerrilla y buscarían compenetrarse con la

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comunidad, articularse a ella a través de la solución de problemas cotidianos. Serían grupos multifuncionales con actividades propagandísticas, políticas y militares, además de las sociales y comunitarias. En Medellín, se ubicaron en los barrios Popular, Zamora y Moravia de la Nororiental, en Villatina de la Centrooriental y en Castilla de la Noroccidental. (41) James Urrego fue uno de los dirigentes fundadores de la Cooperativa de Seguridad COOSERCOM y miembro de las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo (MPP), fue asesinado al poco tiempo de conformada la Cooperativa. La idea de la COOSERCOM era que las milicias se quedarían con sus armas y velarían por la seguridad de sus barrios, convirtiéndose en una entidad legal. (42) Integradas por las Milicias 6 y 7 de Noviembre que actuaron inicialmente en Barrios Villa Turbay, Villa Lillian, Llanaditas y 13 de Noviembre en la zona Centrooriental; las Milicias América Libre con presencia en los barrios San Javier, 20 de Julio, La independencia y la comuna 13 en la zona Centroccidental, también en Guayabal, Belén Rincón de la zona Suroccidental y en el 12 de Octubre, Aures y Picachito de la zona Noroccidental; las Milicias Obreras, el Inconforme Popular, Milicias Compañero Martín. (43) Es importante anotar que los rangos de edad de todos estos combatientes se ubica entre los 23 y 28 años, es decir, se trata de jóvenes desesperados unos por las condiciones de miseria, otros hastiados de los atropellos de la delincuencia común y otros de una fuerte convicción anticomunista. Todos ellos recurren a su vez a pobladores más jóvenes, entre los 16 y 25 años, que son obligados a entrar a estos grupos, bien sea engrosando las filas de combatientes, o brindando colaboración proporcionando información sobre los movimientos de la gente, rutas de buses, etc. Cada vez la población de estos actores armados es más joven. (44) Quizás el hecho más reconocido mundialmente, pues los medios masivos le otorgaron gran despliegue, fue lo que el Alcalde municipal, Dr. Luis Pérez denomino, “el rescate de la comuna 13”. (45) En declaraciones a la prensa el General Mario Montoya Uribe, comandante de la IV Brigada con asiento en Medellín, decía que “Las milicias de las FARC y el ELN tienen varias misiones: reclutar combatientes para los grupos rurales, recaudar fondos mediante la extorsión y el secuestro para financiar los comandos rurales; establecer núcleos de propaganda para la organización; servir como retaguardia para los combatientes enfermos porque muchos de ellos están llegando a reponerse a Medellín". (El Colombiano, “Guerra Urbana no ha prosperado”, 2002). (46) Paradójicamente estos grupos armados, milicianos por ejemplo, defendieron principios que en comienzo son refuerzo del orden que se supone combaten: los valores de la familia, las sanas costumbres, la no violencia Intrafamiliar, la no promiscuidad, etc. fueron prohijados por ellos. (47) Las autodefensas de Castaño y Mancuso iniciaron con la administración de Uribe Vélez un proceso de negociación, que en comienzo involucra a todas las AUC, sin embargo algunas frentes como el Bloque Metro que tiene influencia en el Oriente y Nordeste antioqueño, además de varias comunas de Medellín y que cuenta con cerca de 1.500 hombres, no aceptan estas negociaciones pues, como dice su comandante “Rodrigo” o “doble cero” hay 2 nudos: uno, el esquema de negociación es de un sometimiento a la justicia –desmovilización de tropas y cese de hostilidades- por parte de las AUC, sin margen para debatir sobre mecanismos que sirvan para la paz; y dos, el problema del narcotráfico con sus consecuencias de dineros ilícitos (los capitales que ha creado), contrarreforma agraria (las tierras adquiridas por los narcos) y situación jurídica de los líderes de las AUC con pedidos de extradición de Estados Unidos. Por supuesto, este Bloque es conciente de su aislamiento político y militar (El TIEMPO, 2003:1-5) (48) En este barrio es corriente que milicianos del ELN, vestidos de civil, patrullen el sector. (49) Uno de los barrios más periféricos en la zona oriental, en comienzo dominado por los milicianos del ELN, pero hoy controlado por las autodefensas del Bloque Metro. (50) Aquí nacieron “los capuchos” como grupo de defensa comunitaria enfrentados con la banda de Los Calvos. (51) Proviene de las viejas estructuras delincuenciales armadas de bandas ligadas al narcotráfico –al ala militar del extinto Cartel de Medellín, y ligados a grupos paramilitares posteriormente- lo mismo que las bandas de los Priscos, la Ramada, los Mecatos, los Nachos, los Killer y los Nachos entre otros.

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(52) Esta banda, que ejerce influencia en casi toda la comuna nororiental, tiene cerca de 300 hombres y se ha colocado al servicio de las AUC, específicamente al Bloque cacique Nutibara, lo mismo que sucedió con la banda de Los Cacaos del barrio Aures. (53) Hoy al servicio de las AUC, pero anteriormente tenía vínculos con las FARC. (54) La Operación Orión, fue adelantada por las autoridades en la Comuna 13, al occidente de Medellín y contra los frentes urbanos de las FARC, del ELN y de los CAP. La comuna se presentó como una zona controlada totalmente por las milicias populares al servicio de la insurgencia, desconociendo el incremento del control paramilitar en la zona, hecho que posteriormente fue denunciado por líderes comunales. (55) Conviene destacar que se han hecho intentos, desde la misma comunidad, para enfrentar las situaciones problemáticas, basta mencionar “el plan alternativo de desarrollo de la zona nororiental o Plan Alternativo Zonal (PAZ)” presentado a consideración del Concejo Municipal y da la Alcaldía de Medellín en 1996. Igualmente mencionemos “el Plan de desarrollo participativo de la zona Noroccidental” presentado en 1990. En ambos la participación de más de 300 organizaciones de los barrios afectados en el Plan demuestra la vitalidad e interés de la comunidad de coger en sus propias manos su destino. Ambos proyectos fueron archivados por la Administración Pública. (56) Compañera de Fórmula, en al Vicepresidencia, del candidato Horacio Serpa en su lucha por la primera magistratura del país enfrentado a Andrés Pastrana. Este a la postre fue elegido Presidente del país. (57) Se trataría de una versión de “pactos sociales” o acuerdos entre grupos sociales organizados (a la manera de la visión neocontractualista de John Rawls) en donde, de una parte, los grupos involucrados –bandas, combos y milicias- determinan “un armisticio razonado” que incluye el respeto por el otro, la no agresión y el respeto por la vida; y de otro lado, la municipalidad quien avala y respalda estos acuerdos garantiza apoyo de seguridad y desarrolla programas de inversión pública, en particular de empleo. Según la Oficina de Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín, se desarrollaron 25 pactos de no agresión entre diferentes bandas entre los años de 1998 y 2000. (58) La propuesta con la cual nace esta oficina fue la de desarrollar para los actores armados, básicamente los grupos milicianos del ELN y de las FARC un proceso de reinserción a la vida civil, con alternativas de proyectos productivos y desarrollo para las comunidades donde los actores armados operan. El primer gran experimento concluyó el 25 de Febrero de 1994, cuando 650 jóvenes –aunque se estima que esta fue una cifra inflada, para poder tener poder de negociación con la Administración Municipal- de las Milicias Populares del Pueblo y las Milicias Populares del Valle de Aburrá, que habitaban los barrios Popular I y II, La Isla, Santo Domingo y otros barrios de la Comuna Nororiental, Villa del Socorro, Moravia, La Milagrosa, Santa Cruz, parte de la zona centro-oriental, conformaron una Cooperativa de Vigilancia llamada Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom). La misma que no fue acogida por otros milicianos. Muchos de quienes se acogieron a esta Cooperativa fueron asesinados, en medio de luchas intestinas, por poder, por prestigio, por las armas o por ventajas económicas, o bien, sufrieron los efectos de una campaña de exterminio. Coincido con McDonald, cuando afirma que, en la idea de la Cooperativa, ya existía una suposición fundamental errada al creer que la seguridad privada es un sustituto aceptable de la seguridad estatal en algunas zonas abandonadas. (59) Así no se plasmaba la idea de Rawls de construcción de convivencia social sobre la base de principios mínimos de justicia con aceptabilidad general por personas libres e iguales. Los beneficios económicos que favorecieron solo a algunos militantes de bandas, incluso fueron considerados insuficientes por estas, hasta el punto de que a finales de 2000, algunos de los firmantes de los pactos, y que fueron involucrados en programas de empleo como fue el de contratación para hacer limpieza y mantenimiento a las quebradas de Medellín, consideraron que el apoyo estatal era escaso, que el empleo ofrecido duraba poco o que no era para la totalidad de los miembros de las bandas involucradas. (60) Cuando se habla de deuda social, se quiere enfatizar en un sistema de intereses públicos y privados que se imbrican en beneficio de los privilegios de unos pocos y en detrimento de los más.

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MOVILIDAD Y MIGRACIÓN EN LA REGIÓN FRONTERIZA MÉXICOESTADOS UNIDOS: UN ANÁLISIS BINACIONAL A PARTIR DE LOS DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN DE 2000 Dr. CRISTÓBAL MENDOZA Departamento de Estudios Regionales - INESER Universidad de Guadalajara [email protected]

La actual frontera internacional México-Estados Unidos es resultado de la guerra entre estos dos vecinos. Los conflictos armados iniciaron con la independencia de Texas en 1836 y culminaron con el Tratado Guadalupe-Hidalgo en 1848, por el cual, México perdía alrededor de la mitad de su territorio (los estados de lo que son hoy California, Arizona, Nevada, Nuevo México, Texas, la mayoría de Utah, y parte de Colorado y Oklahoma).2 Posteriormente, en 1853, el general Santa Anna vendió la región de la Mesilla, ubicada en el norte de Sonora, a los Estados Unidos, fijando, de esta manera, las fronteras actuales de México y Estados Unidos. Sin embargo, la frontera podría haberse desplazado más al sur, dadas las convulsiones políticas y sociales de finales del XIX y principios del XX en México, incluidas las diferentes invasiones estadounidenses o los intentos por parte de los Estados Unidos de anexionarse más territorios (véase, a este respecto, el recuento histórico exhaustivo que realiza Bassols Batalla, 1998). En este contexto, garantizar la "mexicanidad" de la frontera norte fue una constante de los primeros gobiernos post-revolucionarios. Así, durante el sexenio cardenista (1934-40), se llevaron a cabo políticas específicas de desarrollo y "colonización" de esta parte del país, las cuales se realizaron en paralelo a la Reforma Agraria. Dicha reforma comportó el reparto de las tierras, algunas expropiadas a grandes empresas norteamericanas, a agricultores mexicanos (por ejemplo, en el Valle de Mexicali o en el Bajo Bravo, Bassols Batalla, 1999). Sin embargo, la escasez de comunicaciones con el resto de la República había motivado que, ya en 1933, se iniciara una política de "zonas libres" con la creación de Perímetros Libres Experimentales para Tijuana y Ensenada, con la intención de solventar el problema del abastecimiento de mercancías y productos en estos dos municipios. En 1937 la Zona Libre ya comprendía todo el territorio norte de Baja California y San Luis Río Colorado (Canales, 1995). Más recientemente, México ha implementado políticas de desarrollo regional circunscritas a los territorios fronterizos, de cara a aprovechar sinergias que pudieran resultar de su condición de vecino de los Estados Unidos. De esta manera, se han implementado políticas arancelarias, fiscales e industriales en la franja fronteriza (por ejemplo, el régimen de libre importación temporal de maquinarias e insumos, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1996). A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte en 1994, el régimen fiscal "excepcional" de la frontera está dando paso a una nueva legislación arancelaria y fiscal que ha provocado, entre otras cosas, la expansión de la industria maquiladora hacia el resto de la República (De la O, 2002). La aplicación de políticas comunes, como las mencionadas anteriormente, hace que ciertamente la franja mexicana más cercana a la frontera con los Estados Unidos cuente con características que podríamos denominar "comunes" desde Baja California hasta Tamaulipas.

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Estas características "comunes" incluyen el desarrollo de la industria maquiladora, que se erige en una de las causas principales de migración laboral a la frontera, especialmente en aquellos municipios que cuentan con una base económica poco diversificada, como son las ciudades medias y pequeñas (por ejemplo, San Luis Río Colorado o Ciudad Acuña). Prueba de ello, como se verá con más detalle posteriormente, son las altas tasas de crecimiento de población de esta área. La frontera, sin embargo, no sólo atrae, sino que también expulsa, y es residencia de numerosos trabajadores que laboran en Estados Unidos que cruzan a diario la línea internacional ("commuters"). A título de ilustración, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, alrededor del 8% de la Población Económicamente Activa de Tijuana y Mexicali trabajaba en 1999 en los Estados Unidos. Este porcentaje disminuía hasta el 4% para Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, y hasta el 3% en el caso de Matamoros en este mismo año (Mendoza, 1999, véase Mapa 1 para la ubicación de estas ciudades). La perspectiva de los Estados Unidos, con respecto a su frontera, es diferente. Quizá sea desde la historia que, con mayor fuerza, se ha defendido la existencia de una región común en el suroeste de los Estados Unidos. En este sentido, la escuela historiográfica de los Spanish Borderlands, iniciada a finales del XIX y encabezada por Herbert E. Bolton y David Weber a principios del siglo XX, reivindicó el pasado colonial español de todo el suroeste, de Florida a California, desde una perspectiva romántica (Schwaller, 1997). La historia oficial estadounidense atribuyó al excesivo centralismo de la ciudad de México y a una administración débil, a cargo de la misión (poder religioso) y el presidio (poder militar), la falta de articulación del actual territorio del sur de los Estados Unidos dentro de la Nueva España, o posteriormente en México (Bolton, 1979, primera publicación 1917), lo cual, siguiendo esta línea de pensamiento, comportó la pérdida y anexión de estos territorios en la Unión Americana. Los Estados Unidos, a diferencia de México, sin embargo, no han implementado políticas federales comunes para el conjunto de la frontera, aparte de las relativas a la "seguridad nacional", incluyendo aquí los aspectos relacionados con la migración. Las políticas federales se limitan a militarizar la frontera, desde San Diego a Brownsville, sin distinguir estados. La primera iniciativa, en este sentido, se tomó en El Paso (Texas), con la implementación de la Operación Blockade o Bloqueo, más tarde Hold the line, operación que se hizo extensiva rápidamente a otras ciudades, como San Diego (Operación Gatekeeper o Guardián). La frontera es, en todo caso, percibida como un lugar conflictivo, con problemas específicos derivados de su vecindad con México, como migración o pobreza. En todo caso, difícilmente se puede hablar de una región fronteriza desde California a Texas, dada la especificidad de las ciudades ubicadas a lo largo de esta región. Así, mientras San Diego despunta como una ciudad de alto crecimiento económico, los indicadores económicos y sociales de los condados del sur de Texas se sitúan muy por debajo de la media nacional (Peach y Williams, 2000). De hecho, en caso de buscar alguna particularidad común, ésta sería el alto porcentaje de personas de origen mexicano, con la excepción de San Diego. Especialmente en el caso de Texas, los datos del Censo del 2000 muestran una pauta territorial clara: la población latina disminuye a medida que nos alejamos de la línea internacional (Mendoza, 2002). La mayor proporción de personas mexicanas o de origen mexicano, unido a una agresiva política de control de los flujos migratorios, serían, por tanto, los rasgos que conformarían la realidad fronteriza del suroeste de los Estados Unidos.

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No sorprende, en este contexto, que la demografía tampoco haya conseguido superar la línea internacional, lo cual no quiere decir que no se haya tomado en cuenta la realidad fronteriza para estudiar los fenómenos demográficos. Lo que realmente no se ha logrado hasta la fecha es implementar encuestas comunes, con metodologías comparables, con la excepción de algunas encuestas no representativas con universos muy reducidos (véase, a este respecto, Vásquez Galán y Cueva Luna, 2001, que comparan la oferta y demanda de servicios de salud en Matamoros y Brownsville). En el caso de México, los primeros estudios sobre sociodemografía de la frontera norte explicaban los supuestos cambios sociodemográficos de la región en función de su vecindad con los Estados Unidos (Bustamante, 1981 o Ham-Chande y Weeks, 1992). En este contexto, se explicaba el Modelo de Transición Demográfica del norte de México, el cual se situaba en una fase más avanzada que la del resto del país (Coubès, 2000). Sin embargo, desde los noventa, asistimos a un cambio de enfoque: la frontera se compara con el resto del país y, en general, se concluye que los cambios en el norte son un reflejo de cambios estructurales producidos en México en su conjunto (por ejemplo, el estudio de Delaunay y Brugeilles, 1995 sobre fecundidad o Quilodrán, 1991 sobre nupcialidad). En esta misma línea, Delaunay (1995), que revisa una serie de indicadores demográficos para el conjunto del país, afirma que la frontera norte es totalmente mexicana, pero que, a menudo, se sitúa a la vanguardia de los cambios sociodemográficos y económicos del país. Este autor, sin embargo, evita posicionarse claramente sobre si las ciudades fronterizas observan rasgos distintivos que impulsan cambios en su estructura sociodemográfica, o si estos últimos no son más que un reflejo de las mudanzas estructurales que se están produciendo en el conjunto del país. En los Estados Unidos, los estudios sobre sociodemografía en el suroeste se concentran, en general, en temas relacionados con migración o etnicidad (especialmente, el flujo de trabajadores ilegales, por ejemplo, Bean et al., 1992, o Bustamante, 2001), salud (en muchos casos la salud de los migrantes o de usuarios mexicanos de los servicios sanitarios o asistenciales estadounidense, por ejemplo, Guendelman y Jasin 1992) o en pobreza (por ejemplo, Beets y Slottje, 1994 o Ward, 1995). De acuerdo con la mayoría de los enfoques, y aunque no se afirme claramente, la frontera, a diferencia de otros lugares, es un lugar "problemático", donde generalmente se agudizan fenómenos que, por otro lado, se observan en el resto del país. Es cierto, no obstante, que los condados fronterizos estadounidenses, con la excepción de San Diego, tienen indicadores de bienestar muy por debajo del resto del país (Peach y Williams, 2000). A la hora de explicar estos indicadores, uno de los argumentos que se maneja en el debate sobre la (mayor) pobreza del suroeste estadounidense es que ésta deriva de su proximidad con México. En efecto, esta visión coincide con la opinión de amplios sectores de la población, incluida la de origen mexicano, residente en las ciudades fronterizas estadounidenses (a este respecto, véase Vila, 2000). Por otro lado, los estudios de demografía en la región se han visto influenciado por una polémica paralela, a veces estéril, sobre la definición y la extensión de la zona fronteriza México-Estados Unidos (véase, a ese respecto, Ham-Chande y Weeks, 1992; o Zenteno y Cruz, 1992). Para algunos autores (por ejemplo, Bustamante, 1989; Herzog, 1990) existe una única región fronteriza México-Estados Unidos, aunque para otros (véase, por ejemplo, Alegría 2000) el concepto “región fronteriza” no tiene bases sólidas firmes ni un marco teórico de referencia.

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En este contexto, usando datos censales de México y Estados Unidos, Mendoza (2001 y 2003) analizó conjuntamente una serie de indicadores sociodemográficos para ambos lados de la frontera. Este autor planteaba si la frontera ejercía también como barrera sociodemográfica, a pesar de la gran permeabilidad de personas, bienes y capital, o si, por el contrario, existía continuidad espacial de los fenómenos fronterizos. La principal conclusión de estos trabajos fue que "la línea internacional separa dos sistemas sociodemográficos distintos. El volumen de personas que se desplazan en el territorio parece ser [...] el único rasgo sociodemográfico común, aunque las características del flujo y sus impactos en el territorio varían en un lado y en otro de la frontera. Por el contrario, la migración parece reforzar la distancia que existe en términos sociodemográficos entre el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos. No encontramos, así, [...] evidencia suficiente para asegurar que se da un efecto difusión de eventos sociodemográficos, sino de todo lo contrario, la frontera ejerce un papel de línea divisoria entre dos regímenes sociodemográficos" (Mendoza, 2001, pág. 52)

Esta conclusión ya había sido apuntada por otros autores (véase Rubin-Kurtzman, HamChande y Van Arsdol, 1996), que también concluyeron que la alta movilidad y la migración de personas son las características demográficas de la frontera. Sin embargo, el alcance de esta afirmación no ha sido comprobado empíricamente, dada la falta de información comparable sobre migración para México y Estados Unidos. En este sentido, los datos del Censo del 2000 sobre migración, que no estaban disponibles a la hora de escribir mis anteriores trabajos, permiten arrojar nueva luz al fenómeno migratorio, dado que, por primera vez, el Censo mexicano recoge la migración intraestatal. Además, a pesar de las evidentes carencias del censo, especialmente el mexicano, para estudiar la movilidad de las personas (Corona, 1997), éste es la única fuente que permite realizar comparaciones binacionales por a escala municipal o de condado. Este capítulo, por tanto, pretende retomar una discusión empezada anteriormente (Mendoza, 2001 y Mendoza, 2003), profundizando en los aspectos relativos a las dinámicas migratorias en la zona fronteriza de México y Estados Unidos. El artículo empezará ubicando la concentración de la población y las tasas de crecimiento en el período 1990-2000. A partir de esta primera sección, el artículo abordará dos cuestiones en torno a la migración: su volumen y su origen.3 DATOS El problema principal para abordar una perspectiva sociodemográfica conjunta en la región fronteriza México-Estados Unidos es la falta de datos comparables para ambos lados de la línea internacional. En este sentido, resalta la falta de encuestas comunes, o de encuestas diferentes con metodologías comparables. La forma de organizar la recogida de información a través de encuestas en Estados Unidos y México puede ser un buen ejemplo para ilustrar la dificultad de la comparación entre fuentes de información. Los Estados Unidos cuentan con una única encuesta de población, de periodicidad trimestral, la Encuesta Continua de Población (Current Population Survey), representativa para todo el país, estados y Áreas Metropolitanas, que indaga diferentes aspectos demográficos, incluyendo empleo y etnicidad, y que cuenta con diferentes módulos ad hoc de periodicidad variable. México, por su parte, cuenta con una serie de encuestas, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, la Encuesta Nacional de Empleo, la encuesta que acompañó al Conteo de Población, representativas para el país y por

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estado, que ofrecen quizá más información en su conjunto, pero de recogida más dispersa y menos sistemática. Por otro lado, las definiciones de las variables y categorías usadas en los cuestionarios de estas encuestas también difieren en un lado y otro de la frontera. Quizá el ejemplo más claro sea la forma de cuantificar empleo y desempleo en ambos países. Dejando a un lado los problemas metodológicos que pudiera entrañar comparar encuestas mexicanas y estadounidenses, éstas no son representativas por municipio.4 La única posibilidad, en ausencia de encuestas, es estudiar ambas realidades sociodemográficas a través del Censo de Población y Vivienda que se realiza cada diez años tanto en México como en la Unión Americana. A pesar de que ambos censos tienen objetivos diferentes, lo cual se refleja en cuestionarios distintos5, las preguntas relativas a las características sociodemográficas de la población (por ejemplo, composición por edad y sexo, condición migratoria) son comparables (véase Cuadro 1). En este trabajo sólo nos centramos en los datos censales de 2000. Los datos se presentan en valores relativos, dado que, en el caso de México, los porcentajes de "no respuesta" en las preguntas relativas a migración son altos en algunos municipios.6 Ésta es, por otro lado, la razón por la que no se comparan volúmenes de migración en dos años censales, ya que las variaciones en los números absolutos pueden ser sencillamente resultado de errores de cobertura. Por otro lado, en el Censo mexicano de 1990 no se contabilizó la migración intraestatal. De esta manera, suponiendo que los datos no estuvieran afectados por errores de cobertura, sólo se hubiera podido comparar migración interestatal e internacional por municipio, lo cual es de interés relativo para evaluar el volumen migratorio. Los datos se presentan en mapas binacionales que cubren una amplia zona fronteriza. Concretamente, en México los mapas abarcan totalmente a cuatro estados del norte de México (Baja California, Sonora, Chihuahua, y Coahuila) y parcialmente a otros cinco (Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nuevo León y Tamaulipas). En los Estados Unidos, los mapas cubren totalmente Nuevo México y Arizona, y parcialmente California, Texas y Oklahoma, más el condado de Clark en Nevada, donde se encuentran Las Vegas.7 En este trabajo, se aborda primeramente la distribución de la población en 2000 y su crecimiento en el período 1990-2000. Posteriormente, el trabajo se centra en las tasas de inmigración para el año 2000, con la finalidad de inquirir sobre el potencial migratorio de la región en su conjunto. Finalmente, el artículo explora el origen de los flujos migratorios en la región. Este análisis se realiza por municipio (México) y condado (Estados Unidos).8 DISTRIBUCIÓN Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 9 De acuerdo con el Mapa 1, la población de esta extensa área fronteriza se concentra en cuatro corredores binacionales: Los Ángeles-San Diego-Tijuana, las ciudades fronterizas, el corredor Coahuila-Nuevo León-Tamaulipas-Texas y el área Sonora-Arizona-Las Vegas. Tres de estos corredores son de orientación norte-sur y un cuarto este-oeste (las ciudades fronterizas). Sin embargo, a pesar de esta agrupación en corredores, estos "ejes de poblamiento" distan de tener una "lógica" común en ambos lados de la línea internacional. Como se puede apreciar en el Mapa 1, la "región" más poblada de esta área es la compuesta por las Áreas Metropolitanas de Los Ángeles, San Diego y Tijuana que cuenta 67

con una población de alrededor de 20 millones y medio de personas en 2000 y una alta densidad (204.1 habitantes por km2). En números absolutos, su población ha aumentado en más de dos millones y medio en los noventa, pero cerca de cuatro en los ochenta. En números relativos, aunque no es el caso de Tijuana, los condados estadounidenses experimentan tasas anuales de crecimiento de población menores en los noventa que en los ochenta. Sin duda, las dinámicas sociodemográficas de las ciudades del sur de la California norteamericana están relacionadas con México, en cuanto, como veremos, más tarde, la migración de mexicanos es decisiva para entender el crecimiento poblacional de, por ejemplo, Los Ángeles. Pero, es claro que el crecimiento económico de la región de la costa del Pacífico, desde Los Ángeles a San Diego, a pesar de la gran demanda de mano de obra migrante (a este respecto, Cornelius, 1998, defiende que la demanda de trabajadores mexicanos en las empresas del sur de California es estructural, y no el resultado de vaivenes coyunturales de la economía), es autónomo (de los ciclos económicos) del norte de México. Todo lo contrario ocurre en Tijuana, una ciudad que surgió, creció y sigue creciendo fundamentalmente por ser frontera con los Estados Unidos (Ranfla y Álvarez de la Torre, 1986).10 A diferencia de California, las ciudades fronterizas no constituyen un continuum urbano de alta densidad. De hecho, los núcleos urbanos son una excepción en la frontera internacional. Estas ciudades, especialmente las del lado mexicano, son, sin embargo, muy dinámicas desde el punto de vista demográfico debido a su gran capacidad de atracción de migrantes, lo cual se traduce en altas tasas de crecimiento (Mapa 2). De esta manera, las llamadas ciudades gemelas (San Diego-Tijuana, Ciudad Juárez-El Paso, Laredo-Nuevo Laredo, Reynosa-McAllen y Matamoros-Brownsville), además de Mexicali, contaban con una población total de 9 millones de personas en el 2000. En números absolutos, éstas crecieron un total de 1,692,993 personas en 1980-90 y de 2,178,664 en 1990-2000, siendo su tasa de crecimiento anual casi igual en los ochenta (2.9%) que en los noventa (2.8%). En los ochenta, en números absolutos, San Diego creció más (636,170 personas), pero Tijuana tuvo el incremento relativo mayor (tasa anual de crecimiento del 4.8%). Tijuana, por otro lado, también experimentó el incremento mayor, de todas las localidades fronterizas, tanto en números absolutos (526,859) como relativos (5.3%) en los noventa (Mapa 2). Comparando las ciudades mexicanas con las estadounidenses, de ambos lados de la frontera, las mexicanas crecen más que sus contrapartes estadounidenses en los noventa (Mapa 2). Las localidades mexicanas, por su parte, también aumentan más su población en los noventa que en los ochenta, tanto en términos absolutos como relativos. El caso más subrayable es el de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que pasó del 0.8% de crecimiento anual en los ochenta a 3.5% en los noventa. En el caso de las estadounidenses, San Diego y El Paso crecen menos, en términos relativos, en los noventa que en los ochenta, a diferencia de las ciudades texanas (Laredo, McAllen y Brownsville) que observan la tendencia contraria. Sería motivo de otro artículo observar con detalle qué tipo de relación (dependencia, interrelación, etc.) se establece entre los diferentes pares de ciudades. La literatura no coincide en este punto, oscilando la polémica entre la falta de integración entre las localidades mexicanas y estadounidenses fronterizas (Alegría, 2000), hasta la interrelación entre ambas (Bustamante, 1989; Herzog, 1990) pasando por una integración dependiente de las ciudades mexicanas con respecto a la economía norteamericana. Sin embargo, a pesar de este tratamiento unitario en la literatura, al menos en su historia, las ciudades fronterizas del noroeste mexicano, de creación reciente como Tijuana, difieren 68

de las del norcentro y noroeste que, en su gran mayoría, datan de la época de la colonia.11 Quizá se requiera dar un paso más, y realizar estudios comparativos sociodemográficas o de otra índole por localidad, dadas las particularidades de las ciudades mexicanas y también de las norteamericanas, que imprimen carácter local a las relaciones binacionales, como bien sugería Vila (2000) que, a pesar de su exhaustivo trabajo etnográfico, defendía que sus conclusiones se reducían exclusivamente a El PasoJuárez y que no se podían hacer extensibles al resto de la frontera. En el amplio Corredor Coahuila-Nuevo León-Tamaulipas-Texas, definido aquí como las ciudades situadas en la interestatal 35, desde Dallas hasta Laredo y su prolongación hasta Monterrey-Saltillo, residía una población total de 12,095,423 habitantes en 2000. A diferencia de California, no existe continuidad urbana entre éstas. Es más, existe amplias zonas deshabitadas, o de baja densidad, entre núcleos habitados (por ejemplo, entre San Antonio y Laredo; o entre Nuevo Laredo y Monterrey; Mapa 1). Por otro lado, a diferencia de las ciudades fronterizas, este corredor tampoco comparte un rasgo que les confiera una personalidad especial, como es el caso de la frontera internacional. Sin embargo, las relaciones que tradicionalmente han existido entre Monterrey y el suroeste de los Estados Unidos (Cerutti 2000, por ejemplo, argumenta que el crecimiento de la industria manufacturera en Monterrey se debió al sector exportador y a su intensa relación con los Estados Unidos), y entre el norte de México y San Antonio (San Antonio es una de las ciudades no fronterizas con más del 50% de población latina; Mendoza, 2002) justifican el considerar estas ciudades situadas a lo largo de la interestatal 35 y su prolongación en territorio mexicano conjuntamente a la hora de analizar la estructura y cambio de la población. Es más, paradójicamente el binomio San Antonio-Monterrey constituya las ciudades mejor integradas de esta región de estudio. En este sentido, la existencia de burguesías fuertes y consolidadas, en grandes ciudades de gran tradición empresarial, unido al hecho que la mayoría de la población de San Antonio, incluida aquí su clase empresarial, es de origen hispano, hace más factible un intercambio e interrelación más igualitaria e interdependiente entre ambas (véase Cerutti y González Quiroga, 1999; Cerutti, 2001). Al comparar las Áreas Metropolitanas del corredor, observamos que, en números absolutos, Dallas es la que experimenta los aumentos más relevantes en números absolutos en los ochenta (620,993 habitantes) como en los noventa (842,928). En números relativos, el Área Metropolitana Austin-San Marcos tiene las tasas de crecimiento anual más altas para ambos períodos (3.9% en 1990-2000 y 3.7% en 1980-90). Sin embargo, como se puede observar en el Mapa 2, son las Áreas Metropolitanas de tamaño medio las que crecen más en términos relativos, como Killen-Temple. De la misma manera, son las áreas metropolitanas, y no tanto la ciudad (o condado) central, los que experimentan los aumentos de población más relevantes en este corredor. Esta misma dinámica se observa en México. Al comparar ambas décadas, es subrayable que el municipio de Monterrey perdiera población en los ochenta, aunque aumentara el número de habitantes ligeramente en los noventa. Para el Área Metropolitana de Monterrey, en su conjunto, sin embargo, el crecimiento relativo es menor en los noventa que en los ochenta, aunque siempre se mantiene positivo. Un último corredor binacional de población es el formado por la región Sonora-Arizona, incluyendo aquí el condado de Clark, donde se sitúan Las Vegas. La importancia de este corredor no radica tanto en el número total de personas que viven (7,412,894 en 2000, incluyendo aquí sólo las ciudades de Sonora, Arizona y Las Vegas), sino en el ritmo de crecimiento de su población. En este sentido, Las Vegas casi dobla su población en los 69

ochenta, pasando de 463,087 en 1980 a 741,459 en 1990, siendo su incremento en números absolutos de 634,306 personas en los noventa, lo cual significa un crecimiento anual del 4.7% en los ochenta y del 6.2% en los noventa (Mapa 2). El sur de Arizona, por su parte, también observa crecimientos subrayables. Phoenix dobla su población en veinte años y Tucsón la aumenta en un 50% en el período 1980-2000. Por su parte en Sonora el crecimiento se concentra en el triángulo San Luis Río Colorado-NogalesHermosillo, en detrimento de las costas del estado. Por último, y a diferencia de Arizona, ningún municipio rural, del interior de Sonora, supera los 15,000 habitantes (en blanco, por tanto, en el Mapa 1), municipios además que están sufriendo un subrayable proceso de despoblación. De la misma manera que Monterrey y San Antonio comparten intereses comunes, Tucsón y Hermosillo, otras dos ciudades no fronterizas tienen intensas relaciones comerciales, fomentadas por la implantación de la industria maquiladora en Nogales, Hermosillo y en otros puntos de Sonora, que se cimentan, en muchos casos, en relaciones familiares entre el sur de Arizona y Hermosillo (Alegría, 1992). De esta manera, el crecimiento demográfico (y también económico) de Sonora se orienta hacia el noroeste, en vez de la costa del Pacífico, como fue tradicional a principios de siglo (Ramírez, 1991; Almada, 2000, y Mapa 2 que muestra que en 1990-2000 sólo Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado tienen tasas de crecimiento superiores al 2% anual). En realidad, el rasgo sociodemográfica de esta extensa área de estudio es el hecho que amplias zonas están escasamente pobladas, dándose casos de despoblamiento en los noventa en la Sierra Madre Occidental, región Sonora-Chihuahua, ciertos municipios ubicados en áreas áridas (por ejemplo, el norte de Durango), y Occidente de Texas (Mapas 1 y 2). Es más, se observa una polarización del crecimiento de población en algunos de los estados considerados aquí. Por ejemplo, mientras las costas y la frontera internacional de Sonora aumentan su población, los de la sierra decrecen. De una manera similar, las zonas rurales del Occidente de Texas pierden habitantes, contrariamente de las ciudades situadas en la misma región (por ejemplo, Amarillo), en el corredor DallasSan Antonio o en la frontera. En suma, el crecimiento de la población está muy concentrado en los cuatro ejes previamente descritos, en una región que, en definitiva, se caracteriza por su baja densidad. Paradójicamente, el primer eje de poblamiento de la región, el formado durante la colonia por Santa Fe de Nuevo México-Chihuahua, el eje central o la ruta de Santa Fe, es actualmente un corredor débilmente poblado, con la excepción de las ciudades de Juárez-El Paso (Mapa 1). VOLUMEN MIGRATORIO: TASA DE INMIGRACIÓN (2000) Sin duda el crecimiento poblacional de esta región se debe, en gran medida, a la migración. Anteriormente afirmábamos que la gran movilidad y migración de personas era la característica sociodemográfica clave de la frontera (Mendoza, 2001, 2003). Esta afirmación se realizaba a partir de los datos de migración interestatal e internacional de 1990. En 2000, a diferencia de 1990, el Censo mexicano permite contabilizar aquellas personas de 5 años y más que vivían fuera del municipio, pero dentro del estado (migración intraestatal), cinco años antes del levantamiento censal, en enero de 1995.12 De esta manera, se puede tener una idea más precisa del volumen de personas que se han desplazado en el período 1995-2000. Además, este dato es relevante porque la migración intraestatal es numerosa en estados de gran tamaño (por ejemplo, Chihuahua).13 En efecto, los números que se manejan para el estudio de la migración 70

están siempre influenciados por el tamaño de la unidad administrativa usada, así como por la forma y distribución interna de una población dentro de esa unidad. Aclarados estos puntos, el Mapa 3 representa la tasa de inmigración en 2000, entendida como el volumen total de migrantes (personas de 5 años y más residentes fuera del municipio o condado cinco años antes del levantamiento censal) con relación a la población total del municipio o condado en 2000. La migración, de esta manera, se mide en términos relativos, en función de la población del municipio o condado, para evitar distorsiones propias del tamaño de la unidad geográfica de referencia, y para en el caso de México, evitar errores de cobertura censal, como ya se ha explicado anteriormente. La tasa de inmigración que aquí se presenta no es una tasa en sentido estricto, puesto que en el numerador no se encuentra toda la población que ha llegado al municipio/condado desde enero (México) o primero de abril (Estados Unidos) de 1995, sino aquellos que vivían en estas fechas fuera del municipio o condado, que se desplazaron a esta unidad administrativa y todavía residían a principios de 2000 aquí. Las personas que se desplazaron después de enero de 1995 (México) o abril de 1995 (Estados Unidos) y aquellos que cambiaron su residencia al municipio, pero que se fueron antes de la fecha del levantamiento censal en 2000 no quedan registradas. En realidad, estamos hablando de una proporción de inmigrantes, pero las dificultades intrínsecas de medir los flujos de entrada (y de salida), ha popularizado el uso del concepto “tasa de inmigración” en estos casos. A primera vista, el Mapa 3 señala, de forma muy clara, que las tasas de inmigración son muy superiores en el suroeste de los Estados Unidos que en el norte de México. Con la excepción de dos condados de Texas, situados cerca de la frontera, el suroeste de los Estados Unidos siempre registra tasas superiores al 10%. Con otras palabras, al menos 1 de cada 10 habitantes de esta región vivía fuera de su condado el primero de abril de 1995. Si a estas tasas, además añadiéramos los cambios de vivienda dentro del propio condado, tendríamos que, en algunos casos, el porcentaje de los que se desplazan superan a los que permanecen. A título de ejemplo, en Las Vegas, aunque quizá sea un caso extremo, sólo el 34.5% residía en la misma vivienda en abril de 1995 y en el momento de levantar el censo del 2000. Una tercera parte más cambió de vivienda dentro del condado y alrededor del 50% procedía de un estado diferente o del extranjero. Son, en efecto, tasas de movilidad de las poblaciones muy altas. No sorprende, por tanto, que, en el norte de México, las tasas de inmigración sean sensiblemente menores. Como norma, éstas no superan el 10% en esta región, aunque algunos municipios, en su mayoría situados en la frontera internacional, Baja California y el Área Metropolitana de Monterrey se sitúen por encima de este porcentaje (Mapa 3). En este sentido, es interesante resaltar que son los municipios fronterizos, o los ubicados en las inmediaciones de ésta, los que tienen un mayor potencial migratorio de nuestra zona de estudio. Aquí se encuentran, con altas tasas, por encima del 10%, tanto grandes ciudades, como Tijuana o Juárez (aunque no Mexicali), como ciudades pequeñas (por ejemplo, Ciudad Acuña, San Luis Río Colorado, Nogales) o municipios mayoritariamente rurales, como Hidalgo (Coahuila), o Guadalupe (Chihuahua). El patrón de atracción de migrantes en el norte de México no sería, por tanto, urbano-rural, sino fronterizo. Monterrey, sin embargo, sería la excepción que confirma la regla, ya que es una la única zona urbana no fronteriza con fuerte atracción migratoria. Concretamente, cuatro municipios de su Área Metropolitana registran porcentajes superiores al 20%, mientras el resto se sitúa, en todos los casos, por encima del 10%. En un segundo plano, con tasas 71

situadas entre el 5 y el 10% se sitúan algunas ciudades no fronterizas del norte, Hermosillo, Saltillo, Chihuahua, y dos regiones de expansión de la maquila, como el norte de Sonora (eje Hermosillo-Nogales) o la zona maquiladora de Coahuila (para mayor información sobre la reconversión de esta región, de cuenca carbonífera a región maquiladora, véase Contreras, 2001).14 En el caso del suroeste de los Estados Unidos, no es la frontera la que registra una mayor atracción de migrantes. De hecho, los únicos dos condados con tasas inferiores al 10%, como ya se ha comentado anteriormente, se encuentran en la línea internacional. Además, la franja situada entre los ríos Bravo y Nueces, con porcentajes de población hispana superiores al 75% (Mendoza, 2002) muestran pautas de relativa baja movilidad, comparado siempre con el conjunto del suroeste de los Estados Unidos. La conclusión sería, por tanto, que el patrón está más diluido, resaltando las tasas del norte de Arizona y sur de Nevada (superior al 30%) y el crecimiento de las ciudades a lo largo del corredor San Antonio-Austin-Dallas en Texas. En el caso de California, los mayores crecimientos relativos de migrantes se ubican fuera del Área Metropolitana Los Ángeles-Long BeachOrange, al este de esta aglomeración urbana; concretamente, en Riverside y San Bernardino. Por su parte, Santa Bárbara, al norte de Los Ángeles, y San Diego, al sur, también son zonas de alta inmigración, por encima del 20%. Es de resaltar, por último, que las zonas con mayoría indígena tienen tasas de movilidad más bajas que el resto del territorio. Éste sería el caso de la región Tarahumara de Chihuahua y de las reservas de apaches y navajo en Arizona y Nuevo México. En este punto coinciden tanto México como los Estados Unidos. Es más que probable que se den comportamientos migratorios diferenciados entre las personas indígenas y aquéllas que no lo son, siendo la probabilidad de emigrar más alta entre mestizos y blancos que entre indígenas. Ésta sería la razón por la que la región tarahumara, al sur de Chihuahua, experimenta crecimientos positivos, que contrastan con el resto de municipios adyacentes a esta zona (norte de Durango, interior de Sonora y Chihuahua) que decrecen su población (Mapa 2). La escasa emigración de los indígenas, unido con altas tasas de fecundidad, son las causas de un elevado crecimiento poblacional. Todo lo contrario ocurre en el sur de California, donde se observan tasas de inmigración superiores al 20% (Mapa 3) que no se traducen en altas tasas anuales de crecimiento (Mapa 2). Es más, el crecimiento relativo es comparativamente más importante en Baja California, a pesar de observar tasas de inmigración menores, lo cual puede ser resultado, primeramente, del hecho que los condados del sur de California están más poblados que los de Baja California. No obstante, para el sur de California, estos datos sugieren que, dado que la elevada inmigración no se traduce en crecimientos tan altos como se podría esperar, los cambios de residencia fuera del condado de residencia (emigración) son también de considerable magnitud. De esta manera, la característica a resaltar no sería tanto la alta inmigración, sino la elevada movilidad de las personas, compensándose, en muchos casos, las entradas con las salidas en el suroeste de los Estados Unidos. Esta tendencia no se observa en el norte de México, donde se aprecia, en la mayoría de los municipios fronterizos, tasas anuales de crecimiento superiores al 2% (Mapa 2). Éstos están directamente relacionados con las tasas de inmigración, superiores al 10% en la gran parte de la frontera, tal como se puede ver en el Mapa 3. Como conclusión de este apartado, el volumen migratorio, entendido en términos relativos, indica que también, en cuanto a patrones migratorios, México y los Estados Unidos observan indicadores muy diferentes. La alta movilidad, siempre medido a partir 72

de los inmigrantes, no de los emigrantes, no es característica del conjunto del norte de México. En todo caso, los municipios fronterizos y Monterrey serían las zonas de alta inmigración, superiores al 10%. Este patrón territorial no se repite en los Estados Unidos, donde los porcentajes de inmigrantes son siempre superiores al 10%, independientemente de la ubicación de los condados. La tendencia en los Estados Unidos sería, más bien, una alta movilidad de las personas que cambian de domicilio con relativa facilidad, lo cual se traduce en crecimientos de población importantes en zonas poco habitadas, como se puede observar en Arizona, pero en aumentos mesurados en áreas de mayor densidad de población, como el sur de California. En México la movilidad es menor, pero a pesar de tener tasas de inmigración menores que en los Estados Unidos, el crecimiento poblacional, en términos relativos, es similar al del suroeste de los Estados Unidos, o incluso mayor en algunos municipios como Tijuana o Acuña. Si tuviéramos que resumir en una frase, el patrón migratorio del conjunto del suroeste los Estados Unidos es de alta movilidad y el de los municipios fronterizos, no del conjunto del norte de México, de elevada inmigración. ORIGEN DE LOS MIGRANTES: MIGRACIÓN INTERNA No sólo el volumen de personas que se desplaza en el territorio es sustancialmente diferente en ambos lados de la línea internacional, sino que el origen de los migrantes difiere sustancialmente. En este sentido, el Mapa 4 muestra el porcentaje de personas de 5 años y más que vivían en 1995 fuera del estado de residencia actual. Este análisis permite averiguar el radio de alcance de la migración. La comparación aquí no se realizará entre estados puesto que los de mayor tamaño tienen tasas interestatales menores, sino que se realizará por entidad, toda vez que se relacionará la proporción de migrantes de fuera del estado de residencia con la respectiva tasa de inmigración. California, en su conjunto, tiene bajas tasas de inmigración interestatal (Mapa 4). Este hecho contrasta con los datos observados en el mapa anterior, de proporción de inmigrantes, sin distinguir origen (Mapa 3). Estos datos indican que, en efecto, la mayor parte de la inmigración procede de California (o son migrantes internacionales, como veremos posteriormente). A partir de los mapas, se pueden observar dos tendencias: •

Por un lado, Riverside y San Bernardino registran tasas de inmigración superior al 20%, pero tasas interestatales inferiores al 5%, lo cual podría entenderse en el contexto de descongestión metropolitana de la ciudad de Los Ángeles.

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Por el otro, los condados de Santa Bárbara y San Diego son los únicos del sur de California que tienen tasas de inmigración interestatal por encima del 5%. Estos condados, zonas de predominio "blanco" (anglosajón) en el sur de California, son de gran atractivo para las clases medias y altas de otros estados de la Unión Americana.15

Arizona, con la excepción de las áreas con fuerte presencia indígena, es la entidad que atrae un mayor número de migrantes intraestatales, en números relativos, en la segunda mitad de los noventa. La región desde la frontera mexicana hasta Las Vegas, que comprende total o parcialmente las Áreas Metropolitanas de Yuma, Phoenix-Mesa y Las Vegas, registra porcentajes de migración interestatal superior al 15%, o incluso al 20% en algunos condados, en 2000 (Mapa 4). Esta tendencia también se observó para la migración en el período 1985-1990 (Mendoza, 2002), lo cual parece indicar que, en 73

efecto, es una región muy dinámica desde el punto de vista demográfico, al menos en los últimos veinte años. Diversos factores influyen en esta alta inmigración de fuera de Arizona. En primer lugar, esta área atrae un contingente numeroso de migrantes laborales derivados de las nuevas actividades económicas resultantes, por un lado, de una mayor integración de las actividades fronterizas, como es el caso de la industria maquiladora que en muchos casos “reserva” algunos puestos de dirección, supervisión o control a las factorías ubicadas en territorio de los Estados Unidos, y, por el otro, al florecimiento de otras industrias, como la del ocio, especialmente en el área de Las Vegas. En segundo lugar, como sugiere la estructura por edades envejecida de la región (véase, a este respecto Mendoza 2002), se da una afluencia notable de migrantes no laborales (personas ya jubiladas que permanentemente o temporalmente, en invierno, se instalan en las más cálidas tierras del suroeste estadounidense procedente de estados situados más al norte).16 Finalmente, probablemente el proceso de descentralización metropolitana de Los Ángeles haya superado los confines de California, quizá por un más bajo nivel de fiscalización del estado de Arizona. En cuanto a Texas17, se constata que la mayoría de la migración procede del propio estado. El Mapa 3 mostraba una gran movilidad en Texas, principalmente en el corredor de ciudades Austin-Dallas, aunque también en localidades medias y algunos condados rurales. El Mapa 4 muestra, sin embargo, que la gran mayoría de los migrantes, que se observan en el Mapa 3, proceden de Texas. Entre los condados que reciben más migrantes de otros estados de la Unión Americana resaltan las Áreas Metropolitanas de Dallas y Austin, y Killen-Temple, con la excepción de San Antonio. Por último, destaca el poco atractivo, para personas no texanas, de los condados ubicados en la frontera más occidental de Texas, los cuales registran más del 75% de población latina y que, por otro lado, ostentan los indicadores peores de empleo y bienestar (Peach y Williams, 2000). En el caso de México, no es necesario un análisis detallado por estado puesto que la tendencia es clara y bastante uniforme. Son los municipios de la frontera, y de Baja California los que registran porcentajes de personas residentes fuera de la entidad superior al 10%. Las excepciones son pocas, resaltando algunos municipios del Área Metropolitana de Monterrey. En el norte de México, concretamente en la geografía que acabamos de describir, se da una clara relación positiva entre crecimiento poblacional, migración y migración interestatal. La mayoría del norte de México, sin embargo, incluyendo aquí las ciudades no fronterizas (Hermosillo, Saltillo, Chihuahua o Ciudad Obregón, por poner algunos ejemplos), no alcanza cuotas del 5% de migración interestatal. En efecto, las ciudades fronterizas contrastan con las del resto del estado donde se ubican en cuanto al flujo recibido de migrantes de fuera de la entidad. Éste sería el caso de Ciudad Juárez en Chihuahua o el de Matamoros o Reynosa en Tamaulipas. En relación con lo anterior, la mayoría de las ciudades medias no fronterizas del norte de México tienen un radio de alcance migratorio reducido, al menos comparada con las ciudades fronterizas. Así los migrantes de fuera del estado llegados a Los Mochis (Sinaloa), Ciudad Obregón (Sonora), Monclova (Coahuila) o Chihuahua en el período 1995-2000 no representaban el 5% de la población total de 2000 (Mapa 4) Esta misma tendencia ya fue observada para el Censo de 1990 (Mendoza, 2002). Sin embargo, para el caso de otras ciudades del norte, específicamente Hermosillo (Sonora), Torreón (Coahuila-Durango) o Saltillo (Coahuila), las pautas son diferentes en los ochenta y en los 74

noventa. En los ochenta, los migrantes del período 1985-90, procedentes de fuera del estado, superaban el 5% de la población total de estas ciudades en 1990 (Mendoza, 2002), mientras que en los noventa estos porcentajes no se observan. En suma, los datos del Censo de 2000 apuntan a que las ciudades medias, no fronterizas, del norte de México, han perdido capacidad de atracción de nuevos migrantes en el período 19952000. En conclusión, se podrían apuntar dos grandes tendencias: •

El norte de México, en su conjunto, tiene una atracción limitada de personas residentes en el interior de la República en 1995-2000, con las excepciones bien conocidas de la frontera, Baja California y Monterrey. Estos migrantes internos, de fuera de la entidad, son los responsables de las altas tasas de crecimiento de estos municipios. Por el contrario, las ciudades medias no fronterizas han perdido capacidad de atracción en el período 1995-2000, con respecto al quinquenio 198590.

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En el suroeste de los Estados Unidos, la geografía del origen de la migración es más compleja, dependiendo del estado e incluso de la región. Los orígenes de los migrantes están más diversificados, no pudiéndose apuntar tendencias generales. El sur de California, la región de Las Vegas, el sur de Arizona, el eje de ciudades Austin-Dallas, la franja territorial del río Nueces presentan, cada uno, características diferentes en cuanto al origen de la migración, que no son más que un reflejo de la mayor complejidad de los flujos cuyo destino tienen el suroeste de los Estados Unidos.

ORIGEN DE LOS MIGRANTES: MIGRACIÓN INTERNACIONAL En cuanto a migración internacional, para el conjunto del suroeste de la Unión Americana, se observa un patrón muy disperso y poco concentrado. No podemos hablar claramente de un patrón fronterizo, aunque en el caso de Arizona y Nuevo México se dé ciertamente una mayor proporción de migrantes internacionales en los condados fronterizos, con la excepción de Alburquerque y Santa Fe, en el caso de este último estado (Mapa 5). En el caso de Texas y California, la migración internacional ha superado, con mucho, los confines de la línea internacional, y las ciudades de Dallas, Austin o Los Ángeles compiten con Laredo o El Paso como zonas de alta inmigración internacional (por encima del 5% de la población del 2000 residía en el extranjero, presumiblemente México, en 1995). En el caso del sur de California, además, se observan porcentajes de inmigración internacional superiores al 2% de la población de 2000; región que se perfila como muy atractiva para migrantes internacionales, probablemente procedente de México (Mapa 5). Por otro lado, los mexicanos se dirigen tanto a mercados laborales urbanos como rurales, aunque el impacto, en términos relativos, en la población de los migrantes sea mayor en áreas urbanas. Entre las ciudades, además de las que podríamos clasificar de destinos clásicos de la migración mexicana (Los Ángeles, El Paso o Laredo), despuntan ciudades como Austin, Dallas o incluso ciudades medias como Killen-Temple, en Texas. Por otro lado, las zonas rurales que atraen, en mayor proporción, a migrantes mexicanos, éstas sí, se encuentran cerca de la frontera (por ejemplo, condados Imperial, California, Yuma, Arizona, u Otero, Nuevo México).

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Por el contrario, en el caso de México, la frontera observa particularidades en lo referente a la migración internacional. Con pocas excepciones, los municipios fronterizos (o los municipios adyacentes a aquellos que hacen frontera) son los únicos donde el porcentaje de población nacida fuera de México supera el 2% de sus respectivas poblaciones en 2000 (Mapa 5). Este hecho es consecuencia, en parte, del "retorno" de un significativo número de mexicoamericanos o mexicanos (y también, aunque en menor medida, de estadounidenses "blancos") que prefieren vivir en México, pero cerca de los Estados Unidos. En realidad, los números de migrantes internacionales en México son proporcionalmente bajos, incluso en la frontera, y sólo son de importancia relativa en municipios poco poblados. Realmente, en cuanto a migración internacional, no existe comparación posible entre México y Estados Unidos. Dejando de lado las peculiaridades de cada unos de los estados del suroeste de la Unión Americana, es bastante evidente, a partir del Mapa 5, que el lado norte de la frontera internacional ha sido destino frecuente de migrantes internacionales, mayormente mexicanos, en el período 1995-2000 y que la vertiente sur de esta misma frontera no tiene esa capacidad de atracción. CONCLUSIONES Las diferencias entre los patrones migratorios entre el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México son tantas que difícilmente se puede hablar de que la migración es el único rasgo sociodemográfico común en toda la frontera internacional. Incluso matizando esta afirmación, resulta incorrecto hablar de tendencias comunes, en cuanto a los patrones de migración, en el área de estudio de este artículo. En primer lugar, el volumen migratorio es, sin duda, mucho mayor en el suroeste de los Estados Unidos que en el norte de México. Las altas tasas de inmigración de algunos condados, donde incluso son más los que cambian de residencia que los que permanecen, no tienen, por otro lado, parangón en el mundo. Sin embargo, este volumen migratorio no se traduce en altas tasas de crecimiento. Que la inmigración no provoque crecimiento es, sin duda, consecuencia de que la inmigración se ve compensada con un flujo de salida, emigración. El rasgo definitorio no sería tanto la inmigración, sino la movilidad, la gran movilidad que, por otro lado, no creemos, sea característico del suroeste, sino más bien, del conjunto de los Estados Unidos. En el caso de México, las tasas de inmigración sólo son altas en la frontera y Monterrey, y son las causantes de altas tasas de crecimiento. Aquí estaríamos ante un patrón clásico de atracción migratoria en ciudades que están experimentando un alto grado de desarrollo económico, en términos comparativos, dentro de sus propios países. No sólo el volumen, ni su impacto en el crecimiento total, muy diferente entre estos dos países, sino el origen de la migración observa características contrastantes en México y Estados Unidos. Para México, estaríamos ante un patrón dominado por la migración del interior de la República, fuertemente concentrado en las ciudades fronterizas y Monterrey, con escasa importancia de migrantes internacionales e, intuimos, compuesto mayormente por personas en edad laboral. En el caso de los Estados Unidos, no podemos generalizar, las dinámicas de atracción de población de otros estados cambian por entidad, aunque, en general, es subrayable la importancia de la migración internacional para algunas ciudades del suroeste y la franja fronteriza. Estaríamos aquí ante flujos más diversificados en cuanto al origen, donde coexistirían migrantes mexicanos con estadounidenses, 76

desplazamientos de trabajadores junto a migraciones no laborales y destinos urbanos y rurales. Ciertamente, también en cuanto a patrones migratorios, no podemos hablar, en absoluto, de rasgos demográficos comunes a ambos lados de la frontera internacional. NOTAS (1)

Dr. Cristóbal Mendoza. Dpto. de Estudios Regionales-INESER. Universidad de Guadalajara. [email protected].

(2)

México quiso negociar, sin éxito, que Nuevo México y la franja de territorio comprendida entre los ríos Bravo y Nueces permanecieran bajo su soberanía. En estas zonas se concentraba en 1848 la población mexicana en el actual suroeste de los Estados Unidos (Cerutti y González Quiroga, 1999).

(3)

Las cuestiones relativas a las características de la población migrante (por ejemplo, sexo o edad) quedan para posteriores trabajos, aunque, sin duda, son de interés. De la misma manera las cuestiones relativas a la etnicidad no son abordadas en este artículo (para mayor información sobre este último punto, véase Mendoza, 2002).

(4)

La Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) es sólo representativa para las principales ciudades de México. La Current Population Survey, por su parte, lo es para las Áreas Metropolitanas de los Estados Unidos, además de por estado y a nivel nacional.

(5)

El cuestionario de los Estados Unidos hace mucho énfasis en preguntas relativas a salarios y bienes de consumo, preguntas sólo recogidas marginalmente en México, que, por el contrario, inquiere sobre analfabetismo, cuestión ausente en los Estados Unidos.

(6)

Las "no respuestas" se han descontado del total de población de 5 años y más, que es el universo que responde las preguntas de migración en el censo mexicano. Los datos del censo estadounidense, por condado, no incluyen "no respuestas".

(7)

En los mapas no se incluye la región del Golfo de México, desde Houston, Texas, hasta Tampico, Tamaulipas. En el futuro, se piensa ampliar el análisis con la inclusión de estos condados y municipios.

(8)

Se han trabajado tabulados, y no las bases de datos de los censos. En México, se ha usado la base de datos SIMBAD del servidor de INEGI, que permite acceder a la información en formato EXCEL. En el caso de Estados Unidos, al no poder acceder a los datos en formato EXCEL, y no disponer del disco del Censo, se imprimieron las páginas del Buró del Censo de los condados deseados, en formato PDF, para posteriormente capturar los datos.

(9)

Para un análisis más detallado de la distribución, densidad y crecimiento de la población en esta área en el período 1980-2000, véase Mendoza (2002).

(10) En Tijuana el período anterior a 1970 se caracteriza con un poblamiento altamente dependiente de los ciclos políticos y económicos de los Estados Unidos. Es de destacar que la primera expansión económica (y demográfica) de Tijuana se produjo por motivo de la promulgación de la ley "Volstead", o "ley seca", en los Estados Unidos en 1920, expansión que tuvo un freno importante con la crisis de la bolsa de Nueva York en 1929. En 1942 y hasta 1964, la puesta en práctica del programa de braceros, con el fin de importar trabajadores temporales para la agricultura californiana, supuso un aumento de la población migrante en Tijuana, con destino a los Estados Unidos. De esta manera, la población, aunque con una clara tendencia a la alza, ha sido bastante voluble en este período, dependiendo en gran medida de las relaciones internacionales-interregionales (Ranfla y Álvarez de la Torre, 1986). (11) Por ejemplo, el Paso del Norte (actualmente Ciudad Juárez-El Paso) fue creado en 1680 por colonos de Nuevo México huidos de la rebelión de los indios pueblo (Simmons, 1979).

77

(12) El Censo mexicano de 2000 se levantó en febrero, y se preguntó a las personas de 5 años y más su residencia en enero de 1995. El Censo norteamericano de 2000 se levantó en abril, las preguntas censales se referían al primero de abril, y la pregunta sobre residencia anterior se ubicó en el 1 de abril de 1995. (13) En este sentido, Tijuana y Ciudad Juárez, registran datos muy similares de migrantes en 2000, tomando aquí el conjunto de personas de 5 años y más residentes fuera del municipio en 1995. Sin embargo, si sólo comparamos los residentes fuera del estado, la cifra de migrantes es mucho mayor en el caso de Tijuana que en el de Juárez, debido a que muchos de los migrantes en esta última ciudad proceden del estado de Chihuahua y debido también al relativo pequeño tamaño de Baja California. (14) También resaltan los porcentajes superiores al 5% de inmigrantes de algunos municipios del norte de Durango, fuera de la región lagunera, de tradición esta última maquiladora. Se trata de municipios poco poblados, con un número abundante de "no respuestas", que al descontarse estos últimos del denominador, hace subir "artificialmente" el valor relativo. (15) El condado de San Diego registra alrededor del 25% de población "latina" en 2000 (Mendoza, 2002), aunque ésta se concentra fuera de la ciudad de San Diego, en Chula Vista, National City y San Ysidro (esta última parte de la ciudad de San Diego, aunque separada físicamente del Downtown de esta urbe). (16) En trabajo de campo en la región, en un grupo de trabajo compuesto por miembros de la Universidad Western Washington (Bellingham, estado de Washington, Estados Unidos), de la Universidad Simon Fraser (Vancouver, Canadá) y El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana, México), pude constatar sobre el terreno el enorme impacto económico y social de los asentamientos de snowbirds (residentes temporales que generalmente se instalan en las viviendas que ellos mismos traen, campers) en el sur de Arizona. (17) Los datos de Nuevo México son de difícil interpretación. Es un estado débilmente poblado, con una fuerte presencia de grupos indígenas y de población hispana de origen no migrante. La única tendencia que se puede subrayar es que los condados situados al sur, cerca de la frontera con México, son los que reciben más migrantes de fuera del estado, lo cual coincide, por otro lado, con lo observado en Texas, en el área del Big Bend, llamado así porque es aquí, en la frontera de Texas con Coahuila y Chihuahua, donde el Río Bravo da un requiebro dándole la forma característica en forma de U a la línea internacional.

78

MAPAS

Mapa 1 Principales núcleos de población en la región fronteriza México-Estados Unidos (2000) La s Vegas

NEVADA

# Sta. Bá rbara

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# #

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CALIFORN IA

#### ##

Los ÁngelesLong Be achOrange S. Diego Tij ua na

Ensena da

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#

#

Phoenix

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#

# # San Luis

Mexi cali

#

15,000 - 99 ,99 9

#

99,999 - 24 9,9 99

#

250,00 0 - 4 99,999

#

500,00 0 - 9 99,999

#

#

Alburque rque# #

#

#

#

#

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#

#

#

#

#

#

##

#

#

#

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#

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# Hermosi llo

# #

Guay mas#

#

#

#

Obregón

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#

#

#

Los Mochis

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#

#

BAJA C ALIFORN IA # SUR #

#

# Austin

#

#

#

#

#

#

#

#

SIN ALOA

#

#

#

Torreón

#

#

1,0 00,000 - 2,49 9,999

#

#

#

#

Saltill o

######

##

# #

#

#

#

McAllen # ## #

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# # #

# NUEVO LEÓN

# # #

# # # # # #

#

#

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# # # ## #

# # # # # Reyno sa # #

2,5 00,000 - 10 ,0 00,000 Límite estatal

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#

# #

#

#

#

# #

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#

# #

#

Monterrey#

#

#

#

La redos

#

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DURANGO## #

#

##

#

# #

Antonio #

## #

COAHUILA Monclova

#

# ##

#

Acuña #

#

#

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Chihua hua #

## # CHIHUAHUA

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Dallas Worth

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#

# # San # #

## ##

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# #

# #

#

#

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#

SONORA

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# #

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#

#

#

El P asoC. Juárez

#

TEXA S #

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# # # ## # # # #

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#

OKLAH OMA

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#

#

#

La s Cruces #

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#

# #

#

# NUEVO MÉX ICO #

#

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#

#

#

Tucs ón

BAJA CALIFORN IA

Po blació n 2 000

ARIZONA

# #

#

Sta. Fe

#

#

#

Corpus Christi

#

#

Browsv illeMatamoros

TAMAULIPA S

N 200

0

200

400

Kiló metro s

Fr on te ra in te rn acion al

Nota: La población de los m unicipios creados en el período 1990-2000 se ha incorporado al del munic ipio al que pertenec ía en 1990. Los municipios y c ondados c on una población inferior a 15,000 habitantes no es tán repres entados en el mapa. Fuente: Elaborac ión propia a partir de los censos de poblac ión y vivienda de los Estados U nidos y México de 2000.

79

Mapa 2 Tasa de crecim iento anual 1990-2000 (% )

Tasa anu al d e crecim iento 19 90-20 00 -6.4 - -1.5 -1.4 - 0 0- 2

N

2.1 - 5 >5

200

0

200

Frontera internac ional Lím i te es tatal

Fuente: Elaborac ión propia a partir de los censos de poblac ión y vivienda de M éxic o y de los Es tados Unidos de 1990 y 2000.

80

400

Kiló me tros

Mapa 3 Tasa de inmigración Población de 5 años y más en 2000 con residencia fuera del condado/municipio en 1995 (%)

Tasa de inmigración 2000 (%) 1- 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 60 Frontera internac ional Límite de es tado

N

200

0

200 Kilómetros

Fuente: Elaborac ión propia a partir de los censos de poblac ión y vivienda de México y los Estados Unidos de 2000

81

Mapa 4 Tasa de inmigración interestatal Población de 5 años y más en 2000 con residencia fuera del estado en 1995 (%)

Tasa de inmigración interestatal 2000 (%) 20 Frontera internac ional Límite de es tado

200

0

200 Kiló me tros

Fuente: Elaborac ión propia a partir de los censos de poblac ión y vivienda de Méxic o y los Estados Unidos de 2000

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Mapa 5 Tasa de inmigración internacional Población de 5 años y más en 2000 con residencia en el extranjero en 1995 (%)

Tasa de inmigración internacional 2000 (%) 5 Frontera internac ional Límite de es tado

200

0

200 Kiló me tros

Fuente: Elaborac ión propia a partir de los censos de poblac ión y vivienda de Méxic o y los Estados Unidos de 2000

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LA ZONA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA TÁCHIRA – NORTE DE SANTANDER PhD. MARLENY BUSTAMANTE1

INTRODUCCIÓN Zona de Integración Fronteriza (ZIF) es la denominación dada inicialmente en la frontera Táchira – Norte de Santander a la intención de la población de estos espacios fronterizos de obtener reconocimiento y aceptación de su particularidad y especificidad por parte de los gobiernos de los países a los que cada entidad pertenece. Además, con la ZIF se aspiraba la normalización y sustento legal de la serie de relaciones transfronterizas que la población de esta frontera ha mantenido y desarrolla cotidianamente como resultado de la vecindad y contacto permanentes. La proximidad y contacto transfronterizos permanentes se puede rastrear tan lejos como el poblamiento de estos territorios pero la intención de normar la convivencia en estos espacios solo empieza a cobrar fuerza a raíz del Informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 1964 titulado “Posibilidades de Integración de las zonas fronterizas colombo – venezolanas” presentado a los gobiernos de Colombia y Venezuela según el cual se recomendó una agenda de desarrollo binacional y transfronteriza (BID, 1964). Pero la terminología ZIF empieza a aparecer ciertamente a partir de los años ochenta. Entre la idea primaria y lo que se conoce hoy día como ZIF, a partir de la Decisión 501 muchos han sido los cambios de matices y de interpretación, y muchas las fuerzas a favor o en contra. Este trabajo se estructura en cuatro partes. En la primera se revisa la evolución de la ZIF. La segunda parte sondear los factores a favor y en contra. La tercera expone el significado actual de la ZIF en el contexto local, regional transfronterizo, nacional y supranacional andino. Finalmente se exponen las conclusiones respecto al avance de la ZIFen la frontera de Táchira – Norte de Santander. EVOLUCIÓN DE LA ZONA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA La idea subyacente que permitió proponer una Zona de Integración Fronteriza es única y original de la frontera Táchira – Norte de Santander. Una de las razones que revelan tal originalidad es la particularidad de la dinámica de esta frontera y las características de atención que los respectivos gobiernos nacionales han otorgado a este espacio fronterizo; es decir, su historia. En América, otra de las fronteras con una importante dinámica de relaciones es la frontera México – Estados Unidos, sin embargo, allí los contactos no llegan o han llegado al nivel de compenetración de las poblaciones y de los gobiernos como para pensar en un reconocimiento de los gobiernos nacionales respectivos de tal interrelación local. En Europa, el espacio fronterizo más dinámico es el compuesto por la confluencia de los espacios territoriales de Francia, Alemania y Norte de Italia; lo que se 1

Directora del Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI), Universidad de Los Andes, Venezuela. Coordinadora del Proyecto Zona de Integración Fronteriza Táchira (Venezuela) – Norte de Santander (Col.)

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conoce como el triangulo de desarrollo de la Comunidad Europea y el tipo de relaciones transfronterizas surgido y avanzado estuvo plasmado de guerras, odios y en consecuencia las propuestas han sido siempre concebidas básicamente desde una perspectiva cooperativa y oficial aunque tienen una gran dinámica y diversidad a punto de constituir lo que durante mucho tiempo se llamó el corazón de Europa. La propuesta es original porque viene en primera instancia de la frontera misma y para las elites y población fronteriza en general de la región hay la convicción de que “la frontera siempre ha estado integrada. Los gobiernos han sido los encargados de separarlos”. Se destacan una serie de acontecimientos históricos para reforzar tal argumentación y por otra para mantener vivo el reclamo sobre la influencia negativa de los gobiernos nacionales respectivos, ya que se destaca que éstos sólo han obstaculizado el normal desarrollo de estas poblaciones. Hasta 1940, la vida en esta frontera carecía de una regulación gubernamental clara lo que permitió a muchos de los pobladores crear y avanzar una dinámica propia. Es de destacar que en este momento el mundo se encontraba en una de las guerras más feroces que la humanidad haya vivido y como corolario para los países periféricos lo mas conveniente era mantener una neutralidad aparente y tener escasos o ningún motivo que permitiera trasladar el escenario de guerra a sus países. Es en este escenario que Colombia y Venezuela se aprestan a resolver su disputa territorial pendiente y a organizar las relaciones bilaterales de la mejor manera posible para el momento. En consecuencia, a partir de 1941 con la firma del Tratado de Fronteras y Navegación por los Ríos Comunes entre Venezuela y Colombia cuando ambos países se dedicaron a normar la vida fronteriza. En 1942 se suscribe el Estatuto de Régimen Fronterizo, mediante el cual se define una franja fronteriza a ambos lados del limite internacional lo cual permitiría facilitar las relaciones y la vida en frontera. Con el Estatuto se otorga a las zonas fronterizas un régimen mas o menos elástico para perturbar lo menos posible las fuerzas y movilidad de factores: Se crea un documento de identidad con validez local y se otorga a las autoridades nacionales de la frontera “potestades para actuar en temas de cooperación educativa, sanitaria, policial y ambiental” (Otálvora, 2002: p. 98). Luego de esta aproximación poco se hizo para continuar afianzando la presencia nacional entre los países y para supervisar o profundizar los controles en esta frontera. Venezuela estaba viviendo un periodo de modernización y semi-industrialización mientras que Colombia a pesar de avanzar su industrialización se mantenía básicamente rural. A inicios de los años 60, Colombia y Venezuela están iniciando su vida democrática y los presidentes Lleras Camargo y Betancourt comparten visiones ideológicas y el interés por mejorar las relaciones bilaterales. Este interés es también compartido por el presidente León Valencia y durante su gobierno, Venezuela y Colombia dedican atención particular a los espacios fronterizos de mayor contacto. Por otras parte, las poblaciones fronterizas empiezan a demandar mayor atención por parte de sus gobiernos. En el caso del estado Táchira, hasta ese momento, poco se había hecho en este sentido; en parte porque el poder central estaba controlado por tachirenses y en parte, porque en el estado se privilegiaban los vínculos con el mundo exterior, gracias al predominio de una actividad agrícola basada en la producción de café y su colocación en los mercados europeos utilizando el Lago de Maracaibo como salida al mar (Bustamante, 2003). En consecuencia, el Acta de San Cristóbal se consideró el inicio de una alianza económica para promover el desarrollo de la frontera. Como consecuencia del Acta de San Cristóbal, los gobiernos nacionales, con el apoyo técnico y financiero del BID, solicitaron la realización de un estudio sobre la realidad fronteriza a fin de obtener propuestas para la 88

integración binacional. El informe señala la posibilidad de un programa conjunto donde “la programación debería ser conjunta y la acción coordinada” (BID, 1964:126) para planear el desarrollo de las zonas fronterizas aunque se planteaba la necesidad de precisar como se “ha de llevar la programación del plano nacional al plano internacional, sin perder de vista la vinculación interregional”. Por otra parte, detectó en la zona central, es decir la de Táchira. Norte de Santander, un grado de articulación cultural y socioeconómica profunda en la cual predominaba una dinámica propia. El siguiente hito se produce en la década de los ochenta. En esta década se produjo una serie de acontecimientos internacionales, nacionales y locales que hicieron de lo fronterizo y de la frontera Táchira Norte de Santander un espacio que demandaba atención prioritaria. La profundización de la democracia, la búsqueda de la reactivación de la integración andina que había pasado por su peor crisis en 1982, el distanciamiento de los Estados Unidos producto de la creciente deuda externa y la consecuente devaluación del Bolívar en Venezuela en 1983 y la puesta en práctica por parte del gobierno colombiano de una política unilateral de fronteras con el Decreto que estableció el Estatuto para las zonas fronterizas, tuvieron su impacto en esta frontera. En consecuencia, por una parte, se reclama a los gobiernos nacionales mayor atención y el abandono y por otra parte se empiezan a realizar un conjunto de acciones locales para sortear el efecto negativo que tal confluencia de factores tenía en la zona. En el lado venezolano se demandó la aprobación de una Ley de Orgánica Fronteras y se inició un tránsito político, de presión y jurídico que aun no concluye. En el ámbito bilateral, las acciones anteriores se acompañaron con diversas actuaciones en los ámbitos nacionales, locales y supranacionales como lo fue, por ejemplo, la creación de la Asamblea Regional Fronteriza Colombo-venezolana en 1986-1987, capitulo Táchira – Norte de Santander constituida por las asambleas legislativas del estado Táchira y departamento Norte de Santander. La aproximación entre legisladores fronterizos tuvo en el incidente de la Corbeta Caldas un serio revés ya que las relaciones colombo-venezolanas fueron afectadas negativamente hasta 1989 cuando asume el gobierno Carlos Andes Pérez en Venezuela. Desde 1987, la Asamblea funcionó sin el consentimiento del gobierno nacional en Venezuela y se mantuvo relativamente activa durante aproximadamente cinco años hasta que ni las excelentes relaciones bilaterales que caracterizaron el periodo Pérez – Barco facilitaron su trabajo pues los gobiernos nacionales sintieron que ésta era un símbolo de independencia inconveniente. La Asamblea buscó en el Parlamento Andino un aliado más allá de los gobiernos nacionales con la intención de mantenerse en vigencia. La alianza además de tardía fue insuficiente, ya que el Parlamento Andino, a pesar de que en su IX Periodo de Sesiones acordó apoyar la Creación de Asambleas Regionales Fronterizas (Parlamento Andino, 1992: 203-204), no tiene poder de Decisión sobre los asuntos comunitarios o nacionales. Sólo era y es visto como el brazo parlamentario que hace recomendaciones al Consejo de Ministros de los países miembros de la Comunidad Andina. Adicionalmente a tal símbolo de independencia, como parte de los vínculos iniciados con las reuniones de trabajo de las Comisiones de la Asamblea Regional fronteriza, la Corporación venezolana para el Desarrollo del Suroeste (Corposuroeste) y la Corporación Nororiental para el Desarrollo (CORPONOR) constituyeron un equipo técnico binacional e iniciaron diagnósticos con miras a definir y establecer una microregión fronteriza. Los estudios y acercamiento previo proveyeron material suficiente para que al firmarse la Declaración de Ureña, en marzo de 1989 por los presidentes Carlos Andrés Pérez y 89

Virgilio Barco se creasen las Comisiones Nacionales de Asuntos Fronterizos y se acordara, en el listado de temas a ser tratados, la inclusión de la Zona de Frontera Táchira – Norte de Santander el “crecimiento e interconexión de las áreas urbanas de Cúcuta y Villa del Rosario en Colombia y de San Antonio y Ureña en Venezuela, con el objeto de ordenar su desarrollo dentro de un Plan Maestro de Infraestructura de Servicios Públicos y Sociales. El estudio comprende la conformación de un área metropolitana para el desarrollo industrial y comercial, y podrá incluir otros municipios” (MRE, Venezuela, 1989). En la Comisión Nacional de Asuntos Fronterizos (COPAF) de Venezuela y Colombia habían comisionados originarios de la frontera y que habían sido miembros activos de la Asamblea Regional Fronteriza o de las Corporaciones Regionales de Desarrollo y tenían conocimiento cierto de los objetivos que se perseguían desde la frontera para la frontera. En Octubre de 1989, aparece por primera vez el vocablo ZIF vinculado a Progresiva y en la reunión de la COPAF se señala que las mismas “han iniciado el estudio conceptual de las Zonas de Integración Fronteriza Progresiva (ZIFP)” con la intención de que el espacio seleccionado se convirtiera en piloto aplicable a otros espacios de la frontera común. En 1990, la COPAF presentó el “Proyecto ZIF: delimitación, diseño e instrumentación de la Zona de Integración Fronteriza correspondiente al estado Táchira (Venezuela) y Departamento Norte de Santander (Colombia)”. Con este trabajo se presenta un esquema de estructuración de la ZIF y propone un conjunto de lineamientos dentro de una visión prospectiva de los asuntos fronterizos y de las relaciones de vecindad entre Colombia y Venezuela. El tema de la ZIF fue llevado inmediatamente a la CAN como escenario relativamente neutral de las diatribas domesticas y que podía insistir sobre la necesidad de incluir lo fronterizo en la política Comunitaria y mantener el tema vigente. A partir de 1989 se incluye en el temario andino lo fronterizo: Manifiesto de Cartagena de Indias en mayo de 1989, la Declaración de Galápagos de octubre de 1989, la declaración de la Paz en noviembre de 1990, entre otras. De éstas se destaca la Declaración de la Paz con la que se acuerda profundizar el Diseño Estratégico y se acuerda “institucionalizar” la Integración Fronteriza, con lo que la ZIF Táchira – Norte de Santander adquirió carácter multilateral. “El documento presidencial ordenaba “delimitar las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) como el escenario principal para la instrumentación de las políticas específicas para la integración fronteriza, antes del 31 de Diciembre de 1991” (Otálvora, 2003:102). En concordancia con las directrices presidenciales la JUNAC, con el apoyo del BID, contrató un estudio “para definir una programación de actividades de desarrollo e integración fronteriza entre los países de la región andina”. El aparte relativo a la frontera colombo-venezolana fue encomendado al Ingeniero Alberto Urdaneta del Cendes y al arquitecto Edgar Forero de Colombia. El documento centra su atención en la ZIF Táchira – Norte de Santander. Los autores incluyeron una definición operativa de la ZIF y señalaron que la misma será “un área en la cual cada Estado tendrá que hacer los arreglos políticos, jurídicos administrativos y operativos necesarios para compartir responsabilidades con su homólogo vecino en el ejercicio cotidiano de las actividades de control y regulación de los procesos fronterizos comunes” (Urdaneta y Forero, 1993) También presentan una delimitación alternativa en la cual aparece una lista de poblaciones a ser incluidas dentro de la ZIF, entre las que se encuentran: “Por el Departamento Norte de Santander (Colombia) Pamplona, Herran, Ragonvalia, Chinacota, Bochalema, Durania, Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, San Cayetano, Zulia” y por el estado Táchira (Venezuela) “Villa Páez, Delicias, Santa Ana, Rubio, San Cristóbal, San Antonio, Ureña, Aguascalientes, Capacho, Michelena, Colón, La Fría y Boca de Grita” (Forero y Urdaneta, 1993:94). Sin embargo, la delimitación propuesta no pareció ser la 90

políticamente correcta y se prestó a diversas interpretaciones y discusiones. A partir de allí la lucha sobre la delimitación geográfica cobró un matiz político partidista y de grupos de interés a ambos lados de la frontera y la determinación de qué espacio y cuáles poblaciones siguen siendo hoy día parte del debate entre los representantes de los gobiernos. Por su parte la CVS presentó en octubre de 1991 un informe titulado “Consideraciones a la propuesta ZIF” en el cual destaca las ambigüedades de la delimitación de la ZIF en el ámbito venezolano de la propuesta por la COPAF, las imprecisiones respecto a la estructura administrativa y generalidades en los aspectos básicos de salud, educación y vivienda, entre otros. Un año mas tarde y cuando el tema de la ZIF empieza a perder vigencia en lo local, regional y nacional, el Profesor Juan Claudio Martens publicó un trabajo titulado “El replanteamiento del Proyecto Zona de Integración Fronteriza en el eje San Cristóbal – Cúcuta”en el cual resalta la necesidad de revisar el proyecto ZIF valiéndose fundamentalmente de la necesidad de asegurar el respaldo político necesario en los diversos escenarios en los cuales la decisión debía pasar. Aunque el tema de la ZIF perdió relevancia en el marco nacional, la CAN continuó tratándolo, en parte, porque en gran medida, la década de los noventa estaba evidenciando el aumento del intercambio comercial por las fronteras de los países andinos y particularmente en la de Táchira – Norte de Santander. Lo fronterizo se mantuvo vigente y se produjeron un conjunto de iniciativas complementarias como lo son: Decisión 271 sobre el Sistema Andino de Carreteras en 1990 con miras a expandir el mercado subregional y a lograr una total integración física continental; la Decisión 399 sobre “Transporte internacional de mercancías por carretera” mediante la cual se establece el libre transito (1997); la Decisión 459 donde se establece la política Comunitaria para la Integración y Desarrollo Fronterizo (1999) y la Decisión 501 sobre “Zona de Integración Fronteriza (ZIF) en la Comunidad Andina (2001). De las anteriores se destacan las dos últimas ya que la política Comunitaria de Integración y Desarrollo Fronterizo no sólo le otorga rango comunitario a la política de desarrollo fronterizo sino que en sus lineamientos generales se persigue delimitar, diseñar e instrumentar las ZIFs como “los escenarios fundamentales donde se ejecutan programas y proyectos acordados para responder a las necesidades específicas de cada ámbito territorial” (CAN, 1999) mientras que la 501 señala que las ZIF se establecerán “ con la finalidad de generar condiciones óptimas para el desarrollo fronterizo sostenible y para la integración fronteriza entre los Países Miembros de la Comunidad Andina” (CAN, 2001) al igual que se estableció que los países miembros deberán crear al menos una ZIF dentro del año siguiente después de la entrada en vigencia de la Decisión, lo cual le daba sentido de urgencia a su creación. Luego de la Decisión 501 del 2001 distintos organismos quisieron hacer proposiciones sobre cual debería ser la relimitación espacial de la ZIF. El Parlamento Andino proponía una ZIF ampliada con sentido de proyección tecnológico y cultural, que incluyera a los departamentos de Santander y Norte de Santander por Colombia y a los estados Táchira y Mérida por Colombia (Declaración de la Grita, 2002); posición que fue hasta cierto punto compartida por las gobernaciones al convertirse en signatarios de la Declaración de la Grita. Sin embargo, esta Declaración produjo malestar en la cancillería venezolana (por confirmar la de Colombia) y en ciertos sectores del Norte de Santander pues no 91

consideraban que Santander tuviese un perfil de frontera. En Venezuela tanto la cancillería como otros sectores consideraban que la ZIF que se crease debería ser producto de un aprendizaje gradual de los beneficios y de los obstáculos que la integración fronteriza con fines de cooperación transfronteriza plantea a los países y a los espacios territoriales que se embarcaran en tal empresa. Al respecto el CEFI (2002) planteó su posición sobre la ZIF propuesta en la Declaración de la Grita señalando que se requiere realizar un estudio académico serio que permita a los gobiernos tomar la Decisión apropiada a partir de criterios cuantitativos y cualitativos que demuestren hasta donde hay mayores interrelaciones y conectividades en el espacio que se pretenda incluir en la ZIF Táchira –Norte de Santander para que los fundamentos de la ZIF sean más que aspectos territoriales sino que considere además criterios técnicos y legales comunitarios, el ordenamiento jurídico estadal y municipal. En definitiva para que la Decisión que se tome este protegida por lo académico y deje de ser una suerte de “carta bajo la manga” de los gobernadores o de los Ministerios de Relaciones Exteriores. En síntesis, la idea de proponer y la necesidad de crear una ZIF para el Táchira -. Norte de Santander en la década de los ochenta y hasta la actualidad se ha discutido y analizado ampliamente y aun en el 2004 tal eventualidad no ha ocurrido. La idea partió del ámbito local fronterizo, alcanzó lo nacional y trascendió lo supranacional, facilitó la creación de otras ZIFs en las fronteras de otros países de la CAN y ésta sigue esperando por la Decisión de los gobiernos nacionales. Parte de la explicación de tal demora podría encontrarse en la diversidad de intereses que surgen en y alrededor de esta frontera tan activa. COOPERACIÓN Y CONFLICTO EN TORNO A LA ZIF La propuesta de ZIF que empezó a vislumbrarse a mediados de los 80 alrededor de la Asamblea Regional Fronteriza específicamente en sus comisiones permanentes de asuntos políticos, jurídicos y de integración y de asuntos económicos que sesionaban con la participación de los organismos de planificación regional, ministerios, partidos políticos, universidades, legisladores y distintas organizaciones privadas creó en primera instancia el consenso necesario como para elevar la propuesta a los gobiernos nacionales y supranacionales. Sin embargo, la crisis que se produjo en el ámbito de las relaciones bilaterales afectó de alguna manera su desarrollo pues la crisis de la Corbeta Caldas dejó sin el respaldo nacional la iniciativa regional ya que los elementos de seguridad y defensa nacional empezaron a tener preeminencia sobre otros aspectos del desarrollo fronterizo. Adicionalmente, al interior del partido político en el gobierno (Acción Democrática) existían disputas tendenciales y personales, conociéndose como el grupo oriente líderizado por el presidente Jaime Lusinchi y el occidente por Carlos Andrés Pérez. Estas luchas fueron trasladadas al estado Táchira y al seno de la Asamblea Regional (AR). La disputa fue escasamente superada y el grupo dominante y en el poder logro su respaldo en el gobierno nacional. En consecuencia, en el escenario local y regional también fue ignorada u olvidada. La creación de la COPAF en 1989 fue la alternativa ideada durante los gobiernos de Pérez y Barco para sustituir a la AR pero dándole un espacio binacional de acción y con rango de asesores presidenciales. La COPAF buscaba principalmente atender las presiones políticas de las comunidades de Táchira y Norte de Santander. Las COPAFs 92

quedaron integradas por representantes de alto nivel que participaban a titulo personal sin ser funcionarios gubernamentales. Además se cuidó que en las mismas quedaran representados equilibradamente los factores políticos nacionales y de los estados y departamentos fronterizos. En el caso venezolano, los representantes de la COPAF eran adicionalmente asesores del presidente en materia de desarrollo fronterizo (Otálvora, 2003: 89-90). La decisión de otorgar rango nacional a las COPAFs y a sus representantes fue, si bien acogida en primera instancia, posteriormente fue vista con recelo por parte de los factores productivos y de presión pública y privada pues se señaló que “una vez más Caracas y Bogota secuestran una iniciativa que salió de la frontera”. Así aunque la propuesta ZIF que presentó la COPAF, citada en el aparte anterior, resultó ser una adaptación a los objetivos nacionales de desarrollo, hubo quienes encontraron errores, simplificaciones y/o faltas de comprensión de la dinámica de la frontera pues siempre se “ignora la realidad local”. En consecuencia la propuesta de la COPAF y de Urdaneta y Forero tuvo sus respectivas respuestas en los trabajos de la CVS (1990) y Martens (1992) citados arriba. Por otra parte, el trabajo que tuvo mayor aceptación en la zona fronteriza fue el propuesto por el equipo cuyo coordinador fue Julio Estévez por el lado venezolano pues consistía en un esfuerzo de un equipo binacional integrado casi exclusivamente por profesionales nativos y residenciados en la zona (Estévez, 1991, 172-185). En el estado Táchira los ataques a la ZIF propuesta por la COPAF se resumen en : “falta de consulta a las fuerzas vivas de la región, la elaboración de un proyecto bajo la coordinación de “gente de Caracas” y la inminencia de una migración masiva de colombianos hacia el estado Táchira valiéndose de las facilidades de tránsito de personas que imperaría en la hipotecada ZIF, lo cual dejó en evidencia, según Martens, un discurso “chovinista” entre diversos voceros regionales” (Martens 1992:392-398 citado por Otálvora, 2003:106); aunque es probable que el mismo hubiese sido producto del asesoramiento de factores exógenos a la región y no un verdadero sentimiento “anticolombiano”. Esta mezcla de acontecimientos produjo como resultado que el gobierno nacional congelase definitivamente el proyecto ZIF y su decisión de paralizar, en la CAN, su tratamiento multilateral. No obstante, la Comunidad continuó buscando consensos entre los países andinos para producir una propuesta comunitaria como la que finalmente se obtuvo en 1999 y 2001 con la política comunitaria para el desarrollo fronterizo y la ZIF respectivamente. En el ámbito nacional venezolano, en 1992, el frustrado golpe de Estado desdibujó aun más el ya maltrecho escenario de cooperación en torno a la ZIF. Se acusaba al presidente Pérez de traición a la patria “y denunciaban, entre otros aspectos, la creación solapada de “condominios” sobre el territorio venezolano bajo la forma de áreas y ciudades binacionales, en clara alusión al proyecto ZIF” Otálvora, 2003:107 cita a Garrido, 2000: 75-84) y se exigía la renuncia de las Comisiones Negociadoras. La crisis política nacional que se desencadenó a partir del intento de golpe de Estado no pudo ser superada y el Presidente interino, Dr. Ramón J. Velásquez, a pesar de fungir como presidente de la COPAF optó por posponer las negociaciones. El Dr. Rafael Caldera, aunque mantuvo las Comisiones Presidenciales propuso que se incluyera el tema de la integración regional en el temario de las comisiones y la COPAF cambio de denominación por la de Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos (COPIAF). De la misma manera el tema de la ZIF fue relegado a segundo plano y se dio relevancia a los temas de seguridad fronteriza. Se crearon ciudades 93

fronterizas como Ciudad Sucre en la zona sur del estado Táchira y específicamente en el estado Apure, donde la concepción predominante fue la seguridad y defensa nacional y a pesar de existir el Consejo Nacional de Fronteras que elaboró una serie de documentos sobre las fronteras del país y de planes de desarrollo, el concepto que privo fue el inminentemente unilateral. Las propuestas de ZIFs fueron para el territorio nacional. Muestra de las visiones unilaterales que dominaban lo representa el documento producto del trabajo encomendado al Banco Interamericano de desarrollo (BID), el Instituto para la Integración de América Latina (INTAL) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) denominado “Programa de Desarrollo integral fronterizo colombo – venezolano. Área Táchira – Norte de Santander” de julio de 1997. En el documento se toma como área espacial de referencia al Área Metropolitana de Cúcuta por Colombia y a San Antonio Ureña por Venezuela aunque se hace la salvedad que en algunos casos se incluye al área metropolitana de San Cristóbal como espacio de mayor amplitud y jerarquía. Pero, en ningún momento se hace alusión a la ZIF. La ZIF vuelve a ser tema que se incluye en la agenda de las reuniones de la COPIAF a partir de las decisiones 459 y 501. En atención a tales Decisiones, las COPIAF retoman el tema de la ZIF y en la XXXII reunión de las COPIAF de Venezuela y Colombia celebrada en Bogotá el 31 de julio y 1 de agosto de 2003 la Comisión del Sector Infraestructura – Transporte incluyó la Propuesta ZIF en los temas de Discusión. De la misma manera, al llegar al gobierno el presidente Chávez las relaciones colombo – venezolanas han estado salpicadas de malos entendidos y en algunos momentos los gobiernos retiraron los representantes diplomáticos respectivos para consultas de alto nivel. Esta situación ha incidido en la periodicidad de las reuniones de las COPIAFs. Sin embargo y a pesar de la oposición que mostraron los miembros del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), liderizado por el Comandante Chávez, a la ZIF en 1992, en el gobierno, el Presidente y el Capitán Ronald Blanco La Cruz, gobernador del estado Táchira acepta y comparten las Decisiones Comunitarias 549 y 501. Además, el gobernador Blanco La Cruz se convierte en promotor y difusor de la necesidad de implementar una ZIF en la frontera con el Norte de Santander. En este sentido, se justifica y apoya la propuesta de estudio de delimitación de la ZIF Táchira – Norte de Santander que está realizándose conjuntamente entre la Universidad de Los Andes por Táchira y la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad Libre, extensión Cúcuta por el Norte de Santander. La ventaja de esta propuesta de delimitación es que no tiene carácter vinculante con el gobierno pues intenta ser un trabajo académico realizado utilizando técnicas como el Sistema de Información Geográfica (SIG) que con la información cualitativa apropiada puede ofrecer información objetiva con un margen mínimo de error. Esta información conjuntamente con la jurídico institucional permitirá ofrecer delimitaciones alternativas serias para que los órganos decisores estén contestes de estudios científicos al momento de tomar decisiones y tengan que depender menos de elementos político –partidistas. SIGNIFICADO DE LA ZIF EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS De acuerdo a la Decisión 501 de la CAN, Articulo 1 las ZIFs son “ámbitos territoriales fronterizos adyacentes de los países miembros de la Comunidad Andina, en la que se ejecutarán planes, programas y proyectos para impulsar su desarrollo de manera conjunta

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compartida y coordinada y orientada a obtener beneficios mutuos, en correspondencia con

las características de cada uno de ellos”. No obstante tal definición, el vocablo ZIF y su definición tienen distintas respuestas y actitudes según el espacio político –social en el que se trate. Los representantes y habitantes de las fronteras tienden a aceptarla y vociferan sobre su necesidad casi vehementemente. El gobierno nacional, según el grado de conocimiento de la misma, la acepta o rechaza bien sea que esté de acuerdo o no con el gobierno regional; pero en términos generales se tiende a verla con recelo, aunque algunos voceros manifiestan su simpatía. La CAN, trata de mediar entre intereses encontrados en caso de haberlos, y de buscar consensos a favor de todas las acciones que propicien y justifiquen el desarrollo del Mercado Común y, actualmente, la ZIF es vista como un instrumento que facilita ese objetivo-misión. La Zona de Integración Fronteriza (ZIF) Táchira –Norte de Santander refleja en el lenguaje político y cotidiano de los entes político-administrativos de los ámbitos territoriales fronterizos involucrados y de ciertos entes nacionales una necesidad aparentemente sentida y de larga data. Pero, ¿existe real conocimiento sobre el significado e importancia de la misma? Las apreciaciones iniciales que se han obtenido a raíz de la propuesta de delimitación de la ZIF, que se hiciera a la Comunidad Andina y a los organismos de decisión nacionales y regionales en Venezuela, muestra que una vez traspasado el circulo de los altos gerentes y de los especialistas en el tema, predomina la ligereza con la que los representantes de algunos órganos han interiorizado el conocimiento en torno a la ZIF. Tal situación nos induce a pensar que la información y conocimiento sobre la Comunidad Andina y la ZIF es escasamente recibida y analizada en muchos ámbitos locales, regionales y nacionales. En el caso de los representantes y habitantes de la frontera la definición de la ZIF no parece decirles mucho de lo que se espera de ella. Para muchas de las instituciones de la frontera, la ZIF es vista o aceptada como la solución a la mayoría de los problemas que se viven allí. En general, si hay inseguridad, insalubridad, migraciones, desplazados, desempleo, deterioro industrial, problemas para el desplazamiento de bienes y personas con distintos fines al de migrar, entre otros; es porque no se ha establecido la ZIF. Pero también y por oposición, como se señalo en el apartado anterior, la ZIF puede ser la causa del aumento de la inseguridad, de la perdida de empleo nacional, de las migraciones incontroladas y de la saturación de servicios públicos. ¿Podrá la ZIF resolver los problemas? ¿Estará creando expectativas que luego se sumarán a la larga lista de desilusiones y desesperanzas de los habitantes de la frontera? ¿Aumentarán los problemas y la inseguridad?. Para que la ligereza de los argumentos tenga menos peso que la realidad misma se requiere que se haga una evaluación cierta de los obstáculos y beneficios que una ZIF puede ocasionar y de los mecanismos que se requiere establecer para revertir el saldo de factores negativos y se potencien los positivos. Al respecto Cappellin (1993:12-13) en Regional Networks, Border Regions and European Integration identificaron algunos aspectos que favorecen y dificultan la Cooperación vecinal transfronteriza. Entre los aspectos favorables se encuentran: • •

El desarrollo de valores histórico – culturales y diferencias regionales El disfrute de complementariedades entre regiones

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La explotación de redes y economías en la circulación de información y conocimiento El aprovechamiento de economías de escala y la superación de indivisibilidades en la producción de servicios públicos importantes e infraestructura Aumento de la flexibilidad de la economía regional y reacciones más acertadas a los cambios del mercado, estímulo a la innovación y la reducción del riesgo económico La disminución de la competencia entre regiones específicas y de los conflictos derivados de la existencia de límites internacionales (traducción propia)

Los aspectos desfavorables u obstáculos a la cooperación transfronteriza identificados son: • Competencias institucionales • Recursos financieros inadecuados • Diferentes métodos de trabajo • Débil conocimiento y desconfianza recíproca, la cooperación es un proceso gradual de aprendizaje interactivo • Especificación inadecuada de las respectivas fortalezas, recursos complementarios y conocimientos específicos • Identificación inadecuada de las respectivas debilidades y “cuellos de botella” • Pérdida del compromiso y la motivación en la medida en que se avanza en la cooperación • Largos períodos de tiempo requeridos para preparar actividades conjuntas (Traducción propia). A pesar de esto, en lo inmediato, a la mayoría de los actores, pero en mayor grado, a los fronterizos propiamente dichos y a los regionales les interesa e importa oír sobre los efectos positivos y las oportunidades en términos de inversión en desarrollo regional y su consecuente calidad de vida para la zona. Así, para ellos es vital conocer sobre las opciones para “ejecutar proyectos compartidos o complementarios de infraestructura básica, vial, telecomunicaciones y energía, así como de desarrollo productivo” [CAN, www.comunidadandina.org/fronterizo/zif.htm, 18/04/2003]. Las oportunidades de financiación de planes, programas y proyectos presentados en el área de acción de la ZIF por parte de la CAF y el BID entre otros mecanismos multilaterales son altamente significativos para las regiones de frontera. Y para los organismos multilaterales también es altamente prioritario aumentar las dependencias entre países vecinos porque ello es indicativo de la disminución de hostilidades y de las alternativas de conflicto. La opción de que los gobiernos incluyan, con carácter prioritario, planes de desarrollo para las ZIFs también es prioridad para las zonas de frontera y por ello los sectores más dinámicos reclaman su creación. Pero para el empresario y trabajador de la frontera, lo prioritario es que se permita u obstruya, según el caso, el libre transito de mercancías por carretera, la ampliación y construcción de los puentes internacionales incluyendo Puerto Santander para movilizar el carbón del Norte de Santander directamente hasta el Puerto de Maracaibo, la generación de empleo local para los carboneros, la explotación de las minas, el desarrollo de programas de turismo, la solución de la escasez del agua para las viviendas e industrias, y que los cambios drásticos en el valor de las monedas respecto al dólar no afecte en la misma medida la dinámica económica, entre otros. La interrogante sigue siendo: ¿Logrará la creación de la ZIF la mayoría de los objetivos planteados?, ¿Serán mayoría los 96

factores y actores a favor que los contrarios a la ZIF?, ¿Será que los cambiantes consensos/discensos darán paso al propósito real de dar prioridad a las necesidades del habitante de frontera? Para los sectores vinculados a la seguridad y defensa predomina el recelo. Para ellos el resguardo de las fronteras, las posibles violaciones a la soberanía y muy especialmente del territorio nacional en casos de delitos comunes como robos de vehículos, contrabando, tráfico de drogas, entre otros. Y delitos mayores como lo son las incursiones de fuerzas irregulares en el territorio nacional son motivos de preocupación. Pero, la solución a los excesos de confianza o temor sólo pueden controlarse con instrumentos claros de entendimiento y de manejo racional de las relaciones vecinales en el espacio que comprenda la ZIF. Lo más importante es construir confianza y respeto mutuo y este es un proceso lento pero que es necesario transitar si los objetivos de desarrollo a alcanzar con la ZIF que se predican son reales. Para el gobierno nacional y para la Comunidad Andina, la ZIF debe lograr objetivos concretos como los siguientes: • •

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Contribuir a diversificar, fortalecer y estabilizar los vínculos económicos, sociales, culturales, institucionales y políticos entre los Países Miembros. Contribuir a la creación y la puesta en vigencia de mecanismos económicos e institucionales que doten a sus ámbitos territoriales de mayor fluidez comercial y las interconecten con el resto de las economías andinas y con el mercado mundial. Flexibilizar y dinamizar el intercambio económico y comercial, así como la circulación de personas, mercancías, servicios y vehículos. Establecer mecanismos eficaces para crear y manejar conjuntamente los mercados fronterizos de trabajo y para administrar los flujos migratorios, bilaterales e internacionales, que se desarrollen en las ZIF; Favorecer a las colectividades locales, eliminando los obstáculos que dificultan una potenciación de sus capacidades productivas, comerciales, culturales y de coexistencia pacífica. Contribuir a profundizar los procesos nacionales de descentralización administrativa y económica. Formalizar y estimular procesos y relaciones sociales, económicas, culturales y étnicas históricamente existentes en dichas zonas; Atender adecuadamente las demandas económicas, sociales y culturales de los pueblos en las ZIF; Incrementar y fortalecer la oferta y el abastecimiento de servicios básicos y/o sociales de utilidad común, tales como acueductos, electrificación, comunicaciones, infraestructura vial, salud, educación y recreación deportiva y turística; Investigar y usar sosteniblemente los recursos naturales renovables contiguos y promover mecanismos para su adecuada conservación; Contribuir a la conservación y utilización sostenible de los recursos naturales, prestando particular interés a la diversidad biológica; Desarrollar programas de cooperación horizontal que promuevan la transferencia de conocimientos técnicos entre Países Miembros o regiones fronterizas, encaminados a la adopción de paquetes tecnológicos conjuntos y al desarrollo de actividades productivas que conjuguen o complementen esfuerzos; y, Otros que se acuerden bilateralmente. [CAN, www.comunidadandina.org/fronterizo/zif.htm, 18/04/2003]. 97

Las distintas acepciones que adquiere la sigla ZIF en los distintos y cambiantes escenarios ha hecho que su creación sea vista como parte del largo proceso de construcción de entendimientos para el logro de la tan anhelada programación conjunta para la ejecución coordinada de acciones en función del desarrollo de las fronteras. En este sentido, la propuesta que ha presentado inicialmente el CEFI y que luego fue aceptada y compartida por la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad Libre de Colombia, para ser presentada a los distintos organismos nacionales de cada país y comunitarios busca ofrecer una propuesta de delimitación del ámbito territorial de una posible ZIF partiendo del conocimiento de los elementos históricos y político – administrativos que han colocado a la ZIF en el momento actual.

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EL ARCHIPIELAGO DE LOS MONJES Y LA PROBLEMÁTICA DE LÍMITES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA

ALBA IVONNE LEÓN DE LABARCA1

RESUMEN El presente trabajo representa sólo una visión de la amplia problemática de límites entre Colombia y Venezuela: La que se refiere a la importancia geopolítica de Los Monjes para los dos países y los argumentos esgrimidos por ambos para reivindicar sus derechos sobre el archipiélago. Se hace un resumen histórico de las fronteras colombovenezolanas, desde la creación de Venezuela como nación independiente hasta el rechazo del Tratado Michelena Pombo, pasando por el laudo de la Corona de España en 1891, la rectificación en el Congreso nacional de Venezuela en 1941, del Tratado de Navegación de los Ríos Comunes entre Venezuela y Colombia. Finalmente, se aborda el problema de las delimitaciones territoriales de los dos países en el Golfo de Venezuela. En una segunda parte se ofrece al lector la historia de la Reclamación de los Monjes y las distintas posiciones oficiales tanto del Gobierno Colombiano y Venezolano, así como la opinión del geógrafo norteamericano Withmore Boggs en torno al método más conveniente a ser aplicable para la delimitación de áreas marinas o submarinas del Golfo de Venezuela, habida cuenta de que Colombia poseía un tramo costanero en este Golfo. Finalmente, se toma posición frente a esta problemática, ante la evidencia de que Venezuela no puede continuar siendo sacrificada y abandonada por su propia clase gobernante, en lo que a materia de límites se refiere. BREVE RECUENTO HISTORICO DE LA PROBLEMÁTICA DE FRONTERAS ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA. Hablar de la importancia geopolítica de Los Monjes para Venezuela y de las razones que ha aludido Colombia para reivindicar ciertos derechos sobre 1os mismos, nos obliga a hacer un breve recuento histórico de los problemas fronterizos entre ambas naciones. Es preciso revisar aunque someramente las historias de las dos naciones, para conocer un poco sobre su frontera común. Carlos Ramírez Farías, en su libro “La Clase Gobernante y la Frontera Venezolana con Colombia”, divide la historia de la frontera colombo-venezolana en cuatro etapas. Una primera etapa, que va desde la creación definitiva de Venezuela como nación independiente, hasta el rechazo del Tratado Michelena-Pombo. Durante este 1 Investigadora de La Universidad del Zulia. Fundadora de la Cátedra Teoría General de la Integración Económica Latinoamericana.

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cronológicamente corto período (1830-1840), Venezuela hace las más extensas reclamaciones territoriales de toda su historia. Es más, el territorio que nos reconocía Colombia por el mencionado Tratado, es considerablemente mayor que el de la soberanía venezolana actual. Durante esa primera etapa histórica, Venezuela se basa en la Doctrina del Uti possidetis juris (lo que poseías seguirás poseyendo). Interpretación que en América Latina se utilizó para definir las fronteras de las nuevas Repúblicas luego de las guerras de independencia: Cada nación tendría como propio el territorio constitutivo de su antigua jurisdicción colonial. Es decir, la República de Nueva Granada o Colombia tendría jurisdicción o soberanía sobre las tierras que antiguamente pertenecían al Virreinato de Santa Fe. Venezuela la tendría sobre el Territorio de la antigua Capitanía General. El Uti Possidetis, en su interpretación y aplicación para la América Hispana, se fundamentó en el derecho "según títulos de posesión anteriores”. La segunda etapa, quizá la más decisiva en cuanto a la definición de nuestras fronteras con Colombia, es la que va desde 1840 hasta 1891. En 1840, se da el rechazo del Tratado Michelena Pombo, y en 1891 se da el Laudo de la Corona de España. El primero se suscribió entre Don Santos Michelena, por Venezuela y Don Lino de Pombo por Colombia, con la finalidad de establecer con precisión los límites que correspondían al Virreinato de la Nueva Granada y a la Capitanía General de Venezuela. Este Tratado, trazaba una línea de compromiso, la cual, partiendo del Cabo de Chichivacoa dividía la Península de la Guajira en dos mitades. El Congreso de Colombia aprobó este Tratado en 1843; mientras que el de Venezuela lo rechazó. Los legisladores venezolanos que examinaron el asunto estaban convencidos de que la frontera entre los dos países empezaba en el Cabo de la Vela. A pesar de la insistencia colombiana de hacer efectiva la sanción legislativa de 1834, las conversaciones entre los dos países quedan congeladas. En 1844 se reinician entre Don Fermín Toro por Venezuela y Joaquín Acosta por Colombia. Este último exhibe un documento en el que se asomaba la máxima aspiración colombiana de PUNTA ESPADA, con lo que se acreditaba LA TOTALIDAD DE LA PENINSULA, hasta un supuesto CAÑO PAIJANA, desconocido hasta en los mapas colombianos. Así las cosas, las discusiones y los posibles acuerdos se van postergando por las turbulencias políticas internas en los dos países. El "statu quo” del Tratado Pombo-Michelena, es lo que se en realidad refleja en la realidad y en los mapas de aquella época histórica. Es en 1874 cuando se reinician las negociaciones entre los representantes venezolanos Antonio Leocadio Guzmán y Manuel Morillo Toro. No se llega a ningún acuerdo y deciden someter la cuestión a un arbitraje. En 1881 se firma el Tratado que escoge a la Corona de España como Arbitro. En ese mismo año, el 16 de marzo, se publica la sentencia arbitral. Dicha sentencia resultó “terriblemente injusta para Venezuela y asombrosamente favorable para Colombia". (Véase: OLAVARRIA, Jorge “EL GOLFO DE VENEZUELA ES DE VENEZUELA” (Pág. 22 s.s.) Dicho Laudo concede a Colombia, entre otras cosas, soberanía sobre la margen izquierda del Río Orinoco, entre los Ríos Meta y Atabapo. La tercera etapa está enmarcada en dos hechos prácticamente definitivos en lo que al despojo pacífico de nuestro territorio respecta. El Laudo Español ya mencionado y la

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ratificación en el Congreso Nacional de Venezuela del “Tratado de Fronteras y Navegación de los ríos comunes entre Venezuela y Colombia, ocurrida en 1941. En estos Tratados, casi no intervinieron, ni el Congreso Nacional, ni la opinión pública, ni la prensa. Es decir, que durante largo tiempo al país se le mantuvo al margen de todo lo relativo a nuestra frontera. Durante la cuarta etapa, el problema fronterizo con Colombia gira en torno a la delimitación de las aguas territoriales de los dos países en el Golfo de Venezuela. El problema existe debido al desfavorable trazado para Venezuela de la frontera común y por ser Colombia ribereña del Golfo. La situación se complica más aún, dado que Venezuela reclama la totalidad de Plataforma Continental del Golfo y que además ejerce soberanía sobre los islotes de Los Monjes, al nordeste de la Guajira colombiana. Luego de este sucinto recorrido histórico, vamos a tratar el caso de LOS MONJES como lugar geográfico que ha suscitado conflicto entre los dos países.

LOS MONJES: HISTORIA DE UNA RECLAMACIÓN En 1841, Agustín Codazzi publica en París el "RESUMEN DE GEOGRAFIA DE VENE ZUELA" y señala los Islotes de Los Monjes como venezolanos. Este sería el primer dato histórico que se conoce y que sirve de luz a los efectos de las discusiones en tomo a la delimitación de las aguas territoriales en el Golfo de Venezuela. Sin embargo, Colombia, basándose en LA LINEA DE BOGGS, pretende reclamar soberanía sobre estos islotes. ¿EN QUE CONSISTE LA LÍNEA BOGGS? En 1948, el Embajador de Colombia en los Estados Unidos extiende una consulta al geógrafo norteamericano Withmore Boggs, acerca de cuál sería el método adecuado para la delimitación de aguas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela, habida cuenta de que Colombia poseía un tramo costanero en este Golfo. Boggs no se interesó en la extensión de dicho tramo costanero, ni en la supuesta legitimidad del mismo por parte de Colombia. Su respuesta se limitó a un simple ejercicio cartográfico, en el que hizo prevalecer el “criterio geométrico de la equidistancia”. En forma simple trazó una línea perpendicular a la costa, la cual penetró en las aguas interiores de un Golfo que no le pertenece: EL GOLFO DE VENEZUELA. En cuanto al curso de la línea, Boggs establece dos variantes: Una máxima, partiendo del supuesto de la soberanía colombiana sobre Los Monjes y, una mínima, partiendo del supuesto de la soberanía venezolana sobre Los Monjes. 102

En 1948, aparece publicado en Bogot un mapa, en el que Los Monjes se pintan como colombianos. Boggs, por su parte, publica su trabajo en el America Journal of International Law. En 1952, Colombia amenaza con ocupar Los Monjes. "Se produce un incidente que se resuelve satisfactoriamente, mediante un cambio de notas en el que se reconoce la plena soberanía venezolana sobre los islotes". (Vease OLAVARRIA, Jorge. Ob. Cit. Pag. 56). A partir de este momento Los Monjes adquieren significativa importancia en el litigio entre los dos países. De esta forma se inicia cl DIFERENDO COLOMBO-VENEZOLANO. El geógrafo norteamericano no consideró cuestiones, tales como el hecho de que el sistemo marítimo Golfo de Venezuela-Lago de Maracaibo ES UNICO EN EL CONTINENTE SUDAMERICANO y, constituye la penetración de aguas más profundas del septentrión continental.: Las corrientes y vientos constantes de sus costas, el Golfo marino y el Lago dulce, configuran un caso ESPECIAL Y UNICO que hacen de las aguas del Golfo UNAS AGUAS NETAMENTE INTERIORES E HISTORICAS, de Venezuela, país al que pertenecen y del cual tomó su nombre: GOLFO DE VENEZUELA. En conclusión, el método de la EQUIDISTANCIA utilizado por Boggs en la delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela, resulta inaceptable a las circunstancias especiales de unas aguas encerradas, interiores e históricas, que dan a esta región geográfica el carácter de BAHÍA HISTÓRICA Y VITAL, que no es vía internacional de paso. Se entiende por BAHÍA HISTÓRICA, según Jorge Olavarría: "Una escotadura, cuya aguas se consideran en todo o en parte, como aguas interiores. La escotadura tiene que tener un vínculo económico genuino y de larga permanencia de la costa que le rodea. La Bahía Histórica contiene aguas sobre las cuales el Estado o Estados ribereños han ejercido un régimen de aguas interiores por un largo período, con la implícita o explícita aceptación de esa práctica por los Estados Extranjeros”. Y en lo que al expreso reconocimiento por parte de Colombia, acerca de la soberanía de Venezuela sobre los Monjes respecta, leamos una Nota del Canciller colombiano Juan Uribe Holguin, quien en noviembre de 1952 escribe al Embajador de Venezuela, Luis Gerónimo Pietri: Con base a los antecedentes mencionados, el Gobierno de Colombia declara que no objeta la soberanía de Venezuela sobre “El Archipiélago de Los Monjes” y, que en consecuencia no se opone ni tiene reclamación alguna que formular al respecto, al ejercicio de la misma o a cualquier acto de dominio por parte de éste sobre el Archipiélago en referencia”. IMPORTANCIA GEOPOLÍTICA Y ECONÓMICA DE LOS MONJES PARA VENEZUELA Luego de las anteriores consideraciones vamos a destacar la importancia que tiene el Archipiélago de Los Monjes en el problema de la delimitación de las aguas territoriales en el Golfo de Venezuela.

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Lo primero que debemos tener claro es que Venezuela cuenta con más de 450 años de imperio y dominio continuo sobre el Archipiélago de Los Monjes, cuyo carácter estratégico y vital no puede ser desestimado, cuando de la seguridad e integridad de Venezuela se trata. El Golfo tiene un carácter vital para Venezuela, pues en él se encuentran las mayores refinerías del país: Amuay y Punta Cardón. Allí está también la zona de tráfico y pilotaje del Canal de Navegación que conduce a la Bahía de El Tablazo, donde está ubicado el gigantesco complejo petroquímico: Puerto Miranda, uno de los mayores Puertos petroleros del mundo; y en fin, a todo el Lago de Maracaibo, donde se hallan ubicados los yacimientos petrolíferos más grandes de todo el continente americano. CONCLUSIÓN Nuestra frontera marítima en el Golfo de Venezuela no puede ser otra que la prolongación de la frontera terrestre, oficializada en 1939 y reconocida, aceptada y acatada por Colombia en el Tratado de 1941. Cualesquiera otras concesiones que permitamos al hermano país, en este u otro problema limítrofe, vulnerará aun más, la ya lesionada soberanía territorial venezolana. En efecto, si consideramos que en la Geografía de Agustín Codazzi, para mediados del siglo pasado el territorio bajo nuestra soberanía o reclamado por nosotros en ese entonces, era de aproximadamente 1.099.424 kms2, la merma o pérdida territorial venezolana alcanza a 200.619 kms2. Estas cifras deben llamarnos a reflexión, para no continuar despojando irresponsablemente a Venezuela de sus tierras y riquezas vitales contenidas en ellas. ¿Se puede ahora hacer algo por los errores cometido en el pasado?. La palabra la tiene la clase dirigente venezolana. La evidencia que tenemos en el presente es que Venezuela ha sido sacrificada y abandonada por propia clase gobernante, en lo que a la materia de límites se refiere. El país espera por soluciones dignas, cónsonas con la gallardía y patriotismo del pueblo venezolano.

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EN LA BUSQUEDA DE UNA TEÓRIZACIÓN SOBRE LAS RELACIONES TRANSFRONTERIZAS SUBESTATALES1

EUDIS F. FERMÍN T.2

INTRODUCCIÓN

En la ciencia política la existencia de pocos estudios sobre las relaciones transfronterizas subestatales tiene una explicación, que parte del predominio de los paradigmas de las relaciones internacionales: idealista, realista y marxista, en el análisis de los fenómenos sociopolíticos presentados en las relaciones diplomáticas, la actuación de la guerrilla, los problemas limítrofes fronterizos o los procesos de integración económica. Estos paradigmas sustentados en un Estado centralizado, lealtad nacional y soberanía hermética, han contribuido a que los analistas y académicos aborden el estudio de la escena binacional, subregional, regional, hemisférica y global, negando el comportamiento de otros actores internacionales claves para el funcionamiento u organización de la vida internacional, fortaleciendo así la idea moderna de la soberanía del Estado nación, considerándolo el epicentro de gravedad de las relaciones internacionales. En estos últimos años, tres megatendencias han marcado las nuevas relaciones internacionales contemporáneas en América Latina: la descentralización, la regionalización y la globalización, reconfigurando la concepción de la práctica internacional en los niveles subestatales. Estas megatendencias han originado entre los estudiosos de las relaciones internacionales una discusión teórica-metodológica sobre el fin o debilitamiento del Estado nación moderno en el sistema internacional, conocido como el sistema de Estados de Westphalia (Mariño, 1999), con el surgimiento y el resurgimiento de nuevos actores internacionales, definidos categóricamente como transnacionales, organismos no gubernamentales y los entes subestatales, ya que existen las condiciones políticas, sociales y económicas favorables para que éstos participen en la escena internacional.

(1) Este trabajo es un avance preliminar del Proyecto de Investigación titulado “La Diplomacia Transfronteriza de la Gobernación del Estado Zulia en el marco del Proceso de Integración Fronteriza Colombo-Venezolana”. Expreso mi más sinceros agradecimiento al personal que labora en la Biblioteca Dr. Jesús Enrique Losada” de la Facultad de Ciencias Jurídica y Política de la Universidad del Zulia. (2) Licenciado en Ciencia Política (URU). Sociólogo (LUZ). Ha desempeñado cargos como asesor de gestión pública en los organismos públicos regionales y locales venezolanos. Investigador Libre del tema de las Relaciones Internacionales Subestatales. E-mail: [email protected].

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En el caso de los gobiernos subestatales latinoamericanos, con los nuevos cambios domésticos-internacionales se ha redefinido sus funciones políticas-administrativas, sobre todo en aquellos Estados tradicionalmente de carácter centralista; sin embargo, la idea moderna de soberanía sigue prevaleciendo teóricamente en la concepción de los encargados de dirigir y orientar las reformas política-administrativas del Estado, obviando desde lo nacional-estatal la nueva dimensión que ha adquirido lo local en el mundo globalizado, que se resume en la frase de la política post-internacional: “pensar globalmente y actuar localmente”. Estamos en un mundo global donde los temasproblemas internacionales (narcotráfico, contrabando, contaminación ambiental, circulación ilegal de personas, inversión, comercio y terrorismo), considerados en el pasado exclusivos de los gobiernos nacionales, hoy día son también de interés de los gobiernos subestatales. En Venezuela los entes subestatales no escapan a esta realidad de pensar globalmente y actuar localmente, reflejándose con las actividades transfronterizas realizadas por los gobiernos regionales y locales (Romero, 1993; Toro, 1997; Romero, 1997; Ramos, 1998; Guerón y Manchisi, 1996), con mayor énfasis en los estados y municipios ubicados en las líneas fronterizas con los países vecinos, en cuanto a su dinámica particular de engranarse a través de los temas-problemas ya mencionados, con el escenario doméstico, binacional, subregional, regional, hemisférica y global. En este sentido, en el trabajo se pretende el deslineamiento en una búsqueda de la teorización sobre las relaciones transfronterizas subestatales en Venezuela en el contexto de las relaciones fronterizas y la integración, partiendo la realidad empírica. Con el proceso de descentralización, iniciado en diciembre de 19893, los estados y municipios fronterizos venezolanos han asumido competencias sociales, económicas, financieras e infraestructurales para atender de manera directa (eficiente y eficaz) los problemas que padece la población de las regiones fronterizas. Los gobiernos subestatales fronterizos se han percatado de que estos problemas no son sólo exclusivos de sus comunidades, sino también de las otras regiones fronterizas de los países vecinos. Por ello, han establecido relaciones con sus homólogos fronterizos de Brasil y Colombia, con el propósito de lograr el máximo bienestar posible a los habitantes de ambas regiones fronterizas, mediante acciones concretas, incorporando en su respectiva gestión de gobierno las relaciones transfronterizas, reafirmando así la importancia de la integración fronteriza colombo-venezolana y brasilera-venezolana. En los procesos de planificación de la gestión de los gobernadores y alcaldes fronterizos se ha redimensionado la forma de resolución de los temas-problemas en áreas sociales y económicas de la región fronteriza, con la incorporación de instrumentos internaciones, como la celebración de convenios, la organización de reunidos y la creación de comisiones con sus homólogos de los países vecinos para debatir y buscar solución a los temas-problemas prioritarios que padecen los habitantes de las comunidades fronterizas. De esta manera, con la realización de las actividades transfronterizas existen suficientes evidencias empíricas para la teorización de las relaciones transfronterizas subestatales, rechazando así la comprensión y explicación de éste fenómeno a través de los postulados de las tradicionales teorías de las relaciones internacionales.

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1. LA RACIONALIDAD INTERNACIONALES

NACIONAL-ESTATAL

EN

LAS

RELACIONES

Al intentar la teorización de las relaciones transfronterizas de los gobiernos regionales y locales venezolanos nos encontramos con una dificultad teórica: el estudio de las relaciones internacionales gira entorno a la racionalidad nacional-estatal internacional. Esta racionalidad es la concepción predominante en las relaciones internacionales modernas definidas a partir de los Tratados de Westphalia de 1648, en los cuales se considera política y jurídicamente al Estado nación moderno como el principio ordenador del sistema internacional (Mariño, 1999). Con la dinámica mundial entre 1648 y 1945 se consolidó la racionalidad nacional-estatal en los niveles teórico y empírico, pero a partir de 1989 se ha debilitado, cuestionando así la vigencia o no del rol protagónico del Estado nación en la escena internacional, apareciendo en la disciplina de las relaciones internacionales un fuerte debate teórico. Antes del siglo XVII el papel del Estado nación en la vida internacional no estaba claramente definido por normas y reglas entre los “actores-partes”. Se trataba de que el Estado nación moderno que conocemos fundamentado en sus tres características básicas: pueblo, territorio y gobierno, hasta ese momento no se había constituido como tal y, por ende, no había asumido funciones internacionales en cuanto a: 1) establecer normas y reglas para la organización y funcionamiento del sistema internacional; 2) responsabilidad y respeto hacia los actores estatales y las normas establecidas previo acuerdo entre las partes; y 3) la diplomacia como práctica para mantener la paz y evitar cualquier conflicto entre los Estados rivales por motivos territoriales-económicos y por el control del poder exterior (Fermín y Naím, 2001). A partir de los Tratados de Westphalia las relaciones internacionales se conciben desde dos dimensiones opuestas o complementarias, dependiendo de la escuela teórica que defienden los estudiosos de los fenómenos internacionales. La primera se refiere al aspecto político, en la que se sostiene que el Estado nación moderno es el actor internacional con poder de decisión en lo público nacional y ejerce el monopolio en la escena internacional, limitando todo fenómeno a la esfera estatal. La segunda dimensión está referida a lo jurídico, en la cual el Estado nación se convierte en sujeto y objeto del Derecho Internacional Público en la sociedad internacional; es decir, en el sistema internacional los actores estatales tienen derechos y obligaciones que deben respetar y cumplir, que no sólo abarcan el aspecto político sino que va más allá del mismo (Fermín y Naím, 2001), considerándolo un factor de segundo plano. Es así como los teóricos de las relaciones internacionales diseñado y legitimado los paradigmas idealista, realista y marxista, centrando su atención en la figura del Estado nación, cada uno de éstos paradigmas poseen una estructura formal y lógica, para la compresión y la explicación de la organización y funcionamiento del sistema internacional, y los fenómenos sociopolíticos internacionales, desde las características de poder y soberanía del Estado nación. Esto significa que la esfera estatal es el reproductor de las premisas del orden o lucha en la escena internacional, donde los estudiosos han centrado su atención en la formulación y reformulación de los modelos teóricos de esos paradigmas; obviando en la actualidad que los postulados conceptuales son definidas y redefinidas por los engranajes de la dinámica histórica de las relaciones internacionales, hoy en día reconocidos por la postmodernidad.

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Estos paradigmas se sostienen en una realidad histórica-concreta. Los teóricos idealistas consideran necesario la existencia del Estado nación como el encargado de mantener y/o establecer el orden nacional-estatal y, en segundo lugar, la existencia de las organizaciones internacionales garantizan al individuo la paz a nivel colectivo, ya que el interés del individuo es crear un mundo pacífico con instituciones comprometidas con la paz de la humanidad. En cambio, los teóricos realistas consideran que la capacidad política, económica, militar y diplomática del Estado nación en el sistema internacional en función de su interés nacional define la jerarquía en el mismo y, por lo consiguiente, el equilibrio de poder. Mientras que los teóricos de la dependencia surgen a raíz del debate paradigmático acerca de las relaciones internacionales de América Latina con los países industrializados. Para los dependentólogos las relaciones internacionales opera en los términos de la economía capitalista mundial, plateando la dependencia como producto de las relaciones centro-periferias, siendo el reproductor de la desigualdad social y económica global. A partir de 1989 se evidencia el debilitamiento de la racionalidad estatal-nacional de las relaciones internacionales con los nuevos actores subestatales y no estatales que han surgido de los procesos de descentralización, globalización y regionalización, perdiendo peso explicativo los paradigmas predominantes de las relaciones internacionales ya mencionados. En vista de esta situación, algunos autores como James Rosenau (1990) y Alexander Wendt (1994) cuestionan la vigencia o no del rol protagónico del Estado nación en la escena internacional, vigencia que a nuestro parecer sigue presente, la mejor evidencia empírica es la existencia del Estado nación. Anwer Shah (2001: 5) considera que “Con la globalización, cada vez resulta más evidente que los Estados nación son demasiado pequeños para hacer frente a cuestiones esenciales de la vida, y demasiado grandes para afrontar cuestiones menores”, pero el autor reconoce que “la globalización no implica en absoluto el fallecimiento del Estado-nación, sino más bien la reorientación del Estado-nación para hacer frente a una estructura de gobernabilidad (governance) más compleja de un mundo complejo interconectado” (Shah, 2001: 12). En otras palabras, en la última década del siglo XX, los postulados de estos paradigmas entran en un proceso de transformación en vista de la dinámica cambiante del escenario internacional. Con los cambios domésticos internacionales originados con la caída del Muro de Berlín (1989) y el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), las relaciones internacionales se encuentran sumergidas en el debate paradigmático, en el cual se enfrentan los teóricos que sostienen la vigencia del Estado nación como el único o principal actor internacional y los otros, los que consideran que tal planteamiento ha perdido peso explicativo frente a la nueva realidad internacional; debate que se profundiza con el atentado terrorista a los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. En lo que coinciden los teóricos es que existe una tendencia redefinidora del paradigma predominante en las relaciones internacionales.

2. HACIA UNA NUEVA RACIONALIDAD EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES Hay que reconocer que con las megatendencias que han recorrido a América Latina: la descentralización, la globalización y la regionalización, se complica la interpretación de las relaciones internacionales con el surgimiento de nuevos actores internacionales, como lo son los entes subestatales en el nuevo escenario global (Romero, 1997; Fermín, 2000a). Dicho en pocas palabras, las megatendencias rompen el esquema teórico con que se ha 108

estudiado las relaciones internacionales contemporáneas, planteando su revisión epistemológica frente a la decadencia esas teorías para la explicación de las relaciones internacionales subestatales, específicamente las relaciones transfronterizas. A través de estas tres tendencias se pretende configurar una nueva racionalidad en las relaciones internacionales: la racionalidad subnacional-subestatal internacional, mediante las cuales se puede explicar la participación de los entes subestatales en la escena internacional. En Europa Occidental y los Estados Unidos de Norteamérica existen nuevos planteamientos teóricos sobre las relaciones internacionales subestatale, que se sintetizan en dos teorías: una, la diplomacia multivariada y la otra, los dos mundos. Ambas teorías parten de la discusión teórica entre los neorealistas y neoliberales. Para los neorelistas la globalización es producto del reacomodo del Estado entre el balance y la distribución imperfecta del poder internacional y el poder particular de cada Estado, considerando la transnacionalización como una amenaza para el orden alcanzado con los Tratados de Westphalia. En cambio, los neoliberales se centran en el estudio y la comprensión de los cambios globales generados por la economía internacional, definiendo a la globalización con las fronteras nacionales y la sociedad civil transnacional como un nuevo orden mundial (Romero, 1997). Nos centramos en la teoría de la diplomacia multivariada, la cual sostiene que el Estado nación no se ha debilitado con el surgimiento y participación de actores subestatales en la escena internacional, por el contrario, constituye un complemento para reafirmar la vigencia del actor estatal en las relaciones internacionales orientada por los principios de cooperación y coordinación de acciones establecidas en los convenios, acuerdos y tratados internacionales celebrados entre las partes, descomplejizandolo desde lo local la agenda de los temas-problemas de la política postinternacional en el mundo global; es decir, como los actores subestatales participan en la política exterior y/o en los sistemas de política exterior de sus países de manera paralela o conjuntamente con el Gobierno Central o Federal (Fermín, 2001a), para responder con acciones concretas las demandas de los habitantes de regiones fronterizas. Existen destacados estudiosos de la política postinternacional que se han dedicado en el estudio de las relaciones internacionales subestatales, entre ellos se destaca Brian Hocking (1993), quien es considerado uno de los principales representantes de la teoría de la diplomacia multivariada. El autor afirma que los actores subestatales no pretenden desplazar o sustituir al Estado nación del escario internacional, el Estado continua siendo el actor principal de la política internacional, pero ahora comparte ésta escena con los nuevos actores subestatales en áreas claves de los planes, programas o proyectos diseñados y ejecutados mediante la planificación de la gestión pública, con los cuales tiene vínculos estrechos y complementarios; es decir, la diplomacia del Estado monocéntrico no desaparece, asume con lo subestatal nuevas dimensiones: la diplomacia regional y municipal. La diplomacia multivariada se suscribe a la configuración del paradigma de las relaciones internacional subestatal, diferenciándose en algunos aspectos del paradigma de la sociedad transnacional, éste último representado principalmente por James Rosenau, David Held y Ülrick Beck (Fermín y Naím, 2001). Estos autores coinciden en la idea de que con los cambios y transformaciones en la vida internacional, la política tiene que ser explicada en el espacio trasnacional de manera compartida entre los viejos y nuevos actores. Por ello consideran que, los actores estatales deben compartir escenario y poder con los actores subestatales y transnacionales. Los actores estatales no deben entender 109

esta distribución como una pérdida de poder del Estado nación, sino como una ganancia ante su decadencia, donde la globalización deja atrás la idea de que los Estados nacionales controlan el monopolio de la escena en que se desarrolla la política internacional, resaltando que ese escenario le pertenece a todos y, por ende, es de responsabilidad de todos. Este paradigma se vincula con otros enfoques teóricos, que se centran en las dimensiones de la dinámica económica. Primero trata la internacionalización de las ciudades responde a dos factores: uno, la dinámica económica en cuanto a su ubicación geográfica y el otro, las características propias de la ciudad, como la financiera, la industrial, población y urbanismo; la globalización de la economía y la transnacionalización de los servicios y bienes tienen un impacto directo. Esta tesis, se resumen en el siguiente planteamiento: “A medida que las fronteras se permeabilizan, se espera que las ciudades remplacen a los países en las alianzas económicas transnacionales, a medida que las personas en Europa están descubriendo que los gobiernos nacionales tienen cada vez menos relevancia en sus vidas. Así, cada vez están más dispuestos a unir sus identidades y alianzas a ciudades y regiones. Por ejemplo, la alianza de Alpine Diamond que une Lyon con Ginebra y Turín, se ha convertido en un símbolo de uno de los esfuerzos más ambiciosos de Europa para romper las fronteras de la nación–Estados y dar forma a un nuevo destino político y económico” (Shah, 2001: 10). El otro enfoque lo plantea Keniche Ohmae en su obra (1997) “El Fin del Estado-Nación. El Ascenso de las Economías Regionales”, sostiene que la decadencia del Estado-nación se observa con el surgimiento de los estados-región en el contexto de la globalización económica, en consecuencia la transnacionalización de los bienes y servicios. Los estados-región son unidades geográficas, ciudades que están ubicadas en una zona económica de influencia, dentro o fuera de las tradicionales líneas fronterizas. De esta manera, los estados-región se diferencian de las megápolis, en cuanto a que “estas inmensas agrupaciones humanas no pueden dirigirse a la economía mundial en búsqueda de soluciones para sus problemas o de recursos para que estas soluciones funcionen. Por lo contrario, se dirigen a los gobiernos centrales de los estados-nación en los que se encuentra” (Ohmae, 1997: 111). El autor afirma que otra diferencia consiste en que los estados-región “pueden dejar alegremente a un lado toda la parafernalia de la soberanía a cambio de la capacidad de aprovechar las ‘ies’ mundiales” (Ohmae, 1997: 112). Ante estos enfoques, Joan Prats (2000: 79) plantea que “La globalización ha puesto en cuestión la constelación nacional que había surgido trabajosamente de la Paz de Westfalia. Ya no existe más, ni siquiera como ideal creíble, el estado territorial, la nación y la economía circunscritas y autodeterminadas dentro de las fronteras nacionales, sede de la institucionalización del proceso democrático. Si el Estado soberano ya no puede concebirse como indivisible sino compartido con agencias e instancias internacionales, si los estados no tienen control pleno sobre sus territorios, si las fronteras territoriales y políticas son cada vez más difusas y permeables, entonces los principios fundamentales de la democracia liberal (el autogobierno, el demos, el consenso, la representación y la soberanía popular) se vuelven problemáticos”. Empero, el citado autor resalta que, “los estados nacionales van a perder necesariamente poderes a favor de entidades subestatales y supranacionales, que sus tareas y funciones se están transformando de hecho, pero que eso no implica en absoluto pérdida de relevancia ni de centralidad política” (Prats, 2000: 80). Este autor reconoce la transformación que experimenta la estructura político-administrativa del Estado con la 110

descentralización y la integración económica, pero en el fondo el autor acepta el debilitamiento de la racionalidad estatal-nacional internacional al enfatizar la importancia de los entes subestatales y supranacionales en las relaciones internacionales, sin pretender reconocer que ahora el Estado nación comparte con los actores subestatales la escena internacional. En este sentido, la tendencia hacia racionalidad subnacional-subestatal en el marco de los cambios y transformaciones internacionales evidencia que la política exterior contemporánea ha dado paso a la “emergencia de poderes estatales en el nivel internacional que no están concentrados en un único actor, sino más bien distribuidos dentro de estructuras transnacionales de autonomía política, lo que constituye una transformación estructural del sistema de Estados de Westphalia” (Wendt, citado por Romero, 1997: 19-20); donde la teoría de la diplomacia multivariada adquiere importancia para la comprensión y explicación de las relaciones internacionales de los entes subsestatales, sobre todo las actividades transfronterizas, con las cuales se pretende intervenir directa o indirectamente en el proceso de integración fronteriza. 3. RELACIONES TRANSFRONTERIZAS SUBESTATALES De las relaciones transfronterizas de los gobiernos subestatales venezolanas con sus homólogos de los países vecinos, se buscar conceptualizar ésta nueva práctica internacional en el marco de los procesos de integración fronteriza, considerando las revisiones conceptuales fundamentales de las relaciones internacionales, hechas en los modelos posmodernistas, partiendo de la relación poder/conocimiento, dos conceptos generalmente divorciados en los postulados de las teorías positivistas de las relaciones internacionales, ya que existe un gran interés en conocer los nuevos procesos de teorización de los fenómenos internacionales, llamados postinternacionales, en cuanto a conocer los propósitos sociales y políticos del conocimiento, en que se sustenta los conceptos de las relaciones internacionales (Pinto, 1998). Durante el período 1958-1989, las relaciones transfronterizas de los gobiernos subestatales venezolanos con sus homólogos de los países vecinos se caracterizaron por limitaciones derivadas de la política de desarrollo fronterizo y la centralización políticaadministrativa del Estado. Con la descentralización los gobiernos regionales fronterizos (en mayor medida) y los gobiernos locales fronterizos (en menor medida), establecen relaciones con sus homólogos de Brasil y Colombia, gracias a su autonomía decisional en la formulación y ejecución de un formato de política de desarrollo fronterizo regional acorde con las prioridades y necesidades de los habitantes de las regiones transfronterizas. En vista de que la situación en la frontera es un problema compartido, estas autoridades venezolanas buscan respuestas conjuntamente con los gobiernos subestatales de Brasil y Colombia. Los gobernadores fronterizos subestatales han diseñado con sus colegas de los países limítrofes, políticas públicas transfronterizas en educación, salud, turismo, lucha contra el contrabando, los problemas ambientales, entre otros temas-problemas. Es así como los gobernadores “han tomado la iniciativa de participar en los procesos de integración de Venezuela con Colombia y Brasil. Esta iniciativa responde a los problemas socioeconómicos que padecen las regiones fronterizas comunes, ya que en la medida en que Venezuela fue celebrando tratados con Colombia y Brasil en las diferentes áreas sociales y económicas, para impulsar y fortalecer el proceso de integración binacional, la situación 111

se agudizaba en la frontera, considerándose como áreas aisladas y alejadas de los centros dinámicos, con un desarrollo socio-económico escaso y desigual en comparación con otras regiones urbanas y rurales del país” (Fermín, 2001a: 48). En este contexto, las gobernaciones venezolanas fronterizas establecieron relaciones con las colombianas, como es el caso de la Gobernación del Estado Zulia celebró diversos acuerdos con las gobernaciones de los departamentos colombianos del Norte de Santander, César y La Guajira de manera bilateral o multilateral durante el período 19962004 (Fermín, 2001b). Estos acuerdos interinstitucionales son entendidos como instrumentos operativos, es decir, proyectos o acciones destinadas a lograr resultados en la región transfronteriza; constituyéndose en un primer momento, como una iniciativa de las acciones del gobierno regional para impulsar y promover en la región transfronteriza el desarrollo socioeconómico, y en un segundo momento, se refiere a la ejecución de esos acuerdos a través de proyectos concretos. El Zulia es uno de los estados venezolanos que tiene mayor extensión de territorio fronterizo con Colombia, tiene vecindad con los departamentos de la Guajira, César y Norte de Santander, en cual se ubica y se desplaza los movimientos subversivos. Esta realidad amenaza el aparato productivo del Zulia, el cual representa el 70 % de la producción de leche y el 40 % de carne a nivel nacional, convirtiéndose los hacendados y ganaderos los principales objetivos de la guerrilla colombiana, en cuanto a los secuestros, extorsión y cobro de vacuna. En este sentido, los ganaderos y hacendados le exigieron al gobierno regional soluciones a tal situación. El gobierno regional estableció conversaciones con la guerrilla sin la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), para buscar una solución a tales actividades. Estas conversaciones no tuvieron ningún éxito. En 1996, en vista de los secuestros a ganaderos venezolanos por parte de la guerrilla colombiana, los gobernadores fronterizos le solicitaron al MRE, presidido por el Dr. Miguel Burelli Rivas, en el marco de la Convención de Gobernadores de Venezuela, la creación de la figura de Vicecanciller Fronterizo, el cual se encargaría de los asuntos fronterizos de los estados, propuesta que fue rechazada, respondiendo con la creación de la Unidad de Enlace-Coordinación entre la Cancillería y las Gobernaciones y luego, en 1998 la figura del Embajador Enlace. El Gobernador del Estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, fue quien presentó la idea, aceptada por el resto de los gobernadores fronterizos. En octubre de 2000, el Gobernador del Zulia, Manuel Rosales, retoma nuevamente la idea y la presenta al MRE, quien la rechaza por segunda vez. Mientras que en las relaciones transfronterizas brasilera-venezolanas, el Gobernador del Estado Bolívar, Jorge Carvajal, celebró en 1996 dos convenios de cooperación técnica con el Gobernador del Estado de Roraima, Noedo Ribeiro Campos, en el área de turismo fronterizo y desarrollo fronterizo, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Complementación Económica N° 27 Brasil/Venezuela, celebrado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (Documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1996; Documento de la Gobernación del Estado Bolívar, 1996). Las relaciones transfronterizas entre ambas gobernaciones tienen como propósito unir esfuerzos para promover e impulsar el desarrollo de la región fronteriza, estrechando así los lazos sociales y económicos, considerando los parámetros establecidos por sus respectivos gobiernos centrales en los acuerdos binacionales.

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En vista de esta realidad, los gobiernos fronterizos subestatales han creado mecanismos para la cooperación y coordinación de las políticas de desarrollo fronterizo regional, conjuntamente con los gobernadores de los países vecinos. De esta manera intentan impulsar el proceso de integración binacional dirigido por los gobiernos centrales. El mejor ejemplo de estos mecanismos lo representa el Consejo Colombo-Venezolano de Gobernadores de Fronteras (CCVGF), el cual se crea, según lo consagrado en el artículo 1 del Estatuto, como “una institución de apoyo y cooperación al proceso de integración colombo-venezolano”. La CCVGF ha sido reconocida por las cancillerías de ambos países como una institución de apoyo y cooperación al proceso, expresado en la Declaración de Guasdualito del 15 de febrero de 2000. Es importante destacar que en el II Consejo Colombo-Venezolano de Gobernadores de Frontera, celebrado en noviembre de 1994, el Estado Mérida fue incorporado en el área de impacto de la dinámica fronteriza, debido a la proximidad territorial y las características socio-económicas, integrando así un nuevo modelo transfronterizos con la subregión: Táchira-Norte de Santander-Mérida (Ordóñez, 2001). De esta manera, en marzo de 1998, una Comisión Técnica de la Gobernación del Estado Mérida se reunió con el Gobernador del Departamento del Norte de Santander para iniciar la primera ronda de negociaciones para la conformación de una “Región Binacional Mérida-Santander”. Con esta región se busca “el libre acceso de venezolanos hasta Bucaramanga, con el fin de facilitar un intercambio comercial y de personas en materia cultural, científica, tecnológica, agrícola, turística, importaciones y exportaciones, sustentado en diversos convenios internacionales suscritos –entre las Repúblicas- con anterioridad como el Pacto Subregional Andino” (Panorama, 21-03-1998: p. 2-3). El encargado de la Comisión Técnica“ informó en cuanto al posible acceso de ciudadanos de ambas naciones en la región binacional Mérida-Santander, el compromiso de Mérida en agilizar este planteamiento que está supeditado a las decisiones de los Ministros de Relaciones Exteriores e Interiores, ya que es una materia de carácter internacional” (Panorama, 2103-1998: p. 2-3). Como nota curiosa, resulta interesante observar que los gobiernos fronterizos subestatales no poseen competencias en materia de política exterior para participar directa o indirectamente en los procesos de integración fronteriza, pero parece no constituir una limitante en la realidad práctica en las relaciones transfronterizas; esto se observa al comparar a Venezuela, por ejemplo, con Colombia, ya que en 1999, el debate para la elaboración del nuevo texto constitucional, los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente no consideraron pertinente reconocer constitucionalmente competencias internacionales a los estados y municipios fronterizos, como lo hizo la Asamblea Constituyente colombiana4, ni mucho menos consagraron principios constitucionales para aclarar tal situación por la vía legislativa; reafirmaron y ampliaron una vez más el carácter centralista-presidencialista de la política exterior venezolana, en el ordinal 1 del artículo 156 y el ordinal 4 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en adelante CRBV (Fermín, 2001b). El Centro de Estudios de Fronteras e Integración “José Manuel Briceño Monsillo” de la Universidad de Los Andes-Táchira (CEFI) presentó en el marco del proceso constituyente de 1999, una propuesta para la política fronteriza de Venezuela. En esta propuesta consideraba que “La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente es una oportunidad para incorporar a Venezuela en las tendencias internacionales que otorgan de manera creciente una mayor participación a las regiones en el proceso de diseño, implementación de sus políticas de fronteras e integración. Esto se puede lograr 113

concediendo a las autoridades regionales, sean gobernadores o alcaldes, la potestad de celebrar acuerdos internacionales con las autoridades regionales correspondientes de las regiones vecinas pertenecientes a otro país. Es importante delimitar cuáles aspectos pueden ser incluidos en este tipo de acuerdos. Sin embargo, se podrían sugerir temas como la prestación de servicios comunes, la cooperación en materia ambiental, educación, obras de infraestructura, etc.” (CEFI, 2000: 59). El CEFI en su propuesta aclara los alcances y limites de la participación de los estados y municipios venezolanos en el diseño e implementación de la política de frontera e integración: “Se recomienda que estos acuerdos sean sometidos a alguna forma de control político-administrativo, ya sea por el congreso, la fiscalía, las asambleas legislativas o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto supone la ratificación legislativa, mediante ley aprobatoria, de los tratados negociados por las autoridades regionales. Si el órgano legislativo considera que el acuerdo está violando normas constitucionales o legales, entonces debería negársele su aprobación. De lo contrario, el tratado tendría plenos efectos jurídicos una vez que fuese ratificado por el legislativo y firmado por el ejecutivo” (CEFI, 1999: 60). Es decir, una vez que se reconocen competencias a los estados y municipios en los temas fronterizos e integración, crear los mecanismos legislativos de control. Para Fermín Toro Jiménez en su obra titulada “La Subjetividad Jurídica Internacional de los Gobernadores y Alcaldes según la Constitución Venezolana”, plantea que el Estado venezolano tiene una triple personalidad internacional. Por lo tanto, los estados y municipalidades venezolanas tienen competencias en materia internacional, según el artículo 126 de la Constitución Nacional de 1961. Se infiere que tal planteamiento de Toro está vigente, en cuanto a que en el artículo 150 de la CRBV sigue conservando el contenido del artículo 126. Sin embargo, la tesis de Fermín necesita ser estudiada exhaustivamente, contraponiéndola con la tesis que la triple personalidad internacional debe adquirirla el Estado a través de una reforma constitucional, reconociendo así las funciones internacionales asumidas por los gobernadores y alcaldes en el contexto de la descentralización y las actividades trasnfronterizas realizadas durante el período 19902004. Siguiendo estas referencias empíricas y las mencionadas más adelante, las relaciones transfronterizas de los gobiernos subestatales se manifiestan en aquellas actividades realizadas por los gobiernos regionales y locales con sus homólogos del país vecino, ya que los estados y municipios que representan poseen ciertas características en cuanto al espacio geográfico, económico, cultural y social compartido por los habitantes de ambos lados de la frontera; sin obviar que los entes territoriales que personifican forman parte de un Estado nacional distinto y dividido por límites fronterizos internacionales, regidos por normas jurídicas internas e internacionales, pero exigen su incorporación en el diseño e implementación acciones sociales y económicas consagradas en los acuerdos, convenios y tratados celebrados en los estados fronterizos. Cabe destacar que una región transfronteriza está separada por las regiones fronterizas de los países vecinos, donde las acciones en conjunto de los gobiernos fronterizos subestatales se convierten en su punto de enlace. En el trabajo se comparte el concepto de región fronteriza de Carlos Pastor (2001: 281), quien la entiende como aquella que “tiene un mayor grado de vinculación con una extensión geográfica mayor donde las acciones conjuntas involucran ámbitos políticos internos de mayor entidad de cada país: estados, provincias, departamentos, etc. Las acciones se canalizan hacia objetivos de 114

desarrollo compartido tendientes a una ampliación de la capacidad productiva, a la promoción de las inversiones, y a la conservación y uso de los recursos resultando de acuerdo al intercambio de factores de producción y de comercialización en una mayor dinámica fronteriza”. Las relaciones transfronterizas subestatales se clasifican en relaciones bilaterales y multilaterales. Las bilaterales consisten en las relaciones económicas, sociales y culturales establecidas entre dos gobiernos subestatales, ya sean regionales y/o locales, mediante la celebración de acuerdos interinstitucionales, conocidos como pactos de caballero, no contemplados en los fundamentos jurídicos del Derecho Internacional Público. En cambio, las multilaterales se refieren a las relaciones que surgen producto de la creación y funcionamiento de mecanismos institucionales de cooperación y coordinación por parte de los gobiernos subestatales fronterizos, para participar en el proceso de integración fronteriza y/o influir en las decisiones tomadas por los gobiernos nacionales en materia de desarrollo e integración fronteriza. Por último, la ausencia de normativas constitucionales y legales que regule las relaciones transfronterizas de los gobiernos regionales y/o locales, no significa que las actividades que realicen éstas autoridades con sus homólogos de los países vecinos amenace la unidad del Estado nación tan cuestionado hoy día y genere incoherencia en la implementación de la política exterior hacia Brasil y Colombia, ya que la naturaleza de estas relaciones expresan que no están dirigidas a buscar o promover en las relaciones transfronterizas el reconocimiento de su independencia, sino a adaptarse a los nuevos cambios que genera las necesidades socioeconómicas de las regiones transfronterizas en un mundo globalizado, sin pretensiones de desplazar o sustituir al Estado en la escena internacional, afirmando su papel protagónico frente a los decisores de la política internacional en áreas exclusivas del poder estatal. 4. LA NATURALEZA DE LAS RELACIONES TRANSFRONTERIZAS SUBESTATALES Siguiendo lo expuesto en las secciones anteriores, la naturaleza de las relaciones transfronterizas de los gobiernos subestatales venezolanos se pueden clasificar de la siguiente manera: histórica, social, económica, cultural, financiera y de seguridad. Estas naturalezas de las gobernaciones fronterizas no se presentan en las relaciones transfronterizas de manera separada o aislada, una de las otras, por el contrario constituyen un engranaje de funcionamiento a favor de los habitantes de las regiones transfronterizas y del proceso de integración fronteriza , que depende de las prioridades y necesidades de los habitantes de las regiones transfronterizas, donde los gobiernos subestatales pretende resolver a través de acciones concretas, mediante la celebración de convenios transfronterizos. La naturaleza de las actividades transfronterizas de carácter histórico de los gobiernos subestatales responde a las particularidades geográficas, económicas, sociales y culturales propias de los limites territoriales fronterizos que Venezuela ha compartido con Brasil y Colombia a lo largo de su historia; particularidades en las cuales se observa fuertes vínculos entre los habitantes de las regiones transfronterizas, sienten sus fortalezas o debilidades. Por ejemplo, en la frontera entre Venezuela y Colombia se puede diferenciar por sus particularidades históricas propias cinco ámbitos territoriales: 1) la Guajira, 2) la Guajira-Perijá-Cesar, 3) el Táchira-Norte de Santander-Mérida, 4) el Apure115

Arauca y 5) la Amazonas-Vichada-Guainía (Ordóñez, 2001). Estos ambos territoriales representan aspectos claves en lo económico, social y cultural, dependiendo de su dinámica histórica las relaciones transfronterizas subestatales se enfatiza en uno u otro aspecto. Desde esta perspectiva, la naturaleza de las actividades transfronterizas de carácter económico de los gobiernos subestatales responde al intercambio comercial, turismo e infraestructura entre los países vecinos, debido a los intensos flujos u reflujos de bienes, personas y servicios en las líneas fronterizas divisorias. Por ejemplo, entre el Táchira y el Norte de Santander “Se efectúa una intensa actividad agropecuaria y cuenta con industrias, con riquezas minerales y un activo intercambio comercial, que representa el 80 % de la relación comercial entre Venezuela y Colombia” (Urdaneta, 1999: 54), que genera fuentes de empleo en la región transfronteriza. En este sentido, los gobernadores del Táchira y Norte de Santander han celebrado acuerdos interinstitucionales para promover y fortalecer el desarrollo fronterizo de ambos países. Mientras que, por su lado, la naturaleza de las actividades transfronterizas de carácter social de los gobiernos subestatales responde a los graves problemas de servicios públicos que padecen los habitantes de las ciudades fronterizas y los pocos medios de subsistencia con que cuentan. El ejemplo más evidente sobre este aspecto, se refleja en el Acta de Intención sobre “El Fomento, Prevención y Resguardo de la Salud Fronteriza”, firmada entre los gobernadores del Estado Zulia, del Departamento de La Guajira y la del Departamento del César, el 2 de agosto de 1996, con el propósito de mejorar los servicios en el Hospital Binacional de Paraguaipoa; y luego, el 17 de octubre de 1997, las referidas gobernaciones firmaron otra Acta de Intención sobre el Fortalecimiento del Hospital Binacional Paraguaipoa, para el “mejoramiento de la inversión, desarrollo, investigación, docencia y fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica acordado por las comisiones de salud de ambos gobiernos”. La naturaleza de las actividades transfronterizas de carácter financiero de los gobiernos subestatales responde a que los problemas sociales de los habitantes son responsabilidades compartidas. En este sentido, los gobiernos han buscando la forma de cubrir los gastos en la prestación de servicios públicos en el área social de la región transfronteriza, como también contar con el apoyo financiero de organismos internacionales para la prestación de esos servicios o la implementación de nuevos programas sociales o económicos orientados al desarrollo fronterizo. Esto se infiere del propósito y las acciones derivadas de las dos actas de intención sobre el tema de la salud fronteriza, celebradas entre las gobernaciones del Zulia, La Guajira y el César ya mencionadas, con la creación de las comisiones técnicas para sincerar el presupuesto del Hospital Binacional de Paraguaipoa y el seguimiento de las inversiones entre las partes comprometidas. La naturaleza de las actividades transfronterizas de carácter cultural de los gobiernos subestatales responde al fomento y resguardo de los valores, creencias y costumbres particulares de cada región transfronteriza, que en algunos casos están relacionadas con los aspectos educativos y deportivos. En este caso, el 18 de octubre de 1996, las gobernaciones del Zulia y La Guajira firman el Acta de Intención sobre la creación de la comisión de enlace para intercambio y cooperación cultural, educativa, recreativa y deporte en la zona fronteriza. “Las entidades ya señaladas a partir de la firma de la presente Acta se comprometen a generar un intercambio cultural, educativo y deportivo a 116

través de exposiciones, presentación de grupos culturales, programas de educación intercultural bilingües, intercambio de experiencias educativas, elaboración y presentación de audio visuales, conferencias, actividades científicas y las distintas expresiones culturales de ambos países, así como en el área deportiva a través de competencias en el área formativa”. La naturaleza de las actividades transfronterizas de “seguridad” de los gobiernos subestatales es una respuesta a la amenaza que representa los movimientos subversivos colombianos al aparato económico productivo y la integridad física de los habitantes de las regiones fronterizas. Las conversaciones sostenidas entre los gobernadores del Táchira y Zulia con guerrilleros colombianos entre 1996-2000 tenía como fin, persuadir a los subversivos de cesar los secuestros y extorsión a los hacendados y ganaderos de los estados fronterizos, las cuales originaron diferencias con el Ministerio de Relaciones Exteriores (El Nacional, 08-04-1999: A/2). En marzo de 1998, el Gobernador del Zulia, conjuntamente con el de Táchira, pretendió realizar una visita no oficial en la cárcel de Itaguí a altos representantes de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El gobierno nacional de Colombia suspende tal visita y el venezolano manifiesta su desconocimiento (El Nacional, 05-09-1998: A/2). Por último, es importante aclarar que la categorización de las actividades transfronterizas de los gobiernos subestatales se diferencia de la relación plotodiplomática, en cuanto a su propósito y estrategia de participación por parte de los gobiernos regionales; es decir, la naturaleza de las relaciones transfronterizas no pretenden la independencia y autonomía de sus entes subestatales (estados y municipios) del país, para convertirse en un Estado nación con personalidad internacional propia o un nuevo actor estatal producto del nacionalismo en el marco de la globalización (Fermín, 2000a), por el contrario, el fortalecimiento del proceso de integración fronteriza a través de una gestión orientada a la búsqueda de soluciones de los temas-problemas de las regiones fronterizas, en las cuales los habitantes demandan cada vez más soluciones a los gobiernos regionales en la prestación de servicios públicos y obras de infraestructuras.

A MODO DE CONCLUSIONES Los paradigmas de las relaciones internacionales se sustentan en teorías estructuradas en postulados conceptuales centrados en las relaciones internacionales estatales, que su vigencia dependen de las características propias de la dinámica política, social y económica de la realidad. Los conceptos son meras abstracciones cuando no concuerdan o pierden aplicabilidad en la realidad empírica, ya que es la realidad quien los define y los redefine refutando o rechazando teorías que se han considerado predominantes en el estudio de las relaciones internacionales. La realidad obliga a revisar epistemológicamente los postulados teóricos tradicionales, convirtiéndose en su juez y verdugo. De esta manera, lo más importante para conceptualizar las relaciones transfronterizas subestatales, o sea, la participación directa o indirecta de los entes subestatales en los procesos integración fronteriza, consiste en el factor situacional socioeconómico, dependiendo de las características políticas domésticas, subregionales, regionales y globales existentes. En este sentido, el proceso de cambio dinámico y acelerado que ha venido ocurriendo a nivel fronterizo en las últimas décadas se ha traducido no sólo en un profundo 117

reordenamiento de los procesos de integración fronteriza sino que también ha tenido su contrapartida en el ámbito de la reflexión y la elaboración teórica, en cuanto al flujo dramático presenta las teorías de las relaciones internacionales orientadas al estudio de la integración fronteriza. De esta manera, existe un interesante debate entre las teorías destinadas a la resolución de problemas y las teorías críticas; en las se puede suscribir el paradigma de las relaciones internacionales subestatales, en cuanto a la teoría de la diplomacia multivariada, ya que pretende responder a los problemas de las regiones fronterizas con acciones concretas, como también la comprensión y explicación de la participación de los gobiernos subestatales en los procesos de integración fronteriza. En el intento de teorizar las relaciones transfronterizas de los gobiernos subestatales desde las particularidades propias de cada ámbito territorial fronterizo, observamos que es necesario también realizar en estudios futuros sobre la reconceptualización de los términos frontera, soberanía, política exterior, poder, entre otros, en vista de los efectos generados y/o acelerados por la descentralización, la globalización y la integración. La realidad transfronteriza nos obliga a repensar, reformular y reconstruir una estructura conceptual que la explique, donde las normas constitucionales y legales no constituyen un obstáculo teórico-práctico; muchos aspectos fueron dejados de lado en el pasado y que constituye en la actualidad un punto de partida para comprender y explicar las relaciones transfronterizas subestatales, que nos permitan enfrentar los retos que nos plantea el nuevo contexto fronterizo en el marco de los cambios internacionales, generados por las megatendencias. La búsqueda de la teorización sobre las relaciones transfronterizas de los gobiernos subestatales no se limita sólo al caso venezolano, en el campo de la ciencia política se extiende primero a la revisión de los modelos teóricos aplicados en América Latina y luego, al estudio de las relaciones de los gobiernos subestatales en las regiones transfronterizas latinoamericanas, por ejemplo, Ecuador y Perú en el marco del proceso de integración fronteriza promovido por la Comunidad Andina (CAN) o las relaciones transfronterizas de los entes subestatales entre Bolivia y Chile. En este sentido, se busca contar con estructuras conceptuales para la formulación de una teoría que aporte elementos conceptuales en el estudio analítico de la realidad venezolana en particular y latinoamericana en general. Para ello se considera el viejo planteamiento epistemológico de David Willer, hoy día vigente. Para Willer (1974:36).una teoría “es un conjunto integrado de relaciones con cierto nivel de validez. Antes de la validación, y sea cual fuere la pureza de su forma es impropio denominar teoría a este conjunto de formulaciones; mucho mejor es llamarlo conjunto de hipótesis, reservando el rótulo teoría para las hipótesis validadas. No debemos inferir que para que dichas hipótesis se conviertan en teoría se exige una validación perfecta, sino simplemente que es necesario alcanzar cierto nivel determinable y útil de validez antes de que corresponda aplicar dicho rótulo. En una estructura teórica, estas hipótesis se manifiestan en dos formas: en primer lugar, como sistema formal de proposiciones, y en segundo lugar, como sistema operacional formado por la suma de las definiciones operacionales adecuadas al sistema formal”.

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(1)

En diciembre de 1989 se celebran las primeras elecciones populares de gobernadores y alcaldes en la historia política de Venezuela, dando inicio al proceso de descentralización política-administrativa del Estado venezolano.

(2)

En 1991, la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia elabora la reforma de la Constitución Nacional, reconociendo en los artículos 189 y 226 el carácter centralista-presidencialista de la política exterior colombiana. Pero en el artículo 289 se consagra que: “Por mandato de la Ley, los Departamentos y municipios ubicados en las zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial del país vecino de igual nivel, programas de cooperación e integración dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente”. De este principio constitucional se elabora la Ley de Frontera en 1995, estableciéndose en el artículo 7: “Las autoridades de los departamentos y/o municipios ubicados en las zonas fronterizas, previa autorización de la respectiva asamblea departamental o consejo municipal, según el caso, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, buscará adelantar con las autoridades del país vecino, programas de cooperación e integración dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del medio ambiente”.

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LAS TRANSPORTADORAS INTERNACIONALES DE CARGA DEL ESTADO TÁCHIRA Y SUS POSIBILIDADES DE SUPERVIVENCIA EN LA COMUNIDAD ANDINA Y EN LA FRONTERA COLOMBOVENEZOLANA

Dr. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ1

LA COMUNIDAD ANDINA Y SU INSTITUCIONALIDAD La Comunidad Andina (CAN), es un proceso de integración inmerso en la concepción del “regionalismo abierto” de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Maldonado, 1999), en palabras de César Gaviria, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la “combinación de obligaciones formales a la Comunidad Andina y la apertura simultánea a otros países de América Latina y el Caribe ilustran el desarrollo de un nuevo movimiento integracionista en América, el cual ha devenido en nombrarse como regionalismo abierto” (en Maldonado, 1999: 19). Así, la CAN resulta ser, al igual que otros acuerdos, la “vía a través de la cual las subregiones de América Latina intenta avanzar en la construcción de procesos de integración multidimensional y profunda” (Di Filippo y Franco, 2000: 21). En la actualidad, la integración subregional andina es el proceso más avanzado de América, en el aspecto institucional y organizacional (Maldonado, 1999). Desde la reforma del Acuerdo de Cartagena por el llamado Protocolo de Trujillo de 1996, la Comunidad ha tomado un nuevo aire y ha transformado y solidificado sus instituciones, creándose así el Sistema Andino de Integración (SAI), en donde se agrupan todos los órganos comunitarios, entre los que destacan el Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaría General y el Tribunal de Justicia, como instituciones básicas y la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), como instituciones de apoyo, entre otros entes comunitarios (Acuerdo de Cartagena, 1996: artículo 3). Este amplio tejido institucional da una idea clara de la importancia que los países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, le dan al proceso de integración andino, que tiene como fin último el “mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión” (Acuerdo de Cartagena: 1996: artículo 1). En este marco institucional, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión, son los encargados de crear normas jurídicas conocidas como Decisiones, que conforman el Derecho Comunitario derivado y que obligan a los países miembros del Acuerdo, los cuales están constreñidos a adoptar las medidas necesarias para asegurar 1 Autor: Francisco Javier Sánchez Chacón, abogado por la UCAB y especialista en Derecho y Política Internacionales de la UCV. Docente – Investigador del Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI) de la Universidad de Los Andes – Táchira. Correo electrónico: [email protected]

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el cumplimiento de aquellas y de todo el ordenamiento jurídico de la CAN, según lo establecen los artículos 1, 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia. Adicionalmente, en el caso venezolano, estas normas son “consideradas parte integrante del ordenamiento jurídico vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna” según mandato de la Constitución Nacional del 2000. Esta legislación comunitaria es amplia y diversa, y regula, por ejemplo, los mecanismos de liberalización de bienes en el área de servicios de turismo, seguros, transporte, etc., y materias como las telecomunicaciones, inversiones y doble tributación, propiedad intelectual, normas técnicas, normas sanitarias y fitosanitarias, complementación económica y cooperación empresarial, relaciones con terceros países y grupos de países, entre otras (Maldonado, 1999: 24). Desde la Decisión 1 de 1969, por la cual se designaba el Acuerdo de Integración Subregional con el nombre de Acuerdo de Cartagena, hasta julio del 2004, se han emitido 600 Decisiones.

LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA EN LA CAN La liberalización de la oferta y las condiciones para la prestación del servicio de transporte internacional de mercancías por carretera, están contempladas en la Decisión 399 de la Comisión del año 1997, que establece como principios fundamentales en los cuales se sustenta dicha oferta y prestación del servicio: la libertad de operación, el acceso al mercado, el trato nacional, la transparencia, la no discriminación, la igualdad de tratamiento legal, la libre competencia y nación más favorecida (Decisión 399, artículos 2 y 3). Esta Decisión está reglamentada por la Resolución 300 de la Secretaría General, que es un cuerpo normativo amplio y muy detallado sobre los diversos actores, documentos y trámites necesarios para prestar el servicio con eficiencia y seguridad. Adicionalmente, existe una serie de textos legales que complementan la Decisión en comento, como la Decisión 271 referida al Sistema Andino de Carreteras; la Decisión 290: Póliza Andina de Responsabilidad Civil; la Decisión 477 (antes 327): Tránsito Aduanero Internacional; la Decisión 378: Valoración Aduanera; la Decisión 393 (antes 331): Transporte Multimodal, y la Decisión 467: Infracciones y régimen de sanciones para los transportistas autorizados, así como las Resoluciones 272 y 425, que establecen los criterios para calificar la idoneidad del transportista, determinar la capacidad mínima de carga útil en vehículos propios y vinculados y establecer los requisitos del contrato de vinculación, y el Reglamento para el registro de operadores de transporte multimodal internacional, respectivamente. VENEZUELA Y LA DECISIÓN 399 Venezuela decidió en el año 1999, restablecer el sistema de trasbordo para las mercancías provenientes de la Comunidad Andina y que ingresaran por carretera al país, contraviniendo la Decisión 399 de 1997, para ello, emitió una resolución ministerial conjunta de los ministerios de Relaciones Interiores, de Hacienda, de Industria y Comercio, y de Transporte y Comunicaciones, de fecha 14 de mayo de 1999, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.703, así como una

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resolución procedimental (sic) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de julio del mismo año. El gobierno, con base en diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Central, del Acuerdo de Cartagena, del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la CAN y de la misma Decisión 399, hizo tres alegatos básicos para sustentar su decisión, que pueden resumirse en, Primero: la ejecución del Programa de Liberación (sic) de la CAN, ha ocasionado graves perjuicios al sector transportista venezolano lo que requiere la adopción de medidas transitorias que permitan superar tales perjuicios; por otra parte, el Acuerdo de Cartagena contempla la posibilidad de aplicar Medidas Unilaterales de Salvaguardia, cuando se causen perjuicios graves a un sector significativo de la actividad económica de un país. Segundo: los transportistas venezolanos compiten en desigualdad de condiciones económicas con sus homólogos colombianos, debido a la situación de inseguridad personal en las carreteras colombianas, lo que afecta al transporte internacional y fronterizo de mercancías por carreteras y al flujo comercial comunitario, además, la situación de conflicto social en la frontera colombo-venezolana afectaba al comercio subregional y la conmoción social y económica que afectó la zona fronteriza colombo-venezolana por la paralización del transporte de mercancías amenazó con desatar un conflicto de considerables proporciones. Tercero: el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar el derecho al trabajo de sus nacionales. Las medidas tomadas en concreto, establecen que los vehículos de transporte internacional por carreteras deberán continuar el transporte de mercancías, de frontera a frontera, mediante las siguientes modalidades: a.- Trasbordo de las cargas de vehículos procedentes del exterior a vehículos de matrículas venezolanas, b.- Traslado de los contenedores de carga procedente del exterior a vehículos venezolanos, y c.- Cambio de cabezales en la frontera de un tracto - camión proveniente del exterior, a otro de matrícula venezolana, manteniendo la carga sobre la misma plataforma. LAS TRANSPORTADORAS INTERNACIONALES DE MERCANCÍA DEL TÁCHIRA San Antonio del Táchira y Ureña constituyen una zona tradicional de paso entre Colombia y Venezuela, en la que siempre se realizaba el trasbordo, lo que llevó al crecimiento del sector transporte ya que la frontera actuaba como generadora de carga ante la inexistencia de un fuerte tejido industrial en la zona (CAF, 2000), de modo que las empresas de transporte internacional de carga tachirenses existen básicamente como “transportistas de y en la frontera”, lo cual se justifica en la medida en que el “efecto barrera” del límite y la frontera se mantienen (Bustamante, 2001). Así, la actividad del transporte de mercancías ha venido siendo por décadas el eje del comercio colombovenezolano y es considerada pionera y generadora de sustento económico (León y Morales, 2001: 60-61)2. En el Estado Táchira, existen alrededor de 60 empresas con una cantidad aproximada de 3.000 vehículos pesados, según cifras del año 2000 (CAF, 2000), es un sector manejado exclusivamente por manos privadas, que posee un elevado número de individualidades e informalidad, los transportistas son una “mezcla de medianos y pequeños propietarios de unidades de transporte, por lo que la línea divisoria entre empresario y trabajador es imperceptible” (Bustamante, 2001: 9), de hecho, según cifras de la Corporación Andina de Fomento (CAF), los transportistas individuales constituyen más del 80% de la oferta del servicio. El parque automotor del sector es obsoleto, muchas de las unidades superan los 124

10 años, que es la vida estipulada por las ensambladoras como económicamente útil. El mantenimiento en ese nivel de deterioro es muy costoso y la reposición difícil por los altos costos de adquisición y las exigentes condiciones de financiamiento. Adicionalmente, entre el 30 y el 40% de los vehículos utilizados en el flujo total de carga, son livianos, incluso, en algunas encuestas se han detectado proporciones del 60%, para realizar el servicio de transporte en recorridos entre los 280 y los 450 kilómetros, lo que refleja que no se están utilizando los vehículos adecuados para efectuar el transporte de carga. Otra característica que representa un problema para el sector, es el alto porcentaje de camiones vacíos en el flujo de vehículos, con cifras que oscilan entre el 26 y el 38% del total, lo que supone que entre el 50 y el 80% de los viajes de retorno son vacíos; esto es debido, casi siempre, a la precaria estructura comercial, lo que impide o en todo caso hace muy difícil, la obtención de cargas de retorno (CAF, 2000: 93). Por otra parte, no existen en el país, teóricamente, barreras legales o formales que impidan la entrada a otras empresas en el mercado del transporte, lo que haría suponer una estructura competitiva; pero contrariamente, el mercado tiene fuertes distorsiones, con barreras informales a la entrada en el sector establecidas por organizaciones y asociaciones de transportistas que restringen la libre competencia, lo cual crea un mercado y un sector que “se caracteriza por ser caro, de baja calidad y muy ineficiente”3 y que produce desconfianza en la oferta de los servicios; esto aunado a una inadecuada gestión política y de asociación gremial, pues en muchos casos los transportistas de gremios o asociaciones fijan precios y reparten rutas (CAF, 2000). Para las empresas tachirenses, la Decisión 399 hizo que la frontera perdiera su carácter de fuente de carga, es decir “...el “efecto barrera” disminuía y, en consecuencia, la importancia de los transportistas de la frontera, mientras que los flujos comerciales entre los países aumentaban y los industriales y transportistas del centro del país se beneficiaban de la integración económica...” (Bustamante, 2001: 8). Así las cosas, los transportistas de la zona son partidarios de mantener la medida de trasbordo implantada por el gobierno nacional. Sin embargo, es opinión generalizada que la medida venezolana no ha tenido el efecto deseado por el gobierno venezolano de generar más carga al transporte del Táchira ya que, por una parte, se ha desviado la carga por vía marítima y por el paso fronterizo de Paraguachón, mucho menos controlado debido a su déficit de infraestructuras y, por la otra, las empresas de transporte colombianas se han instalado en Venezuela creando filiales a las que dan su carga y captando la carga de grandes empresas multinacionales y venezolanas (CAF, 2000). VIABILIDAD DE LOS TRANSPORTISTAS TACHIRENSES Ante la permanencia de Venezuela en el seno de la Comunidad Andina y a la obligación que tiene de acatar sus normas, lo cual, en el caso del trasbordo y de la Decisión 399 sucederá más pronto que tarde, y para que las empresas de transporte internacional de mercancías por carretera del Táchira puedan tener perspectivas de éxito, se deben tener en cuenta las siguientes ideas, que no pretenden ser un listado exhaustivo de lo que necesita el sector: 1. En primer lugar, es importante disociar el transporte de frontera y el transporte internacional, lo que permitirá implementar políticas que hagan posible el desarrollo económico de las zonas fronterizas para que éstas, a su vez, dejen de 125

2.

3.

4.

5.

presionar a sus gobiernos bloqueando el transporte internacional que necesariamente debe circular por allí, para ello, debe existir una actuación conjunta y armónica entre los Estados fronterizos y la CAN en tales zonas. Igualmente, es necesario desarrollar un plan para el transporte transfronterizo que permita diferenciar y resolver el comercio y el transporte de corta distancia que se origina en dichas zonas de frontera. El Estado venezolano debe considerar al sector de transporte de mercancías como estratégico para el país. Debe diseñar, conjuntamente con los empresarios, un completo programa de redimensionamiento que permita modernizar y aumentar la flota, el cual contemple planes de financiamiento con tasas de interés preferenciales y algunos años libres de amortización de capital e intereses, rebajas impositivas tanto nacionales como municipales, y exoneración o disminución de los aranceles aplicados a la importación de los vehículos. Como consecuencia de ese carácter estratégico del sector, debe legislarse para que el proceso de constitución de empresas dedicadas a tal actividad, sea riguroso, donde se cumplan una serie de requisitos relativos al número de vehículos propios, capacidad económica y financiera, capacidad técnica, de organización, normas de seguridad, etc. Debe fomentarse la Empresa Multinacional Andina (EMA) de transporte. Los empresarios del sector, tanto como otros, tienen en la EMA un interesante e importante instrumento que permite constituir empresas más grandes, competitivas y con ramificaciones y ventajas en todos y cada uno de los países miembros del Acuerdo. Esta figura permitiría una constante colaboración e interrelación, así como la transmisión de conocimientos o know-how con empresas de distintos países, que adicionalmente recibirían trato nacional en cada uno de los Estados de la Comunidad. Además, los propios empresarios venezolanos y tachirenses, pueden valerse de la figura de la EMA para que, aún siendo su capital mayoritariamente venezolano, puedan gozar de los beneficios que a aquellas ofrece el ordenamiento jurídico de la CAN. Las empresas deben actuar de manera cónsona con los tiempos y las circunstancias, ser adaptables a los eventos cualesquiera que sean, pues esto es síntoma de eficiencia. En consecuencia, las empresas tachirenses de transporte, deben unirse y complementarse entre ellas, deben dejar de ser compañías individuales e informales, para pasar a ser empresas de envergadura, que aglutinen a múltiples socios, y que posean una capacidad financiera, técnica y económica tal, que puedan hacer frente a la competencia, por lo demás necesaria e inevitable, en el plano nacional y comunitario.

Sólo si el empresariado venezolano y tachirense dedicado al transporte de mercancías, es capaz de percibir acertadamente la realidad, atisbar con confianza el futuro y, adicionalmente, ser flexible ante los distintos acontecimientos, puede pensar que en el mediano y largo plazo, el sector no sólo subsistirá, sino que será productivo y competitivo y, aún, vanguardista, como prestador del servicio en la Comunidad Andina. De otro lado, el Estado no debe soslayar la importancia del sector, por el contrario, debe ayudarlo de manera contundente en su reconversión, a menos que desde las esferas de poder en Venezuela, se piense que el transporte internacional de mercancías por carretera no es necesario ni vital para el desarrollo del país, lo cual significaría, en términos prácticos, la desaparición del mismo. Notas: 126

(1)

La magnitud del intercambio comercial colombo-venezolano, cuyas mercancías pasan mayoritariamente por la frontera TáchiraNorte de Santander, queda reflejada en las tablas al final del texto.

(2)

Según informe de Procompetencia de 1999, citado en “Transporte Sin Fronteras. Transporte internacional de carga por carretera en la Comunidad Andina de Naciones (sic). Situación actual y perspectivas”. CAF, 2000.

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LOS RETOS DE UN SISTEMA MIGRATORIO PARA LA COMUNIDAD ANDINA LUCRECIA MORALES GARCÍA1

RESUMEN Los países de la Comunidad Andina esperan conformar un Mercado Común en 2005, que implica, entre otros aspectos, la libre circulación de personas en el espacio comunitario. Esto traerá la intensificación de los flujos migratorios intraandinos, necesitándose contar con un sistema migratorio moderno que esté adaptado a la nueva realidad que se avecina. La modernización de ese sistema migratorio andino, debe prever la incorporación de las innovaciones y cambios tecnológicos, pero también la adopción de una nueva concepción del migrante como agente de desarrollo y no de perturbación. Adicionalmente, debe darle gobernabilidad al proceso migratorio, siendo legítimo desde el punto de vista político y eficiente en lo administrativo, poseyendo, además, información confiable derivada de fuentes alternativas y complementarias. Palabras claves: integración, Comunidad Andina, mercado común, sistema migratorio.

ABSTRACT The countries of the Andean Community expect to form a Common Market in 2005 which implies, among other aspects, the free circulation of people along the common space. This will bring the intensification of the internal Andean migratory flows, being needed to count on a modern migratory system that is adapted to the new reality that approaches. The modernization of that Andean migratory system should bear in mind the incorporation of the innovations and technological changes, but also the adoption of a new conception of the migrant person as a development agent and not as a disruption one. Additionally, it should give governability to the migratory process, being politically legitimate and administratively efficient, possessing, besides, confident information derived from alternative and complementary sources. Key words: integration, Andean Community, common market, migratory system.

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Politóloga, aspirante a doctora en Ciencia Política; investigadora acreditada ante el PPI, Nivel II, adscrita a la Sección de Integración Latinoamericana. Instituto de Filosofía del Derecho. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Directora de la Escuela de Ciencia Política, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Trabajo realizado en el marco del Proyecto CONDES: “Necesidad y factibilidad de un sistema de información migratorio en Venezuela según los fines del Mercado Común Andino”, registrado bajo el número VACCONDES-CH-0606-2004, cuya investigadora responsable es la autora del mismo.

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1. INTRODUCCIÓN Los países de la Comunidad Andina (CAN), han previsto la conformación de un mercado común para el año 2005; fase del proceso caracterizada por la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. La libre circulación de personas implica la intensificación del tráfico migratorio intraandino, que ha de ser facilitado por todos y cada uno de los países miembros de la CAN a través del reconocimiento de una serie de decisiones que han sido tomadas en el seno de este esquema de integración con ese fin. Ahora bien, a pesar de esto, ninguno de los países que integra la Comunidad Andina posee un sistema migratorio moderno que les permita enfrentar el compromiso de adherirse a los lineamientos de ese mercado común, en el marco del proceso de integración subregional. La situación podría convertirse en un problema de gobernabilidad, tanto del proceso integracionista, como del proceso migratorio en sí mismo, por los problemas de carácter social y económico que pudieran presentarse en el seno de cada uno de estos países, especialmente en aquellos que son considerados como países receptores, como es el caso de Venezuela. De allí que se crea de interés estudiar lo que deberían ser las exigencias de un sistema migratorio para la Comunidad Andina, determinando las principales características del mismo, al igual que la manera como pudiera ser mejorado y adaptado a los escenarios futuros, para que de esa forma los movimientos migratorios intraandinos tengan más posibilidades de convertirse en factores de desarrollo y no de perturbación en las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de cada uno de estos países. 2. EL FENÓMENO MIGRATORIO EN LOS PAÍSES ANDINOS. El fenómeno de las migraciones se refiere a la movilización de masas poblacionales que buscan nuevos territorios o lugares distintos a sus países de origen, donde establecerse y alcanzar una mejor calidad de vida (Alba, 2001). En cuanto a las causas de ese fenómeno, el citado autor señala que no sólo privan decisiones de carácter individual y la influencia de procesos de interacción social, sino que, según los clásicos, las migraciones se mueven alrededor de las teorías del crecimiento económico y del estudio del movimiento de los factores dentro de la teoría del comercio internacional, que establece que las migraciones coadyuvan a eliminar los desequilibrios económicos existentes entre los distintos países al movilizarse mano de obra o factores de trabajo hacia sitios donde sean mejor remunerados. Desde otro punto de vista, el factor demográfico guarda relación con las migraciones, ya que la excesiva población presente en áreas deprimidas o subdesarrolladas tiende a generar movimientos migratorios de personas que buscan movilizarse a territorios o zonas donde las condiciones económicas sean más favorables. 129

Ahora bien, los países de la Comunidad Andina (CAN), han registrado intensos procesos migratorios, generalmente relacionados con el flujo de sociedades básicamente rurales a sociedades urbanas. Otros aspectos y factores de importancia, lo constituyen las desigualdades en las posibilidades de trabajo y en el salario. Haciendo un balance de lo que han sido las migraciones dentro de la CAN, una de las conclusiones que se extrae es que Venezuela ha sido el principal país receptor, aunque esta tendencia se haya venido desacelerando a partir de la década de los noventa (OIM, 2002). (Ver Cuadro 1).

CUADRO 1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EMIGRANTES ANDINOS DENTRO DE LA CAN PAÍS DE RESIDENCIA TOTAL CAN (696.626)* 100%

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

(6.877) 0.99%

(57.278) 8.22%

(41.644) 5.99%

(8.880) 1.27%

(581.947) 83.54%

Fuente: Proyectos IMILA y SIMICA (1990). * Entre paréntesis, los valores absolutos. Ahora bien, independientemente de esto, las principales corrientes migratorias identificables en el ámbito andino, son: (a) Las migraciones laborales fronterizas: generalmente presentes en la mayoría de las fronteras de los países andinos, representando la mayor proporción de las migraciones que se producen en dicha zona de la CAN. (b) Migraciones de retorno: en este caso, los movimientos más destacados son aquellos que representan el regreso de colombianos desde Venezuela, donde las condiciones socioeconómicas ya no son las mismas de otros tiempos. (c) Movimientos de desplazados y refugiados: este tipo de movimiento migratorio ha cobrado fuerza en los últimos años en zonas altamente conflictivas desde el punto de vista socio-político, donde la actuación guerrillera, aunada a la paramilitar, ha hecho que oleadas de personas crucen la frontera cada día desde sus países de origen hacia países vecinos, en los cuales buscan protección temporal mientras los peligros latentes de dichas acciones irregulares pasan también de manera temporal, para regresar al día siguiente. El caso de Venezuela es típico en estos momentos, por la grave situación que vive Colombia. (d) Migración selectiva: es aquélla que se caracteriza por la migración de profesionales y técnicos, que implica la pérdida de recursos humanos altamente calificados. Esta corriente es común en los países andinos, donde se imponen medidas altamente restrictivas para el ingreso de extranjeros en su territorio, a la vez que se motiva la captación de recursos especializados en aquellas áreas donde la mano de obra local se considere insuficiente. 130

Como puede verse, las migraciones intraandinas han venido evolucionando a lo largo de los años, experimentando cambios de importancia en lo que se refiere al tipo y tendencia de los flujos migratorios: aunque se mantienen las migraciones laborales como realidad palpable a lo largo de las distintas zonas fronterizas, algunas corrientes migraciones han empezado a revertir su tendencia, así como han aparecido nuevas formas de desplazamiento motivadas por el impulso de las relaciones comerciales entre estos países y, en otros casos, por la violencia. Todo esto indica que los países de la CAN deberían estar preparados para la entrada en vigor del Mercado Común Andino, a más tardar el 31 de diciembre de 2005, procediendo a la armonización de sus sistemas migratorios, para así dar paso a un sistema migratorio andino moderno que no sólo incorpore los avances y facilidades tecnológicos existentes, sino que también refleje el cambio de viejos paradigmas sobre la visión que comúnmente se ha tenido de los migrantes en uno u otro país. 3. LA MIGRACIÓN COMO FACTOR DE INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD ANDINA. En el marco de la integración subregional, la integración humana y cultural ha cobrado vital importancia para el éxito del proceso integracionista en general, pues como señala Morales (2001: 56): “La integración latinoamericana no es sólo un proceso de carácter económico, político, social y jurídico, sino, básicamente, cultural, ya que en la medida que sea desarrollada una idea de lo latinoamericano (...) en esa medida podrán ser alcanzados los objetivos (...) del proceso integrador”. En ese sentido, los movimientos migratorios son los que promueven y consolidan esa integración, contribuyendo al crecimiento de la subregión, lo que supone “...una nueva concepción del migrante como agente del desarrollo.”; (Torrealba, 1993:10). Sin embargo, no pueden obviarse las situaciones adversas que las migraciones pueden causar sobre los países receptores, que, a criterio de Ohndorf (1989) pudieran ser: el incremento poblacional con efectos directos sobre la estructura social; el desplazamiento del empleo de los nacionales; el aumento de la economía informal; el deterioro de las estructuras sociales; la transculturización, las presiones sobre el sistema educativo y el de salud, incluyendo la entrada de enfermedades endémicas y el incremento de la delincuencia. En el caso de países como Venezuela, principal receptor de los flujos migratorios andinos, que tradicionalmente ha utilizado mano de obra extranjera calificada, y necesitado, a lo largo de su historia, haber acudido a procesos de migración selectiva, la realidad migratoria evidencia la existencia de “...una política de admisión de extranjeros sin estrategia y sin objetivos definidos, los cuales terminan distorsionando la esencia de la sana política inmigratoria que se ha requerido, generando, por el contrario, indeseables efectos sociales.” (Dávila, 2000: 3.3.17). Obviamente, hoy en día la visión migratoria que debe prevalecer es la integracionista; pero aún así, las consecuencias negativas que pueden tener las migraciones requieren que los Estados andinos se preparen para recibir las corrientes migratorias 131

intracomunitarias que se prevé comiencen a fluir a partir de 2005 con la entrada en vigor del Mercado Común, de tal manera que se pueda controlar efectivamente quiénes entran o salen del territorio de la CAN, evitando irregularidades y peligros para la estabilidad social de la subregión, de tal forma que la migración sea entendida como factor de integración y no de perturbación. 4. MARCO LEGAL PARA LAS MIGRACIONES EN LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA. La idea de un marco legal para regular las migraciones dentro de la Comunidad Andina, tiene como fin principal la conjunción de esfuerzos para facilitar la libre circulación de los habitantes andinos en la subregión por cualquiera de las razones que este esquema de integración ha considerado, como las de carácter turístico, de trabajo o de cambio de residencia habitual (Comunidad Andina, 2002). En tal sentido, las principales decisiones que han sido tomadas en lo que a esta materia concierne, están: (a) La Decisión 113 (Comisión del Acuerdo de Cartagena, 1977a): esta decisión, aunque de más antigua data, se considera parte de la legislación en materia migratoria, ya que regula todo lo concerniente a la seguridad social dentro de la subregión. Debe recordarse que, en lo que a migraciones laborales se refiere, es importante que exista un instrumento jurídico capaz de garantizarle a los trabajadores intracomunitarios, los derechos que, como ciudadanos andinos, le correspondan en el plano laboral. Así, la mencionada decisión, define los conceptos de mayor importancia a los efectos laborales dentro de la subregión andina, como: país miembro, autoridad competente e institución competente. De igual manera, establece las ramas de aplicación, la legislación aplicable, la totalización de períodos de seguro y períodos asimilados, así como una serie de disposiciones especiales y varias que regulan todos los aspectos de interés en el área temática. (b) La Decisión 116 (Comisión del Acuerdo de Cartagena, 1977b): esta normativa, también con una data de 25 años, aprueba el instrumento andino de migración laboral y, entre los aspectos que establece, están las definiciones más importantes en materia migratoria laboral, como por ejemplo, país de inmigración, de emigración, trabajador migrante, trabajador fronterizo, trabajador migrante indocumentado, entre otras (Art. 1°). Asimismo, el Capítulo II determina las disposiciones generales a regir para los trabajadores migrantes en la subregión, al igual que el Capítulo III regula lo concerniente a las funciones de las oficinas de migración laboral y al procedimiento para la contratación de trabajadores migrantes. El Capítulo IV, prevé las disposiciones comunes aplicables a los trabajadores migrantes, mientras que el V alude a las disposiciones aplicables pero a los trabajadores migrantes temporales. El Capítulo VI, establece las disposiciones comunes aplicables a los trabajadores migrantes fronterizos y temporales, a la vez que el VII, las disposiciones aplicables sólo a los trabajadores migrantes fronterizos. Finalmente, el Capítulo VIII norma lo relativo a las disposiciones aplicables a los trabajadores migrantes indocumentados, 132

con lo cual puede advertirse que prevé todos los casos posibles que pudieren presentarse ante una movilización migratoria de tipo laboral. (c) Decisión 148 (Comisión del Acuerdo de Cartagena, 1979): esta decisión, constituye el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad Social, previamente mencionado. Desde este punto de vista, desarrolla lo relativo a las oficinas de coordinación previstas en la Decisión 113 (Art. 3°); las excepciones a la legislación aplicable (Arts. 4°, 5° y 6°); la totalización de los períodos de acuerdo a las disposiciones contenidas en el instrumento andino de seguridad social (Arts. 7° al 10°); los requisitos para el disfrute de prestaciones por enfermedad y maternidad (Arts. 11° al 20°); lo relativo a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Arts. 21° al 24°); el desarrollo de las disposiciones relacionadas con las prestaciones por vejez, invalidez, y muerte (Arts. 25° al 40°), entre otros aspectos de interés. (d) La Decisión 397 (Comunidad Andina, 1996): esta decisión establece la ya mencionada Tarjeta Andina de Migración (TAM) que tiene por finalidad facilitar y simplificar el control migratorio de personas que entren y salgan de los países miembros de la CAN, favoreciendo el proceso de integración andina y el fomento del turismo. Lo interesante de la TAM, es que, además de constituir un medio eficaz de recolección de información para la elaboración de estadísticas relacionadas con el movimiento de personas, permite conocer cabalmente y con detalle, toda la información de los flujos de personas que entran y salen de los territorios de la subregión, entre la cual se cuenta las actividades desarrolladas por esas personas. Asimismo, este documento será el único de carácter obligatorio para el control migratorio y estadístico, en el ingreso y salida de personas del territorio de cualquiera de los países miembros, no excluyendo su uso la presentación de aquellos documentos (pasaporte, visa, u otro) previstos en las normas nacionales o comunitarias (Art. 1°). Otro aspecto a resaltar, es que cada país miembro será el único responsable de la distribución de esta tarjeta, de acuerdo a las normas nacionales y comunitarias vigentes (Art. 2°). Ahora bien, de todo esto se desprende, que cada país miembro debe estar correctamente preparado para la emisión y distribución de la TAM; pero como paso previo, esto requiere que el proceso de control migratorio interno de esos países, funcione adecuadamente, porque para el 2005 todos deben haber eliminado el visado para el ingreso, incluyendo a Venezuela. (e) La Decisión 503 (Comunidad Andina, 2001a): esta decisión es la que establece el reconocimiento de los documentos nacionales de identificación. Considera la libre circulación de personas como una de las condiciones básicas para la formación gradual del Mercado Común Andino, que deberá entrar en vigor, a más tardar el 31 de diciembre de 2005. De igual manera, asume la libre la circulación de personas dentro de la CAN, como un derecho de los nacionales andinos, de conformidad con las normas internas en materia migratoria. 133

Así, cuando la libre circulación de personas tenga un fin turístico, los nacionales andinos podrán entrar al territorio de cualquiera de los países miembros de los CAN, sin visado, y únicamente con los documentos de identidad válidos y vigentes en sus respectivos países que quedan establecidos en el artículo 1º. Ahora bien, para el momento del ingreso se deberá corroborar que dicho nacional andino circula en plan de turista y para ello deberá presentar la Tarjeta Andina de Migración (TAM) que representa el único documento administrativo comunitario cuya finalidad es, entre otras, establecer el tiempo legal de permanencia autorizada (Art. 4°), que no debería exceder de noventa (90) días prorrogables, según lo establecido en el artículo 10°. Esta decisión debía entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2002, sin embargo, las autoridades de inmigración venezolanas solicitaron una prórroga de tres años para su aplicación, invocando una medida transitoria dado su carácter de país receptor. (El Nacional, 2002). (f) La Decisión 504 (Comunidad Andina, 2001b): se refiere a la creación del pasaporte andino, con la finalidad fundamental de consolidar una conciencia y cohesión comunitaria entre los nacionales de los países andinos, así como la identificación internacional de la CAN como un conjunto de países comprometidos alrededor de un proyecto de integración que es común a ellos. Su entrada en vigencia está pautada, a más tardar, para el 31 de diciembre de 2005, pudiendo cada país miembro tomar la decisión soberana de adelantar la misma, previa notificación a la Secretaría General de la CAN y a los demás países para su reconocimiento (Art. 5°). En cuanto a su seguimiento, éste le ha sido encomendado al Comité Andino de Autoridades de Migración (CAAM). Respecto al marco legal vigente en materia migratoria dentro de cada uno de los países miembros de la CAN, la situación está caracterizada por una gran diversidad de leyes, generalmente dispersas y no reglamentadas, que le restan coherencia al fenómeno migratorio en sí mismo; a la capacidad de someterlo a una adecuada regulación jurídica; a su manejo como política pública, y a su armonización con el marco legal supranacional que ya se ha señalado. En lo que concierne a Venezuela, el marco legal para las migraciones está conformado por los siguientes instrumentos jurídicos (CIMAL, 2000): La Constitución Nacional de 1999: esta Carta Magna establece en su Preámbulo como uno de los fines supremos de la República, la promoción de la integración latinoamericana de acuerdo a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos; hecho que, de por sí, ampara todos los procesos que por vía del cumplimiento de los compromisos integracionistas, deban desarrollarse en el país.

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En este caso, se estaría hablando de la movilización o circulación de personas hacia su territorio, provenientes del resto de los países andinos, dadas las disposiciones contenidas en el acuerdo para la creación de un Mercado Común Andino, previsto para el año 2005. De igual forma, los artículos 87° al 97° de este mismo texto constitucional, establecen, dentro de los derechos sociales, los de carácter laboral, que, en caso de migraciones de este tipo, deberían también privar para los trabajadores migrantes, con las excepciones previstas en esa Constitución. Leyes: en cuanto a las principales leyes que guardan relación con la materia migratoria en Venezuela, éstas son: 1. La Ley de Extranjeros del 17 de julio de 1937; 2. La ley sobre actividades de extranjeros en el Territorio de Venezuela, del 29 de junio de 1942 y; 3. La Ley de Inmigración y colonización, del 21 de junio de 1966. 4. La Ley orgánica de Refugiados y Refugiadas, asilados y asiladas, del 3 de octubre de 2001. Resoluciones: en este sentido, puede nombrarse la Resolución conjunta de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Relaciones Interiores, relativa a las Normas sobre Expedición de visas del 28 de abril de 1989. Reglamentos: de la Ley de Extranjeros del 7 de mayo de 1942. En cuanto al resto de los países andinos (CIMAL, 2000), Bolivia ha sancionado cuatro leyes (algunas de ellas altamente discriminatorias), así como 16 decretos en total; Colombia, por su parte, ha emitido ocho leyes, veintidós decretos y una resolución. Por otra parte, Ecuador, posee tres leyes (de migración, extranjería y naturalización), al igual que cuatro decretos. Finalmente, la prolijidad de la normativa que el Gobierno del Perú ha emitido respecto al tema de las migraciones, permite señalar, en específico, las siguientes: La Constitución Política del Perú, del 31 de diciembre de 1993, que recoge el derecho al trabajo en sus artículos 22° al 29°, en los cuales está establecido que sin discriminación alguna todos tendrán derecho a trabajar en condiciones adecuadas para poder llevar una vida digna para sí mismos y sus familias. Esto es fundamental cuando se habla de migraciones laborales. Asimismo, en el artículo 36°, se reconoce el derecho de asilo y en el 44° se hace alusión a la necesidad de fomentar la integración, especialmente la latinoamericana, dentro de la cual se encuentra, como ya se sabe, la integración andina; esquema del cual Perú es país miembro. Lógicamente, esto indica un compromiso tácito para cumplir con las

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disposiciones que pudieren ser establecidas en la CAN y la obligación de adaptar las normas internas a las supranacionales que se dicten aras del proceso integracionista. Con respecto a la propiedad para extranjeros inmigrantes, el Estado Peruano impone una restricción de posesión de bienes en zonas fronterizas por razones de seguridad. Después de la Constitución, Perú ha sancionado dos leyes, veintidós decretos, ocho resoluciones ministeriales y un único reglamento que es el de Organización y funciones del Ministerio del Interior, de julio de 1995. Resulta interesante acotar, que Perú, además de ser el país más prolijo en cuanto a normativa en materia migratoria, también es el más actualizado con la normativa supranacional, ya que, incluso, ya han comenzado a incorporar a su propio marco legal, documentos como la Tarjeta Andina de Migración, que se considera obligatoria para los países de la subregión.

5. EL MARCO INSTITUCIONAL EN MATERIA MIGRATORIA El marco institucional que debe manejar la gestión migratoria ha de entenderse como sistema migratorio, y, en este sentido, se propone definirlo como el conjunto de entes, actores, procesos y mecanismos que guardan relación con la administración y control de los movimientos o flujos migratorios en un determinado país, a través de las políticas que tengan a bien elaborar e implementar para ello. Ahora bien, dada la actual realidad subregional, en el caso de los países andinos, es importante que los sistemas migratorios de estas naciones estén lo suficientemente capacitados para responder adecuadamente a los objetivos y metas del Mercado Común previsto para el año 2005. Ello implica una revisión de cada aparato migratorio, de tal manera de hacerlo viable a estos nuevos retos que surgen del proceso integracionista andino. Estos retos, deberían prever el logro de los siguientes fines: (a) La modernización de la gestión migratoria El primer aspecto que debe ser tratado, en lo que a sistemas migratorios se refiere, es el de la modernización de dichos sistemas o, en otras palabras, de la gestión migratoria. Ante todo, es importante que se comprenda, que en un escenario integracionista donde está planteada la libre circulación de bienes, capitales y servicios, es lógico que las personas se movilicen en búsqueda de mejores condiciones y calidad de vida. Así, donde esas condiciones sean mejores, allí acudirá la mayor masa de gente; el mayor flujo migratorio. Todo esto indica que el hecho migratorio, inevitable y comprensible ante la realidad descrita, no puede analizarse con base en la simple reflexión sobre su incremento o posibles efectos negativos, sino en cuanto a la “... difícil gobernabilidad de un fenómeno que constituye parte natural de situaciones económico-sociales globales e individuales, 136

pero que no es aceptado por una importante proporción de las sociedades”. (Mármora, 1997:3). Por ello, el problema migratorio se torna de difícil manejo, ya que, por una parte, está la presión social que demanda respuestas de sus gobernantes y, por la otra, está la acción de los principales actores y grupos políticos, los cuales, muchas veces, se ven tentados a utilizar, en su retórica demagógica, el tema de las migraciones como bandera política frente a dichos actores sociales. Esto significa que, en un porcentaje de importancia, las políticas migratorias surjan más por causa de las circunstancias y de las presiones sociales, que por una análisis objetivo de la situación en sí misma, y sean ejecutadas por instrumentos legales e institucionales obsoletos, dispersos, incoherentes e ineficientes (Mármora, 1997). De igual forma, el citado autor advierte que la gobernabilidad migratoria presenta dos problemas fundamentales: 1. La legitimidad política y; 2. La eficiencia administrativa o capacidad institucional De la interacción adecuada entre estos dos aspectos, se puede inferir la gobernabilidad migratoria para un país. En cuanto a la legitimidad política, ésta es indispensable en un régimen democrático y, la eficiencia administrativa o capacidad institucional, es fundamental para el logro operativo de los objetivos que se haya propuesto la política migratoria en sí. Ante la ausencia de legitimidad política, la población del país receptor se resistirá más a cualquier política migratoria que se intente llevar a la práctica, al igual que la propia población migrante; mientras que si no existe capacidad institucional, no podrán obtenerse los resultados que esa población desea y necesita ver en concreto, sobre todo porque en la mayoría de las sociedades receptoras tiende a verse las migraciones como la causa principal de sus males o problemas en general. Tomando como base las ideas anteriores, es necesario que en las políticas migratorias exista transparencia política y administrativa. La transparencia política, se basa en el grado de participación que se de a la población en la elaboración de la política migratoria, ante lo cual, seguramente, existirá menos resistencia dentro del sistema político para su implementación; por otro lado, la transparencia administrativa o institucional, está relacionada con la gestión propiamente dicha, la cual, además de estar intrínsecamente relacionada con la eficiencia administrativa, también debe enfrentar la presencia, en todos los organismos y estructuras migratorias, de la corrupción, desde los más bajos hasta los más altos niveles. Esta última situación, genera la necesidad de modernizar la gestión migratoria; objetivo que debe lograrse desde múltiples puntos de vista: desde la concepción que se tenga del migrante, hasta el manejo operativo del proceso. 137

Al respecto, Barzclay (1992), ha planteado la importancia de poner énfasis en la calidad y la productividad; en una administración más flexible y orientada al ciudadano, y Crozier (1987) ya había advertido sobre la necesidad de una mayor simplicidad de las estructuras y procedimientos, con unidades operativas más autónomas, mayor contacto con el usuario, innovación constante, información y comunicación, capacitación, motivación, formación y desarrollo humanos, gerencia participativa, entre otros aspectos. En todo caso, para modernizar la gestión migratoria, es indispensable que no siga pensándose en ella en términos de control o represión y que sean buscados mayores niveles de eficiencia. Desde otro punto de vista, se ha planteado que la gestión migratoria esté basada en un sistema que se rija por objetivos y no por reglas; que se oriente a la obtención de resultados y no a las actividades que cumpla; que esté motivada por la atención al usuario y no por su castigo, dándole relevancia al trabajo descentralizado, participativo, en equipo, por encima de las jerarquías (Mármora, 1997). En cuanto a la centralización o descentralización de la gestión migratoria, se hace alusión a la necesidad de que ésta sea descentralizada, porque, por lo general, las políticas que se toman desde el centro, suelen dejar de lado las particularidades de las regiones; de las zonas álgidas fronterizas y de todos los espacios geográficos que, aunque dentro de una misma región, pueden presentar características culturales diferentes. Finalmente, en lo que a cultura organizacional se previstos programas de concienciación acerca de la privar respecto al extranjero migrante, ya que éste no provocador de problemas, sino como una persona convertirse en agente de desarrollo.

refiere, es importante que sean verdadera concepción que debe debería ser visto como un intruso, capaz de aportarle al país y de

(b) Los sistemas de información migratorios La migración intraregional (en este caso, intraandina), constituye un factor de integración pudiendo fortalecer los lazos comerciales, culturales y laborales, entre los distintos países de la subregión. No obstante, la cada vez más compleja dinámica del fenómeno migratorio, pone de manifiesto la necesidad de contar con información oportuna, así como con metodologías adecuadas y sistemas de información migratorios modernos, eficientes e institucionalmente consolidados para hacer frente a las demandas que todo Gobierno recibe en dicha materia. Los principales requerimientos que han surgido respecto a los sistemas migratorios para poder contar con información más oportuna, son (Maguid, 2000):

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(a) Fuentes alternativas para darle seguimiento al fenómeno migratorio en los períodos intercensales y obtener información actualizada. (b) Mayor nivel de análisis de las migraciones, estudiando su entorno inmediato, a fin de explorar si ese fenómeno es parte de estrategias familiares de vida, así como aquellas políticas indirectamente relacionadas con el mismo. (c) Análisis del papel jugado por las redes de migrantes y las institucionales (d) Nuevos métodos para estudiar las tendencias migratorias en sectores poblacionales de países tradicionalmente expulsores. (e) Indagación sobre otras formas de movilidad temporales y circulares, que implican un retorno al lugar de origen y que no son medidas por los censos poblacionales. (f) Armonización de la información migratoria entre países, a fin de inferir estadísticas comparativas actualmente inexistentes. Todo esto, refleja grandes vacíos de información que es necesario cubrir a través de la conformación de un Sistema de Información Migratorio, sin desvirtuar los macro objetivos del fenómeno migratorio, o integracionista. Las tendencias subregionales que apoyan dicha conformación, son, entre otras: el reconocimiento por parte de los gobiernos andinos de la necesidad de disponer de información útil para la toma de decisiones y elaboración de las políticas migratorias; la participación de las organizaciones gubernamentales en los asuntos de carácter migratorio; el conjunto de experiencias acumuladas en la subregión; la existencia de grandes potencialidades en cuanto a la posesión de instrumentos de recolección de datos, aún no suficientemente explorados para la recolección de información. Por otra parte es conveniente acotar, que uno de los aspectos más importantes en este escenario que aquí se refleja, es la necesidad de intercambio de información, así como de la cooperación intergubernamental para crear redes que faciliten la acción, tanto de los gobiernos expulsores, como de los receptores en el tratamiento del fenómeno migratorio. En cuanto a la experiencia andina propiamente dicha, el Proyecto “Sistema de Información sobre Migración Internacional en los países de la Comunidad Andina” (SIMICA) (Maguid, 2000), tuvo como fin principal implementar un sistema de información integrado para analizar tendencias y patrones migratorios en el contexto subregional. En resumen, lo que se busca de un adecuado Sistema de Información Migratorio que pueda apoyar fehacientemente el sistema migratorio como un todo, es: 1. Facilitar conocimientos útiles para el diseño de políticas migratorias; 2. Poseer fuentes de información y métodos de recolección confiables; 3. Estar en capacidad de procesar información de carácter migratorio, a través de metodologías innovadoras. 4. Estar en capacidad de generar, elaborar, analizar y difundir información actualizada, cabal y oportuna. 5. Mantener lazos de coordinación interinstitucional, con el resto de los sistemas migratorios de la CAN; lo cual generaría una mayor vinculación con el proceso integrador y la posibilidad de establecer e implementar políticas migratorias conjuntas y consensuales entre todos los involucrados como actores en materia migratoria. 6. Articular fuentes de distinto carácter, como los censos de información, las encuestas a hogares, los registros de movimientos internacionales, así como relevos específicos para captar formas de movilidad no tradicionales. 139

Para lograr todos estos objetivos, es necesario contar con el apoyo de los entes gubernamentales; los actores inmersos en el fenómeno migratorio, la capacitación de los recursos humanos que atienden la materia migratoria y la incorporación de tecnología de avanzada tanto en el ámbito de la informática, como de las comunicaciones inter e intranet, es decir, “en línea”. No obstante, ningún sistema como el señalado es posible, sin la información necesaria para su funcionamiento. En este sentido, las fuentes que deberían aportar información adecuada a un Sistema de Migratorio, están: (a) Los censos poblacionales, las encuestas a hogares y los registros de entradas y salidas. (b) Otros registros administrativos, que, en caso de los países de la CAN, sería la Tarjeta Andina de Migración (TAM), asó como cualquiera de los documentos de identidad reconocidos mediante la decisión 503. (c) Fuentes no tradicionales que utilicen metodologías innovadoras. De esta forma, se espera que, una gestión moderna, caracterizada por ser transparente políticamente así como eficiente desde el punto de vista administrativo, poseedora de un adecuado sistema de información migratorio y de recursos humanos capacitados para manejar la materia, con la utilización de tecnología de avance, tanto en informática como en comunicaciones en línea, sea la realidad ideal para el éxito de las políticas que, en este sentido, ejecute cualquier país andino ante la puesta en marcha del Mercado Común. Así, se podrá ir hacia esa nueva fase del proceso de integración, sin mayores peligros de distorsión de los objetivos integracionistas, preservándose el interés nacional y los intereses subregionales de desarrollo, intercambio comercial y humano.

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CONFLITOS POLÍTICOS NA REGIÃO DE FRONTEIRA BRASIL-URUGUAI (1928-1938) CARLOS ROBERTO DA ROSA RANGEL1

1.

INTRODUÇÃO

No mundo contemporâneo, vivemos um constante movimento de retração e expansão do olhar. Para além dos horizontes do local e do regional, surge a possibilidade de um mundo sem fronteiras, cosmopolita, aberto às múltiplas experiências, intercâmbios culturais e formas de organização social da vida. No entanto, a pretensa aldeia global continua sendo um mosaico complexo de províncias e nações, povos e etnias, línguas e dialetos, seitas e religiões. No centro dessa contradição está o lugar – seja qual for a sua dimensão – espaço que comporta conflitos e solidariedades, forças centrífugas e centrípetas, cada qual com sua forma particular de definição das relações sociais, econômicas e políticas ali estabelecidas. Como historiadores, devemos entender esse processo de identificação das pessoas com o espaço e o tempo historicamente constituídos, sua lógica interna, as suas mais diversas contextualizações, conforme a região afetada. Além disso, devemos lembrar que desde o esforço de estatização do território até a sua atual transnacionalização, permaneceu existindo a forma particular de vida dos habitantes de um espaço definido por Milton Santos2 como lugar banal: locus da solidariedade coletiva, da contigüidade, da vizinhança e do território compartido. Nesta perspectiva, o presente estudo pretende discutir as múltiplas transformações ocorridas na região de fronteira Brasil-Uruguai, diante do esforço de estatização do território, promovido pelo governo federal brasileiro, entre 1928-1938. Sabemos que a região de fronteira BrasilUruguai, especialmente a fronteira viva Santana do Livramento-Rivera, presta-se a essa discussão, pois testemunhou, ao longo de seu processo histórico de formação, a simultaneidade entre a integração local e a imposição de interesses metropolitanos, regionais e nacionais. O período escolhido entre 1928 e 1938 remete para o colapso dos regimes políticos liberais e o surgimento generalizado de governos centralizadores e o conseqüente endurecimento das fronteiras entre países limítrofes, que passaram a controlar com mais rigor a entrada e a saída de pessoas, mercadorias, armamentos e dinheiro. Em especial os contextos históricos do Brasil e do Uruguai, caracterizados pelas ditaduras de Getúlio Vargas (1930) e Gabriel Terra (1933) fornecem elementos importantes para compreendermos a dinâmica interna da região de fronteira em relação às políticas fiscais, aduaneiras, comerciais e também de apoio 1 Mestre em Historia Regional pela Universidade de Passo Fundo, doutorando em Historia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Professor de Historia contemporanea no Centro Universitário Franciscano Santa Maria-RS, meu principal trabalho é o livro Crime e castigo - conflitos políticos no Rio Grande do Sul (1928-1938), pela editora da Universidade de Passo Fundo, 2000.

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recíproco em relação ao controle de grupos oposicionistas que transitavam de um lado para outro da tênue linha divisória que separa os dois países. 2. FRONTEIRA: LUGAR REGIONAL Rosa Silveira3 destaca a necessidade de tratar o conceito de região como produção, processo histórico concreto, atravessado pela temporalidade e nela interferente, opondo a esta abordagem a “concepção positivista”, onde ocorre a “transposição dos métodos das ciências naturais para fenômenos sociais, com o naturalismo implicando na submersão do homem na paisagem ou na superfície terrestre”. Henrique Padrós4 particulariza a discussão em torno do conceito de região, ao discutir as diferentes percepções do espaço fronteiriço. Segundo este autor, a “percepção tradicional” toma a fronteira como corte, limite, descontinuidade, barreira entre estados nacionais, enquanto a “geopolítica” a vê como “órgão periférico do Estado que tanto pode ser receptora de influências como pode ser pólo de irradiação, projetando-se sobre os países vizinhos”. Dentro de uma “perspectiva integracionista”, Padrós destaca que “a integração fronteiriça sintetiza a sobreposição de fluxo e forças de atração de diversa intensidade que origina um novo espaço conjunto onde anteriormente existiam dois espaços separados e impermeáveis entre si”.5 Concordamos com Pierre Bourdieu6 que a definição de uma região está intimamente ligada ao campo da luta simbólica de “fazer crer e fazer ver, de dar a conhecer e fazer reconhecer, de impor as definições legítimas das divisões do mundo social e, por este meio, de fazer e desfazer os grupos.” Particularizar a região de fronteira Brasil-Uruguai, é, sobretudo, destacar a contínua oposição entre a sua permeabilidade e a rigidez com que os Estados Nacionais tentaram estabelecer seus limites, entre os esforços de definição do espaço nacional – através de normas, aparatos policiais, aduaneiros, jurídicos e burocráticos – e uma certa autonomia com que os limites eram rompidos e apropriados por uma forma singular de estar no mundo. Desde o fim do século passado, a região de fronteira Brasil-Uruguai foi o ambiente onde proliferaram as manifestações das oposições sul-rio-grandense e uruguaia. Através da linha divisória passaram homens, cavalos, armas e munições, quer nos ataques dos federalistas ao governo de Júlio de Castilhos7 (1893-1895), quer dos blancos contra o governo colorado de José Batlle y Ordoñes (1903-1904)8. Pode-se afirmar que a fronteira e sua área de influência estiveram submetidos a um processo histórico singular, atribuindo-lhes uma fisionomia original. O vai-vém através da linha divisória, os constantes conflitos armados, a relativa autonomia em relação ao governo nacional, a atividade econômica em torno da pecuária, a responsabilidade pela conquista e manutenção do território assim como o forte vínculo de lealdade pessoal das classes subalternas para com a classe senhorial reforçaram o caráter militar dessa comunidade e serviram para a conformação de uma sociedade patriarcal, latifundiária, pastoril e com forte acento caudilhista. Na dimensão econômica, destacamos a sensibilidade frente às políticas monetárias e tributárias nacionais, uma vez que “a fronteira vive dessa diferença de nacionalidade e, dela, das diferenças de normas e moedas”9 Como o avesso dessa característica segue-se outra: a 143

relativa autonomia dos indivíduos frente às normas econômicas nacionais. Referimo-nos a prática do contrabando que se torna tão mais intensa quanto mais graves se convertem as diferenças monetárias e fiscais entre os países limítrofes. Desta forma, “comércio e contrabando são, pois, as faces de uma mesma atividade, a troca de bens e mercadorias, que atendem às necessidades da região”10. Ainda correlata as duas características anteriores, temos de destacar a constante busca de complementaridade comercial existente entre as cidades-geminadas. Susana B. Souza11 destaca que “a fronteira brasileira e a fronteira uruguaia tinham seus pontos de soldagem sob a forma dessas cidades-geminadas que são bicéfalas no nível administrativo, mas perfeitamente complementares no nível econômico.” Da mesma forma, não poderíamos desprezar na caracterização econômica da fronteira Brasil-Uruguai o predomínio da atividade pastoril ligada a pecuária. Em sentido mais restrito, Rogerio Costa12 chega a considerar o latifúndio e a atividade da pecuária existentes na Campanha – e dentro dela a região que estamos definindo - como elementos decisivos na formação da identidade regional sul-riograndense. Os fatores de distinção econômica da região de fronteira Brasil-Uruguai, apontados anteriormente, ainda hoje se prestam para compreendermos a especificidade do nosso objeto de investigação. O mesmo não pode ser dito dobre os fatores políticos, que se alteram sensivelmente de acordo com as mudanças conjunturais. Tomando por referência o contexto das décadas de 1920 e 1930, é possível isolar algumas características políticas capazes de balizar as transformações ocorridas naquela região, em virtude das medidas centralizadoras promovidas pelo governo federal brasileiro. Como primeiro aspecto apontamos a forte atividade conspiratória promovida por exilados políticos contra os governos que os expulsaram de seus países. A presença de elementos subversivos (que ameaçavam os governos nacionais) na fronteira Brasil-Uruguai era realidade amplamente conhecida nas revoltas dos anos 1920, quando ali se instalaram federalistas13 e tenentes14 como forma de estarem ao abrigo da ação institucional do Estado, sem se afastar demasiadamente do Brasil. João Luso15 relata um episódio revelador dessa permeabilidade existente entre as cidades de Rivera e Livramento: Em Rivera reside e trabalha um grupo de revolucionários de 1924, mantendo uma indústria que tem do lado de cá a sua principal clientela. À tarde ou à noite os brasileiros proscritos vêm, até a divisa, onde falam com os compatriotas, trocando sobre a linha limítrofe, cordiais e fraternais apertos de mão. E a propósito dessa amizade e desse carinho, alguém me disse, no tom mais natural do mundo: Realmente eles não podem retornar do exílio... Que importa, porém, se todos nós aqui os anistiamos? Com a Revolta Constitucionalista16 de 1932, a maior parte da elite política sul-rio-grandense unida em Frente Única (FUG) e alguns integrantes dos partidos Republicano e Democrático paulista instalaram-se nas cidades fronteiriças de Rivera (Uruguai) e Passo de Los Libres (Argentina), ou nas capitais do Uruguai e da Argentina. Algum tempo depois, com o golpe de estado promovido por Gabriel Terra (março de 1933), o Rio Grande do Sul tornou-se o abrigo

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para elementos do extinto Comitê Nacional de Administração e demais opositores uruguaios17. Não eram apenas os exilados os focos de resistência ao situacionismo regional e nacional. A região de fronteira caracterizou-se por sua ambivalência, ao reunir a mais expressiva oposição partidária, através dos partidos Federalista e Libertador, ao mesmo tempo que detinha verdadeiros redutos situacionistas estabelecidos em importantes cidades como Livramento, Uruguaiana e São Borja. Essa ambivalência, associada a presença dos exilados políticos, criava um ambiente potencialmente explosivo e disso advinha uma importante característica social/cultural, ou seja, a freqüente estigmatização daquela região como um lugar violento e afastado das normas básicas de convivência democrática. Benjamin Cabello, importante líder político da FUG, exilado em Rivera após o fracasso de 1932, descreveu o ambiente onde esteve residindo por quase dois anos como um lugar licenciosos e violento, utilizando-se da seguinte argumentação: Livramento fornece gêneros de primeira necessidade e Rivera artigos importados. Mas isso não é contrabando. À tarde os brasileiros vão às lojas riverenses e à noite os riverenses vem à Sant’Ana na procura de seus cafés, casas de chá, cigarrarias, cinemas, os cabarés e as casas de tavolagem. As Leis uruguaias são severíssimas com as casas de tolerância e com os jogos de azar. Estas duas cidades, por todos esses motivos, naturalmente que sempre constituíram a atração de todos os cidadãos caídos em desgraça, em seus respectivos países, tanto políticos como aventureiros de toda a espécie (...) As autoridades aproveitavam esses bandidos para práticas criminosas, como mercenários nos corpos provisórios destinados a combater os movimentos revolucionários, nos serviços do contrabando, na polícia municipal ou como votantes em cidades vizinhas, ou nos jogos de azar18 As atividades do contrabando, os freqüentes confrontos armados entre diferentes facções políticas/partidárias, a presença de exilados políticos e suas atividades conspiratórias, assim como a atuação violenta de chefes políticos locais que associavam a sua relativa autonomia aos interesses partidários e estaduais preponderantes19, constituíam um conjunto articulado de características que serviam para definir a região de fronteira como o lugar da barbárie, impermeável à racionalidade normativa e administrativa do Estado. Percebe-se, do que foi exposto até o momento, que os fatores de ordem econômica, política e social articulavam-se atribuindo uma fisionomia particular para a região de fronteira. Durante a década de 1930, essa diferenciação tornou-se mais aguda devido aos conflitos políticos ali estabelecidos e a maneira particular de seus habitantes adaptarem-se às diferentes legislações e políticas nacionais, justamente no momento em que ocorria o aprofundamento do intervencionismo estatal, evidenciado por meio da burocratização, racionalização e centralização da tomada de decisões, tendo como pólo impulsionador o governo federal20.

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3. FRONTEIRA: LUGAR NACIONAL Com base na caracterização construída nas páginas anteriores, iremos apontar algumas mudanças que abalaram os comportamentos característicos da fronteira, como a prática do contrabando, a migração para o outro lado da linha divisória em busca de melhores condições de trabalho, as atividades de exilados políticos e o comércio complementar entre as cidades geminadas. Tais mudanças foram provocadas por um progressivo enrigecimento dos limites internacionais entre os países limítrofes que, de maneira coordenada, passaram a controlar ostensivamente as relações econômicas, sociais e políticas que aconteciam naquele espaço regional com uma certa autonomia e permeabilidade, conforme já destacamos anteriormente. Em 3 de outubro de 1930, o que movia a elite política do Rio Grande do Sul era instalarse como força preponderante no governo federal. Getúlio Vargas não desconhecia essa pretensão regionalista e deixava-se levar pelos acontecimentos. No entanto, mal os cavalos foram encilhados para a marcha de conquista da capital federal, estouraram os conflitos entre aqueles que pretendiam lutar juntos com o “Rio Grande, de pé, pelo Brasil”: 21

Coloquemos o movimento de 1930 nos seguintes termos: sabemos quem perdeu – Washigton Luiz e seus aliados paulistas; mas quem foram os vencedores? Bem cedo a oligarquia sul-rio-grandense, personificada pelos líderes da Frente Única, viram seus projetos de ascendência sobre o governo federal ruírem diante de um discurso “nacionalista” do líder conduzido, nos ombros, até o Palácio do Catete. As medidas de centralização adotadas pelo governo provisório deixavam clara a intenção de governar o país sem a tradicional negociação com os estados federados autônomos – São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul -22, de tal maneira que o poder legislativo foi desfeito em todas as instâncias; os governadores dos estados foram afastados - com exceção de Minas Gerais – e no lugar deles vieram os interventores; a estrutura burocrática herdada dos governos da Primeira República foi combatida - exceção feita ao Banco do Brasil e à Polícia do Distrito Federal, que tiveram o seu funcionalismo conservado por Getúlio Vargas - e o Código dos Interventores foi instituído, cerceando a autonomia dos estados, sob o pretexto da racionalização administrativa e diminuição da dívida pública. Sob os efeitos das antigas permanências do regime combatido na Revolução de 3 de Outubro havia a estratégia na qual o “Estado Nacional passou a ocupar, institucionalmente, por meio de sua própria ampliação, espaços nos quais, tradicionalmente, o poder privado local se instalara”.23 Os vínculos existentes entre as lideranças das localidades e os dois partidos tradicionais, que serviram de sustentação ao sistema político vigente na Primeira República, foram sendo minados pela interferência direta e personalística do governo estadual (entregue ao republicano Flores da Cunha) e, por extensão, do próprio Getúlio Vargas – Presidente da Repúbilca. Esse processo que caminhou no sentido de integrar o município à estrutura do Estado brasileiro, através do esvaziamento da capacidade mobilizadora dos partidos tradicionais de dimensão regional, implicou na mudança de vínculos e relacionamentos entre o Estado e a sociedade. E falar dessas mudanças é o mesmo que falar numa transformação de sentido da nacionalidade. O Estado só se torna Nacional, no momento em que existe a explícita reciprocidade entre Estado e nação a tal ponto que se torne difícil uma diferenciação conceptual clara entre estes termos24. Para que o Estado 146

seja aceito, legitimado, consagrado, para que haja toda uma solidariedade comunitária que lhe dê sustentação, para que ele represente uma entidade política e social soberana, é necessário a afirmação da nacionalidade como uma realidade construída a partir da reconciliação ideológica entre a dominação burocrática e a solidariedade social. Para que uma sociedade sinta-se pertencente a um Estado Nacional, para que possa prevalecer toda uma ordem jurídica responsável pela articulação entre Estado e Sociedade, é necessário que seja expandida a crença na existência do Estado-Nação, sem a qual não haveria coesão e mobilização social. O Estado-Nação, como uma instituição ideologicamente formulada, perde a sua historicidade e passa a ser o suporte sobre o qual a elite dirigente veicula o seu projeto de organização da sociedade, seu modelo de desenvolvimento e unidade nacionais25. A arbitrariedade e a relação de poder que se estabelecem nesse programa, entre os setores dirigentes e populares, são minimizados e mesmo negados através do apelo a solidariedade coletiva em torno de uma identidade comum. Já não se trata da imposição vertical, de cima para baixo, de um projeto de desenvolvimento ou de um caminho em busca da modernidade, mas da crença de que é necessária a união de governantes e governados, pobres e ricos, empregados e patrões em torno do ideal da grande nação. Na região de fronteira Brasil-Uruguai, não tardaram a surgir os efeitos da sobreposição entre a maneira de ser e estar no mundo de seus habitantes e as medidas institucionalizadoras do Estado Nação. O governo federal, através do Decreto n.º 19. 482, de 12 de dezembro de 1930, voltou os seus olhos para os estrangeiros que buscavam trabalho no Brasil, limitando a sua entrada no território nacional. Segundo essa legislação, ficaria limitada a entrada de estrangeiros por um ano (Art. 1º), que para permanecerem no Brasil, por mais de trinta dias, teriam de dispor de até 3 contos de réis (Art. 2º); as empresas que mantinham contratos com o setor público teriam de empregar no mínimo 2/3 de brasileiros (Art. 3º); todos os desempregados estrangeiros ou nacionais deveriam se cadastrar nas delegacias de polícia ou no ministério do Trabalho, sob pena de serem submetidos ao processo de vadiagem (Art. 4º). A justificativa dessas medidas foi a seguinte: Considerando que a situação econômica e a desorganização do trabalho reclamam a intervenção do Estado em favor dos trabalhadores (...) uma das mais prementes preocupações da sociedade é a situação do desemprego forçado de muitos trabalhadores que, em grande número, afluíram para a capital da República e para outras cidades principais(...) Uma das causas do desemprego é a entrada desordenada de estrangeiros que nem sempre trazem o curso útil de quaisquer capacidades, mas freqüentemente contribuem para o aumento da desordem econômica e da insegurança social.26 Percebe-se que o Estado era colocado como o grande responsável pela racionalização das relações do trabalho e a entidade que teria de zelar pelo bem-estar dos trabalhadores nacionais, no momento em que os problemas advindos da urbanização e da mecanização do campo provocavam os fenômenos tipicamente modernos do desemprego e do êxodo rural, pois

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a partir de 1930 começou no Brasil um ‘novo tipo de desenvolvimento capitalista’. Em linhas gerais, este consistiu em superar o capitalismo agrário e comercial assentado nas atividades exportadoras de produtos primários, rumando para outro cuja a dinâmica iria depender gradualmente da indústria e do mercado interno.27 O espaço fronteiriço, por sua própria natureza, torna-se num centro atrator da população desempregada, oriundas do campo e dos excedentes de outros núcleos urbanos, quer pela possibilidade de comprar comida mais barata do outro lado da linha, quer pelas múltiplas oportunidades de trabalho informal que surge da proximidade entre os dois países e do fluxo de turistas/consumidores28. Além disso, o trabalho esporádico oferecido pelo frigorífico nas safras de matança atraía grandes contingentes de trabalhadores, independente de suas nacionalidades. Em números retrospectivos, em 1918 o Frigorífico Armour empregava 1.380 operários, sendo 50% brasileiros, 40 % uruguaios, 10% argentinos, norte-americanos, italianos e ingleses. Em 1932 havia 48 estabelecimentos industriais com 3.000 operários, em 1937 o número de fábricas cresceu para 50, mas o número de operários decresceu para 2.757. A esmagadora maioria dos trabalhadores era empregada pelo frigorífico que, em 1943, durante a safra de matança, ocupou 2.100. Percebe-se, através dos números apontados, a grande importância do setor secundário na economia santanense, que na década de 1930 era o terceiro parque industrial do estado, abaixo de Porto Alegre e Rio Grande, convertendo-se, assim, em centro de atração de mão-de-obra29. Para a classe trabalhadora de menor renda, a nacionalidade tinha um caráter restritivo que limitava as possibilidades de emprego, daí a existência abundante de cidadãos binacionais, nesse período. Falamos daquelas pessoas que possuíam duas certidões de nascimento - até com nomes diferentes - ou que, nascidas no Brasil, valiam-se do critério do parentesco para conseguir a cidadania uruguaia, sem abandonar a brasileira, ou ainda aqueles que não tendo paradeiro fixo passavam-se ora por brasileiros, ora por uruguaios. Essa situação não era desconhecida das autoridades públicas, a ponto do governo federal, através do Decreto nº 19.572, de 7 de janeiro de 1931, tentar restringir a expedição dos títulos de naturalização ao transferir a responsabilidade pela concessão do ministro da Justiça para o presidente da República. O decreto destacava: “o estrangeiro que pretenda naturalizar-se cidadão brasileiro deverá redigir uma petição ao presidente da República, por intermédio do ministro da Justiça, com firma reconhecida por tabelião, declarando nacionalidade, filiação, domicílio, profissão, estado civil e prole de legítimo consórcio”30. Que significado teria uma linha divisória separando duas nações para essa multidão de pessoas cuja sobrevivência dependia do trabalho esporádico surgido tanto de um lado quanto do outro da fronteira? Estava implícita na condição de homem fronteiriço a possibilidade de migrar, como mão-de-obra, para o outro lado da linha divisória toda a vez que a situação do mercado de trabalho, num dos países limítrofes, tornava-se precária. Tais características tornam o ambiente de fronteira propício à complementaridade, à essa mútua dependência jamais confessada pelas políticas nacionalistas, mas vivenciada no cotidiano das cidades de Livramento e Rivera. Essa tendência de enrigecimento da fronteira tornou-se mais visível com a implantação do Estado Novo31, em novembro de 1937, no Brasil. O jornal Correio do Povo, na edição de 6 de maio de 1938, informa que o governo federal proibiu a entrada de estrangeiros que 148

fossem aleijados, mutilados, inválidos ou cegos, surdos, mudos, indigentes, ciganos e congêneres, com afeção nervosa ou mental de qualquer natureza, alcoolistas, toxicômanos, doentes de doença infecto-contagiosa, menores de 18 anos e maiores de 60 que viajam sós, sem profissão lícita ou sem capital para se manter, de conduta manifestadamente nociva à ordem pública, à segurança nacional ou à estrutura das instituições, os já expulsos anteriormente, condenados em outro país, que se entreguem à prostituição ou a explorem ou tenham costumes manifestadamente imorais. Os estrangeiros ilegais no país deveriam procurar as autoridades em 30 dias e em 120 dias legalizar a sua situação, junto as delegacias de polícia municipais, quando receberiam o selo de imigração em seus documentos. As restrições eram tantas e tão complexa eram os trâmites burocráticos para a naturalização, que o governo federal sentiu a necessidade de editar uma manual de orientação aos estrangeiros, com detalhadas explicações sobre a legislação e preenchimento dos formulários padrão32. Como conseqüência dessa legislação, veio a campanha de regulamentação dos obreros uruguaios em Livramento, causando tal comoção popular que os chefes de governo das duas localidades tiveram de assumir um posicionamento público diante do problema. O jornal El Riverista de Rivera, na sua edição de 27 de agosto de 1938, informa que o prefeito de Livramento respondeu ao pedido de esclarecimento do intendente departamental sobre o que estava ocorrendo com os uruguaios na cidade vizinha, com uma carta datada de 24 de agosto de 1938, onde informava "O governo do meu país, no afã patriótico de normalizar a vida nacional, impondo o mais exato cumprimento das leis, editou um Decreto Lei normativo da imigração e permanência de estrangeiros". Procurava, ainda, esclarecer que "a Lei era dirigida à infiltração indesejável de todas as procedências, que se praticam por fronteiras abertas, por elementos que não possuam conduta nem antecedentes que lhes façam imigração aceitável." As restrições não se limitaram ao trânsito das pessoas de um lado para o outro da linha divisória. Igualmente o contrabando foi visado pela política nacionalista de Getúlio Vargas, que através do Decreto n.º 19.703, de 13 de fevereiro de 1931, adotou medidas de melhor organização do serviço de repressão ao contrabando nas fronteiras do Rio Grande do Sul. Essa legislação criava a figura do chefe da repressão ao contrabando, responsável pelo que antes fazia a Delegacia Fiscal do Rio Grande do Sul, passando a subordinar-se diretamente à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional. Já em 1903, o ministro da Fazenda Leopoldo Bulhões destacava, num pronunciamento na Câmara de Deputados, a necessidade de um convênio aduaneiro entre os países do Prata para reprimir o contrabando com esses argumentos: Com as larguezas que oferecem as fronteiras, ou seja pela via fluvial, ou pela terrestre, proporcionando as maiores facilidades para o transporte de mercadorias em infração; com o corpo de desocupados que ali existem perfeitamente aclimatados, porque ali nasceram, se criaram e vivem entregues àquela ocupação que lhes é como uma profissão, difícil é com efeito a repressão à prática criminosa e que, estou convencido, não cessará enquanto não for aplicada a providência sempre lembrada e sempre desatendida até hoje: o convênio aduaneiro internacional33. Embora a região de fronteira Brasil-Argentina não seja o objeto do presente trabalho, é importante destacar que os dois países deram o primeiro passo para realizar o conselho dado por Leopoldo Bulhões, quando em 1933 assinaram um convênio de prevenção e 149

repressão ao contrabando, que estabelecia: 1) cada uma das partes contratantes obrigava-se a tomar providências para que fossem prevenidas, descobertas e punidas as contravenções; 2) as autoridades dos ministérios da Fazenda de cada uma das partes deveria informar à outra as contravenções apuradas; 3) tornava-se proibido o depósito de mercadorias suspeitas próximo à fronteira, as quais deveriam guardar à distância mínima de 15 Km da linha divisória, se ali não houvesse aduana; 4)não poderia haver depósito de mercadorias em quantidade superior a capacidade de consumo local; 5) adotava-se o regime de torna-guias entre as aduanas e outras medidas preventivas e repressivas34. Com a implantação do Estado Novo35 foi desencadeado um esforço coordenado de repressão ao contrabando nas fronteiras do Rio Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai, esforço amparado financeiramente através do Decreto Lei n.º 173, de 5 de janeiro de 1938, que abriu um crédito especial de 111:500$000 para atender as despesas com pessoal e material36. O jornal A Razão, de Santa Maria, na edição de 6 de abril de 1938, informa que este recurso foi administrado pelo Sr. Eduino Vaz Ferreira, nomeado superintendente da repressão ao contrabando no estado, passando a contar com o apoio da 3ª Divisão de Cavalaria. O acordo aduaneiro com o Uruguai só foi efetivado com a conferência dos ministros da Fazenda do Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, na cidade de Montevidéu, em janeiro de 1939, quando foram firmados acordos alfandegários, bancários e migratórios, visando coibir o trânsito ilegal de pessoas, mercadorias e capitais. Dentro da mesma lógica de afirmação dos Estados Nacionais, em julho de 1939 ocorreu em Montevidéu, sob a presidência do Dr. José Irureta Goyena, uma reunião de jurisconsultos americanos com o objetivo de buscar uma conciliação das legislações civil, penal, comercial terrestre, de navegação e processual entre os Estados37. Os resultados não chegaram a alterar o isolacionismo que tradicionalmente caracterizou a política internacional latino-americana, mas pôde-se perceber que a informalidade nas relações internacionais - característica congênita do espaço fronteiriço - estava em questão e que os Estados Nacionais buscavam uma via comum para coibir qualquer iniciativa de particulares no estabelecimento dessas relações. A crescente ascendência dos governos centrais do Brasil, Uruguai e Argentina, subordinando as peculiaridades regionais por meio de normas coordenadas com seus países vizinhos, reduziram a autonomia dos habitantes da região de fronteira, que até então atuavam com maior informalidade. Já mencionamos esse processo nos parágrafos anteriores, quando destacamos a reação do governo federal à migração ilegal de trabalhadores e ao contrabando, atividades que permitiam uma relativa autonomia dos indivíduos frente às estruturas policiais e judiciárias do Estado. Vamos nos deter, agora, na repressão aos exilados políticos. Os exilados brasileiros oriundos do fracassado levante de 1932, tinham dois comitês revolucionários instalados nos países do Prata: um em Rivera, composto por Raul Pilla, Waldemar Ripoll, Firmino Paim e Maciel Terra, responsáveis pelo levante no Rio Grande do Sul; outro em Buenos Aires, liderado por João Neves, Batista Lusardo, Lindolfo Collor38 e alguns militares paulistas, que tinham a tarefa de angariar o apoio no restante do país39. Tais conspirações não passavam desapercebidas, pois o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Orlando Leite, mantinha Getúlio Vargas constantemente informado das 150

atividades dos exilados na Argentina e, para isso, contava com a simpatia e o apoio do governo daquele país40. O apoio era retribuído com o mesmo tipo de informação acerca dos integrantes do Partido Radical, que armazenavam armamento em Uruguaiana (cidade brasileira fronteiriça com a Argentina) e dali planejavam uma invasão do território argentino41. E o apoio não se restringiu apenas à troca de informações secretas. Benjamim Vargas – vulgo Beijo irmão do Presidente da República, tratou de reprimir pessoalmente uma tentativa de invasão do território argentino por revolucionários contrários a Agustín Justo, em dezembro de 193342. Cumpre destacar que esse empenho de Benjamim só ocorreu graças a pressão exercida por Getúlio Vargas, como forma de compensar o incidente diplomático provocado por Beijo, que invadiu a Argentina para seqüestrar o exilado brasileiro Jovelino Saldanha, no que resultou na morte de dois sobrinhos e no esfriamento das relações diplomáticas entre os dois países vizinhos43. A relação do Brasil com o Uruguai não era muito diferente, mas tinha certas peculiaridades. O governo uruguaio de Gabriel Terra era favorável ao Presidente Getúlio Vargas e mantinha severa vigilância sobre os exilados brasileiros, conforme relata Fernades caldas a Raul Pilla: Todas as nossas lutas estiveram numa dependência muito imediata da situação dos países vizinhos: Argentina, Uruguai e, recentemente, o Paraguai. (...) A nossa situação de revolucionários em face do governo Terra é das mais precárias. Esta gente está totalmente entregue aos interesses da ditadura brasileira. Todos os nossos telegramas, sejam de simples cortesia e ainda mesmo quando trafegam por linhas estrangeiras, são remetidos em cópia ao consulado, à legação, aos governos do Rio Grande e Nacional. A devassa é completa. Em fins de abril, precisamente quando mais se falava em anistia, o governo brasileiro transitava a nossa internação junto ao governo Terra. (...) A Argentina ainda é o melhor lugar. O Paraguai como ponto de escoamento de armamentos a baixo custo pelo porto de Esperança.44 A particularidade ficava por conta da intermediação realizada por Flores da Cunha que mantinha uma atitude simpática ao governo de Terra, como forma de manter os exilados políticos brasileiros constantemente vigiados. Contudo, o mesmo chefe político do Rio Grande do Sul não abria mão da amizade que tinha com os caudilhos uruguaios contrários ao presidente Terra e fazia isso com a intenção de impedir que os membros da FUG unissem-se militarmente a tais caudilhos numa provável invasão ao estado. Essa estratégia já fora usada por Júlio de Castilhos em 1893, como forma de garantir o isolamento militar da oposição no exterior, que deixava de contar com a possibilidade de união com as forças revolucionárias uruguaias45. Esse vínculo de Flores da Cunha com caudilhos uruguaios ficou claro quando as atividades revolucionárias dos constitucionalistas gaúchos tornaram-se mais intensas e Nepumuceno Saravia, companheiro de Flores da Cunha na revolução46 de 1923, empenhou seu apoio com as seguintes palavras: (...) el dia 15 estaré en Rivera, a su entera disposición, en cuyo sentido, ya escribí a su hermano, mi amigo Coronel Chico Flores. De acuerdo com nuestra vieja y leal amistad y como consecuente a ella al llegar a Rivera 151

estaré completamente a sus ordenes y quiero expresar a mi digno y noble amigo, en la forma mas radical, que en esta emergencia por la cual atraviesa su pais lo acompañaré a vd. personalmente sin analisis de tendencia alguna, vale decir, que estoy con el amigo, en cualquier terreno, por lo cual puede disponer y transmitirme sus instrucciones a Livramento donde estaré a fecha indicada. No escapa a mi compenetración la dificil situación de la política brasileña y principalmente de Rio grande, por lo cual, el amigo poderá apreciar la significación de mi adhesión personal, expresada en forma tan amplia, en que la formulo.47 Contudo, o apoio que os oposicionistas uruguaios esperavam encontrar das autoridades sul-rio-grandenses não veio com a intensidade desejada. Na verdade, Gabriel Terra – Presidente do Uruguai – contava com larga simpatia de Getúlio Vargas, pois ambos protagonizavam regimes autoritários e tinham o interesse comum de manter sob controle os seus exilados políticos no país vizinho. Esse apoio recíproco ficou evidente quando, em 1935, o Uruguai enfrentou mais um período de turbulência interna, por conta dos nacionalistas independentes, liderados por Basilio Muños. Tal apoio dos setores políticos dominantes do Rio Grande do Sul ao governo uruguaio pode ser observado nesse radiograma circular, enviado a todos os prefeitos dos municípios da fronteira com o Uruguai: Interventor recomenda, com máxima severidade atuação autoridades municipais e policiais fronteira, sentido ser mantida absoluta neutralidade conflito pais vizinho e amigo, determinando responsabilidades mesmas autoridades que auxiliem rebeldes na subversão da ordem48. Segundo Salomon de Leon49, no período 1933-38 ocorreu um intenso apoio recíproco entre os governos uruguaio e brasileiro, ambos envolvidos no combate às forças subversivas de seus países. Este apoio foi especialmente valioso para Terra quando tropas federais brasileiras confiscaram o armamento que saía do Brasil para o Uruguai, com destino ao revolucionário Basilio Muños que, não podendo contar com o dito armamento, foi derrotado em 28 de janeiro de 1935 no Passo Morlán, extinguindo-se, assim, mais um foco de resistência armada ao governo de Terra. O sentimento de afinidade e solidariedade entre o Uruguai de Terra e o Brasil de Getúlio tornou-se nítido quando o Jornal O Globo, na edição de 31 de dezembro de 1935, informou emotivamente a decisão do Presidente uruguaio em romper relações diplomáticas com a URSS, como protesto pela Intentona Comunista ocorrida no Brasil50. A matéria, cujo título é "Honra ao Uruguai", concita o povo brasileiro a participar de uma grande manifestação ao país amigo, no campo da praia do Russel, na tarde do sábado 04 de janeiro de 1936 - onde seria realizado um cerimonial. O jornalista encerra a reportagem informando como seria montada a programação: "a nossa preocupação, escolhendo a forma ou ritmos foi a de tudo condensar na força pura dos símbolos". Igualmente o governo Uruguaio tratou de retribuir a solidariedade contra o comunismo internacional que tinha forte base estratégica em seu território (sede do bureau da Internacional Comunista) proibindo qualquer manifestação pública de apoio aos revolucionários brasileiros.

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A mesma sintonia de pensamento existente entre Brasil e Uruguai, em relação ao tratamento dado aos conspiradores do país vizinho, asilados em seus territórios, pôde ser percebida em dezembro de 1933, durante a 7ª Conferência Interamericana que regulou as condições para a concessão do asilo político. O acordo internacional estabelecia: Art. 1º - Não é lícito dar asilo aos criminosos comuns julgados e aos desertores de terra e mar. As pessoas assim classificadas devem ser entregues às autoridades locais. Art. 2º - Compete ao Estado que dá asilo a classificação do asilo político. Art. 3º - O asilo político tem caráter humanitário e qualquer nacional pode pedir asilo sem que haja acordo entre os Estados. Aqueles Estados que criarem barreiras só terão reciprocidade, mediante acordos51. Embora as cláusulas do acordo atribuíssem ao asilo político um caráter humanitário e vinculassem ao país acolhedor do exilado a competência pela distinção entre os crimes comum e político, a inclusão dos desertores entre aqueles que não teriam guarida em solo estrangeiro limitou drasticamente a possibilidade da trama revolucionária. A título de exemplo, é interessante lembrar que boa parte dos revolucionários brasileiros que conspiravam no exílio, em 1933, eram praças e oficiais de baixa patente, desertores da Força Pública do Rio Grande do Sul e do Exército, assim como a coordenação militar dos comitês revolucionários de Rivera e Buenos Aires estavam nas mãos dos coronéis insubmissos Figueiredo e Taborda, respectivamente. Na mesma época os governos do Getúlio Vargas e Agustín Pedro Justo (1932-1938) firmaram um o acordo de extradição mais detalhado e mais brando em relação aos exilados políticos e desertores, nos seguintes termos: 1) o crime deveria ter sido cometido no território do estado requerente, ser comum, excetuando-se os de natureza política e puramente militar/religioso; 2) somente o estado solicitado poderia avaliar a natureza do crime; 4) o extraditado não poderia ser julgado por tribunal de exceção; 5) o poder judiciário do país requerido poderia julgar se o extraditado estava sofrendo algum constrangimento de suas garantias individuais; 6) poderia ser solicitada a prisão preventiva por até 60 dias; 7) não caberia o recurso da fiança ao extraditado; se a pena fosse de morte ou corporal, o estado solicitante deveria convertê-la em prisão52. Percebemos que existia um certo alinhamento internacional entre Brasil, Uruguai e Argentina naqueles aspectos que se referiam ao comprometimento da estabilidade política interna, assim como havia o interesse comum em normatizar as relações econômicas ocorridas ao longo da faixa fronteiriça, com base numa rigorosa legislação aduaneira e tributária. Esse enrigecimento da fronteira acabou por causar alterações na complementaridade econômica das cidades geminadas, existentes ao longo da linha divisória entre Brasil e Uruguai, conforme veremos a seguir. A crise dos primeiros anos da década de 1930 afetou profundamente a economia de Rivera, o que fez aumentar a reivindicação de uma melhor participação do comércio riverense nos lucros auferidos pelos turistas, que vinham de diferentes lugares do Uruguai e do Rio Grande do Sul, para brincarem o carnaval na fronteira e participarem das famosas noites nos cassinos e cabarés de Livramento. Um passo decisivo do governo uruguaio na tentativa de compensar a atividade comercial e pastoril deficitária, com o incremento do turismo, foi dado com a Lei 9.936, de 1936, que 153

elevou Rivera a situação de Cidade de Turismo, o que implicava no apoio do governo central à combalida economia riverense. Joel S. de León explica essa iniciativa do governo de Montevidéu através do contexto político da época. Em Rivera predominavam as forças anticolegialistas - apoio fundamental do presidente Terra - o que a colocava em situação privilegiada em relação ao governo central. Conforme esclarece o autor: La vecina Livramento habia sido a lo largo de toda su história - como Rivera lo fué para ella - refugio (y asilo) de las corrientes opositoras y centro de formación de intentos revolucionarios. Era vital, por lo tanto, tener un dominio claro en la zona y, mejor todavia, contar com el apoyo de sus principales fuerzas políticas. Terra tenia esse apoyo. Pero como todo apoyo requería ser compensado.53 Contemplar Rivera com franquias comerciais e favorecer o regime de trânsito, assim como incentivar as indústrias de carne na região, acarretaria num choque de interesses com o governo brasileiro, choque este descartado em função do apoio dado por Vargas ao governo de Terra, por ocasião da revolta de 1935, contra os rebeldes comandados por Basilio Muñoz. A opção foi declarar Rivera Cidade de Turismo, possibilitando a instalação de um cassino em Rivera, pois uma legislação de 1911 determinava que somente as cidades de interesse turístico poderiam ter instalações desse tipo. A elevação da cidade à condição de centro turístico favorecia a implantação de um cassino que faria frente aos famosos cabarés de Livramento, como podemos observar nestas palavras transcritas do jornal Tradición Colorada de Rivera, em 20 de julho de 1938: ...seguinmos sosteniendo que no se resolverá el problema del drenaje de dineros uruguayos ejercidos por Livramento desde largos años, que como se dice nos transforma en un barrio de la ciudad vecina, mientras no tengamos un Hotel-teatro-cassino... La causa principalisima del dreneje de dineros que soportamos, son los juegos de azar tolerados en Livramento... Na edição de 20 de agosto do mesmo ano, o referido jornal acrescenta: ...a fin de dar efectividad a esa aspiración unánime de nuestra población para salir de la situación de tributarios en el progresso de Livramento, que com sus leyes proteccionistas, liberales e patrioticas, en el afan de embellecer su município, facilita y transige com ciertos convencionalismos, reglamentando diverciones y juegos imposibles de extirpar. A campanha pela inauguração de um cassino em Rivera coincidia com as medidas moralizadoras adotadas pelo governo federal brasileiro, que em princípios de dezembro de 1937 mandou fechar todas as casas de jogos de azar, com exceção dos cassinos nas praias de banho e estações balneares, conforme descreve o jornal de Passo Fundo O nacional, na sua edição de 18 de dezembro de 1937. Como é fácil deduzir, tal medida afetou a vida econômica de Livramento e favoreceu a campanha pela inauguração de um Hotel-Teatro-Cassino em Rivera.

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Efetivamente, Rivera tornou-se um grande centro de turismo no interior uruguaio, enquanto Livramento amargava a decadência de sua tradicional vida noturna. Os encontros no café Ponto Chique, os passeios e flertes na praça matriz e o burburinho em torno das roletas dos cabarés cederam lugar ao glamour da Av. Sarandi que, por suas luzes, ganhou a designação especial de via blanca. Suas calçadas foram tomadas pelas cadeiras dos cafés e bares enquanto o recém inaugurado Hotel Cassino criava e desfazia fortunas nas mesas de Bacará e na excitante roleta. A partir desse período, Rivera deixou para trás os piores efeitos da crise dos anos 1930 e passou a monopolizar a vida noturna daquele espaço fronteiriço. Essa evolução pôde ser observada a partir de 1938, quando se iniciaram as excursões fonoelétricas, organizadas pela empresa Ferrocarril Central54; No ano seguinte, inaugurou-se o Parque Grã-Bretanha, a 6 Km da cidade, junto a Cochilha Negra; em janeiro de 1941, foi implementada a Comisión de Fiestas y Turismo; em janeiro de 1942, foi inaugurada a nova sede do Club Uruguay , um dos melhores do país; neste mesmo ano, iniciaram-se as atividades do Hotel Cassino; em fevereiro de 1943, foi inaugurada a Praça Internacional e, em agosto, iniciou-se a pavimentação da Av. Sarandi, o que logo foi estendido às principais ruas da cidade, transformando significativamente a sua fisionomia urbana. O que se viu nesse processo foi mais um exemplo do movimento pendular que tem caracterizado a vida econômica da fronteira. A prosperidade de um setor, numa das duas cidades, implica na decadência desse setor na outra. Além disso, percebe-se a clara interferência que as políticas econômicas, desenvolvidas pelos governos centrais, exerciam na vida cotidiana destas duas comunidades, forçando a busca de acomodações que garantissem a sobrevivência de populações que viviam, basicamente, das diferenças monetárias, fiscais e aduaneiras entre os dois países. Contudo, Livramento também teve seu desenvolvimento incrementado, mas por outra via - a industrialização. Foi um processo que teve seu nascimento já na década de 1910, quando o frigorífico Armour instalou-se em Livramento, ocasião em que os setores ligados à transformação dos produtos primários da pecuária tiveram grande impulso. Com uma população de aproximadamente 40 mil habitantes e contando com a quarta renda do Rio Grande do Sul (2.961.000$000), em 1941 Livramento posicionava-se como o terceiro parque industrial gaúcho, tendo quatro frigoríficos, três torrefações de café, onze charqueadas e uma cervejaria de renome, a Gazapina, de um conjunto de aproximadamente 50 estabelecimentos industriais, que empregava cerca de 3 mil operários55. As alterações de ordem econômica e política na região de fronteira, provocadas pela crescente interferência do governo federal nos assuntos antes regulados de maneira mais informal, estavam dentro do contexto de substituição da política regionalista e liberal postulada pelos partidos tradicionais (Partido Libertador e Partido Republicano), por outra política de cunho mais autoritário e centralizador, que se aprofundou significativamente após a implantação do Estado Novo. Como reflexo dessas alterações, na cidade de Livramento, a hegemonia do clã Flores da Cunha foi suprimida, com a passagem do poder executivo municipal para as mãos dos oposicionistas, representados pelo exintegrante do Partido Libertador João Jacinto Costa, ao mesmo tempo que Getúlio Vargas desenvolvia uma sistemática campanha desmoralizadora do seu antigo aliado, Flores da Cunha.

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Tem-se uma idéia da ideologia centralista, moralizadora e nacionalista do novo regime político, implantado em novembro de 1937 por esse extrato do jornal A Razão, em 6 de abril de 1938, quando destacou o novo perfil de governante que Livramento passava a ter, com as seguintes palavras: É um jornalista por temperamento e um homem ilustrado. O Estado Novo, selecionando os verdadeiros valores para a administração pública, confiou o governo municipal ao Dr. João Jacinto Costa, espírito empreendedor e decisivo, com uma larga visão da coisa pública e das necessidades reais da comuna. O novo prefeito prometeu medidas modernizadoras como o calçamento de algumas ruas e a pavimentação asfáltica para o centro da cidade, a ampliação da rede de esgotos, o aumento dos estabelecimentos de ensino e a construção de um mercado público e de um hospital. Além dos investimentos na infra-estrutura urbana, acenava-se para a moralização pública e administrativa. A partir daquele momento, os crimes seriam severamente punidos e a população estaria definitivamente liberta da barbárie a que estava sendo sujeitada pelo clã Flores da Cunha, conforme se observa nessa apologia à nova administração de Livramento, encontrada no jornal A Razão, de 20 de abril de 1938: A imprensa de Livramento registra a prisão imediata dos ladrões de uma casa comercial como ‘algo inédito’ (...) Era bem essa a situação de Livramento na época do caudilhismo e do contrabando. Os criminosos ou eram amigos dos mandões, ou eram por estes protegidos. Dessa forma, a polícia sempre encontrava empecilhos à sua ação moralizadora. A polícia sempre existiu. O que não existia era autonomia das autoridades policiais que não sabia que grau de amizade ou parentesco ligava o criminoso ao chefe político do momento. E, ou não agiam de imediato, ou deixavam o criminoso transpor pacatamente a rua que divide Livramento e Rivera. O novo regime não permite mais essa situação. Importante destacar que a partir da implantação do Estado Novo a fronteira brasileira teve seus quadros aduaneiros completamente reformulados e novas leis fiscais e de controle de pessoas e mercadorias foram promulgadas. Entretanto, o pequeno contrabando continuou existindo pois faz parte da estratégia de sobrevivência das populações fronteiriças, independente do rigor com que os governos nacionais tentam impedir essa forma subterrânea de integração comercial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS Não pretendemos esgotar o assunto sobre as alterações que caracterizaram o processo de estatização do território, ocorrido na região de fronteira Brasil-Uruguai, mas suscitar o debate em torno da lógica de conformação dos lugares, sobre as diferentes forças que alteram o padrão de comportamento de seus habitantes, como esses lugares são definidos, construídos ou contestados em função do confronto entre diferentes grupos de interesses e diversas interpretações do mundo social.

156

Com tais alterações, a região de fronteira Brasil-Uruguai passou a gravitar em torno de uma nova ordem centralizadora, de teor nacionalista e moralizante. O contrabando passou a ser interpretado como um crime contra o desenvolvimento nacional. Para combatê-lo e preveni-lo, ocorreu um alinhamento entre Brasil, Uruguai e Argentina e a restruturação das normas e entidades públicas responsáveis por sua execução. Os preparativos revolucionários dos exilados políticos brasileiros foram reduzidos a proporções mínimas, se comparados com os que eram promovidos antes de 1937. O ambiente potencialmente explosivo existente na região de fronteira, foi substituído pela estabilidade política – em boa medida conquistada por uma severa repressão e vigilância aos opositores do novo regime. O domínio florista foi combatido e substituído por outros setores políticos que propunham, em seus discursos, a substituição da corrupção pública pela racionalidade e moralidade administrativa, onde não haveria lugar para os desmandos de chefes políticos locais, crimes sem julgamento e criminosos impunes. No discurso estado-novista, passava-se, por assim dizer, de um ambiente bárbaro para outro civilizado, propenso ao desenvolvimento econômico e à paz social. A complementaridade existente entre as duas cidades geminadas passou a ter novo enfoque. Enquanto Livramento ostentava a imagem de uma "progressista" cidade brasileira, com suas indústrias, Rivera garantia, para si, a imagem de uma moderna e civilizada cidade uruguaia. Desta maneira, uma e outra assumiam parte da ideologia propagada pelos estados nacionais: O Brasil industrializado, o Uruguai civilizado; Livramento, uma cidade brasileira; Rivera, uma cidade uruguaia.

Notas: (2)

SANTOS, Milton. O retorno do território. In Milton et al. Território: globalização e fragmentação. 2. ed. São Paulo: HUCITEC.

(3)

SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. Região e História: questão de método. In SILVA, Marcos A. República em migalhas: história

1996. p. 15-20. regional e local. São Paulo: Marco Zero. 1990. p. 17-19. (4)

PADRÓS, Enrique Serra. Fronteiras e integração fronteiriça: elementos para uma abordagem conceitual. Revista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Porto Alegre, v. 17, n. 1/2, p. 63-85, janeiro/dezembro.

(5) (6)

Idem, p. 72. BOURDIEU, Pierre. A identidade e a representação: elementos para uma reflexão crítica sobre a idéia de região. In O poder simbólico. Lisboa : Difel / Rio de Janeiro : Bertrand Brasil. 1989. p. 113.

(7)

Júlio de Castilhos foi um importante político do Rio Grande do Sul- Brasil, responsável pela implantação do Parido Republicano no estado, logo após a queda da monarquia no Brasil. Teve de sufocar violentamente seus oposicionistas para impor uma férrea disciplina política e partidária.

(8)

RECKZIEGEL, Ana Luiza S. A diplomacia marginal. Vinculações políticas entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai (1893-1904).

(9)

SCHÄFFER, Neiva Otero. Urbanização na fronteira: a expansão de Santana do Livramento. Porto Alegre: Editora da UFRGS.

(10)

SOUZA, Susana B. de. Os caminhos e os homens do contrabando. In CASTELLO, Iara Regina (Org.) Práticas de Integração

Passo Fundo: UPF Editora. 1999. 1993, p. 86. nas fronteiras: temas para o Mercosul. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS. 1996, p.126. (11)

Idem, p.83.

(12)

COSTA, Rogério H. RS: Latifúndio e identidade regional. Porto Alegre: Mercado Aberto. 1988, p. 36.

157

(13)

Federalistas eram membros de um partido político oposicionista, no estado do Rio Grande do Sul – Brasil, contrários ao Partido Republicano (situacionista). Entre 1894 e 1895, e no ano 1923 esses dois partidos chocaram-se em violentos conflitos, envolvendo os países vizinhos (Uruguai e Argentina), no que resultou em centenas de mortos.

(14)

O grupo denominado “tenentes” era composto de jovens oficiais das forças armadas brasileiras, que junto com alguns civis opuseram-se aos governos conservadores instalados no Brasil, nos anos 1922 e 1924. Depois de suas tentativas frustradas de revoltas armadas, exilaram-se em países como Uruguai, Argentina e Bolívia. O mais conhecido entre esses rebeldes foi Luis Carlos Prestes, um dos organizadores da coluna que marchou por milhares de quilômetros no interior brasileiro, na tentativa de desestabilizar o regime político vigente. Mais tarde converteu-se ao comunismo e liderou a tentativa fracassada de um golpe comunista, em novembro de 1935.

(15)

LUSO, João. Terras do Brasil. In FORTUNATO, Pimentel. Aspectos gerais de Livramento. Porto Alegre: Livraria Continente.

(16)

A revolta constitucionalista foi uma iniciativa da elite de São Paulo, em 1932, contra o governo de Getúlio Vargas, o qual havia

1943, p. 11. derrubado um presidente da Republica paulista, dois anos antes. Teve curta duração, mas forçou o governo federal a convocar uma assembléia nacional constituinte e a dar aos paulistas um conterrâneo como chefe político. (17)

IMAZ, Ricardo R. Los Blancos – de Oribe a La Calle. 5 ed. Montevidéu: Ediciones Blancas. 1990.

(18)

Jornal Correio do Povo, 11 de março de 1938, p.1.

(19)

FÉLIX, Loiva O. Coronelismo, borgismo e cooptação política. Porto Alegre: Mercado Aberto. 1987.

(20)

FONSECA, Pedro C. D. Vargas e o capitalismo em construção (1906-1954). São Paulo: Brasiliense. 1989, p. 183.

(21)

PILLA, Raul. Carta para Assis Brasil. Porto Alegre. NUPERGS-UFRGS. 3 dez. 1930.

(22)

LOVE, Joseph. O regionalismo Gaúcho e as origens da revolução de 1930.

São Paulo: Perspectiva. 1995, p. 117 define

estes estados federados como autônomos devido a sua preponderância eleitoral e econômica, fortes polícias estaduais que rivalizavam com o Exército, bem como a presença constante e ativa junto às principais decisões do governo federal. (23)

COLUSSI, Eliane L. Estado Novo e municipalismo gaúcho. Passo Fundo: EDIUPF. 1996, p. 27.

(24)

HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismos desde 1870: programa, mito e realidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1990, p.

(25)

REIS, Elisa P. O Estado Nacional como ideologia. O caso Brasileiro In CUNHA, Cristina M. P. da (Org.) Identidade Nacional,

(26)

LOPES, Américo. Atos do governo provisório. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos Editor. 1931. v. 1, p. 103-111.

(27)

FONSECA, op. cit, p. 184.

14-18. São Paulo: Vértice. 1988. p. 187-203. (Estudos Históricos, 2), p. 191.

(28)

BENTANCOR, Gladys Teresa. Frontera y integración. In

CASTELLO, Iara Regina (Org.) Práticas de Integração nas

fronteiras: temas para o Mercosul. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS. 1996, p. 100-101. (29)

MENDONÇA, Nadir Domingues. O impacto da fronteira sobre uma comunidade (Rivera-Livramento).

Dissertação de

Mestrado em História, PUC-RS, 1980, p. 139-140. (30)

LOPES, op. cit., p. 18-20.

(31)

O golpe de Estado que pôs fim aos partidos políticos e implantou uma ditadura centrada em torno de Getúlio Vargas e de alguns oficiais generais perdurou no Brasil até novembro de 1945, quando alguns militares associados aos políticos liberais conspiraram para derrubar o Presidente e seus aliados mais próximos.

(32)

CARVALHO, Péricles Melo. (Prefácio). Guia do estrangeiro. Rio de Janeiro: Empresa de Divulgação Técnica. 1939.

(33)

VASCONCELLOS, Henrique Pinheiro. Uruguay-Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa nacional. 1929. v. 1, p. 643.

(34)

BRASIL, MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, Atos internacionais firmados entre os governos do Brasil e Argentina, 1933, p. 71-77.

(35)

Estado Novo foi a designação dada ao regime autoritário imposto por Getúlio Vargas com o apoio de lguns generais e elite política civil, em novembro de 1937.

(36)

DIAS, J.C. (Org.) Colectânea de Decretos Leis – Legislação do Estado Novo. 2. ed. São Paulo: Cultura Moderna. 1938, p.70.

(37)

OLIVERA, Enrique Arocena. Evolución y apogeo de la diplomacia uruguaya – 1828-1948. Montevidéu, 1984.

(38)

Esses homens eram políticos ligados a Getúlio Vargas durante a revolução de 1930 e tinham forte comprometimento com o Rio Grande do Sul. Nos dois primeiros anos de governo provisório, Getúlio libertou-se dos compromissos regionais e passou a defender um governo de caráter nacional, o que prejudicou os planos dos gaúchos em ascender ao alto escalão federal, levando-os a união com os políticos paulistas, na revolta de 1932.

(39)

RANGEL, Carlos R. da R. Crime e castigo: conflitos políticos no Rio Grande do Sul. Passo Fundo, UPF, 2001.

(40)

Arquivo Getúlio Vargas, CPDOC, Rio de Janeiro, doc 33-09-22.

158

(41)

Arquivo Getúlio Vargas, CPDOC, Rio de Janeiro, doc 33-11-26.

(42)

Arquivo Getúlio Vargas, CPDOC, Rio de Janeiro, doc 33-12-30.

(43)

VARGAS, Getúlio. Diário. São Paulo: Siciliano; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1995. v. 1 (1930-1936), p. 245.

(44)

Arquivo Raul Pila, NUPERGS-UFRGS, Porto Alegre, doc. 20-06-1933.

(45)

RECKZIEGEL, Ana Luiza S. A diplomacia marginal. Vinculações políticas entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai (1893-1904).

(46)

Em 1923, forças oposicionistas ao governo republicano no Rio Grande do Sul promoveram uma revolução sangrenta para

Passo Fundo: UPF Editora. 1999. derrubar o governador do estado, Borges de Medeiros. Flores da Cunha era republicano e combateu os federalistas ao longo da fronteira com a Argentina e o Uruguai, obtendo significativas vitórias. (47)

Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, carta de Nepumuceno para Flores da Cunha, doc. 02-08-1932.

(48)

Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, carta do Secretário do Interior aos prefeitos, doc s. nº.

(49)

LEÓN, Joel S. Dicionario riverense. Rivera. 1997, p. 897.

(50)

Em novembro de 1935, lideranças do Partido Comunista Brasileiro organizaram um levante em algumas organizações militares, favorecendo o recrudescimento das medidas de exceção promovidas pelo governo de Getúlio Vargas, que implantou o Estado de Guerra, inviabilizando o pleno funcionamento da Constituição liberal promulgada em 1934.

(51)

BRASIL, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Anuário da Legislação Federal, 1938, p. 153.

(52)

BRASIL, MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, op. cit, p. 81-85.

(53)

LEON, op. cit, p. 896-897.

(54)

PINTOS, Anibal Barrios. Rivera: una historia diferente. Montevidéu: Ministerio de Educación y Cultura. 1990. Tomo II, p. 248-249.

(55)

SCHÄFFER, Neiva Otero. Urbanização na fronteira: a expansão de Santana do Livramento. Porto Alegre: Editora da UFRGS.

1993, p. 42-50.

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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA POLÍTICA EXTERIOR VENEZOLANA EN EL MARCO CONSTITUCIONAL DE 1999: FRONTERAS E INTEGRACIÓN BERTILDA SCHLINGMANN MANEIRO1

RESUMEN La Participación Ciudadana constituye el eje del modelo sociopolítico configurado en la Carta Magna venezolana de 1999, extensible a todos los espacios posibles de la gestión pública; a ello no escapa la política exterior. Dado que representa una innovación en el ordenamiento jurídico patrio, este trabajo analiza el diseño normativo constitucional que la regula, que encuentra su concreción formal en la consagración del referéndum como vía para consultar al cuerpo electoral acerca de los tratados, convenios y acuerdos Internacionales cuyo contenido verse sobre el comprometimiento de la soberanía y la transferencia de competencias a órganos supranacionales, lo que se traduce básicamente en dos aspectos centrales, las fronteras, en tanto definiciones limítrofes y la integración. Para ello se interpreta el contenido dispositivo del artículo 73 de la Carta Política vigente, en concordancia con las demás normas vinculadas con ella, considerando el debate generado en el Poder Constituyente que motivó su incorporación en el derecho positivo. Así mismo, se consideran algunos de los instrumentos elaborados en el marco constitucional de 1999, como los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal y la Prospectiva Legislativa sobre fronteras, a los fines de determinar el alcance proyectado para el ejercicio de este derecho; reflexionando, finalmente, sobre la importancia de la educación como garantía de eficacia jurídica de cualquier medio de Participación Ciudadana que se recepte en el Derecho Objetivo. Palabras clave: Participación Ciudadana, Política Exterior, Integración, Fronteras, Referéndum. INTRODUCCIÓN La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV), está impregnada a lo largo de su articulado de una marcada incorporación de los ciudadanos en el desarrollo de la gestión pública. En este sentido, desde el mismo Preámbulo de la Carta Magna vigente, se propugna el establecimiento de una democracia participativa y protagónica, que abarca todos los espacios posibles de la acción gubernativa, no sólo al consagrarlo como forma de gobierno (artículo 6 CRBV), sino también como derecho (artículo 62 CRBV) y como deber (artículo 132 CRBV); pudiéndose canalizar a través de alguno de los mecanismos previstos por el artículo 70 del Texto Fundamental de 1999 que constituye un catálogo, meramente enunciativo, que deja abierta la posibilidad a una infinitud de cauces participativos adicionales. 1

Auxiliar de investigación del Instituto de Estudios Políticos. Este trabajo formó parte del requisito especial de la asignatura Política Exterior Venezolana, de la Maestría en Ciencias Políticas y Derecho Público de la Universidad del Zulia.

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A esta regulación formal del Texto Fundamental de 1999 no escapa, ni siquiera, la política exterior que, a decir de Álvarez (1997) debería mantenerse con un máximo de confidencialidad, por cuanto, a diferencia de otras políticas, es más del estado que de sus habitantes. Sin embargo, el Constituyente consideró importante involucrar a los ciudadanos en la política exterior, especialmente en lo concerniente a dos aspectos centrales de la misma como las fronteras y la integración; aspectos estos, que inciden en las relaciones internacionales de Venezuela desde todo punto de vista, económico, social y, hasta político. La Participación Ciudadana en materia de política fronteriza y de integración encuentra su concreción constitucional, básicamente, en la consagración de la figura del Referéndum, contemplado en el artículo 73 CRBV. Por tratarse de una innovación en el orden constitucional patrio, con gran impacto en dos puntos clave de la política internacional venezolana, el presente trabajo tiene como objetivo fundamental, determinar el sentido y alcance de dicha dispositiva, para lo cual se analizará su contenido normativo desde la perspectiva metodológica dogmática formal, haciendo referencia a las discusiones que en torno a ella se generó en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente llevada a cabo en el año 1999; estableciendo así mismo sus vinculaciones con otras normas de la vigente Ley Fundamental de la República. Por otro lado, como quiera que la Carta Magna constituye la cúspide del ordenamiento jurídico nacional y cimiento de la estructura política y social del país, se hará alusión a algunos instrumentos que, aunque no sean de carácter normativo, evidencian de algún modo la operativización del modelo participativo diseñado por el Texto Fundamental de 1999, especialmente en la política exterior venezolana. En este particular, se hará referencia a las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y social de la Nación 2001 – 2007 y al Plan Prospectivo Estratégico Zulia. Tercer Milenio 2001-2020; previo a ello se considerará el Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras que permite tener una visión del posible futuro legislativo sobre la materia. Para finalizar, se reflexionará sobre la importancia de la educación como garantía de eficacia jurídica de los mecanismos de participación ciudadana previstos por el orden normativo con acentuado énfasis en la consulta refrendaria sobre política exterior (frontera e integración) contemplada por la Carta Política de 1999. 1.- LA POLÍTICA INTERNACIONAL: CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA COMPETENCIA. Según dispone el artículo 156, numeral I CRBV, la política y la actuación internacional de la República son áreas que corresponden a la competencia del Poder Público Nacional. Por su parte, el numeral 30 del mismo dispositivo constitucional, le asigna de manera específica al nivel central el manejo de la política de fronteras, con una visión integral del país, que permita la venezolanidad y el mantenimiento y la soberanía en esos espacios. Por otro lado, el artículo 236, numeral 4 del Texto Constitucional de 1999, establece de manera precisa que el Presidente de la República es a quien corresponde la dirección de las relaciones internacionales así como la celebración y ratificación de los tratados, convenios y acuerdos internacionales. Esta competencia es ratificada por el artículo 2 de 162

la Ley del Personal Servicio Exterior del año 2002, que le confiere al jefe del Estado la cualidad simultánea de decisor y ejecutor de la política exterior, atribuyendo también la categoría de decisor a la Asamblea Nacional sobre la misma materia; siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores el órgano encargado de diseñar tal política ejecutando y coordinando las actividades de las relaciones exteriores, siguiendo los lineamientos establecidos por el máximo representante del Poder Ejecutivo Nacional. No obstante, esta competencia atribuida por norma expresa, con jerarquía constitucional y con rango legal, es importante considerar que, tanto la política fronteriza como los procesos de integración tienen en común su íntima relación con un aspecto fundamental en la vida del Estado el cual constituye uno de los propósitos nacionales imperantes, de carácter invariante en la política internacional de todos los países, ello es la preservación de la soberanía que no se traduce en otra cosa más que en la Seguridad de la Nación. En este particular, conviene considerar lo preceptuado por el artículo 326 de la Carta Política Venezolana vigente que, a la letra señala: “Artículo 326. La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”. (resaltado propio).

La norma precitada no debe ser analizada de manera aislada sino en concordancia con el artículo 322 CRBV que atribuye la seguridad de la nación como competencia esencial y responsabilidad estatal; pero, así mismo responsabiliza de su defensa a los venezolanos y venezolanas y, en general, a las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de privado por el sólo hecho de encontrarse en el espacio geográfico nacional; por lo que se hace extensivo tanto a los venezolanos como a los extranjeros. Esta última dispositiva del Texto Fundamental (artículo 322 CRBV) ya estaba prevista por el artículo 1° de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, aún cuando es de carácter preconstitucional, por cuanto fue aprobada el 26 de agosto de 1976, en el marco de la Carta magna derogada de 1961. De las normas constitucionales mencionadas se colige el Principio de Corresponsabilidad, aplicable en materia de Seguridad de la Nación, el cual constituye “... el eje de la relación Estado – Ciudadano” (Bracho y Álvarez, 2001:247) que –como su nombre lo indica – implica la responsabilidad compartida entre ambos para la realización de determinados fines, funciones y cometidos estatales; lo que constituye el cimiento mismo de la Participación Ciudadana, entendiendo ésta como la intervención de la sociedad civil en el curso de una actividad pública, representando intereses sociales que pueden presentarse como colectivos o difusos. (Álvarez, 1999)

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2.- DISEÑO NORMATIVO CONSTITUCIONAL DEL MECANISMO REFRENDARIO APLICADO A LA POLÍTICA EXTERIOR. Una de las principales vías desarrolladas por el Constituyente Venezolano de 1999 para instrumentalizar el modelo participativo y protagónico, en el campo político, es el referéndum como mecanismo de consulta ciudadana que puede versar sobre diferentes materias de interés estatal, ampliamente reguladas en la Carta Magna vigente. Es tal el énfasis dado en el Texto Fundamental a este cauce participativo que le dedica a su reglamentación toda la Sección Segunda (Del Referendo Popular), del Capítulo IV (De los Derechos Políticos y del Referendo Popular) del Título III (De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías), previendo así cuatro modalidades refrendarias: Consultivo (artículo 71 CRBV), Revocatorio (artículo 72 CRBV), Aprobatorio (artículo 73 CRBV) y Abrogatorio (artículo 74 CRBV). Siguiendo lo que dice la Dra. Álvarez (1999), desde una perspectiva etimológica, la palabra referéndum proviene del latín “refere”, que significa “referir”, “remitir” a otro. Visto como institución política se entiende como la consulta que se “dirige” al pueblo para que, actuando como “cuerpo electoral”, opine, apruebe o rechace una decisión de sus representantes. En el caso particular de la intervención de los ciudadanos en la política exterior, el Referéndum está previsto en el artículo 73 CRBV que expresa lo siguiente: “Artículo 73. Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea. Si el referendo concluye en un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento de los electores o electoras inscritos o inscritas en el registro civil y electoral, el proyecto correspondiente será sancionado como ley. Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales, podrán ser sometidos a referendo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea nacional; o por el quince por ciento de los electores o electoras inscritos o inscritas en el Registro Civil y Electoral”. (destacado nuestro)

El único aparte de la norma transcrita contiene la regulación constitucional, objeto principal del presente análisis, del cual se desprenden dos medios de participación ciudadana que pueden influir en la política internacional venezolana: En primer lugar, la iniciativa popular para solicitar la convocatoria de la consulta refrendaria prevista por la dispositiva en comento, expresada en un porcentaje fijo del 15%, sobre la base variable, constituida por el total de electores debidamente inscritos en los registros correspondientes.

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Cabe destacar al respecto, que la norma no hace referencia a una determinada circunscripción electoral, lo que permite inferir que el derecho de iniciativa corresponde al cuerpo electoral nacional. Se hace esta anotación porque pudiera pensarse que en materia fronteriza los legitimados serían los ciudadanos de las zonas fronterizas y áreas circunvecinas: no obstante, se es del criterio que lo que suceda en las fronteras es del interés de toda la colectividad por su vinculación con el principio de integridad territorial y de éste, a su vez, con el de soberanía la cual atañe a todos. En segundo lugar, la consulta refrendaria per se, independientemente del origen de la iniciativa, por cuanto, es oportuno hacer notar que el Constituyente adopta un sistema mixto para la atribución de este derecho, consistente en la iniciativa compartida entre los ciudadanos y los órganos constituidos, vale decir, amén de la iniciativa popular, también puede ser solicitada la realización del referéndum por iniciativa institucional o gubernamental –como prefiera llamarse- bien sea por el Presidente de la República en Consejo de Ministros o por la mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Cuando la convocatoria a referéndum requiere de iniciativa –como en este caso- se dice que su realización es de carácter facultativo, por oposición al referéndum obligatorio que procede sin que medie previa solicitud, generalmente como requisito para la validez de una ley (Mosquera, 1991); como sería en el Derecho Constitucional Venezolano el referéndum sobre enmiendas o reformas a la Carta Fundamental (artículos 341, numeral 3 y 344 CRBV, respectivamente). En otro orden de ideas, el mismo artículo 73 CRBV, bajo examen, contempla como objeto formal sobre el cual recae la consulta, los Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales, dando con esta terminología un amplio alcance que abraza “... todo acuerdo concluido entre miembros de la comunidad internacional” (Rousseau, 1966:23); sin embargo, conviene definir la diferencia existente entre estos tres vocablos. Siguiendo a Guerra (1996), determina que un Acuerdo comprende los compromisos restringidos a un solo punto o cuestión, de forma tal que varios acuerdos podrían integrar un convenio o tratado; por su parte, el mismo autor señala que el convenio se limita a uno o pocos puntos que pueden llegar a integrar un tratado mayor, por lo que se infiere que la diferencia radica en la cantidad de puntos de consenso contenidos en el instrumento correspondiente, siendo el Tratado el compendio de una gran cantidad de aspectos acordados que pueden o no haber estado contenidos en un Acuerdo o Convenio. Se es del criterio que el Constituyente prefirió adoptar esta fórmula, utilizando los tres términos más comunes que suelen ser usados, inclusive como sinónimos, para identificar toda convención celebrada entre los Estados miembros de la Comunidad Internacional, a los fines de evitar posibles limitaciones de índole formal que pudieran atender a la denominación que se le dé al pacto en cuestión, “...de cualquier forma que se denominen, consiste siempre en una manifestación de voluntad que producirá efectos jurídicos de carácter internacional” (Guerra, 1996:2), cuya diferenciación más bien radica en las formalidades del proceso técnico de estructuración que es distinto para cada uno de ellos 165

(Guerra, 1996). Cabe indicar que el problema podría presentarse en materia de fronteras porque, según el artículo 153 CRBV, la transferencia de competencias a órganos supranacionales se realizaría mediante Tratados. Como corolario de ello, resulta de mayor relevancia, analizar el aspecto material objeto de consulta, es decir, su contenido, en donde el Constituyente restringió el radio de acción participativa. Dichos supuestos son: •

El comprometimiento de la soberanía nacional.

•

La transferencia de competencias a órganos supranacionales.

Estos dos casos conducen, básicamente a dos aspectos centrales de la política exterior, las fronteras y la integración; aunque cabe resaltar que en ambos supuestos la soberanía pudiera verse comprometida, en menor o mayor grado, por cuanto, este concepto está íntimamente vinculado con el de territorio (fronteras) y con el de competencia (integración), como se explicará de seguida; de igual manera, los dos supuestos están redactados con tal amplitud que pudieran ser encuadrados en ellos otras situaciones fácticas que se presenten; pero, este estudio se circunscribirá a las ya indicadas que son las más resaltantes e incluso porque ésta fue la orientación querida por el Constituyente, según se desprende de la génesis de la norma que será tratada más adelante.

2.1.- ALGUNAS PRECISIONES CONCEPTUALES: SOBERANÍA Y SUPRANACIONALIDAD Ahora bien, primeramente, es preciso hacer algunas consideraciones en torno al concepto de Soberanía. Siguiendo a La Roche (1991:354): “La Soberanía tiene un doble aspecto. La Soberanía externa, es decir, la ausencia de toda subordinación con relación a los gobiernos extranjeros, con excepción de las convenciones internacionales concluidas por él, que son una manifestación de su propia soberanía, y la interna que se instituye con relación a los grupos o individuos que viven en su territorio. Independencia en el exterior, supremacía en el interior”.

Esto es lo que comúnmente se designa como Soberanía del estado y Soberanía en (dentro) del estado; ambos aspectos están estrechamente ligados, en tanto que, la segunda le otorga a los representantes la cualidad para actuar en el exterior. Habida cuenta que en el presente trabajo se están analizando situaciones inherentes a las relaciones internacionales, se precisarán algunas cuestiones acerca de la Soberanía del estado, asimilando ésta al concepto de Soberanía Nacional. El territorio es uno de los elementos existenciales del Estado que “... constituye una dimensión del ordenamiento jurídico, en cuanto que su eficacia se extiende en forma exclusiva sobre la totalidad de aquél [el territorio], es decir, en cuanto constituye la medida 166

espacial del ordenamiento del Estado” (Kelsen, citado por Zambrano, 1979:253); es importante aclarar que más que eficacia, el territorio determina el ámbito espacial de aplicabilidad de las normas de un Estado. Así, pues, la soberanía es una garantía para el Estado de imponer y hacer valer, en el ámbito de su territorio, las normas de su ordenamiento jurídico y de ejercitar sus propios poderes con exclusión de otros. (Mónaco, citado por Zambrano, 1979) En este punto, juega un papel muy importante el concepto de frontera, por cuanto, permite precisar hasta dónde el Estado puede hacer valer su ordenamiento jurídico; como señala Rousseau (1966:258) “... en el lenguaje corriente la frontera sea [es] ante todo, la línea que delimita el espacio reservado a la competencia estatal”, aunque es de hacer notar que en términos técnicos, la frontera es, tanto la línea divisoria (límite) como la zona que se extiende a cada lado de esa línea (zona delimitada). (Rousseau, 1966). Todo lo explicado hasta el momento es lo que configura la llamada soberanía territorial o, en palabras de Zambrano (1979), el carácter territorial de la soberanía que explica el poder del Estado en relación con el territorio, carácter éste que en materia de relaciones internacionales tiene como principal manifestación el derecho a la integridad territorial que no es otra cosa que “... el derecho del estado a no ser impedido o molestado en el ejercicio de los poderes en el propio territorio y a no ser despojado de éste...” (Zambrano, 1979:255). De ahí el valor de tener delimitado con precisión el espacio donde el Estado puede ejercer su potestad de imperium, determinando así, sin lugar a dudas, si se le está impidiendo o molestando en este ejer5cicio y esclareciendo cualquier despojo que pudiera presentarse. El segundo concepto que es necesario considerar, por su vinculación con la interpretación del artículo 73 CRBV, es el de la Supranacionalidad que constituye el desiderátum de todo proceso de integración que pretenda garantizar un mayor éxito, basado en el nivel de coordinación que se puede lograr. A diferencia de la Constitución Venezolana de 1961, la Carta magna de 1999, contempla en el artículo 153 CRBV la posibilidad de ceder competencias a organizaciones supranacionales, a los fines de consolidar los procesos de integración que estén en marcha, como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o que se emprendan, como el MERCOSUR o el ALCA. Dicho artículo 153 CRBV, preceptúa lo siguiente: “... la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna”.

Etimológicamente, el término “supranacionalidad” es una palabra compuesta por el prefijo “supra”, que proviene del latín y significa “sobre, arriba, más allá” (Diccionario de la Lengua Española, 1984:637) y el vocablo “nacionalidad”, en este caso, no debe ser 167

entendido como el vínculo jurídico-político que une a las personas con un determinado Estado sino que la acepción sería el carácter nacional, de pertenencia o relativo a la Nación (diccionario de la Lengua española, 1984); en consecuencia, atendiendo al significado de la palabra, puede decirse que la supranacionalidad es la cualidad de aquello que está sobre, arriba o más allá de cada Nación. La primera vez que se utilizó el término, en materia de integración, fue en el Tratado de París que instituyó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) (Rincón, 2001 a), una de las formas incipientes de lo que hoy constituye la Unión Europea, que es el proceso de integración supranacional por excelencia y, además, emblemático universalmente por las etapas que dentro del mismo ha logrado superar de manera exitosa. La Supranacionalidad implica la transferencia o cesión de una parte de los poderes que conforman la soberanía nacional de los Estados miembros a instituciones comunes de la Unión en el caso de Europa (Acosta y Arenas, 1999) o de la Comunidad de Naciones, como la denomina el artículo 153 CRBV, terminología esta acogida, quizás, por la ya existente Comunidad Andina de Naciones y, a la vez, inspirado en la filosofía de la comunidad de intereses proyectada por Bolívar que buscó amalgamar naciones de común identidad. (Morales, 1996). Es importante acotar que el sentido etimológico no resulta del todo aplicable a la supranacionalidad en los procesos de integración, por cuanto como bien apuntan Acosta y Arenas (1999:47) al caracterizar a la Unión Europea “...coexisten los gobiernos nacionales y el gobierno común de las instituciones supranacionales. Es decir, sin pasar nunca por encima de los Estados soberanos que representan, el principio de subsidiariedad de la Unión actúa en función de objetivos que no pueden ser asumidos por los Estados miembros aisladamente. De allí que, en Europa, la unión no ha significado pérdida de soberanía de los Estados miembros...” Por esta razón, es que la Constitución distingue los dos supuestos para solicitar la realización de a consulta refrendaria prevista por el artículo 73 CRBV porque, a pesar de que la soberanía está profundamente vinculada con el ejercicio de las competencias de un Estado dentro de sus límites territoriales, las cuales pudieran ser transferidas a órganos supranacionales, éstos representarían la fuerza de cohesión de la cuota parte cedida por cada país miembro del proceso de Integración en un área determinada, cuyo producto resultante de la coordinación sería extensible a todos los territorios de la “Unión”, “Comunidad de Naciones” o cualquier otra denominación que se adopte, no como mera yuxtaposición de competencias sino armonizadas. Existen tres aspectos fundamentales que identifican a una organización supranacional, según afirma León (citada por Rincón, 2001 a: 98-99), ellos son, “... la independencia de los órganos o autonomía institucional, la cual se manifiesta en el modo de trabajo de éstos, quienes desarrollan su actividad independientemente de los Estados Miembros y en el modo del voto de sus órganos que por mayoría toman decisiones en nombre de la Comunidad. En segundo lugar, el fin de la organización, fines propios y distintos de aquellos que los Estados miembros. Y, en tercer lugar, la inmediatez con que son

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aplicadas en la totalidad del territorio todas las decisiones tomadas por los órganos comunitarios, sin ninguna intervención de carácter legislativo o ejecutivo por parte de los Estados miembros”. En este tercer aspecto, cabe recordar la parte in fine del artículo 153 CRBV, precitado, que asimila al Derecho Interno las normas adoptadas en el marco de los acuerdos de integración e inclusive les otorga jerarquía superior frente a la Legislación Venezolana, si colide con ésta o la misma no regula sobre el aspecto en cuestión, si fuere el caso. Aunque el artículo 153 CRBV no hace distinción en cuanto a las normas que el Constituyente le otorga este rango en el Ordenamiento Jurídico Interno Venezolano, se pudiera inferir que se trata de aquéllas que sean dictadas por los órganos supranacionales en el marco de las competencias que le hayan sido transferidas, por cuanto, si es toda la normativa adoptada no sería necesaria ninguna intervención del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, por lo que mal podrían en un momento dado solicitar la realización del Referéndum previsto por el artículo 73 CRBV, presentándose una antinomia intraconstitucional entre ambas dispositivas (Artículos 73 y 153 ejusdem), quedando a salvo sí, la Iniciativa Popular, por cuanto, la soberanía en el Estado reside intransferiblemente en el pueblo de quien emana el mandato a los representantes estatales y a cuya voluntad estos últimos están sometidos (artículo 5 CRBV). Sin embargo, éstas constituyen hipótesis que en el ejercicio práctico de este mecanismo refrendario serán ratificadas o refutadas; cabe destacar que en los Diarios de Debates no se halló alguna discusión sobre el artículo 153 CRBV que coadyuvara a desentrañar el sentido y alcance de dicha norma. En materia fronteriza, no se presentaría este tipo de inconvenientes, aunque es oportuno recordar que la posibilidad de someter a referéndum asuntos de la política exterior de este tenor, no es ajeno a la realidad histórica venezolana. Alrededor del año 1997, se puso sobre el tapete esta vía, a propósito de la delimitación Colombo- Venezolana de áreas marinas y submarinas, empero, el ex – embajador de Colombia en Venezuela Hector Charry Samper la desestimó considerando que “... la idea de someter un tratado al referéndum en Venezuela, era considerada como un ejemplo de apertura política que no tendría la misma lectura en Colombia, y que daría margen a una enorme agitación antivenezolana y anticolombiana que entorpecería los avances de la ya floreciente integración económica binacional, cuyo producto más tangible era el comercio colombovenezolano” (Fernández y Rodríguez, 2001:66).

2.2.- OTROS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE EL ALCANCE DEL REFERÉNDUM EN LA POLÍTICA EXTERIOR (ARTÍCULO 73 CRBV). Siguiendo con la interpretación del sentido y alcance del contenido dispositivo consagrado en el artículo 73 CRBV, es de denotar que el mismo no regula lo referente al quórum de asistencia y al quórum decisorio para la validez de la consulta refrendaria, como sí lo hace 169

o al menos puede inferirse de la primera parte del artículo en comento para los Proyectos de Ley que cursen ante la Asamblea Nacional que indica de modo expreso una base de concurrencia de 25% de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral y puede deducirse la exigencia de una mayoría simple, es decir, la opción que obtenga más votos, para determinar si la resolución de los ciudadanos es afirmativa; si no se logra dicha mayoría, por argumento en contrario, la decisión sería negativa. Se es del criterio que el hecho de que el Constituyente haya tratado en párrafos separados las dos situaciones, guardando silencio en el único aparte sobre la base de concurrencia y el quórum decisorio para el caso de los Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales, significa que no es aplicable el encabezado del mencionado artículo 73 CRBV, ya que, regulan supuestos de naturaleza distinta. Por lo tanto, el Legislador sería el encargado de regular este aspecto que hasta pudiera establecer condiciones más rígidas que para el caso de los Proyectos de Ley, dada la notación de Seguridad y Defensa implícita en la materia susceptible de consulta refrendaria así como la naturaleza especialísima de este Referéndum Aprobatorio, ya que, esta modalidad, generalmente versa sobre disposiciones de carácter constitucional o legislativo en el Derecho Interno; en tanto, esos Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales aunque pudieran tener forma o contenido normativo, preponderantemente es político y, más aún, con proyección exterior. De igual modo, el artículo 73 CRBV, no prevé la oportunidad o el lapso hábil para solicitar la realización de este referéndum, quedando también su regulación en manos del Legislador, habilitado por la parte in fine del artículo 70 CRBV para establecer las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en esa norma, entre los que destaca la consulta refrendaria; pudiendo sancionar una Ley de Participación Ciudadana, una Ley específica sobre Referendas o ambas. A pesar de que todavía no ha sido sancionada la legislación respectiva, ello no obsta para el ejercicio de este mecanismo, por cuanto las normas constitucionales que regulan derechos no pueden ser consideradas programáticas sino operativas, es decir, “... La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos” (artículo 22 CRBV). Finalmente, la competencia para organizar, administrar, dirigir y vigilar esta consulta, así como todos los procesos de tipo refrendario, está atribuida al Poder Electoral, según lo establece el artículo 293, numeral 5 CRBV; aunque la experiencia reciente no sea la más alentadora en cuanto a la eficacia jurídica de este mecanismo de Participación Ciudadana, activado sobre otro aspecto de la gestión pública. 2.3.- GÉNESIS CONSTITUCIONAL: EL ARTÍCULO 73 CRBV EN EL DEBATE CONSTITUYENTE. Con este punto se trata de poner de relieve, los aspectos más resaltantes de las discusiones sobre este artículo en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente llevada 170

a cabo en 1999, la cual dio origen al Texto fundamental vigente, a objeto de determinar el espíritu, propósito y razón de esta dispositiva que puedan orientar la labor del intérprete. El artículo 73 CRBV (artículo 77 en el anteproyecto de Constitución), fue debatido en primera discusión en la sesión ordinaria N° 29 de fecha 25 de octubre de 1999 (Asamblea Nacional Constituyente, 1999). Según se desprende de la Gaceta Constituyente, Tomo octubre – noviembre 1999, páginas comprendidas desde la 31 a la 35 de la sesión antes mencionada, los puntos que destacan en el nacimiento de esta norma, son los siguientes: En cuanto a la iniciativa: El Proyecto de la Comisión Constitucional era mucho más flexible al respecto, exigiéndole a la Asamblea Nacional una mayoría simple de sus miembros y a los ciudadanos sólo el 5% del total de los electores inscritos en el Registro Civil Electoral, a los fines de solicitar la convocatoria del Referéndum. En la plenaria no hubo debate sobre el punto, se presume que, producto de las discusiones internas en la Comisión Específica, encargada del área, se elaboró el artículo que fue presentado como “Proposición Gutiérrez (Freddy) Rodríguez (Isaías)”, la cual es la versión más cercana a lo que hoy es la norma vigente contemplada por el artículo 73 CRBV, que prevé el 15% para la iniciativa popular y la mayoría calificada de las 2/3 partes para la Asamblea Nacional. En cuanto al carácter facultativo de la realización de este referéndum, por la exigencia de iniciativa, la constituyente Iris Varela propuso que se estableciera su convocatoria de modo imperativo, en todo caso, para todo Tratado, Convenio o Acuerdo Internacional que verse sobre alguna de las materias predeterminadas sobre soberanía y supranacionalidad, es decir, que procediera sin necesidad de iniciativa o impulso por parte de los legitimados para ello, “... Deberán ser sometidos a referéndum, si es la materia” (destacado de la autora) (Asamblea Nacional Constituyente, Sesión Ordinaria N° 29 de fecha 25 de octubre de 1999:35). En vista de que la propuesta fue extemporánea por cuanto, la Constituyente la realizó con posterioridad a la aprobación de la Proposición Gutiérrez – Rodríguez, siendo ambas contradictorias en este punto y, por lo tanto, excluyentes, no fue considerada por la plenaria ni tampoco retomada durante la segunda discusión del Anteproyecto Constitucional. En cuanto al Quórum de Asistencia / Quórum Decisorio: El Constituyente Antonio Di Giampaolo consideró y propuso que para la validez de cualquier consulta refrendaria debía establecerse una base de concurrencia equivalente a la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno del total del electorado. Esta propuesta no fue acogida por la plenitud de la Asamblea Nacional Constituyente, en primera discusión; sin embargo, a pesar de la extensión que el Constituyente le daba a la misma, en tanto su aplicación a toda consulta refrendaria, al momento de incorporarlo en el artículo 77 del Anteproyecto Constitucional (hoy artículo 73 CRBV) lo hizo concretándose al primer párrafo del dispositivo y no en materia de Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales.

171

En la segunda discusión, éste fue el único punto de debate sobre este artículo proponiendo el mismo Constituyente Di Giampaolo, ya no la mayoría absoluta sino una tercera parte de los electores, algo así como el 33.33%, aproximadamente; pero, nuevamente, fue negada su aprobación (Asamblea Nacional Constituyente, Sesión Ordinaria N° 42 de fecha 12 de noviembre de 1999). No obstante, se introdujo en la norma un quórum de asistencia de 25%, propuesto por el Constituyente William Lara; pero circunscrito solamente a los efectos del Referéndum sobre los Proyectos de Ley que cursen ante el Poder Legislativo Nacional. En este particular, es relevante resaltar que al momento de leer ante la plenaria la proposición Gutiérrez – Rodríguez, se hizo énfasis en que este artículo estaba compuesto por dos párrafos, cuando se denomina expresamente como “Segundo acápite” al primer y único aparte de la norma, regulador del Referéndum sobre Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales; todo esto pareciera fortalecer la orientación interpretativa dada en este trabajo, sobre la intención del Constituyente de excluir de la aplicación de las condiciones previstas, en lo relativo al quórum, de asistencia y decisorio, en el primer párrafo del artículo 73 CRBV. En cuanto a las materias susceptibles de consulta refrendaria: El Anteproyecto de la Comisión Constitucional regulaba de manera amplia el objeto de esta consulta popular, sin aludir a un contenido específico de los Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales; lo que hubiese abierto la posibilidad de convocatoria de este mecanismo participativo a cualquier instrumento de esta índole, una vez cumplidos los extremos exigidos por la norma en cuanto ala iniciativa. Sin embargo, como bien anotó el Constituyente Alberto Franceschi, si se quiere hasta de forma jocosa, “... Por fin le conseguí la explicación a por qué el Presidente Chávez ha querido hacer todos los viajes antes de que aprobáramos esta Constitución. Esto es, ni más ni menos, mi amigo que la política exterior del país queda en el más absoluto suspenso” (Asamblea Nacional Constituyente, Sesión ordinaria N° 29 de fecha 25 de octubre de 1999:33) y, ciertamente, así pudiera haber sido si esta norma hubiera quedado aprobada en estos términos; aún cuando puedan existir ciertos Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales sobre los que más de un elector quisiera opinar; pero, tampoco es conveniente caer en el participacionismo exagerado. En este punto, hubo consenso, en cuanto a restringir el ámbito de aplicación a materias de trascendental importancia, como las que hoy en día están consagradas. La propuesta inicial al respecto, surgió del Constituyente Freddy Gutiérrez que, inspirado en el modelo de la Unión Europea, recomendó su aplicación en caso de transferencia de competencias nacionales a órganos supranacionales. En este sentido invocó, a título ilustrativo, la experiencia cuando fue trasferida la competencia en administración de Justicia a la Corte de Justicia Europea o la transferencia de competencias a la comisión de la Comunidad Económica Europea; así como las experiencias concretas de Alemania, Francia y España que sometieron a referéndum la adopción de una moneda única (Ibidem:32).

172

Seguidamente, el Constituyente Ricardo Combillas, apoyó esta propuesta en materia de integración y le añadió otro supuesto, el de la delimitación territorial. Al respecto, citó como ejemplos clásicos de sensibilidad para los venezolanos, la delimitación de las aguas marinas y submarinas con Colombia y el reclamo sobre la Guayana Esequiba, aún pendientes (Ibidem:31). Este supuesto no fue acogido en estos mismos términos porque, quizás, como recomendó el mismo Cambillas “... si se va a hacer una limitación de cualidad de los tratados que van a ser sometidos a referendo, no sería conveniente... hacerlos excesivamente restrictivos...” (Idem). En la misma dirección de la propuesta de Combillas, el Constituyente Vinicio Romero apoyó la propuesta de la consulta refrendaria en materia limítrofe. Finalmente, la Proposición Gutiérrez – Rodríguez fue aprobada por la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, como ya se había acotado; durante el debate no se planteó lo referido al alcance del comprometimiento de la soberanía nacional, como hipótesis normativa para la realización del Referéndum; sin embargo, la introducción de este supuesto en estos términos pudo haber surgido de la intervención realizada por el Constituyente Freddy Gutiérrez, al inicio del debate sobre el artículo, quien asomó entre las excepciones observadas en el Derecho Comparado la transferencia de competencias, cuya incorporación propuso a los tratados que “atañan a la soberanía de la República” (Asamblea Nacional Constituyente, sesión ordinaria N° 29 de fecha 25 de octubre de 1999: 31); no obstante, esta última no fue considerada por el mencionado Constituyente en su propuesta primigenia. En cuanto a la oportunidad para solicitar la convocatoria del Referéndum: Sobre este aspecto no se dio un debate directo, pero llama la atención que en la primera propuesta que se leyó, proveniente de la Comisión Constitucional, se indicaba que la consulta debía ser solicitada antes de la ratificación del Tratado, Convenio o Acuerdo Internacional correspondiente. Resulta conveniente recordar, con Rousseau (1966) que el procedimiento clásico para la conclusión de los tratados, comprende tres fases: La negociación, la firma y la ratificación. Adicionalmente, en el derecho venezolano, se requiere de la aprobación legislativa para incorporarlo al Derecho Interno, a través de una Ley Especial Aprobatoria (artículo 187, numeral 18 CRBV) Para los Tratados en materia de Integración, podría no ser aplicable la fase de ratificación (Ejecutivo) ni la de incorporación al Derecho Interno (Legislativo), según la parte final del artículo 153 CRBV, ya comentado; no obstante, como se planteó, existen dudas acerca de su correcta interpretación debido a que el constituyente no distingue en qué momento las normas adoptadas en el marco de los acuerdos de integración se considerarán, automáticamente y por mandato constitucional, parte integrante del ordenamiento legal vigente, de aplicación directa y preferente a la legislación interna, si antes de haber transferido competencias a órganos supranacionales o después de haberlo hecho y, por supuesto, en este caso sería sobre las materias cedidas a dichas organizaciones. Aunque 173

este último pareciera el sentido más acertado, el Texto Fundamental no establece diferenciación al respecto, siendo aplicable el aforismo según el cual, donde no distingue el Legislador (lato sensu) mal puede hacerlo el intérprete. En consecuencia, el tiempo hábil para solicitar la convocatoria de este referéndum, está aún por determinarse; sin embargo, es importante advertir que debería darse durante la fase de negociación, antes de la firma, porque una vez que empiece a surtir los efectos jurídicos no sería vinculante ni siquiera revestiría carácter decisorio la opinión consultada a los ciudadanos. En lo relativo a la consulta refrendaria en materia fronteriza, sí podrían operar las tres fases del procedimiento clásico de conclusión de los Tratados, antes señaladas, agregándole la etapa de incorporación legislativa; en este punto, es válida la acotación hecha anteriormente en cuanto al referéndum en materia de integración acerca del poder decisorio y vinculante de los electores sobre el asunto sometido a su opinión, más aún si se considera que en el artículo 74 CRBV, que prevé el Referéndum Aprobatorio, se establecen taxativamente los aspectos no susceptibles de ser abrogados por esta vía, entre los que figuran las Leyes Aprobatorias de Tratados; de darse esto, podría acarrear la Responsabilidad Internacional del Estado. 3.- PROSPECTIVA LEGISLATIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA INTERNACIONAL VENEZOLANA: EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE FRONTERAS. El artículo 15 del Texto Constitucional Venezolano de 1999, habilita al Legislador para sancionar un instrumento jurídico con carácter orgánico que regule las fronteras, a los fines de establecer una política integral de atención a estos espacios geográficos, lo que “... constituye un verdadero avance sobre la política fronteriza venezolana, porque para nadie es un secreto que Venezuela siempre ha descuidado sus fronteras y sus límites, hasta el punto de haber perdido grandes extensiones territoriales a través de diversos laudos arbitrales, por la falta de una política fronteriza coordinada, integral y con la debida continuidad, ya que este tema era considerado como una Política de Gobierno más no una Política de Estado... constituyendo ejemplos típicos de esta situación que se vive en la frontera colombo-venezolana, el problema del Golfo de Venezuela, la zona en reclamación del río Esequibo...” (Hernández, 2003:40). En las Disposiciones Transitorias de la Carta Magna vigente se estableció imperativamente una extensa agenda legislativa a la Asamblea Nacional, estipulándole plazos que oscilaban entre los seis meses y los dos años, contados a partir de su instalación, siendo este último el contemplado por la Disposición Transitoria Sexta que, en una suerte de cláusula residual, ordena al cuerpo deliberante central dictar todas las demás leyes necesarias para operativizar las normas constitucionales que no hayan sido incluidas en las demás Disposiciones Transitorias, dándole prioridad, sin embargo, a la normativa sobre pueblos indígenas, educación y fronteras. Cabe destacar que gran parte de la agenda legislativa ordenada por el Constituyente, ha sido aprobada con retrasos o aún está en mora; situación ésta en la que se encuentra la Ley Orgánica de Fronteras. 174

Actualmente cursa ante la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras (PLOF) de fecha 29 de abril de 2003, presentado por la Comisión de Defensa y Seguridad del mismo cuerpo legislativo. El artículo 1 (PLOF) expone como ratio legis de este instrumento jurídico el establecimiento de un régimen especial de las zonas fronterizas a los fines de consolidar la integridad territorial del país, según lo ordena el artículo 15 CRBV “... dirigido a promover y facilitar su desarrollo cultural, social, económico y tecnológico sustentable. En el desarrollo de las regiones fronterizas se aplicará una política integral de Estado, atendiendo a la naturaleza propia de cada región fronteriza”. (Asamblea Nacional, 2003) Se observa el planteamiento insistente, tanto en el Texto Constitucional como en el Proyecto de Ley que se comenta, la exigencia de la aplicación de una visión integral en la concepción de la política fronteriza. Se es del criterio que tal integralidad, amén de enfocar la problemática desde las perspectivas, socioeconómica, cultural, tecnológica, etc., tiene un carácter bifronte, es decir, la política fronteriza no sólo implica la atención de la situación en la frontera sino con la frontera, que conduce al problema de las demarcaciones limítrofes sobre algunos espacios o, como dice Nikken (1983:291) “En política exterior, el asunto presenta dos matices. En primer lugar, es un tema básicamente de relaciones bilaterales que comprende dos aspectos, uno dinámico –la fijación de la frontera- y otro estático, los problemas fronterizos”. La acotación antes hecha sirve de basamento para indicar que el Proyecto de Ley orgánica de Fronteras dirige su regulación normativa a la problemática en la frontera, tratando de establecer una visión integral para el logro del desarrollo en esta zona; dejando de lado la reglamentación de los problemas con las fronteras que, si bien es cierto no resulta conveniente precisar con detalle el tratamiento que ha de darse a esta materia, por ser un asunto propio de las negociaciones entre los países involucrados, no es menos cierto que es necesario fijar e implementar algunas directrices coherentes y continuadas para abordar la solución de esta situación, por cuanto, como afirman Fernández y Rodríguez (2001), para emprender el camino de la integración definitiva es necesario aclarar las imprecisiones sobre la identificación de territorio, ya que, el Estado venezolano no podría ceder progresivamente a organismos internacionales por crearse, una soberanía jurídica y territorial que el mismo aún debe determinar. El Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras, bajo estudio, está estructurado por doce Títulos y sesenta y cuatro artículos; a los fines de tener una panorámica general del contenido de dicha propuesta legislativa se presenta un cuadro resumen del mismo (Ver Cuadro 1) Cuadro 1 Estructura del Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras Títulos

Capítulos

Secciones

Artículos

Exposición de Motivos 1: Disposiciones Generales

1: Del Objeto

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1 al 4

I: Del Fondo de Desarrollo Fronterizo (FODEFRO)

-------

5

1: De la estructura Administrativa del FODEFRO

6 al 8

II: Del Consejo de Gobierno del Municipio Fronterizo

-------

9 al 11

III: De las Unidades de Desarrollo Fronterizo / Disposiciones Generales

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12 al 14

IV: Del Consejo de Planificación del Municipio Fronterizo

_____

15 y 16

III: Sin Denominación

I: De la asignación de los recursos al FODEFRO

-------

17 al 19

IV: Sin Denominación

I: De la coordinación con la Administración Nacional

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20

I: De la categorización de Desarrollo en la Zona Fronteriza

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21 y 22

II: De la distribución de los recursos

-------

23

I: De los estímulos e incentivos

-------

24 al 28

I: De los incentivos para el sector agropecuario

29 y 30

II: De los incentivos al sector industrial

31 al 33

III: De los incentivos para los funcionarios públicos

34 y 35

IV: De los incentivos para los oficiales de la Fuerza Armada Nacional

36

II: De los Organismos

V: Sin Denominación VI: Sin Denominación

VII: Sin Denominación

I: De las Comunidades Indígenas

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37 al 39

VIII: De la Integración Fronteriza

I: De las Estrategias de Integración Fronteriza

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40 al 44

IX: Sin Denominación

I: De la seguridad fronteriza

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45 al 51

X: Franja Productiva

I: De la Franja Productiva

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52 y 53

II: De las Unidades de Producción

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54 al 56

III: De las Zonas de exención

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57 al 59

XI: Disposiciones Finales

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60 y 61

XII: Sin Denominación

I: Disposiciones Transitorias

------

62 al 64

Fuente: Elaboración propia, fundamentado en el Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras (2003)

Esbozada, como ha sido, la visión general del contenido de este Proyecto de Ley, se considerará lo atinente a la Participación Ciudadana en la política exterior, concretamente en materia fronteriza, desde la perspectiva del Proyectista; cabe destacar que la normativa elaborada al respecto no es abundante, sólo dos dispositivas regularían este asunto, de ser aprobado este papel de trabajo en los mismos términos en que ha sido propuesto. La primera de las normas comprendidas en la propuesta legislativa sobre fronteras que regula la Participación ciudadana, es el artículo 5 PLOF que indica:

176

“Artículo 5. Se crea un fondo de inversiones denominado Fondo de Desarrollo Fronterizo (FODEFRO), con la finalidad de promover la descentralización administrativa y el desarrollo de los municipios fronterizos y municipios colindantes, marítimos, insulares y las dependencias federales, así como propiciar la participación ciudadana, para un mejor logro de tales fines”. (resaltado propio)

La redacción de esta norma guarda bastante similitud con el artículo 1° de la Ley que crea el Fondo Intergubernamental para la descentralización (FIDES), aplicado por supuestos, a un área concreta como es el desarrollo de las fronteras; pero, en líneas generales, se enfoca a los mismos dos aspectos: la promoción de la Participación Ciudadana y de la Descentralización. No obstante, es de hacer notar que el Proyectista sólo se limita a hacer esta declaración abstracta, cuya instrumentación quedaría en manos del propio Fondo de Desarrollo Fronterizo, habida cuenta que el numeral 8 del artículo 7 PLOF habilita al Directorio Ejecutivo del mismo FODEFRO para dictar su Reglamento Interno, en donde pudiera establecer la forma en que impulsará la intervención de los ciudadanos en el desarrollo fronterizo, lo cual sigue encaminado, con mayor énfasis, hacia la política endógena de las fronteras que, sin embargo, tiene necesariamente su impacto hacia el exterior. La segunda dispositiva que se observa en la prospectiva legislativa en materia fronteriza, se encuentra prevista en el artículo 54 PLOF que señala expresamente: “Artículo 54. Se constituirán en cooperativas llamadas unidad de producción no menores de once (11) reservistas productores, con el fin de compartir herramientas de uso masivo (cosechadora, fumigadora, sembradora y otros implementos, todo bajo la supervisión de la Fuerza Armada Nacional”.

El artículo 70 CRBV que, en reiteradas oportunidades ha sido mencionado en este trabajo, contempla la asociación bajo la modalidad de cooperativas como una de las vías de participación social y económica; por tal razón se incluye el estudio de esta norma en la referencia que se está haciendo acerca de la prospectiva legislativa fronteriza. A pesar de ello, la norma propuesta contiene algunos detalles que llaman la atención en razón de la aplicación práctica que pudieran tener. Un primer aspecto resaltante es la exigencia de que cada unidad de producción esté integrada por un mínimo de once personas; se pregunta el por qué de este número, ¿tendrá alguna significación dentro de la estructura de los componentes castrenses?; la exposición de motivos del Proyecto no aclara ni justifica este número, la única razón que salta a la vista es que se trata de un número impar, lo que es importante a los efectos de las decisiones que hayan de ser tomadas. Otra cuestión, vinculada con lo anterior, es que dichos cooperativistas no pueden ser cualesquiera ciudadanos sino que deben tener la cualidad de reservistas, es decir, que hayan cumplido el servicio militar mínimo obligatorio, lo que permite inferir que es 177

necesario tener los conocimientos y hasta el entrenamiento que durante el tiempo de dicho servicio se imparten: restringiendo de este modo la Participación Ciudadana en la política fronteriza a un universo poblacional un tanto limitado. Por otra parte, cabe destacar lo referido a que la supervisión de dichas cooperativas estará a cargo de la Fuerza Armada Nacional y además este cuerpo militar será quien los seleccionará, organizará y capacitará; se presume que esta capacitación debe estar dirigida hacia las actividades que desarrollarán en el área agrícola, pecuaria y minera, ¿será que habrá otro tipo de formación especial que sólo puede ser impartida por la Fuerza Armada Nacional”; la ley no distingue sobre el contenido de tal capacitación. Tales unidades de producción funcionarían en la Franja Productiva, así denominada por el Proyectista en el Título X, la cual estaría ubicada dentro de la Franja de Seguridad Fronteriza, contando con una extensión mínima de dos kilómetros. “Con el objeto de impermeabilizar, generar empleos posterior al servicio militar de nuestros reservistas, poblar y desarrollar nuestras fronteras...” (Artículo 53 PLOF) A manera de hipótesis, todo lo expuesto, conduce a pensar que posiblemente el fin perseguido con estas unidades de producción, más allá de procurar el desarrollo agrícola y demás áreas, sea crear una suerte de Fuerza Armada paralela o paramilitares, así como también podría apuntar hacia el fomento de la guerrilla, con lo cual el Estado podría estar avalando el cultivo de plantaciones utilizadas para la elaboración de sustancias estupefacientes; sin embargo, todos estos planteamientos son simplemente conjeturas sobre el posible futuro de un Proyecto de Ley, si es que fuere aprobado en estos mismos términos en que ha sido propuesto. 4.- LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA INTERNACIONAL Y LOS PLANES DE DESARROLLO. Quizás pudiera pensarse que éste debió ser el punto de partida de este trabajo, sin embargo, dado que su contenido no es extenso al tratar la materia bajo examen, se hará sólo una referencia tangencial sobre las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y social de la Nación 2001-2007 y el Plan Prospectivo Estratégico Zulia Tercer Milenio 2001-2020. El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, comprende los objetivos, estrategias, sub-objetivos, sub-estrategias y sub-sub-objetivos que han de seguirse e implementarse en cinco aspectos que denomina “Equilibrios”, estrechamente vinculados entre sí: Económico, Social, Político, Territorial e Internacional. En el plano internacional se señala, entre otras cosas, a manera de Exposición de Motivos que “... Venezuela tiene una vocación global, pero esta vocación se afianza y se multiplica a partir de las relaciones con nuestros vecinos naturales; con ellos tenemos fuertes vínculos geográficos, culturales e históricos, por lo que los cultivamos y desarrollamos con 178

políticas de integración, concertación y cooperación latinoamericanas. En todas nuestras relaciones globales buscamos ampliar y profundizar la democracia, la solidaridad y la paz internacional. Es por esto que nos planteamos como punto de partida indiscutible el fortalecer la soberanía nacional y promover un mundo multipolar...” (Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y social de la Nación 2001-2007, 2001:5) (destacado nuestro). Extraído de las mismas Líneas Generales se presenta en el Cuadro 2 y 2 A, a modo de una mayor ilustración, la visión panorámica del Equilibrio Internacional. Cuadro 2 Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y social de la Nación 2001-2007: Equilibrio Internacional Objetivos

Estrategias

Sub-Objetivos

Sub-Estrategias

Sub Sub-Objetivos

Fortalecer la soberanía nacional y promover un mundo multipolar

Pluralización

1.- Impulsar la multipolaridad de la sociedad internacional

Fortalecimiento de organismos supranacionales y de iniciativas multilaterales.

1.1.- Configurar un sistema mundial más equilibrado.

1.2.- Promover la democracia participativa y protagónica (destacado propio)

INTERNACIONAL

Equilibrios

1.3.- Coadyuvar a la promoción y protección de los derechos humanos.

1.4.- Intensificar el apoyo al proceso de pacificación regional 2.- Promover la integración latinoamericana y caribeña

Profundización de la integración económico-social e impulso del sistema político latinoamericano.

2.1.- Impulsar la integración política como opción estratégica.

2.2.- Impulsar un nuevo modelo de integración económica en América Latina y el Caribe.

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Cuadro 2 Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y social de la Nación 2001-2007: Equilibrio Internacional (Continuación) Equilibrios

Objetivos

Estrategias

Fortalecer la

Pluralización

Sub-Objetivos

Sub-Estrategias

2.3.- Potenciar el intercambio cultural y humano en el área latinoamericana y del Caribe.

soberanía nacional y

INTERNACIONAL

Sub Sub-Objetivos

promover un mundo multipolar

2.4.- Propulsar el acercamiento de América Latina con otros países y regiones. 3.- Consolidar y diversificar las relaciones internacionales

Diplomacia directa.

3.1.- Reafirmar las relaciones con los países vecinos.

3.2.- Fortalecer la Corporación SurSur.

3.3.- Ampliar las relaciones con otras regiones y países. 4.- Fortalecer el posicionamiento de Venezuela en la economía internacional

Mejorar y diversificar la oferta exportadora venezolana

4.1.- Afianzar la vigencia y proyección de la OPEP.

4.2.- Acelerar la internacionalización de la economía venezolana.

4.3.- Contribuir al incremento de las asociaciones estratégicas. 5.- Promover un nuevo régimen de seguridad integral hemisférico.

Incorporar la 5.1.- Implementar Fuerza Armada el nuevo modelo Nacional al dela Fuerza Armada desarrollo nacional Nacional.

5.2.- fortalecer la defensa regional.

Fuente: Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 (2001:6-7)

180

Como se observa, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y social pautado para el período 2001-2007, en el plano internacional sólo se limita a prever, como micro objetivo u objetivo específico, la promoción de la democracia participativa y protagónica que, sin embargo, al estar prevista como una especie de acción para impulsar la multipolaridad de la comunidad internacional y el fortalecimiento de los organismos supranacionales y de iniciativa multilaterales, parece más bien estar orientado a operativizar la democratización, contemplada en el artículo 152 CRBV, dirigida a lo interno de los organismos e instituciones internacionales; no obstante, cuando acompaña el calificativo de participación y protagonismo pudiera estarse dejando abierta la posibilidad de la intervención de los ciudadanos en las decisiones tomadas por estas organizaciones. En el Plan de Desarrollo de la Nación 2001-2007 se proyecta como norte la integración latinoamericana y caribeña, sin embargo, no se hace algún tipo de referencia específica a la participación ciudadana en este campo, salvo la acotación que se hiciera sobre la democracia participativa y protagónica en las organizaciones supranacionales. Por su parte, en cuanto a la política fronteriza, no aparece explícita ninguna directriz al respecto, no obstante, pudiera colegirse del objetivo macro que apunta hacia el fortalecimiento de la soberanía nacional; consecuencia de esto tampoco hay previsión expresa de Participación Ciudadana en esta área de la Política Exterior venezolana, conforme con este instrumento de planificación. Por otro lado, en el ámbito estadal, el Plan Prospectivo Estratégico Zulia Tercer Milenio 2001-2020, contempla una amplia gama de objetivos, generales y medios, así como los principales Proyectos que han de ponerse en marcha en el Estado Zulia, con una visión a largo plazo, para alcanzar un desarrollo sustentable, sostenido y equilibrado de la región; este Plan fue elaborado en una acción conjunta de una pluralidad de sectores que hacen vida en el país, instituciones privadas, sindicatos, entre otros, de la mano con el gobierno de la entidad federal occidental. Concretamente, en materia fronteriza, contempla como una de las más importantes propuestas que se ha de desarrollar en la cual se cuenta con la Participación Ciudadana, el Proyecto de Empresas o Cooperativas agrícolas de la Guajira. Como se indicara, las cooperativas son una modalidad de Participación Ciudadana en lo social y lo económico, con lo cual el Plan de Desarrollo del Zulia estaría en armonía con lo previsto en la Prospectiva Legislativa Nacional sobre la materia, si se llegara a aprobar tal como hoy está planteada; empero, cabe acotar que no lo circunscribe sólo a los reservistas, en tanto que, no hace distinción de ningún tipo en este aspecto. A los fines de observar con mayor amplitud toda la estructura de planificación para el período 2001-2020 en el Estado Zulia, sobre las fronteras (Ver cuadro 3)

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Cuadro 3 Plan Prospectivo Estratégico Zulia Tercer Milenio 2001-2020: Frontera

FRONTERA

Subsistema Identificado

Objetivos Generales

Objetivos Medios

1.- Desarrollar el eje económico-social ColomboVenezolano en el estado Zulia, dotándolo de infraestructura básica, fomentando la economía transfronteriza y la integración binacional.

1.- Equipar los municipios zulianos aledaños a Colombia con la infraestructura de servicios básicos de apoyo requerida para el establecimiento de viviendas, empresas y actividades diversas.

2.- Desarrollar la economía transfronteriza.

3.- Incrementar el nivel de intervención del Estado Zulia en el establecimiento de estrategias de política exterior, internacional y global que le afecten en forma directa.

Proyectos más importantes 1.- Proyecto: “Centro Nacional de Atención Fronteriza (CENAF).

2.- Proyecto Agua para la frontera.

3.- Proyecto empresas o cooperativas agrícolas de la Guajira (destacado propio)

4.- Creación de procesos de análisis continuos para el desarrollo de fuentes alternas de energía.

5.- Proyecto ciudad Guajira.

6.- El sistema regional de información estratégica (cuentas regionales) Fuente: Plan Prospectivo Estratégico Zulia. Tercer Milenio 2001-2020 (200073)

5.- LA EDUCACIÓN COMO GARANTÍA DE EFICACIA JURÍDICA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA EXTERIOR. Toda Ley, partiendo desde la misma Carta Magna, posee tres elementos que son la validez, la vigencia y la eficacia. La validez, implica el cumplimiento de todo el procedimiento establecido para su aprobación lo cual es esencial porque sin ello no existe en el mundo del derecho positivo; la vigencia, se refiere a su aplicabilidad en el tiempo, considerándose que una norma entra en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República, salvo vacario legis y, por último, la eficacia jurídica que pudiera definirse como el lado “humano” de las normas en tanto que siendo válidas, estando vigentes, es posible que no sean efectivamente aplicadas o, como en el caso del referéndum que se trata de un derecho, no ser ejercicio por los ciudadanos, es decir, que constituya lo que se conoce como “letra muerta”. Entonces la eficacia jurídica es la efectiva aplicación de una norma o el ejercicio práctico de un derecho contenido en ella en los términos prescritos por la misma y atendiendo a los fines para los cuales fue creada, en este caso, fines participativos, más y mejor intervención de los ciudadanos en la gestión pública.

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La idea de este punto es destacar la importancia de la educación como uno de los más valiosos recursos que pueden garantizar que el artículo 73 CRBV cumpla con el fin participativo para el cual fue incorporado al Derecho Constitucional venezolano que, en vez de obstaculizar, canalice el consenso popular sobre temas de tanta trascendencia para la política exterior, con las ineluctables consecuencias que para la vida interna del país tiene este tipo de decisiones. La Participación Ciudadana no ha de ser entendida como un simple acto autómata sino como una intervención consciente y responsable de los individuos que conforman la sociedad civil en el curso de una actividad pública, con una sólida interiorización del impacto que su actuación / decisión puede tener en el destino de la gestión pública, en su esfera individual y colectiva. La política exterior pareciera ser algo ajeno a los habitantes de un país, por cuanto, consideran de mayor interés cualquier política interna, sobre todo, económica o social cuya incidencia se siente más directamente, pero eso no es cierto en su totalidad; por lo que hay que sembrar la idea de que no vivimos aislados, que somos independientemente en la comunidad internacional y que la orientación que se le de a la manera de vincularnos con ella, influye en todos los aspectos endógenos del Estado, quizás mucho más de lo que podemos imaginar. Tener la visión de ese alcance sólo puede ser logrado a través de la educación, no solamente la que formalmente se imparte en las escuelas, liceos y universidades, cuya importancia es suprema; no obstante, debe extenderse a toda la población, logrando sea internalizada en la conciencia colectiva. Como asevera León (2001), la comunidad académica, especialmente, la Universidad debe estar comprometida con la introyección en la mente de los jóvenes de la idea de la integración, creando Cátedras, Seminarios y Actividades de Extensión a los fines de preparar los recursos humanos capaces de gerenciar la unidad de América Latina en un solo proyecto. En este sentido, resulta conveniente indicar que existen ciertas condiciones básicas que constituyen “... verdaderos presupuestos esenciales porque su ausencia determina negar en algunos casos el desarrollo de la participación y en otros casos, desnaturalizar sus fines. Con ellas nos referimos a la Información, la Capacitación y la Organización Comunitaria”. (Álvarez, 1999:35). Tal vez, en cuanto al mecanismo refrendario la organización no representa un requisito sine qua non para su ejercicio; pero sí es importante considerarla con el objetivo de llenar los extremos en lo referente a la iniciativa popular –si ésta fuera la vía- para concentrar los esfuerzos hacia el logro de una meta común; a los efectos del mecanismo de las cooperativas, previstas para participar en lo social y en lo económico para el desarrollo en las fronteras los tres aspectos son imprescindibles. La información es un derecho fundamental que “... apareja elementos de racionalidad, en términos de conocimiento, para que el individuo –ciudadano determine sus comportamientos políticos y pueda intervenir dentro de la colectividad ejerciendo sus derechos y obligaciones2. (Álvarez, 1999:36). Esto conlleva saber de la existencia del mecanismo, en particular, el referéndum contemplado por el artículo 73 CRBV que es la única vía de participación en política exterior que hasta ahora está prevista en texto expreso en el Desarrollo Positivo venezolano y además con rango constitucional, así 183

como también la forma de activarlo y ejercerlo, el contenido de los tratados, acuerdos o convenios internacionales en cuestión, entre otras consideraciones generales. Por su parte, la capacitación es un nivel más profundo de conocimiento que exige la preparación de la sociedad para participar, fomentando el nacimiento de una cultura cívica que conduzca a la internalización del deber de participar, de su necesidad para el mantenimiento y funcionamiento del sistema democrático y de los beneficios que su ejercicio comporta para nuestro propio bienestar (Álvarez, 1999). En este punto, los ciudadanos deben comprender el alcance de su decisión para la política interna y externa del país, con plena conciencia de la relevancia de la preservación de nuestro territorio y de la cesión de competencias a órganos supranacionales, para lograr una mayor coordinación de las políticas en el marco del proceso de integración que redunde en el beneficio colectivo; pero deben tener capacidad de discernir sobre la conveniencia o no de la decisión a tomar, más allá de un simple impulso visceral, pr5oducto de campañas “electoreras”, sopesando los elementos de juicio ofrecidos para emitir su opinión. La otra condición es la organización que tienen los enfoques, uno organización formal bajo alguna de las modalidades asociativas previstas por la Ley, cumpliendo los requisitos para su constitución, entre éstas incluso figurarían las cooperativas sobre las cuales existe una ley específica que las regula; el otro enfoque se orienta a lo que ya se asomaba precedentemente sobre la necesidad de disponer y ordenar los recursos con los que se cuente, humanos, técnicos o financieros en procura de formar una voluntad en colectivo. En este caso, como ya se decía, a los fines de la iniciativa popular para solicitar la convocatoria del referéndum y también, por ejemplo, para conocer más a fondo la materia objeto de la consulta, preparando foros, talleres, etc., que permitan reunir los suficientes fundamentos para la toma de una decisión responsable. Ahora bien, la educación entendida como proceso fundamental para alcanzar los fines previstos por el artículo 3 CRBV, entre los que figura el ejercicio democrático de la voluntad popular, de lo que se infiere la posibilidad de participación ciudadana, está prevista por la parte in fine de esa misma norma; de igual modo, el artículo 102 ejusdem contempla como un imperativo la corresponsabilidad del Estado junto con la familia y la sociedad en la promoción del proceso de educación ciudadana, indicando que la educación en general debe estar en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social “... consustanciados con los valores de identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal...” (destacado propio). Esto es, conjugar la unidad en la diversidad, por cuanto, integrar no implica una homogenización de la cultura sino crear una cultura de la integración que viabilice la identificación de los pueblos a través de sus elementos comunes en medio de sus divergencias, tendente a la formación de una conciencia integracionista iberoamericana (Acosta y Arenas, 1999; Morales, 2001) Por su lado, la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa que data del año 1976, aún vigente, ya contemplaba en su artículo 3, ordinal 3°, que: “La seguridad y defensa de la República comprenden fundamentalmente: ...omissis...

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3° El fortalecimiento de la conciencia ciudadana de todos los habitantes de la Nación, sobre la importancia de los problemas inherentes a la soberanía e integridad de la República”.

En consecuencia, la educación cívica es un mandato constitucional y legal que hace énfasis en los aspectos estudiados, las fronteras y la integración, como puntos clave que atañen a todos los habitantes del Estado que debe su existencia a la conjugación de población, territorio y poder o soberanía. La regulación del referéndum en materia fronteriza debería ser considerada una oportunidad que marca la pauta para incorporar la intervención ciudadana en la política exterior a través de otros medios participativos, como modo de materializar lo que ya en 1983 aconsejaba Isidro Morales Paúl (p.282-283) acerca de que “... es necesaria una política internacional congruente permanente, con objetivos claros, que no dependa de los gobiernos de turno, que sean objetivos del país, que reflejen al máximo posible el entendimiento nacional, que a la toma de decisiones contribuya el país, integralmente considerado en la medida de lo posible por lo menos. Que las comisiones negociadoras, las delegaciones reflejen ese consenso en la medida de lo posible... que todo el mundo esté comprometido y para que las negociaciones que salgan bien reflejen ese consenso para que, además, el propio gobierno de turno se sienta respaldado porque los problemas de fronteras... no son problema del gobierno de turno, ni del partido de turno, son problemas de todos los venezolanos” y, ese consenso, puede ser alcanzado a través de una participación ciudadana consciente y responsable. En materia de integración, como se ha asomado en cierta medida, es abundante la doctrina proclive a Educar para integrar o a crear la llamada cultura integracionista (Morales, J. 1996; Morales L., 2001; León, 2001) porque “Lo importante es hacer que la integración se convierta en una aspiración sentida por todos los estamentos políticos y sociales de las naciones, lo cual a su vez, legitima tales procesos, para lo que es necesario darles una base de sustentación más permanente y real. Es preciso realizar un gran esfuerzo en esa dirección, puesto que los ideales de unidad sólo están latentes en limitados círculos empresariales, académicos y en segmentos reducidos del área gubernamental” (Morales, 1996:165). Para la fecha en la cual el autor afirmaba lo precitado, no había sido aprobada todavía la Constitución de 1999 en la que resulta indubitable el avance en materia de integración, si se contrasta con la escueta regulación del artículo 108 de la Carta Magna derogada de 1961 que, apenas, contemplaba la integración como un proceso, básicamente económico; en cambio, en la Ley Fundamental vigente desde el Preámbulo se prevé el impulso y consolidación de la integración latinoamericana como parte de la filosofía que ha de orientar la política exterior venezolana, pasando por el artículo 153 ejusdem que la enfoca como una suerte de encuentro convergente de naciones en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político yu en lo ambiental, habilitando a la República para la cesión de competencia a órganos supranacionales que pudiera tener el aval de los ciudadanos si se convoca la realización del referéndum consagrado por el artículo 73 CRBV.

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A pesar de esta realidad formal es conveniente tener en cuenta lo que acertadamente afirma Nicoletti (citado por Morales, 2001:59) en cuanto a que “... el valor integración es reconocido pero no genera conductas en consecuencia, ya que la identidad colectiva surge de interacciones intensas, roles y símbolos, lo que requiere acciones hoy ausentes de información, formación, participación, convicción y orientación, que operen tanto en la acción como en la normativa”. Por lo tanto, es preciso impulsar una educación ciudadana, formal e informal que viabilice una igualdad en el acceso ala información para lograr la construcción de un gran consenso nacional en torno a la importancia del proceso integrador, como un recurso que en el corto, mediano y largo plazo garantice el involucramiento de los ciudadanos en todo lo que éste respecta, por cuanto, “... la participación ciudadana es un elemento indispensable para la democratización del proceso de integración” (Rincón, 2003:100) y clave para su legitimación y, por ende, para su éxito, pues se requiere del apoyo y entusiasmo de la población, con el aporte de ideas innovadoras de los diversos sectores sociales como empresarios, trabajadores y demás grupos de la sociedad civil (Rincón, 2001 b). No se debe olvidar que, por más que la integración conlleve la unidad fronteriza o la amnesia de esas líneas imaginarias, llamadas fronteras, trazadas por los seres humanos para dividir territorios que, en muchos casos, fueron uno solo, los problemas limítrofes deben ser solucionados porque como se advertía al comienzo de este trabajo no se puede ceder a organismos supranacionales sobre algo cuya disponibilidad es oscura porque no se haya determinado con certeza su pertenencia a uno u otro país; Venezuela a lo largo de su historia como Estado independiente ha perdido cuantiosas extensiones territoriales en lo cual, sin duda, ha incidido la falta de una adecuada formación sobre la preservación de la soberanía nacional y el valor de los espacios geográficos, que constituyen patrimonio de nuestra cultura y receptáculo de nuestras raíces ancestrales; claro está, esta idea puede y debe ser armonizada con el propósito integrador porque no responde a la realidad actual exacerbaciones nacionalistas.

CONCLUSIONES Ciertamente, no es poco frecuente que el discurso normativo se encuentre en disonancia con el plano fáctico; pero la consagración formal de los derechos, en especial, el de Participación ciudadana, otorga un basamento objetivo para exigir su respeto y cumplimiento. Se hace hincapié en el derecho de participación, sin interés de subestimar los demás derechos humanos, no sólo porque constituye el objetivo central de este análisis, sino también porque los representantes que detentan el poder suelen mostrar resistencia a la constante injerencia de los ciudadanos –soberanos originarios- en el desarrollo de la gestión pública, por cuanto, no quieren ser controlados por la Sociedad Civil, supeditando su libertad de decisión a la opinión de personas ajenas a su entorno gubernamental o institucional; pero que, en definitiva, es quien los inviste de la cualidad representativa que ostentan en un momento determinado; el poder de los ciudadanos es permanente, el de los representantes es temporal.

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El reconocimiento expreso, con rango constitucional, de la Participación Ciudadana en la política exterior venezolana, a través de la figura del referéndum sobre tratados, convenios o acuerdos internacionales, específicamente en puntos de tanta envergadura como la delimitación fronteriza y la transferencia de competencias a organismos supranacionales, a los fines de alcanzar niveles elevados de integración entre los países de común identidad en pro de un mayor desarrollo, representa una innovación en el ordenamiento jurídico patrio, de gran trascendencia y, por lo mismo, implica la necesidad de fortalecer la conciencia ciudadana por medio de la educación cívica sobre el tema, a objeto de internalizar en la sociedad el sentido de responsabilidad requerido para la toma de estas decisiones. Dada la novedad de este mecanismo de intervención ciudadana, muchas dudas se ciernen en torno a la interpretación del sentido y alcance de las dispositivas constitucionales; aunado a ello, se presenta como debilidad la ausencia de desarrollo legislativo correspondiente, lo cual no obsta para que sea ejercido, verificadas como sean las hipótesis normativas definidas por el Constituyente. Sin embargo, tal circunstancia abre la posibilidad a reglamentaciones casuísticas elaboradas sobre la marcha, que sirve de cultivo a imprecisiones que pueden ser simiente de inseguridad jurídica, generada por desconocimiento de las reglas del juego por parte de la población, conspirando así contra su eficacia. Resulta imperioso el impulso de la sanción de la legislación requerida, tratando en la medida de lo posible que, si bien pueden ser establecidas reglas más rígidas en cuanto a ciertos aspectos de la consulta refrendaria, tales como el quórum de asistencia y el quórum decisorio para la validez de ésta, habida consideración de trascendencia de la materia objeto de la misma en donde está involucrada la Seguridad y Defensa de la Nación, también debe ser considerada la vital importancia de la opinión de los ciudadanos para la legitimidad de las decisiones que se tomen al respecto, en tanto producto del mayor consenso nacional. Por otro lado, dentro de la Prospectiva Legislativa más próxima, se encuentra el Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras que cursa ante la Asamblea Nacional desde el año 2003, cuya aprobación fue ordenada, por la Disposición Transitoria Sexta del Texto Fundamental de 1999, para un lapso no mayor de dos años contados a partir de la instalación: habiéndose cumplido hoy en día casi cuatro años de ésta, por lo que su sanción se halla en mora. La Constitución Venezolana vigente contempla como ratio legis de este instrumento jurídico el diseño de las bases para una política integral en materia fronteriza, no obstante, el Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras se limita a regular el aspecto endógeno de esta problemática, obviando el establecimiento de ciertas directrices en cuanto al aspecto exógeno que comprende las delimitaciones territoriales pendientes y en donde el referéndum previsto por el único aparte del artículo 73 CRBV, sería potencialmente aplicable, cumplidos los requisitos exigidos por la norma para la iniciativa.

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A pesar de no regular lo atinente a la consulta refrendaria, quizás por reservarlo a la legislación especial sobre participación ciudadana y/o referendas y así evitar la dispersión normativa, contempla por una parte, la prescripción abstracta de la promoción de la participación ciudadana atribuida al Fondo de Desarrollo Fronterizo, adoptando así -por decirlo de algún modo- la misma filosofía del Fondo Intergubernamental para la Descentralización, sólo que en un área concreta, las fronteras. Por otro lado, se prevé la figura de las cooperativas, que son una forma de participación en lo social y lo económico, como modalidad asociativa para constituir unidades de producción; más estas cooperativas tendrían un carácter sui generis porque solamente podrían estar integradas por reservistas y en una cantidad igual o superior a once de ellos, a objeto de fomentar el desarrollo agrícola, pecuario y minero en las zonas fronterizas, concretamente en la Franja productiva inserta en la franja de seguridad y al mismo tiempo generar empleo a los militares después de cumplido el período reglamentario dentro de la Fuerza Armada Nacional. Se critica esta restricción a los sujetos activos de esta forma participativa, así como el predominio de la actuación de la Fuerza Armada Nacional en la selección, organización, capacitación y supervisión de los cooperativistas lo que justifica en cierto modo la limitación subjetiva introducida a este cauce participativo en esta área, es el sentido de subordinación inculcado a quienes han servido el tiempo mínimo obligatorio; pero también hace pensar en que para emprender el desarrollo propuesto en la frontera se requiere del entrenamiento específico militar, por lo que inquieta este acentuado matiz dado a esta vía para participar, pudiendo generarse en la práctica una desnaturalización de los fines expresos plasmados en la normativa propuesta, formulándose a manera de hipótesis la posibilidad del fomento de cuerpos paramilitares, fomento de la guerrilla o el cultivo de plantaciones utilizadas para la elaboración de sustancias estupefacientes, con el amparo del Estado. Por otra parte, se observa con preocupación que las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico o Social de la Nación 2001-2007, no prevé de manera explícita para este período la búsqueda de solución a las demarcaciones fronterizas que no han sido precisadas todavía y que constituyen una deuda histórica que podría ser saldada con el consenso de los ciudadanos, ahora que se ha abierto con amplitud la instauración de un modelo participativo y protagónico, al menos desde la perspectiva jurídico-formal. En el Plan de la Nación 2001-2007, se hace énfasis en el asunto de la integración, no obstante, no ofrece de manera específica la posibilidad de participación ciudadana en el desarrollo de estos procesos, tan importante para la democratización de los mismos, como un factor preponderante para la humanización de los procesos de integración en procura de un equilibrio entre lo económico, lo político y lo social, para materializar una mejor coordinación orientada a un mayor beneficio en pro del interés comunitario. El Plan de Desarrollo Nacional deja entrever la posibilidad de intervención de los ciudadanos en los organismos supranacionales cuando declara la promoción de la democracia participativa y protagónica en estos espacios; empero, esto se establece como uno de los micro objetivos perseguidos o acciones a realizar para impulsar la multipolaridad de la sociedad internacional y para implementar el fortalecimiento de dichas 188

organizaciones, siendo la integración ampliamente contemplada en otro renglón, dedicado exclusivamente a ella. Por su parte, el Plan Prospectivo Estratégico Zulia Tercer Milenio 2001-2020, prevé acerca de la problemática en la frontera, como uno de los Proyectos más importantes a desarrollar durante ese período, el de las Cooperativas agrícolas en la Guajira, sin discriminar en cuanto a sus integrantes, por lo que pareciera estar dirigido a todo ciudadano, especialmente residente en el Estado Zulia. La entidad occidental no tiene la cualidad de actor internacional para la resolución de la problemática de las fronteras; no obstante, se fija como un objetivo medio, el impulso de una mayor intervención en la política exterior al respecto, con lo que podría verse favorecida la participación ciudadana en este aspecto, no sólo a través del referéndum. Se recomienda el fomento de la educación como uno de los recursos más efectivos, a los fines de garantizar la eficacia jurídica de la intervención de los ciudadanos en la política exterior venezolana, no sólo en lo que a la consulta refrendaria concierne, sino también en todos los cauces participativos que en este sentido se implementen. El fortalecimiento de una cultura cívica es un mandato constitucional implícito en la parte in fine del artículo 3 CRBV y expresamente consagrado en el artículo 102 ejusdem, la cual debe ser extendida a toda la colectividad, más allá de la importantísima enseñanza formal sobre el tema en la escuela, liceos y universidades. Además, constituye un mandato legal, ya regulado desde el año 1976, por el artículo 3, ordinal 3° de la Ley Orgánica de Seguridad y defensa, enfocado más, hacia los problemas inherentes a la soberanía y a la integridad territorial, lo que se traduce fundamentalmente en la problemática limítrofe; pero que es relevante dado el carácter preconstitucional de la norma cuando aún no habían tomado tanto auge los procesos integradores, como modus vivendi ante el mundo globalizado del presente. (Morales, 2001; León, 2001).

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LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LAS AMÉRICAS Y LA MIGRACIÓN: VACIOS DE UNA PROPUESTA. NAYLLIVIS NATHALY NAIM SOTO1 JUAN CARLOS MORALES MANZUR2 RESUMEN El presidente venezolano Hugo Chávez Frías ha venido sistemáticamente presentando una propuesta de integración regional de manera discursiva en los foros latinoamericanos y caribeños desde 1999 hasta la actualidad. Esta propuesta es definida como un llamado a retomar los preceptos bolivarianos de integración, es decir, bajo la fórmula confederativa, lo que le otorga una doble naturaleza: política e histórica y está dirigida, según lo expresa el mandatario venezolano, a minimizar los efectos negativos de la globalización, el neoliberalismo y el ALCA en Latinoamérica y el Caribe. En los discursos del mandatario venezolano esta propuesta de integración confederativa se presenta hasta diciembre de 2001 como una idea de creación de una confederación de Estados latinoamericanos y caribeños y a partir de la señalada fecha con nombre propio: Alternativa Bolivariana para las Américas o ALBA. Sin embargo, dentro de este proyecto, no se contempla ningún aspecto referido a las migraciones y su importancia para los procesos integracionistas y, en fin, para los aspectos políticos y económicos que involucran los esquemas de integración en el continente. Palabras claves: ALBA, migración, integración, desplazamiento poblacional ABSTRACT Venezuelan President Hugo Chávez has sistematically been presenting a Regional Integration Proposal in his various speeches at Latinamerican and Caribbean Foruses since 1999 until nowadays. This proposal is basically a calling to retaking the Bolivarian Integration precepts, that is, through the confederative formula, thus giving it a double purpose: political and historical, and is directed towards, according to the Venezuelan President, to minimize globalization’s negative effects, neoliberalism and ALCA both in Latinamerica and the Caribbean. In his speeches, the President this confederative proposal is presented, until 2001 as an idea of a creation of a confederation of Latinamerican and Caribbean states o ALBA. However, whithin this project no aspect dealing with migrations and its importance to integrationist processes is contemplated, and finally for the political and economical aspects that are involved in the Continent’s integration schemes. Key words: ALBA, migration, integration, spreading population

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Nayllivis Nathaly Naím Soto. Licenciada en Ciencias Sociales, Área Historia. Magíster Scientiarum en Ciencia política. Investigadora del Acervo Histórico del estado Zulia, Venezuela. 2

Juan Carlos Morales Manzur. Doctor en Ciencia Política. Jefe de la Sección Integración Latinoamericana del Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad del Zulia. Director del Acervo Histórico del estado Zulia, Venezuela.

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1.- INTRODUCCIÓN En los últimos quince años, el proceso de globalización, así como los desbalances demográficos en el marco de condiciones económicas, políticas y sociales, han incrementado tanto las migraciones legales e ilegales como las migraciones forzadas. La existencia de importantes flujos migratorios entre los países latinoamericanos es un fenómeno que, aunque profundamente arraigado en la región, adquiere características propias en cada fase histórica, sea en cuanto a países de origen y destino, composición por edades y género, nivel de educación, posibilidades de empleo o de ocupación en sectores formales o informales. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, con el atentado terrorista más grande de la historia, ejecutado en territorio de Estados Unidos, marcan un cambio importante sobre los países receptores (cambios y control sobre los migrantes legales e ilegales, reducción de empleo, control sobre transferencia de remesas, reválidas de títulos, entre otros) así como en los países expulsores. En algunos países las remesas sobrepasan el 13% del PIB (Centro América) o más del 10% (Perú y Ecuador). El costo financiero de las remesas es todavía muy alto y existen formas novedosas de minimizarlo, así como de utilizarlos en proyectos de desarrollo, como ocurre en algunos estados de México. (SELA, 2002:1). Sin embargo, las condiciones de expulsión en algunos países se han agudizado (Argentina y Uruguay, entre otros) y nuevas olas migratorias o profundización de las mismas han comenzado a desarrollarse en estos tiempos. El fenómeno mantiene su importancia incrementándose, así como su heterogeneidad en cuanto a niveles educativos y destino. El predominio de personas en edades económicamente activas en la mayoría de las corrientes migratorias subraya la presencia de una decisión motivada fundamentalmente por razones laborales (económicos). Sin embargo, la creciente conflictividad de la región también implicaría la movilización de desplazados y refugiados hacia otros países, situación que la región vivió en el pasado reciente, en particular, en Centroamérica. Es evidente que el intercambio migratorio entre las naciones de la región tiene una importancia capital en diversos sentidos: tiene un potencial de mejoramiento del capital humano para los países receptores; es una masa significativa, cuantitativa y cualitativamente, con un impacto positivo sobre la fuerza de trabajo de los países receptores; genera un flujo de ingresos para los países de origen a través de la ayuda familiar y otras formas de retorno, incluida personal, lo cual facilita procesos de modernización del país expulsor. Sus partes más débiles suelen ser las relacionadas con la seguridad social, laboral y el sistema de salud, acentuado por la falta de un régimen regulatorio mutuamente acordado entre los países de la región. Las discusiones en curso entre algunos países todavía no avanzan lo suficiente, y en el actual contexto, no se esperan cambios significativos al respecto. Las migraciones internacionales, además, tienen impactos culturales y sociales para las familias migrantes rompiéndose el núcleo familiar y debiendo convivir en países diferentes con todo lo que ello implica.

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Teniendo en cuenta la naturaleza generalizada del fenómeno y sus diferentes consecuencias para la región, los esquemas de integración deben asumir esa división desde el plano gubernamental e intra-latinoamericano. En América Latina el fenómeno migratorio también ha aumentado. De acuerdo al Boletín Demográfico N° 65 de la CEPAL (2000), tan solo considerando migración intrarregional y hacia los Estados Unidos, se calcula que el número de migrantes creció de 1.5 millones en 1960 (0.7% de la población total de la región) a 11 millones en 1990 (2.5% de la población total de la región), lo cual significa que la migración ha crecido más rápido que la población. Actualmente, se estima que uno de cada diez de los 150 millones de migrantes internacionales nació en algún país latinoamericano o caribeño. Es por todo lo expuesto que el tema de la Migración debe ser abordado en profundad por los bloques subregionales de Integración. Este trabajo analiza la presencia o no del tema de la migración en la Propuesta Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), auspiciado por el gobierno venezolano de Hugo Chávez (1999-2007), durante el período 2002-2004.

2.- LA MIGRACIÓN: EL GRAN TEMA DE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. 2.1.- LA MIGRACIÓN Y LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA Los latinoamericanos y caribeños representan, hoy en día, una de las corrientes migratorias más importantes del mundo, con un 10% del total, y la más importante en los Estados Unidos de América, con un 46% del total, en contraste con lo ocurrido en ese país en el pasado, cuando casi el 90% de los inmigrantes que recibía eran de origen europeo (SELA, 2004:2). Las corrientes migratorias más fuertes son de trabajadores con una calificación profesional relativamente baja, interesados en desplazarse de Sur a Norte al sufrir el desempleo y los bajos salarios en sus países de origen. La migración intrarregional, a su vez, ha perdido intensidad, aún cuando ha sido uno de los factores más importantes del desarrollo de estos países y de los procesos de integración. En los años más recientes, sin embargo, las crisis económicas recurrentes en países tradicionalmente receptores de inmigrantes, han desmotivado las corrientes migratorias de las que, en el pasado, puede decirse que disfrutaban. El tema de la Migración no es ajeno a estos países, los cuales participan en los dos foros intergubernamentales sobre Migración existentes en el continente: la Conferencia Regional sobre Migración (América del Norte y América Central) y la Conferencia Suramericana sobre Migraciones. Ambas, sin duda alguna, representan la base fundamental para constituir una agenda regional sobre migración e integración que conduzca a la gobernabilidad de las migraciones a escala regional. Para ello es necesario desarrollar entre ambas conferencias el intercambio de experiencias y de información, con la finalidad de impulsar acciones para atender problemas comunes y desarrollar la cooperación solidaria entre países receptores, de tránsito y emisarios de migraciones.

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Esa gobernabilidad podrá afianzarse en los avances que se perciben al interior de los esquemas de integración vigentes en la región en materia de convergencia de políticas sociales, en el marco de la conformación de mercados comunes y realidades que vayan aún más allá de eso. En realidad, los acuerdos subregionales ofrecen oportunidades para la recepción de migraciones dentro de espacios económico-sociales ampliados bajo condiciones de gobernabilidad compartida y solidaria, que, con el tiempo, podrían garantizar la plena libertad migratoria comunitaria, sobre la base del reconocimiento y de la garantía de derechos laborales y socioeconómicos relativos a salud, educación, protección social y libre tránsito. En particular, se registran avances importantes en MERCOSUR y la Comunidad Andina, en el tratamiento comunitario a las migraciones y en materia de garantías a los intereses socioeconómicos y sociolaborales de los trabajadores migrantes, aún cuando se trate todavía de políticas incipientes. Asimismo, las negociaciones del ALCA, también representan una oportunidad para incluir compromisos explícitos sobre migraciones, con base en la cooperación hemisférica para tratar la problemática de manera integral, propiciando una mayor movilidad de los trabajadores dentro de esperada expansión del mercado y garantizando la protección de los derechos humanos y socioeconómicos de los migrantes. Esos compromisos deberían incluir, entre otros, aspectos de mutuo interés, como el tránsito fronterizo, la circulación de trabajadores, la seguridad social y el reconocimiento de estudios y calificaciones profesionales. Todos estos elementos, internacionales, hemisféricos y regionales, deberían pasar a formar parte de la agenda regional sobre la migración internacional y la integración, cuyo desarrollo requerirá, sin duda, de una visión de conjunto y de una acción también compartida, que pudiera ser desplegada por un foro regional que aproveche los esfuerzos que actualmente realizan la conferencia regional y la conferencia suramericana, y dé cabida a los países del Caribe, que no forman parte de ellas. El SELA, con su amplia composición de 28 Estados Miembros de América Latina y el Caribe, ofrece desde ya todo el apoyo que pudiera requerírsele para una empresa de esta naturaleza.

2.2.- MIGRACIÓN INTRA-REGIONAL La migración intrarregional ha estado influenciada por al menos dos factores principales: profundas raíces históricas y conflictos nacionales contemporáneos de carácter social, político y económico. Venezuela... debido al estímulo de la bonanza petrolera de los años setenta, recibió un gran número de colombianos y nacionales de otros países del cono sur alcanzando en 1990 los 660.000 migrantes intra-regionales equivalentes al 3.4% de la población nacional. En Centroamérica, como consecuencia de la inestabilidad política y económica de los años setenta y ochenta, Costa Rica se ha convertido en destino principal de nicaragüenses y salvadoreños llegando en el año 2000 a cerca de 300.000 personas que representan el 8% de la población del país. De igual manera se puede hablar de flujos migratorios en toda América latina que, como consecuencia de insuficiencias estructurales del desarrollo o alteraciones sociopolíticas, han aumentado la intensa circulación de personas. (Ávalos, 2004:1)

196

Una característica sobresaliente de la migración intra-regional actual es el carácter temporal de la migración de un gran número de migrantes. En creciente proporción los flujos migratorios intrarregionales no implican el traslado del lugar de residencia. Esta tendencia es mayormente influenciada por las iniciativas de integración intra-regional y la apertura económica que implican prácticas estrictas que regulan la migración como las cuotas anuales o los programas de contratación temporal. 2.3.- MIGRACIÓN HACIA LOS ESTADOS UNIDOS Aunque la migración de latinoamericanos se ha extendido sobre diversas regiones del globo, un destino favorito sigue siendo los Estados Unidos de América. Según el Censo del año 2000, alrededor de 14.47 millones de personas viviendo en territorio norteamericano nacieron en países de América Latina y el Caribe, lo que representa alrededor del 50% del total de residentes en Estados Unidos nacidos en el extranjero. La mayoría de ellos viviendo en las zonas Oeste y Sur del país.(Ávalos, 2004). Las estimaciones más recientes realizadas por el Inmigration and Nauralization Service (INS) indican que en 1996, alrededor de 5 millones de migrantes indocumentados residían en los Estados Unidos y que esta población se incrementa a razón en 275,000 por año. Estos números significan que la población de indocumentados actualmente oscila alrededor de los 6,5 millones de personas, o sea, cerca del 2,5% de la población norteamericana.(Ávalos, 2004). México continúa siendo el país líder como fuente de indocumentados representando alrededor del 54% del total. Sin embargo, otros 5 países centroamericanos (El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Nicaragua) aportan cerca del 14.5% del total, lo cual coloca a América latina como proveedor importante de indocumentados. Los países de la Comunidad Andina aportan cerca del 4% del total. Otro patrón bien definido es la concentración geográfica de los migrantes indocumentados, donde solamente California y Texas hospedan el 54% del total. Sin embargo, otros 5 países centroamericanos (El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Nicaragua) aportan cerca del 14.5% del total, lo cual coloca a América Latina como proveedor importante de indocumentados. Los países de la Comunidad Andina aportan cerca del 4% del total. (Ávalos, 2004). Otro patrón bien definido es la concentración geográfica de los migrantes indocumentados, donde solamente California y Texas hospedan el 54% del total. (Ver cuadro 1).

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Cuadro N° 1 Población Latinoamericana Indocumentada en los Estados Unidos (1996) País de Origen

Población

Estado de

Población

Residencia Todos los países 1. México 2. El Salvador 3. Guatemala 4. Honduras 5. Rep. Dominicana 6. Nicaragua 7. Colombia 8. Ecuador 9. Trinidad y Tobago 10. Perú Otros Países

5.000.000 Todos los Estados

5.000.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2.000.000 700.000 540.000 350.000 290.000 135.000 115.000 85.000 55.000 52.000

2.700.000 335.000 165.000 90.000 75.000 70.000 65.000 55.000 50.000 30.000

California Texas New York Florida Illinois New Jersey Arizona Massachusetts Virginia Washington

1.365.000 Fuente: 1999. Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service (INS) of the U.S.

2.4.- MIGRACIÓN HACIA OTROS DESTINOS Información reciente, aunque limitada, permite establecer que para el año 2000, el número de migrantes latinoamericanos y caribeños en Europa y otros países era de un poco más de 2 millones de personas observándose la mayor concentración en el Reino Unido, España, Italia, Canadá y Japón. España por ejemplo, se caracteriza por recibir población nativa de América Latina donde en el año 2002, los ecuatorianos (20.000), peruanos (26.000), dominicanos (27.000) y colombianos (25.000) conformaban cerca del 73% del total (España, Ministerio del Interior, 2000). En Italia se observa un comportamiento similar, donde peruanos (33.000), brasileños (19.000) y ecuatorianos (10.000) constituían más del 50% de total de migrantes latinoamericanos y caribeños (Instituto Nazionale di Statistica, 2000). Fuera de Europa, el caso más sobresaliente ocurre en Japón, donde en el año 2000 de acuerdo al Ministerio de Justicia, el 80% de los residentes latinoamericanos eran brasileños y el 14% peruanos. Las cifras sugieren que gran parte de estos migrantes sean descendientes de migrantes japoneses llegados a Perú y Brasil a principios del siglo XX. (Ávalos, 2004).

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Cuadro N° 2 Latinoamericanos y Caribeños en Europa y Otros Países con información Disponible País de Presencia Total País de Presencia Reino Unido Holanda España Italia Alemania Francia* Portugal Suecia Noruega Bélgica Austria* Dinamarca

500.000 158.000 150.000 116.000 88.000 42.000 26.000 20.000 15.000 5.000 2.000 1.000

Canadá Japón Israel Australia

Total 553.000 285.000 78.000 75.0000 991.000

Total Países con información Disponible: 2.114.000

Total Europa 1.123.000 Fuente: 1999. Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service (INS) of the U.S.

2.5.- PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS MIGRANTES Las características sociodemográficas de los migrantes contienen información reveladora en cuanto a las causas y repercusiones del fenómeno migratorio. Una dimensión fundamental por ejemplo es la relativa al sexo de los migrantes y su relación con la demanda laboral en determinados sectores de actividad y ocupaciones. De acuerdo a Villa y Pizarro Martínez (2001) de la CEPAL, las corrientes de mexicanos a los Estados Unidos y de bolivianos y chilenos a Argentina se caracteriza por su predominio masculino, lo cual se origina por la fuerte demanda por trabajadores en tareas agro-extractivas de los países de destino. Por otro lado, los flujos migratorios de colombianos en Venezuela y de paraguayos en Argentina se distinguen por su mayoría femenina, lo cual es atribuible a su incorporación en actividades de servicios –incluyendo los de tipo doméstico- y a la influencia de la reunificación familiar. Otra dimensión esencial corresponde al nivel de calificación de los migrantes. Por una parte se observa que con la creciente innovación tecnológica, los países con mayor desarrollo requieren de la importación de capital humano. Generalmente migrantes con ciertas habilidades profesionales o técnicas establece su residencia de manera permanente –en su mayoría legalmente- en el país de destino, lo cual puede significar una importante pérdida en términos no sólo de inversión para el país de origen (“brain drain”), sino como potenciales líderes y pagadores de impuestos. Quienes retornan, sin embargo, han acumulado conocimientos no sólo técnicos, sino sociales y culturales, que los colocan en posición de intermediarios para atraer mayor inversión extranjera. Por otro lado, se sabe que la integración a los mercados laborales de los migrantes menos calificados se da a través de desempeñar actividades menospreciadas por la población local, generalmente en industrias primarias, agricultura y servicios. Migrantes no 199

calificados usualmente enfrentan mayores barreras de ingreso y permanencia lo que produce la indocumentación incrementando la percepción negativa hacia los migrantes en los países receptores. 3.- LA MIGRACIÓN EN VENEZUELA Los refugiados son poblaciones que tienden a escapar del cruce de fuego entre los grupos al margen de la Ley, pero también este comportamiento puede evidenciarse por otros fenómenos como los desastres naturales y las posesiones. Se anota que en el mundo existen aproximadamente 29 millones de personas en calidad de refugiados, según calculo del ACNUR; en América Latina se estima que unos 800.000 refugiados provienen de países como: El Salvador, Guatemala y Nicaragua y tienden a concertar. En el país, desde los años 1970, se comienza a presentar un fenómeno de movilidad de colombianos hacia Venezuela, esto con motivo del modelo de desarrollo trazado en América Latina denominado “desarrollo por substitución de importaciones”; se manifiesta dicho proceso con el desmonte como respuesta a la apertura económica, esta trae consigo consecuencias como la flexibilización del trabajo, la reducción del tamaño del Estado y la integración comercial de los países Andinos. La emigración internacional hacia Venezuela no es un fenómeno reciente. En el lapso comprendido entre 1920 – 1950, las compañías petroleras extranjeras y los grandes productores agrícolas, abogaron constantemente por el fenómeno de las migraciones laborales procedentes del exterior. La mayoría de tales emigrantes, se constituyeron en una población flotante la cual se dedicó a actividades no directamente productiva. A Venezuela durante los años 50, fue más notoria la migración de europeos entre ellos Italianos, españoles y portugueses y posteriormente, de colombianos que incrementaron la población. El flujo migratorio de origen colombiano hacia Venezuela, ha variado según la situación socio-económica en ambos países. La presencia de migraciones colombianas hacia Venezuela tiende a ser notoria y constante las procedentes de los Departamentos fronterizos los Santander (capital Cúcuta), fue un importante centro de comercialización de la producción venezolana. Durante el Gobierno de Pérez Jiménez (1948 – 1958), se optó por una política de puertas abiertas que permitió y facilito el ingreso e instalación de extranjeros se calcula que cerca de medio millón de inmigrantes quedaron en Venezuela durante el periodo de la dictadura Pérez – Jiménez. En Colombia la violencia política generaron no sólo un flujo migratoria interna sino también hacia Venezuela migración tanto de población urbana como rural.

200

En la década del 60, según el censo del año 1961, el 33% de la fuerza laboral de Caracas estaba constituida por extranjeros ocupados en actividades de tipo profesional, administrativo y propietarios y comerciantes, esto es aquellos llamados “white collars”, también eran extranjeros. La proximidad geográfica y cultural, y los nexos ya existentes con la población en Colombia, en terminar de redes sociales, son fenómenos que estuvieron a la base para que se carearan condiciones que llevaron a que Venezuela se convirtiera en el principal receptor de migrantes colombianos, no sólo técnicos y profesionales, sino trabajadores con distintas o ninguna calificación. El Consejo Nacional de Recursos Humanos de Venezuela (CORDIPLAN) estimaba que en 1976, había por lo menos 700.000 colombinos indocumentados en Venezuela. Según el censo de población de Venezuela de 1981, la población de Colombia representaba el 45% del total de la población extranjera reportada. A mediados de los años 80, el Gobierno venezolano inicio la matricula general de extranjeros cuyo objetivo era determinar y legalizar la población clandestina que como mínimo tuviera dos años de estadía y experiencias electoral en el país. Según la dirección general de identificación y extranjería, DIEZ la matrícula general de extranjeros, registró 266.795 personas, de los cuales 246.194 eran colombianos, esto es, el 92.3% distribuidos así: artesanos y operarios 53%; trabajadores de los servicios 22.5% y agricultores 16.4% y el restante trabajadores profesional o calificado. Durante los años 80 comienza Venezuela a presentarse el proceso de la recesión internacional, la crisis cambiaria y de endeudamiento externo condujeron a la devaluación del Bolívar a comienzo del año de 1983 y el debilitamiento del merado internacional petróleo desde 1982, puso de presente la vulnerabilidad de la economía venezolana dad su excesiva dependencia del ingreso generado por las divisas provenientes del petróleo (Lozada, 1984, P. 37). Los signos evidentes de la crítica situación se hicieron patentes con ocasión del segundo shok petrolero de 1980 – 1981, donde pese a la duplicación de la renta petrolera no se dinamizó la demanda interna (Asuman, 1983, P. 64). La acción combinada de varios factores imposibilitó el efecto dinamizado del gasto del Gobierno, entre estos; la inflación que redujo el poder de comprar, el crecimiento incontrolable de la deuda externa y su escaso control por el Gobierno Central; la inversión pública decae abruptamente y el estancamiento económico producido no pudo ser ocultado por la mayor renta petrolera derivada del alza a los hidrocarburos con el mercado mundial. El enfriamiento de la economía venezolana y la devaluación del Bolívar (febrero de 1983), son los dos elementos fundamentales desde Colombia perdiera la ventaja competitiva; aumenta la tasa de desempleo urbano y rural y las actividades de demanda mano de obra poco calificada como la construcción, los ingresos en moneda devaluad y no representó más un incentivo para migrantes laborales que atravesaban la frontera y hacían ahorros para enviarlos a su lugares de origen para ser consumidos por sus familias en pesos colombianos. Siendo la integración fronteriza el pilar de la bilateralidad para tal efecto Colombia y Venezuela crearon “las comisiones de asuntos fronterizos” en el nuevo marco de las relaciones colombo – venezolana.

201

4.- LA PROPUESTA DE LA ALBA La propuesta Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) ha sido presentada por el mandatario venezolano en los foros internacionales durante el periodo 1999- 2004, sin embargo, no ha contado con el respaldo internacional de los países latinoamericanos y caribeños. La excepción lo representa Cuba. El gobierno de Fidel Castro respalda la propuesta de integración bolivariana presentada por el Presidente Chávez. Esto se puede explicar por tres factores: uno, la coincidencia en las concepciones revolucionarias en el plano interno y externo; el segundo, cuando los Estados Unidos presentan al ALCA en 1994 excluye a Cuba de los países a formar parte de este proceso de negociación comercial hemisférica para su creación antes del 2005, en cambio, en la propuesta de integración del Presidente venezolano, se incluye a Cuba pero se excluye a los Estados Unidos de América(3); y, el último, la oposición del gobierno de Castro al neoliberalismo como estrategia de materialización de la globalización capitalista (Naím, 2004). Con la aplicación del neoliberalismo el Estado fue perdiendo gran parte de su capacidad reguladora y se empeoró el bienestar social de la población de la región, aunado a que la base de sustentación social y política debilitadas de los gobiernos latinoamericanos, con una tendencia o a la apatía ciudadana o a las manifestaciones violentas del descontento social, así como la generalizada deslegitimación de los mecanismos tradicionales de representación popular repercuten a nivel externo en virtud de la preeminencia de los temas de la democracia y el libre comercio tanto en la agenda hemisférica como en la agenda mundial (Petrásh, 1994: 29-31), en este contexto, surge la idea de Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños para enfrentarse al neoliberalismo como una alternativa política, empero, esta propuesta es solamente compartida por la República de Cuba, donde se infiere que ésta está planteada bajos los términos del respeto a la autodeterminación de los pueblos, sin condicionarla por el régimen político que practiquen. En su propuesta el Presidente Chávez incluye a los países que constituyen a América Latina y el Caribe, ya que ha expuesto la idea tanto en foros latinoamericanos como caribeños (ver cuadros n° 3, 4, 5, 6, 7 y 8). Esta limitante no radica en esta simpleza, sino en diversidad y heterogeneidad de América Latina y el Caribe, en cuanto a las características políticas, sociales y económicas diferentes a nivel doméstico, rompiendo el esquema de las propuestas tradicionales de Confederación del siglo XIX y los esquemas de integración subregionales y regionales del siglo XX. Se trata de que al incorporar países como Antigua y Barbuda, Belice, Barbados, Jamaica, Guyana, Santa Lucia entre otros Estados de la región del Caribe, en un proceso político de conformación de la Confederación de Estados, en este caso, la propuesta de la conformación de la ALBA su materialización en la realidad puede originar grandes distanciamientos y tensiones entre éstos, debido a las características heterogéneas existentes de estos países. En el sentido de que partiendo de que si no se han logrado integrar económicamente, puede tender a no lo lograrlo políticamente, cuando esto significa transferir soberanía y poder nacional a un órgano supranacional, aunque en el texto constitucional de varios países de Latinoamérica, la supranacionalidad está consagrada (4). El considerar a Latinoamérica y al Caribe como un todo y como una diversidad son dos visiones (5) que son complementarias, donde lo común y lo diverso se entremezclan sin perder su identidad. Ahora bien, estas visiones expresan también tensiones históricopolíticas entre la coordinación y confrontación al interior de la región y frente al mundo, por lo que el programa y/o propuesta de integración debe considerar que Latinoamérica y 202

el Caribe está caracterizada por lo que tiene de común y por lo que tiene de diverso, es decir, entender que América Latina y el Caribe son especificidades políticas, culturales, sociales, históricas, económicas, geográficas y que al interior de ellas mismas también tienen especificidades y que al mismo tiempo es parte de un sistema de relaciones globales, hemisféricas, regionales, subregionales y binacionales enmarcadas en una relación dicotómica de complejidad e incertidumbre.

Cuadro N° 3 Presentación de la Propuesta ALBA por parte del Presidente Chávez Frías en los Foros Latinoamericanos y Caribeños - 1999 LUGAR Y FECHA República Dominicana, 16-18 de abril de 1999

FOROS

APOYO A LA PROPUESTA

II Cumbre de Jefes de Estado de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe

TEMA: MIGRACIÓN

No fue incluida en la declaración de la Cumbre

No fue incluido

Colombia, 26-27 de XI Consejo Presidencial Andino mayo de 1999

No fue incluida en la declaración del Consejo Andino

No fue incluido

México, 28-30 de mayo de 1999

XIII Cumbre de Jefes de Estado del Grupo de Río

No fue incluida en la declaración de la Cumbre

No fue incluido

Brasil, 28-29 de junio de 1999

I Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe-Unión Europa

No fue incluida en la declaración de la Cumbre

No fue incluido

Cuba, 14-16 de noviembre de 1999

IX Cumbre Iberoamericana de Jefes No fue incluida en la de Estado y de Gobierno Declaración de la Cumbre de la Habana

No fue incluido

FUENTE: Elaborado con datos del Libro Amarillo del MRE correspondiente a 1999 y prensa nacional y regional.

203

Cuadro N° 4 Presentación de la Propuesta ALBA por parte del Presidente Chávez Frías en los Foros Latinoamericanos y Caribeños - 2000 LUGAR Y FECHA

FOROS

APOYO A LA PROPUESTA

TEMA: MIGRACIÓN

Venezuela, 6 de abril de VI Reunión de los 2000 Ministerios de Relaciones Exteriores de Cooperación Amazónica

No fue incluida en la Declaración Final

No fue incluido

Perú, 8-10 de junio de 2000

XII Cumbre Presidencial Andina

No fue incluida en la Declaración Final

No fue incluido

Colombia, 16 de junio de 2000

Encuentro de los Presidentes del Grupo de los Tres

No fue incluida en el No fue incluido Comunicado de los Presidentes del Grupo de los Tres

Venezuela, 18-19 de agosto de 2000

Reunión de los Organismos No fue incluida en la de la Comunidad Andina declaración Final

No fue incluido

Panamá, 17-18 de noviembre de 2000

Reunión Presidencial de Sudamérica

No fue incluida en la Declaración de Brasilia

No fue incluido

Venezuela, 19- 20 de octubre de 2000

I Foro Empresarial de la Asociación de Estados del Caribe (AEC)

No fue incluida en la declaración Final

No fue incluido

Panamá, 17-18 de noviembre de 2000

X Cumbre Iberoamericana

No fue incluida en la Declaración de Panamá

No fue incluido

FUENTE: Elaborado con datos del Libro Amarillo del MRE correspondiente al 2000 y prensa nacional y regional.

204

Cuadro N° 5 Presentación de la Propuesta ALBA por parte del Presidente Chávez Frías en los Foros Latinoamericanos y Caribeños - 2001 LUGAR Y FECHA

FOROS

APOYO A LA PROPUESTA

TEMA: MIGRACIÓN

Colombia, 18-19 de Reunión de los Países No fue incluida en la abril de 2001 Beneficiarios del Sistema Andino Declaración Final de Preferencias y Venezuela

No fue incluido

Canadá, 20-22 de abril de 2001

III Cumbre de Las Américas

No fue incluida en la Declaración Final

No fue incluido

Paraguay, 23 de junio de 2001

Participación del Presidente Chávez a la XX Cumbre del MERCOSUR

No fue incluida en la Declaración Final

No fue incluido

Venezuela, 23-24 de XIII Reunión del Consejo junio de 2001 Presidencial Andino

No fue incluida en la Declaración Final

No fue incluido

Colombia, 25 de septiembre de 2001

X Asamblea Ordinaria del Parlamento Amazónico

No fue incluida en la Declaración Final

No fue incluido

Venezuela, 13 de noviembre de 2001

Encuentro Latinoamericano y del Caribe

No fue incluida en la Declaración Final

No fue incluido

Perú, 23 y 24 de noviembre de 2001

XI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno

No fue incluida en la Declaración Final

No fue incluido

Venezuela, 11 y 12 de diciembre de 2001

III Cumbre de Jefes de Estados y Gobiernos de la Asociación de Estados del Caribe

No fue incluida en la Declaración Final

FUENTE: Elaborado con datos del Libro Amarillo del MRE correspondiente al año 2001, prensa nacional y regional.

Cuadro N° 6 Presentación de la Propuesta ALBA por parte del Presidente Chávez Frías en los Foros Latinoamericanos y Caribeños - 2002 LUGAR Y FECHA

Santa Cruz de la Sierra, 30 de enero de 2002

FOROS

APOYO A LA PROPUESTA

Cumbre de Presidentes de la No fue incluida en la Comunidad Andina Declaración Final

TEMA: MIGRACIÓN No fue incluido

FUENTE: Elaborado con datos del Libro Amarillo del MRE correspondiente al año 2002.

205

Cuadro N° 7 Presentación de la Propuesta ALBA por parte del Presidente Chávez Frías en los Foros Latinoamericanos y Caribeños - 2003 LUGAR Y FECHA

FOROS

APOYO A LA PROPUESTA

TEMA: MIGRACIÓN

La Asunción Paraguay, 18 de Junio de 2003

XXIV Cumbre Presidencial del MERCOSUR

No fue incluida en la Declaración No fue incluido de la Cumbre

Montevideo Uruguay, 16 de Agosto de 2003

Sesión Extraordinaria de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

No fue incluida en la Declaración No fue incluido de la Sección

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, 14 de Noviembre de 2003

XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos

No fue incluida en la Declaración No fue incluido de la Cumbre

Caracas V Asamblea General de la No fue incluida en la Declaración No fue incluido Venezuela, 25 de Confederación Parlamentaria de la Asamblea Noviembre de 2003 de las Américas FUENTE: www.mre.gov.ve

Cuadro N° 8 Presentación de la Propuesta ALBA por parte del Presidente Chávez Frías en los Foros Latinoamericanos y Caribeños - 2004 LUGAR Y FECHA

FOROS

APOYO A LA PROPUESTA

TEMA: MIGRACIÓN

Monterrey, México Cumbre Extraordinaria de las No fue incluida 11 al 13 de Enero de Américas. 2004.

No fue incluido

Caracas, Venezuela XII Cumbre G-15 24 al 28 de Febrero 2004.

No fue incluida

No fue incluido

Guadalajara, México III Cumbre América Latina, El Caribe y U.E. 27 al 29 Mayo 2004

No fue incluida

No fue incluido

FUENTE: www.mre.gov.ve

206

Es así como se pretende tanto con la ALBA como con el ALCA incluir a los países latinoamericanos y caribeños en un solo bloque político. En la primera se excluye a los Estados Unidos de América y en la segunda, destaca la exclusión de Cuba. Ello se podría convertir en un efecto centrífugo en los países latinoamericanos y caribeños debido a su heterogeneidad y diversidad. La ALBA según el presidente venezolano, propone la conformación de un solo bloque geopolítico independiente del resto de mundo económicamente hablando y confederado políticamente a lo interno, en cambio el ALCA propone una interdependencia entre los Estados Unidos y América Latina en lo económico – comercial y una independencia geopolítica interna entre los países miembros. En la presentación de la ALBA, el Presidente Hugo Chávez argumenta que las nuevas realidades internacionales exigen a los gobiernos de esta región la necesidad de encaminar acciones hacia un mismo objetivo, en el sentido de que había llegado la hora de superar rivalidades económicas y políticas para enfrentarse de manera conjunta a la globalización y al neoliberalismo salvaje y al ALCA, los cuales afectan la estructura social y económica de las sociedades latinoamericanas caribeñas. Esta propuesta de integración regional no fue incluida en las conclusiones finales de los eventos o foros internacionales en los cuales se presentó (Véase cuadros 3, 4, 5, 6, 7 y 8). Es de señalar que en el 2002, el mandatario venezolano presenta la propuesta ALBA sólo una vez y en su lugar, cambia esta propuesta por otra de distinta naturaleza: La creación de un Fondo Humanitario Internacional, lo que se considera un discontinuidad en la presentación de la mencionada propuesta ALBA. No obstante, en el 2003 y 2004 retoma la idea de la ALBA y la vuelve a presentar en los foros internacionales a los cuales asiste. Dentro de la propuesta Alternativa Bolivariana para las Américas el mandatario venezolano, ha venido manifestando algunos aspectos puntuales para la creación de la mencionada propuesta. Estos aspectos puntuales serían los recursos con que ella contaría, dentro de los cuales destaca el petróleo venezolano y de allí su interés en la realización de la II Cumbre de la OPEP para cambiar las políticas en materia: aumento del barril petrolero y disminución de la explotación petrolera (MRE, 2000b). Es así como el petróleo se presenta como punta de lanza de esta idea de integración regional. También se presenta la idea de la conformación de un ejército latinoamericano y caribeño. En este sentido, en su discurso señala la necesidad de creación de una Aviación Bolivariana y una Marítima Bolivariana, para ello pone a disposición el antiguo avión presidencial y dos buques de la marina venezolana. La creación de una universidad latinoamericana es otro aspecto a señalar en la propuesta Alternativa Bolivariana para las Américas. El espacio geopolítico que conformaría la ALBA ha sido demarcado desde México hasta Argentina, incluyendo al Caribe y dentro de éste a Cuba, con la exclusión expresa y clara de los Estados Unidos (Naím, 2004). 5. AUSENCIA DEL TEMA MIGRACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS PÚBLICOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES SUSCRITOS ENTRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y VENEZUELA Para el año 1999, los temas que se incluyeron en la celebración de acuerdos internacionales y tratados públicos entre los países de América Latina y el Caribe con Venezuela fueron: Cooperación en Materia de Conservación y Explotación de Recursos Hidrobiológicos; Complementación Económica; Renegociación; Industria Fonográfica; 207

Industria Química; Producción del Comercio; Secuestro de Naves Aéreas y Marítimas y otros Delitos (ver cuadro número 9).

Durante el año 2000, Cooperación Turística; Industria Fonográfica; Industria Química; Renegociación; Complementación Económica; Cooperación y Asistencia Judicial en Materia Penal y de Entendimiento (ver cuadro número 10). Las materias de estos tratados y acuerdos suscritos por Venezuela con Latinoamérica y el Caribe durante el 2001 son: Cooperación y Amistad en el área de la Cooperación Turística; Prevención Control, Fiscalización y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas Incluidos los Precursores y Sustancias Químicas; Desarrollo de Bibliotecas Iberoamericanas; Materia de Asistencia Mutua entre sus Administraciones y Servicios Aduaneros; Complementación Económica; Renegociación; Cooperación Técnica en el Área de Turismo; Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaporte Diplomático, Consular, Oficial Especial y de Servicio; Exoneración del Impuesto al Valor Agregado para las Importaciones o Adquisiciones de Equipos, Materiales, Servicios e Insumos Importados y Exoneración de la Tasa por Servicio de Aduana y del Pago de Aranceles de Importación; Importación de Mercancía Negociadas; Cooperación en Materia Educativa; Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares; Cooperación Cultural; Cooperación Minera; Cooperación Económica y Técnica; Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Sustancias Psicotrópicas y Delitos Anexos; Cooperación Regional en Materia de Desastres Naturales (ver cuadro número 12). En el año 2002, los temas de agenda incluidos en los tratados y acuerdos internacionales suscritos con América Latina y el Caribe fueron: Complementación económica; Cooperación en materia Educativa; Privilegios e Inmunidades; Cooperación Regional en Materia de Desastres Naturales; Mecanismo Político de Consulta; Cooperación Energética y Minera; Donación de asfalto; Cooperación Energética; Diplomacia; Cooperación en Materia de Conservación y Explotación de Recursos Hidrobiológicos; Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe ver cuadro número 13). Durante el año 2003, las materias de agenda celebrados con América Latina y el Caribe en la política exterior del Presidente Chávez fueron: Diplomacia; Complementación Económica; Suministro de bienes y servicios; Visas de Turistas; Renegociación; Cooperación Técnica y Científica en materia turística; Comercio (ver cuadro número 14). Y Finalmente, según la revisión de las Gacetas Oficiales de Venezuela hasta julio de 2004, las materias incluidas en los Acuerdos y Tratados internacionales celebrados entre Venezuela y América Latina y el Caribe fueron: Complementación Económica; Acuerdo Comercial; Renegociación; Promoción y protección de inversiones (ver cuadro número 15). Como puede observarse, el tema de la migración no estuvo presente en la celebración de Tratados Públicos y Acuerdo Internacionales entre América Latina y el Caribe y Venezuela durante el periodo 1999-2004.

208

Cuadro N° 9 Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela con América Latina y el Caribe (1999)

Estados

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales

Materia

Venezuela y Suriname

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República de Suriname sobre Cooperación en Materia de Conservación y Explotación de Recursos Hidrobiológicos. Suscrito en Caracas, el 07 de octubre de 1998. Publicado en Gaceta Oficial N° 5315 Extraordinario de fecha 22 de marzo de 1999. Ejecución Provisional autorizada por la Comisión Delegada del Congreso de la República, en sesión celebrada el 09 de diciembre de 1998. Espera de aprobación legislativa.

Venezuela y Argentina

Noveno Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Complementación Económica N° 20, entre el Gobierno de la República de Económica. Venezuela y el Gobierno de la República Argentina. Suscrito en Montevideo, el 31 de marzo de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 36731 de fecha 28 de junio de 1999.

Venezuela y Uruguay

Decimotercer Protocolo Adicional del Acuerdo del Alcance Renegociación. Parcial de Renegociación N° 25 de las concesiones otorgadas en el período 1962/1980, entre el Gobierno de la República de Venezuela y e l Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Suscrito en Montevideo, el 31 de marzo de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 36731 de fecha 28 de junio de 1999.

Venezuela y Brasil

Decimotercer Protocolo Adicional de Complementación Complementación Económica N° 27 entre el Gobierno de la República de Económica. Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil. Suscrito en Montevideo, el 31 de marzo de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 36731 de fecha 28 de junio de 1999.

Venezuela y Paraguay

Octavo Protocolo Adicional del Acuerdo de Adecuación del Renegociación. Alcance Parcial de Renegociación N° 21 de las concesiones otorgadas en el período 1962/1980, entre el Gobierno de la República de Venezuela y e l Gobierno de la República del Paraguay. Suscrito en Montevideo, el 31 de marzo de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 36796 de fecha 28 de septiembre de 1999.

209

Cooperación en Materia de Conservación y Explotación de Recursos Hidrobiológicos.

Venezuela y Argentina

Décimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Complementación Económica N° 20, entre el Gobierno de la República de Económica. Venezuela y el Gobierno de la República Argentina. Suscrito en Montevideo, el 30 de junio de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 36796 de fecha 28 de septiembre de 1999.

Venezuela y Brasil

Decimosegundo Protocolo Adicional de Complementación Complementación Económica N° 27 entre el Gobierno de la República de Económica. Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil. Suscrito en Montevideo, el 05 de julio de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 36796 de fecha 28 de septiembre de 1999.

Venezuela y Uruguay

Decimoséptimo Protocolo Adicional (Sector de la Industria Industria Fonográfica. Fonográfica) del Acuerdo Comercial N° 13 entre el Gobierno de la República de Venezuela y e l Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Suscrito en Montevideo, el 26 de julio de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 36826 de fecha 10 de noviembre de 1999.

Venezuela y Uruguay

Trigésimo Protocolo Adicional (Sector de la Industria Industria Química. Química) al Acuerdo Comercial N° 05 entre el Gobierno de la República de Venezuela y e l Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Suscrito en Montevideo, el 26 de julio de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 36826 de fecha 10 de noviembre de 1999.

Venezuela y Varios Estados (Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela).

Acuerdo Marco para la Producción del Comercio mediante la Producción del Superación de Obstáculos Técnicos al Comercio entre el Comercio. Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República de Argentina, el Gobierno de la República de Bolivia, el Gobierno de la República Federativa del Brasil, el Gobierno de la República de Colombia, el Gobierno de la República de Chile, el Gobierno de la República del Ecuador, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República del Perú. Adoptado en Montevideo, el 08 de diciembre de 1997. Publicado en Gaceta Oficial N° 36826 de fecha 10 de noviembre de 1999.

Venezuela y Brasil

Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Complementación entre los Gobiernos de la República de Venezuela, Colombia, Económica. Ecuador, Perú, Países Miembros de la Comunidad Andina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil. Suscrito en Montevideo, el 12 de agosto de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 5404 Extraordinario de fecha 24 de noviembre de 1999.

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Venezuela y Brasil

Preferencias acordadas con la República Federativa del Brasil Complementación para la importación de mercancías negociadas en el marco del Económica. Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica, suscrito en Montevideo, el 12 de agosto de 1999 entre los Gobiernos de la República de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Países Miembros de la Comunidad Andina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil. Publicadas en Gaceta Oficial N° 5404 Extraordinario de fecha 24 de noviembre de 1999.

Venezuela y Cuba

Acuerdo de prórroga por Notas Diplomáticas del Convenio Secuestro de Naves sobre Secuestro de Naves Aéreas y Marítimas y otros Delitos Aéreas y Marítimas y entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno otros Delitos. de la República de Cuba. Firmado en Caracas, el 12 de mayo y en La Habana, el 25 de mayo de 1999. Publicadas en la Gaceta Oficial N° 36838 de fecha 26 de noviembre de 1999.

Fuente: República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores. (2000). Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela. Volumen XLII, 1999. Caracas- Venezuela.

211

Cuadro N° 10 Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela con América Latina y el Caribe (2000)

Estados

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales

Venezuela y Varios Estados (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname).

Protocolo de Enmienda al Tratado de Cooperación Cooperación Amazónica. Suscrito en Caracas, el 14 de diciembre de Amazónica. 1998. Publicado en Gaceta Oficial N° 5427 Extraordinario de fecha 05 de enero de 2000. Aprobación Legislativa el 19 de octubre de 1999. Ratificación Ejecutiva el 30 de diciembre de 1999.

Venezuela y Brasil

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Turística. Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Cooperación Turística. Suscrito en Caracas, el 08 de febrero de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 36915 de fecha 21 de marzo de 2000. Entrada en vigor el 11 de julio de 2000.

Venezuela y Uruguay

Decimoctavo Protocolo Adicional al Acuerdo Comercial N° Industria Fonográfica. 13 sector de la Industria Fonográfica entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Suscrito en Montevideo, el 31 de diciembre de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 36915 de fecha 21 de marzo de 2000.

Venezuela y Uruguay

Decimocuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Renegociación. Parcial de Renegociación N° 25 entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Suscrito en Montevideo, el 31 de diciembre de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 36915 de fecha 21 de marzo de 2000.

Venezuela y Brasil

Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Exención de Visa en Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Pasaporte de Brasil sobre la Exención de Visa en Pasaporte de Servicio/Oficial. Servicio/Oficial. Suscrito en Caracas, el 08 de febrero de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 36915 de fecha 21 de marzo de 2000. Entrada en vigor el 31 de marzo de 2000.

Venezuela y Argentina

Decimoprimer Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Complementación Económica N° 20 entre el Gobierno de la Económica. República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Argentina. Suscrito en Montevideo, el 12 de octubre de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 36925 de fecha 04 de abril de 2000.

Venezuela y Paraguay Noveno Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación N° 21 (Protocolo de Adecuación) entre el

212

Materia

Renegociación.

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Paraguay. Suscrito en Montevideo, el 31 de diciembre de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 36943 de fecha 04 de diciembre de 2000. Venezuela y Uruguay

Trigesimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo Comercial Industria Química. N° 5 sector Industria Química entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Suscrito en Montevideo, el 31 de diciembre de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 36943 de fecha 04 de diciembre de 2000.

Venezuela y Argentina

Decimosegundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Complementación Económica N° 20 entre el Gobierno de la Económica. República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Argentina. Suscrito en Montevideo, el 05 de abril de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 36963 de fecha 1° de junio de 2000.

Venezuela y Uruguay

Decimoquinto Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Renegociación. Parcial de Renegociación N° 25 entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Suscrito en Montevideo, el 30 de mayo de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 36983 de fecha 29 de junio de 2000.

Venezuela y Argentina

Decimotercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Complementación Económica N° 20 entre el Gobierno de la Económica. República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Argentina. Suscrito en Montevideo, el 09 de junio de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 36993 de fecha 14 de julio de 2000.

Venezuela y Argentina

Decimocuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Complementación Económica N° 20 entre el Gobierno de la Económica. República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Argentina. Suscrito en Montevideo, el 29 de junio de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 37007 de fecha 04 de agosto de 2000.

Venezuela y Brasil

Acuerdo por Notas Diplomáticas que constituyen una Cooperación Turística. modificación de lo dispuesto en el Artículo 15 del Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Cooperación Turística. Suscrito en Caracas, el 08 de febrero de 2000. Intercambiadas en Caracas, el 05 de junio y el 11 de julio de 2000. Publicadas en Gaceta Oficial N° 37007 de fecha 04 de agosto de 2000.

Venezuela y Paraguay Décimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Parcial Renegociación. de Renegociación N° 21 (Protocolo de Adecuación) entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Paraguay. Suscrito en Montevideo, el 27 de julio de 2000. Publicado en Gaceta

213

Oficial N° 37015 de fecha 16 de agosto de 2000. Venezuela y Uruguay

Decimonoveno Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial Industria Fonográfica. N° 13, Sector de la Industria Fonográfica entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Suscrito en Montevideo, el 14 de julio de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 37015 de fecha 16 de agosto de 2000.

Venezuela y Uruguay

Trigesmosegundo Protocolo Adicional del Acuerdo Industria Química. Comercial N° 5, Sector de la Industria Química entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Suscrito en Montevideo, el 14 de julio de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 37015 de fecha 16 de agosto de 2000.

Venezuela y Paraguay Decimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Renegociación. Parcial de Renegociación N° 21 (Protocolo de Adecuación) entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Paraguay. Suscrito en Montevideo, el 29 de septiembre de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 37064 de fecha 26 de octubre de 2000. Venezuela y Uruguay

Decimosexto Protocolo Adicional del Acuerdo de Alcance Renegociación. Parcial de Renegociación N° 25 entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Suscrito en Montevideo, el 29 de septiembre de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 37064 de fecha 26 de octubre de 2000.

Venezuela y Uruguay

Trigesimotercer Protocolo Adicional al Acuerdo Comercial Industria Química. N° 5, Sector Industria Química entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Suscrito en Montevideo, el 29 de septiembre de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 37064 de fecha 26 de octubre de 2000.

Venezuela y Uruguay

Vigésimo Protocolo Adicional al Acuerdo Comercial N° 13, Industria Fonográfica. Sector Industria Fonográfica entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Suscrito en Montevideo, el 29 de septiembre de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 37065 de fecha 27 de octubre de 2000.

Venezuela y Colombia Acuerdo de Cooperación y Asistencia Judicial en Materia Cooperación y Penal entre el Gobierno de la República Bolivariana de Asistencia Judicial en Venezuela y el Gobierno de la República de Colombia. Materia Penal. Suscrito en Caracas, el 20 de febrero de 1998. Publicado en Gaceta Oficial N° 5506 Extraordinario de fecha 13 de diciembre de 2000. Aprobación Legislativa el 17 de mayo de 2000. Promulgación Ejecutiva el 13 de diciembre de 2000. Entrada en vigor, el 1° de enero de 2001. Venezuela y Suriname Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Cooperación en Venezuela y el Gobierno de la República de Suriname sobre Materia de

214

Cooperación en Materia de Conservación y Explotación de Recursos Hidrobiológicos. Suscrito en Caracas, el 07 de octubre de 1998. Publicado en Gaceta Oficial N° 5506 Extraordinario de fecha 13 de diciembre de 2000. Aprobación Legislativa el 17 de mayo de 2000. Promulgación Ejecutiva el 13 de diciembre de 2000. Venezuela y Barbados Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de Barbados con el objeto de Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal y el Fraude Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta y su Protocolo. Hecho en Barbados, el 11 de diciembre de 1998. Publicado en Gaceta Oficial N° 5507 Extraordinario de fecha 13 de diciembre de 2000. Aprobación Legislativa el 30 de junio de 1999. Promulgación Ejecutiva el 13 de diciembre de 2000. Venezuela y Guatemala

Conservación y Explotación de Recursos Hidrobiológicos. Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal y el Fraude Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta y su Protocolo.

Memorádum de Entendimiento entre el Gobierno de la Entendimiento. República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Guatemala. Hecho en Guatemala el 20 de noviembre de 2000.

Fuente: República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores. (2001). Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela. Volumen XLIII, 2000. Caracas- Venezuela.

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Cuadro N° 11

Estados

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela con América Latina y El Caribe (2001). Materia Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales

Venezuela y Nicaragua

Acuerdo Complementario al Acuerdo de Cooperación y Amistad en el área de la Cooperación Turística entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Nicaragua. Suscrito en Matiguás, el 21 de noviembre de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 37133 de fecha 2 de febrero de 2001. Venezuela notificó el 13 de febrero de 2001. Se espera notificación por parte de Nicaragua para su entrada en vigor. Fue suscrito por Venezuela: Hugo Chávez Frías Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, no consta en el expediente el nombre de la persona que suscribió por Nicaragua.

Cooperación y Amistad en el área de la Cooperación Turística.

Venezuela y Nicaragua

Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre Prevención Control, Fiscalización y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas Incluidos los Precursores y Sustancias Químicas. Suscrito en Matiguás, el 21 de noviembre de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 37137 de fecha 9 de febrero de 2001. Venezuela notificó el 21 de febrero de 2001. Se espera notificación por parte de Nicaragua para su entrada en vigor. Fue suscrito por Venezuela: Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No consta en el expediente el nombre de quién suscribió por Nicaragua.

Prevención Control, Fiscalización y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas Incluidos los Precursores y Sustancias Químicas.

Venezuela y Varios Estados (Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Portugal y Uruguay). Venezuela y Colombia

Acta constitutiva de la Asociación de Estados Desarrollo de Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Bibliotecas Nacionales de los Países Iberoamericanos- Abinia. Iberoamericanas. Suscrito en Lima, el 12 de octubre de 1999. Publicada en la Gaceta Oficial N° 37139 de fecha 13 de febrero de 2001. Aprobación Legislativa el 19 de octubre de 2000. Ratificación Ejecutiva el 13 de febrero de 2001. Entrada en vigor el 7 de mayo de 2002.

Convenio entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República de Colombia en Materia de Asistencia Mutua entre sus Administraciones y Servicios de Aduanas. Suscrito en Caracas, el 23 de enero de 1998. Publicado en la Gaceta Oficial N° 37139 de fecha 13 de febrero de 2001. Apelación Legislativa el 19 de octubre de 2000. Ratificación Ejecutiva el 13 de febrero de 2001. Entró en vigor el 12 de junio del 2001.

216

Materia de Asistencia Mutua entre sus Administraciones y Servicios de Aduanas.

Venezuela y Brasil

Primer Protocolo Adicional de Complementación Complementación Económica N° 39 entre la República Bolivariana de Económica. Venezuela y la República de Colombia, República del Ecuador, República del Perú, Países Miembros de la Comunidad Andina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil. Suscrito en Montevideo, el 15 de noviembre de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 37146 de fecha 2 de febrero de 2001.

Venezuela y Paraguay

Décimo Protocolo Adicional al Acuerdo Parcial de Renegociación Renegociación N° 21 de las concesiones otorgadas en el Económica. periodo 1962-1980 (Protocolo de Adecuación) entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de la República del Paraguay. Suscrito en Montevideo, el 19 de diciembre de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 37185 de fecha 26 de abril de 2001.

Venezuela y Uruguay

Décimo Séptimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Renegociación Alcance Parcial de Renegociación N° 25 de las Económica. concesiones otorgadas en 1962-1980 entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Suscrito en Montevideo, el 18 de diciembre de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 37185 de fecha 26 de abril de 2001.

Venezuela y Ecuador

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica Cooperación Técnica en el Área de Turismo entre el en el Área de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Turismo. Gobierno de la República del Ecuador. Hecho en Caracas, el 15 de marzo de 2001. Publicado en Gaceta Oficial N° 37199 de fecha 17 de mayo de 2001.

Venezuela y Panamá

Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Panamá referente a la Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaporte Diplomático, Consular, Oficial Especial y de Servicio. Suscrito en Panamá, el 17 de noviembre de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 37202 de fecha 22 de mayo de 2001. Entró en vigor el 27 de junio de 2001.

Venezuela y Argentina

Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Complementación Económica N° 48 entre la República Bolivariana de Económica. Venezuela y la República de Colombia, República del Ecuador, República del Perú, Países Miembros de la Comunidad Andina y el Gobierno de la República de Argentina. Suscrito en Montevideo, el 29 de junio de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 5535 Extraordinario de fecha 5 de junio de 2001.

217

Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaporte Diplomático, Consular, Oficial Especial y de Servicio.

Venezuela y México

Tratado de Extracción entre el Gobierno de la República Extracción. Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Suscrito en Caracas, el 30 de septiembre de 1998. Publicado en la Gaceta Oficial N° 37219 de fecha 14 de junio de 2001. Aprobación Legislativa el 07 de diciembre de 1999. Ratificación Ejecutiva el 13 de junio de 2001. Entrada en vigor: No se ha recibido información sobre la fecha de canje de instrumento de ratificación.

Venezuela y Cuba

Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Complementación Económica entre el Gobierno de la República Bolivariana Económica. de Venezuela y el Gobierno de la República de Cuba. Suscrito en Montevideo, el 27 de agosto de 1999. Su Primer Protocolo Adicional Suscrito el 15 de diciembre de 2000 y el Acta de Ratificación del Acuerdo de Complementación Económica N° 40 de fecha 15 de diciembre de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 37270 de fecha 28 de agosto de 2001.

Venezuela y Cuba

Preferencias acordadas entre el Gobierno de la República Complementación Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Económica. de Cuba para la importación de mercancías negociadas en el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica de fecha 27 de agosto de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 37270 de fecha 28 de agosto de 2001.

Venezuela y Cuba

Convenio Integral de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba para la Exoneración del Impuesto al Valor Agregado para las Importaciones o Adquisiciones de Equipos, Materiales, Servicios e Insumos Importados y Exoneración de la Tasa por Servicio de Aduana y del Pago de Aranceles de Importación. Dado en Caracas, el 27 de agosto de 2001. Publicado en Gaceta Oficial N° 5549 Extraordinario de fecha 28 de agosto de 2001.

Venezuela y Cuba

Venezuela y Cuba

Exoneración del Impuesto al Valor Agregado para las Importaciones o Adquisiciones de Equipos, Materiales, Servicios e Insumos Importados y Exoneración de la Tasa por Servicio de Aduana y del Pago de Aranceles de Importación. Preferencias acordadas entre el Gobierno de la República Importación de Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba para la Mercancía Importación de Mercancía Negociadas en el Acuerdo de Negociadas. Alcance Parcial de Complementación Económica de fecha 27 de agosto de 1999. Publicada en Gaceta Oficial N° 37270 de fecha 28 de agosto de 2001. Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Complementación Económica entre el Gobierno de la República Bolivariana Económica. de Venezuela t la República de Cuba. Suscrito en Montevideo, el 27 de agosto de 1999. Primer Protocolo Adicional suscrito el 15 de diciembre de 2000 y el Acta de Rectificación del Acuerdo de Complementación

218

Venezuela y Argentina

Económica N° 40 de fecha 15 de diciembre de 2000. Publicado en la Gaceta Oficial N° 37270 de fecha 28 de agosto de 2001. Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la Materia Educativa. República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Argentina en Materia Educativa. Hecho en Buenos Aires, el 07 de septiembre de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 37304 de fecha 16 de octubre de 2001. Aprobación Legislativa el 19 de junio de 2001. Ratificación Ejecutiva el 16 de octubre de 2001. Entrada en vigor el 13 de julio de 2002.

Venezuela y Argentina

Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Cooperación Venezuela y el Gobierno de la República de Argentina Energética. sobre Cooperación Energética. Suscrito en Caracas, el 12 de julio de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 37306 de fecha 18 de octubre de 2001. Aprobación Legislativa: No tiene. Ratificación Ejecutiva el 18 de octubre de 2001. Entrada en vigor para Venezuela el 19 de febrero de 2002. Se espera notificación por parte de Argentina.

Venezuela y Varios Estados (América Latina y el Caribe)

Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe. Suscrito en Viena, el 25 de septiembre de 1998. Publicado en la Gaceta Oficial N° 37306 de fecha 18 de octubre de 2001. Aprobación Legislativa el 29 de marzo de 2001. Ratificación Ejecutiva el 18 de octubre de 2001. Entrada en vigor el 07 de junio de 2002.

Venezuela y Argentina

Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Complementación Parcial de Complementación Económica N° 48 entre los Económica. Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Países Miembros de la Comunidad Andina y el Gobierno de la República de Argentina. Publicado en Gaceta Oficial N° 37316 de fecha 02 de noviembre de 2001.

Venezuela y Paraguay

Décimo Tercer Protocolo Adicional de Adecuación del Renegociación. Acuerdo Parcial de Renegociación N° 21 entre las Concesiones Otorgadas en el periodo 1962- 1980 entre los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Paraguay. Suscrito en Montevideo, el 16 de agosto de 2001. Publicado en Gaceta Oficial N° 37316 de fecha 02 de noviembre de 2001.

Venezuela y Uruguay

Décimo Octavo Protocolo Adicional del Acuerdo Parcial Renegociación. de Renegociación N° 25 entre las Concesiones Otorgadas en el periodo 1962- 1980 los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Suscrito en Montevideo, el 01 de agosto de 2001. Publicado en Gaceta Oficial N° 37316 de fecha 02 de noviembre de 2001.

Venezuela y Argentina

Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la Cooperación Cultural.

219

Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares.

Venezuela y Argentina

República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Argentina. Suscrito en Buenos Aires, el 07 de septiembre de 1999. Publicado e Gaceta Oficial N° 37319 de fecha 07 de noviembre de 2001. Aprobación Legislativa el 10 de mayo de 2001. Ratificación Ejecutiva el 07 de noviembre de 2001. Entrada en vigor el 13 de julio de 2002. Convenio de Cooperación Minera entre el Gobierno de la Cooperación Minera. República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Argentina. Suscrito en Caracas, el 12 de julio de 2000. Publicado e Gaceta Oficial N° 37319 de fecha 07 de noviembre de 2001. Aprobación Legislativa el 06 de febrero de 2001. Ratificación Ejecutiva el 07 de noviembre de 2001. Se espera ratificación de Argentina para entrar en vigor.

Venezuela y Brasil

Segundo Protocolo Adicional al Alcance Parcial de Complementación Complementación Económica N° 39 entre los Gobiernos Económica. de las Repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Países Miembros de la Comunidad Andina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil. Suscrito en Montevideo, el 11 de abril de 2001. Publicado en Gaceta Oficial N° 37336 de fecha 30 de noviembre de 2001.

Venezuela y Brasil

Incorporación de Nuevos Protocolos y la Profundización de las Preferencias otorgadas al amparo del Acuerdo del Alcance Parcial de Complementación Económica N° 39 entre los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Países Miembros de la Comunidad Andina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil. Suscrito en Montevideo el 08 de agosto de 2001. Publicado en Gaceta Oficial N° 37337 de fecha 03 de diciembre de 2001. Tercer Protocolo Adicional de Alcance Parcial de Complementación Económica N° 39 entre los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Países Miembros de la Comunidad Andina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil. Suscrito en Montevideo, el 08 de agosto de 2001. Publicado en Gaceta Oficial N° 37337 de fecha 03 de diciembre de 2001.

Venezuela y Brasil

Complementación Económica.

Complementación Económica.

Venezuela y Argentina

Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Cooperación Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Económica y Técnica. Gobierno de la República Popular China. Suscrito en Caracas, el 25 de septiembre de 2000. Publicado en Gaceta Oficial N° 37352 de fecha 26 de diciembre de 2001. Aprobación Legislativa el 16 de octubre de 2001. Ratificación Ejecutiva el 26 de diciembre de 2001. Entrada en vigor el 30 de marzo de 2002.

Venezuela y Argentina

Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Argentina sobre Cooperación en –Materia de Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de

220

Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de

Estupefacientes y de Sustancias Psicotrópicas y Delitos Sustancias Anexos. Suscrito en Buenos Aires, el 07 de septiembre de Psicotrópicas y 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 37372 de fecha 26 Delitos Anexos. de diciembre de 2001. Aprobación Legislativa el 19 de junio de 2001. Ratificación Ejecutiva el 26 de diciembre de 2001. Entrada en vigor el 19 de febrero de 2002.

Venezuela y Varios Estados (Caribe)

Acuerdo entre los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Asociación de Estados del Caribe para la Cooperación Regional en Materia de Desastres Naturales. Suscrito en Santo Domingo, el 19 de abril de 1999. Publicado en Gaceta Oficial N° 37352 de fecha 26 de diciembre de 2001. Aprobación Legislativa el 23 de mayo de 2000. Ratificación Ejecutiva el 26 de diciembre de 2001. No has informado cuando entran en vigor.

Cooperación Regional en Materia de Desastres Naturales.

Venezuela y Latinoamérica y el Caribe

Convenio Sede entre el gobierno de la República de Venezuela y la Universidad Latinoamericana y del Caribe, Suscrito por Venezuela el 20 de agosto de 1999. Publicado e la Gaceta Oficial Nº 5567 Extraordinaria. Aprobación Legislativa el 27 de septiembre de 2001. Ratificación Ejecutiva el 28 de diciembre de 2001. Se desconoce la fecha de entrada en vigor (hasta que el gobierno venezolano notifique).

Sede del gobierno de la República de Venezuela para la Universidad Latinoamericana y del Caribe.

Fuente: República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores. (2002). Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela. Volumen XLIV, 2001. Caracas- Venezuela.

221

Cuadro N° 12

Estados

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela con América Latina y El Caribe (2002) Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales Materia

Venezuela y ALADI Informe sobre las Modificaciones al Programa de Liberación Complementación del Acuerdo de Complementación Económica N° 33, económica. celebrado entre Colombia, México y Venezuela (ACE 33). Venezuela y ALADI Acuerdo de Complementación Económica N° 39, suscritos Complementación entre las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela económica. entre la CAN y Brasil. Suscrito en Montevideo, el 28 de junio de 2002. Entrará en vigor cuando cada una de las Partes lo incorpore a su derecho interno. Venezuela y Argentina

Acuerdo de Complementación Económica N° 48 entre las Complementación Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela con la económica. CAN y Argentina. Suscrito en Montevideo, el 26 de junio de 2002. En vigor.

Venezuela y Argentina

Convenio de Cooperación en Materia Educativa entre la Cooperación en República de Venezuela y la República de Argentina. Suscrito materia Educativa. en Buenos Aires, el 7 de septiembre de 1999. Intercambiados los Instrumentos de Ratificación en Caracas, el 13 de junio de 2002. En vigor, el 13 de julio de 2002.

Venezuela y AEC

Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Asociación de Privilegios e Estados del Caribe. Suscrito en Panamá, el 13 de Diciembre de Inmunidades. 1999. Publicado en la Gaceta Oficial N° 37356 de fecha 3 de enero del 2002.

Venezuela y AEC

Acuerdo entre los Estados Miembros de la Asociación de Estados del Caribe para la Cooperación Regional en Materia de Desastres Naturales. Suscrito en Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana el 17 de Abril de 1999. Publicado en la Gaceta Oficial N° 37352 de fecha 26 de diciembre de 2001. Firmado por parte de Venezuela, el 2 de Abril de 2002. Fecha Depósito del Instrumento de Ratificación, por parte de Venezuela, en la Ciudad de Santa Fé de Bogotá, República de Colombia, el 26 de junio de 2002. En vigor. Venezuela y ARCAL Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y Caribe. Suscrito en Bruselas el 17 de marzo de 1991. Firmado Instrumento de Ratificación por parte de Venezuela. Comunicada la honorable Embajada del Reino de Bélgica, para el respectivo Canje de Instrumentos de Ratificación.

222

Acuerdo de Cooperación Regional en Materia de Desastres Naturales.

Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares.

Venezuela y Brasil

Acta de la IX Reunión del Mecanismo Político de Consulta Mecanismo Político de entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Consulta. Federativa de Brasil. Suscrito en Caracas, 25 de marzo de 2002. En vigor.

Venezuela y Bolivia

Acuerdo de Cooperación Comercial entre el Gobierno de la Cooperación República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Comercial. República de Bolivia. Suscrito en el 2002. Entrará en vigor en la fecha de la última notificación de las partes.

Venezuela y Bolivia

Acuerdo de Cooperación Energética y Minera.

Venezuela y Bolivia

Venezuela y Bolivia

Cooperación Energética y Minera. Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la Donación de asfalto. República de Bolivia sobre la donación por parte de Venezuela de asfalto a Bolivia (PDVSA). Suscrito en el 2002. En vigor. Notas Reversales, por medio de la cual se crea el Mecanismo Consulta y de Consulta y Concertación Política. En fecha 4 de febrero de Concertación Política. 2002. En vigor.

Venezuela y Grenada Addendum al Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas. Cooperación Suscrito el 15 de marzo de 2002. En vigor. Energética. Venezuela y México

Tratado de extradición entre el Gobierno de la República de Diplomacia. Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Suscrito en Caracas, el 15 de abril de 1998. En espera del canje de los Instrumentos de Ratificación por ambos Gobiernos para la entrada en vigor del referido Tratado.

Venezuela y México

Declaración Conjunta de los Presidentes de la República Diplomacia. Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos Mexicanos, en ocasión del XXII Aniversario del Programa de Cooperación Energética para Países de Centroamérica y el Caribe. Suscrito en Nueva York, el 18 de abril de 2002. En vigor.

Venezuela y Suriname

Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Suriname sobre Cooperación en Materia de Conservación y Explotación de Recursos Hidrobiológicos. Suscrito en Caracas, el 7 de octubre de 1998. En vigor el 14 de mayo de 2002.

Cooperación en Materia de Conservación y Explotación de Recursos Hidrobiológicos.

Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Suscrito en Madrid, España, el 24 de julio de 1992. Publicado en la Gaceta Oficial N° 37355 de fecha 13 de mayo de 2002. Fecha Depósito del Instrumento de Ratificación, el 13 de mayo de 2002. En vigor para Venezuela el 13 de mayo de 2002.

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.

Fuente: Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores (2003). Libro Amarillo correspondiente al año 2002. Caracas- Venezuela. Pág. 1113- 1117.

223

Cuadro N° 13 Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela con América Latina y El Caribe (2003)

224

Estados República Dominicana y Venezuela

Cuba y Venezuela

Tratados Públicos Internacionales

y

Acuerdos Materia

Resolución mediante la cual se otorga el Diplomacia consentimiento solicitado por la Honorable Embajada de la República Dominicana para la apertura de un Consulado en Valencia). Gaceta Oficial N° 37635. Fecha 19-02-2003. Resolución mediante la cual se otorga el Diplomacia consentimiento solicitado por la Honorable Embajada de la República de Cuba para la apertura de un Consulado en los estados Trujillo, Barinas, Zulia, Mérida y Táchira en la circunscripción consular del Consulado General de ese país en la ciudad de Valencia. Gaceta Oficial N° 37635. Fecha 19-022003.

CAN, Brasil y Venezuela

Decreto N° 2005, mediante el cual se adopta el Sexto Complementación Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance de Económica Complementación Económica N° 39, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina de Naciones y l Gobierno de la República Federativa del Brasil. Gaceta Oficial N° 37655. Fecha 21-03-2003

Jamaica y Venezuela

Resolución mediante la cual se ordena la publicación Suministro de bienes del canje de Notas Revérsales que constituye un y servicios Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de Jamaica, sobre el suministro de bienes y servicios. Gaceta Oficial N° 37670. Fecha 11-04-2003

Venezuela y Trinidad y Tobago

Resolución mediante la cual se ordena la publicación Visas de Turistas del Intercambio de las Notas Revérsales constitutivas del Acuerdo sobre Supresión de Visas de Turista en pasaportes ordinarios entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago. Gaceta Oficial N° 37682 Fecha 05-05-2003.

Argentina, Brasil, Paraguay, MERCOSUR, CAN y Venezuela

Decreto N° 2434, mediante el cual se adopta el Complementación Acuerdo de Complementación Económica N° 56, Económica suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Argentina, Federativa de Brasil, Paraguay, Países Miembros del MERCOSUR y los Gobiernos de las Repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina. Gaceta Oficial N° 37711. Fecha 13-06-2003.

225

Brasil, CAN y Venezuela

Panamá y Venezuela

Decreto N° 2380, mediante el cual se adopta el Octavo Complementación Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Parcial de Económica Complementación Económica N° 39, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil. Gaceta Oficial N° 37720. Fecha 27-06-2003. Resolución mediante la cual se incluye a la República de Visas de Turistas Panamá en la lista de países, a cuyos nacionales se les puede otorgar Visa de Turista bajo la forma de Tarjeta de Turismo (DEX-2). Gaceta Oficial N° 37721. Fecha 30-06-2003.

Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Venezuela

Decreto N° 2483 mediante el cual se adopta el Noveno Complementación Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Parcial de Económica Complementación Económica N° 39, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y República Federativa del Brasil. Gaceta Oficial N° 37723. Fecha 02-07-2003.

Uruguay y Venezuela

Decreto N° 2484 mediante el cual se adopta el Vigésimo Renegociación Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación N° 25, suscrito entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela Gaceta Oficial N° 37723. Fecha 02-07-2003. Decreto N° 2394, mediante el cual se adopta el Tercer Complementación Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Parcial de Económica Complementación Económica N° 48, suscrito entre la República de Argentina y las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina. Gaceta Oficial N° 37727. Fecha 0807-2003

Argentina, CAN y Venezuela

Perú y Venezuela

Cuba y Venezuela

Colombia y México y Venezuela

Resolución mediante la cual se ordena la publicación del Acuerdo de Complementación al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del Perú en materia turística. Gaceta Oficial N° 37775. Fecha 15-092003 Decreto N° 2671, mediante el cual se adopta el Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica N° 40, suscrito entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela el 20 de diciembre de 2002. (Véase N° 5671 Extraordinario de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de esta misma fecha). (Este sumario anuló al publicado en la Gaceta Oficial N° 37806 de fecha 29-10-2003. Gaceta Oficial N° 37807. Fecha 30-10-2003 Resolución mediante la cual se ordena la publicación del Cuarto Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica N° 23 (Tratado de Libre Comercio), celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 37831 de fecha 03-12-2003

Elaboración propia

226

Cooperación Técnica y Científica en materia turística

Complementación Económica

Comercio

Cuadro N° 14

Estados

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela con América Latina y el Caribe (2004) Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales Materia

Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Resolución por la cual se conviene prorrogar desde el 1° de Complementación enero de 2004 hasta el 30 de junio de 2004, la vigencia del Económica Acuerdo de Complementación Económica N° 48 y de las preferencias pactadas entre Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela. Gaceta Oficial N° 37863, fecha 22-01-2004.

Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Resolución por la cual se conviene prorrogar desde el 1° de Acuerdo Comercial enero de 2004 hasta el 30 de junio de 2004, la vigencia del Acuerdo Comercial N° 5 del Sector Industrial Química y de las preferencias pactadas recíprocamente entre sus signatarios, en términos y condiciones que se registran en el Vigésimo Segundo Protocolo Adicional entre Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela. Gaceta Oficial N° 37863, fecha 22-012004.

Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Resolución por la cual se conviene prorrogar desde el 1° de Complementación enero de 2004 hasta el 30 de junio de 2004, la vigencia del Económica Acuerdo de Complementación Económica N° 39 de las preferencias pactadas recíprocamente entre sus signatarios que en ellas se señalan entre Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela. Gaceta Oficial N° 37863, fecha 22-01-2004.

Uruguay y Venezuela

Resolución por la cual se conviene prorrogar desde el 1° de Renegociación enero de 2004 hasta el 30 de junio de 2004, la vigencia de las preferencias pactadas entre la República Oriental de Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela en el Acuerdo Parcial de “Renegociación de las concesiones otorgadas en le período 1962/1980” N°25. Gaceta Oficial N° 37863, fecha 2201-2004.

Uruguay y Venezuela

Resolución por la cual se conviene prorrogar desde el 1° de Acuerdo Comercial enero de 2004 hasta el 30 de junio de 2004, la vigencia del Acuerdo Comercial N° 13 de la Industria Fotográfica y las preferencias pactadas recíprocamente entre sus signatarios, en los términos y condiciones que se registran en el Noveno Protocolo Adicional entre la República Oriental de Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela en el Acuerdo Parcial de “Renegociación de las concesiones otorgadas en le período 1962/1980” N° 25. Gaceta Oficial N° 37863, fecha 22-012004.

227

Paraguay Venezuela

y

Resolución por la cual se conviene prorrogar desde el 1° de Renegociación enero de 2004 hasta el 30 de junio de 2004, la vigencia de las preferencias pactadas entre la República de Paraguay y la República Bolivariana de Venezuela en el Acuerdote Alcance Parcial de “Renegociación de las concesiones otorgadas en le período 1962/1980” N° 21. Gaceta Oficial N° 37863, fecha 22-01-2004.

Uruguay y Venezuela

Decreto N° 2858, mediante el cual se adoptan los Protocolos Acuerdo Comercial Adicionales, Vigésimo primero, Vigésimo segundo, Vigésimo tercero y Vigésimo cuarto, al Acuerdo Comercial N° 13, del Sector de la Industria Fotográfica, suscrito entre ka República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 37905. Fecha 24 -03- 2004.

Uruguay y Venezuela

Decreto N° 2859, mediante el cual se adoptan los Protocolos Acuerdo Comercial Adicionales, Trigésimo cuarto, Trigésimo quinto, -trigésimo sexto y Trigésimo séptimo, al Acuerdo Comercial N° 5, del Sector de la Industria Química, suscrito entre ka República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 37905. Fecha 24-03- 2004.

México y Venezuela

Ley Aprobatoria del “Acuerdo entre el Gobierno de la Promoción y protección República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de Cuba de inversiones para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”. Gaceta Oficial N° 37913. Fecha 05-04-2004.

Elaboración Propia

6.- CONCLUSIONES Luego de analizada la importancia de la migración en el devenir de las relaciones entre los pueblos y entre los Estados, se vislumbra que el tema en cuestión será uno de los puntos focales de las nuevas relaciones internacionales que se están gestando en el siglo XXI. Los esquemas de integración, ahora más que nunca, están tomando en consideración, con mucha fuerza, este tema, dada la enorme movilidad que la población mundial y, especialmente la latinoamericana, ha experimentado en las últimas décadas. 228

La Propuesta Bolivariana para las Américas, popularizada como ALBA por su promotor, el Presidente Hugo Chávez Frías, no contempla en ninguno de sus postulados aspectos que sugieran tomar en cuenta la dinámica migratoria ni intra ni extra-latinoamericana, lo que le resta fortaleza y visión. Considerada por muchos como mera retórica, el ALBA, como proyecto de confraternidad latinoamericana, pretende hacerle frente a la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a través de la postura crítica al neoliberalismo mundial. Es conveniente que sus promotores (del ALBA) consideren importante incluir este aspecto importante de cara al futuro, para así estar acorde con los nuevos paradigmas del siglo XXI.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Ávalos, Antonio. Migraciones e integración regional. http://www..sele.org/publica.html. [Consulta: 15-07-2004, hora: 08:30:00].

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229

Sistema Económico Latinoamericano SELA (2001). Migraciones e integración Regional (SELA/CAF/IESALC). Caracas. www.sela.org/public-html. [Consulta: 28-06-2004, hora: 07:02:10]. Sistema Económico Latinoamericano SELA (2004) “La Migración, una de las pocas exclusiones de la globalización”. http://lanic.utexas-edu/.[Consulta: 15-06-2003, hora: 17:42:21]. Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores. Libro Amarillo. Correspondiente al año 1999. Caracas- Venezuela, 2000. Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores. OPEP II CUMBRE. CARACASVENEZUELA, 26 al 28 de Septiembre de 2000. Caracas- Venezuela, 2000b. Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores. Libro Amarillo. Correspondiente al año 2000. Caracas- Venezuela; 2001. Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores. Libro Amarillo. Correspondiente al año 2001. Caracas- Venezuela. 2002 Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores. Libro Amarillo. Correspondiente al año 2002. Caracas- Venezuela. 2003. Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores. Libro Amarillo. Correspondiente al año 2003. Caracas- Venezuela. 2004.

Notas: (1) En respuesta a unas afirmaciones publicadas por The New York Times sobre la posición nada favorable o dura del gobierno de Bush frente al de Chávez, el canciller de Venezuela, José Vicente Rangel, dice que “la madurez de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos es tal, con todos los convenios bilaterales que hay, que ese tipo de comentarios son incompatibles” (Rangel, 2000). Estas críticas en los diarios estadounidenses giraron en torno a la lucha que Chávez inició por mantener los altos precios del petróleo, su acercamiento al regimenes enemigos de Estados Unidos (Cuba, Irak) y, su oposición al Plan Colombia, específicamente al componente militar incluido para la lucha contra el narcotráfico en este país: “Actualmente hay una creciente convicción en que los círculos republicanos de que Chávez socava la política exterior estadounidense al facilitar petróleo a Cuba, oponerse al Plan Colombia y expresar simpatía hacia los grupos rebeldes en los países andinos” (DPA, 2000). (2) A partir de la década de los 90 del siglo XX, en América Latina existe una tendencia con las reformas a las cartas magnas hacia la constitucionalización del tema de la integración, incorporándose en las constituciones la idea de promover y avanzar en el proceso de integración latinoamericana y caribeña creando un órgano supranacional. Tal idea está consagrada, por ejemplo, en la Constitución de Colombia (1991), la Constitución de Brasil (1994) y la Constitución de Venezuela (1999). (3) Estas visiones cuentan con una amplia literatura latinoamericana y estadounidense (Cardozo de Da Silva, 1995). 230

LA FRONTERA COLOMBO –VENEZOLANA VISTA A TRAVÉS DE LOS ELEMENTOS FUERZA, PODER Y DERECHO. ALGUNAS GENERALIDADES Maria Alejandra Fernández G. 1) Miriam Rincón de Maldonado (2) Hudilú T. Rodríguez S. (3) RESUMEN Los problemas fronterizos como tema primordial de estudio de las Relaciones Internacionales constituyen limitantes significativas para el entendimiento entre naciones. En este escenario, Venezuela y Colombia, presentan aspectos que los unen y otros que los separan; son muchos y diversos los problemas que se plantean en la frontera entre ambos países. Es por ello, que el presente artículo busca realizar algunas reflexiones sobre la realidad que se vive en la frontera colombo – venezolana pero vista a través de la relación existente entre fuerza, poder y Derecho como elementos determinantes en la actuación de los Estados Modernos. Para ello, hay que tener en cuenta, que el equilibrio funcional entre fuerza, poder y Derecho, no tiene que ser milimétricamente equilibrado en el quehacer cotidiano de un Estado. Sin embargo, es función de las instituciones tanto del gobierno colombiano como del gobierno venezolano buscar el equilibrio para garantizar el estado de derecho que las instituciones modernas contemplan en las zonas fronterizas. PALABRAS CLAVES: Frontera, Colombia, Venezuela, Fuerza, Poder, Derecho, Relación Triangular.

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1. Lic. en Ciencias Políticas y Abogada. Maestrante en Ciencias Penales y Criminológicas. Investigadora acreditada ante el Sistema de Promoción del Investigador (PPI) de CONICIT Nivel Candidato. Asistente de Investigación de la Sección de Teoría del Derecho del Instituto de Filosofía del Derecho Dr. J. M. Delgado Ocando de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. 2. Abogada, Mgs. en Ciencias Políticas, Doctora en Derecho. Profesora e Investigadora activa de LUZ. Jefa de la Sección de Teoría del Derecho del Instituto de Filosofía del Derecho Dr. J. M. Delgado Ocando de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Investigadora acreditada ante el Sistema de Promoción del Investigador (PPI) de CONICIT Nivel I. 3. Lic. en Ciencias Políticas. Maestrante en Ciencias de la Comunicación Mención Socio Semiótica. Asistente de Investigación de la Sección de Teoría del Derecho del Instituto de Filosofía del Derecho Dr. J. M. Delgado Ocando de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. *

Este trabajo es un avance del Proyecto de Investigación financiado CONDES – LUZ CH-1119-2004 intitulado “Aspectos Filosóficos, Jurídicos y Políticos de la Relación Triangular en el Estado Moderno”

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1.- INTRODUCCIÓN: En los tiempos actuales, las relaciones internacionales estas definidas por una acentuada interdependencia entre los diferentes actores que protagonizan la escena internacional. En este ámbito, los problemas fronterizos como tema primordial de estudio de las Relaciones Internacionales constituyen limitantes significativas para el entendimiento entre naciones, debido a que en ellos se involucra como concepto fundamental a la soberanía. Actualmente, la frontera ya no se percibe únicamente como la línea que divide el territorio de dos Países, sino, como espacios territoriales en los cuales surgen relaciones de carácter político, social, económico, ambiental y cultural que conducen a que dicha noción este vinculada a la idea de vecindad. La vecindad, permite admitir los problemas con los países vecinos, como propios de la política interna, debido a que los mismos suelen tener efectos directos y de gran importancia sobre los procesos internos del Estado. Por lo tanto, la vecindad a pesar de tener su aplicación en el contexto externo, también genera repercusiones internas para el Estado. En lo que respecta al caso de Colombia y Venezuela hay que destacar que ambos países han estado unidos por un mismo origen histórico, lengua y características culturales comunes, aunado a que también, se han definido como países latinoamericanos, caribeños, amazónicos y andinos siendo esta última condición la que los ha llevado conjuntamente por el camino de la integración en tiempos de globalización. En este contexto, y en opinión de Morales y Fernández (2001) Venezuela y Colombia se conciben a si mismo como países occidentales, tanto desde la perspectiva cultural signada por sus valores cristianos y democráticos, como por el hecho de estar sus economías inspiradas en las reglas del libre comercio. De igual manera, sus políticas externas han presentado lineamientos y trayectorias similares desde el mismo momento en que surgen como naciones independientes en el contexto mundial. Venezuela y Colombia, presentan aspectos que los unen y otros que los separan; son muchos y diversos los problemas que se plantean en la frontera entre ambos países. Es por ello, que el presente artículo busca dedicar esfuerzos a fin de realizar algunas reflexiones sobre la realidad que se vive en la frontera colombo – venezolana con especial referencia al eje fronterizo del Estado Zulia pero vista a través de la relación existente entre Fuerza Poder y Derecho como elementos determinantes en la actuación del Estado Moderno. 2.- PARTICULARIDADES DE LA FRONTERA COLOMBO – VENEZOLANA: Para hablar de las características del eje fronterizo colombo – venezolano es conveniente hacer referencia no solo a lo geográfico sino también a lo político, lo económico, lo social y lo cultural, en virtud de que se trata de una zona de múltiples complejidades en las que se suceden relaciones de diversas índoles producto de la vecindad. Al hablar del aspecto geográfico, hay que acotar que Colombia y Venezuela comparten una frontera común de 2.274,53 kilómetros que abarca los estados Zulia,

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Táchira, Apure y Amazonas. Este eje fronterizo es extenso y de geografía diversa: la zona norte o de la Guajira es una zona plana y básicamente desértica. Pero, en otras zonas, se aprecian selvas y montañas muy pronunciadas, como las del Catatumbo, así como grandes ríos, entre los cuales resaltan el Arauca y el Orinoco. (Bonett, 1998:197) En lo que respecta al aspecto económico – social, hay que señalar que la frontera que comparten Venezuela y Colombia se destaca por ser una zona desigual en lo que a niveles y expectativas de desarrollo se refiere. La Guajira Venezolana y el Arauca colombiano, se describen como territorios signados por la extrema pobreza, carentes de los servicios públicos más elementales. Sin embargo, también se observan otras localidades de ambos países donde se desarrolla actividades de gran proyección económica en los municipios fronterizos venezolanos como José María Semprún, José E. Losada, Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, al igual que el desarrollo de la actividad comercial y turística en el Eje Cúcuta – San Antonio – San Cristóbal, entre otras. Por otro lado, el aspecto político – cultural también esta presente en la frontera colombo – venezolana al caracterizarse esta zona por las constantes tensiones políticas signadas no únicamente por los problemas de las delimitaciones pendientes (caso de las aguas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela) sino también por la difícil y prolongada situación que afronta el gobierno colombiano con la guerrilla y el narcotráfico y que repercuten a ambos lados de la frontera en cuestión. Desde otra perspectiva, la vecindad existente, especialmente en la regiones propensas a la integración total como sucede en el eje Cúcuta- San Antonio- San Cristóbal y en la Ata Guajira, generan estilos de vida y costumbres que difícilmente pueden atribuírsele a alguno de los dos países, lo cual genera como consecuencia, que sea poblaciones con características únicas y bajo niveles de identificación a uno u otro lado de la frontera. (Morales y Fernández, 2001:151) Ahora bien, en el caso de la frontera colombo – venezolana colindante con el estado Zulia primeramente, hay que señalar que este espacio fronterizo cuenta con una extensión de 680Km, y se haya dividido en ocho sectores, numerados del uno al nueve del lado venezolano y que comprende desde Castillete al norte, hasta el río Zulia, en la confluencia con el río La Grita. (Fuenmayor, s/a: 08) En lo que respecta a la división político – administrativa, de este espacio fronterizo, hay que señalar que los departamentos que colindan del lado colombiano con Venezuela por el Estado Zulia son: Guajira (Río de Hacha), del Cesar (Valledupar) y Norte de Santander (Cúcuta); mientras que del lado Venezolano, los municipios zulianos que colindan con Colombia son: Páez, Mara, Jesús Enrique Losada, Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, Catatumbo y Jesús Maria Semprún. También, caracteriza al el eje fronterizo del Estado Zulia, el ser una zona con un desarrollo socioeconómico bastante desigual, al igual que, con potencialidades desiguales; mientras el Municipio Páez, al norte, ha sido, considerado como el mas pobre del país, carente de los servicios mas básicos; otra entidades locales desarrollan actividades de diversa naturaleza, como por ejemplo, la actividad petrolera (Municipio Jesús E. Losada, Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, Catatumbo y Colón); Carbonífera (Mara) y aurífera (Machiques de Perijá), entre otras.

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A su vez, en este eje fronterizo, se encuentra la reserva hidrológica más importante del Zulia que es la llamada Sierra de Perijá. Por otra parte, es una zona con un alto valor geopolítico y geoeconómico, posee cuantiosos yacimientos petroleros al igual que carbón, bauxita, fosfato, oro, magnesio, zinc, níquel, cobre, caolín, Calizas, incluso uranio, entre otros. (Hinostroza, 2000) Como se observa de lo antes señalado, se trata de una zona de constaste que define la existencia de múltiples relaciones de vecindad que se vuelve en algunos casos incontrolables para ambos gobiernos. 3.- FUERZA, PODER Y DERECHO COMO ELEMENTOS DE LA RELACION TRIANGULAR: Para la comprensión de la Relación triangular entre Fuerza, Poder y Derecho dentro del Estado Moderno, es necesario que los mismos sean entendidos como tres mecanismos dinámicos y codependientes que figuran como elementos de la concepción del Estado desde su más abstracta noción, puesto que, al mismo tiempo se encuentran presentes de manera explicita en las instituciones del sistema político. En el Estado Moderno, existe una relación dinámica entre el gobierno, ente encargado de la asignación autoritaria de valores a la sociedad y su ambiente social inmediato, integrado por las distintas formas de asociación humana en grupos, que inciden, de alguna manera, en la toma de decisiones. Esta relación dinámica, obedece a una lógica jurídica, que implica la co dependencia triangular entre la fuerza, el poder y el Derecho. Por lo que se puede afirmar, que el Estado ejerce el monopolio de la fuerza que es la potestad de hacer cumplir las leyes de forma coercitiva; esa fuerza, esta regulada a su vez, por el Derecho; este conjunto de normas otorga a su vez la facultad de ejercer el poder; manifestado a través de la autoridad legal y la fuerza pública. “El carácter coactivo de las normas jurídicas es la característica distintiva del Derecho con respecto a los ordenes normativos de la conducta humana, por no poseer tal carácter. La amenaza de la aplicación de la fuerza obliga a asumir el comportamiento preescrito en las normas, y la misma consiste en la privación forzada si fuere necesario, de bienes como por ejemplo el derecho a la vida, a la libertad o cualquier otro valor tenga o no contenido pecuniario. A este acto coactivo se le denomina sanción. Dentro de una sociedad organizada la sanción representa bajo la forma de pena o ejecución forzosa por ser la respuesta inmediata que el Derecho proporciona a todos aquellos actos contrarios a lo impuesto por las normas jurídicas.” (Rincón y Parra, 2002:108)

Partiendo de la perspectiva jurídica – política, cada elemento de la relación triangular posee una dinámica direccional, que abarca desde el gobierno hasta la comunidad y en dirección inversa. De allí, que tanto la fuerza, el poder, y el Derecho puedan expandirse o anularse dentro de la comunidad en función del mantenimiento de la tensión sistémica en el sistema político de determinado Estado.

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3.1.- La Fuerza como elemento de la Relación Triangular: La fuerza, es para muchos estudiosos uno de los componentes primarios en el arte de gobernar, podría decirse que es premoderna y por tanto anterior al Estado. Según el pensador Hegel antes de la fundación del Estado o luego de una crisis profunda que lo destruya, solo puede suceder un estado de anarquía y arbitrariedad de las voluntades individuales. Frente a estos estados que Hegel denomina “de naturaleza”, surge el monopolio de la fuerza, en manos de un hombre o grupo que se somete a otros para restaurar el orden establecido. (Hegel, 1956) La fuerza, es entonces el vehículo para establecer el orden social y en muchos casos para mantenerlo. Por tal motivo, los ciudadanos se someten al tutelaje del Estado y dejan que sea éste el que tenga el monopolio de la fuerza. Como contraparte a este pensamiento, Jean J. Rousseau justifica el monopolio de la fuerza en manos del Estado, en donde los ciudadanos subordinan sus intereses particulares a la voluntad general. Sin embargo, esta voluntad general no la ejerce el gobierno, sino los ciudadanos, siendo gobernantes son los representantes de esa voluntad general, es así como se formaliza la vida en la comunidad, mediante un pacto o contrato social (Touchard, 1987) Según Rincón y Parra (2002-2003) hoy por hoy, la noción de fuerza conduce inevitablemente al estudio previo del Derecho por ser éste legitimador de ella. Por otra parte, el control internacional del uso de la fuerza, solo se manifiesta cuando un Estado sobrepasa el uso de la fuerza contra su comunidad, violentando los derechos inherentes a la persona humana, que es, según convenio internacional anterior al Estado. La garantía de un reconocimiento interno de los derechos humanos en determinada situación no siempre son útiles en la práctica ni garantizan su aplicación. (Lostán, 1969) Por otra parte, la amenaza de los grupos subversivos y el surgimiento del terrorismo que gracias a alianzas poderosas y recursos ilegales, que en muchos casos, tienen alcance internacional, han obligado a los Estados y a coaliciones de Estados a replantear el uso de la fuerza contra los grupos insurgentes que alteren la estabilidad del orden político internacional de alguna Nación y su población en particular. La fuerza como mecanismo del Estado, posee una bidireccionalidad de acción, el gobierno la activa en el momento en que las circunstancias lo requieran. Cuando el Estado no la utiliza, esta se encuentra en estado potencial, se anula, debido a una respuesta de aceptación ciudadana de la sociedad. La respuesta social de los individuos hacia el gobierno anula el uso de la fuerza. En los caso de insurrección civil o ataques de grupos subversivos, el uso de la fuerza va en dirección al Estado y la dirección de la fuerza se invierte. En condiciones normales, el Estado utiliza la coerción (o la fuerza en estado potencial), la aprobación coercitiva del pueblo a sus decisiones es la respuesta en dirección opuesta hacia el Estado. La bidireccionalidad de la fuerza se rompe si hay un rechazo a esa coerción por parte de la población. 3,2.- El poder como elemento de la Relación Triangular:

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El poder es un concepto abstracto, debido a que, para muchos teóricos es una definición que se hace efectiva a través de la fuerza (la vía de hecho) o del Derecho (la autoridad de la ley). Sin embargo, el poder desde la perspectiva de su aplicación posee una dimensión más profunda y dinámica que una abstracción. Para Foucault, citado por Rincón y Parra (2002-2003) “todavía ignoramos en que consiste el poder, que es enigmático, visible e invisible, que no se sabe quien lo detenta, pero si permite reconocer a quien no lo tiene”. El poder, es la fuerza social que puede aplicarse para garantizar el cumplimiento del Derecho, cuyas normas facilitan la convivencia social. El poder además se diferencia de otras clases de fuerzas que coexisten con él en la sociedad, en función, de un elemento, que es, al mismo tiempo, una de sus condiciones fundamentales: el sujeto que lo detenta y lo aplica, dicho en otros términos, a quien queda legítimamente encomendado. (Álvarez, 1995:14) Por lo tanto, siendo el poder un elemento de naturaleza abstracta que se materializa mediante el uso de la fuerza y del Derecho, es pertinente que exista un equilibrio entre estos últimos para garantizar el correcto ejercicio del poder. 3.3.- El Derecho como elemento de la Relación Triangular: De esta relación triangular dinámica presente en el ejercicio del poder político, el Derecho es el concepto inherente al Estado Moderno. La expresión “Estado de Derecho” se utiliza a menudo para describir a un estado moderno, es decir, aquel que es “fuente principal y defensa fundamental de las normas dentro de un cierto territorio y una cierta sociedad” (Therborn,1989:11). Aún en esta definición básica de Estado, se le define como un ente encargado de impartir y administrar las leyes es decir, el Derecho. Por lo tanto, se considera que el Derecho es la organización de la fuerza o en otros términos, el Derecho es fuerza organizada y en consecuencia, si fuera negada a las normas jurídicas la posibilidad de imponerse por medio del uso de la fuerza, su carácter de jurídico solo sería aparente. Ahora bien, un Estado encargado de impartir leyes que regulen la vida y las actividades sociales, regula así mismo, el control y uso de la fuerza hacia los ciudadanos. Pero, más allá del uso de la fuerza, reservada solo para los casos de infracción de las leyes; existe la voluntad ciudadana; puesta a la orden del Estado a través de las convenciones sociales, patrones de culturas consuetudinarios impresos en la memoria cultural colectiva, que pierden o ganan vigencia en la positivación legal. Hay que recordar que el Derecho, se erige como instancia de regulación, un mecanismo de control de doble dirección; controla al Estado para no incurrir en faltas que menoscaben la calidad de vida de los ciudadanos y su seguridad, así como regula la vida de las personas en comunidad, dirime controversia y ordena ámbitos específicos de la sociedad, como la economía, el trabajo, las fronteras o los recursos naturales. Por tal razón, la norma positiva escrita y silente, es vista desde la relación triangular como una entidad dinámica y co dependiente de la fuerza y del ejercicio del poder.

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Por ende, el Derecho, puede ser concebido como un instrumento que regula la conducta o el comportamiento social de los hombres con la finalidad de permitir una convivencia que asegure sus intereses originarios. El Derecho, también tiene una estrecha correspondencia entre el Estado que elabora, imparte y regula las Leyes y los ciudadanos que conocen, aceptan y respetan la imposición de tales leyes. El Derecho asume una activa relación bidireccional entre los cuerpos gobernantes y sus gobernados. Por lo tanto, cuando existe un desequilibrio en uno de los lados de la relación triangular del Estado, la tensión sistémica entre las instituciones y la sociedad puede llegar a niveles tan altos que podrían poner en peligro la subsistencia del Estado y el orden social establecido. 4.- LOS ELEMENTOS FUERZA, PODER Y DERECHO EN LA FRONTERA COLOMBO – VENEZOLANA: Luego de conocer las generalidades de la frontera colombo – venezolana, y del estudio de los elementos fuerza, poder y Derecho como integrantes de la relación triangular es conveniente realizar algunas consideraciones sobre la presencia de dichos elementos en la frontera colombo – venezolana. En lo que respecta a la plataforma jurídica, que en este caso representaría al elemento Derecho es necesario señalar que tanto Venezuela como Colombia, han manifestado desde la perspectiva jurídica la importancia de regular la frontera y el desarrollo fronterizo, es por ello, que en las Cartas Fundamentales de ambos países se observa la necesidad de legislar sobre una política de fronteras que permita la correcta atención de estas zonas. Por ello, el Ordenamiento Jurídico Colombiano, contempla en su Carta Magna como principio fundamental de su Política Exterior la integración latinoamericana y caribeña, al mismo tiempo que deja plasmado en su articulado constitucional la filosofía del Estado Colombiano en lo que a Integración y desarrollo fronterizo se refiere. En tanto que, en el preámbulo de la Constitución Venezolana de 1999, se observa la voluntad manifiesta del constituyente de establecer los fines internacionales de la República Bolivariana de Venezuela en el marco de la cooperación internacional y la integración latinoamericana. En consecuencia, la Política Exterior de Venezuela se debe sustentar en la promoción de la solución pacifica de los conflictos y el rechazo a la guerra, conjuntamente con el impulso y consolidación de la integración latinoamericana. (Rincón, 2001:206-207) Lo antes expresado, evidencia que tanto Venezuela como Colombia han plasmado en sus Constituciones la necesidad de desplegar una Política de Fronteras para atender oportuna y eficazmente la realidad de esta zonas. Sin embargo, se observa que los basamentos jurídicos de ambos países en reiteradas ocasiones se han hecho insuficientes para controlar la vida y las vicisitudes de los habitantes de la frontera. En lo que respecta al elemento Poder, el cual debería ser ejercido por el Gobierno de cada país en el espacio fronterizo que le corresponde se observa como en el lado

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Venezolano cada día el poder del estado venezolano se ve mermado al no poder controlar los secuestros de ganaderos en la zona, el contrabando a ambos lados de la frontera, la presencia cada vez mayor de grupos gerrilleros y paramilitares, al igual que, se observa como el narcotráfico cada día aumenta su radio de acción en territorio venezolano. A lo antes descrito, hay que agregar que en los dos primeros años del gobierno chavista, se sucedieron hechos como la participación de militares venezolanos en conversaciones con la guerrilla, en la liberación de secuestrados y la escalada de críticas al plan Colombia que van desde los cuestionamientos que el propio presidente Hugo Chávez realizó a la oligarquía colombiana hasta declaraciones y actuaciones que fueron desmentidas y repetidas en una dinámica que aunque muy cautamente ha sido catalogada por muchos analistas como “ambigua”, reflejó un viraje inocultable en las relaciones con Colombia, con el proceso de paz y con la guerrilla.(Cardozo de Da Silva,2003:11) Por otra parte, el hecho de que el presidente Chávez, en reiteradas ocasiones haya manifestado su voluntad de dialogar con los grupos guerrilleros y paramilitares que hacen vida en la frontera, evidencia que el poder en esta zona no solo es ejercido por los Estados Colombiano y Venezolano, sino por estos grupos insurgentes a quienes al dialogar y negociar con ellos, el gobierno Venezolano, los faculta como elementos detentadores del poder. En opinión de Elsa Cardozo de Da Silva (2003:5) entre 1989 e inicios de 1999, los gobiernos venezolanos debieron hacer frente a la presión que sobre la frontera ejerce la creciente complejidad del desafío conjunto de la guerrilla, el narcotráfico y una nueva escala de manifestaciones de violencia y criminalidad. Tanto, el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989 – 1993) como el del Dr. Rafael Caldera (1994 – 1999) demostraron su compromiso con los principios democráticos y cooperativos de la seguridad, dicho en otros términos, con una salida que preservase la autonomía y seguridad del estado de derecho en los dos países. …”El conflicto colombiano era considerado como un problema complejo pero de solución negociable, especialmente si desde la comunidad internacional se mostraban a la guerrilla los límites y la improbabilidad de la solución militar. Además, era visto como un caso con cada vez más serias implicaciones para Venezuela. Desde 1989 el gobierno venezolano había emprendido con el de Colombia la atención integral a una amplísima y muy compleja agenda común a ser atendida institucionalmente, y se construyó rápidamente un amplio registro de temas. La preocupación más general por la inseguridad fronteriza quedó desde entonces expresamente referida a asuntos como secuestros, crímenes y extorsión, robo de vehículos, derrames petroleros, contaminación y degradación de ríos, tráfico ilegal de drogas y armas, entre los más relevantes” (Cardozo de da Silva,2003:6)

Sin embargo, a partir del año de 1999 con la llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República de Venezuela, se observó un viraje significativo en los aspectos primordiales de la orientación, la actitud y las políticas gubernamentales hacia el conflicto en Colombia. Este cambio, respondió, primeramente, a un replanteamiento de la visión del mundo y del lugar de Venezuela en él. La postura de ajuste e innovación ante el orden

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mundial de la posguerra fría es sustituida por una perspectiva no sólo de inconformidad sino de desafío a la globalización y al “orden unipolar”. …”Desde el comienzo de la gestión del presidente Chávez en febrero de 1999 ha habido expresiones y posiciones que evidencian una concepción que se distancia de orientaciones y prácticas previas, que siempre reflejaron el compromiso venezolano tanto con los principios de paz y democracia, como con los intereses venezolanos. Hay ahora un reconocimiento explícito de la guerrilla como actor beligerante, como interlocutor político.” (Cardozo, 2003:11)

Ahora bien, aunque a través del discurso formal se mantuvo el interés por continuar trabajando la agenda común, y el apoyo al proceso de paz colombiano fue reiterado una y otra vez, también, se sucedieron desde los primeros meses del gobierno de Hugo Chávez declaraciones y actuaciones que evidenciaron un gran viraje en el tratamiento del conflicto en Colombia: la propuesta de definir una posición neutral ante el conflicto reconociendo beligerancia a la guerrilla y la de contactar directamente a la guerrilla aún sin consulta o conocimiento del gobierno colombiano, se resumieron en la expresión del entonces canciller, José Vicente Rangel, según la cual “las relaciones se tienen con quien tiene el poder” (Blanco, 1999). Por otra parte, hay que señalar que a Colombia le a tocado hacerle frente a estos grupos gerrilleros porque como bien lo expresan Morales y Fernández (2001:138) la lucha que mantiene el Estado Colombiano con sus focos guerrilleros data de hace mas de cuarenta años, y se originó a consecuencia de la interpretación sociopolítica del problema de la distribución y tenencia de la tierra, según la cual, dicha tenencia es injusta y discriminatoria, ha traído inestabilidad y un gran derramamiento de sangre a lo largo del eje fronterizo colombo – venezolano. Ahora bien, en Colombia, desde que Álvaro Uribe asumió la presidencia colombiana su gobierno ha optado unilatelarmente por la formula de paz a costa de justicia por ello, ha intentado romper los vínculos del sistema político con la guerrilla, especialmente en aquellos sectores del país donde eran mas obvios como el Arauca por ejemplo. En Colombia, la toma de posesión de Álvaro Uribe vino acompañada de dos señales: interés en lograr la pacificación de Colombia y necesidad de fortalecer la capacidad militar de respuesta ante la guerrilla y los paramilitares. Llegó el nuevo Presidente con importante apoyo de la comunidad internacional, para uno y otro propósito. Una vez en el gobierno pudo constatar la dificultad de la tarea. Así como a Pastrana se le criticó hacer demasiadas concesiones sin compensación, a Uribe le ha resultado difícil manejar la violencia a la escala que parece avecinarse, teniendo como pistas no sólo los ingentes recursos materiales y no materiales inyectados a la lucha contrainsurgente por diversas vías, sino la escalada inmisericorde de violencia guerrillera y paramilitar. En lo que respecta a los grupos paramilitares, hay que acotar que en la actualidad, el gobierno colombiano adelanta conversaciones de paz con los grupos paramilitares. Este se ha caracterizado por ser un proceso extremadamente complejo y que ha sido objeto de múltiples críticas tanto por parte de actores internacionales como por diversos sectores del acontecer colombiano.

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Como se puede observar, el Estado Colombiano, esta en búsqueda de recuperar el poder que le corresponde en la zona fronteriza colombo – venezolana. Y, para la presencia del elemento fuerza en la frontera colombo – venezolana, hay que tener presente que el uso de la fuerza esta íntimamente ligado al poder. Por ello, el Estado Moderno ha sido encomendado para detentar el uso de la fuerza, que constituye una garantía para conservar el poder. Pero también el Estado debe regularlo y dosificarlo, porque la historia se encuentra plagada de regimenes que se excedieron en el empleo de la fuerza para conservar el poder. En este orden de ideas, a lo largo de la historia sobre el Estado y el ejercicio de la fuerza y la del abuso de ella, se observa que las instituciones políticas de un Estado han de reservarse para sí el monopolio de la fuerza con el fin de mantener la soberanía y el orden interno de un País. Hoy, se observar como el en el acontecer colombiano reciente, el fortalecimiento de las instituciones militares y de la policía, gracias a un hondo esfuerzo financiero del Estado aunado al Plan Colombia han puesto en opinión de Eduardo Pizarro (2004:192) ”hasta la saciedad la inutilidad de la violencia como mecanismo para acceder al poder. Día a día, el debilitamiento estratégico de las FARC y el ELN se hace más y más palpable.” “ …Estos grupos insurgentes han perdido importantes cuadros de dirección, territorios que se hallaban bajo su control desde tiempos inmemorables, corredores estratégicos y cientos de militares que se han acogido a las políticas que agencia el Estado para la reinserción individual: más de tres mil combatientes en los últimos dos años. Se trata de un debilitamiento difícilmente reversible, por cuanto estas políticas de orden y seguridad tienen un fuerte respaldo ciudadano. Los colombianos repudian sin titubeas la guerra. La hora del –guerrillero heroico-, que hace años pasó en América latina, ya comenzó también su cuenta regresiva en Colombia” “…El conflicto armado ha experimentado un punto de inflexión a partir de 1998 en detrimento de los actores armados no estatales” Pizarro, 2004:76-82)

En otro orden de ideas, y como ya es sabido la guerrilla, los narcotraficantes y hasta los paramilitares, actúan sin ningún recato a ambos lados de la frontera colombo – venezolana, lo cual ha generado residuales incidentes diplomáticos, intensificándolos puntos de tensión en las relaciones de ambos países. “Esta actuación se advierte en diversos ataques y emboscadas a puestos fronterizos venezolanos; en el terror sembrado en productores del campo venezolano, sometidos a amenazas constantes de secuestro, con el consiguiente pago de vacunas a cambio de seguridad, y en destrucción del ecosistema de algunos parques nacionales protegidos por el Estado, como la Sierra de Perijá, donde se han venido detectando sembradíos de amapola a lo largo de los años.” (Morales y Morales, 2001:138)

Todo lo antes expresado evidencia una dinámica relación entre estos tres elementos que sustentan la relación triangular, pero la su vez, también se observa como no existe un adecuado equilibrio entre estos tres elementos. Por ello, es recomendable que ambos países trabajen conjuntamente en la solución de los problemas que los atañes ya de que esta forma contribuiría a elevar no 240

solo la calidad de vida y la seguridad del habitante de la frontera, sino que les permitiría lograr un adecuado ejercicio del poder en la frontera colombo – venezolana. CONCLUSIONES Las relaciones entre la fuerza y el Derecho esta determinada por la posibilidad y las necesidades del Derecho de exigir a todos sus ciudadanos, que su conducta se ajuste al supuesto de hecho de la norma jurídica. En este sentido, se habla de coercibilidad como la posibilidad del que el Derecho cumpla con su finalidad dada la eventual aplicación de la fuerza contenida en sí. (Rincón y Parra, 2002-2003:108) La frontera terrestre que comparten Venezuela y Colombia que corresponde al Estado Zulia, se caracteriza por ser una zona altamente conflictiva y de gran tensión entre ambos países en razón de los diversos problemas que se suceden a lo largo de la misma. Aunado a ello, la actuación de los grupos guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares colombianos se han constituido para Colombia en un problema que va mas allá de sus fronteras y que afecta significativamente sus relaciones de vecindad con Venezuela, por lo que ambos países deben aunar esfuerzos en la solución conjunta de este grave problema en virtud de que los venezolanos que habitan en la zona fronteriza y en especial en el estado Zulia sufren permanentemente los embates de la actuación de estos grupos subversivos. El Derecho posee igualmente una estrecha correspondencia entre el Estado que elabora, imparte y regula las Leyes y los ciudadanos que conocen, aceptan y respetan la imposición de tales leyes. El Derecho tiene una activa relación bidireccional entre los cuerpos gobernantes y sus gobernados. Cuando existe un desequilibrio en uno de los lados de la relación triangular del Estado, la tensión sistémica entre las instituciones y la sociedad puede llegar a niveles tan altos que podrían poner en peligro la subsistencia del Estado y el orden social establecido. Finalmente, el desequilibrio triangular no solo puede presentarse entre los lados del triangulo equilátero imaginario del Estado, sino también, en el movimiento bidireccional de cada uno de los mecanismos. Si la fuerza, el poder y el Derecho se dirigen solo del Estado hacia la sociedad podría evidenciar un marcado estatismo o autoritarismo. Y, en la dirección opuesta, es decir, de la sociedad hacia el Estado, podría evidenciar una ausencia total de la acción del Estado. También hay que tener en cuenta, que el equilibrio funcional entre fuerza, poder y Derecho, no tiene que ser milimétricamente equilibrado en el quehacer cotidiano de un Estado, sin embargo, es función de las instituciones tanto del gobierno colombiano como del gobierno venezolano buscar el equilibrio para garantizar el estado de derecho que las instituciones modernas contemplan. El robo, el secuestro, el cobro de vacunas, el ataque a puestos fronterizos, la presencia del narcotráfico y de los grupos guerrilleros y como consecuencia última el abandono de la frontera por parte de los nacionales debe llamar a la reflexión a los principales actores del conflicto, quienes deben en la medida de lo posible y un lapso perentorio buscar soluciones adecuadas pero sobre todo mancomunadas que conduzcan a la solución pacifica de la controversia y por ende al equilibrio que debe existir entre los

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elementos de fuerza, poder y derecho en la realidad que se vive en la frontera colombo – venezolana. BIBLIOGRAFIA ÁLVAREZ, Mario. (1995) “Introducción al Derecho” Serie Jurídica. Editorial Mc Graw Hill. México D.F. México BLANCO, Josefina (1999) “Venezuela negociará con quien tiene el poder” Diario El Nacional. Fecha: 11 de Agosto. CARDOZO DE DA SILVA, Elsa (2003) “Venezuela ante el Conflicto Colombiano” En: www.tableroglobal.com Fecha de Consulta: 05 de marzo de 2005. FUENMAYOR, W. (S/A) “Fronteras Nacionales: Una manera sencilla de conocer la realidad fronteriza venezolana. Problemas fronterizos: Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro” Tomo V. Ediciones Splanos, C.A. HOBBES, T. (1660) “Leviathan” Capitulo XVIII de los Derechos de los soberanos de la Institución. En Filósofos del siglo XVII y XVIII. En www.oregunstate.edu/instruct/iphl302/text/being/hobbes Fecha de Consulta:20 de Enero de 2004. GARAY, Juan. (2000) “La Nueva Constitución” tercera Edición. Caracas, Venezuela. GUILLEN G y OCANDO, c. (2005) “Venezuela y Colombia al borde de la ruptura” En: www.herald.com. Fecha de Consulta: 27 de Enero de 2005. GUTIERREZ SANIN, Francisco 82004) “ILEGALIDAD Y SISTEMA POLÍTICOEN COLOMBIA: LA AGENDA DE URIBE VELEZ” REVISTA NUEVA SOCIEDAD Nº 192 Julio – Agosto de 2004. Caracas, Venezuela. LEO, Strauss.(1952) “Political Philosofy of Hobbes. Its Basic and genesis”. UP. Chicago, USA. MORALES Lucrecia. Y FERNÄNDEZ María A (2001) “VENEZUELA Y COLOMBIA: INTEGRACIÓN Y FRONTERAS” En Boletín Nº 4 Del Instituto de Filosofía del Derecho Dr. José Manuel Delgado Ocando. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. MORALES Juan, y MORALES Lucrecia (2001) “LA PROBLEMÁTICA FRONTERIZA COLOMBO – VENEZOLANA A LO LARGO DE LA REGIÓN ZULIANA. APUNTES PARA UN DIAGNOSTICO” En Boletín Nº 4 Del Instituto de Filosofía del Derecho Dr. José Manuel Delgado Ocando. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. NEIRA, ENRIQUE. (2000) “El Saber del Poder. Introducción a la Ciencia Política” 7ma Edición. Consejo de Publicaciones de la Universidad de los Andes (ULA) Mérida, Venezuela.

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CONCLUSIÓN Mucho tiempo ha transcurrido desde que la línea fronteriza era sinónimo de separación. Ellas, como los límites humanos han evolucionado al mismo ritmo de sus creadores. Hoy en día las fronteras, mas allá de los límites formales y políticos, son oportunidades, puntos de encuentro y centro de actividades humanas, económicas, sociales y culturales. La frontera es hoy un termino multívoco, que escapa a las razones iniciales de su concepción, la demarcación y el frente de guerra, han cedido terreno a idea de intercambio, interacción y simbiosis. Las tendencias actuales en las relaciones internacionales, caracterizadas por las relaciones comerciales, registran el proceso de la globalización de las economías y redefine las relaciones entre los centros de poder y la periferia. Estas transformaciones, pueden producirse desde la esfera de lo local, gracias a la privatización de las comunicaciones y a la tecnificación de lo cotidiano. En este mundo global, donde las nuevas tecnologías entrañan el poder del conocimiento, han provocado lo que Clifforrd Geertz definió como una alteración de los principios del mapa de la cultura, donde las fronteras físicas pierden valor, dando paso a otras fronteras, esas que separan el acceso a la comunicación y al conocimiento. En América Latina, la globalización es percibida desde dos escenarios: la apertura de lo nacional, exigida por el modelo económico hegemónico y la integración regional, en la búsqueda de los países de la región por insertarse en el competitivo mercado global. Así, no solo la economía se globaliza, sino también la cultura, sin que existan parámetros claros, pues las sociedades globalizadas inmersas en las nuevas tecnologías del conocimiento, rebasan la esfera de lo nacional y crean su propia segmentación social, una frontera cultural entre las audiencias desinformadas y las que tienen el acceso directo a la información. Sin embargo, las fronteras físicas lejos de desaparecer, encuentran su propio espacio de subsistencia, un camino que no siempre es el indicado. En Latinoamérica, las fronteras han heredado la diversidad y complejidad del continente. El proceso histórico y cultural de las poblaciones de la América, evoca un sentido unitario, sustentado en valores comunes, derivado de la evolución de los pueblos amerindios, la colonización europea, la fusión racial y los flujos migratorios, entre otros factores, hicieron de este, un continente donde las coincidencias superan las divergencias. Una muestra de ello, es la actividad informal fronteriza que se observa en algunas zonas limítrofes. Esta actividad abarca múltiples dimensiones, desde el intercambio comercial, migración, interacción social, conflictos limítrofes, actividades ilícitas y lucha armada. Sin embargo, pareciera no existir uniformidad de criterios de los gobiernos nacionales sobre políticas fronterizas. Los centros de poder y las grandes urbes, observan las fronteras como sitios olvidados y distantes, lejanos a su realidad. En consecuencia, las fronteras han crecido de manera desordenada, al ritmo del impulso de las actividades humanas. Son vistos como lugares inhóspitos, con límites dudosos, propicios para la actividad ilegal, lejana de la mano del Estado. La tarea de los Estados

latinoamericanos y de los distintos bloques regionales debe ser, contribuir a la creación y la puesta en vigencia de mecanismos institucionales para dar normativas jurídicas más flexibles y de mayor fluidez comercial e interconexiones bilaterales y multilaterales con los países, a través de los distintos bloques subregionales. La comunidad andina, MERCOSUR, el Tratado de Libre Comercio, el CARICOM, deben dar respuesta a estas necesidades. Los lineamentos jurídicos bilaterales y multilaterales en materia fronteriza de los Estados, así como de la creación de nuevos mecanismos legales derivados de los organismos multilaterales; deben responder, tanto a las demandas del mercado regional globalizado, como a las particularidades de los territorios limítrofes. Es necesario que los lineamentos gubernamentales de estos países, adecuen sus políticas internacionales a las necesidades del entorno fronterizo, especialmente de zonas de intensa actividad humana, donde la actividad comercial o el flujo migratorio, le otorgan carácter distintivo a la región. Así, fronteras con una historia comercial profunda, como la de la frontera brasileña-Uruguaya, o una zona de integración fronteriza como la del Táchira-Norte de Santander entre Colombia y Venezuela; pueden requerir mecanismo de acción bilateral más flexibles, aunados a una legislación adecuada. Queda de la voluntad de las elites gobernantes dinamizar el intercambio económico fronterizo, e igualmente, la creación de mecanismos eficaces para manejar los mercados fronterizos de trabajo y favorecer a las colectividades locales. Para ellos es indispensable, profundizar los procesos nacionales de descentralización y administración económica de los recursos de esta zona. Todo ello debe ser realizado de la mano de los procesos educativos que promuevan la investigación del proceso humano del área fronteriza a los pobladores de la zona, sobre el adecuado uso de los recursos naturales, para su conservación y para el impulso del desarrollo sostenible. El conocimiento sobre el área fronteriza debe abordarse de manera conjunta a través de distintas áreas del conocimiento humano. Los estudios de fronteras en latinoamericanas, deben trascender el campo de la economía y la política, para abarcar la dimensión de la cultura. Por tal motivo, las fronteras deben ser objetos de estudio de las ciencias humanas, en el campo de las relaciones internacionales, de la geografía, de la sociología, la antropología y la ecología entre otros. El desarrollo de los estudios acerca de la vida en las fronteras y de las posibles soluciones a los problemas generados en ella, así como de la divulgación de los modos de vida fronterizos, deben encontrar aportes significativos en la academia, para su comprensión. Para finalizar, se hace indispensable redimensionar el concepto de fronteras dentro de los límites de los Estados. Más allá de las barreras geográficas, de la la expresión territorial la soberanía nacional o un lugar de paso para las rutas comerciales de las subregiones del continente; las fronteras son asentamientos humanos donde se generan actividades y formas de obrar pensar y sentir de las poblaciones de dos o más Estados, con un continuo flujo económico social y cultural que distingue a estos lugares del resto del territorio de una nación. Las políticas gubernamentales deben tomar en cuenta estas singularidades, para tomar decisiones y acciones efectivas para el desarrollo y el control fronterizo, bajo las directrices de que las fronteras no son el extremo de un país, sino su inicio. Mgs. Hudilu Rodríguez Sangroni