LAS ORGANIZACIONES LOCALES EN CONTEXTOS DE DESARROLLO: EL CASO DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DEL TRAMO CONSTRUIDO DE LA CARRETERA LAS ÁNIMAS-NUQUÍ (CHOCÓ

LAS ORGANIZACIONES LOCALES EN CONTEXTOS DE DESARROLLO: EL CASO DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DEL TRAMO CONSTRUIDO DE LA CARRETERA LAS ÁNIMAS-NUQUÍ (CHOCÓ)1

Liliana Gracia Hincapié Antropóloga Grupo de Estudios Afrocolombianos Universidad Nacional de Colombia [email protected]

Resumen En este artículo presento el funcionamiento y la dinámica de las organizaciones étnico-territoriales, como son los Consejos Comunitarios de comunidades negras, en contextos de modernización y desarrollo, como es la carretera Las Ánimas – Nuquí, en el departamento del Chocó. Esta vía ha impuesto una nueva dinámica generando impactos en la vida local como dependencia económica de las comunidades a la carretera, amenaza a la seguridad alimentaria, entrada de grupos armados, aumento de los cultivos ilícitos, llegada de la prostitución, e intensificación de la extracción minera y maderera, entre otros. También ha afectado el funcionamiento de las organizaciones locales de las comunidades negras que habitan los territorios del trazado vial, pues ahora deben enfrentar esas nuevas realidades en las que están en conflicto sus territorios colectivos reconocidos por la Ley 70 de 1993. En este artículo discuto y reflexiono acerca de la difícil situación de los Consejos Comunitarios en la carretera, sus debilidades, fortalezas, amenazas y estrategias organizativas, así como 1

Este artículo es resultado de mi trabajo de grado titulado “Consejos Comunitarios: actores, funciones y acciones. Una estrategia organizativa entre las comunidades negras del tramo construido de la carretera Las Ánimas-Nuquí (Chocó)”, dirigido por Jaime Arocha, y una versión revisada de la ponencia del mismo nombre en el simposio “Historia, población y territorio en la región del Pacífico colombiano”, presentada en el 13 Congreso de Antropología en Colombia, en octubre 2 de 2009. Forma parte de actividades de investigación del Grupo de Estudios Afrocolombianos -GEA- del Centro de Estudios Sociales -CES-, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá y del grupo “Relaciones interétnicas y minorías culturales” de la UNIJUS, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad.

las prácticas de apropiación, reelaboración y/o resistencia como respuesta al proyecto de desarrollo. Palabras clave: Consejos Comunitarios, acción colectiva, comunidades negras, carretera Las Ánimas – Nuquí, proyectos de desarrollo.

THE LOCAL ORGANIZATIONS IN CONTEXTS OF DEVELOPMENT: THE CASE OF THE COMMUNITY COUNCILS OF LAS ÁNIMAS-NUQUÍ STRETCH BUILT ROAD (CHOCÓ)

Abstract In this article I present the functioning and dynamics of the ethnic-territorial organizations, such as the Communal Councils of the black communities, in context of modernization and development, exemplified by the Las Ánimas - Nuquí highway in the Choco province. This road has imposed a new dynamic, creating an impact in local life as in economical dependence of the communities towards the road, threat to food security, entrance of armed groups, rise in illegal crops, entrance of prostitution and intensification of wood extraction and mining, among others. It has also affected the functioning of the local organizations of the black communities that live in the territories alongside the traffic route, since they must face all these conflicts where their collective territories, as recognized by the law 70 from 1993, stand in the middle. In this article I argue and reflect on the difficult situation of the Communal Councils of the highway, their weaknesses, strengths, threats and organizational strategies, such as appropriation, restructuring and/or resistance by towards the development project. Key words: Community Councils, collective action, black communities, Las Ánimas – Nuquí Road, development projects.

INTRODUCCIÓN Desarrollo resulta ser un término muy común hoy en día: el desarrollo de las naciones, organizaciones para el desarrollo de los pueblos, países en desarrollo, países subdesarrollados, son algunos de los usos en los que frecuentemente lo vemos. Aquí me voy a referir a este término desde una específica mirada –de la llamada antropología del desarrollo-, lo tomo como un concepto que aparece explícitamente después de la Segunda Guerra Mundial y lo entiendo como el proceso dirigido a preparar el terreno para reproducir en la mayor parte de África, Asia y América Latina las condiciones que se suponían caracterizaban las naciones económicamente más avanzadas del mundo: industrialización, alta taza de urbanización y educación, tecnificación de la agricultura y adopción generalizada de valores y principios de la modernidad, incluyendo formas concretas de orden, de racionalidad y de actitud individual (Escobar, 2005). Así mismo, como bien lo plantea Escobar (2006, 2): […] el desarrollo lleva simultáneamente el reconocimiento y la negación de la diferencia; pues mientras que a los habitantes del Tercer Mundo se les considera diferentes, el desarrollo es precisamente el mecanismo a través del cual esta diferencia deberá ser eliminada. El hecho de que esta dinámica de

reconocimiento

y

desaprobación

de

la

diferencia

se

repita

inacabablemente en cada nuevo plan o en cada nueva estrategia de desarrollo, no sólo es un reflejo del fracaso del desarrollo en cumplir sus promesas, sino un rasgo esencial de todo el concepto de desarrollo en sí mismo.

El discurso del desarrollo surge como un discurso liberal anclado en la noción de modernidad, discurso etnocentrista, ligado con la economía de mercados capitalista, que privilegia a la ciencia y al conocimiento experto, interviene en las representaciones de la naturaleza, ignora la diversidad cultural y niega la diferencia. Un sistema donde las relaciones local-global, sociedad-naturaleza, se establecen en términos de centro-periferia,

Estado vs. movimientos sociales y donde el centro y el Estado se alimentan de los imaginarios de progreso, civilidad y acumulación de capital. Se establece así una particular geopolítica en la que los países del Norte, Primer Mundo o desarrollados, portadores de la modernidad, se imponen sobre los países del Sur, Tercer Mundo o subdesarrollados. Con el interés de llevar el “progreso” usan el discurso del desarrollo, que se legitima por la posición dominante de los países que lo enuncian. Así, el desarrollo como idea y práctica es apropiado por los países del Sur, implementándose proyectos de desarrollo que ignoran las prácticas y conocimientos particulares de los pueblos que habitan estas zonas. En suma, se ha impuesto su lógica discursiva modelando la realidad social (Escobar, 1996, 1999). Así, en América Latina, donde las naciones se han declarado pluriétnicas y multiculturales, y en el caso de Bolivia, plurinacional, el desarrollo como proyecto económico, político y social a ser implantado, se ha enfrentado con la diversidad étnica y cultural de esas naciones. Intentando no solo eliminar las diferencias Norte-Sur si no las propias diferencias Sur-Sur, los proyectos de desarrollo implementados en países como Colombia, con el discurso del progreso y la modernidad, han profundizado los estereotipos sobre indígenas, negros, gitanos y campesinos. Ya que de la misma forma que reafirma esa diferencia intenta eliminarla cuando desvaloriza las prácticas tradicionales y la diversidad cultural de esos pueblos tratando de “asimilarlos” a la vida nacional, como vía de desarrollo de las naciones. Pues los países dichos desarrollados, civilizados, “tienen” cultura y los países subdesarrollados, salvajes, “son culturas” (Santos, 2010), y es a través de los planes y proyectos de desarrollo, que esos países pueden caminar hacia el dicho progreso económico y social. Desde esta perspectiva y teniendo el desarrollo de un lado y la multiculturalidad de otro, específicamente en Colombia, es importante reflexionar cómo desde la antropología se piensa el problema del desarrollo que parece haber sido abordado hasta hace algunas

décadas solo desde la economía; cómo el discurso del desarrollo influencia los debates, perspectivas y políticas para grupos étnicos; cuáles son los efectos de los proyectos de desarrollo sobre las organizaciones locales de carácter étnico y sobre sus territorios; cuál es la respuesta de esas organizaciones a los proyectos de desarrollo implantados en sus territorios; cuál es la visión de desarrollo de las comunidades étnicas; entre otras cuestiones. En esta medida, es importante explorar y analizar los impactos de los proyectos de desarrollo sobre los territorios de comunidades étnicas y sobre todo los impactos sobre sus organizaciones y acción colectiva, pues esos proyectos traen profundas modificaciones a su lógica organizativa y su devenir como comunidad. De la misma forma, es interesante poner en discusión cómo las comunidades étnicas y sus organizaciones locales responden al desarrollo desde sus propias lógicas culturales, sociales, simbólicas y económicas. Y, cómo el discurso de desarrollo, que trae implícita una visión de progreso, es percibido, apropiado, reelaborado y/o resistido por las comunidades. Estas discusiones y reflexiones son importantes a nivel del estudio de la antropología política ya que contribuyen al debate sobre el papel actual de las comunidades étnicas en contextos de modernización y desarrollo, también sobre el papel de los Estados frente a los nuevos desafíos que implica la multiculturalidad, en el sentido de construcción de país diverso, de experiencia de la diferencia, de encuentro con los Otros y de dialogo intercultural. Esto implica la creación y ampliación de políticas públicas para las diversidades que vinculen sus lógicas, visiones de mundo y sus perspectivas sobre este tipo de problemáticas. Así mismo, para las comunidades es un aporte en la medida que este tipo de estudios puede contribuir de alguna manera en sus procesos organizativos y de

reivindicación de derechos y en sus relaciones con el Estado, así como en su dinámica de articulación y organización frente a la llegada de proyectos de desarrollo en sus territorios. El objetivo de este artículo es, entonces, discutir, analizar y reflexionar sobre la relación desarrollo-diversidad, pasando por los movimientos sociales, la acción colectiva y el etnodesarrollo, a través de un estudio de caso. Este trata sobre el funcionamiento, las dinámicas, los cambios y las estrategias de las organizaciones locales de comunidades negras, como son los Consejos Comunitarios, en contextos de modernización y desarrollo, como es la construcción de la carretera Las Ánimas-Nuquí en el departamento del Chocó. A continuación expongo las opciones metodologías con que desarrollé mi trabajo de investigación. Seguido presento las comunidades negras, la región pacífica y el departamento del Chocó desde algunas perspectivas conceptuales que ayudan a reflexionar sobre el problema en cuestión como son el desarrollo, el etnodesarrollo como propuesta de las comunidades ante esa realidad y la acción colectiva de las organizaciones negras. En tercer lugar, hago un recorrido por el proceso organizativo de las comunidades negras en los años 80 y su papel en la Asamblea Nacional Constituyente, que desembocó en su reconocimiento como sujetos étnicos de derechos en la Constitución Política de 1991 y los posteriores desarrollos legislativos como la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995. Estos determinaron, entre otros, el reconocimiento de sus prácticas culturales materializados en la propiedad colectiva de sus territorios y la creación de los Consejos Comunitarios como organizaciones locales propias. Expongo en cuarto lugar el estudio de caso, contextualizando la carretera Las Ánimas-Nuquí y los Consejos Comunitarios que se encuentran allí, así como los impactos de la vía y la situación de las comunidades frente a esta. Seguido problematizo la aplicación de la legislación para comunidades negras, basada en el caso concreto de la carretera, el

funcionamiento, dinámicas, estrategias, debilidades, fortalezas y amenazas que enfrentan estos Consejos Comunitarios, como organizaciones étnico-territoriales, en contextos de modernización y desarrollo. Finalmente termino con algunas consideraciones finales sobre los desafíos que presenta la realidad abordada y sobre nuevas cuestiones que surgen del acercamiento investigativo.

OPCIONES METODOLÓGICAS Este artículo se basa en mi trabajo de campo que realicé entre mayo y agosto de 2009, en 10 comunidades negras del departamento de Chocó, en un tramo de la carretera Las Ánimas-Nuquí, a saber: Las Ánimas, Guapandó, Managrú, Puerto Pervel, Tuadó, Puerto Juan, Paimadó, Villaconto, La Victoria y Antadó, con la aspiración de conocer el funcionamiento de las organizaciones locales y los efectos de la carretera en las mismas. Traté de llevar a cabo una etnografía situada, consistente en “experimentar e interpretar las experiencias personales y colectivas cotidianas en el marco de procesos estructurales de cambio económico y social” (Meza, 2009), con énfasis en procesos político-organizativos para identificar, describir y reflexionar acerca del funcionamiento, dinámica, cambios y estrategias que esas comunidades negras, organizadas en Consejos Comunitarios, han puesto en marcha dentro del contexto particular de la carretera como proyecto de desarrollo. Me valí de entrevistas, observación directa, diario de campo, revisión de documentos de los Consejos Comunitarios, grabaciones de audio y fotografías. Trabajé desde una perspectiva crítica, pues no me fijé en los actores sociales como seres exóticos o lejanos, sino como coparticipes en la construcción de la nación y la democracia del país. Ya que, “la construcción de conocimiento antropológico se realiza en condiciones donde el Otro es parte constitutiva y problemática del sí mismo, y ello implica un esfuerzo peculiar de

conceptualización y modifica la relación del antropólogo con su propio quehacer” (Jimeno, 2005, 45).

LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL PACÍFICO COLOMBIANO: ETNODESARROLLO Y MOVIMIENTOS SOCIALES Comunidades Negras: las comunidades negras del Pacífico colombiano se caracterizan por una historia común de ascendencia africana, esclavitud y ocupación ancestral del territorio desde el siglo XVII. Estas comunidades desarrollan patrones de asentamiento en el margen de los ríos, construyen significados relativos al uso colectivo de la tierra y a las formas tradicionales de producción. Estas formas incluyen: agricultura, caza, pesca, minería, extracción de maderas y otros recursos del bosque, recolección y cría de cerdos, de acuerdo con el medio en el que viven, constituyendo lo que Arocha (1999) denominó adaptaciones polifónicas. Según Arocha (1996, 1998) esas comunidades han construido formas pacíficas y dialogales de resolución de conflictos, formas colectivas de trabajo - minga y mano cambiada -, estableciendo un convivencia interétnica con comunidades indígenas. Reconocen la autoridad familiar en los ancianos y desarrollan extensas redes familiares y de compadrazgo, rituales fúnebres particulares y medicina tradicional basada en un conocimiento profundo de su entorno. Son poseedoras de unos complejos universos simbólicos y sistemas de representación que alimentan la organización política. El Pacífico y el Chocó: El litoral Pacífico se extiende desde la frontera con Panamá hasta Ecuador en la costa y entre 80 y 160 km hacia el piedemonte de la cordillera occidental. Contiene los topes mundiales más altos de biodiversidad2, esta región se 2

Es decir que tiene una de las más abundantes concentraciones de especies por área.

caracteriza por altos niveles de precipitación y humedad. Está cubierto por bosque húmedo tropical y por una extensa red de centenares de ríos y quebradas y constituye el 6.2% del territorio colombiano (Oslender 2001, 125). Por algunas de estas características ha sido llamado el Mar del siglo XXI (Escobar y Pedrosa (eds.), 1996) por su importancia geoestratégica a nivel internacional. Políticamente está dividido en cuatro departamentos, de norte a sur: Chocó, Valle, Cauca y Nariño. El Chocó está enteramente en la llanura del Pacífico3, mientras los otros tres departamentos tienen buena parte de su territorio y sus capitales en las montañas y valles interandinos. Por otro lado y según Oslender (2000, 207): La situación socio-política en el Pacífico colombiano está actualmente caracterizada por tres actores principales: el estado (y sus varias intervenciones en forma de proyectos de desarrollo y conservación de la biodiversidad), un flujo creciente del capital externo (especialmente en el sector de extracción de oro y madera) y las actividades de movimientos sociales de las comunidades negras e indígenas.

Es una región marginada de los beneficios del “bienestar”, situación que se traduce en que el nivel de calidad de vida –expresado en términos de pobreza, inequidad, violencia, discriminación, debilidad de su capital humano y fragmentación del tejido social- sea uno de los más críticos que presenta la población colombiana (Castro, 2004, 377). En el departamento de Chocó la población negra asciende al 82.10%; la indígena alcanza el 12.70% y la población mestiza el 5.20% (Salazar, 2009, 44). Es el escenario de una tradición de economías extractivas con diferentes auges y caídas –oro, madera, tagua, caucho, manglar-, que lo ha conectado, a lo largo de toda su historia, con un comercio internacional. También ha provocado la entrada de foráneos y agentes del capital, que lo ven 3

“Lo de la llanura tiene que ver con la partición que crea el Cabo Corrientes, y leyendo a West, uno pensaría que está más bien al sur, poblada de manglares y que las costas del Chocó son más bien quebradas, con acantilados y bahías profundas” (Comentario de Jaime Arocha, septiembre 2009).

como la gran despensa natural a explotar (Leal y Restrepo, 2003). Actualmente se han reactivado, y con mucha fuerza, la minería aurífera y la extracción maderera y florece la nueva economía de la coca (Villa, 2004). Así, en Chocó el proyecto moderno ha coexistido y ha sido resistido desde siempre, no llegó sólo con la carretera Las Ánimas-Nuquí. Desde la esclavitud hasta las economías extractivas de hoy, pasando por los auges y caídas de oro, platino, caucho y maderas finas desde el siglo XVI hasta el presente, el Pacífico colombiano ha sido afectado por procesos y fuerzas propias de la modernidad capitalista (Grueso, Rosero y Escobar, 1997). Las comunidades negras han estado vinculadas al proyecto moderno desde que fueron esclavizadas y mantenerlas en esas categorías racistas ayuda a sustentar su posición periférica. De esta manera la carretera, con su impronta desarrollista, garantiza que sigan ocupando esa posición y continúe siendo válido el proyecto moderno en este lugar (Gracia, 2009). Las economías extractivas forman parte de la estrategia de entrada del capital en la región cambiando los paisajes bioculturales, así como el discurso de la biodiversidad tiene efecto sobre la resignificación de los bosques tropicales (como valiosa reserva a nivel genético), sus gentes (como “guardianes de la naturaleza”) y sobre sus conocimientos (como conocimientos tradicionales de conservar la naturaleza) (Escobar, 1999). Así también el desarrollo vial y portuario es considerado como polo del desarrollo en este lugar (Pedrosa, 1996). Por otro lado, para las organizaciones étnico-territoriales, el desarrollo debe estar guiado por principios derivados de los derechos y las apropiaciones de las comunidades locales y debe propender por la afirmación de las culturas y la protección de los ambientes naturales. Esto incluye nociones de compensación, equidad, autonomía, autodeterminación,

afirmación de la identidad y sostenibilidad. Sugieren que cualquier estrategia de desarrollo debe fortalecer la identidad étnica y la capacidad de toma de decisiones. El desarrollo debe ir más allá de la creación de infraestructura y el mejoramiento de las condiciones materiales, para fortalecer las culturas y los lenguajes locales y favorecer las economías y la gobernabilidad de las comunidades (Escobar, 1999). Entiendo esta propuesta como etnodesarrollo. Así, el etnodesarrollo “puede entenderse como la capacidad autónoma de una sociedad culturalmente diferenciada para guiar su propio desarrollo” (Bonfil, 1982, 142). Bonfil también propone dos conceptos importantes para entender el etnodesarrollo, estos son cultura propia y control cultural. Con el primero se refiere a la integración de prácticas culturales autónomas y apropiadas, en donde se genere un dialogo entre elementos propios y ajenos, y la capacidad de decisión y control sobre ellos. El segundo es la capacidad del grupo social de decidir sobre los recursos culturales -los propios, los ajenos y los apropiados, de forma que el etnodesarrollo implica fortalecer y ampliar la capacidad autónoma de decisión (1982, 145). El etnodesarrollo se evidencia en prácticas de apropiación, reelaboración y/o resistencia de las comunidades frente a los discursos hegemónicos y los proyectos de desarrollo. Esas prácticas por su parte son canalizadas en los movimientos sociales, que según Pardo y Álvarez (2001, 232) “son ante todo movilizaciones de reclamaciones o de desafío al estado para lograr reivindicaciones para sus protagonistas”. Es importante una perspectiva de los movimientos sociales como espacios de producción de conocimiento y de lucha por la defensa y transformación de lugar (Escobar, 2009). Así mismo, “el desarrollo de la acción colectiva depende tanto de las formas de organización, de los planteamientos ideológicos como de los contextos políticos” (Pardo y

Álvarez, 2001, 232). Un aspecto relevante de examinar, en este sentido, son las relaciones entre movimientos sociales y Estado, pues estas organizaciones étnicas representan los intereses de las comunidades para negociar con el Estado, contribuyen a la trasformación de visiones sobre la conservación ecológica, a la discusión sobre su carácter étnico y a la necesidad de representación y de políticas claras por parte del Estado para sus comunidades. Como lo presenta Oslender (2000, 206), en el Pacífico colombiano la mediación entre Estado y movimientos sociales […] se ha desarrollado en forma de negociaciones intensas entre las comunidades negras y los diversos organismos del estado colombiano. Estas negociaciones se desarrollan alrededor de los derechos etnoculturales a estilos de vida diferentes de la norma dominante andina, y sobre derechos materiales a las tierras que las comunidades negras han ocupado desde hace varios siglos.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que existen implicaciones del lugar que determinan el accionar de los movimientos sociales. Como lo expone Oslender (2000, 203), las comunidades y sus organizaciones están determinadas por el espacio y el lugar en el que viven y se desarrollan, y en esta interacción también son productoras, a su vez, de espacios y de identidades que son dialogales con el lugar específico en el que se producen. En esa medida, es interesante pensar cómo los procesos organizativos y de acción colectiva de comunidades negras que se desarrollaron en los ríos del Pacífico colombiano, son diferentes a los que se desarrollaron en el contexto de la carretera Las Ánimas-Nuquí. Ya que esta es una enorme trasformadora del lugar y plantea unas lógicas espaciales específicas que se ven reflejadas en las organizaciones locales. Así, los procesos y dinámicas organizativas de las comunidades negras asentadas en los ríos del Pacífico colombiano se han caracterizado por lo que el Proceso de Comunidades Negras –PCN- ha llamado la lógica de río. Con esto se refiere al río como eje importante que

determina la ubicación en el espacio y que produce referentes simbólicos e identitarios, que juegan un papel importante en los contextos de organización política (Oslender, 2001). Así mismo, las dinámicas y procesos organizativos de las comunidades negras de la carretera se han desarrollado como organización política cambiando la lógica del río por la lógica de la carretera. Pues estos Consejos se formaron y desarrollaron con la condición de la existencia de la misma, hecho que incide en sus procesos político-organizativos y en el carácter de sus reivindicaciones étnico-territoriales. De este modo, la carretera se ha convertido en el espacio dentro del cual las comunidades construyen sus representaciones del territorio y se apropian del lugar. El río, en este caso, ya no representa el espacio por excelencia en el que se producen los procesos de identificación de las comunidades, este espacio ha pasado a ser la carretera. Esa dinámica ha influenciado también sus formas de vida y de relacionarse con el territorio, así como la forma de cultivar, la distribución espacial de las viviendas y las actividades productivas, que se han moldeado a las dinámicas de la carretera (Gracia, 2009). Esta vía representa los imaginarios de progreso, no solo para las comunidades que habitan a sus orillas, sino para el departamento y la región. Están presentes las ideas de que sacará del atraso y de la pobreza a las comunidades, se mejorará la salud, la educación, habrá empleo, comercio y mejores oportunidades para los pobladores, en síntesis, mejores condiciones de vida. Sin embargo, en el tramo de la carretera que lleva construido casi 40 años, ninguna de estas cosas ha llegado, por el contrario ha llegado violencia, pobreza y abandono.

LAS COMUNIDADES NEGRAS Y LA CONSTITUCIÓN DEL 91 La Constitución Política de 1991 reconoce a las comunidades negras como grupo étnico y sujetos de derechos mediante el Artículo Transitorio 554, que además ordena la creación de una ley especial para estas comunidades, que es la Ley 70 de 1993. Esta ley define a las comunidades negras como “el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos étnicos” (Colombia, 1993). De la misma forma, reconoce y legitima una ocupación territorial ancestral de tipo colectivo, unas prácticas tradicionales de producción que han permitido el manejo sostenible del medio ambiente y una organización local autónoma. Determina principalmente: i) la creación de Consejos Comunitarios para obtener la titulación colectiva de las Tierras de Comunidades Negras; ii) la participación de los representantes de las comunidades en el diseño, ejecución y coordinación de los planes, programas y proyectos de desarrollo, con el fin de que estos respondan a sus necesidades y aspiraciones; iii) el desarrollo autónomo de sus propios planes de vida, iv) la implementación de programas de etnoeducación que tengan en cuenta las particularidades culturales y sociales de las comunidades, y v) la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos para que se conozca y difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las comunidades negras y sus aportes a la construcción nacional (ídem.).

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Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia: Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley (Colombia, 1995).

Proceso Organizativo: El proceso organizativo de las comunidades negras para el reconocimiento de sus derechos culturales, políticos y territoriales tuvo un largo recorrido histórico, antes de que se viera materializado en la reforma constitucional de 1991 mediante el Artículo Transitorio 55, y los subsiguientes desarrollos legislativos y ejecutivos como la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995, entre otros. Para ello, fueron fundamentales las entonces llamadas organizaciones campesinas de base como la Asociación Campesina Integral del rio Atrato –ACIA-, Asociación Campesina del rio Baudó y sus afluentes -ACABA-, y la Asociación Campesina del rio San Juan –ACADESAN-; el trabajo de académicos, activistas, movimientos culturales como Soweto (círculo de estudios de la problemática de las comunidades negras en Colombia), del que derivó más tarde el movimiento Cimarrón (Wade, 1993); las recomendaciones de la Comisión de Estudios sobre la Violencia; y las negociaciones de paz con el M-19, que entre otros actores, contribuyeron a que la etnicidad de las comunidades negras fuera reconocida oficialmente (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987; Arocha, 1998). Así, el Artículo Transitorio 55 de la Constitución de 1991 se convirtió en un vehículo idóneo para que las, en ese momento denominadas organizaciones comunitarias campesinas, tramitaran sus reivindicaciones ante el Estado. En los ríos del Pacífico esas organizaciones actuaban desde los primeros decenios del siglo XX, en respuesta a la desterritorialización ocasionada por las multinacionales de la minería del oro y del platino, mientras que en la llanura Caribe enfrentaban una expansión ganadera sobre playones y esteros de uso colectivo que desemboca en el movimiento social del decenio de 1960 (Fals Borda, 1984). Desde los años de 1980, cuando la administración del presidente Belisario Betancur propuso la apertura del país hacia la que entonces se llamó “cortina de bambú”, con base en la oferta de abundantes recursos hídricos, minerales, marítimos, vegetales y portuarios del

Pacífico colombiano, buena parte de esas organizaciones crearon nuevos nexos alrededor de ideas como las que proponía el Movimiento Nacional Cimarrón, y de esa manera fueron fortaleciendo acciones conjuntas que desembocaron en hechos tan significativos como el llamado “telegrama negro”5 y la toma pacífica a la Embajada de Haití, sin los cuales la inclusión del Artículo 55 transitorio no habría sido posible. De esos nexos, los que tuvieron lugar con los palenqueros de San Basilio afinaron la conciencia cimarrona, de modo tal que para diciembre de 1992, la Comisión Especial de Comunidades Negras6 proponía la noción de “palenque” como eje de las organizaciones que representaran a las comunidades negras ante el Estado. De ahí se desprendió el Palenque Regional de Nariño, el cual fue fundamental para que los futuros Consejos Comunitarios mantuvieran su conciencia disidente y cimarrona (Arocha, 2004). Ellos pulularon desde la expedición del Decreto reglamentario 1745 de 1995. Hoy existen cerca de 168 de esas entidades, a las cuales, hasta mediados del decenio de 2010 el Estado les ha entregado títulos colectivos sobre aproximadamente cinco millones de hectáreas (Rivas, 2001, 150). El que ese proceso haya tenido lugar sin disparar una bala y apelando siempre a la ley, no sólo constituye un aporte significativo de las comunidades negras de Colombia, sino una reforma agraria sin precedentes en América Latina (Almario, 2004). Pese a que durante los 18 años que han pasado desde la expedición de la Ley 70, la titulación de territorios colectivos para las comunidades negras ha avanzado, el Pacífico se ha incorporado a la cartografía de la guerra, de los megaproyectos y del narcotráfico que, entre otros fenómenos, han causado crisis inéditas en esa región, como el destierro, el

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Propuesta que consistió en enviar telegramas al Congreso de la República pidiendo la inclusión del tema negro en la Asamblea Nacional Constituyente para que entrara a ser parte de la nueva Constitución Política. Se enviaron miles de telegramas, lo que fue una forma de presión y una estrategia del movimiento negro del momento. 6 La Comisión Especial de Comunidades Negras fue creada por el artículo transitorio 55 para hacer el trabajo de investigación y redacción de la Ley 70. Esta Comisión fue integrada por líderes de las comunidades negras del país, por antropólogos, funcionarios del Estado.

confinamiento, el asesinato de líderes y la estigmatización de las organizaciones étnicas (Rodríguez, Alfonso, Cavelier, 2009). Por su parte, la apertura económica y la modernización contradicen los derechos territoriales étnicos. El conflicto armado y los proyectos de desarrollo económico disuaden los Consejos Comunitarios, expulsan a los habitantes de sus territorios, aumentan la minería tecnificada y facilitan la concentración de la tierra en manos de los grandes capitalistas (Arocha, 1998).

Consejos Comunitarios: Los Consejos Comunitarios7, entidades étnico-territoriales8, máxima autoridad en Tierras de Comunidades Negras (Colombia, 1995), son requisito indispensable para la titulación colectiva de los territorios a las comunidades negras ribereñas del Pacífico y son regulados por el Decreto 1745 de 1995. Los Consejos Comunitarios han sido creados y regulados bajo la misma lógica de otras entidades administrativas estatales sin pensar en las lógicas culturales particulares de las comunidades negras, así, se han convertido en entes con los cuales el Estado puede establecer una comunicación para administrar las comunidades. De un lado los Consejos Comunitarios son entendidos por el Estado como una institución para controlar y dialogar con las comunidades locales, y por otro, son entendidos por las comunidades como un 7

Unidad de gobierno, instancia de planeación de un territorio, de una comunidad o de un conjunto de comunidades (Villa, 1996). 8 De acuerdo con Castro (2004: 376), una entidad étnico-territorial es “aquella conformada por varias comunidades en tierras de comunidades negras, que tiene un área de influencia determinada y/o delimitada en zona rural, en la cual sus miembros organizados ejercen la defensa y reafirmación del territorio y de los recursos naturales, y en donde desarrollan sus prácticas tradicionales de producción, tituladas o susceptibles a ser tituladas colectivamente. Es un espacio social y culturalmente construido, multifuncional, cuya definición implica una comunidad y no un individuo o grupos de individuos que se dedican a una u otra actividad. Es una organización cuya legitimidad puede ser múltiple (ancestralidad, mitos de origen, economía, política, etc.). En ese contexto, los asociados renacen con sus territorios y, por lo tanto, no son simples campesinos sino reconocidos como pueblos con un territorio propio, en donde constituyen y recrean su propia cultura y sus planes de vida de acuerdo con las enseñanzas de su experiencia histórica, a sus potencialidades territoriales y a sus propios valores”.

espacio para la reivindicación de sus luchas y derechos como grupos étnicos (Oslender, 2008). Estos Consejos en la práctica enfrentan numerosas dificultades como por ejemplo: se presentan tensiones con las administraciones municipales, con otras entidades estatales, con los grupos armados, con mineros y madereros, con la misma comunidad por las regulaciones del uso de la tierra, además de los intereses influidos por el Estado y/o por el capital. Los intereses extractivos –oro, madera, palma-, turísticos, ilícitos –coca-, de implementación de infraestructura, los megaproyectos interesados en la biodiversidad, afectan en gran medida el funcionamiento y ejercicio de la gobernabilidad de los Consejos Comunitarios en sus territorios, pues es precisamente este el que está en pugna (Gracia, 2009). En el Chocó, las comunidades negras se han organizado Consejos Comunitarios Locales o Menores y Consejos Comunitarios Mayores o Generales. Y para el caso de la carretera estos Consejos Locales y Mayores se han agrupado en una organización llamada Colectivo Territorial Afrochocó. Esta opción organizativa, a la que me referiré más adelante, fue una salida organizada de las comunidades para facilitar la formulación y ejecución de proyectos, hacer negociaciones y además con el objetivo de fortalecer las organizaciones9.

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El panorama de este Colectivo ha mudado en los años siguientes a la investigación.

Tabla 1: Descripción de los niveles en las organizaciones del tramo construido.

Consejos Comunitarios Locales o Menores Son organizaciones de primer nivel. Están asentados en las veredas y corregimientos de los municipios –zona rural-. Están integrados por una junta y la asamblea.

Consejos Comunitarios Mayores o Generales Son organizaciones de segundo nivel. Representan y agrupan a los Consejos Locales10, de un mismo ente territorial11 o cuenca12. Son la persona jurídica a quienes se asigna el título colectivo a través de una resolución que expide el INCODER y están reconocidos por el Ministerio del Interior. Están asentados en las cabeceras municipales –zona urbana-. Están integrados por una junta y la asamblea, esta última conformada por los Consejos Locales.

Colectivo Territorial Afrochocó Es una organización de tercer nivel, es una figura que agrupa a los Consejos Comunitarios Locales, Mayores y Generales del área de influencia directa de la carretera, con la intensión de consolidar la participación e inclusión de la comunidad en la toma de decisiones. Está integrado por una junta compuesta por los presidentes de los Consejos Mayores.

Fuente: Gracia, 2009.

La titulación colectiva y el surgimiento de los Consejos Comunitarios Generales, Mayores y Locales en la década de 1990 fue el comienzo de nuevas dinámicas de gobernabilidad (Meza, 2009).

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Decreto 3770 de 2008: Art. 31: Son asociaciones de Consejos Comunitarios, constituidos de conformidad con el Decreto 1745 de 1995, y las organizaciones que agrupan a más de dos (2) organizaciones, inscritas en el Registro Único de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y de Justicia, siempre y cuando el área de influencia de dichas organizaciones corresponda a más de la tercera parte de los departamentos donde existan comisiones consultivas (Colombia, 2008). 11 Municipio. 12 Para el caso de los Consejos Mayores del tramo construido, agrupan Consejos Locales del mismo municipio, para el caso de los Consejos Mayores y Generales de Nuquí y Alto Baudó agrupan los Consejos Locales de las cuencas.

EL CASO: LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DEL TRAMO CONSTRUIDO DE LA CARRETERA LAS ÁNIMAS-NUQUÍ La carretera: Desde principios del siglo pasado en el país se comienza la construcción de la Carretera Panamericana13, que actualmente está interrumpida en el Tapón del Darién14 al noroccidente colombiano. Un tramo de la carretera panamericana en nuestro país es el ramal Las Ánimas-Nuquí, que conecta al interior del país, eje cafetero, con la costa norte del océano Pacífico. Este ramal se desarrolla en el departamento del Chocó y ha sido llamado también Ruta Sur (Díaz, 2006). En 1967 se comenzó a construir interrumpidamente y se paró en 1992 por los indígenas emberáes por el peligro que representaba para sus territorios, y el INDERENA ordenó la suspensión por no tener licencia ambiental. Se alcanzó a construir 67 km15 entre La Ye, población de Unión Panamericana y El Afirmado cerca al Alto Baudó, se llamó “tramo construido” y fue donde se desarrolló el trabajo de campo. La vía al mar, ramal Las Ánimas – Nuquí, se divide en tres tramos: tramo Nuquí que se conecta con el Puerto de Tribugá en el Océano Pacífico-, tramo Alto Baudó (tramos todavía no construidos) y tramo construido. Esta carretera que va desde la selva hasta el mar atraviesa una amplia región protegida por títulos colectivos y comunitarios como propiedad ancestral de las comunidades negras e indígenas de la zona, que están protegidos por el convenio 169 de la OIT16 y son inembargables, imprescriptibles e inalienables17.

13

Proyecto que nace del acuerdo de las naciones americanas de crear una red vial que uniera a todos los países del continente. 14 Zona selvática montañosa, con una gran biodiversidad, por estas condiciones la construcción de una vía carreteable ha sido muy difícil, sin embargo, continua siendo un proyecto importante a realizar para los gobiernos nacionales. 15 En afirmado: material en pequeña piedra. 16 Que se convirtió en la Ley 21 de 1991. 17 Ver también artículo 72 de la Constitución Política de Colombia.

Mapa: Trazado de la carretera Ánimas -Nuquí

Fuente: Consorcio Conciviles

El tramo construido: La zona construida se caracteriza por el impacto que dejó la transformación de la cobertura vegetal por cuenta de la sucesión de bosques convertidos en despensas madereras donde en su lugar se instalaron fincas ganaderas con cercas o trinchas, inusuales en el ámbito cultural chocoano. Esta zona evidencia una mayor urbanización y densidad poblacional que ha resultado de la llegada de personas foráneas blanco-mestizas y de las migraciones internas desde las cuencas hidrográficas hacia los puntos de intersección de los ríos con la carretera.

Las economías agrarias y mineras del tramo

construido acusan un marcado deterioro como consecuencia de la introducción de agroquímicos y de la minería tecnificada a base de dragas y retroexcavadoras, todo lo cual supone una mayor dependencia de los productos que llegan por la carretera. El tramo vial construido desde finales de los años 60 o lo que se conoce como “el tramo construido” parte del pueblo de La Yé, a pocos kilómetros de la cabecera municipal de Las Ánimas en Unión Panamericana. prosigue recto

El trazado atraviesa a Guapandó y

hasta llegar a la población de Puerto Nuevo en la

intersección con el río San Pablo. Luego siguen las poblaciones de Tuadó, Puerto Juan y el carreteable termina en La Victoria, puesto que un derrumbe impide el paso de mototaxis y jeeps hacia las poblaciones de Antadó y Salvijo, en la parte alta del río Pató. Hasta allí llega la parte construida (Meza, 2009).

La construcción de esta carretera ha influido en la configuración de asentamientos, la movilidad de las personas, el intercambio comercial, la concepción del espacio y la apropiación del territorio, entre otros procesos económicos, sociales, culturales y políticos. A lo que me he referido antes como lógica de la carretera. Para todos los poblados es común la historia de la formación de sus asentamientos: antes la gente estaba asentada a las orillas de los ríos, cuando paso la Compañía Pervel18 construyendo la carretera, las personas que trabajaron en la construcción y otras de la región que vivían a las orillas de los ríos, se fueron asentando a lado y lado de la misma. También llegaron personas de otras poblaciones cercanas a habitar estos lugares, que fueron campamentos de la Compañía y después se convirtieron en pequeños poblados. Las personas de estos lugares se dedican casi que a una sola actividad económica, ya no hay alternancia de actividades como se presenta en lugares como el Alto Baudó, en el que se alternan la caza, con la agricultura, la pesca, la siembra y la explotación de madera. En conjunto, los impactos que ha generado la carretera en las comunidades negras por las que pasa han sido: colonización -llegada de interioranos, sujeción económica, enajenación territorial-; intensificación en nuevas tecnologías de economías extractivas -oro y madera-; conflicto armado –paramilitares-; urbanización -relacionada con la idea de progreso, crecimiento acelerado de los asentamientos que trae mendicidad, prostitución, desempleo-; transformaciones agrícolas y alimentarias -cambio en los sistemas productivos, dependencia y consumo marginal, desabastecimiento alimentario-; integración marginal a un 18

Compañía que construyó esta parte de carretera.

mercado regional y la entrada de economías ilícitas como la coca. La vía se ha establecido como el marcador del eje de asentamientos que antes lo era el río. Se presenta la superposición de sistemas ribereños fluviales con la cinta vial que genera un efecto de embudo, pues toda la lógica económica, social y cultural de los primeros es absorbida por la segunda (Meza, 2009). Esta carretera es un proyecto de desarrollo con la impronta de la modernidad y el progreso que busca imponer una cultura (representada como civilizada) caracterizada por los discursos mono –monoteísmo, monogamia, monocultivo, monolingüismo, monocultura-, que van en contra de los discursos propios poli o multi –politeísmo, poligamia, policultivo, polilingüismo, multicultural- que han sido tachados como particulares de los Otros, de las llamadas comunidades diferentes, de lo étnico, de lo diverso19(Gracia, 2009). Los Consejos Comunitarios: La zona del tramo construido está integrada por: Consejo Comunitario Mayor de Unión Panamericana “COCOMAUPA”; el Consejo Comunitario Mayor de Cantón de San Pablo “COCOMACASAN”, en el cual se encuentran los Consejos Comunitarios Locales de Guapandó, Puerto Pervel y La Victoria; el Consejo Comunitario Mayor de Paimadó “COCOMAPA”, con los Consejos Comunitarios Locales de Tuadó y Puerto Juan; y el Consejo Comunitario Mayor de Villaconto “COCOMAVI”, con el Consejo Comunitario Local de Antadó-La Punta y Salvijo. El Colectivo: Una de las respuestas de las comunidades y sus organizaciones a la carretera, fue la creación del Colectivo Territorial Afrochocó. Esta organización fue creada hace aproximadamente siete años con el fin de asegurar las condiciones de permanencia en el territorio, el respeto a sus planes de vida, condiciones de vida digna y los beneficios del proyecto, así como adelantar acciones frente al gobierno y buscar acompañantes en el

19

Conversación personal con Jaime Arocha, Bogotá, abril de 2009.

desarrollo de la iniciativa (ídem). Surgió ante la falta de un proceso de consulta previa20 entre el Estado y las comunidades y a la fragmentación de las negociaciones que se llevaban a cabo en cada ámbito étnico-territorial. Este Colectivo [...] busca la cooperación, apoyo mutuo e intercambio de experiencias entre los actores organizativos de los tres territorios que atraviesa la carretera Ánimas – Nuquí.

Concretamente, la formulación conjunta y orgánica de

planes, programas y proyectos que involucren los siete territorios colectivos y que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la gente asentada en las 126 comunidades agrupadas en el Colectivo Territorial. Como lo manifiestan los adalides del colectivo, esta articulación es un esfuerzo voluntario para salirle al paso a las amenazas y atentados en contra de la permanencia de las comunidades en el territorio, lo cual plantea y exige la necesidad de encontrar alternativas de coordinación organizativas, de comunicación, políticas, jurídicas, económicas y culturales reales que den sostenibilidad al proceso de gestión territorial con criterios autónomos (ídem).

Ante la falta de espacios propiciados por el Estado para la organización negra a nivel nacional, el Colectivo se constituyó en una alternativa de las comunidades para dialogar con el gobierno y entrar en escenarios nacionales, también en una estrategia, ya que al asociarse y negociar unidas buscaron protegerse de impactos mayores en sus territorios. Es importante entender como el Colectivo se creó, en su momento, como un espacio organizativo de resistencia a procesos de desarrollo y modernización que desde la lógica de la sociedad mayoritaria y sin consulta previa, se desenvolvían en la región. Buscó espacios de negoción y presión al gobierno nacional, para exigir una compensación justa y la garantía de la permanencia de las comunidades en condiciones dignas en sus territorios.

20

Decreto 1320 de 1998: “Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio” (Colombia, 1998).

Se puede entender también, desde la perspectiva que propone Oslender (2000, 2001, 2008) de la acción colectiva del movimiento social en términos geográficos. Así el Colectivo se convierte en una acción organizativa que responde a la carretera y que se posibilita por la existencia de la misma, así como por las dinámicas que esta genera en los territorios en los que se ha construido y se planea construir. La existencia de esta organización posibilitó el acceso de las organizaciones a espacios de discusión no solo regional sino nacional, permitiendo la comunicación y alianza con otras organizaciones de carácter étnico o no gubernamental, también salir del espacio marginado en que el Estado ha mantenido a los Consejos Comunitarios. Sin embargo, esta organización a pesar de que todavía existe, se desarticuló por la falta de comunicación entre los diferentes Consejos Comunitarios Locales y Mayores; por la desconfianza surgida entre los líderes y las comunidades, por el manejo de recursos económicos derivados de las negociaciones con el gobierno nacional; por la presencia de personas ajenas a los procesos organizativos, que crearon conflictos entre líderes y comunidades; y por la debilidad organizativa que tienen los Consejos Comunitarios en este momento. Situación de los Consejos Comunitarios: los Consejos Comunitarios del tramo construido fueron constituidos hace más o menos 12 años, cuando ya existía la carretera, todos con el propósito de obtener el título colectivo de los territorios. Presentan la siguiente situación:

Tabla 2: Situación de los Consejos Comunitarios del tramo construido.

DEBILIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Parcial o muy poco conocimiento de La existencia de las Las relaciones conflictivas con las la Ley 70 y el Decreto 1745. Está juntas de los Consejos administraciones municipales que focalizado en los presidentes de los a pesar de la difícil no comprenden el significado de Consejos

La situación en la que se los

Comunitarios.

comunidad en general no tiene encuentran:

falta

claridad acerca de lo que significa el recursos, título colectivo ni la figura del conflictiva Consejo

Comunitario.

traduce

en

una

concientización

Consejos

Comunitarios,

de menosprecian la organización y

relación no permiten su buen desarrollo. con

las Además

amenazan

su

se alcaldías,

grupos autonomía, pues los Consejos

falta

de armados,

cultivos dependen de las alcaldías para la

de

las ilícitos, hostilidad de los ejecución de proyectos, a pesar

Esto

comunidades sobre la existencia e políticos.

de que la legislación prevé su

importancia

autonomía (Villa, 2004; Oslender,

de

los

Consejos

2008; Agudeo, 2005).

Comunitarios y sus funciones, que es un impedimento para lograr la apropiación realmente colectiva de sus territorios (Oslender, 2008).

La ruptura de la comunicación y La existencia de una Las pretensiones de las alcaldías desconfianza

entre

Consejos legislación

y de

los municipales y los políticos de la

Comunitarios Locales, Mayores y títulos colectivos, que región de tener incidencia dentro Colectivo. Lo que ha generado los conflictos

al

interior

de

organización.

amparan

la permiten

y

les de las juntas de los Consejos

enfrentar para apropiarse de los recursos

problemas

de que

llegarán

explotación

de negociaciones de la carretera.

recursos, despojo de Esta

situación

sus territorios, además gravemente

la

por

las

amenaza autonomía

y

de la reivindicación de gobernabilidad de los Consejos sus derechos. No tienen recursos asignados por El parte

del

Estado

para

conocimiento

Comunitarios. del La entrada de grupos armados,

su territorio y la conciencia como

los

funcionamiento, lo que no permite de su importancia, de enfrentan que las juntas de los Consejos considerarlo

paramilitares, las

que

estructuras

como organizativas, con su imposición

puedan

movilizarse,

desarrollar propio.

de nuevas reglas a través del

proyectos y funcionar mejor.

terror, y trae como consecuencia la

desterritorialización

impedimento

de

un

y

el

ejercicio

colectivo del territorio. También un constante rediseño de las territorialidades, ya que el control efectivo ejercido por los actores armados sobre el territorio impide a las comunidades locales hacer uso de sus derechos territoriales garantizados

por

la

Ley

70

(Oslender, 2008; Arocha, 2004; Villa, 2004). Los recursos que llegan a algunos El interés de algunos Las economías extractivas –oro y Consejos

Comunitarios

por líderes por mantener el madera-,

son

concepto de explotación minera y proceso

y

especialmente

generar minería

con

dragas

la y

maderera. Los Consejos al no tener estrategias

que

les retroexcavadoras,

que

presupuesto se ven obligados a permitan

a

las contra

adaptaciones

permitir

la

explotación

recursos naturales dentro de sus permanecer territorios,

con

consecuencias

tanto

polifónicas de las comunidades

los comunidades

de

en

sus negras de Chocó, los recursos

graves territorios. a

las

atentan

naturales, la territorialidad y la

nivel

cultura.

ambiental como social y cultural. Los presidentes de las juntas de los Las

comunidades Los

cultivos

ilícitos

que

Consejos han quedado solos en su reconocen la autoridad capitalizan la naturaleza y traen Consejo terror

labor, pues las juntas no se han del

y

convertido en un equipo de trabajo, Comunitario y lo tienen afectar debido al poco conocimiento de la en

cuenta

parte legal y por la falta de recursos momento

de

en

guerra. el

uso

Además

de

cultural

del

el territorio.

tomar

decisiones y de hacer

económicos.

consultas en lo que se refiere al territorio. La

amenaza

a

la

seguridad

La crisis del Colectivo por la falta

alimentaria, pues las personas ya

de credibilidad dentro de las

no

que

comunidades, por los supuestos

dependen de la minería –dragas- y

malos manejos de los recursos

de los productos como alimentos y

de los proyectos de la vía.

otros, que llegan en un camión

Además del abandono a las

desde Pereira. Muchos de estos

comunidades, pues se sienten

productos antes eran cultivados en

solas e ignorantes de lo que

la región.

concierne a los acuerdos de la

están

cultivando,

sino

vía

y

no

tienen

un

acompañamiento. La falta de voluntad política para

Con la entrada de la carretera

desarrollar la Ley 70. El título

hace más de 30 años, personas

colectivo por sí sólo no garantiza la

foráneas han venido comprando

permanencia de las comunidades

tierras a lado y lado de la

en

estar

carretera, aun hoy después de

acciones

existir títulos colectivos. Cuando

como lo fue en su momento la

la carretera esté terminada lo

creación

más

el

territorio.

acompañado

de

de

otras

los

Comunitarios. funcionan

Debe

Pero

solos

acompañamiento, económico,

Consejos

probable

es

que

las

estos

no

personas sean despojadas de

necesitan

un

sus territorios a través de la

apoyo

guerra y también porque ellas

un

organizativo,

que le

mismas

decidan

vender

a

permita a las personas crear una

foráneos que les ofrezcan dinero,

consciencia de lo que significa el

en vista de la difícil situación en la

territorio

que se encuentran.

y

las

leyes

que

los

amparan. Así como la creación de políticas claras por parte de Estado para garantizar la permanencia en sus territorios, el respeto a su autoridad

y

a

sus

tradiciones

culturales y un respaldo a las comunidades en situaciones como las que presenta la carretera. La

desconfianza

de

las

Los Consejos se pueden convertir

comunidades

hacia

las

en espacios burocratizados, más

organizaciones, por los conflictos,

obligados con los requerimientos

que generalmente son por manejo

legales,

de recursos.

concientización de los pobladores locales

que

sobre

con

sus

la

derechos

(Oslender, 2008). El movimiento social no se ha

La cada vez mayor dependencia

articulado con la representación

de

política Ha quedado reducido a

económica,

territorial

espacios locales de los Consejos

organizativa,

pues

Comunitarios y no ha permitido,

comunidades y los Consejos ven

entre otras cosas, la incidencia del

a la vía como la única fuente de

movimiento en espacios nacionales

sustento.

la

carretera.

Alimentaria,

las

y la no reglamentación total de la Ley 70/93. La cooptación del movimiento por medio de la institucionalización de las organizaciones y la entrada en itinerarios

burocráticos

(Grueso,

2009). Fuente: Gracia, 2009.

LAS

ORGANIZACIONES

LOCALES

EN

CONTEXTOS

DE

MODERNIZACIÓN

y

Y

DESARROLLO Somos conocedores que con la Construcción de la Vía al Mar AnimasNuquí, nuestros Pueblos se proyectan a desarrollarse, pero no queremos ser unos simples espectadores del Progreso, sino convertirnos, en potencialidad del mismo para el desarrollo de nuestras etnias (Comunicación del Consejo Comunitario Local de Puerto Pervel a INVIAS, 31/07/08).

De lo anterior se puede decir que el objetivo de “desarrollar” al Pacífico es claro, la Ley 70 es solo el precio que el gobierno tiene que pagar para facilitar el proceso y mantener

una imagen de inclusión étnica y de protección a la naturaleza a nivel nacional e internacional. Así mismo, los objetivos conservacionistas de la ley que conducen a los Consejos Comunitarios a una posición de “guardianes de la biodiversidad”, parecen irónicos y hasta contradictorios, pues debido a la difícil situación de funcionamiento los Consejos, estos se ven obligados a permitir la explotación tecnificada, por agentes externos, de sus recursos. Así entonces, el objetivo del gobierno no ha sido empoderar las comunidades, sino utilizarlas para sus fines económicos de entrada del capital a la región (Gracia y Delgado, 2010). En que respecta a la carretera Las Ánimas-Nuquí, la discusión aquí no es sobre si se construye o no, eso es algo que ya decidieron las comunidades dueñas de los territorios, porque ellas ya han manifestado que es importante que el proyecto se realice. El asunto es cómo se está construyendo, cómo se está ejecutando el proyecto, cuál es su lógica. Esa construcción se ha dado desconociendo la autoridad de las comunidades negras en sus territorios y sus títulos de propiedad colectiva, por parte del Estado y de las empresas privadas que hacen parte del proyecto en todos los niveles; pasando por encima de la consulta “previa, libre e informada” obligatoria para proyectos desarrollados en territorios étnicos según el Decreto 1320 de 1998; sin establecer dispositivos de dialogo entre Estadocomunidades; sin decidir los mecanismos de compensación de impactos ambientales, sociales y culturales a las comunidades por la construcción de la vía; pensando y planeando el proyecto desde el centro del país, estableciendo objetivos y utilidades de la carretera sin tener en cuenta a las comunidades en el diseño, ejecución y coordinación como lo ordena la Ley 70 de 1993; debilitando las organizaciones con estrategias de desarticulación y desmovilización, generando división interna a través de prebendas particulares, de rumores mal intencionados y de la confusión, por parte tanto de las instituciones estatales como de las privadas.

La carretera como proyecto de desarrollo hace parte de los intereses de sectores económicos nacionales e internacionales e ignora completamente las comunidades negras que habitan los territorios que se encuentran en el trazado vial. En principio se podría interpretar esta problemática como una más de las grandes ineficiencias del Estado colombiano al momento de reconocer los derechos a sus ciudadanos diferenciados. No obstante, la serie de factores que se articulan para configurar la situación de ingobernabilidad de los territorios pertenecientes a los Consejos Comunitarios, es particularmente dramática. Es tal la gravedad de las condiciones que afrontan estas organizaciones, que sus acciones se orientan cada vez más a tratar de garantizar la supervivencia y resistencia de las comunidades, más que a emprender proyectos autónomos y emancipadores de gobernabilidad que fue la razón por la que fueron creadas (ídem.). Como se puede ver la Constitución Política de 1991 sentó las bases para el reconocimiento y protección de la multiculturalidad de la nación colombiana. La ley 70 de 1993 es uno de los principales instrumentos de política pública en favor de la población afrodescendiente colombiana y constituye por tanto uno de los desarrollos legislativos de la Constitución de 1991 más importantes. Sin embargo, quince años después de la promulgación de esta ley, sus principales postulados parecen ser letra muerta. Los derechos de las comunidades afrodescendientes no se garantizan y los principios de la ley no se cumplen (Comisión Colombiana de Juristas, 2008).

La Ley 70 de 1993 se constituye, como lo afirma Arocha (2004), en una ganancia relativa, pues con las nuevas reformas constitucionales de los gobiernos nacionales, se regresa al monoculturismo. Hay una proliferación de actores armados en territorios étnicos, financiación a monocultivos legales (como proyectos de desarrollo) e implementación de

cultivos ilegales en estos territorios, que permiten la proliferación de los carteles de la droga y como consecuencia el destierro. Entonces, es imperativo que un reconocimiento étnico y cultural se materialice con una verdadera voluntad política en todos los órdenes la vida social, no únicamente en lo jurídico, pues como lo afirma Villa (2004), el reconocimiento de los territorios colectivos, como ruptura ocurrida en el dominio de lo jurídico, no implica cambios en el orden de lo económico, de tal forma que la dependencia histórica de la economía extractiva sigue subordinando la vida en lo local y la región se asimila como espacio de frontera, de modo que la titulación colectiva requiere el desarrollo de un plan de ordenamiento territorial apropiado. En este panorama las organizaciones locales quedan una vez más atrapadas entre: los intereses y las acciones del Estado y del capital en sus territorios con proyectos de desarrollo, y el reconocimiento del mismo Estado a sus tradiciones y particularidades culturales materializado principalmente en la titulación colectiva. Enfrentados en sus propios territorios a grupos armados, cultivos ilegales, mineros, madereros, políticos, instituciones estatales que ponen en venta lo recursos de sus territorios, y empresas privadas que los ignoran, los Consejos Comunitarios crean alianzas y estrategias de sobrevivencia en un escenario que cada día parece ser más peligroso. La legislación desarrollada hasta ahora para comunidades negras y la titulación colectiva de sus territorios da armas a los Consejos Comunitarios para defenderse y actuar, sin embargo, la arremetida de ese conjunto de actores unida al abandono estatal pone a las comunidades en jaque y demuestra que en Colombia el multiculturalismo es un discurso que no ha podido convertirse en realidad.

CONSIDERACIONES FINALES En primer lugar es destacable que, a pesar de ese panorama desolador, los Consejos permanezcan existiendo y resistiendo. La investigación constata cómo, pese a las adversidades, estas organizaciones desarrollan estrategias organizativas que buscan hacer frente a las problemáticas territoriales que enfrentan. En segundo lugar, es importante ver que esta situación crítica presentada, no se da sólo a nivel local o sólo nacional, sino que se entrelazan niveles locales, regionales y nacionales. De igual forma, como propone Oslender, (2001, 2008), no se debe abordar a los Consejos Comunitarios como organizaciones trasparentes, sino como el producto de imbricaciones de diferentes relaciones de poder y de la influencia del Estado, el capital, de actores políticos y económicos de la región. Así, las múltiples maneras como las nuevas identidades políticas a las que aspiran los líderes comunitarios están, con demasiada frecuencia, entrecruzadas con estructuras políticas clientelistas bipartidistas, intereses personales y la mediación estatal y del capital, cada uno de los cuales persigue sus propios intereses y objetivos en estos procesos (Oslender, 2008, 234). Por otro lado y después de haber logrado espacios decisivos para la comunidad negra dos décadas atrás, actualmente el movimiento negro queda casi reducido a los espacios locales de los Consejos Comunitarios. Su debilidad organizativa en contextos regionales y nacionales no le ha permitido posicionarse en la vida política nacional, dando como resultado una desarticulación entre el movimiento social y la representación política. Situación que ha contribuido a que no exista una agenda política negra efectiva en el gobierno, que se ve reflejada en la fragmentación de la política pública para estas comunidades,

que

actualmente

consiste

en

acciones

aisladas,

en

su

mayoría

asistencialistas, las cuales no están encaminadas a fortalecer el manejo autónomo de los territorios (Gracia y Delgado, 2010). Así mismo, la entrada del conflicto armado en épocas recientes y su agudización después de la creación de los Consejos Comunitarios y de la titulación colectiva, ha debilitado enormemente el proceso organizativo y la legitimidad de estas organizaciones, afecta la construcción de identidad y la apropiación y ejercicio territorial colectivo, ya que causa la desterritorialización de las comunidades (Wounters, 2001; Oslender, 2001). Se puede pensar que esta serie de omisiones e indiferencias, son en realidad actos deliberados de discriminación y racismo ejercidos por el Estado hacia las comunidades negras en Colombia. Ya que la discriminación no se manifiesta únicamente por acciones explícitas contra la población, sino también por la ausencia de medidas histórico- reparativas (Gracia y Delgado, 2010). En este panorama cabe preguntarse entonces ¿cuál es el futuro de estas organizaciones étnico-territoriales con sus reivindicaciones étnicas en escenarios de modernización y desarrollo, cuya consecuencia es la anulación de las diferencias culturales con la bendición de un Estado que ha demostrado su incapacidad y falta de voluntad para reconocerlas?

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de

Comunidades

Negras

en

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Liliana Gracia Hincapié: Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia (2009). Cursando maestría en Políticas Públicas de la Universidad Federal de Maranhão (Brasil). Integrante del Grupo de Estudios Afrocolombianos -GEA- del Centro de Estudios Sociales -CES- de la Facultad de Ciencias Humanas. Desarrolla actividades de investigación en el departamento del Chocó –Alto Baudó, ríos Quito y San Pablo-. Temas de interés: dinámicas y procesos de organización política, movimientos sociales, proyectos de desarrollo, territorio y multiculturalismo.