Las leyes de convalidación en el ordenamiento constitucional

El fenómeno al que habitualmente se denomina convalidación legislativa de disposiciones y actos administrativos ilegales (también, en algunos casos, puede encontrarse empleada la apelación validaciones) no es sino un caso más dentro de los posibles conflictos que en la relación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial pueden aparecer. Las leyes de convalidación no constituyen meras respuestas del legislador a actuaciones judiciales que podamos aceptar incondicionalmente apelando a la regularidad de tal juego de acciones y reacciones en un sistema que no sólo divide el ejercicio del poder sino que pretende lograr por medio de las mismas un cierto equilibrio. Porque, por mucho que sea evidente que la división de poderes no se concibe en la actualidad de forma clásica y estricta sino que consiente estas inmisiones, acciones y reacciones, también lo es que la Constitución establece mecanismos que han de emplearse para velar por la salvedad e integridad del esquema en el que nuestro ordenamiento establece la interrelación entre las funciones de los distintos poderes.