Las estrategias de construcción de consenso social por parte de las empresas extractivas. Estudio de caso del noroeste argentino.

Godfrid, J. (2014) Las estrategias de construcción de consenso social por parte de las empresas extractivas. Estudio de caso del noroeste argentino. En IX Congreso sociedades rurales latinoamericanas diversidades, contrastes y alternativas, ALASRU, México.

Julieta Godfrid Licenciada en Sociología Instituto de Investigaciones Gino Germani

ALASRU 2014 GT: 06 Territorio, actores sociales y cultura en la disputa por los bienes de la naturaleza

Las estrategias de construcción de consenso social por parte de las empresas extractivas. Estudio de caso del noroeste argentino.

Desde mediados de la década del noventa, a raíz de la transformación de los marcos regulatorios, se produce en la Argentina la implementación y expansión de la mega-minería a cielo abierto. Una década más tarde, que se instaló el primer emprendimiento de mega-minería en la Argentina (Minera Alumbrera, en el año 1994), han comenzado a emerger una multiplicidad de conflictos socio-ambientales entorno a la actividad minera a lo largo de todo el país, que ponen en duda la legitimidad de los emprendimientos extractivos. En este escenario, bajo el paradigma de la Responsabilidad Social Empresaria las empresas mineras trasnacionales comienzan a desarrollar estrategias de construcción de consenso, que apuntan a neutralizar los conflictos y garantizar la perdurabilidad de los emprendimientos. En el presente trabajo nos interesa indagar por las estrategias de intervención en las comunidades, implementadas por las empresas mineras en pos de la construcción de consenso social. Así como preguntarnos por cuáles son las consecuencias que generan estas intervenciones empresariales en los territorios y en los actores locales que allí viven. Para ello tomaremos como caso de estudio la comunidad indígena de 1

Amaicha del Valle (Provincia de Tucumán-Argentina), que se encuentra a unos 300 km del emprendimiento minero La Alumbrera (Provincia de Catamarca- Argentina).

Contexto favorable para la expansión del sector mega-minero en la Argentina:

A partir de la década del noventa en adelante, el sector minero en la Argentina viene experimentando un fuerte y rápido crecimiento (Koenig y Bianco, 2003). Hay una serie de elementos que explican dicha expansión, que detallaremos brevemente. En primer lugar, y bajo un contexto más general de transformaciones de las funciones del Estado orientadas por el paradigma neoliberal, se produjo en la Argentina durante la década del noventa la modificación del marco regulatorio del sector minero y la promulgación de una batería de leyes que tendieron a reorganizar la actividad minera en el país 1. Dichas leyes establecieron los siguientes beneficios para las empresas mineras: “estabilidad fiscal por treinta años, exención del pago de los derechos de importación, deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las ganancias, en cuanto al pago de regalías se establece un porcentaje máximo del 3% al valor de boca mina declarado por la empresa, exención a las empresas del pago de retenciones por exportación y la no obligación de liquidar divisas en el país” (Svampa et al., 2010: 34). En segundo lugar, cabe mencionar el bajo costo que hayan las mineras a partir de la devaluación en el año 2002, el diseño de nueva política pública como el Plan Minero Nacional2 (2004) y el alza internacional del precio de los commodities.

En este contexto, y debido al progresivo agotamiento de los metales de alta ley a nivel mundial (Llorente, 1991) se comienza a llevar adelante en la Argentina un nuevo tipo de explotación minera, la megaminería metalífera o también conocida como minería a cielo 1

Nos referimos a: Ley de Inversiones Mineras (24.196); Ley de Reordenamiento Minero (24.224); Ley de Creación de la Comisión Bicameral de Minería (24.227); Ley de Acuerdo Federal Minero (24.228); Ley de Régimen de Financiamiento y devolución anticipada del IVA (24.228); la modificación a la Ley de Inversiones Extranjeras (21.382) mediante el decreto N° 1853; la Ley de Actualización del Código de Minera (24.498), Ley de Protección Ambiental (24.585), etcétera. 2 El Plan contó con seis lineamientos generales y fue presentado por el ex Presidente Néstor C. Kirchner.

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abierto. Dicho método de explotación, consiste en la voladura de montañas enteras con explosivos, a partir de lo cual la montaña es convertida en roca, luego se la tritura y es sumergida en piletones que contienen grandes cantidades de agua, a la cual se le agregan distintos químicos reactivos según el mineral que se quiera extraer (cómo el óxido de zinc, cianuro de sodio, silicato de sodio, sulfato de cobre, etc.)3, a partir de lo cual se logran separar los metales de la roca (cobre, oro, molibdeno, zinc, etc.). Durante el proceso de explotación se utilizan una gran cantidad de explosivos, agua, y energía, cuyas cantidades varían según las características del emprendimiento. Este tipo de explotación permite el acceso al material minero que se encuentra disperso en la roca y constituye una alternativa de alta rentabilidad para las grandes empresas (Svampa et. al, 2009). Como consecuencia de las nuevas posibilidades brindadas por esta tecnología, la Argentina pasó a ocupar el sexto puesto en el ranking mundial de potencial minero (Svampa y Sola Álvarez, 2010). De esta manera, se convirtió en un país altamente atractivo para las empresas mineras trasnacionales, que comenzaron a arribar masivamente al país hacia mediados de la década del noventa y fueron consolidando su participación a partir de los años 2000.

El primer emprendimiento de mega-minería en la Argentina: La Alumbrera En la Argentina, el caso “testigo” es el emprendimiento mega-minero de oro y cobre, conocido como Mina Bajo la Alumbrera ubicado en la Provincia de Catamarca (en el noroeste del país), se encuentra al este de la cordillera de los Andes y a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. El yacimiento se ubica en el departamento de Belén, a una distancia de 400 Km al noroeste de la ciudad capital de la provincia de Catamarca (San Fernando del Valle de Catamarca). El emprendimiento, es explotado por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD 4) y Minera Alumbrera, según el contrato celebrado entre ambas partes, en el año 1994, se establece que el 20 % de las utilidades generadas por el emprendimiento correspondan a YMAD (debido a que a dicha empresa pertenecen los derechos de explotación). Por su 3

La descripción de dicho proceso, corresponde al método de flotación (Medina Beltrán, 1984).

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En el año 1958, a partir de la Ley Nacional N° 14.771 se crea la empresa YMAD destinada a la exploración, explotación e industrialización de los yacimientos mineros del complejo de Aguas deDionisio. A partir de las modificaciones introducidas en el artículo 5, en el año 1978, se le permite a la empresa ceder sus derechos y/ o asociarse a capitales privados, para la explotación de los yacimientos.

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parte, YMAD distribuye las participaciones entre sus socios del siguiente modo, el 60 % a la Provincia de Catamarca, 20 % para la Universidad Nacional de Tucumán y el 20% restante se divide entre las Universidades Nacionales5. Por su parte la composición accionaria de Minera Alumbrera Ltd. pertenece en un 50% a las recientes fusionadas Glencore- Xstrata, 35% a Goldcorp Inc. y un 12% a Yamana Gold. El emprendimiento conecta las provincias de Tucumán y Catamarca a través de un mineraloducto, que recorre 316 kilómetros, a través del cual los minerales extraídos en Catamarca son llevados hasta la planta procesadora en Tucumán. Una vez procesados, los minerales parten vía tren hacia la provincia de Santa Fe, desde son exportados en un 90% al exterior (Svampa, Álvarez, Bottaro, 2010). El proceso de construcción de la mina comenzó en el año 1994 y en el año 1997 comenzó su fase operativa, siendo el primero en el país de realizarse mediante la modalidad de explotación a cielo abierto. El costo de la construcción demandó una inversión de 1200 millones de dólares y ha sido hasta el momento, el mayor proyecto minero del país con una capacidad de explotación anual de 120 millones de toneladas métricas de material rocoso, para lo cual requiere aproximadamente de 105.600 kilos de explosivos por día (Aráoz, 2010). En el año 2012 se ha procesado un total de 521.123 toneladas de concentrado de cobre y oro, 30.794 onzas de oro y 3.233 toneladas de concentrado de molibdeno, para lo cual se utilizó un volumen de 20.981.000 m3 de agua potable, y se consumió 824.523 MW/h6. Se estima que la vida útil de la explotación dure hasta el año 2019, aunque las instalaciones continuaran siendo utilizadas por el nuevo emprendimiento Agua Rica (ubicado a 35 km de Bajo de la Alumbrera), el cual ha sido adquirido por la empresa La Alumbrera Ltd. en el año 2011.

Algunas conceptualizaciones necesarias, el modelo extractivo: El proceso de fortalecimiento de la mega-minería en la Argentina, se corresponde con la expansión del modelo extractivo tanto en el país como en América Latina (Giarracca y Teubal, 2010).

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Si bien la explotación minera comenzó en el año 1997, la distribución de las utilidades de YMAD al sistema universitario nacional comenzó recién en el año 2008. 6 Dichos datos han sido extraídos del Informe de Sustentabilidad del año 2012 de Minera Alumbrera.

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El modelo extractivo (Giarracca y Teubal, 2010) es un modelo de acumulación basado en la explotación de los recursos naturales no renovables con el fin de la exportación al mercado internacional. Algunos autores señalan que es posible diferenciar un extractivismo más clásico, ligado al devenir de la historia latinoamericana y las economías de enclave y una nueva forma que se desarrolla a partir de la fase neoliberal, el neo-extractivismo (Gudynas, 2009) que en la región, se ha dado tanto bajo gobiernos conservadores como bajo el desarrollo de gobiernos progresistas. El autor señala que una de las características destacables del neo-extractivismo es la presencia de un Estado mucho más activo, donde los Estados renegocian contratos, aumentan el valor de las regalías, y tributos y en algunos casos potencian el papel de sus empresas estatales. Pero en ningún caso han puesto en discusión la necesidad de repensar el carácter extractivo de dichas actividades, por el contrario, plantearon la necesidad de fortalecer y profundizar dichas actividades como estratégicas del desarrollo nacional. Bajo esta conceptualización podríamos pensar el caso del Estado argentino de los últimos años que se ha encargado de introducir algunas transformaciones en materia de política pública tendientes a recuperar un rol más activo del Estado, y por el otro lado, ha sabido sostener políticas de corte neoextractivista. El modelo extractivo se caracteriza básicamente por la producción de materias primas, commodities7, que se exportan en más de un 90%, a partir de lo cual se generan enormes rentas diferenciales a escala mundial (Teubal, 2012). Dichas producciones no son esenciales para la vida de las comunidades donde se instalan, por el contrario, se vinculan exclusivamente con los intereses de grandes corporaciones cuyo interés resulta de la maximización de la ganancia. La alta rentabilidad de dichas actividades está vinculada no solamente a los bajos costos internos que hayan las empresas en los lugares donde se instalan, sino también al hecho de que las empresas no consideran como costos las externalidades negativas que producen (Giarracca y Teubal, 2010). Debido a los altos requerimientos tecnológicos y de escala para producir están ligados a grandes corporaciones económicas, que suelen ser de origen trasnacional. Requieren para su desarrollo de grandes escalas de producción por lo que suelen desplazar a una multiplicidad

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Entre los commodities que exporta la Argentina encontramos: soja, oro, plata, zinc, cobre, litio, petróleo, entre los más destacados.

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de producciones que se desarrollan en dichos territorios y a sus poblaciones de origen. A su vez, consumen grandes cantidades de recursos tales como agua, energía, tierra fértil y biodiversidad, por lo que resultan altamente conflictivas y enfrentadas con las necesidades de las poblaciones locales. En el marco de este modelo más general, las actividades extractivas y particularmente la mega-minería pueda aprehenderse a través del concepto de Ribeiro (1985) como un “Proyecto de Gran Escala”. Estos proyectos presentan una lógica particular y tres dimensiones interrelacionadas: el gigantismo, el aislamiento y la temporalidad. El gigantismo implica que son proyectos que: 1) requieren grandes movimientos de capital y trabajo, 2) constituyen intervenciones geopolíticas planificadas; 3) una corporación grande y poderosa maneja todo el proceso; 4) los proyectos se legitiman mediante una ideología de redención o del progreso. Sobre ésta última característica, el gigantismo estimula la idea de que la dimensión del proyecto es positiva por sí misma, ya que traería un supuesto desarrollo para la zona donde se ubica. La segunda dimensión, el aislamiento: refiere a que los proyectos tienden a instalarse en zonas aisladas: “Una característica que suele aparecer en estos puntos alejados es la ambigüedad jurídica. Esto significa que el Estado, aunque siempre está presente en los proyectos de gran escala, omite deliberadamente suministrar los servicios institucionales normales” (Ribeiro, 1985: 36). Por último, la cuestión de la temporalidad de los proyectos de gran escala refiere al hecho de que los mismos son cerrados en el tiempo, es decir comienzan y acaban en un lapso relativamente corto.

Al respecto nos interesa recuperar algunas de las dimensiones planteadas por Ribeiro (1985) y complementarlas, para pensar específicamente la mega-minería. Nos interesa centrarnos y profundizar principalmente en dos dimensiones que se hayan interrelacionadas: la reconfiguración territorial que producen los emprendimientos, y la necesidad de producir y difundir una “ideología de la redención” de los proyectos extractivos. En primer lugar desarrollaremos conceptualmente qué entendemos por reconfiguración territorial y a partir de allí, presentaremos las reconfiguraciones para el caso de La Alumbrera. Posteriormente explicaremos algunos de los conflictos que se han producido entre la empresa y la comunidad a partir de dicha reconfiguración. Consideramos que es justamente la emergencia de conflictos en torno a la actividad, lo que permite 6

comprender la necesidad de construir una “ideología de la redención” (Ribeiro, 1985) como explicaremos luego. Pensando en torno a la reconfiguración territorial:

En primer lugar nos parece importante explicitar, desde qué perspectiva entendemos el territorio. Entendemos que dicho concepto no puede ser definido simplemente como un espacio geográfico delimitado, sino como explica Haesbaert (2011) “¨[…] el territorio es el espacio geográfico visto a partir de ¨poner el foco¨ en las relaciones de poder, sea el poder en sus efectos más estrictamente materiales, de carácter político-económico, sea en su articulación más simbólica” (2011:61). En un sentido similar, Fernandez (2005) plantea que el territorio es un “espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder (...) el territorio es, al mismo tiempo, una convención y una confrontación. Exactamente porque el territorio pone límites, pone fronteras, es un espacio de conflictualidades” (2005: 276, traducido y citado en Wahren, 2011). En este sentido el territorio es una producción, que se realiza a partir de un espacio, en el que median relaciones entre distintos actores sociales, con distinto poder, información y jerarquía. Para algunos autores, como Souza (1995) el territorio no precisa ni debe ser reducido a la escala nacional, o a su relación con el Estado, sino que en él se pueden conjugar una multiplicidad de escalas espaciales (local, regional, nacional, internacional) y temporales (siglos, décadas, años, meses o días). Por lo que se plantea que el territorio es un espacio complejo, producto de la relación entre distintos actores sociales, con asimetrías de recursos materiales y simbólicos, que construyen y reconstruyen sentidos y formas de apropiarse del espacio (Wahren, 2011). En esta concepción, cuando un actor realiza una apropiación (material o simbólica) de un espacio, lo “territorializa”, a su vez, la construcción de un tipo de territorialidad, explica Fernandez (2005) casi siempre supone, la destrucción de otro tipo de territorialidad, lo que denomina “desterritorialización”. De ahí que esta visión nos permita pensar procesos dinámicos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización.

En este sentido, a partir de la expansión de las actividades extractivas en la Argentina, se observa un proceso bajo el cual el Estado- nación se desterritorializa 7

(Fernandez, 2005) frente a la emergencia de una territorialidad extractiva (Wahren, 2011). Dicha desterritorialización no es total, ni implica la pérdida de un espacio físico- empírico del territorio nacional, sino como explicábamos esto refiere a un proceso dinámico y complejo en el que se da una transformación en las relaciones de poder que allí se expresan. Por tanto esto implica un cambio en la capacidad del Estado para regular y gestionar el territorio, de imponer justicia, controlar los impactos ambientales o de manejar las actividades productivas de una zona (Gudynas, 2005). Por un lado, el Estado-nacional se desentiende de algunas de sus funciones como regulador social (la seguridad, la educación, la salud) a través de un proceso complejo de reconfiguración de sus funciones estatales como la provincialización y la descentralización de los recursos y la transferencia de servicios a los Estados provinciales. Y por el otro lado, mantiene una presencia activa a la hora de garantizar la estabilidad y el desarrollo de actividades extractivas, como la megaminera. En este sentido, Gudynas (2005) plantea que si bien el Estado actúa enérgicamente en pos de garantizar la extracción, y por tanto podría pensarse en una territorialidad de fuerte presencia Estatal, no lo es, ya que esta presencia es también una forma de desterritorializarse, en tanto el modelo que se promueve (el extractivista), está marcado por la lógica de las empresas trasnacionales, que operan a escala internacional y se vinculan con procesos externos. El proceso es complejo ya que el Estado refuerza su intervención alrededor de los emprendimientos extractivos, a través del mejoramiento de caminos, la ampliación de tendido eléctrico y/ o la provisión de seguridad, pero esta intervención está orientada a vincular los emprendimientos extractivos (de referencia local) con cadenas internacionales (ya que como referíamos anteriormente los commodities se exportan en más de un 90%). Frente a la destrucción de la territorialidad del Estado-nación, emerge la “territorialidad extractiva” (Wharen, 2011). A su vez, denominamos como “territorialidad extractiva” a aquellas formas de despliegue territorial hegemónicas del sistema/mundo capitalista/colonial ligadas a la explotación de los recursos naturales por parte de empresas nacionales y/o trasnacionales que implican reconfiguraciones territoriales y cuya lógica de acumulación se encuentra signada por el aprovechamiento ilimitado de los recursos naturales y la consiguiente devastación del entorno físico y biológico de ese espacio geográfico y el despojo y la exclusión de los otros actores sociales que habitan y practican esos territorios (Wahren, 2011: 12).

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Entendemos que los emprendimientos de mega-minera generan una territorialidad extractiva, ya que al instalarse reconfiguran el territorio en función de sus necesidades de explotación. De esta manera, los emprendimientos delimitan el espacio geográfico en dos: por un lado las áreas productivas y por el otro, las áreas de influencia. Las primeras refieren a aquella área donde está emplazado el emprendimiento minero y se llevan adelante las tareas de explotación y procesamiento. Las áreas de influencia de un proyecto están constituidas por todos aquellos territorios donde potencialmente se manifiestan los impactos ambientales. Estos impactos pueden ser tanto del tipo físico, ecológico, social o económico y su alcance depende del tipo de proyecto que se esté implementando. Para pensar el alcance y los distintos tipos de impactos se pueden tener en cuenta distintas variables que se corresponden con: 1) la probabilidad de recurrencia del impacto, 2) la magnitud, 3) duración del mismo, 4) el signo (positivo o negativo), 5) reversibilidad (Iribarren, s/f). En la Argentina, la delimitación de dichas áreas es realizada por las empresas mineras, y generalmente los criterios de inclusión de una u otra zona geográfica quedan definidos en el Informe de Impacto Ambiental que las empresas deben entregar a la Secretaría de Minería de la Nación, antes de iniciar las tareas de exploración8.

Las transformaciones territoriales implementadas por La Alumbrera: El territorio del proyecto está formado por un lado, por un conjunto de áreas directamente reguladas por las necesidades productivas y su estructura interna de poder institucional (que hemos denominado el área productiva) y por el otro, por un conjunto de localidades aledañas, que denominamos áreas de influencia. El emplazamiento de la mina involucra instalaciones que se extienden a lo largo de cuatro provincias: Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe. En el departamento de Belén (Catamarca) se ubica propiamente el área de explotación (alrededor de 600 hectáreas), allí se encuentra la cantera, que lleva el nombre de “tajo abierto”9 .Se calcula que el “tajo abierto” en la montaña tiene un diámetro de 1.900 metros y una profundidad de 450 metros (Morri Koenig, 1999). La extracción se realiza en terrazas 8

Según lo dispuesto por el Artículo 251 y Artículo 249 de la Sección Segunda del Código de Minería de la República Argentina (Ley N° 1919), las empresas deben presentar un Informe de Impacto Ambiental antes de iniciar cualquier actividad de: prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales. 9 Corresponde a la traducción al español del open pit.

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de 17 metros de altura. Para ello se utilizan alrededor de 4 palas eléctricas, 4 perforadores giratorios, 40 camiones de acarreo y una flota de topadoras de orugas y neumáticos, motoniveladoras, cargadores frontales y camiones cisternas10. Para el mantenimiento y reparación de dichas máquinas, se construyó un taller de camiones mineros, así cómo se instaló una estación de servicio. El material extraído del tajo abierto es transportado hasta la planta de procesamiento, donde el material rocoso se tritura y luego se somete al proceso de flotación (que explicábamos anteriormente). El agua utilizada en dicho proceso, va a parar al dique de colas11, constituido como una presa de 30 metros de altura y con una superficie aproximada de 2,5 kilómetros (Aráoz, 2009). Para operar minera Alumbrera necesitó construir además de las facilidades de explotación, toda una serie de instalaciones para la parte administrativa y de servicios, para ello cuenta con un bloque de 5.812 hectáreas denominado la “servidumbre de infraestructura minera”. Allí se encuentra por un lado, los dos campamentos que alojan al personal permanente de la mina y a los contratistas. La estructura edilicia está conformada por ocho módulos de tres pisos que cuentan con capacidad para albergar a alrededor de 1000 personas12. Además de las habitaciones, los edificios cuentan con un comedor, la cocina, así como espacios de esparcimiento (un complejo deportivo, un gimnasio, canchas de paddle, tenis, básquet y futbol). Maestrangelo (2004) señala que la decisión de la empresa de no construir una villa obrera (por fuera de las instalaciones de la mina) sino una residencia colectiva de carácter efímero (en la que los obreros permanecen según su tiempo estimado de trabajo) ha generado un fuerte contraste arquitectónico, cultural y de clase, entre la población ocupada por el proyecto y la que reside en las localidades del área de influencia. Ya que “algunos trabajadores encontraron en las instalaciones mineras nuevos objetos, comodidades y relaciones sociales a las que no hubiesen tenido acceso en sus lugares de origen” (Mastrangelo, 2004:109). Por otro lado, también se hallan las oficinas, el laboratorio, el depósito, el taller de mantenimiento, la gomería, la estación de servicio para los vehículos livianos, la cabina de seguridad y un centro de atención médica. A su vez, a 10

Fuente: La Alumbrera recuperado de http://www.alumbrera.com.ar/inst-proceso.asp El dique de colas tiene por función filtrar el agua y retener exclusivamente los sólidos (llamados colas), que están formados por material mineral molido (sin valor económico para las empresas). 12 Según el convenio colectivo de trabajo firmado en el año 2013 por la empresa La Alumbrera Ltd. y la Asociación Obrera Minera Argentina, la empresa “deberá proveer alojamiento a todos los trabajadores que, como consecuencia de requerimientos de su programa de trabajo, deba residir en la mina durante dicho programa” (Artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo, 2013). 11

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unos 25 kilómetros al noroeste de la “servidumbre de infraestructura minera”, la empresa ha adquirido 49.000 hectáreas en el Campo del Arenal, donde ha construido un aeropuerto privado, con una pista de aterrizaje de 1.935 metros de longitud por 23 metros de ancho, a partir del cual, todos los meses transportan a un promedio de 2.600 de empleados que residen en Catamarca o en Tucumán13. Como señalábamos (más arriba) el emprendimiento se conecta con otras provincias de la siguiente manera: El concentrado obtenido en la planta de procesamiento, se transporta a través de un mineraloducto de 316 km de largo y unos 17,5 cm de diámetro, hasta la planta de Filtros ubicada en Cruz del Norte (Provincia de Tucumán). Es importante mencionar que, durante la construcción de dicho mineraloducto (cuyo trazado original se modificó varias veces) se vieron afectadas zonas de “alta sensibilidad arqueológica” (Ratto, 2001:150). En la planta de filtros se realizan los procesos de filtrado hasta disminuir el contenido de agua del concentrado de 37% a menos del 8%14. Desde la terminal de cargas en Tucumán, Minera Alumbrera transporta en tren el concentrado hasta sus instalaciones en el Puerto de San Lorenzo, ubicado en la Provincia de Santa Fe. Para ello, La Alumbrera ha adquirido cuatro locomotoras de 3.000 HP, con un total de 52 vagones cada una, y una capacidad de transportar 56 toneladas métricas de concentrado cada uno. En la provincia de Santa Fe, la empresa cuenta con su propio muelle de descarga ubicado sobre el Río Paraná y con un galpón para almacenar hasta 60.000 toneladas métricas. Desde dicho puerto, la empresa Alumbrera comercializa el 90% de su producción.

Para la provisión de energía del emprendimiento, La Alumbrera construyó un electroducto aéreo de alta tensión, que tiene 202 kilómetros de extensión y una potencia de 220 KW. Durante la etapa de construcción del mismo, se vieron afectados fuertemente sitios arqueológicos tanto de la provincia de Tucumán como de Catamarca. En cuanto a la primera, Ratto (2001) señala que la zona más afectada fue Tafí del Valle, en la cual se registraron 30 sitios arqueológicos dentro del área de servidumbre mineras, los que se relacionan con la instalación de 73 torres en esa área.

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Fuente Minera Alumbrera, Recuperado de http://www.alumbrera.com.ar/inst-infraestructura.asp Para dicho proceso el concentrado ingresa a dos tanques de 2.000 metros cuadrados cada uno y tres prensas de 120 metros cuadrados que utilizan agua y filtros de alta presión (Minera Alumbrera, recuperado de http://www.alumbrera.com.ar/inst-proceso.asp). 14

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Los sitios fueron afectados diferencialmente por la fundación e instalación de las torres y/o por el cableado y/o los caminos de acceso. El hecho es que en varios casos las torres están instaladas dentro de sitios arqueológicos de importantes dimensiones y que presentan excelente estado de conservación y visibilidad superficial. Por supuesto esto anula la posibilidad de considerar su puesta en valor dentro del marco de un turismo cultural (Ratto, 2001:162).

En cuanto a la provincia de Catamarca el mayor impacto se registró en el Valle de Santa María. La evidencia relevada abarca un amplio espectro que se extiende desde tiestos redepositados localizados dentro de áreas de lavado hasta grandes espacios formatizados con fines agrícolas con recintos, posiblemente domésticos, asociados. Estas últimas instalaciones cubren un área que supera los 200000 m² En conjunto las obras de la línea de alta tensión afectaron tres áreas arqueológicos de gran envergadura (a) el Campo de Petroglifos de Ampajango, (b) Andalhuala-La Banda y (c) Alto Caspinchango. Los caminos de acceso impactaron en mayor grado en comparación con el trazado lineal del tendido eléctrico, ya que por tratarse de áreas con alta topografía relativa, los sitios arqueológicos fueron bisectados recurrentemente acompañando el ziz-zag del camino. Además, se registraron petroglifos localizados (a) en escombros de remoción por las fundaciones de columnas, (b) dentro del área de instalación, (c) redepositados a la vera de los caminos de acceso abiertos y (d) alterados por acción vandálica (Ratto, 2001: 163)

El suministro de agua para el emprendimiento se realiza a partir de la provisión obtenida mediante del acuífero ubicado debajo del Campo del Arenal. Para ello se han realizado alrededor de 11 perforaciones de bombeo que extraen el agua. Una vez extraída se envía a 25 km del campo de pozos por un acueducto de 760 mm hacia un reservorio que tiene 30 metros de altura y una capacidad de 1,7 millones de metros cúbicos de agua. Desde el reservorio, otro sistema de cañerías distribuye el agua a las diversas partes de la planta (Moori Koenig, 1999).

Por otro lado, La Alumbrera define como sus áreas de influencia a las siguientes localidades: Andalgalá, Santa María, Belén, (ubicadas en la Provincia de Catamarca), y a aquellas ubicadas en las localidades del Tafí del Valle (Provincia de Tucumán). Los criterios de inclusión de una u otra localidad bajo el área de influencia se vincula con el acceso al camino minero a través o cerca de estos pueblos, la utilización o afectación de fuentes de agua que son utilizadas por los agricultores de la zona, y/ o con potenciales efectos socioeconómicas dentro del área. Nosotros tenemos una política, nuestra política, nosotros definimos un área de impacto de la actividad que es Santa María, Andalgalá y Belén, esas tres comunidades

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reciben proporcionalmente más dinero porque es el área primaria de impacto. Pero después tenemos otros ejes de infraestructura que tienen que ver con la actividad, tenemos el mineraloducto que te baja el producto desde la mina hasta Tucumán, que pasa por las estancias, eso es Aconquija , pero también cuando baja por Tucumán pasa por Alpachirí, Concepción, Monteros, Famailla, entonces hemos incorporado alguna actividad menor en esas comunidades. Tenemos la línea de alta tensión, de la que hoy está también bajando energía a Santa María y ahora va a bajar a Tafí del Valle, nosotros le cedemos energía y la provincia hace la inversión para tener la bajada de la energía y proveer a las poblaciones. La línea de alta tensión, que pasa por el Tafí al Mollar también es un eje de infraestructura, donde también hemos generado un impacto entonces consideramos que también tenemos que devolver algo a la comunidad en ese sentido. Y acá en Amaicha toda esta zona, es la ruta de acceso, nuestros empleados, nuestro producto, o sea nuestros insumos, suben por esta ruta o vienen por la Ruta 40, por eso hemos incorporado esta zona (Entrevista a Agente Corporativo encargado de Amaicha del Valle, realizada en 2013).

A partir de la implementación del emprendimiento La Alumbrera se produce, como mostrábamos recién, a través de las transformaciones introducidas, la reconfiguración del territorio en pos de la construcción de un mapa típico de economía trasnacional globalizada. En este sentido, la reconfiguración territorial implica una transformación de los usos del territorio y de las relaciones sociales que lo producen, en la que las poblaciones que viven próximas a los emprendimientos extractivos evidencian la expoliación de los recursos naturales, sin lograr percibir (en la mayoría de los casos) beneficios concretos. Esta situación desencadena un conjunto de tensiones sociales, en torno a la apropiación y el sentido del territorio, que se manifiestan a modo de disputa territorial.

La emergencia de conflictos y su devenir: En paralelo al avance de la mega-minería a cielo abierto se produjo en la Argentina la emergencia de un conjunto de resistencias sociales a la actividad, que han ido configurando un “mapa de resistencias” (Aráoz, 2010). El año 2003 puede señalarse como el momento bisagra de estos procesos. En la localidad de Esquel (Provincia de Chubut) se realizó, luego de una gran movilización popular, un plebiscito sobre la aceptación o el rechazo a la actividad minera en la zona, que tuvo por resultado que el 81% de los votantes se expresara en contra de la instalación del proyecto15 (Walter, 2008 y Marín, 2009). Como consecuencia de la votación, el Concejo Deliberante local prohíbe la minería con cianuro en

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La empresa minera Meridian Gold, había comprado los derechos de explotación para un proyecto de oro y plata, ubicado a diez kilómetros de la ciudad de Esquel.

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Esquel, y la Legislatura Provincial aprueba una ley de prohibición a este tipo de minería en la provincia. El caso Esquel repercutió a nivel nacional, multiplicando las redes de resistencias a lo largo del país, que se organizaron alrededor de la consigna “no a la mina”. Una de las repercusiones más notables de la constitución de estas nuevas redes fue la sanción de leyes provinciales de prohibición de la mega-minería a cielo abierto y con uso de sustancias tóxicas como cianuro: Chubut (3/2003), Río Negro (7/2005), La Rioja (3/2007), Tucumán (3/2007), Mendoza (6/2007), La Pampa (9/2007) y Córdoba (10/2008)16, que pusieron en tela de juicio la legitimidad y la continuidad de los emprendimientos mineros. Por otro lado, en el año 2008 se promulgó la Ley 26.41817 de Protección de Glaciares , que en su Artículo N° 6, prohibía la exploración y explotación minera en el ambiente periglacial, lo cual obviamente afectaba los intereses mineros. Dicha Ley fue vetada por el poder ejecutivo el mismo año de su aprobación (2008). Después de varios debates, y modificaciones se promulgó una nueva ley (Ley N° 26.639 18) en el año 2011, que establece el Régimen de Presupuestos Mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Sin embargo, la presión sobre la Ley ha sido tal, que todavía no se ha realizado el inventario completo de los glaciares argentinos, cuestión que impide delimitar las áreas que deben ser protegidas.

La conflictividad entre La Alumbrera y las comunidades En relación a nuestro caso de estudio y los momentos de conflictividad entre la empresa y las comunidades, entendemos que desde el inicio del proyecto (1994) hasta la actualidad pueden distinguirse analíticamente tres etapas. Por razones de espacio simplemente mencionaremos las dos primeras y explicaremos la tercera. La primera etapa (1994-1997) estuvo marcada por una buena relación y una gran esperanza por parte de la comunidad del mejoramiento de la calidad de vida, a partir de la llegada del emprendimiento (Mastrangelo, 2004). La segunda etapa (1997-2003) estuvo signada por los despidos laborales, el asistencialismo minero y las primeras denuncias de contaminación. 16

Posteriormente algunas provincias como La Rioja y Río Negro derogaron dichas leyes de prohibición minera. 17 La Ley N° 26.145 fue aprobada por la Cámara de Diputados en el año 2007 y aprobada en el año 2008 en la Cámara de Senadores. 18 La Ley N° 26.639 se reglamentó el 1/3/2011, mediante el Decreto 207/2011.

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Por último, entendemos que hay una tercera etapa que comienza en el año 2004 y sigue vigente en la actualidad y que está fuertemente marcada por el conflicto entre la empresa y la comunidad. Para ilustrar ello, nos interesa hacer una breve cronología de las denuncias y los conflictos más significativos por los que ha atravesado la empresa. Como señalamos anteriormente el caso Esquel repercutió a nivel nacional, maximizando los conflictos sociales en torno a la megaminería. En este marco, se profundizaron las denuncias por contaminación ambiental de la minera. En el mes de julio, del año 2004 la familia Casas Flores (pobladores de la cuenca alta del río Vis Vis) presentan una denuncia civil contra Minera Alumbrera, por daños de contaminación y destrucción de sembradíos y ganado. El 17 de septiembre del mismo año, se produce el primer derrame (conocido públicamente) del mineraloducto que transporta el barro con el mineral desde las instalaciones en la provincia de Catamarca, hasta la planta de procesamiento en la provincia de Tucumán. Posteriormente, se volvieron a producir derrames en junio de 2006, agosto de 2007 y en diciembre del año 2008 (Aranda, 2012). En el año 2005 el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero se presentó como querellante en una denuncia por contaminación del dique frontal de Termas de Río Hondo por parte de La Alumbrera19 (Svampa, et al, 2011). En el año 2008, el Juzgado Federal N° II de la Provincia de Tucumán, dicta el acto de procesamiento a Julían Rooney ( en su carácter de vicepresidente de Minera Alumbrera) por la causa abierta en 1999 de violación a la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051. Ese mismo año, entre los meses de agosto y octubre, distintos pueblos de los Valles Calchaquíes realizaron bloqueos de rutas, impidiendo el paso de camiones con insumos mineros. Asimismo en el mes de octubre, durante cinco días, los vecinos de Tinogasta

(localidad cercana al emprendimiento)

realizaron lo mismo que los pobladores de los Valles, y a su vez denunciaron los daños producidos a sus viviendas y a las calles, debido a la circulación de camiones de gran porte por caminos que no se encuentran preparados para ello. Entre el 2008 y el 2012 cinco universidades nacionales20 rechazaron los fondos otorgados por la empresa La Alumbrera (que se distribuyen en función del contrato firmado con YMAD en el año 1994 – y que 19

Dicha denuncia fue presentada ante el juzgado federal de la Provincia de Santiago del Estero, y aún sigue pendiente. 20 La Universidad Nacional Río Cuarto, La Universidad Nacional de Lujan, la Universidad General Sarmiento, la Universidad de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Córdoba.

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explicamos anteriormente-). En el 2012 comenzaron a repetirse nuevamente con intensidad los cortes de rutas y los bloqueos a camiones, en distintos puntos de la provincia de Catamarca y en Tucumán para impedir la provisión de insumos a la empresa La Alumbrera. Asimismo varios de los vecinos de dichas localidades participan activamente en la Organización de Asambleas Ciudadanas, que es un espacio asambleario que se reúne en distintos puntos del país cada tres meses a coordinar acciones en conjunto para repudiar la contaminación ambiental producida por distintas industrias extractivas en el país. En este contexto de creciente conflictividad social, la legitimidad de las explotaciones mineras es puesta en duda, y las empresas transnacionales se ven frente a la necesidad de construir una ideología de la redención (Ribeiro, 1985) que justifique y legitime sus emprendimientos. Para ello las empresas transnacionales de megaminería apelan al paradigma de la Responsabilidad Social Empresaria, en pos de construir consenso y obtener la licencia social que les permita operar sin mayores inconvenientes.

Los complejos procesos de intentar construir legitimidad en torno a la megaminería Ribeiro (1985) señala que los Proyectos de Gran Escala (PGE), tal como es el caso de los mega-emprendimientos mineros tienden a ser muy controvertidos debido a la enorme demanda de capital, y a los grandes cambios sociales, económicos y ambientales que produce. Por lo que “suele resultar difícil justificar un proyecto de gran escala solo sobre la base de argumentos puramente económicos” (Ribeiro, 1985: 33). Por lo que los PGE son acompañados generalmente de un proceso de legitimación que articula varias construcciones ideológicas que pueden resumirse en la construcción de una “[…] ideología de la redención cuya matriz principal es la ideología del progreso, que muchas veces toma la forma de desarrollismo, es decir, la suposición de que los proyectos de gran escala son positivos porque desarrollarían una región, suministrando bienestar a todo el mundo” (Ribeiro, 1985: 33). Asimismo el autor señala que el grado de complejidad de la construcción de esta “ideología de la redención” depende del tipo del proyecto, el contexto en que el mismo se desarrolle, así como la familiaridad de las comunidades en donde dichos proyectos se instalan, con proyectos similares. A su vez, plantea que muchas veces dicha ideología no llega a convertirse en tal, pero si puede advertirse a modo de publicidad.

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De modo complementario, podemos pensar el aporte de Boccardi et al (2008) quienes plantean el concepto de “narrativa utópica del desarrollo”.

Consideramos que la narrativa utópica del desarrollo atraviesa los discursos del dispositivo pro-minería articulando pasado, presente y futuro en una trama de sentidos que permite sostener la explotación minera como una necesidad imperante para el desarrollo de la Nación (Boccardi et al, 2008:59).

Los autores plantean que el sector pro-minero (entre los cuales se encuentran diversos actores que defienden y promueven la actividad) produce un discurso, una narrativa que construye una utopía sobre la idea de desarrollo, a la cual asocia el crecimiento de un sector con la posibilidad de crecimiento para la población. Se entiende por narrativa, el modo de entramar significados del pasado y del futuro cohesionándolos, y configurando una determinada estructura de sentido. A partir de dicha conceptualización, queremos plantear que entendemos que los mega-emprendimientos mineros generan una gran cantidad de impactos sociales, económicos y ambientales, tanto en sus áreas productivas, como así también en sus áreas de influencia, que necesitan ser justificados más allá de argumentos económicos. En este sentido, entendemos que a partir de la emergencia de conflictos sociales en torno a la actividad megaminera, las empresas recurren a la Responsabilidad Social Empresaria para construir una “ideología de la redención”, una “narrativa utópica del desarrollo” que justifique su actividad como legitima.

La Responsabilidad Social Empresaria: En términos bien sintéticos, la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) refiere a un conjunto de prácticas autoreguladas por las empresas, que se sustentan en un discurso de intervención de las mismas en la sociedad, en el que se establecen responsabilidades por los impactos generados (sociales, ambientales y económicos) (Shamir, 2004). La intervención en la sociedad se justifica mediante el modelo de “stakeholders21”, dicho concepto refiere

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Stakeholder es un término en ingles que fue utilizado por primera vez durante la década del setenta por Freeman, R. E (2010) en la obra “Stategic Managment: A stakeholder approach) para referirse a quienes pueden verse afectados de una u otra manera por las actividades de una empresa.

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“cualquier individuo o grupo que pueda afectar o es afectado por el logro de los objetivos de la empresa” (Paladino, 2002.10). En este sentido, las políticas de RSE abarcan distintas dimensiones como el desarrollo comunitario, la cuestión medioambiental, cuestiones referidas a condiciones laborales, de derechos humanos, así como también se refieren a aspectos éticos (Cafiero, 2011). A través de estas dimensiones o áreas de interés, las empresas intervienen activamente en distintas comunidades en las que generan diferentes tipos de impactos, o en las que experimentan conflictos. Su intervención se realiza mediante una serie de prácticas tanto materiales (subsidios, “apoyo económico”, financiamiento, subsidios, etc.) como simbólicas (producción discursiva, publicidad). Al respecto, Klick (2009) plantea las políticas de RSE implementadas por las empresas y sobre todo las extractivas (debido a la producción de gran cantidad de pasivos ambientales) pueden conceptualizarse en términos de “greenwashing”22, lo cual refiere a que las empresas apelan a un recurso de orden cosmético para mejorar estéticamente la apariencia de la empresa, pero sin realizar modificaciones de mayor envergadura. El uso del concepto de RSE se ha extendido ampliamente en los últimos años, aunque todavía encontramos que hay una gran cantidad de definiciones divergentes entre sí. Más allá de las distintas interpretaciones, encontramos que existen fundamentalmente dos corrientes de interpretaciones sobre la RSE: por un lado y según nuestro criterio una visión más bien ingenua que plantea que la RSE es una nueva modalidad de gerenciamiento, en el que las empresas se sienten frente a la necesidad ética de devolverle a las comunidades una contraprestación por sus ganancias. Y por el otro, una visión que plantea que la RSE es una reacción empresaria frente a las fuertes críticas ambientales y por violación de los derechos humanos que han experimentado una gran cantidad de empresas multinacionales en los últimos años. Si bien dentro de esta postura uno también puede distinguir distintos matices, y no es el propósito del siguiente trabajo hacerlo, teóricamente nos ubicamos dentro de esta amplia segunda visión.

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Dicho término no ha sido acuñado por el autor, sino más bien que se ha popularizado entre una serie de autores de habla inglesa que problematizan la cuestión de la RSE. No encontramos ninguna expresión en español que describa acabadamente dicha idea, sin embargo entendemos que lo destacable de la expresión refiere al hecho de que las empresas realizan, lo que en español se conoce popularmente como una “lavada de cara”, pero la versión en inglés le agrega el componente de lo verde. Lo verde apunta a incluir todas aquellas iniciativas que se tiñen de ecológico y pretenden vincularse con otro concepto, por demás polisémico como es el término de desarrollo sustentable.

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Varios autores que trabajan en esta línea, señalan que un aspecto fundamental de la RSE es su carácter no regulado y voluntario, lo que implica que la empresa no está obligada jurídicamente a ser una entidad socialmente responsable o a cumplir con tal o cual programa de RSE. Lo cual estimula que una parte importante de las políticas de RSE se vincule a la generación de prácticas discursivas, orientadas a construir una narrativa positiva en torno a la empresa. Muchas veces estás practicas discursivas suelen ser tan o más importantes que las contribuciones de tipo material que realizan las empresas. En este sentido entendemos que la incorporación de políticas de RSE por parte de las empresas no constituye un gesto neutro. Por el contrario, la rápida y masiva incorporación de dichas políticas en el ámbito empresarial, puede comprenderse como un intento por parte de las empresas por definir sus propios roles, expectativas y su relación con la sociedad (Saguier, 2010). Asimismo Levy y Kaplan (2008) plantean que la motivación de las empresas en emprender políticas de RSE es un intento por evadir la crítica y la presión social, así como por des-radicalizar la protesta; es decir tiene una intencionalidad claramente política. A partir de esta conceptualización sorbe RSE, nos interesa presentar y analizar las políticas implementadas por La Alumbrera, en una de sus zonas de influencia, la comunidad indígena Amaicha del Valle (Provincia de Tucumán).

Las políticas de Responsabilidad Social Empresaria implementadas por La Alumbrera: A partir del año 2004 la empresa puso en marcha una fuerte política de Responsabilidad Social Ambiental que lleva adelante en un conjunto de comunidades próximas al emprendimiento: Santa María, Belén, Hualfín, Andalgalá (Provincia de Catamarca) y en varias localidades de Tafí del Valle, entre ellas Amaicha del Valle (Provincia de Tucumán). Para ello cuenta con representantes corporativos que reciben el nombre de “Agentes Corporativos” que se encargan de gestionar los territorios que se ven de una u otra manera vinculados con los intereses de la empresa. Pueden identificarse distintas estrategias dentro de las políticas de RSE (Composto, 2012). La primera es la comunicacional, en la cual la empresa difunde las actividades de financiamiento y “apoyo” que brinda, asimismo intenta construir un discurso de legitimación de su actividad. La segunda es la de intervención social directa, en la cual la empresa financia y / o subsidia 19

emprendimientos productivos (plantaciones de nogales, vid, etc.), obras de mejoramiento de infraestructura en hospitales, escuelas, clubes, o sedes sociales. La tercera estrategia es la de monitoreo social, en la cual las empresas estimulan a las comunidades a que “revisen” la gestión y transparencia de la empresa, acompañado de técnicos de La Alumbrera23

Al respecto de la estrategia comunicacional, La Alumbrera publica una multiplicidad de suplementos tanto impresos como en versión digital, en los cuales se puede distinguir un esfuerzo por construir un discurso que legitime su actividad. Desde el 2004 en adelante la empresa publica los Informes de Sustentabilidad Ambiental (ISA), allí se pueden leer una serie de estadísticas sobre la producción de la empresa, los estándares de calidad, etc., pero sobre todas las cosas la publicación está orientada a informar sus políticas de RSE y la intervención que realizan en ese marco, en las distintas comunidades. Al analizar la estética de las publicaciones, se distingue que los primeros números se caracterizaban por ser sobrios, de colores apagados (en tonos de grises y azules), donde se destacaban las fotografías sobre la planta y el proceso productivo. Mientras que en las últimas ediciones, la empresa ha renovado la imagen de las mismas, incorporando colores vívidos y alegres (verde, naranja y amarrillo), así como ilustraciones y dibujos. Asimismo si bien continúan apareciendo fotografías del proceso productivo, estás han perdido protagonismo, mientras que se destacan las fotografías a pobladores que han recibido algún tipo de “apoyo” por parte de la empresa, en el marco de las políticas de RSE. Entendemos que el viraje de una estética más bien típica de reporte empresario a una publicación de tono alegre y colorida, se vincula con el intento por ampliar el público a quien se dirige dichas publicaciones y acercarse al mismo de un modo más “amigable”. Según el ISA del año 2012 de La Alumbrera, la empresa durante dicho año generó exportaciones por US$ 1.592 millones, e invirtió US$ 58 millones en políticas de RSE. A su vez la empresa cuenta con distintas publicaciones, diversificadas según su público. Entre las mismas quisiéramos destacar principalmente dos, una que lleva el nombre “Minera Alumbrera” y la otra “Minera Alumbrera – Acercarnos para conocernos”. La primera está orientada a los trabajadores de la mina, allí hay notas sobre los mineros a lo

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Por ejemplo, distintas poblaciones han participado de procesos de medición de agua en puntos demarcados específicamente por la empresa y acompañados por técnicos de la compañía.

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largo de los años, sobre las instalaciones de la empresa, los servicios que brinda, y también sobre las “contribuciones” que realiza en las distintas comunidades. La segunda publicación, está orientada a los pobladores de las comunidades donde se realizan las políticas de RSE y también a aquellos habitantes de los grandes centros urbanos de Tucumán y Catamarca. La misma se entrega como publicidad gratuita a través de los diarios de mayor tirada en las provincias de Catamarca (El Ancasti) y en Tucumán (La Gaceta). A su vez es repartida localmente en las distintas comunidades24. La publicación está enfocada a mostrar las distintas iniciativas que realiza en las comunidades, y sus protagonistas. Por lo que lo más importante de la revista es el registro fotográfico, grandes fotos y en primer plano, de los “protagonistas25” a quienes la empresa subsidia o apoya económicamente. Dichas fotografías van acompañadas de un pequeño texto que cuenta la historia de los mismos, o del proyecto en el que participan. A su vez, en la mayor parte de los números encontramos notas referidas a construir una “imagen del éxito” del trabajador minero, así como una sobre la historia del descubrimiento del yacimiento, en donde se destaca sobre todas las cosas, la antigüedad en el tiempo del mismo26. Entendemos que esto es un mecanismo por construir una impronta histórica del yacimiento, que intenta reconstruir un pasado minero, que no es significativo realmente para la región. En ambas publicaciones se distingue en la contratapa, un apartado que destaca los distintos usos de los minerales (tecnología, utensilios de cocina, materiales de construcción, etc.) y que va acompañado del slogan “La minería está presente en todos lados”. Consideramos que dicho apartado está orientado a construir la idea de que la minera es indispensable para la vida, y que ha estado presente desde hace siglos, por tanto de que no es cuestionable como actividad. Es decir, la construcción de dicho discurso apunta a deslegitimar la crítica social. Existen otras publicaciones, como “Suplemento Comunitario”, “Info Alumbrera” y “A Cielo Abierto”, que por cuestiones de espacio no analizaremos. La segunda estrategia, de intervención social directa se implementa fundamentalmente a través de dos programas complementarios, el Programa de Desarrollo Comunitario y el Plan Extendido de Responsabilidad Social Empresaria. Dichos programas se orientan según

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La periodicidad de la revista ha ido cambiando según el año. Así son denominados por la publicación. 26 Si bien el yacimiento ha sido descubierto como tal en la década de 1950, el mismo no ha sido explotado hasta el año 1997. 25

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tres criterios: Desarrollo Sustentable, Educación y Salud. Si bien, como explicábamos anteriormente, dichas políticas se implementan en un conjunto de comunidades, detallaremos exclusivamente aquellas que se realizan en nuestro caso de estudio la localidad de Amaicha del Valle. La localidad se ubica en el departamento de Tafí del Valle, (Provincia de Tucumán), sobre la Ruta Provincial N° 307, que conecta con la Ruta Nacional N° 40, paso obligado por la empresa minera La Alumbrera para el transporte de mercadería y personal. De ahí que, si bien la localidad se encuentra a unos 300 km de la explotación, la misma es considerada como un área de influencia de la misma. La localidad cuenta con una población de 5.000 habitantes, que pertenece en su gran mayoría a la Comunidad Indígena Amaicha del Valle (CIAV), quien posee el dominio sobre las tierras. La Alumbrera intervino directamente en la comunidad brindado contribuciones económicas, asesoramiento técnico, y maquinaria en distintos proyectos. Mencionaremos exclusivamente algunos, a modo de ejemplo. El primero que puede mencionarse es el financiamiento de la Fundación Amauta, la cual construyó una biblioteca, un museo y un emprendimiento de Desarrollo Turístico, así como ha brindado asesoramiento a jóvenes cooperativistas. La segunda experiencia, es el financiamiento a la Cooperativa Agrotécnica de Los Zazos27, allí la empresa ha brindado dinero para la compra de plantines de vid, (alentado la reconversión varietal hacia las variedades Malbec y Cabernet Sauvignon), así como ha brindado asesoramiento técnico. Asimismo la empresa ha prestado sus máquinas y el combustible para las mismas, para realizar la limpieza del Dique Los Zazos que abastece de agua al pueblo. Por otro lado, ha financiado en varias oportunidades la realización de la Fiesta de la Pachamama (la fiesta más importante que se realiza anualmente en la localidad). Por otro lado, la empresa otorgó equipamiento al club de boxeo de la comunidad. Por último cabe mencionar, que la empresa otorgó materiales para la construcción, así como equipamiento para la “Casa de la Gobernanza”, que es la sede administrativa de la CIAV. Todos estos proyectos han sido informados en sus distintas publicaciones, lo interesante es que en ninguna de ellos se anuncia concretamente el monto en dinero con el que han contribuido. En dichos anuncios se destacan las palabras “apoyó”, “colaboró”, “entregó”, “aportó”, dejando por un lado librada cierta ambigüedad al tamaño

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Es destacable el hecho de quienes conformaron dicha cooperativa, recibieron formación por parte de la Fundación Amauta.

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de la contribución económica que realiza la empresa, y por otro lado, destacando que la empresa no interviene aisladamente, sino que realizan sus políticas de manera conjunta con la comunidad (y muchas veces explicitan que es a pedido de las mismas). Respecto del criterio de selección de financiamiento de un proyecto u otro, la base del mismo está puesta por parte de la empresa en garantizarse lazos de reciprocidad, en el sentido de financiar a quienes no critiquen abiertamente la actividad minera. Nosotros no forzamos a nadie, pero sí no nos gusta la traición, o sea el tipo o la institución que te pide por un lado y que por otro lado critican la actividad. Conócela, si te gusta, si estás de acuerdo, sino tenés dudas recién trabajemos. Eso es nuestra forma de construir. No si hay desconfianza, o si hay cuestiones ocultas. Si no hay confianza no lo podes hacer (Entrevista a Agente Corporativo encargado de Amaicha del Valle, realizada en 2013).

En este sentido entendemos que las acciones de intervención social directa, están fuertemente orientadas a comprar voluntades y deslegitimar los espacios de crítica hacia la actividad y sus consecuencias. Por último, respecto de las políticas de monitorio social (como puede ser el control de la calidad del agua en algún punto cercano al emprendimiento), no encontramos ninguna para el caso de Amaicha del Valle. Aunque si pueden distinguirse para localidades cercanas que se hallan en la provincia de Catamarca. Entendemos que esto puede deberse a que a diferencia de otras comunidades, la empresa no ha tenido grandes conflictos en Amaicha del Valle28.

Reflexiones Finales: La instalación y expansión de la mega-minería en la Argentina supuso la reconfiguración territorial de vastas áreas del país, que han pasado a constituirse en áreas de producción minera, o en sus áreas de influencia. En este sentido, entendemos que en los últimos años, las empresas de megaminería vienen construyendo una “territorialidad extractiva” poniendo bajo su dominio, control y administración vastas áreas del territorio nacional. Dicho proceso trajo aparejado la multiplicación de conflictos sociales en torno a la actividad, a lo largo del país, y sobre todo en las zonas en donde dichos proyectos se instalan o pretender hacerlo. En este sentido, las empresas mega-mineras han tenido que 28

En la localidad de Amaicha del Valle se han realizado algunos cortes de ruta, y pintadas en contra de la actividad, pero en relación a las comunidades vecinas las situaciones de repudio han sido significativamente menores.

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recurrir a estrategias de construcción de consenso social para lograr la licencia que les continúe seguir operando territorialmente. En este marco, y en un contexto de florecimiento de la Responsabilidad Social Empresaria a nivel mundial, las empresas recurren a las políticas de este tipo para construir una imagen positiva en torno a la actividad. Por lo que puede observarse que a medida que se han generalizado los conflictos sociales en torno a la actividad, también se han multiplicado las políticas de RSE implementadas por las empresas. Por lo que es esperable que la expansión de dicha actividad en la Argentina, vaya acompañada de la mano de la proliferación de políticas de RSE por parte de las empresas. En este marco, consideramos interesante dejar algunas preguntas planteadas para continuar investigando, ¿cuáles son las posibles consecuencias sociales, políticas y económicas del avance de dichas políticas a lo largo del país? y ¿Qué implicancias tiene para la soberanía nacional, que empresas privadas trasnacionales intervengan financiando escuelas, hospitales, clubes sociales, y distintas esferas que eran tradicionalmente en la Argentina de dominio estatal?

Bibliografía: Antonelli, M. (2009). Minería trasnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la “minería responsable y el desarrollo sustentable”. En Svampa, M. y Antonelli, M. (Eds.). Minería Trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires: Biblos. Boccardi, F.; Giovanni, M.; Orellana, D. y Rocchietti, D. (2008). El sueño minero: un análisis de la narrativa utópica de desarrollo. Perspectiva de la Comunicación, Vol. 1, N° 1, pp.56-72. Cafiero, B. (2010). La intervención social de las empresas: reflexiones en torno a la práctica, el discurso y las implicancias de la noción de Responsabilidad Social Empresarial. Economía y Desarrollo, Volumen 9, N°1. Composto, C. (2012) Minería a gran escala y control social. Apuntes de investigación sobre el caso argentino. A corntracorriente, N° 3, Vol. 9, pp.254-290. Gudynas, E. (2005). Geografías fragmentadas: sitios globalizados, áreas relegadas. Revista del Sur, N° 160, pp. 3-pp.13. Gudynas,E. (2009).Diez Tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. Giarracca, N. y Teubal, M. (2010) Disputas por los territorios y recursos naturales: el modelo extractico. REVISTA ALASRU Nueva Época, N° 5, 113-133. Fernandes, B. M. (2005).Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais: Contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. OSAL Año 6, N° 16. Buenos Aires: CLACSO. 24

Haesbaert R. (2011). “Viviendo en el límite: los dilemas del hibridismo y de la multi/transterritorialidad. En Geografías Culturales, (pp.44-76). Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Koenig, V. y Bianco, C. (2003) Estudios Sectoriales. Componente: Industria Minera. CEPAL, ONU, BS. As. Estudio 1. EG, 33.6. Klick, M. (2009). The political economy of Corporate Social Responsibility and Community Development. A case study of Norway’s Snøhvit Natural Gas Complex. Fridtjof Nansen Institute. Levy, D. y Kaplan, R., (2008), “CSR and Theories of Global Governance: Strategic Contestation in Global Issue Arenas”, en Crane, A., Mc Williams, A., Matten, D., Moon, J. y Siegel, D., (editores), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, Nueva York. Llorente, E. G. (1991). Minería Química. Madrid: Instituto Tecnológico Geométrico Marín, C. M. (2009). El “no a la mina” de Esquel como acontecimiento: otro mundo posible. En M. Svampa, M. Antonelli (Eds.). Minería Trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires: Biblos. Mastrangelo, A. (2004), Las niñas Gutiérrez y la mina Alumbrera. La articulación con la economía mundial de una localidad del Noroeste argentino. Buenos Aires: Antropofagia. Paladino, M. (2002) Tendencias de la responsabilidad social empresaria en la Argentina. (Documento de Trabajo s/n). Buenos Aires: Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad de Austral Ratto, N. (2001). Patrimonio Arqueológico y megaproyectos mineros: el impacto arqueológico en detrimento de su potencial para el desarrollo sostenido regional en la provincia de Catamarca (Argentina). (Tesis no publicada). Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Buenos Aires. Ribeiro, G. L. (1985) Proyectos de gran escala: hacia un marco conceptual para el análisis de una forma de producción temporaria. En Relocalizados: Antropología Social de las Poblaciones Desplazadas. Buenos Aires: IDES. Saguier, M. (2010). En el banquillo de los acusados: Empresas transnacionales y violaciones de derechos humanos en América Latina. Revista de Negocios Internacionales, Volumen N° 3, N° 3, pp. 116-153. Shamir, R. (2004). The de-radicalizatión of Corporate Social Responsibility”. Critical Sociology, Vol. 30, (3). Leiden :Koninklijke Brill NV. Svampa, M.; Álvarez, S. y Bottaro, L. (2010), Hacia una discusión sobre la megaminería a cielo abierto. En Minería Trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales (pp.29-46). Buenos Aires: Biblos. Souza, M. L. de (1995). “O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento”, en CASTRO, I. E. de, GOMES, P. C. da C., CORRÊA, R. L. (organizadores). Geografia: conceitos e temas, Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, p. 77-116. Teubal, M. (2012) Reflexiones en torno al extractivismo: el caso de la minería a cielo abierto. Revista Causa Sur, N° 3. Wahren, J. (2011) “Territorios Insurgentes: La dimensión territorial en los movimientos sociales de América Latina.”, IX Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 8 al 12 de Agosto de 2011. Walter, M. (2008). Nuevos conflictos ambientales mineros en Argentina. El caso Esquel (2002-2003). Revista Iberoamericana de Economía Ecológica Vol. 8: 15-28. 25