Las empresas públicas en el Uruguay 2015. Pasado, presente y futuro

Las empresas públicas en el Uruguay 2015. Pasado, presente y futuro Jorge Notaro1

Resumen A principios del siglo veinte se expandieron las empresas públicas en servicios públicos y actividades consideradas estratégicas, con objetivos explícitos de contribuir a la soberanía nacional, facilitar el acceso de las clases sociales más numerosas y menos favorecidas y en los bancos, orientar el crédito. En la década de los años noventa se aprobaron varias leyes para privatizarlas pero el movimiento popular recurrió con éxito al procedimiento establecido en la Constitución de la República para derogarlas. En 2014 el resultado de las empresas públicas fue deficitario, gastaron más de los ingresos que tuvieron por el equivalente al 3.7% del PIB ya que invirtieron aproximadamente 1.055 millones de dólares que representan el 14.8% de sus ingresos. Este resultado no es un indicador de eficiencia ya que las empresas monopólicas pudieron aumentar el precio de los bienes y servicios que venden para lograr ingresos mayores y grandes ganancias. El análisis de la eficiencia requiere tener en cuenta otros aspectos de la gestión que muestren como se utilizan los recursos, desde el trabajo hasta los equipos, las técnicas o la organización. Las empresas públicas tienen un papel en el proyecto político emancipador desmercantilizando actividades que ya no se realizarán para vender con ganancia y reduciendo la dependencia. Como nuevas actividades estratégicas a principios del siglo veintiuno se pueden destacar, en una lista incompleta, la información, las comunicaciones, las energías alternativas, la producción de alimentos y el agua potable. Si el Estado participa de la actividad como empresario, puede y debe hacerlo con objetivos sociales y políticos, como mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, contribuir a la diversificación de las actividades económicas o aumentar la autonomía política del país. Es imprescindible el permanente aumento de las inversiones que incorporen los cambios técnicos para aumentar la competitividad y la eficiencia. En el Uruguay capitalista y dependiente es inevitable respetar al capital, porque de sus decisiones dependen los niveles de inversión y de empleo. Pero este reconocimiento no impide, sino que por el contrario obliga a los gobiernos a utilizar al máximo los márgenes disponibles para erosionar el poder del capital progresivamente, construyendo una senda que no está trazada hacia un destino que no está escrito, una sociedad sin dominación ni explotación.

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Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII y del Núcleo de Pensamiento Crítico en América Latina y Sujetos Colectivos de la UDELAR. Militante sin partido del Frente Amplio

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1. El origen de las empresas públicas Las actividades de las empresas públicas comenzaron antes de la existencia del Uruguay como república y después de un largo proceso en 1911 ingresaron a una nueva etapa de cambios en la organización de las existentes y de creación de nuevas (Jacob 2011). Desde principio del siglo veinte hasta inicios de la década de los años setenta se expandieron las funciones del Estado, se consolidó la propiedad estatal de los servicios públicos y se puso el acento en sus objetivos sociales (Bertino et al 2013). El papel de las empresas públicas asumiendo actividades estratégicas ya había sido comprendido por el ministro de Fomento Juan José Castro en 1892, refiriéndose a las comunicaciones y fue retomado en los fundamentos de los proyectos de ley del Presidente José Batlle y Ordoñez desde 1911. Batlle y Ordoñez también consideraba que las empresas públicas contribuían a la soberanía nacional y sustituyendo a las empresas extranjeras, evitaban las transferencias de ingresos al exterior, aun cuando se financiara con deuda externa. En el diario El Día (“Sobre Liebig”, 24/07/1906) escribió “No hay duda que es ventajoso para nuestro país importar capital al 5%, siempre que el capital sea empleado en tareas productivas ¿Pero es igualmente incuestionable que el capital que extrae 20% nos deja beneficios reales?” (citado por Nahum 1993:31) En los fundamentos del proyecto de monopolio estatal de la producción de energía eléctrica enviado al parlamento por el Presidente José Batlle y Ordoñez y el ministro José Serrato el 22/11/1911 se señalaba que la explotación de servicios públicos por el Estado tiene como objetivos “la difusión y distribución colectiva de agentes indispensables de bienestar, comodidad e higiene, a dotar a las clases sociales más numerosas y menos favorecidas, de una suma de beneficios , que de otra manera serían únicamente accesibles a las acomodadas…En todas partes, al impulso de estas exigencias, se extiende la tendencia a oficializar los servicios que tienen aquel carácter, que revisten interés general y están vinculados al progreso y al bienestar de los pueblos. Se trata, sencillamente y en pocas palabras, de favorecer al público, mejorando, extendiendo y abaratando los servicios” (citado por Nahum 1993:25). En 1912 se fundó la Usina de Transmisiones Eléctricas (UTE, originalmente UEE)) que tuvo el monopolio de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en todo el país, se expandió al Interior estatizando (la última en 1947) y creando usinas. En 1931 se le asignó la construcción y explotación de la nueva red telefónica nacional y el monopolio de las comunicaciones por cable en todo el territorio nacional. En 1933 cesaron las concesiones a las empresas privadas, que debían desmantelar sus redes aéreas (Bertino et al 2013). Los objetivos eran universalizar el acceso, priorizar las inversiones en generación y dinamizar la industria. El Banco de la República se creó en 1896 con participación de capital privado y desde 1911 quedó exclusivamente en propiedad del Estado. En los proyectos de ley que aumentaron su capital y diversificaron sus funciones se reiteraba que el banco “… no debe tener por norte la conquista de ganancias cuantiosas, sino la difusión amplísima del crédito, que constituye el secreto motor de la producción el aliciente y estímulo de las iniciativas y empresas. Claro está que tendrá ganancias, porque no puede prestar con 2

absoluto desinterés, pero con ellas acrecerá su capital, lo que implica aumentar su capacidad para realizar el imponderable bien derivado de sus funciones” (Mensaje y proyecto de ley del 23/04/1913, citado por Nahum 1993 36:37). En la fundamentación de la estatización del Banco Hipotecario (23/03/1912) se señaló que “… unido al de la República, representará el esfuerzo del Estado para presidir y orientar, en cuanto le es posible, el funcionamiento del crédito bancario, influyendo en la dirección general de las actividades relacionadas con la riqueza, que no pueden quedar exclusivamente libradas a instituciones privadas y para poder además intervenir como fuerza reguladora en el mercado general del crédito” (citado por Nahum 1993:39). El Banco de la República creó las líneas de crédito rural e industrial que contribuyeron de forma significativa al desarrollo estas actividades; el Banco Hipotecario al que se le asignó el monopolio de los préstamos hipotecarios, facilitó el acceso a la vivienda de los sectores populares y evitó que fueran asfixiados por el capital; el Banco de Seguros al que se le asignó el monopolio de los principales seguros bajó los costos y aumentó la cobertura. Por estas decisiones el presidente Batlle y Ordoñez enfrentó una embestida de las embajadas de Inglaterra y de Francia que querían que esas actividades fueran una oportunidad de negociaos para sus capitales. La ley fundacional de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) le asignó la misión de intervenir en tres ámbitos considerados estratégicos: a) en combustibles se estableció el monopolio estatal de la importación y refinación del petróleo crudo y, a partir de la producción del 50% de la nafta consumida en el país, tendría el monopolio de la importación y exportación de todo tipo de carburante; b) en alcoholes estableció el monopolio sobre la importación, exportación y fabricación de alcohol y de las bebidas alcohólicas destiladas; c) la instalación de fábricas de portland para abastecer las necesidades de las obras públicas. Finalizada la Segunda Guerra Mundial se estatizaron empresas que pertenecían a capitales ingleses, principalmente para utilizar el saldo favorable del comercio exterior con Inglaterra por 17 millones de libras aproximadamente, congelado en Londres. Se estatizaron las empresas de provisión de agua potable y saneamiento, el ferrocarril, un frigorífico y los tranvías de Montevideo. “Si no puede negarse que la ideología tuvo su papel, parece haber sido más decisiva la existencia de una coyuntura especial como la mencionada” (Solari y Franco 1983:23). Se creó Obras Sanitarias del Estado (OSE) en 1952 por la fusión de la empresa inglesa de Aguas Corrientes de Montevideo y la Dirección de Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas.. Su Ley Orgánica estableció que: “La prestación del servicio y los cometidos del organismo deberán hacerse con una orientación fundamentalmente higiénica, anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico”. De acuerdo a estos objetivos, en este período los egresos de OSE superaron a sus ingresos, rigiendo además una tarifa social. (Bertino et al 2012 43:44) La dictadura militar instalada desde 1973 hasta 1984 combinó la reivindicación de un espacio para las empresas públicas en actividades estratégicas con la preocupación por mejorar sus resultados y privatizar las no estratégicas. En el Conclave Gubernamental de noviembre de 1981 se creó un Grupo de Trabajo con la finalidad de “delimitar qué 3

actividades deben ser consideradas estratégicas por razones de soberanía o seguridad, proponer un régimen jurídico y organizativo que permita imponer criterios y actuación empresarial competitiva y asesorar en la aplicación de las restantes políticas aprobadas. Se deberá determinar que actividades deben mantenerse en régimen de monopolio, siendo las restantes cumplidas en régimen de competencia. Se deberá tender a privatizar las actividades no estratégicas donde no se entiende conveniente mantener una gestión comercial, industrial o financiera” (citado por Solari y Franco 1983 27:28). Durante la década de los años noventa fue de auge del neoliberalismo con proyectos de privatización de las empresas públicas en los países dependientes llegó al Uruguay impulsados por las corrientes políticas dirigidas por Luis Alberto Lacalle Herrera en el Partido Nacional y Jorge Batlle en el Partico Colorado (en algún caso con el apoyo del Nuevo Espacio dirigido por Rafael Michelini). Las leyes que autorizaban las privatizaciones fueron enfrentadas con éxito por el movimiento popular, que consideró que las empresas públicas formaban parte del patrimonio nacional. Con apoyo del Frente Amplio y del Foro Batllista (fracción del Partido Colorado dirigida por el Dr. Julio María Sanguinetti) se puso en marcha el procedimiento establecido en la Constitución que culminó con un referéndum el 13 de diciembre de 1992 en el que el 70.5% de los votos aprobó la derogación de la ley. El proyecto neoliberal conservador recurrió a un plan B, no invertir en estas empresas y por esta vía reducir su incidencia; algunos de los casos más groseros fueron el de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) y el del Correo, que dejaron el espacio económico libre para el capital en el transporte automotriz de carga y pasajeros, así como para los correos privados. En 2003 por consulta popular se derogó la ley que autorizaba la asociación de ANCAP con privados en la refinación de petróleo. Desde los años noventa el servicio de agua y saneamiento en la zona balnearia de Canelones y Maldonado había sido concedido en gran parte a empresas privadas; en 2004 mediante un plebiscito se aprobó una reforma constitucional que revirtió dicho proceso, declarándose que “El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales” y que ambos servicios “serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. (Bertino et al 2012 43:44). El marco constitucional vigente fija orientaciones a las empresas públicas estableciendo que todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa (artículo 45), que la protección del medio ambiente es de interés general y la ley podrá prever sanciones para los transgresores (artículo 47) y que “El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”. .. “la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico.” (artículo 47)

2. Los resultados durante 2013 y 2014 Desde 2005 al asumir el gobierno la coalición de centro izquierda Frente Amplio – Encuentro Progresista – Nueva Mayoría “las tres empresas públicas más importantes (UTE, ANCAP y ANTEL), pusieron en marcha estrategias con lógica 4

desmercantilizadora”. El objetivo de ANTEL fue consolidar el control de las vías, terrestre y aérea de la banda ancha para garantizar que este sistema se construya y se gestione con lógica de servicio público de expansión de derechos universales de acceso, con independencia del poder de compra. UTE promueve la generación eléctrica de fuentes renovables y la interconexión con la región. ANCAP desarrolla la capacidad de producir biocombustibles, reactivando la caña de azúcar (Narbondo 2013: 95). El Plan Nacional de Energía aprobado en 2008 definió como uno de los cuatro ejes estratégicos de la política energética a la dimensión social, universalizar el acceso, garantizar el consumo “sostenible” y “equitativo”, considerando particularmente a quienes sufren distinto tipos de vulnerabilidad (Messina y Sanguinetti 2015:9). Al mismo tiempo que se fortalecieron las empresas públicas, se crearon cerca de 30 sociedades anónimas, que operan en el derecho privado y sus acciones pertenecen a empresas públicas. Se fundamente en que la gestión requiere más agilidad de lo que tienen las empresas públicas pero como consecuencia, se apartan de los controles de la gestión pública. La propuesta de ANCAP y el saneamiento del departamento de Canelones que ejecuta OSE se implementan por Sociedades Anónimas de propiedad de estas empresas (Bertino et al 2012:44). De acuerdo a la información del Ministerio de Economía y Finanzas (ver www.mef.gub.uy) los ingresos menos los gastos corrientes del conjunto de empresas públicas, si no se tienen en cuenta las inversiones, tuvo como resultado un superávit equivalente a 1.6% del PIB tanto en 2013 como en 2014. Si se tienen en cuenta las inversiones el resultado es deficitario, gastaron más de los ingresos que tuvieron por el equivalente al 3.7% del PIB en 2014 ya que invirtieron aproximadamente 1.055 millones de dólares que representan el 14.8% de sus ingresos. Se observan dos situaciones en el grupo de empresas públicas, por una parte UTE, ANP y AFE que tuvieron superávit a pesar de las inversiones realizadas; el mayor superávit fue el de UTE con 76 millones de dólares aproximadamente y se logró con una inversión de 478 millones de dólares. Por otra parte, ANTEL, ANCAP y OSE tuvieron déficits, el mayor corresponde a ANTEL con 277 millones de dólares, aunque sus ingresos corrientes fueron mayores que sus gastos corrientes, el déficit resultó de invertir 431 millones de dólares (información proporcionada por el economista Pablo Da Rocha del Instituto Cuesta Duarte). Las críticas que ponen énfasis en la situación de estas empresas públicas no hacen referencia a otras situaciones que requieren utilizar una parte de los ingresos públicos, como el déficit del Banco Central de Uruguay (BCU) de 348 millones de dólares o la asistencia para el pago de las pasividades militares que fue de 391 millones de dólares en 2014. El resultado que se obtiene de restar de los ingresos los gastos realizados, no es un indicador de eficiencia. Si una empresa monopólica como ANCAP, UTE u OSE aumenta el precio de los bienes y servicios que vende, puede lograr ingresos mayores que los gastos así como grandes ganancias. También pueden lograr que los ingresos superen a los gastos con otras dos medidas, no invertir o financiar las inversiones con deuda. El análisis de la eficiencia requiere tener en cuenta otros aspectos de la gestión 5

que muestren como se utilizan los recursos, desde el trabajo hasta los equipos, las técnicas utilizadas o la organización. Por ejemplo las naftas que vende ANCAP pagan dos impuestos, el IVA y el Impuesto Específico Interno (IMESI) con tasas entre 14% y 17%; por lo tanto se puede suspender el cobro del IMESI, aumentar en esos porcentajes el precio de las naftas, aumentarían los ingresos de ANCAP, no se modifica el precio al consumo ni se impacta en el IPC y el MEF tendría que sustituir lo que deja de recaudar con otros ingresos. Cabe una tercera posibilidad para tener superávit sin reducir las inversiones, financiarlas con deuda pública. Hace poco tiempo UTE ofreció 100 millones de dólares en certificados del Fideicomiso Financiero Pampa, a 20 años con una rentabilidad garantizada de 4% anual en dólares que podría llegar a un 11% según los resultados del emprendimiento, un parque eólico. Recibió demandas por 400 millones de dólares, es decir que hay residentes en el país que todavía disponen de 300 millones de dólares y están dispuestos a utilizarlos comprando títulos de deuda pública. Si el Estado participa de la actividad como empresario, puede y debe hacerlo con objetivos sociales y políticos, como mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, contribuir a la diversificación de las actividades económicas o aumentar la autonomía política del país. Rentabilidad no es lo mismo que eficiencia, esta segunda se define como el logro de objetivos con la menor cantidad de recursos. Según el papel que se asigne a las empresas públicas, “se valora de distinta forma la cobertura de los servicios a nivel nacional, llevándolos o no a lugares donde pueden no ser rentables desde la mirada de una empresa capitalista convencional.” (Messina y Sanguinetti 2015:1). Como señala Rohmer (2012) es necesario “valorar los beneficios sociales, en términos de prevención de enfermedades, de una empresa pública que extiende redes de agua potable y cloacas a numerosos hogares aun resignando beneficios económicos”. Las empresas privadas pueden aumentar su rentabilidad “a expensas de contaminación ambiental, bajos salarios o restricciones a la actividad sindical. O empresas de notable eficiencia en el logro de utilidades que giran cuantiosos dividendos al exterior provocando daños en las cuentas externas del Estado. O una empresa extractiva que agota un recurso y se va del país dejando poblaciones sin futuro.”

3. El papel en un proyecto emancipador Las empresas públicas tienen un papel en el proyecto político emancipador desmercantilizando actividades que ya no se realizarán para vender con ganancia y reduciendo la dependencia. Rohmer agrega como objetivos posibles desarrollar proveedores locales, generar empleo y valor agregado, así como evitar la evasión fiscal y previsional, la quiebra fraudulenta y el vaciamiento, los monopolios y oligopolios con el consiguiente aumento de precios (2012). Chávez y Torres (2013) revisaron las experiencias de las empresas públicas desde el siglo veinte hasta el veintiuno, en Europa y en los Estados Unidos, en Asia y países árabes, en América Latina incluyendo el Uruguay, observando que pueden ser 6

eficientes, innovadoras y competitivas, en actividades de explotación de los recursos naturales hasta las telecomunicaciones. Concluyeron que “…las empresas del Estado inciden en el desarrollo nacional en varios planos: el control de los recursos naturales, el apoyo al progreso social y económico de los sectores sociales y zonas geográficas más vulnerables y/o marginalizados, la provisión de bienes y servicios esenciales, el ahorro de divisas, la generación de empleo y el desarrollo tecnológico. Las empresas públicas constituyen un componente esencial de la base material que define la soberanía, la equidad y el desarrollo de un país” (2013:25) Al mismo tiempo corresponde señalar que en el Uruguay actual, como resultado de un conjunto de condicionantes que no se van a explicitar, el Estado no puede encargarse de todas las actividades económicas por qué tiene limitaciones en su capacidad de invertir, de endeudarse y de gestionar. Por ejemplo, el Estado no puede gestionar con funcionarios públicos un bar, un almacén o una peluquería. Se deberían experimentar otras formas de propiedad y de gestión, por ejemplo con propiedad estatal y participación en la gestión de los sujetos colectivos vinculados a la actividad con el Estado (Notaro 2013:4). Reconocer estas limitaciones tiene dos implicancias. En primer lugar es imprescindible elegir las actividades en las que el Estado va a asumir la producción de bienes y servicios. Segundo, elegir que sujetos colectivos pueden participar del proyecto emancipador como por ejemplo las empresas autogestionadas por los trabajadores, los agricultores familiares o algunas pequeñas y medianas empresas en las que el patrón también trabaja. Para que cumplan su función en un proyecto político emancipador es imprescindible el permanente aumento de las inversiones que incorporen los cambios técnicos para aumentar la competitividad y la eficiencia. Definiendo la eficiencia como el logro de los objetivos políticos y económicos con la menor utilización de recursos posible; es imprescindible la evaluación periódica de la gestión y el diseño de estrategias, por qué no se puede permitir el derroche de recursos que implica la ineficiencia. Será necesario revisar el sistema de relaciones laborales, la organización del trabajo, la formación profesional y los sistemas de remuneraciones, heredados de los gobiernos neoliberales conservadores. A comienzos del silgo veintiuno las actividades estratégicas agregan, en una lista incompleta, la información, las comunicaciones, las energías alternativas, la producción de alimentos y el agua potable; con el TISA el capital imperialista quiere apropiarse. Es necesario que el Estado aumente las inversiones en: a) ANTEL en el cableado de fibra óptica que democratiza el acceso a internet, la construcción de ANTEL Arena y el cable submarino que comunica a Uruguay con el resto del mundo; b) UTE en nuevos parques eólicos y la generación de energía solar; c) INC comprando tierras para arrendar a los productores agropecuarios familiares, cuidando el medio ambiente y aumentando la producción de alimentos; d) OSE para mejorar la calidad del agua y revertir la contaminación de la cuenca del Río Santa Lucía. De acuerdo al plan de inversiones anunciado por el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez el 28 de julio de 2015, se invertirá menos para reducir el déficit fiscal con una medida de ajuste, no aumenta la capacidad de producción de las empresas 7

públicas, no se financia con el criterio de que el que rompe paga, las Asociaciones Público – Privadas (APP) son muy caras y hacen realidad el paraíso soñado por el capital, acumular sin riesgo. Se reduce la magnitud de la inversión pública con relación a los últimos dos años en 325 millones de dólares año, 0.57% del PIB. En 2013 y 2014 la inversión pública fue el 3.5% y 3.4% del PIB respectivamente, aproximadamente 1.925 millones de dólares por año. Para los próximos cinco años se anuncian 12.000 de dólares de inversión de los cuales el 66% son recursos del Estado y el resto de privados. Por lo tanto la inversión pública sería de 8.000 millones de dólares, es decir, 1.600 millones por año, lo que significa aproximadamente 325 millones de dólares anuales menos que en los últimos dos años. Además de la magnitud habrá un cambio en la composición, se va a invertir más en infraestructura (carreteras, puertos) para los privados y menos en aumentar la capacidad de producción e incorporar tecnología. En el plan presentado se reduce la inversión de ANTEL en un 45%; UTE invirtió 1.952 millones de dólares en 2010-14 y le asignan 1.370 millones para los próximos cinco años; ANCAP pasa de 585 millones de inversión en los últimos cinco años a 350 en los próximos cinco. Es una medida de ajuste y no contracíclica. Como se propone que las empresas públicas inviertan menos que en los años previos, la demanda interna se contrae y esos recursos se usan para bajar el déficit fiscal, una medida de ajuste. Una política contracíclica, para compensar la caída inevitable de las exportaciones (a Venezuela, Brasil y China) tiene que aumentar la demanda interna con más inversión y mayores salarios que en los años anteriores. No se financia con el criterio de que el que rompe paga, los que rompieron las carreteras y los que contaminaron el río Santa Lucía deberían pagar los costos, de lo contrario entre todos vamos a financiar las reparaciones pagando impuestos, una forma de socializar las pérdidas. Es posible financiar las inversiones en OSE con un adicional al Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas que grave a las actividades que contaminan la cuenca del río Santa Lucía. La situación de las carreteras es similar a la de OSE, es imprescindible invertir para reconstruirlas y se plantea la misma opción sobre el financiamiento ¿con impuestos que paga toda la población o con el criterio de que el que rompe paga? El segundo criterio se puede implementar con peajes o un impuesto sobre los peajes de acuerdo al peso transportado; en cada peaje se instala una balanza electrónica en el suelo, el peso de cada vehículo pone en marcha el cálculo de lo que tiene que pagar y el programa imprime el ticket que queda a disposición de los cobradores. Los fleteros transferirían este costo a los precios y lo tendrían que pagar, por ejemplo, las plantas de celulosa así como los exportadores de soja y otros bienes agropecuarios. Puede parecer contradictorio que después de pintar un panorama de grandes incertidumbres para el futuro de la economía uruguaya, se cuente con una importante inversión privada dispuesta a asociarse con el Estado en una Asociación Público – Privada (APP). Pero no es contradictorio, se puede afirmar categóricamente que el capital va a responder a la invitación del gobierno a asociarse en proyectos si se le ofrecen mejores condiciones que las que puede obtener en el mercado, la seguridad que da la garantía del Estado y una alta rentabilidad por el canon que se le pagará por la obra realizada. Para dar seguridad no se precisan reservas, alcanza con tener en cuenta 8

la experiencia de Grecia, cuando el gobierno no puede pagar los acreedores se cobran con la venta de las empresas públicas y hasta de las islas. El capital que responda a la invitación del Estado presenta su proyecto y si hay acuerdo para realizar una obra determinada, el inversionista (el burgués) sabe desde el momento en que gasta el primer peso, cuánto va a ganar durante los próximos 10 o 15 años ¡el paraíso soñado por el capital, acumular sin riesgo! Sale muy caro, se pagará con ingresos públicos y comprometerá una parte creciente del gasto público de los próximos años Algunos economistas y dirigentes políticos consideran necesario que las empresas públicas (y se extiende a las autogestionadas) sean rentables y como consecuencia tendrían que gestionarse como las empresas privadas tratando de maximizar la relación entre sus ganancias y el capital propio. Esta lógica del capital no está en las leyes de creación de estas empresas ni en la Constitución de la República. Si buscaran maximizar la rentabilidad en sus inversiones, el agua potable, el saneamiento, la energía eléctrica y la telefonía, nunca hubieran salido de los barrios donde viven las familias de ingresos altos y medios, nunca hubieran llegado a la periferia de Montevideo, a los pueblos del interior o al medio rural. Considerar que las inversiones de las empresas públicas tienen que ser rentables no tiene fundamentos jurídicos, teóricos, académicos, científicos o técnicos; es una toma de posición política, ideológica, resultado de un sistema de valores, que responde a un punto de vista de clase que no se analizará aquí. A los materialistas no les llama la atención que los asesores de empresas compartan la receta del FMI para combatir reducir el déficit fiscal y la inflación, bajando los salarios y el gasto público, así como que en la gama de medidas que proponen nunca incluyan aumentar los impuestos al capital y sus ingresos. Este punto de vista lo presentan Gabriel Oddone de la consultora CPA/Ferrere (involucrada en el caso PLUNA), Julio de Brun secretario de la Asociación de Bancos y Pablo Roselli de la consultora Deloitte en Radio El Espectador (ver en la web de Radio El Espectador las entrevistas del programa “En Perspectiva” del 15 de agosto de 2007 y del 23 de mayo de 2012). Entre los conductores que difunden el mismo enfoque como si fuera el único posible en los medios de comunicación se destacan Raúl Nuñez y Gerardo Sotelo en CX 8 Radio Sarandí; Aldo Silva, Antonio Ladra y Alfonso Lessa en Código País en Canal 12; Ignacio Suárez en Santo y Señaen Canal 10; Emiliano Cotelo en su programa En perspectiva en Radio Oriental En las actividades consideradas “monopolios naturales” como por ejemplo el agua potable o la fibra óptica, la alternativa al monopolio público es el monopolio privado y las posibilidades de controlarlo es imposible. Como ejemplo se puede analizar el caso de Montevideo Gas que vende el gas natural por cañería en Montevideo y es propiedad de Petrobras. En los últimos doce meses, desde junio de 2014 a la fecha, los precios internacionales del gas natural se redujo un 50% según las estadísticas del FMI y sin embargo, los precios al consumidor no cambiaron. El precio lo fija el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) a propuesta de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), pero hasta el momento han permitido el aumento extraordinario de las ganancias de la empresa.

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4. El movimiento popular Con la perspectiva de expresión de los intereses de los sectores populares, la Mesa Representativa del PIT CNT aprobó el documento “PRESUPUESTO NACIONAL 2016 – 2020. Análisis y Propuestas” elaborado por el Instituto Cuesta Duarte (ver la página web cuestaduarte.org.uy). En el documento se estimó con rigor el aumento del gasto público necesario para implementar seis objetivos prioritarios y la forma de obtener los ingresos públicos necesarios. En lo que sigue se desarrollan algunos aspectos complementarios. A principios del siglo veinte, Lenin diferenció a los países imperialistas, un reducido grupo con gran acumulación de capital, de las colonias y los países dependientes que se incorporaban al capitalismo por la exportación de capital desde los primeros. Los países dependientes a diferencia de las colonias tenían un gobierno propio, pero sus decisiones estaban subordinadas al capital extranjero. Transcurrió un siglo desde la publicación de este artículo y se procesaron múltiples cambios en el mundo, pero no perdió vigencia el imperialismo como sistema de relaciones internacionales económicas, políticas y militares, resultado de la internacionalización del dominio de la oligarquía financiera surgida en los países avanzados del proceso de centralización del capital. Estas relaciones vinculan dos polos contradictorios con intereses antagónicos: las clases dominantes de los países imperialistas articuladas con las clases dominantes de los países dependientes y las clases dominadas de los países dependientes. El desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción en los países dependientes está condicionado por el de los países imperialistas y se manifiestan en un desarrollo desigual y combinado, el atraso de un conjunto de países es condición necesaria para el desarrollo de otros, se integran ajustándose los segundos a las características de los primeros formando un todo que es el Imperialismo. Tiene como consecuencia la deformación de la estructura económica de los países dependientes por el crecimiento de aquellas actividades requeridas por la las economías dominantes así como la transferencia de riqueza en forma de intereses de deuda externa, ganancias de inversiones extranjeras, precios bajos para las exportaciones y altos para las importaciones. Estas características predominantes y permanentes no excluyen excepciones de menor importancia social, económica o política, o transitorias. A principio del siglo veintiuno se observa una gran diversidad de organización y de grados de desarrollo de las economías nacionales entre las que establecen relaciones de poder; complejas interrelaciones entre las clases sociales, los movimientos sociales, los Estados y los organismos internacionales. De los 6.000 millones de habitantes, más del 20% vive en China; un 25% en India, Pakistán y Bangladesh y un 10% en África en economías con fuerte presencia de organización pre capitalista de múltiples actividades económicas. A los mecanismo originales de dominación se fueron agregando nuevos como las condiciones que imponen los organismos multilaterales (BID, Banco Mundial, FMI) para otorgar créditos, las empresas calificadoras de riesgo, las consultoras que asesoran al capital, los tratados de protección de inversiones, los tratados de libre comercio o las regulaciones de la OMC. Señala Harnecker (2009::7) “la mayor parte de las grandes decisiones no son adoptadas por los parlamentos sino por entidades que escapan a su 10

control: las grandes agencias financieras internacionales (FMI, BM); los bancos centrales autónomos, las grandes corporaciones transnacionales, los organismos de seguridad nacional. Hoy pareciera ser que los grupos dominantes toleran mejor el triunfo de candidatos de izquierda porque estos tienen cada vez menos posibilidades reales de modificar la situación imperante”. Los equipos económicos se refieren a esta situación con un eufemismo cuando dicen que no hay que tomar determinada medida por qué “sería una mala señal para los mercados” ¿de que se está hablando? Los mercados no tienen vida ni capacidad de resolver, los que resuelven son personas dueñas del capital que pueden generar graves consecuencias económicas. En la literatura que toma los aportes de Carlos Marx como referencia no hay consenso sobre el papel del Estado y de las empresas públicas, participando de la actividad económica, en el capitalismo. Algunos autores consideran que el Estado recorta el espacio del capital y contribuye al proceso hacia la superación del capitalismo. Otros por el contrario afirman que de esta forma el Estado asume actividades de baja rentabilidad que no interesan al capital o contribuye a crear condiciones para aumentar la tasa de ganancia asumiendo una parte de los costos2. El debate tiene como contexto la consideración de que en la sociedad capitalista la actividad económica se organiza por una minoría que dispone de riqueza y la transforma en capital comprando la capacidad de trabajar de la mayoría, obligada a vender su capacidad de trabajo para generar un ingreso que le permita subsistir. Se produce para vender y obtener ganancia, lo que permite al capital realizar la plusvalía, acceder a altos niveles de consumo, continuar acumulando, dominar y explotar a la mayoría. Cabe señalar que otra parte de la población ni compra ni vende capacidad de trabajo, utiliza la que tiene con algunos medios de producción de su propiedad y venden los bienes o servicios producidos, como los agricultores familiares, los trabajadores por cuenta propia o de cooperativas de producción. La dependencia condiciona pero no determina las decisiones de los gobiernos, que tienen un margen de autonomía que aumenta según el respaldo de las organizaciones populares y se ejerce según la ideología predominante. Los países latinoamericanos, excepto Cuba, son dependientes y sus gobiernos utilizan el margen de autonomía disponible de diversa forma. En un extremo de este abanico se ubican Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, que confrontan con algunas expresiones del imperialismo como el FMI, los fondos buitres, las agencias calificadoras de riesgo, las empresas transnacionales o el gobierno de los Estados Unidos. En el otro extremo se ubican los gobiernos de los países que aceptan la dominación imperialista sin resistir, como

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Para profundizar este debate, del que aquí sólo se realiza una introducción esquemática, se puede consultar algunas páginas web como por ejemplo la que incluye una amplia literatura desde Carlos Marx hasta el Ché, pasando por Trotsky y Rosa Luxemburgo (https://www.marxists.org/espanol/index.htm). También se puede consultar Marxismo Crítico ( http://marxismocritico.com/), Centro de Estudos Marxistas http://www.ifch.unicamp.br/cemarx/site/ y Herramienta. Debate y crítica marxista (http://www.herramienta.com.ar/revista-web/herramienta-web-11).

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México, Panamá, Colombia, Perú y Chile, que actualmente participan de un nuevo instrumento de dominación, la Alianza del Pacífico. En los países dependientes el debate sobre el papel de las empresas públicas agrega una nueva interrogante ¿son el resultado del uso del margen de autonomía que tienen los gobiernos y contribuyen a reducir la dependencia, o por el contrario, son un instrumento de dominación que contribuye a adaptar el país a las necesidad del capital imperialista? Existen numerosos ejemplos de proyectos políticos conservadores que defienden la propiedad y gestión pública de algunas actividades productivas para generar ingresos que sustituyan impuestos (Alperovitz y Hanna 2015). Su contribución al desarrollo resulta de la escala de capital requerido para potenciar nuevas actividades, el riesgo alto por razones tecnológicas o por la ausencia de actividades complementarias o la apropiación privada de los beneficios que puede impedir el acceso a otros (Giometti y Da Rocha 2013). La estrategia de desarrollo puede expresar y articular los intereses y puntos de vista de un conjunto de sujetos colectivos sociales y políticos que contribuyan a modificar las relaciones de poder, ya que las transformaciones que se derivan de su puesta en práctica implican una redistribución de costos y beneficios, tanto en términos económicos (ingresos o condiciones de existencia) como políticos (relaciones de poder). El grado en que sus demandas se transforman en medidas implican la inclusión de algunos y la exclusión de otros, generando apoyos y oposiciones. La política económica siempre admite opciones de modo que las decisiones del gobierno y los comentarios de la oposición, las manifestaciones de las organizaciones patronales o de las sindicales y populares, dependen de condiciones precientíficas que incluyen ideología y valores, tácticas y culturas. Las propuestas, la movilización y la lucha del movimiento sindical y popular pueden incidir en las decisiones que se adopten, que de lo contrario dejarían sólo al gobierno sometido a las presiones del capital. En el Uruguay capitalista y dependiente es inevitable respetar al capital, porque de sus decisiones dependen los niveles de inversión y de empleo. Pero este reconocimiento no impide, sino que por el contrario obliga a los gobiernos a utilizar al máximo los márgenes disponibles para erosionar el poder del capital progresivamente, construyendo una senda que no está trazada hacia un destino que no está escrito, una sociedad sin dominación ni explotación.

Bibliografía Alperovitz, Gary Thomas M. Hanna (2015) El socialismo al estilo estadounidense. Semanario Brecha, 31 de julio. Bertino, Magdalena; Natalia Mariño; Martina Querejeta; Milton Torrelli y Daniela Vázquez (2013) Cien años de empresas públicas en Uruguay: evolución y desempeño Revista de Gestión Pública Volumen II, Número 1, enero - junio 12

Chávez, Daniel y Sebastián Torres (editores) (2013) La reinvención del Estado. Empresas públicas y desarrollo en Uruguay, América Latina y el mundo Giometti, Bruno y Pablo Da Rocha (2013) El rol de las Empresas Públicas: ¿Capitalismo en manos del Estado? Semanario El Popular, 30 Octubre. Jacob, Raúl (2011) Acerca del proceso de construcción de la empresa pública en Uruguay. Revista “Transformación, estado, democracia” N° 48, Montevideo, ONSC, páginas 65 a 78 Messina, Pablo y Martín Snaguinetti (2015) Análisis de la Tarifa eléctrica AUTE, Montevideo Nahum, B. (1993). Empresas Públicas en el Uruguay. Origen y Gestión. Montevideo: Banda Oriental. Narbondo, P. (2013) “As reformas da matriz de funçôes socioeconômicas e da estrutura organizativa do Estado e do Setor Público nos governos do Frente Amplio” en Gaitán, Falvio y Del Río, Andrés (organizadores) Instituçôes. Política e desenvolvimento. América Latina frente ao século XXI. Páginas 79:108 Editora CRV Curitiba Brasil Notaro, Jorge (2013) Frente Amplio 2013 – 2019: hay que seguir remando Mate Amargo No. 14 octubre. En Academia.edu Rohmer, Matias (2012) Eficiencia empresaria y rentabilidad. Diario Página 12, suplemento CASH 08/07/ Solari, Aldo y Rolando Franco (1983) Las empresas públicas en el Uruguay. Ideología y política. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo

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