Publicacion = La Prensa Pagina = 10 Color = Impreso Por = ljulio Fecha = 23/12/2009 Hora = 07:11:36 PM
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LA PRENSA JUEVES 24 DE DICIEMBRE DE 2009
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opinión
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EQUILIBRIO LEGAL
Las costas, patrimonio de todos los panameños Humberto A. Garcés B.
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a República de Panamá con una superficie total de 75 mil 517 km2 posee un territorio marítimo de 319 mil 823.9 km2. De la longitud de sus costas, que comprenden un total de 2 mil 988.3 kilómetros, mil 700.6 km corresponden al litoral Pacífico y mil 287.7 km, al litoral del Caribe. El litoral del Pacífico posee manglares, playas de arena y fango, estuarios, formaciones ígneas y colonias de corales asociadas a islas. El litoral del Caribe presenta diversidad de ambientes costero–marinos, tales como franjas angostas de manglares y playas separadas por acantilados, estuarios y litoral arenoso, pantanoso o rocoso, así como pastos marinos y extensas formaciones de arrecifes coralinos continentales y ubicados en islas. Nuestro país posee invaluables
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recursos naturales ubicados en una diversidad de ambientes costero–marinos que se encuentran o no en áreas protegidas. La Autoridad Nacional del Ambiente contiene en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas una veintena de áreas protegidas con zonas costeras, de ellas seis reconocidas a nivel internacional: los Parques Nacionales de Darién y de Coiba, y los humedales de importancia internacional de Golfo de Montijo, San San Pond Sack, Punta Patiño y Bahía de Panamá. Adicionalmente, Panamá cuenta con sitios declarados como Patrimonio Mundial Cultural por la Unesco; ellos son las ruinas de Portobelo y San Lorenzo, Panamá Viejo y el monumento del Casco Antiguo. Tenemos también que la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá cuenta con varias zonas especiales de manejo, tales como la del Archipiélago de las Perlas, creada por Ley 18 de 31 de mayo de 2007; la zona sur
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Nuestro país necesita una ley de costas que tome en consideración tanto los derechos ciudadanos como los valiosos recursos que nuestra zona litoral contiene, que son patrimonio de todos.
de Veraguas, creada por Resolución Administrativa, así como otros sitios propuestos. Nuestra Constitución Nacional trata de forma precisa la naturaleza del uso de nuestras costas e islas. Según el artículo 258 de la Constitución, el mar territorial, las aguas lacustres fluviales (lagos y ríos), las playas y riberas y los puertos y es-
teros pertenecen al Estado y son de uso público, es decir, no pueden ser objeto de apropiación privada. De igual forma, el territorio insular (islas) sólo podrá enajenarse para fines específicos de desarrollo del país bajo ciertas condiciones (Art. 291 de la Constitución). Ahora que en nuestro país se discute un proyecto de ley sobre el patrimonio de derechos posesorios en todo el territorio nacional queremos destacar que un proyecto balanceado de ley de costas contiene la definición clara y exacta de la zona costera, sus límites internos y externos, la zona de protección, los usos y prohibiciones, las evaluaciones ambientales, las autoridades responsables, y la participación ciudadana. Por otro lado, una ley de costas moderna debe definir la zona litoral en base al ambiente o relieve natural, ya sea si existen playas, terrazas, acantilados, dunas, manglares, desembocaduras de ríos, etc., y más aún estableciendo una política de manejo costero integrado (MCI).
Para un adecuado MCI se deben establecer claramente las políticas, estrategias, planes y programas que deben implementar nuestras instituciones públicas, haciéndose énfasis en una gestión integral de la zona costera. Deberá tomar en cuenta lo estipulado en los planes de ordenamiento territorial, las evaluaciones ambientales estratégicas o en los estudios de impacto ambiental realizados previamente al desarrollo propuesto en las costas. Así también, deberá definir claramente las competencias y responsabilidades de cada institución pública para lograr que trabajen coordinadamente en forma armónica. Nuestro país requiere de una moderna ley de costas, que tome en consideración tanto los derechos ciudadanos como los valiosos e importantes recursos que nuestra zona litoral contiene, los cuales son patrimonio de todos los panameños.
EL AUTOR es docente universitario
CAMBIOS SUSTANCIALES
Una reforma electoral integral Yanibel Ábrego
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l año en curso culmina con un cúmulo de expectativas por parte de los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto es un preámbulo del intenso inicio que tendrá el nuevo año, sobre todo, en lo que concierne a nuestro actual sistema electoral. Para el mes de enero se tiene contemplado instalar formalmente la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) integrada por los partidos políticos y la sociedad civil. Me llama poderosamente la atención que a todos los que ocupamos un puesto de elección popular por la libre postulación, ni siquiera se nos ha tomado en cuenta.
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Aparentemente las reformas pretenden abordar temas específicos de mucha importancia; sin embargo, las candidaturas independientes deben ser incluidas dentro de estas reformas, porque cada día son más las personas que aspiran a un puesto de elección popular por la libre postulación. Entre los involucrados en el tema que tendrán derecho a voz y voto está el Tribunal Electoral como máxima autoridad, los partidos políticos constituidos, y el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales. En este sentido, entre los miembros con derecho a voz se encuentra el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General Electoral, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Todas estas dependencias son de gran trascendencia para promover un debate mucho más cónsono con la expectativa ciuda-
dana y que arroje resultados positivos que se puedan reflejar en los comicios del año 2014. Lo anterior genera una gran interrogante ¿Por qué no se ha contemplado a todos los que ocupamos un puesto de elección popular por la libre postulación? Nosotros fuimos escogidos por una determinada población en diversos cargos y considero que nuestra omisión en la CNRE es una falta de respeto a los miles de ciudadanos que no pertenecemos a ningún colectivo político, y que si nos ceñimos a las estadísticas, somos la mayoría. Si realmente se tiene la voluntad de querer hacer unas verdaderas reformas electorales equitativas y con el consenso pertinente, no se debe escatimar al momento de contemplar a todos los que estemos involucrados en el tema. Por todos es conocida
la burocracia existente en el actual sistema electoral para oficializar una candidatura independiente tanto en los circuitos plurinominales como en los uninominales. Estamos conscientes que el CNRE es un importante avance que refuerza el sistema electoral panameño, y utilizando de referencia los pasados comicios que estuvieron marcados por muchas particularidades que actualmente son objeto de fuertes cuestionamientos por parte de la población. Divulgar los donantes, establecer un tope presupuestario a las elecciones primarias y generales, entre otros puntos, definitivamente serán de mucho provecho, pero, no establecer los mecanismos que faciliten la consecución de candidaturas independientes en todo el país resultaría un gravísimo error que atentaría contra la verdadera
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esencia de la democracia: La igualdad de oportunidades. Estamos a tiempo de hacer reformas de fondo y no de forma, porque en la medida en que se perciban cambios sustanciales en nuestro sistema electoral, tanto las presentes como las futuras generaciones serán beneficiadas con lo que pueda emanar del Consejo Nacional de Reformas Electorales. Hago las observaciones en mi calidad de diputada independiente, pero también como panameña que tiene la obligación de alzar la voz por los independientes que mantienen aspiraciones de ejercer, en los próximos comicios, un cargo de elección popular en la República de Panamá.
LA AUTORA es diputada independiente por el circuito 8–2
