Las contradicciones del modelo de desarrollo en la historia del siglo XX El Salvador

Las contradicciones del modelo de desarrollo en la historia del siglo XX

Rafael Paz Narváez inédito

Una visión rápida sobre la historia de El Salvador organiza su comprensión sobre la base de distinguir tres épocas: La indígena, de hecho la más prolongada en el tiempo, ya que su origen se confunde con la prehistoria, y que, usualmente, se estudia en tres períodos: el pre clásico, el clásico y el pos clásico. Algunas de las estructuras de relaciones y prácticas sociales del siglo XX tuvieron su origen en esta época indígena: especialmente la organización de la subsistencia popular sobre la base del cultivo del maíz y sus asociados como el frijol, el ayote, y el pipián, entre otras especies; La colonial, de 1526 hasta 1821; La republicana de 1821 hasta la actualidad. La época republicana podemos dividirla en tres períodos, el temprano, el intermedio y el contemporáneo. El primero abarca desde 1821, año en que se decretó la independencia centroamericana del Imperio Español, hasta 1872, en el que decae el añil como principal producto de la agricultura de exportación. El segundo período abarca desde 1872, fecha en la cual el café asciende al primer lugar entre los productos agrícolas destinados a ser exportados, y podemos cerrarlo, a finales de los años 80 del presente siglo, precisamente porque el café ha dejado de ser el producto mediante el cual los grandes propietarios privados se enriquecen, cediendo su lugar a las exportaciones no tradicionales y a las industrias maquiladoras. Todo indica que ahora estamos en un nuevo período de la época republicana. Nos interesa enunciar las contradicciones del modelo de desarrollo en El Salvador, así como la reconversión económica y la transición política en El Salvador contemporáneo, especialmente porque a partir de la agudización de esas contradicciones y de su resolución se puede explicar y comprender, al menos parcialmente, El Salvador contemporáneo, en el cual, como tendencias sobresalientes aparecen la conversión hacia una economía urbana y la transición política a la democracia. Las contradicciones del modelo agroexportador en El Salvador se presentaron tanto en los procesos de acumulación, como en los procesos de legitimidad e institucionalidad, y en conjunto, el despliegue de esas contradicciones desembocó en la guerra de los años 80. El siglo XX en El Salvador: El proceso político Una contradicción básica en el proceso político salvadoreño Al analizar el desarrollo institucional en El Salvador aparece que la democracia como práctica histórica, según la han vivido los salvadoreños, formalmente se proclamó como procedimiento para organizar el gobierno sobre el conjunto de la sociedad, a partir de la independencia de España. Los políticos conservadores y liberales de principios del siglo XIX, pretendieron inaugurar la democracia, sin embargo por lo general se reconoce que en El Salvador la democracia nació con dos restricciones sistemáticas: (a) Desde la primera constitución centroamericana, y la mayoría que le sucedió durante el siglo XIX, la ciudadanía salvadoreña y su correspondiente derecho al sufragio estaban estrechamente restringidos. La constitución de 1841 limita el derecho de sufragio cuando define que "son ciudadanos todos los salvadoreños mayores de veintiún años y que sean padres de familia o cabeza de casa o que sepan leer y escribir o que tengan la propiedad que designa la ley." ( Héctor Hernández, Régimen de partidos políticos en El Salvador. 1930-1975. Guatemala, Editorial INCEP. 1978.) (b) El apego a la democracia, según la practicaban los políticos salvadoreños de principios y mediados del siglo pasado se orientaba básicamente hacia los valores de la democracia (el bien común, la voluntad general, la libertad, así en general) y no hacia los procedimientos de la democracia. En este sentido, en El Salvador aparece una situación diametralmente inversa a la que Schumpeter describe para Europa, continente en el cual los políticos se apegaron

más a los procedimientos de la elección democrática de gobernantes que a los valores generales. Al respecto, es revelador el siguiente pasaje: "Es conveniente señalar de las elecciones de que hablo como a las que posteriormente nos referiremos, tienen de tales solo el nombre ya que en realidad no era el pueblo el que designaba autoridades, sino que aprovechándose de la disposición constitucional que señalaba [que en el] caso de no haber obtenido ninguno de los candidatos mayoría absoluta de sufragios era el congreso quién elegía y teniendo asegurada la voluntad del Congreso, imponían como vencedor su propio nombre o el de la persona por ellos deseada. El electorado pues estaba en la práctica constituido por los miembros del poder legislativo y estos eran fácilmente persuasibles por la fuerza para que votaran en la forma deseada por el hombre fuerte del momento, fuera de que también ellos mismos habían sido electos contando con el favor oficial." (Héctor Hernández, Obra Citada). Estas dos restricciones sistemáticas y básicas, ambas excluyentes de la participación y de la capacidad de representación ciudadana, conformaron una tradición caracterizada, de manera impecable, como: el "liberalismo sin democracia, ni política social del primer tercio del siglo presente [que] desembocó en un esquema arbitrario, de poder concentrado y división nacional." Según lo expuso el ex presidente Alfredo Cristiani, "sin un sistema político adecuado, funcional y dinámico, las tensiones se hicieron patentes al final de los años veinte" lo que derivó a la insurrección de 1932 y más tarde en el conflicto de los años 80: La Constitución de 1950, que superó los esquemas del liberalismo decimonónico de la patriarcal constitución de 1986, dio un gran impulso a las instituciones modernas de interés colectivo como el ISSS, al mismo tiempo que renovaba los marcos jurídicos con intención democratizadora; pero como se mantuvo el modelo político rígido, autoritario y excluyente, sin mayores variaciones la modernización fue superficial. La crisis salvadoreña y centroamericana de los años 70 y 80, tiene, pues, profundas raíces en el tiempo. Si bien había raíces muy antiguas de orden económico-social, lo que había determinado la erupción bélica era la inexistencia de un sistema político que permitiera el pluralismo, el juego libre de los distintos proyectos ideológicos y las garantías consistentes para que operara la libertad. (Alfredo Cristiani, «Crisis social, derechos humanos y búsqueda de paz». La Prensa Gráfica, 9 de Octubre de 1994) En la democracia salvadoreña del siglo XX, la práctica excluyente se institucionalizó como una tradición en la cual se permitía la participación formal del adversario pero simultáneamente se impedía por todos los medios alcanzar la victoria. Excepcionalmente, en aquellas ocasiones en las cuales, por sobre todos los obstáculos, la victoria de la oposición se hacía evidente, no se aceptaba que asumiera el gobierno y otros cargos públicos. De hecho, la tradición política salvadoreña, negaba toda capacidad de representación al adversario.Así, En El Salvador, el discurso sobre la democracia se practicó como un juego puramente formal, divorciado de la práctica efectiva, tanto en sus dimensiones participativas como en las representativas. El golpe de estado, y las prácticas electorales restringidas a las decisiones de algunos círculos de elite vinieron a ser las formas efectivamente sistemáticas a las que se recurría para alternar gobernantes en los poderes estatales. Sin embargo las contradicciones del modelo de desarrollo en lo que se refiere a las instituciones salvadoreñas no se limitan a este divorcio entre praxis y discurso. El proceso político se complicó porque a lo largo de la época republicana, progresivamente se reconoce de manera formal los derechos civiles a cada vez más personas, entre otros, el derecho a elegir a los gobernantes por medio del voto. Hasta 1950 se llegó al voto universal, incluyendo el voto de las mujeres, reivindicado desde finales de los años veinte. Desde mediados del siglo XIX la noción de ciudadanía se extiende progresivamente a cada vez más personas en el país, pero es una expansión relativamente lenta y que tiene un punto de partida muy restringido. La primera

Constitución de El Salvador (1824), seguía, en lo que se refiere a la definición de la ciudadanía, a la Constitución Federal, en su artículo 14, el que establecía que "son ciudadanos todos los habitantes de la República, naturales del país o naturalizados en él, que fuesen casados o mayores de dieciocho años de edad, siempre que ejercieren profesión útil o tuviesen medios de subsistencia". ( Héctor Hernández, Obra citada.) Por supuesto, cuando en este texto se refiere a los habitantes, se refiere a los hombres, no a las mujeres. Además, las condiciones de ejercer profesión útil y tener medios de subsistencia se interpretaban a manera que, la calidad de ciudadano coincidía con la cantidad de los así llamados notables. La constitución de 1880, año clave en la estructuración del país como república cafetalera, fue aún más restrictiva, puesto que impuso los siguientes requisitos de ciudadanía: tener 21 años de edad, saber leer o escribir o tener un medio de vida independiente, pero también incluye a aquellos que se hallan alistados en las milicias o en el ejército de la República, o bien para mayores de 18 años, siempre que hayan obtenido algún título literario, o que estuviesen casados. "En 1807 el Intendente Gutiérrez y Ulloa estimó que existían menos de 2,000 estudiantes en todo el país,..., Para 1850 el total de estudiantes llegaba a casi 7,000 y veinte años más tarde se había multiplicado por cuatro,..., Sólo uno de cada 18 habitantes asistía a clases para recibir alguna educación,... [de ellos], en 1958... sólo uno de cada cinco alumnos había aprendido a leer y escribir. En definitiva, considerando la cantidad de graduados que habitaban en el país por aquella fecha y la exclusión de las mujeres de la ciudadanía, al menos hasta 1950, las personas de nacionalidad salvadoreña que podían aspirar a ejercer una plena participación ciudadana eran muy pocas. Sin embargo, paulatinamente se fue ampliando la ciudadanía a cada vez más personas y estratos de la población, hasta que, después de 1950, se alcanzó el voto universal para todas las personas mayores de 18 años. A esto hay que añadir que la Por supuesto la ampliación de los derechos ciudadanos a cada vez más sectores y estratos de la población entró en contradicción con los procedimientos que, de hecho, regían el cambio de facciones o partidos en el poder y la sucesión de gobernantes. De hecho, esta llegó a ser la principal contradicción del modelo de desarrollo en El Salvador, en lo que a institucionalidad política se refiere. Las causas de la guerra según los acuerdos de paz El 16 de enero de 1992 se firmó en el Castillo de Chapultepec, en México, el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con lo cual se "puso fin a una cruenta conflagración civil que duró doce años y que costó más de 75,000 víctimas entre la población salvadoreña". Los factores que detonaron la guerra civil en 1980 eran, según se reconoce en el texto de los acuerdos, la escasa participación de los estratos de la población más pobre en los beneficios del crecimiento económico y el cierre de los espacios políticos. Este cierre de espacios se asocia al ejercicio militar, autoritario y dictatorial del poder político, que terminaba por anular la proclamación cada vez más amplia de los derechos políticos de la ciudadanía. En el caso de la guerra civil que estalló en la década de los ochenta, conviene recordar que fue precedida, (como en 1930) por un intento de apertura democrática, intento que es finalmente cooptado y reprimido.

De hecho, en la década de los años setenta los gobiernos presididos por militares "se caracterizan, desde el punto de vista político, por una relativa apertura democrática, la cual fue aprovechada por los sectores populares para desarrollar instrumentos de participación política y corporativa, así como para aumentar la educación beneficiaba principalmente a los varones, pues había pocas escuelas de niñas, y cuando habían, ponían más énfasis en el bordado que en la lectura, escritura o aritmética,... [Por otra parte], el país contaba con sólo tres escuelas secundarias oficiales". AAVV, Historia de El Salvador, Ministerio de Educación 1993.onciencia política de amplios sectores sociales, especialmente urbanos" En los procesos electorales de 1972 y en los siguientes, los resultados parecían inclinarse a favor de la oposición, pero "después de una campaña política más violenta que ninguna del pasado, el recuento de los votos reveló un virtual empate entre el PCN [Partido de Conciliación Nacional, partido político asociado a militares y a un sector mayoritario de la gran empresa privada] y la UNO [Unión Nacional Opositora, coalición entre partidos socialcristrianos, socialdemócratas y fuerzas políticas de izquierda]. Además de los dos factores reconocidos en los Acuerdos de Paz como causas de la guerra, no puede dejar de mencionarse que las pugnas entre grandes potencias, particularmente la oposición entre Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética, también fue un factor que incidió negativamente en la polarización y prolongamiento del conflicto. Una contradicción básica en el modelo económico salvadoreño En El Salvador, el modelo de desarrollo agroexportador se estructuró desde la época colonial, y las contradicciones básicas del modo de acumulación que lo sustentó también surgieron en esa época. La independencia del Reino de España no significó un cambio en la estructura interna del modo de acumulación fundado en la producción del añil, aunque si implicó un cambio institucional tanto interno como en la relación con el entorno internacional. Un rasgo básico del modo de acumulación colonial, el cual se mantuvo a través de las sucesivas variantes del modelo agroexportador durante la república, es la circunstancia de que el modo de acumulación aparece escindido en dos sectores: (a) El primero ha sido llamado de agroexportación, cuya unidad básica de producción fue la hacienda, propiedad privada criolla, en la cual (dicho sea en términos típicos) se cultivaba añil y se pastoreaba extensivamente el ganado vacuno, y cuyo propósito básico no sólo era mantener a sus propietarios, sino especialmente enriquecerlos. (b) El segundo sector se reconoce como de subsistencia, con el pueblo de indios como unidad básica de producción, basado en la propiedad colectiva o comunal de los indígenas, y orientado a la producción de maíz, frijol y otros productos, a propósito de garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. Ambos sectores, de agroexportación y de subsistencia, estaban estrechamente relacionados entre sí, especialmente porque el sector de exportación se servía de recursos reproducidos por el sector de subsistencia, y también porque, en definitiva, ambos debían competir por los mismos recursos productivos y en particular, por la tierra como medio de producción fundamental, además de requerir el concurso de la misma fuerza de trabajo. Esta oposición y complementariedad dio origen a la contradicción básica del modo de acumulación vigente en el siglo XX de El Salvador.

El crecimiento y expansión de la agricultura orientada hacia la exportación ocurre a costa de restar tierras de cultivo a la producción de subsistencia. El café comenzó un proceso expansivo desde 1865 que sólo parece haberse detenido hasta 1980. "Los cafetales cubrían en 1921 unas 57,000 Hectáreas, que aumentaron a 113,000 en 1951 y 180,000 en 1980." (SEMA, Estrategia Nacional del Medio Ambiente Borrador Final). Como 1 hectárea equivale a 1.43 manzanas, hablamos de 81,510 manzanas para 1921, 161,590 manzanas para 1951 y 257,400 manzanas para 1980; fecha en la cual, es probable, el cultivo de café dejó de expandirse. La diversificación y crisis del modelo agro-exportador A este acoso, debe agregarse que, a mediados del presente siglo, especialmente en los años 60 y 70, con la diversificación de los cultivos de exportación, la agricultura de subsistencia se deterioró aún más. "La disminución potencial de tierras de consumo nacional no sólo se vio mermada por el crecimiento del cultivo del café, sino también por el incremento del cultivo de algodón y caña de azúcar, demandados en forma creciente por el mercado internacional, a partir de los años cincuenta y setenta, respectivamente." (Oscar Morales, «La estructura productiva agraria, antes y después de la reforma». Presencia. Vol. 1 Nº 4, Enero-marzo, 1989. San Salvador, CENITEC, pp 75-105) Las contradicciones entre el sector agrícola orientado hacia la exportación y el sector agrícola orientado a la subsistencia, se realizaban como la continua y sostenida apropiación de tierras por un reducido sector de la población, empeñada en cultivar añil, café, algodón y caña de azúcar, a costa de la gran mayoría de la población, que se dedicaba a sembrar granos básicos (especialmente maíz y frijol) para su propio consumo. Como resultado de la pugna por las tierras entre quienes cultivaban para exportar y obtener ganacias y quienes cultivaban para subsistir, hacia el año 1961, las propiedades agrícolas, según su extensión, presentaban el siguiente panorama: (a) Las pequeñas parcelas (minifundios), eran las más numerosas. 207,200 propiedades que representaban el 91% de todas las propiedades agrícolas; En promedio las parcelas tenían una extensión entre 0.85 y 3.6 manzanas, y se destinaban mayoritariamente a la producción de granos básicos. Pero sólo ocupaban el 22% de la superficie agrícola del país. (b) Las más grandes propiedades agrícolas (latifundios), en comparación, (b) Las más grandes propiedades agrícolas (latifundios), en comparación, eran muy pocas. Apenas unas 1000 propiedades agrícolas, ni siquiera el 1% de todas las propiedades. Los latifundios medían, en promedio, 830 manzanas y la actividad productiva más importante eran los cultivos para la exportación. En conjunto, los latifundios cubrían el 38% de la superficie agrícola del país. (c) Las propiedades agrícolas de tamaño mediano eran menos numerosas que las más pequeñas, se reportaban 19,000 propiedades que representaban el 8.2% de todas las propiedades agrícolas del país. La extensión promedio de esas propiedades variaba entre 30 y 135 Manzanas. En conjunto ocupaban el 40% de la superficie agrícola del país. Segundo Montes, de quien se han tomado estas cifras, llegó a concluir que "existen entonces dos extremos que presentan características propias y que constituyen sistemas inadecuados de propiedad: el latifundio y el minifundio. En conjunto explotan el 60 % de las tierras".

(Segundo Montes. «La situación del agro salvadoreño» en ECA, San Salvador, No. 35, 1980, pp 55-72.) La contradicción entre agroexportación y subsistencia también se manifestaba como una violenta lucha por la tierra. La historia de El Salvador abunda en revueltas e insurrecciones étnicas y campesinas desde 1833 hasta 1932. Durante las décadas de los 50, 60 y 70 muchos centroamericanos, influidos por el ambiente internacional y latinoamericano representado en la propuesta de la Década para el desarrollo y por los esfuerzos de la Comisión Económica Para América Latina, CEPAL, se empeñaron en diseñar políticas nacionales para alcanzar el desarrollo del país, fundamentalmente mediante la industrialización. Se consideraba que la reforma agraria daría mayor poder adquisitivo a las mayorías campesinas, con lo cual se fortalecería y crecería un mercado interno que absorbería los productos de una industria que surgía por el procedimiento de la sustitución de importaciones. Así apareció el esfuerzo de la integración con el Mercado Común Centroamericano, asociado al esfuerzo de aplicar una industrialización de los países de la región. El modelo agroexportador dejó de ser el único horizonte posible para diversos sectores sociales empresariales y de capas medias. Sin embargo, la industrialización no llegó a sustituir de manera coherente y definitiva los ejes de acumulación agrícola. Cuando la reforma agraria finalmente llegó, bajo los gobiernos de la democracia cristiana en la década de los 80, la agudización de las contradicciones políticas y económicas del modelo de desarrollo ya la habían hecho intrascendente. Los intentos de solución al problema agrario Percibido directamente como problema social, lo que resaltaba en el problema agrario es la pobreza de la mayoría de los habitantes de las zonas rurales, considerando que, hasta hace pocos años, la mayoría de la población salvadoreña era rural. Para 1960 se consideraba que la población total de El Salvador ascendía a poco más de 3 millones de habitantes, de los cuales el 61% vivían en el campo. De 1 millón 830 mil personas que habitaban en 1960 la zona rural, 1 millón 207 mil 800 personas (el 66% de los habitantes rurales) eran afectados por la pobreza, especialmente detectados por su condición de analfabetas (La Universidad, No.1, 1970). La mayoría de los trabajadores del campo, en 1961, eran trabajadores asalariados, con toda seguridad, campesinos con muy poca tierra o desprovistos totalmente de ella. En 1961 la población económicamente activa (PEA) del país se calculó en 806 mil 590 personas, de las cuales la gran mayoría (644 mil 980) eran asalariados agrícolas y campesinos que practicaban la agricultura en pequeña escala. La reforma agraria como principal propuesta de solución. Inventario de fracasos y cambios. El estudio de la reforma agraria abarca tres períodos a lo largo de casi dos décadas de forcejeo intenso entre las diversas fuerzas políticas y sociales activas en la vida nacional. En el primer período parte desde enero de 1970, cuando se realizó el Primer Congreso Nacional de Reforma Agraria y llega hasta julio de 1976, mes en el que se aprueba la implementación del primer proyecto de transformación agraria, propuesto por el gobierno militar del presidente Coronel. Arturo Armando Molina.

Del cinco al diez de enero de 1970, se realizó el Primer Congreso Nacional de Reforma Agraria con la participación de organizaciones sindicales, asociaciones empresariales, instancias eclesiales, instancias gubernamentales, las dos universidades que existían en aquel entonces y otras instituciones no-gubernamentales. Antes de concluir las sesiones del primer día las asociaciones empresariales se retiraron, porque no toleraban que el congreso culminara emitiendo declaraciones y propuestas (La Universidad, Nro. 1, 1970). Aquella acción resultó ser uno de los primeros indicios respecto a qué fuerzas se inclinaban por la reforma como solución al problema agrario y qué fuerzas opondrían una beligerante oposición a cualquier tipo de reforma. En términos generales se podría afirmar que este primer período fue de preparación, tanto por la circunstancia de ocurrir durante los cinco años que duró una discusión pública de los sectores políticos y sociales interesados en implementarla, respecto a cómo debía ser realizada la reforma agraria. En general, la mayoría de personeros representantes de las instituciones políticas y sociales del país coincidían respecto a lo conveniente o inevitable del proceso de reforma agraria. Inclusive en el gobierno militar y en su representación política, el PCN (Partido de Conciliación Nacional) algunos sectores percibían como inevitable la realización de una reforma agraria, a tal punto que aprobaron la Ley Creadora del ISTA (Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria) en 1975, a pesar de la enconada y verbalmente violenta oposición de las asociaciones empresariales. La oposición de los sectores empresariales fue aún más enérgica cuando, en 1976, se aprobó la implementación del primer distrito de transformación agraria. El segundo período comienza con el anuncio del primer distrito de transformación agraria, en julio de 1976 y se prolonga en un intenso debate por las condiciones de implementación (dado que ya ni las mismas organizaciones de empresarios se atrevían a negar la necesidad de una transformación agraria), que termina neutralizando cualquier posible provecho social del proyecto de transformación. El tercer período arranca con la ocupación militar de las haciendas con más de 500 hectáreas (715 manzanas), para fomentar una implementación efectiva pero apresurada de la reforma agraria. En las condiciones en que se implementó la reforma, desde 1980 hasta 1987, fecha en la que ocurrió un cambio de gobierno con la llegada del partido ARENA al poder ejecutivo, paralizando toda acción reformista, los objetivos buscados ya no podían ser los planteados en los años 70. Ya era demasiado tarde para eso. La reforma agraria implementada en los años 80 buscaba, fundamentalmente, evitar el triunfo del movimiento revolucionario. Para lograrlo debía propiciar una rápida y efectiva redistribución de la propiedad sobre la tierra. La reforma agraria salvadoreña se intentó implementar en tres fases. La Fase I afectó a los terratenientes con más de 500 hectáreas (715 manzanas). En las propiedades intervenidas (471 propiedades hasta 1985) se promovieron cooperativas de trabajadores, formándose 314 cooperativas con 30 mil 268 socios beneficiados. La FaseII,que hasta la fecha todavía no se ha implementado, originalmente se orientaba hacia la intervención, para redistribuirlas, de las propiedades de 150 a 500 hectáreas (214 mz. a 715 mz.), para afectar el 24 % de todas las tierras agrícolas del país, incluyendo propiedades con cultivos para la exportación. Sin embargo, los terratenientes lograron que el límite inferior para afectar una propiedad se desplazara hasta las 245 hectáreas (350 mz) con lo cual sólo afectaría al 13% de las tierras agrícolas del país. No obstante estas reformulaciones, la implementación de esta fase nunca se ejecutó. La Fase III fue la segunda en ser implementada por la reforma agraria, y obligó a propietarios de

tierras con una extensión menor a las 100 hectáreas (143 mz) a transferir las parcelas que acostumbraban a arrendar. La extensión máxima de la parcela podía llegar hasta las 7 hectáreas (10 manzanas) con un financiamiento para 30 años. A consecuencia de la implementación de esta fase, 69,231 hectáreas (99,000 manzanas) se distribuyeron entre 46,991 beneficiarios (Pelussey, 1987). El impacto global de la reforma agraria, hasta 1985 (como ya se mencionó, dos años después, en 1987, con la llegada de ARENA a la presidencia se paralizaron las transferencias de tierras) era el siguiente: Sobre la totalidad de las tierras agrícolas, 1 millón, 461 mil hectáreas (2 millones, 89 mil 230 manzanas) la reforma agraria redistribuyó 215, mil 167 hectáreas (307 mil 689 manzanas) con la Fase I y 295 mil 694 hectáreas (442 mil 842 manzanas) en conjunto, sumando las áreas intervenidas con la Fase I y la Fase III (incluyendo el Decreto No.839). La Fase III afectó 69 mil 605 hectáreas (99 mil 535 manzanas). De esta manera, el área reformada cubre el 20 % del total del área de tierras agrícolas del país. El 80 % de las tierras del país no fueron cubiertas por la reforma agraria. Para 2,857 propiedades agrícolas mayores de 143 manzanas, que hacen el 1% del total de propiedades, corresponden el 28.4% de las tierras cultivables del país. En oposición, para 178,369 propiedades agrícolas de 3 manzanas o menos, que hacen el 62.3% del total de propiedades, sólo corresponde el 8.2% de las tierras agrícolas. (Rubén, 1991: 13). Se afirma, además, que para 1990, 250 mil familias campesinas no poseían tierras y que más de la mitad de las familias rurales (56 %) se encuentran en la pobreza. REFERENCIAS Alvarenga, Patricia, Knut Walter y otros 1993 Historia de El Salvador, Ministerio de Educación dos tomos. 1993. Brownig, David 1975 El Salvador, La tierra y el hombre, San Salvador, Dirección de Publicaciones, Ministerio de Eduscación, 1975 Casaus Arzú, María Elena. 1994 «El papel de las redes familiares en la configuración de las élites de poder centroamericano» en Realidad, UCA, San Salvador, No. 42, noviembre'diciembre 1994, pp 973-1014. 1992 «La metamorfosis de las oligarquías centroamericanas» en Revista Mexicana de Sociología, IISUNAM, México, No. 3, 1992, pp 69-114. Cristiani, Alfredo 1994 «Crisis social, derechos humanos y búsqueda de paz». La Prensa Gráfica, 9 de Octubre de 1994 Funkhouser, Edward y Pérez Sáinz, Juan Pablo 1998 Mercado laboral y pobreza en Centroamérica.

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