La violencia como manifestación directa de la corrupción

Universidad del Norte La violencia como manifestación directa de la corrupción Por: Jeffrey Janer Q.

Partiendo del análisis crítico y muy diciente del fenómeno de la violencia, cuyas conclusiones obtenidas son extensibles a la realidad de toda América Latina, realizado en la obra Violencia Política y Conflictos Sociales en América Latina1, tomando como eje teórico el primer apartado del mencionado texto, cuyo título es Conflictos y Violencias en Colombia, este texto se propone avanzar en la inclusión de otro término que, a juicio del autor, es inseparable del término “violencia”. Haciéndose referencia, pues, a la corrupción. Esta apreciación no es arbitraria, de hecho, en el texto mismo es posible ir develando la evidente conexión entre ambas cuestiones, la corrupción y la violencia, por si el conocimiento empírico no es del todo convincente. Empecemos por el aspecto semántico y definitorio que nos es, tanto más que útil, necesario, pues nos contextualiza y permite un acuerdo tácito entre autor y lector sobre algunos puntos clave para el desarrollo de la consecuente argumentación. Se asume la corrupción en este ensayo sin ningún apellido, llámese política, económica, moral, etc., pretendiendo mostrarla en una forma amplia. Entiéndase entonces a la corrupción como toda acción o conjunto de acciones, que pervierte y compromete el sano equilibrio existente en cualquier aspecto, cualquier comunidad, cualquier entidad, por lo que involucra a múltiples actores, tanto en el sector público como en el privado. Esto genera un marco que asume la corrupción como un fenómeno que afecta a todos los niveles de la sociedad. Quizá hasta este punto no quede del todo claro, pero posteriormente se irá esclareciendo el panorama. La violencia, término no menos complejo, también ha estado sujeto a múltiples discusiones. Chesnais (1981) argumenta un desmedido uso que lo ha ido despojando de lo que originalmente significa, lo cual es el abuso de la fuerza. Esta exclusión de cualquier otro tipo de violencia (moral, económica, simbólica) es aceptable en cuanto a que saca el término de toda significación metafórica y lo pone en el campo de la estricta praxis. Sin embargo, tal rigidez no es conveniente para los propósitos de este trabajo. Oquist (1978) por su parte sostiene la diferencia entre violencia racional e irracional, donde la primera sería la que en efecto nos interese, definiéndola como “el medio utilizado para alcanzar un fin potencialmente realizable y que, además, tiene el potencial para obtenerlo”, haría falta, sin embargo, hacer claridad en su calidad de medio en teoría socialmente inaceptable y punible,

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Texto editado por César Barreira, Roberto Gonzáles Arana y Luis Trejos. Editorial Universidad del Norte; CLACSO. 2013

pues daña severamente a la parte violentada. Entonces, así como la violencia no es necesariamente física, el daño tampoco lo es. Con esta conceptualización, se puede entonces empezar a tejer la red que conecta ambos términos. En lo estrictamente teórico, podemos hacer el ejercicio de analizar la relación entre violencia y corrupción en cuanto a necesidad y suficiencia. Es condición suficiente ser violento para ser corrupto, pues aquel que usa la violencia como medio para la consecución de sus fines (sin entrar a discutir sobre el grado de “virtud” de los fines perseguidos por dicho individuo) se está saltando los conductos legales y morales que estipulan el correcto proceder; sin embargo, no es necesario ser violento para ser corrupto, pues existen casos en los que el grado de afectación no alcanza a violentar de manera visible la integridad de los demás individuos, al menos en los términos que Chesnais (1981) concibe. El primer caso de suficiencia se correspondería con el acto de amenazar de muerte a alguien si, por ejemplo, no hace entrega de determinada suma de dinero, o lo que es lo mismo, extorsionar. El segundo caso se referiría a un funcionario público que tome fraudulentamente recursos públicos para satisfacer intereses privados. En ambos casos el fin último de los individuos es el beneficio propio a costa del perjuicio del otro, aunque la violencia juegue un papel distinto en cada uno. Tal vez puede argumentarse que el hecho de robar los dineros públicos es violentar el patrimonio nacional y por ende todos resultamos afectados, lo cual es cierto en su medida, pero tal concepción de violencia no corresponde a la definición de Oquist (1978), y mucho menos cabría en la de Chesnais (1981). En el mismo plano, encontramos que no es necesario ni suficiente ser corrupto para ser violento. No es necesario, pues tal y como propone Oquist (1978) al hacer diferencia entre violencia racional e irracional, la irracional es la agresión física o la amenaza de llegar a ella que no persigue un fin, ya que la violencia misma es su propio fin. Y no es suficiente, porque como ya hemos anotado, para la corrupción, el uso de la violencia es un mecanismo alternativo cuando es más eficaz que cualquier otro que pueda resultar, en determinada situación, menos arriesgado. Pasemos ahora a verificar el planteamiento del vínculo violencia-corrupción haciendo uso de los hechos históricos colombianos, según se tratan en el primer aparte del texto Violencia Política y Conflictos Sociales en América Latina. Abromovay (1999) sostiene que es indispensable no perder de vista el contenido subjetivo que tiene la percepción del fenómeno de la violencia. Para lo cual añade que “un ejemplo es lo que se conoce como sentimiento de inseguridad, que lleva a las personas a encerrarse en sí mismas y en los espacios privados, algunas veces simplemente porque tienen miedo de ser víctimas de la violencia”. Para complementar aquí lo anterior, se añade que una de las razones por las que sucede tal cosa, es porque tras analizar si es más conveniente denunciar o guardar silencio, la sociedad misma desconfía de las garantías estatales. Dicho de otra manera: cuando lo que tenemos frente a nosotros es un Estado débil que permite que surjan otros actores que pongan en entredicho su legítimo monopolio de la violencia, o cuando el Estado mismo acalla las formas de protesta social mediante la represión (Gonzáles, R. & Molinares, I., 2013) los individuos prefieren pasar por alto toda situación, dando continuidad a las malas prácticas y a sabiendas

de que las cosas no deberían ser así, obligados por el principio racional de la preservación de la propia vida. Siguiendo por esta línea, se sugiere el estudio de esta dualidad violencia-corrupción en tres ámbitos diferentes. El primero de ellos sería cuando tal dualidad proviene del Gobierno y afecta a la sociedad civil. Este ámbito se caracteriza por estar bajo un marco de legalidad, en donde cada Gobierno hace uso de la maquinaria estatal para imponerse aun en contra de voces, mayoritarias o minoritarias, que difieren de este en pocos o muchos aspectos. Así, como lo plantean Gonzáles & Molinares (2013), esto sería “reflejo de un establecimiento que parece muy intolerante con la oposición.” Además, sostiene César Ayala (2007) que “un hecho singular en Colombia es que la violencia es el medio del cual se han valido los partidos políticos, Liberal y Conservador, para continuar la política por otros medios.” Claramente esta afirmación se refiere a los dos partidos históricamente hegemónicos en nuestro país, no obstante, la afirmación es extensible a todos los sectores que han tenido en algún momento la posibilidad de acceder al poder político. Oquist (1978) analiza el caso que se presenta en el momento en que los autores de la violencia legítima se percatan del lucro producto de la violencia contra personas inocentes y desarmadas, los motivos políticos pasan a segundo plano, llegando casi a su desaparición, para pasar a actos tales como robo de cosechas, amenazas de muerte, entre muchos otros, apoyados por los jefes políticos locales quienes se benefician de todo esto. Lo paradójico y complicado de esta situación, es que estos actores violentos se convierten en juez y parte al mismo tiempo, pues, al actuar en contra de civiles en favor de intereses privados, su accionar ya no se identificaría en nombre del interés general; no obstante, su condición de funcionarios públicos les permite actuar en nombre del Estado, manejando las situaciones a su favor y evadiendo las sanciones penales correspondientes. El segundo sería cuando la dualidad nuevamente afecta a la sociedad civil, pero esta vez se manifiesta desde los sistemas para-políticos o sistemas políticos internos, partiendo de la definición de Easton (1969), pero haciendo explícito énfasis en los factores que Lapierre (1976) no tuvo en cuenta a la hora de definir al sistema político refiriéndose al total de una sociedad global. En zonas rurales apartadas donde el Estado es una figura prácticamente inexistente, o incluso en sectores urbanos con una complejidad social tal que el Estado es superado en fuerza y presencia por actores al margen de la ley que surgen históricamente en dicho contexto, acciones tales como extorsiones, amenazas de muerte, desalojos forzados y asesinatos son muestras del uso de la violencia como un medio corrupto para alcanzar fines políticos y económicos principalmente, que se vinculan con procesos de narcotráfico o las llamadas “limpiezas sociales” realizadas por estos grupos subversivos. Se diferencian estos grupos de la oposición que se mencionaba en el punto anterior ya que estos últimos son reconocidos como terroristas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por el mismo Estado colombiano, conforme violan recurrentemente los Derechos Humanos, además del porte y uso ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, entre otros delitos claramente constituidos en la legislación penal.

El tercer ámbito es aquel en el cual la dualidad violencia-corrupción parte de la sociedad civil para afectarse a sí misma. Esto es, entender que la sociedad civil no es absolutamente homogénea, por lo que no puede asumirse como un todo, sino que por el contrario, hay distintos sectores sociales, que se diferencian entre sí por su nivel de renta, educación, por sus intereses e idearios políticos, económicos o religiosos, o por cualquier condicionamiento geográfico, racial, sexual; que los motiva, como grupos diferenciables, a actuar en la búsqueda de la satisfacción de sus propios intereses, aun siendo parte de la sociedad civil de determinado país, tal vez incluso más conectados con grupos de intereses similares de otra nacionalidad. Básicamente, dentro de todo este complejo de sub-unidades diferenciadas, lo que las caracteriza a todas como parte de la sociedad civil es que sus relaciones están fuera de la Institución del Estado. En Colombia es cada vez más difícil distinguir entre violencia política y violencia común (Chernick, 2008) ya que pareciera que la violencia se ha convertido en el mecanismo de funcionamiento de nuestra sociedad (Gonzáles & Molinares, 2013) tanto así, que existen hipótesis acerca de la existencia de un “gen violento” en Colombia, o que sea el entorno geográfico el que nos predisponga a tal actitud de rebeldía, sobre todo en las zonas de difícil acceso geográfico donde la presencia estatal es prácticamente nula (Henderson, 2003). En este ámbito cabe cualquier tipo de violencia menor que implique un acto de corrupción, como el típico caso de asesinato selectivo para saldar deudas con los populares “cobra-diario” o los casos de violencia provocados por el sectarismo contra el reconocimiento de los derechos de distintos grupos sociales como las minorías étnicas, los grupos de orientación sexual divergente, o de prácticas religiosas diversas. Si bien esta tipología no es perentoria, pretende permitir profundizar en el estudio de la violencia como una manifestación patente de otro fenómeno que también aqueja profundamente nuestra sociedad colombiana y latinoamericana que es la problemática de la corrupción. Además, puede argumentarse cierta incompletitud al diferenciar solamente tres ámbitos en los que puede percibirse la dualidad violencia-corrupción. Sin embargo, a pesar de no desconocer cualquier otra posible combinación de los tres factores: Estado, paraestados, y sociedad civil, para analizar el funcionamiento de la violencia y la corrupción como unidad, este escrito se centra en aquellos en los que la sociedad civil resulta directamente afectada por considerarlos, de cierta manera, los más perjudiciales para el bienestar de Colombia o de cualquier país donde estos casos ocurran para permitirme ahondar en un último tópico contemplado dentro este breve trabajo. Más allá de teorizar sobre la violencia y la corrupción, se hace profundamente necesario promover medidas que permitan superar estos procesos y promover un verdadero cambio para bien dentro de nuestras sociedades colombiana y latinoamericanas. El penúltimo aparte del capítulo Conflictos y Violencias en Colombia que se titula La violencia nos insensibiliza. La mediatización de la violencia se cuestiona sobre la actitud pasiva y egoísta de los individuos que no se sienten directamente afectados por el fenómeno de la violencia, que aquí se viene ampliando sumándole el de la corrupción. En principio, hay que combatir la errónea percepción social de poder que se asocia al dinero y no a los valores de construcción cultural (Gonzáles & Molinares, 2013). Esto es, con

seguridad, producto de la falta de educación, o de educación de calidad dentro de la mayor extensión de la población. Se debe así mismo combatir la indiferencia como respuesta social, esto es, fomentar la responsabilidad social. Desechar aquel falso imaginario que dicta que lo que no me ocurre a mí, ni a mi alrededor inmediato, no es de mi incumbencia. Comprender que los casos de “violencia menor” tales como maltrato intrafamiliar, infantil, etc., merecen igual atención y son igual de preocupantes que los atentados perpetrados por guerrillas o paramilitares. Puesto que hoy día, cualquier individuo en Colombia o Latinoamérica tiene un riesgo incluso mayor de ser víctima de cualquier tipo de violencia dentro del seno del hogar que fuera de este (Gelles, 1990; Newell, 1999). Pero desafortunadamente lo que ocurre es que en Colombia reconocemos la existencia de la violencia política, sin embargo, no lo hacemos en la misma medida con los otros tipos de violencia (Bonilla & Tamallo, 2007). Todo esto hace parte de una evidente carencia de compromiso, de identidad nacional. Una crisis de valores que debe superarse, tal vez no ya en esta generación en curso, pero en las venideras. Concluyen los autores Gonzáles y Molinares (2013) su aparte en el texto Violencia Política y Conflictos Sociales en América Latina de la misma manera como se pretende culminar este sucinto trabajo. Lo más importante es hacer saber al lector que esta no es una visión cerrada ni terminada de las problemáticas que se han planteado. Para el caso de la relación propuesta violencia-corrupción solamente se ha formulado una de tantas maneras de aproximación a unos conflictos sociales que, por encima de mucha discusión, urgen acciones y soluciones rápidas y efectivas.

25/04/2014

Bibliografía y Referencias

Abramovay, M. (1999). Pandillas, pandas, colegas y raperos. Juventud, violencia y ciudadanía en las ciudades periféricas a Brasilia. Río de Janeiro: Garamond. Bonilla, J. & Tamayo, C. (2007). Las violencias en los medios y los medios en las violencias. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, COLCIENCIAS, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad Eafit. Chesnais, J.C. (1981). Histoire de la violence. París: Robert Laffont. Chernick, M. (2008). Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado colombiano. Bogotá: Ediciones Aurora. Easton, D.: Enfoques sobre teoría política. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1969. Gelles, R. J. (1990). Methodological issues in the study of family violence. In M.A. Straus & R.J. Gelles. Physical Violence in American Families. New Jersey: New Brunswick. Gonzáles, R. & Molinares, I. (2013). Conflictos y Violencias en Colombia. En Violencia Política y Conflictos Sociales en América Latina. Barranquilla: Ediciones Uninorte. Henderson, J. (2003). Víctima de la globalización. ¿Cómo el narcotráfico destruyó la paz en Colombia. Congreso Colombiano de Historia? Bucaramanga: Mimeo. Janer, J. (2013). Análisis del fenómeno de la corrupción en Colombia. Universidad del Norte Lapierre, J. W.: El Análisis de los Sistemas Políticos. Editorial Península, Barcelona, 1976. Newell, P. (1999, abril). Niños y violencia. En Innocenti Digest, Florencia, Italia: UNICEF. Oquist, P. (1978). Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá: Biblioteca Popular

25/04/2014