LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA EN EL PERIODO NEOLIBERAL 1990 2013

LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA EN EL PERÍODO NEOLIBERAL (1990-2013)
Por: Diofanto Arce Tovar
RESUMEN
Con el ascenso a la presidencia de la República en 1990 de César Gaviria
Trujillo, se inició en Colombia la implementación de las politicas de
ajuste estructural. El sistema educativo en su generalidad no estuvo
excento del desmantelamiento de funciones estatales y del direccionamiento
hacía el mercado de las instituciones que lo conformaban. La Universidad
como institución de amplia visibilidad e importancia estratégica para el
país ha sido durante los últimos veintitres años testiga y parte de cómo el
modelo neoliberal ha convertido la educación en mercancia, importando para
su quehacer lenguajes y prácticas que privilegian la rentabilidad, la
competencia, la calidad entendida como ganancia en detrimento de un
proyecto nacional de desarrollo e inclusión social. En este marco el
presente artículo presenta (a) un recorrido sintético por las
características de la universidad colombiana (b) una descripción de los
elementos focales que el Estado Colombiano ha implementado durante los
últimos años para reformar la universidad en consonancia con el pensamiento
neoliberal y (c) una breve reflexión sobre las tareas pendientes para la
universidad colombiana en los albores del siglo XXI.

Palabras claves: Universidad, acreditación, evaluación, calidad,
privatización.

La universidad colombiana. Organización sistémica e hitos históricos

Para entender las dinámicas del actual sistema universitario colombiano
se hace necesario presentar el proceso de organización del mismo y
algunos hitos históricos claves para su configuración.

La universidad colombiana y en general las Instituciones de Educación
Superior[1] se encuentran reguladas bajo la Ley 30 de 1992, la cual define
la Educación Superior como "un servicio público cultural, inherente a la
finalidad social del Estado." (MEN, 1992). Ésta definición identifica como
la educación superior y especificamente la universitaria no es concebida
desde el Estado como un bien público otorgado a todos los ciudadanos en
términos de equidad, sino como un servicio "accesible a quienes demuestren
poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas
exigidas en cada caso." (MEN, 1992)
La categoría de servicio público cultural garantizó legalmente, "el
derecho de los particulares a fundar establecimientos de Educación Superior
conforme a la ley." (MEN, 1992) La intervención del sector privado en la
educación en Colombia y en particular en la universitaria no es un fenómeno
aislado, ni nuevo. Por el contrario, su papel ha sido clave en la historia
de la educación colombiana; por ejemplo, fueron las comunidades
eclesiasticas quienes fundan las primeras universidades en el período
colonial. Como lo presenta Soto Arango (2005: 106) "La primera universidad
que se organizó en el territorio colombiano fue la Universidad de Santo
Tomás, en Santafé de Bogotá (1580), bajo la dirección de la comunidad de
Santo Domingo. Por su parte, en la capital del virreinato, los jesuitas
organizaron la Universidad Javeriana (1622), los agustinos calzados
fundaron la universidad de San Nicolás de Mira (1694) y los franciscanos la
Universidad de San Buenaventura (1747)"

El papel que los particulares y las instituciones privadas han tenido en
la educación universitaria representan el debate que ha recorrido toda la
vida republicana sobre las funciones del Estado en la vida nacional. Para
ejemplificar, durante el siglo XIX se presentó la discusión entre la
opción de una educación universitaria regida por la Iglesia Católica o una
dirigida por el Estado. La Regeneración[2] de fines del siglo inclinó la
balanza a favor de la primera, dejando hasta la segunda dédada del siglo
XX el espacio político e ideológico adecuado para iniciar una reforma
crítica de la universidad colombiana. El sentido de los cambios
solicitados se dirigían a modificar una universidad poco abierta a los
avances científicos de la época y acabar con los "pensum que limitan los
estudios universitarios y paralizan la investigación" (Arciniegas, 1923)


El siglo XX fue para la universidad colombiana escenario de dos momentos
diferentes; el primero centró su atención en la acción de la universidad
como factor clave en la modernización del país y en la consolidación del
Estado-Nación moderno. Herrera (2002) afirma que "las reformas llevadas a
cabo durante la primera mitad del siglo XX tuvieron como objetivo la
modernización de la educación y la consolidación de un sistema educativo en
consonancia con un proyecto político que procuraba el fortalecimiento del
Estado nación." El segundo abarca desde el Frente Nacional[3] hasta la
actualidad, postula una universidad vinculada a la formación de capital
humano y a las necesidades científicas y tecnológicas de Colombia en el
marco del capitalismo global. Es importante aclarar que esta segunda
étapa no estuvo excenta de oposición; por el contrario, presenció el auge
en los años 60 y 70 del movimiento estudiantil que luchó "contra el modelo
de universidad que se impone en el período con base en las teorías del
capital humano desde un enfoque tecnocrático y empresarial." (Herrera,
2002). La acción crítica del movimiento estudiantil terminó siendo
socavada por la crisis de la educación superior de fines de la década de
los ochenta y el discurso neoliberal que habilmente la utilizó para
justificar un remezón en la estructura de los subsistemas que conformaban
la educación colombiana. A continuación se realizará una descripción de la
progresiva implementación de las estrategías neoliberales en la educación
universitaria colombiana desde 1990.

La universidad colombiana en el perído neoliberal. Entre el discurso de la
calidad y la ausencia del Estado.

La administración de César Gaviria Trujillo (1990-1994) enunciaba serios
problemas en el sistema de educación superior, destacaba dentro de ellos:
"la falta de calidad académica, la atomización institucional del sistema, y
la inequidad en la distribución de los subsidios del Estado." (DNP, 1991)
Sin embargo, las medidas propuestas para salvaguardar la situación
ofrencian en su contenido más elementos para colaborar en la
reestructuracion del Estado que una opción valida xxxxxxxxx. Las
herramientas que según esta administración fortalecerian la educación
superior y la harían más eficiente y acorde con los tiempos eran: la
creación de un fondo de crédito para estudios de posgrado y doctorado, con
el concurso del sector privado en el fomento de créditos y becas; la
creación de un fondo de crédito para los estudios de pregrado de la mano de
la banca oficial y privada; la reestructuración del ICFES (Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior), con el objetivo de
que se convirtiera en garante de información sobre el sistema educativo
superior y manejará la evaluación del mismo; por último, la
descentralización de la administración de la educación pública para
"mejorar la productividad en el uso de los recursos públicos" (DNP, 1991)

El interés de la administración Gaviria, por insertar a los demandantes
de educación superior como usuarios del sistema financiero, la evaluación
del sistema en términos de optimización del gasto público y la
implementación de la descentralización no harían otra cosa que ahondar en
la crisis del sistema y alejarlo de su rol como agente activo del
desarrollo nacional. Paralelamente, durante este período el legislativo
colombiano formalizó tres leyes de hondo calado en el camino de la reforma
neoliberal; la Ley 30 de 1992 o de Educación Superior, la Ley 60 de 1993 o
de la descentralización y la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación.

El sentido de este paquete legal era el de organizar la estructura del
sistema educativo nacional en línea con el ideario gubernamental. Por
ejemplo, la Ley de Educación Superior se centró en lo referente a la
acreditación de las entidades de este subsector, la evaluación de la
calidad a través de la formulación de exámenes estandarizados a nivel
nacional y vincular esta educación con el sector productivo para la
solución de los problemas del país. La ley de descentralización generó el
marco para que el Estado central delegará las responsabilidades de
dirección del servicio educativo, en especial las financieras de la
educación básica y media en municipios y departamentos. La Ley General de
Educación por su lado reiteró la obligatoriedad por parte del Estado de
brindar el servicio educativo en nueve grados obligatorios, reglamentando
la profesión docente y estructurando lo que sería la educación para adultos
y el trabajo. Para consolidar este proyecto la administración Gaviria,
delineó su marco de acción en tres aspectos: evaluación para la calidad,
acreditación y financiación de la universidad pública, en los cuales los
gobiernos posteriores desarrollaron sobre el sistema de educación superior

La evaluación de las universidades se convirtió en una de las banderas de
los gobiernos a partir de 1990. Su justificación en la necesidad de
mejorar los estándares de calidad institucional se forjó a través de la
reproducción de las recomendaciones emanadas por los organismos
internacionales y multilaterales que se encargan del tema educativo[4].
Por ejemplo, la UNESCO (1998:5) postulaba como: "Mejorar la calidad y la
equidad de la educación implica no sólo pasar de una estrategia orientada
al crecimiento del sistema hacia otra que privilegie la calidad de la
oferta educativa, sino que también exige la adopción de metodologías que
permitan percibir, con mayor claridad, los procesos y resultados del
esfuerzo que los países realizan en este campo. En este enfoque, la
evaluación pasa a desempeñar una función medular, tanto en la formulación
como en el seguimiento y la ejecución de la política educativa." El
sistema de evaluación de las instituciones de educación superior se
constituyó a partir de dos ejes: la autoevaluación institucional y las
pruebas estándarizadas estatales llamadas inicialmente ECAES (Examen de
calidad de la Educación Superior) , hoy Pruebas Saber Pro. En los últimos
años se ha ido abriendo un nuevo espacio de medida de las instituciones que
forman el sistema de educación superior a través de la aparición o no en
rankings internacionales; además, de la difusión del primer escalafón
nacional de instituciones de Educación Superior a través del informe
"Elementos de Calidad de la Educación Superior en Colombia" (Bogoya, 2013)

En línea con los procesos de evaluación, se instaura desde el Ministerio
de Educación, el proceso para que las universidades alcanzaran el registro
calificado y la acreditación institucional de calidad. Ambos procesos
facultados por el decreto 2566 de 2003, la Ley 1188 de 2008 y el decreto
1295 de 2010 se justificaban en que su obtención garantizaba al usuario de
las instituciones información solida sobre la calidad de la educación
impartida e incentivaría positivamente a los directivos a buscar la mejora
continua de sus instituciones. El balance de estas medidas es
cuestionable, tras varios años de implantación "Escasamente 144
instituciones de educación superior habían tramitado (a octubre de 2012) la
acreditación de al menos uno de sus programas académicos, lo que justifica
en parte el aplanamiento y no el crecimiento del Sistema Nacional de
Acreditación (SNA), que rodea el 14% del total de programas acreditados,
una mínima participación de posgrados y la intención de 40 IES de obtener
la acreditación institucional (sólo la han obtenido 28)." (MEN, 2013)

La financiación de la educación superior es otro de los temas
fundamentales para el sistema universitario. En la actualidad el sistema
público universitario se encuentra huerfano de una sólida financiación, las
formulas para solventar las carencias económicas de las universidades
públicas no satisfacen a las partes; el gobierno continua disminuyendo su
participación económica en el sistema y postula adecuar la entrega de
presupuesto a los resultados en términos de calidad, sacando los recursos
de una fuente volatil como las regalias causadas por la extracción de
recursos mineros, por ello se enfrenta con la comunidad académica y
algunos sectores sociales que observan como se desmantela el sistema
público universitario, llevando a que la educación del país quede cada vez
más a merced de las decisiones tomadas por los jugadores del mercado
financiero nacionale e internacional.

Para cerrar esta breve descripción sobre la reforma neoliberal en la
universidad colombiana es interesante destacar un factor sui generis
presentado en el país, frente a otros en el hemisferio y es el de la
privatización. En países en donde el papel del Estado ha sido central como
garante de la educación universitaria como bien público, la lucha contra la
privatización ha sido tema escencial de los movimientos estudiantiles, de
docentes y en general de la sociedad en su conjunto; por el contrario y
como se ha expuesto anteriormente, en Colombia la intervención de
particulares e instituciones privadas en la educación ha sido patrocinada
por el Estado desde tiempos centenarios, generando un acuerdo general sobre
esta y llegando a ser preferida por amplios sectores sociales al ser
considerada de mejor calidad en comparación con la educación pública.

El siguiente cuadro expone la realidad de la educación pública y privada
en Colombia en cuanto a instituciones ofertantes de educación superior. En
él se muestra la alta proporción de entes privados responsables de educar a
los jóvenes del país con parametros de calidad que permanecen en la
nebulosa, a pesar de que ha sido un tema recurrente en los últimos
administraciones.
" " " " "
"Cuadro No.1. Tipo de oferta de las I.E.S. " " " "
"Carácter "Oficial "No Oficial"Régimen "Tota"
" " " "Especial "l "
"Universidad "31 "49 "1 "81 "
"Institución universitaria/Escuela"15 "93 "12 "120 "
"tecnológica " " " " "
"Institución tecnológica "6 "38 "6 "50 "
"Institución técnica profesional "9 "28 "0 "37 "
"Total general "61 "208 "19 "288 "
"Fuente: SACES-Ministerio de Educación " " " " " "
"Nacional. 2012 " " " " " "

Reflexiones sobre y para la universidad

La descripción realizada permite identificar algunos elementos claves
para comprender la univesidad colombiana en los últimos veintitres años.

a. El Estado no se ha mostrado interesado en la consolidación de un
sistema universitario público sólido que responda a las exigencias de
una sociedad que se debe insertar al siglo XXI de manera autónoma y
democrática.
b. Las políticas referidas a la calidad, en los términos manejados por el
propio Estado no han tenido un efecto real sobre el sistema debido a
que no existe claridad sobre qué se entiende por calidad
universitaria. Esto lleva a la anarquía sistémica y a manejar
indicadores como los rankings universitarios para evaluar lo que son y
deberían ser las instituciones de educación superior, sin medir los
intereses que se mueven detrás de estas medidas.
c. Se han presentado ganadores y perdedores dentro del caos en el
sistema universitario, en el primer grupo encontramos a los
empresarios de la educación y el sistema financiero que se enriquecen
con la necesidad apremeiante de los usuarios por poseer un título de
educación superior. En el bando contrario, los estudiantes a los
cuales se les adeuda calidad en el proyecto educativo y horizonte
profesional, mientras comprometen sus recursos de por vida; los
académicos que son pauperizados permanentemente y por último, la
sociedad en general que observa con impotencia la pérdida de un actor
clave como lo es la universidasd para rebatir el papel de Colombia
como nación periferica en el orden mundial.
d. Ha faltado creatividad por parte de los actores sociales para diseñar
una universidad acorde con las necesidades sociales del país. El
exitoso bloqueo por parte del movimiento estudiantil a la reforma de
la Ley 30 se estancó en el momento de postular salidas más allá de la
ideología y los intereses políticos.

Ante este panorama cabe preguntarse cuáles deben ser los elementos para
tener en cuenta ante el imperativo de redireccionar el sistema educativo
superior y dentro de este, la universidad. La respuesta a este
interrogante no es fácil, sin embargo, a modo de reflexión cabe pensar los
siguientes elementos.

El primer aspecto corresponde al reconocimiento de las tendencias
mercantiles en la educación y el proyecto global neoliberal, que lejos de
ser un imaginario de los intelectuales de izquierda, son fenómenos
históricamente concretos, con repercusiones económicas, sociales y
políticas claras de las cuales ya se observan ejemplos en países como los
Estados Unidos, Inglaterra y Australia. El reconocimiento de esta realidad
debe abrir paso dentro de las sociedades a la formulación de medidas
alternativas acordes con los tiempos actuales. El segundo aspecto a tener
en cuenta es la necesidad de incluir la educación universitaria, el sistema
de instituciones de educación superior y el sistema nacional de ciencia y
tecnologia en la discusión sobre la función del Estado-Nación en la
actualidad, para con ello especificar la función de las instituciones del
saber en la construcción de una opción diversa, solidaria, democrática e
incluyente de sociedad.

Boaventura de Sousa Santos (2005) reconocía la necesidad de que la
universidad en su concepto clásico fuera superada por una organización con
mayor vinculación a la sociedad y sus necesidades. El acceso a la misma
debe ser garantizado por el Estado, pero no unicamente abriendo las puertas
de la educación superior, sino cualificando los niveles básicos de
formación que la alimentan. Este tema es neuralgico en Colombia, nación
que ha presentado uno de los desempeños más bajos en las pruebas PISA[5].

Para finalizar se debe repensar el ethos de la universidad en términos
de la solidaridad. La investigación, la ciencia y la tecnología, las
reflexiones sociales y las creaciones estéticas derivadas de la universidad
no pueden continuar alimentando los egos académicos o los puestos en los
rankings internacionales por parte de las univesidades, deben por el
contrario servir solidariamente en la solución de los problemas de verdad
de los pueblos, en la construcción de sociedades más humanas y en la
difusión social del conocimiento. De otra manera, la universidad
continuará condenada al servicio del mercado y sus agentes.
BIBLIOGRAFÍA

Arciniegas, G. (1923). Los estudiantes y el gobierno universitario. En La
reforma universitaria. 1918-1930. Caracas: Biblioteca Ayacucho.

Bogoya, D. (2013). Elementos de calidad de la educación superior en
Colombia. Caso de estudio: Universidades. Bogotá.

De Sousa, B. (2005). La universidad en el siglo XXI. Umbrales, 13-70.

DNP. (1991). La apertura educativa. Bogotá: MEN-DNP.

Herrera, M. C. (2002). La educación superior en el siglo XX. Credencial
Historia.

MEN. (1992). Ley 30 . Bogotá: MEN.

MEN. (1994). Ley General de Educación. Bogotá: MEN.

MEN. (2013). Estado del arte del sistema nacional de acreditación e
identificación de rutas y tópicos de investigación y profundización para el
mejoramiento de las condiciones de calidad. Bogotá: Panamericana.

Soto, D. (2005). Aproximación histórica a la Universidad Colombiana.
Historia de la Educación Latinoamericana, 101-138.

UNESCO. (1998). Primer Estudio Internacional Comparativo sobre Lenguaje,
Matemáticas y Factores Asociados en Tercero y Cuarto Grado. . Santiago de
Chile: UNESCO.

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[1] La Ley 30 de 1992 en su artículo No.16 clasifica las Instituciones de
Educación Superior en: Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones
Universitarias o Escuelas Tecnológicas y Univesidades.

[2] Se conoce como Regeneración al movimiento reaccionario liderado por
Rafael Núñez que eliminó la estructura estamental constituida por los
gobiernos radicales (liberales) durante los llamados Estados Unidos de
Colombia (1863-1885).

[3] Frente Nacional. 1958-1974. Período de alternacia política entre los
partidos liberal y conservador, constituido con el fin de cerrar el
período de violencia bipartidista que azotó al país desde la década de los
treinta.

[4] Son importantes en la estructuracion del sistema educativo colombiano
los estudios y colaboraciones desarrolladas por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial,
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación
Económica y el Desarrollo (OECD).

[5] Pruebas PISA. Coordinadas por la OECD, evalúa el desempeño de los
jóvenes de quince años en áreas como las matemáticas, la comprensión
lectora y las ciencias naturales.