La seguridad social en la globalización

La seguridad social mexicana en la globalización.

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Pedro Humberto Moreno Salazar.

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Carlos Ricardo Aguilar Astorga.

Introducción. La economía mexicana es una de las economías más abiertas del mundo y la que la coloca en un contexto de liberalización creciente sin precedentes. A tal realidad, es más que oportuno analizar el tema de la seguridad social en este contexto. Este trabajo analiza brevemente lo que implica descriptiva y críticamente la propuesta del bono demográfico, asunto que divide opiniones sobre sus virtudes y limitantes. En segundo lugar la propuesta del Banco Mundial sobre el particular no se puede excluir de la discusión, dada su trascendencia en el contexto mundial actual, en un tercer punto puntualizaremos sobre aspectos básicos de las principales instituciones de seguridad social del país, el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); posteriormente se indagará sobre dos casos latinoamericanos respecto de la reforma de la seguridad social: Brasil y Chile, haciendo especial énfasis en éste último sobre una visión de género y lo comparable con el caso mexicano, dado que ambos tienen el sistema de capitalización individual. Posteriormente analizaremos las principales características de la seguridad social en la Unión Europea, incluyendo un apartado sobre movilidad laboral y otro sobre el caso español. El último apartado analiza la situación de los migrantes mexicanos en otros países residentes, específicamente Estados Unidos y Canadá y las consecuencias de no regular su situación laboral y protección social. *

Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Asistente Proyecto UAM-X y Candidato a Maestro en Políticas Públicas.

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El bono demográfico Quienes ven en la pirámide poblacional una ventaja que se puede aprovechar con el bono demográfico, argumentan que el reto es la formalidad de los empleos, requiriendo inversiones en activos físicos y en capital humano, ya que la productividad total de la inversión medida como el cociente entre el crecimiento del PIB real y la inversión como porcentaje del PIB, ha ido decreciendo en nuestro país, pero si se hiciera lo contrario, es decir, complementar la inversión en capital físico y humano implicando mayor inversión en capital humano, incrementaría la productividad del capital físico, por lo tanto, la capacitación del factor trabajo en un ambiente donde la transición demográfica provee dicho factor a tasas crecientes se vislumbraría como una fuente del incremento de la productividad total y con ello, un aliciente para el crecimiento de salarios reales de los trabajadores1.

Sin embargo, parece que no se relativiza la eficacia del modelo de capitalización individual y se confirma su regresividad. Ya que la solución en materia de pensiones no es solo invertir en capital humano, sino que hay que aprovechar el bono, pero para levantar y fortalecer el pilar solidario obligatorio que se ha perdido con el actual sistema de pensiones, es decir con las Administradoras de Fondos para el retiro (Afores).

El bono demográfico implica aprovechar la productividad en la edad más productiva del ser humano (promedio), que oscila entre 20 y 35 años, hasta el momento las propuestas de aprovechamiento del bono, son buenas intenciones que se venden en campañas electorales y por otro lado son planteamientos macroeconómicos difíciles de garantizarse de manera formal y real, pues no ha habido las propuestas serias e 1

Beristáin Iturbide, Javier. Crecimiento económico, empleo, salarios y sistemas de pensiones. En Sistemas de pensiones / Desafíos y oportunidades. Capítulo II. Crecimiento económico, empleo, salarios y sistemas de pensiones. Cámara de Diputados. México D.F. diciembre de 2004. pág 90.

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innovadoras que se requieren, es decir, los procesos productivos, no están incluyendo o contemplando, el uso novedoso de los conocimientos tácitos individuales y colectivos. En la realidad el bono demográfico y las propuestas del Banco Mundial apuestan por el adelgazamiento (aún más) del estado, como se verá a continuación.

La propuesta del Banco Mundial En América Latina existe un proceso de reforma de la Seguridad social con impulso del Banco Mundial, que ha llamado “envejecimiento sin crisis”. Este modelo propone un modelo de cinco pilares: una pensión mínima estatal, un sistema de aportes en el que el pago de jubilaciones esté acoplado a los ingresos, una previsión prescrita por el Estado como por ejemplo en forma de fondo de ahorro, otro pilar privado voluntario, que puede ser financiado por el empleador o de forma autónoma, y arreglos informales dentro de las familias mediante la incorporación al seguro de salud de la generación mayor 2. Donde el primero debiera ser un pilar pequeño que permita dar cabida a los otros dos, el tercer pilar como es de suponerse en nuestra región es inoperativo, dado los ingresos en nuestra región, tal es el caso de Uruguay que no recaudó un solo peso a más de diez años de implementado el modelo, tal vez, porque de tener ahorros los trabajadores, prefirieron depositarlo en una cuenta bancaria o en un seguro privado3.

La propuesta del Banco Mundial persigue los siguientes efectos y objetivos: Disminuir el peso de la seguridad social en las finanzas del Estado. Estimular la incorporación de cotizantes, disminuyendo la evasión fiscal. Aporta libertades y alternativas al trabajador.

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La Jornada. 25/05/05. Ferrari Ibarra, Walter Ariel. El dilema de la seguridad social en el Cono Sur. En Sistemas de pensiones / Desafíos y oportunidades. Capítulo III. Efectos sociales de las reformas a los sistemas de pensiones. Cámara de Diputados. México D.F. diciembre de 2004. pág 138. 3

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Reforzar la solidaridad. Mejoraría las prestaciones. Genera ahorro nacional, y un mercado de capitales o lo desarrollaría. Ofrece expectativas reales a las nuevas generaciones. Desarrolla empleo, competitividad y productividad.

Ferrari Ibarra señala con precisión que la reforma al Banco Mundial no le interesa el camino sino que el camino final sea la privatización de los sistemas pensionarios y por ende el retiro del Estado. Así mismo señala que los sistemas de capitalización individual no son obligatorios en los países desarrollados, sino que son los países subdesarrollados donde se está llevando a cabo el experimento.

Una verdadera asociación entre las variables de pensiones y sistema económico, consistiría en una tasa de reemplazo que tome en cuenta el salario recibido, donde el trabajador contara con ingresos suficientes para atender sus necesidades básicas y conservar un nivel de vida alcanzado. El ahorro individual no atiende el principal problema: la descobertura y la exclusión. Hay que ubicar como complemento el ahorro voluntario y reintegrar los pilares solidarios desaparecidos.

Hay una relación directa del financiamiento de los seguros sociales que otorgan pensión retiro y/o jubilación, con el comportamiento de la dinámica económica. De tal modo que la falta de creación de empleos en lo cuantitativo y sobre todo en lo cualitativo desatan la ineficacia de las instituciones de seguridad social de nuestro país (IMSS e ISSSTE principalmente). Esto se ha visto fortalecido por el modelo económico actual que no permite trabajos estables y de buen nivel salvo para una minoría. La lógica

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liberalizadora de la economía disminuye al Estado, por lo que esta situación somete a las pensiones movimientos financieros internacionales dejando a los trabajadores en el desamparo actual dadas las rotaciones laborales que esto implica. Al disminuirse el Estado, éste no cumple su cometido de protección ante sus ciudadanos, aunado a ello, la idiosincrasia nacional de dependencia, aumenta una especie de moda asistencialista disfrazado de desarrollo social.

El sistema de pensiones vigente en nuestro país pareciera tener un enfoque no solo individualista, sino que asume que alguien que se pensione, es porque ha trabajado toda su vida, y quien no se pensione, es debido a fallas en su comportamiento individual. Es una actitud muy severa hacia quienes no tienen una pensión digna, pues no asumen que las pensiones actuales se deben a fallas de los sistemas sociales y no individuales. El actual sistema ve al individuo más como una mercancía, que como ciudadano garante de derechos. Si bien todos los sistemas de pensiones están colapsando en el mundo, esto no da cabida a individualizar las pensiones.

¿Dónde quedan las obligaciones jurídicas del Estado, que asume constitucionalmente para garantizar el derecho a la protección social en general?. El ambiente es más ríspido cuando se habla de protección social a migrantes, los cuales no tienen seguridad social en Estados Unidos y Canadá principalmente, donde los connacionales pagan y financian parte considerable del sistema de pensiones en estos países desde hace décadas, sin tener derechos sociales. Asunto que abordaremos más adelante.

Las propuestas del Banco Mundial han reducido la intervención, regulación y participación del estado mexicano en seguridad social, las experiencias en México lo

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demuestran, para ello veremos la situación actual de las instituciones encargadas de la seguridad social en el país.

Consideraciones al IMSS y al ISSSTE. Estamos supeditados a lo que exportamos, peor aún es saber que importamos más del o que producimos. Las cadenas productivas se hacen hacia afuera, lo que empobrece el mercado interno. Según estudios de Julio Boltvinik, la pobreza está alrededor de los 80 millones de mexicanos4, incluso el propio gobierno asume que hay 40 millones de pobres, del total de la población 4 de cada 10 están en la economía informal, siendo esto último una constante disputa por los espacios, l oque también rompe el tejido social.

La débil economía mexicana, es un escenario idóneo para las Afores, quienes son las únicas instancias favorecidas con las reformas a los sistemas de pensiones, incluso éstas presentan desigualdades considerables entre el número de cotizantes que tienen cada una de ellas.

En México más del 45% de la población total (46.1 de 109 millones de personas) carecen de seguridad social, mientras que casi el 70% de la población económicamente activa (28.4 de 42.4 millones) también lo carecen; al igual que 43% de asalariados (11 de 26 millones).5

El IMSS tiene más de 45 millones de derechohabientes, mientras que el ISSSTE tiene más de 10 millones de derechohabientes, el resto, aproximadamente 2 millones y medio pertenecen a los sistemas pensionarios de PEMEX, sistemas estatales e ISSFAM. 4 5

La Jornada 18/11/05. Inegi, 2004.

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Cabe destacar que La población mayor de 65 años a mediados de 2003 ascendió a 5.3 millones de personas. De éstos, sólo el 18% tiene acceso a una pensión del IMSS o del ISSSTE, según cifras oficiales de la CONAPO a principio de la década.

Existen enormes inequidades en la asignación, requisitos de calificación y montos de las Pensiones, pues el IMSS tiene a más de 2.1 millones de pensionados con un promedio de 20 mil pesos de pensión anual; el ISSSTE tiene menos de medio millón de pensionados, pero su pensión anual rebasa los 60 mil pesos; mientras que los Ex Presidentes de la República (4) tienen una pensión anual de 208 millones de pesos y los ministros de la Suprema Corte (42) gozan de 133 millones de pesos anuales por concepto de sus pensiones. Así gremios que eran claves en el mantenimiento de la elite de poder durante la etapa de modernización fueron favorecidos primero en la extensión de la seguridad social.6

Todas estas cifras son solo algunas del enorme problema e inequidades que enfrentan los sistemas de pensiones en nuestro país. El carácter público con el que ha de repensar la reforma debe fortalecer el carácter público. La crisis financiera del ISSSTE y el débil Estado mexicano harán presa fácil a esta institución de las administradoras privadas de fondos para el retiro.

Sin embargo, no solo los sistemas mexicanos de seguridad social enfrentan éste problema, sino los sistemas de todo el mundo, en el caso de Latinoamérica hay dos casos a destacar, el brasileño y el chileno.El primero por su relevancia dado el número 6

Mesa-Lago, C. 1978. Social Security in América Latina: Pressure Groups, Stratification and Inequality. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

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de habitantes, desigualdad creciente y nivel de desarrollo, el segundo porque es el modelo que retomó el IMSS para sustentar sus reformas en 1995.

Dos casos latinoamericanos representativos. Brasil. En el caso de Brasil existen tres grandes regímenes previsionales: el General (administrado por el Instituto Nacional de Seguridad Social INSS), los del sector público y uno de Previsión Complementaria. El sistema básico pensiona a más de 21 millones de beneficiarias, la tercera parte de ellos son trabajadores urbanos y el resto rurales y asiste socialmente a mas de dos millones de personas. Con respecto a México que paga pensiones al 18% de las personas mayores de 65 años, Brasil lo hace a más del 30%. Se estima, por parte del as autoridades, que Brasil tendría 72 millones de pobres si no es por su sistema de seguridad social7.

En Brasil, la reforma del Estado en general, ha involucrado cuatro elementos claves: (a) una reducción de su tamaño como resultado de la transferencia de responsabilidades; (b) una disminución en la regulación burocrática, particularmente del mercado; (c) un aumento en la capacidad directiva para hacer más efectiva la implementación de las políticas del gobierno e incrementar la independencia fiscal del estado; y (d) un aumento en la gobernabilidad al hacer al estado más accesible a la sociedad civil8.

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Gómez Pereira da Silva, Delúbio. La reforma de la seguridad social en Brasil. En Sistemas de pensiones / Desafíos y oportunidades. Capítulo I. Sistemas de pensiones y estrategias de atención: las diferentes agendas Pág. 67 8 Barreto, Maria Inês, 1998. "Las organizaciones sociales en la reforma del Estado brasileño" in Luis Bresser Pereira and Nuria Cunill (eds.). Lo público no estatal en la reforma del Estado. Buenos Aires: Paidós, pp. 115-155.

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Pereira y Cunill afirman que la administración gerencial pública, es más efectiva porque su uso del sector público no-estatal permite que los servicios sociales sean brindados competitivamente, flexiblemente y con un alto grado de compromiso hacia los intereses de quienes reciben dichos servicios. La dependencia del sector público no-estatal también aumenta el grado de control social sobre las acciones del estado y sobre el aumento de sensibilidad por parte del estado hacia las necesidades de los ciudadanos9

Las reformas en seguridad social proponen que los hombres aumenten su edad de pensión siete años (de 53 a los 60 años), las mujeres también tendrían que aumentar siete años (de 48 a los 55 años). Una característica es que los pensionados ganarán más del 100% de los trabajadores cotizantes, lo cual pondrá en riesgo las finanzas de los sistemas de seguridad social.

Actualmente se está retirando la regla que existe de un trabajador inactivo o jubilado, tenga la misma regla de ajuste que el activo, lo que ha ocasionado que ninguno de los dos aumente su ingreso.

El modelo brasileño no es sustitutivo como el mexicano o el chileno, ni mixto como el argentino. El modelo pretende ser público, donde tres instancias participarán, el Estado como

responsable,

trabajadores

y jubilados,

que

contemple

la

solidaridad

intergeneracional. Actualmente el INSS tiene alrededor de 80 mil millones de dólares aportados en el sistema, lo que lo hace ver muy sólido.

El modelo brasileño consta de cuatro partes fundamentales: 9

Bresser Pereira, Luis Carlos and Nuria Cunill Grau (eds.), 1998. Lo público no estatal en la reforma del Estado. Buenos Aires: Paidós.pág 46.

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Previsión social básica Previsión social complementaria Otras formas de complementación Asistencia social

En el primero se asume como público, tetrapartita, de repartición, con financiamiento mixto de características solidarias e incluyentes. El segundo sería privado, con capitalización individual, voluntario, relacionando cotización y beneficio. El tercero es básicamente voluntario mientras que el cuarto incluiría a población discapacitada en situación de pobreza y ancianos.

La reforma de la seguridad social en Brasil, plantea que tras las reformas en ese país, todo trabajador en activo o ya jubilado sigue teniendo los beneficios establecidos antes de la reforma y los nuevos obtendrán los beneficios de las reglas Convergentes con el régimen general de previsión social

La reforma en este caso, solo resuelve el problema financiero en el corto plazo al endurecer las condiciones de retiro, es decir, las relativas a contribuciones y edades. Es importante la manera en la cual se llega a la reforma en Brasil, ya que fue realizada por consenso, aunque limitado, lo cual muestra que la vía de negociación es posible.

El caso chileno, un problema de género reproducible en México. El sistema chileno fue el primero en reformarse en América Latina, basado en la capitalización individual conocido como modelo sustitutivo, fue el modelo para las reformas en México.

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El artículo 19, N18 de la Constitución Política de la República Chilena asegura a todas las personas el derecho a la seguridad social, sin embargo, la normatividad no refiere hacerse cargo de sus contenidos, lo cual lo hace vulnerable al sistema económico dominante.

El sistema de pensiones de Chile obedece a criterios principalmente contributivos y asociados en el contexto asalariado, por lo tanto como muchos otros no considera el trabajo informal y hace excluyente a las mujeres, es inequitativo en su cobertura y no asume costos fiscales. En el primero de ellos hay que señalar que del sector informal, el 80% son mujeres según la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), quienes llegan a insertarse en el modelo de capitalización individual, cotizan menos por sus características reproductivas, tareas tradicionales (cuidado de enfermos, niños, ancianos), violencia intrafamiliar, etc. Haciéndolas vulnerables para cotizar, precisamente en su etapa más económicamente productiva.

Hay algo similar en Chile y México, las mujeres tienen en promedio más escolaridad y son menos contratadas, las mujeres también viven más, es decir su expectativa de vida es mayor, por lo tanto, las mujeres viven más años con menor cotización, en Chile existe un 50% de población por género, pero las mujeres económicamente activas son del 35%, mientras que en América Latina es del 45%. Es claro que no solo para este país sino para los países con este modelo la capitalización individual desfavorece a las mujeres, ya que las Administradoras privadas preferirán al sexo masculino porque no implica gastos maternos y todo lo que ello implica.

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Cotizan 2.8 millones de personas y están afiliadas 6.8 millones de personas, o sea que las dos terceras partes de las mujeres no cotizan, mientras que estimaciones hechas por la Dirección de Presupuestos de Chile, indica que habrá mas de la mitad de las pensiones catalogadas como mínimas. Si reconsideramos los cotizantes por género, tenemos que el 70% de las mujeres que cotizan se jubilarán con una pensión mínima.

Éste país considera en materia de pensiones la pensión asistencial, que no es otra cosa que una pensión a la mitad de la mínima, a lo que las mujeres, están estimadas a entrar en esta lógica en un 60%, según estudios de Regina Clark10.

La cobertura del modelo Chileno tiene a 5 y medio millones de Trabajadores de los cuales el 62% cotizan, de ellos las mujeres son una tercera parte, mientras que del 38% que no cotiza dos de cada cinco, son mujeres. Del 100% de trabajadores 60% son del sector formal y solo una tercera parte son mujeres; 4 de cada 10 son mujeres del sector informal.

La experiencia chilena arroja datos macroeconómicos muy buenos, sin embargo en los microeconómicos, hace falta un análisis sustancial, sobre todo en variables como género, cobertura y costos fiscales a largo plazo, sobre todo acompañándolos de análisis sobre densidad individual en la cotización del sistema, es decir, sobre los costos del Estado en el financiamiento del sistema de capitalización individual.

El caso chileno es muy ilustrativo respecto al empobrecimiento femenino, tal es el caso, que México está totalmente vulnerable a ello. Consideremos dos cosas sin afán de 10

Clark, Regina. El mito del sistema pensionario chileno: un desafío pendiente. En Sistemas de pensiones / Desafíos y oportunidades. Capítulo IV. Transición y efectos de largo plazo: condiciones de instrumentación y costo. Pág 254.

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alarmar a nadie. Primero, tenemos 10 años de desventaja en asimilación del sistema y segundo, la migración femenina puede aumentarse, lo que aumentaría los atropellos de los derechos de las mujeres, que en la frontera, todos sabemos se violan.

Históricamente México, aparece como caso paradigmático frente a la mayoría de los países latinos, en muchos aspectos, sin embargo, es con los vecinos del norte, con los cuales se tiene el más relevante tratado de libre comercio firmado.

La seguridad social mexicana frente al Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Producto del TLC, la maquila se ha incrementado enormemente en nuestro país, provocando que los salarios se manejen selectivamente favoreciendo a sectores exportadores. Presiones de gobiernos principalmente Estados Unidos y Canadá, presionaron para que el sistema de capitalización individual sea una realidad, ya que garantiza a sus empresas instaladas en nuestro país menores costos y mayores rendimientos a algunos de sus bancos como Administradoras de Fondos para el Retiro y al parecer lo mismo está pasando con otras instituciones como es el ISSSTE, ISSSFAM, etc.

Lejos de apoyar un seguro de desempleo, éste no ha estado en la agenda del Tratado, pues conviene a las empresas privadas, manejar seguros privados de desempleo y no solo eso, sino que se a incrementado la presencia de empresas privadas de salud, clínicas, hospitales, laboratorios, etc. que evidentemente se favorecen del déficit de las instituciones de seguridad social del país.

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La firma del TLC, no ha favorecido a la reincorporación de los sectores informales, por el contrario, la maquila y la orientación hacia las exportaciones, han impedido que el trabajador goce de mejores prestaciones, pues las maquilas tienen como principio la rotatividad laboral, de tal forma que el trabajador no puede crear antigüedad.

El micro y mediano empresario han tenido que cerrar, ocasionando pérdida y generación de empleos, achicando derechos laborales y debilitando el mercado interno.

La expresión de Lorenzo Meyer a casi 16 años de institucionarla, sigue teniendo perfecta validez: “...la élite política mexicana pasará de ser cabeza de ratón a cola de león”11, lo que evidentemente ilustra la pérdida de autonomía de los políticos más autoritarios.

Se suponía que el Tratado sacaría a México de su rezago con inversiones fuertes y empleo productivo, cosa que hasta el momento no ha pasado, pues nos quedamos con sucursales de empresas que no garantizan ninguna certeza laboral y que a la menor objeción vuelan hacia otros países, sin consideración alguna y lo peor de todo, lo hacen con la contemplación del Estado mexicano, que también no tiene ni voz ni voto. Alberto Aziz Nassif señala: “Tenemos empresas modernas, métodos de trabajo japoneses, pero salarios mexicanos”12

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Excelsior, 03/ oct/ 90 Aziz Nassif, A. Los Riesgos de lo Inevitable, en las Relaciones Laborales y el Tratado de Libre Comercio. Graciela Bensusan A. (Coordinadora). Miguel Angel Porrúa Grupo Editorial. Julio de 1992, México. Pág 41 12

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Si bien la frágil democracia no se detuvo en el país, lo que si cambió fue el juego político, pues de tener partidos de oposición que pagaban costos por enfrentarse al sistema, tenemos ahora un juego de partidos, que al parecer, terminó por controlar a los jugadores, haciendo de la oposición un perfecto aprendiz.

La élite empresarial salinista que se vio favorecida por la privatización que implicaba el TLC, sigue en auge y hasta reproduciéndose en su nivel, al grado de que participen actualmente en la toma de decisiones nacional y figuren como empresarios que busquen el desarrollo de México, sin que las condiciones laborales en sus empresas mejoren.

La contaminación es un asunto que no se ha discutido, salvo por presiones de algunas Organizaciones Sociales y Civiles (OSC), las empresas textiles y específicamente las dedicadas a la mezclilla arrojan agua muy caliente y contaminada a los ríos, una empresa promedio de este tipo contamina 100 millones de litros por semana. Otro caso es el de empresas de comida rápida que generan enormes cantidades de basura sin que apliquen programas de reciclaje, eso por mencionar solo dos casos. La lista es interminable.

El TLC solo ha generado estabilidad en los indicadores macroeconómicos, bajas tasas de inflación, control monetario que no favorece a los ciudadanos mexicanos y una política de tajante eficiencia basada en hacer más con menos, no importando los medios sino los fines. Variables como salarios y productividad, que tienen directa relación con las pensiones y la seguridad social, no tuvieron mejores condiciones a niveles microeconómicos, sino que éstas variables han quedado minimizadas a tal grado que el salario mínimo en México sigue siendo 10 veces más bajo que en Estados Unidos, por

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lo tanto los salarios, en términos de costo producción son vistos como ventaja comparativa, pero en términos de mercado resultan una restricción comercial.

En la globalización todos somos consumidores, pero no todos somos productores. Tal desventaja era tangible incluso antes de la firma del Tratado, ahora es más que una realidad, es una forma de vida en la cual el mexicano se está resignando. México a perdido el derecho a manejar los precios conforme del país productor. El caso de la competencia China lo agrava.

Como menciona Norberto Bobbio: “hoy, mas que nunca, la política interna está determinada por la política internacional y por la constelación de intereses de la potencia hegemónica en cuyo ámbito un Estado se ve obligado a vivir”13

Ante esta situación, las estrategias de los países europeos merecen especial énfasis por la negatividad de sus tasas de crecimiento poblacional, es decir, mueren más europeos de los que nacen, haciendo que ellos tengan el problema de tener población en la vejez, y qué estrategias están diseñando e implementando para garantizarles un bienestar asegurado.

La Unión Europea. Los sistemas de pensiones en Europa están divididos en tres pilares, aunque en algunos países la distinción entre ellos no es muy nítida: regímenes públicos obligatorios (primer pilar), regímenes profesionales (segundo pilar) y planes individuales de pensiones (tercer pilar).

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Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia. Barcelona, Plaza y Janés, 1985.

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Los regímenes públicos (obligatorios) financiados mediante cotizaciones de la seguridad social e impuestos generales constituyen la principal fuente de este tipo de ingresos en todos los Estados miembros, aunque la tendencia orienta hacia los sistemas de los 2º y 3er pilares, superando así en importancia a los regímenes públicos en al menos dos Estados miembros (Reino Unido y Países Bajos). Las prestaciones de vejez y de supervivencia representan, en conjunto, casi el 45 % del gasto total en protección social de la UE y alrededor del 12 % del PIB. En la Unión Europea, el aumento del número de hogares y familias va acompañado de una disminución de su tamaño medio (2,2 personas por hogar en 2005, frente a 2,8 en 1981).

Muchos Estados miembros están previendo un aumento del papel de los sistemas privados del segundo y tercer pilares en el contexto del envejecimiento. No obstante, esto no puede desarrollarse de manera espontánea y está siendo apoyado por una intervención gubernamental así como de organismos financieros internacionales, que puede adoptar distintas formas. En algunos Estados miembros (el ejemplo más conocido es el de los Países Bajos) los empresarios y los trabajadores pueden establecer regímenes complementarios de pensión en los que la afiliación puede ser obligatoria. Bélgica esta interesada en seguir este sistema. El Reino Unido ofrece la posibilidad de abandonar el state earnings-related pension scheme (SERPS) -régimen público de pensiones vinculado a los ingresos- para afiliarse a regímenes profesionales o individuales. Austria prevé transformar la termination allowance -pensión tras el término de la relación laboral- (un importe que depende del tiempo de servicio y que el

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empresario paga al finalizar el periodo de empleo) en un derecho de pensión del segundo pilar transferible. En la mayor parte de los Estados miembros la afiliación a un régimen complementario no es obligatoria, pero dichos regímenes se benefician de una situación fiscal favorable. Como la deducción de impuestos es más interesante para las personas con mayores ingresos que para las personas con rentas inferiores, Alemania prevé subvencionar las cotizaciones a los regímenes complementarios de pensión de las personas con bajos ingresos.

A pesar de estas reformas, la mayoría de los Estados miembros esperan que los regímenes obligatorios del primer pilar seguirán siendo el elemento más importante de la prestación de pensiones. Francia y Luxemburgo señalan que el desarrollo de las pensiones complementarias del sector privado no debe sustituir el régimen obligatorio ni desarrollarse en detrimento de este. Francia considera que un primer pilar fuerte es reflejo del gran compromiso de su sociedad con la solidaridad y la igualdad.

El desarrollo de los demás pilares sólo debería considerarse un complemento del primer pilar y después del sistema de reparto se haya consolidado satisfactoriamente. Bélgica indica que prevé que el segundo pilar desempeñe un papel de garante de la tasa de sustitución de las rentas de pensión; sin que ello implique que deba sustituir el primer pilar. La declaración del Reino Unido refleja un equilibrio diferente: “las pensiones públicas completarán las pensiones privadas para garantizar a las personas una rentas adecuadas de jubilación”. Aplicará un sistema público de segundo nivel, the State second Pension, para los perceptores de ingresos bajos y medianos, las personas que han participado de manera discontinua en el mercado laboral y, por último, las personas no activas.

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Los modelos de la UE, contemplan que el sistema de reparto tiene casi el 90%, el segundo, de capitalización, reservas contables y planes de ahorro asegurado, tiene solamente el 7%, y el tercero de sistemas individuales tiene menos del 1%14.

El contexto europeo actual se caracteriza por la intensificación de la competencia extranjera, el envejecimiento de la población, la elevación de los precios de la energía y la necesidad de garantizar la seguridad energética. Ante esto, se estima que, en el trienio 2005-2007, la UE haya creado seis millones de empleos nuevos, contribuyendo así a reducir el desempleo aproximadamente en un 1% en 2007, desde un máximo del 9% a finales de 2004. No obstante, reducir aún más el desempleo, aumentar la productividad e incrementar el crecimiento potencial siguen constituyendo los desafíos clave para la Unión.

Lejos de lo que se pudiera imaginar, doce Estados miembros de la UE presentan un déficit excesivo, y el nivel de endeudamiento de varios Estados miembros supera el 60% del PIB. En estas circunstancias, el Consejo Europeo hace un llamamiento a los Estados miembros para que aprovechen la oportunidad que brinda la recuperación económica en evolución para proseguir la consolidación fiscal en consonancia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento

En este contexto, el Consejo Europeo acoge favorablemente el informe relativo a la incidencia del envejecimiento de la población sobre el gasto público, y reitera la estrategia en tres frentes, cuyo objeto es reducir la deuda pública, aumentar los índices

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Ibidem, Ferrari Ibarra, pág 141

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de empleo y de productividad y reformar los regímenes de pensiones y de atención sanitaria. Deberían fomentarse las medidas disuasorias de la jubilación anticipada o de reducción del gasto en pensiones.15

El Consejo está de acuerdo en que debe considerarse atentamente toda superación próxima al valor de referencia que refleje la aplicación de la reforma de las pensiones creando un régimen "multipilar" que incluya un pilar obligatorio totalmente financiado. Aunque la aplicación de estas reformas conduzca a un deterioro a corto plazo de la situación presupuestaria, mejorará claramente la sostenibilidad a largo plazo de las finazas públicas.

La movilidad laboral, ¿una estrategia viable para mejorar el empleo, ingreso, y seguridad social? La movilidad de los trabajadores incluye dos aspectos: la movilidad de empleo se refiere a la frecuencia con la que los empleados cambian de puesto de trabajo; la movilidad geográfica se refiere al movimiento de trabajadores de una región a otra en el mismo país o al movimiento entre países.

La movilidad geográfica, aunque menos habitual, es probable que aumente en el contexto de la globalización. Cambiar de país por razones de trabajo puede ser una experiencia muy positiva, tanto profesional como personalmente, pero no es muy sencillo llevarla a cabo. Encontrar trabajo en un mercado laboral desconocido es el primer obstáculo. Las cualificaciones y experiencia de un trabajador puede que no sean reconocidas en el país de acogida, o bien se le puede exigir cierto dominio de la lengua 15

Consejo Europeo de Bruselas 23-24 de marzo de 2006.

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del país de acogida. Y, por último, existen inevitablemente los costes administrativos, legales y personales relacionados con la reinstalación en otro país. Por consiguiente, un reto fundamental para la Europa actual es facilitar la movilidad geográfica mediante la reducción de los obstáculos restantes, ya sean legales, prácticos o de carácter social o de comportamiento. La movilidad laboral propone sensibilizar:

Los derechos de libre circulación de los trabajadores entre los Estados miembros; Las posibilidades existentes en cuanto a movilidad geográfica y profesional, así como los servicios actuales de apoyo a las mismas; Las barreras afrontadas por los trabajadores que quieran acogerse a la movilidad, tanto dentro de los Estados miembros como entre diversos Estados y la necesidad de acción prestada por servicios de apoyo.

El caso de España: La población total para el 2005 es superior en 2.917.095 personas, y esta diferencia va siendo creciente hasta alcanzar en 2050 un total de 5.360.203 personas más. Los cambios, no solo afectan al volumen total de población, sino también a la estructura por edades, siendo las principales las siguientes:

El porcentaje de personas de 65 y más años pasará de suponer un 17% en 2005 a un 33.5% en 2050. La relación entre la población de 20 a 64 años con respecto a la población de 65 y más años, presenta también una evolución similar, ya que de una cifra de 3.8 para el año 2005, la relación va disminuyendo hasta situarse en 1.47 en 2050.

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Los períodos mínimos de cotización que dan derecho a la pensión, se determinan de tal forma que el tiempo realmente cotizado en situación de trabajo a tiempo parcial, se incrementará con el coeficiente de 1.5, lo que permite que no exista penalización por el hecho de acceder al mercado de trabajo con un tipo de contrato que refleja una “forma atípica” de empleo. Actualmente, y según datos de la Encuesta de Población Activa, únicamente el 9% de los asalariados tiene un contrato a tiempo parcial; cifra que supone un 2.6% para varones y un 17.9% para mujeres. La existencia de trabajos temporales tiene su incidencia en el nivel de protección, derivada del cumplimiento de los períodos mínimos de cotización para acceder al derecho a pensión, y de la propia cuantía de la pensión resultante. En España sigue existiendo una alta tasa de temporalidad en los contratos, situación que está en el punto de mira de la reforma del mercado laboral, y que constituye hoy en día motivo de debate en la mesa de diálogo social abierta con los interlocutores sociales. Según datos del cuarto trimestre de 2004 de la Encuesta de Población Activa, el 31% de los asalariados tenían un contrato temporal.

Hay que mencionar la ampliación de la acción protectora del Régimen Especial de Autónomos, que desde el año 2003 ha incorporado una protección específica por contingencias profesionales que no tenían hasta ese momento.

Otra medida de estímulo en 2004 para la incorporación al trabajo en el ámbito de los trabajadores autónomos, es la menor cotización para jóvenes menores de 30 años y mujeres mayores de 45 años que tienen la opción de elegir libremente una base de cotización entre el 75 % de la base mínima y hasta la cuantía de la base máxima. En el

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año 2005 se establece una nueva medida para autónomos hasta 30 años y trabajadoras por cuenta propia hasta 35 años, consistente en reducir un 25% durante dos años la cotización a la Seguridad Social.

En definitiva, en los últimos años se ha producido normativa dirigida a no penalizar desde el Sistema de pensiones las formas de trabajo “atípicas”, se ha perfeccionado el régimen de protección de los trabajadores autónomos y está previsto que la negociación con los interlocutores sociales aborde la disminución de la temporalidad en el mercado de trabajo, mediante medidas que incentiven la duración indefinida de los contratos.

Aunque la tasa de actividad femenina en España está aumentando cada año, en 2004 se registró un valor del 57.7 % (16–64 años) según la EPA, por debajo de la tasa para los varones, 81.7 % (16-64 años). Lo mismo ocurre con la tasa de ocupación que en 2004, ha tomado el valor de 50% para las mujeres, frente al 75 % de los varones.

La brecha salarial entre hombres y mujeres también experimenta un descenso en los últimos años, pero en el año 2002 ha sido del 29%, según la Encuesta de Estructura Salarial.

La traslación de esta realidad laboral al ámbito de las pensiones tiene como consecuencia que a fecha de 1 de enero de 2005 existan 1.556.635 mujeres pensionistas de jubilación con una pensión media de 481.05 euros mensuales, frente a 3 078 023 hombres con una pensión media de 782.99 euros. Es decir, la pensión media de jubilación de las mujeres es un 38.56% inferior a la de los hombres, cuestión que es muy grave, pero es descendente.

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Al parecer España está apostando por una estrategia que no excluya la inversión privada aunque no queda muy claro como la UE intervendrá como ente regulador en los sistemas pensionarios. La propuesta parece apostar al largo plazo, asumiendo costos de corto plazo, la discusión todavía tendrá que resolver si habrá o no una edad de jubilación para toda la Comunidad Europea

Medidas como la fijación de la edad de jubilación, pueden combinarse con otras previsiones que introduzcan flexibilidad como en la reciente reforma de las pensiones en Suecia que ha permitido al Gobierno ajustar periódicamente las pensiones en respuesta a cambios en la expectativa de vida o en las tasas de interés16.

Una característica creciente en la actualidad es la migración hacia España, no hay duda que obedece a mejorar condiciones de vida y de bienestar individual y de las familias de los migrantes. La inestabilidad política, económica y social en países de Latinoamérica como Ecuador y Perú, favorece la migración, incluso éste último, se comenta ya de producción científica de peruanos en Perú y producción científica de peruanos en Madrid. Tales situaciones obligan a pensar que la migración más que nada se hace por un patrón no voluntario, lo que implica una movilidad casi obligada a salir de sus países de origen. La inmigración se ha convertido, pues, en una necesidad para mantener el sistema de pensiones u otras prestaciones de la seguridad social17.

Los migrantes, cotizantes sin seguridad social.

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Prats, Joan. Gobernanza y sociedad del riesgo. Revista gobernanza núm 40. abril de 2005. Bou i Novensà, Marc Revista Gobernanza. Marzo 2005.

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Actualmente la reforma migratoria en los Estados Unidos, tendrá que esperar a que Republicanos y Demócratas en el Senado de este país se pongan de acuerdo o que quieran legislar para las minorías latinas de su país. Difícilmente pueden aceptar que los impuestos de los migrantes paguen parte de su seguridad social, tal parece que ello está muy lejos de ser aceptado y normado. No obstante los migrantes siguen pagando impuestos vía deducciones a su salario desde hace décadas, lo que implica mayores recursos para los jubilados estadounidenses y en menor medida a los canadienses. Aspectos que el gobierno mexicano no ha puesto en la agenda de discusión. Si bien se reconoce la labor latina en Estados Unidos y Canadá en materia económica, nunca se habla de la aportación latina a la seguridad social de América del norte. Ni siquiera los precandidatos presidenciales en México lo han nombrado tal cual.

Dado que muchos de los legisladores y funcionarios tienen sus orígenes fuera de los Estados Unidos, tal parece que hay un doble criterio de aceptación del estadounidense hacia los migrantes de todo el mundo: la identidad, los migrantes de primera y segunda clase. Los primeros, aceptan la identidad foránea olvidándose de sus orígenes, como el Senador Republicano por la Florida, Mel Martínez, quien en 1962 llegó a las playas de Miami y vivió en orfanatorios gran parte de su vida y hoy defiende la propuesta HR 4437; y los segundos, los que no renuncian a la Virgen de Guadalupe, a su bandera, a su color y a su idioma (al menos), es decir a su identidad, es la distinción que se hace, los primeros si tienen derechos, los segundos son llamados criminales, pero que aportan a la base contributiva de los Estados Unidos, esa es la discusión.

¿Qué ofrece la racista propuesta republicana HR 4437 en materia de seguridad social?. Nada en esta materia para los migrantes, pues los migrantes seguirán aportando

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impuestos vía deducciones al salario. El gobierno mexicano se jacta de haber presionado para la defensa de los migrantes, sin embargo su obligación era que el trabajador tuviera mayores garantías, cosa que no logró, y lo que se logró fue gracias a las movilizaciones de los propios migrantes. El gobierno mexicano a pesar de ser socio comercial con el TLC, ha sido incapaz históricamente de poner en la agenda legislativa de los Estados Unidos, la ampliación de seguridad social para los migrantes, y que estos dejen de financiar las pensiones estadounidenses sin recibir nada a cambio. Recordemos que los migrantes aportan cerca de seis mil millones de dólares para los sistemas de seguridad social de Estados Unidos.

Los recientes acuerdos que se han dado constan de aprobar 500 mil empleos de movilidad, (sin que esto sea similar a la movilidad propuesta por la Unión Europea), donde se habla de un ir y venir constante. A veces van por cuatro meses, a veces con dos periodos, por ejemplo con los contratos con Canadá van dos periodos de cuatro meses, no rompe esto el tejido social de las familias de migrantes mexicanos.

Al menos 5 millones de migrantes mexicanos que están en Estados Unidos no están integrados a ninguno de los sistemas de seguridad médica privada ni a los programas públicos, afirmó la Conapo.18

La mayoría de los migrantes mexicanos se concentra en las edades más saludables del curso de vida, pues 60 por ciento tiene entre 15 y 39 años de edad, y 87 por ciento entre 15 y 64 años, los 3.5 millones de trabajadores del campo que existen en México, 90 por ciento carece de prestaciones sociales, debido a que en junio de 2004 el gobierno federal

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La Jornada 18/Oct/03

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retiró a los productores el subsidio de las cuotas obrero-patronales que pagaban al IMSS, lo que provocó que productores se ampararan19. (la jornada 10 de febrero de 2006)

En el pasado mes de febrero de 2006, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) presentó en Madrid un proyecto de acuerdo para que las naciones que la integran reconozcan a los trabajadores migrantes su derecho a obtener una pensión, beneficio que puede extenderse a quienes han laborado en países de la Unión Europea y concluyan su vida productiva en España20. Sin embargo, la propuesta a penas esta por discutirse. Faltará ver que hace el gobierno foxista en estos últimos meses de su mandato y qué hará el siguiente presidente en turno, que al respecto, nada han señalado.

Conclusiones: Los sistemas de seguridad social de todo el mundo están colapsando teniendo como principal reto el problema demográfico. El Estado, por diseño de políticas financieras internacionales, está siendo excluido de su papel en materia de seguridad social, tal parece que las políticas de seguridad social están sujetas a la política financiera, donde el individuo es más importante que el grupo, donde el fin justifica los medios, donde importan más la estabilidad financiera que una vejez digna, donde las mujeres son excluidas de manera clara y progresiva. La seguridad social frente a los retos de los distintos tratados comerciales, no ha garantizado ampliar la posibilidad de mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores mexicanos en nuestro país así como fuera de él.

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La Jornada 10/02/06. La Jornada 25/02/06.

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En el caso de México deberá repensar la reforma del 95, donde se pierde la solidaridad intergeneracional y donde el estado tenía un peso relevante, las experiencias brotan de todas los rincones, México no ha reflexionado de experiencias extranjeras, como en el caso chileno, brasileño o español.

El contexto liberalizador de la economía mundial nos ha puesto en desventaja, si México no quiere un caos deberá repensar o evaluar la política de capitalización individual, que solo ha dejado a las Afores conformes.

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