La Responsabilidad Social y las PYMES: las iniciativas de la Administración Española desde la perspectiva de la RSC

La Responsabilidad Social y las PYMES: Las Iniciativas de la Administración Española Paula Otero Hermida, Universidad de Santiago de Compostela Departamento de Ciencia Política I Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial y Prevención de Riesgos Laborales (Santiago de Compostela 27 y 28 de noviembre 2008) ABSTRACT La presente comunicación refleja las conclusiones en cuanto a las PYMES de la investigación titulada “La importancia de la Responsabilidad Social Empresarial en el contexto actual y su relevancia para la Ciencia Política”. En este trabajo de investigación cobran especial dimensión las actuaciones de los entes públicos en cuanto a promoción y control de la RSE partiendo de la perspectiva de la necesidad de introducción de valores éticos en los actos de cada uno de los actores económicos. INTRODUCCIÓN La importancia de las PYMES en la Responsabilidad Social y su contexto específico La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) constituye una perspectiva global que focaliza sobre la responsabilidad los nuevos retos de la empresa ante la sociedad. La definición que se ha impuesto tras un intenso debate, indica que la RSE es una iniciativa voluntaria, es decir, es toda actuación que va más allá de la ley, según recoge el Libro Verde de la RSE de la UE (2001). Responsabilidad implica una posición proactiva por parte del empresariado a la hora de satisfacer las demandas sociales derivadas de los retos de la globalización. Se exige más responsabilidad empresarial por parte de la empresa, debido a su mayor poder dentro del contexto de una economía internacionalizada. Por ello, puede afirmarse que el actual auge de la RSE nació vinculado a la gran empresa, a su creciente poder por su gran peso económico en determinados países y a sus posiciones defensivas en cuanto al vacío legal existente en la regulación de los mercados internacionales y especialmente financieros. No obstante, pronto se ha constatado que las PYMES son el centro de la actividad económica, y que no puede olvidarse su responsabilidad en el proceso económico. Si bien este tipo de empresas no comporta un poder como unidad en términos de peligrosidad por malas prácticas, la práctica de su responsabilidad tiene una gran repercusión a nivel social por su gran número. Las PYMES en Europa suponen más del 99,8% sobre el total de empresas censadas, que generan más del 60% del total del empleo y la propia Comisión Europea se ha pronunciado repetidamente en relación a la RSE en la PYME, tanto en el Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” en julio de 2001, como en las posteriores comunicaciones, en la que incluye un apartado concreto para fomentar la responsabilidad social entre las PYMES. En España el 89% del Empleo es generado por PYMES según datos de la OCDE del año 2006.

Al tiempo, las PYMES están especialmente desprotegidas en términos competitivos frente a la gran empresa. La RSE no sólo es una iniciativa conducente a una mayor justicia social. Muchos de los estudios sobre el tema están centrados en la demostración de la creación de valor a largo plazo que genera la incorporación de estrategias de RSE en la empresa. En términos generales, los posibles beneficios que la RSE puede aportar a una empresa son los siguientes. Beneficios de la RSE y PYMES -Reducción de los costes operativos: a través de actividades de ecoeficiencia (reducción de residuos, ahorro energético, reducción de gasto superfluo en material, etc) y a través de una gestión organizativa enfocada a las personas, eficiente en términos de salud, seguridad y conciliación, que mejore el clima laboral y genere cohesión interna (reducción de la rotación laboral, menos absentismo, menor gasto legal por pleitos, satisfacción de los trabajadores). Esto unido a una selección de personal adecuada a la cultura de la empresa, probablemente facilitada porque las buenas condiciones de trabajo deberían favorecer el interés de los buenos profesionales, debería redundar en una mayor productividad. -Mejor adaptación al cambio: la gestión del riesgo; se reducen los riesgos operativos y se mejora la calidad mediante la implicación de la plantilla y las técnicas de prevención, lo cual permite un rápido diagnóstico y una rápida respuesta que previsiblemente confieren estabilidad a largo plazo a la empresa. La gestión de la diversidad confiada a una política de responsabilidad con la no discriminación y la igualdad de oportunidades confiere movilidad y la necesaria variedad en el actual contexto social complejo. -Sólida Reputación Corporativa: dado el actual clima de variedad productiva, y del aumento de las cotas de calidad en prácticamente todas las áreas productivas, la competitividad empresarial reside más que nunca en la diferenciación de marca. Esto también permite asociar la empresa con credibilidad, con confianza, lo cual en el actual clima de desconfianza es decisivo. La imagen de marca y que a ella se asocie garantía y transparencia, es algo difícil de construir. Sin embargo es sencillo destruirla con un escándalo de malas prácticas, por lo que no es aconsejable permitir que esto suceda. El reconocimiento social y un clima de confianza que envuelva a la empresa genera una mejor relación con sus interlocutores-implicados o stakeholders, tanto con los accionistas, como con los proveedores, como con los clientes, como comunidades locales, organizaciones sin ánimo de lucro, o con la administración. -Mejora en el acceso a ofertas estatales: tanto reducciones fiscales, como subvenciones o preferencia en las contratas públicas pueden ser algunas de las ventajas que pueda percibir de la administración por las buenas prácticas integradas en la gestión empresarial.

Todo ello comporta estabilidad y competitividad para la empresa, mejorando su capacidad de adaptación ante el entorno económico, que cambia con creciente velocidad. Esto es fundamental para las PYMES, que como hemos mencionado cuentan con menos recursos para afrontar estas rápidas actualizaciones. No obstante, la RSE en términos de competitividad está enfocada básicamente en torno a la reputación. El coste adicional de implementar prácticas responsables, sobre todo en una etapa inicial, se ve compensado a corto o largo plazo por los beneficios en la reputación e imagen de marca de la empresa. Sin embargo, esto plantea dificultades para las PYMES. Muchas empresas pequeñas y medianas ya

realizan prácticas responsables, puede que sin saber que están llevando a cabo algunas estrategias ahora circunscritas en un moderno enfoque de gestión empresarial, pero sin obtener todas las ventajas competitivas que podrían obtener por estas buenas prácticas por falta de difusión y concienciación social. Problemas de la implementación de la perspectiva RSE en las PYMES; perspectiva en relación con las grandes corporaciones mercantiles Las PYMES se encuentran las siguientes barreras en cuanto a la aplicación de la RSE: -desconocimiento del concepto -falta de visión estratégica -escasez de recursos -falta de herramientas -no hay percepción del beneficio -asociación RSE con prácticas exclusivas para las grandes empresa -problemas con las certificaciones: Los procesos de certificación que garantizan la Responsabilidad de una Empresa, son costosos, no tanto en términos monetarios directamente, pero sí en general debido a la necesaria derivación a estas tareas de recursos humanos y tiempo. Por otro lado, las PYMES no pueden afrontar las labores de promoción y comunicación de este tipo de sellos que certifican su responsabilidad (por ahora mayoritariamente desconocidos), ni pueden dedicar tantos recursos a la formación de sus trabajadores o a labores sociales de concienciación en este sentido. Otro de los posibles problemas es el enfoque de estas certificaciones a patrones adaptados a las grandes empresas, planteando requisitos imposibles de cumplir para las PYMES, y mermando en consecuencia su competitividad. Este aspecto es especialmente problemático en una literatura sobre la RSE enfocada fundamentalmente a la gran empresa. En las líneas siguientes se muestran algunas diferencias entre PYMES y grandes corporaciones: -Clientes: la reputación de las PYMES depende fundamentalmente de sus clientes directos, que a menudo se conocen entre sí. Su trato es pues determinante, y las prácticas de arbitraje son una de las formas de practicar RSE, frente a la gran empresa que debe trabajar además en accesibilidad y transparencia, dada la imposibilidad del contacto personal. -Proveedores: este es quizás el punto de interrelación entre la PYME y la gran empresa. En el actual proceso económico, “casi todo” está subcontratado, por lo que las PYMES son proveedores de las grandes empresas y al revés. El papel de las grandes empresas con respecto a la presión que pueden hacer en la responsabilidad de las PYMES ha sido muy tratado, pero no a la inversa. Es difícil, ya que puede que uno de los proveedores de una PYME, por ejemplo en el campo informático, sea Hewlett Packard. En este sentido es difícil que la PYME pueda exigir o informarse a través de un cuestionario por derterminadas prácticas. En este sentido el poder de las PYMES es el de cliente corporativo, por lo que nos acercamos más a políticas de consumo responsable que a trato de proveedores. -Inversores y Accionistas: la gran empresa debe tener una política clara de transparencia con sus accionistas e inversores. La PYME es generalmente propiedad pocas personas bien informadas con respecto al funcionamiento de la empresa, por lo que no coincide con este perfil. No obstante, la PYME es una inversora; los planes de pensiones de sus empleados, la domiciliación de las nóminas, la gestión del ahorro empresarial etc, puede ser llevado a cabo bajo criterios de RSE mediante la Inversión Socialmente Responsable.

-Administraciones: la gran empresa tiene una gran capacidad de influencia a través del lobbying que la PYME tiene limitada, por lo que recurre al asociacionismo. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA RSE Y LAS PYMES La importancia de la atención de la Administración en cuanto a la RSE y las PYMES Puede decirse por tanto, que si tenemos en cuenta todos los factores mencionados hasta ahora, las PYMES están en clara desventaja con respecto a las grandes empresas, y por ello la Administración debe actuar sobre ellas de forma prioritaria, tanto por la necesidad que este tipo de empresas plantea, como por el impacto positivo que la expansión de la RSE en las PYMES puede aportar a la sociedad. Para la Administración este aspecto es fundamental, ya que las PYMES contribuyen a forjar el tejido social mucho más allá de las relaciones fundamentalmente económicas, y por lo tanto en cierto modo ahorran trabajo a la administración. Un ejemplo es la difusión territorial de las PYMES frente a la concentración de la gran empresa; las PYMES ayudan a fijar población en áreas estratégicas, como es el caso de las PYMES agrarias en el mundo rural. Por tanto la pregunta que plantea esta comunicación es ¿qué puede hacer y qué hace la Administración en términos de RSE y PYMES? Los Roles de la Administración y sus Posibles Acciones en RSE Intentado responder la pregunta de qué puede hacer la Administración, se muestra la siguiente clasificación del Banco Mundial [1], según la cual las labores del sector público en RSE son las siguientes: Tabla de Roles del Sector Público en RSE del Banco Mundial

Lo cual en acciones concretas de la Administración con respecto a las PYMES puede traducirse en los aspectos comentados a continuación. Posibles Acciones de la Administración en cuanto a RSE y PYMES

-Acciones Directas: certificación, fiscalidad favorable, subvenciones, premios, diseño de herramientas para la implementación de la RSE en PYMES, políticas de formación a PYMES y sus trabajadores y compra pública ética. Otro aspecto determinante es la necesidad de crear canales de comunicación con las PYMES, que no tienen la capacidad de lobbying de la gran empresa y pueden verse por tanto discriminadas por su falta de visibilidad. -Acciones Indirectas: políticas de sensibilización con el Consumo Responsable y la Inversión Socialmente responsable, prioritario para las PYMES. Según SETEM el consumo responsable crece un 16% al año, y según el Informe Forética 2006 uno de cada dos ciudadanos ya está dispuesto a discriminar productos por motivos éticos. Además todas las políticas que la administración promueve con rango de ley y que por tanto no entran dentro del contexto específico de la RSE que es como sabemos voluntario, como la conciliación, la igualdad, el respeto a la dignidad de los trabajadores, la prevención en riesgos laborales o en términos de calidad del producto, leyes e iniciativas públicas totalmente necesarias para configurar el nivel de la RSE en último término. Presentada esta descripción general, es necesario sin embargo resaltar algunos aspectos:

- En primer lugar, destacar la importancia de la Compra Pública Ética dentro de las posibles acciones directas de la Administración. La Administración mueve una cantidad de recursos económicos que no tiene parangón, por lo que sus decisiones del día a día tienen una definitiva incidencia en la sociedad y ya existen instrumentos para implementar esta capacidad de movilización de valores éticos en la vida económica, como Ley de Contratación Pública del 2007 que permite introducir criterios de RSE en los pliegos. La promoción de las PYMES como clientes de la Administración es fundamental no sólo en contratas públicas sino también en el caso de compra consumibles para la administración, como es el caso de la compra de productos verdes y reciclables que ya se efectúa en algunos sectores de entidades públicas. - En segundo lugar, es importante generar un enfoque específico en las actuaciones en Economía Social en cuanto a Responsabilidad Social Empresarial, donde son especialmente vulnerables algunas PYMES pertenecientes a este campo, como muchas cooperativas y sociedades laborales de un tamaño reducido. Las empresas de Economía Social mantienen desde hace más de un siglo ciertos valores económicos éticos, están regidas por un principio democrático que las diferencia del resto de empresas, y por ello ya disfrutan de beneficios fiscales y una reputación ética, por lo menos en lo que se refiere a la distribución de beneficios y a los objetivos de la actividad. Esta labor debe ser reconocida dentro de los criterios de la RSE de manera diferencial y manifiesta, con un valor superior, ya que no es frecuente hablar de redistribución equitativa de beneficios o beneficios revertidos en la sociedad en las empresas tradicionales, lo cual no deja de ser una ausencia muy significativa, que en cambio sí afronta la Economía Social en este plano de la responsabilidad de toda empresa. No obstante, en las empresas de Economía Social debe hacerse un trabajo de promoción de la RSE en todos los aspectos al igual que en las demás empresas, tanto en la cadena de proveedores, como en cuanto a aspectos medioambientales etc, Las cooperativas y sociedades laborales no están necesariamente sensibilizadas ante estas problemáticas, y se enfrentan a los mismos retos en cuanto a la gestión de los mismas que cualquier otra PYME. INICIATIVAS EN RSE PÚBLICA ESPAÑOLA

IMPLEMENTADAS

DESDE

LA

ADMINISTRACIÓN

La RSE, como sabemos, significa no coerción e implicación empresarial. Por ello, no entran dentro de esta clasificación un numeroso elenco de acciones institucionales de carácter regulatorio que han conducido a mejoras laborales, sociales y medioambientales. No obstante, este tipo de regulaciones es determinante a la hora de conducir posteriormente los procesos de partenariado, como es visible en la relación determinante entre un Estado de Bienestar sólido y avanzadas políticas que cuenten con colaboración empresarial en materia de RSE [2]. Por ello dentro del contexto español es especialmente importante tener como referencia este tipo de acciones estatales, ya que son las que han construido la España social. Como sabemos, la sociedad civil no se caracteriza por su activismo en términos comparativos europeos, al tiempo que el mundo empresarial español no se ha caracterizado por su implicación en la sociedad. En general podría hablarse de cierta rigidez en las relaciones estado-empresa-sociedad, rigidez que un marco adecuado de RSE y ciertas políticas de concienciación quizás podrían mejorar. La administración española inicia sus políticas en RSE tras la publicación del Libro Verde de la UE en 2001, abriendo un proceso de diálogo social con todos los actores implicados sin tener una política previa, siendo la intención la construcción de un marco consensuado que facilite la implantación de las políticas RSE.

El Consejo Estatal de RSE Iniciativas conducentes al Consejo Estatal Tras el cambio de gobierno en 2004 comienzan una serie de iniciativas con el objetivo de promover el debate público y consensuar una estrategia nacional en RSE. Con este objeto son convocados los siguientes grupos y comisiones: - Foro de Expertos de RSE: constituido desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en Marzo de 2005, estuvo compuesto por distintos representantes de Ministerios, expertos y organizaciones de la sociedad civil. Las sesiones de trabajo están documentadas y se puede acceder a sus conclusiones en la página del Ministerio. - Mesa de Diálogo Social: constituida en 2005 al igual que el Foro por iniciativa gubernamental, reunió a representantes del Gobierno, CEOE, CEPYME, CC.OO y UGT. - La Subcomisión Parlamentaria. La iniciativa de constituir esta subcomisión fue presentada por el grupo parlamentario de Convergencia i Unió y aprobada su constitución por el pleno del congreso en Diciembre de 2004. Frente a ella comparecieron expertos y representantes del mundo social, académico y empresarial relevante en RSE en España y en el extranjero. Representantes ministeriales, autonómicos, sindicales, de ONG, de fundaciones especializadas, expertos universitarios, organizaciones empresariales y medios de comunicación entre otros. También comparecieron expertos europeos, otras administraciones públicas y centros de estudio internacionales. El resultado de estos esfuerzos fue la publicación de un Informe (Julio 2006) y la realización de un Libro Blanco con apoyo técnico de ESADE y ECODES ,presentado oficialmente en el Congreso en Diciembre de 2006. El libro contiene 59 recomendaciones a los actores relevantes en RSE: administraciones públicas, empresas, consumidores e inversores. En general, los trabajos del Foro de Expertos, de la Mesa de Diálogo Social y de la Subcomisión Parlamentaria, tienen recomendaciones consecuentes y encaminadas en la misma dirección. Se subraya la importancia de la RSE en la competitividad de la empresa española así como en la concertación y diálogo social, pero coinciden especialmente en dos puntos: la necesidad de la creación del Consejo Estatal de RSE, del que hablaremos seguidamente, y la importancia de la adaptación de estas políticas a las PYMES. El Consejo Estatal de RSE El Consejo Estatal fue creado por medio del Real Decreto del 15 de Febrero de 2008 [3]. Su creación es consecuencia directa de las recomendaciones de los informes antes mencionados y de la moción del Pleno del Senado de 29 de mayo de 2007, aunque sin los 111 votos de los senadores populares, que evaluaron la propuesta como un acto intervencionista del gobierno; no obstante esta discrepancia inicial, lo cierto es que tras la creación del Consejo parece existir un cierto consenso entre todos los partidos españoles [4]. El Consejo ha sido constituido como órgano colegiado, interministerial, de carácter consultivo y asesor del Gobierno. Se adscribe al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el momento de su creación, no obstante con el cambio de legislatura queda adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Está compuesto por el Presidente, que es el titular del Ministerio, y catorce vocales por cada parte representativa, con un total de 56 miembros por lo tanto: -Catorce vocales procedentes de organizaciones empresariales, básicamente representantes de CEOE y CEPYME. -Catorce vocales procedentes de organizaciones sindicales - Catorce vocales procedentes de las organizaciones de la sociedad civil más relevantes en la materia. El Observatorio de RSC junto con organizaciones como CEPES, Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios, Consejo Asesor de Medio Ambiente, Consejo Nacional de la Discapacidad,el Consejo Estatal de ONG de Acción Social, o la Fundación Empresa y Sociedad formarán parte del Consejo Estatal de Responsabilidad Empresarial . - Catorce vocales procedentes de la administración. De estos catorce, habrá diez vocales, representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación; de Economía y Hacienda; de Educación; Política Social y Deporte, de Trabajo e Inmigración, de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino; de Industria, Turismo y Comercio; de Sanidad y Consumo; de Administraciones Públicas; de Igualdad y de la Oficina Económica del Presidente. Por las comunidades y ciudades autónomas habrá tres vocales que se renovarán anualmente y que comenzarán con los representantes de Ceuta, Extremadura y Galicia y, por la Federación Española de Municipios y Provincia, habrá un representante. Sus funciones serán las siguientes: “a) Emitir informes y elaborar estudios a solicitud del Gobierno o por propia iniciativa. b) Elaborar y elevar una memoria anual al Gobierno. c) Constituirse como Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas en España. d) Promover y fomentar iniciativas de Responsabilidad Social de las Empresas. e) Colaborar y cooperar con otros Consejos análogos, incluidos los de nivel internacional. f) Participar, en la forma en que se determine, en los foros nacionales e internacionales constituidos para tratar temas de Responsabilidad Social de las Empresas” Su funcionamiento específico, regalamiento interno y metas concretas deberán ser fijados en sus primeras sesiones, todavía no convocadas en Octubre de 2008. Algunas Iniciativas Institucionales Recientes De Carácter General La principal acción destacable es la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, como mencionábamos anteriormente en el contexto de la relevancia de la Compra Pública Ética. Ley de Contratación del Sector Público incluye ciertos criterios de sostenibilidad A igualdad de condiciones, las circunstancias sociales o medioambientales de una empresa inclinarán la balanza a favor de un adjudicatario en una obra pública. No obstante, su característica más determinante en la práctica, ya que permite una iniciativa proactiva a las Administraciones Públicas en cuanto a Compra Pública Responsable, es lo expuesto en el artículo 102 de la ley, donde se permite que los órganos de contratación puedan establecer condiciones especiales sobre la ejecución del contrato, “siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato”. Estas condiciones de ejecución podrán referirse a consideraciones de tipo medioambiental o social.

Otra iniciativa destacable en referencia a la Comisión Técnica sobre la Responsabilidad impulsada por las organizaciones sociales Negociación de la Administración General del

Administración es la creación de una Social en la Administración. Ha sido más representativas en la Mesa de Estado (AGE).

Algunas Iniciativas Autonómicas y Locales Lo cierto es que en los últimos años se han producido muchas iniciativas de instituciones subestatales en materia de promoción de la RSE. La mayor parte tienen un carácter de promoción a través del ejemplo de la Compra Pública Responsable. Algunos ejemplos son los ayuntamientos de Barcelona o Granollers, o Badalona. Cataluña es una de las comunidades más activas, así como sus políticos, fundamentalmente de Convergencia i Unió han tenido un papel muy activo en la promoción de la RSE a nivel Estatal mediante su actividad parlamentaria. No obstante las iniciativas pioneras en RSE provienen de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Diputación Foral de Vizcaya. Con respecto a Aragón, desde su departamento de Industria ha sido la primera Administración Pública española en otorgar premios a empresas responsables, con especial atención a las PYMES. En la concesión de ayudas industriales ha sido también la primera Administración en incluir una línea específica para promover la RSE. La siguiente pionera en este sentido ha sido la Diputación Foral de Vizcaya, cuya iniciativa en RSE tiene el título de Xertatu. Algunas de sus acciones son la elaboración de herramientas para la promoción de la RSE en las PYMES, así como la elaboración de informes o subvenciones. Iniciativas Institucionales de RSE en Galicia Dado el contexto en el que nos encontramos, me gustaría hacer una mención especial a las iniciativas en RSE en Galicia, comunidad que se ha incorporado de forma muy reciente a su promoción. Lo primero a destacar es la creación de un fondo de ayudas para el fomento de la RSE promovido por la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia. El presupuesto inicial previsto es de unos 150.000 euros[5], y su destinatarias son las PYMES. Asimismo, se está elaborando un informe que describa las necesidades y la receptividad de la RSE en Galicia. El mismo día desde la Consellería, se destaca el proyecto de implantación de un Observatorio para la RSE en la comunidad. También desde la Consellería de Traballo, junto con el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (ISSGA) y la Fundación Prevevida, se ha promovido la celebración de este Congreso en Santiago de Compostela con el título de I Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Empresarial en la PYME. Otra iniciativa se está desarrollando desde la Vicepresidencia de la Xunta y constituye una tentativa de formalización de un acuerdo consensuado favorable a la RSE, por parte de las entidades empresariales y sociales gallegas. El medio utilizado es una declaración a la que se adhieren aquellas empresas u organizaciones que así lo deseen. Por último, es destacable que el Parlamento de Galicia ha reclamado a la Xunta que diseñe y ponga en marcha un programa sostenible de reciclaje de equipos informáticos en Galicia y estudie la posibilidad de llegar a acuerdos con ONG para la reutilización de estos aparatos. La Dirección General de RSE del Gobierno Balear Dentro de las iniciativas administrativas españolas autonómicas, quizás puede considerarse la balear como la más completa y avanzada, con un proyecto plasmado en una Hoja de Ruta 2008-2011, y la elevación de la RSE al rango administrativo de Dirección General dentro de la Consejería de Trabajo y Formación. Su propuesta parte del diálogo social y del análisis de la peculiaridad balear que permita un ajuste de la política a su entorno. Por ello el principal objeto

de la política son las PYMES, al igual que en el resto de las comunidades autónomas. La RSE en esta comunidad se enfoca desde dos puntos de vista: los trabajadores, ya que como se explicita en este congreso el bienestar de los trabajadores es un síntoma de salud en la empresa, y la comunidad en la que se inserta. Desde este punto de vista desde la Dirección General se plantean aspectos relacionados con la cultura y la lengua locales o con la especificidad de la economía balear, que además de un tejido empresarial formado por PYMES en su mayoría, se caracteriza por el peso del sector turístico, y por tanto son necesarias medidas para favorecer el turismo responsable, tanto en las islas, como por parte de las multinacionales hoteleras baleares que operan en el Caribe y América Latina. La singularidad del Plan Balear es doble; en primer lugar es la iniciativa institucional más completa, ya que abarca todas las políticas mencionadas en esta comunicación aceptando la necesaria conjunción de todas ellas. No tiene sentido plantear una política de apoyo a la certificación de las PYMES en RSE, sino se avanza en la difusión y concienciación pública de su importancia, por poner un ejemplo. No obstante en el plan balear sí existe una cierta carencia en cuanto a la Inversión Responsable. En segundo lugar, es la primera comunidad que le dedica un espacio institucional propio, conscientes de la necesidad de agrupar los impulsos institucionales y darles una relevancia dentro del entramado público. Sin embargo, debe realizarse una apreciación en cuanto a su dotación presupuestaria, y se debe precisamente a su escasez. CONCLUSIONES Retomando la línea del discurso principal, debemos hablar de la relevancia de estas iniciativas institucionales para las PYMES. Como se ha mencionado, estas políticas son imprescindibles para la PYME en términos competitivos y comparados con la gran empresa, así como son una necesidad para aliviar la carga de trabajo propia de la administración. No obstante, y aunque es muy pronto para decirlo ya que no existe todavía ningún estudio específico de evaluación sobre las políticas públicas en RSE en España, podemos resaltar dos aspectos principales que, y es preciso insistir en este aspecto, constituyen observaciones conducentes a hipótesis por el momento: Características de las actuaciones de las administraciones españolas en cuanto a RSE y PYMES -La escasa dotación presupuestaria de estos planes públicos de promoción en todo el territorio nacional -La escasa transversalidad de las acciones. La RSE en la Administración es necesariamente una política transversal que abarca o afecta por tanto, a varios ministerios o consejerías, como es el caso de Economía y Hacienda, Asuntos Sociales y Trabajo, Medio Ambiente, Igualdad, Exteriores o Relaciones Institucionales. Debe ser transversal en cuanto a departamentos temáticos, pero también en cuanto a niveles administrativos, es decir,municipal, provincial, regional y estatal. Esta necesaria transversalidad horizontal y vertical dificulta notablemente la implantación de estas medidas debido a la deriva burocrática y la poca flexibilidad administrativa, así como, y esto es determinante, la escasa comunicación que existe en su seno. Un ejemplo de auténtica proactividad de de un ente público, es el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. En este hospital se están implementando un sin número de iniciativas en cuanto a medioambiente, políticas laborales y aspectos de RSE que lo colocan a la cabeza de Europa en este sentido. Un ejemplo es su plan de sustitución en tres años de la comida del hospital por alimentos ecológicos producidos fundamentalmente por PYMES agrícolas de la comarca, lo cual pese a

todavía no se ha finalizado su estudio, tiene seguramente un gran impacto económico en la zona debido a los miles de personas que alimenta diariamente el hospital. No obstante, esta iniciativa pionera y muy avanzada, ha sido propuesta por cuenta propia de los gestores del hospital, por lo que su iniciativa puede no extenderse a otras zonas a falta de una política general, salvo interés personal de otros directores de hospitales públicos. Es en todo caso, un buen ejemplo de lo que es posible llegar a hacer. Para terminar, podemos concluir a modo de resumen con dos aspectos básicos de la actuación de la Administración Española en cuanto a RSE: la comprensión de la necesaria prioridad de las PYMES en la RSE, lo cual se plasma en las actuales líneas de las políticas públicas, y la necesidad de un apoyo efectivo que permita superar las dificultades presupuestarias y de complejidad burocrática. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS [1] Fox,T. Ward.H, Howard. B. 2002. “Public Sector Roles in the Strenghtening of Corporate Social Responsibility: A Baseline Study”. Banco Mundial, Washington [2] Lozano J.M., Albareda L, Tamyko Y, Roscher H. Marcuccio M. 2005 “Los Gobiernos y la Responsabilidad Social de las Empresas: Políticas Públicas más allá de la Regulación y la Voluntariedad” Ed. Granica, Barcelona [3] Real Decreto 221/2008, de 15 de Febrero por el que se crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. .BOE 29 de Febrero 2008. Recientemente modificado por el Real Decreto 1469/2008 del 5 de Septiembre, por el cual pasa de 48 a 56 miembros [4] PSOE, PP e IU creen que el Consejo Estatal de RSE "contribuirá al respeto del diálogo social". El Economista.com 14/02/2008 [5] www.traballo.xunta.es 9/06/2008

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