La Responsabilidad social de Electricaribe S.A.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE ELECTRICARIBE S.A Ensayo Por: Vladimir Balza Franco Fecha de publicación: junio de 2014

Hace un par de años, fuimos testigos de un sonado pleito jurídico: Electricaribe S.A. versus las embotelladoras de bebidas gaseosas; este caso es un buen ejemplo de cómo se puede manipular el concepto de responsabilidad social.

En el asunto en mención, Electricaribe S.A. tuvo la

pretensión de que las embotelladoras pagasen una millonaria demanda por entregar neveras y enfriadores a minoristas, tenderos y comerciantes informales de refrescos que no estuvieran debidamente conectados al fluido eléctrico. Pero, ¿Hasta dónde llega la responsabilidad social de cada uno de los actores del conflicto? En primer lugar, analicemos que tipo de empresa es: Electricaribe S.A. es una empresa se servicios públicos que hace parte del portafolio de negocios de la Corporación Gas Natural-Fenosa, su casa matriz, y como tal depende administrativamente de ésta. Como tal, no tiene una política propia de responsabilidad social empresarial para con la región Caribe y en su lugar ostenta un libreto elaborado desde España. En el sitio web de la empresa, en el vínculo “Reputación Corporativa”, se puede acceder al documento .pdf

“Política de

responsabilidad social”; en el aparte “Compromiso con la sociedad” se puede leer la siguiente declaración: “Integración positiva en la sociedad de los países en los que estamos, evaluando el impacto social de nuestra actividad y respetando la cultura, las normas y el entorno.” Es obvio que ésta es la política corporativa estandarizada de compromiso con la sociedad de Gas Natural-Fenosa, igual para todos los países donde tiene negocios. Esta circunstancia es en sí un problema de credibilidad para las políticas de RSCA de esta empresa. En el caso de las embotelladoras de gaseosas y cervezas: Indega y su matriz Femsa, Postobón, Bavaria y su matriz SAB-Miller, Cervunión y Embotelladora Román –propiedad de Femsa- es claro, en mi opinión, que el objeto social de una empresa comercializadora de bebidas no es verificar las instalaciones eléctricas de los negocios a los cuales les entrega refrigeradores promocionales en comodato. No está obligada a hacerlo; eso es del resorte técnico de Electricaribe. La responsabilidad social de las embotelladoras debería llegar hasta tomar acciones de instrucción y acompañamiento en el buen y eficiente de los enfriadores. Tomemos por ejemplo, la declaración de RSC de Femsa S.A, transnacional mexicana propietaria de Indugas y Román, productora y comercializadora de la popular Coca-Cola para América Latina. En su sitio web, en el vínculo “Gobierno Corporativo” se pueden encontrar el documento “Código de Etica”; en el capítulo 7: “Medio Ambiente”, se puede encontrar la siguiente declaración: “…Debemos realizar las acciones

necesarias para asegurar de que en FEMSA: …d) Se usen eficientemente las fuentes de energía y su consumo sea monitoreado”. Es claro que esta política se refiere a las fuentes de energía que usa en sus plantas, no las que usan sus clientes. Este punto es materia de debate, pues se podría aducir que Femsa está obligado a monitorear también el uso eficiente de la energía de sus comodatarios. Obsérvese que se utiliza la expresión “uso eficiente” y no “uso legal” de la energía. Es obvio que Femsa es consciente de que sus clientes pueden usar energía eléctrica en forma fraudulenta; pero no lo consideran de su incumbencia. Hasta este punto, parece claro que la responsabilidad legal exime a las embotelladoras, pero no parece tan claro que las exime ética o moralmente. Un acto de responsabilidad social voluntaria sería incluir este aspecto de la relación cliente-proveedor en su código de ética, pero corre el riesgo de convertir en corporativo un problema que parece ser un caso colombiano y además regional. Uno de los inconvenientes que vemos aquí es que cada empresa involucrada es una gran corporación trasnacional de diferentes países que escogieron la costa Caribe como campo de batalla jurídico y cuyas políticas de gobierno corporativo y RSC poco tienen en cuenta las particularidades regionales. En el caso de Electricaribe –es decir, Gas Natural-Fenosa, quien la gobierna- la responsabilidad social debe pasar por la pedagogía e instrucción del uso correcto de las instalaciones eléctricas y en la concientización de las potenciales sanciones a que da lugar el fraude eléctrico, considerando el contexto y la cultura locales. Sin embargo, todos somos conscientes de las dificultades prácticas que conllevan el tratar de aplicar la ley en el complejo contexto de la informalidad y el folklore del Caribe colombiano. Es sabido que hay extensos barrios de invasión conectados a la red eléctrica en forma fraudulenta. Cuando la autoridad intenta actuar contra el fraude o Electricaribe intenta instalar medidores en el sector, la reacción de la comunidad es a menudo violenta. Además, el corte del fluido eléctrico en esta zona tropical en eterno verano podría considerarse un crimen de lesa humanidad. El fluido eléctrico es un servicio público esencial; pero muchos no quieren o no pueden pagar por el servicio. Se torna siempre en un dilema moral: ¿Son el acceso al agua potable y la energía derechos humanos o son mercancías transables que solo puede disfrutar quien pueda pagarlas? La situación no es fácil, porque cada vez que hay un corte de energía a sectores fraudulentamente conectados, hay asonadas, cierre de vías y alteración del orden público que afecta a toda la ciudadanía. A menudo, la salida de Electricaribe es trasladar las pérdidas del parasitismo eléctrico a los usuarios que sí pagan. Ahí también falla Electricaribe en su responsabilidad social. Podría afirmar, sin temor a exagerar que Electricaribe es una a empresa socialmente irresponsable. No solo por este caso, sino por el mal servicio y la poca atención que presta al mantenimiento de las redes. Cuando las redes eléctricas –en su mayoría instaladas antes que Unión Fenosa

comprara este “negocio”- colapsen por falta de mantenimiento o por obsolescencia ¿Cuál será la responsabilidad social con la comunidad? El punto es que en la práctica no tienen ninguna responsabilidad social alguna, ni ética ni moral. Cuando el negocio deje de ser rentable, Gas Natural-Unión Fenosa, o algún otro joint venture, se irá y le dejarán el problema al Estado colombiano. No es problema de ellos; es solo un negocio. En mi opinión de lego jurídico, la demanda de Electricaribe contra las embotelladoras no debería prosperar, porque la vigilancia y control de las instalaciones eléctricas excede no solo la responsabilidad social, sino el objeto social de las embotelladoras. Si ese fuera el caso, daría pie para que GN-Fenosa demandara también a Samsung, LG, General Electric, Sony y a todos los fabricantes de electrodomésticos del mundo, por permitir que los usuarios conecten fraudulentamente los aparatos fabricados por estas empresas. En mi opinión, están buscando la fiebre en las sábanas, o peor, lanzando cortinas de humo para evadir su responsabilidad. Asistimos impertérritos a una batalla de gigantes y los más probables damnificados serán los espectadores que viven en el campo de batalla. El servicio eléctrico no debe ser un negocio privado que solo busque el lucro del inversionista; debería ser un servicio social y un derecho de los ciudadanos. Electricaribe, como empresa de servicios públicos, debería asumir su compromiso social con la comunidad y conjuntamente con los gobiernos distritales y departamentales de la región buscar soluciones a las conexiones fraudulentas y hacer un trabajo social directo con la comunidad para legalizarlas. Es más fácil tratándose de comerciantes y tenderos con ubicación fija, donde la responsabilidad por la conexión fraudulenta se puede individualizar. Es más difícil con los vendedores de las aceras o las carreteras, pero igual se puede llegar a una concertación. Solo hace falta trabajo. Sin embargo la decisión no se toma en el Caribe sino en el Mediterráneo. La opción de la demanda fue una salida facilista y cínica. La demanda debió haber sido desestimada –no encontramos evidencia periodística del resultado- pues Electricaribe pretendía trasladarle su ineficiencia y falta de gestión a las embotelladoras. ¿Por qué Unión Fenosa no le paga a Femsa parte de los grandes beneficios que logra con el consumo generado por los refrigeradores de CocaCola en comodato de los clientes formales conectados legalmente y que pagan puntual su factura? Esa es la pregunta ética que debe formularse, dado que Gas Natural-Unión Fenosa –propietaria de Electricaribe- acusa a las embotelladoras de obtener ganancias con los enfriadores conectados de forma fraudulenta. Esta demanda es en sí una gran contradicción; porque estas mismas embotelladoras son al tiempo grandes usuarios de la energía eléctrica, en la costa Caribe, dado que el negocio de GNFenosa es un monopolio de servicios públicos. No tiene sentido que una empresa demande a sus

clientes por algo sobre lo cual no tienen control, mientras que los demandados no tienen la opción de cambiar de proveedor de energía, por lo menos. En conclusión, en este caso, utilizando la matriz de RSAC propuesta por Solano (2005) – adaptada de Bertratén y Pujol (2004)- Unión Fenosa y su filial Electricaribe encuadran en una posición de ALTO INTERES CONSCIENTE DE LA EMPRESA y BAJO COMPROMISO SOCIAL SOSTENIBLE, en lo que se puede denominar una situación de “Manipulación Social”. Es claro que con la maniobra de la demanda, GN-Fenosa-Electricaribe trató de manipular la opinión pública sobre su propia responsabilidad social, mostrando un bajo compromiso social sostenible con la comunidad. El problema de la conexión fraudulenta de energía es un problema social de la comunidad que debe ser enfrentado con una estrategia integrada entre las comunidades involucradas, la ciudadanía en general, las autoridades, las instituciones gremiales y la empresa como líder de la iniciativa.