La reforma laboral que no se hizo

Bases para elaborar una iniciativa sobre la Reforma Laboral en México M. Rechy. Febrero 09 I Cuál es la situación nacional, para empezar por ella. El país vive grandes problemas. El más notorio es el de la delincuencia y la falta de seguridad. Pero a pesar de ser el más evidente, es un problema derivado y no causa de otros más importantes. Desde el punto de vista de las necesidades básicas el verdadero problema es la falta de empleo. Y es precisamente esa carencia la que acicatea por el aumento del crimen, paro también por la emigración. Pero el país vive otros predicamentos. Tal vez el más doloroso sea el de nuestra incapacidad para producir nuestros propios alimentos. En un mundo donde los alimentos han visto aumentar sus precios de manera acelerada,

México

ha

requerido

de

una

importación

creciente. Y los ha pagado con recursos no renovables como el petróleo. Pero además, el país importa más de lo que debería, pues su balanza comercial deficitaria indica que el país ha tenido una necesidad creciente de divisas, que ha tenido que pagar a un alto precio. De hecho esas importaciones desmedidas son una de las causas reales de que se ofrecieran

condiciones

extraordinarias

a

la

inversión 1

extranjera, y que se dijera constantemente que necesitamos del capital foráneo. Porque México no necesita estrictamente más dinero o capital. Ni para mantener en operación su economía, ni para disponer de las sumas que la inversión requiera en la industria o el campo. Tenemos un país en el que la concentración del ingreso se ha acelerado de manera brutal; hasta el punto que hoy ocurren fenómenos como el de que de las miles y miles de cuentas bancarias existentes, menos del cinco por ciento de ellas concentren más del 85% del capital total. Y en que el ingreso registre niveles de riqueza que no se dieron ni en las peores etapas del porfirismo o el régimen de las haciendas. Riqueza que sólo ha podido alcanzarse como envés de un empobrecimiento general. Tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, y su fortuna creció en los últimos años en el mismo monto que el Producto Bruto Nacional. Tenemos pues problemas que no se originan en la crisis, y que no guardan tampoco relación directa con las leyes. Y sin embargo la ley ha de ser un instrumento para enfrentar los problemas y para encontrarles vías de solución. Y en ese caso, la reforma de las leyes ha de ir de la mano con las necesidades fundamentales. No tendría sentido ley alguna que no contribuya a generar empleo o a dar certidumbre a las condiciones del mismo. No tendría sentido una ley que no aumente la soberanía, o que no 2

fortalezca la planta productiva. No tendría sentido, en fin, ley alguna que no forme parte de una estrategia para remontar nuestras dificultades. Pero además de entender que necesitamos establecer congruencia

entre

nuestro

quehacer

legislativo

y

la

estrategia de desarrollo, resulta igualmente prioritario mostrar

la

coherencia

y

correspondencia

entre

los

instrumentos normativos y las medidas de política. Y más aún, resulta indispensable demostrarnos y comprobar que las políticas están siendo eficaces. Y esa parece ser una dificultad mayor, pues vivimos bajo supuestos, visiones, paradigmas e ideologías que nos atan a un diagnóstico y una perspectiva que la realidad ha destruido. Se creía que el país estaba bien enfilado hacia el progreso, y que ese progreso requería de la continuidad o prolongación de unas cuantas medidas de control de variables económicas generales. Se creía también que el crecimiento económico era el fundamento de un mayor bienestar y de una sociedad más justa. Y nos enfrentamos ahora con una realidad en el mundo en donde las variables económicas han sido destruidas en unos cuantos meses, y en donde se ha ido incluso más lejos, abandonando por completo los supuestos en

los que descansaron las

justificaciones o fundamentos de tales variables. 3

Se decía que la economía debía mantener sus cuentas equilibradas, que ningún gasto debía sobrepasar el ingreso. Y sin embargo se ha mantenido un extraordinario gasto y una inconmensurable inversión en el sistema bancario y financiero, a costa de una política deficitaria e inclusive de una

política

económica

que

transfiere

las

reservas

nacionales hacia los fenómenos de saqueo que realiza el sistema financiero. Se había condenado el papel del sector público en la economía como un factor de distorsión y aun de deslealtad competencia. Pero hoy se apela a su intervención como única salida para la quiebra de bancos, financieras y aún empresas. Se cuidó el gobierno de no caer en medidas populistas que dispendiaran de manera improductiva el gasto. Y se procede hoy a poner al Fideicomiso del Banco de México al servicio de los bancos, subsidiando sus operaciones, con la esperanza de que así hagan llegar el financiamiento a las PYMES y las dispersoras de crédito. Se había utilizado a la Financiera Nacional para los grandes proyectos del Estado. Y se le pone hoy a rescatar empresas. Todo está cambiando a un ritmo de vértigo. Pero las conclusiones necesarias no parecen estarse extrayendo. Casi nadie dice momento, pongámonos de acuerdo. El mundo 4

vive una avalancha y necesitamos definir el rumbo en lugar de improvisarlo. Y la situación se torna delicada. Porque las reservas del Banco de México no han detenido la devaluación y más bien han alentado más la fuga de capitales y las tentaciones especulativas. Se torna delicada porque la experiencia ya mostró que el país se puede quedar sin divisas en unos cuantos meses y entonces sí estaremos aislados del mundo. Se torna delicada porque en medio de tales cambios y escenario hay quien insiste en que la competitividad es la consigna. La competitividad ha devenido una manía, o peor aún, un dogma religioso. Un dogma que al rezarse no produce compras en un mercado desvanecido o contrito. Pero la competitividad sigue siendo argumento para atribuirle a los trabajadores el papel principal en la salida del túnel. Es en este contexto que se habla de una reforma laboral. ¿Pero qué reforma necesitaríamos entonces? La situación se caracteriza por un proceso devaluatorio de la moneda, un estancamiento de las exportaciones, una caída en los precios de nuestro petróleo, y una errática actuación del sector financiero que subsidia, a través de las dos instituciones de fomento del estado (FIRA y NAFIN), a la banca privada. Mientras el sector productivo se debate ante 5

la ausencia de crédito, financiamiento e incentivos para la producción. Lo que origina esta situación, dijimos, es el mal diagnóstico de quienes dirigen la economía. Ellos siguen apostando a la recuperación con el mantenimiento del modelo económico. Cuando el mundo ha virado ya hacia un cambio

de

paradigmas

sobre

el

desarrollo

y

una

reorientación de los esfuerzos hacia los mercados internos y la economía real. Cualquier cosa que vayamos a reformar tiene hoy que contribuir a una mayor generación de empleo, a dar certidumbre y seguridad al que ya existe, y a conferir a la población trabajadora una mayor ingerencia en el proceso en su conjunto, de tal forma que sus condiciones de trabajo y la suerte misma de su producción, encuentren salidas, mercados, y acrecienten las ventas, el mercado interno. Cualquiera ley que reformemos tiene que contribuir a que aterricemos en la nueva perspectiva. Una perspectiva de trabajo ciertamente, pero también de congruencia entre el interés de la mayoría y el papel y propuestas del Estado. Cualquier ley ha de avanzar en la justicia, el reparto de la riqueza y la continuidad del proceso económico.

6

II Circula una propuesta del ejecutivo sobre la Reforma laboral y enardece las opiniones Desde principios de este año crítico de 2009 se conoció el propósito expreso del Secretario del Trabajo de presentar una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo. Su contenido responde, ciertamente,

a

reiteradas

demandas

del

sector

empresarial, pero no contiene ninguna enmienda para dar certidumbre en el empleo o para mejorar la representación de los hombres del trabajo. Más precisamente, propone que las huelgas sólo puedan durar seis meses, transcurridos los cuales dejan de tener efecto sobre los patrones puesto que ya no podrán demandar salarios caídos por el tiempo que se añada. Propone también que en el artículo 83 se establezca

la

contratación

y

pago

por

horas,

suprimiendo de un plumazo la estabilidad del empleo, que fue el espíritu original del texto, y satisface solamente las expectativas de quienes desean emplear mediante todo género de contratos temporales, a los que hasta hoy han tenido como empleados permanentes. Finalmente, como si no quisiera dejar dudas sobre el sentido y orientación de la reforma, introduce nuevas causas para declarar la inexistencia de las huelgas.

7

III El artículo 123, único agregado del Constituyente al proyecto de Carta Magna de Venustiano Carranza Cuando en diciembre de 1916 el ejecutivo turnó al Congreso

Constituyente

su

proyecto

de

Ley

Fundamental, los más de ciento cincuenta diputados se enfrascaron en un debate de gran altura para evaluar la propuesta. En ese curso, y por argumentos de insignes nombres como Pastor Rouaix, Francisco J. Mújica, Gustavo Cravioto y Saúl Rodiles, se concluyó que el artículo V obligaba, de ser aprobado, a la introducción de un nuevo artículo, que resultó el 123 y que introducía todos los derechos sociales al mundo del trabajo. Como lo comentó en su oportunidad Narciso Bassols, la introducción del 123, a través de sus representantes, fue “una conquista de la clase trabajadora frente al capital y el Estado liberal burgués…rompiendo con las rígidas técnicas y viejos moldes del constitucionalismo imperante, dándole a nuestra Constitución un lugar de privilegio en el constitucionalismo

contemporáneo”.

Otros

Constitucionalistas como Tena Ramírez y Sayeg Helú lo

han

denominado

desde

entonces

Constitucionalismo Social.

8

El contexto de tales reflexiones y de la decisión tomada fueron claramente descritos por el Diputado Saúl Rodiles con las siguientes palabras:

“las leyes

que actualmente nos rigen son, por lo general, hijas del

régimen

de

violencia

en

que

vivimos,

la

humanidad no ha podido ser lo suficientemente condescendiente

para

evitarnos

toda

esta

reglamentación que seguramente en un estado de perfección mayor no tendría razón de ser, mas como no hemos llegado a ese estado de mejoramiento moral, físico e intelectual, son necesarias todas estas leyes, es menester que el débil procure protegerse a toda costa de la labor que el fuerte hace para destruirlo.” Por su parte, Pastor Rouaix, en la célebre sesión del 13 de enero de 1917, explicó que se cubría un vacío, “definiendo exactamente la naturaleza del contrato de trabajo, para mantener el equilibrio deseado en las relaciones jurídicas de trabajadores y patronos, subordinadas a los intereses morales de la humanidad en general y de nuestra nacionalidad en particular, que demandan la conservación de la especie

y

el

mejoramiento

de

su

cultura

en

condiciones de bienestar y de seguridad apetecibles”. Antes de ello, redondeó el célebre tribuno, hay que “reconocer el derecho de igualdad entre el que da 9

y el que recibe el trabajo como necesidad de la justicia que se impone no sólo el aseguramiento de las condiciones humanas del trabajo”, con todas sus calamidades que “constituyen un peligro inminente para la tranquilidad pública”.

10

IV El carácter tutelar del Estado surgido de la Revolución y los cambios históricos en la sociedad mexicana Los legisladores constitucionalistas habían así plasmado el espíritu del liberalismo que armó a la Revolución de Programa, según consta en el texto del mismo:

La Revolución (como habían escrito los

discípulos de Ricardo Flores Magón), “acepta de buen grado al industrial, al comerciante, al minero, al hombre de negocios, a todos los elementos activos y emprendedores que abren nuevas vías a la industria y proporcionan trabajo a grandes grupos de obreros, que algún día, con su propio esfuerzo, han de crear a su vez la humanidad del futuro.”

(Manifiesto a la

Nación y Programa de Reformas Político Sociales de la Revolución. Soberana Convención de Jojutla, Morelos. Suscrita, entre otros, por Antonio Días Soto y Gama como representante de Emiliano Zapata.) Enfrentados a una economía donde los patronos eran los únicos que habían tenido la protección del poder público, los revolucionarios definieron la propuesta de “Establecer en la República juntas directivas,

suficientemente

capacitadas

para

el

reparto de dividendos, rendición de informes a los accionistas, y exhibición de toda clase de libros y documentos.”

Así como las bases de un régimen

tributario justo que gravara a los acreedores de todos 11

los préstamos, y “formara el catastro y la estadística fiscal de toda la República”, para que todos pagaran impuestos (Artículos 29 al 31 del Programa).

12

V ¿Estará madura la sociedad para una reforma con mayor justicia o se refrenda la necesidad de proteger al débil ante los excesos del patrón? El texto propuesto por el actual Secretario del Trabajo no guarda antecedente alguno con el espíritu justiciero del Constituyente, bien al contrario, parece asumir

la

posición

que

caracterizó

al

estado

porfirista. ¿Por qué, debemos preguntarnos hoy, el estado

no

alcanza

a

avizorar

el

camino

del

perfeccionamiento del espíritu de la ley, y trata una vez más de ponerse al servicio de una de las partes? La explicación parece estar en dos cosas o hechos; por una parte en la forma como ha cambiado la integración del poder público, y por otra en la larga historia del unipartidismo que caracterizó a nuestro país, y que se caracterizó por la corporativización de todas las instituciones de representación. La primera de estas cuestiones nos dice que hoy algunos funcionarios fueron escogidos al margen, o por encima, de las consideraciones de la función que debieran cumplir. Y más concretamente, que el Secretario curriculum

del

Trabajo

relacionado

no

tiene

en

su

con

el

mundo

haber laboral.

Abogado especialista en telecomunicaciones, llegó a la Secretaría del trabajo completamente ajeno al tema y papel de la institución que hoy dirige. 13

La segunda nos dice que el papel de la STPS, que originalmente fue de árbitro y conciliador de los intereses de las partes involucradas en el proceso laboral, fue trocado poco a poco en el de fungir como representante de los intereses de la parte patronal, al mismo

tiempo

que

como

administrador

del

corporativismo. El antecedente más claro del papel corporativo que ha asumido el Secretario actual está en la defensa del régimen antidemocrático que prevalece en Pemex, pues en diciembre pasado negó el registro al sindicato democrático que, tras agotar todos los requisitos de ley, viene solicitando su reconocimiento como nueva opción que agrupe a los trabajadores petroleros. La STPS contestó, entre otras cosas, que el sindicato que solicita su registro debe “acreditar la existencia de Petróleos Mexicanos” empresa con la cual “aspiraría” a firmar contrato colectivo. Pero antes de ese fallo, la misma STPS despidió a varios de los que se negaron a renunciar a su militancia en el sindicato democrático, amenazó a otros de los que promovieron al mismo, jubiló a unos más, y llegó inclusive a negar el servicio médico a varios de sus familiares, hasta el punto de dejar morir en la puerta

14

del hospital de la institución al padre del Felipe Valencia, uno de los líderes del nuevo organismo. En contraste con esa actitud, el Secretario del Trabajo firmó con el gobernador del estado de Puebla, tan recientemente como la segunda semana de febrero de 2009, un “Convenio para promover la seguridad y la salud en el trabajo”, asistiendo a ese acto

los

personajes

más

conspicuos

del

corporativismo sindical y político, como el Secretario del

Trabajo

Presidente

local,

Pericles

del Consejo

Olivares

Flores;

el

Coordinador Empresarial

local, Gabriel Huerta Ortega; además de dirigentes sindicales como el Presidente del Congreso del Trabajo estatal, Leonardo Contreras Cisneros y el Secretario General de la CROM, Jaime Reyes Lucero; así como los diputados federales Alfonso Bello Pérez, Violeta Lagunes y el senador de la República, Rafael Moreno Valle Rosas, ambos estos últimos del círculo íntimo de Elba Esther Gordillo. Las

bondades

que

en

este

contexto

viene

defendiendo el Secretario de su propuesta de ley constituyen asuntos menores que apuntan a dar la impresión de coincidencia con el titular del poder ejecutivo y el Partido Acción Nacional. Concretamente nos referimos a las sanciones que se incluyen para castigar el acoso sexual, las menciones al trabajo 15

decente

y

el

que

no

se

reforme

el

artículo

Constitucional que la reforma de ley reglamenta. En realidad se trata de una reforma que avanza en la llamada flexibilización de las condiciones de contratación, abriendo incluso la puerta para las subcontrataciones que dejarían a los trabajadores en calidad de mano de obra que se puede rentar a terceros.

16

VI ¿En qué situación de la economía y el empleo es que se aborda la probable reforma de la ley en 2009? En la línea coincidente con Javier Lozano, la empresa Wall Mart ha generalizado los horarios de trabajo que transgreden flagrantemente la ley del trabajo vigente. Jornadas de diez y doce horas se han generalizado en esa trasnacional, que paga a sus empleados entre 2,500 y 5,000 pesos al mes. En el sexenio pasado, cuando le explicamos a Carlos Abascal que apegados a la legislación sólo podíamos dictaminar la huelga de Euzkadi como existente o no existente, y que su calificativo de improcedente no era legal, él me contestó que “estaba llenando un vacío de la ley”. De la misma manera, hoy, Lozano, al permitir que Wall Mart establezca las jornadas de doce horas se anticipa a su propia reforma. La

organización

Económicos,

civil

sociales

y

Proyecto

de

culturales

Derechos (ProDesc),

documentó en los últimos tres años entrevistas a 247 trabajadoras de Wall Mart, que laboran en ocho estados de la República, donde el 52% de ella refirió que su salario es del todo insuficiente para cubrir sus necesidades

básica,

pero

cuando

todas

cubren

jornadas de más de ocho horas. 17

En

otra

investigación,

realizada

en

las

maquiladoras y la razón social Walmex, donde laboran alrededor de 135 mil personas, en 141 ciudades del país, se rebasa el límite de 8 horas de jornada por día, sin que se les remuneren las horas extras conforme a la ley. Y el estudio, que tiene entre sus ejemplos principales algunas poblaciones de Puebla, como la ciudad de Atlixco, señala que son frecuentes los accidentes, las caídas y las lesiones por cargar más de lo que un individuo debería, pero que ni los obreros ni las obreras de ese corporativo tienen servicio médico

en

sus

centros

de

trabajo.

Pero

fue

precisamente en Puebla donde firmó el Secretario Lozano su Convenio con el gobernador, siendo testiga toda la clase corporativa. No necesitaríamos agregar que los sindicatos de estas empresas son blancos, que en ellas está prohibida la maternidad, que 75 mil trabajadores son “voluntarios” --es decir sin sueldo alguno--, y que además esta cadena castiga a sus proveedores pagando sus cuentas hasta después de noventa días. Pero Javier Lozano abandera las mismas demandas que la trasnacional.

18

Es ciertamente explicable que la oferta de mano de obra sea un factor que alienta estas prácticas, y que el medio millón de personas que han perdido su empleo en los últimos meses (según estadísticas oficiales del INEGI), se vean en la necesidad de aceptar condiciones al margen de la ley.

Pero no

puede ser la razón para flexibilizar la contratación, restringir las huelgas o imponer sindicatos blancos. En

Estados

Unidos

la

situación

empieza

a

revertirse, y el marco jurídico que se impulsa bajo la administración de Barack Hussein Obama está lejos de apuntar en la dirección que busca la STPS en México.

19

VII El mercado global se reduce y las economías se retraen a reconstruir el mercado interno En

el

Congreso

norteamericano

circulan

ya

documentos que buscan recuperar para los sindicatos la

capacidad

de

negociación.

La

Federación

estadounidense del trabajo, que conocemos como AFL-CIO, así como otras organizaciones han incluido en sus demandas la inclusión en el TLCAN de acuerdos de colaboración ambiental y laboral. La larga noche del sindicalismo en contracción, que había reducido el número de afiliados en más de un tercio llega a su fin. Las exportaciones de todos los países han caído vertiginosamente, y a menos que se orienten al propio mercado deberán esperar mucho tiempo, para contemplar otro escenario. Los sindicatos norteamericanos transitan hacia una nueva reunificación y esperan obtener triunfos legislativos importantes en el curso del semestre que transcurre. El

segundo

tema

en

importancia

o

jerarquía en la agenda del presidente Obama es la aprobación por el Congreso de la Reforma laboral, que se ha de caracterizar, precisamente, por alentar la libre organización, la contratación colectiva y el salario remunerador.

Para los nuevos gobernantes 20

del país más poderoso está claro que se trata de reactivar la producción y el mercado. En este punto coinciden plenamente con la visión estratégica que tenían los liberales mexicanos que redactaron el Programa de la pasada Revolución, que a la letra dice: “Si estos hambrientos dejan de ser, si llegan a estar en condiciones de satisfacer sus necesidades normales; en una palabra, si su trabajo les

es

bien

o

siquiera

regularmente

pagado,

consumirán infinidad de artículos de que hoy están privados, y harán necesaria una gran producción de esos artículos. Cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la desnudez coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener petate por todo ajuar, la demanda de mil géneros y objetos que hoy es insignificante aumentará en proporciones colosales, y la industria, la agricultura y el comercio, todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás alcanzaría mientras subsistan las actuales condiciones de miseria general.” Considero innecesario incluir aquí las cifras del empobrecimiento general que ha experimentado el pueblo trabajador en los últimos cinco lustros. Pero podríamos dejar constancia de que la extensión del hambre y el desempleo son tales que los robos o asaltos a los almacenes y transportes de alimentos 21

han crecido más de trescientos por ciento en el último año, generalizándose hasta compararse con la situación que vivió México antes de 1910.

22

VIII

La Reforma ideal, un marco jurídico que

conjuga los intereses de los productores y los empresarios En la doctrina social se plantea que las decisiones sobre todas las cuestiones que afecten a las personas deben ser tomadas por las personas, y que “sólo pueden ser trasferidas a un nivel superior, sea este la autoridad o el Estado, si exceden las capacidades del nivel en que se agrupan las personas”. En la misma doctrina se plantea, viendo el sentido descendiente, que “la suplencia institucional no debe ni

prolongarse

ni

extenderse

más

allá

de

lo

estrictamente necesario”. Siguiendo a Pío XI se ha dicho en este caso que “no es justo quitar a las comunidades menores o inferiores lo que ella pueden hacer y proporcionar para dárselo a una sociedad mayor, ya que toda acción social, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social… pero no absorberlos” Este principio debería imponer al Estado y a todas sus instituciones no sólo la abstención de cuanto restrinja a las personas, sino también cualquier

23

acción que limite su iniciativa, su libertad y su responsabilidad. Por ello el Partido Acción Nacional adoptó la divisa de tanta sociedad como las personas puedan asumir de manera responsable, y sólo tanto estado como sea estrictamente necesario. El corporativismo con que se ha mantenido el régimen laboral en México ha sido pues contrario al espíritu de la subsidiariedad y la democracia.

Si

entendemos la democracia como vigencia de los derechos de las personas, y de sus organizaciones de base, entre ellas los sindicatos. En el estado corporativo el sindicalismo ha sido –y lo sigue siendo hasta hoy en día—un instrumento de control antes que un instrumento de representación. Control para garantizar la vigencia de los intereses del

sistema

económico

y

político.

Un

sistema

excluyente de la iniciativa ciudadana y favorecedor de los grandes intereses. Y la iniciativa de Javier Lozano es la continuación de ese corporativismo, ajeno por completo a la doctrina social y a los principios del Partido Acción Nacional.

24

Pero más allá, o en el fondo de la cuestión está la necesidad de tomar una posición ante la madurez social, ante la ciudadanía y sus capacidades para tomar

en

sus

manos

su

autorrealización,

su

autogestión. Porque el marco constitucional que se originó en el Constituyente del 17 parte del supuesto de que la sociedad no había llegado a tal madurez, o como decía el diputado Rodiles, el artículo 123, y la Ley Federal que de él se desprende es un hijo “del régimen de violencia en que vivimos, en el que la humanidad no ha podido ser lo suficientemente condescendiente

para

evitarnos

toda

esta

reglamentación”. Si ese fuera el caso, el espíritu tutelar de la ley actual tendría que mantenerse vigente. Pero si la sociedad hubiera madurado, o como decía el mismo diputado Rodiles, si hemos llegado ya a

“un estado de

perfección mayor”, donde

la

ciudadanía puede acotar o disminuir el papel del estado, la ley entonces “no tendría razón de ser” en su carácter actual, es decir como instrumento para equilibrar la justicia, y para conciliar el interés. De hecho no sólo el artículo 123, sino toda la Constitución representa un acuerdo o pacto social para conseguir, como había propuesto el gran Morelos, “la buena ley que sea superior a todo 25

hombre y obligue a constancia y patriotismo, modere la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente

el

jornal

del

pobre

que

mejore

sus

costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”. Los legisladores mexicanos, desde aquél gran general de almas y de hombres, han buscado precisamente lo mismo, que la sociedad madure, y que la ley y el estado sólo coadyuven, o agreguen, lo que los ciudadanos no alcancen todavía a poner en vigencia. En la visionaria perspectiva de la Reforma, un indígena genial había escrito una idea que solamente 60

años

más

tarde

sería

elevada

a

precepto

constitucional. Y que todavía hoy, más de un siglo y medio más tarde, nos plantea la gran cuestión. Ignacio Ramírez, el Nigromante, había planteado: “el trabajador se encuentra hoy esclavo del capital que, no necesitando sino breves horas de su vida, especula hasta con sus mismos alimentos; antes el siervo era el árbol que se cultivaba para que produjera abundantes frutos, hoy el trabajador es la caña que se exprime y se abandona. Así es que el grande, el verdadero problema social, es emancipar a los jornaleros de los capitalistas; y la resolución es 26

muy sencilla, y se reduce a convertir en capital al jornalero, no solamente el salario que conviene a su subsistencia,

sino

proporcionalmente

un las

derecho ganancias

a con

dividir todo

empresario.” La enormidad del aserto quedó en el aire. En un aire que enraizó en una tradición de pensamiento y de propuestas, pero que solamente en la Soberana Convención de Jojutla de 1916 fue elevado hasta el precepto del reparto de utilidades; y que solamente hasta la redacción de la Ley Federal del Trabajo fue convertido en camino institucional para superar la gran contradicción y la lucha de clases. Este punto, que representa la diferencia de fondo con el derecho liberal de occidente, y que ha dado pie al derecho laboral mexicano, es la piedra de toque, el punto de las definiciones. ¿Estamos entonces maduros para superar la contradicción entre el capital y el trabajo y dejar atrás el estado tutelar corporativo? La respuesta es afirmativa. Pero no tiene contexto ni antecedente en el gobierno actual. Pero decimos que la Nación está lista para superar el marco de la Ley Federal del Trabajo por dos razones básicas. 27

Primero porque la Ley parte del supuesto de que los intereses de obreros y patrones son irreconciliables, y entonces el papel del estado es moderar el conflicto y proteger al débil. Y segundo porque supone que la estructura de clases es inamovible o permanente, y esa es la razón de ser de la ley.

28

IX

La Reforma del régimen económico laboral

tiene tres pilares como fundamento: primero la creación de riqueza, segundo la distribución de la riqueza y la propiedad, y tercero la moderación de la opulencia. En medio de la crisis del sistema financiero la única salida descansa en la producción de bienes y servicios que eleven las condiciones de vida y convivencia. Cualquier dinero que se inyecte a la economía especulativa sólo conseguirá prolongar el estancamiento y fortalecer a los adversarios de la economía real. La divisa es invertir en la producción y en todo aquello que aliente la producción, y reducir todo gasto que solamente mantenga la hegemonía del sistema especulativo del capital. Enseñando a pescar y fomentando la pesca el estado

puede

conducirnos

a

la

recuperación

económica. Pero no podrá enfrentar la situación económica si se plantea apoyar las exigencias del capital que solo busca igualar las tasas de utilidad de la especulación. Las tasas de rentabilidad que el capital venía realizando fueron posibles a costa de la economía 29

real. Se trata ahora de volver a la producción de bienes

tangibles

y

servicios

necesarios.

Ello

desplazará al capital especulativo. Y tendrá sin duda efectos importantes reduciendo la tasa de utilidad. Pero el mundo se enfrenta precisamente a esa disyuntiva: o aceptar la disminución de las utilidades y volver a la economía real, o continuar alimentando el desastre. El fortalecimiento de la economía real y la producción de satisfactores para toda la población es la única estrategia viable para remontar la recesión internacional y la caída de las bolsas. Toda institución financiera que se reoriente hacia el

financiamiento

de

la

economía

productiva

remontará el escollo y superará los problemas. Las instituciones que insistan en los derivados y la alta utilidad quebrarán después de haber succionado todas las reservas de las economías. La economía real representa empleo y riqueza. Y México tiene los recursos para producir lo que ya no podrá importar. Empezando por los alimentos. Pero ningún dinero le será suficiente para sostener la fuga de los especuladores.

30

Con empleo y producción habrá mercado. Y con el mercado la industria nacional y la agricultura podrán obtener ganancias y alcanzar prosperidad. El estado podrá entonces limitar la acumulación de dinero y gravar con espíritu de justicia a los que más ganan. Las empresas podrán compartir sus utilidades con sus trabajadores. Y éstos podrán asumir el espíritu empresarial como una prolongación de sus destrezas y como un horizonte de su autogestión.

La

participación de los trabajadores en las utilidades, junto con la transparencia en las cuentas que soñaron los legisladores del siglo pasado, serán el fundamento de una reforma laboral.

31

X

Las líneas generales de la reforma laboral

necesaria. Requerimos una ley que al mismo tiempo que contribuye a crear condiciones para la estabilidad del empleo,

contribuye

a

un

régimen

de

mejor

distribución del ingreso. Una ley que no responda a las ilusiones del crecimiento fundado en variables económicas que reducen las responsabilidades del estado o mantienen los altos niveles o márgenes de utilidad a costa del bienestar de la mayoría. Una ley que distribuya más equitativamente el esfuerzo de todos

los

que

participamos

en

el

proceso

de

generación de riqueza. Una ley que fortalezca el mercado interno y que, en consecuencia, defina mecanismos para elevar la participación del trabajo en las utilidades. Requerimos, en fin, una ley que aliente

la

organización

de

los

jornaleros,

el

fortalecimiento de la democracia en los talleres y las fábricas, y una mayor ingerencia y participación de los trabajadores en los organismos sindicales. Requerimos una ley que corresponda a nuestra economía mixta, y no a los dictados del capital trasnacional o de los supuestos del neoliberalismo que quebró, que ha fracasado.

32

Esta ley ha de ser un instrumento que aliente la conversión de los obreros en empresarios, tanto por su participación en la propiedad, como por su gestión responsable. Requerimos una ley que deje atrás el contexto de la lucha de clases, y abra la puerta para la solidaridad y la cooperación. El Estado que la impulse ha de orientarse por la ruta del liberalismo que tiene más de un siglo de estar clamando por un destino nacional, y de un compromiso social que abra nuevos horizontes al bien común.

33

Fuentes consultadas Zarco,

Francisco.

Crónica

del

Congreso

Constituyente de 1856-1857. El Colegio de México. Congreso de la Unión. México a través de sus Constituciones. Tomos relativos a los artículos 5º y 123. Sayeg Helú, Jorge. El constitucionalismo social mexicano. Fondo de Cultura Económica. Pontificio Consejo Paz y Justicia. Episcopado Mexicano. Compendio de la doctrina social de la iglesia. Librería Editrice Vaticana. H. Hasse, Rolf; Schneider, Hermann y Weigelt, Klaus. Diccionario de Economía Social de Mercado. Editado por la Fundación Konrad Adenauer. Castañeda Batres, Oscar. Revolución Mexicana y Constitución de 1917. Documentos para la historia del México Independiente. Miguel Ángel Porrúa, México. Franco, Jorge. Artículos de periódico 2009. Rechy, Mario. El régimen de Vicente Fox. Inédito.

34