La Reforma Laboral Mexicana, un impulso al desarrollo.

La Reforma Laboral Mexicana, un impulso al desarrollo.

"Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti"
San Agustín de Hipona

Fernando Álvarez Simán*

Si bien la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo en que es necesario que nuestro país avance hacia la modernización con diversas reformas tanto en los aspectos económicos como en los políticos; muchas de estas han sido bastante importantes para adecuar el marco jurídico nacional a las exigencias de un mundo cada vez más cambiante, algunas han sido insuficientes, otras incompletas, muchas de ellas necesarias, la mayoría impopulares. Posiblemente ninguna habría sido tan comentada por todos los sectores sociales como la que intenta modernizar el marco laboral vigente y que los medios informativos y los expertos han denominado "la reforma laboral".

Muchos sectores de opinión han manifestado ya sus impresiones sobre la reforma y estas han ido desde quienes están en contra, otros tienen opiniones positivas y algunos más exigen que se apruebe, pero con algunos candados. Al momento la iniciativa ha sido aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pero falta la ratificación o modificación de la propuesta por parte del Senado de la República, aspecto que se espera sea discutido durante los próximos días para que el texto final entre en vigor durante el mes de noviembre de este año.

En realidad adecuar el marco jurídico laboral a las condiciones sociales que prevalecen en nuestro país ha sido un tema bastante discutido por los círculos académicos y por las organizaciones empresariales desde la apertura económica de los años 80 y 90 del siglo pasado. Tan solo, datos oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puntualizan que desde 1997 a la fecha se pueden documentar casi 500 iniciativas de reformas presentadas por los distintos partidos políticos a la Ley Federal del Trabajo, que tiene una vigencia desde abril de 1970 bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Cuando se aprueba la ley vigente el país tenía de población total 48 millones de mexicanos y 14 millones de ellos formaban parte de la población económicamente activa, pero además el contexto económico era diametralmente opuesto al actual; nuestro país mantenía un modelo de desarrollo centrado en el proteccionismo y cerrado al comercio internacional, no existían tratados de libre comercio y por tanto no se promovía la productividad y la competitividad.

Por eso tomando en cuenta el contexto global actual, la postura oficial sostiene que la reforma busca concretar dos aspectos fundamentales: el primero y más importante es el de generar más empleos, que estos sean mejor pagados y que la ley sea la plataforma para el impulso a la productividad de las empresas y; segundo que la ley sea un instrumento que regule con efectividad los derechos laborales de todos los trabajadores mexicanos. En ese sentido el cuerpo de la iniciativa de ley está compuesto por cinco apartados principales que se refieren a los siguientes aspectos: 1) trabajo digno y decente; donde se busca garantizar el acceso al trabajo de personas con discapacidad, se garantiza también el otorgamiento de licencias por paternidad, se prohíbe la contratación de menores de 14 años y se regula la figura financiera del outsourcing. 2) acceso al mercado laboral; donde se prevén nuevas modalidades de contratación entre ellas a prueba y por seis meses, reconoce la figura laboral del teletrabajo (labores realizadas fuera de las oficinas y que no requieren la presencia física del trabajador utilizando las nuevas tecnologías) y se promueve el primer empleo y el empleo juvenil.

El apartado 3) de productividad y competitividad promueve que la productividad y las aptitudes sean los criterios para logran los ascensos; el 4) se centra en la justicia laboral enumerando los procedimientos para los juicios laborales y establece plazos en el arbitraje para evitar que las huelgas de los trabajadores se vuelvan interminables y por último el 5) se ocupa de la transparencia y la democracia sindical, sobre todo considerando como información pública la relacionada con los registros sindicales, los contratos y los reglamentos.

Sin embargo, la polémica no se hizo esperar puesto que los alcances de la iniciativa no han dejado satisfechos a los grupos sociales y de opinión. Incluso las tres principales fuerzas políticas (partidos) del país a pesar de reconocer la necesidad de modernizar el marco laboral, mantienen visiones distintas. Para la izquierda, la reforma hará que la condición actual de los trabajadores se vuelva más precaria; para la derecha esta traerá beneficios al mercado laboral y para el centro la discusión se ha centrado en la transparencia sindical a la que algunos de sus representantes populares que emanan de los sindicatos más grandes del país se oponen, argumentando que esta ya existe.

En ese sentido, algunos aspectos de la reforma laboral que han levantado polémica son los que se refieren a la promoción del pago salarial por hora, cuyo monto podrá ser acordado por el patrón y el trabajador pero que no podrá ser menor al pago de una jornada completa, aunque hay quienes sostienen que en México, los contratos por hora son los más bajos salarios que se pagan en el país puesto que cuestan siete pesos por hora trabajada. Pero además con esta figura de pago por hora se menciona que en los contratos laborales se evitarán el pago de prestaciones como el aguinaldo y las vacaciones.

Otra polémica es la relacionada al plazo legal de pago de solo 12 meses de salarios caídos en caso de despido, lo que obligaría a que las sentencias se resuelvan en ese lapso de tiempo; cuando actualmente el promedio nacional de resolución es de 38 meses; pero no aclara qué pasaría si el juicio laboral se prolonga más de un año. También se menciona la polémica sobre la figura del outsourcing, que pretende regular la nueva ley, obligando a los patrones a que en caso de contratar este esquema cubran las prestaciones sociales de los trabajadores.

El hecho concreto es que esta reforma a la ley del trabajo vigente incidirá en todos los mexicanos, puesto que la población económicamente activa es de 50.9 millones de personas, cifra que representa poquito menos que la mitad de la población total del país; pero que la ley en las actuales condiciones solo protege de alguna manera a los 16 millones de mexicanos con un trabajo formal, deja fuera de la legalidad a una cifra casi similar que representa a los trabajadores informales, a más de 4 millones con la categoría de subocupados y 2.5 millones de desempleados. Sobre todo cuando las cifras del desempleo juvenil (menores de 24 años) es de casi un millón de personas debido a la débil vinculación entre la educación y el mercado laboral provocada entre otras cosas por la rigidez normativa.

Básicamente la reforma propuesta contiene dos elementos estructurales: el elemento económico y los componentes políticos; con el primero se busca flexibilizar el mercado laboral de nuestro país proponiendo nuevas formas de contratación que en la práctica ocurren, pero que sin ningún tipo de regulación tienen a distorsionarse, tal es el caso de la figura del outsourcing y los contratos laborales. Con el componente político se busca regular la vida sindical, ofreciendo a los trabajadores transparencia, asunto no exento de polémica puesto que cabe preguntarse ¿cuál sería la intensión del estado de regular una conquista social? o cual sería también el tratamiento que se le dará a los dos tipos de sindicatos existentes, los que cuentan con trabajadores al servicio de las instituciones del estado y los que están al servicio de las empresas privadas, lo que los hace dos tipos de organizaciones con realidades diferentes. No parece haber claridad en la iniciativa de ley, situación que evidentemente es aprovechada por los líderes de los grandes sindicatos para oponerse a la reforma propuesta.

Habrá que hacer notar que con sus pros y contras una reforma laboral es completamente necesaria, puesto que la realidad nacional que normó la ley vigente es totalmente distinta a la de hace cuarenta años, y que esta realidad se manifiesta en que nuestra productividad nacional se ha estancado los últimos años, respecto a lo que otros países como Chile, Brasil, Israel, China e India han avanzado, o por lo menos no es pareja en todos los sectores económicos y productivos. Precisamente este estancamiento se manifiesta en la persistencia de una mano de obra que es poco calificada y en consecuencia no puede acceder a mejores salarios.

Una omisión que puede mencionarse en la reforma laboral, es que deja fuera del documento al seguro del desempleo, condición que se antoja necesaria porque la nueva ley del trabajo en caso de aprobarse buscará la competitividad, por ello un acto de justicia social es proteger a la población económicamente activa con el seguro del desempleo, que compañías particulares ya otorgan, pero que no es un programa regulado por las leyes o incluso otorgado por el gobierno, salvo en el Distrito Federal que otorga un subsidio hasta por seis meses. El seguro del desempleo contribuiría a abatir el empleo informal y las personas ocuparían su tiempo en competir por lograr obtener otra plaza laboral. Asegurándose que esto sea así a través de acotar su duración y condicionando al beneficiario a capacitarse y a la búsqueda de empleo formal.

Seguramente si la iniciativa de reforma se aprueba, los resultados positivos y negativos no serán inmediatos; o inclusivo saltarán a la vista primeramente los negativos porque seguramente habrá más personas buscando un empleo formal. Seguramente la reforma por sí misma no basta para generar más y mejores empleos, tiene que diseñarse un proyecto nacional integral que busque inversiones adicionales para que las instituciones gubernamentales que promueven el empleo y el autoempleo comiencen a generan programas, proyectos y acciones de capacitación para la vida laboral que incremente la calificación de la mano de obra, para que los trabajadores accedan a mejores salarios y que además incremente el financiamiento a los programas de primer empleo y de incubación de empresas de las instituciones de educación superior, para promover el empleo juvenil.

La sociedad mexicana es cada vez más compleja y heterogénea y por lo tanto necesita los cauces legales para no detener ni obstaculizar su crecimiento y su integración a un mundo global más competitivo, pero es necesario que en ese proceso entremos todos, ojalá que el texto final que aprueben los diputados y senadores busque ampliar los beneficios de una nueva ley que también le otorgue el derecho al trabajo a los discapacitados, que prohíba y castigue las prácticas discriminatorias al género y a la gravidez; y que el espíritu de la ley propuesta abarate los costos de las contrataciones a las micro, pequeñas y medianas empresas que son o deben ser el motor económico del país.

Un gran empleador en nuestro país es la burocracia gubernamental en los tres niveles y este sector de la población económicamente activa es productivo, posee mística y se forma con el tiempo una vocación de servicio pero contribuye poco a la generación de capital o riqueza. Muchos de los trabajadores están en ese sector porque no existen las condiciones para que ser un emprendedor y contribuir al crecimiento económico creando empresas y empleo; en el mundo competitivo la mayoría de los empleos los crean la iniciativa privada y los emprendedores y lo hacen de acuerdo a las oportunidades de intercambio con otras regiones y países y a la disponibilidad de tecnologías; México ha empezado ya a transitar ese camino.

En el mundo global como el que vivimos, dos aspectos son muy importantes; la competitividad y la productividad, por eso es necesario que tengamos reglas claras para promover la formación del capital humano que nos permitirá ser un país moderno y competitivo y para ello se requiere claridad y transparencia en las disputas obrero-patronales, pero además es necesario que estas disputas tengan como meta final la promoción de la innovación y la creatividad que caracteriza a los mexicanos.

Por si misma la ley no resolverá todos nuestros problemas, es necesaria hacerla integral, si la actual ley protege a quienes ya tienen un trabajo, también es cierto que no facilita la generación de nuevos empleos porque no es flexible; habrá que pugnar por que la nueva ley proteja mejor a los trabajadores y que supere a la anterior facilitando la generación de nuevos y mejores empleos.

* Profesor-Investigador. Universidad Autónoma de Chiapas