La problemática generada para el desarrollo de Honduras como consecuencia de la guerra a las drogas.

La problemática generada para el desarrollo de Honduras como consecuencia de la guerra a las drogas.

Autor: Javier San Vicente Maeztu

Tutor: Igor Filibi

RESUMEN Desde los años setenta se viene aplicando en todo el mundo una política pública conocida como guerra a las drogas. Diseñada en Estados Unidos, esta política ha traído como consecuencia la aparición de poderosas organizaciones dedicadas al tráfico de las sustancias prohibidas. Las consecuencias de la aparición de estos nuevos agentes han sido dramáticas para muchos de los países de producción y tránsito de drogas hasta los principales puntos de consumo en el primer mundo. Honduras sufre de manera especialmente dramática las consecuencias de la aplicación de esta política, que se traduce en el país en miles de muertos al año, un mercado negro de armas boyante y la corrupción generalizada de los poderes públicos entre otras consecuencias. Este estudio pretende profundizar sobre los efectos que han tenido esta realidad sobre el desarrollo de Honduras y cuáles son las causas reales de la aplicación de estas políticas. ABSTRACT Since the seventies a new public policy known as the war on drugs has been applied worldwide. Designed in the United States, this new policy has resulted in the creation of powerful organizations dedicated to the traffic of these substances. The appearance of these new agents had dramatic consequences in many of the countries where drugs are produced or transported to the main points of consumption in the first world. Honduras suffers in an especially dramatic manner the consequences of the application of this policy. In this country, the war on drugs provokes thousands of deaths every year, a buoyant illegal arms market and a widespread corruption in all public powers among other consequences. This study intends to portray the effects of this policy in Honduran development. Besides, it tries to find out which are the real intentions that are behind the creation of this policy.

Contenido 1. Introducción

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2. Contexto regional e histórico de la guerra a las drogas en Honduras

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2.1 Algunos apuntes históricos y sociales sobre Honduras

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2.2 Breve historia de la guerra contra el narcotráfico: impacto en Latinoamérica y visiones alternativas 9 2.3 Honduras y el narcotráfico: el trampolín centroamericano

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2.4 La política del gobierno de Honduras frente al narcotráfico

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3. Crimen organizado, armas de fuego, violencia e inseguridad

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3.1 Crimen organizado y armas de fuego

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3.2 La violencia del narcotráfico en cifras.

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3.3 La problemática específica de las maras.

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3.4 Efectos sobre la libertad de expresión

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4. Soberanía, narcotráfico y estado de derecho

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4.1 La pérdida de soberanía sobre el territorio

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4.1.1 Frente a las organizaciones delictivas: vulnerabilidad de poblaciones cercanas.

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4.1.2 Frente a potencias extranjeras: la injerencia militar estadounidense.

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4.2 La cooptación de los aparatos del estado por las organizaciones delictivas: la extensión de la corrupción y el debilitamiento del estado de derecho. 38 4.2.1 Fuerzas Armadas y Policía.

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4.2.2 Poder judicial.

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4.2.3 Poder legislativo y ejecutivo.

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5. Militarización social y privatización de la seguridad 5.1 El desbordamiento de las capacidades de las fuerzas del orden.

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5.2 El aumento del gasto en seguridad: militarización, estado policial y empresas de seguridad privada. 46 6. Conclusiones.

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1. Introducción 1.1 Justificación La idea de realizar el presente estudio surge de la necesidad de aportar nuevas visiones acerca de algunas situaciones que se vienen produciendo en el espacio latinoamericano, especialmente en determinados países tales como los de la zona andina, el entorno del mar Caribe, Centroamérica y México. El tráfico internacional de estupefacientes en esta región, especialmente de cocaína y marihuana, es una realidad que desde hace décadas ha configurado un nuevo escenario al que los estados deben enfrentarse para poder tomar el control de sus territorios. La capacidad financiera del crimen organizado supera con mucho la de la mayoría de los estados de la región latinoamericana. Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, los beneficios anuales que produjo el tráfico de cocaína a nivel mundial en el año 2009 alcanzaron los 84.000 millones de dólares 1, una cantidad exorbitada si la comparamos con el presupuesto del Gobierno de Honduras para 2012, por debajo de 8.000 millones de dólares para toda la administración pública (144,338.2 millones de lempiras2). Según datos ofrecidos en un estudio realizado por la UNODC sobre delincuencia organizada en Centroamérica y el Caribe el valor de la cocaína que pasó por Honduras en 2010 fue el equivalente al 13% de su PIB3. Las organizaciones del narcotráfico que operan en la región son un enemigo tan potente que resquebrajan el estado de derecho, desafían de manera abierta la propia capacidad coactiva de los estados, y, en muchos casos, suponen la cooptación de los aparatos de seguridad públicos entre otros problemas. El tráfico de cocaína es la fuente de ingresos más importante de las organizaciones del narcotráfico. Sin embargo no es la única, ya que también se dedican al tráfico de otras drogas, al contrabando, extorsión, secuestros, trata de blancas, tráfico de inmigrantes y otros. Honduras constituye un país de vital importancia en las rutas de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, tal y como se verá más adelante. Las obligaciones que a nivel internacional recaen sobre esta nación con respecto a la política de lucha contra el narcotráfico tienen importantes consecuencias para su desarrollo, ya de por si limitado. Hay que poner especial hincapié en las consecuencias que trae esta política sobre las vidas de las personas en 1

United Nations Office on Drugs and Crime, “Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes”, Viena, United Nations Office on Drugs and Crime, 2011. p. 60. 2 Secretaría de Finanzas de Honduras, “Presupuesto Ciudadano Ejercicio Fiscal 2012”, Tegucigalpa, 2012. p. 13. 3 United Nations Office on Drugs and Crime, “Delincuencia organizada transnacional en Centroamérica y el Caribe”, Viena, United Nations Office on Drugs and Crime, 2012. p. 43.

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situación de más vulnerabilidad, así como sobre la misma independencia y viabilidad del estado. Es necesario tener en cuenta que tratamos un problema cuyo origen es relativamente reciente. La lucha contra el narcotráfico se fundamenta en una doctrina enunciada por Richard Nixon en 1970 e impulsada a nivel internacional por el también presidente Ronald Reagan. En aquellos años, especialmente durante la presidencia de Nixon, se estaba produciendo una reacción de la derecha norteamericana contra el movimiento hippie. El anti belicismo de éste, así como sus ansias de libertad, no gustaron a la derecha cristiana de aquél país que vio en la prohibición de las drogas una forma de estigmatizar aquel movimiento que coqueteaba con la izquierda internacional. Según la doctrina que surgió en aquellos años, el problema de las drogas debía ser abordado atacando la oferta de estupefacientes desde su lugar de producción. Para este fin se utilizarían los medios militares, policiales y judiciales que se considerasen oportunos. Según esta doctrina, la lucha contra los narcóticos debía ser una prioridad nacional en todos los países del mundo. Cabe recordar que con anterioridad a esta prohibición se había firmado la Convención Internacional del Opio el 23 de enero de 1912. La razón de que apareciese esta prohibición la encontramos en el intento de la sociedad blanca estadounidense de criminalizar a los ciudadanos chinos que estaban llegando masivamente en esa época y que suponían una dura competencia en la búsqueda de trabajo. Criminalizar sus hábitos fue la vía que se utilizó para frenar esta ola migratoria. Años después sería prohibida la marihuana, que era ampliamente consumida entre inmigrantes de origen mexicano. Esta nueva concepción condujo a un giro en la política exterior estadounidense. En palabras de Coletta Youngers y John Walsh 4 este cambio conlleva el fortalecimiento del “papel que las Fuerzas Armadas deben jugar en los programas antinarcóticos en América Latina y (...) prepara la intervención militar norteamericana en el extranjero” 5. De esta forma, en el marco de este esfuerzo contra el tráfico de drogas, se autorizará a partir de entonces la injerencia de la potencia norteamericana en diferentes países del mundo. Sin bien estamos ante una política pública iniciada en Estados Unidos, sus principales impactos se vienen produciendo en los países productores y de tránsito de drogas. Para establecer cuál es el impacto de esta realidad sobre el desarrollo de un determinado país primero debemos definir este concepto de manera clara, ya que existen diferentes visiones acerca del significado del desarrollo. En nuestro caso partimos del concepto 4

Se trata de dos expertos independientes en el tema de políticas sobre drogas. El primero trabaja para International Drug Policy Consortium, mientras que el segundo lo hace para el Andes and Drug Policy at the Washington Office on Latin America (WOLA), ambas ONG´s dedicadas al estudio de políticas sobre drogas. 5 Panei, Marcelo, “Declinación del Estado Nación: el narcotráfico en América Latina y la política exterior de los Estados Unidos”, en Ángel Tello, Conflictos y Comunicación en la Globalización, Ediciones de Periodismo y Comunicación, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1999. p. 143.

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definido por Guy Bajoit, que define el desarrollo “no como un proceso de cambio social, sino como un modo de comportamiento de la sociedad. Desarrollarse es aumentar la capacidad para resolver los problemas de la vida colectiva de una manera eficaz y éticamente aceptable”6. Más específico es el concepto de desarrollo humano, que aporta uno de los creadores del Informe de Desarrollo Humano, Mahbub ul Haq. Según éste autor, “el objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones de las personas (…): mayor acceso al conocimiento, mejores servicios de nutrición y salud, medios de vida más seguros, protección contra el crimen y la violencia física, una adecuada cantidad de tiempo libre, libertades políticas y culturales y un sentido de participación en las actividades comunitarias”. El desarrollo humano, tal y como lo hemos definido anteriormente, se ve afectado por la lucha contra el narcotráfico en cuanto que ésta impide asegurar los medios de vida seguros y protección contra el crimen y la violencia. La ilegalización del comercio de estupefacientes ha hecho crecer el volumen de negocio de esta actividad, cuyos beneficios son gigantescos. Como consecuencia, pequeñas naciones en diferentes partes del mundo han quedado expuestas a la acción de organizaciones con una enorme capacidad financiera (además de coactiva). El resultado final es que estos países ya no pueden hacer frente a sus obligaciones internacionales con respecto al narcotráfico sin solicitar ayuda del principal promotor del prohibicionismo, Estados Unidos. De esta forma, su soberanía nacional queda en entredicho tanto frente a las organizaciones criminales, como frente a la potencia norteamericana. Ambas podrán actuar en adelante en los territorios nacionales con total impunidad. El objeto de este estudio es establecer cuáles son las principales consecuencias que ha tenido para el desarrollo de Honduras la lucha contra el narcotráfico. Se trata de conocer cuáles son las desventajas que ha tenido para el país participar en dicha “guerra” y debatir que opciones son las que más favorecen al país a la hora de enfrentar el problema en el futuro.

1.2 Hipótesis Se trata de demostrar las siguientes hipótesis: 1. “La política de guerra a las drogas promovida por Estados Unidos y aplicada en Honduras supone un grave impedimento para el desarrollo de Honduras”.

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José Ángel Sotillo, “El sistema de cooperación para el desarrollo. Actores, formas y procesos”, Madrid. IUDC-UCM, 2011.

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2. “La política de guerra a las drogas ha servido y sirve como instrumento para hacer efectivos los intereses de Estados Unidos en Honduras”. Mucho se habla del narcotráfico y de la lucha contra el mismo. De hecho es uno de los principales temas de actualidad tanto en Honduras como en otros países que se ven especialmente afectados. Sin embargo, la mayoría de las veces no se analiza cual ha sido el impacto que ha tenido en estas sociedades la prohibición de las drogas. No se pretende buscar a los culpables de la violencia en Honduras entre narcotraficantes de leyenda. Se busca analizar cuál es el efecto que ha traído sobre un estado la aplicación de una política pública que en su momento se creó para defender una visión moral sobre la vida. Se pretende aportar un análisis que permita vislumbrar soluciones que no se limiten a la via policial y militar.

1.3 Metodología La metodología está basada en varios tipos de fuentes. Se intentará acudir en la mayor cantidad de los casos a fuentes de carácter oficial, tales como los informes de las diferentes agencias de Naciones Unidas, del Gobierno de los Estados Unidos, del Gobierno de Honduras y otras instituciones. Es importante notar que estas fuentes deben de ser tratadas con cautela, ya que, en ocasiones, detrás de supuestas informaciones objetivas pueden estar intereses de los diferentes agentes en dar una imagen determinada de cuál es la situación. Ya hemos comentado, por ejemplo, como la lucha contra el narcotráfico constituye un eje de la política exterior norteamericana y es utilizado instrumentalmente para otros fines diferentes de los declarados oficialmente. De especial valor se considera la utilización de documentos oficiales desclasificados principalmente por el gobierno de los Estados Unidos. Es en este tipo de documentos donde se puede apreciar la relación que ha existido entre el narcotráfico y la política exterior de Estados Unidos. Estos documentos también resultan reveladores de la relación que el poder político hondureño ha tenido con las organizaciones criminales y con la potencia norteamericana. La consulta de obras escritas por expertos en desarrollo, tráfico internacional de estupefacientes e historia entre otras es también una fuente fundamental de este estudio. Es sobre todo útil para establecer el marco histórico-social en el que se viene produciendo la realidad estudiada. En muchos casos también se utiliza información publicada por diferentes organizaciones de la sociedad civil que realizan un monitoreo sobre las realidades sociales de Honduras y la región, que implican directa o indirectamente al narcotráfico. Entre estas cabe destacar las organizaciones defensoras de los derechos humanos, las que monitorean 4

la corrupción, universidades y en general las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la zona y estudian lo relacionado con la violencia, la pobreza y otros temas relacionados. Por último, se utilizan informaciones periodísticas publicadas a nivel nacional e internacional. No abusamos de este tipo de fuentes debido a que muchas veces los datos publicados en ellas no están bien verificados (problema especialmente grave en el caso de la prensa hondureña). Sin embargo, constituyen una fuente valiosa para este estudio ya que proporcionan detalles de muchos casos que han sido olvidados por los estudios en la materia. También tienen un gran valor al contener declaraciones de responsables políticos, además de ser clara indicación del clima social que actualmente se vive en Centroamérica.

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2. Contexto regional e histórico de la guerra a las drogas en Honduras

2.1 Algunos apuntes históricos y sociales sobre Honduras Honduras es una nación situada en Centroamérica y que tiene frontera terrestre con Nicaragua, El Salvador y Guatemala. A continuación ofrecemos algunos datos básicos sobre el país:       

Población: 7,600,000 (2010) PIB per cápita: 2,120 dólares7 IDH: 0.6258 Índice de Gini: 57.09 Remesas con respecto al PIB: 19.3%10 Personas bajo la línea de pobreza relativa: 60% de la población 11 Personas bajo la línea de pobreza absoluta: 40.4%12

Honduras se coloca en el puesto número 121 de la lista de Desarrollo Humano mundial. Su coeficiente de Gini le coloca en el puesto 141 sobre 147 países, en otras palabras, es uno de los países más desiguales del mundo. Se trata de un país de escasa industrialización, en el que el 19.3% del PIB proviene de las remesas enviadas por su población emigrada, principalmente afincada en Estados Unidos. Sus principales productos de exportación son el café, el plátano y las gambas. Además, existe un pequeño sector de industria maquiladora concentrado principalmente en la zona norte del país en condiciones muy favorables a la inversión en cuanto a cargas de tipo laboral y fiscal. Históricamente, este país se ha constituido en un estado extremadamente frágil. Su independencia de la Corona Española se produjo en el año 1821 para pasar a formar parte de la República Centroamericana, de la que también acabaría separándose en el año 1838. A principios del siglo XX se acuñó el término de república bananera para referirse a ella y a las vecinas repúblicas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Dicho calificativo tenía un carácter peyorativo que hacía referencia a la aguda dependencia que la economía nacional

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Banco Central de Honduras, “Producto Interior Bruto e Ingreso Nacional Per-Cápita en Dólares”, 20002011. http://www.bch.hn/esteco/sector_real/pib/pibinpc_dolares.xls 8 PNUD, “Informe sobre desarrollo humano 2011”, Nueva York, Ediciones Mundi-Prensa, 2011. p. 21. 9 Según datos del Banco Mundial. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/countries/1W-CNBR?display=default 10 Dilip Ratha, Sanket Mohapatra y Ani Silwal, “Datos sobre migración y remesas 2011”, Banco Mundial 2011. p. 41. 11 Ficha de Honduras en la web del Banco Mundial, 2010. http://datos.bancomundial.org/pais/honduras 12 Web del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Honduras. http://www.undp.un.hn/reduccion_de_la_pobreza.htm

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tenía con respecto a la industria bananera13, así como a la corruptibilidad de sus líderes políticos y la facilidad con que estos fueron manejados (y derrocados en los casos que fue necesario) en favor de los intereses bananeros. Después de varias décadas de dominio de las castas militares, en los años 80 se inicio un proceso de relativa apertura hacia un sistema de democracia liberal, todo ello en el marco de la política estadounidense de contención de los movimientos de izquierda en Centroamérica bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional. Fue en estos años que Honduras se transformó en un aliado indispensable de la potencia norteamericana para intervenir en la región. Se estaban produciendo en ese momento guerras civiles en El Salvador y Guatemala. Nicaragua estaba en plena revolución sandinista y con los grupos contrarrevolucionarios financiados por estados unidos en plena actividad. En ese contexto tan volátil, Honduras fue utilizada como base de operaciones para la intervención norteamericana en la región. Se entrenaba y armaba a grupos armados ilegales, escuadrones de la muerte y ejércitos regulares en el territorio nacional. Como consecuencia, Honduras llegó a encontrarse ocupada por los ejércitos de cuatro países: Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y la contra nicaragüense. La extrema fragilidad del proceso democrático nacional se puso de nuevo de manifiesto el 28 de junio de 2009, fecha en la cual se produjo un Golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales. Este hecho fue condenado casi unánime de la comunidad internacional y condujo al aislamiento económico de la república por unos meses, hasta después de la celebración de unas polémicas elecciones a finales de ese mismo año. Como consecuencia de estos hechos, la institucionalidad hondureña quedó altamente dañada, circunstancia que, como veremos más adelante, fue aprovechada por las organizaciones del crimen organizado para ampliar sus operaciones frente a un estado cada vez más impotente. Nos encontramos en la actualidad ante un estado que no acaba de afianzar su presencia en todo el territorio nacional debido a la escasa infraestructura existente en el país. Las dos principales ciudades son Tegucigalpa, capital de la nación, situada en la zona centro-sur del país y sede de las principales instituciones, y San Pedro Sula, capital económica situada en la zona noroccidental. Ambas ciudades sufren de altísimos niveles de violencia que están en aumento constante. El país está dividido en 18 departamentos tal y como se puede observar en el siguiente mapa:

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Representada por la compañía estadounidense United Fruit Company.

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Gráfico: Departamentos de Honduras

Debido al escaso desarrollo del sistema de carreteras del país, varios de estos departamentos (la mayor parte de Olancho, Gracias a Dios y Colón) se encuentran muy aislados del resto del país. Gráfico: Red Vial de Honduras

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2.2 Breve historia de la guerra contra el narcotráfico: impacto en Latinoamérica y visiones alternativas

La existencia de sustancias como la cocaína, heroína o marihuana se remonta al siglo XIX para las dos primeras, siendo la tercera una planta originaria de Asia. Alrededor de estas tres drogas y de algunas otras14 se ha creado un mercado negro que mueve cientos de miles de millones de euros cada año. La producción de estas sustancias se encuentra principalmente en países en vías de desarrollo (América Latina y Asia), siendo consumidas en su mayor parte en los llamados países del norte. Es importante señalar que el origen del negocio del narcotráfico tal y como lo conocemos actualmente no se remonta a la época en que se inicio el uso de estas sustancias. Drogas como la marihuana se han consumido en diferentes partes del planeta desde tiempo inmemorial e incluso han formado parte de los ritos de determinadas culturas. Otras como la cocaína fueron diseñadas hace menos de 200 años, y durante mucho tiempo fueron producidas por las compañías farmacéuticas y vendidas como medicinas. Es bien conocida la afición que muchos médicos tenían a la cocaína durante las primeras décadas del siglo XX, que utilizaban con fines recreativos además de para uso terapéutico15. El comercio relacionado con estas sustancias no se constituyó en un negocio de las dimensiones actuales hasta después de que el presidente Richard Nixon decidiera en 1970 iniciar una “guerra” a nivel internacional contra las drogas, buscando acabar con el consumo en su país atacando la oferta en origen. En otras palabras, interviniendo en los países de producción de estas sustancias. Desde entonces, la economía de la droga ha multiplicado su tamaño y el volumen de sus beneficios, ha financiado gobiernos, grupos armados ilegales y golpes de estado; ha corrompido a presidentes, funcionarios, empresarios y militares. Ha producido también una atracción irresistible para muchas de las personas en las capas sociales más desfavorecidas en los países productores y de tránsito, que han visto en ella la posibilidad de un ascenso social rápido, creándose una narco-cultura que tiene su propia música, ropa e incluso sus armas favoritas. Las organizaciones del narcotráfico, tal como existen hoy en día, son un producto de la política de guerra a las drogas. El daño que éstas hacen a las sociedades latinoamericanas y de otras partes del mundo es directamente atribuible a la política prohibicionista. Es importante subrayar como la lucha contra el tráfico de estas sustancias encabezada por Estados Unidos ha convivido durante décadas con una política de doble rasero por parte 14

Como las llamadas drogas de diseño, el hachís, el opio y otras de menor consumo. El mismo Sigmund Freud fue adicto a la cocaína y la recetó en varios de sus tratamientos. Más información en: Leiva Hernández, J, “Freud y la adicción a la cocaína”, JLH Psychology, 2011. 15

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de esta potencia. Basta señalar casos como la guerra de Vietnam o el conflicto nicaragüense posterior a la revolución sandinista (en el que Honduras se vio involucrada) para ver como los Estados Unidos, a través de la CIA, han actuado como un agente más dentro del tráfico de estupefacientes, siempre que esto favoreciese a sus intereses geopolíticos en la región. En palabras del historiador Josep Fontana, “en el caso de América Latina la tolerancia (hacia el narcotráfico) beneficiaba a políticos y militares amigos, a quienes se permitía que se beneficiasen del tráfico sin demasiados problemas, como en los casos de Noriega, del presidente mexicano Carlos Salinas … y tal vez Menem … Es difícil que estas cosas escapasen a la DEA”16. Como sostiene Marcelo Panei, los frecuentes períodos de tolerancia e intolerancia con respecto a las drogas, "tienen que ver no tanto con los riesgos de la salud, sino más bien con cuestiones político – económicas”17. La lucha contra el narcotráfico ha servido a la superpotencia americana para tejer una amplia red de influencia en gobiernos de todo el mundo, pero sobre todo latinoamericanos. A través de ella ha conseguido consolidar toda una red de bases militares en el extranjero, además, le ha servido de excusa para acaparar una parte de la soberanía de los países en cuestión mediante la realización de operaciones encubiertas fuera de su territorio o las extradiciones, no siempre legales, de ciudadanos de estas naciones para ser juzgados en suelo estadounidense. Todo esto en el marco de sistemáticas violaciones a los derechos humanos. La cooperación militar en materia de lucha contra el narcotráfico ha permitido además formar en los Estados Unidos a muchos de los cuadros que dirigen los ejércitos de estos países, afianzando así la influencia estadounidense en las castas militares de muchos países. En la actualidad la violencia del narcotráfico azota severamente a varias naciones latinoamericanas como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia y Venezuela entre otras. Las redes creadas por las organizaciones transnacionales que controlan el negocio (la mayoría de ellas de origen latinoamericano) están llegando a nuevas regiones del mundo como África, aprovechando la debilidad de estados como Guinea-Bissau18 para crear nuevas rutas de entrada de la droga al mercado europeo. En el camino el dinero de la droga sirve de financiamiento a todo tipo de grupos armados, unos de carácter puramente delictivo y otros con un componente político, muchas veces relacionados con actividades terroristas. Es paradigmático el caso de Colombia. Durante la ejecución del llamado “Plan Colombia” por el ex-presidente Álvaro Uribe19 la presencia militar de Estados Unidos en el 16

Fontana, Josep, “Por el bien del imperio”, Barcelona, Pasado y Presente, 2011. p. 528. Panei, Marcelo, op.cit. pp. 132 y 133. 18 UNODC, “Drug Trafficking as a security Threat in West Africa”, United Nations Office on Drugs and Crime, 2008. p. 3. 19 Un político al que se le ha acusado numerosas veces de tener nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Aparece como un estrecho colaborador del Cartel de Medellín en un documento norteamericano desclasificado en 1991. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm 17

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país ha aumentado considerablemente. De hecho desde entonces se han construido 8 nuevas bases militares y la DEA realiza frecuentes operaciones en el país. La consecuencia de todo esto ha sido militarizar todavía más la vida de esta nación. También parece fundamental señalar que el conflicto armado que se vive en el país se encuentra actualmente tan entrelazado con el negocio del narcotráfico que no parece del interés de ninguno de los bandos alcanzar acuerdo de paz alguno para poder seguir lucrándose con el negocio de la cocaína. En México, la política de guerra al narcotráfico promovida por el presidente Felipe Calderón ha causado un avivamiento de la violencia en su país y en Centroamérica. El aumento de las tasas de violencia es importante en varios países y no queda claro cuál es el efecto real que esta política está teniendo para debilitar al narcotráfico, que cada vez se comporta de manera más violenta y amenazante sin haberse producido reducciones importantes en el suministro de drogas. Tras más de cuarenta años de existencia de esta política, los resultados que se observan en cuanto a erradicación del problema son bastante dudosos. En la gráfica siguiente podemos ver como la superficie cultivada de arbusto de coca a nivel mundial, aunque ha sufrido fluctuaciones, tiende a mantenerse en el largo plazo. Se puede observar como entre los años 2000 y 2003 se produjo una caída importante en la superficie cultivada coincidiendo con las agresivas políticas que se aplicaban en el marco del Plan Colombia 20 . Sin embargo en los años siguientes volvemos a observar un repunte de los cultivos que sitúa la producción casi a los niveles de finales de los años 90. Gráfico: Evolución de la superficie cultivada de arbusto de coca en el mundo

Fuente: United Nations Office on Drug and Crime

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Este plan incluyó la fumigación desde aviones de más de un millón de hectáreas con herbicida glisofato, que, entre otros daños, provocaron ulceras, erupciones cutáneas, fiebre, diarrea y conjuntivitis entre la población local, que vieron parcialmente destruidos sus cultivos. Eso sin tener en cuenta el impacto ecológico sobre los territorios fumigados y los miles de desplazados internos que han quedado en una situación de vulnerabilidad extrema.

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En el siguiente gráfico vemos como la tasa de prevalencia mundial desde finales de los años 90 hasta la actualidad apenas ha cambiado tampoco. Gráfico: Evolución de la tasa de prevalencia de consumidores de cocaína a nivel mundial

Fuente: United Nations Office on Drug and Crime

La realidad es que, al margen de la consecución o no de los objetivos para los que se diseño esta política, en algunos países se vive actualmente una escalada de violencia como consecuencia directa de su aplicación y no son pocas las voces que indican que la prohibición de las drogas mata a más gente que el consumo de estas. La guerra entre los distintos cárteles que operan este mercado y entre los estados solo demuestra que este sigue siendo un negocio muy rentable y muy resistente a los esfuerzos que se hagan para acabar con él. La población de muchos de estos países tampoco parece entender hacia donde van sus naciones siguiendo este tipo de políticas. La popularidad de Felipe Calderón y su guerra al narcotráfico está por los suelos en México, y la creencia en que se puede vencer al narcotráfico por la vía represiva se ve cada vez más claramente como una meta irrealizable en la región. La derrota en 2012 del partido de Felipe Calderón en las elecciones presidenciales mexicanas, donde solo obtuvo el 25,4% de los votos21, muestran el desgaste que sufrió el Partido Acción Nacional como consecuencia de la política estrella de su presidente: la guerra al narcotráfico. Frente a las visiones exclusivamente prohibicionista, que solo priorizan la represión como solución del problema de las drogas, existe una corriente cada vez más fuerte que se plantea la necesidad de atacar el problema desde un punto de vista exclusivo de salud pública en los países donde exista un consumo problemático de drogas. Así, intelectuales como Mario Vargas Llosa, ex presidentes como Ricardo Lagos o Felipe González, llevan años advirtiendo mediante artículos de prensa y seminarios de lo 21

Frente al 35.89% de votos conseguidos en la elección de 2006.

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contraproducente de la política actual sobre drogas. Lo que se plantea es abrir un debate en el que la regulación de la producción y venta de estas sustancias sea analizada como una posibilidad para acabar con la violencia y la corrupción. En el año 2011, algunos presidentes en ejercicio tales como el guatemalteco Otto Pérez Molina, el colombiano Juan Manuel Santos o el ecuatoriano Rafael Correa han abogado por establecer un marco regulatorio para la producción, distribución y venta de las sustancias que constituyen el núcleo de los beneficios de las organizaciones criminales que tanto daño hacen en América Latina. Sin embargo, en la última cumbre de la Organización de Estados Americanos, celebrada en Colombia, el presidente Estadounidense Barack Obama, rechazó adoptar un enfoque alternativo a la guerra a las drogas, aunque dijo estar dispuesto a conversar sobre el tema. El gobierno de Pepe Mujica, en Uruguay, ha anunciado recientemente su intención de legalizar la producción y venta de marihuana con el fin de quitar beneficios al crimen organizado, lo que constituye un primer paso a dar en el camino de una nueva estrategia sobre drogas. La propuesta legislativa cuya aprobación todavía estaba pendiente en agosto de 2012 prevé que sea el Estado el encargado de la producción y venta de la droga. Nos encontramos pues en un momento en el que varios países de América Latina se están replanteando el rol que les ha tocado jugar en la guerra contra las drogas. Los enfoques desde un punto de vista de salud pública y no de represión cada vez se oyen con más fuerza. Y es que después de décadas de violencia, los ciudadanos latinoamericanos se están cansando de llevarse la peor parte de una lucha que empezó por una decisión de los países del norte.

2.3 Honduras y el narcotráfico: el trampolín centroamericano El papel de Honduras en el tráfico internacional de estupefacientes empezó a tomar relevancia a finales de los años setenta. La importancia de Honduras se debió en buena parte a un hombre: Juan Ramón Matta Ballesteros. Se trata de un empresario hondureño que ya en 1978 se vio involucrado en el llamado “cocaine coup”, Golpe de Estado que se denominó así ya que aupó a los más importantes puestos políticos del país a militares con vínculos con el narcotráfico 22. A consecuencia de este golpe, llegó al máximo poder del país el militar Policarpo Paz García. Uno de los objetivos de esta acción era evitar que se investigase y condenase a los responsables del asesinato del matrimonio Ferrari, caso que

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Thelma Mejía, “Honduras: militares y drogas”, Tegucigalpa, Transnational Institute. 1997. http://www.tni.org/es/archives/crimeinuniform_mejia

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acababa de poner al descubierto los estrechos lazos entre las organizaciones del narcotráfico colombianas y miembros relevantes del ejército de Honduras 23. Este matrimonio apareció asesinado luego de pasar seis meses desaparecidos. Se trataba de una pareja de empresarios que pasaban por simples comerciantes que atendían un centro cervecero, cuyas instalaciones eran propiedad del señor Ramón Reyes Sánchez, entonces director de la Penitenciaría Nacional. Fue el Diario Tiempo de San Pedro Sula el que vinculó entonces el asesinato de esta pareja con el narcotráfico y los militares, lo que supuso fuertes presiones y censuras contra el rotativo. Por este asesinato se capturó a un exsargento del ejército llamado Dimas Reyes 24, y al colaborador de la policía Raúl Matta, entre otros. Una carta enviada por el padre de Marito Ferrari, Luís Ferrari, al Diario Tiempo indicaba: “algunos señores de alto rango militar están comprometidos con mi hijo en el contrabando de cocaína, negocio que proporciona buenas ganancias que compartía con los que ahora son responsables de la desaparición de mi hijo y su esposa”25. Se empieza a hablar en los círculos militares de este caso como el de la HondurasConnection y empiezan a aparecer los nombres de militares implicados, entre ellos el coronel Leónidas Torres Arias, jefe de inteligencia militar; el coronel Ramón Reyes Sánchez, director de la PC; el teniente coronel Juan Ángel Barahona, jefe de la Interpol; el también coronel, Armando Calidonio; y el oficial Carlos Coello. Finalmente sólo serían condenados Dimas Reyes y Raúl Matta. En una cadena nacional de radio y televisión, difundida el 26 de junio de 1978, los militares indicaron que ningún oficial en servicio estaba involucrado en el crimen de los Ferrari, ni en el tráfico de drogas. Este oscuro capítulo quedaba de esta forma cerrado en falso. Pocos años después de estos hechos, el poderoso Juan Ramón Matta entraría en contacto con la contra nicaragüense (en adelante la contra) en Honduras. Al ser dueño de una compañía aérea llamada SETCO, se ganó el favor de la CIA que en adelante trabajo con él. Esta compañía sería utilizada durante años para abastecer a la contra de armas en sus esfuerzos para desestabilizar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional que gobernaba entonces Nicaragua. Al mismo se tiempo creo lo que se conocería a partir de entonces como el trampolín centroamericano, haciendo de Honduras una escala obligatoria en el tránsito de cocaína de Sudamérica a México debido a las excelentes relaciones que Matta mantenía con el capo de la droga mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo (Cartel de Guadalajara), así como con miembros relevantes del Cartel de Medellín. Posteriormente toda esta implicación de la CIA en el tráfico de cocaína y de armas saldría a la luz en el llamado escándalo Irán-Contra. 23

Kain Sebastian Victor, “CIA and the Contras’ cocaine connection a true story how CIA used cocaine to finance a insurgency” en Roskilde University Centre. Dinamarca. 2006. p. 5. 24 Asignado al G-2 del ejército o inteligencia militar, donde supuestamente se planeó este asesinato. 25 Thelma Mejia, op.cit.

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La CIA no solo permitió a la Contra dedicarse al negocio de la cocaína, sino que la alentó y protegió para que se realizase con total impunidad26. La compañía aérea propiedad de Juan Ramón Matta (SETCO), sirvió además de para llevar armas a la contra, para transportar la cocaína hacia Estados Unidos, llegándose a producir intercambios consistentes en armas por cocaína. En notas desclasificadas del Archivo de Seguridad Nacional norteamericano y escritas por Oliver North, entonces asesor del Consejo de Seguridad Nacional, se afirma lo siguiente sobre un vuelo realizado en 1985: “Honduras DC-6, que se utiliza para recorridos fuera de Nueva Orleans es, probablemente, usado para transportar drogas a EE.UU”27. Se refería uno de los aviones de SETCO que cargaba armas para la contra. Fue en abril de 1988 y tras caer en desgracia para los servicios de espionaje norteamericanos, que Juan Ramón Matta acabó siendo secuestrado por el propio ejército hondureño y enviado a República Dominicana, desde donde fue deportado a Estados Unidos. Actualmente cumple condena a perpetuidad por varios delitos, entre otros por su participación en la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena en México. Pero la CIA ya había buscando a un sustituto para poder seguir apoyando a la contra: el empresario y capo hondureño Alan Hyde. La forma en que fue secuestrado Ramón Matta y enviado fuera del país, en un contexto de ocupación militar de Honduras por Estados Unidos y otros países de Centroamérica, provoco la ira popular. Ese mismo día una manifestación en Tegucigalpa acabaría en disturbios que culminaron con la quema de la Embajada de Estados Unidos. La importancia de Honduras en el tráfico internacional de cocaína se vino a consolidar como consecuencia natural de la alianza que en aquellos años tenía el gobierno hondureño con los Estados Unidos. Siendo utilizada como base de la contrainsurgencia en la región, la CIA permitió que ésta se financiara a través del tráfico de drogas que alentó y protegió durante años. Desde entonces Honduras se ha convertido en un país clave en las rutas del tráfico de cocaína. Según un informe del Departamento de Estado publicado en 2012, el 79% de los vuelos que transportan cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos hacen escala en Honduras28. La situación del estado hondureño es de total desventaja frente a los narcotraficantes a la hora de intentar controlar un territorio que nunca fue capaz de administrar efectivamente. De esta forma y quedando partes del país al margen de la ley, 26

Según documentos desclasificados por la propia CIA y publicados por la web The Cia and Drugs (ciadrugs.homestead.com) entre el 50 y el 70% de la cocaína que entraba aquellos años en los Estados Unidos, lo hacía por medio de agentes que estaban relacionados con sus operaciones encubiertas para financiar la Contra nicaragüense. 27 The Oliver North File, His Diaries, E-Mail, and Memos on the Kerry Report, Contras and Drugs. National Security Archive Electronic Briefing Book No. 113. 2004. 28 U.S. Department of State. “2012 INCSR: Country Reports - Honduras through Mexico”, Washington DC, 2012. http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/vol1/184100.htm

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los grupos delictivos campan a sus anchas sin ningún tipo de limitación. Si a esto le sumamos la corrupción institucional y los viejos vínculos entre el narcotráfico y las fuerzas armadas comprendemos perfectamente a que se debe la importancia del país en el trasiego internacional de la cocaína. Resulta especialmente llamativo un reportaje publicado por el semanario mexicano Proceso, en el que se afirma que el líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán, fugado de una cárcel de máxima seguridad mexicana en el año 2001 (solo unos días después de la llegada al gobierno de México del Partido Acción Nacional, tras varias décadas de dictadura del Partido Revolucionario Institucional) vive actualmente entre Guatemala y Honduras, y que son los ejércitos de ambos países los que le dan protección 29. La corrupción extendida desde lo más alto de las Fuerzas Armadas hondureñas ha permitido que durante todos estos años el territorio nacional haya servido como base de operaciones para diferentes organizaciones del crimen organizado. Debido a la política que se viene desarrollando durante los últimos años en México, las organizaciones procedentes de este país están operando de manera mucho más activa en la región. Tanto el Cártel de Sinaloa como el Cártel de los Zetas están cada vez más presentes en Centroamérica y ya han exportado a la región su especialmente violenta forma de hacer negocios. En palabras de Antonio Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “El escenario más probable (es que) Zetas y Sinaloa consoliden sus posición: Zetas en la costa Caribe, y estoy hablando de todo México y Centroamérica; y Sinaloa en la costa Pacífica”30. A continuación podemos ver un cuadro que refleja el aumento del peso relativo de las incautaciones de cocaína que se vienen produciendo en Centroamérica en los últimos años, sin duda relacionado con la mayor presencia de los cárteles mexicanos en la región: Gráfico: Incautaciones de cocaina por región

Fuente: United Nations World Drug Report 2011 29

Jorge Carrasco Araizaga y J. Jesús Esquivel. “El Chapo, también protegido en Guatemala”. Proceso. México, 2011. 30 Agencia AP, “Cártel de Sinaloa y Zetas, una amenaza creciente para Honduras”. El Heraldo. Honduras. 2011.

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Según un informe publicado por el Wilson Center de Estados Unidos, en la actualidad podemos distinguir dos tipos de organizaciones del narcotráfico que operan en Honduras: “managers” y “transportistas” 31. Los primeros son principalmente de origen mexicano, mientras que los “transportistas” serían las organizaciones locales hondureñas. Según este mismo informe, se reporta un incremento en el número de capos locales provenientes de los grupos de terratenientes que existen en el país. También se explicita que algunos de los principales transportistas son individuos con experiencia en contrabando, robo de coches y robo de ganado.

2.4 La política del gobierno de Honduras frente al narcotráfico La estrategia del gobierno de Honduras frente al narcotráfico ha consistido en seguir las pautas dictadas desde Estados Unidos para hacer frente a este tipo de negocio delictivo. Se han dedicado ingentes cantidades de dinero y se han creado diversos organismos a nivel nacional tales como el Consejo Nacional Contra el Narcotráfico o el Observatorio Nacional sobre Drogas. Se ha permitido la implantación de diferentes bases militares de los Estados Unidos con el fin de lucha contra el narcotráfico, y se sabe que efectivos de la DEA participan en operaciones conjuntas con militares hondureños dentro del territorio nacional. El documento que refleja la estrategia antidrogas hondureña se denomina Estrategia Nacional Antidrogas. La última versión es la del periodo 2012 -2017 y la mayoría de las medidas que se proyectan se centran en las mismas políticas que se han venido aplicando desde los años setentas: criminalización, represión y militarización. Lo más contradictorio del caso de Honduras es que todos estos esfuerzos se han visto acompañados de otras acciones del propio estado que de manera más o menos encubierta han venido a reforzar la importancia de las organizaciones del narcotráfico en el país. Entre las más importantes podemos citar la implicación de altos mandos del ejército en el narcotráfico y los negocios que el gobierno de Honduras y la Embajada de Estados Unidos conocieron (e incluso alentaron) en los años 80, en los que participó el empresario hondureño Juan Ramón Matta, mediante los cuales se enviaba cocaína a Estados Unidos para financiar las actividades de la Contra nicaragüense. Que el conocido narcotraficante “Chepe” Luna fuese detenido y posteriormente liberado en 2012 en Honduras da prueba de que la asociación de los carteles con autoridades del estado todavía existe. También es importante recordar que hay graves indicios de que el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”,

31

Steven S. Dudley, “Drug trafficking organizations in Central America: transportistas, mexican cartels and maras”, Woodrow Wilson International Center for Scholars, mayo de 2010, Washington DC, Estados Unidos. pp. 66 a 71.

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reside actualmente en Honduras y Guatemala, donde sería protegido por los ejércitos de ambos países. La política del gobierno de Honduras con respecto al narcotráfico es bipolar, igual que la de Estados Unidos. Mientras se realizan grandes esfuerzos para mantener en la ilegalidad a la economía de la droga y se financia una guerra que está costando miles de vidas, por otro lado se observa como a lo largo de la historia se han venido produciendo asociaciones con determinados agentes del narcotráfico. En unos casos estas alianzas derivaran simplemente de la corrupción de las autoridades y en otros casos del apoyo a grupos políticos afines a los intereses del gobierno de Estados Unidos, que es, al fin y al cabo, el que ha venido marcando de manera decisiva la política sobre drogas de todo el mundo.

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3. Crimen organizado, armas de fuego, violencia e inseguridad La política seguida por Honduras con respecto al narcotráfico es una política que fue diseñada en Estados Unidos en los años setenta y que tenía como objetivo declarado conseguir erradicar el consumo de drogas en el mundo atacando su producción allá donde se diese. La realidad es que, al margen de la consecución o no de los objetivos para los que se diseño esta política, en algunos países se vive actualmente una escalada de violencia como consecuencia directa de su aplicación y no son pocas las voces que indican que la prohibición de las drogas mata a más gente que el consumo de estas. La guerra entre los distintos cárteles que operan este mercado y entre los estados solo demuestra que este sigue siendo un negocio muy rentable y muy resistente a los esfuerzos que se hagan para acabar con él. En los siguientes apartados vamos a tratar de aclarar cuáles son los efectos que ha tenido el mantenimiento de esta política sobre el desarrollo de Honduras.

3.1 Crimen organizado y armas de fuego Honduras es un país en el que existe una tradición entre la población de usar armas de fuego que data ya de varias décadas. Según un informe del Comisionado Nacional para los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), más de 650.000 armas circulaban en 2010 por el país de manera ilegal32. Frente a esta cifra, el mismo organismo estima en unas 150.00 las que circulan legalmente en Honduras. Observamos pues que la mayoría de las armas circulan en el contexto del mercado negro, sin ningún tipo de control sobre quien las posee y cómo las utilizan, aunque también existe un número bastante elevado de armas registradas que ingresan al país legalmente y son vendidas en las distintas armerías autorizadas. Resulta muy clarificador con respecto al impacto que tiene en los niveles de violencia que sufre el país el hecho de que el 84.6% de los homicidios ocurridos en 2011 lo fueron con este tipo de armas, y que “desde el año 2005 hasta el 2011 en Honduras 25,677 víctimas han perdido la vida mediante el uso de armas de fuego (75.7% en siete años)”33. El origen de muchas de estas armas proviene de la época del conflicto armado en Centroamérica, cuando miles de armas entraron a la zona para ser utilizadas por los 32

CONADEH, “Más 650 mil armas de fuego son portadas ilegalmente en Honduras”, 2010. Honduras. Observatorio de la Violencia, “Boletín Enero – Diciembre 2011”, Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, 2012, Honduras. p. 16. 33

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diferentes ejércitos y fuerzas irregulares que participaron en el conflicto. Volvemos a hablar de la involucración de Honduras en el escándalo Irán-Contra y vemos claramente de nuevo la relación del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Tras los Acuerdos de Paz firmados en la región (1992 para El Salvador, 1996 para Guatemala, 1989 para Nicaragua), se ha venido produciendo un progresivo aumento de las armas circulando en la región (con la excepción de Nicaragua). Aunque en un principio el uso de armas de fuego estuvo relacionado con su utilidad para defenderse de la delincuencia en el marco de la sociedad rural, la generalización de su uso en el país no se produjo hasta los años noventa “luego del impacto social del ajuste estructural a la economía y de la finalización del control autoritario sobre el estado y la sociedad, vinculado a la guerra fría y la crisis centroamericana”34. Es en este marco social de pobreza y desestructuración social en el que el narcotráfico encuentra el caldo de cultivo perfecto para incorporar a sus actividades a una parte de la sociedad hondureña. Quienes pasan a formar parte de estas organizaciones provienen de todas las clases sociales, aunque son las personas más desfavorecidas los que hacen de soldados en la guerra por el control de las rutas y territorios que se libra entre organizaciones rivales y contra los estados. Según un estudio realizado por la organización defensora de los derechos humanos hondureña CIPRODEH, “en relación al mercado interno, estimaciones policiales señalan que las maras o pandillas son juntamente con el crimen organizado, los principales consumidores del mercado negro local y entre las armas más usadas por ellos es el AK-47, la Uzis y pistolas 9 mm.- La Secretaría de Seguridad en el 2004 estimó que las pandillas podrían tener en su poder más de 2,000 armas de grueso calibre provistas por el crimen organizado”35. El dinero con el que compran este armamento proviene de la comisión de varios tipos de delitos, siendo el más importante el tráfico de drogas. Una consecuencia directa de que en el país operen este tipo de organizaciones es el aumento de la percepción de inseguridad entre la población. A consecuencia de ello, existe una demanda social de armas de fuego que sólo desemboca en más violencia. Según una encuesta realizada para un estudio sobre el uso de armas en Honduras, a la pregunta de “si muchas personas andan armadas ¿las demás deben hacer lo mismo?”, el 57.3% de los encuestados contestaron sí, frente al 40.7% que dijeron no 36. Esta encuesta refleja que para un 57.7% de los hondureños es legítima la posesión de armas de fuego debido a la situación actual de inseguridad. Observamos pues como existe 34

Leticia Salomón, “La propensión cultural al uso de armas ligeras”. PNUD Honduras, 2005. Honduras. p. 11. 35 CIPRODEH, “Diagnóstico sobre Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Honduras”, 2005. Honduras. pp. 10. 36 Leticia Salomón, op. cit. p. 20.

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un círculo vicioso respecto de la utilización de armas y el aumento de la violencia que es alimentado por la actividad del narcotráfico y la guerra contra éste. Se puede establecer también que existe una relación clara entre el aumento del número de armas que circulan en el país y las elevadas tasas de violencia. La debilidad institucional de Honduras ha sido aprovechada al máximo por las organizaciones criminales para ocupar un lugar en la sociedad en una posición dominante con respecto al estado. La impunidad de que gozan constituye un mensaje claro para la sociedad, que no deja de escandalizarse ante esta realidad. A consecuencia de todo esto, la ciudadanía asustada ha decidido armarse hasta los dientes para hacer frente a las posibles amenazas que se derivan de una situación en la que el estado no ejerce el monopolio de la violencia. Esto ha grabado en el psique colectivo una sensación de vulnerabilidad frente a la cual, la posesión de armas es un recurso útil. En esta situación, que cada cual se tome la justicia por su mano es lo más natural. Así pues, la violencia ejercida por las organizaciones criminales se ha transferido a una sociedad que no se siente defendida por el estado y la policía. El recurso a las armas de fuego para solucionar disputas relacionadas con asuntos personales o económicos se ha vuelto algo cotidiano. Es ilustrativo de la perspectiva con que los hondureños observan a los traficantes de armas los resultados de una encuesta realizada en el país según la cual la imagen de estas personas no es negativa. Es más, el 50.8% de los encuestados consideró que se trata de personas bien conectadas37. La cantidad de armas que circulan por el territorio hondureño suponen, sin duda, un grave obstáculo para el desarrollo del país. No sólo causan un daño terrible a la población, que sufre altísimos niveles de violencia, sino que también suponen un lastre para la atracción de inversiones y el establecimiento de negocios, que se ven continuamente amenazados. Es una tarea fundamental del gobierno de Honduras el controlar el mercado ilegal de armas y hacer efectivo su monopolio sobre el uso de la violencia. Alcanzar este objetivo se ve dificultado por el hecho de que el narcotráfico es un negocio muy rentable que puede pagar grandes cantidades de dinero para introducir armas. Las organizaciones del narcotráfico llevan introduciendo armamento en el país (y la región) durante décadas, y lo seguirán haciendo mientras el negocio al que se dedican siga siendo tan rentable. La presencia de este tipo de organizaciones sólo colabora a aumentar la inseguridad, con la consiguiente escalada armamentística entre la población. Parece claro que se debe de buscar la forma de romper este círculo vicioso si se desea trabajar para que el país prospere.

37

Leticia Salomón, op.cit. p. 50.

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3.2 La violencia del narcotráfico en cifras Según estadísticas oficiales Honduras es actualmente el país más violento del mundo una tasa de 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes38. En 2011 se registraron 7,104 homicidios. A la cabeza de este ranking internacional encontramos a países como El Salvador (que venía siendo el país más violento del mundo hasta el año 2010), Irak, Jamaica, Colombia, Venezuela o Guatemala. A continuación vemos un cuadro que muestra los niveles de violencia de los últimos años para los países más violentos del mundo: Gráfico: Ranking de países con mayores tasas de muertes violentas 2004 - 2009

Fuente: Informe Carga Global de la Violencia Armada 2011

Como podemos observar, de los 14 países que figuran en la lista, 7 tienen problemas graves relacionados con el tráfico de drogas en su territorio (El Salvador, Jamaica, Honduras, Colombia, Venezuela, Guatemala y Belice), mientras que 5 sufren conflictos armados a gran escala (Irak, Sri Lanka, República Centroafricana, Sudán y la República Democrática del Congo). Es evidente que la exposición de un país al narcotráfico trae como consecuencia un aumento de la criminalidad y de las tasas de violencia que se derivan no solo de la actuación directa de los grupos de narcotraficantes, sino del trasiego de armas que acompaña su actividad, así como de la sensación de vulnerabilidad e impunidad en que vive la población, que les hace más proclives al uso de armas de fuego para resolver disputas o defenderse de agresores. Es preocupante observar como los niveles de violencia en Honduras vienen aumentando en los últimos años de manera sostenida. En el siguiente gráfico vemos dicha evolución:

38

Observatorio de la Violencia, op.cit.

22

Gráfico: evolución de la tasa de muertes violentas en honduras

Fuente: Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad IUDPAS

Este aumento se ha estado produciendo en paralelo a un fenómeno que viene ocurriendo en el vecino país de México. El cambio se produjo tras la elección como presidente de Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), en las elecciones de 2006 por un margen estrechísimo frente a su rival del Partido de la Revolución Democrática(PRD), Andrés Manuel López Obrador. El nuevo presidente, electo entre denuncias de fraude, buscó legitimar su mandato comenzando una política de “guerra al narcotráfico” que ha traído como consecuencia el desplazamiento hacia el sur de los cárteles mexicanos, debido a los problemas que enfrentan en su ámbito geográfico original. Sumado a lo anterior hay que tener en cuenta el efecto que el Golpe de Estado perpetrado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009 ha tenido en la violencia en el país. Destruida la institucionalidad por un golpe político-militar, el país quedó aislado internacionalmente durante meses. Se cortaron durante este periodo los flujos de ayuda de los que dependía la nación centroamericana, trayendo como resultado un caos y una inoperancia del estado todavía mayor de la que ya existía anteriormente al golpe. La debilidad institucional de Honduras, sumada a la vieja relación que existe entre el narcotráfico local y el de México y Colombia, han hecho de este país una base de operaciones de estas organizaciones. Es en este contexto que la violencia ha aumentado de una tasa de 30.7 homicidios por cada 100.000 habitantes a una de 86.5 en el periodo 2004 a 2011. Y la escalada de violencia sigue en aumento.

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Honduras, y también Guatemala, donde el Cártel de los Zetas ya domina amplios territorios en la frontera con México 39, es escenario de una guerra librada a nivel internacional entre los diferentes cárteles, que son sobre todo de origen mexicano, pero también colombianos y centroamericanos. Como ya comentábamos anteriormente, el narcotraficante más buscado del mundo y líder del Cártel de Sinaloa puede estar viviendo en Honduras, mientras que Los Zetas entran por la zona noroccidental. Al mismo tiempo miles de avionetas procedentes de Sudamérica aterrizan en el territorio nacional (especialmente en las zonas más aisladas como Gracias a Dios, Colón u Olancho) cargadas de cocaína para hacer escala en dirección hacia los Estados Unidos. Las masacres se suceden y la marca del narcotráfico, con el sadismo que le caracteriza, constituye una realidad visible casi cada semana en las portadas de los periódicos del país. A modo de ejemplo podemos citar el asesinato de 6 personas en el aeropuerto Villeda Morales de San Pedro Sula el día 14 de octubre de 2011 40, o el de 16 personas en tres incidentes diferentes en un mismo fin de semana y todos en relación con el tráfico de drogas que se produjeron en marzo de 201241. Las paredes de las ciudades se ven cubiertas por fotos macabras que son portada en los principales diarios del país. No es posible determinar de manera exacta que porcentaje de las muertes ocurridas en el país son directamente atribuibles al narcotráfico. Lo que si podemos establecer es que, tal y como figura en un informe de Naciones Unidas, las zonas más violentas del país no coinciden con los núcleos urbanos más grandes, si no con las zonas rurales donde el narcotráfico es más fuerte42. Disponemos de la información que ofrece la Policía Nacional de Honduras, así como la que da la prensa sobre los homicidios que ocurren en el país. El Observatorio de la Violencia de Honduras 43 realiza un monitoreo que ofrece unos resultados bastante claros: en todos los informes que se han publicado por este organismo, 39

Citando un informe de la consultora Insight Crime titulado “Los Zetas en Guatemala”: “Los Zetas, la más temida y violenta organización criminal Mexicana, se ha situado en Guatemala, y con esa incursión ha cambiado el balance de poder en la región poniendo en aprietos el gobierno de Guatemala y dejando a sus vecinos, Honduras y El Salvador, en máxima alerta. Ellos han penetrado la policía local y al ejército y han creado alianzas con traficantes locales que les permite lavar sus ganancias a través de la agroindustria y obras públicas. Además han introducido una nueva manera de operar. Más que controlar las cadenas de distribución o manejar el día a día los Zetas están enfocados en controlar territorio y en eso son los expertos creando un conjunto de soldados que está dispuesto a llevar la pelea a otros niveles”. Steven Dudley, 2011. 40 El Heraldo, “Terror en el aeropuerto Ramón Villeda Morales”, 14 de octubre de 2011. Honduras. 41 El Heraldo, “Nueve muertos dejan dos masacres en la zona norte de Honduras”, 20 de marzo de 2012. Honduras. 42 UNODC, “Crime and instability: Case studies of transnational threats”, Viena 2010. p. 23. 43 Dichos informes se publican con carácter anual y, para el caso que estamos analizando actualmente, toman sus datos de los principales medios escritos del país: Diario Tiempo, La Prensa, La Tribuna y El Heraldo. De la información aportada por estos medios el Observatorio de la Violencia del IUDPAS realiza un riguroso proceso de constatación y verificación en cada periódico que cubrió la noticia, determinando si se trataba de la misma víctima o de sucesos diferentes a fin de no duplicar información. Los datos son consignados en una base de datos con variables similares a las documentadas con las fuentes oficiales permitiendo hacer comparaciones de las situaciones. Para el presente estudio se han analizado los informes de los años que van de 2006 a 2011.

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la primera causa de muerte fue siempre la de “delincuencia organizada o modalidad sicarial”. A continuación vemos la tabla con los datos obtenidos de la Policía Nacional: Gráfico: evolución de las causas de muertes violentas en Honduras según la Policía 100% 90% 80%

DESCONOCIDOS / POR ESTABLECER

70%

OTRAS CAUSAS

60%

RIÑA INTERPERSONAL

50% 40%

ROBO/TENTATIVA

30% 20%

AJUSTE DE CUENTAS (SICARIATO)

10%

0% 2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad IUDPAS

Como se puede observar, la mayoría de las muertes se produce por causa desconocida (el promedio ronda el 50% del total). Sin embargo vemos que la segunda causa es la del ajuste de cuentas, directamente relacionada con el crimen organizado. El importante número de casos cuya causa se desconoce se debe a la bajísima eficacia de las investigaciones policiales y judiciales en el país. De hecho, 8 de cada 10 delitos quedan impunes debido a la falta de investigación, según el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos de Honduras44. En la siguiente tabla vemos la evolución durante los últimos años de las causas de los homicidios ocurridos en el país según la prensa:

44

http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/14-lucha-contra-la-impunidad

25

Gráfico: evolución de las causas de muertes violentas en Honduras según la prensa OTRAS CAUSAS

100% 90%

RELACIONES CON MARAS

80% 70%

DELINCUENCIA COMUN/ROBO

60%

50%

DESCONOCIDOS O POR ESTABLECER

40% 30%

VIOLENCIA INTERPERSONAL/VENGANZA

20% 10% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011

DELINCUENCIA ORGANIZADA/AJUSTE DE CUENTAS

Fuente: Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad IUDPAS

El gráfico muestra un claro predominio de las muertes causadas por el crimen organizado con respecto al resto de causas. Es importante señalar que la caída del porcentaje de esta causa en los años 2010 y 2011 coincide con un brusco aumento de los crímenes con causa desconocida o por establecer. Hasta ese momento se venía produciendo un aumento del peso relativo de esta causa. Esto tiene que ver con la interrupción que se hizo del monitoreo de medio durante los primeros meses tras el golpe de estado de 2009 consecuencia de la situación caótica que se vivía en Honduras. Es importante señalar que a raíz de este golpe se han venido produciendo numerosos casos de asesinatos políticos y de opositores. Estos casos han quedado sin aclarar debido a la falta de voluntad por parte de los órganos judiciales y policiales del país, que son acusados por la oposición de estar detrás de estos crímenes, de llevar a cabo investigaciones 45. Otra de las causas que ha experimentado un aumento es la delincuencia común, que en 2011 supuso más del 20% de las muertes. El efecto multiplicador que tiene la violencia del narcotráfico y el crimen organizado sobre el resto de las violencias bien puede explicar este aumento, y sin duda está relacionado también con la mayor disponibilidad de armas de fuego que supone el aumento de actividades del narco en el país, además de factores como la desigualdad y la pobreza. Al mismo tiempo que observamos estas tendencias podemos ver que la importancia relativa de la violencia interpersonal ha caído durante estos años en picado, pasando de representar el 18.7% de las muertes en 2006 a solo el 3.9% en 2011. El número de muertes 45

Existen numerosas organizaciones hondureñas que vienen haciendo un seguimiento y denuncia de estos casos y emiten informes periódicos, entre estas cabe destacar el COFADEH, CODEH, CIPRODEH, CLIBRE, CEM-H, CDM, CPTRT y otras.

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relacionadas con este tipo de violencia no ha disminuido, pero su peso relativo se ha visto reducido frente al resto debido al gran aumento de los crímenes del narcotráfico, que ha venido paralelo al incremento de sus actividades de éste en el país como consecuencia de la política represiva que se está llevando a cabo en México. La violencia asociada al narcotráfico tiene un impacto directo sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres en Honduras. Según un estudio publicado por la ONG Oxfam, el 41% de los femicidios que se cometieron en 2010 “se dieron en el contexto de ajustes de cuentas, venganzas contra terceros, sicariato y droga”46.

3.3 La problemática específica de las maras Abordamos en este apartado una problemática compleja, como lo es la existencia de maras o pandillas juveniles. Las maras son organizaciones delictivas constituidas principalmente por jóvenes que se encuentran en situación de desarraigo social. Las características de estas organizaciones es que controlan un territorio determinado, normalmente dentro de las ciudades, en el que ejercen el control de negocios de narcomenudeo, extorsión y secuestro, entre otros. Su manera de actuar es extremadamente violenta y la pertenencia al grupo se asocia a la participación en diversos tipos de rituales, que incluyen el de tatuarse diferentes símbolos en el cuerpo. Las dos maras más conocidas son la Mara 18 y la Mara Salvatrucha. Se estima que estas organizaciones cuentan con entre 70,000 y 100,000 miembros sólo en Centroamérica. El mayor número de mareros se encuentra en Honduras, seguido por El Salvador y Guatemala. El origen de este tipo de organizaciones lo encontramos en Los Ángeles, California. Desde la década de los sesenta hasta principio de los años ochenta se va formando en esta ciudad y otras cercanas agrupaciones de jóvenes latinos denominadas “maras”, asociadas a actividades delictivas. Coincide esta realidad con un movimiento migratorio masivo de centroamericanos hacia la ciudad californiana, que huían de los conflictos que se vivían en sus países de origen. Durante los años noventa, se llevó a cabo una política por parte del gobierno estadounidense de deportación de los criminales centroamericanos una vez habían cumplido condena en los Estados Unidos. Al llegar los deportados a sus países de origen trajeron consigo a las maras. En países como Honduras, El Salvador o Guatemala estas organizaciones se hicieron fuertes frente a un estado incapaz de manejar la situación. Es importante tener en cuenta que, mientras la CIA realizaba operaciones encubiertas en Centroamérica que colocaban a Honduras en el corazón del tráfico internacional de cocaína, al mismo tiempo criminalizaba a la juventud latinoamericana en ciudades como Los Ángeles por participar en un negocio que ellos mismos promovían en el exterior. 46

Adelay Carías Reyes, “Violencia contra las mujeres y misoginia. Una relación indisoluble”, Tegucigalpa, Centro de Derechos de la Mujer, 2011. p.14.

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El éxito de este tipo de pandillas lo encontramos en la falta de oportunidades y la extrema desigualdad que existe en los países donde estas organizaciones se han hecho fuertes. Sin embargo, para explicar la manera en la que han crecido estas organizaciones y el poder que han alcanzado debemos observar cuales son los medios por los que se financian. Y entre estos debemos destacar el relacionado con el narcomenudeo y el trabajo que las maras hacen a las organizaciones del crimen organizado. La denominación “mara” ya existía en Centroamérica antes de que se contaminase por la influencia de los centroamericanos deportados. Estas agrupaciones se configuraban “como un simple acto de manifestación de un espíritu gregario juvenil, que se convertía en solidaridad interna de cada grupo que pintaban muros y paredes marcando sus zonas territoriales con graffiti” 47. En aquella época, el tráfico de drogas en Honduras era un negocio que era dirigido por grandes narcotraficantes en colaboración con oficiales del ejército, e incluso con la participación de agentes extranjeros como los contras nicaragüenses o la propia CIA. Entonces no existía un mercado local para la droga y Honduras solo era un lugar de paso para la cocaína. La narco violencia que asolaba Colombia durante esos años no era conocida en Honduras, donde los episodios que se daban eran todavía escasos. Los jóvenes mareros deportados de Estados Unidos trajeron consigo su conocimiento acerca del negocio del narcomenudeo que habían aprendido en las calles de Los Ángeles. La disponibilidad de dinero fácil para una buena parte de la juventud centroamericana en situación de extrema pobreza fue la que extendió el negocio del narcomenudeo en la región. De esta forma, “a mediados de los noventa comienza a tomar cuerpo el fenómeno de las maras convirtiéndose en un problema social juvenil con características de violencia social nunca conocido en Honduras: primero entre las pandillas peleando territorio y control de los barrios de las ciudades importantes, después extendiéndose a la mayoría de los departamentos y municipios del país y luego, peleando territorio para el control de distribución de drogas”48. Y con esto llegaron los problemas de consumo. Se estima que casi el 85% de los mareros son consumidores de drogas. Actualmente, las maras constituyen un problema de seguridad pública de primer orden en Honduras. Según un estudio sobre inseguridad pública en Centroamérica y México, las maras son percibidas como el segundo factor que más contribuye al clima de inseguridad después del narcotráfico, con el que está íntimamente relacionado. Se les considera soldados de los carteles e incluso se les acusa de promover una violencia que sirve para desviar la atención de las actividades de las grandes organizaciones del narcotráfico.

47

Gustavo Alfredo Landaverde, “Crimen organizado y evolución del narcotráfico en Honduras. Política y Desarrollo en Honduras”, Tegucigalpa, UNDP, ASDI, AECID, DFID, 2006. pp. 8 y 9. 48 Ibid. p. 9.

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La marginalidad en la que surge el fenómeno de las maras ha encontrado un caldo de cultivo perfecto en el negocio del narcomenudeo y el trabajo por encargo para los grandes narcotraficantes. Organizaciones que siendo delictivas no habrían tenido una capacidad adquisitiva alta, cuentan ahora con medios para financiar la compra de armamento pesado y una infraestructura humana que hace que tengan capacidad para desafiar la autoridad del estado en amplias zonas de las principales urbes hondureñas.

3.4 Efectos sobre la libertad de expresión Honduras es actualmente uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Desde 2009, han sido asesinados 27 periodistas en el país, además cientos han recibido amenazas de muerte y han sufrido todo tipo de atentados y agresiones 49. La realidad es que muchos de estos crímenes están directamente relacionados con denuncias que los periodistas realizaron y que afectaron a los intereses de narcotraficantes. De esta forma, la prensa nacional y la sociedad en su conjunto vive temerosa de hacer públicos los abusos cometidos por los narcotraficantes, que campan a sus anchas sin que nadie les moleste. A consecuencia de esto, la calidad del periodismo de investigación en Honduras es escasa, lo que permite que a su vez las autoridades puedan actuar con mayor arbitrariedad y corrupción ya que no temen ser denunciados si consiguen aliarse con las personas adecuadas: los grupos de poder del país, dentro de los cuales uno de los más importantes son los narcotraficantes. Esto afecta directamente a la vigencia del estado de derecho y a la calidad de la democracia hondureña al quedar gravemente dañado uno de los principales contrapesos al poder que existe en las sociedades democráticas. El narcotráfico actualmente extiende sus tentáculos a gran parte de las instituciones estatales y en buena parte de las empresas privadas. Por eso el crimen organizado actuará de manera intimidatoria no sólo para defender los asuntos directamente relacionados con el trasiego de la droga, sino también cualquier otro que afecte sus intereses en el país. Estos podrán ser en el sector maderero, minero, agrícola u otros. Esta situación hará más complicada aun la labor del periodista, que se las tendrá que ver con los narcos si quiere informar sobre una amplia gama de temas. Para ilustrar las realidades a que nos estamos refiriendo daremos algunos ejemplos. El día 11 de mayo de 2011 murió asesinado el periodista Héctor Francisco Medina Polanco en el municipio de Morazán, departamento de Yoro, tras denunciar ilícitos cometidos por autoridades municipales que supuestamente tendrían vínculos con organizaciones del narcotráfico. El asesinato el 8 de diciembre de 2011 de José Alfredo Landaverde, 49

Según el recuento realizado por la ONG defensora de la libertad de expresión Comité por la Libre Expresión C-Libre. Para más información se puede consultar los informes anuales sobre libertad de expresión realizados por esta organización en su página web www.clibrehonduras.com

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reconocido analista en materia de seguridad, narcotráfico y crimen organizado, acribillado a las 10 de la mañana en Tegucigalpa, constituye otra señal clara en relación al ejercicio de la libertad de expresión. Se trata de casos en los que individuos han decidido realizar denuncias públicas de la colusión de determinadas autoridades y el crimen organizado. El que los protagonistas de dichas denuncias hayan sido asesinados manda un claro mensaje intimidatorio a toda la sociedad hondureña. Se impone la ley del silencio en el país, y quien la quiebre corre el riesgo de morir asesinado.

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4. Soberanía, narcotráfico y estado de derecho 4.1 La pérdida de soberanía sobre el territorio Honduras constituye un estado que históricamente ha tenido dificultades para ejercer la soberanía sobre todo su territorio. Ha quedado fuera de su control gran parte de la costa caribeña. Son llamativos algunos episodios ocurridos en la zona desde tiempos de la colonia, tales como la coronación por parte de los ingleses que luchaban por el control de la costa Caribe de Honduras de un rey miskito 50, en el cabo Gracias a Dios en el año 1687, que creó un protectorado de la corona inglesa en oposición al dominio español. Posteriormente, el filibustero William Walker51 intentó crear un estado esclavista para anexarlo a los Estados Unidos en Centroamérica. Una de las incursiones que realizó en esta aventura fue a través del actual departamento de Colón a mediados del siglo XIX, por ser ésta una zona muy vulnerable. Pero fue después cuando el país perdió de manera más efectiva la soberanía sobre una gran parte de su territorio. La causa de esta pérdida fue el otorgamiento por un estado corrupto de grandes concesiones bananeras en favor de la United Fruit Company y otras compañías bananeras a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El ferrocarril que estas compañías prometieron construir para comunicar la costa Caribe con el resto del país nunca se llevo a cabo 52; en su lugar lo que apareció fue un estado dentro del estado con sus propias ciudades (company towns) y comercios, todos propiedad de las compañías bananeras53. Encontramos pues que cuando comienza la narcoactividad en el país hacia finales de los años setenta todavía existen amplias zonas en las que el estado ejerce una soberanía muy débil, por no decir nula. Hablamos principalmente del departamento de Gracias a Dios, Colón y amplias zonas de Olancho. Actualmente las amenazas a la soberanía que son consecuencia de la lucha contra el narcotráfico provienen principalmente de dos fuentes: de las propias organizaciones del crimen organizado y de la injerencia de potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos.

50

D´Ans, A-M, “Honduras, difícil emergencia de una nación, de un Estado”, en Renal Video Producciones: Honduras en la Capitanía General de Guatemala, Tegucigalpa, 1997, pp. 98-104. 51 Ibid, Interludio: el episodio de los filibusteros de Walker. pp. 133-137. 52 En su lugar se construyó una vía que servía para llevar el banano de los campos a Puerto Cortés, línea que fue desmantelada cuando se retiraron las compañías bananeras 53 D´Ans, A-M, op. cit., República Bananera, crisis mundial y continuismo dictatorial. p. 201.

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4.1.1 Frente a las organizaciones delictivas: vulnerabilidad de poblaciones cercanas Como venimos comentando, la fuerza de las organizaciones del crimen organizado es tremenda. Debido a la altísima capacidad financiera de estos grupos, los medios de que disponen muchas veces superan a los del estado. A consecuencia de este, existen amplias zonas del país que se encuentran bajo el control de estas organizaciones. Podemos dividir estas zonas en dos categorías: la primera consiste en barrios desfavorecidos en las ciudades del país en los que las bandas de narcotraficantes y las maras se han hecho fuertes y donde la policía solo puede entrar a sangre y fuego. La segunda consiste en territorios más amplios de ámbito rural donde los narcos tienen pistas de aterrizaje e incluso laboratorios. En las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba o Santa Rosa de Copán por poner algunos ejemplos, existen barrios en los que el estado no ejerce su soberanía de manera efectiva. En dichos lugares, la única ley que se aplica es la del más fuerte y las organizaciones del crimen organizado luchan unas contra las otras. Y no es de extrañar que sea aquí donde las organizaciones criminales capten con más facilidad a soldados para su guerra. Hablamos de colonias en las que no existe adecuada canalización de agua corriente ni de desagüe para las aguas negras, tampoco hay luz en todas las casas y mucho menos alumbrado eléctrico. Aquí surgen las pandillas de jóvenes que buscan su identidad en la pertenencia a un grupo. Una identidad que se basa muchas veces en el ejercicio de la violencia. La policía entre en estos barrios únicamente para realizar operativos de carácter represivo o para capturar a delincuentes. Para complicar todavía más la situación que se vive en esto barrios, la policía ha llevado a cabo en ellos políticas de “limpieza social” 54, en las que se ha asesinado impune e injustificadamente a cientos de jóvenes por el mero hecho de estar en la calle en el lugar equivocado y momento equivocado. La percepción de la autoridad como un enemigo peligroso ha aportado legitimidad a los grupos del crimen organizado al ofrecer protección a sus miembros frente a la amenaza estatal. En conclusión, vemos como partes importantes de las principales ciudades del país son controladas por grupos armados ilegales directamente al servicio del crimen organizado que ejerce su soberanía por contraposición al estado. Al mismo tiempo que utilizan estos territorios como zonas de almacenaje, distribución y venta de drogas, ganan el favor de una 54

Por llevar a cabo este tipo de medidas se destacó el ex-presidente Ricardo Maduro, durante cuyo mandato se llevo a cabo una política de exterminio de posibles delincuentes. Fue especialmente entro los años 2002 y 2004 que se produjeron estos alarmantes hechos. Prueba de ellos son las denuncias que se interpusieron en su momento por la responsable de Asuntos Internos de la Policía la comisionada María Luisa Borjas contra el responsable directo de estas atrocidades, el comisionado de policía Juan Carlos “Tigre” Bonilla (recientemente nombrado Director de la Policía Nacional por el gobierno de Porfirio Lobo).

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parte de la población que colabora con ellos. La intimidación es la herramienta que mantiene apaciguado al resto de ciudadanos. El estado ha decidido abandonar a su suerte a la mayoría de los pobladores de estos barrios y la inversión en infraestructuras en los mismos, así como los esfuerzos por recuperar el control sobre ellos son mínimos. La población pasa a estar cautiva de la organización criminal de turno. Además se ve continuamente expuesta a los combates que se dan entre el crimen organizado y la policía. En ciudades como La Ceiba son bien conocidas las bandas que controlan la ciudad. Nombres como “Los Grillos” o “Los Pelones” causan pánico entre la población. Y es que estas bandas llevan años aterrorizando a la gente y provocando toques de queda no declarados oficialmente, pero obedecidos por todos para evitar ser una víctima colateral de sus enfrentamientos55. La pérdida de soberanía del estado frente al crimen organizado afecta también a importantes zonas en el ámbito rural. Se trata de un fenómeno muy preocupante que está relacionado con la incapacidad histórica que ha tenido el estado hondureño de ejercer su soberanía sobre todo el territorio. Debido al difícil acceso por vía terrestre a varias de las zonas de la costa norte de Honduras, las organizaciones criminales han aprovechado la coyuntura para establecer sus bases de operaciones en estas regiones. Según datos ofrecidos por la prensa hondureña existían en septiembre de 2012 alrededor de 300 pistas clandestinas operativas en el país utilizadas para el aterrizaje de avionetas cargadas de cocaína56. A continuación podemos ver un mapa publicado por la prensa hondureña en el que se ven algunas de las principales rutas de llegada de las narco-avionetas, pistas de aterrizaje ilegales en uso y pistas que ya han sido destruidas a septiembre de 2012.

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La Prensa, “Dos bandas siembran el terror en La Ceiba”, 4 de octubre de 2011. Honduras. La Prensa, “Un mes cumplen narcos con cielos abiertos en Honduras”, 19 de septiembre de 2012. Honduras. 56

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Gráfico: Rutas aéreas del narcotráfico

Fuente: La Prensa

Como podemos ver, la zona de mayor actividad se sitúa en la costa norte del país, aunque también existe movimiento hacia las grandes ciudades como San Pedro Sula o Tegucigalpa. También existe un pequeño foco de actividad en la costa sur del país. Según un informe de Naciones Unidas, el Cártel de Sinaloa actualmente está comprando grandes cantidades de tierra y construyendo casas en los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Cortés, especialmente en la zona fronteriza con Guatemala. Desde su llegada el Cártel está cooptando a muchos funcionarios de la zona de forma que pueda realizar en la zona su actividad con total impunidad57. Al mismo tiempo y según fuentes de inteligencia citadas por el mismo informe, los Zetas operan fundamentalmente en los Departamentos de Olancho y Cortés. Ya hemos visto anteriormente que el Departamento de Estado de Estados Unidos calcula que el 79% de los vuelos que transportan cocaína de Sudamérica a Estados Unidos hace escala en Honduras. Aparentemente la zona más atractiva para el aterrizaje de las avionetas es la conocida como La Moskitia, departamento de Gracias a Dios. Responsables del Departamento de Estado señalan en el mismo informe que habla sobre los vuelos procedentes de Sudamérica lo siguiente: “La Mosquitia fue una zona principal de aterrizaje de vuelos con cargamento de droga, y el trasbordo se veía facilitado por vuelos subsiguientes, buques marítimos, tráfico fluvial y transporte por tierra por la ruta Panamericana y rutas secundarias”. Días antes de la publicación de este informe las autoridades hondureñas, a través del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, René Osorio, revelaron que habían descubierto más de 70 pistas de aterrizaje clandestinas que operaban en los

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Steven S. Dudley, op.cit.

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departamentos de Olancho, Colón, El Paraíso y Gracias a Dios 58. Las autoridades aseguran que procederían a la destrucción de todas ellas mediante el uso de dinamita. Es imposible conocer cuál es la extensión territorial exacta que es controlada por los narcotraficantes. Lo que sí es seguro es que se trata de amplias zonas del país y de que allí vive una parte de la población hondureña. Esta población está expuesta a la violencia proveniente tanto del crimen organizado como del ejército y la policía. Los narcotraficantes actúan en estas zonas con total impunidad y por ello cometen la cantidad de abusos que desean sin temor a sufrir represalias. Además, la población sufre una violencia proveniente del estado que, cuando realiza operativos antidrogas, lo hace mediante acciones policiales y militares de gran envergadura, muchas veces con presencia de tropas extranjeras, como veremos a continuación. En el marco de estos operativos se produce una criminalización de toda la población civil que reside en estas zonas, a la que se acusa de colaborar con el narco o de formar parte de las organizaciones. En la primera mitad del año 2012 se han realizado varios operativos que han resultado en la muerte de personas inocentes en el Departamento de Gracias a Dios. Entre ellas destaca una masacre que se produjo el día 11 de mayo. Estas muertes se dieron en circunstancias no del todo claras. Sin embargo, como denuncia la organización hondureña de defensa de los derechos humanos COFADEH, todo indica que las muertes se produjeron después de un ataque sin previo aviso por parte de los uniformados y sin que mediase agresión previa por parte de las víctimas, que eran simples pobladores de la zona 59. La pérdida de control sobre el territorio frente al crimen organizado supone también un daño muy importante a la credibilidad del estado frente a sus propios ciudadanos. La consecuencia de esto es que las personas ya no acudirán a las instancias del estado para resolver sus diferencias o reclamar soluciones para sus problemas, especialmente en las zonas donde el crimen organizado tenga más fuerza. Las posibilidades del estado de ejercer la soberanía sobre las zonas fuera de su control a medio y largo plazo en Honduras es poco probable. Más teniendo en cuenta la tremenda capacidad económica de las organizaciones del narcotráfico y la importancia a nivel mundial que tiene Honduras en las rutas internacionales de la cocaína. Vivir bajo la jurisdicción del narco supone una dura realidad para miles de personas en Honduras. En esas comunidades, la libertad de expresión, la libertad de circulación, la democracia y, en general, el respeto de todos los derechos de los ciudadanos está supeditado a la voluntad del narco, por no decir directamente que no existe. Hay que 58

La Tribuna, “13 “narcopistas” destruidas, en las últimas semanas en Honduras”, 12 de marzo de 2012, Honduras. 59 Marvin Palacios, “¡No ha sido la primera vez que la DEA mata en Honduras!”, Defensoresenlinea.com, 25 de junio de 2012, Honduras.

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recordar que el crimen organizado no responde ante tribunal ni instancia internacional alguno, tampoco ante la opinión pública, ni ante el escrutinio de las urnas. En este sentido, las posibilidades de la población para presionar por la mejora de sus condiciones de vida son nulas frente a los verdaderos detentadores del poder.

4.1.2 Frente a potencias extranjeras: la injerencia militar estadounidense Honduras es, desde hace años, el principal aliado de Estados Unidos en Centroamérica. Esta alianza, aunque data de muchas décadas, se vio reforzada durante los años ochenta. Durante estos años Honduras fue utilizada por la potencia del Norte como centro de operaciones de contrainsurgencia en la región centroamericana. A raíz de esto se fue conformando una relación de dependencia que perdura hasta nuestros días. A continuación vemos un mapa que muestra las bases estadounidenses en territorio hondureño: Gráfico: Bases militares de Estados Unidos en Honduras

Fuente: The New York Times

La cooperación militar ha sido una de las principales vías que ha utilizado Estados Unidos para justificar su presencia en Honduras y para intervenir en sus asuntos internos. En el pasado se justificó esta cooperación con motivo de la lucha contra el comunismo en el marco de la guerra fría. Actualmente la lucha contra el narcotráfico es la razón alegada. Como se puede ver en el mapa, existen actualmente cuatro bases estadounidenses en territorio hondureño. Junto a la ciudad de Comayagua podemos encontrar el asentamiento de tropas norteamericanas más antiguo en Honduras: la Base Aérea "José Enrique SOTO CANO" y la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo (US military's Joint Task Force Bravo (JTF-B). Creada en la década de los cincuenta, cumplió funciones de entrenamiento y asistencia técnica a los 36

gobiernos y fuerzas irregulares aliados de Estados Unidos en la región, en especial durante la década de los ochenta. Fue creada con fines claramente de intervención militar en la región. Se trata de una base de especial importancia estratégica para Estados Unidos, ya que es la única con capacidad para que operen los aviones más grandes del ejército norteamericano, además de ser un punto estratégico entre el Norte y el Sur de Latinoamérica. Actualmente justifica su presencia entre otras razones para “apoyar las estrategias nacionales anti-drogas”60. De esta forma, existe en la zona central del territorio hondureño una base militar de la potencia extranjera que, durante las últimas décadas, ha sido responsable de gran parte de los cambios políticos que han ocurrido en el país 61. Y lo que es más importante, una de las justificaciones que se ofrece para la existencia de estas instalaciones es la lucha contra el narcotráfico. Las otras tres bases que aparecen el gráfico son de reciente creación y sirven como bases logísticas para las operaciones que se realizan en la Mosquitia contra el narcotráfico. Todas ellas se han levantado durante el gobierno de Porfirio Lobo en los años 2010 y 2011. En enero de 2012 se inauguró otra base militar en la isla de Guanaja 62. En su construcción participaron efectivos del ejército estadounidense, que podrán utilizar la base en sus operaciones contra el narcotráfico. Vemos pues como cada vez son más los asentamientos que el Ejército de los Estados Unidos posee en el territorio hondureño, lo que supone un menoscabo para su soberanía. Pero no se acaban ahí los motivos de preocupación. Durante el año 2012 han venido produciéndose reportes por parte de los organismos de derechos humanos relativos a la actividad que, especialmente en la región de la Mosquitia, llevan a cabo cuerpos especiales del Ejército de los Estados Unidos y la DEA, junto con militares y policías hondureños y guatemaltecos. Se trata de operaciones que se realizan sin ningún tipo de control político o social y que ya han costado la vida de varios civiles inocentes. Se ha reportado la utilización de helicópteros artillados usados normalmente en zona de guerra. Destacan los eventos que se produjeron el día 11 de mayo de 2012 en el municipio de Ahuás. En esta ocasión se confirmó que un helicóptero titularidad del ejército norteamericano 63 en el que viajaban agentes de la DEA y contratistas de seguridad privada (léase mercenarios) dirigieron un operativo conjunto con el ejército y la policía hondureños. Murieron 4 personas, incluyendo

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Cita extraída de web oficial de base militar. Pocos meses después del golpe de estado de 2009, el señor Douglas Fraser, entonces jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, admitió que la base de Palmerola fue utilizada como puente para sacar al presidente Zelaya del país rumbo a Costa Rica. 62 La Tribuna, “Entra en operaciones Base Naval de Guanaja para contrarrestar narcos”, 26 de enero de 2012, Honduras. 63 CBS News, “DEA admits to role in deadly Honduras helicopter shooting”, 16 de mayo de 2012, Estados Unidos. 61

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dos mujeres, un joven de 14 años y un hombre de 21 años. Al menos cuatro personas fueron heridas de gravedad 64. También ha salido a la luz a causa de estas situaciones que en el país opera un grupo de operaciones especiales de la DEA denominado Equipo de Apoyo y Asesoramiento Desplegados en el Exterior (FAST por las siglas en inglés). Dicho equipo utiliza tácticas de contrainsurgencia aprendidas en Irak, Yemen, Pakistán y Afganistán 65. Estos hechos ponen de manifiesto cómo, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, tropas extranjeras y mercenarios operan en algunas zonas del país con total impunidad. Sobre los excesos que cometan contra la población no hay instancia a la que reclamar, ya que estos operativos se realizan de manera encubierta y sin un estatuto legal definido. En ellos se criminaliza a la población civil que reside en las zonas más conflictivas del país. Esta población queda así atrapada en un contexto de violencia que no se ajusta a ninguna normativa, como si viviesen un conflicto armado en toda regla.

4.2 La cooptación de los aparatos del estado por las organizaciones delictivas: la extensión de la corrupción y el debilitamiento del estado de derecho La relación de Honduras con el narcotráfico data ya de varias décadas. Durante todo este tiempo, las organizaciones del crimen organizado han logrado infiltrarse en los diferentes poderes del estado. De esta forma, conceptos como la independencia judicial, la probidad de los cargos electos o la incorruptibilidad de las fuerzas del orden, que ya sufrían una imagen bastante mala, han caído en el total descrédito. A continuación analizamos como ha afectado esta infiltración a diferentes instituciones del estado.

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Una misión de derechos humanos que posteriormente se desplazó al lugar de los hechos constató lo siguiente: “La delegación presenció una atmósfera de terror siendo generada en medio de la pobreza extrema de la zona donde la población indígena ahora está perdiendo el control de los recursos naturales que son clave para el desarrollo de su economía (…) Luego de la masacre al menos un helicóptero aterrizó y por lo menos diez hombres angloparlantes altos de piel clara y poca habilidad para hablar español, vistiendo uniformes militares (…) Las víctimas permanecieron en las márgenes del río y en el bote dañado hasta que los helicópteros se retiraron. De esta manera las fuerzas de seguridad retrasaron la asistencia médica de emergencia por dos o tres horas. Fuente: Defensores en línea. 65 The New York Times, “D.E.A.’s Agents Join Counternarcotics Efforts in Honduras”, 16 de mayo de 2012, Estados Unidos.

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4.2.1 Fuerzas Armadas y Policía Es sin duda en estas instituciones en las que la infiltración del crimen organizado muestra un aspecto más visible para la sociedad. Cada semana aparecen noticias en los principales medios de comunicación del país en las que se hace patente las estrechas relaciones entre algunos miembros de la policía y el ejército y los cárteles de la droga. De la misma forma, la opinión pública es continuamente escandalizada al observar las claras evidencias de los nexos entre las fuerzas armadas y el narcotráfico. La narcoactividad llegó a Honduras de la mano de las Fuerzas Armadas. Desde los años setenta vemos a importantes oficiales de la institución armada relacionados con casos de narcotráfico. La institución armada es acusada incluso de proteger al narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera desde medios internacionales. Es más que evidente que siguen existiendo numerosos elementos del narcotráfico infiltrados entre los uniformados. Arroja luz sobre este asunto un cable hecho público por Wikileaks 66 en 2008, en el cual el gobierno de Estados Unidos manifiesta su malestar con respecto al ejército hondureño en los siguientes términos: “El gobierno de Estados Unidos ha tomado conciencia de que las armas ligeras antitanque y granadas suministradas a Honduras en el marco del programa de Ventas Militares al Extranjero fueron recuperadas en México y Colombia”. En el mismo cable, se menciona un informe publicado por la Agencia de Defensa en Inteligencia (DIA) titulado “Honduras: armas militares alimentan el mercado negro armamentístico”. En el informe se relata como armas transferidas por los Estados Unidos al ejército de Honduras en 1992 aparecieron en manos de narcotraficantes en México y Colombia. Según la prensa hondureña, en abril de 2008 una investigación realizada por los militares hondureños reveló que el Segundo Batallón de Infantería no podía responder por el paradero de 26 de cincuenta armas transferidas67. En numerosas ocasiones ha salido a la luz actuaciones más que dudosas de las Fuerzas Armadas en cuanto a su independencia con respecto de los cárteles. Entre ellas podemos destacar el robo en noviembre de 2010 de una avioneta decomisada a narcotraficantes por parte de cinco individuos encapuchados del interior de una de las bases de la Fuerza Aérea Hondureña68. Que este tipo de situaciones se produzcan con relativa frecuencia muestra el nivel de descomposición moral que reina en el interior de unas Fuerzas Armadas, que hace tiempo están infiltradas por las organizaciones del narcotráfico. Similar es la situación que se vive en el interior de la policía hondureña. El involucramiento de las fuerzas de seguridad del país en todo tipo de delitos es patente para 66

Referencia del cable: S E C R E T STATE 105491 El Heraldo, “Wikileaks vincula ejército de Honduras con cárteles”, 26 de abril de 2011, Honduras. 68 El Heraldo, “Sustraen avioneta de base aérea hondureña”, 1 de noviembre de 2010, San Pedro Sula, Honduras. 67

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toda la sociedad hondureña. De ahí que más que seguridad, la Policía Nacional transmite miedo a la población que se siente doblemente desprotegida frente a delincuentes y policía. Desde las mismas instituciones del estado denuncia esta infiltración el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos, Ramón Custodio. Según las palabras de este funcionario, la policía ejerce un tipo de represión cuyo objetivo es “imponer un terrorismo a favor del crimen organizado y del narcotráfico”69. Más contundente todavía se muestra la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras al opinar que “casi en todos los hechos delictivos (que se producen en Honduras) se encuentra un policía involucrado”70. El clima de impunidad en el que se enmarcan todos estos hechos es de tal gravedad que el asesinato de personalidades como José Alfredo Landaverde no pasa de ser noticia durante unas semanas. Este señor, que había ejercido como asesor de la Secretaría de Seguridad de Honduras durante 2011, fue asesinado ese mismo año en Tegucigalpa al caer en una emboscada. Llevaba meses denunciando la infiltración del narcotráfico en la policía y había solicitado al presidente Porfirio Lobo que interviniese la institución de la Policía Nacional para hacer una depuración a fondo 71. La cooptación de numerosos agentes de ambas instituciones tiene consecuencias dramáticas para el desarrollo de Honduras. En la situación actual, los ciudadanos no pueden hacer valer sus derechos ante las demás personas, y mucho menos frente a los miembros del ejército y la policía o el estado. La supeditación de muchos de sus miembros a los intereses de los narcos hace que la población sienta una gran desconfianza de estas instituciones como defensoras de sus derechos. De hecho, la institución militar y policial está bajo sospecha en su conjunto. De esta forma, las instituciones que son encargadas por un lado de la defensa nacional y por el otro del cumplimiento de la Ley y la defensa de la ciudadanía son vistas como parte del problema de violencia y corrupción que se vive en el país.

4.2.2 Poder judicial Con respecto al poder judicial, no existen documentos que nos sirvan para conocer cuál es el grado de penetración que el crimen organizado tiene en este poder. A pesar de eso, disponemos de algunos datos con respecto a la cantidad de personas condenadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas en el país. Según información publicada por el Observatorio Hondureño sobre Drogas, durante el año 2009 se procesaron judicialmente por casos relacionados con el tráfico de cocaína a la siguiente cantidad de personas: 69

El Heraldo, “Ramón Custodio: La Policía hondureña impone terrorismo a favor del narcotráfico”, 5 de mayo de 2012, Tegucigalpa, Honduras. 70 Proceso Digital, “Casi en todos los hechos delictivos se encuentra un policía involucrado: Rectora”, 20 de mayo de 2012, Honduras. 71 La Prensa, “Honduras: silencian a José Alfredo Landaverde”, 8 de diciembre de 2011, Honduras.

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Gráfico: detenidos por Tráfico y posesión de cocaína en 2009 en Honduras

Fuente: Observatorio Hondureño sobre Drogas, Consejo Nacional contra el Narcotráfico.

Resulta sorprendente que durante el 2009 sólo se procesase a un total de 16 personas por tráfico de cocaína en Honduras; más cuando sabemos la importancia del país en las rutas del tráfico internacional de esta droga. El hecho de que la cantidad de personas detenidas por simple posesión (23) esté por encima de las detenidas por tráfico nos da una idea del esfuerzo real que las autoridades hacen para luchar contra el narcotráfico de manera efectiva. Ya denunciaba esta situación en 1999 el que fuera secretario del Consejo Nacional Contra el Narcotráfico en aquella época Alfredo Landaverde: “aquí (en Honduras) nadie quiere hacer nada, los fiscales dicen que no capturan una gente vinculada al narcotráfico porque no tienen juicios, pero está comprobado en Estados Unidos y otros países que son narcotraficantes (…)¿cómo es posible que los jueces, fiscales y policías no saben que la droga la recibe fulano de tal y que la trafica sutano en San Pedro Sula y Tegucigalpa? (…) Parece que tienen miedo y por eso no hacen nada, pero si es así mejor que renuncien”72. Esta información deja claro que los órganos judiciales encargados de llevar a cabo la labor de enjuiciamiento no llevan a cabo dicho trabajo. Si esta situación se produce por estar los jueces trabajando al servicio del narcotráfico o si mas bien se debe al miedo que puedan tener estos a ser atacados por su labor contra las organizaciones criminales es algo que no se puede determinar con la información disponible. También sabemos que hay una gran cantidad de personas privadas de libertad en espera de sentencia. De hecho esta situación afectaba al 51% de la mitad de la población carcelaria en 2008 73. La pregunta que cabe hacerse a la luz de estos datos es: ¿realmente son tan pocas las personas detenidas al año por tráfico y posesión de cocaína? Cuando se lee la prensa hondureña, continuamente se hace referencia a incautaciones de droga y a las detenciones consiguientes. De ninguna forma, atendiendo a la cantidad de incautaciones que aparecen en la prensa, es posible que sean tan pocas las personas detenidas. Lo que esto demuestra es una tremenda negligencia a la hora de ofrecer datos estadísticos sobre la lucha contra el narcotráfico por parte de las instituciones competentes.

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Reuters, “Jueces, fiscales y policías de Honduras temen a narcos”, Radio Caracol, 21 de septiembre de 1999, Bogotá, Colombia. 73 El Heraldo, “Peligroso hacinamiento en cárceles de la región”, 16 de febrero de 2012, Tegucigalpa, Honduras.

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El 8 de agosto de 2012 se produjo un caso que pone de manifiesto la total supeditación de una buena parte del poder judicial hondureño a los intereses del narcotráfico. En esta fecha se puso en libertad al señor José Natividad “Chepe” Pereira Luna. Este empresario del transporte había sido detenido el día anterior en ejecución de una orden de captura librada por el Juzgado Seccional de Choluteca el 4 de agosto de 1998 por el delito de tráfico ilegal de indocumentados en perjuicio de la libertad y seguridad del Estado de Honduras. También existía una alerta roja de captura de interpol en su contra por los delitos de emigración clandestina, blanqueo de capitales y tráfico de cocaína. Su liberación se reportó inicialmente como consecuencia de la presentación de un habeas corpus, planteamiento jurídicamente insostenible ante la gravedad de los delitos que se le imputaban y el clarísimo riego de fuga. Su liberación provocó la airada reacción del presidente de El Salvador Mauricio Funes 74. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia ha venido dando una versión según la cual no fueron los tribunales quienes liberaron al narcotraficante. Sin ningún tipo de pudor, explicaron que la liberación fue una decisión administrativa que partió de las autoridades de migración 75.

4.2.3 Poder legislativo y ejecutivo Durante los últimos años en Honduras se ha sabido del caso de varios diputados y funcionarios electos, así como personas cercanas al poder político que han estado trabajando al servicio del narcotráfico. En junio de 2003 fue detenido en Nicaragua el diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el Partido Liberal, Cesar Díaz Flores. En su poder se encontraron 7 kilos de heroína y 350.000 dólares. Actualmente cumple condena de prisión en Nicaragua. En julio de 2003 fue detenido el diputado del Partido Nacional Armando Ávila Panchamé tras una persecución policial que se produjo después de un tiroteo entre narcotraficantes y policía. Fue condenado a 20 años de prisión. Pocos meses después de ingresar en la Penitenciaría Nacional fue asesinado por otro reo. Según la información publicada en la prensa hondureña, los cuerpos de inteligencia manejaron la tesis de que la detención de Ávila Panchamé se originó por una guerra entre cárteles colombianos que ejercen control en el territorio hondureño y en regiones fronterizas de Nicaragua y Guatemala. La captura del parlamentario nacionalista fue

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La Prensa, “Funes: Honduras frustró justicia al liberar a "Chepe" Luna”, 9 de agosto de 2012, San Pedro Sula, Honduras. 75 El Heraldo, “Acción administrativa y no judicial permitió liberación de "Chepe" Luna”, 9 de agosto de 2012, Tegucigalpa, Honduras.

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calificada como una acción de venganza por parte del “Cártel de Cali” por la detención del diputado Cesar Díaz76. En el año 2010 fue capturado en Colombia Miguel Ángel Villela, hermano de Armida Villela de López, diputada durante el gobierno de Ricardo Maduro, Presidenta del Consejo Nacional contra el Narcotráfico y esposa del ex-canciller de facto del gobierno golpista de 2009, Carlos López Contreras. Al momento de la detención, el entonces Ministro de Seguridad Oscar Álvarez alegó que las autoridades hondureñas no quisieron correr el riesgo de poner a la orden de la justicia hondureña a Miguel Ángel Villela Meza porque a los jueces hondureños “les tiemblan las manos”. Todos estos hechos constituyen pruebas contundentes de cómo el narcotráfico tiene un arraigo entre las clases dirigentes del país. Las situaciones de extrema gravedad a que acabamos de referirnos son sólo la punta del iceberg de toda una red clientelar que el narcotráfico ha tejido entre la clase política hondureña. Merece la pena resaltar el caso del alcalde del municipio de El Paraíso, en el Departamento de Copán. Según fuentes de inteligencia citadas en un informe de Naciones Unidas, el señor Alexander Ardón, regidor de este municipio, trabaja directamente para el Cártel de Sinaloa. Este individuo ha construido un consistorio a imitación de la Casa Blanca con helipuerto incluido, y 40 hombres armados velan por su seguridad 77. En julio de 2009 apareció en la web cubana Cubadebate un documento sin fechar supuestamente firmado por el Coronel de Infantería René Adalberto Paz Alfaro y con el membrete de la Secretaría de Defensa 78. En el figuraban los nombres de prominentes personalidades hondureñas y se los relacionaba con uno u otro cártel. Al entonces Presidente de facto Roberto Micheletti se lo vinculaba con el Cártel de Cali.

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La Prensa, “Captura de diputados muestra infiltraciones”, 25 de junio de 2011, Honduras. Steven S. Dudley, op.cit. 78 Cubadebate, “Micheletti, vinculado al Cártel de Cali, en una lista de narcos del Ministerio de la Defensa”, 17 de julio de 2009, La Habana, Cuba. 77

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5. Militarización social y privatización de la seguridad 5.1 El desbordamiento de las capacidades de las fuerzas del orden La capacidad financiera y los medios humanos y materiales a disposición del narcotráfico superan con creces los de la policía hondureña. Ante esta realidad, el estado hondureño ha optado por movilizar al ejército para apoyar las labores de la policía. El 30 de noviembre de 2011 el Congreso Nacional aprobó una iniciativa que otorga funciones de policía a los militares aunque esta práctica ya se venía realizando en Tegucigalpa desde el 14 de julio de este mismo año según la prensa. El día 5 de diciembre de 2011 el gobierno decretó en este marco una “emergencia en materia de seguridad pública”, con lo que concedió a las Fuerzas Armadas las competencias previstas en el decreto aprobado en noviembre para el plazo de 90 días 79. Posteriormente este plazo se ha ido prorrogando, siguiendo en vigor durante la realización de este estudio a julio de 2012. La militarización de las centrales de policía y el despliegue del ejército para luchar contra el crimen organizado ha sido interpretada negativamente por las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos en Honduras. El Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) acompañó la interposición de una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto que realizó el señor Wilfredo Yánez el día 3 de julio de 2012 80. Este ciudadano es el padre de un menor que fue acribillado por efectivos militares que controlaban un retén en una de las salidas de la capital hondureña. Este tipo de situaciones se han multiplicado desde la vigencia del estado de emergencia de noviembre de 2011. La militarización de las labores policiales ya ha sido probada en otros países. En México, por ejemplo, forma parte de la política lleva a cabo durante el mandato del presidente Felipe Calderón. Al igual que en el caso de Honduras, las denuncias de violaciones a los derechos humanos se han multiplicado, mientras que los resultados con respecto a la lucha contra el narcotráfico no son apreciables. Más preocupante resulta todavía el otorgar mayor importancia a unas Fuerzas Armadas que protagonizaron junto con otros sectores del la oligarquía hondureña un Golpe de Estado en el año 2009. Como consecuencia de la asonada se interrumpió el frágil proceso democrático que el país venía experimentando. Desde entonces se viene produciendo un aumento drástico de las violaciones a los derechos humanos, con múltiples víctimas entre

79

Diario Tiempo, “Gobierno decreta emergencia por inseguridad pública”, 6 de diciembre de 2011, Honduras. Marvin Palacios, “Presentan recurso de inconstitucionalidad contra decreto que otorga facultades policiales a las FFAA”, Defensores en línea, 3 de julio de 2012, Tegucigalpa, Honduras. 80

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activistas políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos. Los militares han venido aumentando sus atribuciones y se asiste a una re-militarización del país. El estado de emergencia decretado por el gobierno de Porfirio Lobo ha venido a reforzar el impulso que las Fuerzas Armadas habían experimentado desde el Golpe de Estado. Es muy preocupante para el futuro de la democracia hondureña el poder acumulado por la institución armada en el país. Más cuando durante la vigencia de la actual constitución se han venido produciendo periodos de gobiernos civiles bajo control militar. La aprobación en enero de 2012 de la denominada Ley de Escuchas 81, mediante el decreto 234-2011, supone un nuevo avance en la militarización del país y un claro retroceso en las libertades y el avance en el proceso democrático. Esta ley, amparada en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, otorga facultad a las Fuerzas Armadas para poder intervenir conversaciones en Honduras. Es también notorio que la insuficiencia de los medios policiales ha forzado a los particulares a auto protegerse. Si alguien camina por las calles de las zonas céntricas de Tegucigalpa o San Pedro Sula, podrá observar como cada pocos metros encuentra un guardia de seguridad privada armado vigilando algún negocio o vivienda. Según un estudio sobre empresas de seguridad privada en Honduras “la ciudadanía ha tenido reacciones individuales, en primera instancia, y comunitarias en un segundo momento; se comenzó por proveer de mayor seguridad a las viviendas, levantando muros y verjas, haciendo de las viviendas verdaderas murallas y adquiriendo animales guardianes; (…) Recurrir a los servicios de seguridad privada y a la organización en los barrios y municipios de los Comités de Vigilancia de la Comunidad, ha sido la segunda opción” 82 . La enorme proliferación de empresas de seguridad privada se ha realizado en Honduras de una manera tan desordenada y con una supervisión por parte del estado tan laxa que ha generado problemas. Según información publicada en la prensa, en el 2009 operaban en el país unas 500 empresas de esta categoría, de las cuales sólo 170 estaban legalmente inscritas. Según estos mismos datos en ese año había un policía por cada tres agentes de seguridad. Frente a 16.000 policías y 14.000 soldados, existían una cantidad de guardias de seguridad estimada entre 40.000 y 60.000, en esa fecha83.

81

La Tribuna, “ONG acusan al Estado hondureño ante relatora de ONU por violar DD.HH.”, 13 de febrero de 2012. Tegucigalpa, Honduras. 82 Julieta Castellanos, “Las empresas de seguridad privada y las amenazas a la seguridad”, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ponencia preparada para el VI Seminario sobre Investigación y Educación en Estudios de Seguridad y Defensa (REDES 2003), CHDS, Santiago de Chile, 27 al 30 de octubre de 2003. p. 8. 83 La Prensa, “Por cada policía hay tres guardias privados”, 8 de noviembre de 2009, Tegucigalpa, Honduras.

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Según este estudio, varias de estas empresas poseen en su arsenal declarado armas que son prohibidas en Honduras. Esto demuestra la conexión que existe entre estas empresas y el tráfico ilegal de armas. También es preocupante el involucramiento de estas empresas en conflictos sociales en diferentes partes del país, como sucede en el Bajo Aguan. En este valle existe un conflicto entre grandes terratenientes y pequeños campesinos por la propiedad da tierra que ha dejado más de 80 muertos en los últimos años84. La participación de empresas de seguridad privada en los sucesos más violentos ha sido habitual. Es especialmente preocupante la fuga de armas que se produce en este tipo de empresas y que pasan a alimentar el mercado negro y la violencia en el país. Según datos de la ASEMSIPH, aparecen registradas como armas extraviadas y armas robadas el 24.71% de las armas reportadas por las empresas85.

5.2 El aumento del gasto en seguridad: militarización, estado policial y empresas de seguridad privada En Honduras, y en los países del denominado triangulo Norte de Centroamérica 86, se vive una situación de violencia que afecta a todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, en gran parte a causa de la fuerza del crimen organizado. Una parte de la sociedad, e importantes miembros de la clase política y empresarial, han creído conveniente responder a esta situación aumentando los medios de la policía y desplegando al ejército por todo el país. De la misma forma, el recurso a empresas de seguridad privada constituye una necesidad para la mayoría de empresas e instituciones que hay en el país. En el siguiente cuadro podemos observar como el porcentaje del PIB que se destina a gastos de seguridad en las naciones centroamericanas ha venido aumentando en los últimos años:

84

El actual ciclo sangriento de este conflicto comenzó en diciembre de 2009. Para más información consultar los informes y denuncias publicados por Vía Campesina de Honduras. 85 Julieta Castellanos, op.cit. p. 10. 86 Compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras. Cuando se asocia a estos tres países en base a esta denominación se hace debido a las altas tasas de violencia y la importante presencia del crimen organizado.

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Gráfico: Gasto en seguridad como porcentaje del PIB por país en Centroamérica

Fuente: “Información sobre el gasto público de seguridad y justicia en Centroamérica”, PNUD.

La militarización de la sociedad hondureña que se ha venido produciendo constituye una nueva amenaza para el desarrollo de Honduras. Otro aspecto que tiene una especial importancia para el desarrollo de Honduras es el lastre que supone para las cuentas públicas los presupuestos de militares y policía. Recursos de gran valor económico que podrían dirigirse a la realización de políticas públicas encaminadas a mejorar el nivel de vida y las oportunidades de las personas son consumidas en la lucha contra el narcotráfico, que se presenta como la principal preocupación de la población. En el año 2012 la cantidad de recursos destinados a la finalidad de Defensa y Seguridad fue de 9.232.585.401 Lempiras (más de 480 millones de dólares americanos), el 11,6% del total de los gastos del gobierno central87. En el año 2005 este gasto solo suponía el 5.5%, casi la mitad. Es importante recordar que la inseguridad en Honduras ha crecido vertiginosamente desde 2005. El gasto público se muestra así insuficiente a pesar de haberse doblado en los últimos años. Gráfico: porcentaje del Presupuesto Nacional dedicado a defensa y seguridad

2012 11.6

Porcentaje del Presupuesto Nacional dedicado a Defensa y Seguridad por año 2011 2010 2009 2008 2007 2006 11.03 11.68 11.11 10.55 11.33 10.2

2005 5.55

Fuente: Secretaría de Finanzas de Honduras

Vemos que debido a la situación de inseguridad que ha generado el crimen organizado se viene produciendo una demanda de mayor gasto en seguridad y defensa. Actualmente el aumento del gasto no ha producido una mejora en la situación del país, por lo que, previsiblemente, este gasto aumentará en los próximos años. Dada la difícil situación financiera del estado de Honduras, todos los recursos que se destinen a estas partidas suponen una disminución de los mismos para fines sociales tales 87

Secretaría de Finanzas de Honduras, “Presupuesto Aprobado de Egresos Gobierno Central 2012”, Tegucigalpa, 2012.

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como la mejora de la educación, la sanidad y otros. Para intentar suavizar el impacto de esta situación el gobierno actual ha introducido la Ley Temporal de Seguridad Poblacional, también conocida como tasa de seguridad o “tasón”. Según lo establecido en el Decreto 105-2011 que lo regula, se aplicará esta tasa a los propietarios de depósitos a la vista de cheques al igual que aquellos que adquieran cheques de cajas, certificados, de viajeros u otros instrumentos financieros similares existentes o por crearse. El dinero recaudado se destinará a un Fondo de Seguridad para ser administrado. Esta medida ha enfrentado una fuerte oposición de la clase empresarial hondureña. La presión fiscal en Honduras es muy baja y los empresarios del país no son proclives a aumentarla. Este tipo de impuestos constituyen un lastre para la economía, ya que suponen un freno a la actividad económica en cuanto que dificultan la obtención de beneficios. Normalmente este efecto de los impuestos se ve compensado por otros positivos relacionados con su utilización por parte del estado con fines redistributivos o de mejora de infraestructuras. Sin embargo, en el caso de la tasa de seguridad nos encontramos con que la acción del gobierno no trae efecto positivo alguno a la economía, ya que se dedica a una actividad que no dinamiza al resto de actividades ni beneficia a los más pobres. La existencia de este impuesto afectará negativamente a la llegada de inversiones del exterior, que preferirán invertir en países con condiciones más favorables. La necesidad que tienen las empresas de contratar seguridad privada para poder operar con un mínimo de seguridad en el país también constituye un grave problema para la economía. El encarecimiento de las operaciones que conlleva esta necesidad hace a Honduras menos atractivo para la inversión. No existen datos sobre el coste global de la seguridad privada en Honduras, sin embargo la cantidad de guardias existentes nos hace pensar que la inversión alcanza varios puntos del PIB. El Salvador gasta por este concepto un 1.85% de su PIB, siendo un país con tan solo 19.200 guardias y una economía mucho más industrializada que la hondureña, por lo que el peso relativo de la seguridad privada con respecto a su PIB se vería más diluido que en Honduras88.

88

Armando Carballido Gómez, “Diagnóstico de la seguridad pública y privada en Guatemala, Honduras y El Salvador”, Washington DC, Organización de Estados Americanos, 2007. http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=diagn%C3%B3stico%20de%20la%20seguridad%20p%C3%BAblic a%20y%20privada%20en%20guatemala%2Chonduras%20y%20el%20salvador&source=web&cd=1&ved=0 CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdsp%2FPresentaciones%2FSeg%2520Pub%2520y%2 520Priva%2520en%2520Guate.PPT&ei=pMtfUL_BMs_Tsga93IHAAg&usg=AFQjCNFXqbNRBoTvq14bZ KQ0QOdshSOJPw

48

6. Conclusiones Como hemos analizado a lo largo de este estudio, la guerra a las drogas constituye una política pública cuyo origen se remonta a los años setenta. Desde el lanzamiento de esta estrategia por parte de los Estados Unidos, países de todo el mundo vienen aplicando unas políticas que muchas veces han sido contraproducentes para sus propios intereses y que han mostrado resultados escasos en cuanto a la consecución del objetivo de acabar o reducir el consumo de drogas. Si el objetivo de esta guerra era acabar con el consumo de drogas podemos decir que a finales de 2012 los esfuerzos realizados en este sentido han resultado ser completamente inútiles. No sólo no ha desaparecido el consumo de drogas si no que el tráfico de este tipo de sustancias se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del planeta. Además, sustancias como la cocaína se han popularizado desde entonces en zonas en las que no existía un consumo relevante, como en América Latina. También es importante observar cuales son las justificaciones que se esgrimen para la aplicación de estas políticas. Supuestamente, al momento de establecerse esta estrategia existía una amenaza de pandemia relacionada con el consumo de drogas, pero podemos ver que la actual tasa de consumo de estas sustancias queda lejos de representar un riesgo de pandemia para ningún estado. Según el World Drug Report de 2012, solo el 0.6% de la población mundial constituyen usuarios problemáticos de drogas. La historia nos muestra que estas políticas prohibicionistas han tenido efectos nefastos, como en el caso de las leyes de prohibición de venta de bebidas alcohólicas en Estados Unidos a principios de siglo XX, que solo sirvieron para fortalecer a las organizaciones mafiosas y crearon importantes problemas de salud pública para quienes decidían consumir alcohol en el mercado negro, debido al mal estado del producto ofrecido en este tipo de contextos. La pregunta que cabe hacerse es ¿es que el gobierno de Richard Nixon –que fue quien ideo las políticas prohibicionistas vigentes- no conocía los desastrosos resultados que la ley seca había provocado en su país tan solo unas décadas antes de promulgar la guerra a las drogas? Sin duda estas experiencias eran conocidas por el ex-presidente, sin embargo no las tomó en cuenta. Las motivaciones para llevar a cabo este tipo de política debieron de basarse en criterios relacionados con la criminalización de un cierto modo de vida dentro de su país, y con la intención de preparar nuevas formas de intervención en el extranjero. Hoy el narcotráfico ha elegido a Honduras como una de sus principales bases de operaciones debido a la debilidad institucional y la corrupción generalizada que existe. Si finalmente se consigue sacar a estos grupos del país por la vía militar, se moverán hacia el siguiente eslabón en la cadena: tal vez algún país del Caribe o Centroamérica. La violencia 49

seguirá reproduciéndose saltando de un país a otro según las conveniencias del crimen organizado, que seguirá lucrándose igual o más. La violencia ya se desplazó de Colombia a México. Y ahora se está desplazando de México a Centroamérica. En ninguno de estos países el narcotráfico ha dejado de existir y seguirá siendo un problema de primer orden. Lo único que se ha conseguido es desplazar una parte de las actividades de estas organizaciones a otros países: el problema a nivel global sigue siendo el mismo. Como hemos examinado a lo largo de este estudio, Estados Unidos ha utilizado el negocio de las drogas (que es un negocio tan grande debido a su situación de ilegalidad) para financiar grupos armados, golpes de estado y dictadores favorables a sus intereses. En concreto, en Honduras sirvió para financiar a la contra nicaragüense cuyo objetivo era desestabilizar y eventualmente derrocar al gobierno sandinista. El lingüista norteamericano Noham Chomsky afirma lo siguiente: “No creo que la guerra contra las drogas sea un fracaso: tiene un propósito diferente al anunciado” 89. Según este intelectual, el verdadero propósito de esta guerra no es ganarle la partida al narcotráfico, si no activar mecanismos que permitan al ejército y corporaciones cercanas al poder estadounidense estar presentes en diferentes partes del mundo. La realidad es que, con la excusa de la guerra al narcotráfico, Estados Unidos ha ampliado su presencia militar en varios países de América Latina. El propósito de esta guerra se manifiesta en Honduras de muchas formas. La actual extensión de las bases militares norteamericanas a lo largo del país es una prueba clara de cómo Estados Unidos se está re-posicionando militarmente en el subcontinente, utilizando el narcotráfico como argumento. Hay que recordar que con este mismo motivo se han abierto recientemente 8 nuevas bases en Colombia y se han desplegado miles de soldados en Costa Rica entre otros hechos. La mayor dependencia que el ejército y los policías hondureños, así como el estado en su totalidad tienen con respecto a Estados Unidos para hacer frente a las organizaciones del narcotráfico, supone también una pérdida de independencia de estas instituciones frente a los intereses de la potencia. La ayuda prestada por los Estados Unidos sin duda deberá ser compensada en forma de condiciones favorables para los intereses estadounidense en Honduras, ya sean estos militares, comerciales o políticos. Esto responde parcialmente a la segunda hipótesis que planteábamos al inicio de este estudio. Si bien esta situación de dependencia no es una demostración directa de que “la política de guerra a las drogas ha servido y sirve como instrumento para hacer efectivos los intereses de Estado Unidos en Honduras”, sí nos muestra que la posición final en la que ha quedado el estado hondureño le hace mucho más fácilmente manipulable por parte de la potencia del Norte que en el caso de no haberse

89

La Jornada, “Guerra antidrogas: http://www.jornada.unam.mx/2012/05/13/edito

fracaso

50

o

mascarada”,

México

DF,

2012.

dado la guerra al narcotráfico con todas las consecuencias que ha traído para el país y la región. Además de esto, podemos establecer, tras el análisis realizado en este informe, que la guerra contra las drogas ha tenido consecuencias nefastas para el desarrollo de Honduras. El impacto producido afecta prácticamente todos los aspectos de la sociedad hondureña. El narcotráfico alimenta el mercado de armas de Honduras, donde se estima que circulan unas 650.000 armas de manera ilegal. Colabora a elevar el índice de homicidios, que es el más alto del mundo, siendo la primera causa conocida de homicidios la relacionada con el crimen organizado. Provoca la fragmentación del territorio, quedando amplias zonas del país en manos de los criminales. Es una fuente de dependencia con respecto a la ayuda de Estados Unidos, que durante décadas se ha comportado como una potencia dominante en el país. También es una de las causas de la fractura del débil estado de derecho hondureño y de la ínfima calidad democrática del sistema hondureño, al que hunde en un círculo vicioso de corrupción y violencia. La guerra a las drogas fue diseñada fuera del territorio hondureño y supuestamente traería como consecuencia el fin del consumo de un tipo de sustancias que se han considerado especialmente nocivas para la salud. Sin embargo, para Honduras, la existencia de este tipo de negocio en el territorio nacional ha supuesto un cambio en las relaciones de poder existentes. El estado ha perdido su prevalencia, frente a un poder fáctico ilegal que extiende sus redes en todas las instituciones del estado y que maneja a su antojo a políticos, militares y policías. El daño a la salud de los consumidores de drogas que se pretendía evitar con la prohibición no sólo no ha sido evitado. Además se ha producido otro daño, esta vez a la salud de estados como Honduras, que han quedado en manos de intereses oscuros que corroen el carácter democrático del estado y hunden en la corrupción a todo el sistema. La penetración de las organizaciones del narcotráfico en el ejército y la policía han traído como consecuencia la desvirtuación de sus funciones. La infiltración del narcotráfico en los aparatos policiales y del ejercito hace que caigan en redes de corrupción y no actúen en defensa del estado y la ciudadanía. Como consecuencia han abandonado la defensa de la ciudadanía o de la nación, que deberían ser sus obligaciones primordiales. El golpe de estado de 1978 fue una muestra de hasta qué punto el poder corruptor del narcotráfico puede pasar por encima del estado. Como ya hemos visto, este golpe se produjo como consecuencia de la implicación de altos mandos del ejército en actividades del narcotráfico. En aquella época el negocio de la cocaína todavía no era nada comparado con lo que representa ahora. Si entonces pudieron derrocar al gobierno, qué no podrán hacer ahora que el narcotráfico ha multiplicado sus recursos e influencia. La corrupción de los poderes políticos, de los tribunales y de los responsables de los medios de comunicación más importantes ha supuesto para Honduras caer en una trampa 51

de difícil salida a corto plazo. La cooptación de gran parte de los poderes públicos dificulta a los que permanecen al margen de las redes del narco la denuncia, ya que se enfrentaran a todo un sistema de corrupción que se auto perpetua y que mueve tanto dinero que hará lo que sea, incluyendo matar, para seguir existiendo. La quiebra de un estado de derecho ya de por si maltrecho dificulta cualquier esfuerzo a favor del desarrollo ya que no permite que exista un marco fiable para la inversión ni para que los ciudadanos confíen en las instituciones del estado y actúen conforme a las leyes. En la sociedad hondureña ha producido también importantes desgarros el hecho de que una parte de sus miembros hayan apostado todo a una nueva forma de vida en la que el dinero fácil, la violencia y la corrupción son los valores supremos. La cultura de la violencia se ha extendido en una parte de los barrios de las principales ciudades del país, que a consecuencia de este negocio, se han visto inundadas de armas. Y no sólo eso, el recurso al sicariato, que tan arraigado está entre los narcotraficantes, ha sido también adoptado por una parte de la población hondureña. La fácil disponibilidad de este tipo de asesinos a sueldo por parte de cualquier ciudadano muchas veces precipita la contratación de estos servicios frente al temor de que sea el “otro” el que los contrate primero. La guerra entre cárteles que actualmente acontece en Honduras pero que también afecta a México, Guatemala y El Salvador entre otros escandaliza a la sociedad hondureña. La población se siente temerosa. La consecuencia de esto es un repliegue defensivo general: las casas se rodean de muros coronados con alambrado eléctrico, lo que hace que la sociedad se vuelva cada vez más paranoica. Más y más seguridad privada es contratada. El armamento para estas empresas se pierde y acaba alimentando el mercado negro, de tal forma que al final se agudiza el problema en vez de solucionarse. Este estudio no pretende ofrecer una solución sencilla a la realidad que se vive en Honduras. Consideramos que la situación de violencia actual derivada, entre otras cosas, de la guerra contra el narcotráfico, no se podrá solventar con medidas que el estado hondureño tome con carácter unilateral. Sin embargo sí consideramos importante señalar que la política que se ha venido aplicando en Latinoamérica de guerra a las drogas debe cambiar. Para ello se hace necesaria la creación de una alianza entre los países en cuyo territorio se desarrolla la producción y tráfico de drogas ilegales para coordinar políticas que sirvan para reducir el poder del crimen organizado. Un primer paso es buscar la manera en que se controle la producción, tráfico y venta de drogas. De todas ellas, y sobre todo de la cocaína, por ser la que mueve mayor cantidad de dinero. Una vez se haya conseguido desarmar este mercado ilegal, se podrá atacar con la fuerza de la ley de manera efectiva el resto de actividades realizadas por el crimen organizado, tales como la trata de blancas, secuestro, extorsión, robos y otros. Como ya comentábamos al inicio de este estudio, hay varias iniciativas en marcha en el para acabar con la guerra a las drogas que tanto daño ha hecho en Honduras y América 52

Latina. Existen esfuerzos provenientes de algunos mandatarios en activo, como Otto Pérez Molina de Guatemala, para poner este debate sobre la mesa en las reuniones políticas celebradas al más alto nivel (como la cumbre de la OEA celebrada en Colombia en 2012). También se están llevando a cabo otro tipo de iniciativas, provenientes de la sociedad civil. Entre estas hay que destacar la marcha por la paz, encabezada por el poeta mexicano Javier Sicilia, que pretende recorrer el territorio estadounidense durante 2012 reclamando un cambio en la política sobre drogas y visibilizando el daño que la actual produce en los países de América Latina90. Además de estas ya hemos comentado las iniciativas encabezadas por los ex presidentes Felipe González, Ricardo Lagos y Mario Vargas Llosa. Existe pues, a pesar de que muchas veces se pretende ocultar, un debate abierto sobre la conveniencia o no de continuar con este tipo de políticas. Y le toca a Honduras analizar cuál sería el impacto que tendría para su propio desarrollo un cambio de rumbo en las políticas sobre drogas. Una vez lo evalúe, deberá tomar una posición firme al respecto. Y es que, ¿en verdad alguien puede creer que el estado de Honduras va a poder superar en algún momento las capacidades financieras del narcotráfico y derrotarlo? ¿No es más creíble pensar que dentro del crimen organizado se está produciendo un proceso de concentración, tal y como ocurre en cualquier otra actividad económica? ¿Qué podrá hacer el estado hondureño frente a unas organizaciones del narcotráfico cada vez más poderosas? Todas estas preguntas deben de ser analizadas por los responsables de las políticas públicas relacionadas con las drogas, tanto en Honduras como en el resto del mundo.

90

El País, “México marcha por la paz en Estados Unidos”, 14 de agosto de 2012, México DF, México.

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