La Privatización de las Cajas de Ahorros Españolas

17/9/2016

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La privatización de las cajas de ahorros españolas 19/02/2015 19:07

José Francisco Bellod Redondo. Doctor en Economía. Grupo de Investigación “Economía, Territorio y Medio Ambiente” de la Universidad Politécnica de Cartagena Las cajas de ahorros han sido las víctimas silenciosas de las drásticas reformas financieras acometidas desde 2009 como parte de la estrategia de los gobiernos españoles frente a la crisis. Los datos son harto elocuentes: si en 2008 el sector de cajas de ahorros estaba integrado por cuarenta y seis entidades, actualmente sólo quedan cinco.  

¿Cabe hablar de privatización? Sin lugar a dudas: las cajas de ahorros no han sido liquidadas sino que "La desaparición de las cajas de han cambiado de status jurídico a instancias del ahorros no ha resultado un gobierno y del Banco de España, en un esfuerzo mancomunado para reconducirlas al ámbito de la proceso inocuo ni para el propio banca privada en el sentido más estricto. Hay que sector financiero, ni para tener en cuenta que buena parte de las cajas de ahorro hoy desaparecidas fueron fundadas en su la  economía, ni para la sociedad mayor parte con dinero público procedente de las española" respectivas diputaciones provinciales por lo que eran entidades públicas desde su fundación. Pero tanto si el dinero era de procedencia pública como privada su característica distintiva era su carácter no lucrativo, de ahí que la legislación les obligase a reinvertir los beneficios obtenidos cada año, bien en ampliar los recursos propios, bien en la Obra Benéfico Social (OBS), excluyendo en cualquier caso el pago de dividendos. Los sucesivos gobiernos democráticos fueron reformando el funcionamiento de las cajas de ahorros aunque preservando su naturaleza no lucrativa: se eliminaron los coeficientes de inversión obligatorios, se les permitió abrir sucursales fuera de su provincia de origen y se liberalizó su operativa financiera, permitiéndoseles efectuar el mismo tipo de actividades bancarias que a la banca tradicional. La desaparición de las cajas no ha sido un proceso inocuo Con la implosión de la burbuja inmobiliaria (1999‐2007), la quiebra de LehmanBrothers (septiembre de 2008) y la crisis de las finanzas griegas (junio de 2010), las entidades de crédito españolas sufrieron un fuerte deterioro en sus balances. De acuerdo con el análisis del Banco de España, el sector estaba claramente sobredimensionado: sobraban entidades, sucursales y empleados. Inicialmente el gobierno trató de impulsar las denominadas “fusiones frías” (SIP, sistemas institucionales de protección), pero el clamoroso fracaso de la iniciativa condujo a la creación del FROB, organismo estatal encargado de intervenir y promover la absorción de cajas de ahorros inyectándoles dinero a fondo perdido y vendiéndolas a precio de saldo a los bancos tradicionales. Otra fórmula empleada ha consistido en crear bancos tradicionales a los que las cajas intervenidas han traspasado su negocio financiero, también con importantes inyecciones financieras procedentes del http://www.theeconomyjournal.com/client/print/print_notice.php?IDN=67418

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FROB. A tal fin el Gobierno de España firmó en julio de 2012 una solicitud de rescate con la “troika” por importe de 45.000 millones de euros ampliable a 90.000 (denominado oficialmente “Memorándum de Entendimiento”). Se da la paradoja de que el esfuerzo privatizador ha dado lugar a la nacionalización de tres de las grandes cajas de ahorros, cuyos agujeros patrimoniales eran tan elevados (Bankia, Catalunya Banc y NovaGalicia Banco) que el FROB aún no ha podido encontrar un banco adquirente. La desaparición de las cajas de ahorros no ha resultado un proceso inocuo ni para el propio sector financiero, ni para la economía, ni para la sociedad española. La primera consecuencia de la privatización ha sido un reforzamiento del carácter oligopolístico del sector financiero español, tal y como demuestra el Índice de Herfindahl elaborado anualmente por el Banco Central Europeo: nuestro sector financiero es mucho más concentrado que el de Francia, Reino Unido, Italia, Francia o Alemania. Ello necesariamente se traducirá en mayores márgenes comerciales y por tanto mayores tipos de interés. Pero no sólo es una cuestión de precios ya que cabe esperar un empeoramiento en la calidad del servicio ofrecido a ciudadanos y empresas: la reforma ha hecho desaparecer 13.637 sucursales en toda la geografía española, se han destruido 60.416 empleos en el sector de entidades de crédito, se han retirado 10.543 cajeros automáticos y hay 83 entidades menos que en 2008. La ratio “habitantes/sucursal”, indicador clave de calidad de servicio, ha empeorado notablemente pasando de un valor de 1.002 habitantes /sucursal en 2008 a 1.442 actualmente. El rescate ha supuesto 45.246 millones de euros más 95.604 en pasivos contingentes

"La desaparición de las cajas de ahorros supone condenar a muerte las OBS, herramientas de difusión de la cultura de fuerte arraigo social"

En segundo lugar, la privatización ha requerido la inyección masiva de recursos públicos para hacer atractiva la absorción de las cajas por la banca privada. De acuerdo con los datos de Eurostat, hasta el momento el rescate ha supuesto un desembolso neto de 45.246 millones de euros de dinero público (equivalente al 4,3% del PIB). A ello hay que sumar otros 95.604 millones en pasivos contingentes: contratos por los que el Gobierno se compromete a indemnizar a los bancos adquirentes por las pérdidas que sufran los activos de las cajas absorbidas (por ejemplo préstamos hipotecarios fallidos).

Obviamente los grandes beneficiados de la privatización de las cajas de ahorros han sido los bancos adquirentes, que han logrado de un plumazo deshacerse de unos incómodos competidores e incrementar sus patrimonios en condiciones muy ventajosas. Como botón de muestra el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (“lo peor de lo peor” según el ex‐gobernador Fernández Ordóñez). Después de ser intervenida por el Banco de España y serle inyectados 5.249 millones de euros a fondo perdido, la CAM fue vendida al Banco de Sabadell por el simbólico precio de 1 €, a lo que hay que añadir la suscripción de un acuerdo (“Esquema de Protección de Activos”) por el cual el Fondo de Garantía de Depósitos indemnizará a Banco de Sabadell por el 80% de las pérdidas que pudieran producirse en los activos de Banco CAM, acuerdo que tiene una duración de 10 años. En tercer lugar, la desaparición de las cajas de ahorros supone condenar a muerte las OBS, herramientas de difusión de la cultura de fuerte arraigo social. En 2008 la OBS del conjunto de cajas de ahorro suponía un activo de 1.767 millones de euros, actualmente se halla notablemente disminuido y apenas alcanza los 251 millones. Cabe preguntarse si existían alternativas a la privatización: ciertamente los abusos de los gestores y el cambio de ciclo habían dejado muchas de ellas en una situación patrimonial muy delicada. Sin lugar a dudas había que intervenir pero no necesariamente en la dirección en que se ha hecho. http://www.theeconomyjournal.com/client/print/print_notice.php?IDN=67418

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Dado que estas entidades nacieron mayoritariamente con dinero público era lógico y natural que sus gestores fueran nombrados por el sector público, los representantes de la ciudadanía. Podría haberse optado por formular una regulación precisa en materia de retribuciones y asunción de riesgos, y prohibir taxativamente las operaciones especulativas más propias de la banca; y establecer contratos‐ programa similares a los que tradicionalmente han concertado el Estado y las empresas públicas y el Estado. Podría haberse mejorado la gestión, inyectando recursos sin renunciar a la propiedad pública y a su naturaleza no lucrativa. Pero los intereses de la banca privada, enemiga histórica del sector de cajas de ahorro, han resultado determinantes en el desenlace de la crisis. # José Francisco Bellod Redondo. Doctor en Economía. Grupo de Investigación “Economía, Territorio y Medio Ambiente” de la Universidad Politécnica de Cartagena. Máster en Derecho Tributario. Ha sido Director de la Oficina Presupuestaria de la Asamblea Regional de Murcia (1999‐ 2001). Actualmente es profesor de Economía y miembro del Grupo de Investigación “Economía, Territorio y Medio Ambiente” de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT, España).  

 

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