\"La presidencia de Fernando Lugo y el Juicio Político como Golpe de Estado que rompe el proceso de consolidación democrática en Paraguay\". (Trabajo final de la asignatura Sistemas Políticos, del Máster Inter-universitario Internacional en Estudios Contemporáneos de América Latina, UDELAR)

Trabajo Final del Curso La presidencia de Fernando Lugo y el Juicio Político como Golpe de Estado que rompe el proceso de consolidación democrática en Paraguay. Miguel Ángel Aguinaga Morínigo

Maestría Bimodal de Estudios Contemporáneos de América Latina, UDELAR. Asignatura: Sistemas Políticos en América Latina Contemporánea. Docente: Fabrizio Pereira da Silva.

Índice:  Introducción.  Reseña histórica y contextualización.  La emergencia de Fernando Lugo y su presidencia.  El Juicio Político, ¿Neogolpismo latinoamericano, golpe institucional y/o golpe parlamentario?  Transición y consolidación democrática en Paraguay.

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Introducción

El ascenso de Fernando Lugo Matiuda a la Presidencia de la República del Paraguay en 2008, supuso un hito para la historia política del país, no ya sólo por ser el primer caso en el que un ex obispo católico accede a la más alta magistratura, cosa inédita a nivel mundial, sino porque supuso la primera vez en la historia del país en la que se da una alternancia de partido político en el ejecutivo sin que en ello mediara un golpe de estado. A lo largo del presente trabajo, expondremos un desarrollo del proceso histórico que da forma al contexto político por el que puede entenderse las particularidades del fenómeno de la emergencia, presidencia y posterior destitución vía juicio político de la figura de Fernando Lugo. Además, defenderemos la idea de considerar tal destitución como una modalidad de golpe de estado, susceptible de ser comparada con otras experiencias parecidas vividas en la región latinoamericana durante los últimos años. Se abordará también, más en clave de realidad interna al país, la reflexión sobre el proceso de transición y consolidación democrática, proceso que consideramos eminentemente inconcluso y que además ha sufrido un retroceso debido precisamente a la perpetración del golpe de estado que nos ocupa. Tendrá también cabida en ello alguna reflexión sobre la relación del mismo con dinámicas socieconómicas más profundas y geográficamente más amplias en referencia al modelo neoliberal imperante en la región. Por último, no quisiera terminar esta introducción sin mencionar que en la elección del tema para la realización de este trabajo se ha pretendido aportar un humilde esfuerzo orientado a desvelar y difundir algo más la realidad de un país del que lastimosamente se ha ido construyendo cierto desconocimiento, reconocible en ocasiones incluso en ámbitos académicos, limitándose muchas veces la caracterización del mismo como un mero caso de excepcionalidad, lo cual puede acarrear el caer en simplificaciones que dificulten una mejor y más profunda aprehensión de los fenómenos políticos y sociales del país (Soler, 2010). Es por ello que se incluye una reseña histórica que abarca una temporalidad amplia, introduciendo también una narración de hechos políticos recientes, correspondientes sobre todo a los momentos de transición post-dictadura, así como exposiciones detalladas de sucesos que resultaron centrales en el proceso destituyente. De esta forma, paralelamente al estudio de caso, se intentará también identificar y mostrar importantes rasgos de la configuración y de las dinámicas políticas del país. Todo ello en pos de aportar un grano de arena para la mayor difusión en el conocimiento del país, considerando que una mayor preocupación sobre el mismo repercute en favor de su defendemos aquí deseable proceso de transformación política y social. 2

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Reseña histórica y contextualización.

La historia política paraguaya se ha visto marcada por dos grandes guerras y una larga dictadura militar que dejaron terribles consecuencias a nivel socioeconómico y marcaron la configuración de la política del país. La Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) terminó con el sistema autoritario, casi patrimonialista, de los López, arrasando por el camino con territorio y población, poniendo fin al modelo de desarrollo estatalizado que se había gestado en el país, e instaurando tras ello un sistema económico y político al más claro estilo liberal decimonónico, el cual imperaba en el continente. En este contexto es cuando se fundarán, ambos en 1887, los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal (hoy Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) y el Partido Colorado (o Asociación Nacional Republicana, ANR) siendo aún hoy en día los dos principales partidos. La historia posterior discurrió con una sucesión de reiteradas crisis económicas y políticas, con constantes períodos de inestabilidad y conflictos civiles, todo bajo un contexto de profunda dependencia económica para con Argentina, con un panorama social de extrema exclusión, y un prácticamente ausente proceso de modernización económica y social, lo que ha supuesto una importante diferencia histórica con respecto a los países vecinos del Cono Sur. Los años 30 del siglo XX se verán marcados por otra guerra, esta vez contra la vecina Bolivia en la conocida como Guerra del Chaco (1933-1935) con de nuevo enormes costos sociales y económicos, lo que provocará una insurrección popular con protagonismo del ejército, insurrección que si bien logró alcanzar el poder (Revolución Febrerista de 1936) no logrará mantenerlo, finalizando el período con la instauración de la dictadura del general Higinio Morínigo en 1940. Todo este turbulento periodo de postguerra supuso el fin del sistema liberal clásico, y si bien en el país nunca se desarrolló el modelo típico de estado desarrollista (al estilo peronista o varguista) durante la dictadura de Morínigo el estado comenzó a intervenir activamente en la economía, generado un modelo de estado subsidiario (Abente, 2012). Durante la dictadura, si bien se hablará de supresión de partidos políticos, el Partido Colorado irá ganando preponderancia al calor de un régimen de fuerte carácter nacionalista y autoritario. Estallará una nueva guerra civil en 1947, en la que si bien las fuerzas afines al régimen resultarán victoriosas, provocará la salida del dictador. Los efectos del conflicto funcionaron como otro importante shock enormemente negativo para el país, abriéndose otro período de pauperización económica y enorme

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inestabilidad política, sucediéndose en la presidencia de forma abrupta diferentes figuras del Partido Colorado, el cual se hallaba dividido en diferentes facciones. Un golpe de estado militar encumbrará al general Alfredo Stroessner al poder en 1954, quien mandará al exilio a parte del coloradismo y reprimirá a sangre y fuego cualquier atisbo de oposición, instaurando una férrea dictadura militarista que durará 35 largos años. Su régimen mantendrá cierta fachada democrática, guardando ciertos formalismos como la celebración de elecciones, nunca libres y siempre “tuteladas”, o la existencia de un Congreso, en el que se permitirá la existencia de una moderada oposición representada por el Partido Liberal, si bien siempre bajo una apabullante preponderancia colorada y bajo un declarado estado de sitio permanente que imposibilitaba la existencia de cualquier oposición real. La dictadura adquirirá un fuerte carácter personalista, concentrándose en la figura de Stroessner los cargos de Presidente de la República, Jefe del Ejército y Presidente del P. Colorado, el cual se volverá totalmente hegemónico. Estas tres esferas, la administración del estado, el ejército y el control del P. Colorado, funcionarán como los tres espacios de disputa por el control del poder durante los primeros momentos de transición a la democracia, algo a lo que atenderemos más adelante. Durante la dictadura, se consolidará la hegemonía política del P. Colorado, creándose una extensa red de “seccionales” del partido expandidas por la geografía del país, las cuales funcionarán como una eficaz herramienta de control social, tanto en su forma de vigilancia represiva como en su función de articulación de redes clientelares encargada de repartir las prebendas, que administradas por parte del estado, asegurarán el mantenimiento del poder (Nickson, 2011). Se dará también cierto proceso de “modernización conservadora” (Soler, 2011) por el que si bien nunca se llegará a industrializar el país y superar así su carácter rural, sí comenzará a introducirse la agricultura mecanizada con nuevos cultivos, sobre todo de soja, de mano de empresas de agricultura comercial, principalmente de origen brasilero, las cuales comenzarán a ejercer presión sobre el campesinado tradicional mediante la obtención de grandes latifundios, muchas veces de forma fraudulenta, con la complicidad de un régimen de cierto tinte “lusófilo”. La construcción en la frontera brasilera de la Represa de Itaipú, la mayor del mundo en su momento, supondrá un boom económico que el régimen sabrá capitalizar políticamente, si bien la corrupción que imperaba en el gobierno llevará a que las condiciones del tratado firmado con el país vecino resultaran enormemente favorables para este último.

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La corrupción generalizada será otra de las características del régimen de gobierno, corrupción de la que participarán desde los cargos bajos y medios de la administración hasta los más altos funcionarios del gobierno y del ejército, campando las prácticas de contrabando y concesión fraudulenta de tierras (Nickson, 2011). Surgirá también una nueva clase empresarial nacional, nutrida del auge provocado por Itaipú y de la cercanía a un gobierno clientelista y cleptócrata. Tras finalizar la construcción de Itaipú en 1984, el crecimiento económico se frenará en seco, lo que debilitará al régimen, resquebrajándose la alianza cívico militar (Fretes, 2012), surgiendo divisiones al interior del P. Colorado así como una creciente movilización social, principalmente campesina, en la que la Iglesia Católica tendrá una importante participación. El final de la dictadura llegará tras un golpe de estado en 1989 comandado por una de las figuras prominentes del régimen, el segundo al mando del ejército general Andrés Rodríguez, asumiendo la presidencia tras la renuncia y exilio de Stroessner. Tras ello se ampliarán las libertades políticas, permitiéndose la vuelta de la antigua oposición en el exilio, si bien las cúpulas del poder del régimen derrocado quedarán intactas y no se llevará a cabo ningún juicio ni ningún tipo de reparación por las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Se elaboró una Constitución en 1992, la aún vigente, y al año siguiente se realizarán elecciones bajo marcos más libres, asumiendo la presidencia el colorado Carlos Wasmosy, si bien las corruptelas y el clientelismo seguirán operando de manera central en la política, controlando aún el P. Colorado los principales resortes del poder político, es decir la administración y las instituciones del estado. El militarismo tampoco desaparecerá del todo, produciéndose una fallida intentona golpista del general Lino Oviedo en 1996, quien seguirá gozando de un gran capital político. En 1998 vuelven a celebrarse elecciones, con nueva victoria colorada y el ascenso de Raúl Cubas, todo bajo tensas confrontaciones al interior del partido y un importante clima de descontento y movilización social, provocado por la acuciante situación de crisis económica a la que debía enfrentarse la prematura y deficitaria democracia, y en el contexto de implementación de políticas neoliberales que afectaba al conjunto de países latinoamericanos. Wasmosy sería destituido del cargo al año siguiente vía juicio político al ser acusado, junto con Oviedo, del asesinato del vicepresidente Argaña, al cual se encontraba enfrentado. Al juicio se sumaron cargos por la represión que acabó con 9 estudiantes fallecidos en las movilizaciones del llamado “Marzo Paraguayo”, el cual estalló tras el atentado poco esclarecido que acabó con la vida del vicepresidente. Se designará al 5

presidente del Senado, González Macchi, para finalizar la legislatura, considerándose todo este episodio como el fin de la injerencia del ejército en política (Fretes, 2012). Así llegamos a la presidencia de Duarte Frutos, electo en 2003 también candidato por el P. Colorado, bajo cuya presidencia volverán a producirse fuertes disputas al interior del coloradismo, lo que propiciará la oportunidad para que al fin, en 2008, pudiera darse la alternancia de partido en el gobierno, lo que se dará con el ascenso a la presidencia de Fernando Lugo, tras 61 años consecutivos de gobiernos colorados. Lugo se candidata a la presidencia en un contexto de transición democrática no consolidada, en la que el P. Colorado, si bien iba perdiendo representación de manera continua en las sucesivas elecciones (Duarte, 2012) aún resultaba el partido hegemónico. Ello a pesar de la división que sufrió cuando en 2002 Lino Oviedo, tras su alejamiento del coloradismo, formara su propio partido, el UNACE (Unión Nacional de Ciudadanos Éticos) el cual funcionará en ocasiones como tercera fuerza. Atendemos así a un contexto donde el personalismo político tiene un gran peso, y en el que la corrupción, el clientelismo y el espacio por el control en los puestos de la administración pública continuaban siendo importantes herramientas en la disputa política, teniendo aún el P. Colorado grandes recursos para su mantenimiento en el poder, y habiendo sido el P. Liberal, el cual por otro lado nunca representó una gran diferencia ideológica con el partido del poder, incapaz de vencer en unas elecciones durante todos esos años. En términos de Cavarozzi y Casullo (2002) podríamos caracterizar al tipo de configuración partidaria en Paraguay como un “partido sin sistema” en referencia a la hegemonía del P. Colorado, representando sin embargo la emergencia de Lugo un fenómeno de “político sin partido”. En efecto, una de las principales bazas de su figura consistía precisamente en no pertenecer a la clase política tradicional, en un país que presenta uno de los niveles más bajos de la región en confianza en el sistema democrático (Duarte, 2012). Además, su condición de ex obispo (hubo de renunciar a sus hábitos para poder ser candidato a la presidencia) le concedía cierto rédito en una sociedad donde el conservadurismo y el credo católico siguen siendo importantes. Su ascenso a la presidencia supuso la primera vez en la historia del Paraguay en la que se daba una alternancia de partido en el gobierno sin que en ello mediara un golpe de estado, y muchos autores vieron en ello un punto de llegada importante en el proceso de consolidación democrática del país (Nickson, 2011). La realidad de los hechos posteriores, por otro lado previsibles si atendemos a los antecedentes históricos, se encargarían de truncar tal esperanza de consolidación democrática. 6

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La emergencia de Fernando Lugo y su presidencia.

Como hemos precisado anteriormente, Lugo no pertenecía a la clase política tradicional del país, siendo la emergencia de su figura fruto de un largo proceso de crisis políticas y económicas cuyas contradicciones y consecuencias a nivel social funcionaron de insumo para un creciente proceso de movilizaciones y luchas sociales, iniciadas ya a finales de los ochenta, las cuales tuvieron su principal y más fuerte expresión en el movimiento campesino (Soler, 2011) En un país apenas industrializado, donde los sindicatos nunca tuvieron gran peso, y donde la movilización social más importante proviene del campo (en el que además el modelo de poblamiento es más bien disperso, debido al tipo de colonización que la dictadura stronista promocionó con el fin de evitar y reprimir más fácilmente posibles rebeliones [Palau, 2010:136]) no es de extrañar que la figura que representó una alternancia política emergiera del ámbito religioso. Si bien esto sería materia de futuras investigaciones, podemos considerar que quizás, por el contexto sociopolítico del país, la iglesia pudo funcionar como un espacio tanto físico como social de reunión y concertación popular de base, en el que bajo valores compartidos, fue construyéndose una conciencia política inconformista, la cual encontró en Fernando Lugo un liderazgo e interlocutor válido para llevar a la arena política las acuciantes demandas sociales. Sin embargo, Lugo no sería capaz de lograr alcanzar la presidencia por sí solo. Para ello se conformó una especie de partido instrumental, Alianza Patriótica para Cambio (APC) en el que se dieron unas contradictorias alianzas entre partidos minoritarios de izquierda y el Partido Liberal, el cual proporcionó su maquinaria electoral, seducido por la posibilidad de remover al P. Colorado y lograr así altos cargos institucionales así como mayores cuotas de poder entre la administración. La fórmula encontrada fue la de presentar una candidatura a la presidencia liderada por Lugo, en la que fuera como vicepresidente el liberal Federico Franco. En las elecciones para diputados y senadores, por el contrario, cada fuerza política presentaría sus listas. De esta forma, Lugo asciende a la presidencia teniendo un nulo control sobre las cámaras de representantes (en las que el P. Colorado volvió a tener el mayor número de representantes, seguido del P. Liberal) viéndose obligado además a conformar un ejecutivo en el que hubo de repartir los cargos ministeriales entre personalidades de las fuerzas que lo habían apoyado, las cuales representaban diferentes intereses muchas veces contrapuestos. Es debido a esta peculiar forma de configuración de las cámaras y del gobierno que, si bien la presidencia de Lugo supuso una alternancia en el gobierno en una dirección más progresista, difícilmente 7

puede catalogarse su período como un gobierno de izquierda propiamente dicho, no siendo equiparable al resto de gobiernos de izquierdas que emergieron en la región durante esos años (Pereira, 2011:32). La orientación y discurso más bien moderado y conciliador que tomó el mandatario durante toda su campaña y legislatura refuerzan esta idea. Asistimos así a una debilidad política del gobierno de Lugo manifiesta ya desde el primer momento de su conformación. Dicha debilidad se vería acrecentada si atendemos al hecho de que en Paraguay existe un modelo de “presidencialismo atenuado” (López, 2010) articulado en la Constitución de 1992 para contrarrestar la experiencia anterior en la que la figura del presidente, detentada por Stroessner, concentraba amplios y enormes poderes (Nickson, 2011). Así, la contradictoria, débil y efímera alianza que suponía la APC vería muy pronto su resquebrajamiento, funcionando el P. Liberal ya desde los inicios de la legislatura como un partido de oposición. Liberales y colorados votarían en contra y pondrían constantes trabas a las medidas que el ejecutivo intentaba implementar para la transformación del país, el cual cuenta con niveles de pobreza y desigualdad de los más altos de la región. En este sentido, entre las medidas estrella propuestas en campaña que finalmente el gobierno no pudo llevar a cabo debido a la oposición del Congreso, están la tan necesaria reforma agraria (Paraguay es uno de los países con mayor concentración de la propiedad de la tierra del mundo [Soler, 2014]) el aumento de los gravámenes a la actividad agrícola industrial, particularmente del sector sojero (actividad que estaba prácticamente libre de impuestos, siendo una de las que más perjuicios medioambientales y sociales causa) y la aplicación de un impuesto a la renta personal, IRP, que hiciera el sistema fiscal más progresivo (Paraguay aún hoy no aplica IRP, siendo un país con uno de los sistemas tributarios más regresivos de la región) (Abente, 2012). A pesar de la férrea oposición, se alcanzaron también algunos logros, como un moderado aumento de la carga fiscal a la soja, y se avanzó en algunas medidas sociales, como ampliar la cobertura del sistema de salud pública, además de aumentar el presupuesto destinado a gasto social, logrando mejoras sobre todo en educación y en cuidados de la tercera edad (López, 2014). También se dio cierto avance democrático al lograrse la aprobación del voto desde el extranjero, algo importante en un país de larga tradición migratoria. Por otro lado, quizás la única promesa hecha en campaña, y que los partidos tradicionales adhirieron de manera oportunista viendo el consenso nacional que se había generado sobre el tema, teniendo por tanto consenso entre las fuerzas políticas durante la legislatura, fue la renegociación de las condiciones del tratado de Itaipú, 8

problemática de la que ningún otro gobierno se había preocupado anteriormente. A pesar de las tajantes negativas del gobierno brasilero, para quien Itaipú supone una fuente de energía de valor estratégico, se consigue abrir una renegociación en la que se lograrán unas condiciones más justas para el Paraguay, si bien seguirá aún en una posición desventajosa La oposición a Lugo no vendría únicamente de los partidos políticos tradicionales, sino también de las cooperativas de productores sojeros (que organizarán constantes cortes de rutas cada vez que sus intereses se veían amenazados) así como de los grandes latifundistas y los principales medios de comunicación (el dueño del diario más importante del país, ABC Color, es uno de los latifundistas más importantes). El desprestigio de la figura del mandatario ante la opinión pública vendrá dado por el aireamiento que se hará de la paternidad, reconocida por el presidente, de una niña cuya concepción ocurrió cuando aún era obispo. Esto supondrá un escándalo no menor que menoscabará enormemente la popularidad de la que gozaba el presidente en un principio. Sin embargo, seguía manteniendo un gran apoyo popular, gracias a las medidas implementadas y a la coincidencia de su período legislativo con una etapa de bonanza económica generalizada en la región, que en Paraguay llegó a traducirse en crecimientos hasta entonces inusitados, alcanzando en algún año tasas de hasta el 14%. Este crecimiento, al igual que en el resto de países latinoamericanos, vino dado al calor del aumento de precio de las materias primas, siendo en Paraguay la soja el principal rubro de exportación. Esto supuso cierto elemento de contradicción, pues si bien la expansión del sector sojero era la causa de muchos de los problemas socio-ambientales más graves del país, la exportación del producto suponía la principal fuente de divisas, si bien este ingreso quedaba enormemente concentrado en un pequeño sector de la élite económica. Es por ello que no se ahondó en un intento de transformación del modelo productivo, algo de lo que ciertamente tampoco parecía haber oportunidad, sino que los intentos fueron dirigidos hacia una reducción de los efectos negativos, una mayor regulación de dicha actividad, y una aspiración de redistribución más justa del ingreso proporcionado vía impuestos y gasto social. Pero tal situación generó a su vez otras contradicciones, pues al tener que actuar así el gobierno se granjeó la enemistad de los sectores sojeros por un lado, pero sin ganarse un apoyo cerrado de los sectores de izquierda ni de los sectores campesinos más castigados, los cuales seguían viéndose afectados por el avance sojero y por tanto continuaban con sus actividades de reivindicación (movilizaciones, ocupación de tierras mal habidas, etc.). Lo que sí se hizo fue aumentar el diálogo y modificar los 9

protocolos de desalojo de tierras, reduciendo los niveles de violencia en el conflicto, así también el nivel de virulencia del mismo. Sin embargo, los medios de comunicación opositores, los más importantes del país, se encargaron de generar una imagen por la cual se daba una sensación de impunidad ante las ocupaciones, las cuales se caracterizaban como actos criminales de los que se hacía cómplice al presidente, presentándolos como atentados contra el derecho de propiedad privada y no como reivindicaciones sociales surgidas de un conflicto y problemática estructural. Además, la existencia una guerrilla, el EPP o Ejército del Pueblo Paraguayo, surgida pocos años antes, y cuyas principales reivindicaciones hacían referencia al conflicto del campo, facilitaba la criminalización del movimiento social campesino, relacionándolo en numerosas ocasiones con dicha guerrilla sin que tales conexiones existieran realmente. A todo ello, se sumaba un tratamiento sobredimensionado del antiguo problema de la falta de seguridad ciudadana, lo que todo junto contribuía a crear una buscada imagen de situación de caos de la cual se responsabilizaba al principal mandatario. A pesar de las mejoras en la gestión del gobierno, la ampliación de coberturas sociales, y la coincidencia con la etapa de bonanza económica, el gobierno de Lugo resultaba institucionalmente débil, y aunque seguía contado con el apoyo popular de un amplio sector de la sociedad, la falta de unión entre los grupos de apoyo así como la oposición generada desde los medios de comunicación hacían que el gobierno presidencial no resultara

lo

suficientemente

fuerte

como

para

contrarrestar

el

enviste

destituyente/golpista, para el cual venían fraguándose las condiciones y las confabulaciones desde los primeros momentos de la legislatura. 

El Juicio Político, ¿Neogolpismo latinoamericano, golpe institucional y/o golpe parlamentario?

Hasta 23 veces fue amenazado el mandatario de ser sometido a juicio político por parte del Congreso (Piñero, 2014) cosa que finalmente ocurriría el 22 de junio de 2012. Días antes, el 15 de junio, se produjo la conocida como Matanza de Curuguaty, localidad perteneciente al lejano departamento de Canindeyú, una de las zonas de mayor presión sojera y con mayor presencia de conflicto por la tierra. En este contexto, un grupo de un centenar de campesinos llevaban tres semanas ocupando una finca de Campos Morombí, cuyas tierras se encontraban en un litigio que duraba ya años entre el político y empresario Blas N. Riquelme (que en su día fuera presidente del P. Colorado) y el Estado Paraguayo, 10

pues existían pruebas de que la concesión de dichas tierras se hizo de manera ilegal durante la dictadura, siendo también ilegal el usufructo de las mismas por parte de la compañía. De hecho, durante el largo litigio, ya se había fallado en contra de Riquelme, el cual por tanto no contaba con los títulos de propiedad, si bien su poderoso emporio conseguía dilatar el proceso presentando constantes recursos, los cuales tampoco encontraban efecto, si bien servían para seguir manteniendo de facto el usufructo de las tierras. Esta situación de propiedad no reconocida legalmente es la que los campesinos usaron de reclamo legal para legitimar la ocupación, pensando que ello evitaría su desalojo, cosa que como veremos no resultó ser así. El 15 de junio, la influencia del empresario en sectores de la administración y del gobierno local consiguió que se efectuara el desalojo de los campesinos por parte de fuerzas de seguridad del estado, sin que tuviera derecho legal a reclamar tal desalojo. Además, en el mismo, se saltaron los protocolos de desalojo establecidos, movilizando un inusitado operativo de más de 300 efectivos, portando armamento de guerra y contando incluso con cuerpos especiales entre sus filas. El resultado del desalojo se saldó con la muerte de 11 campesinos y 6 policías, tras una confusa refriega cuyos hechos no resultan nada claros. El grupo de campesinos contaba con unas pocas escopetas de caza menor, cuyo calibre resulta incapaz de atravesar los chalecos antibalas de los policías fallecidos, los cuales se encontraron perforados por proyectil balístico. Además, la investigación perital parece apuntar a que la muerte de algunos campesinos fue fruto de ejecuciones in situ.1 Muchos de los informes periciales no han sido tenidos en cuenta en el proceso judicial encargado del caso y que aún hoy sigue abierto, en el cual están como acusados los campesinos supervivientes a la masacre, estando dicho proceso cargado de controversias e irregularidades que lo impregnan de parcialidad. Pero volviendo a la cuestión política, tras la masacre se genera por parte de los medios una imagen de alarma, y si bien la gravedad de los hechos ciertamente justifica la atención prestada, la imagen inmediata que se muestra es la de criminalización del grupo de campesinos y de sus reclamos, creándose un relato por el cual se presentan los hechos como una emboscada orquestada contra las fuerzas de seguridad en la que la guerrilla del EPP tuvo una supuesta participación, cosa de la que hoy día sigue sin haberse encontrado constancia alguna, centrándose la gravedad del caso en la muerte de los efectivos

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Muchos de los detalles aquí expuestos he de agradecérselos a Aitor Martínez, abogado que participa en la defensa del grupo de campesinos enjuiciados por este suceso. Aitor Martínez pertenece a la Fundación Internacional Baltasar Garzón, facilitándome la información mediante entrevista personal.

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policiales más que en la de los campesinos movilizados. Estos sucesos, y la forma en que se presentaron ante la opinión pública, funcionaron de excusa, en forma de “gota que colma el vaso”, para llevar a cabo el juicio político que serviría para cumplir los tan deseados anhelos de la élite política y económica del país, destituir al presidente de su cargo. El juicio político se amparó en el artículo 22 de la Constitución, que habilita el proceso a las Cámaras del Congreso, funcionando la Cámara de Diputados como acusación y el Senado como el órgano juez, utilizando la figura de “mal desempeño de sus funciones” como acusación. Si bien la figura del juicio político es constitucional, la manera en que éste se llevó a cabo no cumplió con las garantías procesales de legítima defensa, recogida también en la Carta Magna en el artículo 17, el cual regula los procedimientos judiciales y por el que se ha de regir el propio juicio político, por lo que el mismo bien puede ser considerado desde el punto de vista jurídico como inconstitucional (López, 2014). En efecto, no se cumplió con un plazo mínimo de preparación para la defensa, concediéndose apenas 24 horas desde que se formalizó la acusación hasta la celebración del juicio, el cual se celebró de forma express, no sólo por lo apresurado de su convocatoria sino también por la brevedad de su duración, de apenas cinco horas. Además, se faltó al principio de presunción de inocencia, pues no se presentaron pruebas de las acusaciones, recogidas en un libelo de apenas cinco hojas, remitiendo en él únicamente a que “todas las causales mencionadas… son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente» (Libelo Acusatorio, 2012. Pruebas que sustentan la acusación, citado por López, 2014:109). Resulta significativo no sólo el asegurar la falacia de que la presentación de pruebas no es algo necesario en el ordenamiento jurídico del país, sino también la constante remisión a lo largo del libelo a los medios de comunicación como garantes de la verdad que prueban las acusaciones, recogiéndose expresiones como las de que los hechos fueron “ampliamente difundidos por los medios de prensa” (Libelo Acusatorio, 2012. Primera causa acusatoria. Fiscal acusador: diputado López Chávez, citado por López, 2014:106) entre otros varios del mismo estilo. En realidad, las acusaciones resultaron un conjunto de despropósitos que han sido bien analizados por Magdalena López (2014) de cuyo trabajo traeremos aquí apenas breves pinceladas por una cuestión de espacio. Aparte de caer en contradicciones como las de acusar a Lugo de orquestar las ocupaciones de tierras, y a la vez de no ser capaz de evitarlas, o de juzgarle por hechos en lo volitivo en vez de en lo fáctico (como el desear la desestabilización y el caos para el país, entre otros 12

despropósitos del mismo estilo, siempre sin presentar prueba alguna e intentando presentar como hechos lo que en realidad eran opiniones) la autora encuentra en el trasfondo del discurso lo que ha llamado “horizontes de sentido stronissta”. Analiza los 5 casos de los que se encuentra culpable al presidente, a saber; ser responsable de haber permitido la presencia de simbología izquierdista en una instalación castrense donde se celebró el Campamento de Jóvenes por el Cambio (lo que se consideró algo grave, sin mencionarse qué normativa es la que prohibía aquello), estar detrás de las ocupaciones de Ñacundaty, culparle de la inseguridad ciudadana, suscribir el Protocolo de Ushuaia II (lo que se interpretó como una traición a la soberanía nacional) y por último, ser responsable de la Matanza de Curuguaty. En todos ellos encuentra manifestaciones ideológicas del stronissmo; temor a un avance de la izquierda, identificando el socialismo como una ideología foránea contraria al sentimiento patriota, miedo a la desvalorización de las Fuerzas Armadas (que se consideraron ultrajadas por el primer caso) y miedo hacia cualquier tipo de injerencia foránea (por la mítica de la Triple Alianza), reconocible en la condena por la firma de Ushuaia II, haciéndose también constantes alusiones al acercamiento de Lugo a los gobiernos de izquierda de la región como supuestas confabulaciones orientadas al sometimiento de la soberanía nacional ante estos. (López, 2014). Finalmente, el Senado aprobaría la destitución del mandatario con 39 votos a favor, 4 en contra y 2 ausencias, asumiendo la vacante el vicepresidente liberal Federico Franco, en un proceso en verdad poco serio de tintes casi kafkianos. Por otro lado, más allá del análisis de coyuntura interna, este proceso podría enmarcarse dentro de lo que algunos autores han venido en denominar como “neogolpismo” (Tokatlian en Página/12, 13/7/2009 citado por Aziz, 2013:43-44, Piñero, 2014:102, Soler, 2014:73) haciendo referencia a una nueva forma de destituir a gobiernos democráticamente electos mediante procesos no democráticos a instancias de intereses, nacionales y/o internacionales, contrarios a dicho gobierno. Esta nueva modalidad superaría lo tosco del tradicional golpe militar, tan repetido en la región durante el siglo XX, y si bien dependiendo del caso las Fuerzas Armadas podrían tener alguna participación, activamente o mediante una complicidad pasiva, esta nueva modalidad se preocuparía de dar una imagen de continuidad institucional, teniendo el protagonismo los actores civiles y manteniendo una fachada de legitimidad institucional. Esta nueva forma de actuar sería reconocible en Latinoamérica en las intentonas golpistas perpetradas durante los primeros años de este siglo XXI contra los gobiernos de Venezuela en 2002, Bolivia en 2008, Ecuador en 2010 y de Honduras en 2009, siendo este último exitoso y 13

algo más similar al aquí tratado por tener el Congreso el protagonismo en el derrocamiento presidencial. Ciertamente, existen grandes diferencias entre los mencionados ejemplos, lo que a veces dificulta la categorización de los mismos como fenómenos de un mismo tipo, y hasta existen importantes y fundamentadas controversias a la hora de referirse a todos ellos como efectivamente golpes de estado. No entraremos aquí a detenernos en tales disquisiciones sobre cada uno de ellos, pero sí nos mostraremos a favor de caracterizar al caso que nos ocupa como un golpe de estado. Por todo lo aquí expuesto, entendemos que el juicio político que destituyó al ex mandatario supuso una maniobra política inconstitucional que respondía a intereses particulares, los cuales se valieron de su control sobre instituciones clave para derrocar a la presidencia de manera antidemocrática. Además, entendemos que el mismo tiene una dimensión que puede leerse en clave regional, como lo atestigua la atención y el diferente tratamiento político que se le dio por parte de la prensa de países vecinos dependiendo de la línea política editorial de cada medio (Aziz, 2013). El no reconocimiento del nuevo gobierno por parte de la UNASUR, y la expulsión temporal del MERCOSUR (hasta celebración de nuevas elecciones) ejemplifican el marco de pugna política a nivel regional por el que este caso es susceptible de ser relacionado. En este sentido, si bien la comparación del procedimiento por el que se perpetró este golpe de estado con los anteriormente mencionados daría para un trabajo aparte, por las características del desarrollo del proceso, en el que fueron las altas instituciones legislativas del Estado, nada menos que las Cámaras del Congreso, las que, saltándose normativas del derecho constitucional, funcionaron como los resortes de poder encargados de destituir un gobierno legitimado democráticamente, entendemos que cabría la caracterización del mismo como un “golpe de estado parlamentario” (López 2014, Piñero, 2014, Soler, 2014) golpe cameral, o golpe de estado “institucional”, (valga la contradicción semántica), categoría que habría de entenderse dentro del fenómeno más amplio ya mencionado de “neogolpismo latinoamericano”, del cual sería uno de diferentes procederes posibles. 

Transición y consolidación democrática en Paraguay.

Como hemos ido mostrando a lo largo de este trabajo, no puede considerarse la existencia de una democracia plena en Paraguay. Más allá de los problemas de capacidad estatal y fiscalidad (Abente, 2012) y de aspiraciones maximalistas sobre la concepción de lo que ha de ser una democracia, por las que la garantía de derechos sociales han de 14

entenderse como parte fundamental de la misma, algo de lo que el país siempre ha estado lejos de conseguir, pareciera que incluso las cuestiones formales de la democracia tampoco acaban de asentarse del todo. En efecto, lo que el golpe implica es un quiebre en el pacto de transición democrática, pues rompe “no sólo con los principios democráticos de imperio de la ley y soberanía popular sino con el principio más básico de ese pacto; que el presidente no llega al poder por golpes de Estado, reelecciones amañadas, maniobras de minoría…” (Rivarola, 2012:44 citada por Piñero, 2014:103) resultando significativo que la primera alternancia en el gobierno después de 61 años termine de forma abrupta. Pareciera que el único espacio válido para consolidarse en el poder estaría dentro del partido hegemónico, como parece demostrarse en el ascenso a la presidencia de Horacio Cartes, importante empresario de cuestionada reputación, también outsider de la política que se afilió al P. Colorado apenas dos años antes de su holgado triunfo en las elecciones de 2013. El hecho de que los dos últimos presidentes electos (pues Federico Franco no ascendió mediante celebración de elecciones) hayan sido outsiders, revela la falta de confianza en la clase política tradicional. La alternancia de gobierno, aun con todos los problemas y contradicciones que hemos ido mencionando, bien pudo interpretarse como el inicio del proceso de consolidación democrática, tras un largo período de transición correspondiente a los también convulsos casi 20 años transcurridos tras la dictadura stronissta en los que continuó de manera casi incontestada la hegemonía colorada. El derrocamiento de Lugo y la vuelta al poder del P. Colorado, pueden así interpretarse como un paso hacia atrás en dicho proceso de transición, que aleja al país de la deseable condición de consolidación democrática. Así, sobre esta temática de transición y consolidación democrática paraguaya, es preciso “despojarse de la periodización según el advenimiento de nuevas instituciones democráticas o la caída del partido hegemónico y analizar el arraigo de las nuevas instituciones democráticas en directa relación con el particularismo de las prácticas políticas.” (Fretes, 2012:69). En efecto, a la luz de los hechos presentados, no pareciera que las prácticas políticas heredadas del pasado antidemocrático hayan perdido su importancia en lo que acceso y mantenimiento del poder se refiere. Esto no quiere decir que no se hayan producido transformaciones, como la pérdida de protagonismo del ejército en política que se produjo durante la transición, o la creciente relevancia que los movimientos sociales parecen ir ganando, existiendo también transformaciones al nivel de élite social en la pugna por el poder político, tal es la situación actual en la que una empoderada élite empresarial, nacional y rentista, representada en la figura de Cartes, 15

parece estar disputándole la hegemonía al interior del P. Colorado a la clase política más tradicional (Soler, 2014). A todo esto habría que sumarle una aparente condición de arraigo entre la población de posturas ideológicas más bien conservadoras, pues si bien en los clivajes electores el P. Colorado fue perdiendo representación durante algunos años, el caudal de votos perdido se dirigía a partidos escindidos del mismo (como el caso de UNACE) o bien a partidos tradicionales que tampoco suponen una gran diferencia en lo ideológico (como el caso del P. Liberal), siendo que el aumento de porcentaje de votos a partidos que sí representan posturas ideológicas diferenciadas ha resultado más bien escaso durante todos estos años (Duarte, 2012). Un análisis pormenorizado de este fenómeno requeriría de un estudio de la cultura política del país, algo que no nos detendremos a realizar aquí. Tan solo nos limitaremos a señalar que parece obvio que los largos años de dictadura stronissta, así como las características del desarrollo histórico más amplio, en el que apenas pueden encontrarse rastros de una cultura democrática, todo unido a los condicionantes socioeconómicos y políticos que ello ha implicado, han dejado un poso de conservadurismo, autoritarismo y persistencia de prácticas políticas “tradicionales” no democráticas que resulta difícil desarraigar. Por otro lado, en un nivel de análisis más amplio, y en relación al encuadre del juicio político como un ejemplo de neogolpismo latinoamericano, quizás el mismo sirva de ejemplo de ciertas incompatibilidades entre la aspiración de conseguir una democracia plena y el desenvolvimiento regional de un sistema socioeconómico neoliberal imperante que se acciona y responde únicamente en función a intereses creados y que se encuentran articulados entre lo local y lo transnacional (de forma casi inmediata a la caída de Lugo, durante la presidencia de Franco, se aprobó la aplicación de la patente de semillas transgénicas en favor de compañías transnacionales como Cargill, la cual ya contaba con enorme poder, influencia e intereses en el país, y se abrieron negociaciones para conceder la explotación de recursos a la compañía Río Tinto Alcan, compañía que llevaba tiempo queriendo abrir una explotación importante en el territorio, todo lo cual estaba siendo objeto de pormenorizado estudio y revisión por parte de la administración “luguista”). Por todo ello, entendemos aquí que para conseguir una democracia plena en el país, más que el ascenso de una figura fruto de una situación de coyuntura política concreta, es preciso ahondar en profundos procesos de transformación de conciencia y cultura política, que han de ser compartidos a nivel transnacional, generando alianzas sociales que bajo cierta coherencia ideológica tengan la suficiente fuerza política para enfrentar los retos previstos en el largo y farragoso proceso de construcción democrática. 16

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