La preeminencia de la fuente gubernamental en la construcción de encuadres periodísticos.

Revista Científica de la Asociación Mexicana de Derecho a la Informaciòn

Número 6 | Septiembre – Diciembre 2012

La preeminencia de la fuente gubernamental en la construcción de encuadres periodísticos. El caso de la pobreza Martín Echeverría Victoria

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected] *Profesor Investigador **Facultad de Ciencias Antropológicas ***Universidad Autónoma de Yucatán

PALABRAS CLAVE | fuentes, gobierno, prensa, pobreza, encuadre. KEY WORDS | source, government, press, poverty, frame.

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RESUMEN Con la finalidad de constatar el poder simbólico de la fuente gubernamental en la construcción de los temas y encuadres de los principales problemas públicos, realizamos un análisis de contenido de 928 notas de siete rotativos de igual número de plazas para buscar la visibilidad que tiene dicha fuente respecto a otras en el tratamiento de la pobreza, así como los encuadres que se construyen en estos espacios acerca del fenómeno y sus sujetos. Mediante la perspectiva teórica de la construcción primaria de los acontecimientos y el enfoque del framing, encontramos que, en efecto, los gobiernos son las principales fuentes en hablar sobre la pobreza, pero su visibilidad es equiparable a la de otros actores, y los encuadres que construyen también se comparten por éstas. Ello indica un poder relativo por parte de los gobiernos para construir el tratamiento de la pobreza en la prensa mexicana.

ABSTRACT In order to demonstrate the symbolic power of the government source in the definition of public issues and their frames, we did a content analysis of 928 news pieces of 7 newspapers in the same number of locations, looking for the salience of that source in comparison to others in the coverage of poverty, as well as the frames constructed by the papers about this issue. Using the “primary definition” and framing theoretical perspectives, we found that governments are indeed the main sources for the poverty issues, but it´s salience it´s roughly equal to other sources, and the frames are almost the same as other sources, more or less liberal. This entails that governments have a relative power to construct poverty in Mexican press.

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Introducción En un país como México, con una prensa relativamente débil en cuanto a lectoría e influencia (Díaz Nosty, 2007), los gobiernos y agencias del Estado se colocan como uno de los principales proveedores de noticias. Además del carácter subsidiario de esta relación, expresa el alto grado de oficialismo en la agenda periodística y en la prensa mexicana como tal. Una consecuencia indirecta de ello es que los gobiernos se convierten en los principales agentes que construyen la agenda pública en sus dos niveles: primero, al establecer la jerarquía de temas de discusión en la esfera pública, y segundo, al definir los atributos específicos de estos temas, es decir, su encuadre. Si se considera la primacía que alcanzan las posturas gubernamentales en las noticias, que se reproducen primero y de manera más visible a través de la capacidad de respuesta de sus aparatos de prensa y del brazo propagandístico del cual disponen, los gobiernos se constituyen en auténticos definidores de acontecimientos, temas y sujetos, con un poder simbólico significativo, superior al de otros grupos y agentes sociales. De los diversos temas en donde es constatable dicho fenómeno –la violencia, la educación o la salud pública pudieran ser algunos de ellos– el de la pobreza es probablemente de los más sensibles; su profundidad, extensión y dispersión implica que primordialmente el gobierno es quien se encarga de describirlo mediante las agencias, las cuales le generan conocimiento diagnóstico, de modo que pueda intervenir adecuadamente en él. Esto abre la puerta a un grado importante de control del conocimiento del fenómeno y del que la sociedad tiene sobre el mismo a través de los medios. Con estos mecanismos, la dimensión y características del problema de la pobreza en la prensa podría ser un aspecto en buena medida definido por las fuentes gubernamentales que entran en disputa, así como con otras, principalmente de expertos, sociedad civil, actores políticos y desde luego, los pobres. El objetivo del presente trabajo es constatar el papel de la fuente gubernamental en la definición del tema de la pobreza, como una manera de explorar el peso en general que este actor tiene en la construcción periodística de los temas públicos más relevantes. Como el espacio periodístico es un campo de disputa para el acceso de diversos agentes, operacionalizamos esa inquietud en dos interrogantes: primero, acerca de la visibilidad que la prensa mexicana le confiere a los distintos actores involucrados en el problema y hablan de ello –gobierno, expertos, políticos, sociedad civil y los pobres–, y segundo, acerca de los encuadres sobre la pobreza que produce el gobierno en comparación con estos grupos. A partir del planteamiento teórico-metodológico de la teoría del encuadre o framing y la perspectiva de la edificación de la agenda (agenda building), particularmente el enfoque de las fuentes como actores primarios en ello (Cervantes, 1996; Schlesinger, 1992), abordamos por medio del análisis de contenido un corpus de 928 notas correspondientes a siete periódicos de igual número de plazas de la República mexicana. En última instancia, se trata de observar cuánto poder y habilidad detenta la fuente gubernamental en concordancia con otras en la construcción de los temas públicos, así como el grado de porosidad de la prensa mexicana a los encuadres interesados del Estado acerca de la pobreza.

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El papel de las fuentes gubernamentales en la construcción del encuadre periodístico. Propuesta teórica y aproximaciones empíricas Para entender el tema abordado es preciso explicar los procesos por los que las fuentes gubernamentales adquieren primacía en la forma de encuadrar los acontecimientos, temas y sujetos. Este enfoque recibe el nombre de frame building –derivado de la tradición teórica de la agenda building -, el cual atiende el problema de los factores micro y macro que influencian la construcción o uso selectivo de ciertos encuadres y la manera en que aquellos interactúan para moldear la cobertura de ciertos temas (Kim, Carvalho, & Davis, 2010). En específico nos centramos en explicar la situación de la “construcción primaria” de los acontecimientos, enfocado en la etapa inicial del proceso de producción noticiosa en donde los actores pugnan por tener voz en público y reclaman la cobertura de sus acontecimientos (Cervantes, 1996), para de ahí comprender los resultados, en términos de cobertura, de estos enfrentamientos. Partimos del supuesto de que una organización periodística es una “estructura de anticipación de los hechos noticiosos” (Zacarías, 2002, p. 4), que estandariza la recuperación y presentación de datos a través de una agenda rutinaria de eventos predecibles y una comprensión intersubjetiva de la noticia, y atenúa en lo posible la presión organizativa y económica cuya implicación es la reacción espontánea a los hechos (Molina, 1988; Tuchman, 1983). En esta lógica, las fuentes son los “proveedores” quienes suministran los insumos informativos de un modo más eficiente, comparada con la investigación propia (Shoemaker & Reese, 1996); dentro de ellas unas tendrán más prominencia que otras porque son asequibles y capaces de producir acontecimientos de manera intencionada y rutinaria (Moloch & Lester, 1974). Bajo semejantes constreñimientos, las fuentes institucionalizadas son las más interesadas en movilizar estratégicamente sus recursos para crear noticias – elevar sucesos al rango de acontecimientos– o evitarlas, lo cual convierte al espacio público en un campo de lucha discursiva en donde estos agentes buscan definir y manejar el flujo de la información (Schlesinger, 1992). Combinado con aspectos de autoridad y posición social, la relevancia de una noticia depende en buena medida de quiénes son las fuentes de información y cuánto poder detentan (Hernández Ramírez, 1997). Las fuentes típicas que están al centro de este proceso corresponden a los órganos del Estado y otros órganos institucionalizados como los grupos de presión. Una de las hipótesis más conocidas acerca de la participación de fuentes poderosas en la organización del periodismo así como de sus consecuencias públicas, es la que las caracteriza como “definidores primarios”. Ante una comprensión gramsciana de la lucha por la hegemonía de la clase dominante, Hall Schlesinger (1978, en Schlesinger, 1992) explica cómo el desempeño de los medios está signado por afirmaciones tenidas por “objetivas” y “con autoridad” provenientes de fuentes acreditadas. Tal acreditación –pase de acceso a los medios– proviene de tres orígenes: del poder y posición institucional, del status representativo de las mismas –el cual incrementa en la medida en que son capaces de representar a grupos de interés organizados como los sindicatos– y de su posición como expertos, quienes asocian su accionar con un fin desinteresado de conocimiento y su no representatividad, lo que confiere a sus afirmaciones de un grado de objetividad y autoridad. Según Hall, las normas profesionales de los periodistas, al integrar prescripciones de jerarquía social, los orientan a acudir de manera principal a las fuentes privilegiadas y con estatus social: hay una preferencia estructurada hacia las mismas (Hall, 1976, en Schlesinger, 1992).

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Estas fuentes ponen a disposición del público definiciones de partida de concretos temas de la realidad social, es decir, la interpretación primaria de los mismos, la cual fija los términos de referencia y sobre la que gravita el tratamiento subsecuente del tema. Los contra argumentos que surjan sobre el tópico se ven forzados a “acomodarse” dentro de los términos de esa definición primaria; deberán partir del marco de interpretación ya fijado. Los “definidores primarios” tienen ventajas estratégicas inicial y subsecuentemente durante la duración del debate en el espacio público. Schesingler completa y matiza estas posiciones al proponer estudiar el problema de las fuentes desde la teoría de los campos de Bourdieu, en donde éstas son vistas como agentes en competencia por el acceso a los medios, pero “cuyo material y ventajas simbólicas están distribuidas desigualmente” (Schlesinger 1992, p. 299). La fuente más aventajada no asegura una definición primaria en virtud de su sola posición en un campo social, sino a una acción estratégica exitosa en un campo de competencias importantes. Desde esta perspectiva, el concepto de ‘definición primaria’ no sería un a priori, sino el producto de las estrategias de un actor para conservar una determinada posición (dominante) mediante la movilización de recursos acumulados en forma de capital, lo que da pie a que actores con menos recursos, quienes no pertenecen al Estado por ejemplo, también puedan abrir un espacio en los medios. Los recursos acumulados pueden ser agrupados en tres grandes dimensiones; en cada una de ellas los organismos del Estado, y particularmente los gobiernos, los reúnen y despliegan con gran amplitud como se describirá a continuación, aunque no son privativos de estos: 1. El grado de institucionalización de una fuente, que le permite su acoplamiento a las rutinas y normas periodísticas de información. Ciertos miembros de las élites reúnen estos criterios al ser fuentes asequibles que se ponen al alcance de los periodistas, y adecuadas porque están en condiciones de ofrecer abundante información a bajo costo. Los integrantes del sistema político reúnen en mayor medida estas características. Sus áreas de influencia corresponden a múltiples actores sociales (ciudadanos, partidos, burocracia, países externos) y tienen sumo interés en parecer a los ojos de estas instancias como “extremadamente capacitados para plantear correctamente los problemas y resolverlos con eficacia” (Gomis, 1997, p. 72). Lo anterior conduce a que en muchas ocasiones los programas, agendas, planes y actividades del sistema político estén diseñados teniendo en mente la publicidad –en sentido estricto– que se obtenga al comunicarlos. Se establece así una vinculación estrecha y duradera entre los periodistas y las fuentes oficiales, la cual llega incluso a estructurar las rutinas y la dirección del reporteo realizado. Se está en sintonía con las organizaciones administrativas del gobierno y la realidad social está burocráticamente organizada para ellos: las burocracias proveen la detección continua de los eventos y le facilitan esta función a los periodistas por medio de canales rutinarios –procedimientos oficiales, comunicados y conferencias de prensa y eventos no espontáneos– que les permiten establecer las reglas de interacción y control de la información (Schudson, 2000; Shoemaker & Reese, 1996). El periodismo, de manera cotidiana, es la historia de la interacción de reporteros con funcionarios de gobierno, tanto políticos como burócratas (Schudson, 2000, p. 184). 2. Un segundo recurso es la base financiera de una organización de particular importancia en el marco de una relación “económica” entre fuentes y reporteros, por lo que podemos concebir a esta correspondencia como una transacción económica de información y publicidad, en el sentido original de la palabra. La provisión de noticias es, para la fuente, un mecanismo poco costoso para difundir información que de otra manera debería de pagar para ser visible. A la inversa, la información de la fuente le resulta económica al medio para producir noticias y llenar los espacios de programación diaria.

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“Ni las fuentes cobran por decirlo, ni los medios por publicarlo” (Gomis, 1997, p. 60). Los portavoces oficiales tienen a su disposición, a costa del erario, un aparato de producción masiva de noticias que le subsidian a los medios la producción de los hechos, pues les suministran más de los necesarios; sus recursos y alto grado de especialización les permiten disponer de los canales de comunicación previamente mencionados. 3. El tercer recurso es el capital cultural “en la forma de legitimidad, versiones autorizadas y respetabilidad derivada de la posición que ocupa la fuente en el campo institucional” (Schlesinger 1992: 304). La cuestión de credibilidad tiene que ver con la percepción de las fuentes dentro de los medios y qué tan bien manejan sus reglas. Hay una distinción importante entre las fuentes oficiales que independientemente de su confiabilidad, deben de ser tomadas en serio, en virtud del “factor de autoridad” (Wolf, 2001), y las no oficiales, las cuales deben adquirir gradualmente la confianza y fuerza para acceder a los medios. De particular importancia es el problema del capital simbólico y las competencias lingüísticas que los hablantes deben poseer para conseguir el acceso a los medios. Los discursos se hacen en espacios sociales que Bourdieu concibe como “mercados lingüísticos”, donde las enunciaciones emitidas tienen un valor tasado socialmente de acuerdo con su contenido y su forma, a su prosodia (Bourdieu, 2001). La prensa de prestigio específicamente es un campo o “mercado lingüístico” con elevada fijación por las formas “correctas” de hablar y de usar la lengua. En tanto que el capital cultural y simbólico están distribuidos desigualmente en el espacio social, una franja relativamente estrecha de actores “competentes” cultural y lingüísticamente, podrá cumplir las exigencias (prosódicas) del medio, y por lo tanto, gozará de mejor acceso y posición en ella al fungir esta característica como un principio de selectividad, exclusión y jerarquía. Esta es la lógica detrás de la institucionalización de los voceros y las áreas de prensa en las organizaciones, así como las autodescalificaciones de los miembros de la clase popular quienes se niegan a ser entrevistados por los diarios o salir en televisión porque “no saben hablar bien”, o cuando lo hacen, reproducen un discurso prestado de los mismos medios (Champagne, 1993). De manera paralela a estos condicionamientos sociales y organizativos, existen imperativos económico-políticos que “relacionan el resultado del proceso de producción de noticias con la estructura del Estado y la economía” (Schudson, 2000) y que permiten entender otras dimensiones de la prominencia gubernamental como fuente. Una observación “macro” de las relaciones políticas entre prensa y Estado situaría a los medios mexicanos bajo un modelo “desarrollista”, según el cual, en países en vías de desarrollo, con carencia de infraestructura, dinero, tradición, capacidades profesionales e incluso de suficientes audiencias, se someten a la dependencia económica y al autoritarismo estatal (McQuail, 1998). Asimismo, en las democracias en transición, como la mexicana, se espera y se demanda una cobertura favorable de los actos gubernamentales; los periodistas establecen una relación de subordinación con los gobiernos (Chalaby, 1998, en Orozco, 2010), quienes ejercen estrategias positivas y negativas para relacionarse con los medios: para las primeras, otorgan concesiones y subvenciones como anuncios oficiales o subsidios económicos. Dentro de las segundas se encuentran la censura, la imposición de impuestos especiales de concesiones y subvenciones1 (Borrat, 1989, en Orozco, 2010). Estos controles, aun cuando funcionen en estado latente, abonan a excluir contenidos que perturben, cuestionen o critiquen a los gobiernos (Kumar, 2008; Reig, 2010) y ello pudiera condicionar la cobertura de ciertas problemáticas sociales en caso de que aquellos se interesen en ocultar o atenuar posibles deficiencias en la aplicación o los resultados de

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Es preciso señalar que estas condiciones varían en los diferentes contextos sociopolíticos, y son más persistentes en ciertas regiones que en otras.

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políticas públicas respecto a las mismas; la autocensura, la neutralidad conveniente o la franca adulación de sus patrocinadores emergen como mecanismos de cobertura (aunque ello depende del perfil de los medios y las características contextuales de la relación mediosEstado). Tales mecanismos económico-políticos en potencia refuerzan la visibilidad de las fuentes gubernamentales y además le proporcionan un grado mayor de control en el tratamiento mediático de los temas. En última instancia, las constricciones organizacionales y económico-políticas mencionadas, desembocan en la construcción de determinados encuadres, patrones de cognición, interpretación y presentación, de selección, énfasis y exclusión, mediante los cuales los productores de símbolos organizan el discurso (Kensicki, 2004; Zhang, 2000). Los encuadres periodísticos promueven una definición particular, una interpretación causal, una evaluación moral y un tratamiento o recomendación acerca de un tema o problemática en concreto (Entman, 1993). Los periodistas seleccionan (y excluyen), organizan y enfatizan la información con base en esquemas previamente establecidos, depositados en la ideología del gremio periodístico o la cultura política de una comunidad dada (Gamson, Croteau, Hoynes, & Sasson, 1992). Las pocas aproximaciones teóricas o más bien reflexivas que existen acerca de estos condicionamientos en relación con la cobertura de la pobreza sugieren la presencia de una suerte de elitismo disimulado o pluralismo fingido, respecto al mismo: si bien es cierto, en ocasiones se encuentra una multiplicidad de voces en los medios, pero está asentada en una misma franja de élites económicas, políticas, profesionales, culturales, etc.; una suerte de “nomenklatura” de figuras que cíclicamente toman la palabra en estos espacios de comunicación (Wolton, 2001), lo cual “afecta el pluralismo y la diversidad de la sociedad para entender sus problemas y convertirlos realmente en asunto del interés público” (Rey, 2004, p. 72). También se reclama que las voces en introducirse en el debate son unívocas, las posiciones se reiteran y convergen en información unánime en lugar de un debate crítico. Si las representaciones de la pobreza están en su mayoría a cargo de fuentes gubernamentales, es dable esperar que estén moldeadas de acuerdo con sus intereses particulares y sus escenarios de disputa, y no con los propios representados (Vasilachis, 2003): los políticos se convierten en los agentes asistenciales de las personas de escasos recursos, en tanto gobernantes, en medio de pugnas entre partidos políticos, suelen hacer frecuentes reivindicaciones para los pobres y en nombre de ellos (Trejo, 1999). Así pues, este sector económico no es considerado como la “fuente de un saber intransferible, cuya base es la medida de lo cotidiano” (Sampedro & Codeiro, 2001, p. 21)2. Aunque escasa, la investigación empírica acerca de la relación entre el gobierno y los medios informativos en el tratamiento de la pobreza parece constatar dichas posiciones, además de proporcionar claves de entendimiento del fenómeno, así como las bases de formulación de determinadas preguntas e hipótesis. Una revisión considerable de fuentes de la literatura, con especial atención a la situación de América Latina, nos ofrece las siguientes tendencias: a. Visibilidad del gobierno como fuente y actor. Las autoridades gubernamentales y los expertos figuran gran parte de las veces como fuentes de información acerca de la

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Aunque al margen de la discusión central, los criterios de noticiabilidad - elementos que se utilizan para seleccionar los acontecimientos y a su vez los elementos dentro de ellos que se presentan como noticias (Wolf, 2001) - pudieran también orientar la preeminencia de fuentes gubernamentales para hablar sobre la pobreza: el valor de la "jerarquía de implicados" (a mayor rango social de la fuente, mayor cobertura), "controversia o polémica" (respecto a la confrontación entre actores políticos acerca del tema de la pobreza y la desigualdad) y el valor de los "datos numéricos", cuyo manejo casi exclusivo de parte del gobierno le otorga notoriedad como fuente (San Martín, 2009).

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pobreza, quienes potencialmente definen y dialogan acerca de las políticas diseñadas para su manejo. Si bien ciertos estudios reportan que en los relatos noticiosos la mayor parte de los actores son los pobres, las fuentes que proporcionan la información son las élites políticas y económicas. En el estudio de Hodgets et al. (2005), el 36% de las personas que figuran en los relatos son indigentes, el 16% son miembros de determinadas élites (profesionistas, celebridades, empresarios) y el 47% restante se trata del público en general; no obstante, el 68% de las fuentes informativas pertenecen a las élites de la política y la economía. Los indigentes se limitan a testimoniar las implicaciones personales de la adversidad. De la misma manera en el trabajo de Lens (2002), el 10% de las citas directas son de sujetos en situación de pobreza, entretanto el 38% son de políticos. Incluso los expertos y los burócratas tienen más presencia que los pobres –14% y 11% respectivamente– (Lens, 2002). En el ámbito latinoamericano, el estudio de Calonge (2009) en Venezuela refrenda estas tendencias, pues mientras que las personas en pobreza son fuente en el 31% de las notas, las autoridades locales (7%), el gobierno federal (14%), expertos y personalidades institucionales (44%) –Iglesia, milicia academia– son los grupos privilegiados y legitimados en la prensa para hablar de temas relativos a la miseria. El Frente para la Superación de la Pobreza (2007) demuestra que los diarios chilenos de cobertura nacional tienen como fuente principal a los expertos (21%), los ciudadanos en situación marginal (16%) y el gobierno (15%) (FSP, 2007). En otro estudio de Argentina la fuente más mencionada es el gobierno (18 notas), seguido de expertos internacionales (16 notas) y nacionales (13 notas) y posteriormente los pobres (10 notas) (San Martín, 2009). Asimismo, la cobertura de esta temática se encuentra muy relacionada con los cambios políticos, especialmente durante periodos de conflicto entre actores (como las elecciones). Existen rituales de diferendo y confrontación acerca de la validez en las cifras de la precariedad social, tanto las oficiales como las generadas por otros organismos, constatado en países como Estados Unidos acerca de los informes periódicos de las “líneas de pobreza” (Kendall, 2005), al igual que en Venezuela, donde los partidarios chavistas y antichavistas utilizan los medios afines para caracterizar al Estado de una manera específica frente a la problemática, así como para “ganar” a la opinión pública frente a los informes desalentadores de la CEPAL y el PNUD (Calonge, 2009). En suma, este no es un tema que se aborda per se, sino a propósito de controversias políticas o académicas, el cual se convierte en un punto de partida de una dinámica confrontacional (Tablante, 2006a). Al visibilizar el enfrentamiento de posiciones políticas e ideológicas de las élites, la manifestación de la pobreza en la prensa le resulta instrumental a los intereses de éstas y por extensión, al carácter de “mediador intencionado” y “escenario de conflicto” de los medios (Berger, 2003). Otra parte importante de visibilidad acerca del tema la tienen otros agentes cercanos o interlocutores del gobierno. En el estudio de Kitzberger y Pérez la presencia de empresarios y economistas iguala a la de representantes del Estado, lo que sugiere, para los autores, “una tensión entre el rol regulador del Estado y la dinámica autónoma del mercado como alternativa al dilema de la pobreza” (P. Kitzberger & Pérez, 2008, p. 26). Igualmente, la presencia mayoritaria de economistas (y no de sociólogos, antropólogos, demógrafos, etc.) propone un recorte del tema en términos técnicoeconómicos donde gana legitimidad como principio de explicación y solución al tema por sobre otras sensibilidades y dimensiones. En ocasiones, estos académicos fungen como expertos que ‘retiran’ simbólicamente la agencia de los pobres, al descalificar su potencial para aprovechar los recursos que tienen bajo afirmaciones como el ‘no saber utilizar las tecnologías que se les proporcionan’ (Banda, 2008), aunque en otros estudios se reporta más bien la exclusión de los especialistas en la discusión polarizada acerca de la demografía de la pobreza, en un tácito respaldo de la prensa a los gobiernos (Berger,

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2009). b. El encuadre economicista de la pobreza y el papel del gobierno. Los gobiernos en conjunto con los medios co-construyen un encuadre fundamentalmente material de la marginación social y un tratamiento economicista. Lo anterior se evidencia en que las principales consecuencias de la pobreza reportadas por la prensa venezolana sean la falta de vivienda (57%) o la escasez de empleo o dinero (24%) (Tablante, 2006a). En la información periodística se da por entendido que este problema se conecta con la desfavorable situación económica a nivel macro –sin mediar explicaciones intermedias–, cuyo crecimiento se plantea como el camino preferente para aliviarlo (Pardo, 2008a). En consecuencia, un buen manejo de la economía y del mercado encaminado a su crecimiento es un principio de superación de la pobreza (no importa si los mercados son robustos pero la riqueza está mal distribuida). Este encuadre se acompaña de un tratamiento mediante estadísticas que aparentemente la representan (número de viviendas, el porcentaje de desempleo, la distribución del ingreso, etc.) y que gozan de cualidades de “cientificidad”, objetividad, veracidad e incontrovertibilidad” (Pardo, 2008b). La presencia de un enfoque economicista atenúa las otras dimensiones y atributos de la pobreza que también son cruciales en su entendimiento y superación, como la educación, la restricción en el acceso a la cultura, la falta de relaciones que den soporte emocional a esas personas o las formas en donde la miseria desactiva la participación social y política (Van Gorp, Van de Velde, & Blow, 2008). Casos aislados mencionan al tema de la salud como uno de los principales, después de la vivienda (Calonge 2009; Tablante 2006). Desde dicho encuadre en los diarios de América Latina, la discusión acerca de la estrategia adecuada para su atenuación tiene en el centro el clásico debate entre el predominio del Estado versus el mercado, enfocado sobre todo en cómo ampliar el segundo con base en el entendimiento (parcial) de la marginación como la exclusión de ciertos sujetos al mercado formal de trabajo (Kitzberger & Pérez,2008 y 2009). De aquí que sea el Estado, a través del gobierno, el principal agente vinculado con la solución de esta problemática social, en ocasiones en un sentido subsidiario y/o caritativo. Los representantes políticos se manifiestan como “custodios benevolentes de los recursos sociales”, quienes combaten a la pobreza al motivar a los afectados a “conseguir un trabajo” (Barnett, Hodgetts, Nikora, Chamberlain, & Karapu, 2007) y así una parte importante de las notas de este tema se visibilice cuando el gobierno u organizaciones comunitarias anuncian iniciativas antipobreza (Kim, et al., 2010). El gobierno moviliza y otorga recursos para que superen su condición, pues él tiene las "soluciones": en Chile, en el 77% de las notas es el Estado quien gestiona las oportunidades a los pobres –tanto en medios regionales como locales–, seguido de la sociedad civil en un 27% (FSP, 2006). En México, la jerarquía es similar. En el 29% de las notas los agentes son gubernamentales, el 17% se trata de organismos internacionales, el 13% organizaciones sociales y el 10% la oposición (Kitzberger & Pérez, 2009); en efecto, el Estado es el principal actor señalado en la prensa como responsable de superar la pobreza (P. Kitzberger & Pérez, 2008). c. Atribuciones sobre la pobreza y respuestas gubernamentales. Por otra parte, en los medios se discute si este sector social debe ser receptor directo de los beneficios del Estado, o bien, si debe recibir los recursos gubernamentales necesarios para superar, de manera autogestiva, su condición (Calonge 2009). Ambas opciones remiten a encuadres ligados a posiciones ideológicas sobre la pobreza: aquel que predomina en la prensa es el “episódico”, centrado en los casos individuales en oposición al temático, el cual habla de la problemática en abstracto (Bullock, Frascher Wyche, & Williams, 2001; Hodgetts, Cullen, & Radley, 2005; Kendall, 2005; Van Gorp, et al., 2008). En el primer caso los

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mensajes hacen poco por “situar la movilidad o la stasis económica en términos de variables contextuales” (Bullock, et al., 2001, p. 238), de modo que el tema, a pesar de su naturaleza ampliamente estructural, “ha sido transformado a una cobertura más suave, humanitaria, que provee a las audiencias con ejemplos aislados y muestran los efectos inmediatos a un nivel individual y personal” (Kendall, 2005, p. 130). La descontextualización y encuadre individual del fenómeno produce a su vez el encuadre de la pobreza como un estilo de vida y opción voluntaria (Kendall, 2005; Summers, 2008), como una deficiencia o carencia personal, de carácter o de voluntad (Van Gorp et al. 2008), y de los pobres como personajes pasivos, de curiosidad o benevolencia, en lugar de agentes sociales creativos o ciudadanos participantes en la planeación y provisión de las intervenciones sociales sobre ellos (Hodgetts, et al., 2005)3. En esos casos predomina la falta de agencia de las personas en situación de escasos recursos, la necesidad de un agente asistencial que les ayude a superar “sus” problemas, y la elisión del papel de la estructura socioeconómica en dicho fenómeno4. Si bien es posible que la mencionada labor asistencial de los gobiernos respecto a la pobreza se sustente en alguno de estos encuadres, no tenemos evidencia empírica de que, en tanto fuentes periodísticas, favorezcan interpretaciones de acontecimientos al utilizar un encuadre episódico. No obstante, es necesario observar si los esquemas constituyen un principio de discurso gubernamental. Una lectura integral de los patrones de cobertura previamente expuestos es que los pobres no fungen como “definidores de situaciones”, como los primarios en el asunto de la pobreza, sino como agentes secundarios o reactivos. El “poder de definición", como se articula originalmente los trabajos comentados, se ha empleado para evaluar “cómo los medios, en virtud de su relación estructural con el poder, reproducen las perspectivas de las élites” (Berger, 2009, p. 206). A las personas en situación marginal se les hace dialogar de sus problemas personales y no hablan fuera de esos roles prescritos y restrictivos; de esta manera, el grupo está desplazado de sus propias historias (Hodgetts et al. 2005). A partir de ello se hace pertinente la formulación de dos preguntas que dirigen la presente pesquisa: en primer lugar, cuál es la visibilidad de las fuentes gubernamentales en la cobertura periodística de la pobreza en contraste con otras. En segundo lugar, cuáles son los encuadres que construyen las fuentes gubernamentales y no gubernamentales respecto a esta temática, en cuanto a la dimensión predominante de la misma (material social, de salud, etc.), su grado de agencia (pasivo/activo) y las atribuciones sobre el fenómeno (individualistas o sistémicas). Los antecedentes con los cuales contamos nos permiten conjeturar para la primera pregunta, que las notas en donde el gobierno es fuente tendrán una mayor cobertura y perceptibilidad por parte de los periódicos mexicanos. Sobre la segunda, es posible proponer tres hipótesis como respuestas tentativas: primero, que las fuentes gubernamentales promueven un encuadre en donde la pobreza tiene una atribución individualista (los sujetos y no el sistema se ponen en esa condición). Segundo, cómo estas fuentes promueven una delimitación donde retira la agencia a las personas pobres en Extendiendo las consecuencias sociales del encuadre individualista, este "escinde el mundo de los no pobres del mundo de los pobres, que “ocupan un mundo diferente de la comunidad de contribuyentes (ciudadanos)"; por lo tanto reduce las relaciones entre las audiencias y los sujetos al transformar un problema social, de responsabilidad colectiva, en un problema privado de carácter emocional (Hodgetts, Cullen, & Radley, 2005, p. 46). 4 En última instancia el encuadre episódico, como lo demuestran los trabajos experimentales de Iyengar, tiende a producir en los receptores una atribución individualizada de la pobreza; las audiencias pudieran concluir que ellos han creado sus propios problemas. Así, la atención se desvía de la necesidad de discutir y evaluar el sistema social y las desventajas estructurales que llevan a los individuos a esta situación marginal; en efecto, se trata de un tratamiento periodístico altamente despolitizador (Hodgetts et al. 2005). 3

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la superación de su condición. Finalmente, que los voceros del gobierno promueven de manera predominante un encuadre economicista y material de la pobreza (en detrimento de sus dimensiones educativa, cultural o social). Es en estas direcciones que encaminamos el planteamiento metodológico y la organización de los datos presentados a continuación.

Metodología Los datos utilizados en este ejercicio se extraen de la base de datos del proyecto “Representaciones periodísticas de la pobreza en México”, que recoge el análisis de contenido donde siete colaboradores, en igual número de entidades de la República, elaboraron en un diario de referencia de su localidad, lo que resultó en una muestra de los siguientes rotativos: Diario de Yucatán, La Jornada, El Universal, El Norte (Monterrey), La Voz de Michoacán, El Pulso (San Luis Potosí) y Síntesis (Puebla). (Echeverria, 2010). El corpus se obtuvo mediante el método de semana compuesta –la construcción de semanas tipo que representan un tiempo determinado– el cual corresponde a todo el contenido de los mencionados periódicos durante cinco años previos a su análisis, es decir, el periodo comprendido entre el año 2004 y 2008. Así, la muestra se integra de 70 ejemplares por periódico, que representa confiablemente a los cinco años previos. La unidad de estudio fue la nota –se excluyeron deliberadamente los géneros de opinión– y su identificación se hizo ante tres criterios de selección: cuando se reportaran temas específicos relacionados a la precariedad social, cuando se manifestaran sujetos caracterizados como pobres bajo determinados atributos, y cuando se informara de las actividades de organizaciones altruistas o asistencialistas de los grupos en pobreza. Para este ejercicio se parte de un corpus de 928 notas. El protocolo original fue diseñado a partir de diversos estudios precedentes (Fundación para la Superación de la Pobreza, 2007; Golding, 1999; Hernández, 2003; Kendall, 2005; Rey, 2004; Tablante, 2006b; Vasilachis, 2003), y su aplicación pasó por tres pruebas simples de confiabilidad a las que fueron sometidos los siete codificadores involucrados en el proyecto. En cuanto a este ejercicio y en atención a su problematización, las variables fueron tratadas de determinada manera. Una sola fuente de la noticia se registró en cada nota, la que fuera predominante con base en la cantidad de datos que proporcionara. Por otro lado, las diversas fuentes captadas fueron reducidas a cinco: gobierno (de cualquier nivel), expertos (académicos y miembros de organizaciones sin fines de lucro, productores de conocimiento), actores políticos (partidos), sociedad civil (organismos gremiales, empresariales, asociaciones civiles, iglesias) y los pobres. A su vez, la dimensión de visibilidad de dicha fuente la operacionalizamos en tres variables: la posición de la nota en las páginas de los periódicos –agrupadas en categorías gruesas de perceptibilidad–, su tamaño dentro de la plana –acotada en medidas discretas de cuarto, media y plana entera– así como el género informativo, que a su vez presupone de manera aproximada el espacio ocupado y el grado de relevancia. El tratamiento temático de la pobreza se elaboró bajo el procedimiento de agrupamiento manual, en donde codificamos 31 asuntos vinculados con la precariedad, agrupados alrededor de seis dimensiones: carencias materiales, culturales, aspectos de conflicto social, falta de desarrollo de capacidades, exclusión y problemas de salud. La delimitación de la atribución de la pobreza se desdobló en un par de categorías: el sistémico, que responsabiliza al entramado económico-político de tal situación, y el individualista, según el cual la pobreza es una condición provocada por los sujetos, y su voluntad o capacidad es circunstancia necesaria y suficiente para ser superada. Asimismo, el encuadre de agencia

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se operacionalizó con observar cuál es el papel de los pobres en la superación de este problema de marginación: como gestores autónomos, cogestores en relación a otras instituciones o receptores de ayuda de dichas instituciones. Ambos fueron elaborados al emplear una aproximación holístico-manual, donde estos se definen de acuerdo con un análisis deductivo de cierto número de textos del corpus (Entman, Matthes, & Pellicano, 2009). En todos los casos las tabulaciones cruzadas se acompañan de análisis estadísticos de chi-cuadrado para detectar asociaciones entre variables categoriales, así como el estadístico V de Cramer para observar si tal asociación es significativa5.

Hallazgos Presentamos en tres tablas los datos del ejercicio empírico y comentamos sus implicaciones.

Tabla 1. Fuentes de las notas acerca de la pobreza N

N%

Gobierno

382

41.2%

Sujetos en pobreza

220

23.7%

Sociedad civil

108

11.6%

Expertos

92

9.9%

Ninguna fuente

89

9.6%

Otra fuente

20

2.2%

Actores políticos

14

1.5%

Fuentes no identificadas

3

.3%

Total

928

100.0%

Fuente: elaboración propia

El gobierno como fuente de las notas sobre la pobreza casi duplica a la fuente próxima, que son los sujetos de escasos recursos. La sociedad civil se manifiesta cerca de una cuarta parte menos de las veces que el gobierno, y un poco menos los expertos. Observamos luego entonces el predominio del sector gubernamental en la construcción de este tema. Ahora bien, la visibilidad de ese predominio se distribuye de otra manera. Puesto que todos los indicadores estarían automáticamente inclinados a posiciones altas de perceptibilidad hacia el gobierno con el resto de las variables y al tomar en cuenta la elevada correspondencia de las notas sobre dicho actor, decidimos entonces describir la

5

De manera simplificada, diríamos que chi cuadrado se cerciora de que la relación entre las variables que se observa a simple vista en las tablas es estadísticamente significativa, es decir, no puede ser atribuida al azar. El estadístico reporta grados de libertad (primera cifra después de χ), tamaño de la muestra (N), valor del estadístico y significatividad (p), siendo este el indicador definitivo (cuando es menor a .05 se acepta una asociación entre las variables). No obstante, el uso del estadístico no indica la fortaleza de la asociación, lo cual se obtiene al utilizar V de Cramer, cuya significatividad reportada obedece a la misma regla anterior (p>.05), y su valor oscila entre 0 (asociación nula) y 1(asociación completa).

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proporción de notas de cada fuente; esto da cuenta de la claridad que los periódicos en su conjunto decidieron otorgarle a cada una, independientemente del efecto total que tendría la predominancia de la fuente gubernamental. La posición de la nota en las páginas de los periódicos es, en compensación, similar para las distintas fuentes, aunque un tanto mayor para el Estado y la sociedad civil (tabla 2): el gobierno tiene visibilidad media (18%), alta (13%) y plena (9%) en una proporción comparable con la sociedad civil (media, 15%, alta, 17%, y plena, 21%), en contraste con los sujetos en pobreza, quienes tienen posiciones relativamente bajas: media (13%), alta (7%) y plena (7%). En realidad no hay una asociación entre las variables de fuente y visibilidad, como lo demuestra el estadístico chi-cuadrado aplicado: χ2(16, N=813)=26.44, p =.48. No obstante, el espacio que ocupan tales notas dentro de las planas de los periódicos es aún más "pareja" que su posición. Las noticias en donde figuran como fuentes el gobierno y los pobres entran de manera equivalente en un cuarto de plana (31% y 26%, respectivamente), media plana (14% y 12%) y tres cuartos de plana (6% y 7%). Incluso los pobres dominan en gran medida un espacio de plana entera (5% en comparación con el 3% del gobierno). Sólo la sociedad civil ocupa un espacio atípicamente inferior dentro de las páginas; las notas cuya fuente pertenecen a este actor se encuentran en espacios muy modestos de media plana (5%), tres cuartos (5%) y plana entera (6%). En virtud de este ligero sesgo, encontramos una relación entre ambas variables χ2(20, N=816)=33.97, p =.026, aunque reducida (V de Cramer = .102, p=0.26).

Tabla 2. Visibilidad de las fuentes y género Sujetos en pobreza

Actores Sociedad políticos civil

Expertos Gobierno

Visibilidad en relación a la posición de la nota Baja (10 en adelante)

55.7%

42.9%

38.0%

48.4%

41.2%

Moderada (7-10)

15.5%

14.3%

17.6%

8.8%

17.6%

Media (4-6)

13.7%

35.7%

21.3%

15.4%

18.1%

Alta (2-3)

7.8%

7.1%

13.9%

17.6%

13.6%

Plena (1)

7.3%

.0%

9.3%

9.9%

9.4%

Menos de un cuarto de plana

43.6%

28.6%

49.1%

28.3%

43.7%

Cuarto de plana

26.8%

42.9%

32.4%

41.3%

31.7%

Media plana

12.7%

21.4%

5.6%

17.4%

14.9%

Tres cuartos de plana

7.7%

7.1%

5.6%

8.7%

6.0%

Plana entera

5.9%

.0%

6.5%

4.3%

3.1%

64.5%

92.9%

81.5%

69.6%

87.2%

Espacio dentro de las páginas

Género informativo Nota breve Crónica

11.8%

7.1%

1.9%

8.7%

3.9%

Reportaje

19.1%

.0%

9.3%

10.9%

5.2%

Entrevista

4.5%

.0%

7.4%

10.9%

3.7%

Fuente: elaboración propia

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El gobierno recibe una sustancial proporción de notas breves (87%) en comparación con los pobres (64%), quienes figuran como fuente para un porcentaje importante de reportajes (19%), en tanto que el Estado lo es en menor cantidad (5%). Esto se traduce de manera indirecta en una visibilidad mayor para la información producida por personas en condiciones marginales y en una relevancia informativa y editorial que el gobierno y otros actores con comportamientos similares a él, no tienen. En relación a esta distribución, las variables están asociadas, χ2(12, N=816)=66.03, p=